FRONTERA - Belisario Sangiorgio

BELISARIO SANGIORGIO TROGLIERO
FRONTERA
PERIODISMO Y NARCOTRÁFICO
EDICIÓN 2025
​
RECOPILACIÓN DE INVESTIGACIONES
PUBLICADAS EN EL DIARIO LA NACIÓN
BUENOS AIRES, ARGENTINA

DIARIO LA NACIÓN - 29 JULIO 2019
En 2018 hubo 3254 investigaciones por denuncias de casos de
trata de personas
Durante 2018 se iniciaron en la Argentina3254 investigaciones preliminares por
denuncias de trata de personas, según surge de información oficial que al menos
cuatro ministerios nacionales aportaron al gobierno de los Estados Unidos para la
confección de un informe anual que analiza el tráfico de personas en todo el mundo.
"La corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata de personas siguen
siendo preocupaciones importantes en la Argentina", dice el reporte global, rubricado
por el secretario de Estado norteamericano, Michael Pompeo.
El informe del Departamento de Estado subraya constantemente que se observa un
"incremento" de los esfuerzos gubernamentales por desarrollar e implementar
nuevas políticas de prevención, protección y persecución, esfuerzos que -según se
explica en ese documento- se cristalizan, por ejemplo, en el aumento de las cifras
correspondientes a investigaciones en curso, procesamientos, condenas e
identificación y asistencia de las víctimas de este delito transnacional.
En este contexto, el informe dice: "La complicidad oficial, principalmente a nivel
subnacional, continúa obstaculizando los esfuerzos del Gobierno para combatir la
trata de personas". Se refiere, elípticamente, a los casos que subsisten al amparo de
zonas grises en la normativa o de ausencia de eficiente control a nivel municipal o,
eventualmente, provincial.
En ocasiones, tal como publicó LA NACIONen su edición de ayer, las organizaciones
dedicadas al tráfico y explotación de mujeres -especialmente, migrantes- aprovechan
el control de determinadas zonas (sobre todo, polos productivos con importante
incidencia de recursos laborales ocasionales) para dominar los espacios de trata de
personas y, también, la venta de drogas.
En el informe pluriministerial presentado al Departamento de Estado norteamericano
para la confección del informe global consta que durante 2018 fueron rescatadas 972
víctimas de explotación laboral y 522 víctimas de explotación sexual.
A su vez, el documento confirma que en la Argentina son captadas por grupos
criminales internacionales y víctimas de explotación sexual y laboral personas que
llegan mayoritariamente desde Paraguay, República Dominicana, Perú, Bolivia,
Uruguay, Venezuela, China y Brasil.
En lo que respecta exclusivamente a las denuncias telefónicas sobre trata de personas,
el Ministerio Público Fiscal recibió 1858 llamadas, y de estos casos 522 fueron

derivados a investigadores de la Justicia Federal, mientras que 440 fueron asignados a
investigadores de los órganos judiciales de distintas provincias, según detalla el
documento del Departamento de Estado.
Entre enero y diciembre del año pasado, 106 miembros de estas organizaciones
criminales fueron procesados. De ellos, 71 integraban grupos dedicados a explotar
mujeres en antros de esclavitud sexual: esta última cifra se duplicó en comparación
con 2017, cuando solo 35 personas resultaron acusadas por regentear o facilitar la
prostitución de alguna persona.
En los últimos 10 años, al menos 13.384 personas fueron rescatadas por las fuerzas
federales de la explotación sexual y laboral en el país: 12.294 eran mayores de 18 años
y 1090, menores.
"Es probable que sean organizaciones criminales que no tengan una logística ni un
desarrollo demasiado depurado o potente. Aunque hay otros casos en los que se ven
redes muy organizadas, en los que hay procesos de captación y explotación que son
llevados a cabo por personas distintas. Cuando la organización es más importante
suele haber muchos círculos de protección en relación al lugar de explotación, como
los prostíbulos. Tienen protección policial y del poder político. Desde arreglos con los
inspectores municipales hasta con los intendentes", explicó el fiscal Marcelo
Colombo, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
El mes pasado, Diputados convirtió en ley -con 183 votos a favor, uno en contra y una
abstención- la creación de un fondo fiduciario para asistir a las víctimas de la trata de
personas en la Argentina. La propuesta había sido impulsada desde el oficialismo en
línea con los puntos planteados en 2012, cuando se sancionó la ley 26.364, de
prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Ese fondo se
nutrirá del manejo de los bienes decomisados a las organizaciones criminales
dedicadas a este delito.
"La iniciativa propone crear un fideicomiso público para la administración de los
bienes muebles e inmuebles provenientes de este delito, y que dichos recursos sean
destinados a la asistencia de las víctimas. También contempla que, al momento de la
sentencia, se ordenen las reparaciones económicas que correspondan en favor de la
víctima como medida de reparación del daño sufrido", explicó el Poder Ejecutivo tras
la sanción de la ley.

DIARIO LA NACIÓN - 27 de julio de 2017​
Denuncian que grupos de trata se instalaron en el barrio de
Balvanera
Funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justicia aseguraron que
en Balvanera, en los alrededores de la plaza Miserere, operan organizaciones
criminales dedicadas a la trata de personas y la explotación de mujeres vulnerables.
Esas redes de trata seleccionarían a las víctimas en el Sur y, con engañosas promesas
laborales o directamente mediante secuestros, las trasladarían a la ciudad de Buenos
Aires. La Gendarmería inició el año pasado una investigación sobre un grupo de
narcotraficantes y detectó, "a través de escuchas telefónicas, que había lugares de
explotación de mujeres asociados a la red que trasladaba drogas". La organización
tenía bases en Tierra del Fuego para la captación de las víctimas, en Corrientes y en la
plaza Miserere, donde se esclavizaba sexualmente a las mujeres.
Los miembros del Poder Judicial que investigaron esas causas expresaron que las
bandas llegan a ofrecer, por ejemplo, a los clientes, la entrega a domicilio de las
mujeres esclavizadas. Y muchas veces queda expuesta en la vía pública la actividad de
aquellos que, bajo engaños y amenazas, retienen a las víctimas contra su voluntad.
Esos delitos se desarrollan especialmente por la noche en el parque frente a la
estación Once, según consta en expedientes judiciales, tanto en causas en desarrollo
como en investigaciones que permitieron el rescate de las víctimas.
El fiscal Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas, dijo a LA NACION: "En plaza Miserere hay mucha explotación de la
prostitución callejera. También explotación de ciudadanas extranjeras, puntualmente
provenientes de República Dominicana".
Por otro lado, la coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a
las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti, confirmó esa situación
en diálogo con LA NACION: "En plaza Miserere hay un delivery de mujeres. Hay
mujeres en situación de explotación, hay proxenetas cometiendo un delito, y hay
proxenetas asociados con las redes de narcotráfico. Pero también hay sujetos que
buscan a esas mujeres. Y el cliente es el más invisibilizado en toda esta cadena, porque
muchas personas no quieren ver que puede ser un marido, un hermano, un hijo. Eso
es difícil de asumir".
Las organizaciones sociales también alertaron sobre esa situación en el barrio de
Once. Alberto Aguilera, que integra la asociación vecinal Manzana 66, explicó: "Las
mujeres están controladas. En las esquinas de los hoteles hay hombres y cuando las
mujeres salen de esos lugares, estos hombres se mueven tras ellas. Las vigilan. Hay
una gran organización, hay muchas personas viviendo de esas mujeres".

En la misma línea se pronunció Gloria Llopiz Ortiz, integrante de la organización
Buenos Vecinos de Once: "Las mujeres que están en la plaza Miserere, en la avenida
Hipólito Yrigoyen y en la calle Alsina responden a proxenetas que se instalaron en esa
zona. Recibimos informes de los vecinos que indican que en la calle 24 de Noviembre
hay chicas menores en situación de prostitución".
Tanto la organización vecinal Manzana 66 como la organización Buenos Vecinos de
Once indicaron que algunas de las mujeres explotadas también son obligadas a
vender drogas. Sobre ese tema, Gatti explicó cómo se vinculan actualmente las redes
de explotación de mujeres con los grupos de narcotraficantes: "Las víctimas son
obligadas a vender drogas para que los clientes consuman. Y la gente no quiere
denunciar, tiene miedo de involucrarse porque hay muchas connivencias alrededor".
Para definir a esos grupos criminales, Gatti aseguró: "Son mafias que prometen a sus
víctimas matar a un miembro de su familia en caso de una denuncia, y realmente
pueden llegar al asesinato. Hay un mito que dice que la prostitución es el oficio más
viejo del mundo. Pero, en realidad, es la violencia más extrema contra las mujeres".
El rol de los hoteles clandestinos de la zona es clave para que los narcotraficantes y
quienes controlan a las mujeres esclavizadas asocien sus negocios ilegales. Al
respecto, el fiscal Colombo comentó: "Hemos tenido varios casos en los que había
establecida casi una unidad comercial entre los lugares en los que estaban las mujeres
-donde arreglaban con clientes los servicios sexuales- y hoteles cercanos, donde las
explotaban".
Y agregó el fiscal especializado en trata de personas: "Observamos que hubo una
reconversión de la explotación sexual. Los proxenetas esconden la explotación en
casas de masajes. Pero pudimos establecer conexiones y cayeron bandas de Capital
Federal. Al menos cuatro de estos grupos, que eran muy importantes, están en juicio
oral. Sus ganancias económicas eran importantes".

DIARIO LA NACIÓN - 28 ENERO 2018
Más de 500 personas habrían caído en redes de trata en dos años
La nueva pista seguida en estos días en la búsqueda de María Cash expuso
nuevamente la problemática de las personas cuyo paradero llena de preocupación a
familiares y amigos. La joven cuyo rastro se perdió en Salta en 2011 se transformó en
un caso emblemático de mujeres a las que no se vuelve a ver pese a la periódica
difusión de su caso. Otra situación de similares características sufre Marita Verón, que
es buscada desde abril de 2002. Se trata de nombres que quedaron fijos en la sociedad.
Pero no son las únicas personas buscadas. Muchos expedientes no tienen repercusión
pública, pero hay cientos de familias que esperan noticias de hombres, mujeres y
niños. En los últimos dos años se abrieron 500 causas judiciales por personas que
habrían caído en manos de redes de trata, tanto para su explotación sexual como para
tareas de esclavitud laboral.​
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Según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a los que
accedió LA NACION, entre enero de 2016 y diciembre de 2017, más de 700 personas
llamaron a la línea telefónica 145 para denunciar desapariciones y solicitar que el
Estado inicie -a través del Ministerio Público Fiscal la búsqueda de alguna persona.
De esos casos denunciados, 500 expedientes fueron tratados como vinculados con
redes de trata. Mediante ese sistema de denuncias, solo en la provincia de Buenos
Aires se registraron 278 pedidos de búsqueda durante los últimos dos años.​
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El 65% de un total de 775 casos denunciados fue judicializado, mientras que en el
18,3% de los casos intervino directamente alguna fuerza de seguridad en la búsqueda
inicial. Equipos técnicos especializados desestimaron el 10% de las llamadas. Los
técnicos de la procuraduría de trata cuentan con un protocolo de actuación para
definir qué casos pueden ser llevados adelante como investigaciones de trata y qué
denuncias pueden seguir un camino normal de averiguación de paradero. Para eso se
toman en cuenta los datos aportados en la denuncia, ya que en muchos casos esa
presentación incluye pistas concretas a seguir.​
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Según los datos estadísticos de las denuncias realizadas en la línea 145 a los que
accedió LA NACION, el 27,5% de los casos tuvo como víctimas a menores de edad, y el
29,8% de las denuncias se realizó de forma anónima.​
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Hay un segundo indicador que también visibiliza la magnitud de la problemática y
permite analizar los efectos que produce la trata de personas en la Argentina. Según
las cifras oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, entre abril de 2008 y junio
de 2017, fueron rescatadas en Argentina al menos 11.169 personas que eran víctimas
de algún grupo criminal dedicado a la trata de personas para explotación sexual
(46%) o laboral (53%). Sobre esta cifra del Ministerio de Justicia, en el 47% de los casos
las víctimas eran argentinas. De las 11.169 víctimas rescatadas entre abril de 2008 y

junio de 2017, al menos cinco mil son mujeres.​
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El Ministerio de Justicia también detalló que entre enero y junio de 2017 se recibieron
360 llamados en la línea 145 denunciando desapariciones de personas. En el mismo
lapso de tiempo, las fuerzas federales de seguridad rescataron a 173 mujeres
secuestradas en prostíbulos.​
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Por otro lado -según los datos del Ministerio de Justicia en el primer semestre del
2017, la línea 145 recibió 603 llamados en los que los ciudadanos aportaron datos sobre
el funcionamiento de distintos lugares de explotación sexual, donde las mujeres son
retenidas contra su voluntad; además 197 ciudadanos denunciaron sitios de
explotación laboral. A su vez -también durante el primer semestre de 2017 al menos
516 víctimas del delito de trata de personas fueron rescatadas. El 70% de las personas
liberadas durante los primeros seis meses del año pasado provenía de Bolivia, 11% de
Paraguay y 12% de República Dominicana. Entre las personas rescatadas en el primer
semestre de 2017 -último registro oficial disponible en ese punto- figuran 278
mujeres.​
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Los casos de trata de persona afectan a las mujeres en mayor medida cuando se trata
de explotación sexual, pero el género no es algo excluyente cuando la red ilegal busca
personas para tareas laborales en condiciones de esclavitud. Esta semana se conoció
un caso que muestra que esas redes están muy activas y que se trata de un delito
transnacional. Las víctimas son captadas en un país y forzadas a permanecer en
contra de su voluntad en otro territorio.​
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El miércoles pasado, la patrulla de gendarmes que subió a un ómnibus en la ruta
nacional 14 en Misiones estaba atenta a dar con posibles traficantes de drogas. Pero se
encontró con una pareja con documentación falsa. Un hombre detenido en ese micro
tenía sus verdaderos pasaportes emitidos por India. Eran víctimas de una red de trata
que tenía previsto su explotación laboral en Buenos Aires.

DIARIO LA NACIÓN - 29 SEPTIEMBRE 2019​
Los clanes dominicanos dominaron el sur argentino y se
expanden en la ciudad
Tienen menos exposición pública en el área metropolitana, pero su presencia se
siente fuerte en el sur argentino, donde montaron sus redes de tráfico de drogas en las
mismas estructuras ilegales que los llevó a dominar las redes de explotación de
mujeres. Los narcos de origen dominicano aparecían siempre un paso atrás con
relación a los carteles colombianos y los clanes bolivianos y peruanos que operan en
la Argentina. Sin embargo, el volumen del contrabando intentado el martes pasado en
el aeropuerto internacional de Ezeiza resulta casi una presentación pública de las
bandas dominicanas que crecieron en forma constante en los últimos años. Dos
hermanos dominicanos, Javier Pérez Mendoza y Luis Pérez Mendoza, aparecen en la
investigación judicial como presuntos organizadores de la maniobra que incluyó el
reclutamiento de diez mulas -jóvenes sin antecedentes que fueron detenidos en la
terminal aérea- para el transporte de más de 250 kilos de cocaína hacia España.​
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En general, esas bandas dominicanas –la Justicia aún no determinó si se trata de
bandas inorgánicas que se juntan para un negocio ilegal o si forman parte de un cartel
de drogas más consolidado– se abastecen de cocaína de origen boliviano y tienen un
importante aparato logístico que les permite mover cargamentos de relativa
magnitud en volumen suficiente para sostener el consumo en las provincias sureñas,
donde no tienen competencia de otros clanes extranjeros.​
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En la Patagonia, las organizaciones criminales conformadas por ciudadanos de
República Dominicana tomaron el control del movimiento de trata y la explotación de
mujeres migrantes. Con el paso del tiempo, comenzaron también a utilizar las
mismas rutas y postas –destinadas al tráfico de personas– para trasladar
cargamentos de cocaína, que aumentan considerablemente su valor económico no
bien ingresan en el sur del país, según los expedientes judiciales a los que accedió LA
NACIÓN.​
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Un informe publicado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó cómo se
constituyó el complejo entramado delictivo de las bandas dominicanas que se
desplegaron en la provincia de Neuquén, donde fueron detenidas tres mujeres que
formaban parte de la red que intentó introducir la cocaína en un vuelo de Air Europa.
Esa maniobra fue anticipada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que el 11 de
abril pasado había recibido un mensaje anónimo con el aviso sobre los preparativos
de los hermanos Pérez Mendoza.​
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El aviso que dio origen a la investigación en abril expresó: "Hay unas personas; se
llaman Javier Pérez Mendoza y su hermano Luis Eduardo Pérez Mendoza que están
mandando gente con la droga a España. Ellos manejan el boliche La San Vicente en la

calle Varela [...]. La señora Xiomara Pérez Mendoza, que es la madre de Javier y Luis, el
mes pasado hizo un viaje a España llevando la maleta con droga".​
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Según confirmó LA NACIÓN, al menos tres equipos de investigadores federales están
abocados a seguir los pasos de grupos integrados por dominicanos que operan en
distintos puntos claves de la Patagonia, traficando cocaína o explotando mujeres. Una
de esas bandas había sido detectada el 11 de noviembre de 2018, cuando se
decomisaron 16 kilos de cocaína que tenían como destino Tierra del Fuego. En junio
de este año fue atrapado un dominicano con siete kilos de cocaína en Río Grande; el
traficante había movilizado la droga desde Formosa.​
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Las operaciones de las mafias dominicanas se extienden, según datos judiciales y
policiales, por otras localidades patagónicas, como Esquel, Gobernador Costa y
Comodoro Rivadavia, donde el viernes 13 del actual fue detenida una pareja
dominicana que controlaba puestos minoristas de venta de drogas. Otros cuatro
dominicanos fueron arrestados en esa ciudad el 28 de agosto, luego de ocho meses de
una investigación a cargo de la Gendarmería. El 4 de julio pasado se conoció, en tanto,
el arresto de dos mujeres dominicanas encargadas de dar soporte logístico a una línea
de abastecimiento de drogas que se iniciaba en la ciudad de Buenos Aires y terminaba
en Trelew.
No solo los investigadores argentinos pusieron atención en estos grupos
dominicanos, cuya presencia en el sur fue confirmada, por ejemplo, desde el Poder
Ejecutivo de Tierra del Fuego, sino que también los agentes chilenos investigan los
movimientos de bandas similares que operan del otro lado de la Cordillera de los
Andes. Quienes estuvieron detrás de algunas de esas pesquisas aseguran que en la
Argentina las bandas de dominicanos son violentas, y han sido descubiertas muchas
armas de fuego en su poder. De todas maneras, buscan no enfrentarse con grupos
locales, porque prefieren un perfil bajo. Al contrario: los choques son entre facciones
internas de las organizaciones dominicanas y por el control de las rutas de tráfico.
En la ciudad de Buenos Aires, esos grupos tomaron posiciones importantes en los
barrios de Constitución y Flores, donde operaba la célula detectada a comienzos de
este mes en la llamada operación Bachata, causa en la que figura el clan familiar de los
Pérez Mendoza dentro de una trama delictiva que llega a Los Monos, ya que algunos
de los que fueron atrapados tenían vínculos directos con Ramón Machuca, conocido
como Monchi Cantero y condenado como uno de los principales jefes de esa
organización narcocriminal rosarina. Un boliche y una empresa de instalación de
equipos de aire acondicionado fueron usados, según fuentes oficiales, para el lavado
de dinero narco; esas firmas fueron creadas en enero y febrero pasados por Pérez
Mendoza, el dominicano que aparece mencionado en el anónimo que dio origen a la
causa en Ezeiza.​
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En mayo pasado también se descubrió que uno de los tentáculos de esa red criminal
controlada por dominicanos había establecido desde la ciudad de Buenos Aires una

ruta de abastecimiento de cocaína dirigida a Junín y localidades cercanas a esa
importante ciudad bonaerense. Según detallan los investigadores federales que
conocen la actividad de las bandas dominicanas dedicadas a explotar mujeres y
vender drogas, las mujeres caribeñas llegan a la Argentina engañadas con falsas
propuestas de trabajo y, además de ser sometidas sexualmente en el sur de nuestro
país, son obligadas a poner en circulación la cocaína y se transforman así en mulas, el
último eslabón en la cadena de los envíos de droga rumbo a la Patagonia en general y
a Neuquén en particular.​
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Sobre esa situación, un alto funcionario del Poder Judicial explicó: "Hay que investigar
quiénes son los responsables de esos envíos y quiénes se quedan con las ganancias. Es
absurdo castigar a esas mujeres como si fueran las responsables de actos delictivos
del crimen organizado, ya que por necesidad participan del acto de comercio de
drogas". Eso pasó también en Ezeiza, donde fueron atrapadas las diez personas –de
bajos recursos económicos– enviadas con la droga. El armado de una red de mulas es
una característica de las bandas dominicanas que buscan el control de la logística
narco local.

