Libro Discapacidad de Colombia

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2.016

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA
Y LA JURISPRUDENCIA
Recopilación tomada desde la WEB, Colombia 2016.
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ÍNDICE
MARCO LEGAL DE LA DISCAPACIDAD
Dispocisiones Constitucionales
1 Capitulo
Marco Legal Constitución Nacional........
Dispocisiones Legales...............................
Dispocisiones Legales Sectoriales.............
11
14
19
Dispocisiones Legales Sectoriales
2 Capitulo
JURISPRUDENCIA
4 Capitulo
SETENCIAS MAS BUSCADAS EN LA WEB
Sentencia C-066/13......................................
Sentencia C-458/15......................................
Sentencia T-684/14......................................
Sentencia T-933/13......................................
OTRAS SETENCIAS DE ACUERDO A:
80
158
309
366
I. Salud y Seguridad Social ....................
II. Empleo......................................................
III. Transporte..............................................
IV.Accesibilidad..........................................
V. Educación................................................
VI. Recreación y Deportes..........................
VII. Comunicación e Información.............
VIII. Cultura.................................................
IX. Otras Dispocisiones..............................
Ley Estatutaria 1618 de 2013
3 Capitulo
Definición y Principios ....................
Obligaciones del Estado..............................
Medidas para la Garantía del Ejercicio
Efectivo de los Derechos de las Personas
con Discapacidad........................................
16
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23
23
25
28
28
30
30
32
35
39
A la Corte Constitucional......................................
A la Corte Suprema de Justicia.............................
Al Consejo Superior de la Judicatura..............
Al Consejo de Estado...........................................
PROTOCOLO FACULTATIVO
5 Capitulo
4 5
458
506
523
524
Protocolo facultativo de la convención
sobre los derechos de las personas
con discapacidad ...................................... 527

su tiempo para buscar soluciones a los distintos problemas
que se presentan en cada rincón de Colombia con la población
discapacitada.
PROLOGO
Este testimonio lo quiero dejar plasmado puesto que desde
que me uní a su vida sentimental también me uní con claridad
a la lucha dura que diariamente toca emprender para
salir adelante con esta población de menores que necesitan de
personas que piensen en ellos desinteresadamente.
Después de 10 años de lucha y apoyar el trabajo jurídico, que
ha realizado el Doctor Eduardo Padilla Hernandez, profesando
admiracion por tan honorable labor filantropica al favor
de la niñez discapacitada de Colombia, no podria yo guardar
silencio ante este trabajo que se realizo durante muchos meses
que no tiene objeto distinto de apoyar a mas del 10% de
la población Colombiana que tiene discapacidades especiales
y que de una u otra manera necesitan tener claridad jurídica
para defernder sus derechos fundamentales de estas personas
que son tan humanos como cada uno de nosotros y requieren
de líderes que vayan marcando un horizonte positivo y que
faciliten el ejercicio para que cada ser humano se defienda a
si mismo, a su familia y a la comunidad que cada día le pierden
confianza al estado pro haberlos desprotegidos durante
muchos años.
Quiero que sea esta la oportunidad para felicitar el autor del
esfuerzo que hace para organizar toda esta normatividad para
sí seguir contribuyendo eficazmente a nivel regional nacional
e internacional con está población a la que él le ha dedicado
más de 10 años de su vida, sacrificando su sueño, vioajando
por todo el país y convertido en un misionero drástico con
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Tambien podra observar una relación completa de todas las
setencias de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo
de Estado.
En el quinta capitulo todo lo referido sobre el Protocolo facultativo
de la convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
PRESENTACIÓN
Al presentar este libro es importante contarle al lector lo que
contiene; en la primera parte encontrará relacionado todo sobre
el Marco Legal de la Discapacidad, donde vera las disposiciones
constitucionales como el marco legal de la Constitución
Nacional y dispocisiones Legales.
Por último encontraremos la experiencia social y juridica de
la IPS FUNTIERRA REHABILITACION que ha luchado a
lo largo y ancho del pais y se ha ganado varias setencias en la
corte constitucional tribunales y juzgados defendiendo a esta
poblacion en Colombia
En la segunda parte se explica las dispocisiones legales Sectoriales
las cuales se detalla por secciones como: Salud y Seguridad
Social, Empleo, Transporte,Accesibilidad,Educación,Re
creación y Deportes, Comunicación e Información, Cultura y
Otras Dispocisiones.
En la tercera parte se define la Ley Estatutaria 1618 de 2013,
sus Obligaciones del Estado, Medidas para la Garantía del
Ejercicio y su caso Efectivo de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
En la cuarta parte todo lo relacionado sobre la Jurisprudencia
de la Discapacidad en Colombia, como las setencias mas buscadas
en la WEB, especificando cada caso.
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MARCO LEGAL DE LA DISCAPACIDAD
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"
10 11

Disposiciones Constitucionales
PRIMERA PARTE
12 13

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Marco Legal Nacional,
Según la Constitución Nacional
En la Constitución Política de 1991 se encuentran una serie de artículos
que hacen mención expresa a la protección, atención, apoyo e integración
social de las personas con discapacidad como los siguientes:
Articulo 13: “...El Estado protegerá especialmente a las personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a quienes se prestará la
atención especializada que requieran”.
Artículo 54: “El Estado debe...garantizar a los minusválidos el derecho
a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
Artículo 68: “...La erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales,...son obligaciones especiales del
Estado”.
Así mismo la Constitución Política define una serie de derechos fundamentales,
sociales, económicos y culturales, que son de carácter universal
y por tanto cubren a quienes
presenten algún tipo de limitación o discapacidad, entre ellos encontramos:
Artículo 25: hace mención al trabajo como derecho y obligación social,
que se debe dar bajo condiciones dignas y justas.
Artículos 48 y 49: en los cuales se prescribe que la seguridad social es
un servicio público, obligatorio y a la vez un derecho irrenunciable de todos
los habitantes, además “Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud...”.
Artículo 52: fija el derecho de todas las personas a la recreación y al deporte.
Artículo 67: determina que la educación es un derecho de la persona.
Artículo 70: se relaciona con el acceso de todos a la cultura.
Artículo 366: Señala que “el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado y que
será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las
entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier
otra asignación.”
Disposiciones Legales Generales
Resolución 14861 de 1985. Por la cual se dictan normas para la protección,
seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en
especial de los minusválidos.
Ley 60 de 1993: desarrolla el régimen de transferencias de recursos y de
competencias a las entidades territoriales, con el fin de que éstas asuman
nuevas funciones y responsabilidades, especialmente en el área de educación
y salud donde el país aún muestra deficiencias en cuanto a cobertura
y calidad.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En su Artículo 5º establece que le corresponde a la Nación, a través de los
Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos y autoridades
de la administración central o de las entidades descentralizadas del
orden nacional (INCI, INSOR, ET.), las siguientes funciones:
- Formular políticas y objetivos de desarrollo.
- Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de
orientación a las entidades territoriales.
- Administrar fondos especiales de cofinanciación.
- Organizar y desarrollar programas de crédito.
- Dictar normas científico administrativas para la organización y prestación
de los servicios.
- Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en
materia educativa y de salud.
reglamentaron los procedimientos y demás formalidades necesarias que
deben cumplir las Entidades Territoriales para obtener la certificación del
cumplimiento de los requisitos que les permita asumir la administración
de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio educativo.
Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad) “Por la cual se establecen mecanismos
de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones”: Esta disposición normativa puntualiza diversos aspectos
en relación con los derechos fundamentales de las personas con limitación
y establece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus diferentes
niveles para que las personas que se encuentren en esta situación,
puedan alcanzar “...su completa realización personal y su total integración
social...”; es así como se ocupa de asuntos como la prevención, la educación,
la rehabilitación, la integración laboral, el bienestar social, la accesibilidad;
además a través de esta norma, se constituye el “Comité Consultivo Nacional
de las Personas con Limitación” en calidad de “...asesor institucional
para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas,
estrategias y programas que garanticen la integración social del limitado...”,
y se prevé la conformación de Grupos de Enlace Sectorial (Art.6º).
- Asesorar y prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales
y a sus instituciones de prestación de servicios. Vigilar el cumplimiento
de las políticas; ejercer las labores de inspección y vigilancia
en la educación y la salud y diseñar criterios para su desarrollo en los departamentos,
distritos y municipios.
El decreto 2336 de 1994, por el cual se establecen los criterios para el
manejo autónomo del Situado Fiscal, por parte de las Entidades Territoriales,
en Materia Educativa y los criterios para la elaboración del Plan de
Cubrimiento Gradual de Atención Educativa para las personas con limitaciones
o con capacidades o talentos excepcionales.
Ley 368 de 1997: “Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social...”, determina
que dentro de las funciones de esta institución está la de adelantar
y coordinar programas, para las personas con discapacidades físicas y
mentales (numeral 2, Artículo 3).
Decreto 2713 de 1999 “Por el cual se modifica la estructura de la Red de
Solidaridad Social y se definen las funciones de sus dependencias.”
Decreto 276 de 2013: establece la conformación, define las funciones y
senala elfuncionamiento del Comité Consultivo Nacional de las Personas
con Limitación, fija las funciones del Secretario Técnico, define la coordinación
del Comité Consultivo Nacional en la Consejería Presidencial para
la Política Social y reglamenta la conformación y funciones de los Grupos
El decreto 2886 del 29 de diciembre de 1994, por el cual se
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de Enlace Sectorial.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Decreto 524 de 2000: modifica el artículo 40 del Decreto 1346 de
1994, Que en los términos de los artículos 30 y 32 de la Ley 21 de 1982, los
hijos, los hermanos huérfanos de padres y los padres del afiliado a una caja
de compensación familiar que sean inválidos o tengan una disminución
de su capacidad física superior al 60% tienen derecho al pago del Subsidio
Familiar.
El Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-2002
cuyo objetivo es “mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad,
así como atendiendo el fortalecimiento y la ampliación de los servicios
existentes, facilitando su acceso, calidad y cobertura. De igual manera,
se busca estimular la extensión y consolidación de las redes territoriales y
sociales de apoyo para la atención a la discapacidad, de carácter intersectorial
e interinstitucional, que permitan el desarrollo de una cultura de convivencia
y respeto de los derechos fundamentales”.
Disposiciones Legales Sectoriales
SEGUNDA PARTE
Ley 715 de diciembre de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas
en materia de recursos y competencias...”. Esta Ley tiene incidencia en
el tema del manejo de la discapacidad, determina las responsabilidades que
tiene la Nación y las entidades territoriales departamentales y municipales
en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de los
sectores de educación, salud en correspondencia con lo determinado en
las Ley 100 de 1993 y 115 de 1994; y en los denominados “otros sectores”,
entre los cuales están transporte, deporte y recreación, cultura, prevención
y atención de desastres, y atención a grupos vulnerables.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LEYES Y DECRETOS
I CAPITULO
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Ley 790 de 2002 (artículo 5º) fusionó el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y el Ministerio de Salud, conformando el Ministerio de la
Protección Social.
Decreto 205 de 2003: Crea el Ministerio de Protección Social como director
del sector de Seguridad social, protección social y del país.
Este ministerio tiene como “objetivos primordiales la formulación, adopción,
dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento del Sistema
de la Protección Social“ “Las políticas públicas del Sistema de la Protección
Social se concretan mediante la identificación e implementación, de
ser necesario, de estrategias de reducción, mitigación y superación de los
riesgos que puedan provenir de fuentes naturales y ambientales, sociales,
económicas y relacionadas con el mercado de trabajo, ciclo vital y la salud,
en el marco de las competencias asignadas al Ministerio.
El Sistema de la Protección Social integra en su operación el conjunto de
obligaciones; instituciones públicas, privadas y mixtas; normas; procedimientos
y recursos públicos y privados destinados a prevenir, mitigar y superar
los riesgos que afectan la calidad de vida de la población e incorpora
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Sistema General de Seguridad
Social Integral y los específicamente asignados al Ministerio.
la seguridad social, laboral y la protección social del país, (empleo, trabajo,
nutrición, protección y desarrollo de la familia, previsión y Seguridad
Social Integral, articulación de acciones del Estado, la sociedad, la familia,
el individuo, coordinación de los organismos del Estado con las entidades
privadas o entes especializados, para evitar duplicidades y optimizar
la oferta y demanda de servicios, investigación, indagación, consecución,
difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales en el campo
del cuidado, protección, desarrollo de la salud y la calidad de vida, así
como en la prevención de las enfermedades, procesos de coordinación con
relación a las instituciones prestadoras de servicios de salud, facilitar la divulgación
para el reconocimiento y pleno conocimiento de los derechos de
las personas en materia de empleo, trabajo, previsión y seguridad social y
protección social, así como la información relativa a los avances en materia
de cuidado, protección y mejoramiento de la calidad de vida, etc.
Decreto 2358 de 1981: crea el Sistema Nacional de Rehabilitación;
Ley 10 de 1990: “Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud,
descentralizó la prestación de servicios en el primer nivel en los Municipios,
donde se incluye la prevención de la enfermedad.
Ley 100 de 1993 “Sistema de Seguridad Social Integral”, “...tiene por objeto
garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad
para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante
la protección de las contingencias que la afecten”.
(Art.1). Contempla disposiciones específicas en relación con la invalidez y
la discapacidad, en lo concerniente al “Sistema General de Pensiones” .
Además de las funciones que las disposiciones legales vigentes hayan asignado
a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, el Ministerio
de Protección Social debe desarrollar la formulación, dirección y coordinación
de todas las políticas, planes y estrategias relacionadas con
(Arts. 38 y 39), “Sistema General de Seguridad Social en Salud” y “Sistema
General de Riesgos Profesionales”.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
(Arts. 249 a 253 y 257). En el caso del Sistema de Salud, se prevé que toda la
población será cubierta en lo relacionado con la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad y la atención y recuperación; además señala
que las personas con discapacidad sin capacidad de pago se rán
beneficiarios del Régimen Subsidiado.
(Art.157), y que en el caso del Régimen Contributivo la cobertura familiar
incluye a las personas con discapacidad permanentes con mayoría de edad,
(Art.163).El Sistema General de Seguridad Social creado por esta Ley plantea
dos tipos de afiliación: a través del Régimen Contributivo o a través del
Régimen Subsidiado. Las personas que no accedan a ninguno de estos, se
atenderán como población vinculada a través de las redes de servicios que
se contraten para el caso. Los afiliados mediante el Régimen Subsidiado
son las personas pobres y vulnerables sin capacidad de pago, categoría en la
cual entran las personas en situación de abandono o exclusión social.
La ley 383 de 1997, sobre normas tendientes a fortalecer la lucha contra
la evasión del contrabando y otras disposiciones. En el artículo 64 numeral
6 establece el 2% para desarrollar programas para el mejoramiento de las
instituciones de salud mental del país y la atención a inimputables, para
programas de discapacidad de los niños de padres de escasos recursos y de
rehabilitación psico-social de los niños.
La ley 643 del 2001 por la cual se fija el régimen propio del monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar, a través de la cual se estableció que el
cuatro por ciento (4%) de los recursos obtenidos por la explotación de los
juegos, se destinarán para la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados,
limitados visuales y la salud mental.
Decreto 82 de 1993: fija las funciones y estructura del Instituto de
Bienestar Familiar.
Decreto Ley 2737 de 1989: adoptó el Código del Menor, en el cual se
consideró al menor con deficiencias14 y se fijaron responsabilidades de la
familia y del Estado en la atención de los niños y niñas en esta condición.
Las siguientes disposiciones se han encargado de reglamentar la ley 100
de 1993:
Decretos 2226 de 1996 y 1152/99: asignan al Ministerio de Salud
la función relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución
de los planes y programas que en el campo de la salud, se relacionen con la
tercera edad, indigentes, minusválidos y discapacitados.
RESOLUCIONES
Resoluciones: 5261 de 1994: adopta el manual de actividades, intervenciones
y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema de
Seguridad Social en Salud, en el que se incluyen las actividades y procedimientos
de rehabilitación.
Resolución 4288 de 1996: define el Plan de Atención Básica que contiene
acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
para toda la población.
Resolución 3165 de 1996: adopta los lineamientos de atención en salud
para las personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías.
Ley 82 de 1993: se expiden normas para apoyar de manera especial a la
mujer cabeza de familia.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
La Resolución número 3997 del 30 de octubre de 1996 del
Ministerio de Salud, por la cual se establecen las actividades y los procedimientos
para el desarrollo de las acciones de promoción y prevención
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de obligatorio
cumplimiento por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS), Entidades Adaptadas, las Administradoras
del Régimen Subsidiado (ARS) e instituciones públicas prestadoras
de servicios de salud.
La Resolución 4288 del 20 de noviembre de 1996 del Ministerio
de Salud por la cual se definió el Plan de Atención Básica (PAB) del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Resolución 238 de 1999: “Por la cual se establecen las normas técnicas,
científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales
para la prestación de servicios de salud...” quedando incluidos los servicios
relacionados con psiquiatría, medicina física y rehabilitación, terapia ocupacional,
física y del lenguaje, etc.;
Resolución 412 de 2000 y la 3384 de 2000, establecen las actividades,
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio
cumplimiento, adoptan las normas técnicas y guías de atención para
eventos de detección temprana, protección específica y enfermedades de
interés en salud pública.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud ha expedido los siguientes
acuerdos:
El Acuerdo Número 72 del 29 de agosto de 1997, del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud del Ministerio de Salud, por medio
del cual se definió el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado para la
atención en Rehabilitación funcional de las personas con deficiencia, discapacidad
o cualquiera que haya sido su patología ausante de acuerdo a lo
dispuesto en la resolución 5261 de 1994 (Articulo 84).
El Acuerdo Número 74 del 31 de octubre de 1997, del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud del Ministerio de Salud, por medio
del cual se hacen adiciones al Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado.
Acuerdo 77 de 1997: define la forma y condiciones de operación del
Régimen Subsidiado, incluyendo como priorizables para la afiliación a la
población con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales;
Acuerdo 117 de 1998 “Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento
de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda
inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública”.
Resolución 3374 de 2000: reglamenta el sistema de información del
Ministerio de Salud;
Resolución 1896 de 2001: adopta la Clasificación Única de Procedimientos
en Salud, incluyendo los procedimientos relacionados con el desempeño
funcional y la rehabilitación.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LEYES Y DECRETOS
CAPITULO II
EMPLEO
Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios 1571 y 1572 de 1998
por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan medidas
tendientes a garantizar en igualdad de oportunidades las condiciones
de acceso al servicio público, en empleos de carrera administrativa, a
aquellos ciudadanos que se encuentranlimitados físicamente, con el fin de
proporcionarles un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Ley 82 de 1989: ratificó el Convenio 159 de la OIT que mediante las cuales
se propende para que la persona con discapacidad, tenga la oportunidad
de un empleo adecuado y se promueva la integración o la reintegración de
ella en la sociedad con participación de la colectividad.
Decretos 970 de 1994 que promulga el Convenio sobre readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas.
Decretos 692 de 1995 que adopta el manual de calificación de invalidez.
Decretos 917 de 1999 sobre el “Manual Único de calificación de pérdida
de capacidad laboral”.
Decretos 1128 de 1999 reestructura el Ministerio y se incluye la asignación
de funciones con respecto al tema de discapacidad.
Decretos 2463 de 2001 “Reglamenta la integración, financiación y
funciones de las Juntas de Calificación de Invalidez”.
Circulares sobre pérdida de capacidad laboral, y rehabilitación integral
para el Sistema General de Riesgos Profesionales.
CAPITULO III
TRANSPORTE
Ley 105 de 1993: “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el
transporte...”. En los principios definidos en el Artículo 3º , plantea el acceso
al transporte “ en el diseño de la infraestructura de transporte, así
como en la provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, las
autoridades competentes promuevan el establecimiento de condiciones
para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos”; y en lo
que corresponde a subsidios, se posibilita el establecimiento de éstos a favor,
entre otros, de las personas con discapacidad física.
CAPITULO IV
ACCESIBILIDAD
Ley 12 de 1987: suprime algunas barreras arquitectónicas y se dictan
otras
disposiciones.
Normas Técnicas ICONTEC:
NTC. 4144 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios
y señalización.
NTC. 4279 de 1.998: Accesibilidad de las personas al medio físico, espacios
urbanos y rurales, vías de circulación peatonales planos.
Resolución 612 de 2000 “asigna funciones a la Junta de Calificación
NTC. 4904 de 2.000: Accesibilidad de las personas al medio físico, estacionamiento
accesible.
de Invalidez”;
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
NTC. 4141 de 1.997: Accesibilidad de las personas al medio físico, símbolo
de sordera o hopoacusia y dificultad de comunicación.
NTC. 4139 de 1.997: Accesibilidad de las personas al medio físico, símbolo
gráfico, características generales.
NTC. 4142 de 1.997: Accesibilidad de las personas al medio físico, símbolo
de Ceguera y Baja Visión.
NTC. 4626 de 1.999: Audífonos, medida de las características de desempeño
de los Audífonos para inspección de calidad con propósitos de
entrega.
NTC. 4774 de 2.000: Accesibilidad de las personas al medio físico, espacios
urbanos y rurales, cruces peatonales a nivel y elevados o puentes
peatonales.
NTC. 4902 de 2.000: Accesibilidad de las personas al medio físico, cruces
peatonales a nivel señal y sonora para semáforos peatonales.
NTC. 4140 de 1.997: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios,
pasillos, corredores y características generales.
NTC. 4349 de 1.998: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios,
ascensores.
NTC. 4201 de 1.997: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios,
equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.
NTC. 4145 de 1.998: Accesibilidad de las personas al medio físico, edifico
y escaleras.
NTC. 4732 de 1.999: Muebles escolares, pupitre y sillas para alumnos
con limitaciones físicas, parálisis cerebral.
NTC. 4733 de 1.999: Muebles escolares, pupitres para alumnos en sillas
de ruedas.
NTC. 4268 de 1.997: Sillas de Ruedas, clasificación por tipo, con base en
características de Aspecto.
NTC. 4407 de 1.998: Vehículos automotores, vehículos para el transporte
público colectivo de todas las personas, incluidas aquellas con movilidad
reducida. Capacidad mínima 19 personas.
Manual de Accesibilidad al Espacio Público y al Transporte: elaborado con
el apoyo de la Universidad Nacional para el Fondo de Prevención Vial.
LEYES Y DECRETOS
CAPITULO V
EDUCACIÓN
Decreto 2177 de 1885: normaliza aspectos de educación, readaptación
y reubicación laboral;
Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”. El Capítulo 1 del
Titulo III (Artículos 46 a 49), Prevé la “Educación para personas con limitaciones
o capacidades excepcionales”, la cual plantea que la educación para
estos grupos “...es parte integrante del servicio público educativo”. (Art. 46),
y que “...el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias
orientadas a la adecuada atención educativa...” (Art. 47).
NTC. 4143 de 1.998: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificio,
rampas fijas.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
La Ley 119 de 1994, por la cual se reestructura el SENA, en su Artículo
3º numeral 9, señaló como uno de sus objetivos el de “Organizar programas
de readaptación profesional para personas discapacitadas”.
El decreto 1860 de agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos
generales para la prestación del Servicio Público Educativo y donde establece
los aspectos generales del Proyecto Educativo Institucional PEI
Decreto 369 de 1994: modifica la estructura y funciones del Instituto
Nacional para Ciegos –INCI-;
El decreto 0114 del 15 de enero de 1996: reglamenta la creación, organización
y funcionamiento de programas e instituciones de Educación
no Formal.
El decreto 709 del 17 de abril de 1996: estableció el reglamento
general para el desarrollo de programas de formación de educadores y se
crearon las condiciones para su mejoramiento profesional.
El Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996: reglamentó la atención
educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos
excepcionales.
Decreto 1336 de 1997: aprueba el Acuerdo número 960034 del 12 de diciembre
de 1996 que establece la estructura interna del Instituto Nacional
para Ciegos, INCI, y determina las funciones de sus dependencias.
El decreto 1509 del 4 de agosto de 1998 por el cual se reglamenta
parcialmente el decreto 369 de 1994 y se dictan otras disposiciones en
lo que tiene que ver con servicios y atención a limitados visuales en educación,
salud y trabajo; procedimientos generales para la designación del
representante del Presidente de la República ante el Consejo Directivo del
INCI y las disposiciones para el ejercicio de la supervisión y la vigilancia
que debe
cumplir el INCI con relación a las Entidades y Organismos De ciegos y Entidades
Para ciegos que presten servicios a población limitada visual.
Decreto 672 de 1998 relacionado con la educación de niños sordos y
la lengua de señas;
Norma Técnica 4595: establece los requisitos para el planeamiento y
diseño físicoespacial de nuevas instalaciones escolares, acogiendo los temas
de accesibilidad, seguridad y comodidad.
Norma Técnica 4596: establece requisitos para diseñar y desarrollar
un sistema integral de señalización en las instituciones educativas, que
contribuya a la seguridad y fácil orientación de los usuarios dentro de éstas,
dispone el uso de señales para personas con discapacidad.
Norma Técnica 4732 y 4733: especifican los requisitos que deben
cumplir y los ensayos a los que se deben someter los pupitres y las sillas
destinadas para uso de los estudiantes con parálisis cerebral y en sillas de
ruedas, respectivamente17.
Decreto 2082 de 1996: reglamenta la atención educativa para personas
con limitaciones o capacidades excepcionales15, en desarrollo del cual se
formuló lo correspondiente al Plan de Cubrimiento Gradual de Atención
Educativa para las personas con limitaciones o capacidades excepcionales16.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
CAPITULO VI
RECREACIÓN Y DEPORTE
Ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el Fomento del
Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación
Física...”. El Numeral 4 del Artículo 3 plantea como parte del objeto “
Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte
y recreación de las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales...”,
lo cual es también tratado en los artículos 11,12 y 24.
Ley 582 de 2000, establece el Sistema Deportivo Nacional de las personas
con discapacidad y crea el Comité Paraolímpico Colombiano máximo
ente rector del deporte y organiza por modalidad de discapacidad cada una
de las federaciones deportivas.
CAPITULO VII
COMUNICACIONES E INFORMACIÓN
Ley 324 de 1996 “Por la cual se crean algunas normas a favor de la población
sorda”. En ésta, el Estado aprueba la lengua de señas como oficial
de la comunidad sorda y se plantea la investigación y difusión de la misma,
se prevé la introducción de tecnologías y el servicio de interpretes.
Ley 335 de 1996 relacionada con la Comisión Nacional de Televisión
(CNT) y mediante la cual se crea la televisión privada, ordena que “...Se deberá
incluir el sistema de subtitulación o lengua manual para garantizar
el acceso de este servicio a las personas con problemas auditivos o sordas”
(Art.12).
Decreto 1900 de 1990: “Por el cual se reforman normas y estatutos que
regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines.
La Ley 488 de 1998 por la cual se expiden normas en materia tributaria
y se dictan otras Bdisposiciones fiscales de las entidades territoriales y en
la cual bienes como las impresoras braille, estereotipadoras braille, líneas
braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, máquinas inteligentes
de lectura, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema
braille, así como los artículos y aparatos de ortopedia, prótesis, artículos
y aparatos de prótesis; todos para uso de personas, audífonos y demás
aparatos que lleve la propia persona, o se le implanten para compensar un
defecto o una incapacidad y bastones para ciegos aunque estén dotados de
tecnología; se hallan excluidos del IVA y por consiguiente su venta o importación
no causa el impuesto a las ventas.
Decreto 1130 de 1999: reestructura el Ministerio de Comunicaciones
y además plantea entre otros asuntos que: la información es un derecho
fundamental, las telecomunicaciones tienen por objeto elevar el nivel de
vida de los habitantes, las comunicaciones deben tener un uso y beneficio
social, y se debe desarrollar investigación y nuevas tecnologías.
Acuerdo 38 de 1988 de la CNT: crea mecanismos para garantizar el
acceso al servicio público de televisión por parte de las personas con limitación
auditiva.
La Resolución 001080 del 5 de agosto de 2002 fija los criterios
aplicables a la programación de televisión para la población sorda.
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CAPITULO VIII
CULTURA
Ley 397 de 1997 “Por la cual...se dictan normas sobre el patrimonio cultural,
fomentos y estímulos de la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura...”.
En el numeral 13 del Artículo 1º (Principios fundamentales) señala
que el Estado, al formular la política cultural tendrá en cuenta y concederá
“especial tratamiento a las personas limitadas física, sensorial y psíquicamente...”.
E igualmente, en los Artículos 50 y 60, se fija que en los Consejos
nacional, departamentales, distritales y municipales, habrá un representante
de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos
y sensoriales.
CAPITULO IX
OTRAS DISPOCISIONES
LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013
(febrero 27)
D.O. 48.717, febrero 27 de 2013
TERCERA PARTE
Ley 546 de 1999, por la cual se dictan normas en materia de vivienda
y se dispone la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las
viviendas construidas para la población con limitaciones. Dichas viviendas
no tendrán barreras arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas
para dicha población, de acuerdo con las reglamentaciones que para el
efecto expida el Gobierno Nacional.
La Ley 29 de 1990 que estipula la obligación del Estado de promover
y orientar el adelanto científico y tecnológico, y por lo mismo incorporar
la ciencia y tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y
social del país.
Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Nota: Mediante la Sentencia C-765 de 2012 la Corte Constitucional
efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley de la
Ley Estatutaria número 92 de 2011 Cámara – 167 de 2011 Senado.
Ley 104 de 1993 consagra unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2381 de 1993 por el cual se declara el 3 de diciembre como el
día nacional de las personas con discapacidad .
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OBJETO
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante
la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes
razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad,
en concordancia con la Ley 1346 de 2009.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
3. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer
a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de
eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social,
cultural o económico que los afectan.
4. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que
deben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar
el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y
utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales.
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS
TÍTULO II
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los
siguientes conceptos:
1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo
las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
2. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder,
participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente,
junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por
motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta
estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona.
5. Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo
de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.
Estas pueden ser:
LEY
a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos,
preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones
de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad
a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece
la sociedad.
b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso
a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo
en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas
con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas
las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.
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c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que
impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de
carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas
con discapacidad.
6. Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y terapéuticas,
encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén
en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde
el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera
que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes.
7. Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la
plena integración de la persona con discapacidad al medio familiar, social
y ocupacional, a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos
que se brindan acorde al tipo de discapacidad.
Artículo 3°. Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad
humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad,
equidad, Justicia, inclusión, progresividad en la financiación, equiparación
de oportunidades, protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo,
accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y
participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley
1346 de 2009.
Artículo 4°. Dimensión normativa. La presente ley se complementa con
los pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos
relativos a las Personas con Discapacidad, aprobados y ratificados
por Colombia.
En ningún caso, por implementación de esta norma podrán restringirse o
menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos en favor de las personas
con discapacidad, en la legislación interna o de convenciones internacionales.
8. Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas
efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características
particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes
a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades
de protección propias y específicas.
9. Redes nacionales y regionales de y para personas con
discapacidad: Son estructuras sin personería jurídica, que agrupan las
organizaciones de y para personas con discapacidad, que apoyan la implementación
de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Parágrafo. Para efectos de la presente ley, adicionalmente se adoptan las
definiciones de “comunicación”, “Lenguaje”, “discriminación por motivos
de discapacidad”, “ajustes razonables” y “diseño universal”, establecidas en
la Ley 1346 de 2009.
TÍTULO III
OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD
Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden
nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del
Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y
efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las
políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus
derechos, de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009.
Para tal fin, las autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las
siguientes acciones:
1. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones
adquiridas, según el artículo 4° de la Ley 1346 de 2009.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
2. La Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de
acuerdo con sus competencias, así como todas las entidades estatales de todos
los órdenes territoriales, incorporarán en sus planes de desarrollo tanto
nacionales como territoriales, así como en los respectivos sectoriales e
institucionales, su respectiva política pública de discapacidad, con base en
la Ley 1145 de 2007, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
de las personas con discapacidad, y así mismo, garantizar el acceso
real y efectivo de las personas con discapacidad y sus familias a los diferentes
servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos.
3. Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación
de sus planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial
que permita garantizar que las personas con discapacidad se beneficien
en igualdad de condiciones y en términos de equidad con las demás
personas del respectivo plan, programa o proyecto .
4. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios
destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran
para que las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado
bien o servicio social, y publicar esta información para consulta de
los ciudadanos.
7. Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación
plena de las personas con discapacidad en la formulación de las diferentes
políticas públicas.
8. Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación,
elaborarán un plan interinstitucional en un término no mayor a dos (2)
años en el que, se determinen los recursos requeridos para la protección
de los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno Nacional
apropiará los recursos necesarios en concordancia con el Acto Legislativo
número 03 de 2011.
9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional
de Planeación, elaborarán anualmente los estudios económicos requeridos
que permitan establecer progresivamente, en el marco fiscal de
mediano plazo, los montos de los recursos necesarios a incluir dentro del
presupuesto nacional destinados al cumplimiento de las políticas, planes,
programas y proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad. En concordancia con las obligaciones
adquiridas por Colombia en los numerales 1° literal a, y 2°, del artículo
4°, Ley 1346 de 2009.
5. Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la
localización y caracterización de las personas con discapacidad, integrados
en el sistema de información de la protección social, administrado por
el Ministerio de Salud y Protección Social.
6. Tomar las medidas tendientes a incentivar y orientar las estrategias de
cooperación internacional e inversión social privada para generar programas
y proyectos tendientes a mejorar las condiciones de las personas
con discapacidad, así como en la implementación de ajustes razonables y
acciones de inclusión social de las personas con discapacidad, bajo la coordinación
de la agencia colombiana de cooperación internacional o quien
haga sus veces.
10. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal,
distrital y local incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva,
en el marco fiscal a mediano plazo, las partidas necesarias para hacer
efectivas las acciones contenidas en favor del ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad.
11. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
y el Ministerio de Trabajo, o quienes hagan sus veces dispondrán los
mecanismos necesarios para la integración de un Consejo para la Inclusión
de la Discapacidad.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
12. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) adoptará las medidas
pertinentes para que cuando las familias tengan una o varias personas con
discapacidad, el puntaje en la clasificación socioeconómica esté acorde al
tipo de discapacidad y al grado de deficiencia otorgado por la instancia autorizada,
con el fin de que se facilite el registro de estos grupos familiares
en el Sisbén y en consecuencia el acceso a los programas sociales.
13. Las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo
acciones para fortalecer el Registro de Localización y Caracterización
de las Personas con Discapacidad (Rlcpcd), integrado al Sistema de
Información de la Protección Social (Sispro), e incorporar la variable discapacidad
en los demás sistemas de protección social y sus registros administrativos.
Artículo 6°. Deberes de la sociedad. Son deberes de la familia, las empresas
privadas, las organizaciones no gubernamentales, los gremios y la
sociedad en general:
1. Integrar las veedurías locales y municipales.
2. Las empresas, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, las
Cámaras de Comercio, los sindicatos y organizaciones de personas con discapacidad,
integrarán el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, que
para el efecto se crea en el numeral 11 del artículo 5°.
Este consejo tendrá como fin coordinar las acciones que el sector privado
adelante con el fin de coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión
de las personas con discapacidad.
3. Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos
los derechos de las personas con discapacidad.
4. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales,
sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación,
y de cualquier otro tipo, que impidan la efectiva participación de las personas
con discapacidad y sus familias.
5. Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión
social de las personas con discapacidad.
6. Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
7. Denunciar cualquier acto de exclusión, discriminación o segregación
contra las personas con discapacidad.
TÍTULO IV
MEDIDAS PARA LA GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 7°. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De
acuerdo con la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el
artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con discapacidad
deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas.
Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y niñas
con discapacidad, el Gobierno Nacional, los Gobiernos departamentales y
municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán
adoptar las siguientes medidas:
1. Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la
primera infancia, mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de
los derechos de los niños y niñas con discapacidad.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
2. Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención
temprana para los niños y niñas que durante la primera infancia tengan
alto riesgo para adquirir una discapacidad o con discapacidad.
3. Las Direcciones Territoriales de Salud, Seccionales de Salud de cada
departamento, distritos y municipios, establecerán programas de apoyo
y orientación a madres gestantes de niños o niñas con alto riesgo de
adquirir una discapacidad o con discapacidad; que les acompañen en su
embarazo, desarrollando propuestas de formación en estimulación intrauterinas,
y acompañamiento durante la primera infancia.
4. Todos los Ministerios y entidades del Gobierno Nacional, garantizarán
el servicio de habilitación y rehabilitación integral de los niños y niñas
con discapacidad de manera que en todo tiempo puedan gozar de sus derechos
y estructurar y mantener mecanismos de orientación y apoyo a sus
familias.
5. El Ministerio de Educación o quien haga sus veces establecerá estrategias
de promoción y pedagogía de los derechos de los niños y niñas con
discapacidad.
6. El Ministerio de Educación diseñará los programas tendientes a asegurar
la educación inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con
discapacidad en las escuelas, según su diversidad.
Artículo 8°. Acompañamiento a las familias. Las medidas de inclusión
de las personas con discapacidad adoptarán la estrategia de Rehabilitación
Basada en la Comunidad (RBC) integrando a sus familias y a su comunidad
en todos los campos de la actividad humana, en especial a las familias
de bajos recursos, y a las familias de las personas con mayor riesgo de exclusión
por su grado de discapacidad, en concordancia con el artículo 23 de
Ley 1346 de 2009, para lo cual se adoptarán las siguientes medidas:
1. Las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y
locales competentes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), deberán apoyar programas orientados a desarrollar las capacidades
de la persona, la familia y la comunidad en el autocuidado y en la
identificación de los riesgos que producen discapacidad.
2. Las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y
locales competentes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), deberán establecer programas de apoyo y acompañamiento a
las familias de las personas con discapacidad, que debe articularse con otras
estrategias de inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza.
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), o el ente que
haga sus veces, deberá establecer programas de apoyo y formación a los
cuidadores, relacionados con el cuidado de las personas con discapacidad,
en alianza con el SENA y demás instancias que integran el sistema nacional
de discapacidad.
4. Implementar estrategias de apoyo y fortalecimiento a familias y cuidadores
con y en situación de discapacidad para su adecuada atención, promoviendo
el desarrollo de programas y espacios de atención para las personas
que asumen este compromiso.
5. En los planes, programas y proyectos de cooperación nacional e
internacional que sean de interés de la población con discapacidad concertados
con el gobierno, se incluirá la variable de discapacidad y atención
integral a sus familias, para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Artículo 9°. Derecho a la habilitación y rehabilitación integral. Todas
las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de
habilitación y rehabilitación integral respetando sus necesidades y posibilidades
específicas con el objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía
e independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así como
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la habilitación y rehabilitación,
se implementarán las siguientes acciones:
1. La Comisión de Regulación en Salud (CRES), definirá mecanismos para
que el Sistema General de Seguridad Social y Salud (SGSSS) incorpore dentro
de los planes de beneficios obligatorios, la cobertura completa de los
servicios de habilitación y rehabilitación integral, a partir de estudios de
costo y efectividad que respalden la inclusión. Para la garantía de este derecho
se incluirán distintas instituciones como el Ministerio de Cultura, el
Ministerio de Salud y Protección Social, Artesanías de Colombia, el Sena, y
los distintos Ministerios según ofrezcan alternativas y opciones terapéuticas.
2. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará
que la prestación de estos servicios se haga con altos estándares de
calidad, y sistemas de monitoreo y seguimiento correspondientes.
3. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, definirá,
promoverá y visibilizará, en alianza con la Superintendencia Nacional
de Salud y otros organismos de control, esquemas de vigilancia, control y
sanción a los prestadores de servicios que no cumplan con los lineamientos
de calidad o impidan o limiten el acceso a las personas con discapacidad
y sus familias.
4. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará
la coordinación y articulación entre los diferentes sectores involucrados
en los procesos de habilitación y rehabilitación integral, y entre las
entidades del orden nacional y local, para el fortalecimiento de los procesos
de habilitación y rehabilitación funcional como insumo de un proceso
integral, intersectoria( cultura, educación, recreación, deporte, etc.).
5. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces,
garantizará que las entidades prestadoras de salud implementen servicios
de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su
vida digna y su inclusión en la comunidad, evitando su aislamiento.
6. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces,
implementará servicios nacionales y locales de atención e información a
los usuarios con discapacidad y sus familias.
7. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará
que las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud,
implementen programas y servicios de detección y atención integral temprana
de la discapacidad a las características físicas, sensoriales, mentales
y otras que puedan producir discapacidad.
8. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, regulará
la dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de prótesis,
y otras ayudas técnicas y tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias
de las personas con discapacidad, sin ninguna exclusión, incluidos
zapatos ortopédicos, plantillas, sillas de ruedas, medias con grandiente de
presión o de descanso y fajas.
9. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces,
garantizará la rehabilitación funcional de las personas con Discapacidad
cuando se haya establecido el procedimiento requerido, sin el pago de cuotas
moderadoras o copagos, en concordancia con los artículos 65 y 66 de la
Ley 1438 de 2011.
10. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces
establecerán los mecanismos tendientes a garantizar la investigación y la
prestación de la atención terapéutica requerida integrando ayudas técnicas
y tecnológicas a la población con discapacidad múltiple.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Artículo 10. Derecho a la salud. Todas las personas con discapacidad
tienen derecho a la salud, en concordancia con el artículo 25 de la Ley
1346 de 2009.
Para esto se adoptarán las siguientes medidas:
1. El Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga sus veces,
deberá:
a) Asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes obligatorios,
Plan Decenal de Salud, Planes Territoriales en Salud, y en el Plan de Salud
Pública de Intervenciones Colectivas, garantice la calidad y prestación
oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de todos
los servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad, necesarias para
la habilitación y rehabilitación integral en salud de las personas con discapacidad
con un enfoque diferencial, y desarrollo de sus actividades básicas
cotidianas.
b) Asegurar que los programas de salud pública establezcan acciones de
promoción de los derechos de las personas con discapacidad desde la
gestación, así como el desarrollo de estrategias de prevención de factores
de riesgo asociados a la discapacidad que no afecten la imagen y la dignidad
de las personas que ya se encuentran en dicha situación.
c) Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles
a las personas con discapacidad.
d) Desarrollar políticas y programas de promoción y prevención en salud
mental y atención psicosocial para la sociedad.
f) Asegurar que el Sistema de Prevención y Atención de Desastres y Ayuda
Humanitaria, diseñe lineamientos y acciones de atención para asistir en
igualdad de condiciones a las personas con discapacidad en situaciones de
desastres y emergencia humanitaria.
g) En el marco del Plan Decenal de Salud adoptará medidas tendientes a
prevenir la discapacidad congénita, lesiones y accidentes.
h) Las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, en
sus planes de desarrollo de salud y salud pública, incluirán un capítulo en
lo relacionado con la discapacidad.
2. Las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud deberán:
a) Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad
en todos sus procedimientos, lugares y servicios.
b) Deberán establecer programas de capacitación a sus profesionales y
empleados para favorecer los procesos de inclusión de las personas con
discapacidad.
c) Garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a
la
residencia de la persona con discapacidad, incluso en las zonas rurales, o
en su defecto, facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad
y de su acompañante.
d) Establecer programas de atención domiciliaria para la atención integral
en salud de las personas con discapacidad.
e) Promover el sistema de registro de localización y caracterización de las
personas con discapacidad y sus familias, e incorporar la variable discapacidad
en los demás sistemas de protección social y sus registros administrativos.
e) Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o
de otro tipo, que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios
de salud para las personas con discapacidad.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
f) Brindar la oportunidad de exámenes médicos que permitan conocer el
estado del feto en sus tres primeros meses de embarazo, a madres de alto
riesgo, entendiendo por alto riesgo madres o padres con edad cronológica
menor a 17 años o mayor a 40 años. Madres o padres con historia clínica
de antecedentes hereditarios o en situaciones que el médico tratante lo
estime conveniente.
3. La Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones territoriales de
Salud y los entes de control, deberán estipular indicadores de producción,
calidad, gestión e impacto que permite medir, hacer seguimiento a la
prestación de los servicios de salud, a los programas de salud pública y a los
planes de beneficios, que se presten y ofrezcan para las personas con discapacidad
e incorporar en el Programa de Auditorías para el Mejoramiento
de la Calidad (Pamec), los indicadores de discapacidad y de esta forma asegurar
la calidad en la prestación de los servicios de salud por parte de las
entidades responsables, y sancionar cualquier acción u omisión que impida
o dificulte el acceso de las personas con discapacidad.
La Superintendencia Nacional de Salud, las Secretarías de Salud y los entes
de control, deberán asegurar la calidad en la prestación de los servicios de
salud por parte de las entidades responsables, y sancionar cualquier acción
u omisión que impida o dificulte el acceso de las personas con discapacidad.
Artículo 11. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación
Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa
a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el
acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en
la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación
Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con
los distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención
educativa integral a la población con discapacidad.
1. En consecuencia, el Ministerio de Educación deberá, en lo concerniente a
la educación preescolar básica y media:
a) Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la
perspectiva de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales, como sujetos de derecho, específicamente su reconocimiento e
integración en los establecimientos educativos oficiales y privados.
b) Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades
educativas especiales a una educación de calidad, definida como aquella
que “forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respe
tuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz.
Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad
para ellos y para el país. Una educación competitiva, que contribuye
a cerrar brechas de inequidad, centrada en la Institución Educativa y en la
que participa toda la Sociedad”.
c) Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para
las personas con discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión.
d) Garantizar la asignación de recursos para la atención educativa a las
personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido por la Ley
715 de 2001, el Decreto número 366 de 2009 o las normas que lo sustituyan.
e) En el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la
Primera Infancia, desarrollar Programas de Atención Integral a la Primera
Infancia (AIPI) que promuevan la inclusión, así como los pertinentes
procesos de detección, intervención y apoyos pedagógicos relacionados
con el desarrollo de los niños y las niñas.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En este marco, se deben promover programas de educación temprana que
tengan como objetivo desarrollar las habilidades de los niños y niñas
con discapacidad en edad preescolar, de acuerdo con sus necesidades específicas.
f) Diseñar en el término de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley un programa intersectorial de desarrollo y asistencia
para las familias de los niños, niñas, adol escentes y jóvenes con discapacidad.
g) Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la implementación
de las estrategias para el acceso y la permanencia educativa con
calidad para las personas con discapacidad, en el marco de la inclusión, tanto
para las personas en edad escolar, como para los adultos.
h) Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias para el acceso
y la permanencia educativa con calidad para las personas con discapacidad,
en el marco de la inclusión, tanto para las personas en edad escolar,
como para los adultos.
i) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo,
que todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir
la calidad y, cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elementos
análogos sean plenamente accesibles a las personas con discapacidad.
j) Incluir dentro del programa nacional de alfabetización metas claras
para la reducción del analfabetismo de jóvenes, adultas y adultos con discapacidad,
para garantizar su inclusión, teniendo presente la importancia
que tiene para la educación de los niños y las niñas que padres y madres
sepan leer y escribir.
k) Garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de la educación
secundaria, así como asegurar que los jóvenes y adultos con discapacidad
tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional,
la educación para adultos, la educación para el trabajo y el aprendizaje
durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con
las demás; en todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una
universidad pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por
la institución de educación superior.
2. Las entidades territoriales certificadas en educación deberán:
a) Promover una movilización social que reconozca a los niños y jóvenes
con discapacidad como sujetos de la política y no como objeto de la asistencia
social. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen todos
los derechos de cualquier ser humano y, además, algunos derechos adicionales
establecidos para garantizar su protección.
b) Fomentar en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de
respeto al derecho a una educación de calidad para las personas con discapacidad
que desarrolle sus competencias básicas y ciudadanas.
c) Orientar y acompañar a los establecimientos educativos para la
identificación de las barreras que impiden el acceso, permanencia y calidad
del sistema educativo de los niños, niñas y jóvenes con necesidades
educativas especiales de su entorno.
d) Orientar y acompañar a sus establecimientos educativos para identificar
recursos en su entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto
pedagógico para superar las barreras que impiden el acceso y la permanencia
con calidad para las personas con discapacidad, en el marco de la
inclusión.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
e) Garantizar el personal docente para la atención educativa a la población
con discapacidad, en el marco de la inclusión, así como fomentar su
formación, capacitación permanente, de conformidad con lo establecido
por la normatividad vigente.
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de
la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad.
g) Garantizar el adecuado uso de los recursos para la atención educativa
a las personas con discapacidad y reportar la información sobre uso de dichos
recursos, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación
Nacional.
h) Reportar la información sobre atención educativa a personas con
discapacidad en el Sistema Nacional de Información de Educación, de
conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional.
i) Fomentar la prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación
de estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos
estatales y privados;.
j) Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en
condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Estos servicios
incluyen, entre otros: intérpretes, guías-intérpretes, modelos lingüísticos,
personal de apoyo, personal en el aula y en la institución.
3. Los establecimientos educativos estatales y privados deberán:
a) Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles de
atención integral para garantizar su acceso y permanencia educativa pertinente
y con calidad en el marco de la inclusión y conforme a los lineamientos
establecidos por la Nación.
b) Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el derecho
a una educación de calidad a personas con necesidades educativas
especiales.
c) Ajustar los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a
partir del índice de inclusión y de acuerdo con los lineamientos que el Ministerio
de Educación Nacional establezca sobre el tema.
d) Realizar seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes con
necesidades educativas especiales y adoptar las medidas pertinentes para
garantizar su permanencia escolar.
e) Reportar la información sobre atención educativa a personas con
discapacidad en el sistema nacional de información de educación, de
conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional.
f) Implementar acciones de prevención sobre cualquier caso de exclusión
o discriminación de estudiantes con discapacidad en los establecimientos
educativos estatales y privados.
g) Contemplar en su organización escolar tiempos y espacios que estimulen
a los miembros de la comunidad educativa a emprender o promover la
investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas
tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de
apoyo adecuadas para las personas con discapacidad.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
h) Propender por que el personal docente sea idóneo y suficiente para el
desarrollo de los procesos de inclusión social, así como fomentar su formación
y capacitación permanente.
i) Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas didácticas,
metodológicas y pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente
a todas las personas con discapacidad.
4. El Ministerio de Educación Nacional deberá, en relación con la educación
superior:
a) Consolidar la política de educación inclusiva y equitativa conforme al
artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la ley general de educación y los lineamientos
de educación para todos de la Unesco.
b) Diseñar incentivos para que las instituciones de Educación Superior
destinen recursos humanos y recursos económicos al desarrollo de investigaciones,
programas, y estrategias para desarrollar tecnologías inclusivas
e implementar el diseño universal de manera gradual.
c) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo,
que todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir
la calidad y, cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elementos
análogos sean plenamente accesibles a las personas con discapacidad.
d) El Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco legal vigente,
incorporará criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad
y accesibilidad como elementos necesarios dentro de las estrategias,
mecanismos e instrumentos de verificación de las condiciones de calidad
de la educación superior.
e) Incentivar el diseño de programas de formación de docentes regulares,
para la inclusión educativa de la diversidad, la flexibilización curricular y
en especial, la enseñanza a todas las personas con discapacidad, que cumplan
con estándares de calidad.
f) Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con
discapacidad el acceso, en condiciones de equidad con las demás y sin
discriminación, a una educación superior inclusiva y de calidad, incluyendo
su admisión, permanencia y promoción en el sistema educativo, que
facilite su vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en
todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad
pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institución
de educación superior.
g) Las instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión
institucional, en armonía con su plan de desarrollo propugnarán por
aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos
humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la
inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la
prestación del servicio educativo de calidad a dicha población.
h) El Ministerio de Educación Nacional mediante el concurso de las instancias
y organismos que participan en la verificación de las condiciones
de calidad de los programas académicos de educación superior, verificará
que se incluyan propuestas de actividad física, la educación física, la recreación
y el entrenamiento deportivo para las personas con discapacidad.
i) Las instituciones de educación superior deberán promover la sensibilización
y capacitación de los licenciados y maestros en todas las disciplinas
y la inclusión del tema de discapacidad en todos los currículos desde un enfoque
intersectorial.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
j) Priorizar la asignación de recursos financieros suficientes para ofrecer
capacitación continua, presencial y a distancia, de los directivos y docentes
de todos los niveles educativos y de otros profesionales vinculados a la
temática de la discapacidad, que favorezcan la formulación y el normal
desarrollo de las políticas de inclusión, con énfasis en el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, como parte del plan territorial
de formación docente.
k) Asignar recursos financieros para el diseño y ejecución de programas
educativos que utilicen las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones, para garantizar la alfabetización digital de niños, niñas
y jóvenes con discapacidad, y con el fin de garantizar un mayor acceso
a las oportunidades de aprendizaje, en particular en las zonas rurales,
alejadas y desfavorecidas.
Artículo 12. Derecho a la protección social. Las personas con
discapacidad tienen derecho a la protección social especial del Estado, en
concordancia con el artículo 28 de la Ley 1346 de 2009. Para la garantía
del ejercicio total y efectivo del derecho a la protección social, el Ministerio
de Trabajo o quien haga sus veces, y demás autoridades competentes, adoptarán
entre otras, las siguientes medidas:
1. Establecer mecanismos que favorezcan la formalización del empleo de
las personas con discapacidad, así como programas de aseguramiento en
riegos laborales y no laborales.
2. Establecer programas de apoyo y acompañamiento a las madres y padres
de personas con discapacidad desde la gestación, y durante los primeros
2 años de vida de la niña y el niño.
3. Las entidades territoriales competentes y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, (ICBF), o el ente que haga sus veces, deberán establecer
y/o fortalecer, un programa de apoyo y acompañamiento a las familias
de las personas con discapacidad, debidamente articulado con otros programas
o estrategias de inclusión, desarrollo social y de superación de la
pobreza.
4. Asegurar que los sistemas, servicios y programas de bienestar, protección
y promoción social y compensación familiar incluyan mecanismos
especiales para la inclusión de las personas con discapacidad y la promoción
de sus derechos, y además establezcan mecanismos de seguimiento.
5. Las entidades territoriales competentes, y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) o el ente que haga sus veces, deberán ajustar y
establecer programas de apoyo, acompañamiento y formación a las familias
de las personas con discapacidad, y a las redes de apoyo de las personas
con discapacidad, en alianza con el SENA y demás entidades competentes.
Artículo 13. Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad
tienen derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho
al trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de
oportunidades, equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la
Ley 1346 de 2009, el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces y demás
entidades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:
1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Departamento Nacional de Planeación o de quienes hagan sus
veces, expedirá el decreto reglamentario que establezca una puntuación
adicional en los procesos de licitación pública, concurso de méritos y con
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tratación directa, para las empresas que en su planta de personal tengan
personas con discapacidad contratadas con todas las exigencias y garantías
legalmente establecidas, y para las empresas de personas con discapacidad,
familiares y tutores.
2. El Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces deberá:
a) Garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con
discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país.
b) Fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad,
mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector
empresarial, incentivando además los servicios de apoyo de acompañamiento
a las empresas.
c) Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos
flexibles para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad
múltiple, no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral,
o vinculados en sistemas de producción rentables o empleos regulares.
Para el efecto, deberá fijar estrategias protegidas o asistidas de generación
de ingresos o empleo que garanticen en cualquiera de las formas ingresos
dignos y en las condiciones de seguridad social que correspondan, y permitiendo
a sus cuidadoras y cuidadores, y sus familias, las posibilidades de
intervenir en estos procesos.
d) Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por
medio de capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas
para aquellos casos en que los solicitantes sean personas con discapacidad
y/o sus familias, con una baja tasa de interés, apoyo con tecnologías de la
información y la comunicación, y diseño de páginas web para la difusión
de sus productos, dando prelación a la distribución, venta y adquisición de
sus productos por parte de las entidades públicas.
e) Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento
y crecimiento empresarial de las entidades que propenden por
la independencia y superación de la población con discapacidad, mediante
programas de intermediación de mercados que potencien la producción,
la comercialización o venta de servicios generados por esta población, a
partir del financiamiento con recursos específicos y estrategias dirigidas.
f) En coordinación con el departamento administrativo de la función
pública, asegurar que el Estado a través de todos los órganos, organismos
y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal,
en los sectores central y descentralizado, deberá vincular un porcentaje de
personas con discapacidad dentro de los cargos existentes, el cual deberá
ser publicado al comienzo del año fiscal mediante mecanismos accesibles
a la población con discapacidad.
3. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá:
a) Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos
sus programas y servicios de la entidad, además garantizar su acceso a los
diferentes servicios de apoyo pedagógico.
b) Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas
y guías intérpretes, para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera,
y ayudas tecnológicas para las personas con discapacidad visual, así
como los apoyos específicos que requieren las personas con discapacidad
intelectual.
c) Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen
contratar personas con discapacidad.
d) Asegurar la capacitación y formación al trabajo de las personas con
discapacidad teniendo en cuenta la oferta laboral del país.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
e) Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional para
que garantice el acceso y beneficio de las personas con discapacidad me
diante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial.
f) Otorgar títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir
del reconocimiento de los procesos formativos que realizan las organizaciones
de y para personas con discapacidad, que cumplan con los requisitos
establecidos por esta entidad.
g) Formar evaluadores en procesos de certificación de evaluación de
competencias en diferentes áreas, que permitan a las personas con
discapacidad adquirir una certificación de competencias laborales de
acuerdo a su experiencia.
4. El Fondo Nacional de Ahorro o quien hagas sus veces, otorgará créditos
de vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de
interés preferencial. El Fondo reglamentará la materia.
5. El Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex, creará líneas de
crédito con tasas de interés blandas, para los emprendimientos económicos
o de las empresas en que sean titulares las personas con discapacidad en el
20%.
6. Los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente personas con
discapacidad, tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley
361 de 1997, los estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, de conformidad al artículo 27 numeral 1
literales h), i) de la Ley 1346 de 2009.
7. El Gobierno Nacional deberá implementar mediante Decreto reglamentario
un sistema de preferencias a favor de los empleadores particulares que
vinculen laboralmente personas con discapacidad debidamente certificadas,
en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores. Tal sistema
de preferencias será aplicable a los procesos de adjudicación y celebración de
contratos, y al otorgamiento de créditos o subvenciones de organismos
estatales.
8. Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, deberán
fijar mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de
los contratistas y proveedores, un sistema de preferencias a favor de las
personas con discapacidad.
Artículo 14. Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa
de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma
e independiente de las personas con discapacidad, las entidades del orden
nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas
personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la
información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos,
los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas
como rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas:
1. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación
de los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar
sus funciones, competencias, objetos sociales, y en general, todas
las actividades, siguiendo los postulados del diseño universal, de manera
que no se excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o
en parte, a ninguna persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas
entidades deberán diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables
que sean necesarios para cumplir con los fines del artículo 9° de la
Ley 1346 de 2009.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas
con discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir
de la promulgación de la presente ley se contraten deberán ajustarse a lospostulados
del diseño universal.
Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales
de accesibilidad que garanticen un avance progresivo de estos postulados,
de manera que en un término de máximo 10 años logren niveles que
superen el 80% de la accesibilidad total. Para la implementación de ajustes
razonables deberán ser diseñados, implementados y financiados por
el responsable de la prestación directa del servicio.
3. Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno
departamental y nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán
diseñar, en un término no mayor a 1 año, un plan de adecuación
de vías y espacios públicos, así como de accesibilidad al espacio público y
a los bienes públicos de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse
los ajustes razonables necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión
de las personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un
cronograma que, en no más de 10 años, permita avanzar en niveles de
accesibilidad del 80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios
de diseño universal que deberán ser acatados en todas las obras públicas y
privadas de la entidad pública a partir de su adopción.
4. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los
obstáculos y para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas
con discapacidad al ambiente construido, transporte, información y comunicación,
incluyendo las tecnologías de información y comunicación y
otros servicios, asegurando las condiciones para que las personas con discapacidad
puedan vivir independientemente.
5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la
construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio
público y privado, que presten servicios al público debiendo cumplir con
los plazos señalados.
6. Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para
las personas con discapacidad.
7. Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria
a las personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de
cualquier tipo de servicio público o abierto al público.
8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o quien haga sus veces,
deberá establecer un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que
las alcaldías y curadurías garanticen que todas las licencias y construcciones
garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad. Así mismo,
establecerá medidas de coordinación interinstitucional para que las
entidades territoriales garanticen rutas y circuitos accesibles para las personas
con discapacidad, articulados con los paraderos y demás sistemas de
transporte local.
9. Las entidades de educación superior adecuarán sus campus o instalaciones
para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
10. Los teatros, auditorios, cines y espacios culturales destinados para
eventos públicos, adecuarán sus instalaciones para garantizar la accesibilidad
de las personas con discapacidad.
11. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en escenarios
deportivos, recreativos y culturales en la construcción o adecuación
de las obras existentes o por realizar.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Parágrafo. Las disposiciones del presente artículo se implementarán en
concordancia con la Ley 1287 de 2009 y las demás normas relacionadas
con la accesibilidad de la población con discapacidad.
5. Adaptar en los aeropuertos, terminales de transporte y medios de
transporte masivo, accesos, señales, mensajes auditivos y visuales para
las personas con discapacidad.
Artículo 15. Derecho al transporte. Las personas con discapacidad
tienen derecho al uso efectivo de todos los sistemas de transporte en
concordancia con el artículo 9°, numeral 1, literal a) y el artículo 20, de la
Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, el
Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte,
la Aeronáutica Civil y demás entidades relacionadas deben adoptar las siguientes
medidas:
1. Asegurar que los sistemas de transporte integrado masivo cumplan, en
su totalidad, desde la fase de diseño, con las normas de accesibilidad para
las personas con discapacidad.
2. La señalización de los aeropuertos, terminales de transporte aéreo,
terrestre, fluvial y marítimo, medios de transporte masivo y espacios públicos,
deberán contar con el uso de símbolos adecuados en el marco del
diseño universal. Esta señalización debe estar acompañada de campañas
cívicas de sensibilización y de difusión adecuadas, flexibles y de
amplia cobertura.
3. Las autoridades deberán adecuar las vías, aeropuertos y terminales,
para
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la accesibilidad de las personas
con discapacidad, en un término no mayor a ocho (8) años.
4. Los aeropuertos y las terminales de transporte marítimo y terrestre
contarán con un servicio de guía y asistencia a personas con discapacidad.
6. Los vehículos que transporten una persona con discapacidad de manera
habitual, estarán exentos de las restricciones de movilidad que establezcan
los departamentos y municipios (pico y placa), para lo cual el Ministerio de
Transporte reglamentará dentro de los 6 meses siguientes estas excepciones.
7. El Estado, mediante las autoridades competentes, sancionará el incumplimiento
de los plazos de adaptación o de accesibilidad al transporte.
Artículo 16. Derecho a la información y comunicaciones.
Las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio efectivo del derecho
a la información y a acceder a las comunicaciones en igualdad de
condiciones, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el
ejercicio total y efectivo del derecho a la información y comunicaciones, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás
entidades competentes tendrán en cuenta las siguientes medidas:
1. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) adelantará un proyecto que permita masificar la utilización de software
libre de los programas para personas con discapacidad.
2. Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre accesibilidad y
acceso a la información en los medios de comunicación debiendo cumplir
con los plazos contemplados para efectuar las adecuaciones señaladas en
ellas.
3. Propiciar espacios en los canales de televisión estatales, nacionales y
regionales con programas que incluyan la interpretación en Lenguaje de
Señas Colombiana, y/o el closed caption, y/o con subtítulos.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
4. Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de las personas con discapacidad,
especialmente en las instituciones educativas.
5. Promover estrategias de información, comunicación y educación
permanentes, para incidir en el cambio de imaginarios sociales e individuales
acerca de las potencialidades y capacidades de las personas con discapacidad.
6. Diseñar las estrategias de información y divulgación accesibles para
personas con discapacidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) facilitarán los canales de divulgación mediante
los medios de comunicación públicos y un llamado de responsabilidad social
a los medios privados.
7. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
adelantará un programa de capacitación en tecnologías de la información
y las comunicaciones para personas con discapacidad sensorial y con deficiencias
específicas que alteren las competencias para comunicarse a través
del lenguaje verbal.
8. Los tecnocentros deben ser accesibles para todas las personas con
discapacidad y en particular contarán con software especializado que garantice
el acceso a la información, a las comunicaciones y a las tecnologías
de la información y las comunicaciones, de las personas con discapacidad
sensorial.
9. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
adelantará un programa de capacitación en tecnologías de la información
y las comunicaciones para personas con discapacidad sensorial.
10. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), y el programa Gobierno en Línea brindarán orientación para la accesibilidad
a la información en la administración pública.
11. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, expedirá el decreto reglamentario
para fijar los estándares de accesibilidad a todos los sitios web y a los medios
y sistemas de información de los órganos, organismos y entidades estatales
de todo orden, para que se garantice efectivamente el pleno acceso
de las personas con discapacidad sensorial a dichos sitios y sistemas y la
información que ellos contienen.
Artículo 17. Derecho a la cultura. El Estado garantizará el derecho
a la cultura de las personas con discapacidad, en concordancia con la Ley
1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a la
cultura, el Ministerio de Cultura deberá velar por la inclusión de las personas
con discapacidad a los servicios culturales que se ofrecen a los demás
ciudadanos, debiendo adoptar las siguientes medidas:
1. Desde el ámbito nacional, departamental, distrital, municipal y local se
debe garantizar el acceso a eventos y actividades culturales.
2. Garantizar que las entidades culturales, los espacios y monumentos
culturales cumplan con las normas de acceso a la información y de
comunicación, y accesibilidad ambiental y arquitectónica para la población
con discapacidad.
3. Ubicar a nivel nacional las entidades que realizan procesos de
sensibilización, desarrollo e inclusión social, con la población con discapacidad.
4. Fomentar y garantizar la visibilización de las expresiones culturales
propias de las personas con discapacidad.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
5. Promover la implementación del enfoque diferencial en el ejercicio
efectivo de los Derechos de las personas con discapacidad.
6. Crear campañas, proyectos y programas haciendo uso de las diversas
expresiones artísticas y comunicativas, a través de las cuales se evidencien
las potencialidades y destrezas que la población en situación de discapacidad
posee, involucrando los distintos medios de comunicación para su
divulgación.
7. Garantizar la participación de las personas con discapacidad en el conjunto
de actividades culturales que se realicen en todos los niveles de la
administración pública, en los distintos municipios.
8. El Ministerio de Cultura promoverá e implementará, en departamentos,
distritos, municipios y localidades, la política de diversidad cultural
que contempla acciones para el desarrollo de programas formativos, el desarrollo
de metodologías y esquemas de inclusión pertinentes para las personas
con discapacidad con ofertas adecuadas a cada tipo de discapacidad
y producción de materiales, convocatorias y líneas de trabajo que reconozcan
la discapacidad como una expresión de la diversidad y la diferencia.
12. Propiciar y fomentar el empleo de personas con discapacidad en museos,
bibliotecas, y demás bienes de interés público.
13. Garantizar la formación necesaria para que las personas con discapacidad
puedan participar y realizar actividades culturales de manera eficiente
y productiva.
14. Asegurar que la Red Nacional de Bibliotecas sea accesible e incluyente
para personas con discapacidad.
15. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento
y el apoyo de su identidad cultural.
16. Los departamentos, municipios y distritos deben garantizar el acceso
de las personas con discapacidad a los recursos IVA de telefonía móvil. Del
total de estos recursos deberán destinar mínimo un 3% para el fomento,
promoción y desarrollo del deporte, la recreación de deportistas con discapacidad,
y los programas culturales y artísticos de gestores y creadores
culturales con discapacidad.
9. Garantizar la difusión y el ejercicio de los derechos culturales de la po
blación con discapacidad.
10. Garantizar que las entidades culturales que realizan proyectos con
población infantil y juvenil aporten al desarrollo cultural, la expresión y la
inclusión social de la población con discapacidad.
11. Asegurar que el plan nacional de lectura y bibliotecas, el plan nacional
de música para la convivencia, el programa batuta y el plan nacional de
cultura y convivencia, entre otros, incluyan en sus procesos formativos a
personas con alguna discapacidad y que evidencien aptitudes en alguna de
las áreas pertinentes.
Artículo 18. Derecho a la recreación y deporte. El Estado garantizará
el derecho a la participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad,
de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar
el ejercicio efectivo del derecho a la recreación y el deporte, el Ministerio
de Cultura, Ministerio de Educación y Coldeportes junto con los actores del
Sistema Nacional del Deporte (Comité Paralímpico y Olímpico Colombiano,
federaciones, ligas paralímpicas, organizaciones de y para personas con
discapacidad, los Entes territoriales del deporte y la recreación), formularán
e implementarán programas inclusivos y equitativos para las personas
con discapacidad y los lineamientos para la práctica de educación física,
recreación, actividad física y deporte para la población con discapacidad.
Además, se fortalecerá el ámbito administrativo y técnico para lo cual adoptarán
las siguientes medidas:
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
1. Fortalecer el deporte de las personas con discapacidad, incluyendo el
deporte paralímpico, garantizando áreas de entrenamiento, juzgamiento,
apoyo médico y terapéutico, así como la clasificación funcional por parte
del Sistema Nacional del Deporte.
2. Fomentar la práctica del Deporte Social Comunitario como un proceso
de inclusión social encaminado a potencializar las capacidades y habilidades
de acuerdo al ciclo vital de las personas con discapacidad.
3. Apoyar actividades deportivas de calidad para las personas con discapacidad,
sin exclusión alguna de los escenarios deportivos y recreativos en lo
relacionado a la accesibilidad física, de información y comunicación.
4. Suministrar el soporte para el desarrollo, importación o intercambio
de implementos deportivos específicos por tipo de discapacidad según estudios
técnicos sobre las necesidades de las personas con discapacidad, en
concordancia con las disciplinas deportivas y sin el cobro de los aranceles
de importación.
5. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la recreación
a través de la organización y certificación de las entidades de recreación,
Registro Único Nacional (RUN) avalado por Coldeportes Nacional. Inclusión
en los currículos de los diferentes niveles de estudio sobre recreación
en personas con discapacidad y la acreditación de profesionales.
6. Promover la actividad física de las personas con discapacidad a través
de inclusión en los currículos de los diferentes niveles de estudio, sobre
actividad física para esta población, con la acreditación de profesionales
y generación de estudios complementarios con énfasis en actividad física,
educación física adaptada o incluyente y deporte paralímpico.
7. Efectuar las medidas necesarias que garanticen la recreación para las
personas con discapacidad, en condiciones de inclusión.
8. Promover ajustes y abrir espacios de formación deportiva, en condiciones
de igualdad y en entornos inclusivos para personas con discapacidad.
9. Los incentivos a los deportistas con discapacidad han de ser los mismos
que para los deportistas convencionales a nivel municipal, departamental
y nacional. Esto implica un programa de deportista apoyado, incentivo a
medallistas nacionales e internacionales y apoyo a las futuras glorias del
deporte de personas con discapacidad.
10. Motivar las organizaciones de discapacidad cognitiva, sensorial y física,
para que sean parte activa de la vida cultural, recreativa y deportiva.
Artículo 19. Facilitación de las prácticas turísticas. El Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, promoverá dentro del sector
turístico la necesidad de adecuar la infraestructura turística para personas
con discapacidad, de acuerdo con las normas mínimas legales vigentes, al
igual que la aplicación de tarifas diferenciales entre los empresarios para
este grupo de la población colombiana.
Así mismo, asegurará que los sistemas de calidad del sector turístico incluyan
la variable de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Artículo 20. Derecho a la vivienda. El Estado garantizará el derecho
a la vivienda de las personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo
28 de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho
a la vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá garantizar
el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda digna de las personas con
discapacidad, para lo cual adoptará las siguientes medidas:
1. Todo plan de vivienda de interés social deberá respetar las normas de diseño
universal que también garantice la accesibilidad a las áreas comunes
y al espacio público.
72 73

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o quien haga sus veces,
asignará subsidios de vivienda para las personas con discapacidad de los
estratos 1, 2 y 3, de manera prioritaria.
3. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio implementará en un plazo
máximo de 1 año, los ajustes a sus programas y políticas con el fin de
asegurar los recursos y a establecer los mecanismos necesarios para que
del total de los subsidios de vivienda que se asignen, como mínimo un 5%
sean subsidios especiales para ajustes locativos a las viviendas y adquisición
de vivienda nueva de las personas con discapacidad, con niveles de
Sisbén 1, 2 y 3, atendiendo al enfoque diferencial y en concordancia del
artículo 19 de la Ley 1346 de 2009.
Artículo 21. Acceso a la justicia. El Estado garantizará el acceso a
la justicia de las personas con discapacidad, en concordancia con el artículo
13 de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a
la justicia el Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con el Ministerio
Público, los organismos de control y la rama judicial, deberán garantizar
el acceso de las personas con discapacidad en todos los programas de
acceso a la Justicia. Para ello, adoptará entre otras, las siguientes medidas:
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, y la rama judicial, deberá implementar
programas de formación y gestión para la atención de casos de
violación a los derechos de las personas con discapacidad, que involucren
a jueces, auxiliares de justicia, casas de justicia, centros de conciliación,
comisarías de familia, personerías, entre otros. Así mismo implementará
programas de formación orientados a la comprensión de la discapacidad
y la forma de garantizar la cabal atención y orientación a las personas con
discapacidad, facilitando los servicios de apoyo requeridos para garantizar
en igualdad de condiciones con las demás personas el acceso a la Justicia.
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza
con el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán
proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial
de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de
la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con
discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
3. El Gobierno Nacional desarrollará un proyecto de fortalecimiento y
apoyo a las organizaciones de y para personas con discapacidad en todo el
país, para dar a conocer sus derechos y la forma de hacerlos efectivos.
4. Las Instituciones de educación superior que cuenten con facultades de
derecho y consultorios jurídicos, deberán desarrollar programas de formación
y apoyo al restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad.
5. El Gobierno Nacional junto con las organizaciones nacionales e internacionales,
realizará campañas de respeto hacia las personas con discapacidad,
otorgando espacios a autogestores que hablen de sus experiencias
conforme a la Ley 1346 de 2009.
De la participación ciudadana
de personas con discapacidad
Artículo 22. Participación en la vida política y pública. La
participación en la gestión administrativa se ejercerá por las personas con
discapacidad y por sus organizaciones en los términos de la Constitución
Política, la Ley 134 de 1994 y demás normas que desarrolla el inciso segundo
del artículo 103 de la Constitución Política, y los artículos 29 y 33, entre
otros, de la Ley 1346 de 2009.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Para el efecto, el Ministerio del Interior deberá dictar medidas que establezcan
los requisitos que deban cumplirse para la creación y funcionamiento
de las Organizaciones de personas con discapacidad que representen
a las personas con discapacidad ante las instancias locales, nacionales
e internacionales, así como las medidas que deben adoptarse para su fortalecimiento
y el aseguramiento de su sostenibilidad y de la garantía de su
participación plena y efectiva en la adopción de todas las decisiones que
los afectan.
Las alcaldías municipales y locales deberán implementar programas especiales
de promoción de acciones comunitarias, servicios de apoyo de la
comunidad y de asistencia domiciliaria y residencial, que faciliten la integración,
relación y participación de las personas con discapacidad con
los demás ciudadanos, incluida la asistencia personal para facilitar la vida
digna, evitando el aislamiento, garantizando el acceso y la participación
según sus necesidades.
Artículo 23. Control social. La población con discapacidad y sus
organizaciones ejercerán el derecho y el deber del control social a todo el
proceso de la gestión pública relacionada con las políticas, los planes, los
programas, los proyectos y las acciones de atención a la población con
discapacidad, o con enfoque diferencial en discapacidad. Para tal efecto,
podrán constituir veedurías ciudadanas en desarrollo de lo dispuesto por la
Ley 850 de 2003 y demás normas pertinentes, y adoptar otras modalidades
de control social, que se traducirán en las siguientes actividades:
1. El Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios apoyará la promoción
de estas veedurías y de sus redes, así como la formación de los veedores
ciudadanos que las conforman. Las entidades que forman parte de la Red
institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas de que trata el artículo
22 de la Ley 850 de 2003, se vincularán de acuerdo a su competencia.
2. Las personas con discapacidad y sus organizaciones, participarán activamente
en los eventos de rendición de cuentas que presenten las diferentes
entidades vinculadas a la política pública de discapacidad.
3. El Gobierno Nacional, a través de sus ministerios, apoyará la promoción
de veedurías por parte de los entes departamentales del deporte y la recreación.
Artículo 24. Participación de las personas con discapacidad
y de sus organizaciones. Se garantizará la participación de las
personas con discapacidad y de sus organizaciones, particularmente en los
siguientes ámbitos y espacios propios del sector:
1. En la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los
procesos culturales, mediante los Consejos de Cultura Nacional, Departamental,
Distrital y Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley General
de Cultura.
2. En todos los órganos o instituciones de discapacidad.
3. En la toma de decisiones, en los aspectos social, económico, ambiental,
político, educativo, laboral y cultural.
4. En el diseño, implementación, seguimiento y veeduría de la política
pública de discapacidad.
5. En el seguimiento, monitoreo e implementación de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas y demás instrumentos internacionales ratificados por Colombia,
que estén relacionados con el tema y afecten al sector de la discapacidad.
76 77

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
6. Las personas con discapacidad tendrán derecho a actuar por sí mismas,
teniendo en cuenta sus capacidades, respetando la facultad en toma de decisiones
con o sin apoyo. En caso contrario se les garantizará la asistencia
jurídica necesaria para ejercer su representación.
7. Reconocer y visibilizar a la discapacidad psicosocial y el Trastorno de
Espectro Autista como discapacidades tal como están contempladas en las
clasificaciones internacionales.
Artículo 25. Participación de las mujeres con discapacidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1346 de 2009, el
Estado adoptará las siguientes medidas, para garantizar el ejercicio efectivo
de todos los derechos de las mujeres con discapacidad:
1. Elaborar y ejecutar acciones para la participación de la mujer con discapacidad.
2. Velar para que la participación de la mujer con discapacidad en los ámbitos
nacionales, regionales y locales.
3. La Consejería de Equidad de la Mujer incorporará el enfoque diferencial
de mujer y discapacidad en todos sus programas, promocionando la organización
de las mujeres con discapacidad, de acuerdo a sus expectativas e
intereses en todo el territorio nacional.
4. Diseñar programas y proyectos de carácter nacional y de cooperación
internacional para hacer efectivos los derechos de las mujeres con discapacidad,
los cuales serán implementados con la participación activa de las
mujeres con discapacidad en las organizaciones de las personas con discapacidad.
5. Estudiar las condiciones que propician los actos violentos ejercidos contra
las mujeres y niñas con discapacidad, y hacer de conocimiento público
la situación de niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia
de género.
6. Realizar estudios encaminados a adoptar las medidas necesarias que
eviten la discapacidad de mujeres y niñas por problemas de salud pública
y en especial, por la violencia.
7. Dar la atención debida, directa y personalizada a cada niña o mujer con
discapacidad víctima de la violencia de género, mediante el trabajo coordinado
de los servicios públicos, las organizaciones de mujeres y de la discapacidad,
elaborando guías de defensa y atención psicosocial.
Artículo 26. Evaluación de las medidas para garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
El Consejo Nacional de Discapacidad, evaluará cada 4 años la
eficacia de las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la sanción a
la discriminación, como mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de
los derechos de las personas con discapacidad.
Esta evaluación se realizará para establecer si se han alcanzado los objetivos
buscados con la aplicación de la presente ley, en los diferentes escenarios
de planificación, y toma de decisiones sobre las acciones que se diseñen para
mejorar sus condiciones de vida. Tal evaluación no suplirá el control y la
evaluación que deben realizar los organismos de control del Estado colombiano
competentes.
78 79

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 27. Adición legislativa. La presente ley se adiciona a las
demás normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad,
con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, así como su
exigibilidad.
Artículo 28. Publicidad. La presente ley deberá ser traducida en los
diferentes sistemas de comunicación de las distintas discapacidades y deberá
ser socializado a nivel nacional, departamental, municipal y distrital,
para que sea conocida por la población objetivo. El Consejo Nacional de
Discapacidad y los Comités Territoriales de Discapacidad deberán apoyar
la difusión y deberá participar activamente en su divulgación.
Artículo 29. Reglamentación de la ley. Los decretos reglamentarios
de la presente ley deberán ser elaborados en un plazo máximo de dos
años a partir de un proceso participativo, el cual será acordado con el Consejo
Nacional de Discapacidad, con organizaciones y líderes del sector de
discapacidad.
Artículo 30. Promoción, protección y supervisión. Créase un
mecanismo independiente para la promoción, protección y supervisión del
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previstos
en esta ley, así como de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se constituya como
el mecanismo responsable para todas las cuestiones relativas a estos derechos
y a la Convención, incluyendo la coordinación para facilitar la adopción de
medidas al respecto.
Público (Procuraduría General de la Nación y sus seccionales, Defensoría
del Pueblo, sus regionales y seccionales), organizaciones de personas con
discapacidad en el ámbito nacional y territorial y la Contraloría General de
la Nación, incluyendo las contralorías locales.
2. Las universidades podrán participar en los mecanismos de interlocución
y coordinación que se establezcan para la operatividad de este mecanismo.
3. El mecanismo contará con un presupuesto independiente de parte del
Ministerio de justicia y el Derecho y establecerá su visión y funcionamiento,
de acuerdo con lo establecido en este artículo y el artículo 33 de la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4. Las funciones del mecanismo deberán dar seguimiento a las medidas de
índole legislativa, administrativa y presupuestal, para aplicar la presente
ley y la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad. También
debe este mecanismo preparar informes periódicos con un periodo
mínimo de 6 meses y máximo de 2 años sobre la actuación del Gobierno
para cumplir con las obligaciones de la Convención.
5. En el período de 1 año contado a partir de la promulgación de esta ley, el
Gobierno Nacional con la participación de las personas en situación de discapacidad
y sus organizaciones, preparará una evaluación de impacto de
las medidas adoptadas mediante esta ley en el goce efectivo de los derechos
de las personas con discapacidad que deberá presentar ante el Congreso de
la República y difundir de manera amplia. Los resultados de la evaluación
serán incluidos en el informe periódico que el Estado colombiano deba
presentar ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1. Este mecanismo será de naturaleza y funcionamiento independiente
del Gobierno Nacional, así como de los gobiernos departamentales, distritales
y municipales estará integrado por las instituciones del Ministerio
6. Corresponde al departamento Ministerio de Salud y Protección Social
en coordinación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad
social o a quien haga sus veces, la coordinación para la adopción de
80 81