DIARIO LA NACIÓN - 19 JULIO 2020
Explotación sexual: cayó una banda que operaba en cuatro
provincias y rescatan a 12 mujeres
Salta. Tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en esta ciudad, 12
mujeres en estado de vulnerabilidad fueron rescatadas luego de haber caído, con
avisos engañosos de falsas propuestas laborales, bajo la órbita de influencia de una
peligrosa banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que
encerraba a sus víctimas en prostíbulos de al menos cuatro provincias, según
informaron fuentes de la investigación a LA NACION. Dos sospechosos terminaron
detenidos.​
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Se trata de un grupo criminal que, entre otras singularidades, contaba con un anillo
de protección digital para evitar que las computadoras y los teléfonos fueran
detectados por las fuerzas de seguridad. Por eso, el trabajo requirió de un importante
trabajo conjunto entre la Gendarmería, la Policía de Salta y los investigadores locales
especializados en delitos complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación.
Así, luego de una instancia de recolección de pruebas y datos en internet, se
desplegaron "agentes reveladores" en los prostíbulos para confirmar las maniobras
delictivas.​
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Agregó Toranzos: "Las chicas eran captadas a través de publicaciones y avisos de
búsqueda de personas para trabajos administrativos. Pero el grupo criminal se valía
del estado de vulnerabilidad y necesidad de algunas de ellas, las elegían y, finalmente,
las sometían a explotación sexual".​
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Además, el fiscal Toranzos explicó: "Esta organización alquilaba locales y, en especial,
departamentos en edificios de movimientos familiares. Alternaban, y por eso
utilizaban alquileres temporarios. El contacto con los 'clientes' se realizaba a través de
Internet, y les daban un código para ingresar en los domicilios donde explotaban a las
chicas. Es una organización que manejaba muy bien las redes sociales".​
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Por otro lado, el fiscal agregó: "El grupo utilizaba líneas telefónicas de otras
jurisdicciones y también direcciones IP de otras ciudades. Cuando queríamos rastrear
el origen de la oferta, aparecían datos de diferentes localidades. Luego confirmamos
que el mismo grupo trabajaba en cuatro provincias e iban moviendo a las mujeres
para ofrecerlas".​
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Las 12 víctimas rescatadas el sábado a la noche en la capital de Salta fueron asistidas
en el Polo Integral de la Mujer, que depende de la Secretaría Provincial de Derechos
Humanos. Los allanamientos sorprendieron a los vecinos, porque los agentes
actuaron ataviados con trajes especiales, bajo estrictas medidas de bioseguridad, ya
que los investigadores sabían que este grupo criminal no detuvo sus actividades de

explotación sexual durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la
pandemia de coronavirus. Por el contrario, según los datos aportados por los agentes
reveladores, los prostíbulos recibían decenas de 'clientes', siempre entre las seis de la
tarde y las 3 de la madrugada.​
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Con chalecos antibalas, uniformes verdes y barbijos, pero también con trajes blancos
de protección para todo el cuerpo, los agentes federales llegaron hasta la puerta de
diferentes edificios. Sucede que el grupo elegía departamentos de alquiler temporario,
en sitios lujosos que actualmente están vacíos por la interrupción de la llegada de
turistas, que suele alimentar en gran medida los engranajes de la economía local. Sin
embargo, también se realizaron allanamientos en barrios de la periferia.​
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"A través del Polo de las Mujeres participamos con el objetivo de resguardar a las
víctimas y brindarles una asistencia integral. Ante estas situaciones, se recuerda a la
comunidad que cualquier persona puede denunciar este delito de forma anónima y
gratuita en cualquier punto del país al número 145, todos los días, durante las 24
horas", informaron oficialmente desde el Ministerio de Gobierno de Salta.​
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La problemática de la trata de personas afecta severamente a las mujeres de esta
ciudad, capital de una provincia que limita con Chile, Bolivia y Paraguay. Por caso, en
enero de este año otra peligrosa organización fue desarticulada tras una investigación
de la Justicia federal, y luego de que sus líderes recibieron en enero una rápida
condena bajo el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal Federal, tal como
informó LA NACION.​
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Para poder detener a los jefes de la organización se requirió del trabajo articulado
entre investigadores del MPF de la Unidad Fiscal Salta y de la Procuraduría de Trata y
Explotación (Protex). Y fueron agentes especializados de la Policía de Salta quienes se
encargaron de los trabajos de infiltración. Así, los funcionarios judiciales pudieron
confirmar que al menos diez mujeres habían sido explotadas en un prostíbulo
ubicado a muy pocos minutos del centro de la ciudad.

DIARIO LA NACIÓN - 1 DE MAYO 2021​
Trata de personas: rescatan a cinco argentinas secuestradas
en un prostíbulo de Bolivia​
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Todo comenzó durante las primeras horas del jueves, cuando se registró en una
comisaría de la provincia de Salta, una denuncia que daba cuenta sobre una mujer que
viajó a Bolivia para trabajar, junto con su hijo, y que allí había sido secuestrada en un
prostíbulo de la localidad de Potosí, por una organización criminal dedicada a la
explotación de personas.​
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A partir de este punto, con intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación
(MPF), Cancillería y diferentes organismos locales -en coordinación con
investigadores judiciales del vecino país- se desencadenó una importante serie de
operativos, que se extendieron durante casi dos días y concluyeron en el rescate y la
repatriación de cinco argentinas que eran sometidas a la explotación sexual por el
grupo de delincuentes. Así, esta causa, y otras recientes -una de ellas en la que un
inmigrante venezolano secuestró a una menor y la llevó a Bolivia- vuelven a poner en
foco una problemática poco debatida públicamente, pero constante y grave, que afecta
severamente a las mujeres vulnerables de la frontera norte argentina.​
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Sobre el rescate de las últimas horas, una fuente oficial del MPF, informó a LA
NACION: “El fiscal general Francisco Snopek, de la Unidad Fiscal Salta, lleva adelante
una investigación en torno a una organización criminal de trata de personas
transnacional, la que operaba a través de la modalidad de captación de mujeres en
estado de vulnerabilidad, que luego eran explotadas sexualmente”. En esta línea,
según los datos oficiales, una de las víctimas pidió auxilio desde el prostíbulo, que fue
localizado a través de tecnología digital. Fue clave en este punto la intervención de
Gendarmería Nacional.​
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Al respecto, se detalló en el primer informe preliminar del caso: “En respuesta a la
denuncia, el fiscal dispuso urgentes medidas a fin de proceder al rescate de las
mismas. Al respecto, la Unidad de Investigaciones Complejas y Procedimientos
Judiciales Salta, de Gendarmería Nacional, pudo determinar la geolocalización de la
llamada y mensajes que la víctima envió a sus familiares. Este dato estableció que
efectivamente se trataba de un domicilio en Potosí, Bolivia, por lo que se solicitó la
intervención de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional
(DIGCRI), a cargo de Diego Solernó, de la Procuración General de la Nación”.​
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Mientras esto ocurría, tres de las salteñas y el menor, ya decididas a escapar luego de
alertar a sus familias, se fugaron del prostíbulo. Y aportaron datos claves para
concretar el segundo rescate, según el informe oficial: “A raíz de las gestiones
efectuadas con fiscales penales de Potosí, se avanzó con una serie de allanamientos en

esa ciudad boliviana, tanto en el prostíbulo geolocalizado desde Salta, como en otros
lugares determinados por las fiscalías de ese país. A raíz de ello, y desde el lugar
señalado por la víctima que dio la primera alerta, se rescataron dos mujeres más,
también oriundas de Salta, como así también las autoridades bolivianas dieron a
conocer la detención de dos presuntos implicados”.​
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Por otro lado, luego de una investigación federal que se extendió durante poco más de
dos meses, en el inicio del mes de abril, un grupo de detectives de la Policía de Salta
especializados en trata de personas rescataron al menos a siete mujeres sometidas a
la explotación sexual en la frontera norte del país, puntualmente en la localidad de
Tartagal. Según información a la que accedió LA NACIÓN, se trató de un importante
despliegue, que incluyó el monitoreo en simultáneo de más de veinte líneas
telefónicas, once allanamientos, y contó con apoyo logístico de Gendarmería
Nacional, ante la presunción de que policías locales podrían estar involucrados en la
maniobra delictiva.​
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Los procedimientos comenzaron puntualmente el pasado jueves 8 de abril, cuando
tres sospechosos fueron trasladados a diferentes centros de detención. Se trató de dos
hombres y una mujer, capturados en la ciudad capital y también en Tartagal, donde
funcionaba este complejo esquema de explotación de personas, que contaba, por
ejemplo, con un lujoso hotel ubicado frente a la plaza principal de esta ciudad
fronteriza.

DIARIO LA NACIÓN - 30 de enero de 2021​
Narcos: preocupan los ataques a gendarmes en zonas de
fuerte tráfico de drogas
Los episodios muy poco habituales marcan el aumento de la tensión en las zonas de
frontera con mayor penetración del narcotráfico. Patrullas de gendarmes fueron
atacadas en los últimos días en Salta y Misiones, en lugares que tradicionalmente
están vinculados con las rutas utilizadas para el movimiento de drogas.
El hecho más grave tuvo lugar en la selvática área cercana a la localidad misionera de
Eldorado, donde dos personas que se movilizaban en una motocicleta dispararon
contra una camioneta de la Gendarmería que buscaba interceptarlos. El parabrisas del
vehículo expuso cinco impactos de bala que, milagrosamente, no provocaron heridas
en los uniformados.
Distinta fue la situación en la localidad salteña de Orán, donde un contrabandista que
el 20 del actual huía con 418 kilos de hojas de coca embistió a una patrulla de
gendarmes y ocasionó heridas en la cabeza a uno de los efectivos, según el informe
oficial del Ministerio Público Fiscal.
Esas situaciones pueden evidenciar un cambio de actitud de los narcotraficantes, ya
que, en general, no defienden sus cargamentos. Al verse rodeados por fuerzas de
seguridad, quienes transportan drogas ilegales optan por abandonar el embarque y
escaparse o bien se entregan sin resistencia, confiados en que tienen mejores
oportunidades con las habituales excarcelaciones en el sistema penal argentino que
en un enfrentamiento con una patrulla de uniformados.
Muy diferente es el comportamiento de los grupos colonizados por las bandas narco
brasileñas. Esos verdaderos carteles de drogas, como el Primer Comando Capital y el
Comando Vermelho, extendieron sus operaciones a buena parte del territorio
paraguayo y representan un desafío adicional a la seguridad argentina. Su carta de
presentación es exhibir poder de fuego ante las fuerzas policiales, algo que en
Paraguay se volvió una nefasta costumbre. Por eso el tiroteo en los alrededores de
Eldorado resultó un importante llamado de atención.
Fuentes que conocen detalles de lo que ocurrió allí confirmaron a LA NACION que ese
ataque se registró el 24 del actual en la zona de Colonia Istueta, muy cerca de Puerto
Esperanza, no muy lejos de la zona conocida como la Triple Frontera.
Desde una motocicleta dispararon varias veces contra la camioneta de la
Gendarmería. Al menos cinco balazos impactaron en el parabrisas. En esa región se
había notificado el mes pasado otro incidente con disparos. En ese caso fue baleada
una de las nuevas lanchas artilladas de la Prefectura, adquiridas en los últimos años a

Israel, sin provocar heridos entre la tripulación que intentaba detener a
contrabandistas.
En esa zona misionera fue descubierta una célula con vínculos con el Primer
Comando Capital, cuyo líder se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza. Se sospecha
que ese grupo está detrás de un intento de atentado contra el juez de instrucción de
Posadas, Fernando Verón, y que amenazó también al juez federal Miguel Ángel
Guerrero, que lleva adelante las causas por narcotráfico en Eldorado.
El cambio de actitud de los traficantes también quedó a la vista en Salta. El fiscal
subrogante de Orán, Luis Valencia, informó a LA NACION que el conductor de la
camioneta, un hombre de 40 años llamado Hugo Amador, registraba al menos otras
tres detenciones por atacar agentes de las fuerzas de seguridad al intentar eludir
violentamente los retenes ubicados en las rutas de las zonas de frontera. Por ese
motivo fue detenido preventivamente e imputado bajo la acusación de tentativa de
homicidio. "Amador es un hombre que hizo del delito su modo de vida", aseguró el
fiscal.
Ese ataque al grupo de gendarmes se desencadenó sorpresivamente. Los uniformados
patrullaban la ruta en una camioneta y el sospechoso, al observar al vehículo oficial,
giró en sentido contrario. Pero, en otra maniobra casi instantánea, retomó su camino.
Esto alertó a los agentes federales, que montaron un retén rápidamente para cortar su
paso.
Sin embargo, el conductor no hizo caso e intentó atropellarlos. Dos de los gendarmes
lograron arrojarse al costado del camino, mientras que el conductor del móvil de
seguridad resultó severamente herido por el impacto. La camioneta de los traficantes
resultó también dañada y fue abandonada no muy lejos del lugar del incidente.
Transportaba una carga de hojas de coca valuada en algo más de tres millones de
pesos.
El conductor fue capturado casi de inmediato; tiene "causas penales iniciadas desde
2007, 2011 y 2012, todas bajo el sistema mixto y registra dos procesamientos por
delitos de resistencia a la autoridad", informó el MPF. En la imputación, el fiscal
Valencia sostuvo: "Esta clase de maniobras temerarias ejecutadas para evadir el
control de la fuerza de seguridad son comunes, por lo que la Justicia debe responder
de manera ejemplificadora a fin de poner un tope a hechos".
A su vez, el informe del MPF detalló: "El fiscal resaltó la gravedad del hecho y recordó
un episodio similar ocurrido en la ruta 50 el 27 de mayo de 2012, cuando un auto
arrolló al gendarme Rolando Mendoza, quien, al igual que en este caso, intentaba
detener un vehículo en un control de ruta, en el acceso norte de la localidad de
Pichanal".

En esa línea, el juez Martínez Frugoni indicó: "Por las pruebas que se me hizo conocer
encuentro acreditado el hecho. No tengo dudas del quehacer delictivo de Amador más
allá de su descargo, el cual a mi juicio es inverosímil y opuesto a los testimonios
escuchados. Se advierte claramente la seriedad de la imputación en su contra".
Esos inusuales ataques a patrullas de gendarmes señalan el endurecimiento de la
actitud de los traficantes y emiten una señal de alerta.

DIARIO LA NACION - 11 DE ABRIL DE 2021​
Rescatan a siete víctimas de trata en la frontera
Luego de una investigación federal que se extendió durante poco más de dos meses,
un grupo de detectives de la Policía de Salta especializados en trata de personas
rescataron al menos a siete mujeres sometidas a la explotación sexual en la frontera
norte del país, puntualmente en la localidad de Tartagal. Según información a la que
accedió LA NACIÓN, se trató de un importante despliegue, que incluyó el monitoreo
en simultáneo de más de veinte líneas telefónicas, once allanamientos, y contó con
apoyo logístico de Gendarmería Nacional, ante la presunción de que policías locales
podrían estar involucrados en la maniobra delictiva.
Los procedimientos comenzaron el pasado jueves 8 de abril, y se extendieron hasta la
última hora del sábado, cuando tres sospechosos fueron trasladados a diferentes
centros de detención. Tres sospechosos -dos hombres y una mujer- fueron
capturados en la ciudad capital y también en Tartagal, donde funcionaba este
complejo esquema de explotación de personas, que contaba, por ejemplo, con un
lujoso hotel ubicado frente a la plaza principal de esta ciudad fronteriza.
Según informó una alta fuente a LA NACIÓN, durante los allanamientos
correspondientes a esta causa -expediente 1847/2021- fueron encontradas en los
prostíbulos cinco chicas menores de edad. En esa línea, el inicio de la investigación
fue la denuncia de una víctima de la red, que logró escapar y denunció la captación de
chicas en situación de vulnerabilidad, según datos oficiales.
En un informe oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), se informó al
respecto: “Por pedido de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán al Juzgado Federal de
Garantías de Tartagal, ayer se llevaron adelante once allanamientos en distintos
domicilios de esa ciudad en una investigación por trata de personas con fines de
explotación sexual. Fueron rescatadas siete víctimas y detenidos dos hombres y una
mujer”.
Sobre los detalles aportados por la víctima que logró escapar, el MPF informó: “El
testimonio de la mujer que, pese a las amenazas recibidas por los responsables de esta
organización, se presentó y reveló lo que sucedía, permitió una serie de tareas de
campo y otras medidas probatorias que llevaron a identificar los domicilios utilizados
para esta actividad, como así también posibles sospechosos”.
Se trata, tal como publicó este diario en distintos informes, de una zona geográfica
compleja, fuertemente afectada por el narcotráfico y el secuestro de mujeres. De
hecho, en la ciudad de Salvador Mazza, durante febrero, un venezolano de 25 años fue
imputado por secuestro, luego de que raptó a una adolescente y -según él mismo
declaró- la llevó a recorrer distintas ciudades de Bolivia.

Ciertamente, se trata de una problemática que afecta a una gran cantidad de mujeres
vulnerables de distintos puntos del país, sobre todo del sur y del norte. Este sábado 10
de abril, el Programa Nacional de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia de la
Nación, dio a conocer nuevas cifras oficiales sobre el delito: en los tres primeros
meses de este año se rescataron 343 personas en situación de trata.
Al respecto, el informe detalló: “La mayoría de las víctimas son de la Argentina, en
tanto también se asistió a personas de Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, República
Dominicana, Siria, Uruguay y Venezuela. En el país, desde que se promulgó a finales
de 2008 la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a
sus Víctimas, y hasta marzo de este año, se rescataron y asistieron a 16.250 personas”.

DIARIO LA NACION - 2 DE ABRIL 2021​
Preocupa el aumento del envío de drogas coordinado desde
las cárceles y el uso de mujeres pobres como “mulas”
Las autoridades judiciales del noroeste del país advierten sobre la reiteración de casos
de narcos condenados que organizan las operaciones desde la prisión y se valen, para
el traslado de la droga, de personas en situación de alta vulnerabilidad
Una sucesión de allanamientos en distintas cárceles del país encendió las alarmas de
los investigadores judiciales y expuso finalmente a las prisiones provinciales como
nuevo escenario de disputa para los grupos más violentos de microtráfico que
regentean búnkeres de distribución de drogas. Se trata de una problemática que,
desde las rutas internacionales de la marihuana y la cocaína, conecta y atraviesa
diferentes ciudades o puntos claves de la Argentina. Según información a la que
accedió LA NACION, funcionarios federales confirman que aumentó recientemente la
cantidad de casos de narcos que, a pesar de que están presos, coordinaban y
supervisaban envíos de cargamentos de estupefacientes que ingresan al país. En
muchos de estos casos el narcotráfico se cruza con otro delito: la trata de personas, ya
que personas en situación de vulnerabilidad social -esencialmente, mujeres- son
captadas y usadas como “mulas”.
Ese es el caso de Sebastián Policarpio Flores, imputado este lunes 29 por la Unidad
Fiscal Salta; en esta causa. Tras una investigación de un año, el fiscal general Eduardo
Villalba acusó al narco -que estaba preso por otra causa de drogas en una cárcel de
Orán- de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Este expediente se suma, por ejemplo, al de las amenazas contra funcionarios
judiciales en Misiones, al de los grupos organizados que operan desde el penal salteño
de Villa Las Rosas, y al caso del barrabrava condenado y detenido en una cárcel de
Mendoza que, desde allí, coordinaba el ingreso de droga desde Bolivia.
Los seis narcos capturados con 7,5 kilos de cocaína y acusados por el fiscal Villalba
operaban en los alrededores de Orán, cerca del límite del pequeño pueblo de Aguas
Blancas, zona roja del tráfico internacional adonde la Gendarmería tiene desplegados
cerca del triple de recursos que en la frontera de Tartagal y Salvador Mazza, lo que da
cuenta de la intensidad de la problemática zonal.
El fiscal Villalba explicó a LA NACION: “Comenzamos con los trabajos de intervención
telefónica porque sabíamos que, desde un penal, un grupo reclutaba personas para
traer drogas desde Orán hasta las bocas de expendio de la ciudad de Salta. Trabajamos
en esto durante un año. Logramos descubrir que la droga llegaba desde Bolivia los
viernes, y ese mismo día contactaban a las mujeres en situación de vulnerabilidad que
podían transportar la cocaína”.

Sobre el caso de Policarpio, el Ministerio Público Fiscal explicó: “Cumple una pena de
4 años y 6 meses de prisión por tenencia de estupefacientes y dirigía los movimientos
para el traslado de la droga, como también ‘operaba’ para adquirirla desde Bolivia.
Para el traslado de la droga desde Orán hasta Salta, y en plena pandemia, el acusado
había implementado un sistema que se valía de mujeres, por lo general en estado de
vulnerabilidad”.
En noviembre pasado, un trabajo de distintos grupos investigativos condujo a una
serie de allanamientos en la frontera con Bolivia. La delegación Noroeste de la
Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en un trabajo coordinado con la
Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar) de Salta, detectaron que un envío
de cocaína secuestrado en la cárcel de Villa Las Rosas había sido provisto por distintos
clanes familiares que se unieron para traficar desde la frontera norte hacia a otras
ciudades del NOA.
El fiscal Santiago López Soto, de la Ufinar, dijo a LA NACION que los dos líderes de esa
banda coordinaban todas las actividades desde la prisión, donde estaban detenidos
por tráfico y secuestro extorsivo. Explicó: “Logramos desbaratar una organización
que se movía con tres objetivos: vender estupefacientes en un barrio de la ciudad,
ingresar drogas a la cárcel y trasladar las sustancias desde la frontera hacia Tucumán.
Para eso contaron con la participación indispensable de un sargento primero del
Servicio Penitenciario”.
Según surge de expedientes judiciales, del crecimiento de los grupos locales en la
frontera da cuenta, por otro lado, la condena dictada en Salta el 13 de marzo contra un
grupo de 20 narcos de la capital provincial, liderado por José Mauricio Guzmán,
Adrián Ramiro Nieto y Elsa Padilla Márquez.
En documentos judiciales difundidos en 2020, la ciudad salteña de Tartagal es
señalada como epicentro de una red que se aprovechaba de jóvenes de barrios
vulnerables para convertirlas en “mulas” para el transporte de drogas. “El análisis
primario que hicimos sobre los teléfonos de los investigados podría indicar la
provisión de cocaína a otros sitios del país”, declaró una calificada fuente de la
Gendarmería.
En la causa se detallan los antecedentes de uno de los líderes de la banda, acusado de
trata de personas y narcotráfico. “Se pudo verificar que G.A.M.R. efectivamente
registraba antecedentes judiciales. El 3 de mayo de 2016 había sido condenado en el
Juzgado de Garantías N° 5 de Salta a la pena de tres años de prisión -de ejecución
provisional- y multa de $1000″ por ocho robos y tenencia ilegal de armas. En libertad,
este hombre era el reclutador principal de mujeres para el transporte de drogas.
Además de la causa por tráfico de cocaína, los miembros de la banda enfrentan la
acusación de “captar personas cuyas características personales y condiciones
sociales, económicas, culturales y familiares permitieran al grupo criminal, mediante

el abuso de esa situación y mediando amenazas, utilizarlas servilmente para
funcionar en calidad de ‘mulas’, asumiendo estas víctimas involuntariamente los
riesgos de ser descubiertas en pleno despliegue de la actividad ilegal”. En el
expediente se consignó que una de las principales zonas de actividad de la banda era
la ciudad de Tartagal, donde almacenaban la droga proveniente de Bolivia y la
enviaban a Buenos Aires. El narco G.A.M.R. tenía dos laderos que vigilaban a sus
grupos rivales para robarles la droga. De escuchas telefónicas realizadas a fines de
2019 surge que compraban en Bolivia el kilo de cocaína a 150 dólares. En Salta el valor
era, en ese momento, de $40.000 (unos US$1000). Al final del circuito, por concretar el
envío de dos kilos a Buenos Aires este grupo ganaba $125.000.
En ese mismo expediente consta que uno de los laderos de G.A.M.R. podía obtener
armas, algunas de las cuales revendían a otras bandas narco. De las escuchas también
surgió que el grupo contaba con varias mulas disponibles para trasladar envíos de
cocaína.
En agosto pasado, cuatro días después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de
Mendoza lo condenara a 12 años de prisión por narcotráfico, Daniel Aguilera,
barrabrava de Godoy Cruz, supervisó el envío de cocaína en encomiendas desde la
ciudad salteña de Tartagal para nutrir a un poderoso clan cuyano. Lo descubrió la
Justicia federal de Salta tras detectar una carga de 5,5 kilos de cocaína y realizar una
entrega controlada -luego de reemplazar la droga por harina- en Mendoza.
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DIARIO LA NACION - 14 de marzo de 2021​
Exigen informes al Gobierno por el tráfico y los pasos
ilegales en la caliente frontera norte
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SALTA. Con las crecidas de verano del río Bermejo, dos tragedias se abatieron sobre el
pequeño poblado salteño de Aguas Blancas, justo en el límite internacional con
Bolivia. Allí murieron al menos tres personas, y dos bebés recién nacidos continúan
desaparecidos, en sendos naufragios. Encontraron su destino mortal mientras
intentaban cruzar el curso de agua -sumamente agitado y caudaloso por las lluvias de
enero y febrero- a través de pasos clandestinos, en precarias embarcaciones o
improvisados gomones para flotar. Lo hacen, a pesar de los peligros, para pasar a uno
y otro lado del límite todo tipo de cargamentos, legales o ilegales. También, para
buscar atención médica del lado argentino.
Según información a la que accedió LA NACION, luego de esas tragedias de la semana
pasada, el senador nacional Pablo Blanco (Unión Cívica Radical-Tierra del Fuego)
presentó en la Cámara alta un pedido de informes al Poder Ejecutivo, que será elevado
a las comisiones próximamente. Busca que se den a conocer públicamente datos que,
hasta el momento, son inciertos. Por ejemplo, la cantidad y ubicación de los pasos
clandestinos que hay en las fronteras de Salta con los departamentos de Tarija y
Potosí, en Bolivia.
El proyecto de Blanco señala: “El Senado de la Nación requiere al Poder Ejecutivo que
informe acerca de la existencia de puertos clandestinos, canales de logística informal
y organizaciones dedicadas al contrabando, tráfico de personas y narcotráfico en la
frontera fluvial del río Bermejo”. En esa línea, también se solicitan estadísticas
oficiales, información precisa sobre la posibilidad de que la Prefectura Naval actúe en
la zona, datos acerca del despliegue de apoyo logístico del Ejército en la frontera norte
y detalles sobre las gestiones diplomáticas “para enfrentar el tráfico transfronterizo
ilegal”.
En esa línea, Blanco dijo a LA NACION: “No hay control entre la Argentina y Bolivia.
Por eso ocurrieron estas tragedias. Me preocupan el narcotráfico, el contrabando y la
trata de personas. Por eso quiero saber qué tipo de trabajo se realiza para evitar este
tipo de navegaciones ilegales. Es necesario desarrollar una política seria en torno a
esta problemática, porque mueren personas y se facilitan los delitos”.
Tal como informó LA NACION en recientes publicaciones, toda la frontera norte de la
provincia de Salta -en el límite con Bolivia y Paraguay- se encuentra severamente
afectada por el recrudecimiento de la violencia de los clanes locales dedicados al
crimen organizado.
Los ataques más graves registrados durante la pandemia van desde ejecuciones con
sicarios hasta emboscadas a gendarmes que patrullan la zona fronteriza. En este

esquema de gravedad, los pasos clandestinos configuran un mapa clave para los
beneficios de narcos y contrabandistas. Así, la vigencia de la ilegalidad termina por
afectar directamente a los vecinos de comunidades empobrecidas, donde las recientes
tragedias y la expansión de los focos de microtráfico cristalizan la fragilidad social.
Preocupa a los caciques de las comunidades originarias ubicadas en las fronteras con
Bolivia y Paraguay -sobre rutas de alto tráfico de cocaína y marihuana- el aumento en
el consumo de drogas por parte de los niños de la zona norte del país.
“Hay un peligro bastante definido. Los jóvenes consumen sustancias tóxicas. Hay que
plantear un modelo educativo basado en el interés cultural por las comunidades, para
vincularlas a la escuela moderna. Estamos perdiendo a los niños porque no tenemos
la posibilidad -aunque sí la capacidad- de educarlos según nuestros conocimientos”,
dijo a LA NACION el cacique Tichil Mendoza, referente de la comunidad Santa Victoria
2, al ser consultado sobre la expansión del microtráfico en las comunidades ubicadas
sobre el límite internacional del norte de la Argentina, en Salta.
Gervasio Barbier, referente de la comunidad Emanuel, del municipio de Santa Victoria
Este, analizó la multiplicación de focos de venta en una zona de alto tráfico de cargas
de cocaína. Y afirmó: “La problemática de las adicciones afecta a los chicos de las
comunidades. Nosotros no tenemos seguridad en la zona. Hay pocos controles, pasan
por cualquier lado. No hemos sido escuchados. Tenemos chicos de siete años que ya
son adictos”.
“En algunos casos -continuó Barbier- vemos que les venden setenta pesos de nafta
para que aspiren y se inicien en el mundo del consumo. Todo es negocio. Un grave
problema es que no podemos denunciar a quienes venden droga por las represalias.
La policía discrimina”. Y concluyó el referente comunitario: “Las familias que no son
originarias venden drogas a la gente. Esto existe, la maldad llega”.
De esta forma, las declaraciones de los caciques quedan enmarcadas en la
preocupante expansión de las redes de búnkeres de microtráfico en zonas de frontera
advertida en recientes investigaciones por funcionarios judiciales, políticos y agentes
de las fuerzas de seguridad federales apostados en la región.
Las comunidades originarias del norte de Salta se encuentran ubicadas en cercanías
de los principales caminos utilizados por las organizaciones criminales para ingresar
drogas a la Argentina desde los países productores. Residualmente, esa circulación de
estupefacientes permanente genera mercados de microtráfico.
Por ejemplo, el 19 de febrero pasado dos mujeres fueron imputadas luego de que
agentes federales del Escuadrón 45 de la Gendarmería Nacional las detuvieran en El
Naranjo, al sur de la ciudad de Salta, cuando viajaban de noche con más de 20 kilos de
cocaína escondidos en un automóvil.

Sobre la consolidación residual de los mercados de microtráfico en la zona norte de
Salta, Nelson Campos, presidente de la comunidad wichi El Algarrobal, ubicada sobre
la ruta nacional 34, en la localidad de Pichanal, dijo: “Hay problemáticas estructurales
graves. Con changas conseguimos pocos alimentos para nuestros chicos, y los adultos
nos pasamos el mate”. Y agregó el cacique Campos: “El alcoholismo está destruyendo
a los jóvenes. Y en comunidades cercanas a las zonas urbanas ya entró la droga. Pero
nadie se anima a hablar de este tema”.
Durante los últimos meses, en la localidad fronteriza de Salvador Mazza -tal como
explicaron fuentes policiales y judiciales- la violencia de los grupos narco recrudeció
notablemente en el límite internacional con Bolivia.
Desde este punto caliente en la ruta del narcotráfico, Valentín Alfredo Vargas,
referente de las comunidades originarias de la zona de Madrejones, analizó la vida de
los jóvenes y chicos de pueblos originarios. Explicó a LA NACION: “El abandono es
total, histórico, global; cruza a jóvenes y a adultos. Nunca nos escucharon. El principal
problema es la falta de agua, se mueren los animales, no hay siembra; en los campos,
hoy por hoy, no hay trabajo para las nuevas generaciones”.

DIARIO LA NACION - 19 DE FEBRERO 2021​
Detectan mayor tráfico en las rutas narco que cruzan a Chile
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Las investigaciones y los secuestros de cargamentos de drogas en las rutas que
conectan la frontera norte con la región cuyana expusieron en los últimos meses la
consolidación de una nueva línea de tráfico hacia Chile, con la intención de evitar los
controles de Carabineros que se focalizaron en evitar el ingreso de cocaína en ese país
desde Bolivia y Perú.
A comienzos de este mes, dos hombres fueron capturados cuando una patrulla de la
Gendarmería los sorprendió con tres kilos de cocaína en los alrededores de la ciudad
de Joaquín V. González, en el sur de Salta, Los dos narcos, uno oriundo de Bolivia y el
otro de Guaymallén, viajaban desde la ciudad fronteriza de Orán en un Chevrolet
Prisma que fue interceptado por agentes federales del Escuadrón 45. Los casos
similares se repiten.
El fiscal del caso, Carlos Amad, dijo a LA NACION: “Si bien no llevaban mucha cocaína,
evidentemente forman parte de una banda de traficantes que les da el dinero para
comprar la droga. ¿Cómo podés comprar droga si no tenés dinero para comer? Aquí en
Salta el kilo de cocaína cuesta cuatro mil dólares, aproximadamente”.
Este caso forma parte de una cadena de incautaciones de uno y otro lado de la frontera
con Chile, que exponen los nuevos caminos utilizados por los narcos para evitar los
controles chilenos que apuntan, principalmente, a sus fronteras con Bolivia y Perú.
Según información oficial de Carabineros, entre enero y noviembre de 2020, el 70%
de la cocaína decomisada en todo el país fue hallada en las principales ciudades del
norte. La fuerza de seguridad chilena decomisó en Antofagasta un cargamento de 122
kilos de cocaína, que supuestamente habían llegado desde Salta.
Las incautaciones sintomáticas que dan cuenta de la búsqueda de nuevos caminos por
parte de los traficantes comenzaron a percibirse con mayor intensidad en las últimas
semanas del año pasado. El 19 de diciembre, la Gendarmería interceptó a un hombre
que transportaba un kilo de cocaína rumbo a Mendoza, en un colectivo turístico que
había salido de Orán, en la frontera entre Salta y Bolivia.En agosto pasado, cuatro días
después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de Mendoza condenase a un barra
de Godoy Cruz a 12 años de prisión por el delito narcotráfico, investigadores judiciales
detectaron que ese preso, identificado como Daniel Aguilera, supervisaba el envío de
cocaína en encomiendas desde la ciudad salteña de Tartagal.
La carga de 5,5 kilos de cocaína fue hallada en un vehículo de transporte gracias al
olfato de un perro adiestrado por la Gendarmería Nacional. El operativo se realizó en
la ruta nacional 34, en el puesto de control Cabeza de Buey. Tras el descubrimiento,

desde la delegación salteña del Área de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal
de la Nación se solicitó la activación de una entrega controlada del paquete.
El juez federal N° 2 de Salta, Miguel Medina, autorizó la medida. Y la droga fue
reemplazada por harina, para que la encomienda siguiera su viaje hacia Mendoza.
Según informaron fuentes judiciales a la nacion, el seguimiento de la encomienda
desencadenó diferentes operativos, en los que intervino el juez federal N° 1 de Salta,
Julio Bavio. “Los sospechosos son parte de un pesado clan criminal que opera en
Mendoza”, dijeron las fuentes.
Otro importante operativo se concretó a más de 4300 metros sobre el nivel del mar,
donde varias patrullas de los gendarmes del Escuadrón San Antonio de los Cobres
fueron desplegadas este mes para perseguir y capturar a un grupo de traficantes de
drogas que se movilizaban en la noche con las luces del vehículo apagadas y que
buscaban cruzar a Chile.
A menos de 20 kilómetros de ese objetivo, la camioneta narco fue interceptada por las
unidades de la Gendarmería en el sector conocido como Quebrada de Aracar.
Fueron decomisados 34 kilos de marihuana y algo más de dos kilos de cocaína, pero si
bien la cantidad de drogas incautadas fue escasa, para los investigadores resultó más
importante exponer a los traficantes ya que esa detectada ruta en las alturas estaba
cerrada.
Y en un caso descubierto esta semana, más de dos toneladas de marihuana fueron
incautadas luego de una investigación desarrollada por la Gendarmería durante 18
meses. La droga estaba oculta en un cargamento de arroz que fue interceptado en la
localidad cordobesa de Gutenberg. Tras el hallazgo de los 2286 kilos de marihuana se
desarrollaron varios allanamientos en Mendoza, donde operaba la organización
criminal. Los investigadores sospechan que los embarques de droga eran
monitoreados por un preso alojado en una penitenciaría de La Pampa.

DIARIO LA NACION - 22 de enero de 2021​
El dato de un informante permitió el decomiso de 146 kilos
de cocaína
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SALTA.– Los investigadores contaban con un dato preciso. Sabían que una vieja
camioneta Ford 100 sería utilizada para el transporte de drogas. Los policías salteños
montaron un operativo cerrojo para interceptar a ese vehículo y a quienes tenían la
misión respaldar el traslado del cargamento ilegal. Así fueron atrapados tres hombres
al decomisarse 146 kilos de cocaína que tenían como destino la comercialización
minorista en la región metropolitana. Ese secuestro de estupefacientes se suma a
recientes incautaciones en esta provincia, en situaciones que señalan que volvió a ser
intenso el movimiento en esta ruta narco.​
​
El pasado lunes, cerca de las 22, los traficantes iniciaron su viaje en una camioneta
VW Amarok que marcaba la ruta y una F100 acondicionada para transportar las
drogas. Avanzaron rumbo a la ciudad de Pichanal, donde fueron interceptados por
detectives de la policía de la provincia; luego fueron revisados los vehículos –con
perros antinarcóticos– y así se detectó el lugar donde la cocaína estaba escondida,
bajo un doble fondo.​
​
La captura no fue azarosa, sino que los investigadores ya se encontraban sobre los
pasos de esta célula de traficantes de cocaína que operaba en el límite internacional
con Bolivia. Dos miembros de la banda son oriundos de la ciudad de Salvador Mazza y
el tercero vive en la ciudad de Tartagal, ambas localidades signadas en los últimos
años por la violencia de la expansión de los clanes locales.​
​
"Las actuaciones se iniciaron cuando una persona se presentó en la base de la
División de Narcocriminalidad de la Policía de Salta, en el barrio Taranto, en la ciudad
de Orán; en calidad de denunciante anónimo, brindó información sobre un posible
transporte de sustancias estupefacientes", se informó en un comunicado del
Ministerio Público de la Nación.​
​
Por otro lado, se detalló que el denunciante aportó datos fundamentales sobre dos
vehículos vinculados a la maniobra de tráfico de drogas y el centro de operaciones de
los narcos, que era una vivienda ubicada en el barrio 9 de Julio de Orán. El operativo
fue coordinado por el juez federal de Tartagal Carlos Martínez Frugoni y el fiscal
federal subrogante de Orán Luis Valencia.​
​
"Un informante nos dio información sobre los vehículos y a raíz de eso comenzamos
con tareas de campo para corroborar los datos. Fuimos al domicilio indicado, en la
calle pasaje Los Nogales. Constatamos la presencia de uno de los vehículos y
montamos vigilancia", comentó el fiscal Valencia a LA NACION.

Y agregó: "La F100 que supuestamente iba cargada era vieja. Así encararon hacia la
ruta. Entonces, se montó un control vehicular. Llegó la Amarok y los ocupantes
mostraron un cierto estado de nerviosismo al responder preguntas relacionadas al
lugar de procedencia o destino. Pocos minutos después llegó la otra camioneta. Los
retiraron de la ruta hacia la banquina y el can detector marcó la parte de atrás de uno
de los vehículos".​
​
En los últimos días, más allá de la investigación sobre esta banda, se registraron
varios operativos con importantes decomisos. El miércoles pasado, el fiscal general
Carlos Martín Amad imputó a los miembros de un grupo narco que llevaban 93 kilos
de cocaína desde La Quiaca, en la provincia de Jujuy, hacia la provincia de Tucumán;
fueron detenidos en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera.​
​
Se trata de tres narcos oriundos de La Matanza, que habrían viajado junto a dos niños
para buscar la droga. Los dos hombres quedaron detenidos en el Complejo
Penitenciario NOA III, en General Güemes, mientras que la mujer –madre de los
pequeños– cumple arresto domiciliario luego de la intervención de especialistas en
minoridad.​
​
Pocos días antes, el 16 del actual, tres mujeres y un empleado de una empresa de
transportes fueron detenidos por traficar droga desde la ciudad de Orán hacia la
capital provincial. Con el aporte de agentes de fuerzas federales e investigadores de la
Procuraduría de Narcocriminalidad del Noroeste, los fiscales federales Diego Iglesias
y Eduardo Villalba –junto con la auxiliar fiscal Mariana Gamba– lograron desbaratar
una línea de tráfico que tenía su base de operaciones en la ciudad de Pichanal, sobre la
ruta nacional 34. En ese lugar, un empleado de la agencia de transporte escondía los
bultos en las partes más difíciles de revisar de la bodega de los ómnibus de larga
distancia.