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
medidas por parte del gobierno, conforme a la Ley 1145 de 2007, que le
atribuye el liderazgo del Sistema Nacional de Discapacidad. Así mismo, el
Ministerio de Salud y Protección Social establecerá el enlace de los mecanismos
gubernamentales con el mecanismo independiente de Promoción,
Protección y Supervisión del ejercicio efectivo de los derechos de las personas
con discapacidad previsto en esta ley, así como de la aplicación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas.
Artículo 31. Sanciones. La omisión a las obligaciones impuestas por
la presente ley por parte de los empleados públicos; los trabajadores oficiales;
los miembros de corporaciones de elección popular; los contratistas del
Estado y los particulares que cumplan funciones públicas, del orden nacional,
departamental y municipal, en el sector central y descentralizado, y en
cualquiera de las ramas del poder, se considerará falta grave en los términos
del régimen disciplinario.
Artículo 32. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación,
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
JURISPRUDECIA
Sentencia C-066/13
Sentencias, decisiones o fallos
dictados por los tribunales de justicia
o las autoridades gubernativas.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Sentencia C-066/13
I. TITULO
NORMA SOBRE MECANISMOS DE INTEGRACION
SOCIAL DE PERSONAS CON LIMITACION- Contenido
NORMALIZACION SOCIAL PLENA E INTEGRA-
CION DE PERSONAS CON LIMITACION - Exequibilidad
condicionada de la expresión “la normalización social
plena” contenida en el artículo 3 de la Ley 361 de 1997
II. TITULO
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD-Jurisprudencia
constitucional
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-
Deber del Estado de adelantar acciones dirigidas a lograr la satisfacción
de sus derechos, en el marco de igualdad de oportunidades
y remoción de las barreras de acceso a los bienes sociales
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD-Instrumentos
internacionales
La Sala encuentra que es posible en el presente caso darle relevancia al
principio de conservación del derecho, a partir de la declaratoria de exequibilidad
condicionada de la expresión “normalización social y plena”,
contenida en el artículo 3° de la Ley 361/97, en el entendido que refiere
únicamente y exclusivamente a la obligación de eliminar las barreras del
entorno físico y social que concurren en la conformación de la discapacidad.
Por ende, se desecha por inconstitucional la interpretación alternativa del
precepto, que comprende la normalización como una imposición de parámetros
y óptimos contrarios a la dignidad y la igualdad de las persona en
situación de discapacidad. Con base en esta conclusión, la Sala reafirma
que el Estado y la sociedad, en virtud de la norma legal así interpretada,
tienen un deber definido de remoción de las barreras físicas, sociales y jurídicas
que impiden la integración de las personas con discapacidad y que,
a su vez, son causas eficientes de la configuración de dicha particularidad
del individuo. Por ende, la normalización social plena no es, en los términos
explicados, la imposición de un deber para el discapacitado, sino
para la sociedad en su conjunto, que está constitucionalmente llamada a
modificar sus prácticas y elementos, a fin de garantizar el reconocimiento
de la persona con discapacidad en su diferencia y en su innegable condición
de individuo pleno y autónomo, titular de derechos fundamentales de
goce diferencial, merced de su condición de sujeto de especial protección.
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Propósitos
CONVENCION INTERAMERICANA PARA ELIMINACION
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Obligaciones de los Estados parte
DISCRIMINACION CONTRA PERSONAS EN SI-
TUACION DE DISCAPACIDAD-Actos no solo se reducen
a actuaciones materiales, sino que también incorporan la discriminación
derivada por el tratamiento de normas jurídicas.
Constituye discriminación injustificada contra las personas en situación
de discapacidad todas aquellas acciones u omisiones que tengan
como resultado imponer barreras para el goce y ejercicio de los
derechos de esta población, particularmente sus derechos sociales.
Estos actos no solo se reducen a actuaciones materiales, sino que
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
también incorporan la discriminación derivada por el tratamiento
que las normas jurídicas irrogan a las personas con discapacidad.
III. TITULO
DERECHO A LA IGUALDAD EN EL ESTADO SO-
CIAL DE DERECHO-Trasciende los imperativos clásicos de la
igualdad ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en las diferencias
que de hecho existen entre las personas y los grupos de personas
DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LAS PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Evolución normativa
DISCAPACIDAD-Concepto/MODELO SOCIAL-Visión amplia/MODE-
LO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Concepto/MODELO SOCIAL DE DISCA-
PACIDAD-Si bien se mantiene el deber estatal de rehabilitación y tratamiento,
en modo alguno estos toman la forma de requisitos para la inclusión
social/MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Importancia/MODELO SO-
CIAL-Propone la inclusión de las personas en situación de discapacidad a través
de la remoción de barreras, junto con la previsión de diseños universales
Las normas actuales sobre los derechos humanos de las personas en situación
de discapacidad, en especial las contenidas en la CDPD, modifican el
paradigma expuesto y adoptan el que se ha denominado como modelo social
de la discapacidad. Esta concepción se basa en admitir que la discapacidad
no es un asunto que se derive exclusivamente de las particularidades físicas
o mentales del individuo, sino que también tiene un importante concurso en
la misma las barreras que impone el entorno, de diferente índole, las cuales
impiden que la persona con discapacidad pueda ejercer adecuadamente sus
derechos y posiciones jurídicas. El cambio de paradigma en este escenario
está basado en considerar a la persona en situación como discapacidad
desde el reconocimiento y respeto de su diferencia. Si bien se mantiene
en el modelo social el deber estatal de rehabilitación y tratamiento de la
discapacidad, en modo alguno estos toman la forma de requisitos para la
inclusión social. En contrario, la mayoría de las obligaciones del Estado
frente a las personas con discapacidad se concentran en la remoción de barreras
que impidan su plena inclusión social, ámbito donde cobran especial
relevancia deberes de promoción del diseño universal y de ajustes razonables,
explicados en el fundamento jurídico 8 de esta sentencia. Entonces,
el modelo social se basa en que la discapacidad no debe comprenderse como
una condición anormal que debe superarse para el acceso a los derechos y
bienes sociales, sino como una particularidad del individuo, intensamente
mediada por las barreras físicas, sociológicas y jurídicas que impone el
entorno, generalmente construido sin considerar las exigencias de la población
con discapacidad. De allí que la protección de estos derechos dependa
de la remoción de esas barreras, a través de diversos instrumentos, siendo
el primero de ellos la toma de conciencia sobre la discapacidad, que sustituye
la marginalización por el reconocimiento como sujetos de derecho. En
este orden de ideas, acerca de las ventajas que presenta el modelo social de
la discapacidad, en especial respecto de la eficacia de los derechos constitucionales
de las personas con discapacidad a la dignidad humana, la
igualdad y la autonomía, la Corte ha señalado que “…la protección de los
derechos humanos de las personas que se encuentran en alguna circunstancia
de discapacidad se aborda en la actualidad desde el modelo social, esto
es, la discapacidad entendida como una realidad, no como una enfermedad
que requiere ser superada a toda costa, en otras palabras, se asume desde el
punto de vista de la diversidad, de aceptar la diferencia. Este modelo tiene
una visión amplia, pues (i) supera un primer modelo centrado en la caridad
y el asistencialismo y, (ii) además, parte de que no sólo debe abordarse la
discapacidad desde el punto de vista médico o de rehabilitación sino que se
centra en el aprovechamiento de todas las potencialidades que tienen los
seres humanos, independientemente del tipo de discapacidades que tengan.
Con la anterior perspectiva hay un cambio de paradigma en la forma cómo
debe abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la discapacidad
surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente social
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de la
incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este modelo,
la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y estigmatización.
Además, las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad
surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones. (…) Por tanto,
no puede desconocerse que el ambiente (físico, cultural, etc.) puede tener un
impacto positivo o negativo en la manera de asumir y entender la discapacidad,
pues “los efectos de la discapacidad sobre una persona dependen
de manera fundamental del entorno social, es decir, que la discapacidad no
es únicamente un problema individual. Esto significa que un medio social
negativo y poco auspiciador puede convertir la discapacidad en invalidez,
y que, por el contrario, un ambiente social positivo e integrador puede
contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas
afectadas con una discapacidad”. En particular, una de las condiciones negativas
que contribuyen a la exclusión de las personas con discapacidades
es la no adaptación del ambiente físico a las necesidades de esta población,
es decir, el entorno físico está concebido para personas sin ningún tipo de
discapacidad, lo cual corresponde al imaginario social acerca la belleza,
lo que brinda bienestar, las potencialidades que cada uno debe tener, etc.
IV. TITULO
MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD-Reconocimiento
de participación de dicha población en el diseño
e implementación de las políticas públicas que le atañen
PARTICIPACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN LA DEFINICION DE SUS INTERESES, PRIORIDADES
Y NECESIDADES DENTRO DE LA SOCIEDAD-Importancia
en el modelo social/PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-
Sujetos libres y autónomos que deben estar en posición de incidir sobre
medidas estatales para su inclusión social, tratamiento equitativo y equi-
paración en oportunidades de acceso a los derechos y bienes jurídicos
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA-Factores de
discriminación que las condenan al paternalismo y marginalidad
DISCRIMINACION Y NECESIDAD DE PROTECCION DE LA
DIGNIDAD HUMANA POR PARTE DEL LENGUAJE JURI-
DICO-Jurisprudencia constitucional/LENGUAJE JURIDI-
CO-Jurisprudencia constitucional en torno a funciones y posibilidad que
sus ámbitos valorativos y de validación lleguen a vulnerar derechos y valores
constitucionales/CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad para analizar la exequibilidad
de expresiones que, al mostrarse incompatibles en su significación
con los postulados superiores, deben ser excluidas del ordenamiento jurídico
Existe una línea jurisprudencial consolidada por esta Corporación, relativa
a las funciones del lenguaje jurídico y la posibilidad que sus ámbitos valorativos
y de validación lleguen a vulnerar derechos y valores constitucionales,
en especial la igualdad y la dignidad humana de los sujetos destinatarios
de las prescripciones legales. Esta doctrina parte de advertir que el lenguaje
normativo no se reduce a describir hechos y consecuencias jurídicas, sino
que es posible adscribirle tres tipos de funciones definidas. La primera,
de índole descriptiva en los términos mencionados. La segunda, de tipo
valorativo, a través de la cual las normas, lejos de tener un carácter neutro,
en realidad categorizan, arbitran y definen situaciones específicas, imponiéndoles
determinado criterios que las promueven, rechazan, discriminan
o distinguen de otras. La tercera, que puede definirse como de validación,
refiere al papel que cumple el derecho, en general, y las normas jurídicas
en particular, en la creación de realidades: las normas jurídicas tienen la
función de constituir estándares para la conducta, a través de la definición
de aquellos comportamientos permitidos y otros prohibidos. Si esas normas
tienen tal estatus, sus expresiones validan como parámetro jurídico, y
por ello coactivo, lo que ellas expresen. Esto más aún si se tiene en cuenta
que estos preceptos son producto de procedimientos democráticos de for-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
mación, esto es, acuerdos representativos sobre lo que se estima correcto,
incorrecto, objeto de afianzamiento o de rechazo. Por lo tanto, ese precedente
comparte identidad teórica con las propuestas que desde la filosofía
del lenguaje afirman que las expresiones del lenguaje natural, código que
comparte el Derecho, no solo son descriptivas sino que construyen la realidad,
en tanto califican y explican el ámbito fáctico. Esta ha sido la posición
de la Corte, al indicar que como consecuencia de la comprobación de las
mencionadas funciones del lenguaje jurídico, el legislador debe mostrarse
especialmente cuidadoso en la elección de los términos que integrarán las
expresiones normativas, pues los mismos pueden llegar a legitimar opciones
valorativas incompatibles con la Constitución. De forma correlativa,
a pesar que el control de constitucionalidad se concentra primariamente
en los enunciados normativos y no en los textos legales considerados en
su perspectiva formal, la Corte está facultada para analizar la exequibilidad
de expresiones que, al mostrarse incompatibles en su significación con
los postulados superiores, deben ser excluidas del ordenamiento jurídico.
V. TITULO
LENGUAJE DEL LEGISLADOR-Aplicación del principio
democrático en control constitucional y la necesidad de tener
en cuenta los efectos normativos de la disposición estudiada/
PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Aplicación
La Corte ha entendido que al estudiar la constitucionalidad del lenguaje del
legislador es necesario tener presente la importancia que la Carta asigna al
principio democrático – del cual se deriva el principio de conservación del
derecho - , así como el efecto normativo de la disposición estudiada. Por ello,
para que una disposición pueda ser parcial o integralmente expulsada del
ordenamiento jurídico en virtud del lenguaje legislativo, es necesario que
las expresiones utilizadas resulten claramente denigrantes u ofensivas, que
“despojen a los seres humanos de su dignidad”, que traduzcan al lenguaje
jurídico un prejuicio o una discriminación constitucionalmente inaceptable
o que produzcan o reproduzcan un efecto social o cultural indeseado o reprochable
desde una perspectiva constitucional. Como se verá adelante, para
que la Corte pueda expulsar del ordenamiento parcial o integralmente una
norma en razón del lenguaje en ella empleado, es necesario que no exista
ninguna interpretación constitucional de las expresiones utilizadas. Adicionalmente
el juez debe ponderar el efecto negativo del lenguaje – su poder
simbólico - respecto del efecto jurídico de la norma demandada, a fin de
adoptar una decisión que no desproteja sectores particularmente protegidos
o que no desconozca, en todo caso, el principio democrático de conservación
del derecho. Pasa la Corte a recordar la doctrina constitucional vigente en
la materia. (…) En aplicación de esta doctrina, ha declarado la constitucionalidad
condicionada o la inexequibilidad simple de numerosas expresiones
legales que no corresponden “al contenido axiológico del nuevo ordenamiento
constitucional”. Como ya se mencionó, la Corte ha entendido que en virtud
del principio de conservación del derecho, la declaratoria de inexequibilidad
simple sólo puede prosperar cuando la expresión legislativa es absolutamente
incompatible con la Carta y no existe ninguna interpretación de la misma
que pueda ajustarse a la Constitución. Adicionalmente, como se verá adelante,
la Corte ha encontrado que para efectos de adoptar la correspondiente
decisión es fundamental ponderar el efecto de la declaratoria de inexequibilidad
sobre los derechos de sujetos de especial protección a fin de modular el
sentido del fallo para no desproteger bienes constitucionalmente protegidos.”
VI. TITULO
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPA-
CIDAD-Control de Constitucionalidad de expresiones
normativas que vulneran la dignidad humana o igualdad
La Corte ha admitido el control de constitucionalidad de expresiones normativas
que, al referirse a posiciones jurídicas predicables de las personas en
situación de discapacidad, vulneran su dignidad humana o su igualdad. En
la mayoría de los casos analizados por la jurisprudencia, esa afectación tie-
92 93

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ne lugar cuando dichas expresiones (i) incorporan tratos discriminatorios o
peyorativos, generalmente en razón de su anacronismo; (ii) imponen prohibiciones
genéricas e injustificadas para que las personas en situación de discapacidad
ejerzan derechos o facultades jurídicas de diversa naturaleza; o, lo
que resulta especialmente relevante para esta decisión (iii) invisibilizan y/o
exotizan a las personas con situación de discapacidad, contrastándolas con
un pretendido parámetro de “normalidad”, en contra del mandato de inclusión
y reconocimiento para esa población, que se derivan de las normas que,
al declarar derechos humanos, hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Referencia: expediente D-9201
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3° y 36 (parciales)
de la Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”
Actor: Carlos Alberto Parra Dussan
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos
en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia.
I.ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución,
el ciudadano Carlos Alberto Parra Dussan solicita a la Corte
que declare la inexequibilidad de una de las expresiones normativas
contenidas en los artículos 3° y 36 (parciales) de la Ley 361 de 1997 “por
la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas
con limitación y se dictan otras disposiciones.” Cumplidos los trámites
previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067
de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcriben las normas demandadas, publicadas en el Diario
Oficial 42.978 del 11 de febrero de 1997, y se subrayan los apartes acusados.
“Ley 361 de 1997
(febrero 7)
por la cual se establecen mecanismos de integración social de
las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
(...)
Artículo 3°. El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización
social plena y la total integración de las personas con limitación y otras
disposiciones legales que se expidan sobre la materia en la Declaración
de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año
1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada
por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos
de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447
de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio
159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco
94 95

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas
con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983.
(...)
Artículo 36. Los servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo
informar y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la
estimulación de aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo
de limitación, con miras a lograr la normalización de su entorno familiar
como uno de los elementos preponderantes de su formación integral.
III. LA DEMANDA
El actor considera que la expresión acusada, según la cual el tratamiento
de las personas en situación de discapacidad debe estar dirigido, entre otros
asuntos, hacia su normalización, es contraria a los artículos 1°, 7°, 13, 47, 68 y
70 de la Constitución Política, al igual que a la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional incorporado a
la legislación interna por la Ley 1346 de 2009, y a la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, aprobada por Colombia mediante la Ley
762 de 2002, ambos tratados integrantes del bloque de constitucionalidad.
3.1. El argumento central de la demanda consiste en señalar que a partir de
los más recientes compromisos de derecho internacional que ha asumido el
Estado colombiano en materia de tratamiento de las personas en situación
de discapacidad, la única perspectiva de análisis admisible es el enfoque de
derechos. Esto involucra que las personas en situación de discapacidad deben
recibir por parte del Estado un trato basado en la eficacia de sus derechos,
dentro de un marco de inclusión y reconocimiento de sus diferencias.
Por ende, toda visión fundada en la protección mediante la normalización
de esas personas, entendida como equiparación a la población no discapacitada,
implica un tratamiento discriminatorio injustificado, al igual que
el desconocimiento de los derechos reconocidos en los mencionados instrumentos
internacionales.
Para ello, parte de una exposición sobre el contenido de las mencionadas
Convenciones, así como de otros documentos internacionales sobre la definición
de la discapacidad, para sostener que en esos instrumentos ha primado
el modelo social, basado en la superación de las barreras contra la
población discapacitada y con ello lograr su inclusión. Esa perspectiva, a
su juicio, es contraria a las normas que al prever el modelo de la normalización,
imponen esa carga a las personas en situación de discapacidad.
3.2. De igual manera, el valor semiótico del término normalización es contrario
al pluralismo y el reconocimiento a la diferencia que prescribe la
Constitución. Por esta razón, resalta cómo la Corte ha adoptado distintas
sentencias en donde ha declarado la inexequibilidad de expresiones legales
que, al tener esa carga de significado, son contrarias a la Carta Política. Agrega,
en este mismo sentido, que el lenguaje jurídico tiene profunda incidencia
en la eficacia de los derechos constitucionales. Por ende, el término normalización
discrimina a la población discapacitada, en tanto refuerza la invisibilización
y exclusión a la que cotidianamente es sometida. De forma correlativa,
una modificación del lenguaje jurídico lleva, en criterio del actor, a un
escenario proclive a la superación de dicha exclusión, puesto que “… la mejor
forma de expresar nuestra concepción del mundo y de reflejar cómo es nuestra
sociedad, es a través del uso del lenguaje. Éste puede ser un instrumento
de cambio, de transferencia de conocimiento y cultura, pero también puede
ser una de las expresiones más importantes de desigualdad, ya que manifiesta
por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad y cómo en
ésta se invisibiliza, excluye y se discrimina a la través de la “anormalidad”.”
3.3. En una segunda etapa de su análisis, el actor contrasta el modelo social,
en el que considera que están insertas las normas constitucionales relativas
a la discapacidad, y la cultural de la normalidad. Mientras el primero
propugna por el reconocimiento e inclusión de las personas en situación de
discapacidad, a través de la remoción de las barreras físicas, institucionales
y jurídicas que impiden su acceso a los distintos derechos y posiciones jurí
dicas, la segunda se fundamenta
96 97
en concebir a la discapaci-

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dad como una anomalía objeto de intervención clínica, en aras de lograr la
readaptación del discapacitado, a partir de su incorporación al estándar de
la población no discapacitada. Así, habida cuenta que tanto los instrumentos
internacionales sobre discapacidad como las reglas constitucionales de
derecho interno se basan en el modelo social, también denominado bio-psico-social,
entonces el concepto jurídico normalización deviene inexequible.
3.4. En tercer lugar, el actor explica cómo el concepto normalización contradice
el carácter pluralista y multicultural de la Constitución colombiana,
que en su criterio no solo opera como ámbito de protección de las expresiones
culturales, sino también de las personas en situación de discapacidad,
en tanto población diferenciada que debe ser promovida mediante la
inclusión social. En términos de la demanda, “[s]e trata de visibilizar los
grupos excluidos, luchar contra la discriminación, empoderar los grupos
socialmente excluidos y generar políticas sociales y económicas inclusivas,
que garanticen el fortalecimiento de la democracia, la promoción de la solidaridad
ciudadana y los derechos sociales. || La noción de inclusión hace
referencia a involucrar, implicar, hacer parte, pertenecer conjuntamente a
otros. Estar socialmente incluido implica el reconocimiento de sí, del otro,
de su propia identidad, la libertad de participar en todos los aspectos de
la vida en comunidad, la capacidad de elección, deliberación y toma de
decisiones y la posibilidad de contar con diversas opciones y oportunidades
que ayuden a desarrollar los proyectos de vida. || La inclusión aparece,
entonces, como un proceso que garantiza que las personas en situación de
riesgo y exclusión social lleguen a tener las oportunidades y los recursos
necesarios para participar plenamente y en igualdad de derechos en la vida
económica, social y cultural, respetando su diversidad cultural e identidad.”
3.5. Por último, el actor sostiene que los instrumentos internacionales en
materia de discapacidad que ha ratificado el Estado colombiano hacen parte
del bloque de constitucionalidad, pues cumplen con las condiciones exigidas
por el artículo 93 C.P. Ello debido a que (i) se trata de tratados que reconocen
derechos humanos; (ii) los derechos de las personas con discapacidad no pue-
den ser desconocidos durante los estados de excepción, al estar relacionados
con la cláusula general de libertad y la dignidad, entre otros derechos intangibles;
(iii) los tratados desarrollan varios derechos fundamentales contenidos
en la Constitución, en especial aquellos particularmente reconocidos a
las personas en situación de discapacidad; y (iv) las Convenciones versan sobre
derechos que hacen parte del ius cogens, particularmente el derecho a la
vida, la igualdad ante la ley, como la libertad y la prohibición de la esclavitud.
En consecuencia, estas normas conforman el parámetro para la evaluación de
la constitucionalidad de la expresión acusada. Así, como estas Convenciones
adoptan el modelo social, incompatible con la pretensión de normalización de
la personas con discapacidad, entonces el aparte acusado deviene inexequible.
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
4.1. Intervención del Ministerio de Salud y Protección Social
A través de escrito formulado por apoderada especial, el Ministerio
de Salud y Protección Social solicita a la Corte que adopte un fallo inhibitorio
ante la ineptitud sustantiva de la demandada o, de manera
subsidiaria, declare la exequibilidad de las disposiciones acusadas.
Para fundamentar el primer aspecto, sostiene que el cargo se funda en
una premisa discriminatoria que no se evidencia del concepto normalización
y, además, el actor no explicó con suficiencia por qué dicho término
desconoce la Constitución. En contrario, se limitó a “..... afirmar que las
normas impugnadas quebrantan los derechos de las personas con discapacidad,
pero no expone las razones fácticas o jurídicas de estos supuestos
(...) pues solo se limita a presentar un estudio evolutivo del concepto
de discapacidad, de terminología jurídica y una enunciación de normati-
98 99

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
vidad que no cuenta con ningún tipo de estudio donde se señale de manera
clara los puntos de vulneración a las personas con discapacidades.”
En cuanto al segundo asunto, el interviniente se apoya en algunos apartes
de la doctrina especializada sobre la discapacidad para concluir que, en
contraposición a lo afirmado por el actor, el concepto de normalización es
compatible con los derechos de las personas en situación de discapacidad,
puesto que los promueve en un plano de satisfacción del principio de igualdad
y de inclusión social. Al respecto, afirma que “El principio de normalización
hace énfasis en la idea que para que pueda aplicarse el derecho a la
igualdad entre los seres humanos, estos colectivos con discapacidades, han
de recibir los apoyos necesarios para incrementar su desarrollo y aumentar
sus capacidades (sic). También en fomentar la inclusión social, es decir, en la
implantación de medidas sociales para que estas personas puedan hacer uso
de los servicios de la comunidad como cualquier otro ciudadano/a, teniendo
participación y presencia activa, en el marco de los derechos ciudadanos. || El
principio de normalización, da especial trascendencia a los ámbitos familiar
y comunitario, resaltando la importancia de éstos en el desarrollo y la inclusión
de las personas con discapacidad y destacando los mismos factores protectores
de exclusión y la desigualdad, lo que lleva a mejorar su independencia,
productividad, inclusión y calidad de vida, en el marco de la ciudadanía.”
4.2. Intervención del Ministerio de Educación Nacional
El Ministerio de Educación Nacional, mediante apoderada judicial, interviene
con el fin de solicitar a la Corte que se inhiba de adoptar un pronunciamiento
de fondo en razón de la ineptitud sustantiva de la demanda o, en su
lugar, que se declare la exequibilidad de las expresiones objeto de acusación.
En cuanto a la solicitud de inhibición, explica el interviniente que el actor
hace una indebida interpretación del concepto normalización, puesto que en
el contexto de las normas acusadas, no significa la pretensión de homogeneizar
a la población discapacitada, sino “..... garantizar que los sujetos con discapacidad
puedan convivir en sociedad.” Así, lo que se pretende con los preceptos
acusados es formular “.... acciones afirmativas para un grupo poblacional
que tradicionalmente se ha encontrado en una situación de debilidad manifiesta,
originada en muchas ocasiones, por factores sociales y familiares.”
Ahora bien, respecto del segundo asunto, el interviniente insiste en la incorrecta
interpretación del actor, para señalar que la normalización no
se predica de la persona en situación de discapacidad, sino de su entorno
familiar y social. Esto con el fin que las demás personas con quienes interactúa
la persona discapacitada cuenten con la información suficiente
para garantizar la inclusión de aquel. Por ende, la expresión acusada
es compatible con la jurisprudencia constitucional sobre la materia, que
insiste en que (i) las personas en situación de discapacidad son minorías
tradicionalmente incluidas e invisibilizadas; y (ii) que por esa circunstancia
existe un mandato constitucional de inclusión, dirigido a remover las
barreras sociales que impiden la eficacia de sus derechos fundamentales.
4.3. Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla
El Secretario Distrital de Educación de Barranquilla presentó escrito justificativo
de la inexequibilidad de los apartes normativos demandados. Para ello, de
manera análoga a como lo presenta la demanda, indica que el concepto normalización,
corresponde al modelo médico de la discapacidad, incompatible con
el modelo social que propugnan los instrumentos de derecho internacional
de derechos humanos que se consideran vulnerados por las normas acusadas.
Insiste, con base en referencias de distintos autores, en que el concepto normalización
está fundado en considerar a la discapacidad como un problema
del individuo, quien debe rehabilitarse en tanto paciente para lograr
un estándar que lo incluya en la vida social ordinaria. Esta perspectiva
excluye y discrimina a la persona en situación de discapacidad, por lo que
100 101

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
el modelo social se muestra válido desde la Constitución, ya que propugna
por la adecuación de la sociedad, para lograr la inclusión del sujeto discapacitado,
reconocido en su diferencia. Esta perspectiva, además, ha sido avalada
por la jurisprudencia de esta Corte como la adecuada para satisfacción
de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Con el fin
de sustentar esta conclusión, refiere a las sentencias T-533/11 y T-109/12.
En ese orden de ideas, como el término normalización es incompatible
con el modelo social, que adquiere rango constitucional
a partir de su consagración en tratados de derechos humanos
y su desarrollo jurisprudencial, entonces deviene inexequible.
4.4. Secretaría de Educación de Medellín
A través de escrito suscrito por la Líder del Programa Equipo de Apoyo
Jurídico, la Secretaría de Educación de Medellín defiende la exequibilidad
condicionada de los preceptos acusados. Para ello, expone similar
argumento al planteado por otros intervinientes, en el sentido que la interpretación
sistemática del concepto normalización no puede realizarse
de forma separada a la protección de los derechos de las personas en situación
de discapacidad. En ese sentido, la pretendida normalización no refiere
al sujeto, sino a la sociedad y al entorno, con miras a su inclusión.
Es por ello que una de las normas acusadas refiere a la normalización social
y familiar, lo que necesariamente implica que “… la normalización, al
presentarse como una carga de la familia y la sociedad, no califica como
tal al sujeto beneficiario de las acciones tendientes sino a la acción misma
que se lee como deber de los grupos sociales. Por ello, podría hablarse de
la normalización de la integración y del entorno no solo para las personas
con discapacidad sino también para los niños, adolescentes, afrodescendientes,
enfermos, mujeres, homosexuales y demás personas que por
cualquier circunstancia social no encuentra un entorno que le facilite su
integración con el grupo y la sociedad en general.” En consecuencia, “…
el concepto como tal no es discriminatorio sino que se expresa como un
verbo, como un adjetivo que implica obligación de los demás frente a un
sujeto tratado de manera discriminada. Por ello, más que ser términos inconstitucionales
se constituyen en términos reveladores de una realidad
que necesita ser transformada y además son conceptos vinculantes. (…) En
este sentido, cuando se hace mención a la normalización no restringe derechos
fundamentales y no debe ser entendida como un criterio diferenciador,
sino por el contrario como criterio de inclusión en la participación
de la vida social y familiar en las mismas o similares condiciones que lo
hacen el resto de las personas, en la medida que lo permita la discapacidad.”
4.5. Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación del Distrito
Capital, interviene en este proceso con el fin de apoyar la exequibilidad
de las disposiciones demandadas y la inconstitucionalidad
de otras respecto de las cuales solicita pronunciamiento de la Corte.
Inicialmente, el interviniente solicita a la Corte que declare la unidad normativa
con la expresión normal, contenida en los artículos 42 y 49 de la Ley 361/97,
al considerar que formula idéntico problema jurídico al objeto de análisis.
Luego de hacer varias referencias a las reglas jurisprudenciales sobre la ausencia
de neutralidad del lenguaje jurídico y su vínculo con la vigencia de
los derechos fundamentales, indica que, para el caso particular del concepto
normalización, la Secretaría concuerda con los demás intervinientes respecto
de su constitucionalidad, a partir de una lectura sistemática de los
preceptos de la ley acusada. Agrega que desde la misma Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, los tratamientos diferenciados para esa
población no son considerados modalidades de discriminación, a condición
que esa preferencia no limite en sí misma el goce de su derecho a la igualdad.
102 103

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
No sucedía lo mismo con la expresión “sea esta normal o limitada”, referida
a las obligaciones de la Banca Central respecto de la diferenciación
necesaria de las distintas denominaciones de moneda.[1] Esto debido
a que equipara la discapacidad con la anormalidad, lo que es en sí mismo
un tratamiento discriminatorio y contrario a la dignidad humana.
Por ende, el interviniente concluye que debe ser declarada inexequible.
Intervenciones académicas e institucionales
4.6. Intervención de la Universidad Externado de Colombia
El profesor Mario Andrés Ospina Ramírez, integrante del Departamento de
Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, presentó
documento que concluye la inexequibilidad de los preceptos acusados.
Para sustentar esta conclusión, la Universidad parte de la misma premisa
del actor, consistente en que los tratados en materia de discapacidad,
y particularmente la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, se insertan en el modelo social, contrario
a la consideración del discapacitado como un enfermo que debe ser objeto
de rehabilitación. Así, para el interviniente es evidente que la Ley
361/97 está inserta en el modelo médico – rehabilitador, lo que explica la
previsión de conceptos como el demandado, que se fundan en la pretensión
que la persona en situación de discapacidad supere su “dolencia”,
para que pueda incorporarse a un estándar de pretendida normalidad.
A partir de esta comprobación, las expresiones acusadas son en criterio
del interviniente inexequibles, en tanto (i) parten del presupuesto erróneo
de considerar la discapacidad como una patología que afecta el desarrollo
normal de las personas así como su integración a la sociedad; (ii) se fundan
en que las medidas ante la discapacidad son esencialmente de rehabilitación,
desconociéndose con ello el papel que cumplen la sociedad y la
familia en la inclusión de las personas en situación de discapacidad; (iii)
la distinción entre normalidad y anormalidad es contraria a la vigencia
del principio de dignidad humana, a la igualdad y a la autonomía.
Por último, la Universidad solicita a la Corte que extienda su decisión,
a fin que se declare que la expresión “personas con limitación”,
que se repite reiteradamente en la Ley 361/97, también es
contraria a la Constitución. Esto con el fin de hacer compatible esa regulación
con los estándares internacionales de derechos humanos, lo
cual se logra con la asimilación de los términos “normales”, “limitados”
o “personas con limitación” al concepto “personas con discapacidad”.
4.7. Intervención de la Universidad del Rosario
La profesora Andrea Padilla Muñoz, adscrita al Grupo de Investigación en Derechos
Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,
formula concepto en el sentido de apoyar las pretensiones del demandante.
Con este fin y de manera similar a los demás intervinientes, la Universidad
parte de la distinción entre el modelo médico rehabilitador y el
modelo social, en lo que tiene que ver con la atención de la discapacidad,
para concluir que el concepto normalización pertenece a aquel
paradigma. Así, sostiene que la normatividad acusada se muestra desactualizada
frente a la actual vigencia del modelo social, en especial respecto
de las Convenciones adoptadas tanto en el sistema universal como
en el interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, requiere modificarse
en vista de tales modificaciones, con incidencia constitucional.
4.8. Intervención del Programa de Acción por la Igualdad y
la Inclusión Social – PAIIS de la Universidad de los Andes
La profesora Andrea Parra, directora del Programa de Acción por la Igualdad
y la Inclusión Social – PAIIS de la Facultad de Derecho del Universidad
de los Andes, al igual que los investigadores Juan Sebastián Rodríguez Alar-
104 105

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cón, Natalia Acevedo y Matías González Gil, intervienen en este proceso
con el fin que la Corte declare la inexequibilidad de las normas acusadas.
En primer lugar, los intervinientes exponen que las normas de derechos
humanos sobre discapacidad, tanto en el sistema universal como interamericano,
han tenido la unívoca intención de modificar el lenguaje jurídico,
a efectos de eliminar los estereotipos discriminatorios contra las
personas en situación de discapacidad. Enfatizan que, a partir de los preceptos
contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, específicamente su artículo 8° “... Colombia adquirió una
obligación de carácter internacional basada en asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna. Dentro
de dicho compromiso, el Estado colombiano se obligó a adoptar todo tipo
de medidas legislativas, modificar o derogar Leyes y prácticas existentes
que constituyan una discriminación contra las personas con discapacidad.
(...) Las obligaciones de sensibilización y eliminación de estereotipos
necesariamente pasan por la eliminación de términos de connotación peyorativa
o discriminatoria en contra de las personas con discapacidad.”
Por su parte, sostienen que de los instrumentos del sistema regional, que
corresponden a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el
Protocolo de San Salvador, se colige que el “…Estado colombiano adquiere
la obligación de brindarle atención especial a toda persona afectada por una
disminución de sus capacidades físicas, con el fin de alcanzar el máximo
desarrollo de su personalidad. Por su parte, los instrumentos del Sistema
Interamericano obligan a los Estados, y en especial al Estado Colombiano
a eliminar las barreras legales que no tengan justificación, promover
y garantizar el ejercicio y goce de los derechos de toda la población. Para
esto, debe implementar medidas de protección reforzada para la población
con discapacidad; esto, para poder eliminar las barreras físicas, comunicacionales
tales como el lenguaje y de otro tipo, que puedan impedir el goce
de una vida plena de las personas con discapacidad. || Por todo lo anterior,
el Estado Colombiano al haber suscrito y ratificado los tratados internacionales
anteriormente mencionados, adquiere una serie de obligaciones
de carácter vinculante que obligan al mismo a tomar disposiciones que
eviten todo tipo de prácticas, incluida la producción de normas que sean
contrarias a las disposiciones pactadas conforme al principio de pacta sunt
servanda, en especial en lo que se refiere al principio de no discriminación.”
En segundo lugar, el Programa PAIIS concuerda con los demás intervinientes
en que (i) el concepto normalización hace parte del modelo médico
rehabilitador, que concibe la discapacidad como una enfermedad
que debe ser tratada con el fin de curarse; y (ii) que el actual paradigma,
contenido en los instrumentos internacionales reseñados, obliga a los
Estados a adoptar medidas que superen la visión médica y asistencialista
de la discapacidad, a través de la adopción de las categorías propias del
modelo social, de acuerdo con el cual el concepto de discapacidad no es
igual al diagnóstico médico sobre limitaciones funcionales de un determinado
individuo, sino que la discapacidad resulta de la interacción entre
dichas limitaciones funcionales y las barreras de todo tipo que existen
en la sociedad. Con base en estas premisas, el interviniente concluye
que el Estado tiene un deber de remoción de dichas barreras, que también
se relacionan con el lenguaje jurídico incompatible con el modelo social.
Agrega, en tercer término que el concepto de normalidad es en sí mismo
opresivo y discriminador, puesto que se basa en la idea de un “...de
un cuerpo ideal o promedio deseable socialmente y por tanto es incompatible
con el modelo social porque es precisamente a lo que dicho modelo
se opone: a procesos de normalización basados en unas definiciones
de normalidad, anormalidad, capacidad y discapacidad estáticas que no
reconocen el carácter histórico y cambiante de dichas identidades.” En
cambio, el modelo social propone una alternativa que desecha por completo
el concepto de normalidad y, en cambio, reafirma que el cuerpo
per se no tiene discapacidades, solamente cuando se ubica dentro de un
106 107

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
sistema con barreras de acceso a ciertos beneficios, es que se identifica
como tal. Así, concluyen los intervinientes que la discapacidad no se encuentra
en el individuo sino en su relación con sistema inaccesible a este.
Por último, en lo que respecta específicamente a las expresiones acusadas,
sostienen que “[l]a palabra “normalidad” contiene per se una alta carga emotiva,
con una intención de estandarizar las características de las personas,
que en términos culturales tiene el alcance de imponer reglas sociales y patrones
de conducta sobre el comportamiento en una sociedad. (...) Cuando
se habla de la “normalización de las deficiencias” de las personas con discapacidad
no se permite una integración real de la persona en situación de
discapacidad, no se ve a las personas como sujetos de derechos, ni se aplica el
modelo social en la medida que estos deben ser considerados como cualquier
ciudadano, con responsabilidades sociales y políticas, los cuales hacen parte
de la sociedad en todas sus esferas y por tanto no requiere una “normalización”
para ello. (...) Si bien los alegatos de la demanda no solo se dirigen a señalar
el mal uso de la hermenéutica utilizada en la norma, resulta necesario
considerar que el lenguaje que es usado en las leyes, en efecto, tiene la capacidad
de excluir de forma sistemática y generalizada a determinada población,
y en este caso, la población con discapacidad. En consecuencia, el mal
uso del lenguaje y el desconocimiento de las prácticas propias de algunas
poblaciones, provocan serios problemas en la creación y desarrollo de políticas
públicas por parte del Estado y no permite su inclusión social plena.
Este tipo de concepciones de la discapacidad limita el acceso a políticas que
ofrezcan protección eficaz a una población minoritaria como lo es la población
con discapacidad y por tanto, deben ser declaradas inconstitucionales.”
Con base en lo anterior, el Programa PAIIS solicita a la Corte que declare
inconstitucional las expresiones “normalización social plena” y “la total
integración de las personas con limitación”, y en su lugar las remplace por
los términos “inclusión social plena” y “persona con discapacidad”, respectivamente.
De igual forma, solicitan que este Tribunal inste “... al Congreso
y agencias del Estado a armonizar el lenguaje referido a la discapacidad
con el utilizado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y con la materialización del modelo social de discapacidad.”
4.9. Asociación Colombiana de Síndrome de Down - Asdown
Colombia
La Directora de Asdown Colombia presenta escrito en el que defiende
la inexequibilidad de las expresiones demandadas. Para ello, sostiene
su conformidad con los argumentos expresados en la demandada
y agrega, de manera consonante con otros intervinientes, que
el concepto normalización es propio del modelo médico de la discapacidad
y, por lo mismo, impide la inclusión de esa población.
En su criterio, “[l]os niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual
han sido medidos desde una perspectiva clínica que los diagnostica
como enfermos, trastornados y por lo tanto anormales, impidiendo así su
pleno desarrollo y promoviendo su discriminación y segregación de la mayoría
de espacios de la sociedad. Desde esta mirada se les ha ofrecido servicios
más desde lo clínico, algo de salud y rehabilitación, una forma de intentar
normalizar, más no de reconocer su valor de ser humano, en si mismo.”
Intervención ciudadana
4.10. El ciudadano Alirio Galvis Padilla interviene en el asunto de la referencia,
con el fin de sustentar la inexequibilidad de los preceptos acusados.
Para ello, reitera el argumento planteado por otros intervinientes, consistente
en el nexo entre la declaratoria de inconstitucionalidad de
las expresiones demandadas y el logro de mayor inclusión de las personas
en situación de discapacidad, en especial los niños y niñas.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NA-
CIÓN
Mediante escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad
procesal correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó
el concepto previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución,
en el que solicita a la Corte que declare inexequibles las expresiones
demandadas. Con este fin, plantea los siguientes argumentos:
5.1. El Ministerio Público parte de señalar que al interpretar la cláusula
de especial protección, prevista en el artículo 13 Superior, en la sentencia
C-824 de 2011, la Corte precisa que de ella surge la obligación del Estado
y de las autoridades de adoptar medidas afirmativas, para evitar la discriminación
y garantizar la igualdad real y efectiva de estas personas. En este
contexto, la Corte reconoce que la igualdad de oportunidades y el trato más
favorable a las personas con discapacidad, son derechos fundamentales de
aplicación inmediata, que se pueden predicar tanto de los grupos discriminados
o marginados como de las personas que por su condición económica,
física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Es en esta lógica que se inscribe el artículo 47 C.P., el cual prevé que el
Estado debe adelantar una política de integración social para las personas
con discapacidad, lo cual se complementa con el artículo 54 C.P.
que asigna al Estado la tarea de garantizar a estas personas el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud, y con el artículo 68
C.P., en el cual se establece que el Estado debe promover su educación.
5.2. Para la Vista Fiscal, el discurso constitucional sobre las personas con
discapacidad se amplía y profundiza al considerar diversos tratados sobre
derechos humanos, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 93 C.P., hacen
parte del bloque de constitucionalidad. Tal es el caso de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD) y de la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (en adelante CIEDPD)
La finalidad de la CDPD consiste en “promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente”. Sus destinatarios son los seres humanos
que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
A su vez, la CIEDPD define la discriminación contra personas con discapacidad
como toda “distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad,
antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito
de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las
personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
En consecuencia, ordena a los Estados Partes adoptar las medidas necesarias
no solo para “eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad”
sino también para “propiciar su plena integración en la sociedad.”
Para la Vista Fiscal, además de los fallos que adelantaron el control de constitucionalidad
de los instrumentos citados, es relevante considerar las sentencias
T-397 de 2004 y C-824 de 2011, en las cuales la Corte reconoce y destaca
de manera explícita una serie de obstáculos jurídicos, sociales, económicos,
políticos, culturales y físicos que impiden a las personas con discapacidad
integrarse a la sociedad. Así, este Tribunal ha señalado que estos obstáculos
se originan, entre otras causas, en un concepto erróneo de normalidad.
5.3. Con base en estos argumentos y algunas consideraciones doctrinarias
sobre la materia, el Procurador General advierte que “tanto la dignidad de las
personas discapacitadas como su derecho a la igualdad, no permiten afirmar
que en razón de su diferencia y por el mero hecho de ella, se puedan calificar
como anormales. Si bien sus capacidades pueden ser diversas, de esta circunstancia
no puede seguirse que se trate de personas enfermas, defectuosas,
110 111

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
incompletas, anormales o de una carga social. Y no puede seguirse tales consecuencias,
porque son seres humanos dignos a los que su condición de diferentes,
no los hace ni menos ni más que a los otros. No es extraño encontrar
personas invidentes con mayores capacidades intelectuales que la mayoría
vidente; o personas con carencias físicas capaces de superar en pruebas físicas
a la mayoría de quienes no las tienen; o personas que a pesar de tener dificultades
para expresarse, son capaces de exponer teorías de vanguardia. De otra
parte, el no tener carencias físicas o dificultades mentales, no implica que la
persona no pueda tener otro tipo de discapacidades, como las derivadas de
no tener el talento, la disciplina o la destreza requeridas para una actividad.”
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA COR-
TE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda
de la referencia, en los términos del artículo 241-4 C.P., puesto
que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra
una Ley de la República, que cuestiona su contenido material.
Problema jurídico y metodología de la decisión
2. El ciudadano Parra Dussan considera que tanto los términos “normalización
social y plena”, contenido en el artículo 3° de la Ley 361/97, como
la expresión “normalización” del artículo 36 ejusdem, son contrarios a la
Constitución, particularmente al principio de igualdad y a las normas del
bloque de constitucionalidad que reconocen los derechos de las personas en
situación de discapacidad. Para ello, advierte que de esas normas se desprende
un mandato estatal particular de inclusión de esa población, a partir de
las condiciones fijadas por el modelo social, que se basa a su vez en considerar
la discapacidad desde la diferencia y la necesidad correlativa de adaptación
del entorno, en buena medida responsable de las dificultades para el
acceso de la persona con discapacidad. Como el concepto de normalización
no parte de ese parámetro, sino de uno propio del modelo médico rehabilitador,
que se fundamenta en el imperativo de la “curación” de la persona
con discapacidad, entonces desconoce dichas reglas constitucionales.
Algunos de los intervinientes, al igual que el Procurador General, apoyan
la declaratoria de inexequibilidad, a partir del mismo argumento sobre el
vínculo entre el modelo social de la discapacidad y las normas del bloque
de constitucionalidad, tanto contenidas en el Texto Superior como en tratados
de derecho internacional de los derechos humanos. Agregan que el
concepto normalización, aplicado a las personas en situación de discapacidad,
se muestra especialmente problemático respecto de la vigencia de
los principios de dignidad humana y autonomía, así como frente al deber
estatal de inclusión social de dichas personas, entendido como componente
esencial de la vigencia del principio de igualdad de oportunidades.
Otros intervinientes concluyeron que el concepto normalización era
compatible con la Constitución, si se insertaba en una interpretación
sistemática de las normas contenidas en la Ley 361/97, que podían
comprenderse como desarrollos propios del modelo social de la discapacidad.
Con base en ese mismo argumento, algunos intervinientes
indicaron que el cargo planteado resultaba inepto, en tanto desconocía
el requisito de certeza previsto en la jurisprudencia constitucional.
3. De acuerdo con estos antecedentes, corresponde a la Corte resolver el
siguiente problema jurídico: ¿la previsión legal que dispone que (i) la Ley
361/97 inspira al Estado colombiano para la normalización social y plena de
las personas en situación de discapacidad; y (ii) uno de los objetivos de los
programas de orientación familiar es la normalización del entorno familiar
de la persona en situación de discapacidad, vulneran los derechos de dichas
personas, especialmente la dignidad humana, la autonomía y la igualdad?
Para resolver esta controversia, la Sala adoptará la siguiente metodología. En
primer lugar y a manera de asunto preliminar, determinará la existencia de
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cargo de inconstitucionalidad, a fin de resolver el interrogante que sobre ese
aspecto plantean algunos intervinientes. Superada esa etapa, la Corte hará
una exposición sobre su precedente que vincula la eficacia de los derechos
de las personas en situación de discapacidad con las premisas del modelo
social ofrecido por las normas pertinentes del derecho internacional de los
derechos humanos. En tercer lugar, presentará las reglas jurisprudenciales
acerca del vínculo entre las expresiones del lenguaje jurídico y la garantía
de la dignidad humana y la igualdad, específicamente respecto de las regulaciones
referidas sujetos de especial protección constitucional. Finalmente,
con base en las conclusiones de estos análisis, se resolverá el cargo propuesto.
Existencia de cargo de inconstitucionalidad
4. Como se indicó, varios intervinientes sostienen que el cargo es inepto, puesto
que el demandante interpreta de manera aislada el concepto normalización,
el cual visto de forma sistemática con el resto de la Ley 361/97, permite concluir
que no se opone a la inclusión de las personas en situación de discapacidad.
La Corte difiere de esta conclusión y antes bien, considera que dicho argumento
confunde el ámbito de admisibilidad de la acción pública de
inconstitucionalidad con la solución de fondo. Precisamente, el cargo
planteado por el actor parte de la dicotomía entre modelos jurídicos de
comprensión de la discapacidad, que en su criterio ofrecen grados de protección
igualmente disímiles de los derechos constitucionales de estas
minorías. En ese sentido, el centro de la acusación versa sobre la determinación
acerca del modelo que otorga mayor eficacia a dichos derechos
y, por ende, que resulta más compatible con las disposiciones del bloque
de constitucional en materia de discapacidad. Es decir, el cargo está relacionado
con la necesidad de determinar en qué modelo se inscribe el
concepto normalización y si ese paradigma es compatible con la actual
comprensión de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente
a la luz de los tratados de derechos humanos que regulan ese tópico.
Así, concluir que la demanda incumple el requisito de certeza, partiría de des-
conocer la complejidad de ese debate, el cual solo pude ser resuelto mediante
una sentencia de mérito, como lo proponen la mayoría de intervinientes y el
Procurador General. Por ende, concurre en el presente escenario un problema
jurídico constitucional discernible, razón por la cual la Corte adoptará decisión
de fondo, conforme a los argumentos que se expresan a continuación.
El vínculo entre las normas del bloque de constitucional sobre discapacidad
y el modelo social
5. El modelo constitucional actual significó una modificación radical
en lo atinente a la relación entre el individuo y el Estado. Bajo la Constitución
anterior, parcialmente fundada en los pilares del liberalismo
clásico, la persona era considerada de manera homogénea, en tanto
sujeto libre y autónomo, visión que negaba cualquier diferencia
material con incidencia en el goce y ejercicio de derechos y libertades.
En cambio, la Carta Política vigente está basada en la dignidad humana,
lo que significa que deben ser tenidas en cuenta, desde el
Estado y la sociedad, las innatas diferencias de las personas, en
especial aquellas que restringen su acceso a las posiciones jurídicas necesarias
para el acceso a las condiciones materiales que preceden a la eficacia
de los derechos fundamentales. Esto bajo el entendido que esos grupos
poblacionales son titulares del derecho a la igualdad de oportunidades.
Las personas en situación de discapacidad son un caso particular de sujetos
que, en razón de sus condiciones particulares y especialmente las que
le imponen el entorno en que se desenvuelven, tienen dificultades para el
acceso a dichas condiciones materiales. Es por ello que la Constitución, en
desarrollo de la cláusula de igualdad material y de oportunidades, impone
al Estado el mandato de adelantar una política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran (Art. 47 C.P.)
114 115

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
6. Esta previsión constitucional significa, entonces, que las personas en situación
de discapacidad son reconocidas en su diferencia, lo que prescribe
hacia el Estado el deber de adelantar acciones dirigidas a lograr la satisfacción
de sus derechos, en un marco de igualdad de oportunidades y
remoción de las barreras de acceso a los bienes sociales. Esta visión contrasta
con el tratamiento que tradicionalmente han recibido las personas
con discapacidad, basado en la marginalización a través de su invisibilización.
Sobre este particular, la Corte ha resaltado que “[t]al como ha ocurrido
con otros grupos sociales, los discapacitados han sido objeto constante
de marginación social a través de los siglos. La discriminación contra los
discapacitados presenta, sin embargo, características que le son propias
y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el sector de los
discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta o invisible,
en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas
por discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por
fuera del ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de
los discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones
que pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades.
Y finalmente, porque la discriminación contra los discapacitados
frecuentemente es ajena al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad
que acompaña otras formas de discriminación, tal como la que causa la segregación
racial. En efecto, en muchos casos la discriminación contra los
discapacitados no tiene origen en sentimientos de animadversión, y recibe
una justificación con la limitación física o mental que presenta la persona
afectada - claro está, haciendo caso omiso de las condiciones especiales de
cada discapacidad y de los diferentes grados de limitación que ellas pueden
generar. De esta manera, la marginación de los discapacitados frecuentemente
no está acompañada de hostilidad, sino que es más bien producto de
ignorancia, de prejuicios, de simple negligencia, de lástima, de vergüenza
o de la incomodidad que genera el encuentro con personas diferentes”.[2]
Desde esa perspectiva, la protección de los derechos de las personas en situación
de discapacidad pasa por la eliminación de esas barreras, las cuales
no son únicamente de índole físico, sino también jurídico. Las diferentes
modalidades de infraestructura, la conformación institucional y las reglas
jurídicas deben, en ese orden de ideas, adaptarse de modo tal que su configuración
no imponga limitaciones de acceso a las personas con discapacidad.
Así, como lo ha señalado la Corte “… para el Constituyente, la igualdad
real sólo se alcanza si el Estado se quita el velo que le impide identificar
las verdaderas circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo
favor se consagra este derecho. Una vez revelado el panorama real, el Estado
tiene la tarea de diseñar políticas públicas que permitan la superación
de las barreras existentes para que las personas puedan incorporarse, en
igualdad de condiciones, a la vida social, política, económica o cultural... el
derecho a la igualdad en el Estado Social de Derecho, trasciende los imperativos
clásicos de la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en
las diferencias que de hecho existen entre las personas y los grupos de personas.
Justamente, en consideración a las diferencias relevantes, deben diseñarse
y ejecutarse políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad.”[3]
7. La regulación jurídica de los derechos de las personas con discapacidad ha
sido particularmente analizada por normas del derecho internacional de los
derechos humanos, que al tener ese carácter se comprenden incorporadas al
bloque de constitucionalidad. En distintos instrumentos internacionales se
han plasmado los diferentes mecanismos de inclusión de dicha población, en
los mismos términos de garantía de igualdad de oportunidades, antes explicados.
En este apartado, la Corte hará referencia a varios de estos instrumentos,
específicamente aquellos de carácter convencional, ratificados por Colombia
e integrantes del parámetro de constitucionalidad, en los términos explicados.
7.1. Existe una especial preocupación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC, al menos desde el punto de vista
de su interpretación ulterior, acerca de la eficacia de los derechos sociales
en el caso de las personas en situación de discapacidad. A este respecto, el
intérprete autorizado de ese tratado ha señalado en la Observación General
No. 5 “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que si bien no existe
en el PIDESC una norma con referencia explícita a los derechos de esta po-
116 117

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
blación, en todo caso “…la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce
que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad
y en derechos y, como las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos
los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad tienen claramente
derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto. Además,
en la medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados Partes
han de adoptar medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan
los recursos disponibles, para lograr que dichas personas procuren superar
los inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en
el Pacto, derivados de su discapacidad. Además, el requisito que se estipula
en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto que garantiza “el ejercicio de los derechos
que en él se enuncian, sin discriminación alguna” basada en determinados
motivos especificados “o cualquier otra condición social” se aplica
claramente a la discriminación basada en motivos de discapacidad.”[4]
En los términos de la misma Observación, constituye discriminación injustificada
contra las personas en situación de discapacidad todas aquellas
acciones u omisiones que tengan como resultado imponer barreras para
el goce y ejercicio de los derechos de esta población, particularmente sus
derechos sociales. Estos actos no solo se reducen a actuaciones materiales,
sino que también incorporan la discriminación derivada por el tratamiento
que las normas jurídicas irrogan a las personas con discapacidad.
Como lo señala el Comité DESC, “A fin de remediar las discriminaciones
pasadas y presentes, y para prevenir futuras discriminaciones, parece indispensable
adoptar en prácticamente todos los Estados Partes una legislación
amplia y antidiscriminatoria en relación con la discapacidad. Dicha
legislación no solamente debería proporcionar a las personas con
discapacidad la posibilidad de recurso judicial en la medida de lo posible
y apropiado, sino que brindaría asimismo programas de política social que
permitirían que las personas con discapacidad pudieran llevar una vida
integrada, independiente y de libre determinación. || Las medidas contra
la discriminación deberían basarse en el principio de la igualdad de derechos
para las personas con discapacidad y para las personas que no tienen
discapacidad, que, según se dice en el Programa de Acción Mundial para
los Impedidos, “significa que las necesidades de todo individuo son de la
misma importancia, que estas necesidades deben constituir la base de la
planificación de las sociedades, y que todos los recursos deben emplearse
de tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación
a cada individuo. Las políticas en materia de incapacidad deben asegurar
el acceso de los impedidos a todos los servicios de la comunidad”.[5]
Como se observa, la eficacia del principio a la igualdad de las personas con
discapacidad pasa necesariamente por su inclusión social y el acceso equitativo
a los derechos, frente a los sujetos que no tienen esa condición particular.
7.2. En el ámbito regional debe resaltarse la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, adoptada por Colombia mediante la Ley 762/02 y objeto
de control de constitucionalidad en la sentencia C-401/03. En dicho tratado,
se puso de presente cómo la discriminación contra las personas en situación
de discapacidad se comprobaba ante cualquier medida que distinguiera a esa
población, con el propósito de imponer barreras para el acceso al goce efectivo
de sus derechos humanos. En los términos del artículo I.2.a. de la CIEDPD, el
“…término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa
toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción
de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas
con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.”
A partir de esa consideración, el artículo III impone a los Estados parte de
la Convención las obligaciones de, entre otras, (i) adoptar las medidas de
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad; y (ii) trabajar prioritariamente
en la sensibilización de la población, a través de campañas de
educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes
118 119

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de
esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.
De nuevo, en este escenario la Sala encuentra que la perspectiva de
protección de los derechos de las personas con discapacidad se concentra
en su inclusión a la dinámica social, a través de la remoción
de las barreras para el acceso a las condiciones materiales necesarias
para la eficacia de sus derechos humanos y fundamentales.
7.3. Con todo, para el caso analizado resultan especialmente pertinentes
las reglas jurídicas planteadas, esta vez en el ámbito del sistema de Naciones
Unidas, por la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad – CDPD. Este tratado, incorporado a la legislación
interna por la Ley 1346 de 2009 y objeto de control de constitucionalidad
en la sentencia C-293/10, configura el estándar global más reciente
y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad.
Como lo resaltó la Corte en el ejercicio de dicho control de constitucionalidad,
la CDPD se inserta claramente en una perspectiva de inclusión de
las personas en situación de discapacidad, que parte del reconocimiento de
su plena autonomía como sujetos de derecho, que a su vez cobra eficacia
mediante la eliminación de las barreras para el acceso a las distintas posiciones
jurídicas. Sobre este tópico, la sentencia C-293/10 indicó que, a partir
del “análisis constitucional de las cláusulas que conforman el articulado de
esta Convención, se observa que ellas reflejan un esfuerzo comprehensivo de
protección a las personas discapacitadas, ya que abordan y ofrecen correctivos,
desde una perspectiva moderna e inclusiva, frente a la mayor parte de
los aspectos y situaciones en las que puede apreciarse la condición de desigualdad
y vulnerabilidad que normalmente afecta a estas personas. (…) De
otra parte, la Corte destaca que uno de los principios inspiradores que subyacen
dentro del articulado de la Convención y los compromisos en él contenidos
es el reconocimiento y exaltación de la autonomía del individuo, y
el propósito de controlar, tanto como sea posible, el efecto de restricción de
dicha autonomía que normalmente resulta de las distintas discapacidades
que las personas pueden padecer. Así por ejemplo, la Convención plantea,
entre otras garantías, que los individuos con discapacidad tienen derecho a
tener un trabajo que les permita procurarse su propio sustento (art. 27), que
están en capacidad de elegir cómo y con quién vivir (art. 19), que pueden
establecer relaciones familiares como las de las demás personas a partir del
libre consentimiento de los interesados (art. 23), y que pueden ejercer el derecho
al sufragio y los demás derechos de participación política y social, en lo
posible, sin la intervención de otras personas (art. 29). La Corte considera que
en cuanto estas circunstancias buscan potenciar el ejercicio de la autonomía
personal, y con ello el libre desarrollo de la personalidad a que se refiere el artículo
16 superior, todas estas disposiciones son válido desarrollo de importantes
objetivos constitucionales, y por lo mismo, plenamente exequibles.”
Ahora bien, para lo que interesa a la presente decisión, debe resaltarse como
el propósito de la CDPD es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su
dignidad inherente. || Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.
A partir de este objetivo general, se imponen a los Estados parte deberes específicos,
entre otros los de (i) adoptar medidas para la toma de conciencia respecto
de las personas con discapacidad, así como (ii) la eficacia del derecho de dichas
personas a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad; al
igual que (iii) la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad.
7.3.1. El artículo 8° CDPD determina que los Estados parte se comprometen
a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: (i) sensibilizar
a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia
respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto
de los derechos y la dignidad de estas personas; (ii) luchar contra los es-
120 121

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en
todos los ámbitos de la vida; y (ii) promover la toma de conciencia respecto
de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de las necesidades y capacidades de la persona; y (ii) apoyen la participación
e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo
más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.
7.3.2. El artículo 19 CDPD dispone, a su vez, el reconocimiento por parte
de los Estados del derecho en igualdad de condiciones de todas las personas
con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a
las de las demás. Por lo tanto, están compelidos a adoptar medidas efectivas
y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las
personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que: (i) las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas
a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; (ii) las personas
con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida
la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia
y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación
de ésta; y (iii) las instalaciones y los servicios comunitarios para
la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones,
de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
7.3.3. Por último, el artículo 26 CDPD impone a los Estados el deber de
adoptar medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de
personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas
con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Partes están obligados a organizar, intensificar y ampliar los servicios
y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular
en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales,
de forma que esos servicios y programas: (i) comiencen en la etapa
más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar
8. De acuerdo con estas disposiciones, es evidente que los postulados contenidos
en la CDPD están basados en la inclusión social de las personas en situación
de discapacidad, a través del reconocimiento, aceptación y toma de
conciencia de sus innatas particularidades, aunado a la asunción de deberes
dirigidos a la remoción de barreras de acceso y adaptación del entorno con ese
propósito, lo que a su vez supone la prohibición de imposición de un modo
de vida particular. En esa perspectiva, cobran especial relevancia medidas
como el diseño universal y los ajustes razonables, previstos en el mismo instrumento
internacional. De acuerdo con el primero, la inclusión de las personas
con discapacidad se logra a través de la concepción del entorno de manera
tal que la infraestructura y los distintos instrumentos que hacen parte de la
vida cotidiana, puedan ser utilizados indistinta y equitativamente tanto por
personas con discapacidad como sin ella. Los ajustes razonables, en cambio,
consisten en las adaptaciones y reformas a la infraestructura física, al igual
que al entorno social, dirigidas a permitir la accesibilidad de las personas
con discapacidad, sin que tengan que soportar cargas desproporcionadas.
9. Esta perspectiva incluyente hacia las personas con discapacidad
se deriva de la evolución del tratamiento jurídico sobre esta materia,
que la jurisprudencia constitucional ha documentado con suficiencia,
sintetizándose en esta oportunidad sus aspectos esenciales, así:
9.1. La jurisprudencia de la Corte ha resaltado cuatro etapas en el desarrollo
normativo respecto a los derechos y prerrogativas de las personas
en situación de discapacidad. Estos estadios corresponden a los modelos
de prescindencia, marginación, rehabilitación y el modelo social.
El modelo de la prescindencia se basaba en determinar que la discapacidad
es una circunstancia que obliga a separar al afectado de los demás miem-
122 123

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
bros de la sociedad que se consideran “normales”. En ese sentido, los discapacitados
están sometidos a una condición particular, catastrófica y que
los aleja de los pretendidos estándares de la vida en sociedad. Por esa razón,
deben ser excluidos del cuerpo social, al no cumplir con esas condiciones,
que sí acreditan las personas sin discapacidad. Como lo ha señalado la Corte
“[e]l modelo de la prescindencia, descansa principalmente sobre la idea de
que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, que
es un ser improductivo y además una carga tanto para sus familiares cercanos
como para la comunidad.[6] Bajo este modelo, la diversidad funcional
de una persona es vista como una desgracia -e incluso como castigo divinoque
la inhabilita para cualquier actividad en la sociedad. Bajo este modelo
se da por supuesto que una persona con discapacidad no tiene nada que
aportar a la sociedad, ni puede vivir una vida lo suficientemente digna.”[7]
9.2. El modelo de la marginación está basado en la distinción discriminatoria
entre la normalidad y la anormalidad. Según este criterio, las personas
que no están en situación de discapacidad son aptas y “normales”, de manera
tal que pueden interactuar adecuadamente en sociedad. En contrario, las
personas con discapacidad son “anormales”, lo que justifica su segregación.
En ese sentido, pueden válidamente excluirse de esa interacción. A este respecto,
el precedente en comento describe esa etapa como aquella en la cual
“… las personas con discapacidad son equiparadas a seres anormales, que dependen
de otros y por tanto son tratadas como objeto de caridad y sujetos de
asistencia. No sobra señalar que esta idea sobre la persona con discapacidad
ha llevado a justificar prácticas de marginación social, fundadas en que a las
personas con discapacidad se deben mantener aisladas de la vida social.”[8]
sin situación de discapacidad. En este escenario, la discapacidad era un
asunto derivado exclusivamente de las condiciones físicas y mentales
del individuo, quien debía ser sujeto de atención clínica, con el fin de
llegar a un óptimo predefinido, esto es, la situación de no discapacidad.
Sobre esta visión, la Corte ha indicado que “[b]ajo este enfoque, la diversidad
funcional, será tratada no ya como un castigo divino, sino abordada
en términos de enfermedad. Es decir, se asume que la persona con discapacidad
es una enferma, y que su aporte a la sociedad estará signado por
las posibilidades de “cura”, rehabilitación o normalización. Esta perspectiva
médica, que ha sido prevalente durante buena parte del pasado y presente
siglo hasta la década de los años 90, concentra su atención en el déficit
de la persona o, en otras palabras en las actividades que no puede realizar.
Como señala Catherine Seelman,[9] en el modelo médico, el llamado “problema”
esta ubicado en el cuerpo del individuo con discapacidad, el sesgo
del modelo médico es la percepción biológica y médica de normalidad.”[10]
Aunque este modelo superaba el concepto de necesaria exclusión social de
la persona con discapacidad, ha sido criticado por dos motivos principales:
(i) mantener la distinción entre un estándar que se considera óptimo, correspondiente
a la ausencia de discapacidad, y la necesidad correlativa que
las personas con discapacidad sean rehabilitadas médicamente, hasta donde
ello sea posible, como requisito para su inclusión en la sociedad que comparte
dicho óptimo; y (ii) definir a la discapacidad con un asunto vinculado
únicamente con las condiciones físicas o mentales del individuo, las cuales
son objeto de rehabilitación médica, con las finalidades antes expresadas.
9.3. La primera modalidad de atención a las personas con discapacidad,
desde el derecho internacional de los derechos humanos, se basó en el
modelo médico o rehabilitador. La tesis central de esta perspectiva consistió
en considerar a la discapacidad como una dolencia física del individuo,
que debía ser sometida a intervención médica, con el fin de lograr
su superación y, con ello, rehabilitar al afectado con el fin que pudiera
vincularse plenamente al estándar social de las personas que no están
Como se observa, estas características mantenían la exotización hacia la
discapacidad, igualmente verificable en los modelos previos. Por ende,
pese a considerar la necesidad del tratamiento y la atención especializada
a las personas con discapacidad, el modelo médico rehabilitador se muestra
especialmente problemático en términos de eficacia de los derechos a la
igualdad, la dignidad humana y la autonomía de las personas en situación
de discapacidad. Sobre este tópico, la Corte ha indicado que “[e]l modelo
124 125

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
rehabilitador tiene como eje la idea de que las causas de la discapacidad se
encuentran en diversas patologías, por lo que no se considera que la persona
sea prescindible, o inútil, y en consecuencia carente de valor y dignidad,
sino que el pleno goce y ejercicio de su dignidad se asocia al éxito de un
tratamiento curativo. Bajo un planteamiento un poco paradójico, el discapacitado
es una persona con dignidad, igualdad y derechos, siempre que
deje de ser discapacitado. La medida de respuesta estatal a la discapacidad
se encuentra, entonces, en el tratamiento médico, que puede derivar en la
internación del enfermo, pues se considera que esta permite adelantar la terapia
en condiciones óptimas. [Así], las características centrales del modelo
son: (i) el origen científico (médico) de la discapacidad; (ii) la existencia
de un valor en el discapacitado, siempre que sea posible su rehabilitación;
(iii) la concepción de la persona con discapacidad como inferior en destrezas
y aptitudes; (iv) la adopción de medidas orientadas a la normalización
del discapacitado, dentro de un parámetro marcado por la idea de
un individuo estándar (o normal), lo que a su vez implica la adopción de
medidas como la educación especial o el trabajo vigilado o protegido. ||
Dentro de las críticas que se han realizado al modelo, cabe destacar
las siguientes: (i) la imposición de una actitud paternalista hacia
las personas con discapacidad; (ii) la presencia del médico más
allá del ámbito del ejercicio de su labor terapéutica, adoptando decisiones
sobre la libertad y modo de vida del individuo; y (iii) el ocultamiento
de la diferencia como condición para el ejercicio de los derechos
y el respeto por la dignidad del individuo.”[11] (Negrillas originales).
9.4. Las normas actuales sobre los derechos humanos de las personas en
situación de discapacidad, en especial las contenidas en la CDPD, modifican
el paradigma expuesto y adoptan el que se ha denominado como
modelo social de la discapacidad. Esta concepción se basa en admitir que
la discapacidad no es un asunto que se derive exclusivamente de las particularidades
físicas o mentales del individuo, sino que también tiene
un importante concurso en la misma las barreras que impone el entorno,
de diferente índole, las cuales impiden que la persona con discapacidad
pueda ejercer adecuadamente sus derechos y posiciones jurídicas.
El cambio de paradigma en este escenario está basado en considerar a la
persona en situación como discapacidad desde el reconocimiento y respeto
de su diferencia. Si bien se mantiene en el modelo social el deber estatal
de rehabilitación y tratamiento de la discapacidad, en modo alguno
estos toman la forma de requisitos para la inclusión social. En contrario,
la mayoría de las obligaciones del Estado frente a las personas con discapacidad
se concentran en la remoción de barreras que impidan su plena
inclusión social, ámbito donde cobran especial relevancia deberes de
promoción del diseño universal y de ajustes razonables, explicados en el
fundamento jurídico 8 de esta sentencia. Entonces, el modelo social se
basa en que la discapacidad no debe comprenderse como una condición
anormal que debe superarse para el acceso a los derechos y bienes sociales,
sino como una particularidad del individuo, intensamente mediada
por las barreras físicas, sociológicas y jurídicas que impone el entorno,
generalmente construido sin considerar las exigencias de la población
con discapacidad. De allí que la protección de estos derechos dependa de
la remoción de esas barreras, a través de diversos instrumentos, siendo
el primero de ellos la toma de conciencia sobre la discapacidad, que sustituye
la marginalización por el reconocimiento como sujetos de derecho.
En este orden de ideas, acerca de las ventajas que presenta el modelo social
de la discapacidad, en especial respecto de la eficacia de los derechos
constitucionales de las personas con discapacidad a la dignidad humana,
la igualdad y la autonomía, la Corte ha señalado que “…la protección de los
derechos humanos de las personas que se encuentran en alguna circunstancia
de discapacidad se aborda en la actualidad desde el modelo social, esto
es, la discapacidad entendida como una realidad, no como una enfermedad
que requiere ser superada a toda costa, en otras palabras, se asume desde el
punto de vista de la diversidad, de aceptar la diferencia. Este modelo tiene
una visión amplia, pues (i) supera un primer modelo centrado en la caridad
y el asistencialismo y, (ii) además, parte de que no sólo debe abordarse la
discapacidad desde el punto de vista médico o de rehabilitación sino que se
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
centra en el aprovechamiento de todas las potencialidades que tienen los seres
humanos, independientemente del tipo de discapacidades que tengan. ||
Con la anterior perspectiva hay un cambio de paradigma en la forma cómo
debe abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la discapacidad
surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente social
a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de la
incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este modelo, la
discapacidad es principalmente un problema de discriminación y estigmatización.
Además, las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad
surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones. (…) Por tanto, no puede
desconocerse que el ambiente (físico, cultural, etc.) puede tener un impacto
positivo o negativo en la manera de asumir y entender la discapacidad, pues
“los efectos de la discapacidad sobre una persona dependen de manera fundamental
del entorno social, es decir, que la discapacidad no es únicamente
un problema individual. Esto significa que un medio social negativo y poco
auspiciador puede convertir la discapacidad en invalidez, y que, por el contrario,
un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera
decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con una discapacidad”.[12]
|| En particular, una de las condiciones negativas que contribuyen
a la exclusión de las personas con discapacidades es la no adaptación del
ambiente físico[13] a las necesidades de esta población, es decir, el entorno
físico está concebido para personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual
corresponde al imaginario social acerca la belleza, lo que brinda bienestar, las
potencialidades que cada uno debe tener[14], etc.”[15] (Negrillas originales).
10. La jurisprudencia constitucional, a partir de estas premisas, ha concluido
que el modelo social es el marco de referencia de las previsiones del bloque de
constitucionalidad contenidas en el CDPD. Por lo tanto, como en esta sentencia
se ha señalado que ese instrumento de derechos humanos es el estándar
más alto de protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad,
conforma el parámetro de interpretación sobre el contenido y alcance
de las prerrogativas constitucionales a favor de esa población, de acuerdo
con la regla hermenéutica contenida en el inciso primero del artículo 93 C.P.
Sobre el tópico, la Corte ha insistido en decisiones anteriores en que el modelo
social permite concebir a las personas en situación de discapacidad
como individuos que, en sí mismos y habida consideración de sus particularidades
físicas y mentales, son autónomos y dignos. Por ende, no se
exige de ellos una habilitación particular o cualquier otra cualificación que
los integre a la vida social sino que, antes bien, es el entorno el que está
obligado, a través de la acción del Estado y de la sociedad, a eliminar las
barreras que conforman o acentúan la diferencia de acceso generada por la
discapacidad. Para sustentar esta conclusión, esta Corporación ha previsto
que “[l]os últimos instrumentos de derechos humanos en relación con las
personas con discapacidad, como la Convención de Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad, muestran un alejamiento de
las concepciones anteriormente expuestas, para incorporar una comprensión
más amplia de la discapacidad, basada en lo que se denomina el modelo
social.[16] En esta misma vía también están los análisis más recientes de
discapacidad que se hacen desde el área de la salud.[17] Bajo este modelo,
la discapacidad no está signada tanto por la por la deficiencia funcional,
como por las barreras del entorno -tanto físicas como sociales -que pueda
enfrentar una persona. En la medida en que una persona tenga herramientas
suficientes para enfrentar esas barreras, y en la medida en que dichos
obstáculos se disminuyan, una persona con alguna deficiencia, como por
ejemplo física, no necesariamente se encuentra en una condición de discapacidad.
En este sentido, un punto central del modelo social, por oposición
al modelo médico, es centrarse en el análisis de las capacidades de
las personas más que en la evaluación exclusiva de sus deficiencias, o en
otros términos, la mirada de la discapacidad debe superar el enfoque de
enfermedad, y ser abordada desde una perspectiva holística que considere
no sólo la deficiencia funcional sino su interacción con el entorno.”[18]
11. De igual forma, debe tenerse en cuenta que el modelo social de la discapacidad
también se basa en el reconocimiento de la participación de dicha
población en el diseño e implementación de las políticas públicas que les
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
atañen. Esta visión se opone radicalmente a la incorporada en el modelo
médico – rehabilitador, fundado en la concepción paternalista hacia la discapacidad.
En cambio, supone que las personas en situación de discapacidad
son sujetos libres y autónomos y, en consecuencia, deben estar en posición
de incidir sobre las medidas estatales para su inclusión social, tratamiento
equitativo y equiparación en las oportunidades de acceso a los derechos
y bienes jurídicos. Al respecto, la sentencia T-340/10 señaló lo siguiente:
“El surgimiento del modelo [social] marca una de sus principales características:
la participación de las personas con discapacidad en la definición
de sus intereses, prioridades y necesidades dentro de la sociedad (nada sobre
nosotros sin nosotros), así como su enfoque sobre la discapacidad: la persona
con discapacidad no se encuentra marginada o discriminada por razón de
una condición física, sensorial o psíquica determinada, sino que las dificultades
que enfrenta para su adecuada integración se deben a la imposición de
barreras por parte de una sociedad que no está preparada para satisfacer las
necesidades de todas las personas que la componen[19]. Las causas de la discapacidad,
si bien no exclusivamente, sí son preponderantemente sociales.
Además, el modelo social afirma la dignidad de toda vida humana -con
lo que la discapacidad se convierte, automáticamente, en un asunto de
derechos humanos-; y estima que las personas con discapacidad pueden
aportar tanto como, o más que las personas sin discapacidad a la sociedad,
y por ello rechaza la idea de la rehabilitación como un proceso
de normalización del individuo. La terapia es admitida siempre que se
dirija a la satisfacción de objetivos previamente definidos por la persona.
Las medidas que persigue el modelo se dirigen a garantizar el mayor nivel
posible de autonomía del individuo (con lo que el internamiento se considera
una medida ajena al modelo), mediante los ajustes requeridos por su condición,
que no se concibe como limitación sino como diversidad funcional.
Así, por ejemplo, el enfoque social da prevalencia a la educación ordinaria
sobre la especializada, que se mantiene solo como última medida; y estima
que la subsistencia del individuo debe satisfacerse mediante la creación de
oportunidades laborales y la seguridad social, y la búsqueda de nuevos escenarios
de inclusión. El propósito más importante a realizar es la igualdad de
oportunidades, a través de la aplicación de principios como la accesibilidad
universal, el diseño para todos y todas, y la transversalidad de las políticas[20].
66. En ese marco, la Convención Internacional sobre Derechos de Personas
con Discapacidad se acerca más a un enfoque social de la discapacidad que
a uno médico, lo que tiene como consecuencia la prevalencia del propósito
de disminución o erradicación de barreras sociales o ambientales (o en
términos más amplios del entorno), sobre la rehabilitación o tratamiento
de la discapacidad. Además, sin abandonar el propósito central de eliminar
la discriminación como paso indispensable para garantizar la igualdad
de oportunidades a las personas con discapacidad, la CDPCD establece
unos principios para la adopción de políticas públicas y la interpretación
de las normas legales, constitucionales y convencionales, que buscan el
ejercicio de todos los derechos humanos por parte de la población con
discapacidad, antes que el ocultamiento de las diferencias funcionales.”
12. Por último, lo que resulta especialmente relevante para esta decisión,
el precedente analizado ha dispuesto que aquellas fórmulas jurídicas dirigidas
a la normalización de las personas en situación de discapacidad,
contrarían sus derechos fundamentales y por lo mismo, son incompatibles
con la Constitución. Ello debido a que posturas de ese carácter imponen
un tratamiento discriminatorio contra dichas sujetos, puesto que
no las reconocen en su diferencia y la particular incidencia que tiene el
entorno para su acceso a los distintos derechos y posiciones jurídicas, sino
que supeditan su inclusión a la superación de la discapacidad, de la misma
forma que lo propugnaba el modelo médico – rehabilitador, actualmente
superado por el derecho internacional de los derechos humanos.
En la sentencia C-804/09, la Corte se ocupó de analizar la constitucionalidad
de la condición de “idoneidad física” como uno de los requisitos
impuestos por el Código de la Infancia y la Adolescencia para la adop-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ción. En dicho fallo, se insistió en que esta expresión no podía comprenderse
como una exclusión genérica de las personas en situación de discapacidad
de la posibilidad de adoptar. Para ello, puso de presente que esa
idoneidad física correspondía a criterios de índole subjetiva, lo que significa
que debía ser analizada en cada caso concreto, bajo el ineludible presupuesto
de la preservación del interés superior de los niños y niñas. A
su vez, esta naturaleza de la idoneidad física del adoptante era contraria
a consideraciones de carácter objetivo, que excluyeran a las personas
en situación de discapacidad de la posibilidad jurídica de adoptar.
Para la decisión en comento, comprender el requisito mencionado como
una barrera genérica para la facultad de adoptar de las personas con discapacidad,
significaría desconocer el estándar de protección que impone
el modelo social, basado a su vez en las normas de derechos humanos
anteriormente expuestas. Ello debido a que se equipararía el concepto de
idoneidad física al de normalidad, asumido por el modelo médico –rehabilitador.
En términos de la sentencia mencionada “[h]istóricamente, las
personas con discapacidad han enfrentado distintas barreras que les han
impedido el goce efectivo de sus derechos. Desde barreras culturales que
perpetúan los prejuicios, hasta barreras físicas y legales, que limitan la
movilidad, la interacción social y la efectiva participación de las personas
con discapacidad. Con frecuencia las personas con discapacidad son consideradas
como seres humanos “defectuosos”, “incompletos”, que “necesitan
reparación” o que son “dignos de compasión,” concepciones que se basan
en el desconocimiento de las características, las causas y los componentes
socioculturales de la noción misma de “discapacidad”, así como del ideal
de “normalidad” a la que aquella necesariamente se opone. Tales barreras
condenan a las personas con discapacidad a la vulneración de su dignidad
y son en realidad el ingrediente principal para la perpetuación de los factores
de discriminación que las condenan al paternalismo y la marginalidad.”
Similar consideración fue realizada por la Corte en la sentencia T-397/04,
en donde se determinó que la oposición conceptual entre la normalidad
y la discapacidad contraía una abierta discriminación contra esa pobla-
ción. Así, se señaló en ese fallo que “[e]n la mayor parte de los casos, la
base de estas reacciones hacia la persona con discapacidad la proporciona
una determinada representación social y cultural sobre la “normalidad”
corporal, mental y funcional, de la cual las personas con discapacidad se
apartan en mayor o menor medida. Ello, a pesar de que –por la naturaleza
del organismo humano- es realmente muy baja la proporción de personas
cuyos cuerpos y mentes funcionan en condiciones absolutamente óptimas;
e incluso en los casos en que tal estado de salud se logra, no deja de ser
un fenómeno temporal, sobre el cual se cierne la perspectiva cierta de la
disminución física y funcional, cuando menos por el paso del tiempo – de
esta forma, todas las personas se enfrentan, tarde o temprano, al riesgo
de discriminación por la pérdida de la capacidad física o funcional que se
considera “normal” en un momento dado de la historia y del curso vital
del individuo. También es digno de anotar que el ideal de normalidad predominante
en nuestra sociedad tiene un componente central de carácter
meramente estético, es decir, relacionado con la mayor o menor “apariencia
de normalidad” que proyecte un individuo, la cual contribuirá en gran
parte a la mayor o menor discriminación a la que dicho individuo estará
sujeto. Se puede consultar, sobre este particular, una gran cantidad de estudios
especializados en el tema de la discapacidad.” (Subrayas originales).
13. En conclusión, encuentra la Sala que a partir de los instrumentos recientes
de derechos humanos en materia de discapacidad, el modelo social
es el estándar más reciente y garantista para los derechos de esa población.
Este paradigma concibe a la discapacidad como un asunto complejo
en cuanto a su origen, pues confluyen tanto las condiciones físicas y
mentales del individuo, como las barreras físicas, sociológicas y jurídicas
que le impone el entorno. Esto hace que la persona en situación de discapacidad
deba ser comprendida desde su autonomía y diferencia, lo que
significa que resulte constitucionalmente inadmisible que se le imponga
su rehabilitación o normalización como condición previa para que sea
incluido en la dinámica social, en tanto sujeto de derechos, dotado de autonomía
y dignidad. En contrario, el Estado y su sistema jurídico están
obligados a garantizar esa inclusión mediante la eliminación de dichas
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
barreras, a fin que se logre la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad, a partir de su reconocimiento y protección especial.
Con todo, también debe indicarse que la compatibilidad prima facie entre el
modelo social de la discapacidad y el parámetro constitucional de los derechos
de estas personas, no es óbice para que la jurisprudencia pueda reconocer,
en el futuro y ante la existencia de otros estándares más garantistas en el
derecho internacional de los derechos humanos, otras perspectivas de análisis
de la discapacidad que sean igualmente armónicas con la Carta Política.
La discriminación y la necesidad de protección de la dignidad
humana por parte del lenguaje jurídico. Reiteración de jurisprudencia
14. Existe una línea jurisprudencial consolidada por esta Corporación,
relativa a las funciones del lenguaje jurídico y la posibilidad
que sus ámbitos valorativos y de validación lleguen a vulnerar derechos
y valores constitucionales, en especial la igualdad y la dignidad
humana de los sujetos destinatarios de las prescripciones legales.[21]
Esta doctrina parte de advertir que el lenguaje normativo no se reduce a describir
hechos y consecuencias jurídicas, sino que es posible adscribirle tres
tipos de funciones definidas. La primera, de índole descriptiva en los términos
mencionados. La segunda, de tipo valorativo, a través de la cual las
normas, lejos de tener un carácter neutro, en realidad categorizan, arbitran
y definen situaciones específicas, imponiéndoles determinado criterios que
las promueven, rechazan, discriminan o distinguen de otras. La tercera, que
puede definirse como de validación, refiere al papel que cumple el derecho,
en general, y las normas jurídicas en particular, en la creación de realidades:
las normas jurídicas tienen la función de constituir estándares para la conducta,
a través de la definición de aquellos comportamientos permitidos y
otros prohibidos. Si esas normas tienen tal estatus, sus expresiones validan
como parámetro jurídico, y por ello coactivo, lo que ellas expresen. Esto
más aún si se tiene en cuenta que estos preceptos son producto de procedimientos
democráticos de formación, esto es, acuerdos representativos sobre
lo que se estima correcto, incorrecto, objeto de afianzamiento o de rechazo.
Por lo tanto, ese precedente comparte identidad teórica con las propuestas
que desde la filosofía del lenguaje afirman que las expresiones del lenguaje
natural, código que comparte el Derecho, no solo son descriptivas sino que
construyen la realidad, en tanto califican y explican el ámbito fáctico.[22]
Esta ha sido la posición de la Corte, al indicar que como consecuencia de la
comprobación de las mencionadas funciones del lenguaje jurídico, el legislador
debe mostrarse especialmente cuidadoso en la elección de los términos
que integrarán las expresiones normativas, pues los mismos pueden llegar a
legitimar opciones valorativas incompatibles con la Constitución. De forma
correlativa, a pesar que el control de constitucionalidad se concentra primariamente
en los enunciados normativos y no en los textos legales considerados
en su perspectiva formal, la Corte está facultada para analizar la exequibilidad
de expresiones que, al mostrarse incompatibles en su significación
con los postulados superiores, deben ser excluidas del ordenamiento jurídico.
14.1. Con todo, ese mismo precedente ha señalado que esta decisión de inexequibilidad
debe en cualquier caso acompasarse con la vigencia del principio
de conservación del derecho, esto más aún cuando las mencionadas expresiones
legales, si bien son intrínsecamente problemáticas en términos de la
vigencia de los derechos fundamentales, en todo caso suelen estar insertas
en enunciados normativos que cumplen con finalidades constitucionalmente
admisibles. Así, ante la necesidad de satisfacer el principio de conservación
del derecho en estos casos, la Corte también ha optado, cuando
ello ha sido posible, por la exequibilidad condicionada de las expresiones
acusadas o por la adopción de sentencias aditivas. En términos de la jurisprudencia,
“… la Corte también ha entendido que al estudiar la constitucionalidad
del lenguaje del legislador es necesario tener presente la importancia
que la Carta asigna al principio democrático – del cual se deriva
el principio de conservación del derecho - , así como el efecto normativo
de la disposición estudiada. Por ello, para que una disposición pueda ser
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
parcial o integralmente expulsada del ordenamiento jurídico en virtud del
lenguaje legislativo, es necesario que las expresiones utilizadas resulten claramente
denigrantes u ofensivas, que “despojen a los seres humanos de su
dignidad”[23], que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación
constitucionalmente inaceptable o que produzcan o reproduzcan
un efecto social o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva
constitucional. Como se verá adelante, para que la Corte pueda expulsar del
ordenamiento parcial o integralmente una norma en razón del lenguaje en
ella empleado, es necesario que no exista ninguna interpretación constitucional
de las expresiones utilizadas. Adicionalmente el juez debe ponderar
el efecto negativo del lenguaje – su poder simbólico - respecto del efecto
jurídico de la norma demandada, a fin de adoptar una decisión que no desproteja
sectores particularmente protegidos o que no desconozca, en todo
caso, el principio democrático de conservación del derecho. Pasa la Corte
a recordar la doctrina constitucional vigente en la materia. (…) En aplicación
de esta doctrina, ha declarado la constitucionalidad condicionada o la
inexequibilidad simple de numerosas expresiones legales que no corresponden
“al contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional”[24].
Como ya se mencionó, la Corte ha entendido que en virtud del principio
de conservación del derecho, la declaratoria de inexequibilidad simple sólo
puede prosperar cuando la expresión legislativa es absolutamente incompatible
con la Carta y no existe ninguna interpretación de la misma que
pueda ajustarse a la Constitución. Adicionalmente, como se verá adelante,
la Corte ha encontrado que para efectos de adoptar la correspondiente decisión
es fundamental ponderar el efecto de la declaratoria de inexequibilidad
sobre los derechos de sujetos de especial protección a fin de modular el sentido
del fallo para no desproteger bienes constitucionalmente protegidos.”
14.2. Ahora bien, sobre el fundamento material del control de constitucionalidad
de expresiones de ese carácter, se ha previsto por la jurisprudencia,
al recopilar las reglas fijadas por fallos anteriores acerca del tópico examinado,
que “… a una determinada expresión utilizada por el legislador no se
le puede atribuir un uso exclusivamente descriptivo pues es perfectamente
posible que de esos términos se haga también un uso emotivo. Y si con-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
curren los usos descriptivo y emotivo del lenguaje, no puede perderse de
vista que este último no es neutro pues plantea siempre una valoración o
una desvaloración que el hablante evidencia ante su interlocutor. Por lo
tanto, ya que las palabras utilizadas por el legislador son susceptibles de
un uso descriptivo y de un uso emotivo y como éste no es neutro sino que
plantea una valoración o una desvaloración, es posible que la carga emotiva
de las palabras utilizadas al formular una regla de derecho positivo,
llegue a interferir los derechos de otras personas y a generar problemas
constitucionalmente relevantes. || Entonces, si el lenguaje tiene una multiplicidad
de usos y si a través del lenguaje también se construye la realidad
social y se construyen o deconstruyen espacios de convivencia, no es
acertado plantear que de las expresiones lingüísticas utilizadas por el legislador
deba hacerse un uso exclusivamente descriptivo pues son factibles
también usos diferentes, que pueden nutrirse de una densa carga valorativa
y que eventualmente pueden resultar constitucionalmente relevantes
si interfieren derechos fundamentales de las personas. || En suma, el uso
emotivo de las palabras utilizadas por el legislador al formular una regla
de derecho determinada puede interferir derechos fundamentales de las
personas y por ello el juez constitucional se halla legitimado para resolver
los problemas constitucionales que se deriven de ello y que le sean planteados
en ejercicio de la acción pública e informal de inconstitucionalidad. Y
cuando el juez constitucional asume esta función, lejos de incurrir en excesos,
está cumpliendo, de manera legítima, con la tarea que se le ha encomendado:
Defender la integridad y supremacía de la Carta Política.[25]”[26]
15. En lo que respecta a esta decisión, interesa concentrarse en aquellos
casos en que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad o la exequibilidad
condicionada de expresiones normativas referidas a posiciones
jurídicas predicables de las personas en situación de discapacidad,
que al imponerles tratamientos peyorativos o discriminatorios, vulneran
sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a la igualdad.
15.1. La sentencia C-983/02 analizó la constitucionalidad de algunas
expresiones contenidas en el Código Civil, las cuales (i) califica-
136 137