DIARIO LA NACION - 26 de diciembre de 2020​
Drogas. Investigan el vínculo de un comisario con bandas
que acopian cocaína
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SALTA.–- Impensadamente, una causa judicial iniciada contra un comisario y cuatro
policías por privación ilegítima de la libertad en una zona de pistas de aterrizaje
clandestinas condujo a los investigadores rumbo a nuevos datos sobre los vínculos
entre funcionarios públicos y grupos narco que acopian la cocaína arrojada desde
aviones en el departamento de Anta, en el sur de esta provincia, según información a
la que accedió LA NACION.​
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Todo comenzó el pasado 28 de junio cuando, el comisario Walter Mamaní, respaldado
por una patrulla de subordinados, disparó cuatro veces con su arma reglamentaria en
un parque de la localidad de Apolinario Saravia y luego secuestró a un joven con quien
tenía viejos problemas personales, según los datos que están incorporados en el
expediente judicial.​
​
El devenir de la causa –elevada a juicio– confirmó que Mamaní, anteriormente
sospechado también de plantar pruebas en el crimen de las turistas francesas
Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cadáveres fueron hallados el 29 de julio
de 2011, gozaba de libertad irrestricta para cometer crímenes. Pero además, según la
acusación, contaba con la asistencia de un funcionario judicial llamado Sergio Dantur
–exasesor de un senador provincial– que adelantaba todas las medidas impulsadas
por el Ministerio Público Fiscal (MPF) para que el policía pudiera armar una defensa a
medida.​
​
Tal era el grado de influencia que, según las pruebas obtenidas, Mamaní podía incluso
ingresar en la fiscalía a revisar los expedientes que lo tenían como imputado. En un
mensaje, Dantur le dijo al comisario bajo sospecha: "Si querés venir a ver las
actuaciones, yo las tengo en mi escritorio; decile a Seba que te dé la llave".​
​
En medio del transcurso de la causa, que comenzaba a desentrañar el vínculo entre
los policías y el funcionario judicial Dantur, el juez Luciano Martini, de la Sala I del
Tribunal de Impugnación, dictó una resolución para disponer el apartamiento de la
fiscal Verónica Simesen de Bielke por "posibles infracciones al Código Penal". Sin
embargo, esa medida judicial fue desestimada pocos días después.
"El sur de Salta parece Colombia", resumió sobre este caso una fuente consultada por
LA NACION.​
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De hecho, este intento de apartar a la fiscal de la causa generó fuerte preocupación
hacia el interior del Ministerio Público Fiscal de Salta, cuyo titular, el procurador Abel
Cornejo, se manifestó en diálogo con la prensa local en muy duros términos sobre este

caso que, según dijo, está atravesado por los vínculos del narcotráfico con el poder
político y judicial en el sur de Salta.​
​
"Los hechos ilícitos se cometen de una forma más sofisticada que antes. Hay grupos
corporativos que quieren mantener ciertas prácticas antiguas. El departamento es el
corazón productivo del futuro económico de Salta. Se hicieron inversiones
millonarias en materia de tecnología agropecuaria. Pero sabemos que hay problemas
muy serios, que el narcotráfico está avanzando y que la frontera se corrió 300
kilómetros al sur. Cuando a los fiscales les cuesta avanzar, los poderes del Estado
tienen la obligación de analizar qué está pasando. No podemos ignorar esto", dijo
Cornejo, en declaraciones a la prensa.​
​
En la misma línea, la fiscal Verónica Simesen de Bielke comentó a LA NACION: "En
esta zona del departamento de Anta nos cuesta muchísimo investigar. En la causa de
Mamaní tuvimos un montón de trabas, de presiones políticas. Me amenazaron y
dijeron que algo iba a pasar. Sufrimos una serie de embates a los que les debimos
hacerle frente. Esta es la situación actual".​
​
Y agregó: "En esta zona circulan muchos camiones desde Paraguay y Bolivia, y es
fuerte la presunción del tránsito de droga. Es difícil investigar allí porque el poder lo
tienen el cura, el comisario, el intendente. Creo que con la apertura de los teléfonos se
encontrarían otros elementos. Este caso es la punta de un ovillo. Hay cosas que
podemos encontrar e involucrar otras situaciones. Esto sucede cuando la política se
mete en el sistema judicial y no tenemos independencia para investigar con las
garantías necesarias".

DIARIO LA NACION - 21 de noviembre de 2020
Drogas. La expansión narco es expuesta en 1900 causas
iniciadas en Salta y Jujuy
​
SALTA.– El pasado 17 de octubre, un contrabandista que también tenía antecedentes
de robo a mano armada fue ejecutado por dos sicarios a pocos metros de una
importante delegación que la Policía Federal tiene sobre la frontera con Bolivia en la
ciudad salteña de Salvador Mazza. No fue un hecho aislado, sino otra señal sobre la
violencia que gira alrededor del movimiento de drogas en la frontera norte. Y la
magnitud de las redes de tráfico que se combinan con la lucha por los puestos de
venta en los barrios queda expuesta en las 1900 causas de narcotráfico iniciadas en
Salta y Jujuy entre junio de 2019 e igual mes de este año, según datos del Ministerio
Público Fiscal de la Nación (MPF) publicados en un reciente informe de la Unidad
Estratégica Especial para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio.
Esa información fue divulgada al cumplirse el primer año del sistema acusatorio
correspondiente al nuevo Código Procesal Penal Federal. Y el fiscal general Eduardo
Villalba, coordinador del distrito Salta y Jujuy del MPF, dijo a LA NACION: "La lucha
contra el narcotráfico es estratégica en la región, y hemos logrado penetrar en la
arquitectura económica de las bandas criminales. En muchos casos, los bienes
incautados han regresado en obras para la comunidad. También hay resultados
concretos con relación al rescate de víctimas de trata de personas".
En la zona fronteriza con Bolivia, el consignado homicidio del contrabandista,
cometido impunemente en cercanías de la unidad policial de Salvador Mazza, expuso
el afianzamiento de las características violentas de los grupos narco locales, situación
confirmada a LA NACION por funcionarios judiciales, políticos e integrantes de
organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El problema de la violencia delictiva en la región está íntimamente ligado con el
tránsito permanente de cocaína y marihuana por la zona, drogas que son utilizadas
como parte de pago en los mercados ilegales. De esta forma, se generan nuevas
ramificaciones del delito transnacional con clanes locales de venta de droga al
menudeo en las ciudades ubicados en cercanías de la ruta del contrabando.
De hecho, fue en la capital salteña que a principios de este año cinco criminales
fueron condenados a cadena perpetua por abusar y descuartizar a la adolescente
Daniela Guantay, a quien acusaban de robar droga de un quiosco de venta. Los
imputados controlaban una red de búnkeres marginales y, tal como lo expuso esta
caso, fueron capaces de matar por unas pocas dosis.
Verónica Simesen de Bielke, titular de la fiscalía de Derechos Humanos de Salta que
investigó el caso Guantay, dijo a LA NACION: "Fue un caso bisagra, un femicidio en un

contexto de marginalidad y criminalidad organizada, no muy lejos del centro de la
ciudad. Uno de los acusados prostituía a jóvenes adictas".
Además, la fiscal recordó que inicialmente la policía no quiso tomarle la denuncia a la
madre de la víctima, al señalar que se trataba de una menor adicta. En esa línea, la
funcionaria judicial agregó: "En esos barrios se observa cómo se maneja el circuito de
la droga, las personas están en las esquinas para alertar sobre allanamientos y se ven
jóvenes consumiendo en lugares específicos. Allí, las mujeres son especialmente
vulnerables porque, además, se trata de una provincia machista. Entregaron a Daniela
Guantay para que fuera asesinada, como una muestra de que nadie puede robar
droga".
Y agregó: "En Salta, lamentablemente, son conocidos los lugares donde se compra y se
vende droga a adolescentes que viven en casillas precarias, con falta de servicios
públicos esenciales".
En la misma línea, sobre el estudio de estos grupos de microtráfico, un documento
oficial del gobierno de Jujuy al que accedió LA NACION señaló la preocupación por el
robustecimiento de los grupos locales de venta al menudeo: "Son organizaciones
delictivas que fueron evolucionando y adoptando métodos cada vez más sofisticados.
Actúan de manera coordinada como parte de una misma red. Han logrado trascender
barreras culturales, sociales, lingüísticas o geográficas".
En Jujuy, entre 2018 y 2020, la policía provincial incautó 1122 kilos de cocaína, 331
kilos de marihuana y arrestó a 3955 personas por vínculos con el narcomenudeo,
según datos oficiales. Al respecto, el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, dijo a LA
NACION: "Estos grupos tienen mucha presión encima del Grupo Operativo de
Frontera, capacitado en terrorismo, narcotráfico, migraciones".
En el Ministerio de Seguridad de Salta informaron a LA NACION que se realizaron
durante este año 2513 operativos contra vendedores de drogas, en los que fueron
detenidos 247 sospechosos y clausurados 115 búnkeres. Los investigadores de las
fuerzas federales que sondean los alrededores de la ciudad de Tartagal en busca de
lugares de acopio de contrabando de drogas aseguraron a LA NACION que perciben un
aumento en la cantidad de bocas de expendio de drogas en el norte de Salta.
​

DIARIO LA NACIÓN - 29 de octubre de 2020​
Tensión en la frontera: una contrabandista muerta y dos días
de violentos enfrentamientos con los gendarmes
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Efectivos de Gendarmería Nacional permanecen en estado de máxima alerta en todos
los pasos internacionales, pero especialmente en los alrededores de la ciudad
fronteriza de La Quiaca, Jujuy. Allí, la noche del martes se desencadenó una serie de
violentos choques entre las fuerzas de seguridad federales y contrabandistas y
narcotraficantes. En ese contexto, durante una persecución, murió una mujer que
intentaba ingresar ilegalmente al país, según confirmaron calificadas fuentes
oficiales a LA NACION.
Durante la tarde del miércoles, en una "pueblada", al menos mil personas intentaron
atacar a los gendarmes apostados en la zona para vengar la muerte de la mujer, lo que
motivó que el gobierno de Jujuy enviará grupos de policías de refuerzo para contener
los enfrentamientos. Trabajamos sin ningún tipo de especulación para defender los
intereses del país y cuidar a los jujeños. Los contrabandistas querían hacer justicia
por mano propia", dijo a LA NACION el ministro de Seguridad, Ekel Meyer. El
funcionario confirmó también que se encuentra en un momento clave la
investigación judicial para determinar qué ocurrió en la persecución en la que murió
una contrabandista boliviana.
Por otro lado, una importante fuente de Gendarmería informó que al menos 500
contrabandistas seguían reunidos sobre el límite internacional en La Quiaca
dispuestos a iniciar nuevos choques violentos para valerse del descontento social y, de
esta forma, evitar los controles policiales e ingresar al país con drogas y mercadería
ilegal, mejor valuada para su venta del lado argentino. "Después de que murió la
mujer todo se puso peor", informó aquella fuente.
Esta situación forzó a la Municipalidad de La Quiaca a restringir las actividades
comerciales en los alrededores de la zona de conflicto, hasta el 1° de noviembre.
Desde la comuna indicaron en las últimas horas, mediante el DNU 219/2020, que a
propósito de las actividades ilegales en la zona oeste de La Quiaca, se "requiere de
medidas extraordinarias" para evitar la propagación del coronavirus -como
consecuencia del cruce clandestino de personas desde Bolivia-, por lo que solicitaron
asistencia durante los próximos días de la Policía Federal (PFA), Gendarmería y la
Policía de Jujuy.
Según informaron fuentes policiales locales y federales, tras los graves incidentes del
martes por la noche, rápidamente los agentes de las fuerzas de seguridad pudieron
acceder a información clasificada que señalaba que los contrabandistas se

organizaban peligrosamente. El plan, en principio, era matar a dos gendarmes "para
que se asusten", según datos a los que accedió LA NACION.
Por eso, la posibilidad latente de ataques en grupo de contrabandistas disparó un
llamado de alerta que se extendió a los destacamentos de las fronteras de Aguas
Blancas y Salvador Mazza, en Salta. Si bien esta vez los graves incidentes tuvieron
lugar en Jujuy, los antecedentes inmediatamente cercanos corresponden a la otra
provincia.
Tal como reveló LA NACION en las primeras semanas posteriores al inicio del
aislamiento social preventivo y obligatorio por el Covid-19, los narcos y
contrabandistas de las principales fronteras salteñas se organizaron tempranamente
para ingresar en malón al país, y quebrar así los controles de las fuerzas federales de
seguridad. El 22 de junio, una contrabandista fue herida gravemente cuando
intentaba cruzar la frontera, en un hecho de similar característica a los que se
desencadenaron en La Quiaca durante las últimas horas.
En el último tiempo, según explican los agentes federales desplegados en los montes
de frontera, los delincuentes modificaron también sus tácticas. Si antes preferían el
sigilo y los senderos, hoy optan por zonas abiertas y emboscadas: mientras un grupo
de contrabandistas se expone para llamar la atención, otro grupo espera escondido.
Así, cuando los gendarmes llegan para ejecutar un procedimiento, son sorprendidos
por quienes permanecen ocultos. Fue en una emboscada de este estilo que,
recientemente, una oficial fue golpeada por un grupo de hombres que la atacó por la
espalda.
​

DIARIO LA NACIÓN - 20 DE OCTUBRE DE 2020​
Frontera caliente: sicarios ejecutaron a un remisero a una
cuadra de una delegación policial
​
SALTA. El sábado a las 21.30, en la localidad fronteriza de Salvador Mazza, dos
hombres que se movían en una motocicleta interceptaron un Fiat Siena y dispararon
al menos siete veces contra el vehículo que conducía Rubén Vedia, remisero y
exconvicto de 42 años, que iba con su hijo de 15, que sobrevivió, aunque también fue
herido. El ataque se produjo a menos de cien metros de una importante delegación
que la Policía Federal Argentina (PFA) tiene en esa ciudad, punto clave en las rutas de
la cocaína que se bifurcan hacia Buenos Aires, Santa Fe, Paraguay y Brasil.
Este homicidio se enmarca en una escalada de violencia en los ataques entre narcos
que sacude a las principales ciudades de la frontera con Bolivia, y que fue advertida
por investigadores judiciales locales, y también federales, según informó LA NACION
en recientes investigaciones. Entre esos hechos, el pasado 21 de junio, un
contrabandista fue asesinado de un tiro en la cabeza en la ciudad de Orán, cercana al
límite internacional de Aguas Blancas.
Vedia salía de su casa, en el "asentamiento Eva Perón", ubicado junto a las vías y los
vagones abandonados del ferrocarril Belgrano Norte. Se dirigía con su hijo
adolescente rumbo al hospital cuando, presuntamente después de intercambiar unas
pocas palabras con sus asesinos, fue fusilado. Los atacantes aún no fueron
identificados, según informaron oficialmente fuentes del Ministerio Público Fiscal
(MPF) a LA NACION.
Según los primeros informes policiales, realizados en este caso por tres fuerzas de
seguridad diferentes, y a los que tuvo acceso LA NACION, el cuerpo sin vida de Vedia
quedó en el asiento del conductor y tenía manchas de sangre en la cara. Su hijo, que
sobrevivió, se encontraba lúcido luego del ataque, aunque gravemente herido en el
tórax, por lo que fue trasladado para su internación a la vecina localidad de Tartagal.
"Estamos en el comienzo de la investigación, pero una de las hipótesis es que este
crimen puede estar vinculado con otras actividades delictivas. Analizamos personas,
lugares. Pero no se pueden dar más detalles", dijo a LA NACION el fiscal Pablo Cabot,
de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, adonde tramita el
expediente.
En esa línea, un informe del MPF de Salta señaló: "Según consta en las actuaciones, la
víctima mortal conducía su vehículo en compañía de su hijo cuando al atravesar las
vías del ferrocarril fueron sorprendidos por dos personas a bordo de una motocicleta,
quienes abrieron fuego contra el rodado y luego huyeron".

La investigación del crimen por el momento está bajo la órbita del fuero local.
Trabajan para esclarecer el asesinato detectives especializados en homicidios y
también la División Criminalística de Tartagal. Entre los primeros datos recabados
surge uno importante: el 15 mayo de 2014, según información judicial, Rubén Vedia
había sido condenado junto a dos cómplices a la pena de cinco años de prisión,
acusado por robo con arma de fuego.
La ciudad de Salvador Mazza está ubicada sobre la ruta nacional 34, quizás la más
importante del Noroeste, que durante las distintas etapas del aislamiento social
preventivo y obligatorio fue escenario de diferentes e importantes operativos
federales, fundamentalmente vinculados al tráfico de cocaína proveniente de las
selvas de Bolivia o de marihuana cultivada en Paraguay, que llega hasta allí desde
Formosa.
El 24 de septiembre, por ejemplo, se produjo uno de los mayores secuestros de cocaína
en esta zona: 245 kilos de cocaína que eran transportados en un auto. Luego, el 28, se
realizaron en Salvador Mazza, Santa Fe y Buenos Aires una decena allanamientos
vinculados con un megaoperativo que culminó con la incautación de 390 kilos de
cocaína. Para lograr ese objetivo se desplegaron agentes federales a lo largo de
diferentes puntos de un trayecto que conectaba el Noroeste con la Capital, bajo la
coordinación del Juzgado Federal N°1 de Salta y la Procuraduría de Narcocriminalidad
del (NOA).
El 4 de este mes, en otro operativo, agentes de la Gendarmería siguieron e
interceptaron un remise que era escoltado por una moto en cercanías de la localidad
de Embarcación, y secuestraron 77 kilos de marihuana. Cinco días después, efectivos
del Escuadrón Tartagal encontraron 20 kilos de cannabis sobre la ruta 86, que se
cruza con la 34.

DIARIO LA NACIÓN - 21 DE OCTUBRE DE 2020
Frontera caliente. El remisero asesinado en Salvador Mazza
había robado un cargamento de cocaína a
​
SALTA. Rubén Vedia, el remisero de 42 años que había estado preso por robo a mano
armada, fue asesinado el pasado sábado por dos sicarios a cien metros de la
delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad fronteriza de Salvador
Mazza, casi sobre el puente que conecta a la Argentina con la ciudad de Yacuiba, en
Bolivia. Los atacantes dispararon siete veces contra Vedia y su hijo, de 15 años, que
sobrevivió y permanece internado, herido en el tórax.
La brutalidad del ataque, con marcadas características mafiosas, condujo a un fuerte
hermetismo oficial en torno a los datos sobre los avances investigativos. Y si bien el
fiscal de la causa confirmó ayer que una de las hipótesis vinculaba el homicidio con el
tráfico de drogas, en las horas subsiguientes esa línea formaba parte de un mapa con
varias posibilidades sobre los motivos del crimen. Finalmente las dudas se disiparon:
según informó una calificada fuente policial a LA NACIÓN, Rubén Vedia fue asesinado
en su Fiat Siena, cerca de las 21.30 del sábado, por orden de un importante
narcotraficante boliviano.
El crimen fue ideado al otro lado de la frontera, pero la mano de obra para llevarlo a
cabo fue local. Los encargados de ejecutarlo fueron dos sicarios contratados en
Tartagal, otra ciudad ubicada sobre la ruta nacional 34 afectada socialmente por el
recrudecimiento de la violencia de los clanes locales.
Se trata de células o grupos que son contratados de forma aislada e inconexa por
quienes manejan los extremos principales de la cadena del narcotráfico: es decir, los
productores en las selvas y los carteles que la compran, fundamentalmente desde
Brasil o Paraguay.
Rubén Vedia era un simple bagayero que trasladaba contrabando en el límite
internacional. Pero, según los datos que surgen de la investigación policial, quiso
ascender en la escala delictiva de la zona –donde apenas ocupaba el lugar de matón–
y eso le costó la vida. La orden que tenían los sicarios, según los datos que manejan los
agentes, era matar también al hijo adolescente del remisero asesinado. Este punto
preocupa a los funcionarios porque el adolescente permanecía internado en el
hospital de Tartagal, la misma ciudad donde fueron contratados los homicidas.
Rubén Vedia había sido condenado a cinco años de cárcel junto a dos cómplices por
robo a mano armada en 2014.
Poco duró la libertad de Vedia tras salir de la cárcel: durante las últimas semanas de
agosto de este año, se le encargó pasar una importante carga de drogas desde Bolivia
hacia la Argentina y pudo ejecutar el pedido con eficacia. Sin embargo, cuando

regresó a su casa –ubicada en el asentamiento Eva Perón de Salvador Mazza– tomó
una decisión equivocada. Pensó que robaría esa carga y con eso podría esquivar las
dificultades económicas que se presentan para todos los vecinos de las ciudades
pobres del norte durante estos meses.
Así que Vedia habló con el dueño de la droga. Y dijo que le habían ‘mejicaneado’ el
envío mientras cruzaba la frontera. El narcotraficante boliviano contrató desde su
país varios investigadores que durante casi un mes y medio buscaron por todo
Salvador Mazza al responsable de un robo que nunca había existido. No les tomó
demasiado tiempo advertir que Vedia, con un segundo error garrafal, había
certificado su propia muerte.
Todos en esa barriada pobre ubicada junto a las vías abandonadas del ferrocarril
"Belgrano Norte" notaron un cambio. El remisero y exconvicto que arriesgaba su
pellejo todos los días contrabandeando en la frontera dejó ver un muy rápido cambio
en su estilo de vida, ostentando dinero, mientras vendía al menudeo la droga que
había robado. Fue por eso que lo balearon en la cara cuando salía de su barrio el
sábado durante la noche.
En las fronteras del norte se viven días difíciles. Las restricciones de circulación de
personas y también del contrabando irregular sistematizado por el coronavirus
generaron nuevos movimientos en la dinámica delictiva de los carteles que tienen
operaciones en la zona. Esto, sumado al paulatino crecimiento que ya atravesaban los
clanes locales por el robustecimiento de la ruta brasilera, generó tal como explicaron
funcionarios judiciales e investigadores federales un recrudecimiento de la violencia
en la zona: prueba de esto es el homicidio del sábado cometido en la esquina de la
delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) en Salvador Mazza.
En esta zona, el narcotráfico terrestre se conjuga con el envío de avionetas desde las
yungas bolivianas, según explican funcionarios judiciales, y la actividad delictiva es
notoriamente constante, sin tregua. Durante las últimas horas, no muy lejos de la
escena del crimen del remisero Vedia, en Salvador Mazza, una patrulla motorizada de
Gendarmería Nacional persiguió a un traficante en el barrio "La Pista", y los agentes
lograron interceptar el auto.
El informe oficial sobre este operativo imprevisto, indicó: "Al ser alertados por el
intenso olor a nafta que emanaba del vehículo, los gendarmes observaron anomalías
en la tapa de la bomba del tanque de combustible. Se constató que allí había siete
paquetes, con un peso total de 7 kilos 172 gramos de cocaína".
En esa línea, cabe destacar que tampoco se ha detenido la circulación irregular de
cargas millonarias de divisas que, tal como informaron investigadores de
Gendarmería a LA NACIÓN, pertenecen a una red narco. Una de las señales de este
nuevo fenómeno de circulación de billetes, confirman los investigadores, es la

utilización de nuevas empresas fantasmas registradas como proveedoras de servicios
esenciales. Los montos de las incautaciones en los operativos, tanto de mercadería,
drogas y paquetes de dinero son millonarios y cada vez más frecuentes.
Los agentes federales siguen la pista del narcotráfico y el contrabando. El dinero
secuestrado representa importantes capitales provenientes de negocios ilegales
arraigados en las zonas de fronteras. Tres días atrás, el lunes pasado, y según un
informe oficial, agentes del Escuadrón 20 de Orán, junto a integrantes del Grupo
Delitos Económicos se desplegaron sobre el kilómetro 46 de la ruta nacional 50
descubrieron $3.485.000 –sin documentación de respaldo– escondidos en dos
mochilas.

DIARIO LA NACION - 28 de agosto de 2020
Misterio en las rutas: una red narco está detrás de los $
90.000.000 decomisados en camiones
​
SALTA.- El misterio alrededor del irregular movimiento de dinero en las rutas del
norte durante esta etapa de aislamiento obligatorio comienza a disiparse. Las fuerzas
federales incautaron decenas de bultos ocultos con pesos, dólares y hasta dos lingotes
de oro, cuyo valor total supera los $ 90.000.000. Durante una recorrida de LA NACIÓN
en puestos de control vial instalados en esta provincia, fuentes oficiales confirmaron
que la principal hipótesis sobre el origen de esos billetes apunta a las actividades
narco, que ven condicionada la circulación habitual de sus ganancias por las actuales
restricciones para el tránsito de personas y el cese parcial de atención en bancos y
casas de cambio.
Los investigadores siguen la pista del narcotráfico y el contrabando. El dinero
secuestrado representa importantes capitales provenientes de negocios ilegales
arraigados en las zonas de fronteras. Ayer una patrulla de la Gendarmería interceptó
un camión en el kilómetro 1752 de la ruta nacional N° 9, en las cercanías de la ciudad
jujeña de Purmamarca. En dos bolsas de arpillera estaban escondidos más de
$7.000.000. Ese decomiso forma parte de los $ 90.000.000 incautados en controles
viales.
"El dinero y las drogas circulan de Norte a Sur y de Este a Oeste. A veces pasamos
cinco días buscando información, por ejemplo con un helicóptero, y luego nos
desplegamos en el monte", explicó uno de los primeros investigadores que comenzó a
cruzar información de bases de datos y redes sociales para desarrollar
procedimientos cuando descubrió un cargamento de dinero.
Una de las señales de este nuevo fenómeno de circulación de billetes , confirman los
investigadores, es la utilización de nuevas empresas fantasmas registradas como
proveedoras de servicios esenciales. Los montos de las incautaciones en los
operativos, tanto de mercadería, drogas y paquetes de dinero son millonarios y cada
vez más frecuentes.
Explicó uno de los investigadores que la ruta nacional 34 actualmente es escenario de
importantes operativos porque las restricciones del ASPO exponen el sistema de
blanqueo de los narcos que trafican droga en la frontera, y reingresan su dinero al
sistema legal rápidamente con insumos básicos o contrabando de granos o verduras,
a través de falsas empresas que utilizan como pantallas. Aquí también se incautan
municiones, cocaína y marihuana.
El personal de un operativo que presenció LA NACIÓN fue dirigido por un oficial
cordobés instruido en drones, un sargento cazador del litoral, una destacada

suboficial operativa, todos a cargo de un especialista en drogas y conocedor del
campo, que solía ser agricultor en Misiones. Los seguían a su vez un buen número de
cabos y gendarmes que no hablaban demasiado. Trabajaban en silencio, sabiendo
perfectamente que frente a ellos tenían contrabandistas y criminales con mucho
dinero en juego.
Un pizarrón con cifras en un puesto de guardia en medio del monte confirmaba que el
jefe de una sección de Gendarmería desplegada en la zona de frontera –cuyo nombre
permanecerá bajo reserva por seguridad– incautó junto con sus pelotones durante la
pandemia, $ 20.000.000 y cerca de US$ 15.000. Esos operativos se realizaron en las
rutas nacionales 34 y 81, en las que circula el contrabando de mercadería, drogas y
dinero negro entre verduras, cereales, encomiendas, o cualquier tipo de insumos
básicos.
Durante una recorrida de LA NACIÓN por las zonas de frontera, el oficial a cargo de
una sección desplegada en los alrededores de la ruta nacional 34, intentaba mantener
el buen ánimo de su tropa en plena pandemia, en una zona de alto riesgo por
coronavirus. Llevaba una mochila con bastante carga. Comentó que solo duerme tres
horas durante la siesta y que luego continúa operando en el Chaco salteño. Con el
objetivo de ir monte adentro, aseguró, es necesario desarmar las motos para que
parezcan viejas y disfrazarse como campesinos en estos montes aledaños a la
frontera con Bolivia.
"Aquí, la regla más importante es el silencio", explicó el oficial. Se trata de
procedimientos en busca de bultos ocultos con dinero o drogas. Al advertir que las
patrullas de las fuerzas federales siguen a estos camiones, los encargados de controlar
la ruta del dinero encaran hacia la ruta con camionetas a toda velocidad, para advertir
a los conductores que llevan la carga sobre la presencia de los agentes.En un segundo
operativo realizado sobre los límites internacionales que también presenció LA
NACIÓN, en sitios cercanos a la frontera con Paraguay y Bolivia, otro alto oficial
entrenado en investigaciones señaló las sendas clandestinas que suele vigilar, y
explicó que alguien espera a los camiones sobre la ruta 54 en una tranquera que no
tiene señalización y que abre camino a una huella para llegar a los países limítrofes.
El camino que señalaba ese oficial configuraba una ruta ilegal nueva que aún está bajo
investigación por la que, explicó, ya han visto cómo se desvían varias cargas de
contrabando. Allí, tras una nube de polvo de tierra observó desde la ruta cómo
desaparecían rápidamente un grupo de cuatro vehículos de gran porte. Tras
divisarlos, los agentes montaron allí un retén de forma inmediata. Y desplegaron una
patrulla con escopetas y pistolas. Mientras llegaba la noche, una oficial joven, un
sargento y dos cabos salieron con velocidad para interceptar una camioneta que
ladeaba los camiones y que, presumían, llevaba dinero. El conductor de una moto de
los contrabandistas iba y volvía por la ruta enfrentando desafiante el retén de
Gendarmería. Luego pasó un auto, dos veces, también intentando intimidar a los
gendarmes. Para estos gendarmes fue solo otra tarde más en medio del monte.

DIARIO LA NACION - 18 de julio de 2020​
Narcotráfico: encontraron un arsenal a pocos kilómetros de
la frontera
​
Cientos de municiones para fusiles de asalto se movilizaban muy cerca de ciudades
argentinas. En territorio paraguayo, pero apenas a 40 kilómetros de la ciudad de
Clorinda, fueron decomisados una gran cantidad de cargadores completos con
munición militar. La existencia de ese cercano mercado negro es una alerta para los
investigadores locales, especialmente luego que el año pasado se descubriese una red
de tráfico de armas desde la Argentina que triangulaba las operaciones en Paraguay.
Según informaron a LA NACIÓN en la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay
(Senad), en esta ocasión diez fiscales antidrogas coordinaron al menos 17
allanamientos, muchos de los cuales se realizaron en la localidad de Luque, a 40
kilómetros de la ciudad formoseña de Clorinda. En principio, confirmó un vocero
oficial de la Senad a LA NACION, las pruebas son contundentes respecto de la red
liderada por el jefe de una barra brava local. Esa banda acopiaba armas y drogas. Los
investigadores calculan que la organización criminal recaudaba mensualmente más
de un millón de dólares.
"No está descartado que esta organización tenga vínculos con grupos de otros países,
y las investigaciones continúan", indicaron en la Senad ante la consulta de posibles
vínculos entre el grupo desarticulado y los carteles brasileños que operan con células
locales en Paraguay.
La red de abastecimiento local era liderada por José Antonio Balboa Benítez. Se trata
del líder de la barra brava del Sportivo Luqueño, y exfuncionario municipal de Luque.
En esta localidad de, al menos, 300.000 habitantes, los allanamientos se extendieron
hasta el hallazgo de un depósito de armas y municiones de uso militar, provenientes
del tráfico ilícito. Sobre el tráfico de poderosos arsenales en esta ruta de la cocaína, al
menos tres investigaciones recientes de LA NACIÓN confirman un incremento de las
actividades ilegales.
En la Senad, indicaron: "Queremos ser precisos en algo, el grupo desarticulado es una
de las estructuras más grandes de distribución y abastecimiento de focos de
microtráfico a nivel local. Se trata de una red en el departamento Central, el de mayor
densidad demográfica de nuestro país. Y es bueno señalar que se movilizaban
también en ciudades no tan lejanas a la frontera con Argentina, como las localidades
de Luque o Mariano Roque Alonso", ubicadas a media hora de Formosa.
Las fuentes oficiales agregaron en diálogo con LA NACIÓN: "Estamos hablando de una
gran estructura, camuflada en una barra brava. Que nos llevó a profundizar el trabajo

sobre el microtráfico, que normalmente se caracteriza por la intervención en focos en
los barrios".
Y agregaron: "Ahora hablamos de una modalidad que enfoca a las estructuras de
abastecimiento de las redes; hablamos de la fina línea que divide el microtráfico del
macrotráfico. Una estructura que genera recursos de gran escala y tenían contactos
políticos en el territorio. Estos elementos, al fusionarse, generan que la tendencia de
los grupos sea el crecimiento".
El titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, dijo a la prensa tras los allanamientos: "Las
estructuras de las barras bravas son casi militares". Y en un comunicado informó: "A
través de una intervención en la ciudad de Luque, incautamos un arsenal de guerra.
Evitamos que una importante cantidad de armas sea entregada a grupos criminales
que operan en el norte del país".
Inicialmente, en la operación Juego Sucio fueron 14 los detenidos. Tras esa ola de
capturas y declaraciones, en la misma ciudad y casi en simultáneo, se concretó
también el hallazgo de un importante arsenal y municiones, que habrían sido
provistos a grupos criminales por dos militares y un exagente de la Policía Nacional.
Este último procedimiento sumó cuatro detenidos más.
Los investigadores argentinos están preocupados por los hallazgos de armas de
guerra en manos de traficantes a muy pocos kilómetros de ciudades argentinas, ya
que en esas zonas muchas veces las organizaciones criminales tienen alguna clase de
presencia en ambos lados de la frontera.

DIARIO LA NACION - 6 de julio de 2020
Diez mil dólares por cabeza, el precio de los sicarios para
ejecutar venganzas narcos en la caliente frontera norte
​
SALTA. Comenzó con un robo de 150 kilos de cocaína en el noroeste de la Argentina. Y,
en respuesta, dos ataques en una semana, con sicarios, en la ciudad de San Ramón de
la Nueva Orán, en la frontera caliente con Bolivia. Los asesinos pusieron su tarifa para
ejecutar la venganza por ese robo: dos pagos de 10.000 dólares. Uno de ellos cumplió
su objetivo; el otro no.​
​
La investigación del caso requirió del trabajo de cuatro fiscales, la intervención de dos
juzgados locales, dos juzgados federales –en Salta y en Buenos Aires– e incluso de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente ordenó que el expediente
siguiera su curso normal en el fuero provincial.​
​
En esa causa, cuatro narcotraficantes acaban de ser condenados a la máxima pena de
prisión perpetua por planificar los crímenes de dos miembros de una banda criminal
antagónica. Otros integrantes del clan narco recibieron condenas de 19 y 15 años de
cumplimiento efectivo a partir del dictado de la sentencia del Tribunal de la Sala II de
Juicio de Orán, integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián
Fayos y Raúl Fernando López.​
​
Una calificada fuente judicial que participó de la investigación confirmó a LA NACION:
"Más allá de las condenas recientes, este fue un hecho que marcó un antes y un
después. De características muy violentas. Ejecutado en la vía pública. Algo que no
sucedía por acá. Hay aún dos prófugos. Luego de ese ataque ocurrieron otros hechos
de sicariato con las misma características mafiosas. El balance es que el narcotráfico
está en esta zona. Y son bandas grandes y peligrosas".​
​
El informe oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta sobre las condenas
confirmó que los dos ataques de sicarios se enmarcaron en un enfrentamiento entre
las organizaciones lideradas por Ricardo Raúl Rojas y por otro peligroso
narcotraficante local.​
​
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia
Carreras, explicó a LA NACION: "Fue un trabajo arduo, con una impecable
intervención de las brigadas de la Policía de Salta y de la Fiscalía Penal Nº 2, de la
doctora Mariana Torres. Se pudieron vincular dos hechos y un nexo bajo el tinte del
narcotráfico con un mismo móvil. Eran bandas peligrosas. Esta causa tiene dos
planteos de incompetencia. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, donde estuvo varios meses en estudio y, finalmente, el máximo tribunal
resolvió este hecho no era federal".​

​
Y agregó: "Cuando la remiten a juicio, me llega en ese estado a mí, que paralelamente
compulsé otra causa en el fuero federal contra un narcotraficante muy importante,
Juan Antonio Aguilera, alias ‘Juansuti’. Y se agregó la prueba documental de esa causa,
que permitió verificar que se trataba de un enfrentamiento entre dos bandas como
consecuencia de un robo de 150 kilos de cocaína en abril de 2017, según surge de las
escuchas. Planificaron los objetivos y los ataques se concretaron durante los primeros
días de mayo de ese año. Antes, pensaron cómo matar a las víctimas, Ricardo
Gerónimo y Raúl Martínez, este último, asesinado. Expusimos que esto era algo muy
grande. Pedimos que se tramite todo junto en una causa federal y nos dijeron que no.
Era un caso complejo, algo impresionante. Hay muchas personas implicadas. Pero los
tribunales superiores no han podido verlo".​
​
Con un fuerte operativo de seguridad que atravesó toda la ciudad de Salta para
garantizar el traslado de los detenidos provenientes de la cárcel federal de la vecina
localidad de Güemes, se desarrolló el juicio, en la clásica modalidad presencial, pero
bajo los protocolos exigibles para prevenir contagios de Covid–19.​
​
Ricardo Raúl Rojas, líder de esta célula criminal –perteneciente a un grupo mayor,
según explicaron fuentes judiciales, fue condenado a la pena de prisión perpetua
como el ideólogo de la letal venganza. Recibió la misma sentencia el sicario José
Martín Castillo, autor material del asesinato de Martínez.​
​
En tanto, acusados en otro hecho, los narcos Norberto Roque Mendoza, Matías
Sarmiento y Enzo Javier Quiroga fueron condenados a cumplir penas de entre 19 y 15
años de prisión efectiva y al pago de una multa "como coautores del delito de tentativa
de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa
remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego
en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo", informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.​
​
Las escuchas telefónicas que dieron inicio a esta causa fueron obtenidas por los
investigadores judiciales a través de una pista que llevó al teléfono de un hombre
detenido en una comisaría de la ciudad de Cerrillos, sospechado de traficar droga
desde allí. Al revisar las comunicaciones, fue posible confirmar que también había
estado involucrado en actividades de sicariato. Se trata de conversaciones entre los
criminales donde hablan con detalles –por ejemplo– de camionetas y números de
patentes en el planeamiento de actos delictivos.​
​
"Traían la droga desde Bolivia y la trasladaban hacia centros urbanos de la Argentina.
Iban rumbo al sur, por la ruta, a todas partes... Decían que en Orán estaba ‘la mamá’ de
la droga. La banda de Rojas y otras continúan activas en la zona", confirmó una
calificada fuente de la investigación.

Tal como informó LA NACION en marzo pasado, en Orán, histórico punto en la ruta de
la cocaína, nació y creció Ricardo Raúl "Coya" Rojas, un narco que, además de la
condena que recibió esta semana, contaba con otra pena reciente a nueve años de
prisión, dictada por la Justicia federal. Fue consecuencia de una investigación
desarrollada por dos fiscalías y tres fuerzas policiales que permitió capturar a
miembros de su banda, en julio de 2019, con 330 kilos de marihuana de muy buena
calidad y 11 kilos de cocaína. Además, les incautaron 150.000 pesos, 26.000 dólares,
un Volkswagen Gol Trend, un Chevrolet Prisma y dos motocicletas.
Por aquellos días, Rojas ya estaba preso: había caído con 80 kilos de cocaína. No
obstante, desde las celdas del Complejo Penitenciario Federal III, de la ciudad de
Güemes, dirigía su violento grupo, que en Orán contaba con un servicio de sicariato a
su disposición.