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ban a las personas sordas que no pudiesen darse a entender por escrito
como incapaces; y (ii) supeditaban el cese de la curaduría del
incapaz a que, entre otros requisitos, el interdicto no oyente demostrara
“suficiente inteligencia” para la administración de su patrimonio.
La Corte, entre otros asuntos, declaró inexequible la mencionada expresión
“suficiente inteligencia”, en la medida que resultaba discriminatoria y contraria
a la dignidad humana de las personas con discapacidad auditiva. Esto
debido a que las equiparaba, en razón de su discapacidad, como faltas de
discernimiento, lo que no solo era infundado, sino también violatorio de
sus garantías constitucionales mínimas. Acerca de este asunto particular,
la sentencia señaló que “…para la Sala resulta violatorio de la Constitución la
frase “y tuviere suficiente inteligencia”, pues no sólo contiene la misma concepción
discriminatoria de la cual ha venido dando cuenta la Corte en esta
Sentencia, sino que resulta lesiva de la dignidad humana, uno de los derechos
fundamentales más importantes de la persona, pues ello implicaría someter
al individuo a una prueba para determinar el grado de inteligencia. Tal expresión
choca con el principio constitucional sobre la no discriminación y
con la exigencia superior de la igual dignidad de todos los seres humanos.”
15.2. En la decisión C-478/03, este Tribunal declaró la inexequibilidad de
distintas expresiones contenidas en el Código Civil y referidas a diversas
posiciones jurídicas de las personas con discapacidad mental, a saber: “furiosos
locos”, “mentecatos”, “imbecilidad, idiotismo y locura furiosa”, y “casa
de locos”. La Corte, luego de hacer un análisis del contenido y alcance de
los derechos de las personas en situación de discapacidad, en especial a la
luz de las tratados de derechos humanos que integraban en ese momento
del bloque de constitucionalidad, concluyó que dichas expresiones eran
inconstitucionales puesto que se mostraban abiertamente contrarias a la
dignidad humana y a la igualdad ante la ley de dichas personas. Para ello,
la Sala consideró que a pesar que estas disposiciones respondían a la terminología
de la época en que se redactó el Código Civil, e incluso varias de
ellas cumplían finalidades admisibles, en tanto protectoras de las personas
con discapacidad, la actual comprensión de esos términos era inexorable-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
mente peyorativa y contraria a los derechos constitucionales referidos a
dichos individuos. Por ende, debían retirarse del ordenamiento jurídico.
15.3. Un problema jurídico similar fue objeto de estudio por la Corte en la
sentencia C-1088/04. En esa oportunidad se declaró la inexequibilidad de la
expresión “si la locura fuere furiosa o si el loco” contenidas en el artículo
548 del Código Civil. Esto a partir de un análisis análogo al antes mencionado,
de acuerdo con el cual se constata la incompatibilidad entre tales conceptos
y los derechos de las personas con discapacidad mental, habida cuenta
de su carga valorativa. En dicha decisión, la Sala expresó lo siguiente:
“En las condiciones indicadas, si bien en el momento en que la codificación
napoleónica incorporó a la ley una terminología referida a los discapacitados,
que luego fue replicada por los sistemas legales de su área de influencia;
si bien en ese momento, se dice, tales expresiones no tenían el sentido
peyorativo y discriminatorio que hoy se advierte, el correr de los tiempos
hizo que esa terminología, no sólo perdiera toda capacidad descriptiva en el
ámbito científico sino, que, además, con la variación de los parámetros de
legitimidad de los poderes públicos, llegara a contrariar la dignidad del ser
humano y sus derechos fundamentales como nuevas razones de civilidad.
En este orden de ideas, frente a un sistema político y jurídico que afianza la
legitimidad del poder público en el respeto irrestricto que merece la persona
humana como un ser con múltiples potencialidades en vías de realización,
ya no puede manejarse la lógica discursiva de hace dos siglos. En este momento,
los derechos humanos son el fundamento y límite de los poderes
constituidos y la obligación del Estado y de la sociedad es respetarlos, protegerlos
y promoverlos. De allí que al poder político ya no le esté permitido
aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una terminología
que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de cosas. Mucho
más cuando se trata de personas discapacitadas pues a ellas también
les es inherente su dignidad de seres humanos y, dada su condición, deben
ser objeto de discriminación positiva y de protección e integración social.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
No puede perderse de vista que las normas demandadas generan una
discriminación cierta contra las personas con discapacidad mental. En
efecto, el contenido expresivo del modo peyorativo de las expresiones
“loco” o “locura furiosa” ubica el asunto de la discapacidad mental en
un ámbito de división entre la normalidad y la anormalidad, en el cual
se excluye a los discapacitados de su condición de personas con iguales
condiciones y derechos, situación que es diametralmente opuesta
al cumplimiento de los deberes positivos de promoción hacia las personas
que por su condición mental están en condiciones de debilidad
manifiesta y que son impuestos al Estado por el artículo 13 Superior.
9. En este marco, es evidente la ilegitimidad de una norma jurídica que
se refiera a la discapacidad mental como “locura furiosa” y a quien la
padece como “loco”, que lo haga aún en un momento de la historia en
que tales expresiones han perdido toda significación clínica y en el que
se han dotado de una carga emotiva que instrumentaliza y discrimina a
las personas con discapacidad mental. Es decir, expresiones de esa índole,
susceptibles de un uso emotivo que resulta jurídicamente degradante y
discriminatorio, no son compatibles con los fundamentos de una democracia
constitucional y deben ser retiradas del ordenamiento jurídico.”
15.4. Por último, la sentencia C-804/09, a la cual se hizo referencia en el
fundamento jurídico 12, declaró que la expresión “idoneidad física” comprendida
como requisito de los adoptantes, al poder ser interpretada desde
una perspectiva subjetiva, era constitucional. Ello debido a que esa fórmula
hermenéutica no permitía inferir una prohibición genérica para adoptar
respecto de las personas en situación de discapacidad. En contrario, si se
llegaba erróneamente a ese particular entendimiento, sí se afectarían las
garantías constitucionales de esta población. En términos de esa decisión,
“es claro que la exigencia de que quien aspire a adoptar un hijo, cuente con
idoneidad física, responde a un fin constitucionalmente legítimo, esto es,
asegurar las mejores condiciones para el cuidado y atención de las necesidades
del menor que se integra a una familia, acorde con sus derechos fundamentales
y garantías constitucionales. A la vez, es una medida que resulta
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
idónea para obtener esa finalidad constitucional. || Sin embargo, también es
claro que frente a las personas que tienen una limitación física y cumplen
con las demás condiciones establecidas en la ley para adoptar un hijo, la
medida puede resultar discriminatoria, si se tiene como única razón para
negar la adopción. Además, una interpretación y aplicación de la norma
en este sentido, quebrantaría el deber del Estado de proteger especialmente
a las personas con discapacidad y a la vez, el derecho de los menores de
edad a tener una familia que les brinde el cuidado y el amor que requieren
para su desarrollo integral. || Encuentra la Corte Constitucional que el
artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, exige una valoración integral de todas
las condiciones de quien sea candidato a padre o madre adoptante. En esa
medida, no se puede descalificar a una persona como posible padre o madre
adoptante, por el sólo hecho de que tenga una discapacidad, sino que dicha
condición debe ser evaluada en cada caso concreto por las autoridades y
expertos, junto con los demás factores de idoneidad exigidos por la ley, y
siempre en función de interés superior del menor, esto es, a la luz de las
necesidades de amor, cuidado y protección del niño, niña o adolescente que
será adoptado. En este sentido, la disposición demandada resulta ajustada
a la Constitución, desde el punto de vista de los derechos fundamentales
de los niños, la prevalencia de los mismos y el interés superior del menor.”
16. En conclusión, la Corte ha admitido el control de constitucionalidad
de expresiones normativas que, al referirse a posiciones jurídicas predicables
de las personas en situación de discapacidad, vulneran su dignidad
humana o su igualdad. En la mayoría de los casos analizados por la jurisprudencia,
esa afectación tiene lugar cuando dichas expresiones (i) incorporan
tratos discriminatorios o peyorativos, generalmente en razón
de su anacronismo; (ii) imponen prohibiciones genéricas e injustificadas
para que las personas en situación de discapacidad ejerzan derechos o
facultades jurídicas de diversa naturaleza; o, lo que resulta especialmente
relevante para esta decisión (iii) invisibilizan y/o exotizan a las personas
con situación de discapacidad, contrastándolas con un pretendido
parámetro de “normalidad”, en contra del mandato de inclusión y reconocimiento
para esa población, que se derivan de las normas que, al de-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
clarar derechos humanos, hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Solución del cargo propuesto
17. La demanda apunta a dos enunciados normativos. El primero, contenido
en el artículo 3° de la Ley 361/97, determina que uno de los objetivos de
es normativa es la normalización social y plena, al igual que la total integración
de las personas con situación de discapacidad. El segundo, contenido
en el artículo 36 ejusdem, de acuerdo con el cual se disponen servicios de
orientación para las familias de las personas con discapacidad, encontrándose
dentro sus fines el logro de la normalización de su entorno familiar.
así integrarse en un entorno equívocamente calificado como “normal”.
Esta interpretación, a juicio de la Sala, plantea profundos y graves inconvenientes
en términos de protección de los derechos de las personas
con discapacidad. En particular, el concepto jurídico de normalización,
así comprendido se opone a: (i) la vigencia del principio de igualdad y de
dignidad humana de las personas con discapacidad, que se traduce en su
reconocimiento como sujetos libres y autónomos; y (ii) los preceptos superiores,
en especial aquellos contenidos en normas del bloque de constitucionalidad,
que prefiguran a la discapacidad como una particularidad
no patológica del sujeto, derivada de las barreras que impone el entorno,
las cuales no asimilan los requerimientos propios de dicha población.
El actor acusa estas normas al considerar que son incompatibles con el modelo
social de la discapacidad, contenido en las normas actuales de derechos
humanos para esa población, y antes bien corresponden al modelo médico
– rehabilitador, que conlleva la discriminación de las personas con discapacidad,
puesto que las contrasta ante un presunto parámetro de “normalidad”,
en vez de reconocerlas en su diferencia y a partir de ello remover
las barreras que impone el entorno, en aras de lograr su inclusión social.
18. La Corte parte de reconocer que las expresiones acusadas, como lo señalan
varios de los intervinientes, pueden ser objeto de interpretación diversa,
en tanto se trata de términos intrínsecamente ambiguos. En efecto, puede
considerarse válidamente, en los términos expuestos por el actor, que las
normas acusadas exponen un paralelo entre la situación de las personas
que tienen una discapacidad y las que no, confiriéndole al segundo escenario
la condición de parámetro deseable y objetivo para la población en
situación de discapacidad. En otras palabras, cuando las expresiones acusadas
hacen referencia al concepto de “normalización”, tienen como propósito,
de acuerdo esta hermenéutica del precepto acusado, indicar que las
políticas para la población discapacidad están dirigidas, de forma prioritaria,
a que los individuos superen sus particulares circunstancias, para
En cuanto al primer aspecto, el concepto de normalización, al estar manifiestamente
inserto en el modelo médico – rehabilitador de la discapacidad,
considera a esta población como conformada por personas incompletas,
limitadas, dependientes y, en general, inferiores a quienes al
carecer de discapacidades son erróneamente calificados como “normales”.
Por ende, son las personas con discapacidad las que deben superar sus
innatas limitaciones, a fin de incorporarse, esta vez sí como sujetos libres
y autónomos, en el entorno propio de las personas sin discapacidad.
Un entendimiento de la discapacidad a partir de esta perspectiva no hace
nada distinto que establecer jerarquías en cuanto a la dignidad y la libertad
de las personas. De un lado, están aquellos que no tienen discapacidad y, por
lo mismos, son sujetos dotados de plena autonomía. Los segundos, limitados
e inferiores, deben rehabilitarse médicamente, a efectos de lograr el grado de
verdadera autonomía. Esta diferenciación es contraria a los fundamentos
del Estado constitucional, referidos a la vigencia de la dignidad humana y
a la prohibición de discriminación en razón de la condición física y mental.
Esta visión, además de contraer una segregación inaceptable, se opone radicalmente
al actual estándar de protección de los derechos humanos de
las personas en situación de discapacidad, enmarcado en el modelo social.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Como se ha señalado en varias ocasiones en esta sentencia, a partir de las
previsiones del bloque de constitucionalidad y, en particular de lo dispuesto
en el CDPD, se tiene que la discapacidad debe concebirse como una circunstancia
en donde concurre no solo la condición física o mental del individuo,
sino especialmente las barreras que le imponen el entorno, las cuales configuran
la discapacidad. Ello precisamente porque conciben los espacios físicos
y las regulaciones jurídicas sin considerar los requerimientos propios de
las personas con discapacidad, lo que los torna intrínsecamente excluyentes.
A esta perspectiva, el modelo social propone la inclusión de las personas en situación
de discapacidad, a través de la remoción de barreras, junto con la previsión
de diseños universales y ajustes razonables. Esto implica que no resulte
aceptable la regulación que tiende a la equiparación de los discapacitados en
dichos entornos excluyentes, sino la construcción de ámbitos que, al carecer
de las mencionadas barreras, permitan el acceso equitativo a los derechos,
garantías y diversas posiciones jurídicas. Este objetivo, vinculante para el
Estado en razón de incorporación en el bloque de constitucionalidad, implica
que el concepto de normalización, en los términos explicados, se oponga
a los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad.
19. Con todo, la Corte también encuentra que el término “normalización”, especialmente
en el contexto normativo en que se encuentra inserto, puede ser
objeto de una interpretación alternativa, compatible tanto con los derechos de
las personas en situación de discapacidad, como con el modelo social de la discapacidad,
dispuesto en la CDPD e integrado al bloque de constitucionalidad.
20. Así, en lo que respecta a la acusación contra el artículo 3° de la Ley 361/97,
la expresión “normalización social y plena” también puede ser válidamente
comprendida como una referencia, no a las personas en situación de discapacidad,
sino al entorno físico y social en el cual se encuentran. Así, lo que
el legislador plantearía en este caso es que uno de los objetivos que inspira
la normatividad legal colombiana sobre discapacidad, es la intervención del
entorno mencionado, a efectos de permitir que en este se eliminen las barreras
que concurren en la construcción de la discapacidad. Además, si se lee la
norma en su conjunto, podría considerarse acertadamente que en ella concurren
dos objetivos separados y específicos de dicha normativa: El primero,
relacionado con la normalización social plena, que refiere a la superación
de las barreras sociales que se imponen a las personas con discapacidad. Y
el segundo, referido a la total integración de dichas personas, cláusula que
no haría nada distinto que reafirmar las premisas que sustentan el modelo
social de la discapacidad, en los términos explicados en esta sentencia.
21. De otro lado, también debe resaltar la Corte que esta visión que asimila
el concepto de normalización con la remoción de barreras y a la integración
de las personas con discapacidad, ha sido una constante en la jurisprudencia
constitucional, incluso desde sus etapas más tempranas. Ejemplo de ello es lo
expuesto en la sentencia T-429/92, cuando al referirse a la necesidad de integrar
a los niños y niñas con discapacidad a la educación regular, compartida
con los alumnos no discapacitados, la Corte expresó que dichos mandatos
de integración “…deben ser tenidos en cuenta cuando se elaboren programas
educativos que conlleven los efectos nocivos de la separación o aislamiento
de los niños de aquellas experiencias educativas propias del mundo de la
“normalidad”. No puede negarse que la educación especial responde a veces
a las mejores intenciones y propósitos de ayudar eficazmente a los niños
a superar sus dificultades. Pero la separación o aislamiento pueden engendrar
sentimientos de inferioridad, con todas sus previsibles secuelas negativas.
|| En estas condiciones, la educación especial ha de concebirse sólo
como un recurso extremo para aquellas situaciones que, previa evaluación
científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la
institución educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se
concluya que es la única posibilidad de hacer efectivo su derecho a la educación.
Por tanto, la educación especial no podrá nunca servir de instrumento
para la negación del derecho constitucional prevalente de acceso y permanencia
en el sistema educativo que hoy tienen los niños colombianos.”
Similar consideración fue realizada por la Corte en la sentencia T-826/04,
cuando al explicarse la preferencia de la educación integrada a favor de los
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
menores con síndrome de Down o autismo, se determinó que el escenario
en que mejor resultarían protegidos los derechos de estos niños y niñas es la
integración académica, a partir de un entorno educativo uniforme y adaptado
a los requerimientos de todos los educandos, entre ellos quienes tienen
discapacidades. Por ende, la formación en entornos especializados era una
medida excepcional, admisible únicamente cuando no existiera ninguna
alternativa de integración, o cuando optar por esta fórmula terminara
por vulnerar los derechos fundamentales de la persona con discapacidad.
Esta misma línea de decisión se encuentra en la sentencia T-1258/08, en la
cual, al hacerse un detallado estudio sobre los derechos de las personas de
talla baja y su paralelo con los derechos de los sujetos con discapacidad, se
señaló como una de las causas de afectación de esos derechos la inexistencia
de entornos incluyentes, universales para la población de talla promedio
y baja. Así, la sentencia en comento vincula la conformación de estos entornos
como una de las expresiones del modelo social de la discapacidad.
Para ello, resalta que “[e]l modelo social inspirado en tales ideas, sugiere
tres conclusiones importantes: (i) que la discapacidad no es “de la persona”,
sino el resultado de su exclusión en la participación social; (ii) que la exclusión
no es inevitable como se piensa, al punto en que es posible imaginar
una sociedad que ha solucionado el problema de la integración social en
su conjunto, y (iii) que es correcto reconstruir el concepto de personas con
discapacidad, como una categoría social de personas que han sido excluidas
de los estándares tradicionales de la sociedad y no simplemente como
un concepto que identifica a personas que han padecido circunstancias
personales de limitación[27]. || La superación de la discapacidad desde este
análisis, sugiere una intervención social que exige hacer las modificaciones
ambientales[28] que sean necesarias, para asegurar la participación plena
de las personas con esta condición en las estructuras regulares del entramado
colectivo. De ahí que para quienes se identifican con esta concepción
de la discapacidad, el problema termine siendo de actitud, y por lo tanto
su atención requiera de la introducción de cambios colectivos que permitan
la integración de estas personas[29]. || La discapacidad, analizada desde
la perspectiva social de no pertenecer ambientalmente al modelo humano
antropométrico, mental y funcionalmente “perfecto”, permite en materia
de accesibilidad, que personas con deficiencias permanentes, - sean mentales,
físicas o sensoriales -, conjuntamente con las personas afectadas por
circunstancias discapacitantes, como pueden ser las personas de la tercera
edad, niños pequeños, personas embarazadas, etc., puedan ser protegidas
a través de las disposiciones que sean pertinentes en materia de discapacidad
y que tengan en cuenta sus específicas necesidades de integración.”
Por último, y de manera más reciente la sentencia C-765/12, a propósito del
control automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria
“por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, la Corte puso de
presente que la estipulación legislativa de acciones afirmativas a favor de
dicha población, como las planteados por esa normativa, se justificaban precisamente
en la necesidad de equiparación como requisito para el goce efectivo
de los derechos fundamentales. Sobre el particular, se resaltó en la decisión
mencionada que “la generalidad de las medidas desarrolladas en estos
artículos 7° a 26 sin duda encajan dentro del marco trazado por el texto superior.
Esto por cuanto, se insiste, todas ellas tienen el propósito de procurar el
logro de la igualdad real y efectiva entre las personas con discapacidad y las
demás personas y ciudadanos, en directa aplicación del artículo 13 de la carta;
están directamente ligadas al cumplimiento del mandato consagrado en el
artículo 47 que ordena adelantar “una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”; buscan
la efectividad de derechos específicos reconocidos por la Constitución,
unos con el carácter de fundamentales y otros como económicos, sociales y
culturales, pero todos garantizados por el texto superior; y en cuanto implican
cargas y deberes adicionales para los particulares y las autoridades,
constituyen una clara y efectiva materialización del principio de solidaridad,
al que aluden los artículos 1° y 95 de ese mismo texto. Enumeración que
no podrá considerarse taxativa sino enunciativa, pues este tipo de medidas
también encuentran apoyo en varios otros preceptos constitucionales.”
146 147

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
22. A partir de los premisas expuestas, la Sala encuentra que es posible
en el presente caso darle relevancia al principio de conservación del derecho,
a partir de la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión
“normalización social y plena”, contenida en el artículo 3° de la Ley
361/97, en el entendido que refiere únicamente y exclusivamente a la obligación
de eliminar las barreras del entorno físico y social que concurren
en la conformación de la discapacidad. Por ende, se desecha por inconstitucional
la interpretación alternativa del precepto, que comprende la
normalización como una imposición de parámetros y óptimos contrarios
a la dignidad y la igualdad de las persona en situación de discapacidad.
Con base en esta conclusión, la Sala reafirma que el Estado y la sociedad,
en virtud de la norma legal así interpretada, tienen un deber definido de
remoción de las barreras físicas, sociales y jurídicas que impiden la integración
de las personas con discapacidad y que, a su vez, son causas eficientes
de la configuración de dicha particularidad del individuo. Por
ende, la normalización social plena no es, en los términos explicados,
la imposición de un deber para el discapacitado, sino para la sociedad
en su conjunto, que está constitucionalmente llamada a modificar sus
prácticas y elementos, a fin de garantizar el reconocimiento de la persona
con discapacidad en su diferencia y en su innegable condición de individuo
pleno y autónomo, titular de derechos fundamentales de goce
diferencial, merced de su condición de sujeto de especial protección.
23. Para la Corte, esta argumentación lleva igualmente a declarar la exequibilidad
simple del término normalización, previsto en el artículo 36 de
la Ley 361/97. Esto debido a que de la lectura de la norma se colige que
ese concepto en modo alguno está dirigido a imponer un estándar de optimización
al discapacitado, sino que refiere a la transformación de su
entorno familiar, a fin de superar las barreras del entorno que impiden
el goce efectivo de los derechos constitucionales de las personas con discapacidad.
En consecuencia, la norma puede ser válidamente interpretada
en el sentido que los servicios de orientación de que trata el precepto
acusado, están unívocamente dirigidos a que las familias sean capacitadas
en la conformación de un ámbito social incluyente, universal, uniforme,
en donde concurran todos sus integrantes, al margen de que estén o
no en situación de discapacidad. Tal hermenéutica del precepto, a juicio
de la Corte, realza los valores y principios constitucionales, a su vez que
alienta la eficacia de los deberes sociales hacia las personas con discapacidad,
identificados por el derecho internacional de los derechos humanos.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “la normalización social
plena” contenida en el artículo 3° de la Ley 361 de 1997, en el entendido
que que refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del
Estado y la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE, la expresión “normalización
de”, contenida en el artículo 36 de la Ley 361 de 1997.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente en comisión
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-066/13
Referencia: expediente D-9201
Demanda de inexequibilidad contra los artículos 3 (parcial) y 36 (parcial)
de la Ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”
Magistrado Ponente:
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las razones
que me llevan a aclarar el voto en la presente sentencia.
En la solución del cargo, la posición mayoritaria consideró que
aun cuando la expresión “normalización” reflejaba una visión de
las personas con discapacidad como seres incompletos, o limitados
y por esa vía se podía perpetuar la discriminación y marginación
en contra de las personas con discapacidad, con base en el principio
de conservación del derecho, optó por reinterpretar ese concepto.
A pesar de coincidir que el término “normalización” puede tener acepciones
benévolas, cuando una palabra como esa, proyecta una imagen
tan poderosa como discriminatoria de lo que es “normal” y lo
que es “anormal”, debe procurar precisarse la comprensión del lenguaje
que se utiliza en una norma que hace parte del ordenamiento.
Ello porque el lenguaje tiene un poder transformador o perpetuador
de patrones de discriminación. El que se llame a alguien “ciego”,
“sordo”, “anormal”, automáticamente trae una imagen nega-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tiva y de rechazo para quien es descrito con esos adjetivos, así esos
adjetivos puedan ser leídos de manera “bondadosa” y científicamente
exista una explicación sobre el factor biológico que ha generado un obstáculo
para que alguien vea, oiga, o aprenda de determinada manera.
Bajo el enfoque social que se menciona, aún personas con talentos excepcionales,
que a la luz científica o médica no son personas “anormales”
que requieran ser “tratadas”, “curadas”, o “rehabilitadas,” bajo este enfoque
pueden llegar a ser reconocidas como personas con discapacidad porque
el entorno transforma esas habilidades excepcionales en discapacidades
y obstáculos para garantizar sus derechos en igualdad de condiciones.
El término “normalización”, podría reproducir un patrón de discriminación
frente a la discapacidad. Esto porque tanto la sociedad como los individuos
con discapacidad han sido percibidos y se auto perciben bajo el enfoque
“normalización” como personas que deben ser tratadas para llegar a ser
“normales” y en esa medida, así las palabras tengan otros sentidos menos
gravosos, si la ley, las autoridades y la sociedad mantienen en su imaginario
esa visión, la palabra “normalización,” aún reinterpretada, mantendrá el
patrón de discriminación. Si se le solicita a un arquitecto que diseñe accesos
“normales” para subir de un piso a otro, tal término no generará automáticamente
la idea de acceso universal ni de remoción de obstáculos para personas
con discapacidad, porque lo “normal” para la mayoría, son las escaleras.
El común de las personas asimila lo “normal”, a lo que es más común.
Sin embargo, hoy en día es inaceptable hablar de las personas con discapacidad
como seres enfermos o incompletos, ese patrón de discriminación
debe ser removido. Por eso contribuye al cumplimiento del deber
constitucional que impone el artículo 13 de la Carta de promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a
favor de quienes son discriminados o marginados, y remover los obstáculos
que genera el lenguaje en contra de las personas con discapacidad.
Mantener el término normalización para traducirlo “bajo una visión
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
constitucional” e imponerle una obligación particular al Estado frente
a las personas con discapacidad, en este caso, permite que el lenguaje
usado refleje a su vez, un cambio en la forma de pensar y de comprender
la situación. Los límites deben desvanecerse, ante personas que son
capaces de sobreponerse a los prejuicios. Para que el principio de igualdad
sea realmente respetado, no basta con garantizar los mismo derechos a
todas las personas de manera separada; La igualdad implica, necesariamente,
el deber de no separar, marginar o de excluir a ninguna persona.
En gran medida el problema de las personas con discapacidad es el contexto
social, pues los efectos negativos de los impedimentos físicos o síquicos derivan
de la existencia de entornos sociales intolerantes, más que de las afectaciones
síquicas o físicas. En cierto sentido, es la sociedad la que carece de la
capacidad de integrar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
El gran cambio frente a la discapacidad de las ultimas décadas ha consistido
precisamente en reconocer este hecho elemental, a saber, que un medio social
negativo puede convertir la discapacidad en invalidez, y que por el contrario,
un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera
decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con algún tipo
de discapacidad. La conclusión obvia es que es entonces necesario trasformar
esos entornos sociales discriminatorios e intolerantes en ambiente favorables
a la integración y al desarrollo con dignidad de los discapacitados.
Es por esta razón que se encontró que la expresión “normalización”,
no tiene el significado discriminatorio que le atribuyó el demandante
en este proceso al formular sus cargos, por cuanto no puede ser entendida
como que se refiere a la persona con discapacidad, sino a la sociedad
y a su entorno familiar, en aras de garantizar su inclusión real en
la visa social. Hace alusión la palabra dentro del contexto de las normas
que la contienen, al deber de los grupos sociales de crear las condiciones
que faciliten la integración de las personas en situación de discapacidad
sin barreras físicas, sociales y jurídicas, tal como se dijo en la sentencia.
Fecha ut supra,
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ACLARACIÓN Y SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MA-
GISTRADO LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-066/13
Con el respeto acostumbrado a las sentencias adoptadas por la Corte, manifiesto
mi aclaración y salvamento parcial de voto frente a lo decidido por la
Sala Plena en el fallo C-066 del 11 de febrero de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), en la cual la Corte declaró (i) exequible la expresión “la normalización
social plena” contenida en el artículo 3° de la Ley 361 de 1997, en el entendido
que refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y la sociedad
de eliminar las barreras del entorno físico y social; y (ii) exequible la
expresión “normalización de”, contenida en el artículo 36 de la misma Ley.
1. El argumento central de mi desacuerdo con la ponencia consiste en considerar
que el concepto “normalización” es contrario a la Constitución. Ello debido
a que contiene elementos semánticos y de interpretación que comportan
actos de discriminación. Por ende, debe resaltarse que el modelo social, que
propone la inclusión de las personas en situación de discapacidad a través de
la remoción de barreras, implica un mandato al Estado que debe ser de “inclusión”
y no de “normalización”. Como dicho modelo social, según lo ha considerado
la misma jurisprudencia constitucional y el derecho internacional
de los derechos humanos, es el que mejor desarrolla y garantiza los derechos
de las personas con discapacidad, el concepto de “normalización” involucra
un tratamiento discriminatorio injustificado contra el mencionado grupo.
2. Contrario a como lo decidió la mayoría, advierto que en el caso analizado
no estaban presentes dos tipos de interpretación posible de las normas acu-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
sadas, uno fundado en considerar que la pretendida normalización opera
como parámetro de comparación frente a las personas en situación de discapacidad
y otro basado en advertir que la normalización refiere al ambiente
en que se desenvuelve el discapacitado y la necesidad que no ofrezca barreras
en su contra. En mi criterio, la normalización solo puede ser comprendida
como un criterio discriminatorio, que apela necesariamente a la superación
de la situación de discapacidad y, por ende, a su descalificación jurídica.
Los fundamentos jurídicos planteados en la sentencia son coincidentes en
sostener que el lenguaje jurídico tiene una carga emotiva particular, que
puede mostrarse por sí es discriminatoria, al margen de los esfuerzos hermenéuticos
que realice el intérprete para hacerla compatible con la Constitución.
En mi criterio, el concepto normalización no puede ser entendido
de otra manera que con una obligada referencia al estándar óptimo,
a lo arbitrariamente considerado como normal. Este parámetro se opone
al tratamiento que la Constitución confiere a las personas que están en
situación de discapacidad, el cual se basa precisamente en lo contrario: el
reconocimiento de la persona en su diferencia y en sus particularidades.
Lo normal como deseable tiene una evidente carga valorativa, que discrimina
a la persona en situación de discapacidad, quien injustamente es calificada
como disminuida o incompleta. Precisamente, el paso del modelo
rehabilitador al modelo social, como se explica en la sentencia, tuvo entre
sus fundamentos la necesidad de dejar de considerar a la discapacidad
como una anomalía, para convertirla en una condición particular de los
individuos, que los identifica en su individualidad y que, por ese mismo
motivo, no puede ser objeto de censura o, menos aún, de superación o alivio.
Las modalidades de discriminación contra las personas en situación de discapacidad
son, por ende, complejas y van más allá que la simple imposición
de barreras jurídicas y fácticas para el disfrute de los derechos fundamentales.
A mi juicio, la simple consideración de un patrón calificado
como deseable o como un punto de llegada para las personas en situación
de discapacidad es, en sí misma y sin duda alguna, contraria a una concep-
ción material del principio de igualdad. Esto debido a que la discapacidad,
asumida desde el respeto de los derechos fundamentales, no es una situación
superable o comparable, sino una particularidad de las personas, quienes
deben ser incluidas sin calificar su diferencia, ni menos aún propender
porque sea modificada hacia un parámetro tan irreal como arbitrario.
3. El carácter parcial del salvamento de voto se explica en que comparto
con la mayoría que (i) el modelo social es el que se muestra más adecuado
para proteger los derechos de la persona en situación de discapacidad;
y (ii) la Constitución ordena y propugna por la eliminación de las
barreras físicas y jurídicas del entorno social, las cuales impiden el acceso
a los derechos por parte de los discapacitados. Sin embargo, también
advierto que no es acertado sostener simultáneamente la validez de estas
premisas y la constitucionalidad del término normalización. De allí
que en la ponencia original expresé que la solución para el caso analizado
era adoptar una sentencia integradora sustitutiva,[30] la cual declarara
la inexequibilidad de la expresión “normalización” y con el fin de evitar
un vacío normativo, procediera a sustituirla por el término “inclusión”,
concepto por entero compatible con el modelo social de la discapacidad y
del mismo modo, justificado jurídicamente en los mandatos de la CDPD,
los cuales propugnan por la eliminación de las barreras impuestas a la
población con discapacidad y su correlativa integración y participación
social, en tanto sujetos libres y autónomos. Como esta alternativa no fue
acogida por el Pleno, ello justifica que me separe de la decisión adoptada.
Estos son los motivos de mi disenso.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
156 157

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[1] El texto de la norma es el siguiente.:
Artículo 42º.- A partir de la vigencia de la presente ley, la Junta Directiva
del Banco de la República deberá tener en cuenta que todo papel moneda
y moneda metálica deberá diferenciarse de tal manera que pueda ser fácilmente
distinguible por toda persona, sea está normal o limitada.
[2] Corte Constitucional, sentencia T-207 de 1999.
[3] Corte Constitucional, sentencia T-823/99.
[4] Observación general No. 5, relativa a los derechos de las personas con discapacidad.
Adoptada durante el 11° periodo de sesiones del Comité del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Documento
E/1995/22. 1994. Párrafo 5.
[5] Ibídem. Párrafos 16 y 17
[6] Sobre este tema ver Palacios, Agustina. El derecho a la igualdad de las
personas con discapacidad y la obligación de realizar ajustes razonables. En
Los derechos de las personas con discapacidad: Perspectivas sociales, políticas,
jurídicas y filosóficas. “004, Librería Editorial Dykinson., pp. 187-205.
[7] Corte Constitucional, sentencia C-804/09.
[8] Ibídem.
[9] Seelman, Catherine. Tendencias en la rehabilitación y en la discapacidad:
Transición desde un modelo médico a un modelo de integración. Esta autora
señala que el modelo médico se ha soportado en una serie de herramientas
que se concentran en la medición de deficiencias en el ámbito corporal,
como por ejemplo la Medición de la Independencia Funcional, que presenta
sus resultados en términos de diferenciación entre personas “normales y
personas con discapacidad para realizar actividades”.
[10] Corte Constitucional, sentencia C-804/09.
[11] Corte Constitucional, sentencia T-340/10.
[12] Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[13] Acerca de la noción de ambiente físico, el arquitecto de la Universidad
Nacional de Colombia, Javier Peinado Pontón, señaló: “(…) Cuando ustedes
se refieren al ambiente físico, nosotros lo llamamos paisaje o naturaleza.
En términos de geografía equivale a todo el mundo natural, el entorno
natural e intervenido y el entorno físico; y este entorno físico tiene significado,
tiene razón de ser para los humanos en la medida en que está
ocupado; la significación se la da la vida social y la cultura” Tomado de
PEINADO PONTÓN, Javier, “Hábitat y Discapacidad” en “Discapacidad
e Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”,
octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 287.
[14] Es importante hacer una nota sobre la noción de discapacidad y espe
cialmente subrayar que todos los seres humanos estamos avocados a convivir
con esta circunstancia: “(...) En este sentido me he dado cuenta de que la
discapacidad, como la enfermedad, es connatural a la condición humana. O
sea que, inevitablemente el desarrollo de una persona avanza hacia la pérdida
de su capacidad para intervenir laboralmente, para operar con autonomía
en los ámbitos en que se mueve. Insisto, la independencia ocupacional, el autocuidado,
la asunción de las responsabilidades que se tienen a nivel familiar
y toda suerte de participaciones sociales, con el tiempo se van perdiendo (...)”
Tomado de GUERRERO Juan, “Discapacidad, discapacitados y expertos” en
“Discapacidad e Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional
de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión Social
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 82.
158 159

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[15] Corte Constitucional, sentencia T-551/11.
[16] El modelo social tiene su origen en las luchas del movimiento de vida
independiente y de reivindicación de derechos civiles y políticos en los años
60.
[17] Ver la reciente Clasificación Internacional del Funcionamiento, (CIF)
sobre la discapacidad y la salud.
[18] Corte Constitucional, sentencia C-804/09.
[19] En ese sentido se había pronunciado esta Corporación en las sentencias
C-401 de 2003 y T-826 de 2004, antes de la aprobación de la Convención.
[20] Sobre las diferencias entre el modelo norteamericano y el inglés, cfr.
Agustina Palacio, Op. Cit. Pp. 103 y ss.
[21] Ver, entre otras, las sentencia C-007/01, C-983/02, C-478/03, C-1088/04,
C-1235/05, C-804/06 y C-804/09.
[22] El lenguaje jurídico, desde esta perspectiva, tiene un valor convencional,
con la pretensión, por supuesto no exenta de crítica, de validar una práctica
social determinada. Al respecto, se ha contrastado la filosofía del lenguaje
de Wittgenstein y el positivismo normativo de Hart, para considerar que
“... si se apela a la noción de convención para describir cómo es una práctica
social, lo que no puede hacerse es pedir a esa descripción que vaya más lejos,
explicando los motivos de quienes intervienen en esa práctica. Ése es un
paso ilegítimo en la teoría positivista, dado que el enunciado filosófico (EF)
del que parte ya presupone que no hay más que los hechos de los que hace
depender la existencia de normas. Y, si hay algo más, no forma parte de la
concepción del positivismo hartiano que propone una forma de concebir el
fenómeno jurídico. Ahora bien, ese “algo más” sí puede ser el conjunto de
afirmaciones verdaderas que se tengan como descripción empírica de lo que
ocurre y que requiere de las reglas de representación del positivismo jurídico
para adquirir sentido. Para aclarar la relación entre el convencionalismo
descriptivo y el convencionalismo jurídico puede decirse que el primero se
refiere a la defensa y práctica de un tipo de actividad filosófica: gramatical
(la constatación de relaciones internas), y terapéutica (constatar que el problema
filosófico es una vulneración de la gramática). Por su parte, el convencionalismo
jurídico, enmarcado en una gramática iuspositivista en la
que la tesis de las fuentes sociales tiene valor de EF, elabora una descripción
en concreto de la práctica identificativa del derecho basada en convenciones
sociales.” Vid. Narváez Mora, Maribel (2004) Wittgenstein y la teoría
del derecho. Una senda para el convencionalismo jurídico. Marcial Pons,
Madrid, p. 280.
[23] Cfr. Entre otras la sentencia C-1088/04 “al poder político ya no le está
permitido aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una
terminología que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho
de las cosas”. Y añadió, “expresiones de esa índole, susceptibles de un uso
emotivo que resulta jurídicamente degradante y discriminatorio, no son
compatibles con los fundamentos de una democracia constitucional y deben
ser retirados del ordenamiento jurídico”.
[24] Ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencias C-105 de 1994; C-222
de 1994; C-544 de 1994; C- 397 de 1995; C-446 de 1995; C- 591 de 1995; C- 174
de 1996; C-004 de 1998; C-742 de 1998; C-068 de 1999; C-082 de 1999; C- 112 de
2000; C- 289 de 2000; C- 641 de 2000; C- 800 de 2000; C-1111 de 2000; C- 1440
de 2000; C-1492 de 2000; C-1495 de 2000; C-1264 de 2000; C-007 de 2001;
C- 1298 de 2001; C-174 de 2001; C-092 de 2002, C-379 de 2002; C-478 de 2003;
C-1088 de 2004, C-1235 de 2005 y C-804 de 2006.
[25] Sentencia C-1088 de 2004, MP. Jaime Córdoba Triviño
.
[26] Corte Constitucional, sentencia C-804/09. En este apartado se reiteran
las reglas que sobre la materia prevé el fallo C-1088/04.
160 161

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[27] Ángelo D. Marra. Op. Cit
.
[28] Ángelo D. Marra. Op. Cit.
[29] Celsa Cáceres Rodríguez. “Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión
de las propuestas de la OMS. [en línea]. Auditio: Revista electrónica
de audiología. 1 Noviembre 2004, vol. 2(3), pp. 74-77. España. http://www.
auditio.com/revista/pdf/vol2/3/020304.pdf.
[30] Esta alternativa de sentencia interpretativa ha sido utilizada por la
Corte en varias ocasiones. Vid. Sentencia C-325/09.
Sentencia C-458/15
162 163

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Sentencia C-458/15
I. TITULO
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD-Lenguaje puede tener implicaciones inconstitucionales por
ser entendido y utilizado con fines discriminatorios/EXPRESIONES REFE-
RIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Uso como parte del lenguaje
técnico jurídico pretende definir situación legal y no hacer descalificación
subjetiva de ciertos individuos
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD-Cuestionamiento por irrelevancia constitucional de presuntas
impropiedades lingüísticas del legislador
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD-Escrutinio judicial versa sobre contenido normativo de enunciados
legales más no sobre terminología de prescripciones jurídicas/JUEZ
CONSTITUCIONAL-Evaluación regulativa de expresión integrada en
enunciado del que hace parte determinando compatibilidad de prescripción
resultante con el ordenamiento superior
TERMINOLOGIA O DEFINICIONES LEGALES INDEPEN-
DIENTE DE SUS EFECTOS JURIDICOS-Fallos inhibitorios o reconfiguración
de controversia limitados a evaluar contenido normativo de
enunciados legales/TERMINOLOGIA O DEFINICIONES LEGALES INDE-
PENDIENTE DE SUS EFECTOS JURIDICOS-Jurisprudencia constitucional
JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE
TERMINOLOGIA LEGAL-Función instrumental y simbólica del
léxico jurídico
CONTROL JUDICIAL DE TERMINOLOGIA LEGAL Y
META NORMAS DEL SISTEMA JURIDICO-Jurisprudencia
constitucional
EXPRESIONES LINGÜISTICAS-Inexequibilidad por considerarse
lesivas de la prohibición de discriminación o del principio de dignidad humana
ESCRUTINIO JUDICIAL DEL LENGUAJE LEGAL-Dificultades
inherentes
LENGUAJE JURIDICO-Control Constitucional
JUICIO DE VALIDEZ-Tiene por objeto identificar la incompatibilidad
entre una prescripción infraconstitucional y el ordenamiento superior
SIGNOS LINGÜISTICOS-Considerados aisladamente al margen de su
contenido normativo no son susceptibles del control constitucional material
SIGNOS LINGÜISTICOS-Función referencial o denotativa y connotativa
con carga emotiva e ideológica
PERVIVENCIA DE LA VOLUNTAD LEGISLATIVA QUE
MANTIENE VIGENTE EL DERECHO POSITIVO-Actualización
del vocabulario con parámetros lingüísticos vigentes cuando vocablo
se degrada con el tiempo y adquiere connotación peyorativa después de expedición
de la norma
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Demanda cuestiona léxico empleado
mientras que ley fija políticas estatales y no enmienda ni corrige
presunta falencia lingüística
164 165

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
La Corte Constitucional concluye que (i) el juez constitucional
se encuentra facultado para ejercer el control constitucional
del lenguaje legal; (ii) el examen anterior está orientado a
establecer si mediante la utilización de signos lingüísticos con
una alta carga emotiva, el legislador transmite de manera tácita
o encubierta mensajes que descalifican a determinados grupos
sociales, y si la emisión de los mismos se encuentra prohibida
constitucionalmente, en virtud del deber de neutralidad del órgano
parlamentario frente a todos los grupos sociales; (iii) el
escrutinio judicial se efectuará en relación con los dos principios
anteriores, más no en relación con el deber constitucional
del Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación
e integración, y de adoptar medidas para garantizar los
derechos reconocidos en la CADH, el PIDCP y el PIDESC
y con el propósito de promover, proteger y asegurar el pleno
goce de los derechos reconocidos en tales instrumentos, normas
respecto de las cuales no se indicó la razón de su transgresión.
II.TITULO
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCA-
PACIDAD-Marco normativo/DERECHOS DE PERSONAS EN SITUA-
CION DE DISCAPACIDAD-Reglas y lenguaje en permanente evolución
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCA-
PACIDAD-Bloque de constitucionalidad
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCA-
PACIDAD-Función hermenéutica
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Carácter vinculante de
la normatividad constitucional/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-
Noción/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Distinción de acepciones
del concepto/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Carácter de las disposiciones/BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD-Funciones
PROTECCION DE SUJETOS EN CONDICION DE DISCA-
PACIDAD-Normativa internacional y bloque de constitucionalidad
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCA-
PACIDAD-Concepción estructurada en la Constitución Política de 1991
DERECHO A LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACION Y
DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Establecimiento
de acciones afirmativas
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD-Implicaciones constitucionales del lenguaje cuando objetivo
es dar definición legal y otorgar medidas a favor de sujetos de especial protección
constitucional/EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Comprensión constitucional frente a dinámicas nacional
e internacional que demandan transformaciones constantes
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD-Falta de neutralidad o enfoque discriminatorio en construcción
de conceptos técnico jurídicos/EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD-Carga peyorativa que afecta derechos de quienes son
referidos en disposiciones jurídicas
166 167

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
NORMA DEMANDADA EN MATERIA DE EXPRESIONES
REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Modelo
social de la discapacidad
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD-No son inconstitucionales definiciones técnico jurídicas aunque
no asuman vocabulario propio de tendencias actuales del DIDH
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIES-
GOS LABORALES-Demanda contra expresiones referidas a personas
con discapacidad/SISTEMA GENERAL DE EDUCACION Y ME-
CANISMOS DE INTEGRACION SOCIAL-Demanda contra expresiones
referidas a personas con discapacidad/DERECHOS DE POBLACION SOR-
DA-Demanda contra expresiones referidas a personas con discapacidad
La Corte considera que la ubicación de estas disposiciones dentro de los
subsistemas mencionados es relevante para entender sus finalidades, como
puede observarse todas las expresiones acusadas hacen parte de cuerpos
normativos que pretenden hacer definiciones para atribuir consecuencias
relacionadas con seguridad social, educación, integración social en general
y medidas de protección a las personas sordas. En efecto, las palabras
consideradas inconstitucionales por los demandantes pretenden describir
situaciones fácticas que son consideradas relevantes en términos jurídicos
y por eso el derecho les atribuye consecuencias específicas. Gracias a estas
definiciones se pueden consolidar situaciones jurídicas que otorgan beneficios,
que buscan protección de ciertos sujetos y que reconocen la necesidad
de adoptar medidas especiales. De tal suerte, este tipo de expresiones no
tiene como fin agraviar a los sujetos descritos por la norma por medio del
vocabulario utilizado, sólo desarrolla la parte descriptiva de una prescripción
jurídica. 49. La función de estas expresiones no es agraviar o restar
dignidad a las personas en condición de discapacidad. Las palabras acusadas
son elementos normativos de disposiciones que regulan sistemas complejos,
que interactúan constantemente con otros, por ejemplo el sistema
de seguridad social en pensiones. Además, pretenden determinar los pro-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cedimientos y destinatarios de ciertas prestaciones sociales, que obviamente
tienen como objetivo proteger a poblaciones consideradas vulnerables y
que han perdido capacidad laboral. También regulan esquemas de educación
y acceso a oportunidades laborales, por lo cual no tienen una finalidad
inconstitucional, por el contrario persiguen objetivos constitucionalmente
imperiosos. Aunque las expresiones consideradas de manera aislada puedan
parecer discriminatorias –dada su carga emotiva- cuando se entienden como
parte del entramado de un sistema jurídico esa visión cambia. Tal transformación
se presenta no sólo por el análisis normativo ya mencionado
sino por las consecuencias de una declaratoria de inconstitucionalidad. En
efecto, considerar que se trata de disposiciones inexequibles, anularía beneficios
para las personas a las que aluden las normas, les quitaría medidas
diseñadas en su favor, sin considerar su rol descriptivo dentro de proposiciones
jurídicas complejas y que se trata de preceptos previos a varios
tratados sobre la materia que han incorporado el llamado enfoque social.
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD-Carecen de connotación peyorativa
La Corte considera que aunque estas expresiones pueden tener en algunos
escenarios, distintos al normativo, el sesgo discriminatorio que los accionantes
les atribuyen, porque establecen una asociación entre la discapacidad
y el valor de las personas y porque -de hecho- en algunos casos son
utilizadas como una descalificación. Con todo, en las disposiciones demandadas,
las palabras cuestionadas carecen de una connotación peyorativa,
y tampoco transmiten ideas negativas en contra de los miembros de este
colectivo, aunque ya se han ideado alternativas léxicas que responden directamente
a la necesidad de dignificar a las personas con discapacidad y
a la de sensibilizar al conglomerado social frente a esta realidad. En este
entendido, para la Corte es un hecho constitucionalmente relevante que la
normatividad demandada fue expedida entre los años 1993 y 2012, periodo
de tiempo en el cual las expresiones demandadas no tenían la connotación
peyorativa que hoy los accionantes le atribuyen. De hecho, muchas de las
palabras hoy cuestionadas fueron concebidas en su momento como una al-
168 169

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ternativa léxica neutra, y sustituyeron otros vocablos que adquirieron un
matiz discriminatorio. Además, las expresiones cuestionadas cumplen, en
los textos legales de los que hacen parte, una función denotativa o referencial,
orientada a delimitar el universo de individuos de los que se predican
los efectos jurídicos allí establecidos. Es decir, como los enunciados censurados
tienen por objeto definir el catálogo de derechos de las personas con
discapacidad, así como los obligaciones del Estado y de los particulares
en relación con este colectivo, es decir, en la medida en que la normativa
cuestionada cumple un rol prescriptivo, la función de palabras “sordo”, no
es la de caracterizar, describir o representar a este grupo social, sino la de
acotar el objeto de la prescripción legal. Asimismo, las definiciones legales
de expresiones como “sordo” o “inválido” son de tipo estipulativo y operativo,
y no están orientadas a indicar las propiedades reales de un grupo
social determinado, sino a fijar el ámbito subjetivo de las respectivas leyes.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA E IGUALDAD DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Violación cuando expresiones
normativas no son neutrales
Aunque expresiones hacen parte de subsistemas normativos que buscan la
protección de los sujetos a los que hacen referencia, la Corte considera que
el lenguaje utilizado sí atenta contra la dignidad humana y la igualdad,
pues no se trata de palabras o frases que respondan a criterios definitorios
de técnica jurídica; son solamente formas escogidas para referirse a ciertos
sujetos o situaciones, opciones para designar que no son sensibles a los
enfoques más respetuosos de la dignidad humana. Los fragmentos acusados
generan discriminación porque corresponden a un tipo de marginación sutil
y silenciosa consistente en usar expresiones reduccionistas y que radican
la discapacidad en el sujeto y no en la sociedad. Con ello, definen a los
sujetos por una sola de sus características, que además no les es imputable
a ellos, sino a una sociedad que no se ha adaptado a la diversidad funcional
de ciertas personas. No cabe ninguna duda del poder del lenguaje y más
del lenguaje como forma en la que se manifiesta la legislación, que es un
vehículo de construcción y preservación de estructuras sociales y cultura-
les. Ese rol de las palabras explica que las normas demandadas puedan ser
consideradas inconstitucionales por mantener tratos discriminatorios en sus
vocablos. Cabe recordar que el mandato de abstención de tratos discriminatorios
ostenta rango constitucional (art. 13 CP) y por tanto cualquier acto de
este tipo –incluso cuando se expresa a través de la normativa- está proscrito.
Las expresiones usadas por el Legislador no son neutrales, tienen una carga
no sólo peyorativa en términos de lenguaje natural, sino violatoria de derechos
en términos de las últimas tendencias del DIDH que ha asumido el
enfoque social de la discapacidad. En ese sentido no podrían ser exequibles
expresiones que no reconozcan a las personas en condición de discapacidad
como sujetos plenos de derechos, quienes a pesar de tener características que
los hacen diversos funcionalmente, deben contar con un entorno que les permita
desenvolverse con la mayor autonomía posible, pues son mucho más
que los rasgos que los hacen diversos y pueden ser parte de la sociedad si ella
se adapta a sus singularidades y les da el valor que les corresponde como individuos,
en concordancia con el derecho a la dignidad humana (art. 1º CP).
DEMANDADA CONTRA EXPRESIONES REFERIDAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Alcance del fallo y necesidad
de usar lenguaje acorde con cambios sociales manifestados
en cambios normativos
La Corte considera que no es factible adoptar un fallo de inexequibilidad
simple debido a la naturaleza de las normas que, a pesar de que quisieron
adoptar medidas para las personas en condición de discapacidad usaron una
terminología vejatoria y discriminatoria. En efecto, de declararse la inconstitucionalidad
de las normas, que cumplen fines constitucionales imperiosos
–buscar la igualdad real y efectiva, dignificar a una población marginada,
integrar a esa población a la sociedad, entre otros- a través de diversos sistemas
-seguridad social, educación, mecanismos de integración y de acceso a
la vivienda- generaría un mayor grado de desprotección para esta población.
De tal suerte, el resultado de una declaratoria de inexequibilidad simple no
sólo es indeseable sino que generaría efectos claramente inconstitucionales
por ir en contra de las obligaciones del Estado encaminadas a la protección
170 171

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
especial de sujetos vulnerables ordenada por la Carta Política y por los
tratados internacionales en la materia. Bajo estas circunstancias, se impone
adoptar un fallo que tenga un alcance diferente, aunque seguirá circunscrito
a los cargos analizados en esta oportunidad. Cabe anotar que este mecanismo
no cuestiona la labor del Legislador al producir estas normas, pues varias
tienen cierta antigüedad, se trata de un llamado a la actualización del vocabulario
a través de las herramientas que otorga el bloque de constitucionalidad,
por eso la mejor fórmula de solución en este caso será la declaratoria de exequibilidad
condicionada con base en las tendencias más recientes del DIDH.
DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD ORDINARIA-
Jurisprudencia constitucional
SENTENCIA DIFERIDA O INTEGRADORA-Jurisprudencia
constitucional
forma, las expresiones estigmatizantes y descalificadoras contenidas en las
normas precitadas, deberán ser reemplazadas por fórmulas lingüísticas que
no tengan esa carga peyorativa para la población a la que se quieren referir.
EXPRESIONES “DISCAPACITADOS FISICOS, PSIQUICOS
Y SENSORIALES” CONTENIDAS EN ARTICULO 26 DE LA
LEY 100 DE 1993-Reemplazo por “personas en situación de discapacidad
física, psíquica y sensorial”
EXPRESIONES “Y MINUSVALIA” DE ARTICULOS 41 DE
LA LEY 100 DE 1993 Y 18 DE LA LEY 1562 DE 2012; “MI-
NUSVALIA” “Y MINUSVALIAS” DE LOS ARTICULOS 7º
Y 8º DE LA LEY 361 DE 1997-Reemplazo por expresiones “e invalidez”
o “invalidez”
DEMANDADA CONTRA EXPRESIONES REFERIDAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Fallo integrador interpretativo/EXPRESIONES
REFERIDAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Remplazo por fórmulas lingüísticas que
no tengan carga peyorativa
En el presente caso, la ausencia del texto que parece inexequible puede resultar
más gravosa que su presencia debido al vacío normativo en la protección
de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Con todo, una
sentencia diferida no tendría mucho sentido ya que es imposible que la normativa
legal se adapte al mismo ritmo que imponen los cambios sociales y de
paradigmas a nivel nacional e internacional, por tanto, la Corte encuentra
el fallo integrador interpretativo como el más razonable en este asunto. Para
actualizar estas disposiciones sin generar contradicciones sistémicas insalvables,
y con el objetivo de respetar al máximo el principio democrático y el
trabajo del Legislador, la Corte acudirá al bloque de constitucionalidad que ha
demostrado la tendencia del DIDH a acoger un enfoque social para entender
sus obligaciones frente a las personas en condición de discapacidad. De tal
EXPRESION “LOS DISCAPACITADOS” CONTENIDA EN
EL ARTICULO 157 DE LA LEY 100 DE 1993-Reemplazo por la
expresión “persona en situación de discapacidad”
EXPRESIONES “PERSONAS CON LIMITACIONES FISI-
CAS”, “SENSORIALES PSIQUICAS O MENTALES, COG-
NOSITIVAS Y EMOCIONALES” CONTENIDAS EN ARTI-
CULOS 1 Y 46 DE LA LEY 115 DE 1994-Reemplazo por la expresión
“personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica”
EXPRESION “PERSONAS CON LIMITACIONES” CONTE-
NIDA EN EL TITULO DEL CAPITULO I, EN LOS ARTICU-
LOS 47 Y 48 DE LA LEY 115 DE 1994-Reemplazo por la expresión
“personas en situación de discapacidad”
EXPRESION “PERSONAS DISCAPACITADAS” DEL AR-
TICULO 4º DE LA LEY 119 DE 1994-Reemplazo por la expresión
172 173

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
“personas en situación de discapacidad”
EXPRESION “LIMITADO AUDITIVO” CONTENIDA EN AR-
TICULOS 1º Y 11 “LIMITADOS AUDITIVOS” DEL ARTICULO
10º, TODOS DE LA LEY 324 DE 1996-Reemplazo por las expresiones
“persona con discapacidad auditiva” y “personas con discapacidad auditiva”
EXPRESIONES “PERSONAS CON LIMITACION”, “PER-
SONAS CON LIMITACIONES”, “PERSONA CON LIMITA-
CION”, “POBLACION CON LIMITACION” O “PERSONAS
LIMITADAS FISICAMENTE”, “POBLACION LIMITADA”
CONTENIDAS EN TITULO Y ARTICULOS 1, 3, 5, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 49, 54, 59, 66, 69 Y 72 DE LA LEY 361 DE 1997-Reemplazo
por las expresiones “persona o personas en situación de discapacidad”
EXPRESIONES “LIMITACION”, “LIMITACIONES” O
“DISMINUCION PADECIDA” CONTENIDAS EN ARTICU-
LOS 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36,
43, 45, 50, 51, 59, 60, 63, 67 DE LA LEY 361 DE 1997-Reemplazo
por las expresiones “discapacidad” o “en situación de discapacidad”
EXPRESIONES “LIMITADOS” O “LIMITADA” CONTENI-
DAS EN ARTICULOS 13, 18, 19, 21, 26, 33, 40 Y 42 DE LA LEY 361
DE 1997-Reemplazo por la expresión “personas en situación de discapacidad”
EXPRESIONES “POBLACION MINUSVALIDA” Y “MINUS-
VALIDOS” DEL PARAGRAFO 3 DEL ARTICULO 29 DE LA
LEY 546 DE 1999 Y DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 1114 DE
2006-Reemplazo por la expresión “personas en situación de discapacidad”
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
EXPRESIONES “DISCAPACITADO” Y “DISCAPACITA-
DOS” CONTENIDAS EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY 1438
DE 2011-Reemplazo por la expresión “persona en situación de discapacidad”
Referencia: Expediente D-10585
Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas
en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997,
546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de
2012.
Actores: Nicolás Eduardo Buitrago Rey, Arturo Vallejo Abdalá, Luisa Fernanda
Hurtado Castrillón y Andrés Cadavid Moncayo Clavijo.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá D. C., veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Mauricio González Cuervo, Luís Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, Alberto Rojas Ríos, y las magistradas Myriam Ávila, María
Victoria Calle y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del
artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
174 175

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
I. ANTECEDENTES
SENTENCIA
La demanda fue originalmente repartida al Magistrado Luís Guillermo
Guerrero Pérez, pero su ponencia fue derrotada en la Sala Plena. El nuevo
reparto correspondió a la ahora Magistrada Ponente, siguiente en orden
alfabético. La primera parte de esta ponencia se tomó de la ponencia inicial
con algunas modificaciones[1], de acuerdo con la posición mayoritaria.
1. La demanda de inconstitucionalidad
1.1. Normas demandadas
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
(iv) “Limitado auditivo”, “sordo” y “población sorda”, que se encuentran
en los artículos 1, 7, 10 y 11 de la Ley 324 de 1996, “por
la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”.
(v) “Personas con limitación”, “limitación”, “minusvalía”, “población
con limitación”, “limitados”, “disminución padecida”, “trabajadores
con limitación”, “normal o limitada”, “individuos con limitaciones”,
previstas en el título y en los artículos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 54, 59, 60, 63, 66, 67, 69 y 72
de la Ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.
En ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, los ciudadanos Nicolás
Eduardo Buitrago Rey, Luisa Fernanda Hurtado Castrillón, Andrés
David Moncayo Clavijo y Arturo Vallejo Abdalá presentaron de demanda
de inconstitucionalidad contra las siguientes expresiones[2]:
(i) “Los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales”, “invalidez”, “inválido”,
“minusvalía” o “discapacitados”, contenidas en los artículos 26, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 157 de la Ley 100 de 1993, “por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
(ii) “Personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades
excepcionales”, “personas con limitaciones”, y “personas con limitaciones
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales” previstas
en el artículo 1, en el enunciado del capítulo 1 del título 3, y en los artículos
46, 47 y 48 de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la Ley General de
Educación”.
(iii) “Personas discapacitadas”, contenida en el artículo 4 de la Ley 119 de
1994, “por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA,
se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
(vi) “Población minusválida” y “minusválidos”, contenidas en el artículo 29
de la Ley 546 de 1999, “por la cual se dictan normas en materia de vivienda,
se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación,
se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se
dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a
la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”.
(vii) “Invalidez” e “inválido”, que se encuentran en el artículo 1 de la Ley 860
de 2003, “por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General
de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.
(viii) “Inválido” e “invalidez física o mental”, previstas en el parágrafo
4 del artículo 9 y en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
“por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
(ix) “Minusválidos” y “población minusválida”, contenidas en el artículo
1 de la Ley 1114 de 2006, “por la cual se modifica la Ley 546 de 1999,
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 6 de la
Ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés social”.
(x)“Discapacitado”, que se encuentra en el artículo 66 de la Ley
1438 de 2011, “por medio de la cual se reforma el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
(xi) “Invalidez” y “minusvalía”, previstas en el artículo 18 de la Ley
1562 de 2012, “por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”.
1.2. Solicitud
Los accionantes solicitan: (i) primero, que se declare la inexequibilidad simple
de los vocablos anteriores, o en su defecto, que se declare la constitucionalidad
condicionada de los mismos, “en el entendido que en las disposiciones
demandadas se entiendan conforme al lenguaje acogido internacionalmente
por las Convenciones de Derechos Humanos relacionadas con las Personas
con Discapacidad, ratificadas por Colombia y que hacen parte del bloque de
constitucionalidad”; con respecto a la expresión sordo, se propone al alternativa
lingüística de “persona con discapacidad auditiva severa o profunda”; (ii)
segundo, que se exhorte al gobierno nacional para que diseñe e implemente
una política pública orientada a concientizar a las autoridades sobre la importancia
del uso adecuado del lenguaje referido a las personas con discapacidad.
1.3. Fundamentos de la demanda
Los demandantes estiman que la terminología impugnada desconoce los
siguientes preceptos del ordenamiento superior: (i) los artículos 1, 13, 47 y 93
del texto constitucional; (ii) los instrumentos que integran el sistema mundial
de derechos humanos, y en particular, los artículos 2 y 26 del PIDCP,
2 del PIDESC, y 1 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad; (iii) los instrumentos que conforman el sistema interamericano
de derechos humanos, especialmente los artículos 1, 2 y 24 de la
CADH, y 1 y 2 de la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Para respaldar esta idea, en la demanda se efectúan dos tipos de
aproximaciones: en primer lugar, se indican las razones por las que
la utilización en la ley de una terminología con un sesgo discriminatorio,
contraviene el ordenamiento superior; y en segundo lugar,
se realiza un análisis individualizado de las expresiones impugnadas,
señalando las falencias que explican su inconstitucionalidad.
Con respecto al primer tipo de análisis, los demandantes recogen los
planteamientos de este tribunal sobre las funciones del lenguaje jurídico,
sobre la necesidad de que éste refleje el sistema de valores y principios
recogidos en el ordenamiento superior, y sobre el deber del juez
constitucional de retirar del sistema jurídico aquellos vocablos que tienen
una carga peyorativa y ofensiva en contra de algún grupo de personas.
En este sentido, se destaca que el lenguaje, incluido el lenguaje legal, no solo
es un instrumento para el intercambio de pensamientos y para la definición
de las reglas a las que se debe sujetar la vida en sociedad, sino que además
cumple funciones simbólicas y pedagógicas, en tanto refleja y construye las
ideas y concepciones dominantes. Por este motivo, cuando los órganos de
producción normativa apelan a un léxico que “incorpora un trato peyorativo,
que imponen prohibiciones genéricas e injustificadas (...) o que invisibilizan
y/o exotizan” a ciertos colectivos, y en general cuando “no están a tono
con los derechos humanos”, la Corte debe expulsarlo del sistema jurídico.
A la luz de este enfoque, los accionantes evalúan la terminología legal demandada,
indicando las razones de su oposición al ordenamiento superior.
En términos generales se argumenta que la terminología empleada
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
en el derecho positivo refleja unos paradigmas sobre la discapacidad ya
superados, en los que esta condición es concebida, o bien como una deficiencia
que anula el valor de los individuos que la padecen, y que implicaría
una carga familiar y social que justifica la exclusión social o incluso
la supresión física de dichas personas (el denominado “modelo de la
prescindencia”), o bien como una anomalía de orden físico, síquica o sensorial
atribuible a algunos sujetos, que debe ser corregida, tratada o intervenida
desde una perspectiva médica para “normalizar” o “estandarizar”
a todas las personas (el denominado “modelo médico o rehabilitador”).
Específicamente, se sostiene que los vocablos demandados ya han
sido suprimidos del léxico que se maneja en los escenarios internacionales
de derechos humanos, por expresar ideas de inferioridad, así:
- Las palabras relacionadas con el término “limitación” (“personas
con limitación”, “limitaciones”, “población con limitación”, “limitados”,
“personas limitadas”) serían lesivas de la dignidad humana, en
tanto sugieren tres ideas inaceptables: (i) que las personas con discapacidad
son distintas y menos valiosas que las demás; (ii) que estos individuos
tienen impedimentos que son inherentes a ellos mismos, cuando
en realidad las dificultades que atraviesan son el resultado de una construcción
social; (iii) que estos sujetos tienen menos valor que los otros.
- Las palabras asociadas a los términos “discapacitado” o “persona discapacitada”,
insinúan que las dificultades del grupo poblacional aludido provienen de las
condiciones innatas de las personas, y no en el entorno en el que se desenvuelven.
- Las expresiones afines al término “minusvalía” (“minusválidos”, “población
minusválida”) tendrían dos deficiencias: (i) por un lado, el significado
que se les atribuye en la legislación nacional difiere del que se le ha asignado
en los escenarios internacionales; en efecto, mientras que según las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, “‘minusvalía’ es la pérdida o limitación de oportunidades de
participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los
demás (...), describe la situación de la persona con discapacidad en función
de su entorno (...) y centra el interés en las deficiencias de diseño físico y de
muchas que se oponen a que las personas con discapacidad participen en
condiciones de igualdad”, en las normas demandadas “hace referencia a la
persona misma que se encuentra en situación de discapacidad” y a presuntas
carencias del propio individuo; (ii) la terminología es atentatoria de la
dignidad, porque la minusvalía, según el Diccionario de la Real Academia
Española, significa “detrimento o disminución del valor de algo”, y por tanto,
sugiere que las personas con discapacidad valen menos que las demás.
- El vocablo “disminución”, según la Real Academia Española, significa
“merma o menoscabo de algo, tanto en lo físico como en lo moral”,
por lo que tendría una connotación despectiva y peyorativa.
- Los vocablos relacionados con “invalidez” (“inválido”, “invalidez”, “invalidarse”)
aluden a una situación de discapacidad permanente, pero
nuevamente, la situación discapacitante se radica en las personas mismas
y no en el entorno que dichos individuos deben sortear, “lo cual
no es conforme al concepto que sobre este colectivo impone el DIDH”.
- En el contexto específico de las leyes demandadas, las locuciones “excepcionalidad”
y “personas con capacidades excepcionales” no se refieren a las personas
que cuentan con capacidades o con talentos especiales sino a los individuos
con discapacidad, que justamente en razón de esta condición, son calificados
tácitamente como diferentes e inferiores a los demás. En este orden de ideas,
la terminología aludida envuelve una diferenciación negativa en contra de
este grupo poblacional, y además, tiene una carga ofensiva y humillante.
- Finalmente, los vocablos afines a la palabra “sordo” también son inconstitucionales,
porque aun cuando la comunidad de sordos se auto-designa de
este modo, en realidad existen distintos niveles de pérdida auditiva, y únicamente
cuando es severa y profunda, superior a los 50 decibeles, se generan
dificultades del habla y del aprendizaje, por lo que únicamente en dicho
escenario se justifica su utilización. Pese a lo anterior, la expresión deman-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dada reúne en un solo concepto distintas realidades que no siempre designan
la discapacidad auditiva calificada, por lo que el vocablo aludido debe
ser sustituido por “persona con discapacidad auditiva severa o profunda”.
En este orden de ideas, los accionantes instan a la Corte para que declare
la inexequibilidad simple de las disposiciones atacadas, o para que, en
defecto de lo anterior, condicione la interpretación de las expresiones atacadas,
entendiéndose sustituidas por la nueva terminología acogida en los
instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta nueva terminología
sí refleja el actual paradigma de la discapacidad (el denominado “modelo
social”), en el que ésta es concebida como el resultado de un modelo de organización
social excluyente y opresora de las personas cuyas condiciones
físicas, mentales o sensoriales son distintas pero no irregulares o inferiores.
2. Admisión
Mediante auto del 21 de enero de 2014, el magistrado sustanciador admitió
la demanda y ordenó: (i) correr traslado de la misma al Procurador General
de la Nación, para la presentación del correspondiente concepto; (ii)
fijar en lista la ley acusada para las respectivas intervenciones ciudadanas;
(iii) comunicar de la iniciación del proceso a la Presidencia de la República,
al Congreso de la República, a los ministerios de Educación Nacional,
de Justicia y del Derecho, y de Cultura, al Consejo Nacional de Discapacidad,
al Consejo Distrital de Discapacidad de Bogotá, al Comité Técnico
Distrital de Discapacidad de Bogotá y al Comité Municipal de Discapacidad
de Medellín; (iv) invitar a participar dentro del proceso a las facultades de
Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia,
de los Andes, Nacional de Colombia, Libre y de Antioquia, a las facultades
de filosofía de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario,
al Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social de la
facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la Academia Colombia
de Jurisprudencia, a la Comisión Colombia de Juristas, al Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y al Instituto Pensar.
3. Intervenciones
3.1.Intervenciones que solicitan un fallo inhibitorio (Departamento
para la Prosperidad Social[3] y Ministerio del Trabajo[4])
Los intervinientes señalados solicitan un fallo inhibitorio, por cuanto
a su juicio, el escrito de acusación adolece de tres tipos de deficiencias:
En primer lugar, la demanda no habría planteado una auténtica controversia
de orden constitucional, sino únicamente un cuestionamiento a la
pertinencia de la terminología empleada por el legislador para regular el
fenómeno de la discapacidad. Como consecuencia de este error de base en
el debate propuesto, los referentes normativos para cuestionar la validez
de los textos acusados no son ni la Carta Política ni los instrumentos que
sirven como parámetro de constitucionalidad del sistema jurídico, sino,
en el mejor de los casos, recomendaciones de la comunidad especializada
sobre el léxico que debería acogerse para abordar esta problemática[5].
En segundo lugar, la demanda únicamente habría señalado una inconformidad
genérica con la terminología demandada en razón de
su supuesto sesgo discriminatorio, pero sin que se hubiese indicado
la razón de dicha connotación, ni el vínculo entre el presunto tono
ofensivo y vejatorio, y la lesión de los derechos de las personas con
discapacidad[6]. Así, los demandantes omitieron señalar “clara y específicamente
por qué razón y en qué forma, la norma acusada es contraria
al contenido material de los artículos constitucionales citados”[7].
Finalmente, las acusaciones se habrían sustentado en una comprensión manifiestamente
inadecuada de la legislación, ya que el contenido y alcance
de la terminología que hoy se cuestiona ya fue precisada en la Ley 1618
de 2013, por lo que actualmente, y justamente en razón de la evolución legislativa,
el vocabulario legal carece del tono humillante que los demandantes
le atribuyen: “en el caso de las personas con discapacidad el legislador,
atendiendo a su iniciativa en su materia legislativa, ya se encargó
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de precisar las palabras y de definirlas, tarea que adelantó en el artículo
2 de la Ley 1618 de 2013 y dispuso además en el artículo 27, una adición
legislativa para entender que tales disposiciones (...) se incorporan a todo
el marco jurídico ya existente en esta materia (...). Estando tales definiciones,
(...) es claro que esta acción data sobre una particular interpretación que
el actor pretende dar a las expresiones y a las definiciones que el legislador
ya precisó, por lo que escapa al control de la Corte Constitucional un
pronunciamiento en relación con la subjetividad emotiva individual”[8].
3.2.Intervenciones que solicitan la declaratoria de exequibilidad simple
(Ministerio de Salud[9], Departamento para la Prosperidad Social[10], Ministerio
del Trabajo[11], Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social[12])
3.2.1. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud solicitaron la declaratoria
de exequibilidad simple de las normas demandadas, por las siguientes razones:
En primer lugar, para determinar el sesgo discriminatorio de una expresión
lingüística se debe tener en cuenta no solo su significado literal, sino
el uso que efectivamente se hace de la misma en la comunidad, el contexto
histórico específico en el que se inscribe el enunciado cuestionado,
así como el propósito y la intención de quienes intervienen en el proceso
de interlocución: “en cuanto a los diferentes términos utilizados en
la normativa mencionada, se precisa que para poder determinar si son
discriminatorios, peyorativos o despectivos se debe observar el uso, intención
y propósitos e interpretarlos teniendo en cuenta la situación, lugar
y momento histórico, por lo tanto su percepción e interpretación es
subjetiva y está sujeta al entorno cultural y social donde se apliquen”[13].
Desde esta perspectiva, aunque una interpretación textual de
los vocablos impugnados podría avalar la conclusión de los demandantes
sobre la impertinencia de la terminología legal,
ésta sola circunstancia no envuelve su inconstitucionalidad.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En efecto, en el contexto de las disposiciones cuestionadas, los vocablos
fueron utilizados para delimitar el ámbito de aplicación de distintas leyes
orientadas a proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad,
y en ningún caso a afianzar o profundizar su situación de discriminación.
Es decir, la normativa en la que se enmarcan las expresiones lingüísticas
demandadas tienen por objeto promover condiciones de igualdad
real y efectiva para un grupo poblacional, y con este propósito, el legislador
empleó el vocabulario que en su momento servía para individualizar el colectivo
beneficiado, terminología que incluso coincide con la que consta en
el propio texto constitucional, tal como ocurre con las palabras “minusválidos”
y “disminuídos”, utilizadas en los artículos 54 y 47, respectivamente.
Adicionalmente, el entendimiento de la preceptiva demandada debe
ser actualizada teniendo como referente la normativa nacional e internacional
en esta materia. En este sentido, existe una amplia gama de
instrumentos que además de crear una serie de herramientas para prevenir
y eliminar la discriminación en contra de la personas con discapacidad,
han fijado una nueva terminología acorde con un enfoque de derechos,
tal como se puede evidenciar con la Ley 762 de 2002, aprobatoria
de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Ley
1346 de 2009, aprobatoria de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Estatutaria 1618
de 2013, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar
el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Por tal motivo, las acusaciones de la demanda
serían infundadas y no estarían llamadas a prosperar.
3.2.2. Por su parte, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social
(PAIIS) de la Universidad de los Andes solicita la declaratoria de exequibilidad
de la expresión “sordo”, en atención a que este vocablo es utilizado para
individualizar una comunidad social, cultural, política y lingüística que a
lo largo de la historia ha construido progresivamente su identidad. Dentro
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de este proceso de construcción cultural se destaca la creación de colegios, la
promoción del bilingüismo de lenguaje de señas y de la lengua española, la
estandarización de la lengua de señas en el país, la movilización política, y la
creación de espacios de participación política para que las medidas que tienen
impacto directo o indirecto en su vida, tengan como referente exclusivo
a las personas que lo integran; la confluencia de todos estos elementos ha permitido
la cohesión de este grupo y la conformación de una comunidad minoritaria
con un origen, una historia y un patrimonio cultural común que
conserva una posición de resistencia frente a un poder mayoritario y opresor.
En este orden de ideas, la sustitución de dicha expresión por la de “persona
con discapacidad auditiva severa o profunda” constituiría un retroceso, porque
eliminaría los componentes sociales, culturales, políticos y lingüísticos
que hoy en día identifican al referido colectivo a través de la palabra “sordos”,
y los remplazaría por un criterio reduccionista, de orden médico, que
desconoce la riqueza de los elementos que hoy en día caracterizan este grupo.
3.3 Intervenciones que solicitan la declaratoria de constitucionalidad
condicionada (Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social
de la Universidad de los Andes[14], Ministerio de Educación[15])
3.3.1. El Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y
el Ministerio de Educación solicitan una sentencia de exequibilidad condicionada.
El primero de estos intervinientes solicita un condicionamiento
en relación con las expresiones afines a los términos “limitación” y “disminución”,
y el segundo, en relación con todos los vocablos impugnados que
están insertos en leyes relacionadas con el sistema educativo. En uno y otro
caso, el requerimiento apunta a que esta Corporación determine que la terminología
cuestionada debe sustituirse porque la que se utiliza actualmente
en los escenarios propios del derecho internacional de los derechos humanos.
3.3.2. La necesidad del condicionamiento anterior se explicaría por la confluencia
de dos circunstancias: (i) primero, porque las expresiones atacadas
parten del falso supuesto de que existen personas que en sí mismas tienen
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
una limitación o una deficiencia, cuando en realidad la discapacidad no es
una condición intrínseca de tales individuos, sino el resultado de un modelo
excluyente de sociedad en el que todas las estructuras e instituciones son diseñadas
bajo un parámetro de normalidad que invisibiliza a los sujetos que
no se adecúan a los estándares dominantes, y que, de manera indirecta, crean
distintos tipos de barreras para el goce de los derechos de estas otras personas[16];
(ii) y por otro lado, porque a las locuciones mencionadas subyace un
juicio de disvalor frente al colectivo referido, que resulta lesivo de su dignidad
y de la prohibición de discriminación. En otras palabras, la terminología
legal responde a unos paradigmas de la discapacidad que hoy en día son
inaceptables, porque asumen que quienes tienen esta condición constituyen
una carga y un problema social y que deben ser marginados o exterminados
(modelo de la prescindencia), o que tienen deficiencias que deben ser intervenidas
médicamente para su normalización (modelo médico – rehabilitador).
Por tales motivos resulta imperativo el ajuste en la terminología que
designa a este segmento social, para eliminar la carga peyorativa que
tradicionalmente han tenido este tipo de expresiones, y para adecuarla
a los estándares del denominado “modelo social de discapacidad”.
3.3.3. Pese a la connotación prejuiciosa de las expresiones demandadas, en
todo caso no hay lugar a una declaratoria de inexequibilidad simple sino
al condicionamiento señalado anteriormente, por las siguientes razones[17]:
(i) las locuciones impugnadas, consideradas en sí mismas, no producen
ningún efecto jurídico, y por ello, el análisis de su constitucionalidad
debe tener en cuenta el contexto normativo; desde esta perspectiva, la consecuencia
jurídica de una eventual declaratoria de inexequibilidad sería el
retiro del sistema jurídico de los correspondientes vocablos, con lo cual no
sería posible adoptar las medidas en favor de las personas con discapacidad
previstas en las leyes impugnadas; y en el mejor de los casos, “se generaría
una incertidumbre para las entidades públicas competentes, respecto
de los beneficiarios de las regulaciones contenidas en dichas leyes”[18]; (ii)
la legislación y la jurisprudencia que enfatiza la importancia de la utilización
de terminología libre de cargas despectivas y humillantes se ha
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
producido con posterioridad a la expedición de las leyes impugnadas; (iii) la
normatividad cuestionada no concibe la discapacidad como una enfermedad
sino como una realidad que deben afrontar algunas personas, y frente
a la cual los Estados deben adoptar medidas especiales para evitar que esta
condición limite la efectividad de los derechos del referido grupo[19]; (iv)
aunque con frecuencia las expresiones demandadas se asocian a patrones
discriminatorios, el legislador les otorgó un sentido especial para designar
a las personas con discapacidad como sujetos de especial protección[20].
3.4. Intervenciones en favor de la declaratoria de inexequibilidad (Programa
de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes)
3.4.1. El Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión de la Universidad de
los Andes solicita a esta Corporación que declare inexequibles las expresiones
relacionadas con los términos “discapacitado”, “minusvalía”, “minusválido”,
“invalidez”, “excepcionalidad” y “personas con capacidades excepcionales”.
3.4.2. A juicio del interviniente, el examen que se efectúa en el marco del
control abstracto no versa solamente sobre el contenido de las leyes, sino
que también se extiende a la terminología utilizada en tales cuerpos normativos.
Esto se explicaría porque el vocabulario empleado por los órganos
de producción normativa podría tener como efecto la reproducción de
esquemas de discriminación, opresión y exclusión, en razón de la denominada
“función de validación” del derecho. Por este motivo, cuando la
Corte Constitucional se ha enfrentado a disposiciones que contienen expresiones
claramente lesivas de la dignidad ha declarado su constitucionalidad
condicionada, o, subsidiariamente, ha declarado su inexequibilidad.
En este sentido, se citan varias sentencias de esta Corporación en las que
se han retirado del ordenamiento los vocablos que tienen una connotación
despectiva. En particular, se reseñan las siguientes providencias: (i)
la sentencia C-983 de 2002[21], que retiró del sistema jurídico la expresión
“suficiente inteligencia”, utilizada en la ley para designar a las personas
con discapacidad auditiva; (ii) la sentencia C-478 de 2003[22], que
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
declaró la inexequibilidad de las palabras “furiosos locos”, “mentecatos”,
“imbecilidad”, “idiotismo”, “locura furiosa” y “casa de locos”, utilizadas
para referirse a personas algún tipo de discapacidad psicosocial; (iii)
la sentencia C-1235 de 2005[23], que ordenó la sustitución de las expresiones
“amos”, “sirvientes” y “criados”, por las de “empleadores” y “trabajadores”,
según el caso; (iv) la sentencia C-804 de 2009[24], que aclaró
que la locución “idoneidad física”, utilizada en la legislación común para
estipular uno de los requisitos para la adopción, no debía ser entendida
como una prohibición de adopción por parte de este grupo poblacional.
3.4.3. Sobre este marco conceptual, PAIIS sostiene que las expresiones señaladas
deben ser retiradas del ordenamiento, de acuerdo con el siguiente análisis:
- Las palabras afines al término “discapacitado” son inaceptables desde tres
perspectivas: (i) primero, porque al reducir a los individuos a su faceta de
discapacidad, como si dicho estado fuese lo único que los caracterizara, también
se reproduce en el imaginario colectivo la idea de que dichos sujetos son
únicamente discapacitados, y de que su existencia se reduce a sortear dicha
condición; (ii) segundo, porque el vocabulario sugiere que la discapacidad es
inherente a los individuos mismos, cuando por el contrario, es el producto
de la interacción de los seres humanos con un entorno excluyente y opresivo;
(iii) finalmente, la palabra invisibiliza el status de persona de los individuos
aludidos. Todas estas dificultades quedarían solventadas si se sustituye
la expresión “discapacitado” por la de “persona con discapacidad”, porque
con esta última se hace explícito el status de sujeto de derecho, se reconoce
que dicha situación es tan solo una de las muchas facetas vitales de dichos
individuos, y que además es el resultado de la estructura y el funcionamiento
social, más que de deficiencias o anomalías intrínsecas de las personas.
- Por su parte, los vocablos afines a los términos “minusvalía” y “minusválido”
sugieren que las personas con discapacidad tienen un menor valor y que
son inferiores biológicamente, lo cual no solo es claramente discriminatorio
y excluyente, sino también incorrecto desde el punto de vista empírico.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Con respecto a las palabras relacionadas con el término “invalidez”, se hacen
dos tipos de precisiones: (i) de una parte, se reitera que a la expresión subyace
un juicio de disvalor porque insinúa que las personas que la padecen valen
menos; (ii) y de otro lado, se aclara que aunque la invalidez ha sido asimilada
a la discapacidad, se trata de nociones autónomas e independientes, porque
mientras en el primer caso se alude a una pérdida de la capacidad para trabajar
que se tuvo en algún momento, y que puede ser cuantificada y medida
en función de la habilidad, destreza o aptitud inicial, la discapacidad “es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
una condición diversa con las barreras del entorno que evitan la participación
plena y efectiva de una persona en la sociedad, en igualdad de condiciones”.
- Y finalmente, las expresiones vinculadas a las palabras “excepcionalidad”
y “personas con capacidades excepcionales”, evocan inferioridad y anormalidad,
y tienen una carga negativa porque son utilizadas para designar a los
individuos que no se ajustan a los parámetros dominantes de normalidad.
Por las razones expuestas, PAIIS estima necesario retirar
del orden jurídico todas estas expresiones lingüísticas.
4. Concepto del Ministerio Público
Mediante concepto rendido el día 2 de marzo de 2015, la Procuraduría
General de la Nación presenta dos tipos de requerimientos: (i) En relación
con las expresiones “personas limitadas”, “población limitada”, “los limitados”,
y “limitados auditivos”, contenidas en las leyes 324 de 1996 y 361
de 1997, se solicita de manera principal la declaratoria de exequibilidad
condicionada, para que se entienda que dichos términos únicamente describen
un estado en el que se encuentran las personas con algún tipo de
discapacidad, y no que se trata de un juicio valorativo sobre estos sujetos;
y subsidiariamente, en caso de no acogerse el requerimiento principal, la
Procuraduría solicita una sentencia sustitutiva que ordene el reemplazo
de las locuciones anteriores por las expresiones “personas con algún tipo
de discapacidad”, “población en situación de discapacidad” y “persona con
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
discapacidad auditiva”. (ii) por otro lado, en relación con las demás palabras
cuestionadas, la Vista Fiscal solicita que se declare su exequibilidad.
Para justificar el planteamiento anterior, la entidad presenta dos tipos
de consideraciones: por un lado, se identifican los parámetros
del control constitucional del lenguaje legal, y por otro, se evalúan
las expresiones demandadas a la luz de los estándares anteriores.
Con respecto al primer tipo de aproximación, la Vista Fiscal destaca las siguientes
ideas: (i) en principio, el escrutinio judicial de la legislación versa
sobre su contenido prescriptivo, y sólo de manera excepcional se extiende
a la terminología empleada por los órganos de producción normativa;
(ii) cuando excepcionalmente se emprende este tipo de examen, los patrones
de análisis se modifican, en tanto el examen se orienta exclusivamente
a determinar si las expresiones legales son claramente lesivas de la
dignidad humana, y en tanto, en virtud del principio de conservación del
derecho, únicamente cuando no exista ninguna interpretación de la legislación
que se adecue a este estándar, se puede eliminar el vocablo del
ordenamiento jurídico; (iii) el ejercicio analítico anterior debe tener en
cuenta el uso que el propio legislador le otorgó a la terminología cuestionada,
y en particular, debe orientarse a establecer si dichos vocablos fueron
utilizados como un juicio de disvalor respecto de cierto grupo de personas,
o si por el contrario tenía finalidades meramente descriptivas, para
acotar el objeto de la regla en la que se inscribe la palabra cuestionada.
En este entendido, la Vista Fiscal evalúa la validez de las expresiones
demandadas, tal como se indica a continuación:
Aunque en principio los vocablos “personas limitadas”, “población limitada”,
“los limitados” y “limitados auditivos” no tienen la connotación
discriminatoria que los accionantes le atribuyen, porque fueron utilizadas
por el legislador, no con el propósito de calificar o de valorar a las
personas que tienen esta condición, sino de acotar el campo de aplicación
de las disposiciones legales en las que se enmarcan, y porque además, la
190 191

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
expresión “limitación” no tiene el tono peyorativo que los accionantes suponen,
según se desprende del significado que consta en el Diccionario de
la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española; no obstante,
como quiera que eventualmente las palabras aludidas podrían ser
interpretadas como un juicio de disvalor, eventualmente la Corte podría
introducir un condicionamiento a la declaratoria de exequibilidad, para
que aclare que los vocablos no contienen ningún calificativo, o que en su
defecto, ordene su sustitución por “personas con discapacidad”, “población
en situación de discapacidad” y “persona con discapacidad auditiva”.
Con respecto a las demás expresiones censuradas, la Vista Fiscal concluyó
que tampoco adolecen de la deficiencia señalada, porque consideradas en sí
mismas, y en el contexto de las leyes en el que se encuentran insertas, tienen
un contenido meramente descriptivo de la situación de un grupo poblacional
determinado, y no una calificación de tales sujetos, como erróneamente
supusieron los accionantes. En efecto, nociones como la de discapacidad o
invalidez fueron definidas en la propia legislación en términos neutros, con
el propósito de identificar los sujetos que serían beneficiarios de las medidas
establecidas en las respectivas leyes, e incluso a tono con la terminología
empleada en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En estos términos, la Procuraduría General de la Nación solicita la declaratoria
de exequibilidad condicionada de las expresiones afines a la palabra “limitados”,
y la declaratoria de exequibilidad simple de los demás vocablos cuestionados.
Competencia
II. CONSIDERACIONES
1. En virtud del artículo 241.4 de la Carta Política, esta Corporación es competente
para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los textos demandados,
como quiera se trata de enunciados contenidos en Leyes de la República.
Asuntos a resolver
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
2. De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Corte debe resolver los siguientes
asuntos.
En primer lugar, como a juicio del Departamento para la Prosperidad Social
y del Ministerio de Trabajo, el escrito de acusación no reúne las condiciones
básicas para la estructuración del juicio de constitucionalidad, se
evaluará la aptitud de la demanda a la luz de los reparos expuestos por los
intervinientes, y se determinará el alcance del pronunciamiento judicial.
Y en segundo lugar, en caso de concluir que hay lugar a un fallo de fondo,
se procederá a evaluar la constitucionalidad de las expresiones
censuradas, teniendo en cuenta los señalamientos del escrito de acusación,
así como los argumentos que frente a tales cuestionamientos
presentaron la Vista Fiscal y los intervinientes en el proceso judicial.
Aptitud de la demanda
Cuestionamientos de los intervinientes a la aptitud de la demanda
3. En el auto admisorio de la demanda el magistrado sustanciador[25] efectuó
una valoración provisional del escrito de acusación, concluyendo que,
en principio, la Corte era competente para evaluar los requerimientos allí
contenidos, y que los cargos formulados en contra de las disposiciones impugnadas
admitían un pronunciamiento de fondo. Posteriormente, sin embargo,
algunos de los intervinientes consideraron que había lugar a un fallo
inhibitorio, por ineptitud sustantiva de la demanda. En este contexto, la
Corte deberá determinar la procedencia del examen propuesto por los peticionarios,
teniendo en cuenta las objeciones expresadas a lo largo del proceso.
Estos reparos son de tres tipos: (i) en primer lugar, se sostiene que los accionantes
no habrían planteado una auténtica controversia constitucional, sino
únicamente una crítica, fundada o no, sobre la pertinencia de la terminología
empleada por el legislador para designar a las personas con discapacidad;
por este motivo, el déficit de orden lingüístico de los textos impugnados,
192 193

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de existir, únicamente tendría la potencialidad de infringir algunas convenciones
sociales sobre el uso de la lengua, pero en ningún caso la Carta Política
o los demás instrumentos que integran el ordenamiento superior; (ii) en segundo
lugar, tampoco se habría precisado el déficit normativo de las disposiciones
demandadas, porque los actores se limitaron a hacer señalamientos
genéricos sobre la connotación discriminatoria de la terminología legal, sin
indicar los componentes peyorativos de tales expresiones, ni las razones por
las que este presunto sesgo envuelve la transgresión de los derechos de las personas
con discapacidad; (iii) finalmente, la censura de los accionantes carecería
actualmente de todo referente en el derecho positivo, por cuanto las expresiones
atacadas habrían sido actualizadas con las precisiones de las Leyes
1346 de 2009 y 1618 de 2013, que acogen el vocabulario generalmente aceptado
a la luz de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
La Corte procede a evaluar estos señalamientos.
El cuestionamiento por la irrelevancia constitucional de las presuntas impropiedades
lingüísticas del legislador
4. La primera crítica apunta a poner en entredicho la relevancia constitucional
del debate propuesto por los demandantes, en la medida en que
las discrepancias de orden terminológico que se plasman en el escrito de
acusación no tendrían la virtualidad de afectar la validez de los vocablos
impugnados, sino, en el mejor de los casos, de demostrar las impropiedades
lingüísticas del legislador. Por tal motivo, la demanda no habría puesto
en evidencia la incompatibilidad entre las locuciones impugnadas y el
ordenamiento superior, sino únicamente la inconsistencia entre la utilización
de tales expresiones, y las reglas de orden lingüístico que informalmente
ha acogido la comunidad jurídica especializada para designar a
grupos de personas históricamente discriminados, con el objeto de superar
los imaginarios sociales que subyacen al fenómeno discriminatorio.
5. La inquietud planteada por algunos de los intervinientes revela
las complejidades del control judicial del lenguaje legal. De he-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cho, la jurisprudencia de esta Corporación no ofrece una respuesta
única y definitiva al interrogante sobre la viabilidad del
escrutinio del lenguaje legal ni a las dudas sobre los criterios para valorar
el léxico del derecho positivo, pues ello depende de múltiples variables.
6. En efecto, dentro de una primera línea, se ha sostenido que, en general,
el escrutinio judicial versa únicamente sobre el contenido normativo
de los enunciados legales, más no sobre la terminología en la que se expresan
las prescripciones jurídicas, porque en principio esta dimensión
lingüística del Derecho carece en sí misma de relevancia normativa. En
este orden de ideas, se ha concluido que cuando se demanda una palabra
aisladamente considerada, la tarea del juez constitucional consiste, de ordinario,
en evaluar su faceta regulativa, una vez integrada la expresión
en el enunciado del que hace parte, y determinando la compatibilidad
de la prescripción resultante con el ordenamiento superior. En este contexto,
entonces, no sería factible valorar los signos lingüísticos como tal.
Así por ejemplo, aunque en la sentencia C-910 de 2012[26] la Corte evaluó
la validez de la expresión “la personalidad”, contenida en el artículo
27.2 de la Ley 1142 de 2007, el análisis se efectuó respecto de la regla
que resulta de insertar la palabra en la disposición de la que se hace
parte; en este entendido, esta Corporación no determinó si el signo lingüístico
“la personalidad”, considerado en abstracto, se oponía a la Carta
Política, sino si la regla que supedita el beneficio de la sustitución de
la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar
de la residencia para personas mayores de 65 años, a la evaluación de
su personalidad, vulneraba el debido proceso o las libertades públicas.
Con la misma lógica, en la sentencia C-105 de 2013[27] este tribunal se pronunció
sobre la validez de las expresiones “previo concurso público de méritos
que realizará la Procuraduría General de la Nación” y “la Procuraduría
General de la Nación”, contenidas en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
Nuevamente, aunque estos vocablos no conforman por sí solos ninguna
prescripción que pueda resultar lesiva del ordenamiento superior, el juicio
194 195

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
versó sobre el contenido normativo que tales expresiones adquieren en el
contexto específico del artículo 35 de la referida ley, según el cual, los personeros
municipales y distritales son elegidos por los concejos municipales,
previa realización de un concurso público dirigido y organizado por la Procuraduría
General de la Nación. En este orden de ideas, en la aludida providencia
se examinó si a la luz del principio de autonomía de las entidades
territoriales, de las competencias constitucionales de los concejos municipales
y distritales y del derecho a la igualdad, resultaba admisible la intervención
de la Procuraduría en la elección de los personeros mediante la dirección
y operación del correspondiente concurso de méritos, concluyendo
que dicha participación era inaceptable desde la perspectiva constitucional.
También se ha evaluado la validez de conjunciones gramaticales como “y”,
u “o”, cuando en el marco de una disposición jurídica se configura una prescripción
susceptible de vulnerar el ordenamiento superior. Este es el caso
de la sentencia C-966 de 2012[28], en la que se declaró la exequibilidad de
la expresión “y” prevista en el artículo 69 de la Ley 44 de 1993. Dentro de
la referida disposición, la conjunción “y” implicaba que los derechos patrimoniales
por la reproducción al público de fonogramas, debían repartirse
por partes iguales entre los artistas, intérpretes y ejecutantes, por una parte,
y el productor, por otra. Así las cosas, la Corte examinó si la mencionada
distribución del aporte patrimonial, determinado por la conjunción “y”, resultaba
lesivo del principio de igualdad, concluyendo que como este no era
el caso, se debía declarar la exequibilidad de la conjunción controvertida.
En otros casos, incluso, cuando los demandantes cuestionan directamente
la terminología o las definiciones legales independientemente de sus
efectos jurídicos, la Corte, o se ha inhibido de pronunciarse sobre este tipo
de señalamientos, o ha reconfigurado la controversia constitucional, limitándose
a evaluar el contenido normativo de los enunciados legales.
Este es el caso de la sentencia C-507 de 2004[29], expedida con ocasión de
la demanda en contra del artículo 34 del Código Civil, que definía al impúber
como “el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
no ha cumplido doce”. En este fallo se sostuvo que no era posible pronunciarse
sobre la constitucionalidad de enunciados que se limitan a fijar el
uso dado por el legislador a una expresión lingüística, porque tales definiciones,
consideradas en sí mismas, carecen de todo contenido regulativo,
y por tanto, no tienen la potencialidad de vulnerar la Carta Política[30].
En este orden de ideas, la Corte se inhibió de fallar sobre la base de que
“la simple lectura del texto del artículo 34 del Código Civil muestra que
(...) éste se limita a establecer cuál es el uso que se les da a las expresiones
mencionadas en los textos legales (...) En consecuencia, el alegato no es
susceptible de ser analizado en sede de constitucionalidad, pues la norma
que formalmente se demandó no contiene la regla jurídica acusada (...) No
desconoce la Corte que el artículo 34 del Código Civil está estrechamente
relacionado con las reglas de capacidad fijadas en muchas otras disposiciones
del sistema legal. Pero para que proceda la demanda en contra
del artículo 34 por esta razón, deben demandarse también aquellas otras
disposiciones que abordan el tema, en especial el artículo 1504 del mismo
Código (...) la norma fija una definición estipulativa que cobra importancia
en materia de capacidad en tanto genere efectos y consecuencias
jurídicas. El artículo 34 del Código Civil, por sí solo, no los genera”.
Dentro de esta misma línea, en la sentencia C-1298 de 2001[31] este tribunal
también se inhibió de pronunciarse con respecto a los vocablos “legítimo”
y “legítimos” contenidos en el título y en el artículo 1º de la Ley 29
de 1982, en el artículo 1º de la Ley 54 de 1989, y en los artículos 24, 236,
246, 288, 397, 403, 457 y 586 del Código Civil. Aunque a juicio del demandante
dichas palabras eran contrarias a la Constitución por atentar contra
la dignidad y la igualdad humana, en tanto descalificaban a algunos
tipos de hijos según su origen familiar, la Corte estimó que los preceptos
demandados no establecían una trato diferenciado entre tales sujetos, y que,
al no existir ningún efecto jurídico susceptible de violentar el principio de
igualdad, no era factible el escrutinio judicial propuesto por el actor. Es decir,
aunque el actor planteaba un cuestionamiento a la terminología legal,
la Corte valoró exclusivamente la faceta prescriptiva del derecho positivo.
196 197

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Y en la sentencia C-534 de 2005[32], aunque originalmente el demandante
cuestionó la definición de la expresión “impúber”, contenida en el artículo
34 del Código Civil, la Corte estimó que el examen propuesto carecía de sentido
porque la sola definición no producía efectos jurídicos, y que por tanto,
dicho enunciado debía articularse con otras normas del mismo Código Civil
que fijan las consecuencias jurídicas de la calificación legal de “impúber”.
Así reconfigurado el debate, se examinaron las disposiciones acusadas en su
dimensión regulativa, vinculándola a los efectos en materia de capacidad,
tutelas, curadurías, e inhabilidades testamentarias, y se declaró la inexequibilidad
de las expresiones “varón” y “y de la mujer que no ha cumplido
doce”, contenidas en el artículo 34 del Código Civil, para que fuesen considerados
impúberes quienes no han cumplido 14 años, sean hombres o mujeres.
Incluso, la Corte ha llegado a hacer notar que algunas palabras empleadas
por el legislador tienen un tono ofensivo o despectivo, pero a pesar de lo
anterior, el juicio de constitucionalidad no se ha extendido a la terminología
legal. En la sentencia C-320 de 1997[33], por ejemplo, se concluyó
que a pesar de lo odiosa que pudiere resultar la expresión “transferencia
de deportistas”, por sugerir que los clubes deportivos son dueños de estas
personas, mientras que en estricto sentido “sólo se transfiere, se vende y
se presta aquello de que se es propietarios”, el control constitucional debía
recaer sobre el uso regulativo del enunciado, y que desde esta perspectiva,
“si el contenido normativo de esas disposiciones es constitucionalmente
admisible, no sería lógico que la Corte declarara la inexequibilidad de
los artículos estudiados, puesto que, debido únicamente a los defectos del
lenguaje utilizados por el legislador, se estaría retirando del ordenamiento
una regulación que es materialmente legítima”. En este orden de ideas, y
en consideración a que la transferencia del deportista no constituye una
venta del jugador como tal, sino que alude a las compensaciones económicas
que se otorgan al club de origen por haber descubierto y patrocinado
al deportista por su cuenta y riesgo, y a que el sistema de retribuciones
entre clubes cumple una importante y legítima función dentro del
sistema deportivo nacional e internacional, la Corte se abstuvo de retirar
la norma del ordenamiento, pese a lo “chocante” de la terminología legal.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Por su parte, en la sentencia C-804 de 2009[34] la Corte tomó nota del posible
carácter peyorativo de la expresión “idoneidad física” contenida en el
artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia para referirse a los
requisitos para la adopción de menores. No obstante, y aunque la Corte se
refirió ampliamente a la relevancia constitucional del lenguaje legal y a su
incidencia en el conjunto de valores, principios y derechos establecidos en
la Carta Política, el escrutinio judicial no versó sobre el aspecto terminológico
del enunciado legal, sino sobre sus efectos jurídicos, analizando si
la exigencia de la idoneidad física para la adopción de niños constituía un
requisito legítimo a la luz de la preceptiva constitucional. Así replanteado
el debate, se concluyó que la medida cuestionada era constitucionalmente
admisible porque respondía a la necesidad de asegurar las mejores condiciones
para el cuidado y atención de las necesidades de los niños que se integran
a una nueva familia, pero que, en cualquier caso, esta idoneidad no
debía ser entendida como una prohibición absoluta e incondicionada para
la adopción de niños por parte de personas con discapacidad, y que “no se
puede descalificar a una persona como posible padre o madre adoptante,
por el solo hecho de que tenga una discapacidad, sino que dicha condición
debe ser evaluada en cada caso concreto por las autoridades y expertos (…)”.
En la sentencia C-379 de 1998[35] la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad
del artículo 89 del Código Civil, que establecía que el domicilio
de una persona es el mismo de sus criados y dependientes que residen en
su misma casa. Aunque explícitamente se advirtió que la palabra “criado”
tenía una connotación “despreciativa, en abierta oposición a la dignidad
humana”, el juicio de validez no estuvo orientado a controlar el léxico,
sino únicamente a determinar la constitucionalidad de la prescripción demandada,
es decir, de la regla que fija el domicilio de los empleados domésticos
en función del domicilio de la persona para la cual laboran. Así
acotado el problema jurídico, se concluyó que en razón de la autonomía
individual, los empleados que trabajen en la residencia de su empleador deben
tener la opción de poder fijar su domicilio en lugar distinto, y que, en
todo caso, cuando existe una coincidencia en el domicilio de uno y otro,
es porque confluye el hecho objetivo de la residencia y el ánimo del em-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
pleador de fijar allí su domicilio. Con fundamento en esta consideración,
la Corte concluyó que “no puede subsistir una imposición legal como la
contemplada en la norma objeto de examen. El carácter fijo, forzoso y exclusivo
de la definición que hace el precepto, y el hecho de que el domicilio
de una persona se considere accesorio del de otra, son elementos que
chocan abiertamente con las aludidas prescripciones constitucionales”.
Así las cosas, en la referida providencia se declaró la inexequibilidad del
precepto legal, y no de la expresión “criado”, pese a su carga peyorativa.
Recientemente, en la sentencia C-066 de 2013[36] se advirtió sobre la posible
impropiedad del legislador al utilizar la expresión “normalización”
en el artículo 3 de la Ley 361 de 1997, para referirse a los deberes del Estado
en relación con las personas que tienen algún tipo de limitación física,
síquica o sensorial, porque podría sugerir que se trata de individuos
anormales, incompletos o deficientes, que deben ser sometidos a un proceso
de estandarización. Sin embargo, pese al cuestionable tono del vocablo, el
análisis no estuvo orientado a controlar el vocabulario del derecho positivo,
sino a valorar los efectos jurídicos establecidos en el enunciado legal,
concluyendo que el deber de normalización previsto en la disposición no
podía referirse a la obligación del Estado de formular e implementar políticas
orientadas a tratar, curar o rehabilitar a los individuos con discapacidad,
sino al deber de eliminar las barreras físicas y sociales que impiden
a estas personas gozar plenamente de sus derechos. En este orden de ideas,
la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “la normalización social
plena” contenida en el artículo 3º de la Ley 361 de 1997, “en el entendido
de que se refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado
y de la sociedad de eliminar las barreras de entorno físico y social”.
De acogerse esta línea interpretativa, entonces, palabras como “sordo”, “limitado
auditivo”, “personas con limitaciones físicas” o “minusválidas” no
podrían ser inconstitucionales en sí mismas, como sostienen los accionantes,
sino tan solo en la medida en que, una vez insertadas en un texto legal
específico, configuren una regla contraria a la Carta Política. Así, no se podría
poner en entredicho la validez de la expresión “personas con limitaciones”
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
contenida en el artículo 46 de la Ley General de Educación porque el vocablo
se estima inapropiado, sino únicamente la regla que resulta de tal locución,
en el sentido de que el servicio público educativo comprende la educación
para este grupo poblacional[37]; asimismo, las palabras “limitados auditivos”
y “población sorda”, previstas en el artículo 10 de la Ley 324 de 1996 sólo podrían
cuestionarse en cuanto la regla resultante se oponga al ordenamiento
constitucional, es decir, en la medida en que el establecimiento de cuotas laborales
en las entidades estatales para este segmento social, o la priorización
de su inclusión en el régimen subsidiado de salud, vulnere la Carta Política.
7. En contraste con esta tendencia, en algunas oportunidades el juicio de
constitucionalidad se ha extendido a la terminología legal como tal, sobre la
base de que el léxico jurídico no solo tiene una función instrumental, como
mecanismo para la regulación de la conducta humana, sino que también
tiene una función simbólica, en tanto los discursos jurídicos representan,
reproducen, crean, definen y perpetúan “concepciones del mundo, valores,
(...) ideas, cosmovisiones, valores y normas”[38]. En este orden de ideas, y habida
cuenta que el lenguaje también puede encarnar esquemas ideológicos y
conceptuales contrarios al sistema de principios y valores de la Constitución,
la Corte se encontraría habilitada para ampliar el espectro del escrutinio judicial,
independientemente de los efectos jurídicos de los enunciados legales.
Apoyada en esta vertiente conceptual, en distintas ocasiones
esta Corporación ha efectuado el control judicial de la terminología
legal y de la meta-normatividad del sistema jurídico.
En la sentencia C-804 de 2006[39], por ejemplo, se declaró la inexequibilidad
del precepto del Código Civil que fijaba una regla interpretativa sobre
el sentido de la expresión “hombre” en la legislación civil; según el
precepto, salvo disposición expresa en contrario, la referida palabra designa
a los seres humanos de ambos sexos. Sin embargo, como a juicio de la
Corte este uso de la palabra desconoce e invisibiliza la realidad femenina,
la regla fue declarada inexequible en su integridad, independientemente
de las consideraciones sobre los efectos jurídicos de la definición[40].
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Bajo este mismo esquema conceptual, en numerosas oportunidades
se ha declarado la inexequibilidad de distintas expresiones lingüísticas,
normalmente porque se consideran lesivas de la prohibición
de discriminación o del principio de dignidad humana.
Por tan solo mencionar algunos ejemplos: (i) en la sentencia C-478 de 2003 se
declaró la inconstitucionalidad de las expresiones del Código Civil que asociaban
la discapacidad mental a categorías como “furiosos locos”, “mentecatos”
e “idiotismo y locura furiosa”[41]; (ii) en la sentencia C-1235 de 2005 se
hizo lo propio en relación con los vocablos “amos”, “criados” y “sirvientes”,
contenidos en el artículo 2349 del Código Civil, y se ordenó su sustitución
por “empleadores” y “trabajadores”, respectivamente; (iii) en la sentencia
C-037 de 1996[42] se expulsó del ordenamiento jurídico la locución “recursos
humanos” contenida en el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, sobre la base de que esta terminología concibe a los seres humanos
como instrumentos, medios u objetos manipulables; (iv) en la sentencia
C-078 de 2001[43] se advirtió que el vocablo “robo”, utilizado en el Código
Civil para referirse a la sustracción violenta de una mujer como causal de nulidad
de matrimonio, admitía varios sentidos, uno de los cuales era inconstitucional
por cosificar e instrumentalizar a la mujer, pero que como quiera
que también tenía un significado que carecía de esta connotación, como sinónimo
de rapto, debía ser declarado exequible; (vi) en la sentencia C-253 de
2013 se demandó el término “comunidades negras” utilizado en la Ley 70 de
1993 y en el Decreto 2374 de 1993, por estimarse que aunque las medidas allí
contenidas favorecían a este grupo poblacional, la expresión podía resulta
oprobiosa y ofensiva para este segmento social; la Corte concluyó que el uso
de tal expresión carecía de la carga despectiva o peyorativa que el actor le
atribuía, y que por tanto, no debía ser retirada del ordenamiento jurídico[44].
8. El panorama anterior pone de presente las dificultades inherentes al escrutinio
judicial del lenguaje legal.
Por una parte, no resulta razonable entender que el vocabulario
legal pueda ser objeto de un control constitucional material,
como en algunas ocasiones parece haberlo concebido este tribunal.
En segundo lugar, desde una perspectiva lógica, la validez se predica de las
prescripciones jurídicas y no de las palabras individualmente consideradas,
del mismo modo en que el valor veritativo se predica de los enunciados y
no de los vocablos. Así, la oración “todos los hombres son mortales” es verdadera
y la oración “los insectos son mamíferos” es falsa, pero en ningún
caso “hombres”, “mortales”, “insectos” o “mamíferos” pueden ser verdaderos
o falsos. Asimismo, es posible afirmar que prescripciones que penalizan
los actos de discriminación[45], que establecen como inhabilidad para contratar
con entidades de la Administración Pública por haber dado lugar a
la declaratoria de caducidad de un contrato estatal[46], o que determinan
que la atención en salud de las personas que tienen enfermedades huérfanas
no puede ser objeto de limitaciones administrativas o económicas[47], son
susceptibles de ser valoradas en términos constitucionales, y que por tanto,
pueden ser declaradas exequibles o inexequibles. Pero no pareciera posible
efectuar el juicio de constitucionalidad respecto de signos lingüísticos
aislados como “delito”, “persona”, “comunidad”, “consulta” o “propiedad”.
Es cierto que en múltiples oportunidades la Corte ha evaluado la constitucionalidad
de expresiones jurídicas que por sí solas no constituyen una
prescripción autónoma, como “la personalidad”[48], “Procuraduría General
de la Nación”[49] o incluso de la conjunción “y”[50]. Pero en estas hipótesis
el análisis se ha efectuado respecto de la regla jurídica que resulta de insertar
estas locuciones en la disposición en la que se enmarcan, y no del vocablo
considerado en sí mismo. Por ello, en casos como este el examen de constitucionalidad
no se orienta a establecer si “la personalidad”, “la Procuraduría
General de la Nación” o “y” se ajustan al ordenamiento superior, sino si
reglas como aquella que supedita el beneficio de la detención preventiva
en establecimiento carcelario por la del lugar de la residencia para personas
mayores de 65 años a la evaluación de la personalidad, o como aquella que
ordena a la Procuraduría General de la Nación organizar y realizar los con-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cursos para la designación de personeros municipales, o como aquella otra
que establece que los derechos patrimoniales por la reproducción al público
de fonogramas se reparten por partes iguales entre los artistas, intérpretes
y ejecutantes, por una parte, y el productor, por otra, son compatibles con
el ordenamiento superior. El juicio que se propone en esta oportunidad a la
Corte, en cambio, no es de este último tipo, porque se encamina a determinar
la exequibilidad de expresiones lingüísticas aisladamente consideradas.
Y finalmente, como las acusaciones de tipo terminológico no versan sobre
la dimensión normativa de los enunciados legales, y como a su vez las categorías
de constitucionalidad e inconstitucionalidad fueron diseñadas para
evaluar el contenido normativo de los enunciados lingüísticos, tampoco es
factible la valoración del lenguaje legal por fuera de su uso prescriptivo.
En efecto, el juicio de validez que efectúa este tribunal tiene por objeto identificar
la incompatibilidad entre una prescripción infra-constitucional y
el ordenamiento superior. Como puede advertirse, la condición de posibilidad
de este juicio es que los enunciados objeto de confrontación, es decir,
el enunciado constitucional y el enunciado legal, se encuentren en el
mismo nivel lógico y lingüístico, y en particular, que el cotejo se efectúe
entre dos contenidos normativos. Es posible afirmar que la norma que permite
matar a discreción es inconstitucional, porque existe un precepto de
la Carta Política que consagra el derecho a la vida y el deber del Estado de
protegerla y garantizarla; tiene sentido preguntarse por la validez de una
disposición que avala ciertas formas de censura, porque existe un precepto
constitucional que consagra la libertad de expresión y que prohíbe la
censura. En todos estos casos es posible establecer la relación de contradicción
porque se confronta el uso normativo de dos enunciados lingüísticos.
No obstante, cuando el cotejo se pretende realizar entre enunciados de
naturaleza distinta, no parece posible determinar la relación de contradicción
entre unos y otros. Así, no pareciera posible confrontar enunciados
lingüísticos a los que se le ha adjudicado un uso directivo o prescriptivo,
con enunciados descriptivos, como si por ejemplo se pretende
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
enjuiciar la norma que proscribe las penas perpetuas con la ley de la
inercia, ni a la inversa, poner en relación un enunciado descriptivo del
tipo “todos los hombres son mortales”, que puede ser verdadero o falso,
con una prescripción normativa como la prohibición de censura.
En definitiva, los signos lingüísticos considerados aisladamente, al margen
de su contenido normativo, no son susceptibles del control constitucional
material, o al menos lo son en un sentido sustancialmente distinto
al que lo son los enunciados lingüísticos que tienen un uso prescriptivo.
9.La anterior precisión, sin embargo, no agota la problemática
planteada por los accionantes sobre la relevancia constitucional
del lenguaje legal, y tampoco descarta automáticamente la posibilidad
de que el juez constitucional controle la terminología legal.
En efecto, desde otro punto de vista también parece claro que el léxico de toda
lengua encarna, reproduce y afianza las construcciones sociales, económicas,
políticas, culturales e ideológicas dominantes, y que por tanto, los enunciados
legales podrían ser analizados y valorados no solo a la luz de los efectos jurídicos
que allí se establecen, sino también a la luz de los imaginarios que expresan.
La distinción entre “humanos” y “bestias” no es del todo equivalente a la
distinción entre “animales humanos” y “animales no humanos”, y la palabra
“bestia”, utilizada en los artículos 1180, 2331 y 2333 del Código Civil
parece tener una connotación y transmitir un mensaje distinto al del
vocablo “animal no humano”, incluso cuando ambos sean utilizados para
designar la misma realidad. De hecho, la palabra “bestia” suele ser utilizada
en contextos como el Código Civil, en el que los animales son concebidos
como objetos, mientras que “animal no humano” o “seres sintientes”
suelen ser parte del léxico del movimiento animalista. Y en un escenario
como este, resultaría al menos inquietante y paradójico que las pretensiones
del movimiento de Liberación Animal para que cese la investigación
con animales o la producción y el consumo masivo de carne se expresaran
a través de vocablos como “bestia”, que cosifican a los animales o que
204 205

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
marcan una distancia infranqueable entre éstos y los seres humanos[51].
Lo anterior significa que los signos lingüísticos cumplen no solo una función
referencial o denotativa, sino también connotativa, y que muchas
veces tienen una carga emotiva e ideológica[52]. Y dado que las palabras,
incluidas las palabras de la ley, suelen inscribirse en marcos conceptuales
determinados, y normalmente no son ideológicamente neutros, los enunciados
legales no solo tienen un uso prescriptivo a través de la regulación
de las relaciones jurídicas, sino que también pueden tener otro tipo de
usos “paralelos”, cumpliendo roles representativos o asertivos, expresivos,
constitutivos o declarativos, relacionados con la representación de
la realidad, con la reproducción de percepciones, concepciones, cosmovisiones
e imaginarios, con la manifestación de sentimientos y emociones,
o con insinuaciones sobre el status o condición de ciertos sujetos[53].
Desde este punto de vista, y retornado al ejemplo propuesto, podría entonces
pensarse que no resulta indiferente la utilización en la legislación de la
expresión “bestia” o de las expresiones “ser sintiente” o “animal no humano”,
aunque todos estos signos tengan la misma denotación, y por tanto,
refieran al mismo universo de individuos. Si una norma establece que las
personas tienen el deber de “prevenir que los animales no humanos causen
daño a los vecinos, peatones o a los bienes de éstos”, podría pensarse razonablemente
que a través de dicha regla no solo se radica en las personas un
deber jurídico, sino que además, se transmite un mensaje sobre el status
de los animales, a través de ideas implícitas del tipo “ellos son parecidos
a nosotros”, o “la diferencia entre ellos y nosotros es de grado y relativa”.
¿Qué sucede entonces cuando intuitivamente se advierte una especie de inconsistencia
entre un enunciado implícito de este tipo y el ordenamiento
constitucional? Por supuesto, y tal como ya se expuso anteriormente, estos
“mensajes paralelos” de la legislación, de orden descriptivo, de orden expresivo
o de orden directivo, no podrían ser en sí mismos materialmente constitucionales
o inconstitucionales, sino, en el mejor de los casos, verdaderos o
falsos, apropiados o inapropiados, así como la proposición “los perros tienen
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cinco patas” puede ser falsa, pero no inconstitucional.
La indagación no está orientada a examinar la constitucionalidad de la
expresión lingüística considerada en sí misma, sino en relación con los
interlocutores de la comunicación. En particular, la evaluación se realiza
en función del sistema de habilitaciones, facultades y prohibiciones
constitucionales del órgano legislativo. Por ello, mientras el Congreso
eventualmente puede tener vedada la posibilidad de emitir de manera
encubierta juicios de valor o efectuar insinuaciones a través de la legislación
sobre el status o condición de colectivos históricamente discriminados
por medio de signos lingüísticos que tienen una alta carga emotiva
o ideológica, otros sujetos eventualmente sí pueden hacerlo[54].
En segundo lugar, el examen del operador jurídico no está orientado a evaluar
en abstracto la constitucionalidad de un signo lingüístico, ni a avalarlo
o vetarlo en general, sino a considerarlo en el contexto lingüístico y extra
lingüístico específico del que hace parte. No se trata, entonces, de determinar
si en general los vocablos “discapacitado”, “minusválido” o “inválido” son
incompatibles con la dignidad humana o con la prohibición de discriminación,
sino si la utilización de tales expresiones, en el marco específico en el
que se encuentran, desborda las competencias del órgano de producción normativa,
por transmitir un mensaje implícito cuya emisión le estaba vedada.
De modo semejante, el operador jurídico debe buscar una aproximación
diacrónica, e intentar ubicarse en el sistema lingüístico vigente
en el momento en que fue expedida la normatividad cuestionada posteriormente,
de la misma manera en que para entender un texto literario
escrito en otro contexto, resulta imprescindible situarse lingüísticamente
en ese escenario. Por ello, para valorar la expresión “persona con limitación”
contenida en la Ley 361 de 1991, habría no sólo que preguntarse
si al día de hoy dicha locución tiene una connotación peyorativa, sino
si en ese momento histórico lo tenía, según los sistemas de adjudicación
de significación vigentes en aquel momento. El mismo tipo de indagación
habría que intentar respecto de las demás expresiones atacadas.
206 207

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Lo anterior, sin perjuicio de que en razón de la pervivencia de la voluntad
legislativa que mantiene vigente el derecho positivo, sea posible
actualizar el vocabulario a la luz los parámetros lingüísticos
vigentes, especialmente en aquellos casos en que un vocablo se degrada
con el tiempo, y adquiere, con posterioridad a la expedición de la
normatividad en la que se enmarca, una connotación peyorativa.
En definitiva, como los signos lingüísticos contenidos en un enunciado
legal no solo cumplen una función referencial, sino que también tienen
una connotación y una carga emotiva, su utilización dentro de las prescripciones
jurídicas podría implicar la transmisión de mensajes paralelos o
adicionales a la regla jurídica establecidas en el enunciado, y la emisión de
algunos de ellos por parte del legislador podría estar prohibida en virtud
del deber de neutralidad que el sistema constitucional le asigna al Congreso
Nacional. Por ello los cuestionamientos de los accionantes a las expresiones
demandadas sí son susceptibles de ser valorados en el escenario del control
abstracto de constitucionalidad, y la función de los tribunales constitucionales
consiste entonces en identificar estos enunciados implícitos que se
transmiten a través de signos lingüísticos con altas cargas emotivas e ideológicas,
y verificar si su emisión configura una violación a la Carta Política.
El cuestionamiento por la falta de especificación del déficit normativo
10. La segunda censura de algunos intervinientes apunta a demostrar
que el escrito de acusación no identifica los vicios de las expresiones demandadas,
y que, por el contrario, únicamente se alega una deficiencia
global por la presunta utilización de un lenguaje peyorativo e insultante.
11. La Corte encuentra que este cuestionamiento es parcialmente correcto.
Por un lado, la demanda sí precisa la presunta falencia de los textos legales
impugnados, indicando en qué consiste su carga despectiva y humillante,
y la forma en que esta carga provoca la lesión del ordenamiento superior.
En particular, los accionantes argumentan lo siguiente: (i) la terminolo-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
gía empleada por el legislador encierra un juicio de disvalor frente a las
personas con discapacidad, pues la etimología de palabras como “minusválidos”
o “inválidos” vincula esta condición al valor de los individuos, en
términos negativos; (ii) asimismo, las expresiones demandadas invisibilizan
el status de sujeto de estas personas; (iii) además, estas palabras insinúan
que quienes integran este grupo poblacional tienen limitaciones que son
inherentes a ellos mismos, cuando en realidad los obstáculos que enfrentan
son el fruto de estructuras sociales excluyentes; (iii) el léxico empleado
por el legislador reduce a los individuos a su faceta de discapacidad, sugiriendo
que no existen otros espacios vitales desde los cuales pueden ser caracterizados
y valorados; A partir de este análisis, los accionantes concluyen
que los textos legales atacados desconocen el ordenamiento superior.
12. Sin embargo, las acusaciones precedentes solo apuntan a demostrar la
vulneración del principio de dignidad humana y la prohibición de discriminación,
previstos en los artículos 1 y 13 de la Carta Política, 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y 2 de la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad. Con respecto a las demás disposiciones que
se estiman violadas por los accionantes, en cambio, la demanda no contiene
ninguna acusación que pueda ser objeto de valoración por parte de
esta Corporación; así por ejemplo, en el escrito no se indican las razones
por las que la terminología cuestionada desconoce el deber del Estado de
adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración para las
personas con discapacidad (art. 47 C.P.), el deber del Estado colombiano de
adoptar las medidas para garantizar los derechos reconocidos en la CADH,
el PIDCP y el PIDESC y de implementar los recursos administrados y judiciales
para su exigibilidad (arts. 1, 2 y 24 de la CADH, 1 PIDCP y 2 del
PIDESC), el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno de
los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad
(art. 1 de la CDPD), o la definición de discapacidad o de discriminación
(art. 1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad).
208 209

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Por este motivo, el pronunciamiento judicial recaerá exclusivamente
sobre los cargos por la presunta afectación indirecta
de la dignidad humana y de la prohibición de discriminación.
El cuestionamiento por la actualización normativa proveniente de la Ley
1618 de 2013
13. Finalmente, algunos de los intervinientes sostuvieron que no había
lugar a un pronunciamiento de fondo, como quiera que la normatividad
demandada había sido alterada en razón de la expedición de la Ley
1618 de 2013, que se encargó de precisar el sentido y alcance de la terminología
empleada para designar a las personas con discapacidad, eliminando
cualquier sesgo discriminatorio, y de actualizar la normatividad
anterior a partir de estos nuevos parámetros. En este orden de
ideas, los reproches de la demanda se habrían amparado en una interpretación
inadecuada del derecho positivo, al prescindir de un elemento
normativo relevante, como son las precisiones legislativas recientes.
14.. La Corte no comparte este planteamiento, puesto que el déficit
atribuido en el escrito de acusación a los apartes impugnados
no fue eliminado directa y expresamente en la Ley 1618 de 2013.
En efecto, esta ley fija los lineamientos fundamentales de las políticas que
deben ser adoptadas por el Estado para garantizar los derechos de las personas
con discapacidad[55], que deben comprender medidas de inclusión,
acción afirmativa, de ajustes razonables y de eliminación de toda forma
de discriminación. En este marco, el artículo 2 del referido cuerpo normativo
contiene una serie de definiciones relativas a la discapacidad, como
las de las expresiones “personas con y/o en situación de discapacidad”,
“inclusión social”, “acciones afirmativas”, “rehabilitación funcional”, “rehabilitación
integral”, “barreras actitudinales, comunicativas y físicas”,
y el artículo 28 establece “la presente ley se adiciona a las demás normas
que protegen los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de
garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, así como su exigibilidad”.
15. Sin embargo, tales disposiciones no solventan las dificultades planteadas
por los accionantes, puesto que mientras éstas apuntan a cuestionar
el léxico empleado para regular el fenómeno de la discapacidad, la
ley mencionada fija las directrices de las políticas estatales en esta materia,
y no enmienda ni corrige la presunta falencia de orden lingüístico.
En este marco, las definiciones contenidas en el artículo 2 tienen por objeto
acotar el ámbito de aplicación de la misma Ley 1618 de 2013 y de la
normatividad concordante, más no sustituir las expresiones que a juicio
de los accionantes resultan lesivas de la dignidad humana y de la prohibición
de discriminación; y el artículo 27 tampoco dispone una sustitución
terminológica, sino que únicamente aclara que la ley adiciona y
complementa la normatividad ya existente en materia de discapacidad.
En síntesis, en atención a que la Ley 1618 de 2013 no altera las bases de la censura
de los demandantes, las observaciones de los intervinientes no afectan la
viabilidad del juicio de constitucionalidad propuesto en este proceso judicial.
Alcance del pronunciamiento judicial
16. De acuerdo con las consideraciones precedentes, la Corte Constitucional
concluye lo siguiente: (i) el juez constitucional se encuentra facultado para
ejercer el control constitucional del lenguaje legal; (ii) el examen anterior
está orientado a establecer si mediante la utilización de signos lingüísticos
con una alta carga emotiva, el legislador transmite de manera tácita
o encubierta mensajes que descalifican a determinados grupos sociales, y
si la emisión de los mismos se encuentra prohibida constitucionalmente,
en virtud del deber de neutralidad del órgano parlamentario frente a todos
los grupos sociales; (iii) el escrutinio judicial se efectuará en relación
con los dos principios anteriores, más no en relación con el deber constitucional
del Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación
e integración, y de adoptar medidas para garantizar los derechos reconocidos
en la CADH, el PIDCP y el PIDESC y con el propósito de promover,
210 211

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
proteger y asegurar el pleno goce de los derechos reconocidos en tales instrumentos,
normas respecto de las cuales no se indicó la razón de su transgresión.
Planteamiento del problema jurídico y metodología de resolución
17. Los accionantes y los intervinientes que coadyuvaron las pretensiones
de la demanda consideran que la terminología empleada por el
legislador para regular la condición de discapacidad, y en particular,
expresiones afines a “discapacitado”, “inválido”, “limitado”, “sordo”,
“minusválido”, “persona con capacidades excepcionales” y “disminuído”,
contenidas en las Leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de
1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438
de 2011 y 1562 de 2012, deben ser retiradas del ordenamiento jurídico.
A su juicio, aunque la dimensión regulativa de tales vocablos se orienta a
garantizar los derechos del referido grupo poblacional, son constitucionalmente
inadmisibles por tener una connotación peyorativa que contribuiría
a perpetuar las concepciones, imaginarios y actitudes del conglomerado
social que subyacen a modelos de discapacidad ya superados, como el denominado
“modelo de la prescindencia”, que concibe esta condición como
una carga social y propone la marginación, el aislamiento y la exclusión del
entorno social las personas con discapacidad, o como el “modelo médico–rehabilitador”,
que la entiende como una anomalía y como una patología que
debe ser intervenida y tratada desde una perspectiva médica, a efectos de
“normalizar” y estandarizar a los individuos que la padecen. Ambos modelos,
a su vez, impedirían a este colectivo gozar plenamente de sus derechos.
En particular, se sostiene que las expresiones referidas tienen
un tono despectivo, por la confluencia de varias circunstancias:
Por un lado, porque los vocablos atacados contendrían una descalificación,
por insinuar que los sujetos que hacen parte de este colectivo valen
menos que los demás. Esta conclusión, a su vez, se ampara en el análisis
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
etimológico de las referidas expresiones, teniendo en cuenta que palabras
como “minusválido” o “inválido” significan, desde esa perspectiva, que
las personas con discapacidad valen menos o que no tienen ningún valor.
Asimismo, la utilización de adjetivos que califican a las personas a partir
de un único atributo como la situación de discapacidad, transmitiría
indirectamente ideas ofensivas y humillantes acerca de este grupo,
por la confluencia de las siguientes circunstancias: (i) se relega a un segundo
plano la condición de persona de estos individuos, por no hacerla
explícita en el léxico legal; (ii) se invisibilizan las demás dimensiones
vitales de los referidos sujetos, como si su estado fuese constitutivo y definitorio
de todo su ser, y no sólo una circunstancia accesoria; (iii) se radican
en el propio individuo unas supuestas deficiencias físicas, mentales
o sensoriales, cuando la discapacidad es un constructo social.
Así las cosas, y en la medida en que la terminología legal demandada transmitiría
ideas equivocadas, inaceptables y ya revaluadas sobre la discapacidad,
la Corte Constitucional debe retirarla del ordenamiento jurídico por su
incompatibilidad con el principio de dignidad humana y con la prohibición
de discriminación, y ordenar su sustitución por las expresiones lingüísticas
acogidas en los escenarios internacionales de derechos humanos que se enmarcan
dentro del denominado “modelo social de la discapacidad”. Este esquema
conceptual propone un cambio de paradigma en el entendimiento del
fenómeno, porque en lugar de radicar en los propios individuos unas presuntas
anomalías, deficiencias o taras, concibe la discapacidad como el resultado
de estructuras sociales, económicas, políticas y culturales excluyentes.[56]
18. De acuerdo con el planteamiento anterior, corresponde a la Corte valorar
las dos premisas que sustentan la pretensión de la demanda: (i) por un lado, las
implicaciones constitucionales del lenguaje cuando su objetivo es definir legalmente
un concepto y otorgar medidas a favor de sujetos de especial protección
constitucional; y (ii) la comprensión de ciertas expresiones legales desde
el punto de vista constitucional frente a una dinámica nacional e internacional
que demanda transformaciones constantes. Con base en estos plantea-
212 213

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
mientos, los problemas jurídicos que abordará la sentencia son los siguientes:
(i) ¿ciertas expresiones, que eventualmente pueden ser consideradas no
neutrales y que han sido tomadas por el Legislador para definir o describir
situaciones que acarrean un trato especial por parte del Estado, resultan inconstitucionales
por violar el derecho a la igualdad y a la dignidad humana?
(ii)
¿ciertas palabras o expresiones contenidas en normas legales
que podrían ser consideradas como peyorativas -en el marco
de un contexto social determinado- son inconstitucionales
por violar el derecho a la igualdad y a la dignidad humana?
19. Para resolver estos interrogantes la sentencia (i) establecerá el marco
normativo de protección a las personas en situación de discapacidad
y su interpretación a través del bloque de constitucionalidad; (ii) reconstruirá
la línea jurisprudencial vigente sobre la igualdad y la dignidad
humana de las personas en situación de discapacidad; y (iii) evaluará
los cargos de la demanda, teniendo en cuenta que las normas acusadas
se dividen en dos grupos: las cuestionadas por su falta de neutralidad
en la construcción de conceptos técnico jurídicos, y las que parecen tener
una carga peyorativa –según el contexto social vigente- que afectaría
los derechos de las personas mencionadas por las disposiciones.
El marco normativo sobre los derechos de las personas en situación
de discapacidad: reglas y lenguaje en permanente evolución.
20. La normativa nacional e internacional se ha ocupado de los derechos de las
personas en condición de discapacidad. La complejidad en el uso del lenguaje
en los diferentes escenarios jurídicos y las grandes dificultades para alcanzar
acuerdos ha llevado a que sea destacable el diálogo normativo a fin de dinamizar
la comprensión de las expresiones y dar protección plena a los sujetos
en situación de discapacidad. En efecto, las disposiciones internacionales e internas
conforman un entramado en constante evolución e interacción como
consecuencia de la figura del bloque de constitucionalidad (art. 93 CP[57]).
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
El bloque de constitucionalidad y su función hermenéutica
21. La jurisprudencia ha sido enfática en afirmar que el carácter vinculante
del que goza la normatividad constitucional, no es privilegio exclusivo de
los artículos que formalmente integran el texto de la Carta Política, pues
según desarrollos doctrinales y jurisprudenciales, se ha estatuido que la
Constitución está compuesta por un grupo más amplio de principios, reglas
y normas que conforman el denominado “bloque de constitucionalidad”.
En otras palabras, la noción de bloque de constitucionalidad se circunscribe
a un conjunto “de normas y principios que, aun cuando
no aparecen en el texto constitucional, se entienden integrados
a la Constitución y formalmente hacen parte de ella” [58].
En este sentido, la noción “bloque de constitucionalidad” busca transmitir la
idea de que la Constitución no solamente se circunscribe a lo que se encuentra
escrito dentro de ella, sino que existen otras disposiciones, contenidas en otros
instrumentos o recopilaciones, que también son normas de la misma jerarquía.
22. Este concepto que tuvo sus orígenes en la jurisprudencia del Consejo Constitucional
francés en 1958, no tuvo acogida durante la vigencia de la Constitución
de 1886, pues en su momento la Corte Suprema de Justicia, consideró
que “en ejercicio de la jurisdicción constitucional sólo le es dado confrontar a
la Corte la ley con los textos de la Carta, cuya integridad se le ha confiado”[59].
Sin embargo, la expedición de la Constitución de 1991 marcó una
nueva pauta en el acoplamiento de las disposiciones internacionales
al orden constitucional interno, pues aunque no “fue sino a partir
del año 1995 que la Corte Constitucional adoptó sin ambages el
concepto de bloque de constitucionalidad -tal como se utiliza hoy en
día- muchos de los fallos producidos antes de ese año reconocieron ya
la jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales.”[60]
23. Con la entrada de esta figura al ordenamiento constitucional interno,
214 215

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
se fijó una nueva directriz de control constitucional, pues la propia Carta
impuso analizar las normas no solo a la luz de los postulados que consagra
expresamente la Constitución Política, sino también con las reglas
y principios que integran el denominado bloque de constitucionalidad.
En otras palabras, el control constitucional de una ley deberá
verificarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también
a partir de su comparación con otras disposiciones con carácter
“supralegal” que tienen relevancia constitucional, es decir, que
“pueden presentarse situaciones en las cuales las normas que, por su naturaleza,
se convierten en parámetros para el enjuiciamiento de la constitucionalidad
de una ley, pueden integrar el bloque de constitucionalidad”[61].
24. En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado que es posible distinguir
dos acepciones del concepto de bloque de constitucionalidad. El primero se
refiere al stricto sensu, que es conformado por aquellos principios y normas
que han sido integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato
expreso de la Carta, por lo que entonces gozan de rango constitucional.
El segundo de ellos, se refiere al lato sensu, que recoge las disposiciones
que tienen un rango normativo superior a las leyes
ordinarias, aunque a veces no tengan rango constitucional,
como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que sirven como
referente necesario para la creación legal y para el control constitucional[62].
25. De acuerdo con esta teoría, las disposiciones que hacen parte del bloque
de constitucionalidad ostentan una jerarquía constitucional por estar
situadas a la altura de las normas del texto de la Carta, lo que las
convierte en verdaderas fuentes de derecho y genera el deber de los jueces
de acatarlas en sus providencias. Igualmente, tales disposiciones reflejan
los valores y principios que rigen y fundan el Estado y también regulan
la producción de las demás normas del ordenamiento doméstico, de
modo que el hecho de compartir la misma jerarquía de la Constitución,
las convierte en un “eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad”[63].
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Debido a la jerarquía atribuida a las normas del bloque, toda la legislación
interna debe acomodarse a su contenido. La Corte enfatizó en la
Sentencia C-225 de 1995[64] que “la imperatividad de las normas humanitarias
y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que
el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del
orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario,
con el fin de potenciar la realización material de tales valores”.
26. De esta manera, se evidencia que la principal función que cumple el bloque
de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico interno es “controlar
la exequibilidad de las leyes y de las normas de inferior jerarquía, por cuanto
la propia Constitución Política, mediante cláusulas de remisión, confiere
fuerza jurídica especial a esas reglas y principios, admitiendo que algunas
disposiciones de leyes estatutarias y orgánicas sirvan de parámetros para determinar
el valor constitucional de las disposiciones sometidas a control”[65].
Igualmente, esta Corporación ha indicado que entre las otras funciones
que tiene el bloque de constitucionalidad se encuentran: (i) la
“interpretativa”, que sirve de parámetro hermenéutico sobre el contenido
de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones
admisibles a los derechos fundamentales, y (ii) la función
“integradora”, que brinda una provisión de parámetros específicos de
constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales expresas,
por remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 Superiores[66].
Adicionalmente, dicho bloque sirve para:
“(i) orientar las políticas públicas, de conformidad con la normatividad
internacional incorporada al ordenamiento interno; (iii) cumple un papel
de complementariedad, en tanto amplía el alcance del contenido de los derechos
fundamentales reconocidos en el texto de la Constitución; (iv) implica
la ampliación del catálogo de derechos reconocidos en el ámbito interno
por la Carta Fundamental, en tanto incorpora a ésta derechos no incluidos
en la Constitución; y, (v) cumple una función de actualización en la
216 217

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
labor hermenéutica de los derechos fundamentales constitucionales”[67].
Con todo, la sentencia C-028 de 2006[68], señaló que las normas que hacen
parte del bloque de constitucionalidad, no constituyen referentes autónomos
del control de constitucionalidad, de manera que la Corte Constitucional no
es juez de convencionalidad, por lo cual “(...) la confrontación de una ley
con un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática
de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario,
a su vez, interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución.”.
27. En este orden de ideas, es evidente que si los preceptos, principios y valores
contenidos en el bloque de constitucionalidad irradian el texto de la
normatividad interna, también las decisiones judiciales tienen que guardar
respeto y concordancia con ellas. De esta manera, no sólo el Legislador
queda compelido a ello, sino también el ejecutor y su intérprete, ya que
en dicha sumisión reside la legalidad y validez jurídica de sus actuaciones.
28. En conclusión, todo el ordenamiento jurídico -tanto en la expedición
de preceptos como en su aplicación e interpretación- debe
ajustarse y leerse a la luz de las disposiciones de jerarquía constitucional,
dentro de las cuales se encuentra el bloque de constitucionalidad,
las cuales son verdaderas normas constitucionales.
Normativa internacional relevante sobre la protección de
los sujetos en condición de discapacidad
29. Teniendo en cuenta la noción de bloque de constitucionalidad, es importante
mencionar algunas normas internacionales sobre los derechos de
las personas en situación de discapacidad que han sido referidas por la jurisprudencia
de esta Corte[69]. Varios instrumentos son parte del soft law, sin
embargo resultan relevantes por demostrar las tendencias del Derecho Internacional
sobre la especial protección y búsqueda de efectividad de los derechos
de las personas en situación de discapacidad, además son un parámetro
interpretativo para los Estados. Con todo, el contenido y la naturaleza de
las medidas concretas que el Estado debe adoptar, es objeto de discusión en
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
el ámbito del Derecho Internacional de los derechos humanos (DIDH), debido
a la vulnerabilidad de este grupo poblacional y el tipo de discriminación
que la afecta, ligada a la posición social frente a su situación. En efecto, las
personas en situación de discapacidad han tenido que enfrentar a distintas
barreras que les han impedido el goce efectivo de sus derechos. Se han presentado
obstáculos culturales -que perpetúan los prejuicios-, físicos -que limitan
la movilidad, la integración social y la efectiva participación comunitaria-,
y legales -que impiden los avances normativos en distintas materias-.
Uno de los documentos regionales más relevantes y que ha sido constantemente
mencionado por la jurisprudencia constitucional es la
Convención Interamericana Para La Eliminación De Todas Las Formas
De Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad, aprobada
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,
en ciudad de Guatemala el 6 de julio de 1999, e incorporada al
derecho interno mediante la Ley 762 de 2002[70]. Ésta tiene como objetivo
central contribuir a la eliminación de la discriminación[71] contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración a la sociedad.
Otros instrumentos internacionales sobre los derechos de este grupo[72] son:
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –documento
del sistema universal de protección de derechos humanos que se considera
que ha asumido un enfoque de vanguardia-, la Convención sobre los Derechos
del Niño[73] (art. 23). También existen numerosas declaraciones y recomendaciones:
la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las
Naciones Unidas de 1948, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental,
la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada
por la Resolución 3447 de la ONU del 9 de diciembre de 1975, la Declaración
de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, la Declaración de las Naciones
Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983, la recomendación
168 de la OIT de 1983, el Convenio 159 de la OIT “sobre la readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas” aprobado mediante la Ley 82
de 1988[74]; la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea
218 219

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, las Declaraciones sobre
el Progreso y Desarrollo en lo Social, el Programa de Acción Mundial para
las Personas con Discapacidad, la Declaración de Copenhague[75], la Observación
General No. 5 sobre las personas en situación de discapacidad proferida
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
29. Sin embargo, una somera revisión de los instrumentos internacionales
de derechos humanos, que a juicio de los accionantes constituyen el
estándar de validez de la terminología legal, revela que una buena parte
del vocabulario censurado fue empleado sistemática y neutralmente[76] en
determinados momentos. Hasta hace unos años se usaban locuciones como
“limitados” o “personas con limitación”, tal como consta en la Declaración
de los Derechos de las Personas con Limitación de la ONU del año 1975
y en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las Personas
con Limitación de 1983. De igual modo, la expresión “inválido” tiene un
fuerte arraigo en las instituciones afines al derecho social, como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que la utiliza con frecuencia y
sin reservas, tal como consta en el Convenio 159 y en la Recomendación
168 de dicha organización. Del mismo modo han sido redactados otros
referentes normativos como la Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental (ONU, 1971), la Declaración de los Derechos de los Impedidos
(ONU, 1975), el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo
de Personas Inválidas (OIT, 1983), los Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención en la Salud Mental
(ONU, 1991) o la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para
las Necesidades Educativas Especiales (UNESCO, 1994). La Organización
Mundial de la Salud, por su parte, distingue claramente las expresiones
“discapacidad” y “minusvalía”, y ambas hacen parte de su léxico común.
En este marco, un lector desprevenido que se aproxima a la Declaración de
las Naciones Unidas concerniente a las Personas con Limitación de 1983,
a los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento
de la Atención en la Salud Mental de la ONU de 1991[77] puede
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
encontrar vocabulario que no corresponde con el usado en el modelo actual
de comprensión y abordaje de la situación de las personas en condición
de discapacidad. No obstante, el uso del lenguaje ha cambiado, ha tomado
un papel importante como elemento para eliminar la discriminación y,
sin duda, es relevante para la construcción e interpretación de las normas.
La Constitución frente a los derechos de las personas en
condición de discapacidad
30. La Constitución Política de 1991, estructuró una concepción encaminada
a permitir la protección y el amparo reforzado de las personas
en situación de discapacidad a fin de garantizar el goce pleno de sus derechos
fundamentales. Además de la figura del bloque de constitucionalidad,
la Carta prevé varias disposiciones específicas sobre la materia.
Los artículos 13[78] -mandato a las autoridades para que adopten todas las
medidas orientadas a asegurar igualdad real-, 47[79] -obligación para el
Estado de implementar una política pública de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos-,
54[80] -deber de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran y de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo
acorde con sus condiciones de salud- y 68[81] -obligación de fomentar
la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades
excepcionales[82]- establecieron, entre otras cosas, una serie de obligaciones
a cargo del Estado, tendientes a adoptar medidas para lograr una
igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades de todas las
personas, con un especial interés en la promoción, protección y garantía de
quienes se encuentran en condición de discapacidad. Estos preceptos han
sido desarrollados en copiosa jurisprudencia; a continuación será reseñada
la que se ocupa de temáticas relacionadas con los cargos de la demanda.
La jurisprudencia constitucional sobre los derechos a la igualdad, no discriminación
y dignidad humana de personas en situación de discapacidad
220 221

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
31. Diversas sentencias han reconocido las diferencias y barreras
que deben ser enfrentadas por las personas en situación de discapacidad,
por eso el Estado tiene la obligación de brindar una protección
cualificada a este grupo poblacional, en ese sentido debe
“(i) procurar su igualdad de derechos y oportunidades frente a los demás
miembros de la sociedad, (ii) adelantar las políticas pertinentes para lograr
su rehabilitación e integración social de acuerdo a sus condiciones y
(iii) otorgarles un trato especial, pues la no aplicación de la diferenciación
positiva contribuye a perpetuar la marginación o la discriminación”[83].
De esta manera, era claro que la voluntad del Constituyente estuvo dirigida a
“eliminar, mediante actuaciones positivas del Estado y de la sociedad,
la silenciosa y sutil marginación de las personas con cualquier tipo
de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo más profundo de las
estructuras sociales, culturales y económicas predominantes en nuestro
país, y [que] es fundamentalmente contraria al principio de dignidad
humana sobre el que se construye el Estado Social de Derecho”[84].
32. Desde esa misma perspectiva, el ordenamiento constitucional colombiano
estructuró otro de los imperativos constitucionales que fundamenta el
Estado Social de Derecho: el principio y derecho fundamental a la igualdad.
Este principio, derecho y valor constitucional, más allá de la perspectiva
puramente formal, se erige como un postulado que pretende la realización
de condiciones de igualdad material, ámbito en el cual tiene particular
relevancia la protección de grupos tradicionalmente discriminados
o marginados, ya que “tiene una doble dimensión, en la medida en que
comporta, por un lado, un mandato de abstención o interdicción de tratos
discriminatorios y, por otro, un mandato de intervención, a través
del cual el Estado está obligado a realizar acciones tendientes a superar
las condiciones de desigualdad material que enfrentan dichos grupos”[85].
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Respecto a la primera dimensión, esta Corporación ha sostenido que el Estado
debe “... abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas
o medidas que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de
exclusión, marginamiento o discriminación de grupos tradicionalmente
desventajados en la sociedad”[86] y de manera especial, ha destacado que
el mandato de abstención que se deriva del primer inciso del artículo 13
constitucional, no se dirige exclusivamente a evitar que se adopten por el
Estado medidas o políticas, abiertamente discriminatorias, sino que también
pretende “(...) evitar que medidas, programas o políticas, así éstas hayan
sido adoptadas bajo el marco de presupuestos generales y abstractos,
impacten desproporcionadamente a grupos marginados o discriminados o,
en otras palabras, los coloque en una situación de mayor adversidad”[87].
De manera específica, la Corte sostuvo que la Constitución prohíbe
que se presenten cualquier tipo de discriminaciones (directas[88]
o indirectas[89]) que conlleven a marginar e impedir
la integración de los sujetos en condición de discapacidad.[90]
33. Asimismo, esta Corporación ha indicado que, del artículo 13 superior se deriva
e interpreta la existencia de contenidos normativos que ordenan lo siguiente
“(i) la igualdad ante la ley, comprendida como el deber estatal de imparcialidad
en la aplicación del derecho frente a todas las personas; (ii) la prohibición
de discriminación, previsión que dispone que las actuaciones del
Estado y los particulares no deban, prima facie, prodigar tratos desiguales
a partir de criterios definidos como “sospechosos” y referidos a razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica; y (iii) un mandato de promoción de la igualdad de oportunidades
o igualdad material, comprendido como el deber de ejercer acciones
concretas destinadas a beneficiar a los grupos discriminados y marginados,
bien sea a través de cambios políticos a prestaciones concretas”[91].
Frente a esta última manifestación del artículo 13, se integra la cláusula
constitucional de promoción de la igualdad, la cual consiste
222 223

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
en imponerle al Estado un deber o una carga de protección en relación
con aquellas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.
Para lograr el precitado mandato constitucional, se han creado y establecido
las denominadas “acciones afirmativas”, entendidas como
“las políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas
o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades
de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr
que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo
que ha sido discriminado, tengan una mayor representación”[92].
En otras palabras, las acciones afirmativas van encaminadas a (i) favorecer
a determinadas personas o grupos de personas, con el fin de eliminar
o disminuir las desigualdades de tipo social, cultural o económico, que los
afectan, y (ii) conseguir que los miembros de un grupo que usualmente ha
sido discriminado, tenga una mayor representación y participación social.
34.Ahora bien, en materia de igualdad y de rechazo a la discriminación
contra las personas con discapacidad, esta Corporación
se ha pronunciado en diferentes oportunidades.
La sentencia C-935 de 2013[93], reiteró varios pronunciamientos previos sobre
la efectividad del derecho a la igualdad de la población en situación
de discapacidad. Por ejemplo, la sentencia C-478 de 2003[94], al referirse
a los deberes asignados al Estado para garantizar la efectividad del derecho
a la igualdad a la población con discapacidad, estableció lo siguiente:
“De tal suerte, que de conformidad con la Constitución el compromiso
que tiene el Estado para con las personas discapacitadas es doble: por una
parte, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o
legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por otra, con el
fin de garantizar una igualdad de oportunidades, remover todos los obstáculos
que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efec-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos
de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas.”[95]
Por su parte, y en concordancia con esa línea, la sentencia
C-606 de 2012[96] precisó:
“las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección
por parte del Estado y de la sociedad en general, por lo que, tanto
instituciones como individuos deben facilitar de una forma activa el ejercicio
de los derechos de este sector de la población. (…) Por ende las personas
en situación de discapacidad deben ser tuteladas en primer lugar (i)
mediante la prohibición de medidas negativas o restrictivas que constituyan
obstáculos o barreras para hacer efectivos sus derechos; y en segundo
término (ii) mediante medidas de acción positiva o acciones afirmativas
de tipo legislativo, administrativo o de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos de dicho colectivo de personas. En este
último caso dichas medidas no deben ser entendidas como una forma de
discriminación, sino como una preferencia que tiene como fin promover
la integración social o el desarrollo individual de las personas en situación
de discapacidad para su integración efectiva en la sociedad.”[97]
La sentencia C-983 de 2002[98] analizó algunas disposiciones del Código Civil
que desarrollan la capacidad de los sujetos en condición de discapacidad para
comunicarse y al respecto sostuvo que: “los artículos acusados reconocen capacidad
sólo a los discapacitados que puedan darse a entender por escrito.
Estas disposiciones resultan sin lugar a dudas discriminatorias, en cuanto
excluyen sin razón justificada a aquellas personas que pueden comunicarse
mediante señas u otra forma de lenguaje, pero desconocen la escritura”[99].
Por su parte, la sentencia C-401 de 1999[100] consideró que el artículo 127
del Código Civil era discriminatorio, pues impedía que las personas en situación
de discapacidad fueran testigos de un matrimonio. En esta oportunidad,
la Corte indicó que el trato legal impartido por esta norma restringía
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
“la posibilidad a un grupo de personas para que sean testigos de un matrimonio,
lo cual, a no dudarlo resulta discriminatorio, irrazonable,
desproporcionado e injustificado, contrario en últimas al artículo 13
de la Carta, pues si bien es cierto que ellos carecen o están limitados de
un órgano o sentido, ello no impide que perciban la ocurrencia de los
fenómenos naturales, sociales, económicos, morales, éticos, etc., mediante
otro sentido u órgano y que tales hechos del mundo externo, no
pueden ser expuestos o vertidos en forma cierta y verídica, o fidedigna
ante un funcionario judicial, para que éste se forme un juicio o una idea
y pueda valorarla, y en consecuencia actuar positiva o negativamente
frente a la misma, máxime cuando hoy en día, los adelantos científicos
y tecnológicos permiten su completa realización personal y su total
integración económica, social y cultural el mundo contemporáneo”.
35. Particularmente, la jurisprudencia constitucional ha dicho que se está
frente a una discriminación injustificada contra las personas en situación
de discapacidad, cuando se presentan acciones u omisiones que tengan por
objeto imponer barreras para el goce y ejercicio de los derechos de esta
población, es decir, que estos actos no solo se reducen a actuaciones materiales,
sino que también incorporan la discriminación derivada por el tratamiento
que las normas jurídicas otorgan a las personas con discapacidad.
La protección de estos derechos depende de la remoción de barreras estructurales,
a través de diversas medidas, una de ellas la toma de conciencia
sobre la discapacidad, que sustituye la marginación de los individuos
por su reconocimiento como sujetos de derecho que afrontan día
a día obstáculos impuestos por la sociedad. Esta exclusión y configuración
de barreras sociales, se presenta más aún, cuando: (i) existe una
conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido a anular o
restringir derechos, libertades u oportunidades, sin justificación objetiva
y razonable, o (ii) cuando se presente una omisión injustificada en
el trato especial a que tienen derecho estos sujetos y tiene como consecuencia
directa la exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad.[101]
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
36. Esto explica que la mayoría de obligaciones que se encuentren
en cabeza del Estado frente a las personas con discapacidad,
se dirijan a la remoción de barreras que impidan su plena inclusión
social, campo donde cobran especial relevancia deberes
derivados de la perspectiva desde el cual se entienda el manejo del tema.
La sentencia C-035 de 2015[102] retomó la jurisprudencia sobre
los distintos enfoques adoptados históricamente para la comprensión
de la situación de las personas en condición de discapacidad:
“de prescindencia”, “de marginación”[103] “rehabilitador (o
médico)”, y “social” (sentencias C-804 de 2009[104] y T-340 de 2010).
Cada perspectiva responde, sin duda, a un momento histórico y deriva de
la comprensión de los derechos que ha imperado en cada época. Algunos ya
resultan inaceptables, pero otros aún contienen elementos que pueden ser
útiles para garantizar plenamente los derechos de las personas en situación
de discapacidad. Además, aunque no se trate de criterios estrictamente normativos,
si son marcos de comprensión útiles e ilustrativos que revelan los
debates actuales sobre la materia, en distintos niveles, y que permiten entender
de mejor manera la situación de los sujetos en condición de discapacidad.
Evidentemente no se trata de modelos estáticos o inmutables, por el contrario,
constituyen tendencias en constante transformación, tal como lo está la
sociedad a la que deben ser integrados estos sujetos de especial protección.
37. El enfoque de la “prescindencia” entiende la discapacidad desde
una perspectiva sobrenatural y propone, como medida para enfrentarla,
la eliminación o aislamiento de la persona que la padece;
lo cual claramente desconoce la dignidad humana.[105]
El modelo de la “marginación”, considera anormales y dependientes a las
personas con discapacidad, por tanto deben ser tratadas como objeto de caridad
y sujetos de asistencia cuyo aislamiento es legítimo (C-804 de 2009).
226 227

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
La perspectiva de “rehabilitación” (o enfoque médico) concibe la discapacidad
como la manifestación de diversas condiciones físicas, fisiológicas
o psicológicas que alteran la normalidad orgánica, por eso las
medidas adoptadas se centran en el tratamiento de la condición médica
que se considera constitutiva de la discapacidad. Esta visión, en
principio respeta la dignidad humana pero ha tenido manifestaciones
incompatibles con el respeto por los derechos humanos, como el internamiento
forzado, o la facultad de los médicos de decidir sobre los aspectos
vitales del sujeto en situación de discapacidad. Sin embargo, puede aportar
información científica relevante para el diseño de sistemas de atención
en seguridad social de las personas en condición de discapacidad.
El enfoque “social” asocia la discapacidad a la reacción social o a las
dificultades de interacción con su entorno, derivadas de esa condición.
Tal reacción es el límite a la autodeterminación de la persona
con discapacidad y le impide integrarse adecuadamente a la comunidad.
Por tal razón, este abordaje propende por medidas que
“(i) permitan al mayor nivel posible el ejercicio de la autonomía de
la persona con discapacidad; (ii) aseguren su participación en todas
las decisiones que los afecten; (iii) garanticen la adaptación del entorno
a las necesidades de la persona con discapacidad; y (iv), aprovechen
al máximo las capacidades de la persona, desplazando así
el concepto de “discapacidad” por el de “diversidad funcional”.[106]
38. Como ya lo ha reconocido esta Corporación (sentencia C-035 de 2015)
en Colombia coexisten los enfoques “social” y “médico”. Con todo, uno
de los instrumentos internacionales más importantes en la materia, la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, desarrolla
un enfoque social, lo que hace que éste adquiera cada vez mayor fuerza
normativa en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, el enfoque
médico mantiene relevancia para el diseño de políticas de seguridad
social, y de atención en salud y educación de la población con discapacidad,
lo que explica su permanencia, pese a sus falencias e incompletitud.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
A partir del enfoque social, la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad incorpora valiosas herramientas normativas y hermenéuticas
para la adopción de medidas y políticas de protección para esa población
que, vale la pena insistir, merece especial protección constitucional.
Los principios de la Convención guían a los Estados sobre la manera de
entender los derechos de las personas con discapacidad a fin de respetar
las diferencias y la diversidad funcional, de buscar la realización humana,
en lugar de la tutela, rehabilitación o curación, como únicos medios
para lograr la inclusión social de esta población. Bajo esa comprensión
resultan destacables los derechos a la autonomía individual, la independencia,
la inclusión plena, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad[107],
postulados retomados por la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que
define las obligaciones del Estado hacia las personas con discapacidad.[108]
La Convención incorpora una serie de conceptos que van más allá del enfoque
médico de la discapacidad, la idea de “ajustes razonables” se refiere a los
cambios en la infraestructura y la política pública para adecuar el entorno
a las personas con discapacidad sin incurrir en gastos desmesurados; el “diseño
universal” establece el desarrollo de productos e instalaciones que sea
adecuado para el uso de todos los grupos poblacionales, independientemente
de las diversidades funcionales[109]; y el principio de “toma de conciencia”,
ordena la capacitación de todos los agentes del Estado para la comprensión
de la diversidad funcional, y la eliminación de barreras sociales.[110]
37. Con respecto a estos enfoques la Corte ha señalado que
“...la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran
en alguna circunstancia de discapacidad se aborda en la actualidad
desde el modelo social, esto es, la discapacidad entendida como una realidad,
no como una enfermedad que requiere ser superada a toda costa,
en otras palabras, se asume desde el punto de vista de la diversidad, de
aceptar la diferencia. Este modelo tiene una visión amplia, pues (i) supera
un primer modelo centrado en la caridad y el asistencialismo y,
228 229