DIARIO LA NACION- 5 DE JULIO DE 2020​
Cocinas de cocaína y vuelos clandestinos, las amenazas en la
frontera caliente con Bolivia
​
SALTA. Los grupos de élite de la policía local y los refuerzos de la Gendarmería
Nacional ya se encuentran desplegados en los puntos más conflictivos de la frontera
norte, donde esta provincia se conecta con Bolivia a través de dos puentes
internacionales y decenas de pasos clandestinos en el monte. En esta zona, según
información oficial a la que accedió LA NACION, los principales problemas provienen
de las actividades de grupos de narcotraficantes que, con una estructura
"empresarial", despliegan del lado boliviano a sus productores nómades de cocaína en
rudimentarias cocinas y luego "bombardean" el noroeste argentino con cargas de
droga que lanzan desde avionetas.
También envían "capsuleros" con la droga en el estómago, o "mulas" que llevan los
paquetes adheridos a su cuerpo. A este escenario se suma el arribo masivo de
ciudadanos bolivianos en busca de atención médica ante el colapso del sistema
sanitario en el país vecino por la expansión de la pandemia del coronavirus.
Los narcotraficantes, además, han puesto sus aceitadas cadenas logísticas a trabajar
en el contrabando de mercaderías que escasean en el mercado legal y cuyos precios en
la Argentina se dispararon por la emergencia sanitaria del Covid–19.
Ricardo Toranzos, titular del área de Delitos Complejos de la Fiscalía de Distrito de
Salta –con jurisdicción en esta provincia y en Jujuy– analizó la situación en esta
conflictiva zona y dijo a LA NACION: "Las organizaciones dedicadas al narcotráfico y a
la trata de personas adoptaron un perfil empresarial. Se manejan con clanes
familiares locales, con células alternativas, pero ya no encargan las distintas etapas
del camino del crimen a sus propios familiares sino que contratan células regionales
que no están vinculadas" con ellas.
"Hay organizaciones dedicadas a la producción de cocaína en las regiones bolivianas
del Beni, de Santa Cruz [de la Sierra], de las yungas. Allí tienen sus cocinas. Luego
contratan a alguien que traslade la droga hacia aeropuertos cercanos. Finalmente,
pagan a otra célula que carga el avión, ingresa en territorio argentino y vuelve", dijo
Toranzos.
En Delitos Complejos coinciden en señalar que el tránsito de cocaína genera el
surgimiento residual de un mercado de microtráfico dominado por organizaciones
pequeñas de fuerte arraigo territorial.
La complejidad de la ruta de la cocaína llevó a los investigadores judiciales de esta
unidad a desarrollar métodos de estudio y análisis de la criminalidad para poder

anticiparse a la comisión de los delitos, cruzando datos obtenidos en los
allanamientos, escuchas e interrogatorios. De esta forma, explicaron, pueden analizar
el fenómeno territorial de forma global y no a través de casos aislados detectados
circunstancialmente en la ruta. Buscan, así, instruir a los agentes federales de la zona
y convertirlos proactivamente en especialistas en el combate del tráfico de drogas.
Con respecto a los vuelos que sueltan cargas de droga, el fiscal Toranzos dijo: "Los
aviones tienen las coordenadas para bombardear, pero también requieren de
confirmación visual. Del lado argentino, los receptores encienden fuego en barriles de
combustible para ratificar que la droga llegó a manos de los receptores. Ahí interviene
una célula baqueana, que guarda la cocaína. Ya en territorio argentino aparece otra
célula, pero de transportistas, que llevan la cocaína hacia los puertos".
Datos oficiales confirman que, por recibir la cocaína, camuflarla y trasladarla hacia los
puertos en camión, los clanes salteños y jujeños cobran aproximadamente 600.000
dólares en efectivo. También aceptan droga en forma de pago. Las cocinas de cocaína
están del lado boliviano, cerca de la frontera, y también hacia el norte.
Los productores se mueven de forma nómade, con campamentos, y su mayor temor
en esta zona es el "mejicaneo" de la producción. Del lado boliviano, un kilo de cocaína
cuesta 2000 dólares. Si los pilotos de las avionetas deben aterrizar, se les paga
muchísimo más, pues el riesgo aumenta. En caso de que el envío viaje por tierra, los
traficantes envían un señuelo con droga de mala calidad y ellos mismos dan aviso a
las fuerzas de seguridad argentinas.
El fiscal Toranzos enfatizó: "Los narcos pretenden que las distintas células que
producen, reciben y trasladan la droga no se conecten. Los bombardeos se realizan en
montes indescifrables, en sitios donde no hay señal de celular, y la coordinación se
lleva adelante con teléfonos satelitales. Nosotros buscamos estos sitios, estos nudos, y
los esperamos allí. Pusimos puestos de investigaciones que pudiesen dar alerta de
manera inmediata".
"Muchos pilotos jóvenes de Bolivia se dedican a ‘bombardear’. Sacan los asientos, el
copiloto va en cuclillas, y lanza la droga en los lugares marcados. Ellos no pueden
volar mucho sobre territorio argentino porque no pueden reabastecerse de
combustible. Cuando tienen que volar hacia Tucumán o hacia el norte de Santiago del
Estero lanzan la droga en un sitio y aterrizan en otro punto para cargar combustible
con calma, ya sin la droga en su poder", agregó.
En estos pasos fronterizos del noroeste, según datos del Ministerio Público Fiscal a los
que accedió LA NACION, también se caracteriza como usual el tráfico de menores de
edad con fines de explotación sexual. El constante tránsito de personas por pasos
legales y clandestinos es utilizado por los criminales para camuflar sus actividades
ilegales. "Cada frontera tiene su peculiaridad. Y en la nuestra no existen límites
técnicos ni materiales, como un alambrado o una muralla", señaló el fiscal Toranzos.

"El orden es selvático, totalmente abierto. En las laderas del río hay barrios. Esto
favorece el tránsito vecinal, el movimiento fluido que permite a las organizaciones la
utilización de esa muchedumbre que camina de un lado a otro para disimular algunas
actividades. Son fronteras con poca actividad laboral y hay personas vulnerables, que
muchas veces, por ejemplo, ingieren cápsulas con droga".
En cuanto a las investigaciones judiciales en esta zona del límite internacional, el
titular de la Fiscalía de Distrito de Salta, Eduardo Villalba, dijo a LA NACION:
"Estratégicamente, en la lucha contra el delito es clave el cuidado de las peligrosas
fronteras del norte. Tratamos de llegar al corazón de las bandas criminales con una
persecución penal inteligente. Logramos en un año, solo con la Procuraduría de
Narcocriminalidad del NOA, 22 condenas, con acuerdos de partes. Esto habla de la
contundencia probatoria de las acusaciones".
A la tensión habitual del narcotráfico se suman, en el contexto de la pandemia por el
coronavirus, los recientes ataques de contrabandistas contra los retenes de la
Gendarmería. En junio se registraron dos casos graves de personas que en su intento
por entrar con mercadería ilegal agredieron a los agentes federales, que debieron
disuadirlos con disparos de munición antitumulto. Hace pocos días, según
información a la que accedió LA NACION, se produjo una nueva emboscada y al menos
diez transportistas de mercadería que estaban escondidos en una arboleda atacaron a
una gendarme, que resultó severamente herida cuando intentó identificar a otro
grupo de ciudadanos.

DIARIO LA NACIÓN - 24 de junio de 2020
Despliegan tropas del Ejército para sellar la porosa y
conflictiva frontera entre Salta y Bolivia
​
​
SALTA. El paso internacional que une la ciudad argentina de Salvador Mazza con
Bolivia fue cerrado nuevamente por orden del presidente Alberto Fernández, y desde
anoche comenzaron a desplegarse allí soldados, oficiales y suboficiales de Infantería
del Ejército Argentino. Esta resolución se funda en la creciente preocupación por el
debilitamiento de los controles fronterizos –que en las últimas semanas sufrió el
embate violento de contrabandistas– y el arribo masivo de ciudadanos bolivianos que
buscan atención médica en la Argentina por el colapso de los hospitales en el país
vecino ante la expansión del coronavirus, según informó oficialmente el gobierno
provincial.
El vicegobernador, Antonio Marocco, dijo a LA NACION: "La decisión del Presidente
fue acompañar nuestro pedido; muestra claramente la preocupación de cuidar a los
ciudadanos argentinos y a los salteños para no tener sorpresas con este enemigo
invisible".
El despliegue de tropas –con el objetivo de apoyar logísticamente a la Gendarmería,
encargada natural del control fronterizo– comenzó durante las últimas horas del
martes, según confirmó una alta fuente castrense a LA NACION. Se trata de una
operación militar que involucró de forma inmediata al Regimiento de Cazadores de
Monte que tiene asiento en la localidad de Tartagal. Ayer, antes de que desapareciera
el sol tras los Andes, un helicóptero Bell UH1H trasladaba patrullas de soldados con
armamentos desde una finca privada hacia el corazón de la frontera. "De acuerdo a lo
que le solicitamos al gobierno nacional, se autorizó la presencia de efectivos del
Ejército Argentino en la frontera de nuestra provincia", informó el gobernador de
Salta, Gustavo Sáenz, en un comunicado oficial.
En ese comunicado agregó: "Hay una situación de angustia, especialmente en las
comunidades de Salvador Mazza, Aguas Blancas y Los Toldos. Hay más de 25
kilómetros de frontera y más de 60 pasos clandestinos e ilegales".
El primer mandatario provincial pidió, además, el envío de más agentes federales: "En
Salta se tomaron las medidas necesarias para preparar el sistema de salud ante la
pandemia, fortaleciendo los servicios con equipamiento, insumos y capacitación del
recurso humano. Sin embargo, es necesario reforzar los controles fronterizos a través
de la presencia de mayor cantidad de efectivos de las fuerzas de seguridad"
nacionales.

Las tropas del Ejército Argentino desplegadas ahora en Salta se encuentran
participando y adaptándose a este terreno hostil desde 2018, en el marco del operativo
"Integración Norte". En el momento de su puesta en marcha, el Poder Ejecutivo
Nacional informó que tendría tres ejes fundamentales de actuación: adiestramiento
operacional, apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y asistencia a la población civil
con campañas sanitarias, alimentarias, de infraestructura. Este operativo fue activado
sobre la base de "las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior;
decretos del Poder Ejecutivo Nacional, y a través de la Resolución 860/18 del
Ministerio de Defensa", según se informó oficialmente.
LA NACION confirmó que a última hora de ayer los principales jefes militares
encargados del despliegue en las fronteras recibieron la noticia en el Litoral y se
preparaban para trasladarse a primera hora de hoy hacia el Noroeste, concretamente,
hacia Salvador Mazza, donde nace la ruta nacional 34. El despliegue de tropas fue
confirmado luego de que el gobierno de Salta insistiera durante semanas con el
pedido en la Casa Rosada, ante sucesivas alertas emitidas por las fuerzas de seguridad
en el paso internacional.
Ayer, LA NACION informó sobre un grave incidente ocurrido en las últimas horas,
cuando al menos 30 contrabandistas atacaron en grupo un retén de Gendarmería
para quebrar la seguridad y poder ingresar al país con distintos tipos de mercaderías
que, en medio de la pandemia, aumentaron súbitamente de valor a medida que las
dificultades logísticas para el traslado normal de cargamentos afectó la disponibilidad
de stocks de productos en los mercados formales.
"No está previsto que la situación mejore, sino que, por el contrario, nos estamos
preparando para que la tensión comience a crecer. Desde el comienzo de la semana
registramos los primeros casos de personas que no quieren atenderse en los
hospitales bolivianos, colapsados por el coronavirus, y que cruzaron ilegalmente, por
ejemplo, para dar a luz. Con respecto a los contrabandistas, intentan llegar a la
Argentina porque obtienen grandes ganancias con las ventas en este lado de la
frontera", indicó una calificada fuente de la Gendarmería.
Actualmente, el operativo Integración Norte reúne tropas militares en apoyo logístico
en Misiones, Jujuy y Formosa, pero el despliegue se concentrará en Salta, donde está
previsto el arribo de varias decenas de soldados de Infantería en las próximas horas.
Se trata, en primera instancia, de "montaraces": soldados entrenados especialmente
para permanecer semanas enteras en el corazón del monte y sobrevivir allí sin
dificultades.
Se trata de una zona especialmente conflictiva porque allí operan grupos
internacionales dedicados al narcotráfico que cuentan con poderosas logísticas que,
en tiempos de pandemia, ponen a disposición del crimen organizado para el
movimiento de personas y mercancías de alto valor en los mercados urbanos.

En esa línea, un informe publicado días atrás por la Procuraduría de
Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación señaló
que en las fronteras de Jujuy y Salta se abrieron, en el último año, tres expedientes por
día, definidos como "investigaciones complejas que apuntan a desbaratar
organizaciones de orden estable, de carácter transnacional y con fuertes estructuras
destinadas a delinquir".
Por otro lado, en el informe se señala: "El 95% de los imputados optó por celebrar
acuerdos plenos con la fiscalía, una de las herramientas que debutó con éxito a partir
de la implementación del sistema acusatorio. Se logró condenar a 22 personas en siete
causas. De ellas, seis ya están finalizadas y en la restante –que reúne a once
imputados– se dictaron ya seis condenas por acuerdos plenos. De las 22 personas
condenadas, 16 cumplen prisión efectiva en una Unidad Penitenciaria, dos lo hacen
bajo la modalidad de prisión domiciliaria y cuatro fueron condenadas bajo ejecución
condicional".
"Si se suma el total de años y meses de prisión de todas las condenas obtenidas, el
número total asciende a 100 años y once meses, mientras que la suma de los montos
de dinero impuesto como multas llega a 9.666.000 pesos", indicaron los funcionarios
de Procunar en la publicación del balance del primer año de aplicación del nuevo
Código Procesal Penal en Jujuy y Salta, provincias que limitan con Chile y con Bolivia.
Con respecto al avance del Covid-19, el último reporte del Ministerio de Salud de Salta
indica que hay cuatro casos activos de coronavirus y se activaron el lunes once
protocolos, mientras que otras once muestras permanecen en estudio.
Del lado boliviano, en la provincia de Tarija, la situación se torna alarmante, con 24
nuevos casos en las últimas horas, que elevan la cifra total de contagiados –solo en la
zona de frontera– a 299 positivos. A su vez, en todo el territorio boliviano, ya hay
26.389 casos confirmados.

DIARIO LA NACIÓN - 23 de junio de 2020
Frontera caliente: contrabandistas atacan a gendarmes para
quebrar los retenes entre Salta y Bolivia
​
SALTA. En las últimas horas al menos treinta contrabandistas que intentaban
ingresar al país ilegalmente y en grupo atacaron en Salvador Mazza a una patrulla de
la Gendarmería. Los uniformados realizaron disparos intimidatorios al aire y los
bagayeros respondieron con piedras. Buscaban doblegar el retén para poner en
circulación del lado argentino distintos tipos de mercaderías, por las que obtienen, en
medio de la pandemia, importantes ganancias, según confirmó a LA NACION una
calificada fuente de las fuerzas federales que participa en el operativo zonal de
protección civil. También, e igual de preocupante, detrás de las incursiones para
forzar el tráfico de mercancías aguardan, expectantes, ciudadanos bolivianos que
intentan cruzar la frontera caliente para obtener atención médica del lado argentino.
"No está previsto que la situación mejore, sino que, por el contrario, nos estamos
preparando para que la tensión comience a crecer. Desde el comienzo de la semana
registramos los primeros casos de personas que no quieren atenderse en los
hospitales bolivianos, colapsados por el coronavirus, y que cruzaron ilegalmente, por
ejemplo, para dar a luz. Con respecto a los contrabandistas, intentan llegar a la
Argentina porque obtienen grandes ganancias con las ventas en este lado de la
frontera", indicó en un reportaje la calificada fuente, que pidió reserva de identidad.
Durante el enfrentamiento, una mujer resultó levemente herida y los gendarmes
intentaron detenerla, pero los compañeros contrabandistas de la joven lograron
facilitarle la huida.
Esta tensión en aumento afloró la semana pasada durante un diálogo entre el
gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, y el presidente Alberto Fernández.
Durante la videoconferencia Sáenz pidió reforzar los controles de frontera y
manifestó estar sumamente preocupado, "especialmente por la población residente
en Salvador Mazza y Aguas Blancas, considerando que el sistema sanitario de Bolivia
está colapsado y existe un continuo flujo de personas por los pasos fronterizos
ilegales", según se indicó en un comunicado.
El gobernador Sáenz anunció ayer que se comunicó nuevamente con el presidente
Fernández y que hoy serán desplegadas unidades del Ejército para colaborar en el
control fronterizo. "De acuerdo a lo que le solicitamos al Gobierno nacional, se
autorizó la presencia de efectivos del Ejército Argentino en la frontera de nuestra
provincia", dijo anoche el mandatario provincial.
Prueba de que el contrabando y la circulación informal no se detienen en la frontera
es el resultado de un importante operativo realizado por agentes federales que

concluyó con la incautación de 267 kilos de hoja de coca, una planta regional que los
habitantes de la zona consumen en infusiones, o directamente masticada. El
operativo se desarrolló en la localidad salteña de Aguas Blancas, no muy lejos de
Salvador Mazza, donde otro grupo de contrabandistas atacó a los agentes federales.
El informe oficial sobre la incautación de hojas de coca detalló: "En horas de la tarde,
efectivos de la Sección Aguas Blancas, dependiente del Escuadrón 20 ‘Orán’,
recibieron una alerta por parte del personal que integra el Sistema Tecnológico de
Vigilancia Inteligente de Fronteras (Sitevif) sobre la presencia de personas que
traspasaban el límite fronterizo desde la República Plurinacional de Bolivia, por el
cauce del Río Bermejo, con intenciones de llegar a la orilla, trasladando bultos con
embalajes". Además, se agregó: "Los gendarmes les dieron la voz de alto, por lo que los
individuos abandonaron la mercadería y se dieron a la fuga a nado por río".
En tanto, el Ministerio de Salud provincial presentó un nuevo informe sobre el
coronavirus, en el que destacó que no hay nuevos casos, lo que obliga a extremar los
controles para preservar la inmunidad: "Salta se mantiene sin circulación
comunitaria de Covid-19 y se continúan realizando todas las acciones de vigilancia
epidemiológica para el cuidado de la comunidad". Solo se destaca, de las últimas
semanas, el caso de un camionero que cruzó el país de sur a norte con un reparto de
mercadería y arribó a Orán contagiado de coronavirus, por lo que provocó el contagio
de ocho personas que fueron rápidamente rastreadas, identificadas y aisladas.
Al otro lado de la frontera salteña, en el departamento de Tarija, la pandemia se
agrava a ritmo acelerado. Información oficial del Ministerio de Salud de Bolivia
confirmó que en la zona de frontera se registraron 26 nuevos casos de coronavirus y
dos muertes recientes solo en el distrito que limita con la Argentina, donde la cifra
total de casos ascendió a 175.
Una investigación publicada la semana pasada por LA NACION confirma que durante
la pandemia los traficantes dejaron de lado la venta de sustancias en puntos fijos
dentro de los barrios -los llamados quioscos o búnkeres de drogas- y pasaron a una
dinámica distribución minorista a los consumidores.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad observan una menor circulación de cocaína y
marihuana en las rutas. Los agentes antidrogas estiman que los clanes locales
disponen de un stock suficiente para abastecer el mercado, por lo que disminuyó el
flujo de transporte de estupefacientes en largas distancias, aunque los precios de las
dosis llegaron incluso a triplicarse.
De todas maneras, la solidificada cadena logística narco no permanece inactiva: al
igual que los comerciantes legales, los traficantes se acomodaron a la nueva realidad y
aportan hoy su estructura al contrabando de otras mercaderías que los usuarios no
encuentran en los habituales puntos de venta. En ese contexto, aumentan las
escaramuzas en la frontera caliente el norte argentino.

DIARIO LA NACIÓN - 14 de junio de 2020​
Alerta por la presencia de grandes carteles brasileños en la
frontera misionera
Las alarmas volvieron a encenderse días atrás cuando en un control fronterizo sobre
la ruta nacional 12, en la localidad de Candelaria, Misiones, la Gendarmería detuvo a
dos sospechosos que iban en un Nissan Sentra robado: un paraguayo que ingresó en
el país ilegalmente con municiones y una pistola Glock 9 mm y un posadeño que
desde septiembre del año pasado es investigado por sus vínculos con el Comando
Vermelho (CV) y el Primer Comando Capital (PCC).
Estas dos poderosas organizaciones criminales, que cuentan con un inusual sistema
de reclutamiento de fuerte arraigo en el interior de las prisiones brasileñas, irradian
desde Río de Janeiro y San Pablo hacia el sur su conocido despliegue de violencia.
Si bien su presencia activa en la Argentina aún se advierte solo vinculada con
actividades eminentemente logísticas–como el manejo de campos para montar pistas
clandestinas para narcoavionetas–, recientes golpes y ataques de ambos grupos en
Paraguay motivaron una serie de operativos antidrogas de los que participaron tropas
especiales de los tres países; el último, a pocos kilómetros de la frontera misionera.
Sobre aquellos dos detenidos, la Gendarmería informó: "Al verificar la documentación
del conductor argentino, los gendarmes detectaron que había estado involucrado en
una causa por colaborar con una organización criminal extranjera en septiembre de
2019. Además, el rodado poseía solicitud de secuestro por hurto en Río Negro".
El expediente está a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Posadas, que ordenó la
detención de otras dos personas y encomendó al menos dos allanamientos. Durante
estos procedimientos los agentes federales encontraron siete vehículos, dos motos, un
fusil M-16, una escopeta, decenas de municiones, cascos y uniformes policiales.
Una calificada fuente con acceso a información del expediente dijo a LA NACION
acerca del paraguayo detenido con la Glock: "Estos tipos son ‘fantasmas’; no se sabe
por dónde ingresan al país, y cuando son detenidos ningún servicio penitenciario los
quiere recibir porque son ‘grossos’. No dicen a qué banda pertenecen, pero tienen
tatuajes que permiten vincularlos con algunas de las más ‘pesadas’ de Brasil".
Por otro lado, acerca del conductor del vehículo, identificado solo como L. M. B,
fuentes oficiales informaron que se encuentra vinculado con un grupo de sicarios
brasileños que fueron detenidos el 14 de septiembre de 2019 en el kilómetro 785 de la
ruta nacional 14. Esa vez, los agentes del Escuadrón 8 Alto Uruguay detuvieron
también a los ocupantes de una camioneta Honda HR-V: tres brasileños con
antecedentes por tráfico de drogas.