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
(ii) además, parte de que no sólo debe abordarse la discapacidad desde el
punto de vista médico o de rehabilitación sino que se centra en el aprovechamiento
de todas las potencialidades que tienen los seres humanos,
independientemente del tipo de discapacidades que tengan”[111].
El modelo social permite la participación de las personas con discapacidad
en la definición de sus intereses, prioridades y necesidades
dentro de la sociedad, de manera que propende porque
no se margine a este grupo ni se le aísle de la toma de decisiones.
Por eso, este modelo brinda un enfoque sobre la discapacidad, en el cual la
persona no se encuentra marginada o discriminada por razón de una condición
física, sensorial o psíquica determinada “sino que las dificultades que
enfrenta para su adecuada integración se deben a la imposición de barreras
por parte de una sociedad que no está preparada para satisfacer las necesidades
de todas las personas que la componen. Las causas de la discapacidad,
si bien no exclusivamente, sí son preponderantemente sociales”[112].
38. Igualmente, el modelo social erige a la dignidad de humana como un
presupuesto ineludible para que las personas en situación de discapacidad
puedan aportar a la sociedad, y junto con ello, sentirse parte de la misma sin
ser excluidos por sus condiciones, de manera que rechaza la idea de la rehabilitación
como un proceso de normalización del individuo. En este sentido,
las medidas que persigue el modelo se dirigen a garantizar el mayor nivel de
autonomía posible del individuo, mediante los ajustes requeridos por su condición,
que no se concibe como limitación sino como diversidad funcional.
39. Esta forma de abordar y tratar la discapacidad, permite que la sociedad
se adapte a las necesidades y aspiraciones de las personas en situación de discapacidad
y no que ellas tengan la gravosa obligación de ajustarse al entorno
en el que se encuentran. En este orden de ideas, las personas en condición de
discapacidad son reconocidas en su diferencia, lo que señala hacia el Estado el
deber de adelantar acciones dirigidas a lograr la satisfacción de sus derechos,
en un plano de igualdad de oportunidades y remoción de las barreras de
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
acceso a la sociedad. Esta visión evita el trato que tradicionalmente han recibido
las personas en condición de discapacidad, basado en la marginación a
través de su invisibilización. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que:
“[t]al como ha ocurrido con otros grupos sociales, los discapacitados han sido
objeto constante de marginación social a través de los siglos. La discriminación
contra los discapacitados presenta, sin embargo, características que le
son propias y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el sector
de los discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta o
invisible, en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas por
discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por fuera del
ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de los discapacitados
es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones que pueden causar
las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades. Y finalmente,
porque la discriminación contra los discapacitados frecuentemente es ajena
al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad que acompaña otras formas
de discriminación, tal como la que causa la segregación racial (...)”[113]
40. De conformidad con lo expuesto, es necesario que, para alcanzar una
igualdad real, el Estado se quite “el velo que le impide identificar las verdaderas
circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo favor
se consagra este derecho [igualdad y no discriminación]”[114], de modo
que una vez revelado el panorama real, el Estado diseñe herramientas jurídicas
y sociales que van tras el fin de superar las barreras existentes que
impiden y segregan a una población. De tal suerte, las personas en situación
de discapacidad son sujetos de derechos, y cuando cuentan con las
herramientas para enfrentar las barreras físicas o sociales que limitan su
posibilidad de desenvolverse, pueden incluso dejar de ser consideradas en
condición de discapacidad. En relación con lo anterior, la Corte ha reiterado
la necesidad de que se supere la visión de la discapacidad como enfermedad
para abordarla “desde una perspectiva holística que considere
no sólo la deficiencia funcional sino su interacción con el entorno”[115].
230 231

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
41. No obstante, a pesar de la tendencia hacia el modelo social, persisten
normas que han usado expresiones que pueden ser consideradas peyorativas
e indignas. El propio texto constitucional emplea expresiones
como “los minusválidos” o “personas con limitaciones físicas o mentales”,
como cuando en el artículo 54 se dispone que “el Estado debe
(...) garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”, o como cuando en el artículo 68 se determina
que “la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o
con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.
Además, esta Corte ha apelado frecuentemente a algunas de estas expresiones,
sin que en ningún caso se derive del texto de las sentencias una
descalificación. Por tan solo mencionar algunos ejemplos a título ilustrativo,
de manera reiterada se ha empleado la palabra “discapacitado” para
reconocer el derecho a la estabilidad laboral reforzada de este grupo de
trabajadores[116], el derecho a la pensión de vejez de padre o madre con
hijo discapacitado[117], el derecho al servicio integral de salud de menores
discapacitados[118], el derecho a terapias médicas alternativas para niños
discapacitados[119], el derecho a la educación de niños discapacitados[120],
el derecho a la pensión de sobrevivientes de hijos discapacitados o a la sustitución
pensional en favor de discapacitados[121], el derecho a la supresión
de barreras físicas y arquitectónicas[122], la validez de los mecanismos de
integración social de discapacitados[123], la procedencia de la agencia oficiosa
frente a discapacitados[124], entre muchos otros. La expresión “minusválido”
ha venido cayendo en desuso, pero fue utilizada con frecuencia entre
los años 1992 y 2002, en contextos como el derecho a la estabilidad reforzada,
las cargas reforzadas del empleador para despedir a los minusválidos,
la inaplicación de las restricciones al Plan Obligatorio de Salud en hipótesis
en que se afecta gravemente la salud de un minusválido, los talleres de
trabajo protegido para minusválidos, los mecanismos de integración social,
entre otros[125]. La discapacidad mental y la discapacidad en general han
sido rotuladas sucesivamente con expresiones como “retrasado mental”,
“personas excepcionales”, “niños especiales”[126] o “discapacitados mentales”,
vocablos que a juicio de los accionantes deberían estar vetados.[127]
Análisis de los cargos
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
42. Los accionantes demandaron las expresiones afines a las palabras “discapacitados”,
“inválidos”, “minusválidos”, “personas con limitación”, “limitados”
y “sordos”, contenidas en las Leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de
1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114
de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012, porque a su juicio, estos vocablos tienen
una connotación peyorativa que lesiona el ordenamiento superior. El
sesgo discriminatorio se explica por la confluencia de dos circunstancias:
(i) por la etimología de algunas de estas palabras, como “minusválido” o
“inválido”, que asocian la condición de discapacidad al menor valor de las
personas; (ii) porque la terminología demandada no hace explícitos datos
relevantes sobre la condición de discapacidad: el status de persona de estos
individuos, la existencia de otras dimensiones vitales distintas a la discapacidad,
y el rol determinante del entorno en la generación de la discapacidad.
En la medida en que la terminología legal demandada transmitiría ideas
equivocadas, inaceptables y ya revaluadas sobre la discapacidad, los demandantes
consideran que la Corte Constitucional debe retirarla del
ordenamiento jurídico por su incompatibilidad con el principio de dignidad
humana y con la prohibición de discriminación, y ordenar su
sustitución por las expresiones lingüísticas acogidas en los escenarios
internacionales de derechos humanos que se enmarcan dentro del denominado
“modelo social de la discapacidad”. Este esquema conceptual
propone un cambio de paradigma en el entendimiento del fenómeno,
porque en lugar de radicar en los propios individuos unas presuntas anomalías,
deficiencias o taras, concibe la discapacidad como el resultado de
estructuras sociales, económicas, políticas y culturales excluyentes.[128]
Algunos de los intervinientes estimaron que no había lugar a un pronunciamiento
de fondo, porque las discrepancias terminológicas plasmadas
en el escrito de acusación no dan lugar a un debate de naturaleza
constitucional, porque el presunto déficit lingüístico ya habría
232 233

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
sido superado en virtud de las reformas legislativas recientes que contienen
un léxico neutro, y porque los accionantes no habrían señalado
la insuficiencia terminológica ni la forma en que esto lesiona el texto
constitucional. Otros coadyuvaron las pretensiones de la demanda.
43. De acuerdo con el planteamiento anterior, corresponde a la Corte
estudiar los dos argumentos que sustentan la pretensión de la demanda
con respecto a una importante cantidad de expresiones acusadas
que tienen objetivos distintos dentro del sistema jurídico: (i) las
implicaciones constitucionales del lenguaje cuando su objetivo es dar
una definición legal y otorgar medidas a favor de sujetos de especial
protección constitucional; y (ii) la comprensión de ciertas expresiones
legales, desde el punto de vista constitucional, frente a las dinámicas
nacional e internacional que demandan transformaciones constantes.
Con base en estos planteamientos, las normas acusadas se dividen en dos grupos,
que corresponden con los dos problemas jurídicos planteados: las cuestionadas
por su falta de neutralidad –o enfoque discriminatorio- en la construcción de
conceptos técnico jurídicos, y las que parecen tener una carga peyorativa que
afectaría los derechos de quienes pretenden ser referidos por las disposiciones.
44. Teniendo en cuenta estos dos conjuntos de normas, una primera aclaración
metodológica es que el análisis se hará por separado en cada grupo normativo.
En segundo lugar, aunque los demandantes insisten en que las normas
cuestionadas no hacen explícitos los presupuestos conceptuales e ideológicos
del modelo social de la discapacidad, es importante aclarar que para la
Corte este enfoque no es relevante desde el punto de vista de la discusión
académica, sino que cobra preeminencia constitucional debido a su marcada
irradiación en los tratados de DIDH más recientes sobre la materia.
En ese sentido, el modelo social es un asunto de relevancia constitucional
debido a que corresponde a una tendencia acogida en tratados que hacen
parte del bloque de constitucionalidad, como la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad. De tal suerte, la normativa que in-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
corpora esta visión de la discapacidad no es soslayable en nuestro sistema de
fuentes y en la función hermenéutica que nuestro ordenamiento le atribuye
al bloque de constitucionalidad que, como ya fue expuesto, determina no
sólo parámetros de control constitucional, sino estándares interpretativos.
45. En efecto, el “modelo social de la discapacidad”[129] constituye un nuevo
entendimiento de esta condición en, al menos, los siguientes sentidos:
(i) frente a la idea de que la discapacidad proviene de estados inmanentes e
innatos a los individuos, el modelo social ubica la discapacidad en el entorno
social, en tanto que considera que son las estructuras sociales, económicas,
políticas y culturales opresivas y excluyentes las que generan esta condición;
(ii) frente a la idea de que a la discapacidad subyacen defectos, insuficiencias,
anomalías, alteraciones o deficiencias de los individuos, para el modelo
social se trata únicamente de diferencias que deben ser reconocidas y aceptadas,
y que en ningún caso agotan la individualidad de las personas, las cuales
tienen una vida más allá de los problemas derivados de sus diferencias;
(iii) frente a la idea de que las personas con discapacidad deben ser tratadas
desde una perspectiva médica, con el objeto de buscar su normalización,
el modelo social propone una aceptación social de la diferencia, y
en su lugar, una intervención, no en los individuos con discapacidad, sino
directamente en las estructuras sociales de base, que son aquellas que impiden
la realización y el pleno goce de los derechos de todas las personas.
Este enfoque, entonces, ha abierto nuevos horizontes en el entendimiento
de este fenómeno y en el diseño de herramientas para enfrentar
los obstáculos de este colectivo en el goce de sus derechos. Entre otras
cosas, por ejemplo, esta nueva aproximación no solo ha tenido la virtud
de enfatizar el status de las personas con discapacidad como titulares
de derechos, sino que también ha promovido un “giro” en las
políticas públicas relativas a la discapacidad, enfatizando en la importancia
de replantear la estructuras económicas, políticas, sociales y culturales,
para hacer posible la inclusión de este segmento social.[130]
234 235

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Con base en estas consideraciones metodológicas previas la
Corte procede a estudiar los cargos de la demanda.
No son inconstitucionales las definiciones técnico jurídicas que pretenden
proteger a las personas en situación de discapacidad- aunque
no asuman el vocabulario propio de las tendencias actuales del DIDH
46. El primer grupo de análisis está conformado por las siguientes
expresiones y normas, consideradas inconstitucionales por los
demandantes por no integrar el enfoque social de la discapacidad:
a. “inválida” contenida en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; “inválido”
e “inválidos” en los artículos 39 y 44 de la Ley 100 de 1993 (tal y
como fue reformada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003) y en el artículo
13 de la Ley 797 de 2003; “invalidez” contenida en el título del Capítulo
III, en los artículos 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley 100 de
1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003),
en los artículos 9 y 13 de la Ley 797 de 2003 y en el 18 de la Ley 1562 de
2012 e “invalidarse” contenida en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993.
b. “con capacidades excepcionales” contenida en el artículo 1º de la Ley
115 de 1994 y “con excepcionalidad” del artículo 16 de la Ley 361 de 1997.
c. “sordo” del artículo 1º; “personas sordas” y “sordos” del artículo
7º y “población sorda” del artículo 10, todos de la Ley 324 de 1996.
47. Para comprender estas normas y expresiones dentro del sistema jurídico
y adelantar un ejercicio hermenéutico inicial sobre sus objetivos, vale
la pena recordar el subsistema al que pertenecen y sus finalidades. En efecto,
las palabras acusadas no podrían entenderse plenamente por fuera de
su dimensión normativa, para efectos de adelantar el juicio de constitucionalidad.
De hecho, pueden ser cuestionadas en esta sede porque son parte
de normas jurídicas cuyo análisis es de competencia de esta Corporación.
Aunque las expresiones demandadas pueden ser consideradas de manera
aislada porque tienen un impacto en la dimensión pragmática de la inte-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
racción comunicativa, tal situación no es la que habilita la competencia de
este Tribunal. La función que esta Corte realiza corresponde a un cotejo de
las palabras acusadas –como parte de normas jurídicas- con la Constitución,
para establecer si hay una contradicción o no, y si la misma amerita una
declaratoria de inconstitucionalidad (arts. 1º y 241 CP). Con base en estas
ideas, la Corte hará un análisis de las expresiones de técnica jurídica que
fueron demandadas, consideradas como parte de un subsistema normativo
y de una proposición jurídica, para determinar si su uso en ciertos preceptos
viola la Constitución. Tal vulneración podría presentarse porque reproduce
la exclusión de una población especialmente protegida sin ninguna
razón, porque atenta, sin sustento alguno, contra la neutralidad del Legislador
al generar un lenguaje peyorativo que vulnera los artículos 1º y 13
CP. También podría concluirse que estos fragmentos pueden no usar el lenguaje
de vanguardia dentro del DIDH, pero tienen objetivos constitucionalmente
valiosos que ameritan su permanencia en el ordenamiento jurídico.
48. El primer conjunto de normas demandadas hacen parte del sistema
general de seguridad social e incluye una norma sobre riesgos laborales.
El segundo se refiere al sistema general de educación y a la ley que establece
los mecanismos de integración social de las personas con limitación.
El tercero corresponde a una ley específica sobre los derechos de un grupo
de personas en una situación concreta de discapacidad: la población sorda.
La Corte considera que la ubicación de estas disposiciones dentro de los
subsistemas mencionados es relevante para entender sus finalidades, como
puede observarse todas las expresiones acusadas hacen parte de cuerpos
normativos que pretenden hacer definiciones para atribuir consecuencias
relacionadas con seguridad social, educación, integración social en general y
medidas de protección a las personas sordas. En efecto, las palabras consideradas
inconstitucionales por los demandantes pretenden describir situaciones
fácticas que son consideradas relevantes en términos jurídicos y por eso
el derecho les atribuye consecuencias específicas. Gracias a estas definiciones
se pueden consolidar situaciones jurídicas que otorgan beneficios, que buscan
protección de ciertos sujetos y que reconocen la necesidad de adoptar
236 237

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
medidas especiales. De tal suerte, este tipo de expresiones no tiene como
fin agraviar a los sujetos descritos por la norma por medio del vocabulario
utilizado, sólo desarrolla la parte descriptiva de una prescripción jurídica.
Estas conclusiones son más claras cuando se analiza, en particular,
cada expresión acusada y se hace evidente que es parte
de disposiciones que tienen también diversos objetivos:
a. “inválida” está contenida en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que
define la pérdida de capacidad laboral para ser considerado inválido.
b. “inválido” e “inválidos” son parte de los artículos 39 -que establece los requisitos
y tipos de invalidez- y 44 -que reglamenta la revisión de las pensiones de
invalidez- de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de
la Ley 860 de 2003). La expresión también hace parte del artículo 13 de la Ley
797 de 2003 que determina los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
c. “invalidez” está contenida en el título del Capítulo III, en los artículos 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 (también contiene la expresión “invalidarse”) de la
Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de la Ley 860 de
2003) que definen el estado de invalidez, los requisitos para obtener la pensión
de invalidez, el monto de la pensión de invalidez, la calificación del estado
de invalidez, el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez,
los impedimentos, recusaciones y sanciones de los miembros de estas juntas,
la revisión de las pensiones de invalidez y la indemnización sustitutiva de la
pensión de invalidez. La Ley 797 de 2003 regula, en su artículo 9º la pensión
especial de vejez para madres y padres de hijos en situación de discapacidad
y en el 13 determina los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. El
artículo 18 de la Ley 1562 de 2012 se refiere a la calificación de invalidez.
d. La expresión “con capacidades excepcionales” es parte del artículo 1º de
la Ley 115 de 1994 que hace la definición de educación y la frase “con excepcionalidad”
del artículo 16 de la Ley 361 de 1997, es parte de la norma
que regula la formación integral de las personas según sus necesidades.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
e. Las expresiones “sordo” del artículo 1º; “personas sordas” y “sordos”
del artículo 7º y “población sorda” del artículo 10, todas de
la Ley 324 de 1996, se ocupan de las definiciones, de la obligación
del Estado de proveer intérpretes y escuelas de formación, y determina
un mínimo de vinculación laboral para la población sorda.
49. La función de estas expresiones no es agraviar o restar dignidad a las
personas en condición de discapacidad. Las palabras acusadas son elementos
normativos de disposiciones que regulan sistemas complejos, que interactúan
constantemente con otros, por ejemplo el sistema de seguridad
social en pensiones. Además, pretenden determinar los procedimientos y
destinatarios de ciertas prestaciones sociales, que obviamente tienen como
objetivo proteger a poblaciones consideradas vulnerables y que han perdido
capacidad laboral. También regulan esquemas de educación y acceso a
oportunidades laborales, por lo cual no tienen una finalidad inconstitucional,
por el contrario persiguen objetivos constitucionalmente imperiosos.
Aunque las expresiones consideradas de manera aislada puedan parecer
discriminatorias –dada su carga emotiva- cuando se entienden como parte
del entramado de un sistema jurídico esa visión cambia. Tal transformación
se presenta no sólo por el análisis normativo ya mencionado sino
por las consecuencias de una declaratoria de inconstitucionalidad. En
efecto, considerar que se trata de disposiciones inexequibles, anularía beneficios
para las personas a las que aluden las normas, les quitaría medidas
diseñadas en su favor, sin considerar su rol descriptivo dentro de proposiciones
jurídicas complejas y que se trata de preceptos previos a varios
tratados sobre la materia que han incorporado el llamado enfoque social.
50. La Corte considera que aunque estas expresiones pueden tener en algunos
escenarios, distintos al normativo, el sesgo discriminatorio que los
accionantes les atribuyen, porque establecen una asociación entre la discapacidad
y el valor de las personas y porque -de hecho- en algunos casos
son utilizadas como una descalificación. Con todo, en las disposiciones
demandadas, las palabras cuestionadas carecen de una connotación peyorativa,
y tampoco transmiten ideas negativas en contra de los miembros
238 239

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de este colectivo, aunque ya se han ideado alternativas léxicas que responden
directamente a la necesidad de dignificar a las personas con discapacidad
y a la de sensibilizar al conglomerado social frente a esta realidad.
En este entendido, para la Corte es un hecho constitucionalmente
relevante que la normatividad demandada fue expedida entre
los años 1993 y 2012, periodo de tiempo en el cual las expresiones
demandadas no tenían la connotación peyorativa que hoy los
accionantes le atribuyen. De hecho, muchas de las palabras hoy cuestionadas
fueron concebidas en su momento como una alternativa léxica neutra,
y sustituyeron otros vocablos que adquirieron un matiz discriminatorio.
Además, las expresiones cuestionadas cumplen, en los textos legales de
los que hacen parte, una función denotativa o referencial, orientada a
delimitar el universo de individuos de los que se predican los efectos jurídicos
allí establecidos. Es decir, como los enunciados censurados tienen
por objeto definir el catálogo de derechos de las personas con discapacidad,
así como los obligaciones del Estado y de los particulares en relación
con este colectivo, es decir, en la medida en que la normativa cuestionada
cumple un rol prescriptivo, la función de palabras “sordo”, no es la de
caracterizar, describir o representar a este grupo social, sino la de acotar
el objeto de la prescripción legal. Asimismo, las definiciones legales de
expresiones como “sordo” o “inválido” son de tipo estipulativo y operativo,
y no están orientadas a indicar las propiedades reales de un grupo social
determinado, sino a fijar el ámbito subjetivo de las respectivas leyes.
Asimismo, cuando el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 define “estado de
invalidez”, determinando que “se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”, lo hace con el
objeto de fijar los requisitos de acceso a la pensión de invalidez, y no con
el propósito de caracterizar o de valorar a estos individuos. Por su parte,
cuando el artículo 1º de la Ley 324 de 1996 define las expresiones “limitado
auditivo”[131], “sordo”[132] e “hipoacúsico”[133], no hace una valo-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ración de la realidad, sino únicamente fija una regla, para que sean comprensibles
las demás previsiones de la ley que contienen esa palabra.[134]
Por lo tanto, las expresiones mencionadas serán declaradas exequibles por
los cargos analizados en esta oportunidad.
Las expresiones que no son neutrales para referirse a las personas
en condición de discapacidad pueden resultar violatorias
de los derechos a la dignidad humana y a la igualdad
51. Los demandantes consideran que las palabras acusadas son inconstitucionales
por las siguientes razones: (i) Reducen a la persona a una
sola de muchas facetas vitales que la caracterizan; (ii) Radican la discapacidad
en la persona y no en la sociedad; (iii) Invisibilizan el estatus
de los individuos en condición de discapacidad. Además la palabra
minusvalía claramente atribuye un menor valor a los sujetos.
Esta parte del análisis agrupa las siguientes expresiones y normas:
a.“los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales” contenida en el artículo
26 de la Ley 100 de 1993.
b. “y minusvalía” de los artículos 41 de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley
1562 de 2012; “minusvalía” “y minusvalías” de los artículos 7º y 8º de la
Ley 361 de 1997.
c. “los discapacitados” contenida en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993
d. “personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas” del artículo
1º; “personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas,
emocionales” y “personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas
o mentales” –ambas contenidas en el artículo 46-; todas estas expresiones
contempladas en la Ley 115 de 199.
240 241

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
e. “personas con limitaciones” contenida en el título del Capítulo I, en los
artículos 47 y 48 de la Ley 115 de 1994.
f. “personas discapacitadas” del artículo 4º de la Ley 119 de 1994.
g. “limitado auditivo” contenida en los artículos 1º y 11 “limitados auditivos”
del artículo 10º, todos de la Ley 324 de 1996.
h. “personas con limitación”, “personas con limitaciones”, “persona con
limitación”, “población con limitación” o “personas limitadas físicamente”,
“población limitada” contenidas en el título y en los artículos 1º, 3º, 5º, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 49, 54, 59, 66, 69 y 72 de la Ley 361 de 1997.
i. “limitación”, “limitaciones” o “disminución padecida” contenidas en los
artículos 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 45,
50, 51, 59, 60, 63, 67 de la Ley 361 de 1997.
j. “limitados” o “limitada” contenidas en los artículos 13, 18, 19, 21, 26,
33, 40 y 42 de la Ley 361 de 1997.
k. “población minusválida” y “minusválidos” del parágrafo 3º del artículo
29 de la Ley 546 de 1999 y del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006.
l. “discapacitado” y “discapacitados” contenidas en el artículo 66 de la
Ley 1438 de 2011.
52. Aunque todas estas expresiones también hacen parte de subsistemas
normativos que buscan la protección de los sujetos a los que hacen referencia,
la Corte considera que el lenguaje utilizado sí atenta contra la dignidad
humana y la igualdad, pues no se trata de palabras o frases que respondan
a criterios definitorios de técnica jurídica; son solamente formas escogidas
para referirse a ciertos sujetos o situaciones, opciones para designar que
no son sensibles a los enfoques más respetuosos de la dignidad humana.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
53. En efecto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
establece en su artículo 4º, numeral 1º literal b, que el Estado tiene la obligación
de “Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes
que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.
Los fragmentos acusados generan discriminación porque corresponden
a un tipo de marginación sutil y silenciosa consistente en usar expresiones
reduccionistas y que radican la discapacidad en el sujeto y
no en la sociedad. Con ello, definen a los sujetos por una sola de sus características,
que además no les es imputable a ellos, sino a una sociedad
que no se ha adaptado a la diversidad funcional de ciertas personas.
No cabe ninguna duda del poder del lenguaje y más del lenguaje como
forma en la que se manifiesta la legislación, que es un vehículo de construcción
y preservación de estructuras sociales y culturales. Ese rol de las
palabras explica que las normas demandadas puedan ser consideradas inconstitucionales
por mantener tratos discriminatorios en sus vocablos.
Cabe recordar que el mandato de abstención de tratos discriminatorios ostenta
rango constitucional (art. 13 CP) y por tanto cualquier acto de este
tipo –incluso cuando se expresa a través de la normativa- está proscrito.
54. La discriminación aludida se manifiesta porque las expresiones acusadas
-“los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales”, “y minusvalía”,
“minusvalía” “y minusvalías”, “los discapacitados”, “personas con limitaciones
físicas, sensoriales y psíquicas”, “personas con limitaciones físicas, sensoriales,
psíquicas, cognoscitivas, emocionales”, “personas con limitaciones
físicas, sensoriales, psíquicas o mentales”, “personas con limitaciones”, “personas
discapacitadas”, “limitado auditivo”, “limitados auditivos”, “personas
con limitación”, “personas con limitaciones”, “persona con limitación”, “población
con limitación” o “personas limitadas físicamente”, “población limitada”,
“limitación”, “limitaciones”, “disminución padecida”, “limitados”,
“limitada”, “población minusválida”, “minusválidos”, “discapacitado” y
“discapacitados”- contribuyen a la generación de una mayor adversidad para
242 243

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
las personas en situación de discapacidad, pues ubican su situación como un
defecto personal, que además los convierte en seres con capacidades restringidas
que tienen un menor valor. Esta carga propia de las palabras citadas hace
que los procesos de dignificación, integración e igualdad sean más complejos.
En efecto, las expresiones usadas por el Legislador no son neutrales, tienen
una carga no sólo peyorativa en términos de lenguaje natural, sino violatoria
de derechos en términos de las últimas tendencias del DIDH que ha asumido
el enfoque social de la discapacidad. En ese sentido no podrían ser exequibles
expresiones que no reconozcan a las personas en condición de discapacidad
como sujetos plenos de derechos, quienes a pesar de tener características que
los hacen diversos funcionalmente, deben contar con un entorno que les permita
desenvolverse con la mayor autonomía posible, pues son mucho más
que los rasgos que los hacen diversos y pueden ser parte de la sociedad si ella
se adapta a sus singularidades y les da el valor que les corresponde como individuos,
en concordancia con el derecho a la dignidad humana (art. 1º CP).
55. De los fundamentos anteriores puede concluirse que los fragmentos
acusados son inconstitucionales por utilizar un lenguaje
vejatorio frente a sujetos de especial protección constitucional.
Alcance del fallo y necesidad de usar un lenguaje acorde con los cambios
sociales que se manifiestan en cambios normativos
56. Sin embargo, la Corte considera que no es factible adoptar un fallo
de inexequibilidad simple debido a la naturaleza de las normas que,
a pesar de que quisieron adoptar medidas para las personas en condición
de discapacidad usaron una terminología vejatoria y discriminatoria.
En efecto, de declararse la inconstitucionalidad de las normas, que
cumplen fines constitucionales imperiosos –buscar la igualdad real y
efectiva, dignificar a una población marginada, integrar a esa población
a la sociedad, entre otros- a través de diversos sistemas -seguridad
social, educación, mecanismos de integración y de acceso a la vivienda-
generaría un mayor grado de desprotección para esta población.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
De tal suerte, el resultado de una declaratoria de inexequibilidad simple
no sólo es indeseable sino que generaría efectos claramente inconstitucionales
por ir en contra de las obligaciones del Estado encaminadas
a la protección especial de sujetos vulnerables ordenada por la
Carta Política y por los tratados internacionales en la materia. Bajo estas
circunstancias, se impone adoptar un fallo que tenga un alcance diferente,
aunque seguirá circunscrito a los cargos analizados en esta oportunidad.
Cabe anotar que este mecanismo no cuestiona la labor del Legislador
al producir estas normas, pues varias tienen cierta antigüedad,
se trata de un llamado a la actualización del vocabulario a través de las
herramientas que otorga el bloque de constitucionalidad, por eso la
mejor fórmula de solución en este caso será la declaratoria de exequibilidad
condicionada con base en las tendencias más recientes del DIDH.
57. La jurisprudencia se ha referido a diversas situaciones que han llevado
a considerar opciones adicionales a la declaratoria de inexequibilidad
ordinaria. La Sentencia C-325 de 2009[135] consideró que, aunque se
encuentre una clara inexequibilidad simple, debe valorarse la eventual generación
de vacíos e inconsistencias normativas que podrían tener resultados
inconstitucionales, que lógicamente son indeseables para el sistema
jurídico. Ante estas circunstancias hay al menos dos opciones[136] -permitidas
por el ordenamiento para mantener la integridad y supremacía de
la Constitución y del sistema jurídico como un todo que debe estar acorde
con ella- que no van más allá de las competencias de la Corte Constitucional:
(i) proferir una sentencia de inconstitucionalidad diferida, concediendo
un tiempo al Legislador para que expida una nueva norma en reemplazo
de la que se considere contraria a la Carta en ejercicio de su libertad de
configuración pero dentro del respeto a la Constitución,[137] o (ii) expedir
una sentencia integradora, situación en la que la propia Corte llena el vacío
que deja la norma inconstitucional al salir del sistema jurídico.[138]
58. Sobre la metodología para la escogencia entre una sentencia diferida
o una integradora la sentencia C-112 de 2000[139] estableció lo siguiente:
244 245

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
“Aun cuando no existen reglas simples al respecto, la Corte considera que,
como lo demuestra la práctica constitucional[140], el punto decisivo es el
siguiente: si el mantenimiento de la disposición inconstitucional no es particularmente
lesivo de los valores superiores, y el legislador goza de múltiples
opciones de regulación de la materia, entonces es preferible otorgar un
plazo prudencial al Congreso para que corrija la situación inconstitucional,
ya que en tal evento, una sentencia integra dora afecta desproporcionadamente
el principio democrático (CP, art. 3º) pues el tribunal constitucional
estaría limitando la libertad de configuración del Legislador. La extensión
del plazo conferido al legislador dependerá, a su vez, de esas variables.”
Pero también procede una sentencia integradora, por medio de la cual, el
juez constitucional “proyecta los mandatos constitucionales en la legislación
ordinaria, para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o
hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal”[141]. Estas
sentencias pueden ser interpretativas, aditivas o sustitutivas y “encuentran
fundamento en el carácter normativo de la Carta Política (C.P. art. 4°) y en
los principios de efectividad (C.P. art. 2°) y conservación del derecho (C.P. art.
241), llamados a gobernar el ejercicio del control de constitucionalidad”[142],
ya que facilitan la labor de “mantener vigente en el ordenamiento jurídico la
norma que ofrece insuficiencias desde la perspectiva constitucional, en el sentido
que le permite al órgano de control constitucional ajustar su contenido a
los mandatos superiores parcialmente ignorados por el legislador”[143]. [144]
59. En el presente caso, la ausencia del texto que parece inexe quible puede
resultar más gravosa que su presencia debido al vacío normativo en la protección
de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Con todo,
una sentencia diferida no tendría mucho sentido ya que es imposible que la
normativa legal se adapte al mismo ritmo que imponen los cambios sociales
y de paradigmas a nivel nacional e internacional, por tanto, la Corte encuentra
el fallo integrador interpretativo como el más razonable en este asunto.
Para actualizar estas disposiciones sin generar contradicciones sistémicas insalvables,
y con el objetivo de respetar al máximo el principio democrático y
el trabajo del Legislador, la Corte acudirá al bloque de constitucionalidad que
ha demostrado la tendencia del DIDH a acoger un enfoque social para entender
sus obligaciones frente a las personas en condición de discapacidad. De tal
forma, las expresiones estigmatizantes y descalificadoras contenidas en las
normas precitadas, deberán ser reemplazadas por fórmulas lingüísticas que
no tengan esa carga peyorativa para la población a la que se quieren referir.
Conclusión
60. Los accionantes demandaron las expresiones afines a las palabras “discapacitados”,
“inválidos”, “minusválidos”, “personas con limitación”, “limitados”
y “sordos”, contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de
1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de
2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012, porque a su juicio, estos vocablos tienen
una connotación peyorativa que lesiona el ordenamiento superior. El sesgo
discriminatorio se explica por la confluencia de dos circunstancias: (i) por
la etimología de algunas de estas palabras, como “minusválido” o “inválido”,
que asocian la condición de discapacidad al menor valor de las personas;
(ii) porque la terminología demandada no hace explícitos tres datos
relevantes sobre la condición de discapacidad: el status de persona de estos
individuos, la existencia de otras dimensiones vitales distintas a la discapacidad,
y el rol determinante del entorno en la generación de la discapacidad.
Algunos de los intervinientes estimaron que no había lugar a un pronunciamiento
de fondo, porque las discrepancias terminológicas plasmadas
en el escrito de acusación no dan lugar a un debate de naturaleza
constitucional, porque el presunto déficit lingüístico ya habría sido superado
en virtud de las reformas legislativas recientes que contienen un
léxico neutro, y porque los accionantes no habrían señalado la insuficiencia
terminológica ni la forma en que esto lesiona el texto constitucional.
61. La Corte encontró que, aunque el lenguaje sí puede tener implicaciones
inconstitucionales, pues podría ser entendido y utilizado con fines discriminatorios,
el uso de algunas expresiones como parte del lenguaje técnico
jurídico pretende definir una situación legal y no hacer una descalifi-
246 247

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cación subjetiva de ciertos individuos. En ese sentido, varias expresiones
serán declaradas exequibles, por los cargos analizados en esta oportunidad.
De otro lado, la relevancia del análisis del lenguaje en sede constitucional,
también debe considerar que éste responde a un contexto temporal que determina
las categorías socialmente aceptadas. Sin embargo, tales contextos
y categorías admitidas por la sociedad son dinámicos y por tanto deben ser
actualizados a medida que se presentan cambios. No obstante, es indiscutible
la imposibilidad de actualizar –por medio del trámite legislativo- un
amplio cúmulo normativo en sincronía perfecta con el cambio social. Por
esta y otras razones, el ordenamiento constitucional ha previsto algunos
elementos de actualización que pretenden preservar los derechos de las
personas, en particular de quienes enfrentan una situación de discapacidad
o de capacidad excepcional, a fin de evitar el estigma o la descalificación.
Uno de estos dispositivos de actualización es el bloque de constitucionalidad,
que al integrar diversos instrumentos internacionales de protección de
las personas en discapacidad al ordenamiento colombiano, permite transformar
el lenguaje a los estándares sociales vigentes, a la vez que preserva
los derechos de sujetos que merecen especial protección constitucional. Con
base en estas circunstancias, la Corte analizó varias expresiones que podrían
contener una carga discriminatoria y condicionará su constitucionalidad a
una comprensión ligada a la normativa internacional vigente, que no tiene
cargas peyorativas para los sujetos que el ordenamiento pretende proteger.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia y en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos analizados en
esta sentencia, las siguientes expresiones:
a. “inválida” contenida en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; “inválido”
e “inválidos” en los artículos 39 y 44 de la Ley 100 de 1993 (tal y
como fue reformada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003) y en el artículo
13 de la Ley 797 de 2003; “invalidez” contenida en el título del Capítulo
III, en los artículos 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley 100 de
1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003),
en los artículos 9 y 13 de la Ley 797 de 2003 y en el 18 de la Ley 1562 de
2012 e “invalidarse” contenida en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993.
b. “con capacidades excepcionales” contenida en el artículo 1º de la Ley
115 de 1994 y “con excepcionalidad” del artículo 16 de la Ley 361 de 1997.
c. “sordo” del artículo 1º; “personas sordas” y “sordos” del artículo
7º y “población sorda” del artículo 10, todos de la Ley 324 de 1996.
SEGUNDO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONA-
DA, por los cargos analizados en esta sentencia, de las siguientes expresiones:
a. “los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales” contenida en el artículo
26 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que deberá reemplazarse
por “personas en situación de discapacidad física, psíquica y sensorial”.
b. “y minusvalía” de los artículos 41 de la Ley 100 de 1993 y 18 de la
Ley 1562 de 2012; “minusvalía” “y minusvalías” de los artículos 7º y
8º de la Ley 361 de 1997, respectivamente, en el entendido de que deberán
reemplazarse por las expresiones “e invalidez” o “invalidez”.
c. “los discapacitados” contenida en el artículo 157 de la
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Ley 100 de 1993, en el entendido de que deberá reemplazarse
por la expresión “persona en situación de discapacidad”.
d. “personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas” del artículo 1º;
“personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales”
y “personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales”
–ambas contenidas en el artículo 46-; todas estas expresiones contempladas
en la Ley 115 de 1994, en el entendido de que deberá reemplazarse por la
expresión “personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica”.
e. “personas con limitaciones” contenida en el título del Capítulo I, en
los artículos 47 y 48 de la Ley 115 de 1994 en el entendido de que deberá
reemplazarse por la expresión “personas en situación de discapacidad”.
f. “personas discapacitadas” del artículo 4º de la Ley 119 de 1994, en el entendido
que debe reemplazarse por la expresión “personas en situación de discapacidad”.
j. “limitados” o “limitada” contenidas en los artículos 13, 18, 19, 21, 26,
33, 40 y 42 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse
por la expresión “personas en situación de discapacidad”.
k. “población minusválida” y “minusválidos” del parágrafo 3º del artículo 29 de
la Ley 546 de 1999 y del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006, en el entendido de que
deberá reemplazarse por la expresión “personas en situación de discapacidad”.
l. “discapacitado” y “discapacitados” contenidas en el artículo
66 de la Ley 1438 de 2011, en el entendido de que deberá reemplazarse
por la expresión “persona en situación de discapacidad”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
g. “limitado auditivo” contenida en los artículos 1º y 11 “limitados auditivos”
del artículo 10º, todos de la Ley 324 de 1996, en el entendido
de que esas frases deberán reemplazarse por las expresiones “persona
con discapacidad auditiva” y “personas con discapacidad auditiva”.
h. “personas con limitación”, “personas con limitaciones”, “persona con limitación”,
“población con limitación” o “personas limitadas físicamente”, “población
limitada” contenidas en el título y en los artículos 1º, 3º, 5º, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49,
54, 59, 66, 69 y 72 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse
por las expresiones “persona o personas en situación de discapacidad.
i. “limitación”, “limitaciones” o “disminución padecida” contenidas en los
artículos 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 45, 50, 51,
59, 60, 63, 67 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse
por las expresiones “discapacidad” o “en situación de discapacidad”.
250 251

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
252 253

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Norma Ley 100 de 1993:
Título de la norma Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social
integral y se dictan otras disposiciones.
Expresiones demandadas
- Art 26: El fondo de solidaridad pensional tiene por objeto subsidiar los
aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes
del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos
para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos,
compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las
madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los
miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas
de producción, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
expida el Gobierno Nacional.
El subsidio se concederá parcialmente para reemplazar los aportes del empleador
y del trabajador, o de este último en caso de que tenga la calidad
de trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como base de
cotización. El Gobierno Nacional reglamentará la proporción del subsidio
de que trata este inciso.
Los beneficiarios de estos subsidios podrán escoger entre el régimen solidario
de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual
con solidaridad, pero en el evento de seleccionar esta última opción, sólo
podrán afiliarse a fondos que administren las sociedades administradoras
que pertenezcan al sector social solidario, siempre y cuando su rentabilidad
real sea por lo menos igual al promedio de los demás fondos de pensiones de
conformidad con lo establecido en la presente ley.
Para hacerse acreedor al subsidio el trabajador deberá acreditar su condición
de afiliado del régimen general de seguridad social en salud, y pagar la porción
del aporte que allí le corresponda.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Estos subsidios se otorgan a partir del 1º de enero de 1995.
- Art 38º: Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional,
no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su
capacidad laboral.
- Art 39º: Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho
a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes
condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma,
PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán
acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente
anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75%
de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo
se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
- Art 40º: Monto de la pensión de invalidez. El monto mensual de la
pensión de invalidez será equivalente a:
a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por
cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas
con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización,
cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e
inferior al 66%.
b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas
con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización,
cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.
La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de
liquidación.
En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual.
La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará
a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca
tal estado.
- Art 41º: Calificación del estado de invalidez. El estado de invalidez será
determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y
con base en el manual único para Ia calificación de invalidez vigente a la
fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional
y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar Ia
imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida
de su capacidad laboral.
Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana
de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales
- ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de
invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar
en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el
grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado
no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad
dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro
de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco
(5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.
El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores entidades,
deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de de-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
recho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en
que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional
y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional.
Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas
(ISS, Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones-, ARP,
aseguradora o entidad promotora de salud) sea inferior en no menos del diez
por ciento (10%) a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que
acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez
por cuenta de la respectiva entidad.
Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto
favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora
de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación
de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días
calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad
temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en
el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de
la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la
Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a
la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.
Las Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho concepto antes
de cumplirse el día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo
antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150), a cada una de las Administradoras
de Fondos de Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a
quien se le expida el concepto respectivo, según corresponda. Cuando la Entidad
Promotora de Salud no expida el concepto favorable de rehabilitación,
si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva
incapacidad temporal después de los ciento ochenta (180) días iniciales con
cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto.
Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación
256 257

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
en primera oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en
primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y
determinar su origen.
A la Junta de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias
que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas
Regionales.
La calificación se realizará con base en el manual único para la calificación
de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación,
que deberá contener los criterios técnicos-científicos de evaluación
y calificación de pérdida de capacidad laboral porcentual por sistemas ante
una deficiencia, discapacidad y minusvalía que hayan generado secuelas
como consecuencia de una enfermedad o accidente.
PARÁGRAFO 1. Para la selección de los miembros de las Juntas Regionales
y Nacional de Calificación de Invalidez, el Ministerio del Trabajo
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
La selección se hará mediante concurso público y objetivo, cuya convocatoria
se deberá hacer con no menos de dos (2) meses de antelación a la fecha
del concurso e incluirá los criterios de ponderación con base en los cuales
se seleccionará a los miembros de estos organismos. La convocatoria deberá
publicarse en un medio de amplia difusión nacional.
Dentro de los criterios de ponderación se incluirán aspectos como experiencia
profesional mínima de cinco (5) años y un examen escrito de antecedentes
académicos sobre el uso del manual de pérdida de capacidad laboral y de
invalidez, el cual se realizará a través de una entidad académica de reconocido
prestigio. Los resultados del concurso serán públicos y los miembros de
las Juntas serán designados por el Ministro del Trabajo, comenzando por
quienes obtuvieran mayor puntaje.
La conformación de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez podrá
ser regionalizada y el manejo de sus recursos será reglamentado por el
Gobierno Nacional de manera equitativa. El proceso de selección de los inte-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
grantes de las juntas de calificación de invalidez se financiará con recursos
del Fondo de Riesgos Profesionales.
PARÁGRAFO 2. Las entidades de seguridad social, los miembros de las
Juntas Regionales y Nacional de Invalidez y los profesionales que califiquen
serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan
perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad
Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.
-Art 42º: Naturaleza, administración y funcionamiento de las juntas regionales
y nacional de calificación de invalidez. Las Juntas Regionales y Nacional
de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad
Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de
Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de
carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica
y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter
obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme
a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo.
Será conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo,
la integración, administración operativa y financiera, los términos en
tiempo y procedimiento para la expedición de dictámenes, funcionamiento
y la inspección, vigilancia y control de estos aspectos, así como la regionalización
del país para los efectos de funcionamiento de las Juntas, escala
de honorarios a sus integrantes, procedimientos operativos y recursos de
reposición y apelación.
PARÁGRAFO 1o. Los integrantes de las Juntas Nacional y Regionales de
Calificación de Invalidez se regirán por la presente ley y su reglamentación,
actuarán dentro del respectivo período y, en caso necesario, permanecerán en
sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los nuevos integrantes para
el período correspondiente, serán designados de acuerdo a la reglamentación
que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
PARÁGRAFO 2o. Las entidades de seguridad social y los integrantes de
las Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que
califiquen, serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan
perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de
Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.
Es obligación de los diferentes actores de los Sistemas de Seguridad Social en
Salud y Riesgos Laborales la entrega oportuna de la información requerida
y de la cual se disponga para fundamentar la calificación del origen, entre
las entidades competentes para calificar al trabajador.
PARÁGRAFO 3o. El Ministerio de Trabajo deberá organizar dentro de
los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley,
la estructura y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez
como parte de la estructura del Ministerio de Trabajo.
-Art 43º: Impedimentos, recusaciones y sanciones. Los integrantes principales
y suplentes de las Juntas Regionales y Nacional, en número impar
serán designados, de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio
de Trabajo. Los integrantes serán particulares que ejercen una función pública
en la prestación de dicho servicio y mientras sean parte de las Juntas
de Calificación de Invalidez, no podrán tener vinculación alguna, ni realizar
actividades relacionadas con la calificación del origen y grado de pérdida
de la capacidad laboral o labores administrativas o comerciales en las Entidades
Administradoras del Sistema Seguridad Social Integral, ni con sus
entidades de dirección, vigilancia y control.
Los integrantes de las Juntas estarán sujetos al régimen de impedimentos y
recusaciones aplicables a los Jueces de la República, conforme a lo dispuesto
en el Código de Procedimiento Civil y su trámite será efectuado de acuerdo
con el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y, como a particulares
que ejercen funciones públicas, les es aplicable el Código Disciplinario
Único.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
PARÁGRAFO 1o. Los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas
Regionales de Calificación de invalidez no tienen el carácter de servidores
públicos, no devengan salarios, ni prestaciones sociales y sólo tienen derecho
a los honorarios establecidos por el Ministerio de Trabajo.
PARÁGRAFO 2o. Los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez no podrán permanecer más de
dos (2) periodos continuos.
- Art 44º: Revisión de las pensiones de invalidez. El estado de invalidez
podrá revisarse:
a. Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente
cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen
que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su
beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma,
si a ello hubiera lugar.
Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha
de dicha solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez.
Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide
dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión.
Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el pensionado
se presente o permita el examen, la respectiva pensión prescribirá.
Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer
inválido deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este
nuevo dictamen serán pagados por el afiliado;
b. Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
-Art 45º: Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez. El afiliado
que al momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos
para la pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir, en sustitución, una
indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de
la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo
37 de la presente ley.
- Art 157º: Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social
en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará
en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como
participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del
régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente
Ley.
2. Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el
Artículo 211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para
cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del
país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro
de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo, parto
y postparto y período de lactancia, las madres comunitarias*, las mujeres
cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en situación
irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años, los dis-
capacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores y
profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos,
periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles,
taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de
pago.
B. Personas vinculadas al Sistema.
Los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de incapacidad
de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado
tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones
públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.
A partir del año 2.000, todo colombiano deberá estar vinculado al Sistema
a través de los regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente
se unificarán los planes de salud para que todos los habitantes del
territorio nacional reciban el Plan Obligatorio de Salud de que habla el artículo
162.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de estímulos,
términos, controles y sanciones para garantizar la universalidad de
la afiliación.
PARÁGRAFO 2o. La afiliación podrá ser individual o colectiva, a través
de las empresas, las agremiaciones, o por asentamientos geográficos, de
acuerdo a la reglamentación que para el efecto se expida. El carácter colectivo
de la afiliación será voluntario, por lo cual el afiliado no perderá el derecho
a elegir o trasladarse libremente entre Entidades Promotoras de Salud.
PARÁGRAFO 3o. Podrán establecerse alianzas o asociaciones de usuarios,
las cuales serán promovidas y reglamentadas por el Gobierno Nacional con
el fin de fortalecer la capacidad negociadora, la protección de los derechos
y la participación comunitaria de los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Estas agrupaciones de usuarios podrán tener como
referencia empresas, sociedades mutuales, ramas de actividad social y económica,
sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos de asociación,
y podrán cobrar una cuota de afiliación.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Norma, Ley 115 de 1994.
Titulo de la Norma, Por la cual se expide la ley general de educación
Expresiones Demandadas:
- Art 1º: La educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a
la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal,
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos,
a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas,
con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación
social. La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo
dispuesto en la presente Ley.
candos. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente.
Parágrafo primero. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales
podrán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos
y tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales
se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8° de la Ley 60 de 1993 hasta
cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación.
Parágrafo segundo. Las instituciones educativas que en la actualidad
ofrecen educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando,
adecuándose y atendiendo los requerimientos de la integración social y académica,
y desarrollando los programas de apoyo especializado necesarios
para la adecuada atención integral de las personas con limitaciones físicas,
sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo
no mayor de seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones
particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado.
- Art 47º: Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los
artículos 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y
programas de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las
instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada
atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo
46 de esta Ley.
- Capítulo I: Educación para personas con limitaciones o capacidades
excepcionales
- Art 46º: Integración con el servicio educativo. La educación para personas
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales
o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del
servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán
directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas
que permitan el proceso de integración académica y social de dichos edu-
Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de
docentes idóneos con este mismo fin.
El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas con
limitaciones, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos
- Art 48º: Aulas especializadas. Los Gobiernos Nacional, y de las entidades
territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de
apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas
con limitaciones.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para
establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos
estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento,
con el fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones.
Norma, Ley 119 de 1994
Titulo de la Norma, Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras
disposiciones
Expresiones Demandadas:
- Art 4º: Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación
profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable,
poseedor de valores morales éticos, culturales y ecológicos.
Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el
contrato de aprendizaje.
Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación
profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales
y del sector productivo.
Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional
se mantenga la unidad técnica.
Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda
laboral.
Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en
los términos previstos en las disposiciones legales respectivas.
Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
para sectores desprotegidos de la población.
Dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y comunidades
del sector informal urbano y rural.
Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas
y subempleadas y programas de readaptación profesional para
personas discapacitadas.
Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o
valide, dentro de los campos propios de la formación profesional integral,
en los niveles que las disposiciones legales le autoricen.
Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del
trabajo y el avance tecnológico del país, en función de los programas de
formación profesional.
Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de
investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente
actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de
insumo a la planeación y elaboración de planes y programas de formación
profesional integral.
Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas
de educación media técnica, para articularlos con la formación
profesional integral.
Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional
integral, cuyos costos serán cubiertos plenamente por los beneficiarios,
siempre y cuando no se afecte la prestación de los programas de formación
profesional.
Norma, Ley 324 de 1996
Titulo de la Norma, Por la cual se crean algunas normas a favor d la
población sorda.
Expresiones Demandadas:
- Art 1º: Para efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Limitado Auditivo. Es una expresión genérica que se utiliza para definir
una persona que posea una pérdida auditiva.
Sordos. Es aquella persona que presenta una pérdida auditiva mayor de
noventa Decibeles (90) que le impide adquirir y utilizar el lenguaje oral en
forma adecuada.
Hipoacúsico. Disminución de la audición que en sentido estricto no llega a
ser total, lo que se denomina con el término de COFOSIS.
Lengua Manual Colombiana. Es la que se expresa en la modalidad viso -
manual.
Es el código cuyo medio es el visual más que el auditivo. Como cualquiera
otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramáticas,
sintaxis diferentes del español. Los elementos de esta lengua (Las
señas individuales) son la configuración, la posición y la orientación de
las manos en relación con el cuerpo y con el individuo, la lengua también
utiliza el espacio, dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión
facial para ayudar a transmitir el significado del mensaje, esta es una
lengua visogestual.
Comunicación. Es un proceso social en el cual es necesario como mínimo
que haya dos personas en situación de interrelación de ideas o mensajes,
un emisor o locutor y un receptor.
Para que la comunicación se produzca es necesario que exista entre los
interlocutores motivación para transmitir y recibir.
El preciso que haya intervenido explícita o implícita, un acuerdo entre
los interlocutores respecto de la utilización de un código que permita la
organización de los mensajes transmitidos tomando un medio o canal de
comunicación determinado.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Prevención. Se entiende como la adopción de medidas encaminadas a
impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o
sensorial (Prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una
discapacidad o limitación funcional permanente (Prevención secundaria).
La prevención puede incluir muchos tipos de acción diferentes, como
atención primaria de la salud, puericultura prenatal y posnatal, educación
en materia de nutrición, campañas de vacunación contra enfermedades
transmitibles, medidas de lucha contra las enfermedades endémicas,
normas y programas de seguridad, la prevención de accidentes en diferentes
entornos, incluidas la adaptación de los lugares de trabajo para evitar
discapacidades y enfermedades profesionales y prevención de la discapacidad
resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por
los conflictos armados.
Rehabilitación. La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que
las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener
un estado funcional óptimo, desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual,
psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar
su propia vida y ser más independientes. La rehabilitación puede abarcar
medidas para proporcionar o restablecer funciones o para compensar la
pérdida o la falta de una función o una limitación funcional. El proceso de
rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar.
Abarca una amplia variedad de medidas y actividades, desde la rehabilitación
más básica y general hasta las actividades de orientación específica,
como por ejemplo la rehabilitación profesional.
Intérprete para Sordos. Personas con amplios conocimientos de la Lengua
Manual Colombiana que puede realizar interpretación simultánea del
español hablado en la Lengua Manual y viceversa.
- Art 7º: El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos
para que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan
acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la Constitución. Para ello el Estado organizará a través de Entes Oficiales o
por Convenios con Asociaciones de Sordos, la presencia de intérpretes para
el acceso a los Servicios mencionados.
El Estado igualmente promoverá la creación de Escuelas de formación de
intérpretes para sordos.
- Art 10º: El Estado garantizará que los establecimientos o empresas del
Orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal en que tenga participación,
se vincule laboralmente un porcentaje de limitados auditivos.
A la población sorda que no pueda ser incluida laboralmente el Estado la
considerará como prioritaria para ser incluido en el Régimen Subsidiado
de Seguridad Social.
- Art 11º: El Estado establecerá la protección legal para que el padre, la
madre o quien tenga bajo su cuidado o protección legal al limitado auditivo,
disponga de facilidades en sus horas laborales, para la atención médica,
terapéutica y educativa para sus hijos.
Norma, Ley 361 de 1997
Titulo de la Norma, Por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones
Expresiones Demandadas:
Título: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
- Art 1º: Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en
los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en
consideración a la dignidad que le es propia a las personas con limitación
en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su
completa realización personal y su total integración social y a las personas
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias.
- Art 3º: El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización
social plena y la total integración de las personas con limitación y otras
disposiciones legales que se expidan sobre la materia en la Declaración
de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año
1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por
la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las
Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización,
del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la
Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración
de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983
y en la recomendación 168 de la OIT de 1983.
- Art 5º: Las personas con limitación deberán aparecer calificadas como
tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el
régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras
de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en
el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la
información respectiva y la verificarán a través de diagnóstico médico en
caso de que dicha limitación no sea evidente.
Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de
limitación moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse
como titular de los derechos establecidos en la presente Ley.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones
necesarias al formulario de afiliación y al carné de los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud con el objeto de incorporar
las modificaciones aquí señaladas. Lo dispuesto en este artículo se entiende
sin perjuicio de las políticas que con relación a las personas con limitación
establezca el “Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación”
a que se refiere el artículo siguiente.
- Art 7º: El Gobierno junto con el Comité Consultivo velará por que se
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tomen las medidas preventivas necesarias para disminuir y en lo posible
eliminar las distintas circunstancias causantes de limitación, evitando
de este modo consecuencias físicas y psicosociales posteriores que pueden
llevar hasta la propia minusvalía, tales como: el control pre y post natal,
el mejoramiento de las prácticas nutricionales, el mejoramiento de las
acciones educativas en salud, el mejoramiento de los servicios sanitarios,
la debida educación en materia de higiene y de seguridad en el hogar, en el
trabajo y en el medio ambiente, el control de accidentes, entre otras.
Para tal efecto, las Entidades Promotoras de Salud incluirán en su plan
obligatorio de Salud las acciones encaminadas a la detección temprana y la
intervención oportuna de la limitación, y las Administradoras de Riesgos
Profesionales deberán incluir en sus programas de Salud Ocupacional las
directrices que sobre seguridad laboral dicte el Comité Consultivo; las
autoridades Departamentales o Municipales correspondientes deberán
adoptar las medidas de tránsito que les recomiende el Comité Consultivo.
Lo previsto en este artículo incluye las medidas de apoyo, diagnóstico de
deficiencia, discapacidad y minusvalía y las acciones terapéuticas correspondientes
realizadas por profesionales especializados en el campo médico,
de la enfermería y terapéutico.
- Art 8º: El Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional tomará
las medidas necesarias para que tanto en el proceso educativo como en
el de culturización en general, se asegure dentro de la formación integral
de la persona la prevención de aquellas condiciones generalmente causantes
de limitación.
Para estos efectos las entidades públicas y privadas que tengan por objeto
la formación y capacitación de profesionales de la educación, la salud,
trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, o cualquier otra
profesión que pueda tener injerencia en el tema, deberán incluir en sus
currículos temáticas referentes a la atención y prevención de las enfermedades
y demás causas de limitación y minusvalías.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Art 9º: A partir de la vigencia de la presente Ley el Gobierno Nacional a
través de los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, deberá incluir en
sus planes y programas el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención
con miras a la disminución y en lo posible la eliminación de las condiciones
causantes de limitación y a la atención de sus consecuencias. Para estos
efectos deberán tomarse las medidas pertinentes en los sectores laboral,
salud y de seguridad social.
- Art 10º: El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública
garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles
primario, secundario, profesional y técnico para las personas con limitación,
quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro del
ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.
- Art 11º: En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie
podrá ser discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio
de educación ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier
nivel de formación.
Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el
Gobierno Nacional promoverá la integración de la población con limitación
a las aulas regulares en establecimientos educativos que se organicen
directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no gubernamentales,
para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias
para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco de un
Proyecto Educativo Institucional.
Las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, a través del Sistema
Nacional de Cofinanciación, apoyarán estas instituciones en el desarrollo
de los programas establecidos en este capítulo y las dotará de los materiales
educativos que respondan a las necesidades específicas según el tipo de
limitación que presenten los alumnos
- Art 12º: Para efectos de lo previsto en este capítulo, el Gobierno Nacional
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
deberá establecer la metodología para el diseño y ejecución de programas
educativos especiales de carácter individual según el tipo de limitación, que
garanticen el ambiente menos restrictivo para la formación integral de las
personas con limitación.
- Art 13º: El Ministerio de Educación Nacional establecerá el diseño,
producción y difusión de materiales educativos especializados, así como de
estrategias de capacitación y actualización para docentes en servicio. Así
mismo deberá impulsar la realización de convenios entre las administraciones
territoriales, las universidades y organizaciones no gubernamentales
que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo social,
terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología entre
otras, para que apoyen los procesos terapéuticos y educativos dirigidos
a esta población.
Tanto las Organizaciones No Gubernamentales como las demás instituciones
de cualquier naturaleza que presten servicios de capacitación a los
limitados, deberán incluir la rehabilitación como elemento preponderante
de sus programas.
PARÁGRAFO. Todo centro educativo de cualquier nivel deberá contar
con los medios y recursos que garanticen la atención educativa apropiada
a las personas con limitaciones. Ningún centro educativo podrá negar los
servicios educativos a personas limitadas físicamente, so pena de hacerse
acreedor de sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional
o la Secretaría de Educación en las que delegue esta facultad, que pueden ir
desde multas sucesivas de carácter pecuniario de 50 a 100 salarios mínimos
legales mensuales hasta el cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán
a la Tesorería Nacional, Departamental o Municipal según el caso.
-Art 14º: El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes, establecerán los
procedimientos y mecanismos especiales que faciliten a las personas con
limitaciones físicas y sensoriales la presentación de exámenes de estado
y conjuntamente con el Icetex, facilitará el acceso a créditos educativos
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
y becas a quienes llenen los requisitos previstos por el Estado para tal
efecto. Así mismo, Coldeportes promoverá y dará apoyo financiero con un
porcentaje no inferior al 10% de sus presupuestos regionales, a las entidades
territoriales para el desarrollo de programas de recreación y deporte dirigidos
a la población limitada física, sensorial y síquicamente. Estos programas
deberán ser incluidos en el plan nacional del deporte, recreación y
educación física.
- Art 15º: El Gobierno a través de las instituciones que promueven la
cultura suministrará los recursos humanos, técnicos y económicos que
faciliten el desarrollo artístico y cultural de la persona con limitación. Así
mismo las bibliotecas públicas y privadas tendrán servicios especiales que
garanticen el acceso para las personas con limitación.
Dichas instituciones tomarán para el efecto, las medidas pertinentes en
materia de barreras arquitectónicas dentro del año siguiente a la vigencia
de la presente Ley, so pena de sanciones que impondrá el Ministerio de
Educación Nacional o las Secretarías de Educación en quienes delegue, que
pueden ir desde multas de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales
hasta el cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la Tesorería
Nacional, Departamental o Municipal según el caso.
- Art 16º: Lo dispuesto en este capítulo será igualmente aplicable para las
personas con excepcionalidad, a quienes también se les garantiza el derecho
a una formación integral dentro del ambiente más apropiada, según
las necesidades específicas individuales y de acuerdo a lo establecido en los
artículos precedentes.
- Art 18º: Toda persona con limitación que no haya desarrollado al máximo
sus capacidades, o que con posterioridad a su escolarización hubiere
sufrido la limitación, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para
alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico,
ocupacional y social.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Para estos efectos el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Trabajo,
Salud y Educación Nacional, establecerá los mecanismos necesarios
para que los limitados cuenten con los programas y servicios de rehabilitación
integral, en términos de readaptación funcional, rehabilitación
profesional y para que en general cuenten con los instrumentos que les
permita autorregalizarse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir a
su ambiente inmediato y en la sociedad.
Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones en materia de rehabilitación
establecidas en el Plan Obligatorio de Salud para la Empresas Promotoras
de Salud y para las Administradoras de Riesgos Profesionales cuando se
trate de limitaciones surgidas por enfermedad profesional o accidentes de
trabajo.
- Art 19º: Los limitados de escasos recursos serán beneficiarios del Régimen
Subsidiado de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993.
Para efectos de este artículo y con el fin ampliar la oferta de servicios a la
población con limitación beneficiaria de dicho régimen, el Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud establecidos en la Ley 100 de 1993, deberá
incluir en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, los servicios de tratamiento
y rehabilitación de la población con limitación, lo cual deberá ser
plasmado en un decreto expedido por el Ministerio de Salud.
Parágrafo.- El Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud determinarán los beneficios a los que tendrán acceso los
limitados de escasos recursos no afiliados al Régimen de Seguridad Social
en Salud establecido en la Ley 100 de 1993, hasta el año 2001, fecha en que
la cobertura será universal.
- Art 20º: Los Municipios podrán destinar recursos de su participación en
los ingresos corrientes de la Nación a subsidiar la adquisición de prótesis,
aparatos ortopédicos u otros elementos necesarios para la población con
limitación de escasos recursos, dentro de las atenciones del Plan Obligatorio
de Salud.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Art 21º: Con el fin de mejorar la oferta de servicios integrales de rehabilitación
a los limitados, la Consejería Presidencial promoverá iniciativas
para poner en marcha proyectos en cabeza de las entidades territoriales, las
organizaciones no gubernamentales y la cooperación técnica internacional,
de manera que toda persona limitada, durante su proceso de educación, capacitación,
habilitación o rehabilitación según el caso, tenga derecho a que
se le suministren los equipos y ayudas especiales requeridas para cumplir
con éxito su procesos.
- Art 22º: El Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará
las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes
de trabajo para las personas con limitación, para lo cual utilizará todos los
mecanismos adecuados a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social, Salud Pública, Educación Nacional y otras entidades gubernamentales,
organizaciones de personas con limitación que se dediquen a
la educación, a la educación especial, a la capacitación, a la habilitación y
rehabilitación.
Igualmente el Gobierno establecerá programas de empleo protegido para
aquellos casos en que la disminución padecida no permita la inserción al
sistema competitivo.
- Art 23º: El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena realizará acciones de
promoción de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el
acceso en igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de
sus potencialidades a los diferentes programas de formación. Así mismo
a través de los servicios de información para el empleo establecerá unas
líneas de orientación laboral que permita relacionar las capacidades del
beneficiario y su adecuación con la demanda laboral.
- Art 24º: Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas
con limitación tendrán las siguientes garantías:
A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o
privados si estos tiene en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de
sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente
ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona y contratados por lo menos con anterioridad de un año; igualmente
deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación;
Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales,
siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas
que impliquen la participación activa y permanente de personas con
limitación.
El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria
y equipo especialmente adoptados o destinados al manejo de personas
con limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se
consideran cubiertos por el beneficiario.
- Art 25º: El Gobierno a través del Comité Consultivo a que se refiere el
artículo 6, podrá solicitar estadísticas detalladas y actualizadas sobre los
beneficios y resultados de los programas para las personas con limitación.
- Art 26º: En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación
sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo
que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón
de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta
días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y
demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
- Art 27º: En los concursos que se organicen para el ingresos al servicio
público, serán admitidas en igualdad de condiciones las personas con limitación,
y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles
a la personas con limitación, siempre y cuando el tipo o clase de limitación
no resulten extremo incompatibles o insuperable frente al trabajo ofrecido,
luego de haberse agotado todos lo medio posibles de capacitación
- Art 28º: Las Entidades Públicas podrán establecer convenios de formación
y capacitación profesional con el Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, con las universidades, centro educativos, organizaciones no gubernamentales
o con instituciones especializadas para preparar las personas con
limitación, según los requisitos y aptitudes exigidas para el cargo y según
el grado de especialización del mismo
- Art 29º: Las personas con limitación que con base en certificación
médica autoriza, no pueda gozar de un empleo competitivo y por lo tanto
no puedan producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal
vigente, tendrán derecho a ser beneficiarios del Régimen Subsidiado de
Seguridad Social, establecido en la Ley 100 de 1993.
- Art 30º: Las entidades estatales de todo orden, preferirán en igualdad
de condiciones, los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por
entidades sin ánimo de lucro constituídas por las personas con limitación.
Las entidades estatales que cuenten con conmutadores telefónicos, preferirán
en igualdad de condiciones para su operación a personas con limitaciones
diferentes a las auditivas debidamente capacitadas para el efecto.
- Art 31º: Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no
inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración
de renta y complementario, tienen derecho a deducir de la renta el 200%
del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o
período gravable a los trabajadores con limitación, mientras esta subsista.
Parágrafo.- La cuota de aprendices que está obligado a contratar el emplea-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dor se disminuirá en un 50%, si los contratados por él son personas con
discapacidad comprobada no inferior al 25%.
- Art 33º: El ingreso al servicio público o privado de una persona limitada
que se encuentre pensionada, no implicará la pérdida ni suspensión de su
mesada pensional, siempre que no implique doble asignación del tesoro
público.
- Art 34º: El Gobierno Nacional a través de Ministerio de Desarrollo (Instituto
de Fomento Industrial - -FI), establecerá líneas de créditos blandos
para el funcionamiento y constitución de pequeñas y medianas empresas
cualquiera que sea su forma jurídicas, dedicada a la producción de materiales,
equipos, accesorios, partes o ayudas que permitan a las personas
con limitación desarrollar actividades cotidianas, o que les sirva para la
prevención, restauración o corrección de la correspondiente limitación o
que sean utilizadas para la práctica deportiva o recreativa de estas personas.
Para tener acceso a estas líneas de crédito dichas empresas deberán ser
propiedad de una o más personas limitadas y su planta de personal estará
integrada en no menos del 80% por personas con limitación.
- Art 35º: En desarrollo de lo establecido en los artículos 1, 13, 47 54, 68
y 366 de la Constitución Política, el Estado garantizará que las personas
con limitación reciban la atención social que requieran, según su grado de
limitación.
Dentro de dichos servicios se dará especial prioridad a las labores de
información y orientación familiar; así como la instalación de residencias,
hogares comunitarios y la realización de actividades culturales, deportivas
y recreativas.
Parágrafo.- Sin perjuicio de las labores que sobre este aspecto corresponda
a otras entidades y organismos, lo previsto en este artículo en especial las
actividades relativas a la orientación e información de la población limitada,
estará a cargo de la Consejería Presidencial, la cual para estos efectos
organizará una oficina especial de orientación e información, abierta
constantemente al público.
- Art 36º: Los servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo
informar y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la
estimulación de aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo
de limitación, con miras a lograr la normalización de su entorno familiar
como uno de los elementos preponderantes de su formación integral.
- Art 37: El Gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación,
apropiará los recursos necesarios para crear una red nacional de
residencias, hogares comunitarios y escuelas de trabajo cuyo objetivos
será atender las necesidades de aquellas personas con limitaciones severas,
carentes de familiar, o que aún teniéndola adolezcan de severos problemas
de integración.
- Art 38º: Todo envío postal nacional de material especial para la atención,
educación, capacitación y rehabilitación de personas con limitación,
gozará de franquicia postal. Para estos efectos se requerirá prueba acerca
de la naturaleza del material. La Administración Postal Nacional - Adpostal-
abrirá un registro de organizaciones públicas o privadas que representen
o agrupen personas con limitación. En todo caso se establecerá un cupo
máximo mensual de envíos con franquicia de este tipo.
- Art 39º: El Gobierno a través de Coldeportes organizará y financiará el
desarrollo de eventos deportivos y de recreación a nivel nacional para la
participación de personas con limitación, así como para aquellas organizaciones,
que les prestan servicios en eventos de esta naturaleza a nivel
internacional.
- Art 40º: Los campos y escenarios deportivos públicos deberán ser facilitados
a los organismos oficiales o privadas que se dediquen a la educación,
habilitación y rehabilitación de personas con limitación, previa solicitud
por escrito ante Coldeportes o las juntas administradoras del deporte. Estos
organismos facilitarán y coordinarán el uso de dichos campos y escenarios
deportivos por parte de la población con limitación.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Art 41º: Los escenarios culturales de propiedad de la Nación o de cualquier
otra entidad pública, deberán ser facilitados a las entidades oficiales
o privadas dedicadas a la educación, rehabilitación y capacitación de personas
con limitación o sus organizaciones, previa solicitud en tal sentido
ante Colcultura o las entidades regionales correspondientes.
- Art 42º: A partir de la vigencia de la presente ley, la Junta Directiva del
Banco de la República deberá tener en cuenta que todo papel moneda y
moneda metálica deberá diferenciarse de tal manera que pueda ser fácilmente
distinguible por toda persona, sea está normal o limitada.
- Art 43º: El presente título establece las normas y criterios básicos para
facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre
disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo
se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y
ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como
en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o
privada.
Lo dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e
instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.
Parágrafo.- Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes,
deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el
acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las
personas con limitación.
- Art 45º: Son destinatarios especiales de este título, las personas que por
motivo del entorno en que se encuentran, tiene necesidades especiales y en
particular los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención
especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia
temporal.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Art 49º: Como mínimo un 10% de los proyectos elaborados por el Gobierno
para la construcción de vivienda de interés social, se programarán
con las características constructivas necesarias para facilitar el acceso de los
destinatarios de la presente ley, así como el desenvolvimiento normal de
sus actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.
Lo previsto en este artículo rige también para los proyectos de vivienda de
cualquier otra clase que se construya o promuevan por entidades oficiales
o privadas. El Gobierno expedirá las disposiciones reglamentarias para dar
cumplimiento a lo previsto en este artículo y en especial para garantizar
la instalación de ascensores con capacidad para transportar al menos una
persona en su silla de ruedas.
Parágrafo.- Cuando el Proyecto se refiere a conjuntos de edificios e instalaciones
que constituyan un complejo arquitectónico, éste se proyectará
y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad
de las personas con limitación a los diferentes inmuebles e instalaciones
complementarias.
- Art 50º: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores y en
concordancia con las normas que regulen los asuntos relativos a la elaboración,
proyección y diseño de proyectos básicos de construcción, el Gobierno
Nacional expedirá las disposiciones que establezcan las condiciones
mínimas que deberán tenerse en cuenta en los edificios de cualquier clase,
con el fin de permitir la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de
limitación.
La autoridad competente de todo orden se abstendrá de otorgar el permiso
correspondiente para aquellos proyectos de construcción que no cumplan
con lo dispuesto en este artículo.
- Art 51º: Para los efectos de este título, se entiende por “Rehabilitación
de viviendas”, las reformas y reparaciones que las personas a que se refiere
la presente ley, tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente
por causa de su limitación. Para esos efectos, el Gobierno Nacional dicta-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
rá las normas mediante las cuales se regulen líneas de crédito especiales,
así como las condiciones requeridos para la concesión de subsidios, para
financiar las rehabilitaciones de vivienda a que se refiere el presente artículo.
- Art 54º: En toda construcción temporal o permanente que pueda ofrecer
peligro para las personas con limitación, deberá estar provista de la protección
correspondiente y de la adecuada señalización.
- Art 59º: Las empresas de carácter público, privado o mixto cuyo objeto
sea el transporte aéreo, terrestre, marítimo, ferroviario o fluvial, deberán
facilitar sin costo adicional alguno para la personas con limitación, el
transporte de los equipos de ayuda biomecánica, sillas de ruedas u otros
implementos directamente relacionados con la limitación, así como los
perros guías que acompañen las personas con limitación visual.
- Así mismo se deberán reservar las sillas de la primera fila para las personas
con limitación, en el evento de que en el respectivo viaje se encuentre
como pasajero alguna persona limitada.
- Art 60º: Los automóviles así como cualquier otra clase de vehículos conducidos
por una personas con limitación, siempre que lleven el distintivo,
nombre o iniciales respectivos, tendrán derechos a estacionar en lugares
específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad.
Lo mismo se aplicará para el caso de los vehículos pertenecientes a centros
educativos especiales o de rehabilitación. El Gobierno reglamentará la
materia.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
las personas con limitación el derecho a la información.
- Art 67º: De acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, las emisiones
televisivas de interés cultural e informativo en el territorio nacional,
deberán disponer de servicios de intérpretes o letras que reproduzcan el
mensaje para personas con limitación auditiva. El Ministerio de Comunicaciones
en un término de seis meses a partir de la promulgación de esta
ley deberá expedir resolución que especifique los criterios para establecer
qué programas están obligados pro lo dispuesto en este artículo.
La empresa Programadora que no cumpla con lo dispuesto en este artículo
se hará acreedora de multas sucesivas de 100 salarios mínimos mensuales
legales vigentes hasta que cumpla con su obligación. La sanción la impondrá
el Ministerio de Comunicaciones y los dineros ingresarán al Tesoro
Nacional.
- Art 69º: Para los efectos previstos en este capítulo, el Gobierno Nacional
compilará en un solo orgánico todas las normas y disposiciones que
permitan a las diferentes personas con limitación acceder al servicio de
comunicaciones. Deberá así mismo incluirse en dicho estatuto, un régimen
especial de sanciones por el incumplimiento de dichas normas.
- Art 72º: El Estado garantizará los adecuados mecanismos de concertación
en el diseño y ejecución de las políticas que tengan que ver con la población
limitada, con las organizaciones de y para personas con limitación.
Norma, Ley 546 de 1999
- Art 63º: En las principales calles y avenidas de los distritos y municipios
donde haya semáforos, las autoridades correspondientes deberán disponer
lo necesario para la instalación de señales sonoras que permitan la circulación
segura de las personas con limitación visual.
- Art 66º: El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comunicaciones,
adoptará las medidas nece-
sarias para garantizarle a
Titulo de la Norma, Por la cual se dictan en materia de vivienda, se señalan
los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un sistema especializado para su financiación,
se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan
medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción
y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Expresiones Demandadas:
- Art 29º: De conformidad con el numeral 2 del artículo 359 de la Constitución
Política, durante los cinco (5) años siguientes a la vigencia de
la presente ley, se asignará de los recursos del presupuesto nacional
una suma anual equivalente a ciento cincuenta mil millones de pesos
($150.000.000.000.00) expresados en UVR, con el fin de destinarlos al otorgamiento
de subsidios para la Vivienda de Interés Social, VIS, subsidiable.
La partida presupuestal de que trata este artículo no podrá ser objeto en
ningún caso de recortes presupuestales.
Para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política de Colombia
las entidades del Estado o de carácter mixto, que promuevan, financien,
subsidien o ejecuten planes de vivienda de interés social subsidiable,
directa o indirectamente diseñarán y ejecutarán programas de vivienda
urbana y rural, especialmente para las personas que devengan hasta dos (2)
salarios mínimos y para los desempleados. Dichos programas se realizarán
en distintas modalidades en los términos de la Ley 3ª de 1991.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional destinará anualmente el veinte por
ciento (20%) de los recursos presupuestales apropiados para el subsidio a
la vivienda de interés social VIS para atender la demanda de la población
rural. Al final de cada semestre si no se hubiere colocado el total de los recursos
en la vivienda rural, el remanente se destinará a atender la demanda
urbana.
Parágrafo 2°. Las autoridades municipales y distritales exigirán a todos
los proyectos de vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por ciento
(1%) de las viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien
(100) viviendas de una de ellas para la población minusválida. Las viviendas
para minusválidos no tendrán barreras arquitectónicas en su interior y
estarán adaptadas para dicha población, de acuerdo con las reglamentaciones
que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Norma, Ley 797 de 2003
Titulo de la Norma, Por la cual se reforman algunas disposiciones del
sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
Expresiones Demandadas:
- Art 9º: El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho
a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta
(60) años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta
y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el
hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará
en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año
hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
Parágrafo 1°. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo, se tendrá en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones;
286 287

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo
los tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento
y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se
encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores
que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado
que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y
pago de la pensión.
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen,
con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que
se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado
por un bono o título pensional.
Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con
la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no
podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional
o la cuota parte.
Parágrafo 2°. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente
ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario.
La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de
días cotizados en cada período.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector
privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este
artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado
el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando
sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del
sistema general de pensiones.
Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor
público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener
derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el
reconocimiento de la misma en nombre de aquel.
Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores
públicos afiliados al sistema general de pensiones.
Parágrafo 4°. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1
y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física,
síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que
hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al
régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.
La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física
o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado
y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la
pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al
Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido
en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este
beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral.
Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido,
podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas
en este artículo.
Parágrafo 3°. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato
288 289

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Art 13º: Los artículos 47 y 74 quedarán así:
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este.
La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene
hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo,
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y
se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los
25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con
el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los
hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto
por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente
de forma total y absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos
con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el
padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.
Norma, Ley 860 de 2003
Ley de la Norma, Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.
Expresiones Demandadas:
290 291

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Art 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión
de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos t res (3) años inmediatamente anteriores a
la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema
sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema
sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar
que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente
anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de
las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
Norma, Ley 1114 de 2006
Titulo de la Norma, Por la cual se modifica la ley 546 de 1999, el numeral
7 del artículo 16 de la ley 789 de 2002 y el artículo 6 de la ley 973 de
2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés social.
Expresiones Demandadas:
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Art 1º: Destinación de subsidios para vivienda de interés social. De conformidad
con el artículo 51 y el numeral 2 del artículo 359 de la Constitución
Nacional, de los recursos del Presupuesto Nacional se asignará una
suma anual. como mínimo equivalente a un millón cuatro mil novecientos
un (1.004.901) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el
objeto de destinarlos al otorgamiento de Subsidios de Vivienda de Interés
Social Urbana y Rural. La partida presupuestal de que trata este artículo
no podrá ser objeto en ningún caso de recorte presupuestal.
- Parágrafo 1. El Gobierno destinará anualmente el 20% de los recursos
presupuéstales apropiados para VIS rural. Al final de cada vigencia si no
se hubiese colocado el total de los recursos en la vivienda rural, el remanente
se destinará a atender la demanda urbana.
- Parágrafo 2. Los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las
Fuerzas Militares; los oficiales, suboficiales y miembros del nivel ejecutivo,
agentes de la Policía Nacional; el personal civil al servicio del Ministerio
de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional;
el personal docente oficial; los docentes vinculados a establecimientos
educativos privados; los trabajadores independientes y quienes devenguen
salario integral, podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro. La afiliación
se hará previa solicitud del interesado a través de ahorro voluntario
de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. En
ningún caso este ahorro voluntario hará parte del ahorro ordinario que a la
Caja de Vivienda Militar hagan los oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo,
agentes, soldados profesionales, y personal civil o no uniformado del
Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y Policía Nacional.
Las cesantías de este personal continuarán siendo transferidas a la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía para su administración, conforme
lo establecido en el Decreto 353 de 1994, modificado por la Ley 973
de julio de 2005. Los colombianos residentes en el exterior podrán afiliarse
al Fondo Nacional del Ahorro I bajo las mismas condiciones previstas
en el presente parágrafo.
292 293

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Parágrafo 3. Las autoridades municipales y distritales exigirán a todos
los proyectos de vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por ciento
(1%) de las viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien
(100) viviendas de una de ellas para la población minusválida. Las viviendas
para minusválidos no .tendrán barreras arquitectónicas en su interior
y estarán adaptadas para dicha población, de acuerdo con las reglamentaciones
que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Norma, Ley 1438 de 2011
Titulo de la Norma, Por medio de la cual se reforma el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
Expresiones Demandadas:
- Art 66º: Atención integral en salud a discapacitados. Las acciones de
salud deben incluir la garantía a la salud del discapacitado, mediante una
atención integral y una implementación de una política nacional de salud
con un enfoque diferencial con base en un plan de salud del Ministerio de
Protección Social.
Norma, Ley 1562 de 2012
Titulo de la Norma, Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional
Expresiones Demandadas:
- Art 18º: Adiciónese un inciso al artículo 142 del Decreto número 19 de
2012. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación
en primera oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar
en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez
y determinar su origen.
A la Junta de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias
que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las
Juntas Regionales.
La calificación se realizará con base en el manual único para la calificación
de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha
de calificación, que deberá contener los criterios técnicos - científicos de
evaluación y calificación de pérdida de capacidad laboral porcentual por
sistemas ante una deficiencia, discapacidad y minusvalía que hayan generado
secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA C-458/15
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Vocablos
no transmiten ni implícita ni explícitamente juicio de disvalor ni
contienen descalificación tácita o expresa sobre sobre condición de discapacidad
(Salvamento parcial de voto)
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Terminología
empleada por el legislador entre los años 1993 y 2012 coincidía
con el léxico aceptado para designar dichas personas en términos neutros
y desprovistos de componentes peyorativos (Salvamento parcial de voto)/
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-
Terminología cuestionada cumple una función referencial (Salvamento
parcial de voto
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Definiciones
legales y lexicográficas de las expresiones “discapacitado”, “inválido”,
“sordo”, “minusválido”, “persona con limitaciones” y “limitados”
están desprovistas de componentes peyorativos por lo cual debían haber
sido declaradas exequibles (Salvamento parcial de voto)
294 295