Los documentos oficiales de esa detención dicen: "Los efectivos inspeccionaron de
manera exhaustiva el automóvil, en el que hallaron siete pistolas". Eran cinco Trabzon
calibre .380; una Smith & Wesson calibre .40 y una Taurus 9 mm. También,
indumentaria de la Policía Federal Argentina (cuatro conjuntos de gorra, chomba y
campera), 162 gramos de marihuana, 19 precintos plásticos y dos supresores de
sonidos (silenciadores) para pistola.
"Efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales en Monte Bernardo de Irigoyen y
personal del Escuadrón Núcleo 50 Posadas efectuaron el traslado aéreo en dos
helicópteros de los tres ciudadanos brasileños, desde Misiones hasta el helipuerto de
la Escuela de Gendarmería General Don Martín Miguel de Güemes, para luego realizar
la entrega al Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza", se informó.
Ya para esos días el Poder Ejecutivo miraba el problema con preocupación. Meses
antes, LA NACION reveló que se preparaba el despliegue de operativos conjuntos entre
tropas especiales de la Argentina, Paraguay y Brasil. En aquella oportunidad, durante
la cumbre contra las drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se
realizó en Buenos Aires, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay,
Alberto Giuzzio, dijo a LA NACION: "Hemos confirmado la intención de ambos países
de realizar una operación conjunta en la frontera y en lugares donde se produce la
marihuana que llega a la Argentina".
La peligrosidad de los carteles brasileños que asedian las fronteras argentinas quedó
evidenciada en una cadena de hechos criminales recientes. El 9 de julio del año
pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó nivel de alerta máximo para
las fuerzas federales desplegadas en el nordeste luego de que el PCC, durante un golpe
que incluyó explosivos, francotiradores y más de 50 personas armadas
desplegadas,copara un pueblo paraguayo a 380 kilómetros de Misiones; allí robaron
un banco, se llevaron 250.000 dólares y mataron a un adolescente.
Casi en simultáneo con ese golpe, en un ómnibus que iba de Puerto Iguazú a Posadas,
agentes federales detuvieron, en el kilómetro 1606 de la ruta nacional 12, a un
brasileño que llevaba en el doble fondo de un bolso un subfusil calibre 5.56
desarmado, además de piezas y cargadores de otras cinco unidades.
Los del invierno pasado fueron meses de intensa actividad para los narcos brasileños
que se abastecen logísticamente en la Argentina, adonde también triangulan entregas
de armas y de drogas, según información oficial.
En junio de 2019, durante un operativo histórico, se encontró en el país un inmenso
cargamento de armas de puño, fusiles tácticos, rifles de francotiradores de larga
distancia, minas antipersonales, granadas, armamento pesado para apoyo de la
infantería. Tal como informó entonces LA NACION, el arsenal estaba en manos de una
organización criminal que buscaba abastecer a grupos narco brasileños. En aquella

oportunidad fueron incautadas más de 2500 armas, entre las que se contaban 1262
fusiles tácticos.
Al respecto, LA NACION informó aquel día: "Los investigadores aseguran que ese
armamento –incluido un cañón antiaéreo de 20 mm con miles de municiones
disponibles– tenía como destino bandas como el PCC, que concretó el brutal
copamiento de una localidad paraguaya sustentado en un importante poder de fuego.
Aquí se armaban los fusiles que deberían haber sido enviados a la ciudad paraguaya
de Pedro Juan Caballero, donde llegarían a manos de los narcos brasileños mediante la
conexión de un traficante".
En la información más reciente respecto de este caso de tráfico de armas, un informe
de LA NACION señaló, el 8 de marzo pasado, que dos paraguayos fueron condenados
por traficar las armas que salían desde Buenos Aires y Rosario con destino a la ciudad
de Asunción y que, finalmente, llegaban al PCC.

DIARIO LA NACIÓN - 26 de abril de 2020
Narcotráfico: el camino de las mulas en la Puna
​
SALTA.- El silencio jamás se interrumpe en los caseríos del final de la quebrada. Yavi
es un pueblo jujeño, perdido entre montañas de 3500 metros de altura que tienen sus
cimas aplanadas y en la tarde parecen ser el horizonte donde el mundo termina. Se
trata de un punto clave para las organizaciones criminales de Bolivia y Perú que
envían personas como correos humanos -las llamadas mulas- con cargas de cocaína.​
​
En este pueblo y en otros caseríos cercanos a La Quiaca, de aspecto desolado, se
coordinan traslados y también "descansa" la cocaína que las mulas logran pasar,
antes de seguir su viaje. Es posible llegar hasta esa zona legal e ilegalmente, en
vehículo y a pie, también desde Bolivia: la población es calma y ora religiosamente en
una capillita dorada construida en el año 1700.​
​
Los pasadores de droga se mezclan con el puñado de habitantes locales, y también
con los visitantes de un precarísimo circuito turístico montado alrededor de unas
ruinas originarias prehispánicas. En los alrededores, por el frío, poco crece en
abundancia de la tierra. Sucede en realidad que este pueblo llamado Yavi nunca ha
sido tranquilo. De hecho todas las noches caen tormentas eléctricas sobre una cadena
de cerros que los lugareños llaman "ocho hermanos". Ya en los comienzos de la década
de 1810, el ejército español fusiló a decenas de mujeres, ancianos y niños. Y del mismo
modo, siempre ha sido un punto geográfico importante para el contrabando.​
​
Muy pocos kilómetros separan a Yavi de La Quiaca, donde funciona un paso
internacional que registra cada año según información oficial -entre ingresos y
egresos del país- al menos 3,8 millones de traspasos de frontera legales. A este puesto,
que actualmente tiene retenes del Ejército boliviano y de la Gendarmería Nacional,
arriban las mulas que intentan evitar los pasos clandestinos. Se trata de personas
arriesgadas al control porque no pueden transitar sendas ilegales donde otros
delincuentes les robarán la droga; mulas que vienen desde Perú y Bolivia, con cargas
de cocaína de entre uno a veinte kilos: en valijas, dentro del estómago Incluso se halló
aquí cocaína adherida con cinta de embalaje al cuerpo de un bebé.​
​
Tal como informó LA NACION en febrero pasado, una mujer llamada L.M.B.A, de 42
años, que pasaba mercadería de un lado a otro de la frontera, con un vehículo, fue
capturada por la Policía Federal (PFA) luego de una investigación: trasladaba junto a
su cómplice 27 kilos de cocaína, valuados en $30.000.000. Esta semana recibió una
pena de cinco años de prisión.​
​
Su caso no es el único. Un informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que la
justicia federal en la provincia de Jujuy dictó en siete días una serie de seis condenas
por tráfico de drogas contra mulas que fueron detenidas recientemente al ingresar

cocaína a la Argentina. Para en nuestro país -a través del paso legal o de una senda
secundaria- las mulas antes deben recorrer un largo camino por tierra que muchas
veces termina en las cárceles federales. El fiscal federal que dirigió la investigación de
estos seis expedientes de condena reciente, Federico Zurueta, describió la situación de
la frontera del norte de Jujuy: "Hay lugares donde conviven distintas modalidades
criminales; personas detenidas con cinco kilos adosados a la cintura y también
camiones con cargamentos grandes, especiales".​
​
Respecto de las redes que están detrás de los casos de condena reciente, el fiscal
Federico Zurueta explicó: "Son grupos silenciosos, sí, porque de hecho no es fácil
llegar a los altos mandos. Y son claramente peligrosos. Aunque en ocasiones las
investigaciones permiten adelantarse a un cargamento y poner controles específicos".​
​
Agregó información sobre qué sucede con la droga cuando traspasa la frontera: "Del
lado argentino, las estructuras realmente importantes manejan mucha cantidad de
droga. Tienen poder económico que también es peligroso para la actividad delictiva".
Zurueta dirige un grupo de trabajo dependiente del Ministerio Público Fiscal que por
su ubicación geográfica y su competencia federal actúa usualmente con casos
judiciales transnacionales; en esta zona los caminos ilegales que llegan hasta las
provincias argentinas tienen sus extremos en Bolivia, Chile, Perú.​
​
También según la información oficial de la Unidad Fiscal Jujuy acerca de los seis
condenados recientemente por transportar droga a través de la frontera, se
registraron los casos de un acusado llamado F.D.O.C capturado en un taxi con un bolso
que contenía tres kilos de cocaína, cuya pureza oscilaba entre el 84,76% y el 88,45%.
En otros dos hechos diferentes, S.T.V y R.K.A.M cayeron con un kilo de cocaína en el
estómago.​
​
Decenas de mulas llegan con cargas al noroeste porque, a su vez, desde esta región
salen envíos hacia el resto del país, o Europa. En febrero pasado, tras una
investigación de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la
Gendarmería fue interceptado un paquete de 11 kilos de cocaína y el Tribunal Oral
Federal N° 1 de Salta condenó a penas de entre 4 y 10 años a miembros de un grupo
narco que enviaba droga a Córdoba, Río Negro y Mendoza.​
​
Al igual que en La Quiaca, el narcotráfico en los pasos fronterizos que unen Bolivia
con las yungas altas de Salvador Mazza y Aguas Blancas -donde termina la Puna- son
puntos fundamentales para los envíos de cocaína a través de mulas. Fuentes de la
Gendarmería Nacional confirmaron que los controles en la zona se mantienen
reforzados y las patrullas de tropas especializadas en monte recorren los límites
internacionales, mientras se desarrolla también el operativo de protección sanitaria
ante el coronavirus.​
​
En la Gendarmería detallaron que se suspendieron las licencias del personal

desplegado en los alrededores de las fronteras de Salta, y que las tropas se encuentran
preparadas por poder asistir a la población en las problemáticas surgidas por el
Covid-19. "El trabajo se ha triplicado", indicó un jefe zonal.
Pocos días atrás, en medio del aislamiento obligatorio y con un despliegue importante
en las rutas de Salvador Mazza, dos criminales ingresaron en la Argentina toda
velocidad con una motocicleta por un paso clandestino y fueron perseguidos por la
Gendarmería Nacional. Uno de los sospechosos cayó por una maniobra del conductor
y fue atrapado con una pistola 9 mm.

DIARIO LA NACIÓN - 21 de febrero de 2019​
Aumentó 145% en tres años la cantidad de detenidos por
causas de drogas
La cifra de personas detenidas por drogas en distintos niveles subió en forma
exponencial. Desde el 1º de enero de 2016 hasta fines del año pasado el número de
implicados en infracciones a la ley 23.737 de estupefacientes creció el 145%. Ese
crecimiento acompaña el mayor volumen de secuestro de sustancias ilegales,
especialmente marihuana y cocaína, con períodos interanuales en los que se llegó
incluso a duplicar la cantidad incautada.​
​
Según un informe oficial al que accedió LA NACIÓN, en 2018 las fuerzas de seguridad
federales capturaron a 31.820 personas por causas de drogas, muchas de ellas
vinculadas con las redes de narcotráfico que operan en la Argentina tanto a nivel
macro como relacionadas con el narcomenudeo, un fenómeno esencialmente urbano
que tiene vasos comunicantes con otros delitos, como homicidios vinculados a ajustes
de cuentas entre bandas y cruentas disputas por el control territorial para el
desarrollo de la actividad ilegal, o robos cometidos por adictos que precisan de dinero
fresco para comprar drogas.​
​
Al comparar las cifras de 2016 y las de 2018, también se advierte un importante
crecimiento en la cantidad de personas detenidas en provincias fuertemente
afectadas por el tráfico de drogas, como por ejemplo Chubut, donde el número de
capturas presenta, según los funcionarios del área de Seguridad, un crecimiento del
788%.
Sobre este punto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo a LA NACIÓN:
"Chubut es una zona petrolera con un alto poder adquisitivo y niveles muy elevados
de consumo. Allí detectamos y actualmente investigamos vínculos de complicidad
entre narcotraficantes y organizaciones sindicales que facilitan la llegada de la droga".​
​
En la misma línea, las estadísticas señalan que –al comparar también 2016 y 2018– en
la provincia de Santa Fe, regada de sangre por la acción de sicarios de grupos
criminales como Los Monos, las detenciones de personas vinculadas al tráfico de
droga aumentaron 396%.​
​
"No vamos a dejar que nazca una segunda generación de bandas de narcotraficantes.
Queremos desarmar la lógica de los clanes que dominaron esta zona durante mucho
tiempo", dijo la ministra. Los datos oficiales, por otro lado, muestran que entre
diciembre de 2015 y 2018, más de tres años de desarrollo del programa Argentina sin
Narcotráfico, fueron incautados 448.745 kilos de marihuana, valuados en 673.117.500
dólares. En el mismo período se secuestraron 26.724 kilos de cocaína, cuyo precio
asciende a US$267.240.581.​

El mayor salto interanual en relación con las incautaciones de cannabis se produjo
entre 2017 y 2018, con un incremento del 40%. En cuanto a cocaína, la gran diferencia
se produjo entre 2016 y 2017, con un aumento de capturas del 120%. El año pasado, las
cuatro fuerzas federales ( Gendarmería , Prefectura , Policía Federal y Policía de
Seguridad Aeroportuaria ) incautaron 184.791 kilos de marihuana: el 68,5%, en
Misiones. La mitad de los 8522 kilos de cocaína secuestrados en 2018 provienen de
Salta .​
​
El subsecretario de Narcotráfico, Martín Verrier, explicó que gracias a estas
incautaciones "la Argentina dejó de ser un lugar donde los carteles internacionales
buscan instalarse, porque ahora el riesgo es otro". Con respecto al decreto de
necesidad y urgencia sobre extinción de dominio de los bienes incautados
provenientes de la corrupción y el narcotráfico –cuestionado ayer por la oposición en
el Congreso (de lo que se informa en la sección Política)–, Bullrich afirmó: "Este
decreto no se va a caer. La sociedad no lo va a permitir. Es muy importante quitarles
los bienes a los narcotraficantes, porque representan un poder simbólico, y poder
quitarles ese poder tendrá un efecto psicológico fuerte".​
​
Desde el Ministerio de Seguridad afirman que, también como consecuencia de la
presión ejercida sobre los narcos, y gracias a los 59.479 operativos realizados, el precio
del gramo de cocaína en las calles aumentó 153%: pasó de 118 pesos, en septiembre de
2016, a 300. En el mismo tiempo, según surge de los peritajes, la pureza de la droga
que circula cayó un 13%. Bullrich explicó que los agentes federales trabajan
fuertemente en las zonas de frontera, donde fueron desplegados equipos
especializados, puestos inteligentes y nuevos vehículos específicos, como lanchas
artilladas. "Creamos equipos mixtos con las policías locales en Misiones y Corrientes,
pero, por ejemplo, tenemos problemas de coordinación con las autoridades de
Formosa", dijo la ministra.
Sobre drogas sintéticas, el informe indica que de 2016 a 2017 la cantidad incautada
creció 28,35%; desde diciembre de 2015 se confiscaron 466.796 unidades de
metanfetaminas, LSD y éxtasis, entre otras.

DIARIO LA NACION - 18 de marzo de 2018
Preocupa la captación narco de menores
Los grupos delictivos que controlan el narcotráfico en el partido bonaerense de
Lomas de Zamora imponen el silencio con sicarios y escopetas para sostener un
enorme sistema de redes de venta de drogas en los barrios de Ingeniero Budge, Villa
Fiorito, Llavallol, Centenario y Albertina. Así lo determinan investigaciones judiciales
que siguen los pasos de, al menos, dos organizaciones criminales que están detrás de
la apertura de búnkeres narco en el sur del conurbano.
Uno de los blancos de esas bandas son los menores, tanto para fomentar el uso de
drogas como para utilizarlos como "soldaditos". Varias fuentes consultadas
confirmaron que los niños de la zona comienzan a consumir drogas a los ocho años e
ingresan en el mundo del narcomenudeo siendo apenas adolescentes.
Los grupos criminales cuentan con sicarios armados que amenazan a vecinos y
controlan asentamientos en los que se instalaron los puestos de venta de drogas. Los
habitantes de estas localidades saben que en esa zona hay una disputa por el control
territorial de la distribución de cocaína, paco y marihuana.
El miedo reina en los caseríos. Los ajustes de cuentas y los tiros en las piernas como
advertencia son moneda corriente. Todo sucede en rincones tan alejados que estos
delitos son, muchas veces, incontables o inclasificables. Ni siquiera se denuncian,
según aseguraron tanto los vecinos como fuentes policiales.
El sacerdote Osvaldo Mouriño, integrante de la Pastoral de Adicciones de Lomas de
Zamora, confirmó esa peligrosa situación: "La comunidad se siente vulnerable por la
violencia en las calles. Nosotros acompañamos a niños de nueve o diez años que están
internados por sus años de consumo y con adicciones desarrolladas. Los barrios
nuevos son muy humildes y aptos para que se instale la venta".
A su vez, Mouriño dijo que la Iglesia abrió cerca del Puente La Noria un hospital de día
para jóvenes adictos y prepara constantemente agentes territoriales que trabajan en
prevención, recepción y acompañamiento de adolescentes y adultos en situación de
consumo problemático.
Durante una charla con LA NACION, el sacerdote explicó: "La habilidad del
narcotráfico no tiene límites. Por eso, los traficantes llegan al barrio a través de chicos
menores y de las familias. Evidentemente, la situación social de los barrios hace que
los vecinos vean en la venta de drogas una forma de subsistencia".
Y agregó: "Vemos que cuando nuestros jóvenes pasan los 13 años de edad hay una
impotencia, una incapacidad de las familias para poder contenerlos. Y es preocupante.

Al dejar la escuela, ya son los chicos de la esquina. El niño que deja la escuela pasa a la
calle, donde se forman grupos muy heterogéneos. Allí están las personas que inician a
los jóvenes en el consumo. Por eso el abordaje no debe ser solo sanitario, sino integral.
La problemática es social y compleja".
Diferentes reportes policiales señalan que al menos dos grandes y violentas bandas
dedicadas a la distribución de drogas operan en las localidades bonaerenses ubicadas
junto al Riachuelo.
Estos documentos, junto a la cantidad de armas de fuego incautadas en los
allanamientos y el testimonio de los vecinos, ratifican que -pese a que una gran
cantidad de narcos ya fueron detenidos- ambas mafias sostienen el funcionamiento
de sus negocios.
Los líderes del grupo criminal más importante de la zona son de nacionalidad
peruana, mientras que otra organización importante tiene líderes paraguayos.
Según los documentos judiciales, tras una primera y sólida cadena de capturas y
allanamientos, ahora los investigadores federales intentan "individualizar" a
miembros del clan peruano, mientras siguen la ruta del dinero lavado. Buscan
también determinar qué "funcionarios policiales les habrían brindado cobertura" a
estos narcos.
El grupo liderado por ciudadanos de origen peruano contaba con más de 25
"soldados" activos en Lomas de Zamora, imputados ahora con diferentes acusaciones.
Algunos miembros de la segunda línea son actualmente señalados como
responsables de dos homicidios y dos intentos de homicidio que tenían por objeto
intimidar a rivales y dar advertencias a sus propios vendedores de drogas.
Por otro lado, el grupo de narcotraficantes paraguayos es investigado desde octubre
de 2016 y tres líderes locales ya fueron capturados. Sin embargo, los reportes de la
Gendarmería Nacional confirman que este grupo aún opera en los alrededores de la
estación Turner del Ferrocarril Roca.
Esas investigaciones indican que a la altura del kilómetro 34 de ese ramal funcionaría
un centro de "venta, almacenamiento y acondicionamiento de narcóticos". En el
marco de esa pesquisa, la Justicia aún intenta identificar y capturar a los proveedores
de las drogas.
En el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora confirmaron
a LA NACION que "hay causas abiertas" en las que se investiga a diferentes
narcotraficantes que operan en el partido bonaerense: "Presumimos que pueden
responder a únicos distribuidores". Por ejemplo, durante 2017, ese juzgado desarmó
una cocina de cocaína en Ingeniero Budge. Allí encontraron 15 kilos de droga y

precursores químicos. Y el año pasado se iniciaron 215 causas por tráfico de drogas en
el fuero federal que tuvieron su raíz en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
La más reciente tasa de homicidios conocida en el conurbano señala que los
asesinatos en Lomas de Zamora alcanzan a 9,6 cada 100.000 habitantes. Y las
investigaciones judiciales afirman que los enfrentamientos no sólo surgen entre
grupos antagónicos, sino que también la comercialización de drogas cobra cuotas de
sangre al interior de las organizaciones de narcos por deudas o traiciones.