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Referencia: Expediente D-10585
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones
contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996,
361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de
2011 y 1562 de 2012.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, me permito explicar
las razones que me llevaron a salvar parcialmente el voto en el asunto
de la referencia.
Mi discrepancia con la decisión mayoritaria en este caso radica en la declaratoria
de exequibilidad condicionada de las expresiones demandadas
contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361
de 1997, 546 de 1999, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012.[145]
La mayoría de la Sala avaló la exequibilidad condicionada de dichas normas
al considerar que, en primer lugar, el lenguaje sí puede tener implicaciones
inconstitucionales, toda vez que podría ser entendido y utilizado
con fines discriminatorios y, en segundo lugar, al determinar que si bien
el lenguaje responde a un contexto temporal que determina las categorías
socialmente aceptadas por la sociedad, dicho contexto y categorías son
dinámicos y por tanto deben ser actualizados a medida que se presentan
cambios. Sin embargo, ante la imposibilidad de actualizar, por medio del
trámite legislativo, un amplio cúmulo normativo en sincronía perfecta con
el cambio social, el ordenamiento constitucional ha previsto algunos elementos
de actualización que pretenden preservar los derechos de las personas,
en particular, de quienes enfrentan una situación de discapacidad
o de capacidad excepcional, a fin de evitar el estigma o la descalificación.
Uno de estos dispositivos de actualización es el bloque de constitucionali-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dad, que al integrar diversos instrumentos internacionales de protección de
las personas en discapacidad al ordenamiento colombiano, permite transformar
el lenguaje a los estándares sociales vigentes, a la vez que preserva
los derechos de sujetos que merecen especial protección constitucional. Con
base en estas circunstancias, la Corte analizó varias expresiones que podrían
contener una carga discriminatoria y condicionó su constitucionalidad a
una comprensión ligada a la normativa internacional vigente, que no tiene
cargas peyorativas para los sujetos que el ordenamiento pretende proteger.
En esta oportunidad, disiento de tales consideraciones, toda vez que, a
mi juicio, en el contexto específico de las leyes 100/93, 115/94, 119/94,
324/96, 361/97, 546/99, 1114/06, 1438/11 y 1562/12, dichos vocablos no
transmiten ni implícita ni explícitamente un juicio de disvalor sobre
la condición de discapacidad, ni tampoco contienen una descalificación
tácita o expresa sobre este estado, por las siguientes razones:
En mi opinión, los destinatarios de las leyes y potenciales receptores del
presunto mensaje agravioso e infamante, usualmente tienen en cuenta el
contexto en que fueron expedidas las normas impugnadas. Entonces, entre
los años 1993 y 2012, la terminología empleada por el legislador coincidía
con el léxico generalmente aceptado para designar a las personas con discapacidad
en términos neutros y desprovistos de los componentes peyorativos
que hoy le adjudican los accionantes. Así mismo, la terminología cuestionada
cumple, en el marco de las leyes atacadas, una función referencial,
de modo que es utilizada por el legislador para acotar el ámbito subjetivo
de la normatividad, y no para representar, describir o valorar esa realidad.
Ahora bien, el derecho positivo en general y las leyes demandadas en particular,
reconocen el status de sujeto de las personas con discapacidad, la
existencia de otras esferas vitales y el papel determinante de la estructura
y el funcionamiento en el goce de los derechos de este grupo poblacional;
por ello, el que no se hagan explícitas estas ideas a través de la terminología
legal, no transmite la idea contraria. A su vez, en el lenguaje ordinario y en
el lenguaje jurídico se designa a las personas en función del rasgo relevan-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
te, sin que se sea necesario hacer explícito su status de sujeto o la existencia
de otras dimensiones vitales desde las cuales podrán ser caracterizados.
Finalmente, estimo que las definiciones legales y lexicográficas de las expresiones
“discapacitado”, “inválido”, “sordo”, “minusválido”, “persona con limitaciones”
y “limitados” están desprovistas de los componentes peyorativos que
los demandantes les atribuyen. Por estas razones, las mencionadas expresiones
contenidas en las normas acusadas debían haber sido declaradas exequibles.
Fecha ut supra
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
*********************************************************************
[1] Hasta el fundamento 17, es decir todos los antecedentes y las consideraciones
sobre la aptitud de la demanda.
[2] Las disposiciones que contienen los vocablos demandados se encuentran
en el documento anexo a esta sentencia.
[3] Como pretensión principal.
[4] Como pretensión principal.
[5] Falencia señalada por el Departamento para la Prosperidad Social y el
Ministerio de Trabajo.
[6] Deficiencia señalada por el Departamento para la Prosperidad Social y el
Ministerio de Trabajo.
[7] Concepto del Departamento para la Prosperidad Social.
[8] Intervención del Ministerio del Trabajo.
[9] Como pretensión principal.
[10] Como pretensión subsidiaria.
[11] Como pretensión subsidiaria.
[12] La solicitud de exequibilidad se presenta exclusivamente en relación
con la expresión “sordo”.
[13] Intervención del Ministerio de Salud.
[14] Respecto de las expresiones relacionadas con los términos “limitación”
y “disminución”.
[15] Como pretensión principal.
[16] Argumento del PAIIS.
[17] Argumentos del Ministerio de Educación.
[18] Ministerio de Educación.
[19] Ministerio de Educación.
[20] Ministerio de Educación.
[21] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[22] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[23] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[24] M.P. María Victoria Calle Correa.
[25] Este proceso correspondió inicialmente al despacho del Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[26] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[27] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[28] M.P. María Victoria Calle Correa.
[29] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] Estas definiciones hacen parte de lo que la dogmática denomina “reglas
de segundo orden” o meta-normas”, es decir, reglas sobre las reglas de conducta.
Sobre la distinción entre las normas reguladoras o meta normas, y las
normas reguladas o normas-objeto, cfr. Gustavo González Solano, “El control
constitucional en Costa Rica, Sobre incoherencias, paradojas e inconstitucionalidades
de nuestro control constitucional”, en Revista de Ciencias
Jurídicas, San José de Costa Rica, Nro. 101, 2003. Documento disponible en:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/issue/view/1391. Último acceso:
4 de mayo de 2015
[31] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[32] M.P. Humberto Sierra Porto.
[33] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[34] M.P. María Victoria Calle Correa.
[35] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[36] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[37] En este sentido, el artículo 46 de la Ley 115 de 1994 establece que “la
educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas,
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es
parte del servicio público educativo”.
[38] Sentencia C-804 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[39] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[40] En este fallo se declaró la inexequibilidad parcial del artículo 33 del
Código Civil, según el cual “las palabras hombre, niño, adulto y otras semejantes
que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana,
se entenderán que comprenden ambos sexos, en las disposiciones de las
leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limitan
manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña,
viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino, no se aplicarán a
otro sexo, menos que expresamente las extienda la ley a él”.
[41] En particular, declaró la inexequibilidad simple de las expresiones “los
furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en los mentecatos”,
contenida en el artículo 140 del Código Civil, y de “de imbecilidad o idiotismo”,
“locura furiosa”, y “de locos”, previstas en el artículo 554 del mismo
cuerpo normativo.
[42] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[43] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[44] Con todo, los efectos jurídicos de las decisiones judiciales anteriores
no son del todo claros. Con excepción de la sentencia C-1235 de 2005[44]
que junto a la declaratoria de inconstitucionalidad ordenó la sustitución de
las expresiones “amos”, “criados” y “sirvientes” por las de “empleadores” y
“trabajadores”, según el caso, en los demás fallos la declaratoria de inexequibilidad
simple podría dejar algunos interrogantes sobre las consecuencias
jurídicas de la determinación judicial. Habiéndose declarado la inconstitucionalidad
de la norma que habilita a los operadores jurídicos a reconocer
el uso genérico del masculino, surge la duda sobre el alcance que se debe
otorgar a las normas del derecho positivo que de hecho han dado este uso
al masculino; si, al modo de ejemplo, el artículo 54 del Código de Comercio
dispone que “el comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia
que dirija en relación con los negocios (...)”, deberá entenderse que esta
obligación sólo está dirigida a los comerciantes y no a las comerciantes, en
virtud de la declaratoria de inexequibilidad de la habilitación anterior?. O
cómo entender el artículo 140.3 del Código Civil según el cual “se presume
falta de consentimiento [para el matrimonio] en los furiosos locos, mientras
permanezcan en la locura y en los mentecatos en quienes se haya impuesto
interdicción judicial para el manejo de sus bienes”, si las locuciones “furiosos
locos, mientras permanezcan en la locura y en los mentecatos” fue declarada
inexequible? Habría que entender que todo a quien se le haya impuesto
interdicción judicial para el manejo de sus bienes está impedido para contraer
matrimonio?
[45] Artículo 3 de la Ley 1482 de 2011, “por medio de la cual se modifica el
Código Penal y se establecen otras disposiciones”.
[46] Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública”.
[47] Artículo 11 de la Ley 1751 de 2015, “por medio de la cual se regula el
derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”
[48] Sentencia C-910 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[49] Sentencia C-105 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[50] Sentencia C-966 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
[51] Sobre las bases conceptuales del movimiento de Liberación Animal cfr.
Peter Singer, Liberación Animal, Ed. Trotta, Madrid, 1999.
[52] Sobre función denotativa y connotativa de los signos lingüísticos cfr.,
Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del Derecho, Ed. Ariel, Buenos
Aires, 1984, pp. 248-256. Documento disponible en: http://es.slideshare.
net/rubenradaescobar/introduccion-al-analisisdelderechocarlossantiagonino.
Último acceso: 23 de junio de 2015.
[53] Según John Searle, los actos de habla pueden cumplir funciones representativas,
directivas, comisivas, expresivas o declarativas. Sobre la
clasificación de los actos de habla cfr., John Searle, Actos de habla. Ensayo
de filosofía del lenguaje, Ed. Planeta Agostini, Barcelona, 1994. Documento
disponible en: http://www.textosenlinea.com.ar/libros/Searle%20-%20
Actos%20de%20Habla.pdf. Último acceso: 16 de junio de 2015; sobre el uso
descriptivo, expresivo, directivo y operativo cfr. J. L. Austin, Cómo hacer
cosas con palabras, 1955. Documento disponible en: http://ir.nmu.org.ua/
300 301

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
bitstream/handle/123456789/117185/170d785d8cfed13cd022cee1adf3f6e2.
pdf?sequence=1. Último acceso: 26 de junio de 2015.
[54] Este tipo de exploración ya ha sido efectuado por otros tribunales constitucionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, por ejemplo,
ha descartado la posibilidad de valorar en abstracto las expresiones lingüísticas,
y por el contrario, ha entendido que el examen se realiza teniendo
en cuenta, por un lado, el rol social y el status del emisor y las calidades de
los destinatarios, y por otro, el contexto fáctico y lingüístico en el que se
utiliza y el vocablo cuestionado. Por ello, mientras un ciudadano ordinario,
en su calidad de simple individuo, tiene un amplio margen de maniobra
lingüística, los medios de comunicación tienen facultades restringidas; y
mientras en algunos escenarios una palabra oprobiosa puede estar protegida
constitucionalmente, en otros no. En un reciente fallo, el referido tribunal
se refirió a palabras que en ese país son percibidas como insultantes
e indecentes como “puñal” y “lambiscón”, y que fueron utilizadas por un
medio de comunicación para referirse a un columnista; en fallo se sostuvo
que aunque en otros escenarios la utilización de esas mismas palabras se
encontraba protegida, la circunstancia de que en el caso particular los vocablos
fueron emitidos por la prensa, es decir, por un medio de comunicación
que tiene un rol definitivo en la formación de la opinión pública, y de
que el mensaje estuvo mediado por un propósito deliberadamente ofensivo,
llevaba a la conclusión contraria (Sentencia de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación de México, amparo directo en revisión
2806/2012, M.P. Arturo Zaldívar Lelo Larrea, http://www2.scjn.gob.mx/
ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=143425. Último
acceso: 27 de junio de 2012).
[55] El artículo 1 de la Ley 1618 de 2013 establece que “el objeto de la presente
ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión,
acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación
por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de
2009”.
[56] Hasta este párrafo fue retomada la ponencia original presentada por el
Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[57] Establece el artículo 93 de la Constitución que: “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen
en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia.”
[58] C-018 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[59] Sentencia del 23 de marzo de 1973. M.P. Dr. Eustorgio Sarriá. Gaceta
Judicial N° 2390-2391 Pág.105. Citada por la sentencia C-067 de 2013. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[60] C-067 de 2013. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[61] C-582 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[62] Ver entre otras: C-191 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz C-664
de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos y C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63] C-531 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[64] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[65] C-307 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[66] C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas.
[67] C-394 de 2007. M.P. Humberto Sierra Porto. Aclaración de Voto (Humberto
Sierra Porto). Ver Bobbio, Principi Generali del Diritto, NDI, XIII,
UTET, Torino, p. 887. Estas reglas sirven como: “i) regla de interpretación
respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento de su aplicación;
ii) la de integrar la normatividad cuando no exista norma directamente
aplicable al caso; iii) la de orientar las funciones del operador jurídico, y
iv) la de limitar la validez de las regulaciones subordinadas”. Tomado de la
sentencia: C-067 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[68] M.P. Humberto Sierra Porto
[69] C-804 de 2009. M.P. María Victoria Calle; C-935 de 2013. M.P. Alberto
Rojas Ríos; C-131 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[70] Declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-401 de
2003
[71] “Discriminación contra las personas con discapacidad” es “toda distinción,
exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de
302 303

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.” (artículo
2)
[72] De acuerdo con el segundo inciso del artículo 1º de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad
son “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”.
[73] Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989 y aprobada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991.
[74] Revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-824 de 2011.
[75] Instrumentos citados en la sentencia T-051 de 2011; MP Jorge Iván Palacio.
[76] El repertorio de instrumentos del sistema mundial de derechos humanos
en materia de discapacidad se encuentra en: http://usuarios.discapnet.
es/ajimenez/docsint.htm. Último acceso: 25 de junio de 2015.
[77] El fundamento 29 hasta esta parte, ha sido retomado de la ponencia
original presentada por el Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[78] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan.
[79] Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[80] Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación
y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado
debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones
de salud.
[81] Artículo 64. (…)La erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
son obligaciones especiales del Estado.
[82] C-804 de 2009 M.P. María Victoria Calle y T-397 de 2004 M.P. Manuel
José Cepeda.
[83] C-804 de 2009 (M.P. María Victoria Calle)
[84] Ibídem
[85] C-793 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo
[86] Ibídem
[87] Ibídem
[88] C-792 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza. “Actos que apelan a criterios
sospechosos o potencialmente prohibidos, para coartar o excluir a una
persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un
determinado beneficio”.
[89] Ibídem. “Las que se derivan de la aplicación de normas aparentemente
neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado
sobre un grupo tradicionalmente marginado o discriminado”.
[90] La obligación de asegurar la igualdad y de propiciar la inclusión en la
sociedad de las personas con discapacidad, ha sido reiteradamente resaltada
por la Corte, ver las sentencias C-293 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla:
C-824 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas; C-765 de 2012, C-066 de 2013.M.P.
Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[91] C-221 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
[92] Ibídem
[93] M.P. Alberto Rojas Ríos
[94] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[95] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[96] M.P. Adriana María Guillén
[97] Criterio que reitera lo que ha expuesto la Cote Constitucional, entre
304 305

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
otras sentencias, en la T-288/95, T-378/97 y la C-401 de 2003.
[98] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[99] MP. Jaime Córdoba Triviño
[100] MP. Fabio Morón Díaz
[101] Sentencia T-288 de 1995; MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[102] M.P. María Victoria Calle
[103] En la sentencia T-340 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), se expusieron
bajo en un solo apartado los enfoques de marginación y la eliminación;
en el fallo C-804 de 2009, en cambio, se efectuó una exposición independiente
de cada uno.
[104] M.P. María Victoria Calle Correa.
[105] Ver sentencias C-804 de 2009 y T-340 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez).
[106]T-109 de 2012. M.P. María Victoria Calle. Dicho argumento fue recogido
posteriormente por la sentencia C-765 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[107] Especialmente relevante resulta el artículo 3º de la Convención, donde
se establecen los siguientes principios: “a) El respeto de la dignidad inherente,
la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones,
y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación
e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La
accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la
evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad”.
[108] Ley 1618 de 2013, artículo 3º: “Artículo 3o. Principios. La presente ley se
rige por los principios de dignidad humana, respeto, autonomía individual,
independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión, progresividad en la financiación,
equiparación de oportunidades, protección, no discriminación,
solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las
diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia
con Ley 1346 de 2009.”
[109] Cfr. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 2º. Dicho argumento fue recogido posteriormente por la sentencia
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
C-035 de 2015. M.P. María Victoria Calle
[110] Ibídem, artículo 8º. Estas son algunas decisiones en las que se han aplicado
medidas de trato especial en relación con la población con discapacidad:
T-207 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sentencia T-340 de
2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-1253 de 2008 (M.P. Mauricio González
Cuervo) , T-010 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[111] C-066 de 2013. M.P Luis Ernesto Vargas
[112] Ibídem
[113] T-207 de 1999. Eduardo Cifuentes Muñoz. Argumento retomado posteriormente
en la sentencia C-983 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[114] C-559 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería
[115] C-804 de 2009.
[116] Al respecto cfr. las sentencias T-447 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-018 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-992 de 2012
(M.P. María Victoria Calle Correa), T-192 de 2012 (M.P. Mauricio González
Cuervo), T-492 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), y T-281 de 2010 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[117] Al respecto cfr. las sentencias T-758 de 2014 (M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez), T-101 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-563
de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), y T-176 de 2010 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[118] Al respecto cfr. las sentencias T-374 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-636 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[119] Al respecto cfr. las sentencias T-586 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla)
y T-116ª de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[120] Al respecto cfr. las sentencias T-694 de 2011 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto).
[121] Al respecto cfr. las sentencias T-014 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao),
T-353 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao) y T-231 de 2011 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).
[122] Al respecto cfr. la sentencia T-030 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[123] Al respecto cfr. la sentencia C-824 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva)
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[124] Al respecto cfr. la sentencia T-816 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[125] Al respecto cfr. las sentencias T-976 de 2006 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-002 de
2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-239 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), T-608 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-443 de 2001 (M.P. Jaime
Araujo Rentería), T-813 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
C-531 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-093 de 1997 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-292 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y Jorge
Arango Mejía), T-117 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
T-049 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), y T-124 d e1994 (M.P.
Jorge Arango Mejía y Vladimiro Naranjo Mesa).
[126] Al respecto cfr. las sentencias T-731 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chalub), T-610 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-233 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao), T-212 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez),
T-473 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-170 de 2007 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), T-826 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-440 de
2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-097 de 2004 (M.P. Jaime Araujo
Rentería), T-1083 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-382 de
2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), SU-337 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-414 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-204 de 1994
(M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[127] El fundamento 41 ha sido retomado de la ponencia original presentada
por el Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[128] Este párrafo ha sido retomado de la ponencia original presentada por
el Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[129] Sobre el denominado “modelo social de la discapacidad” cfr., Paul Abberley,
“The concept of oppression and the development of a social theory
of disability”, en Disability, Handicap and Society, Vol. 2, Nro. 1, 1987. Documento
disponible en: http://www.um.es/discatif/PROYECTO_DISCATIF/
Textos_discapacidad/00_Aberley.pdf. Último acceso: 15 de junio de 2015;
Colin Barnes, “Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión
de las personas discapacitadas en la sociedad occidental”, en Colin Barnes
(ed.), Discapacidad y sociedad, Ed. Morata – Fundación Paideia, Madrid, pp-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
59-76; John Briscout, Shirley L. Paterfield, Colleen M. Tracey, Matthew O.
Howard, Linking Models of Discability for Children with Developmental
Disabilities; documento disponible en: http://cmhsr.wustl.edu/Resources/
Documents/Linking%20models%20of%20disability%20for%20children%20
with%20developmental%20disabilities.pdf. Último acceso: 15 de junio 2015.
[130] El fundamento 45 ha sido retomado de la ponencia original presentada
por el Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[131] Según el artículo 1 de la Ley 324 de 1996, “limitado auditivo es una
expresión genérica que se utiliza para definir una persona que posea una
pérdida auditiva”.
[132] Según el artículo 1 de la Ley 324 de 1996, es sordo “aquella persona que
presenta una pérdida auditiva de mayor de noventa decibeles que le impide
adquirir y utilizar el lenguaje oral en forma adecuada”.
[133] Según el artículo 1 de la Ley 324 de 1996, es hipoacúsico quien tiene
una “disminución de la audición que en sentido estricto no llega a ser total,
lo que se denomina con el término COFOSIS”.
[134] El fundamento 50 ha sido retomado de la ponencia original presentada
por el Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[135] MP Gabriel Eduardo Mendoza.
[136] Dijo la Corte en la sentencia C-112 de 2000, MP Alejandro Martínez Caballero,
“(...) es doctrina reiterada de esta Corte que el juez constitucional no
está atrapada (sic) en la disyuntiva de mantener en forma permanente una
norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla
en su integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente
ha establecido que a la Corte compete “decidir sobre las demandas
de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes” (CP
241 ord 4º). Por consiguiente, al decidir sobre estas demandas, la Corte debe
adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda
de la integridad y supremacía de la Constitución.”
[137] En la sentencia C-112 de 2000 se dijo: “(...) de un lado, puede recurrir a
una inconstitucionalidad diferida, o constitucionalidad temporal, a fin de
establecer un plazo prudencial para que el Legislador corrija la inconstitucionalidad
que ha sido constatada, tal y como esta Corte lo ha aceptado en
anteriores oportunidades (....)”Al respecto, ver entre otras la sentencias: C-221
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de 1997, MP Alejandro Martínez Caballero, C-700 de 1999 MP José Gregorio
Hernández Galindo.
[138] “De otro lado, puede también la Corte llenar, ella misma, el vacío legal
que produce la declaración de inexequibilidad de la disposición acusada, por
medio de una modalidad de sentencia integradora, pues el vacío de regulación,
es llenado por medio de un nuevo mandato que la sentencia integra al
sistema jurídico, proyectando directamente los mandatos constitucionales
en el ordenamiento legal. Esta Corporación ha recurrido en el pasado a ese
tipo de decisiones (...)” Sentencia C-112 de 2000.
[139] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[140] “Ver sentencia C-109 de 1995 y C221 de 1997, fundamento 22. Y en
derecho comparado, ver Thierry DI MANNO. Le juge constitutionnel et la
technique des decisiones “interpretatives” en France et en Italie. Paris: Economica,
1997”. Cita contenida en la sentencia C-112 de 2000
[141] Sentencia C-109 de 1995 MP Alejandro Martínez.
[142] Sentencia C-1230 de 2005 MP Rodrigo Escobar.
[143] Sentencia C-748 de 2009 MP Rodrigo Escobar.
[144] Los fundamentos 55 y 56 han sido retomados de la sentencia C-291 de
2015 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[145] “’Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, por los
cargos analizados en esta sentencia, de las siguientes expresiones:
a. “los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales” contenida en el artículo
26 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que deberá reemplazarse por
“personas en situación de discapacidad física, psíquica y sensorial”.
b. “y minusvalía” de los artículos 41 de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley 1562
de 2012; “minusvalía” “y minusvalías” de los artículos 7o y 8° de la Ley 361
de 1997, respectivamente, en el entendido de que deberán reemplazarse por
las expresiones “e invalidez” o “invalidez”.
c. “los discapacitados” contenida en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993,
en el entendido de que deberá reemplazarse por la expresión “persona en
situación de discapacidad”.
d. “personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas” del artículo
1o; “personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas,
emocionales” y “personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o
mentales” -ambas contenidas en el artículo 46-; todas estas expresiones contempladas
en la Ley 115 de 1994, en el entendido de que deberá reemplazarse
por la expresión “personas en situación de discapacidad física, sensorial y
psíquica”.
e. “personas con limitaciones” contenida en el título del Capítulo [, en los
artículos 47 y 48 de la Ley 115 de 1994 en el entendido de que deberá reemplazarse
por la expresión “personas en situación de discapacidad”.
f. “personas discapacitadas” del artículo 4o de la Ley 119 de 1994, en el entendido
que debe reemplazarse por la expresión “personas en situación de
discapacidad”.
g. “limitado auditivo” contenida en los artículos 1o y 11 “limitados auditivos”
del artículo 10°, todos de la Ley 324 de 1996, en el entendido de que esas
frases deberán reemplazarse por las expresiones “persona con discapacidad
auditiva” y “personas con discapacidad auditiva”.
h. “personas con limitación”, “personas con limitaciones”, “persona con
limitación”, “población con limitación” o “personas limitadas físicamente”,
“población limitada” contenidas en el título y en los artículos 1o, 3o,
5o, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23,24,25,27,28,29, 30, 34,35,37,38, 39,
40,41,43,49, 54, 59, 66, 69 y 72 Comunicado No. 30. Corte Constitucional.
Julio 22 de 2015 7 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán
reemplazarse por las expresiones “persona o personas en situación de discapacidad.
i. “limitación”, “limitaciones” o “disminución padecida” contenidas en los
artículos 5o, 7o, 8o, 9o, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 45, 50, 51, 59,
60, 63, 67 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse
por las expresiones “discapacidad” o “en situación de discapacidad”.
j. “limitados” o “limitada” contenidas en los artículos 13, 18, 19, 21, 26, 33, 40
y 42 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse por
310 311

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la expresión “personas en situación de discapacidad”.
k. “población minusválida” y “minusválidos” del parágrafo 3o del artículo
29 de la Ley 546 de 1999 y del artículo 1o de la Ley 1114 de 2006, en el entendido
de que deberá reemplazarse por la expresión “personas en situación de
discapacidad”.
l. “discapacitado” y “discapacitados” contenidas en el artículo 66 de la Ley
1438 de 2011, en el entendido de que deberá reemplazarse por la expresión
“persona en situación de discapacidad”.
Sentencia T-684/14
312 313

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Sentencia T-684/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDI-
CIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL-Marco jurídico internacional
Desde el punto de vista cronológico ha sido el derecho internacional público
el que inicialmente ha regulado los aspectos fundamentales para la
garantía de los derechos de este grupo poblacional. La Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que los Estados
partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica se brinden salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir
los abusos, las cuales, deberán asegurar que las medidas referidas
a la capacidad jurídica “respeten los derechos, la voluntad y las preferencias
de las personas (...)”. Es claro que el modelo social adoptado por
la CDPD y sus postulados no se quedan en el plano meramente doctrinal,
sino que poseen una fuerza vinculante que se ha reflejado en nuestro
ordenamiento al haberse adoptado mediante la Ley 1346 de 2009.
PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL-Marco jurídico constitucional y legal colombiano
El artículo 13 Superior consagra que en Colombia todas las personas son
iguales ante la ley, razón por la cual, merecen el mismo trato y protección
por parte de las autoridades, prohibiendo cualquier tipo de discriminación.
Allí mismo, el Estado asume la responsabilidad de proteger especialmente
a aquellas personas que por su condición económica, física y mental, se encuentran
en circunstancias de debilidad manifiesta, sancionando los abusos
que puedan cometerse contra ellos. El legislador expidió la Ley 361 de 1997,
la cual, está inspirada en la normalización social plena y la total integración
de las personas con limitación. Mediante la Ley 762 de 2002, adoptó
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Posteriormente, se
profirió la Ley 1306 de 2009, en la cual se consagró el régimen jurídico para
las personas con discapacidad mental. Por esa misma época, el legislador
expidió la Ley 1346 de 2009, mediante la cual aprobó la Convención sobre
los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Finalmente, de
manera reciente, el Congreso profirió la Ley 1618 de 2013, cuyo objetivo es
“garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa
y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por
razón de discapacidad”, todo ello, en concordancia de la Ley 1346 de 2009.
DERECHO A LA CAPACIDAD JURIDICA DE PERSONA
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD MENTAL
La Corte Constitucional ya se había referido a la necesidad de garantizar
el derecho al debido proceso de las personas en situación de discapacidad
mental, especialmente de aquellas respecto de quienes se solicita la interdicción,
reconociendo que no por el hecho de estar bajo esa condición debía
afirmarse la incapacidad para discernir sobre lo que le es conveniente o
no, pues no todas las enfermedades mentales anulan la consciencia del individuo
y algunas permiten un cierto grado de razonamiento. Ley 1306
de 2009 incorporó taxativamente al ordenamiento colombiano el derecho
que ellos tienen a que se les respete la voluntad y autonomía, considerando
importante escuchar sus opiniones en torno a lo que les conviene o no.
CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS EN SITUACION
DE DISCAPACIDAD MENTAL-Orden a Tribunal Superior expedir
una nueva sentencia en la que otorgue la guarda de la agenciada a su progenitora
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
DERECHO A LA AUTODETERMINACION Y A LA DIG-
NIDAD HUMANA-Exhortar a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura que comunique esta sentencia a todos los jueces y
tribunales de la República de Colombia que sean competentes para conocer
de los procesos de jurisdicción voluntaria.
Referencia: expediente T-4.347.706
Acción de tutela instaurada por Marina Amariles Ríos como agente
oficiosa de su hija Dora Elena Patiño, contra la Sala Tercera de Decisión de
Familia del Tribunal Superior de Medellín
Derechos fundamentales invocados: autodeterminación y dignidad humana
Temas: La capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental
Problema jurídico:
¿Vulnera la autoridad judicial accionada el derecho a la autodeterminación
de Dora Elena Patiño, al no valorar su voluntad de querer estar bajo los
cuidados de su madre debido a la enfermedad mental que padece?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada
por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside–
Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha
proferido la siguiente:
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, que negó la acción de tutela incoada por Marina Amariles Ríos
como agente oficiosa de su hija Dora Elena Patiño Amariles, contra la
Sala Tercera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín.
1. ANTECEDENTES
El 24 de febrero de 2014, la señora Marina Amariles Ríos, actuando como
agente oficiosa de su hija Dora Elena Patiño Amariles, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Superior de Medellín, por considerar que vulneró
los derechos fundamentales de ella al debido proceso, a la autodeterminación,
la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad,
con ocasión de la sentencia que revocó su designación como
guardadora de Dora Elena Patiño y nombró, en su lugar, a José Elías Arango,
esposo de esta. La solicitud de amparo la sustenta en los siguientes:
1.1. HECHOS
1.1.1. Relata la señora Marina Amariles que el 28 de septiembre
de 2011, el señor José Elías Arango presentó demanda de interdicción
judicial por discapacidad mental absoluta, en contra
de su cónyuge Dora Elena Patiño Amariles, correspondiendo
conocer del caso al Juzgado 1º de Familia de Itagüí, bajo el radicado 2011-690.
1.1.2. En calidad de madre de Dora Elena, la señora Amariles se opuso dentro
del proceso a que José Elías fuera el curador de su hija y, en especial,
a que sea él quien le brinde el cuidado personal, debido a los malos tratos
que le proporciona; además, dice, “denuncie (sic) a fiscalía violación
conforme lo narrado con angustia por mi hija en visitas que le realizó”.
1.1.3. Mediante sentencia proferida el 6 de mayo de 2013, el Juzgado
1º de Familia de Itagüí decretó la interdicción definitiva por
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
discapacidad mental absoluta de Dora Elena Patiño Amariles.
La experticia médica llevada a cabo por un psiquiatra[1] indicó que Dora
Elena padece serias secuelas síquicas y orgánicas secundarias a la enfermedad
cerebrovascular isquémica y que tal condición no tiene tratamiento
curativo, por lo que la acompañará toda su vida, razón por la cual, el
juzgado consideró demostrada su discapacidad absoluta, resultando imprescindible
nombrar a un curador. Para ello, tuvo en cuenta las entrevistas
que se le realizaron a Dora Elena durante el periodo probatorio, en
las que manifestaba querer estar bajo el cuidado de la madre, indicando
que se debe buscar garantizar la calidad de vida de la interdicta y, ante
todo, su comodidad, pues si bien se encuentra en un estado de discapacidad,
“no por eso su opinión y voluntad pueden ser diezmadas o ignoradas
por el Juzgado ni menos por su grupo familiar, si la citada manifiesta
abierta y categóricamente que no quiere continuar viviendo con
su cónyuge y, por el contrario, desea irse a vivir a la casa de sus padres”.
En consecuencia, designó como curador general de todos sus bienes al cónyuge
José Elías Arango González, y como guardadora encargada de sus cuidados
personales a su madre Marina Amariles Ríos. Igualmente, censuró el hecho de
que el cónyuge de la incapaz la vigile con cámaras de video para conocer quien
la visitaba mientras estaba ausente, ordenando, en consecuencia, el retiro inmediato
de las mismas, por atentar contra la dignidad humana de Dora Elena.
1.1.4. Contra la anterior decisión, el señor José Elías Arango interpuso recurso
de apelación, al estar únicamente en desacuerdo con el hecho de que se le
haya otorgado la guarda de su cónyuge a la señora Marina Amariles, debido
a los constantes enfrentamientos que sostiene con esta, lo que según él
conduciría al detrimento de la calidad de vida de la interdicta. Además, asegura
que él es la persona idónea para procurar los cuidados de Dora Elena.
1.1.5. En segunda instancia, mediante sentencia del 19 de diciembre de
2013, la Sala Tercera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín
accedió a las pretensiones del apelante, por las siguientes razones:
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
“Las probanzas dan cuenta que el señor José Elías conforma con Dora una
familia, integrada con dos hijos menores, pues contrajeron matrimonio, lo
cual implica que aquella estructuró su propio núcleo social, con independencia
del de su señora madre Marina Amariles Ríos (C (sic) Política, artículos
1, 5, 42), dentro del cual el nombrado Arango González desarrolla y cumple
sus deberes, no solo de padre sino también de consorte, pues se dedica a la
atención de su enferma esposa, proveyéndola de los cuidados especiales que
requiere, al punto que, cuando tiene que ir a laborar, la deja con dos de sus
hermanas, siendo solícito y esmerado en su atención. Y, pese a que un grupo
de testigos aseveró que los cuidados de la pretensa discapacitada se deben
designar a la señora madre de esta, lo cierto es que, de un lado, no existe
ningún motivo u obstáculo que impida la designación del accionante, para
cumplir con esa misión, y, del otro, si se atribuyera ese cometido a la genitora
de la presunta discapacitada se fracturaría la unidad de su familia, resultando,
al paso, que sus menores descendientes serían separado de su propia
madre, con desmedro de sus derechos fundamentales, a tener una familia
y no ser separados de esta (artículo 44 ejusdem), lo cual incidiría negativamente,
en su desarrollo, armónico e integral y en esa misma célula social”.
En cuanto a la división de funciones y la manifestación de voluntad de Dora
Elena, expresó:
“Pero, además, la división de las funciones, referentes a la administración
de los bienes y el cuidado de Dora Elena, entre su consorte y
su señora madre, sería inconveniente para aquella, vistos los problemas
y confrontaciones que han existido entre tales personas, que llevaron,
inclusive, a la formulación de denuncias, por violencia intrafamiliar
y de orden penal, lo cual significaría desarmonía que surgiría
entre el administrador de los bienes y el cuidador de la persona de Dora
Elena y, de contera, el perjuicio que se llegaría a producir para esta.
Las precedentes circunstancias no permiten, ni siquiera, acceder a las eventuales
manifestaciones de Dora Elena, en el sentido de que su cuidado personal
se otorgue a su genitora, porque, además, de que su situación mental la
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
impide comprender y determinarse, de acuerdo con esa comprensión, por
la distribución de las aludidas funciones recibiría más daño que beneficio”
Así entonces, con base en lo citado, el Tribunal confirmó parcialmente
la sentencia del a quo, revocándola únicamente en lo referido
a la designación como guardadora de la señora Marina
Amariles para, en su lugar, asignar tal función al cónyuge.
1.1.6. En consecuencia, el 24 de febrero de 2014, la señora Marina Amariles
interpuso acción de tutela contra la decisión del Tribunal Superior de Medellín
alegando que había incurrido en una vía de hecho al desconocer la
voluntad de su hija Dora Elena, quien a pesar de su discapacidad, durante el
proceso en primera instancia manifestó en varias oportunidades que deseaba
estar bajo el cuidado de su madre, debido a los malos tratos que recibía por
parte de su esposo, al extremo de sostener relaciones sexuales no consentidas.
Además, la señora Amariles afirmó que este la abandonó durante el tiempo
que estuvo hospitalizada, le prohibió las visitas de su padre, hermano, amigos,
ha permitido que extraños la bañen y, además, la agrede verbalmente.
1.1.7. De este modo, solicitó el amparo de los derechos fundamentales de su
hija Dora Elena a la autodeterminación, a que se respete su voluntad y a la
dignidad humana. No obstante lo anterior, lo único que pretende es que el
juez de tutela ordene “al Juzgado Primero de familia de Itagüí Antioquia,
radicado 2011-690, allegar el expediente al tribunal de Medellín en sede de
decisión penal, con el fin de que sea estudiada en sede de lo penal, de suerte
que una vez hecho el análisis jurídico de rigor, proceda resolver dicha tutela”.
1.2. PRUEBAS
Obran en el expediente las siguientes pruebas documentales
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
- Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión de Familia, fechada el 19
de diciembre de 2013, dentro del proceso de interdicción judicial iniciado
por José Elías Arango González contra Dora Elena Patiño Amariles.
- Copia de la sentencia de primera instancia proferida por
el Juzgado 1º de Familia de Itagüí, calendada el 6 de mayo
de 2013, dentro del proceso judicial referido anteriormente.
- Copia del Informe de visita elaborado por la Asistente Social y el Médico
Perito, en el cual se consigna la entrevista realizada a Dora Elena
Patiño Amariles el 21 de septiembre de 2012, cuyos objetivos eran
“a. Determinar si la señora DORA ELENA PATIÑO AMARILES tiene
algún grado de consciencia” y “Determinar si la paciente puede responder
preguntas y manifestar su inconformidad con su actual estado
de salud, el trato que ha venido recibiendo de sus cuidadores, y si está
en capacidad de manifestar si ha sido víctima o no de abuso sexual”.
1.3. ACTUACIONES PROCESALES
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento
de la acción de tutela y mediante auto calendado el 11 de marzo
de 2014, ordenó correr traslado de la misma a los magistrados de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, al Juzgado 1º de Familia
de Itagüí, al procurador y defensor de familia adscrito a dicho juzgado,
a la Comisaría de Familia de Itagüí, a la señora Marina Amariles
Ríos y a José Elías Arango González, para que en el término de dos días
siguientes al recibo de la comunicación ejercieran su derecho de defensa.
Al respecto, ninguna de las partes solicitadas hizo manifestación alguna en
esta etapa del proceso.
2. DECISIÓN JUDICIAL
2.1. SENTENCIA ÚNICA DE INSTANCIA – SALA DE CASA-
CIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En sentencia del 20 de marzo de 2014, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo solicitado por la accionante. Sin
embargo, exhortó al Procurador Judicial o Agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado 1º de Familia de Itagüí, para que, en cumplimiento
de sus funciones, “garantice el cuidado de las actividades públicas que
José Elías Arango González tiene a su cargo, como guardador general de
su cónyuge Dora Elena Patiño Amariles, procediendo a ejecutar lo de su
incumbencia para la protección de las garantías que la asisten a la citada”.
En primer lugar, la Sala Civil de ese Alto Tribunal advirtió que no había
reparo en cuanto a la legitimación de la agente oficiosa de Dora Elena Patiño,
pues de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1306 de 2009, “[t]
oda persona está facultada para solicitar directamente o por intermedio de
los defensores de familia o del Ministerio Público, cualquier medida judicial
tendiente a favorecer la condición personal del que sufre discapacidad”
En segundo término, adujo que la señora Marina Amariles Ríos desaprovechó
el recurso de apelación, pues ello le hubiera significado contar con la
oportunidad para rebatir, ante el juez natural de segunda instancia, todo lo
concerniente a la valoración de las pruebas aportadas al proceso ordinario,
y así demostrar que José Elías no era apto para asumir el cuidado de Dora
Elena; actitud que, precisa, no puede pretender subsanar a través de la acción
de tutela al intentar debatir los mismos asuntos que allí se resolvieron.
Asimismo, describió cada una de las pruebas testimoniales analizadas y
las conclusiones que de ellas extrajo el Tribunal Superior de Medellín, a
partir de lo cual consideró apropiado la asignación como curador y guardador
de Dora Elena a su cónyuge, José Elías. A juicio de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, de tal examen no se advierte un proceder arbitrario
o un yerro protuberante como para dar paso al amparo solicitado.
Finalmente, aseguró que la señora Marina Amariles puede solicitar
la remoción del señor José Elías como curador y guardador de
Dora Elena, con fundamento en el artículo 111 de la Ley 1306 de 2009.
3. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITU-
CIONAL
Mediante auto proferido el 29 de julio de 2014, el suscrito Magistrado Sustanciador
ordenó poner en conocimiento de la Sala de Familia del Tribunal Superior
de Medellín, del Juzgado 1º de Familia de la misma ciudad, del señor José
Elías Arango y de la Nueva EPS, el escrito de tutela y sus anexos, a efectos de que
manifestaran lo que estimaran pertinente. Asimismo, debido a la relevancia
constitucional del caso, invitó a participar a algunas instituciones universitarias
y grupos especializados en materia de discapacidad, para que emitieran
un concepto al respecto. En respuesta, se recibieron los siguientes escritos:
3.1. Juzgado 1º de Familia de Itagüí
El juez referido remitió a este despacho un escrito en el que describió
cómo había sido su actuación durante el proceso de interdicción
iniciado en contra de Dora Elena Patiño, para lo cual envió
copia auténtica del expediente contentivo de dicho proceso.
3.2. José Elías Arango
El señor José Elías Arango, vinculado a este proceso en calidad de tercero
interesado por ser el esposo y curador de la accionante, solicitó a
esta Corporación que se confirme la decisión de tutela que se revisa.
En aras de sustentar su petición, describió la complicada relación familiar
que sostiene con la madre de Dora Elena, señalando que ha
sido objeto de múltiples denuncias relacionadas con supuestos maltratos
y abusos, pero que, de todas ellas, ha sido absuelto, considerando
que todo ello hace parte de una campaña de desprestigio en su contra.
Así, aseguró que se única labor como esposo de Dora Elena ha sido cuidarla
y respetarla, brindándole el cariño y amor que se merece debido a su condición
de discapacidad mental.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
3.3. Nueva EPS
La Coordinadora Jurídico Regional Noroccidente de la Nueva EPS informó a
este Despacho que “(l)a señora Dora Helena Patiño Morales (sic) actualmente
está en programa de visita domiciliaria con Clínica del Sur. Tiene la próxima
visita en el mes de agosto de 2014 el día 14, se confirma con la enfermera jefe
Natalia”. Para el efecto, adjuntó copia de la historia clínica de la accionante.
3.4. Universidad Sergio Arboleda – Grupo de Investigación en
Derechos Humanos “De las casas”
El Director del Grupo de Investigación en Derechos Humanos “De
las Casas” remitió a este despacho un documento que titula “Toma
de decisión de las personas con discapacidad mental”, en el que realiza
un análisis acerca de si, en efecto, es posible tener en cuenta la
voluntad de la accionante como persona con discapacidad mental.
Tras referirse al concepto de discapacidad establecido por el artículo 1,
párrafo 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(en adelante CDPD o la Convención), advirtió que es necesario
abordar esta condición desde una perspectiva de derechos humanos, debido
a que esta población es una minoría en desventaja que en Colombia
sufre de exclusión y desigualdad respecto de la mayoría de ciudadanos.
En cuanto a la facultad de tomar decisiones y la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, señaló que la Ley 1306 de 2009, aborda estos
aspectos desde la severidad de la patología o el deterioro de la salud,
cuando lo adecuado es hacerlo en función de las capacidades concretas,
los niveles de discernimiento y las posibilidades reales de la persona, entre
otros, a los que el juez debe acceder no solo a través de los profesionales
de la medicina, sino de familiares, amigos y, en general, por medio
de las redes sociales de la persona con discapacidad, “para proveer los
criterios para el apoyo en la toma de decisiones en cada caso concreto”.
Precisamente, en lo relacionado con el apoyo en la toma de decisiones de
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la población con discapacidad mental, sostuvo que la Convención en su
artículo 12, numeral 3º, obliga a los Estados a adoptar las medidas pertinentes
para proporcionar el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica, introduciendo un cambio sustancial en la forma
como las diferentes legislaciones contemplaban el ejercicio de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad mental, basadas en
consideraciones de protección y sustitución en la toma de decisiones.
Afirmó que este sistema de toma de decisiones basado en apoyos, establecido
por el artículo 12 de la Convención, tiene por objetivo “aumentar la autonomía
de las personas con discapacidad, establecer el respeto hacia sus decisiones
y manifestaciones de voluntad”, lo que igualmente supone “la disminución
de los vínculos de dependencia hacia personas que ejercían la tutela o curatela
(y por esta vía sustituían la decisión de la persona titular en derecho)”.
Indicó que la introducción de este nuevo modelo de ejercicio de la capacidad
jurídica basado en el apoyo, supone un gran reto para los sistemas
judiciales, los cuales deben proporcionar a las personas con
discapacidad las medidas de apoyo que, de acuerdo con sus circunstancias
concretas, puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad
jurídica y el desarrollo de su autonomía y autodeterminación.
Adujo que la implementación de esta nueva concepción del ejercicio
de la capacidad jurídica de los hasta ahora considerados “incapaces”,
implicará un diseño cuidadoso del sistema en sí mismo
que establezca en qué consiste la figura de apoyos y de qué
forma pueden graduarse de acuerdo con las diferentes circunstancias.
En cuanto al caso concreto, resaltó algunos apartes de la decisión del juez de
primera instancia en el proceso de interdicción, haciendo alusión específica
a los medios probatorios en donde se puede advertir que Dora Elena Patiño
manifiesta el deseo de estar bajo los cuidados de su madre. Sobre este punto,
sostuvo que la voluntad de la accionante debe ser cumplida, “dado que si ella
conserva algo de conciencia como lo indicó el médico psiquiatra, verse en las
324 325

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
condiciones de que quedó a causa de la cirugía debe causar gran amargura y
si para sobrellevarla quiere estar al lado de su progenitora, no existe razón
para impedirlo, ni siquiera el vínculo sacramental y civil que la une con
el señor José Elías Arango González es óbice para acceder a la súplica de la
persona con discapacidad, antes por el contrario es obligación de todos los
que tengan acceso a ella, intentar hacerle más llevadera su situación actual”.
3.5. Universidad de los Andes, Programa de Acción por la Igualdad
y la Inclusión Social –PAIIS-
La Directora y algunos estudiantes de Derecho que conforman el Programa de
Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, presentaron el siguiente concepto:
Iniciaron realizando unas breves consideraciones acerca de la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En concreto,
señalaron que en el caso bajo estudio se presentó un defecto fáctico,
por cuanto la declaración de la señora Dora Elena debió ser
tenida en cuenta por parte del juez a la hora de tomar una decisión.
Posteriormente, explicaron la evolución de la concepción de discapacidad y
el reconocimiento de la capacidad legal de las personas en esta condición, criticando
los modelos médico-rehabilitador y de prescindencia[2]. En sentido
opuesto, destacaron la adopción en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD) del modelo social de discapacidad, “reconociendo
la centralidad de los conceptos de dignidad, respeto por la voluntad
de la persona, autonomía, igualdad de oportunidades y no discriminación”.
Recordaron que la CDPD fue adoptada en Colombia a través
de la Ley 1346 de 2009, y su artículo 12 regula la capacidad legal
de las personas con discapacidad. En tal sentido, aclararon
que el concepto de capacidad legal tiene dos componentes: (i) la
capacidad de ser titular de un derecho y (ii) la capacidad de poder ejercerlo.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
persona con discapacidad cognitiva o psicosocial se le prive de la capacidad
para ejercer el derecho del que es titular y se declare la incapacidad
absoluta en todos los aspectos jurídicamente relevantes, implica un trato
discriminatorio contra ella, vulnerándose así sus derechos fundamentales
a la igualdad, a vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad, y a la habilitación y rehabilitación. Por tanto, consideraron
que a Dora Elena Patiño se le está quebrantando el derecho a ser reconocida
como persona y a que se le de validez a sus deseos y expresiones.
Así entonces, adujeron que, en últimas, a pesar de que la interdicción
tiene por finalidad proteger a las personas con discapacidad, lo
que realmente logra es crear una barrera para que estas puedan tomar
sus propias decisiones y la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica.
Como alternativas a la interdicción, figura que critican porque impide el
reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad, plantearon
que debe apuntarse, inclusive a nivel legislativo, hacia la adopción
de un modelo consistente en la toma de decisiones con apoyo, mecanismo
mediante el cual “la persona con discapacidad tiene derecho a
tomar sus propias decisiones, pudiendo consultar y pedir asistencia al
respecto, sin que ello implique que la decisión deje de ser suya”. Por ello
consideraron que antes que la protección al patrimonio, los jueces deben
tener en cuenta que “hoy se busca fomentar el reconocimiento de
los más altos niveles de autonomía de la persona con discapacidad para
que se respete su voluntad y no se sustraiga su capacidad para decidir”.
También manifestaron que en el presente caso hay discriminación tanto
por motivos de discapacidad como por el hecho de que la accionante es mujer,
debido a que la sentencia atacada está basada en prejuicios de género. Al
respecto, destacaron que los sesgos de género sobre el matrimonio pueden
llevar a considerar al fallador que en virtud de estos vínculos jurídicos la
curaduría debe estar en cabeza del cónyuge de la persona con discapacidad.
En cuanto a la interdicción, regulada actualmente por el artículo 25 de
Finalmente, concluyeron que, para el caso concreto, “la capacidad legal
la Ley 1306 de 2009, indicaron
que al permitir que la
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
no debe patologizarse por medio de un diagnóstico médico, se tiene que
lograr entender cuál es (su) experiencia de vida que deriva en formas diversas
de interactuar con el entorno. En otras palabras, la persona y sus
derechos no desaparecen: su dignidad, autonomía, voluntad siguen siendo
las mismas; los derechos prevalecen sobre su condición de discapacidad”.
3.6. Universidad Nacional de Colombia, Programa de Maestría
en Discapacidad e Inclusión Social
La Coordinadora Académica de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social
de la Universidad Nacional, considerando la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, las leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013, sostuvo que:
- Teniendo en cuenta los signos de “afasia” y otros desórdenes neurológicos
reportados, considera conveniente y potestativo de esta Corporación
contar, para el caso de la demandante, con el diagnóstico diferencial por
parte de Neuropsicología y del Fonoaudiología, a efectos de que ayuden a
brindar los “ajustes razonables” requeridos para optimizar su comunicación.
- Es necesario considerar la vulnerabilidad de los derechos de la demandante,
especialmente, en lo relacionado con la toma de decisiones
con apoyo de su núcleo familiar original (padre y madre).
- Es necesario considerar la voz de la demandante.
- Dados los constantes informes de sospecha de maltrato y abuso, sugiere hacer
un seguimiento periódico con el fin de asegurar su bienestar físico y psicológico.
3.7. Universidad del Rosario, Grupo de Investigación en
Derechos Humanos
Los integrantes de dicho grupo de investigación de la Universidad
del Rosario expusieron las siguientes consideraciones:
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Para comenzar, describieron las normas relevantes al caso concreto, destacando
los artículos 13 y 47 de la Constitución Política, las leyes 361 de 1997 y 1618
de 2013[3]. En el mismo sentido, resaltan varias disposiciones internacionales
relacionadas con la protección de las personas en situación de discapacidad,
como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad[4], la Observación
General No. 5 del Comité DESC[5] y los Principios para la Protección de las
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental[6].
Luego de un extenso recuento normativo, realizaron algunos aportes
para la solución del caso concreto. En tal sentido, sostuvieron que
la señora Dora Elena presenta una doble situación de vulnerabilidad,
debido a su condición de persona con discapacidad y por el hecho
de ser mujer. Igualmente, advierten sobre la importancia que tiene
para las personas con discapacidad el hecho de que puedan tomar
sus propias decisiones, las cuales deben ser respetadas por el Estado.
Expuesto lo anterior, se refirieron a la sentencia atacada por vía de tutela,
especialmente, a las razones del Tribunal para negar la guarda de Dora
Elena a su madre, basado en el argumento de preservar la unidad familiar.
Sobre ello, señalaron que “no es procedente usar como argumentos de forma
valida, el derecho fundamental a tener una familia y no ser apartado
de ella, que poseen los menores, para que, aprovechando su calidad de sujetos
especialmente protegidos, se pretenda obligar a uno de los cónyuges
a permanecer conviviendo con el otro, cuando le asisten razones justificadas
para no hacerlo, más aún en el eventual caso de que sus derechos fundamentales
se vean vulnerados por tal proceder; sin embargo, no resulta
conforme a derecho, que se le prive a los menores de la compañía de sus
progenitores, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para asegurar
la unidad familiar, entendida como la creación de espacios aptos para
el desarrollo normal de las relaciones entre cada progenitor y su prole”.
Con base en lo anterior, solicitaron a esta Corporación que se ordene
al Tribunal accionado diseñar un plan orientado a garanti-
328 329

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
zar los derechos fundamentales de la señora Dora Elena Patiño.
3.8. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
del Rosario
La Directora del Programa de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
del Rosario, inició su escrito realizando un breve recuento de los hechos que
dieron origen a la presente acción de tutela. Con base en ello, describió las normas
sobre la protección de las personas en situación con discapacidad mental.
Posteriormente, al analizar parte de la entrevista que durante el proceso
de interdicción se le realizó a Dora Elena, llegó a la conclusión de que ella
es clara en manifestar en donde desea estar y quien desea que la cuide,
así como el temor que siente por su esposo y otros familiares de este. Por
tanto, consideró que debía respetársele la decisión de querer vivir con su
madre. También cuestionó la labor del esposo de Dora Elena como curador,
en el sentido de que su representación no refleja el bienestar de ella.
De otra parte, en cuanto al argumento del Tribunal relacionado con la imposibilidad
de tomar en cuenta el querer de Dora Elena por cuanto representaría
la ruptura de la unidad familiar, sostuvo que si bien la Constitución
Política reconoce que los derechos de los niños prevalecen sobre los
demás, también consagra la especial protección de las personas con discapacidad
debido a su estado de vulnerabilidad. Por ello, advirtió que este
razonamiento del Tribunal es inadecuado pues tanto sería como afirmar
que las mujeres sometidas a maltrato por sus parejas deberían permanecer
en sus hogares expuestas a todo tipo de riesgos en aras de la unidad familiar
4. CONSIDERACIONES
4.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, con
base en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
9° de la Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado
en el proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud
de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto
verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
4.2. PROBLEMA JURÍDICO
Conforme los antecedentes descritos, la Sala debe verificar, primero,
si se reúnen los requisitos formales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Superado el anterior
análisis, debe entonces resolverse el siguiente problema jurídico:
- ¿Vulnera la entidad judicial accionada los derechos fundamentales a la
autodeterminación y a la dignidad humana de Dora Elena Patiño, al no
dar validez a su manifestación de voluntad respecto de querer estar bajo
los cuidados de su madre con ocasión de la enfermedad mental que padece?
En orden a solucionar el problema, la Sala reiterará, primero, la jurisprudencia
sobre los requisitos generales y específicos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; segundo,
analizará la protección de las personas con discapacidad en el marco
jurídico internacional y local, especialmente, en lo relacionado a su derecho
a la capacidad jurídica y, finalmente, resolverá el caso concreto.
4.3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE
TUTELAS CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. REI-
TERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Con ocasión de la revisión de constitucionalidad del artículo 185
de la Ley 906 de 2004, contentiva del Código de Procedimiento Penal,
revisión surtida mediante Sentencia C-590 de 2005[7], esta Corporación
tuvo oportunidad de sistematizar y unificar la jurisprudencia
relativa a los requisitos de procedencia y a las razones o
motivos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
330 331

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
intentada contra providencias judiciales, la Corte señaló los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[8].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[9]. De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo
de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[10]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[11]. No obstante, de
acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[12]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[13]. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.” (Subrayas fuera del original)
De igual manera, en esta misma sentencia (C-590 de 2005) se establecieron,
además de los requisitos generales, las causales de procedencia especiales
o materiales de la acción de tutela contra una providencia judicial:
“25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda
una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar
la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado
la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que
se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
332 333

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[14] o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
“f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
“g.. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[15].
“h. Violación directa de la Constitución.” (Subrayas fuera del original.)
La Sentencia en comento también explicó que los anteriores vicios, que
determinan la procedencia la acción de tutela contra decisiones judiciales,
“involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
que afectan derechos fundamentales.” Añadió que esta evolución de la doctrina
constitucional había sido reseñada de la siguiente manera por la Corte:
“(E)n los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia
constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la
acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado
a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la
acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que
esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una
“violación flagrante y grosera de la Constitución”, es más adecuado utilizar
el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que
el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa) se describe la evolución presentada de la siguiente manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en
el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia
constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho
y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de
vía de hecho. Actualmente no ‘(...) sólo se trata de los casos en que el juez
impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento,
sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin
argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado
que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades
discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad
hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está
condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’[16] En
este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(...) el uso con-
334 335

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’
Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos...
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de
la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la
actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el
juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia
de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:
(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico;
(iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento
del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”[17]”[18]” [19]
Es decir, siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos una de
las causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es
procedente ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional para solicitar
la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
4.4. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS PERSO-
NAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL
Antes de abordar el tema concreto de la protección constitucional de las
personas con discapacidad, la Sala considera pertinente desarrollar el marco
jurídico internacional relacionado con el tema, pues desde el punto
de vista cronológico ha sido el derecho internacional público el que inicialmente
ha regulado los aspectos fundamentales para la garantía de los
derechos de este grupo poblacional. Luego de ello, la Sala presentará la
legislación colombiana que regula este mismo asunto y el desarrollo jurisprudencial
que ha tenido, especialmente, frente al caso específico de la
capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad mental.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
4.4.1. Marco jurídico internacional
4.4.1.1 En 1971 se proclamó la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental,
y unos años más tarde, en 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la Declaración de los Derechos de los Impedidos[20]. El propósito de estos
instrumentos era proteger los derechos de los discapacitados mentales para
que puedan “disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena posible”[21].
De acuerdo con esta Declaración, toda persona en condición de discapacidad
tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos. Así
mismo, en razón a su condición debe ser protegido contra toda discriminación
o trato degradante y debe poder contar con “asistencia letrada jurídica competente”,
indispensable para la protección de su persona y de sus bienes y, en
caso de ser objeto de acción judicial, “deberá ser sometido a un procedimiento
justo que tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales”.
4.4.1.2. Por otra parte, en el Sistema Interamericano de Derecho Humanos,
la OEA adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad,
que reiteró el compromiso internacional de los Estados parte en garantizar
la adopción de las medidas de carácter legislativo, social, educativo,
laboral o de cualquier otra índole, para eliminar plenamente
cualquier forma de discriminación contra las personas con discapacidad.
Dicha Convención entiende por “discapacidad” “una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria,
que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.
4.4.1.3. Posteriormente, la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad[22] (En adelante la CDPD), adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, aprobada
en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009 y declarada exequible
por la Corte Constitucional en sentencia C-293 de 2010[23], reúne las ga-
336 337

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
rantías fundamentales que deben brindar todos los Estados vinculados
para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Al respecto, vale destacar que este instrumento representa la adopción normativa
del modelo social de la discapacidad, estableciendo una nueva forma de
entender este concepto, que busca tanto igualar las condiciones de las personas
con discapacidad como fortalecer su participación plena, eliminando barreras.
De acuerdo con dicho modelo, la discapacidad se genera por las barreras
propias del contexto en donde se desenvuelve la persona, por lo que resulta
necesario asegurar adecuadamente sus necesidades dentro de la organización
social. Así, pretende aminorar dichos límites sociales de modo
que se puedan prestar servicios apropiados que aseguren que las necesidades
de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración[24].
Lo anterior se refleja en la CDPD, al reconocer que “la discapacidad es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás”[25].
En tal sentido, su artículo 3º señala los principios rectores de la materia: (i)
el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
(ii) la no discriminación; (iii) la participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad; (iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; (v)
la igualdad de oportunidades; (vi) la accesibilidad; (vii) la igualdad entre el
hombre y la mujer; y (viii) el respeto a la evolución de las facultades de los
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Por ser relevante para el caso bajo estudio, debe resaltarse el aspecto referido
a que las personas con discapacidad tienen el derecho a su reconocimiento
de la personalidad jurídica. En complemento de lo anterior,
la CDPD señala que los Estados partes asegurarán que en todas las
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se brinden salvaguardias
adecuadas y efectivas para impedir los abusos, las cuales, deberán
asegurar que las medidas referidas a la capacidad jurídica “respeten
los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas (…)”[26].
De igual modo, consagra que los Estados deben velar porque las personas
con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica, ante lo cual, en las
medidas que versen sobre dicho tema se deberán respetar sus derechos,
su voluntad y las preferencias de la persona, se buscará que no exista
conflicto de intereses ni influencia indebida, las medidas deberán
ser proporcionales y adaptadas a la persona, se aplicarán en el plazo más
corto posible y estarán sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad
o un órgano judicial competente, independiente e imparcial[27].
De acuerdo con lo anterior, es claro que el modelo social adoptado por
la CDPD y sus postulados no se quedan en el plano meramente doctrinal,
sino que poseen una fuerza vinculante que se ha reflejado en nuestro
ordenamiento al haberse adoptado mediante la Ley 1346 de 2009.
4.4.2. Marco jurídico constitucional y legal colombiano
4.4.2.1. El artículo 13 Superior consagra que en Colombia todas las personas
son iguales ante la ley, razón por la cual, merecen el mismo trato
y protección por parte de las autoridades, prohibiendo cualquier tipo
de discriminación. Allí mismo, el Estado asume la responsabilidad de
proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física y mental, se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, sancionando los abusos que puedan cometerse contra ellos.
En concordancia, el artículo 47 ibídem consagra el deber constitucional
de adelantar una política de previsión en aras de rehabilitar y reintegrar
socialmente a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
4.4.2.2. En desarrollo de estos preceptos constitucionales, el legislador expidió
la Ley 361 de 1997[28], la cual, según se lee en su artículo 3º, está inspirada en “la
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
normalización social plena y la total integración de las personas con limitación”.
Asimismo, mediante la Ley 762 de 2002, adoptó la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, antes referida.
Posteriormente, se profirió la Ley 1306 de 2009[29], en la cual
se consagró el régimen jurídico para las personas con discapacidad
mental. Sobre esta norma la Sala hará un desarrollo posterior.
Por esa misma época, el legislador expidió la Ley 1346 de 2009, mediante la cual
aprobó la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Finalmente, de manera reciente, el Congreso profirió la Ley 1618
de 2013, cuyo objetivo es “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo
de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción
de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables
y eliminando toda forma de discriminación por razón de
discapacidad”, todo ello, en concordancia de la Ley 1346 de 2009.
4.4.3. El derecho a la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad mental
4.4.3.1. La Ley 1306 de 2009 supuso una actualización normativa frente a la
protección de las personas con discapacidad mental y su régimen de representación
legal, a efectos de acompasar el tema con la realidad constitucional
vigente y la perspectiva de los diversos instrumentos internacionales
atrás mencionados pero, especialmente, con la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Con ella, se sustituyó íntegramente
los títulos XXII y XXXV del Código Civil colombiano (artículos 428 a 632).
En la exposición de motivos de la referida ley se señaló la necesidad de enfocar
la normatividad conforme la visión moderna de la ciencia respecto de los
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
sujetos con trastornos mentales, de manera que se ajuste a sus necesidades
personales, “brindándoles el espacio para su actuación correlativo a su capacidad
intelectual, sin poner en riesgo sus intereses y los de la sociedad”[30].
Allí también se aclaró que quienes padezcan algún tipo de discapacidad
mental permanente tendrían que seguir siendo asimilados por el sistema
jurídico como no aptos para tomar decisiones jurídicas, es decir, seguirán
limitados en su capacidad de ejercicio. Sin embargo, partiendo de los lineamientos
de la ciencia actual, se consideró que la sustracción del individuo
“no debe convertirse en una rígida cortapisa que llegue a ser contraproducente
con los intereses del discapacitado”. Por tanto, a partir de esta norma:
“Se abre entonces la puerta para que algunos actos de la persona con
discapacidad mental interdicta tengan aptitud jurídica cuando le
sean beneficiosos, de modo que si ha consentido por algo que lo beneficie,
se pueda dar firmeza a ese acto, e incluso se presume la sanidad de
la voluntad en estos eventos partiendo del hecho que su padecimiento
no llega hasta el punto de no reconocer lo que le es perjudicial”[31].
A lo anterior se agregó:
“No se trata de dar capacidad a la persona con discapacidad mental,
sino de establecer unas pocas y sanas excepciones en beneficio tanto
de los intereses de la persona con discapacidad como de la sociedad”[32].
4.4.3.2. La Corte Constitucional ya se había referido a la necesidad de garantizar
el derecho al debido proceso de las personas en situación de discapacidad
mental, especialmente de aquellas respecto de quienes se solicita
la interdicción, reconociendo que no por el hecho de estar bajo esa condición
debía afirmarse la incapacidad para discernir sobre lo que le es conveniente
o no, pues no todas las enfermedades mentales anulan la consciencia
del individuo y algunas permiten un cierto grado de razonamiento.
4.4.3.3. Así por ejemplo, en la sentencia T-1103 de 2004[33], la Corte Cons-
340 341

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
titucional revisó la acción de tutela interpuesta por una ciudadana contra
la providencia judicial que decretó su interdicción provisional, la cual había
sido solicitada por sus hermanas, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso toda vez que el juez de conocimiento no
ordenó notificarle personalmente el decreto de la interdicción provisoria,
por cuanto la providencia fue notificada por estado y, además, fue adoptada
sin contar con el respectivo certificado médico que le sirviera de soporte.
La Corte expresó en esa oportunidad que los jueces de familia no podían
admitir una demanda de interdicción por demencia sin ser
anexado el respectivo certificado médico actualizado, so pena de incurrir
en una vía de hecho. Aseveró que ello no constituye una mera
formalidad sino que configura un soporte probatorio insustituible
para el juez y es una garantía fundamental para el demandado.
En relación con la condición mental de la persona respecto de la cual se solicita
la interdicción, la Corte señaló que el certificado médico debe ser reciente,
al ser común que las enfermedades mentales evolucionen e, incluso, puedan
curarse o puedan ser tratados sus síntomas mediante el suministro de medicamentos,
“sin que la persona tenga que ser sometida a internación en un
centro de reposo y sin que pierda realmente las facultades de discernimiento”.
Sobre la necesidad de informar a la persona demandada sobre el proceso
iniciado en su contra, la Corte manifestó la importancia que
tiene garantizar el derecho de defensa incluso para los enfermos
mentales, pues no toda condición de esta clase impide al paciente comprender
permanentemente la realidad, para lo cual el juez debe apoyarse
en el certificado médico a efectos de decidir si, en el caso concreto,
del demandado comprenderá o no el sentido de la notificación.
Hechas estas consideraciones, la respectiva Sala revocó la sentencia
de segunda instancia y confirmó la primera en tanto esta sí había tutelado
del derecho fundamental de la accionante al debido proceso.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
4.4.3.4. En similar sentido, mediante sentencia T-492 de 2006[34], esta Corporación
revisó la solicitud de tutela interpuesta por la madre de una mujer
afectada por el Síndrome de Down que se encontraba en estado de embarazo.
El médico que hacía seguimiento a su caso, ordenó realizarle cesárea y
Pomeroy, que consiste en ligar las trompas de Falopio a fin de evitar nuevos
embarazos. Sin embargo, para llevar a cabo tal procedimiento necesitaba
de previa autorización judicial. En razón a ello, la madre de la mujer embarazada
solicitó al juez de tutela que ordenara la realización del Pomeroy.
En el análisis del caso, la Corte estableció que, en principio, la madre de la
mujer discapacitada estaba legitimada para actuar como su agente oficiosa,
pero, dada la finalidad con que ejercía tal agencia, era necesario que se configuraran
otros supuestos. El primero de ellos consistía en la necesidad de adelantar
previamente el proceso de interdicción judicial y discernimiento de
guarda, a efectos de comprobar judicialmente que la persona incapaz efectivamente
lo es y allí mismo le fuere asignada su representante legal. El segundo
se centra en que habiendo obtenido la guarda y representación legal
a través del proceso de interdicción, se solicite, mediante proceso distinto,
la autorización judicial del procedimiento quirúrgico de esterilización definitiva.
Así entonces, una vez declarada la interdicción, nombrado el representante
legal y obtenido el permiso judicial para ordenar la intervención
quirúrgica, es que el guardador puede acudir a la acción de tutela para buscar
la protección de los derechos fundamentales del discapacitado mental.
Con fundamento en estas consideraciones, la Corte concluyó (i) que la
acción de tutela no era el procedimiento específico para lograr la autorización
judicial de esterilización definitiva de una mujer incapaz, pues
existen trámites judiciales específicos previos para ello, y (ii) que quien
pretenda por medio de la acción de tutela que se haga efectiva la práctica
de un procedimiento quirúrgico definitivo, debe ser el representante
legal de la incapaz a esterilizar y, además, haber obtenido el permiso judicial
para ello, incluida la orden del médico tratante de la respectiva EPS.
En esa oportunidad, también consideró necesario llevar a cabo los proce-
342 343

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dimientos diseñados por el legislador para la protección de las personas
con discapacidad mental, lo cual obedece a dos razones fundamentales: (i)
determinar su nivel de autonomía y (ii) establecer la medida o medidas
de protección alternas o complementarias que se acomodan a su especial
situación personal, familiar y social, esto último, debido a que “no siempre
los niveles de autonomía de las personas con incapacidades son iguales,
ni siempre son irreversibles”, pues tales incapacidades admiten grados
que pueden ser más o menos leves, “y comprometiendo en mayor o menor
medida al posibilidad de un comportamiento autónomo en el manejo
de la propia sexualidad y en la posibilidad de optar por la maternidad”.
Del caso descrito, la Sala resalta que la Corte Constitucional justifica la necesidad
de acudir previamente a dichos procedimientos judiciales para conocer
con certeza el grado de incapacidad de la persona respecto de quien
se solicita la interdicción, pues mal haría el juez de tutela ordenar la realización
de ciertos procedimientos sin estar probado suficientemente la falta
de autonomía del sujeto pasivo de la acción, ya sea porque en situaciones
de discapacidad mental existen tratamientos adecuados que permiten conservar
cierto nivel de autodeterminación para efectos de poder decidir sobre
situaciones que puedan afectar la dignidad de la persona o, también,
porque no todas las enfermedades mentales son de carácter irreversible.
Así entonces, la Corte dejó claro que nadie podía abrogarse autónomamente
la facultad de representar a otros alegando su incapacidad, puesto que la
capacidad de las personas se presume legalmente, de conformidad con el
artículo 1503 del Código Civil[35]. Para ello, el legislador diseñó procesos judiciales
específicos dentro de los cuales debe demostrarse plenamente la incapacidad
mental de la persona. Tras comprobarse en ese caso que la madre
de la mujer con síndrome de down no había acreditado ser su representante
legal como resultado de un proceso de interdicción previo y tampoco contaba
con el permiso judicial para llevar a cabo la intervención quirúrgica de
ligadura de trompas, la Corte revocó la sentencia de tutela que había concedido
la protección de los derechos fundamentales y la declaró improcedente.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
4.4.3.5. Además de las conclusiones que puedan extraerse de esta última sentencia,
alrededor de la protección de los derechos reproductivos de mujeres
con discapacidad mental, de toda la jurisprudencia descrita también cabe
concluir lo siguiente: en los procesos judiciales de interdicción cobra especial
relevancia analizar el grado de autonomía del presuntamente incapaz, pues
en función de ello es que deben adoptarse las medidas que se consideren
más adecuadas por parte del juez para lograr la garantía de sus derechos
fundamentales. Así entonces, aunque se trate de una persona mentalmente
disminuida, su personalidad jurídica no debe ser anulada por ese simple
hecho, sino que cualquier opinión que pueda permitirse emitir según el
nivel de su enfermedad, debe ser valorada razonablemente por las autoridades
judiciales. Por tanto, la cuestión frente a los derechos de los discapacitados
mentales en los procesos de interdicción tiene un matiz que va
más allá de la mera vinculación formal a través de su notificación, centrándose
ahora en la forma en que deben ser valoradas sus manifestaciones
de voluntad en la medida que la respectiva enfermedad se lo permita.
En esa medida, es preciso que se procure el acompañamiento permanente
del entorno social del paciente en aras de lograr su habilitación, tal como lo
estableció el Informe Sobre Salud Mental en el Mundo, elaborado por la Organización
Mundial de la Salud en el año 2001, donde se señaló lo siguiente:
“La atención de salud mental no sólo debe ser local y accesible, sino
que también debe responder a las múltiples necesidades de los pacientes.
Su objetivo final debe ser la habilitación, y debe emplear técnicas
de tratamiento eficientes que permitan a los enfermos mentales
mejorar sus aptitudes de autoayuda, poniendo a contribución el
entorno informal familiar y social junto a mecanismos de apoyo formales”
Lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Ley 1306 de 2009,
los cuales pregonan la independencia y autonomía de las personas con discapacidad
mental en los asuntos sobre los cuales esté en la capacidad de decidir.
344 345

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
4.4.3.6. Sobre la interpretación de estos parámetros internacionales de protección
a las personas en condición de discapacidad mental, resulta ilustrativo
citar el caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de México[36], frente al recurso de amparo interpuesto por Ricardo Adair
Coronel. Este joven es una persona adulta con discapacidad intelectual (síndrome
de Asperger) que vive bajo la tutela de sus padres debido a que hace
cinco años fue sometido a un juicio de interdicción del cual nunca fue informado.
De acuerdo con la legislación mexicana, este juicio es un mecanismo
legal mediante el cual se priva a una persona de su facultad de tomar
decisiones, designando un tutor que adopta cualquier decisión en su lugar.
Por tal motivo, en el año 2011, Ricardo inició un juicio de amparo indirecto
en el que solicitó que se declarara inconstitucional, entre otros, los
artículos 23 y 450 fracción II del Código Civil para el Distrito Federal,
que regula el estado de interdicción. En concreto, Ricardo y sus abogados
alegaron que el estado de interdicción restringe totalmente su capacidad
jurídica, lo priva del derecho de tomar sus decisiones designándole un representante,
en lugar de apoyarlo a que tome las decisiones él mismo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México consideró que los artículos
del Código Civil del Distrito Federal, que regulan los aspectos propios
de la capacidad jurídica de las personas, debían ser interpretados a la luz del
artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
Por ello, con base en el modelo de asistencia de toma de decisiones
propuesta en dicho instrumento, amparó el derecho que Ricardo Adair tenía
a tomar sus propias decisiones, para lo cual el juez deberá tener en cuenta la
verdad material de sus discapacidad y, en esa medida, determinar el alcance
de sus decisiones y permitir que “la persona con discapacidad externe su opinión
sobre el juicio correspondiente. Sin embargo, la participación de tal persona
no se deberá limitar a lo anterior, sino que además, es fundamental que
el juzgador tenga contacto directo con la misma, esto es, la evaluación directa
del juzgador es un elemento clave en las diligencias correspondientes”[37].
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
4.4.3.7. En conclusión, la Sala encuentra entonces que a partir del paradigma
establecido por los diversos instrumentos internacionales, en torno
al deber de los Estados de brindar un trato igualitario y digno a las personas
en condición de discapacidad, rechazando todo acto discriminatorio
con ocasión de su afectación, el legislador colombiano ha ido a la par
de dichas prerrogativas, adoptando cada una de ellas mediante diversas
leyes, como la 1046 y 1306 de 2009, y la reciente 1618 de 2013, considerando
importante establecer un modelo de inclusión social para levantar
las barreras a las que siempre ha estado sometida dicha población.
Sobre este nuevo modelo social, la CDPD señala en su preámbulo
que la concepción de discapacidad evoluciona y que resulta
de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo, de manera particular, es preciso destacar que, en relación
con las personas con discapacidad mental, la Ley 1306 de 2009 incorporó
taxativamente al ordenamiento colombiano el derecho que ellos
tienen a que se les respete la voluntad y autonomía, considerando importante
escuchar sus opiniones en torno a lo que les conviene o no.
5. CASO CONCRETO
5.1. BREVE RESUMEN DE LOS HECHOS
La señora Marina Amariles, actuando como agente oficiosa de su hija
Dora Elena Patiño, interpuso acción de tutela en contra de la sentencia
proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, Sala
Tercera de Decisión de Familia, por considerar que vulneró los derechos
fundamentales de esta a la autodeterminación y a la dignidad humana,
toda vez que descartó por completo su manifestación de voluntad respecto
de querer estar bajo los cuidadnos de la madre, situación que la autoridad
judicial accionada no valoró por cuanto debía prevalecer la unidad
346 347

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
familiar entre la persona interdicta, su esposo y sus hijos, y, además, porque
su condición mental le impedía entender y determinarse a sí misma.
Así entonces, la madre de Dora Elena solicitó al juez de tutela que ordenara
al Tribunal accionado confirmar la decisión del a quo dentro del
proceso de jurisdicción voluntaria iniciado contra esta, en el cual se
había respetado su decisión estar bajo los cuidados de ella en calidad
de madre, nombrándola como guardadora y, por otro lado, otorgando
la curaduría al esposo de su hija, aspecto con lo cual está de acuerdo.
En decisión de única instancia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
negó el amparo solicitado por la accionante, al considerar que no existió por
parte del Tribunal algún error o equivocación protuberante que desconociera
los derechos fundamentales de la accionante. No obstante, solicitó el agente
del Ministerio Público adscrito al Juzgado 1º de Familia de Itagüí vigilar
el cuidado que como guardador ejerce el esposo de Dora Elena. En cuanto a
la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, aseveró que la señora
Marina Amariles desaprovechó el recurso de apelación ante el juez de segunda
instancia a efectos de poder rebatir las pruebas del procesos ordinario y
demostrar que el esposo de su hija no era apto para ejercer como guardador.
Igualmente, señaló que puede solicitar la remoción de este ante el mismo
juez de primera instancia, en virtud del artículo 111 de la Ley 1306 de 2009.
Conforme lo reseñado, la Sala debe entrar a determinar si el Tribunal
Superior de Medellín vulneró los derechos fundamentales a la autodeterminación
y a la dignidad humana de Dora Elena Patiño, al no dar
validez a su manifestación de voluntad respecto de querer estar bajo los
cuidados de su madre con ocasión de la enfermedad mental que padece.
Para ello, la Sala deberá verificar en primer lugar si se reúnen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De ser así, evaluará entonces si la autoridad judicial accionada ha incurrido
en alguno de los defectos señalados por la jurisprudencia constitucional.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
5.2. ANALISIS DE LOS REQUISITOS GENERALES DE
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
5.2.1. Relevancia constitucional del caso bajo estudio
En tanto se refiere a los derechos fundamentales de una persona en situación
de discapacidad mental y la presunta vulneración de los mismos por
parte de una autoridad judicial en el marco de un proceso ordinario, la Sala
considera que el presente asunto reviste clara relevancia constitucional.
5.2.2. Agotamiento de todos los recursos ordinarios
de defensa de los derechos fundamentales
En este sentido es preciso recordar que al resolver la acción de tutela en única
instancia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia adujo
que la señora Marina Amariles había desaprovechado el recurso de apelación
para demostrar la falta de idoneidad del esposo de su hija como curador.
Para la Sala, el problema de la anterior afirmación es que la señora Amariles
consideró apropiada la decisión del a quo dentro del proceso ordinario
de jurisdicción voluntaria, pues allí fue designada como guardadora
de su hija, decisión con la que estuvo de acuerdo. Por tanto, no
puede atribuírsele negligencia alguna respecto del uso del recurso de
apelación, dado que no resultó perjudicada con la decisión del a quo.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud que puede hacer para que el juez remueva
al esposo de su hija como guardador, en virtud del artículo 111
de la Ley 1306 de 2009, la Sala considera que si bien existe esta posibilidad,
el problema que ahora resulta relevante es la vulneración de los derechos
fundamentales de Dora Elena Patiño en razón a que a pesar de
manifestar querer estar bajo los cuidados de su madre, la misma solicitud
no fue tenida en cuenta por el Tribunal, mientras que la norma citada
se refiere a los eventos en que un guardador debe ser removido, es
decir, el asunto aquí debatido no tiene que ver con la calidad del guarda-
348 349

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dor sino con la aceptación o no por parte del juez de la manifestación de
la voluntad del discapacitada y cómo ello puede incidir en sus derechos
fundamentales. Por tanto, no considera esta Sala que ese sea un mecanismo
idóneo para garantizar los derechos fundamentales de la accionante.
5.2.3. Inmediatez en la interposición de la acción
En este aspecto, la Sala observa que la acción de tutela fue interpuesta
el 24 de febrero de 2014, y el Tribunal Superior de Medellín profirió
la decisión de segunda instancia el 19 de diciembre de 2013,
transcurriendo poco más de un mes entre estas dos fechas, tiempo
que se considera prudente y oportuno para el ejercicio del amparo.
5.2.4. Injerencia de una irregularidad procesal en la providencia atacada
Dicho requisito no es necesario analizarlo en este caso, por cuanto no
se alega ninguna irregularidad procesal por parte de la accionante.
5.2.5. Identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración y
los derechos considerados vulnerados
La señora Marina Amariles, agente oficiosa de Dora Elena Patiño, identifica
claramente las razones por las cuales considera que el Tribunal Superior
de Medellín incurrió en un defecto fáctico al indicar que no se tuvo
en cuenta la voluntad de su hija al manifestar querer ser cuidada por
ella, teniendo en cuenta la situación de discapacidad mental que padece.
5.2.6. La sentencia atacada no debe ser de tutela
En efecto, no se trata de una sentencia de tutela, pues el fallo
atacado por esta vía corresponde al proferido en segunda instancia
por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso
de jurisdicción voluntaria iniciado por José Elías Arango para
solicitar la declaratoria de interdicción de Dora Elena Patiño, su esposa.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Al encontrar que la presenta acción de tutela reúne los requisitos generales de
procedencia y la actuación cuestionada es un providencia judicial, pasa ahora
la Sala a determinar el posible defecto en que incurrió la autoridad accionada.
5.3. ANALISIS DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA ACCIONANTE
Advierte la Sala que en el escrito de tutela la señora Amariles, en su calidad
de agente oficiosa de Dora Elena Patiño, manifestó que el Tribunal
accionado había incurrido en una vía hecho, sin embargo, no
identificó ni atribuyó algún tipo de defecto específico a la providencia
cuestionada. No obstante, la Sala infiere que se trata de un defecto fáctico,
pues esencialmente lo que cuestiona la accionante es el no haberle
dado el valor probatorio que se merece a la manifestación de voluntad
de su hija, pues para ella era claro que quería estar bajo sus cuidados.
5.3.1. Configuración de un defecto fáctico por desconocimiento de la manifestación
de la voluntad de una persona en situación de discapacidad mental
Conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia, el marco
jurídico aplicable a los procesos de interdicción, acorde con los instrumentos
internacionales previstos para la protección de los derechos
de las personas con discapacidad y, especialmente, aquellas que
padecen algún tipo de enfermedad mental o cognitiva, esta Sala considera
que el Tribunal Superior de Medellín incurrió en un defecto fáctico
al omitir la manifestación de voluntad de Dora Elena Patiño, en el
sentido de querer estar bajo el cuidado de su madre, Marina Amariles.
En relación con los procesos de interdicción, es claro para la Sala que el
legislador no desconoce que algunas situaciones especiales relacionadas con
la discapacidad mental, deben ser abordadas en respeto de los derechos fundamentales
del individuo sometido a interdicción. Así lo hizo ver esta Corte
al citar algunos fragmentos de la exposición de motivos de la Ley 1306 de
2009, en donde claramente se observa la intención del legislador de respetar
350 351

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la autonomía de las persona en situación de discapacidad mental cuando su
condición le permita hacerlo. Allí mismo se indicó que esta norma pretendía
introducir al ordenamiento jurídico colombiano todas las garantías establecidas
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En sentido estricto, la Ley 1306 de 2009, artículo 3º establece los principios
que deberán tomarse en cuenta frente a la protección y la garantía
de los derechos de las personas con discapacidad mental, indicando en
su literal a) que deberá respetarse “su dignidad, autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia”.
Para sustentar lo anterior, la Sala considera necesario exponer, en primer lugar,
el análisis probatorio realizado por el Juzgado de 1º de Familia de Itagüí
al informe presentado por el perito psiquiatra y la asistente social a la señora
Dora Elena Patiño y, en segundo lugar, las valoraciones que sobre este tema
hizo el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión de Familia.
Pues bien, el 24 de septiembre de 2013, la asistente social adscrita a dicho
juzgado y el médico psiquiatra encargado de valorar la condición
médica de Dora Elena, presentaron el Informe de Visita y allí consignaron
el desarrollo de la entrevista realizada en la residencia de esta el 21
de septiembre del mismo año, documento en el cual se lee lo siguiente:
“Al entrar en comunicación con la pretendida interdicta, se pidió que las
personas que se encontraban en el lugar, desalojaran la habitación y se
dejó en este sitio a la progenitora de la misma; luego se dio inicio al conversatorio.
La señora Dora Elena se encontraba en su casa de enfermo y al
ser saludada, dio respuesta clara y concisa al saludo que se le dio, el Perito
Pisquitra le hizo algunas preguntas como:
¿Cómo se siente? En este instante irrumpió en llanto y dijo, tengo
miedo (...), tengo miedo, él me habla muy duro, se le averiguó quién
le habla duro y manifestó, ese señor, ese señor (...)
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
¿Cuál es tu nombre?, Respondió, Dora Elena
¿Qué día es hoy?, Respondió correctamente
¿Qué edad tiene usted? Manifestó tengo 34 años.
¿Dónde nació usted? Dijo que en Abejorral
¿Cuál es el número de su teléfono? Dio el número de su cédula
¿Cuál es su dirección? Indicó la dirección de la residencia de su mamá
¿Cuál es el nombre de sus hijos? Dijo Hellen y Stiven tienen 6 y
11 años
¿Cómo la tratan las personas que la cuidan? Adujo- Mal,
dos me tratan mal”.
mal (...) los
¿Quiénes son las personas que te tratan mal? Indicó Elías y la
hermana, Elías me manda a comer mierda.
¿Cómo la tratan sus hijos? Dijo que éstos la han tratado
bien.
¿Diga si su esposo la obliga a tener relaciones sexuales?, dijo si lo
hace, ya no tanto, pero que si lo hace (...) y no me gusta hacerlo.
lado y mani-
Se le preguntó si reconocía a la persona que estaba a su
festó es mi mamita, mi mamita y lloró de nuevo.
¿Con quién quiere vivir? Indicó, con mi mamá, con mi mamá y la
miraba fijamente.
Se le averiguó su aún estaba la cámara en la habitación, con la mirada
indicó que estaba al frente de ella, lo que afirmó también con
352 353

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
palabras y precisamente la cámara continúa en el mismo lugar
(arriba al lado derecho de la cenefa de la cortina que hay en la ventana
esa habitación (sic))
Después el Perito Médico Psiquiatra le preguntó por la alimentación que
había recibido en el desayuno, dijo, chocolate, arepa y huevo.
(...)
Usted ya se baño (sic), dijo que sí
CONCLUSIÓN
En esta visita se ha observado que la señora Dora Elena Patiño Amariles,
a pesar de sus precarias condiciones de salud, el día en que se dio cumplimiento
a la visita ordenada por el Juzgado, estuvo en condiciones de dar
respuestas claras y concisas a las preguntas que el Perito Médico Psiquiatra
y la Asistente Social le hicieron acerca de su situación.
Se vio a la señora Dora Elena durante el tiempo que duró la visita ansiosa
y nerviosa, la presencia de su señora madre le dio seguridad y confianza
para que (sic) responder las preguntas y expresar su inconformidad frente
al trato psicológico y verbal que ha venido recibiendo de las personas que
la han cuidado; se quejó del trato que le ha brindado su pareja, así mismo
ha expresado con súplica, el querer estar en la casa donde habitan sus
padres. Dora Elena siempre estuvo con la mirada fija al techo del lugar que
le fue adecuado como habitación”[38].
Vistos este y otros documentos probatorios[39] el Juzgado 1º de Familia de
Itagüí, con fundamento en el artículo 3º de la Ley 1306 de 2009, consideró
importante escuchar y valorar el deseo de Dora Elena Patiño de querer
estar bajo la guarda de su progenitora, pues consideró que esta era la mejor
forma de garantizarle una mejor calidad de vida.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Sobre este punto se destaca el siguiente análisis:
“Es por tanto válido lo afirmado por la familia de la discapacitada respecto
a que sí está consciente, pero es evidente que dicha conciencia como lo
señaló con precisión el perito psiquiatra es tan sólo por momentos cortos y
para preguntas no complejas, pero no podría ella determinar asuntos cruciales
sobre la administración de sus bienes ni mucho menos puede resolver
problemas, su conducta es limitada, sin que se pierda de vista que ello no le
resta importancia a lo que exprese, es decir, se demostró en las pruebas que
pese a que evidentemente aquella no es la persona que solía ser, no por eso
está enajenada totalmente de su vida y no sabe que ocurre con ella, aunque
sí se probó su discapacidad mental y fue probado durante el transcurso
del proceso que requiere ser declarada interdicta para que se le nombre un
curador que cuide de ella y de sus bienes”.
Más adelante, consciente de que su discapacidad le impide administrar
sus bienes y cuidarse por sí sola, el juez consideró que lo importante para
Dora Elena era su comodidad y por tanto era relevante tener en cuenta su
opinión al respecto:
“Si bien la señora Dora Elena se encuentra en estado de discapacidad, no
por eso su opinión y voluntad pueden ser diezmadas o ignoradas por el
Juzgado ni menos por su grupo familiar, si la citada manifiesta abierta
y categóricamente que no quiere continuar viviendo con su cónyuge y que
por el contrario, desea irse a vivir a la casa de sus padres, se debe atender
su petición y de hecho esta Agencia Judicial por ley como responsable
(art. 6 de la Ley 1306 de 2009) de los derechos constitucionales de los sujetos
con discapacidad mental, está compelida a garantizar que sus deseos,
preferencias y peticiones efectivamente se concreten en hechos, que se busque
en la mayor medida posible, darle gusto, pues ella ya no puede hacerlo
por sí misma y ante tal estado de indefensión es necesario protegerla en
forma amplia y determinante”.
354 355

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Respecto del argumento de algunos intervinientes que consideran al
cónyuge como la persona más apropiada para ejercer los cuidados de Dora
Elena, el referido juez sostuvo:
“Es por ello, que para decidir quién debe ejercer la guarda, no es suficiente
como reiteradamente se ha dicho en el transcurso del proceso por varios de
los intervinientes que abogan que la curaduría sea ejercida por el Sr. José
Elías Arango González, con que éste por ser su cónyuge es quien debe encargarse
de ella y administrar todos sus bienes; si bien en principio la misma
ley lo enlista (Ley 1306/09 art. 6º literal b) como uno de los llamados
a ejercer la curaduría, tal llamamiento no puede ser mirado a espaladas del
querer del discapacitado, pues se repite, la COMODIDAD de éste debe
ser aspecto de vital atención para el Juzgado, y no la comodidad entendida
como un aspecto meramente físico, sino como el ánimo de tranquilidad con
el que debe permanecer en el espacio que se le asigne por sus familiares.
Es por ello que la ley le permite al Juez separarse de la lista si encuentra
fundamento para ello”.
Finalmente, en cuanto al literal a) del artículo 3 de la Ley 1306 de 2009,
referido al principio de respeto por la autonomía individual de las personas
con discapacidad mental, señaló:
“Como se indicó en el acápite precedente, debe propenderse en las decisiones
judiciales a la protección y garantía de los derechos de los sujetos
declarados en interdicción, y uno de los principios que señala la norma es
el de la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones.
El referido principio no hace más que recordar a las autoridades y a los
particulares que la opinión de los interdictos sí es valiosa, que su querer,
preferencial es tenido en cuenta, y que las elecciones, peticiones y demás
deben ser escuchados, que su expresión de voluntad sea tenida en cuenta,
lo que obliga al Despacho a reconocer que la señora Dora Elena Patiño prefiere
estar con su familia materna y quiere que sea ella quien se encargue
de sus cuidados”.
Hechas estas consideraciones, el Juzgado 1º de Familia de Itagüí resolvió
(i) decretar la interdicción definitiva por discapacidad mental absoluta
de Dora Elena Patiño; (ii) designar como curador general de sus bienes
a su cónyuge y como su guardadora a su mamá, Marina Amariles Ríos,
instando a estas dos personas a dejar sus diferencias de lado para procurar
la mejor calidad de vida de la interdicta.
Por su lado, el Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral consideró dos
argumentos para revocar la designación de la madre de Dora Elena como
su guardadora, adoptada por el Juzgado 1º de Familia de Itagüí. El primero,
señalando que ello implicaría necesariamente la ruptura de la unidad
familiar, alejando a la accionante de sus dos hijos y de su esposo. Para la
Sala, la salvaguarda y el respeto del derecho a la autodeterminación en
los aspectos sobre los cuales pueda decidir Dora Elena, necesariamente no
implica tensión alguna con la unidad familiar, puesto que es el mismo
deseo personal el que la lleva a ella a querer estar en el lugar donde considere
que se le dará un mejor trato a su enfermedad. Lo anterior no impide
a su esposo e hijos visitarla y brindarle el afecto que como madre y esposa
se merece.
El segundo argumento esgrimido por el Tribunal Superior de Medellín es
aquel según el cual la accionante no cuenta con la capacidad de entender y
determinarse a sí misma en razón de su enfermedad.
Conforme lo trascrito es evidente que Dora Elena Patiño para el momento
en que se le realizó la entrevista era lucida y estaba en la capacidad de
responder con claridad frente a ciertos temas básicos y, asimismo, para
señalar con determinación que deseaba estar bajo el cuidado de su madre.
Ello no puede ser desconocido o ignorado por ninguna autoridad judicial,
pues implicaría la anulación de la capacidad jurídica del ser humano por el
simple hecho de padecer algún tipo de discapacidad mental, sin verificar
si el grado de la misma le permite a la persona discernir sobre lo que le
conviene o no.
356 357

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Así entonces, dicha prueba demuestra que la accionante, a pesar de su
discapacidad mental, gozaba de un grado de capacidad residual, situación
que fue infravalorada y subestimada por el Tribunal Superior de Medellín,
incurriendo con ello en un defecto fáctico.
Como pudo advertirse, el Juzgado 1º de Familia de Itagüí puso de presente
la importancia que tiene escuchar y conocer las decisiones de quienes
padecen discapacidad mental, pues de lo contrario sería discriminar a la
persona por su condición, por lo que, en el caso de Dora Elena la manifestación
dirigida a señalar la persona con quien sentía que estaría en mejores
condiciones respecto de los cuidados derivados de la enfermedad cerebrovascular
que padece, no podían simplemente omitirse o ignorarse como
consecuencia de su condición, pues se reitera, tanto la CDPD como la Ley
1306 de 2009 contemplan el principio a que se respete su autonomía y libre
determinación, pues en caso contrario, se estaría anulando la capacidad jurídica
del afectado y de paso el reconocimiento de su derecho a la igualdad
frente a la ley.
De modo que, considerando el cambio de paradigma establecido por
el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, resulta evidente que el Estado, en este caso representado
en el poder judicial, no puede negar o anular la capacidad jurídica de las
personas por motivos de discapacidad mental, sino que, al contrario, deben
desarrollar y proporcionar apoyos para que puedan ejercerla efectivamente.
Este artículo, acogido por el legislador mediante la Ley 1306 de 2009,
marca una nueva forma de entender la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad y, por tanto, es deber de los jueces comprenderlo, en el
sentido de garantizar el respeto de la voluntad y preferencias de la persona
con discapacidad mental.
Igualmente, la Sala estima que la accionante fue discriminada no solamente
con ocasión de su discapacidad mental, sino también por el hecho de ser
mujer, teniendo en cuenta la afirmación hecha por el Tribunal Superior de
Medellín según la cual debería permanecer con su esposo para no romper
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la unidad familiar y afectar los derechos de sus hijos menores de 18 años,
lo que es igual a decir que las madres deben permanecer siempre al lado de
sus esposos pese a las condiciones en las que vivan, bajo el argumento de
protección a los menores. Ello, a juicio de la Sala, desconoce lo contemplado
en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, el cual establece en su artículo 16 que los
Estados parte deberán adoptar “todas las medidas adecuadas para eliminar
la discriminación de la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares”.
En razón de lo anterior, la Sala revocará la decisión de tutela que se surtió
en única instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales a la
autodeterminación y a la dignidad humana de la señora Dora Elena Patiño
Amariles, agenciada por su madre Marina Amariles y, en consecuencia,
concederá la tutela de sus derechos. Por tanto, dejará sin efectos el fallo
proferido por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión de
Familia y le ordenará a esta autoridad judicial que confirme la decisión del
Juez 1º de Familia de Itagüí, en tanto otorgó la guarda de la señora Dora
Elena a su progenitora.
Así mismo, la Sala considera que esta decisión es una oportunidad para
que la perspectiva de los jueces y tribunales competentes para conocer los
procesos de jurisdicción voluntaria se adapte al enfoque de respeto por los
derechos a la autonomía y a la voluntad de las personas con discapacidad
mental, teniendo en cuenta que la misma Ley 1306 de 2009, aplicable a
esta clase de procesos, así lo establece. Por tanto, exhortará a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura que divulgue esta providencia
entre dichos despachos.
5.4. CONCLUSIONES
Conforme a todo lo expuesto con anterioridad, esta Sala concluye que para
los casos en donde se analice la situación de interdicción de una persona
con discapacidad mental, es necesario observar con atención la Conven-
358 359

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debido a que en
ella se consigna un cambio de paradigma en cuanto al reconocimiento de
la autonomía y libre determinación de dichos ciudadanos.
Es imprescindible entonces que frente a la protección y garantía de los derechos
fundamentales de las personas con discapacidad, el Estado, a través
del poder judicial, determine en los casos que correspondan a los procesos
judiciales de interdicción cuál es el grado de capacidad jurídica que caracteriza
a la persona con discapacidad mental y, de este modo, adoptar las
medidas necesarias para procurar su bienestar.
Por ello, además de considerar que la valoración probatoria frente a la
manifestación de voluntad de Dora Elena fue deficiente por parte del
Tribunal, derivándose de ello un defecto fáctico, esta Sala también precisa
útil comunicar y difundir esta decisión a todos los jueces y tribunales que
sean competentes para conocer de los procesos de jurisdicción voluntaria
en donde se solicite la declaratoria de interdicción de un ciudadano, con la
intención que desde la labor judicial se construya jurisprudencia en torno
al reconocimiento y garantía de la capacidad jurídica de las personas en
situación de discapacidad mental, observando siempre los parámetros de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
6. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Decisión de Familia y, en su lugar, CONCEDER el amparo de sus derechos
fundamentales.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida en
segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de
Decisión de Familia, el 19 de diciembre de 2013, dentro del proceso de jurisdicción
voluntaria iniciado por José Elías Arango para solicitar la declaratoria
de interdicción de su esposa Dora Elena Patiño Amariles.
TERCERO.- ORDENAR al Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera
de Decisión de Familia, que en un término de diez (10) días calendario
contados a partir de la notificación de esta providencia, expida una nueva
sentencia en la que se confirme la decisión de primera instancia proferida
por el Juez 1º de Familia de Itagüí, dentro del proceso de jurisdicción
voluntaria reseñado en el ordinal anterior.
CUARTO.- EXHORTAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura que comunique esta sentencia a todos los jueces y
tribunales de la República de Colombia que sean competentes para conocer
de los procesos de jurisdicción voluntaria.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista
en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia el 20 de marzo de 2014, dentro
de la acción de tutela promovida por Dora Elena Patiño, agenciada por
Marina Amariles, contra el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de
360 361

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-684/14
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEN-
TAL-Debió estudiarse la discriminación en razón de género que sufrió la
agenciada (Aclaración de voto)/PROTECCION ESPECIAL A LAS
MUJERES Y LA LUCHA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
DE GENERO-Se debió profundizar sobre el fenómeno de la violencia
contra la mujer en el marco de las relaciones de familia (Aclaración de voto)
Aunque la sentencia incluyó un párrafo aislado sobre la doble condición de
discriminación que se predica de ella, el caso estuvo enfocado principalmente
a la especial protección que deben recibir quienes se encuentran en condición
de discapacidad mental. Por ello, considero que la Corte perdió una
valiosa oportunidad de profundizar sobre el fenómeno de la violencia contra
la mujer en el marco de las relaciones de familia. En este caso, resultaba evidente
que la agenciada sufrió una discriminación no solo por ser una persona
en condición de discapacidad mental, sino también por el hecho de ser mujer.
Así pues, y atendiendo al el exhorto que se realizó al Consejo Superior de la
Judicatura para difundir este fallo, estimo que habría sido aún más valioso
haberse pronunciado sobre la violencia intrafamiliar, y la forma como los
estereotipos de género inciden en la actividad judicial. Sobre este punto,
cabe mencionar que la argumentación del Tribunal accionado según la cual
la accionada debería permanecer con su esposo para no romper la unidad
familiar y afectar los derechos de sus menores hijos, resulta contraria a una
perspectiva de género y de protección a la mujer, pues parte de un modelo
patriarcal, según el cual las mujeres deben permanecer incondicionalmente
al lado de sus esposos pese a las condiciones en las que vivan. En otras palabras,
bajo la supuesta preservación del derecho de los niños a tener una
familia y no ser separados de ella, se pretendió condenar a la agenciada a
continuar viviendo con una persona que la había agredido y discriminado de
múltiples formas a lo largo de su existencia.
Con el respeto acostumbrado hacia las decisiones de la Corte me permito
aclarar el voto en la presente oportunidad, porque si bien estoy de acuerdo
con el sentido del fallo, considero que la Sala evitó analizar aspectos importantes
del caso concreto.
362 363

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
1. La sentencia T-684 de 2014 estudió el caso de una mujer en condición de
discapacidad que vivía con su esposo y sus dos menores hijos. Su cónyuge
inició un proceso de interdicción judicial por discapacidad mental absoluta,
en el marco del cual, la agenciada manifestó clara y expresamente, que quería
vivir bajo el cuidado de su señora madre, porque su esposo la maltrataba
verbal y sexualmente, además de vigilarla constantemente a través de una
cámara que instaló al frente de su cama. En primera instancia, el Juzgado
Primero de Familia de Itagüi, resolvió decretar la interdicción definitiva
de la señora Patiño Amariles, y designó como curador de todos sus bienes
al cónyuge José Elias Arango González, y como guardadora encargada de
sus cuidados personales a su mamá, Marina Amariles Ríos; adicionalmente,
ordenó retirar la cámara con la que el señor Arango González vigilaba a la
actora.
Pese a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
en segunda instancia, revocó parcialmente la sentencia del a quo y nombró
como guardador personal de la señora Patiño a su cónyuge. Para argumentar
dicha decisión, el Tribunal sostuvo que era necesario preservar la
unidad de la familia de la agenciada, pues de lo contrario se obligaría a sus
menores hijos vivir separados de su madre.
2. Estoy de acuerdo con la protección otorgada a la señora Dora Elena, pero
considero que la sentencia debió detenerse a estudiar la discriminación en
razón de género que también sufrió la agenciada. Aunque la sentencia incluyó
un párrafo aislado sobre la doble condición de discriminación que se
predica de ella, el caso estuvo enfocado principalmente a la especial protección
que deben recibir quienes se encuentran en condición de discapacidad
mental. Por ello, considero que la Corte perdió una valiosa oportunidad de
profundizar sobre el fenómeno de la violencia contra la mujer en el marco
de las relaciones de familia.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
3. Tal como lo manifestaron la Universidad de los Andes, la Universidad
Nacional y la Universidad del Rosario, en este caso, resultaba evidente que
la agenciada sufrió una discriminación no solo por ser una persona en condición
de discapacidad mental, sino también por el hecho de ser mujer. Así
pues, y atendiendo al el exhorto que se realizó al Consejo Superior de la
Judicatura para difundir este fallo, estimo que habría sido aún más valioso
haberse pronunciado sobre la violencia intrafamiliar, y la forma como los
estereotipos de género inciden en la actividad judicial. Sobre este punto,
cabe mencionar que la argumentación del Tribunal accionado según la cual
Dora Elena debería permanecer con su esposo para no romper la unidad
familiar y afectar los derechos de sus menores hijos, resulta contraria a una
perspectiva de género y de protección a la mujer, pues parte de un modelo
patriarcal, según el cual las mujeres deben permanecer incondicionalmente
al lado de sus esposos pese a las condiciones en las que vivan. En otras palabras,
bajo la supuesta preservación del derecho de los niños a tener una
familia y no ser separados de ella, se pretendió condenar a la agenciada a
continuar viviendo con una persona que la había agredido y discriminado
de múltiples formas a lo largo de su existencia.
En este sentido dejo consignada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
*********************************************************************
[1] De acuerdo con la copia de la sentencia de primera instancia (fl. 38, cdno.
de tutela), el galeno que llevó a cabo el examen señaló lo siguiente: “Diagnóstico:
Secuelas Neuropsiquiátricas graves de enfermedad cerebrovascular
isquémica en territorio de la arteria cerebral media derecha que comprometió
los lóbulos frontal, parietal y occipital. // Etiología: Las graves lesiones
cerebrales en esta paciente fueron consecuencia natural y directa de proceso
séptico abdominal que posteriormente ocasionó isquemia cerebrovascular.
// Pronóstico: Éste es pésimo, las extensas lesiones cerebrales afectaron en
esta paciente en forma irreversible y permanente las funciones motoras y
364 365

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cognoscitivas, al comprometerse los lóbulos frontal, parietal y occipital, correspondientes
a las áreas irrigadas por la arteria cerebral media derecha. //
Consecuencias: Las precarias condiciones psíquicas y orgánicas de esta paciente,
la convierten en una persona incapaz de forma total, absoluta y permanente
para administrar y disponer de sus bienes y en tal sentido se impone
la necesidad de nombrarse a alguien que suma (sic) dichos menesteres
y además cuide de ella, quien por su estado particular es incapaz de hacerlo.
// Tratamiento: Básicamente consiste en cuidarla y vigilarla estrechamente,
cambiándole de posición para evitarle las escaras, tomar medidas necesarias
para el manejo de la sonda vesical para que no sobrevengan infecciones,
brindarle una alimentación balanceada, suministrarle los medicamentos
prescritos y no abandonar las evaluaciones médicas para controlar cualquier
patología subyacente”.
[2] Según el escrito, el primero modelo “entiende la discapacidad como una
enfermedad o problema de salud que puede curarse o repararse para volver
al estado de ‘normalidad’ socialmente aceptable, excluyendo a las PCD (Personas
con Discapacidad) de una participación social efectiva y en igualdad
de condiciones con las demás personas”, y, el segundo, “ve a las PCD como
menos válidas y prescindibles dentro de la sociedad; las respuesta es anular
su capacidad y personalidad aislándolas de su comunidad e impidiendo el
acceso a derechos básicos”.
[3] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas
con limitación y se dictan otras disposiciones”
[4] Aprobada en Colombia mediante la Ley 762 de 2002.
[5] Sobre esta Observación, se destaca que cambia la expresión “persona con
discapacidad” por “persona con discapacidad”
[6] Aprobados por la Asamblea General de en su resolución 46/119 del 17 de
diciembre de 1991.
[7] M.P. Jaime Córdoba Triviño. La Sentencia C-590/05 encontró contraria a
la Constitución la expresión “ni acción” incluida en el artículo 185 de la Ley
906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues implicaba la exclusión
de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
[8] Sentencia 173/93.
[9] Sentencia T-504/00.
[10] “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05”.
[11] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000”.
[12] “Sentencia T-658-98”.
[13] “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”.
[14] “Sentencia T-522/01”
[15] « Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01 ».
[16] Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que “(…) el pretermitir
la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna en improcedente
la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría,
en el caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho fundamental.
En efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la
interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución,
lo que llevó a la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede
la forma imperar sobre lo sustancial (CP. art. 228). De ahí que, en este caso,
ante la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales
del demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal
de garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de
agotar los medios judiciales de defensa.”
[17] Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió que “(…) la infracción
del deber de identificar correctamente la persona sometida al proceso
penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro defecto
fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido
por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.”
[18] Sentencia T-453/05.
[19] Sentencia C-590/05.
[20] Según esta Declaración, el término “impedido” “designa a toda persona
incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las
necesidades de una vida individual o social normal, a consecuencia de una
deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales” (Artículo 1).
[21] Artículo 2.
[22] De acuerdo con la Convención, las personas con discapacidad “incluyen
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
366 367

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con los demás”.
[23] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[24] Al respecto véase A. Palacios, El modelo social de discapacidad: orígenes,
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, Cinca, Madrid, 2008, p. 26.
[25] Preámbulo, literal e) de la Convención.
[26] “Artículo 12. Igual reconocimiento como personas ante la ley.
1. Los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de su vida.
3. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardas asegurarán que las medidas
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses
ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que
estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano
judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardas serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses
de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados partes
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar
el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera
arbitraria”.
[27] Ibídem.
[28] “Por la cual se establecen mecanismos de integración ”
[29] “Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad
mental y se establece el régimen de la representación legal de
incapaces emancipados”.
[30] Gaceta del Congreso No. 181 del 25 de abril de 2008, página 1.
[31] Ibídem
[32] Ibídem.
[33] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[34] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] Código Civil, Artículo1503: “Toda persona es legalmente capaz, excepto
aquéllas que la ley declara incapaces”.
[36] Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Primera Sala, Decisión
159 del 16 de octubre de 2013, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea.
[37] Ibídem.
[38] Folios 60 a 62, cuaderno principal de tutela.
[39] Además de las visitas realizadas por los funcionarios encargados de
practicarlas, el juzgado recibió varios testimonios de personas cercanas a
la familia de Dora Elena, incluidos su esposo, madre y padre (folios 38 a 43,
cuaderno de tutela).
368 369

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Sentencia T-933/13
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE
ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Protección
nacional e internacional
Sentencia T-933/13
NOTA DE RELATORIA: En cumplimiento del auto de fecha
5 de abril de 2016, proferido por la Sala Séptima de Revisión,
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se
ordenó retirar de la presente sentencia los nombres de los accionantes
y, en su lugar, reemplazarlos por nombres ficticios.
Debido a la exclusión social que han tenido que soportar injustificadamente
las personas en circunstancia de discapacidad, aunque tardíamente, han
surgido grupos organizados de personas que se encuentran en esta situación
y diferentes organizaciones en el mundo que se han comprometido con la
defensa de sus derechos, lo cual se ha expresado en diferentes instrumentos
internacionales y otros documentos con fuerza jurídica a través de los
cuales se les exige a los Estados el reconocimiento de todas las garantías
de esta población como plenos sujetos de derechos. Las personas que se
encuentran en alguna circunstancia de discapacidad tienen una protección
constitucional reforzada, de conformidad con los artículos 13 y 47 de la
Carta y a la luz de la Convención -entre otros instrumentos internacionales-,
razón por la cual el Estado tiene el compromiso de adelantar acciones
efectivas para promover el ejercicio pleno de sus derechos.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE PERSO-
NAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Naturaleza y
contenido
En virtud del principio de dignidad humana, el derecho a la salud (i) no se
limita al bienestar físico sino también al bienestar mental, social y emocional;
(ii) es un derecho fundamental que permite la realización de otras
garantías superiores como también el desarrollo integral del ser humano;
y específicamente (iii) frente a la población con discapacidad el contenido
del derecho al goce del más alto nivel posible de salud incluye la rehabilitación,
cuyo fin es lograr la máxima independencia, capacidad física,
mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todas
las áreas de la vida de este grupo.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD-Finalidad
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD MENTAL-Alcance frente a personas con trastorno mental
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD MENTAL-Componentes esenciales de asistencia, según OMS
Frente a las personas con discapacidad mental, la Organización Mundial
de la Salud en el informe sobre la salud en el mundo 2001 “Salud mental:
nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”, señaló que el enfoque de atención
a las personas que tienen algún tipo de trastorno mental ha sufrido
una variación sustancial, esto es, mientras que en diferentes momentos
históricos fueron tratadas solo como pacientes y cuando presentaban
alguna alteración en su conducta eran aisladas de la sociedad mediante su
hospitalización en grandes instituciones siquiátricas –privadas o estatales-,
a mediados del siglo XX se produjo un cambio de paradigma “…del
hospital a la comunidad...” debido, principalmente, a los siguientes factores:
(i) progreso de la psicofarmacología; (ii) movimientos de derechos
humanos en pro de la defensa de las personas con trastornos mentales; y
(iii) la definición de salud de la OMS que incluyó dentro de su contenido
el componente social y mental. Con respecto a los componentes esenciales
que integran la dimensión de asistencia para las personas que se encuentren
en esta circunstancia, la OMS destacó los siguientes: (i) medicación o
farmacoterapia, (ii) psicoterapia y, (iii) rehabilitación psicosocial.
DISCAPACIDAD MENTAL POR TRASTORNOS ESQUI-
ZOAFECTIVOS-Características
DISCAPACIDAD NO ES SINONIMO DE MINUSVALIA
DE LA PERSONA
En las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
personas en situación de discapacidad, en un intento por aclarar los contenidos
de las dos expresiones, se señaló que la discapacidad hacía referencia
a una limitación funcional, esto es, a una deficiencia, dolencia, enfermedad,
de carácter permanente o transitorio. En contraste, se estableció que la
minusvalía era generada por el entorno –físico y social- La minusvalía fue
un concepto que se creó para evidenciar la deficiencia del diseño del entorno
físico y de la organización social que impiden la plena participación de
la población con discapacidad en condiciones de igualdad, frente a quienes
no se encuentran en dicha circunstancia. Siguiendo este espíritu, actualmente
la expresión “minusvalía” es integrada implícitamente al concepto
de discapacidad, desde la perspectiva de un modelo social, para señalar
que “...la discapacidad surge principalmente del fracaso de la adaptación
del ambiente social a las necesidades y aspiraciones de las personas con
discapacidad, en vez de la incapacidad de estas personas de adaptarse al
ambiente. Para este modelo la discapacidad es principalmente un problema
de discriminación y estigmatización...”
DISCAPACIDAD NO ES SINONIMO DE INVALIDEZ
No debe confundirse la situación de discapacidad con la invalidez en el
contexto de la normativa de seguridad social. En el marco de dicha normativa,
la invalidez está ligada al reconocimiento de una prestación que
se otorga a quienes cumplen con los requisitos exigidos en la ley, como
el atinente a que la persona tenga una pérdida de capacidad laboral del
50% o superior a este. Este reconocimiento económico es una opción con
que cuentan las personas con discapacidad dentro de la normativa laboral
y al que pueden acceder una vez acrediten los presupuestos exigidos para
tal fin, pero el que exista esta posibilidad en el ordenamiento jurídico no
significa que la persona con discapacidad, aún teniendo un porcentaje de
pérdida de capacidad laboral (PCL) del 50% o más, no cuente con otras
capacidades que pueda emplear en el desarrollo de una actividad productiva
para acceder a una fuente de ingresos y ponerlas al servicio del crecimiento
de la sociedad. En este orden de ideas (i) la invalidez ligada a la pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50%, no es asimilable a la discapaci-
372 373

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dad; y (ii) la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, ligada
a una pensión cuando se cumplen con los requisitos legales, no significa
siempre imposibilidad de seguir trabajando.
ACCIONES AFIRMATIVAS-Efectividad del derecho a la igualdad
material de población discapacitada/ACCIONES AFIRMATIVAS O DE
DIFERENCIACION POSITIVA-Concepto
La realización del mandato de la igualdad material supone el desarrollo de
acciones afirmativas, entendidas como “las políticas o medidas dirigidas
a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar
o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que
los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado,
usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación.”
En otras palabras, la noción de acción afirmativa está encaminada
a (i) “favorecer a determinada persona o grupos, ya sea con el fin
de eliminar o reducir las desigualdad de tipo social, cultural o económico,
que los afectan…” y a (ii) “lograr que los miembros de un grupo subrepresentado,
usualmente un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor
representación...”
PERSONA CON LIMITACIONES O DISCAPACIDAD-Obligaciones
específicas y preferentes del Estado en adopción de medidas de
inclusión y acciones afirmativas para evitar discriminación y garantizar
derechos fundamentales
PRINCIPIO DE AJUSTES RAZONABLES-Modificaciones y
adaptaciones para garantizar a las personas con discapacidad el goce y
ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos humanos y libertades
fundamentales
Es importante tener en cuenta que al interior de la población discapacitada,
convergen distintas necesidades dependiendo del tipo y grado de discapacidad
que se tenga, por ello, no basta con que el Estado adopte medidas
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
afirmativas en relación con ese grupo, sino que éstas deben responder a sus
necesidades particulares y para ello debe realizar los ajustes razonables
que se requieran. La realización del derecho a la igualdad material de las
personas con discapacidad, implica que las medidas legislativas, administrativas,
entre otras, respondan a su situación concreta. Estas adaptaciones,
a la luz del instrumento internacional de la Convención se denominan
ajustes razonables, que involucran no solo la infraestructura física sino
también las reglas jurídicas que, en muchos casos, imponen limitaciones
a las personas en situación de discapacidad, y desconocen las diferencias
existentes entre este grupo y el resto de personas que no se encuentran en
su misma circunstancia.
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD MENTAL-Asistencia comprende atención médica, rehabilitación,
transformación cultural de la comunidad y apoyo de la familia
El apoyo que debe brindarse a las personas con un trastorno mental esquizoafectivo,
debe comprender (i) atención médica – detección diagnóstica,
información al interesado sobre el diagnóstico y el tratamiento a seguir,
atención, apoyo psicológico, hospitalización en caso de requerirse ante
recaídas-; (ii) rehabilitación – apoyo social, educación, formación profesional,
empleo, atención prolongada, atender sus necesidades espirituales-;
(iii) transformación cultural de la comunidad – erradicar estigma y discriminación,
participación social plena y promoción de los derechos humanos-;
y (iv) apoyo de la familia – aptitudes para la atención, cohesión
familiar, apoyo durante crisis, apoyo financiero y asistencia de relevo-.
ACCION DE TUTELA CONTRA EL ICETEX-Caso en que se
solicita condonación de crédito educativo para personas con discapacidad,
por cuanto estudiante con trastorno esquizoafectivo al momento de otorgar
el crédito ya contaba con pérdida de la capacidad laboral superior al
50% y el reglamento de condonación señala que la PCL sea sobreviniente
374 375

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
DERECHO A LA CAPACIDAD JURIDICA SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD FRENTE AL PROCESO DE INTERDICCION-Contenido
DERECHO A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN SI-
TUACION DE DISCAPACIDAD-Vulneración por el Icetex al no
contemplar ajustes razonables en el reglamento para la condonación de
créditos para estudiantes discapacitados
Existe un desconocimiento del derecho a la igualdad de la población en
situación de discapacidad porque el reglamento equipara a las personas
que acceden al crédito educativo bajo otras líneas de crédito y que no se
encuentran en circunstancia de discapacidad, con quienes sí lo están, para
aplicar de manera uniforme las causales de condonación de la deuda, específicamente
la contenida en el literal b) del artículo 44 del Reglamento del
Crédito Educativo. La acción afirmativa implementada por el ICETEX
debe tomar en consideración la situación específica de esta población para
adecuar su reglamento en lo referente a las reglas de condonación. En este
contexto, las personas con discapacidad tienen derecho a que las causales
de condonación se adapten a su circunstancia para garantizar igualdad
frente a quienes no se encuentran en su misma situación. En este respecto,
la acción afirmativa consagrada a favor de esta población mediante la
línea de crédito para personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales
debe además realizar la igualdad real y efectiva mediante la implementación
de ajustes razonables.
DERECHO A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUA-
CION DE DISCAPACIDAD-Aplicación de excepción de inconstitucionalidad
en reglamento del ICETEX que establece “invalidez sobreviniente”
para condonación de créditos
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
DERECHO A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUA-
CION DE DISCAPACIDAD-Orden al Icetex suspenda la cancelación
de cuotas de crédito hasta tanto se dictamine después de tratamiento
integral de salud, sobre la posibilidad que el peticionario pueda vincularse
laboralmente, en caso contrario procederá a la condonación de la deuda
DERECHO A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUA-
CION DE DISCAPACIDAD-Orden al Icetex realice ajustes razonables
al Reglamento para la condonación de créditos educativos a población
con discapacidad
Referencia: expediente T- 3.918.176
Acción de Tutela instaurada por Mauricio a través de su representante
legal Felipe en contra del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX-
Derechos tutelados: salud, educación inclusiva, igualdad, mínimo vital.
Temas: discapacidad mental, derecho a la salud, diferencia entre discapacidad
e invalidez, derecho la igualdad y ajustes razonables.
Problema jurídico: vulnera el ICETEX el derecho a la igualdad y al
mínimo vital familiar, al negarse a condonar la deuda adquirida por los
peticionarios en virtud de un crédito adquirido bajo la modalidad de línea
especial para personas con discapacidad, aduciendo que dicha figura jurídica
sería aplicable si la invalidez alegada hubiese sido sobreviniente a su
otorgamiento, supuesto que, a su parecer, no se cumple en el caso del joven
porque esta circunstancia ya estaba presente cuando se le otorgó el crédito
educativo.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
376 377

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil trece (2013)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada
por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva
y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub –quien la preside-, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia de segunda instancia proferida el
18 de abril de 2013, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
–Sala Civil-, que confirma la sentencia del 2 de abril de 2013, proferida por
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual se negó el
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna y a la
educación del tutelante.
1. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación,
la Sala de Selección Número Seis escogió, para efectos de su revisión, la acción
de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.1. SOLICITUD
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Felipe como curador de su hijo Mauricio, y en nombre propio demandó
ante el juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la vida digna y a la educación, presuntamente vulnerados por el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
–ICETEX- al negarse a condonar la deuda adquirida en virtud del crédito
educativo otorgado para personas con limitaciones físicas, psíquicas y
sensoriales, aduciendo que el Reglamento del Crédito Educativo permite la
condonación de la deuda, entre otros eventos, cuando el hecho que da lugar
a la invalidez sobreviene al otorgamiento del crédito, hipótesis que, según
el ICETEX, no se cumple en el caso su hijo porque al momento del otorgamiento,
la invalidez del joven ya existía y, precisamente por ello, pudo
ser beneficiario de la línea de crédito especial. Además, también invoca la
protección de su derecho al mínimo vital y el de su familia.
1.2. HECHOS RELATADOS POR EL PETICIONARIO
1.2.1. Afirma el accionante que el ICETEX le otorgó a su hijo Mauricio, un
préstamo educativo en la modalidad de “crédito para estudiantes con limitaciones
físicas, psíquicas y sensoriales en desarrollo de la ley 361 de 1997”.
Este préstamo le fue concedido a Mauricio para la cancelación del 60% del
valor de los cuatro últimos semestres de la carrera de “licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas”.
1.2.2. El señor Felipe sostiene que el crédito otorgado a su hijo por el ICETEX
fue respaldado por él en calidad de codeudor solidario.
1.2.3. Asegura que el ICETEX aprobó el crédito en referencia con base en el
dictamen de “la EPS Caja Colombiana de Subsidio Familiar” de septiembre
de 2005, en el cual se señala el diagnóstico de su hijo así: “Trastorno esquizofrénico,
esquizoafectivo. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral total
de cincuenta y uno punto ochenta y cinco por ciento (51.85%). Incapacidad
permanente parcial. Invalidez. No necesita de otra persona”.
1.2.4. Indica que con el transcurrir del tiempo, la enfermedad de Mauricio
se agudizó al punto de presentar múltiples trastornos psicóticos. Explica que
el suministro de medicamentos para estabilizarlo le produjo efectos secundarios
adversos, como el parkinsonismo, lo que llevó a que el diagnóstico
378 379

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
inicialmente emitido fuera modificado por el de trastorno esquizoafectivo.
Relata que este deterioro en su salud condujo a que en el segundo periodo
de 2008 y en el primer semestre de 2009, su hijo tuviera que interrumpir
sus estudios.
1.2.5. Manifiesta que el 10 de noviembre de 2011, dentro del proceso de
interdicción promovido por la progenitora del joven, el Juzgado Segundo
de Familia de Bogotá declaró la “interdicción judicial por discapacidad absoluta”
de Mauricio, y designó como guardador principal al padre y, como
suplente a la madre, María Doris Cruz.
1.2.6. Alega que el 31 de mayo de 2012, ante su difícil situación económica,
en calidad de deudor solidario y como guardador de su hijo, radicó ante el
ICETEX una solicitud de condonación de la deuda. Dicha petición se fundamentó
en la difícil situación económica por la que atraviesa la familia,
ya que el tutelante es el único proveedor del hogar, mientras que su esposa
María Doris Cruz debe asumir el cuidado personal del joven.
1.2.7. Aduce que el 10 de junio de 2012, el ICETEX respondió a su solicitud
de forma negativa, argumentando que dicha institución no puede condonar
la obligación contraída en razón a que en el caso particular no se reúnen
las condiciones establecidas en el Reglamento de Crédito Educativo contenido
en el Acuerdo 029 de 2007, específicamente, sostuvo que el estado de
invalidez de Mauricio no fue un hecho sobreviniente al otorgamiento del
crédito educativo.
1.2.8. Manifiesta que se encuentra en una grave situación económica debido
a que se ha visto obligado a seguir pagando el referido crédito para no ser
reportado en las centrales de riesgo ni perder su empleo como asesor comercial
en Alpina, labor por la cual percibe ingresos de ochocientos treinta y
nueve mil cien pesos ($839.100) mensuales. Cuenta que con ese salario debe
cubrir todas sus necesidades básicas, las de su esposa, y especialmente las de
su hijo en situación de discapacidad, quien además se encuentra recibiendo
múltiples tratamientos, lo que les impone gastos adicionales por concepto
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de medicamentos y transporte. Expresa que su salario escasamente alcanza
para sufragar tales gastos, de modo que al verse obligado a pagar el crédito,
está poniendo en grave riesgo su mínimo vital y el de su familia.
1.3. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Radicada la acción de tutela el 12 de marzo de 2013, el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Bogotá la admitió y ordenó correr traslado a la parte
accionada para que ejerciera su derecho de defensa.
1.3.1. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior –ICETEX-
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del -ICETEX- realizó las siguientes
manifestaciones:
1.3.1.1. Expresó que en el Reglamento de Crédito Público Educativo que forma
parte integral del contrato de mutuo firmado por el accionante, se establece
que procede la condonación de la deuda por causa del fallecimiento
y/o invalidez total o parcial sobreviviente del solicitante del crédito. Aseguró
que la condonación solamente puede otorgarse en los eventos señalados
en ese reglamento, pues si los funcionarios desconocen dicha normativa, se
exponen a sanciones de tipo fiscal, disciplinario e incluso penal.
Indicó que en el caso que se busca resolver, no se otorgó un crédito común
al que le son aplicables en su totalidad las cláusulas del Reglamento, sino
uno previsto especialmente para personas con discapacidad, circunstancia
en la cual se encuentra Mauricio. Dada esta particularidad, sostuvo que no
es viable otorgar la condonación de la deuda, pues la discapacidad del joven
no es sobreviniente sino que existía desde antes del acceso al crédito y fue
una de las razones por las que se concedió.
1.3.1.2. Argumentó que el deudor principal junto con sus codeudores solidarios,
al momento de obligarse, aceptaron plenamente las condiciones del
380 381

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
crédito otorgado y, por ende, deben cumplir con el pago total de la obligación.
1.3.1.3. Alegó que el ICETEX no ha vulnerado ningún derecho del joven peticionario
y su familia, y por el contrario, ha contribuido a garantizar su
acceso a la educación mediante la concesión del crédito. Adicionó que también
ha garantizado su derecho a la igualdad porque ha actuado conforme
a la normativa aplicable a su caso, y no ha consagrado ninguna excepción
o privilegio frente a otras personas que se encuentren en su misma circunstancia.
1.3.1.4. Frente a la vulneración del derecho al debido proceso, explicó que no
accedió favorablemente a la solicitud de condonación del crédito porque no
se reúnen los requisitos señalados en el Reglamento para su aplicación. Bajo
esta perspectiva, sostuvo, el accionante no explica de qué manera la entidad
ha actuado al margen de los parámetros legales y del Reglamento que rige
para la línea de crédito a la que accedió su hijo. Reiteró que tal y como lo certificó
el Coordinador del Grupo de Administración de Cartera del ICETEX,
la entidad no respondió favorablemente a la petición del demandante en
aras de salvaguardar recursos públicos, sumado a que la naturaleza del instituto
implica que la adjudicación y desembolsos de los créditos otorgados
se realizan bajo un criterio de “costeabilidad” para que el servicio del crédito
educativo sea sostenible de acuerdo con las disponibilidades presupuestales
programadas.
1.3.1.5. Teniendo en cuenta lo anterior, advirtió que el juez de tutela es incompetente
para modificar el reglamento del crédito educativo que fue
aceptado por el actor y su hijo, y las partidas ya asignadas en el presupuesto
nacional. Además, indicó que dar una orden en tal sentido conllevaría la extralimitación
de funciones de los servidores del ICETEX e implicaría poner
en riesgo recursos del erario.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
1.3.1.6. Por último, adujo que la acción de tutela instaurada es improcedente
por tratarse de un asunto de carácter económico y patrimonial, que a su juicio,
debe resolverse en otras instancias, como también ante la inexistencia
de un inminente perjuicio irremediable.
2. DECISIONES JUDICIALES
2.1. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA -JUZGADO SE-
GUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ-
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida
el 2 de abril de 2013, decidió negar el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el accionante, con base en los siguientes argumentos:
2.1.1. Indicó que aunque en un Estado Social de Derecho cobra vital importancia
la protección a las personas en situación de discapacidad, en el caso
concreto existe una relación contractual.
2.1.2. Afirmó que teniendo en cuenta la obligatoriedad del crédito y que el
señor Felipe tenía pleno conocimiento de las condiciones de éste, la tutela no
es la vía para resolver la controversia.
2.1.3. Sin embargo, el juez de instancia explicó que aunque no puede modificar
el reglamento, la entidad accionada debe analizar nuevamente el caso
teniendo en cuenta que las condiciones del deudor principal cambiaron después
de que adquirió el crédito, tal y como se encuentra demostrado en el
plenario, y en vista de que se trata de un sujeto de protección constitucional
reforzada. Además, expuso que las condiciones del entorno y la su familia
del joven también deben tomarse en consideración, pues el deudor solidario
es su padre, quien con los recursos que devenga ($839.100) debe asumir el
sostenimiento de su hogar, compuesto por su esposa e hijo en circunstancia
de discapacidad. En consecuencia, instó al ICETEX para que estudiara de
nuevo el caso, en atención a la situación particular de los deudores.
382 383

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
2.2. IMPUGNACIÓN
Felipe a través de apoderado judicial, impugnó el fallo de tutela proferido el
2 de abril de 2013, exponiendo los siguientes argumentos:
2.2.1. Afirmó que la decisión del a quo desconoció que el joven Mauricio
debe gozar de una protección constitucional reforzada por parte del Estado
en razón a su situación de discapacidad, y por ello debieron tutelarse sus
derechos.
2.2.2. Enfatizó que en el presente caso, se transgredió el derecho fundamental
a la igualdad, ya que si bien es cierto el Reglamento del Crédito Educativo
en su artículo 44 señala entre las causales que hacen procedente la condonación
de la deuda, la siguiente “…cuando sobrevenga una incapacidad del
titular del crédito…”, también lo es que aunque el estado de invalidez de su
hijo no fue un hecho sobreviniente, él es una persona con discapacidad a la
cual no se le puede aplicar el mismo tratamiento que al resto de deudores de
créditos educativos. Explicó que el requisito contemplado en el Reglamento
es una exigencia que no puede cumplir una persona en la situación de su
hijo, ya que al momento de adquirir el crédito ya tenía una discapacidad
mental, de modo que ese requisito no puede ser aplicado.
2.2.3. Señaló que aun cuando su hijo accedió a un crédito de la línea especial
para personas con discapacidad, ello no significa que no pueda acaecer
también un hecho sobreviviente de invalidez, como ocurrió en el presente
caso, pues la salud mental del joven se deterioró aún más con posterioridad
al otorgamiento del crédito. Adujo que no pretende desconocer el carácter
especial del contrato que suscribió, pero sí evidenciar que existen circunstancias
diferentes a las contempladas en la normativa que también deben
dar lugar a la condonación, como la agravación de la discapacidad del beneficiario
de un crédito de línea especial.
2.2.4. Adicionalmente, manifestó, debe tenerse en cuenta que cuando el ICE-
TEX otorga créditos educativos, confiere 1 año de gracia a los beneficiarios
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
con el propósito de que puedan vincularse laboralmente y así, facilitarles
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo adquirido. Sin
embargo, adujo que en el caso en concreto, Mauricio no puede trabajar por
la discapacidad total que le sobrevino, y que ante la imposibilidad absoluta
de laborar se le debe condonar la deuda.
2.2.5. Finalmente, señaló que el juez de instancia desconoció el derecho a la
vida digna de él y de su hijo, al no tener en cuenta que el monto de su salario
escasamente le alcanza para cubrir los gastos de su hogar.
2.3. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA –TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA CIVIL-
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia proferida el 18 de abril de 2013, confirmó en su integridad el fallo
del a quo, por las siguientes razones:
2.3.1. Para iniciar, aclaró que su análisis se circunscribiría a la presunta vulneración
de los derechos de Felipe y no de su hijo, teniendo en cuenta que ni
en el escrito de tutela ni en el poder otorgado a su abogado se indicaba que
actuaba como curador ni en representación de su hijo.
2.3.2. De otro lado, expuso que la presente acción no cumple con el requisito
de inmediatez en razón a que transcurrieron nueve meses desde el día en
que se negó la condonación de la deuda al actor y la interposición de la acción
de amparo, sumado a que el actor no explicó las razones que justifican
su tardanza.
2.3.3. Indicó que así se estudiara de fondo el caso en cuestión, la discusión
en los términos planteados es de índole legal y económica, por tanto, no
puede estudiarse mediante el mecanismo excepcional de la acción de tutela,
máxime cuando la institución accionada actuó conforme a lo establecido
en la ley.
384 385

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
3. PRUEBAS Y DOCUMENTOS
3.1. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
3.1.1. Copia del pagaré con su respectiva carta de instrucciones, en el que Felipe
y su hijo se comprometen al pago de la deuda adquirida con el ICETEX
(Folios 3-4).
3.1.2. Original del formulario de dictamen de valoración de Mauricio, emitido
por medicina laboral, en el que se determinó inicialmente una pérdida
de capacidad laboral de 51.85% (Folios 5-7).
3.1.3. Copia de la sentencia emitida el 10 de noviembre de 2011, por el Juzgado
Segundo de Familia de Bogotá, en la que declaró la interdicción de
Mauricio y se nombraron como guardadores a sus padres (Folios 9-12).
3.1.4. Original de la solicitud formulada por el accionante el 31 de mayo de
2012, ante el ICETEX, en la que solicita la condonación de la deuda. Al escrito
se le asignó como radicación el número 2012024227-R (Folio 29).
3.1.5. Copia de la respuesta de la entidad accionada a la solicitud de condonación
de la deuda, con fecha del 19 de junio de 2012, a la cual se le otorgó el
número 2012057272 (Folios 30-31).
3.1.6. Copia del examen de psiquiatría practicado por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias forenses el 8 de septiembre de 2012, en el que
se determinó que Mauricio sufre de trastorno afectivo bipolar con síntomas
psicóticos (Folios 17-25).
3.1.7. Copia de la evaluación de la pérdida de la capacidad laboral de Mauricio,
expedida por Famisanar EPS el 8 de enero de 2013, en el que señala que
presenta una pérdida de capacidad laboral del 54.45% (Folios 26-28).
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
3.1.8. Original del certificado laboral expedido por la empresa Alpina Productos
Alimenticios S.A., en la que consta que Felipe trabaja en esa empresa
y devenga mensualmente $839.100 pesos (Folio 32).
3.1.9. Copia de la historia clínica parcial de Mauricio, en la cual constan los
tratamientos y medicamentos sugeridos para el tratamiento de su diagnóstico
de trastorno mental (Folios 33-39).
3.1.10. Recibo original de la cancelación de un copago por valor de $205.000
pesos, emitido el 8 de julio de 2008 por la Clínica Retornar- rehabilitación
salud mental-, en donde se encontraba hospitalizado Mauricio (Folio 40).
3.2. ACTUACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.2.1. Pruebas decretadas por la Sala:
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante
autos del 16 de septiembre y 8 de octubre de 2013, con el fin de contar con
mayores elementos de juicio para examinar el presente caso, decretó las siguientes
pruebas:
3.2.1.1.Ofició al ICETEX para que informara si la línea de crédito a la que
accedió el joven Mauricio, está amparada por algún tipo de seguro y, en caso
afirmativo, cuáles son las contingencias que se encuentran cubiertas por el
mismo, específicamente en lo concerniente a enfermedades mentales.
3.2.1.2.Ofició a la Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda-, para
que informara (i) cómo se administra el riesgo en el sector asegurador cuando
los beneficiarios de las pólizas son personas en circunstancia de discapacidad;
y (ii) si existe o no un servicio, dentro del sector asegurador, a favor de las
personas con discapacidad en materia educativa y, en caso afirmativo, explicara
en detalle su naturaleza y los requerimientos para acceder a ese tipo de
seguros, como las contingencias que se encuentran cubiertas por el mismo,
específicamente, frente al caso de las enfermedades mentales.
386 387

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
3.2.1.3.Finalmente, invitó al Grupo de Investigación de Derechos Humanos
y DIH “De las Casas” de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio
Arboleda de Bogotá, al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión
Social –PAIIS- de la Universidad de los Andes, al director de la maestría en
Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia, al
Grupo de Investigación en Derechos Humanos y a la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, a la Fundación Saldarriaga
Concha y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia-,
con el fin de que, si lo consideraban pertinente, emitieran un concepto
técnico sobre la demanda de la referencia.
3.2.2. Informes recibidos
Rendidos los informes del caso, la Sala resume las comunicaciones e intervenciones
allegadas por la Secretaría General, al Despacho del Magistrado
Sustanciador:
3.2.2.1.Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior
–ICETEX-
El ICETEX, a través de su Oficina Jurídica, informó que todas sus líneas de
crédito tienen canceladas las primas de seguro destinadas a cubrir los riesgos
de muerte o invalidez del beneficiario.
En el presente caso, indicó que dentro de la documentación allegada por el
estudiante, se evidencia que su pérdida de capacidad laboral es de 51.85%,
con fecha de estructuración del 1° de septiembre de 2005. No obstante, aseguró
que el crédito fue adjudicado para el año 2007, dos años después de que
se definiera su capacidad laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior, manifestó que se dio la aprobación del crédito,
debido a que el joven aplicó a una línea especial de créditos para personas
con limitaciones y que quieren acceder a la educación superior. Es por
ello –continuó- que no es aceptable la condonación de la deuda, debido a
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
que es precisamente la incapacidad el motivo por el cual se otorgó el crédito,
situación que descarta como hecho sobreviniente la invalidez, dado que ya
existía al momento de la celebración de la relación contractual.
3.2.2.2.Universidad Nacional de Colombia
La profesora Marisol Moreno Angarita de la Universidad Nacional de Colombia
emitió concepto en el que sostuvo que el ICETEX debe condonar el
monto adeudado por Felipe y su hijo, con base en los siguientes argumentos:
Explicó que la discapacidad ha sido reconocida por el Instituto Nacional
de la Salud, así como por la Convención de Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad, como una condición dinámica de las personas que
depende del entorno, y que requiere de apoyo para facilitar el desarrollo
cotidiano de aquellas. En caso de que este apoyo no sea brindado, continuó,
las personas con discapacidad se ven afectadas en su vida cotidiana y ven
restringida su participación social. En este sentido, precisó que se reconocen
tres componentes de la discapacidad, según la Clasificación Internacional de
la Discapacidad: el funcionamiento, la salud y la deficiencia.
En el presente caso, aseguró que la familia del joven se encuentra atrapada
en un círculo de pobreza y discapacidad, ya que tienen que satisfacer sus necesidades
familiares y atender los requerimientos de un miembro de familia
con discapacidad que no pudo concluir con su proyecto de vida profesional,
con el único ingreso económico que aporta el señor Felipe. Por tanto, obligar
a la familia a pagar el crédito al ICETEX incrementaría su situación desventajosa,
debido a sus bajos recursos y la imposibilidad de la madre de trabajar.
Por otro lado, relató que el premio Nóbel en Economía Amartya Sen ha
planteado la necesidad de considerar medidas compensatorias para disminuir
los impactos negativos que derivan de la discapacidad. Aunado a
lo anterior, explicó que John Rawls ha planteado dentro de su teoría de la
justicia, que la sociedad debe hacer unos ajustes para equiparar el impacto
negativo que experimentan ciertos grupos desaventajados. Asimismo, Mar-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tha Nusbaum ha afirmado que en virtud del contrato social de derechos, el
Estado debe realizar medidas en favor de ciertas personas, con la finalidad
de evitar una mayor exclusión.
Con apoyo en el anterior marco teórico, sostuvo que la familia de Mauricio
no debe responder económicamente por el crédito contraído con el ICETEX,
porque ya ha tenido que asumir costos de salud y demás que el Estado en
principio debió haber sufragado para no generar empobrecimiento en esa
familia.
Expresó que esta posición encuentra sustento en la normativa vigente que
cita de la siguiente manera: la Ley 1361 sobre la educación superior; la Ley
1346 de 2009, mediante la cual se ratifica la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad y se obliga al Estado a garantizar la vida digna
de ese grupo vulnerable; y la Ley 1618 sobre la garantía del goce efectivo
de los derechos de la personas con discapacidad.
Como conclusión, manifestó que el incumplimiento del crédito fue una
contingencia que el ICETEX debió prever teniendo en cuenta las condiciones
especiales de las personas con discapacidad. De esta manera, adujo que
debe concederse protección de Mauricio y su familia, de conformidad con la
Constitución y las leyes citadas, y exonerarlos del pago del crédito.
3.2.2.3.Federación de Aseguradores Colombianos –FASECOLDA-
El Vicepresidente Jurídico de FASECOLDA respondió los interrogantes de
la siguiente forma:
En relación con la pregunta sobre cómo se administra el riesgo dentro del
sector asegurador cuando los beneficiarios de las pólizas son personas en
situación de discapacidad, indicó que, en cuanto a los seguros de daños, debido
a que convergen las calidades de tomador, beneficiario y asegurado en
una misma persona, el riesgo es evaluado por la compañía de seguros, y dependiendo
del resultado de esa evaluación, se ofrece el seguro; situación que
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
es diferente cuando se trata de seguros de personas, ya que generalmente
una persona es la asegurada y otra la beneficiaria. En estos casos, -explicó- la
administración del riesgo no es una labor desempeñada por la aseguradora,
pues depende de la designación que realice el asegurado o tomador del seguro.
Sin embargo, señaló que cada una de las compañías procede a administrar
sus seguros de acuerdo con sus políticas.
En relación con la pregunta sobre si existe un servicio dentro del sector
asegurador a favor de las personas con discapacidad en materia educativa,
FASECOLDA respondió que, a pesar de que en materia educativa el sector
asegurador ofrece seguros educativos, no existe en el mercado un producto
educativo para personas que se encuentren en dicha circunstancia.
3.2.2.4.Universidad de los Andes - Programa de Acción por la Igualdad y la
Inclusión Social-.
La Directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social
(PAIIS), Andrea Parra, junto con dos estudiantes miembros de la Universidad
y de esta entidad, presentaron su concepto en los siguientes términos:
Relataron que en el año 2006, Colombia firmó la Convención sobre Derechos
de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, bajo la cual
el Estado adquirió la obligación de asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, sin discriminación alguna.
Indicaron que se deben reconocer, como bien lo ha hecho la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, tres modelos que han orientado el tratamiento
dado a la población con discapacidad: el de prescindencia, el rehabilitador
y el social.
En primer lugar, explicaron que el modelo de la prescindencia va ligado a
una visión de carácter religioso, que observa la discapacidad como un castigo
divino, y tiende a la eliminación de las personas que se encuentren en
390 391

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dicha circunstancia, la sustracción total de su capacidad jurídica, así como
el aislamiento social en instituciones destinadas a preservar sus potenciales,
en vez de desarrollarlos.
En segundo lugar, relataron que el modelo rehabilitador tiende a la prevención
de la discapacidad y su recuperación, situación que preserva a las
personas con discapacidad dentro del ámbito de la salud, lo que genera una
actitud proteccionista que entiende que estas personas no tienen capacidad
para comprender el mundo que los rodea.
Debido a lo anterior, sostuvieron que tanto el modelo de la prescindencia
como el modelo rehabilitador entienden la discapacidad como una característica
de la persona, que se define en términos de su déficit, establecido por
un tercero experto.
Por el contrario, aseguraron que el modelo social, consagrado en la Convención
en comento, considera que la causa de la discriminación de las personas
con discapacidad se encuentra en las limitaciones de la sociedad y que
la discapacidad es una manifestación más de la diversidad humana. Destacaron
que el modelo social se erige con base en la idea de que toda persona
tiene igual valor en su dignidad, y por tanto, puede participar en la toma de
decisiones que le afecten, de manera autónoma.
En el caso concreto, a la luz de las anteriores consideraciones, manifestaron
que es evidente que se está ante una situación en la que prevalecen las
actuaciones enmarcadas dentro del modelo médico de la discapacidad, en
tanto equiparan el diagnóstico psiquiátrico del joven a su discapacidad, único
justificante para su exclusión del sistema educativo, la sustracción de su
capacidad legal y, en últimas, su aislamiento social, configurándose así una
situación de discriminación por motivos de discapacidad, en los términos
de la Convención arriba descritos.
En cuando al derecho a la educación de las personas con discapacidad, adujeron
que la Convención establece el derecho a la inclusión educativa, sin
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
discriminación, sobre la base de la igualdad de oportunidades. Manifestaron
que en este mismo sentido, la Constitución Política ha establecido diversos
derechos y principios enfocados en la protección reforzada de las personas
con discapacidad y la garantía del derecho a la educación (arts. 1, 13, 20, 47,
54, 67, 68 y 70). Señalaron que la Corte Constitucional también ha reconocido
la obligación de garantizar la educación inclusiva de las personas con
discapacidad en diferentes pronunciamientos[1].
Aseguraron que en el marco de la implementación de la política pública
de educación inclusiva, el Ministerio de Educación adoptó la definición de
inclusión educativa dada por la UNESCO, definición que es el marco de las
políticas de acceso, permanencia y culminación de la educación de las personas
con discapacidad. La definición es la siguiente:
“La inclusión significa entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad
a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan.
Para lograrlo ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo defina
y aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un
asunto de derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias
de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación
que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes ente los
estudiantes y que, en consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al
conocimiento y evalúa diferentes niveles de competencia.” [2]
Expresaron que el Ministerio de Educación Nacional diseñó el Plan Decenal
para el periodo de 2006 a 2016, en el que propone que “el sistema educativo
debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adulos, el respeto a la diversidad de
su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo,
desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social, y generar
condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran.” [3]
Por su parte, la Ley 115 de 1994 estableció que la atención de la población
con capacidad diferencial o con talento excepcional, es un deber del Estado
y hace parte del servicio público educativo. Asimismo, la Ley 361 de 1997, en
392 393

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
su capítulo II, dispuso las medidas que diferentes agencias del Estado deben
adoptar para garantizar la educación de las personas con discapacidad y,
más recientemente, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 señaló en su artículo 11
mandatos concretos orientados a garantizar el derecho a la educación de las
personas con discapacidad.
Por tanto, indicaron, la inclusión educativa es consustancial al derecho a la
educación, “es un requisito del derecho a la educación, toda vez que el pleno
ejercicio de este derecho, implica la superación de toda forma de discriminación
y exclusión educativa. Avanzar hacia la inclusión supone, por tanto,
reducir las barreras de distinta índole que impiden o dificultan el acceso,
la participación y el aprendizaje, con especial atención en los alumnos más
vulnerables o desfavorecidos, por ser los que están más expuestos a situaciones
de exclusión y los que más necesitan de la educación.”[4]
Aseguraron que el sistema de educación superior para las personas con discapacidad
es muy precario y, por tanto, el acceso al goce efectivo del derecho
a la educación inclusiva se ve truncado. También señalaron que las estadísticas
del DANE sobre las personas con discapacidad que se encuentran en el
sistema educativo son preocupantes:
“En el censo 2005 reporta que más del 6% de las personas en el país tiene
alguna discapacidad, y el 77% de las familias con alguna persona con discapacidad
pertenece a los estratos más pobres y no tiene acceso a los principales
servicios sociales, lo que hace que la discapacidad sea causa y efecto de
pobreza, porque tiene mayores gastos familiares y menores oportunidades
de acceso al mercado laboral.[5]”
Igualmente, explicaron que hay datos que registran que sólo el 0.3% de las
personas con discapacidad terminó la secundaria, el 0.8% ingresa pero no
termina estudios universitarios, el 0.5% ingresa pero no termina carreras
técnicas, y sólo el 0.5% logra terminar estudios universitarios.[6]
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Relataron que en un trabajo realizado en España titulado “Estigma y Enfermedad
Mental”, se citan estudios existentes sobre estigma de las personas
con esquizofrenia, y uno de ellos, que analizó las creencias entre familiares,
encontró que aunque la mayoría de personas con enfermedad mental opinaba
que su enfermedad era curable, el 78% de los familiares de las personas
con esquizofrenia opinaba lo contrario.
En el presente caso, aseveraron que el joven Mauricio fue excluido del sistema
educativo por razón de su discapacidad, tomando en cuenta que no se
han adoptado medidas para garantizar su permanencia dentro del sector
educativo, así como su inclusión social, lo que vulnera las obligaciones del
Estado dentro de la Convención de adoptar ajustes razonables para prestarle
acompañamiento al joven y garantizar su potencial dentro del proceso
educativo.
En cuanto al ICETEX, afirmaron que la Ley 361 de 1997 dispone que dicha
institución está obligada a facilitar el acceso a créditos y becas para las personas
con discapacidad, por lo cual dispuso la creación de líneas de crédito
a largo y mediano plazo. A su juicio, a pesar de que esas líneas de crédito
intentan garantizar el acceso a la educación superior de los estudiantes con
discapacidad, el ICETEX no ha adoptado los ajustes razonables necesarios
para garantizar su permanencia dentro del sistema educativo. Prueba de
ello es que en el caso específico, la entidad impuso al joven las mismas condiciones
del pago de la línea de crédito que a las personas sin discapacidad,
en lo relativo a la continuidad del proceso educativo.
Explicaron que se debe tomar en cuenta que las personas con discapacidad
psicosocial presentan patrones episódicos en los que tienen recaídas que
afectan su interacción social. Asimismo, estas personas presentan efectos
secundarios que derivan de los medicamentos que pueden impactar su concentración,
así como las numerosas institucionalizaciones que pueden impedir
sus actividades regulares. Sin embargo, afirmaron que eso no significa
que no tengan derecho a la educación, ya que parte del proceso terapéutico
consiste en prestar acompañamiento y realizar una planeación centrada
para que cada vez se tienda a reducir las recaídas.
394 395

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En cuanto al crédito educativo, adujeron que la pregunta no es si se debió
condonar el pago del crédito, sino más bien, si los reglamentos internos del
ICETEX cumplen con las obligaciones de la Convención de adoptar ajustes
razonables, para garantizar la permanencia de jóvenes como Mauricio dentro
del sistema educativo.
Concluyeron entonces que el ICETEX debe realizar una revisión de sus reglamentos
internos, para adoptar ajustes razonables orientados a garantizar
la permanencia y culminación del ciclo educativo, tomando en cuenta a las
personas que adquieren un mayor grado de discapacidad después de haber
obtenido el crédito. Precisaron que una de las medidas que se puede adoptar
es la ampliación del plazo para el pago del crédito, así como la suspensión
del crédito por el tiempo necesario para que las personas se puedan incorporar
al entorno educativo, después de una crisis.
En cuanto al proceso de interdicción, así como a la posterior declaración de
incapacidad, expresaron que el artículo 12 de la Convención dispone el igual
reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad,
así como la obligación del Estado de adoptar medidas para la salvaguarda de
cualquier abuso por parte de la autoridad, como la toma de decisiones asistida.
Explicaron que esa misma disposición busca la proscripción de figuras
jurídicas como la interdicción, ya que van en flagrante afectación a la capacidad
que busca reconocer la Convención. Debido a lo anterior, la Ley 1618
de 2013, en su artículo 21, numeral 2, ordenó al Ministerio Público, a las
comisarías de familia y al ICBF, proponer ajustes o modificaciones a la interdicción
judicial. En su sentir, si se sigue preservando esta figura jurídica,
no se podrá garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad,
tomando en cuenta que dicha condición tiene efectos patrimoniales, y por
tanto, impide a las personas con discapacidad participar en negocios jurídicos
sin intervención de su representante legal. Dicha condición también
afecta el mercado laboral, ya que en general, los empleadores no firman
contratos laborales con personas con medida de interdicción vigente.
En virtud de los argumentos planteados, la investigadora y los estudiantes
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
expusieron que se deben tutelar los derechos fundamentales a la igualdad
y no discriminación y la educación del joven Mauricio, y se debe ordenar
al ICETEX suspender los pagos del crédito educativo bajo la modalidad de
línea especial de crédito, hasta tanto no se adopten ajustes razonables orientados
a la reintegración social del joven. También consideraron que se debe
ordenar que el ICETEX realice la revisión de sus reglamentos internos y
prácticas, para garantizar la plena accesibilidad del derecho a la educación.
Por último, sostuvieron que se debe instar a que las secretarías de educación
y el Ministerio de Educación desarrollen planes y acciones de coordinación
interinstitucional para garantizar, promover y asegurar el acceso y permanencia
de personas con discapacidad a la educación superior.
3.2.2.5.Universidad del Rosario -Grupo de Investigación en Derechos Humanos-.
Las profesoras Diana Rocío Bernal Camargo y Andrea Carolina Padilla Muñoz,
investigadoras del Grupo de Investigación en Derechos Humanos, manifestaron
lo siguiente:
Explican que si bien la Ley 361 de 1997 –que ordena la adopción de una línea
especial de créditos educativos para las personas con discapacidad a la luz
del paradigma de la integración- y el Acuerdo 029 de 2007 –por medio del
cual el ICETEX creó efectivamente la línea de crédito referida- son un avance
en materia de acciones afirmativas para las personas con discapacidad,
contienen medidas que “se encuentran descontextualizadas a los avances,
tanto en el ámbito jurídico como de políticas públicas, que se han dado en
el mundo entero, y que en particular se reafirman con la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad”. En su sentir, desde el lenguaje
que adoptan las normas en comento, se aprecia tal rezago; por ejemplo,
manifiestan que mientras la Convención emplea el término “persona con
discapacidad” que incluye las condiciones de minusvalía, limitación, deficiencia,
la actual normativa se refiere a “personas con limitaciones”.
En relación con la regla contenida en el literal b del artículo 44 del Acuerdo
396 397

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
029 de 2007, consideran que esta disposición no contempla aquéllos eventos
en los cuales las personas con discapacidad per se tienen una pérdida
de capacidad laboral igual o superior al 50%, y que precisamente es esta
circunstancia la que determina su inclusión en el programa especial de créditos
dirigidos a esta población. En ese orden de ideas, sostienen que no toda
“invalidez”, para efectos de condonar la deuda, debe supeditarse a que ésta
se estructure con posterioridad al otorgamiento del crédito.
En particular, indican, las personas con discapacidad mental consistente en
esquizofrenia tienen una condición cuya evolución es heterogénea y determinada
por múltiples factores medioambientales, la cual, como en el presente
caso, puede llegar a un nivel de progresividad tal que sitúe al paciente
en un estado de discapacidad absoluta.
Por ello, concluyen, la condición de invalidez por esquizofrenia de Mauricio
no puede entenderse como una condición preexistente al momento de otorgarle
el crédito educativo. En este respecto, consideran que la agudización
de su diagnóstico inicial, que condujo a su declaratoria de interdicción por
discapacidad mental absoluta, debe tenerse como un hecho sobreviniente
y, por ello, estaría cumplida la condición consagrada en el artículo 44 del
Acuerdo 029 de 2007 del ICETEX.
De otro lado, evidencian que por el pago de dicha cuota crediticia, el derecho
al mínimo vital del núcleo familiar Lancheros Cruz se encuentra comprometido,
pues sus ingresos económicos dependen únicamente del salario del
señor Felipe ya que la señora Cruz se dedica al trabajo doméstico y al cuidado
de su hijo. De manera -sostienen- que se están limitando aún más los
recursos del núcleo familiar para atender los requerimientos de Mauricio.
Para finalizar, advierten que en el caso bajo análisis se requiere que la interpretación
de la política de créditos educativos para las personas con discapacidad
no sea restrictiva sino amplia a la luz de los instrumentos internacionales
de derechos humanos, en especial, la Convención de los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad, y que además tenga en cuenta
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la situación particular de cada persona que se encuentre en dicha circunstancia.
En consecuencia, recomiendan que este caso se resuelva con base en el criterio
de protección constitucional reforzada que opera frente a la población
en situación de discapacidad para proteger los derechos del accionante y de
su núcleo familiar. En concreto, piden a la Corte Constitucional que emita
unos lineamientos para atender la situación de acceso a la educación y
los sistemas de créditos educativos a favor de esta población –dentro de los
cuales se contemple la participación de los diferentes organismos del orden
nacional y territorial - con el propósito de adecuar la normativa y las políticas
públicas a la realización efectiva de los derechos de las personas con
discapacidad.
3.2.2.6.Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia-
El director, Rodrigo Uprimny Yepes, y los investigadores Paula Rangel Garzón
y Miguel Emilio La Rota de Dejusticia, intervinieron en el presente
proceso de tutela, en los siguientes términos:
En primer lugar, hacen referencia a que el tipo de educación superior al
que tienen derecho a acceder las personas en situación de discapacidad, a
la luz de las normas del sistema internacional de derechos humanos y de
su interpretación constitucional, debe ser inclusiva. Explican, con el fin de
que el sistema de educación garantice la plena inclusión de las personas con
discapacidad en la educación superior en condiciones de igualdad, deben
realizarse ajustes razonables.
Señalan que este concepto de ajustes razonables indica que lo que obstaculiza
la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad no
es su circunstancia particular sino las barreras del entorno, el cual no tiene
en consideración sus necesidades particulares, por tanto, la denegación de
ajustes razonables implica una forma de discriminar a esta población.
Afirman que el derecho a la educación superior de la población en situación
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de discapacidad está íntimamente conectado con el principio de no discriminación,
y que el acceso a la educación es una obligación inmediata del
Estado porque constituye un desarrollo del principio de igualdad material.
Por otro lado, sostienen que el acceso a la educación de esta población debe
promoverse mediante la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
En segundo lugar, en cuanto a las políticas públicas de acceso a la educación
de las personas con discapacidad, exponen que, de un lado, éstas deben garantizar
todas las dimensiones del acceso a la educación, lo cual va más allá
del otorgamiento de cupos; y de otro lado, deben asegurar los ajustes razonables
de tal manera que se anticipen a los obstáculos particulares que puedan
presentarse en la aplicación de los instrumentos de política pública, para lo
cual deben tener en cuenta aspectos de carácter geográfico, económico o de
cupos educativos. Advierten que así como pueden existir desventajas en la
etapa de tramitación del crédito, también pueden presentarse obstáculos en
otras etapas como en el momento de hacer uso del servicio o en la de realizar
un eventual pago del mismo.
En particular, consideran que resulta ilógico que dentro de un programa
de préstamos dirigido a un grupo en desventaja no existan ajustes mínimos
que se adapten a las particulares condiciones de estas personas para cumplir
con las obligaciones que se derivan de dicha financiación.
Aclaran que si bien el legislador tiene un alto margen de libertad para escoger
dentro de todas las opciones posibles la acción o las acciones afirmativas
que mejor desarrollen el fin de garantizar el acceso a la educación superior
de las personas con discapacidad, esta libertad tiene límites, por ejemplo,
que la política contenga los “ajustes razonables” requeridos para asegurar el
cumplimiento del objetivo propuesto.
En tercer lugar, sostienen que el presente caso plantea las siguientes tensiones:
por un lado, el deber de Mauricio y de sus padres como deudores
solidarios de asumir el pago que adquirieron con el Estado y, por otra parte,
el principio de solidaridad e igualdad material que de conformidad con la
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
jurisprudencia constitucional exige a las entidades financieras no aplicar
con el mismo rigor las reglas civiles para tomar en consideración la situación
de vulnerabilidad del deudor.
Sin embargo, anotan que el problema jurídico no se reduce a si se debe condonar
o no el pago de la obligación financiera sino que a su juicio involucra
el desconocimiento del derecho a la educación inclusiva. Esto es, explican
que la norma sobre condonación de créditos del ICETEX (artículo 44 del
Acuerdo 029 de 2007) no reconoce las necesidades especiales de las personas
con discapacidad y, por eso, resulta discriminatoria. Indican que esto se evidencia,
en el presente caso, en el que a una persona se le exige dar pruebas
de su discapacidad para acceder a la línea de crédito especial, pero luego
cuando su situación se agrava no está prevista ninguna forma de condonar
el crédito, pues la regla sólo aplica para la disminución sobreviniente en las
capacidades psicofísicas.
Además, indican, el único alcance que razonablemente se le puede otorgar
al dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez es el de constituir una
prueba que evidencia una serie de estudios médicos en los que se establece
la condición física del estudiante, pero en ningún caso debe asimilarse situación
de discapacidad a pérdida de capacidad laboral o a incapacidad para
autodeterminarse o estudiar.
Siguiendo adelante con su argumento, señalan que el efecto inmediato de
la aplicación mecánica de estas normas es que para quienes son beneficiarios
de la línea de crédito especial, sólo hay una causal de condonación: la
muerte del beneficiario, mientras que para las demás personas se encuentra
adicionalmente la “invalidez” sobreviniente del beneficiario. Esta situación
entraña una desigualdad en la condonación que afecta a las personas con
discapacidad, pues también ellas pueden sufrir eventos sobrevinientes que
les impiden pagar el crédito.
Argumentan que aunque la interpretación de las condiciones de condonación
afecta sólo de forma indirecta el acceso a la educación superior de las
400 401

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
personas con discapacidad, pues lo realmente importante es que puedan
acceder por primera vez a cursar sus estudios superiores, de todas formas
una de las principales barreras para acceder al sistema superior educativo
depende de las condiciones en las que se adquiere la obligación financiera
en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, aseguraron que las tasas de interés,
los requisitos académicos, las calidades de los deudores solidarios y,
sobre todo, las posibilidades de condonación, son determinantes para que
el estudiante decida si solicita un crédito o no a pesar de contar con los
méritos para ello. En consecuencia, aducen, se desincentiva el acceso de las
personas con discapacidad a los programas de financiación porque no se
ajustan a sus necesidades y, por el contrario, pueden resultarles desfavorables
según el tipo de discapacidad que tengan.
Finalmente, sugieren a la Corte Constitucional dejar de lado la interpretación
literal del artículo 44 del Acuerdo 029 de 2007 que dispone como
una de las causales de condonación de la deuda demostrar la “invalidez”
sobreviniente al otorgamiento del crédito porque desconoce el principio
de no discriminación (artículo 13 C.Pol) y el derecho a la ecuación superior
(artículos 67 y 69 C.Pol). Por el contrario, consideran que a la luz de los
anteriores postulados constitucionales puede contemplarse la posibilidad
de que la situación de discapacidad de una persona beneficiaria del crédito
pueda agravarse con posterioridad al punto de afectar su capacidad
laboral o de terminar sus estudios, y por tanto, en estos eventos, debería
entenderse que el agravamiento de la discapacidad constituye una incapacidad
sobreviniente que permite condonar la deuda. Por ende, en su sentir,
el ICETEX debe examinar si la condición de discapacidad de Mauricio y
su estado de salud indican que no podrá asumir el pago de la deuda. Adicionalmente,
plantearon la importancia de que se ordene al ICETEX una
revisión integral de sus políticas de promoción de acceso a la educación de
esta población y realice los ajustes razonables de las normas que regulan la
condonación de la deuda.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9,
de la Constitución, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la
Corporación, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia.
4.2. PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala examinar si la entidad accionada vulneró los derechos
fundamentales de Mauricio a la igualdad y a la vida digna, y el derecho al
mínimo vital del señor Felipe y el de su familia, al negarse a condonar la
deuda adquirida en virtud del crédito educativo otorgado para personas con
limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, bajo el argumento de que el Reglamento
del Crédito Educativo sólo permite la aplicación de dicha figura
cuando el hecho que da lugar a la invalidez sobreviene al otorgamiento del
crédito, hipótesis que no se cumple en su caso porque cuando se le otorgó el
crédito, dicha circunstancia estaba presente y por eso pudo ser beneficiario
de esta línea de crédito especial.
Para resolver el anterior problema jurídico, esta Sala analizará si la variación
del diagnóstico de Mauricio con posterioridad a la aprobación del crédito
educativo del cual fue beneficiario, constituye un hecho sobreviniente
que incluso puede comprometer su vinculación al campo laboral.
En particular, la Sala Séptima se referirá (i) a las personas en situación de
discapacidad como sujetos de protección constitucional reforzada; (ii) al derecho
a la salud de las personas con discapacidades, en particular, de aquéllas
con discapacidad mental originada por trastornos esquizoafectivos; (iii)
a la diferenciación entre los conceptos de discapacidad e invalidez; y (iv) al
contenido del derecho a la igualdad frente a las personas que se encuentran
402 403

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
en circunstancia de discapacidad y la necesidad de realizar ajustes razonables
como manifestación del deber de no discriminación. (v) Con base en las
anteriores consideraciones analizará el caso concreto.
4.3. LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACI-
DAD COMO SUJETOS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIO-
NAL REFORZADA.
Las personas con diversas discapacidades pertenecen a una población históricamente
invisibilizada y excluida; ello se evidencia por ejemplo en su
poca o casi inexistente participación en ámbitos de la vida pública, como
también en el imaginario social que se exterioriza mediante sentimientos
de vergüenza, lástima o incomodidad cuando se comparten los mismos espacios
con personas con diferentes discapacidades, debido a la ignorancia y
prejuicios existentes que ahondan aún más la indiferencia y la marginación
a la que ha sido sometida esta población durante siglos.[7]
Debido a la exclusión social que han tenido que soportar injustificadamente
las personas en circunstancia de discapacidad, aunque tardíamente, han
surgido grupos organizados de personas que se encuentran en esta situación
y diferentes organizaciones en el mundo que se han comprometido con la
defensa de sus derechos, lo cual se ha expresado en diferentes instrumentos
internacionales y otros documentos con fuerza jurídica a través de los cuales
se les exige a los Estados el reconocimiento de todas las garantías de esta
población como plenos sujetos de derechos.[8]
Es importante resaltar que la protección de los derechos humanos de las
personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad, se aborda
en la actualidad desde el modelo social, esto es, la discapacidad es entendida
como una realidad, no como una enfermedad que requiere ser superada a
toda costa, en otras palabras, se asume desde el punto de vista de la diversidad
y de la aceptación de la diferencia. Este modelo tiene una visión amplia,
pues (i) supera un primer modelo centrado en la caridad y el asistencialismo
y, (ii) parte de que no sólo debe abordarse la discapacidad desde el punto de
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
vista médico o de rehabilitación, sino también desde el aprovechamiento de
todas las potencialidades que tienen los seres humanos, independientemente
del tipo de discapacidades que tengan.
Con la anterior perspectiva surge un cambio de paradigma en la forma
cómo debe abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la discapacidad
surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente
social a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no
de la incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este modelo,
la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y
estigmatización.
En su modo más puro, quienes defienden el modelo social sostienen que
la discapacidad es una construcción social (esta afirmación es hecha en el
Plan de Acción para la Discapacidad de la Unión Europea de 2003) y, por
tanto, que la sociedad debe adaptarse para responder a las necesidades de las
personas con discapacidad. Este modelo se reflejó en la Declaración para la
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de julio de
1996, inspirada en las Reglas Estándar de las Naciones Unidas para la equidad
de oportunidades de las personas con discapacidad. En este instrumento
se afirma que la forma como la sociedad está organizada sirve a la exclusión
de las personas con discapacidad, y se hace un llamado al diálogo cívico con
organizaciones no gubernamentales que abogan por los derechos de estas
personas[9].
Sin embargo, fue con la adopción de la Convención sobre los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad que el modelo social se concretó.
Si bien éste no es el único tratado internacional referente a las personas
en situación de discapacidad, se resalta su relevancia como instrumento de
protección de los derechos humanos, el cual introduce una serie de pautas
sustanciales para abordar la discapacidad como una realidad que siempre
ha estado presente en la sociedad, al paso que proscribe cualquier práctica,
por acción u omisión, discriminatoria.
404 405