DIARIO LA NACIÓN - 11 de septiembre de 2017
Inquieta la venta de drogas cerca de escuelas de Barracas
Investigadores del Poder Judicial, docentes y asistentes sociales confirman que
diferentes grupos de narcotraficantes operan en los alrededores de 25 instituciones
educativas del barrio porteño de Barracas. Este importante corredor escolar, donde
funcionan escuelas públicas y privadas, tiene como límites geográficos el Riachuelo,
las avenidas Iriarte y Amancio Alcorta, las vías del ferrocarril Belgrano Sur y la
autopista Arturo Frondizi (9 de Julio Sur).
Los narcos utilizan escondites y búnkeres en la villa 21-24 y en el Núcleo Habitacional
Transitorio (NHT) Zavaleta, pero también cuentan con vendedores ambulantes que
recorren calles cercanas a los colegios de la zona. Federico Berardi, director de Villas
de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, dijo a LA NACION que en este corredor
escolar se venden drogas. Explicó: "Hay organizaciones criminales en la zona, pero
los delincuentes representan una minoría muy pequeña dentro del barrio. Adonde no
llega el Estado, las redes de narcotraficantes avanzan. Ofrecen trabajos y prestan
dinero".
Agregó Berardi: "Un punto crítico es la avenida Iriarte, donde hay asaltos y tráfico. En
la avenida Amancio Alcorta las adolescentes se prostituyen para poder comprar
drogas. No se puede analizar la inseguridad en los barrios sin considerar la presencia
de las redes delictivas que ponen el paco en manos de los jóvenes. Sin embargo, es
necesario evitar la estigmatización de los vecinos honestos que, por ejemplo, se
organizan a través de las redes sociales para salir a trabajar en grupos y evitar los
robos".
Para describir cómo es este territorio en el que funcionan algunas de las escuelas más
importantes de la zona, y donde se instalaron los criminales, Berardi dijo: "[La 21-24]
es la villa más grande de la Capital en términos geográficos y demográficos. También
es el barrio con más cortes de luz. Está al lado del Riachuelo, no tiene cloacas. La
desprotección es estructural y se genera un clima social complejo. Las ofertas de los
delincuentes son tentadoras para una persona que se siente fuera del entramado
social y público".
Según información judicial a la que accedió LA NACION, al menos tres jueces y cuatro
fiscales investigaron este año los movimientos de los grupos de narcotraficantes que
venden marihuana, cocaína y paco justo en medio del corredor escolar.
Los datos sobre una serie puntual de allanamientos realizados este año permiten
comprender cómo están conformadas las organizaciones criminales que operan en la
zona: en abril, agentes federales detuvieron en la villa 21-24 a tres narcotraficantes,
secuestraron tres armas de fuego, chalecos antibalas y 15 kilos de drogas. Este grupo

tenía, además, vínculos directos con una organización más grande cuyos integrantes
fueron condenados recientemente por transportar 54 kilos de droga a través de la
provincia de Buenos Aires.
Dos investigadores especializados en narcotráfico del Ministerio Público Fiscal (MPF)
de la Nación confirmaron que en este corredor escolar no opera una organización
hegemónica, sino que el control territorial de las ventas lo ejercen pequeños grupos
de personas vinculadas mayoritariamente por lazos familiares políticos y de sangre.
La Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo), que depende del MPF, canaliza los
reclamos judiciales de los vecinos a través de una oficina en este corredor escolar.
Desde agosto de 2016, el 46,15% de las denuncias fueron realizadas contra las fuerzas
de seguridad por "detenciones arbitrarias, ilegales o violentas", "corrupción" y
"allanamientos ilegales", según datos a los que accedió LA NACION.
Los docentes, por temor a represalias, exigen que sus testimonios acerca del
narcotráfico en esta zona sean publicados respetando la reserva de su identidad. Una
trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social porteño, que participa en actividades
educativas del Centro Materno Infantil situado en la intersección de Damianovich y
Luna afirmó: "Vemos a los muchachos vendiendo drogas en la vereda".
Una docente que dicta clases en la escuela más grande del corredor -en avenida Iriarte
y Montesquieu- señaló: "Los alumnos dicen que se venden drogas alrededor del
colegio, pero no dicen dónde. Incluso, algunos familiares de nuestros alumnos se
dedican a esto".
Una profesora de la Escuela Primaria N° 16 dijo a LA NACION: "Por la puerta de la
escuela vemos pasar a jóvenes adictos que viven en la calle. Cuando hablamos en
nuestras clases acerca del cuidado de la salud y de las adicciones, notamos que los
alumnos ya conocen el tema. Pero hay un código de silencio".
Una profesora de la Escuela Infantil N° 7 confirmó otro hecho que refleja la violencia
imperante en la zona. En julio pasado, un grupo de delincuentes exigió a las maestras
dinero en efectivo para permitirles ingresar en el edificio y dictar las clases
normalmente. "Es un tema cerrado y no queremos que se abra nuevamente. Gracias a
la intervención de varias personas, el problema está solucionado", dijo.
Los agentes federales de la Prefectura Naval capturaron este año -durante controles
de rutina- al menos a 18 personas que circulaban por zonas cercanas a los colegios de
Barracas con droga fraccionada en pequeños envoltorios, lista para ser
comercializada. Por otro lado, la Policía de la Ciudad confirmó que tiene un operativo
especial dispuesto en este territorio para controlar el acceso y el egreso de los
alumnos a las escuelas. El viernes, precisamente, ese dispositivo dio sus frutos: tres
detenidos con 34 dosis de paco.

El viernes pasado, efectivos de Investigaciones de la Policía de la Ciudad advirtieron
que de la villa 21-24 salía a toda velocidad un Chevrolet Corsa con tres ocupantes. Se
inició entonces una persecución por la avenida Iriarte. Los agentes porteños lograron
interceptar el vehículo en fuga en la avenida Vélez Sarsfield al 1600.
Según informó la fuerza, ante testigos se realizó la requisa del vehículo y de sus tres
ocupantes, a los que les encontraron 34 envoltorios de nylon que contenían paco.
También llevaban 2050 pesos. El trío quedó a disposición del juez federal Marcelo
Martínez de Giorgi.

DIARIO LA NACION - 17 de agosto de 2017​
Moreno, el distrito más golpeado por la violencia del narcotráfico
​
El 26 de julio fueron asesinados dos hombres y una mujer en Moreno. Las víctimas
tenían vínculo con la venta de drogas y sus muertes habrían sido una venganza narco
por otro triple crimen cometido el 31 de diciembre de 2016. La penetración del
narcotráfico en esa zona cobra cuotas de sangre y ha transformado Moreno en el
municipio con mayor tasa de homicidios del conurbano.​
​
En marzo, la ola de violencia alcanzó a la Iglesia. Amenazado, el sacerdote Eduardo
Farrell tuvo que dejar la parroquia del Sagrado Corazón, en el barrio Cuartel V. El cura
había elevado la voz para advertir sobre el problema. El obispo Fernando Maletti dijo a
LA NACION que "frente al avance de las bandas, las personas se acercan a la Iglesia
con muchísimas consultas, para pedir consejos y acompañamiento".​
​
Funcionarios municipales, coordinadores territoriales de la Sedronar y miembros de
varias ONG que trabajan en el distrito coinciden en señalar que son los adolescentes
quienes están más expuestos a la violencia narco. El partido bonaerense de Moreno
tiene la tasa de homicidios más alta del conurbano, al registrarse el año pasado a 15,8
víctimas cada cien mil habitantes. Ochenta personas fueron asesinadas allí en 2016.
La dimensión de la tasa de asesinatos en ese partido puede visualizarse con la
comparación de los dos municipios que le siguen, Quilmes y Lanús, en ambos casos
con 11,4. Y en Moreno diferentes grupos de narcotraficantes se enfrentan por el
control territorial de las ventas de drogas. Esta disputa criminal provocó tres
sangrientos enfrentamientos, en los que murieron al menos diez personas durante los
últimos once meses.​
​
"Como en otros lugares pobres del país, los jóvenes tienen aquí pocas opciones para
orientar sus vidas en un camino de libertad. Los traficantes los captan con una oferta
atractiva de dinero", expresó el obispo Fernando Maletti, cuya diócesis abarca Moreno
y Merlo. Y agregó en diálogo con LA NACION: "Hay muchas complicidades. Políticas,
legislativas, judiciales y en las fuerzas de seguridad. Es un gran negocio. Quienes
debían controlar no controlaron".​
​
Al analizar el funcionamiento de los grupos que venden drogas en Moreno, el
secretario de Seguridad de este partido, Jorge Duarte, dijo a LA NACION: "Los jóvenes
se unen a las organizaciones de narcotraficantes a partir de los 12 años de edad. Es el
recurso más rápido que tienen para conseguir dinero". Duarte indicó también que la
municipalidad de Moreno programa al menos cuatro reuniones semanales en los
barrios para recoger las denuncias anónimas sobre puntos de venta de sustancias
ilícitas y realizar las denuncias en las fiscalías. Aseguró que los vecinos desconfían de
la policía: "A veces, ellos observan cómo el patrullero pasa por el quiosco de un
transa". En el Ministerio de Seguridad bonaerense se señaló que aumentaron los

procedimientos antidrogas en Moreno y la captura de narcotraficantes.​
​
Por su parte, la Sedronar trabaja en Moreno junto con más de 250 jóvenes que tienen
problemas con adicciones. Las actividades se realizan en cuatro sedes del Dispositivo
Integral de Abordaje Territorial. Ariel Fernández, coordinador de Abordaje Territorial
de la Sedronar, comentó a LA NACION: "Desde el punto de vista económico, los
trabajos a los que acceden estos chicos no pueden competir con la venta de drogas.
Muchas veces, los jóvenes ocupan el lugar de «soldaditos» en las organizaciones
porque no pueden ocupar otros lugares. Hay que brindar propuestas llamativas,
espacios adonde ellos quieran circular".​
​
En la misma línea se expresó la directora de Abordaje Estratégico de la Sedronar,
Florencia Tufró: "Para resolver los problemas, buscamos las potencialidades de los
jóvenes que están en una situación de vulnerabilidad. Tratamos de trabajar
fuertemente la inclusión en el sistema educativo". Todos los referentes oficiales y
sociales que trabajan en Moreno coinciden al explicar un problema básico en la zona:
la influencia del narcotráfico entre los menores, que les muestra a los adolescentes un
modelo de ascenso social basado en el acceso a las armas.​
​
"Los jóvenes -indicó el obispo Maletti- están afectados por las consecuencias de la
corrupción, del narcotráfico y del descuido del medio ambiente. Piden ayuda, piden
que no los abandonemos". Organizaciones sociales intentan poner un dique al avance
narco en las zonas mas complicadas. En el barrio Trujui de Moreno funciona la
Fundación Franciscana, una organización no gubernamental vinculada con la Iglesia
que crea espacios de contención y alfabetización para los jóvenes. Además, esta
institución desarrolla talleres de capacitación laboral y, por ejemplo, creó un plan de
microcréditos para permitir que los vecinos de la zona puedan desarrollar
emprendimientos comerciales y construir sus hogares.​
​
Dolores Rúa es la coordinadora de los grupos de la fundación a los que asisten niños y
adolescentes. En diálogo con LA NACION, dijo: "Esta zona está liberada. Hay mucha
inseguridad y complicidad. Los chicos nos cuentan que donde viven siempre hay
alguien que vende drogas. Está muy naturalizado que las personas tengan armas de
fuego, que las personas se droguen. El ambiente está muy pesado". "Los chicos
quieren trabajar -agregó-, quieren terminar la escuela. Son persistentes. Buscan su
futuro. Cuando no pueden ingresar a la universidad, buscan carreras cortas o cursos.
Sienten mucha motivación porque quieren ayudar a sus familias. Ellos necesitan
referentes adultos que no los juzguen". ​
​
Sobre las actividades que se proponen a los niños frente al avance de la pobreza y las
drogas, Juan Alberdi, también miembro de la Fundación Franciscana, explicó: "Los
chicos tienen dificultades para desear y soñar. Les damos herramientas y técnicas de
estudio con el objetivo de que puedan apostar por una realidad diferente". ​
​

La policía bonaerense realizó esta semana un operativo antidrogas en la localidad de
La Reja, en Moreno, donde fue apresado un vendedor minorista apodado "El ángel".
Más allá de la droga incautada en la vivienda del sospechoso, unos 1400 gramos de
cocaína y 800 gramos de marihuana, se secuestraron dos pistolas 9mm, una escopeta
y una carabina. La combinación de armas y venta de droga derivó en los últimos
meses en una sangrienta lucha por el control de los puestos de comercialización en
Moreno.

DIARIO LA NACIÓN - 23 de julio de 2019
Los Sampedranos: una banda narco con 125 "soldados"
armados en la villa 31
​
Pistolas, municiones, sicarios siempre dispuestos y un largo historial de homicidios
fueron, hasta la semana pasada, las principales herramientas de ocho
narcotraficantes oriundos de Paraguay que lideraban un inmenso grupo delictivo
conformado por al menos 125 ‘soldados’ -entre ellos, muchos menores- en el corazón
de la villa 31. ​
​
Así, a través de un complejo sistema de distribución de drogas que se sostenía en
cuatro anillos de seguridad dispuestos para proteger los búnkeres, los líderes de la
banda conocida como "Los sampedranos" lograron controlar la venta de cocaína,
paco y marihuana en el corazón de la villa de Retiro, con lo que generaron ganancias
mensuales de más de 12 millones de pesos, según información judicial a la que
accedió LA NACIÓN.​
​
Para identificar a las 125 personas que conformaban esta organización y capturar a 17
de sus miembros, un equipo interdisciplinario de la fiscalía federal N°1 –cuyo titular
es Jorge Di Lello– coordinó durante más de un año el trabajo conjunto de tres brigadas
de agentes encubiertos con un objetivo principal: determinar el origen de las drogas
que se venden en la villa 31.​
​
Sobre este punto, la fiscalía explicó: "Las sustancias llegarían desde territorios
limítrofes al norte de nuestro país con destino a ser distribuidas al menudeo en
diferentes puntos de la ciudad y de la provincia". A su vez, los investigadores
sostuvieron que "existe una fundada sospecha" acerca de que el abastecimiento de
drogas es realizado por una o varias bandas más importantes que "se encontrarían
–en la escala jerárquica– por encima" del grupo que fue desarticulado en la villa 31.
En este sentido, desde la fiscalía informaron también que -según detectaron- algunos
miembros de la banda viajaron reiteradamente a Paraguay, lo que podría tratarse de
excursiones para procurar el abastecimiento de drogas.​
​
Durante los 77 allanamientos realizados el viernes de la semana pasada se incautaron
15 kilos de drogas, 15 vehículos, tres armas de fuego, decenas de municiones y un
chaleco antibalas. El expediente judicial confirma que la cifra de integrantes del
grupo narco supera las 125 personas identificadas y detalla que las actividades se
extienden a zonas dentro de la villa de Retiro conocidas como Barrio San Martín,
Barrio Güemes y Playón Este: "El escenario donde se desarrollan las actividades
investigadas se encuentra bajo absoluto dominio de esta organización".​
​
"Los sampedranos" fueron definidos por los investigadores judiciales en el
documento al que accedió LA NACIÓN como "una compleja organización" que está

integrada por "un gran número de personas, muchas de ellas armadas, que se
reparten diferentes roles". Para evitar que los vecinos se atrevan a denunciar las
actividades ilegales, los narcos "utilizan la asistencia interesada y coactiva de vecinos
necesitados, la intimidación, las amenazas y hasta asesinatos", revela el expediente.​
​
En esta línea, la fiscalía destacó las acciones encaradas permitieron identificar a
cuatro máximos responsables del narcotráfico en la villa y a otros cuatro que siguen
detrás de ellos en la cadena de mando, además de 13 encargados de llevar adelante las
ventas en un territorio que tienen dividido en tres "canchas" o "gerencias" y,
finalmente, cuatro proveedores de droga.​
​
Según describen los investigadores, al menos 77 inmuebles fueron detectados como
centros de acopio de drogas, búnkeres de venta al menudeo, guaridas para las armas o
viviendas de los narcos. Sobre este punto, se indicó que los destinos de las viviendas
se modificaban rotativamente en función de los allanamientos: esto significa que
donde un día había armas de alto calibre tal vez al otro hubiese un colchón o un
manojo de dosis de paco.​
​
Entre los datos recopilados en el informe judicial surge uno realmente alarmante: los
traficantes utilizan reiteradamente a menores de edad como centinelas o vigías que
recorren el barrio en bicicleta o están parados en puntos fijos que son la antesala del
corazón de la villa: "La ubicación de los puestos de vigilancia es estratégica; se colocan
en los accesos al sector principal, en posiciones con visión perimetral de los
diferentes pasillos, y permanecen allí durante varias horas".​
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El equipo interdisciplinario de la fiscalía federal N°1 centraliza las investigaciones
sobre las actividades de los narcos de la villa 31 desde 2012. Pero en esta ocasión, junto
a la Policía de la Ciudad, se valieron de un mecanismo de investigación diferente:
montaron un tejido de cámaras ocultas estratégicamente colocadas para filmar, desde
junio de 2018, las actividades del grupo narco.​
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Estas imágenes permitieron elaborar una base de datos propia con imágenes, videos y
mapas sobre la actividad de una organización que, durante los últimos 7 años, ante el
incremento de la presión federal, desarrolló un alto grado de especialización para
reorganizarse y abrir nuevos focos de venta.​
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Por primera vez los investigadores lograron identificar, uno por uno, a los líderes del
grupo de narcos de la villa 31. "Nunca antes se había tenido esta dimensión del
fenómeno; es llamativo lo desmesurado de su alcance", explicaron desde la fiscalía.
Este sistema de vigilancia fue determinante ya que los habitantes del barrio sienten
miedo de colaborar con la Justicia: temen represalias de este violento grupo que,
saben, no solo ha usurpado viviendas, sino que también habría desplegado la
violencia para ajustar cuentas; entre otros hechos que se les atribuye está el reciente
asesinato de tres personas que terminaron carbonizadas.

"Por temor a represalias, los vecinos se negaron a ser identificados o incluso a
dialogar sobre el problema. Pero quienes sí lo hicieron aportaron información vital",
afirma el informe judicial. Junto al sistema de videovigilancia que instaló la Dirección
Autónoma de Tecnologías Aplicadas, y el trabajo del Cuerpo de Prevención Barrial y
del Centro de Monitoreo Urbano, los datos aportados por vecinos valientes –y
cansados de la violencia y el consumo de drogas– resultó fundamental. A través de
sus testimonios la Justicia accedió a números telefónicos de los sospechosos.
Las cámaras permitieron también sortear un impedimento clave a la hora de
identificar a los líderes: en los peligrosos pasillos del asentamiento los narcos se
comunican solo en guaraní.
En el documento al que accedió LA NACIÓN, los investigadores de la fiscalía
analizaron la gravedad de la problemática para abrir el debate entre las distintas
agencias estatales en busca de una solución. "La cuestión en análisis ha alcanzado un
nivel que amerita aunar esfuerzos para neutralizarla y disponer medidas urgentes
para modificar la realidad imperante y tender a una solución. Al respecto, debe quedar
claro que no se trata de una visión utópica en aras de erradicar un flagelo de magnitud
trasnacional, sino de buscar morigerar sus efectos y de generar condiciones
necesarias para evitar su resurgimiento y proliferación a niveles como lo
evidenciados".
Y concluyeron: "Debe así perseguirse el mejoramiento de las condiciones de vida de
los habitantes del barrio, cuyas carencias económicas y sociales contribuyen a
generar condiciones óptimas para el desarrollo de organizaciones criminales como
las analizadas, que terminan convirtiendo este tipo de espacios geográficos en
guarida y retaguardia del delito".

EL AUTOR
Belisario Sangiorgio Trogliero
(Argentina, 1990). Fotógrafo,
periodista y guía de turismo de
montaña. Creció en la Patagonia.
Luego viajó a Buenos Aires para
estudiar fotografía y periodismo
en el instituto Taller, Escuela y
Agencia de periodismo (TEA),
donde obtuvo el título de técnico
superior; luego, completó su
formación profesional en la Universidad Torcuato Di Tella
(UTDT), donde se graduó con beca de mérito por
calificaciones, con el título de Magíster en Periodismo. Publicó
sus crónicas, artículos e investigaciones en los periódicos LA
NACIÓN e INFOBAE, entre otros. Escribió libros de poesía, y
también una novela. Colaboró con una decena de medios de
comunicación, radios y canales de televisión de las provincias
argentinas. Además, fue productor de contenido y community
manager en agencias de publicidad. En el canal LN+, integró el
equipo de producción del documental “Historias de frontera”,
con un rol destacado, siendo el corresponsal asignado en la
zona dos años antes del rodaje, donde realizó coberturas en
áreas militarizadas de Paraguay y Bolivia. Durante 2024 y
2025, trabajó como guía de turismo de montaña en Chubut y
Neuquén, donde realizó los cursos técnicos de rescates en ríos
y lagos; escalada profesional en roca; y asistencia inmediata
para emergencias en zonas alejadas o remotas.