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Terminando, las personas que se encuentran en alguna circunstancia de discapacidad
tienen una protección constitucional reforzada, de conformidad
con los artículos 13 y 47 de la Carta y a la luz de la Convención -entre otros
instrumentos internacionales-[10], razón por la cual el Estado tiene el compromiso
de adelantar acciones efectivas para promover el ejercicio pleno de
sus derechos.
4.4. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD
Teniendo en cuenta que el actor Mauricio presenta una discapacidad mental,
y que de acuerdo con la normativa internacional y otros estudios, como
el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental, existe
un cambio de paradigma en torno a la discapacidad originada por trastornos
mentales, es importante hacer referencia a la naturaleza del derecho
a la salud y, en particular, cuál es su contenido frente a las personas que se
encuentran en esta circunstancia.
4.4.1. Naturaleza del derecho a la salud, en particular, su contenido frente a
las personas en situación de discapacidad.
4.4.1.1. El derecho fundamental a la salud y a la seguridad social se encuentra
consagrado en el artículo 48 Superior, en los siguientes términos: “...es un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza
a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social...”
4.4.1.2. Acerca de naturaleza, esta Corporación ha establecido que el derecho
a la salud no se circunscribe tan solo a un bienestar físico sino que de acuerdo
con el principio de dignidad humana involucra un concepto amplio de
bienestar en otras áreas, como la mental, social y emocional:
“...La jurisprudencia constitucional ha señalado que no existe una definición
única de salud, pues ésta hace referencia a un estado variable, susceptible de
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
afectaciones múltiples.[11] Sin embargo, siguiendo a la OMS, la Corte ha
entendido que el principio de dignidad humana impide reducir la salud a la
ausencia de enfermedad, y, por el contrario, la enmarca dentro del contexto
del máximo bienestar físico, mental y social que puede gozar una persona.
[12]
En este orden de ideas, la Corte –también siguiendo a la OMS- ha definido el
derecho a la salud como el derecho a gozar del nivel más alto de dicho estado,
el cual se debe alcanzar de manera progresiva[13]...”[14]
En particular, sobre la naturaleza del derecho a la salud, la Corte Constitucional
en su primera jurisprudencia acudió a conceptos como el de la conexidad
con otros derechos fundamentales y a la categoría de sujetos de protección
constitucional reforzada para analizar la procedencia de su amparo
en sede de tutela. En la actualidad, ha señalado que se trata de un derecho
subjetivo autónomo que puede reclamarse por la vía judicial:
“...A pesar de que en un comienzo la jurisprudencia no fue unánime respecto
a la naturaleza del derecho a la salud, razón por la cual se valió de caminos
argumentativos como el de la conexidad y el de la transmutación en derecho
fundamental en los casos de sujetos de especial protección constitucional,
hoy la Corte acepta la naturaleza fundamental autónoma del derecho a la
salud, atendiendo, entre otros factores, a que por vía normativa y jurisprudencial
se han ido definiendo sus contenidos, lo que ha permitido que se torne
en una garantía subjetiva reclamable ante las instancias judiciales.[15]
En el desarrollo jurisprudencial de la tesis del carácter fundamental autónomo
del derecho a la salud, la Corte ha descartado el argumento de que su
contenido principalmente prestacional y de desarrollo progresivo impida su
reconocimiento como fundamental. Como bien lo ha precisado esta Corporación
en numerosos fallos, todos los derechos fundamentales tienen una faceta
prestacional y progresiva –incluso los tradicionales derechos civiles y políticos-
sin que ello tenga incidencia sobre su naturaleza constitucional[16]”
406 407

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
De igual manera, la Observación General No. 14 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales -intérprete autorizado del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- señala que el derecho
a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio
de los demás derechos, y que todo ser humano tiene derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud para vivir con dignidad.
4.4.1.3 En particular, frente a la población con discapacidad, el artículo 47
Superior preceptúa el deber del Estado de adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad
física, sensorial o psíquica. Sobre este aspecto, en la sentencia T-057 de
2012[17], se expuso lo siguiente:
“...la Corte Constitucional ha sostenido en reiteradas oportunidades que el
concepto de salud debe interpretarse en un sentido amplio e integral, englobando
no solo el aspecto funcional o físico de la persona sino también sus
condiciones psíquicas, emocionales y sociales.[18]
En este sentido, la sentencia T...548 de 2011 consideró que ´la salud no equivale
únicamente a un estado de bienestar físico o funcional. Incluye también
el bienestar psíquico, emocional y social de las personas. Todos estos aspectos
contribuyen a configurar una vida de calidad e inciden fuertemente en el
desarrollo integral del ser humano.
En síntesis, puede afirmarse hasta aquí que la salud mental, la salud física
y la salud social son componentes esenciales de la vida estrechamente relacionados
e interdependientes[19] y tan solo la garantía y protección de estas
tres esferas de la vida del ser humano, por parte del Estado, significará la
completa y adecuada protección del derecho constitucional fundamental a
la salud...”
En consonancia con lo anterior, la Observación General No. 14, consagra
que:
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
“...26. El Comité reafirma lo enunciado en el párrafo 34 de su observación
general Nº 5, en el que se aborda la cuestión de las personas con discapacidades
en el contexto del derecho a la salud física y mental. Asimismo, el
Comité subraya la necesidad de velar por que no sólo el sector de la salud
pública, sino también los establecimientos privados que proporcionan servicios
de salud, cumplan el principio de no discriminación en el caso de las
personas con discapacidades...” (Subraya fuera de texto)
Bajo esta perspectiva, el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad consagró que las personas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y
que dentro de las medidas pertinentes para garantizar este derecho, el Estado
debe incluir la rehabilitación[20], como también la exigencia a los profesionales
de esta área de prestar a la población con discapacidad un servicio
de calidad sobre la base del consentimiento libre e informado que incluya
“...la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía
y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la
capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la
salud en los ámbitos público y privado...”
Resumiendo, en virtud del principio de dignidad humana, el derecho a la
salud (i) no se limita al bienestar físico sino también al bienestar mental,
social y emocional; (ii) es un derecho fundamental que permite la realización
de otras garantías superiores como también el desarrollo integral del
ser humano; y específicamente (iii) frente a la población con discapacidad
el contenido del derecho al goce del más alto nivel posible de salud incluye
la rehabilitación, cuyo fin es lograr la máxima independencia, capacidad
física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en
todas las áreas de la vida de este grupo.
4.4.2. El alcance del derecho a la salud de las personas en circunstancia de
discapacidad originada por trastornos mentales.
408 409

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
4.4.2.1. Frente a las personas con discapacidad mental, la Organización
Mundial de la Salud en el informe sobre la salud en el mundo 2001 “Salud
mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”, señaló que el enfoque
de atención a las personas que tienen algún tipo de trastorno mental ha sufrido
una variación sustancial, esto es, mientras que en diferentes momentos
históricos fueron tratadas solo como pacientes y cuando presentaban
alguna alteración en su conducta eran aisladas de la sociedad mediante su
hospitalización en grandes instituciones siquiátricas –privadas o estatales-,
a mediados del siglo XX se produjo un cambio de paradigma “...del hospital
a la comunidad...” debido, principalmente, a los siguientes factores: (i)
progreso de la psicofarmacología; (ii) movimientos de derechos humanos
en pro de la defensa de las personas con trastornos mentales; y (iii) la definición
de salud de la OMS que incluyó dentro de su contenido el componente
social y mental[21].
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-
[22], así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-
[23] han reconocido la condición de especial vulnerabilidad en la que se encuentran
las personas con discapacidad mental, así como los tratos crueles e
inhumanos a los que son sujetos, en diversas ocasiones, dentro de los centros
psiquiátricos.[24] Asimismo, a nivel internacional se han adoptado una serie
de instrumentos internacionales que establecen estándares respecto a las
medidas de protección de las personas con discapacidad mental.[25]
Lo anterior evidencia el grado de importancia que tiene para la Comunidad
Internacional que los Estados se comprometan a implementar medidas especiales
de protección para este tipo de personas, con la finalidad de garantizar
un nivel de vida adecuado, así como la inclusión social que requieren,
para el pleno ejercicio de todos sus derechos humanos[26].
Ahora, con respecto a los componentes esenciales que integran la dimensión
de asistencia para las personas que se encuentren en esta circunstancia,
la OMS destacó los siguientes: (i) medicación o farmacoterapia, (ii) psicoterapia[27]
y, (iii) rehabilitación psicosocial.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Específicamente, el objetivo de la rehabilitación psicosocial es brindar a
las personas con alguna discapacidad mental la posibilidad de desarrollarse
al máximo desde el punto de vista funcional y con independencia en
la comunidad, pero sobre todo de potenciar sus capacidades individuales e
introducir cambios en el entorno. Dentro de las estrategias que incluye este
tipo de rehabilitación, además de la rehabilitación desde el área de la salud,
se encuentran el ambiente cultural y socioeconómico del país, así como
la posibilidad de acceder a un empleo, adquirir vivienda, tener una red de
apoyo fuerte como la familia. En definitiva “[l]a rehabilitación psicosocial
permite que muchas personas adquieran o recuperen las aptitudes prácticas
necesarias para vivir e integrarse en la comunidad, y les enseña a hacer
frente a sus discapacidades...”
4.4.2.2. Teniendo en cuenta las particularidades del presente caso, la Sala
considera pertinente hacer una breve referencia a las características de la
discapacidad mental originada por trastornos esquizoafectivos. Al respecto,
la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud (CIE-10) que define los trastornos mentales y del
comportamiento, estableció que son:
“...[t]rastornos episódicos en los cuales tanto los síntomas afectivos como los
esquizofrénicos son destacados y se presentan durante el mismo episodio de
la enfermedad, preferiblemente de forma simultánea o al menos con pocos
días de diferencia entre unos y otros. No es clara aún su relación con los
trastornos del humor (afectivos) (F30-F39) y con los trastornos esquizofrénicos
(F20-F24) típicos. Otros cuadros en los cuales los síntomas afectivos
aparecen superpuestos o forman parte de una enfermedad esquizofrénica
preexistente, o en los cuales coexisten o alternan con otros tipos de trastornos
de ideas delirantes persistentes, se clasifican bajo la categoría adecuada
de F20-F29.
Los enfermos que sufren episodios esquizoafectivos recurrentes, en particular
aquellos cuyos síntomas son de tipo maníaco más que de tipo depresivo,
410 411

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
generalmente se recuperan completamente y sólo rara vez desarrollan un
estado defectual...”
4.4.2.3 Por último, es importante destacar que todos los programas y políticas
públicas que se diseñen para atender las necesidades específicas de
la población con discapacidad mental deben garantizar como mínimo la
realización efectiva de los derechos a la no discriminación, a la privacidad,
a la autonomía individual, a la integridad física, a la información y a la
participación, entre otros.
4.4.3. La circunstancia de discapacidad no debe asimilarse a “minusvalía de
la persona” ni a “invalidez”.
Teniendo en cuenta que en el presente caso la entidad accionada afirma
que precisamente la situación particular del actor -quien al momento de
solicitar el beneficio del crédito educativo tenía más del 50% de pérdida de
capacidad laboral- le permitió ser beneficiario de esta línea de crédito especial,
la Corte considera pertinente realizar un acercamiento a los conceptos
de “minusvalía” e “invalidez” para diferenciarlos de la situación de discapacidad,
circunstancia que en ningún caso debe confundirse con el porcentaje
numérico establecido en estos dictámenes.
4.4.3.1 La discapacidad no es sinónimo de “minusvalía de la persona”
4.4.3.1.1 Para iniciar, es importante realizar un acercamiento al concepto de
discapacidad desde sus inicios y su contenido actual. Con respecto a una de
las primeras construcciones del significado de discapacidad, es importante
destacar el que se incluyó en las Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas en situación de discapacidad, aprobadas por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante
Resolución 48/96 el 20 de diciembre de 1993, que aunque no tienen carácter
obligatorio, constituyen un marco normativo de acción muy importante
para las organizaciones de personas en situación de discapacidad[28], pues
tal y como se expone en el numeral 14 de la introducción de este instrumento,
tienen vocación de transformarse en costumbre internacional y, en ese
sentido, en normas aplicables a todos los Estados.
Esta normativa estableció una diferenciación entre los conceptos de discapacidad
y minusvalía. Dicha distinción se dio en razón a que algunos representantes
de organizaciones de personas con discapacidad y profesionales en
el área, durante el decenio de 1970, manifestaron su inconformidad respecto
a lo que se estaba entendiendo por discapacidad y minusvalía, pues de manera
constante se confundían y reflejaban un enfoque médico.
Por esta razón, en las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas en situación de discapacidad, en un intento por aclarar
los contenidos de las dos expresiones, se señaló que la discapacidad hacía
referencia a una limitación funcional, esto es, a una deficiencia, dolencia,
enfermedad, de carácter permanente o transitorio. En contraste, se estableció
que la minusvalía era generada por el entorno –físico y social-:
“Con la palabra “discapacidad” se resume un gran número de diferentes
limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países
del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia
física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o
una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden
ser de carácter permanente o transitorio”[29].
Por su parte, con la palabra minusvalía se describe:
“la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad
en condiciones de igualdad con los demás. La palabra ´minusvalía´
describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno.
Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de
diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad,
por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que
las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad”[30]
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Aunque la anterior diferenciación se dio para evidenciar que la discapacidad
no debía ser entendida como una condición inherente a la persona y
que no era sinónimo de “minusvalía”, haciendo claridad en que este último
concepto era generado por el entorno físico y social al obstaculizarle el ejercicio
pleno de todos sus derechos en condiciones de igualdad, el concepto
de discapacidad en sí mismo seguía privilegiando una perspectiva médica.
4.4.3.1.2 Años más tarde, 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptó la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad (CDPD), aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 del 31
de julio de 2009, declarada exequible mediante sentencia C-293 del 21 de
abril de 2010[31], que introdujo la transformación de, por lo menos, dos
paradigmas en torno a la discapacidad, estos son: 1) no debe ser entendida
como una enfermedad y 2) abarca mucho más que un tratamiento médico
de habilitación y rehabilitación. Sobre este punto, en la sentencia T-974 de
2010[32], se expuso lo siguiente:
“También es pertinente recordar que en los últimos tiempos se ha observado
una variación frente a la forma en que se entienden protegidos los derechos
de las personas con discapacidad, pues como lo anota el grupo de investigación
de la Universidad de los Andes (PAIIS) en su intervención, ha habido
un cambio de paradigma al respecto, esto es, que la discapacidad ya no
debe ser entendida como una enfermedad o un obstáculo para vivir, sino que
debe ser abordada desde el matiz de la diversidad y del pluralismo, valores
protegidos en la Constitución y que a la vez promueven la tolerancia y la
igualdad.
En últimas, a la luz de la normativa internacional, la discapacidad no sólo
debe abordarse desde el punto de vista médico sino que debe abarcar otras
aristas que permitan atender dicha realidad de forma integral.”
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
El artículo 1 de este instrumento internacional, que integra el bloque de
constitucionalidad, estableció unos lineamientos para delimitar lo que debe
entenderse por circunstancia de discapacidad, así: “...Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás...”
Es importante aclarar que esta Convención no define de manera expresa lo
que debe entenderse por discapacidad, toda vez que reconoce que es un concepto
en evolución y, permite adaptaciones atendiendo al paso del tiempo y
a diversos entornos socioeconómicos.[33]
Agregado a lo anterior, la Corte IDH ha considerado que “la discapacidad
no se define en torno a la deficiencia de la persona, sino en virtud de las barreras
o limitaciones que existen socialmente para que las personas puedan
ejercer sus derechos de manera efectiva.”[34]
En resumen, la minusvalía fue un concepto que se creó para evidenciar la
deficiencia del diseño del entorno físico y de la organización social que impiden
la plena participación de la población con discapacidad en condiciones
de igualdad, frente a quienes no se encuentran en dicha circunstancia.
Siguiendo este espíritu, actualmente la expresión “minusvalía” es integrada
implícitamente al concepto de discapacidad, desde la perspectiva de un
modelo social, para señalar que “...la discapacidad surge principalmente del
fracaso de la adaptación del ambiente social a las necesidades y aspiraciones
de las personas con discapacidad, en vez de la incapacidad de estas personas
de adaptarse al ambiente. Para este modelo la discapacidad es principalmente
un problema de discriminación y estigmatización...”[35]
4.4.3.2 La discapacidad no es sinónimo de “invalidez”
4.4.3.2.1 Por otra parte, no debe confundirse la situación de discapacidad
con la invalidez en el contexto de la normativa de seguridad social. En el
marco de dicha normativa, la invalidez está ligada al reconocimiento de
una prestación que se otorga a quienes cumplen con los requisitos exigidos
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
en la ley, como el atinente a que la persona tenga una pérdida de capacidad
laboral del 50% o superior a este. Este reconocimiento económico es una opción
con que cuentan las personas con discapacidad dentro de la normativa
laboral y al que pueden acceder una vez acrediten los presupuestos exigidos
para tal fin, pero el que exista esta posibilidad en el ordenamiento jurídico
no significa que la persona con discapacidad, aún teniendo un porcentaje
de pérdida de capacidad laboral (PCL) del 50% o más, no cuente con otras
capacidades que pueda emplear en el desarrollo de una actividad productiva
para acceder a una fuente de ingresos y ponerlas al servicio del crecimiento
de la sociedad.
En este orden de ideas (i) la invalidez ligada a la pérdida de capacidad laboral
igual o superior al 50%, no es asimilable a la discapacidad; y (ii) la pérdida
de capacidad laboral igual o superior al 50%, ligada a una pensión cuando
se cumplen con los requisitos legales, no significa siempre imposibilidad de
seguir trabajando.
En la sentencia T-198 de 2006[36], la Corte sostuvo:
“...Debe reiterarse, sin embargo, que la protección laboral reforzada a favor
del trabajador discapacitado, no debe asimilarse a trabajador inválido. En
efecto, tal y como se desarrolló en la parte motiva de esta providencia, el
concepto de invalidez se utiliza en el ámbito laboral para otorgar una pensión
a aquella persona que ha perdido su fuerza laboral, y resulta independiente
de la estabilidad laboral reforzada establecida por la ley...” (Subraya
fuera de texto)
4.4.3.2.2 Para ilustrar las anteriores hipótesis, es pertinente hacer referencia
a dos casos en los que la Corte ha considerado que la situación de discapacidad
no es sinónimo de invalidez y, por el contrario, a pesar de que existe
una pérdida de capacidad laboral superior al 50% ello no significa que la
persona no pueda desarrollar un trabajo de acuerdo con sus capacidades.
En la sentencia T-427 de 2012[37], se analizó el caso de una persona que
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tenía discapacidad mental desde su nacimiento, y quien pudo vincularse
laboralmente como auxiliar de bodega y, en consecuencia, realizar cotizaciones
al sistema de seguridad social en pensiones; sin embargo, al solicitar
el reconocimiento de la prestación económica de invalidez, ésta le fue negada
bajo el argumento de que como su pérdida de capacidad laboral tuvo
como fecha de estructuración la fecha de su nacimiento, no cumplía con el
requisito legal de haber contribuido con aportes al sistema dentro de los tres
años anteriores a la calificación de invalidez. En esta oportunidad, la Corte
consideró que debía realizar un ajuste razonable en la interpretación de la
norma frente a la circunstancia específica del accionante porque de lo contrario
se estaría avalando un acto de discriminación en su contra por razón
de su discapacidad, ya que, en efecto, se le estaría exigiendo un requisito que
nunca podría cumplir. En este respecto, sostuvo la Corte:
“...Por lo anterior, en aquellos casos en los que se deba establecer la fecha
de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de una persona que
sufra una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no le impida
ejercer ciertas actividades laborales remuneradas durante algunos períodos,
la entidad encargada de realizar el dictamen de pérdida de capacidad laboral
deberá tener en cuenta que la fecha de estructuración corresponde a aquella en
que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales, en tal grado,
que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente productiva...
Asimismo, está claro que la discapacidad del señor Meza Franco no le ha
impedido ejercer actividades remuneradas durante ciertos períodos de su
vida. Tal como está acreditado en el expediente, el tutelante laboró como auxiliar
de bodega desde junio de 1994 hasta febrero de 1999.[38] Según lo manifestado
por su madre, quien actúa como agente oficiosa, la razón para que
el actor dejara de laborar fue ´el cierre de la [...] empresa [empleadora]´,[39] y
porque no logró obtener otro trabajo...
Al respecto, debe señalarse que la actuación de la AFP Porvenir S.A. no
tuvo en cuenta que el señor Franco mantuvo su capacidad laboral para ejercer
ciertas actividades compatibles con su discapacidad. En efecto, el actor
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
laboró durante cerca de cinco (5) años a pesar de ser una persona con discapacidad.
Por lo anterior, para la Sala de Revisión es claro que la razón para
que el tutelante no hubiera podido seguir laborando y aportando al Sistema
no está relacionada con su discapacidad sino con una barrera social, ya que
la sociedad no le brindó la oportunidad de seguir realizándose como persona
en forma autónoma e independiente...”
Por las razones anotadas, la Sala Primera de Revisión de la Corte ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor del actor.
Por otro lado, mediante sentencia T-770 de 2012[40], la Sala Séptima de Revisión
analizó la solicitud de un ciudadano que interpuso acción de tutela
contra el Ministerio de Defensa Nacional, por considerar que había vulnerado
sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo al emitir una
resolución que decidió retirarlo del servicio por haber sobrepasado la edad
correspondiente a su cargo, sin tomar en consideración que debido a que la
Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad de la Armada reportó una
disminución de su capacidad laboral del 100%, le era imposible cumplir con
los requisitos de ascenso en dicha institución.
Del relato presentado por el peticionario pudo constatarse que aunque la
pérdida de capacidad laboral antes referida fue emitida en el año 2009, el peticionario
continuó prestando sus servicios a la Armada Nacional y adelantó
estudios técnicos en el SENA en desarrollo de software. Luego, se desempeñó
como coordinador de proyectos de seguridad, coordinador del Proyecto de
Gestión Documental ORFEO y Jefe del Grupo de Desarrollo de Sistemas
y de Información. Ante la notificación de su desvinculación de la entidad
accionada, consideró que la decisión iba en contra de su rehabilitación integral
porque se encontraba en capacidad de poner al servicio de la institución
su conocimiento en el área de desarrollo de software y electrónica. En particular,
expuso la Sala que a pesar de que el actor reunía los requisitos legales
para acceder a la prestación económica de invalidez, también se encontraba
acreditado que contaba con la capacidad de ejercer una actividad productiva
–además era su deseo desarrollarla-, hecho que debió ser analizado por la
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
institución antes de proceder a su retiro. Para la Corporación, con su retiro
se estaba incurriendo en el desconocimiento del derecho a la igualdad por
no otorgar el trato más favorable dentro de las opciones existentes. De este
pronunciamiento se destaca:
“...Esta es la oportunidad para recalcar que el concepto de integración laboral
consagrado en la Ley 361 de 1997, que desarrolla el artículo 13 de la
Carta, y se relaciona también con los principios contenidos en los instrumentos
internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad
como fuente interpretativa, analizados en el aparte de las consideraciones,
va más allá de la posibilidad de que las personas en condición de discapacidad
puedan tener ingresos económicos. La integración laboral deviene del
principio de integración social, e implica que este grupo poblacional pueda
relacionarse con los demás, desarrollarse en el ámbito laboral sintiéndose
útil para los que lo rodean.
En consecuencia, si el juez de tutela ordenara el reconocimiento de la pensión
de invalidez de este hombre de 36 años de edad, que tiene una pérdida
total de visión, se le estaría condenando a no volver a trabajar y a pasar
el resto de sus años sin ejercer ninguna actividad productiva, siendo que ha
demostrado que tiene las capacidades para desarrollar sus labores a pesar de
su condición...”
Por las anteriores razones, dejó sin efecto la resolución atacada y se ordenó
el reintegro del accionante al cargo que desempeñaba.
En resumen: (i) la “minusvalía” e “invalidez” se originan por diversas barreras
culturales, sociales, económicas, físicas, de lenguaje, que le impiden a la
población con discapacidad ejercer con plenitud sus derechos; (ii) el concepto
de “invalidez” también se utiliza en el campo de la seguridad social para
hacer referencia a la prestación económica que le es reconocida a las personas
que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales, dentro de los
cuales se encuentra la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.
Sin embargo, la posibilidad de acceder a dicho reconocimiento no define
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la situación de discapacidad porque desde el punto de vista numérico esta
circunstancia puede coincidir en un grado inferior o superior al 50%, sin que
ello signifique que la persona no pueda desarrollarse en el campo laboral de
acuerdo con sus capacidades; (iii) existe una gran limitante para que las personas
con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo por las barreras
sociales que les impiden realizarse de forma autónoma e independiente; y
(iv) no siempre la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% es
sinónimo de reconocimiento de la pensión de invalidez ni de incapacidad
laboral, pues esta prestación económica es una opción con que cuentan las
personas que reúnen los requisitos legales exigidos, pero ello no elimina la
posibilidad de ejercer una actividad productiva como quedo visto con los
casos anteriormente expuestos.
4.5 LAS ACCIONES AFIRMATIVAS SON UN MEDIO
PARA LA REALIZACIÓN DE LA IGUALDAD MATERIAL.
4.5.1. El artículo 13 de la Constitución Política consagra el derecho a la igualdad
en los siguientes términos:
“...Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan...”
A la luz del anterior precepto y en consonancia con reiterada jurisprudencia
de esta Corporación[41], se pueden presentar los siguientes contenidos del
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
derecho a la igualdad. En primer lugar, la igualdad formal ante la ley que
asegura que todas las personas recibirán la misma protección y trato por
parte de las autoridades; en segundo lugar, la prohibición de discriminación,
dirigida a evitar que se mantenga, agrave o perpetúe la exclusión de
grupos tradicionalmente discriminados en la sociedad por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica
y; en tercer lugar la igualdad de oportunidades o igualdad material,
cuya finalidad es superar las desigualdades que afrontan las personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, o que soportan ciertos grupos
que son tradicionalmente discriminados o marginados. En particular, en la
sentencia C-221 de 2011, acerca del contenido del derecho a la igualdad se
expuso:
“Como lo ha señalado la Corte,[42] del artículo 13 C.P. se colige la existencia
de contenidos normativos que ordenan (i) la igualdad ante la ley,
comprendida como el deber estatal de imparcialidad en la aplicación del
derecho frente a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación,
previsión que dispone que las actuaciones del Estado y los particulares no
deban, prima facie, prodigar tratos desiguales a partir de criterios definidos
como “sospechosos” y referidos a razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; y (iii) un mandato
de promoción de la igualdad de oportunidades o igualdad material, comprendido
como el deber de ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a los
grupos discriminados y marginados, bien sea a través de cambios políticos
a prestaciones concretas. A este mandato se integra la cláusula constitucional
de promoción de la igualdad, que impone al Estado el deber de proteger
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, al igual que
sancionar los abusos que contra ellas se cometan...”[43]
En este orden de ideas cabe destacar que la realización del mandato de la
igualdad material supone el desarrollo de acciones afirmativas[44], entendidas
como “las políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas
personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de tipo social, cultural o económico que los afectan[45], bien de lograr que
los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido
discriminado, tengan una mayor representación[46].”[47]
En otras palabras, la noción de acción afirmativa está encaminada a (i) “favorecer
a determinada persona o grupos, ya sea con el fin de eliminar o
reducir las desigualdad de tipo social, cultural o económico, que los afectan...”[48]
y a (ii) “lograr que los miembros de un grupo subrepresentado,
usualmente un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor representación...”[49]
En este punto, es importante precisar que con la noción de acción afirmativa
no sólo se hace referencia a aquéllas medidas de discriminación inversa
o positiva, sino que también involucra otras especies, en los términos de la
jurisprudencia constitucional:
“En las Sentencias C-371 de 2000, C-964 de 2003 y C-293 de 2010 la Corte
precisó que el concepto de acción afirmativa es un género a partir del cual
se desarrollan tres especies[50]: (i) las acciones de concientización, encaminadas
a la sensibilización con respecto a una problemática, como lo son las
campañas publicitarias[51]; (ii) las acciones de promoción y facilitación,
como lo son, verbi gratia, el apoyo económico a los pequeños productores,
las becas y ayudas financieras para estudiantes de escasos recursos y los
subsidios en los servicios públicos[52]; y (iii) las acciones de discriminación
inversa o positiva, que se distinguen por tomar como eje ‘categorías
sospechosas’ de discriminación como lo son el sexo o la raza y se producen
ante una situación de especial escasez de bienes deseados, como ocurre con
respecto a los puestos de trabajo o cupos universitarios, lo que implica que
el beneficio que se brinda a ciertas personas, tiene como contrapartida el
perjuicio de otras[53]”[54]
Todas estas medidas son constitucionalmente admisibles para garantizar
real y materialmente el ejercicio del derecho a la igualdad de las personas en
situación de debilidad, vulnerabilidad o cuya situación se enmarque dentro
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de los criterios que son considerados como sospechosos, frente a las demás
personas que no se encuentren en su misma circunstancia.
4.5.2. La especial protección constitucional que se otorga a diferentes personas
o grupos en estado de vulnerabilidad, como es el caso de aquellos
ciudadanos con diferentes discapacidades es un deber constitucional cuyo
sustento se encuentra de manera expresa en el artículo 47 Superior[55], en
los principios del Estado Social de Derecho, del trabajo, de la solidaridad y
del deber de velar por un orden justo. Al respecto, esta Corporación ha sido
enfática en sostener que:
“...el trato favorable no constituye un privilegio arbitrario o una concesión
caritativa. Es, por el contrario, simple cumplimiento del deber constitucional
de especial protección al que se ha hecho mención, a fin de lograr que
las personas discapacitadas no tengan que sumar a su circunstancia y a la
marginación a la que usualmente se ven sometidos, una carga adicional a la
que deben soportar el resto de los habitantes de la ciudad. Desconocer esta
situación no sólo contradice el postulado mínimo de igualdad sino la más
elemental idea de un orden justo”[56] (Subraya fuera de texto)
Lo anterior no significa que las personas en situación de discapacidad se
encuentren relevadas de sus deberes y obligaciones constitucionales como
cualquier otro ciudadano:
“...la Corte ha reiterado que el derecho a un trato especial, no llega hasta
liberar a las personas con limitaciones de sus deberes ni exonerarlos de manera
anticipada por sus faltas. En criterio de la Corte ´en la misma medida
en que el Estado y la sociedad les brindan a los discapacitados posibilidades
de integrarse a la vida social, los discapacitados adquieren distintos deberes
para con las organizaciones política y social, que les podrán ser exigidos
como a cualquier otro ciudadano.`[57]”[58]
4.5.3. Para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas
en situación de discapacidad, se ha reconocido que debido a la discrimi-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
nación histórica a la que ha sido sometida esta población, el Estado tiene el
compromiso de adelantar acciones afirmativas para desarrollar el postulado
del derecho a la igualdad con el fin de promover el ejercicio pleno de sus
derechos. El incumplimiento de este deber estatal, esto es, la no promoción
de acciones tendientes a favorecer y reivindicar a un grupo que ha sufrido
exclusiones sociales a lo largo de la historia, constituye un acto discriminatorio
en contra del mismo, pues vigoriza los obstáculos a los cuales se ha encontrado
expuesto cotidianamente, y, en esta medida le impide el ejercicio
pleno de sus derechos y libertades.
4.5.4. Ahora bien, es importante tener en cuenta que al interior de este grupo
convergen distintas necesidades dependiendo del tipo y grado de discapacidad
que se tenga, por ello, no basta con que el Estado adopte medidas
afirmativas en relación con ese grupo, sino que éstas deben responder a sus
necesidades particulares[59] y para ello debe realizar los ajustes razonables
que se requieran.
4.6. LOS AJUSTES RAZONABLES SON UNA MANIFESTA-
CIÓN DEL CONTENIDO DEL DERECHO A LA IGUALDAD
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES.
Es importante recordar que la Convención sobre los Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad reconoce a la persona en situación de discapacidad
como un ser digno, diverso y pleno sujeto de derechos, cuya circunstancia
específica está construida principalmente a partir de los obstáculos
no sólo físicos sino también culturales y sociales que esta población tiene
que afrontar. Por otra parte, abandona el paradigma médico rehabilitador y
aunque reconoce la importancia de que a esta población se le preste atención
desde esta perspectiva, la reconoce como una de sus facetas, pero no como la
única ni como la determinante.
Ahora bien, como quedó expuesto en la consideración precedente, las acciones
afirmativas son un medio para realizar la igualdad material y de
oportunidades de un grupo históricamente invisibilizado y discriminado
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
como el que integran las personas con discapacidad. Por ello, es necesario
que dichas políticas o medidas legislativas o administrativas respondan a
las necesidades de esta población y tengan en cuenta sus particularidades.
Esta adecuación ha sido desarrollada en el instrumento internacional, bajo
el título de “ajustes razonables”, esto es, “...las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales...”
Sobre el desarrollo de esta categoría, la Organización de las Naciones Unidas
en su publicación denominada “De la exclusión a la igualdad”[60], expuso
en lo referente al tema que se viene tratando que “el hecho de no conceder
a una persona “ajustes razonables” equivale a discriminarla por motivos de
discapacidad.
Además, en este informe se hizo referencia a que “la expresión `ajustes razonables`
se conoce también como la obligación de dar facilidades, adaptarse
o tomar medidas, o de efectuar modificaciones efectivas o adecuadas. Por
ejemplo, conceder a una persona `ajustes razonables` significa efectuar adaptaciones
en la organización de un ambiente de trabajo, un establecimiento
docente, una instalación de atención médica o un servicio de transporte a fin
de eliminar los obstáculos que impidan a una persona con discapacidad participar
en una actividad o recibir servicios en igualdad de condiciones con los
demás. En el caso del empleo, esto podría significar modificaciones materiales
de los locales, adquirir o modificar equipo, ofrecer un lector o intérprete
o la capacitación o supervisión pertinentes, adaptar los procedimientos de
examen de ingreso o evaluación, modificar las horas de trabajo normales,
o asignar algunas de las tareas de un puesto a otra persona.” (Negrillas y
subrayas fuera del texto).
Al respecto, en la Sentencia C-605 de 2012[61] se analizó, entre otros problemas
jurídicos, si un conjunto de normas de la Ley 982 de 2005[62] vulneran
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la Constitución por haber incurrido en una omisión legislativa relativa al
no haber considerado los derechos de las personas con discapacidad auditiva
que no emplean el lenguaje de señas. En punto al concepto de ajustes
razonables sostuvo:
“Se entienden como razonables aquellos ajustes que no imponen una carga
desproporcionada o indebida, apreciación que implica la simultánea ponderación
de los costos que tales acciones necesariamente tendrán para el
Estado y la sociedad. A juicio de la Corte, este concepto referente, así como
la trascendental consideración que en él va envuelta, se acompasan debidamente
con los principios constitucionales que inspiran el diseño y ejecución
de las acciones afirmativas, a través de las cuales el Estado procura el logro
de la igualdad real y efectiva garantizada por la Constitución Política.
Por consiguiente, se considera que su uso y aplicación como medida de las
acciones a realizar no plantea problemas en relación con la exequibilidad
de estas normas...”
Igualmente, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-066 de 2013[63],
analizó entre otros aspectos si las expresiones normalización social y plena
de las personas con discapacidad como la normalización de su entorno familiar
vulneran los derechos a la dignidad humana, autonomía e igualdad
de esta población. Entre las cuestiones que abordó para dar respuesta al problema
jurídico planteado, se encuentran las barreras que tienen que superar
las personas con discapacidad para hacer efectivos sus derechos, las cuales
no sólo se circunscriben a las barreras físicas; la Corporación sostuvo:
“Desde esa perspectiva, la protección de los derechos de las personas en situación
de discapacidad pasa por la eliminación de esas barreras, las cuales
no son únicamente de índole físico, sino también jurídico. Las diferentes
modalidades de infraestructura, la conformación institucional y las reglas
jurídicas deben, en ese orden de ideas, adaptarse de modo tal que su configuración
no imponga limitaciones de acceso a las personas con discapacidad.
Así, como lo ha señalado la Corte `… para el Constituyente, la igualdad real
sólo se alcanza si el Estado se quita el velo que le impide identificar las
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verdaderas circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo favor
se consagra este derecho. Una vez revelado el panorama real, el Estado tiene
la tarea de diseñar políticas públicas que permitan la superación de las barreras
existentes para que las personas puedan incorporarse, en igualdad de
condiciones, a la vida social, política, económica o cultural... el derecho a la
igualdad en el Estado Social de Derecho, trasciende los imperativos clásicos
de la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en las diferencias
que de hecho existen entre las personas y los grupos de personas. Justamente,
en consideración a las diferencias relevantes, deben diseñarse y ejecutarse
políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad.`[64]”(Negrilla fuera
de texto)
En definitiva, la realización del derecho a la igualdad material de las personas
con discapacidad, implica que las medidas legislativas, administrativas,
entre otras, respondan a su situación concreta. Estas adaptaciones, a la luz
del instrumento internacional de la Convención se denominan ajustes razonables,
que involucran no solo la infraestructura física sino también las
reglas jurídicas que, en muchos casos, imponen limitaciones a las personas
en situación de discapacidad, y desconocen las diferencias existentes entre
este grupo y el resto de personas que no se encuentran en su misma circunstancia.
5. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO
5.1. HECHOS RELEVANTES:
Antes de avocar el estudio de los supuestos fácticos a la luz de las consideraciones
expuestas, es pertinente referirse a los hechos que se encuentran
debidamente probados en el presente caso y que a continuación se resumen:
5.1.1. El actor es beneficiario de la línea especial de crédito dirigida a los estudiantes
con discapacidades físicas, síquicas o sensoriales, de carácter permanente.
En la actualidad tiene el título de licenciado en humanidades e
idiomas
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
5.1.2. El señor Mauricio fue valorado por el área de medicina laboral de la
Caja Colombiana de Subsidio Familiar, el 1 de septiembre de 2005, y se le
dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 51.85%, especificando en dicho
informe que no necesitaba de otra persona para realizar sus actividades
(Folios 5-7).
5.1.3. El 5 de noviembre de 2010, su médico psiquiatra conceptuó que el
diagnóstico inicial del señor Mauricio era trastorno afectivo bipolar; sin
embargo, una vez analizó en conjunto los síntomas afectivos y psicóticos
que presentaba, modificó el diagnóstico hacia un trastorno esquizoafectivo.
Agregó que el paciente no tomaba la medicación de forma regular y que
abusaba de sustancias como el alcohol y el cigarrillo. Por otra parte, advirtió
que mientras el paciente no lograra estabilizarse, no tendría capacidad para
administrar sus bienes (Folio 18).
5.1.4. El 8 de septiembre de 2011, el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, a través de uno de sus médicos especialistas, practicó
examen a Mauricio en el cual constan las siguientes conclusiones: 1) tiene
signos y síntomas de trastorno afectivo bipolar en remisión parcial con
episodio más reciente maniaco y síntomas psicóticos lo que limita su capacidad
de resolver problemas cotidianos de forma adecuada; 2) debido a su
diagnóstico, no tiene capacidad para administrar sus bienes ni disponer de
ellos; 3) requiere tratamiento por tiempo indefinido con psicofármacos y
controles por consulta externa de psiquiatría; y 4) el hecho de que no pueda
administrar sus bienes no significa que no tenga capacidad “permanente”
para comprender y determinar cuándo está transgrediendo las normas. Por
ejemplo, si llegara a delinquir, el acto y el contexto debe ser valorado por un
perito psiquiatra para determinar la capacidad de comprensión y autodeterminación
en ese momento (Folios 24-25).
5.1.5. Mediante sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Familia de
Bogotá, el 10 de noviembre de 2011, se declaró la interdicción judicial de
Mauricio por discapacidad mental absoluta y fueron designados como sus
guardadores su padre Felipe –principal- y su madre María Doris Cruz -suplente-
(Folios 9-12).
5.1.6. El 31 de mayo de 2012, el señor Felipe dirigió un escrito al ICETEX
mediante el cual solicitó la condonación de la deuda del crédito educativo
que le fue otorgado a su hijo, en razón a que el beneficiario del crédito fue
declarado interdicto por discapacidad mental absoluta, lo que ha limitado
su acceso al campo laboral. Agregó que debía tenerse en cuenta que aunque
es el codeudor del obligado principal, es el único proveedor económico de su
familia (Folio 29).
5.1.7. El 19 de junio de 2012, el ICETEX dio respuesta a la anterior solicitud
informándole al actor que tal y como le había explicado en respuesta
emitida el 25 de octubre de 2011, no era procedente acceder a la petición de
condonación de la deuda porque no reunía los requisitos establecidos en el
Reglamento de Crédito Educativo, contenido en el Acuerdo 029 de 2007,
específicamente, el estado de invalidez declarado no fue un hecho sobreviniente
a su otorgamiento (Folio 31).
5.1.8. El 8 de enero de 2013, el médico especialista en Medicina del Trabajo de
la EPS Famisanar conceptúo que Mauricio tiene un trastorno esquizoafectivo.
Su pérdida de capacidad laboral la determinó en un 54.45% y advirtió
que necesita de otra persona para realizar sus actividades (Folios 26-28).
5.2. EXAMEN DE LA PROCEDENCIA
5.2.1. En el presente caso Felipe actuando en representación de su hijo Mauricio
presentó la acción de amparo para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la vida digna.
En este punto, es importante aclarar que esta Sala no comparte el argumento
presentado por los jueces de segunda instancia –Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil-, en el sentido de que como el representante
legal de Mauricio otorgó poder para la presentación de la acción de
tutela en su calidad de perjudicado directo y sin aclarar expresamente que la
solicitud de protección de los derechos fundamentales invocados la elevaba
428 429

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
en nombre de su hijo, tan solo debía pronunciarse acerca de la posible vulneración
de los derechos de aquel mas no de su hijo.
El artículo 3 del Decreto 2591 de 1991 establece “...Principios. El trámite de
la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad,
prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”
De los anteriores principios, en especial el de la prevalencia del derecho sustancial
sobre lo procedimental, se deriva el carácter informal de la acción
de tutela; en este escenario, la misión más importante del juez de tutela es
desentrañar los derechos fundamentales que están siendo amenazados o
vulnerados, aún de aquéllos que no fueron invocados expresamente[65]. A
la luz de este espíritu, la aplicación en exceso rigurosa de las formas procesales
cede frente al principio de justicia material.
Al respecto, cabe mencionar que del escrito de acción de tutela se puede
colegir con claridad que la inconformidad del actor se centra en la negativa
de la entidad accionada de condonar la deuda del crédito educativo
del que fue beneficiario su hijo para acceder a la educación superior. Aún
más, cuestiona que la regla general contenida en el Acuerdo 029 de 2007 se
aplique a todos los beneficiarios de las distintas líneas de crédito por igual,
sin hacer una distinción frente a quienes se encuentran en circunstancia
de discapacidad. En este orden de ideas, es claro para esta Sala que el actor
está actuando en representación de su hijo –declarado interdicto mediante
sentencia judicial-, y también en su nombre para pedir la protección de su
derecho al mínimo vital.
5.2.2. Por otra parte, frente al argumento de la ausencia del requisito de
inmediatez, esta Sala considera que aunque transcurrieron 9 meses aproximadamente
entre la negativa de la condonación de la deuda y la presentación
de la acción de tutela, no se trata de un periodo tan prolongado y,
además, la presunta vulneración a los derechos fundamentales invocados
continúa y se perpetúa en el tiempo.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Siguiendo adelante con el análisis, se encuentra acreditado que (i) Mauricio
tiene trastorno mental esquizoafectivo, (ii) se alega la vulneración del derecho
fundamental a la igualdad porque la norma del reglamento del crédito
que regula lo concerniente a la condonación de la deuda, contempla
como uno de sus eventos que el estado de invalidez sea sobreviniente al
otorgamiento del crédito, sin tener en cuenta que en muchos casos los beneficiarios
de la línea de crédito especial para estudiantes con discapacidades
físicas, síquicas o sensoriales tienen una pérdida de capacidad laboral igual
o superior al 50%; y en ciertos eventos puede impedir que la persona se desempeñe
laboralmente o continuar con sus estudios.
5.2.3. Finalmente, la Corte Constitucional ha establecido como regla general
que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para solicitar la protección
del derecho fundamental a la igualdad, siempre y cuando no existan otros
medios judiciales para solicitar la defensa de los derechos invocados; cuando
aún existiendo, estos se tornan ineficaces para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable[66]; o cuando los mecanismos no son idóneos para
resolver la controversia constitucional dadas las particularidades del caso.
En este caso se evidencia la inminencia de un perjuicio irremediable debido
a que el mínimo vital del núcleo familiar se encuentra en riesgo y aunque el
actor podría acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, por ejemplo,
a través de la acción de nulidad, en dicha sede judicial no se resolvería
su situación particular, esto es, el análisis de la presunta vulneración del
derecho a la igualdad y al mínimo vital no enmarcarían el objeto de análisis
de la demanda.
5.3. ANÁLISIS DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS.
5.3.1. Breve recapitulación de los antecedentes del caso
El señor Felipe considera que el ICETEX le está vulnerando a su hijo los derechos
fundamentales a la igualdad y a la vida digna y su derecho al mínimo
vital y el de su familia, al negarse a condonar la deuda que adquirieron
430 431

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
con esta entidad para que el joven accediera a sus estudios superiores bajo la
modalidad de una línea de crédito especial dirigida a personas con diferentes
discapacidades. En concreto, sostiene que su hijo nunca podrá cumplir
el requisito contenido en el numeral b) del artículo 44 del Acuerdo 029
de 2007 “Reglamento del Crédito Educativo” que consagra “Por el hecho
sobreviniente de invalidez del beneficiario, la cual se acredita con el certificado
expedido por la autoridad competente (EPS, ARS, Junta Regional
de Invalidez), en el cual debe constar el porcentaje de incapacidad laboral
y la fecha de su estructuración...”, en razón a que Mauricio al momento de
acceder al crédito ya tenía una pérdida de capacidad laboral superior al 50%,
circunstancia que se agudizó al finalizar sus estudios.
Por su parte, el ICETEX sostiene que no es posible acceder a la solicitud
de condonación del crédito educativo porque la situación del joven no se
enmarca en el evento consagrado en la normativa aplicable para el efecto,
esto es, la calificación de pérdida de capacidad laboral en un porcentaje igual
o superior al 50% no fue posterior al otorgamiento del crédito, por eso no
puede tenerse como un hecho sobreviniente.
Para el juez de primera instancia, aunque es innegable que las personas con
discapacidad tienen una protección constitucional reforzada, también lo es
que en el presente caso existe una relación contractual que a su parecer le
impide al juez constitucional resolver la controversia y menos modificar las
normas del reglamento del crédito educativo. No obstante, consideró que
la entidad accionada debía revisar de nuevo la solicitud del actor, esta vez,
teniendo en cuenta la situación actual del beneficiario y de su entorno familiar.
Por otra parte, el juez de segunda instancia consideró que no se cumplió con
el requisito de inmediatez, que se trata de una controversia económica y
legal, y que la entidad accionada ha actuado conforme a la ley.
5.3.2. La Sala evidencia que la situación particular de Mauricio ha sido abordada
tan solo desde una perspectiva médica.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
5.3.2.1. Si bien, como se desprende de las pruebas obrantes en el plenario, el
hijo del actor ha tenido atención psiquiátrica y como parte del tratamiento,
le han sido suministrados medicamentos - lo cual constituye un área dentro
del proceso de tratamiento integral que se le debe garantizar a la población
con discapacidad-, ésta no es la única perspectiva desde la cual debe abordarse
la realidad del joven tutelante.
Tal y como quedó expuesto en la parte considerativa de esta sentencia, la
forma de abordar en concreto la discapacidad por un trastorno mental, ha
cambiado de paradigma. En este sentido, el artículo 26 de la Convención
sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad consagra que
el fin de la habilitación y rehabilitación de esta población es lograr (i) que
tengan la máxima independencia; (ii) que mantengan la capacidad física,
mental, social y vocacional; y (iii) que logren su inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida.
Para concretar estos objetivos, es vital que los Estados, por ejemplo, promuevan
la formación inicial y continua, y la sensibilización de los profesionales
que se desempeñan en este campo para que conozcan los derechos humanos
de quienes se encuentran en circunstancia de discapacidad y también los
promuevan. Sobre todo, deben propender por el reconocimiento de la dignidad
y autonomía de las personas en situación de discapacidad.
Cabe además recordar que el derecho a la salud debe entenderse en un sentido
amplio que trasciende el plano funcional o físico, y abarca áreas trascendentales
como la psíquica, emocional y social.
Siguiendo esta línea argumental, el apoyo que debe brindarse a las personas
con un trastorno mental esquizoafectivo, como el que tiene Mauricio, debe
comprender[67] (i) atención médica – detección diagnóstica, información al
interesado sobre el diagnóstico y el tratamiento a seguir, atención, apoyo
psicológico, hospitalización en caso de requerirse ante recaídas-; (ii) rehabilitación
– apoyo social, educación, formación profesional, empleo, atención
prolongada, atender sus necesidades espirituales-; (iii) transformación cul-
432 433

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tural de la comunidad – erradicar estigma y discriminación, participación
social plena y promoción de los derechos humanos-; y (iv) apoyo de la familia
– aptitudes para la atención, cohesión familiar, apoyo durante crisis,
apoyo financiero y asistencia de relevo-.
Por todo lo anterior, se concluye que la asistencia que se le debe brindar al
joven Mauricio no sólo consiste en la prescripción de medicamentos sino
que debe acompañarse de atención psicológica, por citar un aspecto, en todo
lo que tiene que ver con el manejo de sus emociones. Igualmente, debe existir
una rehabilitación psicosocial para potencializar todas sus capacidades
individuales, como también una transformación del ambiente cultural, socioeconómico
y familiar para propender por la realización efectiva de todos
sus derechos fundamentales.
5.3.2.2. Ahora bien, es importante contrastar la asistencia que se le ha brindado
al joven a la luz de los anteriores lineamientos para concluir que el
actor sólo ha recibido apoyo desde una perspectiva médica y de manera
restrictiva, como pasará a demostrarse:
De las pruebas documentales que obran en el expediente se puede colegir
que a Mauricio, aproximadamente desde el año 2004[68], le fue diagnosticado
trastorno mental, ha sido tratado por médicos psiquiatras mediante la
formulación de medicamentos y en algunas oportunidades ha tenido que
ser hospitalizado para atender sus crisis. De estos documentos se destaca, en
primer lugar, la valoración por parte del médico laboral que se le realizó en
septiembre de 2005 y en la que fue calificado con una pérdida de capacidad
laboral del 51.85%, al paso que se consideró que no necesitaba de otra persona
para valerse por sí mismo.
En segundo lugar, se encuentra la constancia emitida por el médico psiquiatra
-con destino al inicio del proceso de interdicción judicial que iniciara la
familia- el 5 de noviembre de 2010, en la que manifestó que:
“...SE TRATA DE UN PACIENTE DE 27 AÑOS, CONOCIDO POR
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
EL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DE ESTA INSTITUCIÓN, CON
UN DIAGNÓSTICO INICIAL DE TRASTORNO AFECTIVO BI-
POLAR. DESDE EL COMIENZO SU MANEJO Y TRATAMIENTO
HA SIDO MUY DIFÍCIL, HA REQUERIDO LA UTILIZACIÓN
Y EL CAMBIO DE VARIOS MEDICAMENTOS...CON CONTROL
DE SÍNTOMAS Y ESTABILIZACIÓN DEL ÁNIMO...
SIN EMBARGO, SUS CRISIS HAN SEGUIDO PRESENTÁNDO-
SE, Y EN ELLAS LOS SÍNTOMAS CADA VEZ SON MÁS DIFÍCI-
LES DE CONTROLAR; EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ADEMÁS DE
SÍNTOMAS AFECTIVOS, PRESENTA MÚLTIPLES SÍNTOMAS
PSICÓTICOS, POR LO CUAL EL DIAGNÓSTICO SE MODIFICA
HACIA UN TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO...
EL PACIENTE NO TOMA LA MEDICACIÓN REGULARMEN-
TE, TAMBIÉN HAY ABUSO DE ALCOHOL, CIGARRILLO Y
DISCONTROL DE IMPULSOS, LO QUE EMPEORA EL PRONÓS-
TICO Y LA ESTABILIZACIÓN DEL CUADRO.
MIENTRAS EL PACIENTE NO LOGRE ESTABILIZARSE, DIFÍ-
CILMENTE ESTARÁ EN CAPACIDAD DE ADMINISTRAR SUS
BIENES Y DISPONER DE ELLOS DE FORMA CORRECTA...”[69]
En tercer lugar, se encuentra el examen psiquiátrico practicado al joven
Mauricio por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
el 8 de septiembre de 2011, en el cual establece lo siguiente:
“...Toda la sintomatología anteriormente descrita que presenta el examinado,
ha producido gran menoscabo en sus áreas de relación tales como el área social
y laboral, y esto hace necesario que constantemente requiera de la ayuda
y asistencia de los demás para garantizar su bienestar...
...puedo afirmar que el examinado padece un deterioro mental que le impide
valerse por sí mismo y así poder administrar sus bienes. El cuadro descri-
434 435

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
to se corresponde en términos psiquiátricos forenses con una discapacidad
mental absoluta...
La recomendación médica psiquiátrica de manejo consiste en tratamiento
por tiempo indefinido con psicofármacos y controles por consulta externa
de psiquiatría...”
En cuarto lugar, se encuentra el fallo judicial del 10 de noviembre de 2011,
en el que se declara la interdicción de Mauricio por discapacidad mental
absoluta y nombra como curadores a sus progenitores. De la sentencia se
destaca la declaración que rindieron sus padres dentro del mismo: “... MA-
RIA DORIS CRUZ, Y Felipe...manifestaron: Mauricio tiene un trastorno
esquizoafectivo según dictamen psiquiátrico, desde niño presentaba antecedentes
de aislamiento no jugaba; hacia la edad de los 14 años empezó a
mostrar agresividad y lo mandaron a psiquiatría, su comportamiento fue
desmejorando con el tiempo, a la edad de los 20 años tuvo la primera crisis
y enloqueció, por lo que tiene que estar medicado...Mauricio no tiene bienes
de fortuna e hizo su carrera universitaria, se graduó de licenciado en humanidades
de idiomas...”[70]
Para finalizar, está la más reciente evaluación de la pérdida de capacidad
laboral del hijo del actor del pasado 8 de enero, en un porcentaje del 54.45%
, y en la que se hace constar que requiere de la asistencia de otra persona.
De este recuento pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1. El trastorno mental esquizoafectivo que tiene Mauricio ha sido tratado
desde una perspectiva médica restringida; ello se observa, por un lado, en la
constancia que emitió el médico laboral de la EPS que establece que el joven
venía siendo tratado desde el área de psiquiatría con base en el diagnóstico
de trastorno afectivo bipolar; sin embargo, también señaló que en razón a la
última sintomatología presentada por el paciente, modificaba el diagnóstico
a un trastorno mental esquizoafectivo. Es decir, a juicio de esta Sala, cuando
se emitió el concepto acerca de la falta de capacidad para administrar sus
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
bienes, como para manejar las emociones, no se le había brindado el tratamiento
pertinente para ese nuevo diagnóstico. Además, en consonancia
con el cambio de paradigma en lo atinente a la salud mental, tampoco se
observa que se haya tenido en cuenta la opinión del interesado directo o
se le haya informado acerca del respectivo diagnóstico con respecto a su
salud y el tratamiento a seguir. Por otro lado, la observación del médico
en el sentido de que el actor no estaba tomando sus medicamentos y que
abusaba del consumo de sustancias como el alcohol y el cigarrillo confirma
la necesidad de apoyar este diagnóstico desde el área de psicología –lo cual,
según las pruebas allegadas no se hizo-, para que exista una sensibilización
no sólo de quien debe consumir los medicamentos sino de la red familiar de
apoyo, en especial sus cuidadores, con el fin de desarrollar una conciencia de
autocuidado y de la necesidad de adquirir ciertos hábitos en desarrollo del
respectivo tratamiento médico.
Sumado a lo anterior, en el dictamen presentado por medicina legal, la recomendación
estuvo enfocada al seguimiento del tratamiento médico y al
consumo de psicofármacos de manera indefinida, así como a los controles
de psiquiatría. Como se ve, se privilegió la visión médica a través de la medicación,
y se excluyeron otros aspectos importantes que también integran
esta perspectiva, como el apoyo psicológico, la emisión de un diagnóstico y
la propuesta de un tratamiento acorde con éste, y el suministro de información
al interesado directo y a la familia sobre la asistencia requerida.
Además de esto, tampoco se aprecia que se hubiesen tenido en cuenta las
demás perspectivas requeridas para un tratamiento integral como la rehabilitación
social, la cooperación con la familia -en especial los cuidadores-, y
el brindar respuesta a sus interrogantes y necesidades.
2. En el presente caso se asimilaron los conceptos de discapacidad e “invalidez”
cuando, como quedó expuesto en la parte motiva, éstos no son conceptos
asimilables. Es diferente la situación de discapacidad y la calificación de
pérdida de capacidad laboral que en ciertos eventos, para efectos de acceder
a la prestación económica denominada pensión de invalidez, puede ser igual
436 437

o superior al 50%.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Para evidenciar con más claridad lo expuesto, es importante tener presente
que, por ejemplo, en el presente caso, el hijo del actor antes de iniciar sus
estudios universitarios tenía un 51.85% de pérdida de capacidad laboral. Este
dictamen no se realizó para efectos de acceder a la “pensión de invalidez”
como es conocida jurídicamente (además se recuerda que la calificación de
pérdida de capacidad laboral no es el único requisito para acceder a su reconocimiento.
Por tanto, se impone otra conclusión: no todas las personas
con discapacidad que son calificadas con una PCL igual o superior al 50%
pueden pensionarse por “invalidez” ), sino para optar a un cupo que el ICE-
TEX otorga dentro de la línea de crédito especial dirigida a las personas con
discapacidad.
Aunque Mauricio tenía una calificación de pérdida laboral superior al 50%,
pudo emplear sus capacidades en el estudio de la carrera de licenciatura en
humanidades e idiomas, y la culminó. Aunque el mismo estudiante sostiene
que este esfuerzo implicó invertir aproximadamente 7 años y medio debido
a sus constantes recaídas, está demostrado que ese porcentaje que calificó
numéricamente sus capacidades no le impidió aprovechar el resto de potencialidades
para actuar conforme al proyecto educativo que se había trazado
como meta.
Ahora bien, se destaca en este punto concreto que una entidad como el ICE-
TEX contribuya a satisfacer la necesidad específica que tienen las personas
con discapacidad de acceder al sistema educativo en todos sus niveles, en
este caso superior, mediante la línea de crédito especial ofrecida a esta población.
Sin embargo, para garantizar la participación social plena de las personas en
situación de discapacidad se requiere la concurrencia de apoyos en las áreas
de salud, psicología, rehabilitación social y apoyo familiar, para generar un
entorno accesible a las aspiraciones de las personas que se encuentran en
esta circunstancia y que, por ejemplo, como en este caso, luego de acceder
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
a una formación académica, les permitan ejercer su derecho al trabajo y al
empleo, y continuar formándose en todos los niveles durante el resto de su
vida.
Quiere enfatizar la Sala la importancia de que las personas con discapacidad
cuenten con una red familiar que además de desarrollar labores de cuidado,
promocionen la realización efectiva de todos sus derechos, labor que debe
acompañar el Estado ofreciéndole a las familias su apoyo económico, psicológico
y social para abordar esta realidad[71].
Por ejemplo, en este caso el señor Felipe es el único proveedor económico de
su familia y la madre del joven se dedica al trabajo en el hogar y al cuidado
de su hijo con discapacidad. Al parecer, no se ha construido una red de
cooperación con ellos ni se les ha dado respuesta a sus necesidades. Tampoco
se evidencia que hayan tenido la oportunidad de participar junto a su hijo
en el tratamiento médico propuesto, ni que se les hubiese explicado sus implicaciones
o cómo podían brindarle a su hijo un mejor acompañamiento
durante el curso del mismo. Ello confirma que, por regla general, las familias
que afrontan esta realidad y que no cuentan con suficientes recursos
económicos están muy solas en este proceso y con frecuencia no saben cómo
deben actuar ni cómo adoptar las mejores decisiones.
5.3.3. El contenido del derecho a la capacidad jurídica consagrado en la
Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y
el proceso de interdicción.
En este punto es importante hacer referencia al proceso de interdicción promovido
por la familia. Sin calificar la decisión que tomaron sus progenitores,
la Corte quiere poner en evidencia la contradicción entre la nueva forma
en que se ha abordado la discapacidad por trastornos mentales -como la del
hijo del peticionario- a la luz de la Convención de los Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad[72] , que integra el bloque de constitucionalidad,
frente al proceso legal de interdicción judicial. Por un lado, el artículo
12 de la Convención establece que debe privilegiarse la toma de decisiones
438 439

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de la población en situación de discapacidad con independencia y autonomía,
como también elevar al máximo las potencialidades de esta población,
y de otro lado, se está declarando que las personas con discapacidad mental
pueden ser privadas de la capacidad para obligarse por sí mismas, luego de
que se acrediten los requisitos establecidos en la norma, de la cual se destaca,
no existe participación de quien va a ser declarado interdicto dentro del
proceso judicial para que exprese sus opiniones[73].
Acerca de la omisión de notificarle de manera personal el inicio del trámite
del proceso de interdicción a la persona en circunstancia de discapacidad
mental, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-1103 de 2004[74], sostuvo
lo siguiente:
“...Dada la importancia que reviste la notificación personal para el ejercicio
del derecho de defensa, como en numerosas ocasiones lo ha sostenido esta
Corte, y teniendo en cuenta que no todas las enfermedades mentales le impiden
permanentemente al paciente comprender la realidad, el juez de familia
debe interpretar el artículo 659 del C.P.C. de conformidad con el artículo 13
constitucional, lo que significa que debe apoyarse en lo establecido en el certificado
médico para efectos de decidir si, en el caso concreto, el demandado
comprenderá o no el sentido de la notificación, y por ende, si debe intentarse
la misma o no...”
En el caso concreto, se evidencia que el actor Mauricio manifestó su opinión
en el marco de las preguntas formuladas por el médico psiquiatra para realizar
el dictamen pericial que emite el Instituto Nacional de Medicina Legal
dentro del proceso de interdicción, pero no en una etapa procesal autónoma
dentro del mismo.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En consecuencia, debido a la declaratoria de interdicción de Mauricio y a
pesar de que cuenta con una carrera profesional que podría ejercer si se le
presta una asistencia integral para garantizar su participación social plena,
esta posibilidad se encuentra limitada ante la restricción legal que tiene
para celebrar contratos y obligarse por sí mismo sin la asistencia de su curador.
Por tanto, esta Sala considera que, una vez se le garantice el tratamiento
integral al hijo del actor, puede contemplarse la posibilidad de que la familia
o el mismo interesado directo acuda a la figura jurídica de la rehabilitación[75],
con el fin de que el joven Mauricio pueda, eventualmente, acceder
al campo laboral y cumplir con el pago de sus obligaciones financieras.
5.3.4. La Sala encuentra que la norma del Reglamento del Crédito Educativo
que regula lo atinente a la condonación de la deuda de los créditos otorgados,
vulnera el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad al
no contemplar ajustes razonables que tengan en cuenta su circunstancia
específica.
Es importante destacar la medida de acción afirmativa con que cuenta el
ICETEX a favor de las personas con discapacidad para garantizar su acceso
a la educación superior: línea especial de crédito dirigida a los estudiantes
con discapacidades físicas, síquicas o sensoriales, de carácter permanente,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 361 de 1997; pero del análisis del
caso bajo estudio, se concluye que las reglas de condonación del crédito no
diferencia entre las personas que se encuentran en circunstancia de discapacidad
y quienes no se encuentran en dicha situación.
En este sentido se centra el reproche realizado por el actor, quien sostiene
que la regla aplicable para que proceda la solicitud de condonación consistente
en que sobrevenga un hecho que origine el estado de “invalidez”
acreditándolo mediante una certificación de pérdida de capacidad laboral
igual o superior al 50%, en tanto es la misma que procede frente a todas las
líneas de crédito ofrecidas por la entidad accionada, contraría el mandato de
igualdad. Al respecto, la Sala considera lo siguiente:
El artículo 44 del Acuerdo 029 de 2007 contempla los eventos en que procede
la condonación del crédito otorgado bajo cualquier línea de crédito. En
particular, el literal b) establece que la condonación de la deuda será procedente
cuando sobrevenga un estado de invalidez, lo cual debe leerse como la
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.
440 441

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
A la luz de este precepto, el actor considera que como su hijo actualmente
tiene una PCL del 54.45%, superior a la que presentaba cuando inició sus
estudios superiores -51.85%-, debe aplicársele dicha regla. Además, advierte
que dicho requisito nunca podrá ser cumplido para las personas con discapacidad
que al momento de acceder a esta línea de crédito tengan una
calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% porque
no se tomará como un hecho sobreviniente.
Por su parte, el ICETEX considera que la situación de Mauricio no se enmarca
dentro del evento que invoca el actor porque el porcentaje de dicha
calificación no se emitió con posterioridad al otorgamiento del crédito, sino
que ya existía al momento de acceder al mismo, el cual se le otorgó precisamente
por su situación de discapacidad.
Sobre el punto la Sala encuentra que, en efecto, existe un desconocimiento
del derecho a la igualdad de la población en situación de discapacidad
porque el reglamento equipara a las personas que acceden al crédito educativo
bajo otras líneas de crédito y que no se encuentran en circunstancia
de discapacidad, con quienes sí lo están, para aplicar de manera uniforme
las causales de condonación de la deuda, específicamente la contenida en el
literal b) del artículo 44 del Reglamento del Crédito Educativo. La acción
afirmativa implementada por el ICETEX debe tomar en consideración la
situación específica de esta población para adecuar su reglamento en lo referente
a las reglas de condonación.
En este contexto, las personas con discapacidad tienen derecho a que las
causales de condonación se adapten a su circunstancia para garantizar
igualdad frente a quienes no se encuentran en su misma situación. En este
respecto, la acción afirmativa consagrada a favor de esta población mediante
la línea de crédito para personas con limitaciones físicas, psíquicas
y sensoriales debe además realizar la igualdad real y efectiva mediante la
implementación de ajustes razonables.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Puede afirmarse que las personas que se encuentran en alguna circunstancia
de discapacidad, como el actor, requieren, principalmente, unas medidas
apropiadas que garanticen una justicia de reconocimiento, pues la
invisibilización y exclusión a la que ha sido sometida esta población históricamente,
puede empezar a superarse a través de su identificación como
plenos sujetos de derechos y realizar todo tipo de acciones que garanticen su
derecho a la igualdad frente al resto de las personas.
Entonces, la norma tiene efectos discriminatorios porque dentro de las causales
de condonación no se tiene en cuenta (i) la situación de las personas
con discapacidad que no tienen una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 50%, recuérdese que este porcentaje no debe asimilarse con la
situación de discapacidad, tal y como se expuso en la parte considerativa, y
(ii) la situación de las personas con discapacidad que al momento de acceder
al crédito educativo ya tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral
igual o superior al 50%, y cuya pérdida de capacidad laboral aumenta
y eventualmente les impide continuar desempeñándose laboralmente o a
nivel educativo, caso en el que se enmarca el de Mauricio. Por esta razón,
es importante que la entidad accionada realice los ajustes razonables de su
reglamento en lo concerniente a este punto para que se incluyan eventos
de condonación del crédito que tengan en cuenta la circunstancia de esta
población.
En este caso, el desconocimiento del derecho a la igualdad se da por no
haber tenido en cuenta la circunstancia especial de las personas con discapacidad,
máxime al contar con la línea de crédito especial dirigido a personas
con discapacidades, para ajustar los eventos en que procede la condonación
de la deuda.
Específicamente, el literal b) del artículo 44 del Acuerdo 029 de 2007 impone
una barrera jurídica a quienes tienen discapacidad y son beneficiarios
de esta línea de crédito desconoce el deber de trato diferenciado, constitucionalmente
admisible en estos casos, pues: (i) se trata de una persona en
situación de discapacidad que al momento del otorgamiento del crédito ya
442 443

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tenía una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, a
diferencia de otras personas que no se encontraban en su misma circunstancia,
y que explica la exigencia de que esta PCL sea sobreviniente a la aprobación
del crédito, requisito que nunca podrá acreditarse en el caso del hijo
del actor; lo anterior, hace que se esté haciendo referencia a hechos distintos;
(ii) el trato diferente está fundado en un fin aceptado constitucionalmente,
artículos 13[76], 47[77] y 68[78] de la Constitución; y (iii) lo que se busca es la
realización de la igualdad material.
Adicionalmente, esta Sala hace notar que es importante prever, dependiendo
del tipo de discapacidad, que los estudiantes pueden tener recaídas, ausencias,
posibles hospitalizaciones, etc., que también deben tomarse en consideración
al momento de brindar este tipo de línea de crédito a la población
con discapacidad para garantizarles su acceso y permanencia en el sistema
público educativo.
5.3.5. La excepción de inconstitucionalidad en el caso objeto de estudio
En este caso, al aplicarse literalmente el contenido del literal b) del artículo
44 del Reglamento del Crédito Educativo del ICETEX, por ser la norma que
regula la causal de “invalidez sobreviniente” y que habilita la aplicación
de la condonación del crédito para todas las líneas ofrecidas por la entidad
accionada, se desconoció la Carta Fundamental. Aunque se aplicó la norma
legal, dicha interpretación literal contrarió el derecho fundamental a la
igualdad y a la educación inclusiva de Mauricio al desconocer que el actor,
al momento de aplicar para la solicitud del crédito ya contaba con una pérdida
de capacidad laboral superior al 50%, es decir, que en los términos en
que se encuentra redactada la norma, él nunca podrá cumplir con la condición
allí establecida.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En esta medida, se evidencia una barrera de tipo jurídico para las personas
con discapacidad, pues el Reglamento del Crédito establece unas causales de
condonación que no toman en consideración la circunstancia particular de
este grupo y que contraviene el espíritu de esta acción afirmativa: garantizar
el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad de
forma incluyente.
Teniendo en cuenta que la anterior regla genera efectos inconstitucionales
y que se está desconociendo de manera directa el artículo 13 Superior y el
artículo 2, 5 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; esta Sala considera que, en este caso concreto, debe inaplicarse
el literal b) del artículo 44 del Reglamento del Crédito Educativo del
ICETEX, que establece como una de las causales de condonación la “invalidez
sobreviniente” sin tomar en consideración que pueden existir eventos,
como el del actor, en donde al momento de acceder a la línea de crédito
especial tienen una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y que con
posterioridad su situación de discapacidad se agudiza. Lo anterior, con el fin
de evitar que dicha normativa produzca efectos discriminatorios, pues tal y
como está redactada la norma no contiene los ajustes razonables necesarios
para la población con discapacidad.
5.3.6. Conclusiones y decisiones a adoptar
Al realizar el análisis del caso puesto a consideración de la Sala, se pudo establecer
que (i) la discapacidad mental de Mauricio se ha abordado desde una
perspectiva médica restringida, incluso, desde el área de psiquiatría no se le
ha brindado el tratamiento integral que requiere atendiendo al diagnóstico
de trastorno esquizoafectivo, como terapias psicológicas, rehabilitación -no
sólo médica sino social- y el establecimiento de una red de apoyo fuerte con
la familia; (ii) el proceso de interdicción judicial promovido por la familia
y que culminó con la declaración de interdicción por discapacidad mental
absoluta contraviene el espíritu de la Convención sobre los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad en lo atinente a la capacidad jurídica y
al cambio de paradigma que se ha dado frente a las personas con trastornos
mentales bajo el cual, debe propenderse por la potencialización de la autonomía
y de las capacidades individuales de las personas con discapacidad; y
(iii) el Reglamento del Crédito Educativo del ICETEX debe realizar ajustes
razonables como manifestación del derecho a la igualdad de la población en
444 445

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
situación de discapacidad, ya que el requisito contenido en el literal b) del
artículo 44 nunca podrá acreditarse en casos como el del joven Mauricio.
También se ordenará al ICETEX que suspenda la cancelación de las cuotas
del periodo de amortización y de los respectivos intereses del crédito al que
accedió Mauricio, hasta que luego de iniciar un tratamiento integral y se
determinen sus resultados, el médico tratante mediante certificación emita
un concepto acerca de la posibilidad de que el peticionario pueda vincularse
o no en el campo laboral. En caso de que ello no sea una opción, la entidad
accionada deberá proceder a la condonación de la deuda tomando como
hecho sobreviniente la agudización del trastorno mental de Mauricio.
Además, se ordenará al ICETEX que realice los ajustes razonables del Reglamento
del Crédito Educativo en lo que respecta a los eventos en que procede
la condonación de la deuda y que tenga en cuenta las necesidades específicas
de la población con discapacidad. Para el efecto, deberá contar con la participación
de la Procuraduría General de la Nación, las Secretarías de Educación
Distrital y de Cundinamarca, miembros de la sociedad civil como por
ejemplo instituciones educativas que tengan observatorios y/o grupos de
investigación sobre los derechos de las personas con discapacidad y en otras
áreas del conocimiento, ONG´s, asociaciones de padres de familia que tengan
hijos con discapacidades, profesionales expertos en educación inclusiva,
entre otros, con el fin de que adopten las medidas necesarias, para asegurar
la realización efectiva de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad.
En virtud de lo expuesto, esta Sala revocará las sentencias de instancia que
denegaron la protección de los derechos fundamentales invocados, pero por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En su lugar, ordenará
a la EPS Famisanar que le suministre el tratamiento integral requerido
por Mauricio según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia,
específicamente según lo establecido en el numeral 5.3.2.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
También se exhortará al Ministerio de Educación Nacional para que implemente
el contenido del instrumento de la Convención y continúe el proceso
de construcción de una educación inclusiva en todos los niveles del sistema
público educativo (oficial y privado), de acuerdo con la normativa interna y
el bloque de constitucionalidad dentro de un ambiente que propicie la tolerancia
y el respeto por la diversidad, donde cada educando pueda adelantar
su proceso de aprendizaje desarrollando al máximo posible sus potencialidades.
6. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo colombiano y
por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el
presente asunto, decretada por la Sala Séptima de Revisión.
SEGUNDO.- REVOCAR las sentencias proferidas el 18 de abril de
2013, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Civil-,
que confirma la sentencia del 2 de abril de 2013, proferida por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bogotá, en cuanto negaron los derechos fundamentales
invocados por el actor. En su lugar CONCEDER la protección de
los derechos fundamentales a la salud, a la educación inclusiva y a la igualdad
de MAURICIO, y al mínimo vital de FELIPE por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- ORDENAR al ICETEX que dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente fallo, suspenda la cancelación de las
cuotas del periodo de amortización y de los respectivos intereses del crédito
al que accedió Mauricio, hasta que luego de iniciar un tratamiento integral
446 447

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
y se determinen sus resultados, el médico tratante - en un término no superior
a seis (6) meses- mediante certificación emita un concepto acerca de la
posibilidad de que el peticionario pueda vincularse o no en el campo laboral.
En caso de que ello no sea una opción, la entidad accionada deberá proceder
a inaplicar el Reglamento del Crédito Educativo y proceder a la condonación
de la deuda tomando como hecho sobreviniente la agudización del
trastorno mental de Mauricio, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO.- ORDENAR al ICETEX que, en un término no superior a
un (1) año, realice los ajustes razonables del Reglamento del Crédito Educativo
en lo que respecta a los eventos en que procede la figura de la condonación
de la deuda que tenga en cuenta las necesidades específicas de
la población con discapacidad. Para el efecto, deberá contar con la participación
de la Procuraduría General de la Nación, las Secretarías de Educación
Distrital y de Cundinamarca, miembros de la sociedad civil como por
ejemplo instituciones educativas que tengan observatorios y/o grupos de
investigación sobre los derechos de las personas con discapacidad y en otras
áreas del conocimiento, ONG´s, asociaciones de padres de familia que tengan
hijos con discapacidades, profesionales expertos en educación inclusiva,
entre otros, con el fin de que adopten las medidas necesarias, para asegurar
la realización efectiva de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad.
QUINTO.- EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional para
que implemente el contenido del instrumento de la Convención y continúe
el proceso de construcción de una educación inclusiva en todos los niveles
del sistema público educativo (oficial y privado), de acuerdo con la
normativa interna y el bloque de constitucionalidad, en un ambiente que
propicie la tolerancia y el respeto por la diversidad, donde cada educando
pueda adelantar su proceso de aprendizaje desarrollando al máximo todas
sus potencialidades.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de la Nación y al Defensor del Pueblo, para que, dentro de la órbita de sus
competencias, hagan un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
SÉPTIMO.- Por secretaría general librar las comunicaciones de que trata
el Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SEXTO.- COMUNICAR la presente decisión al Procurador General
448 449

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
*********************************************************************
[1] Citan las sentencias T-139 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-826
de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, y T-093 de 2007 M.P. Humberto
Sierra Porto.
[2] Ministerio de Educación Nacional, Educación para todos (s.f.) Consultado
el 14 de septiembre de 2013 [en línea] Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/article-141881.html
[3] Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2006-2016. Pacto Social por
la Educación (s.f.) Consultado el 14 de septiembre de 2013 [en línea] Disponible
en: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html
[4] ECHEITA SARRIONANDIA, Gerardo “Inclusión y exclusión educativa.
Voz y quebranto” en REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad,
Eficacia y Cambio en Educación, vol. 6, núm. 002. Red Iberoamericana
de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, Madrid, España. 2008,
pp. 9-18.
[5] Acurdo 036 de 2012 “Por el cual se establece la policía institucional para
la inclusión educativa de las personas con discapacidad en l Universidad
Nacional de Colombia.”
[6] GÓMEZ BELTRÁN, Julio César. Discapacidad en Colombia: reto para
la inclusión en capital humano. Colombia Líder, Fundación Saldarriaga
Concha. Bogotá: 2011. Consultado el 13 de septiembre de 2013 [en línea]
Disponible en: http://www.colombialider.org/wp-content/uploads/2011/03/
discapacidad-en-colombia-reto-para-lainclusion-en-capital-humano.pdf.
Págs. 74 y 128.
[7] Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[8] Ibídem.
El artículo 3° de la Ley 361 de 1997 refiere “ (...) El Estado Colombiano inspira
esta ley para la normalización social plena y la total integración de las
personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre
la materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las
Naciones Unidas en el año de 1948, en la Declaración de los Derechos del
Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la
Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975,
en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos,
Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concernientes
a las personas con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT
de 1983” A lo anterior, podría agregarse la Convención de los Derechos Humanos
de las personas en circunstancia de discapacidad, ratificada por el
Estado colombiano el pasado 10 de mayo.
[9] WADDINGTON, Lisa. From Rome to Nice in a Wheelchair The Development
of a European Disability Policy (2006) http://ssrn.com/abstract=1027867
[10] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Normas Uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las personas en situación de discapacidad;
Declaración de derechos de los impedidos de la Asamblea General, Convención
sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
[11] Ver sentencias T-507 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-760 de
2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“[12] En el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, la salud es definida como ´(...) un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades´”.
[13] Ver sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Corte Constitucional, sentencia C-936 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
“[15] Ver sentencias T-859 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-463
de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería y T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa”
“[16] Ver sentencias T-016 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
C-463 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-760 de 2008, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; C-372 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En el primer
fallo, la Corte explicó: ´Al respecto, se dice, debe repararse en que todos
los derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente - poseen
un matiz prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno
de los derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la funda-
450 451

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
mentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos
prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias derivadas de
los pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se
ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así
sea explicable desde una perspectiva histórica´”.
[17] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
“[18] Ver, entre otras, sentencias T...659 de 2003 y T...307 de 2006”
“[19] ´Informe sobre la Salud en el Mundo 2001. Salud Mental: nuevos conocimientos,
nuevas esperanzas.´ Organización Mundial de la Salud OMS”
[20] Artículo 26 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad. “...Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso
mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias,
para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión
y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas
generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de
la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos
servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos
de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas
con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en
las zonas rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua
para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de
habilitación y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el
uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con
discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación...”
[21] Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos conocimientos,
nuevas esperanzas.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[22] Véase, Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad Mental, Aprobada en el 111° periodo extraordinario de sesiones,
4 de abril de 2001.
[23] Corte IDH, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, Sentencia de 4 de Julio De
2006, Serie C No. 149, párr. 103.
[24] Para más información sobre los tratos inhumanos o degradantes que
sufren las personas con discapacidad mental dentro de centros psiquiátricos,
se recomiendan los siguientes casos ante la CIDH: Informe N° 63/99,
Caso 11.427 Víctor Rosario Congo vs. Ecuador, 13 de abril de 1999; Informe
N° 39/03, Caso Abu-Ali Abdur’Rahman vs. Estados Unidos, 6 de junio de
2003; e Informe N° 16/04 Petición Tracy Lee Housel vs. Estados Unidos, 27
de febrero de 2004.
[25]Declaración de Caracas, adoptada en la Conferencia Reestructuración De
la Atención Psiquiátrica en América Latina Caracas, Venezuela, 11-14 de
noviembre de 1990; Principios para la Protección de los Enfermos Mentales
y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, G.A. Res. 119,
U.N. GAOR, 46 Sesión, Supp No. 49, Anexo, p. 188-192. U.N. Doc.A/46/49
(1991).
[26] Véase, “El derecho internacional como un instrumento esencial para
la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las personas con discapacidad mental y sus familiares en el
contexto del Sistema Europeo e Interamericano de Derechos Humanos” en
Salud mental y derechos humanos: vigencia de los estándares internacionales,
Vázquez, Javier (comp), Buenos Aires: Organización Panamericana de la
Salud -OPS, 2009, pág. 33-44.
[27] Ibídem, p. 61: “...Varias técnicas y enfoques, derivados de distintos fundamentos
teóricos, han demostrado ser eficaces en relación con diversos
trastornos mentales y conductuales. Entre ellos se cuentan la terapia conductual,
la terapia cognitiva, la terapia interpersonal, las técnicas de relajación
y las técnicas terapéuticas de apoyo (consejo) (OMS 1993b).
La terapia conductual consiste en la aplicación de principios psicológicos de
base científica a la solución de problemas clínicos (Cottraux 1993). Se basa en
los principios del aprendizaje...”
452 453

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[28] Numeral 14 de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas en situación de discapacidad: “...Aunque no son de
cumplimiento obligatorio, estas Normas pueden convertirse en normas
internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de
Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional.
Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de
adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. Se señalan importantes
principios de responsabilidad, acción y cooperación. Se destacan
esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro de
la plena participación y la igualdad. Estas Normas constituyen un instrumento
normativo y de acción para personas con discapacidad y para sus
organizaciones. También sientan las bases para la cooperación técnica y
económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales...”
[29] Numeral 17, ibídem
[30] Numeral 18, ibídem
[31] M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[32] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[33] Alto Comisionado de Naciones Unidas, Manual para parlamentarios
sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y
su Protocolo Facultativo, ONU, Ginebra, 2007, pág. 13.
[34] Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012.
Serie C No. 246, pár. 133
[35] Corte Constitucional, sentencia T-974 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[36] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[37] M.P. María Victoria Calle Correa
[38] En el expediente obra copia de la historia laboral del señor Juan Carlos
Meza Franco, en la que consta que el actor fue afiliado como dependiente
al Sistema General de Pensiones el 1 de junio de 1994, e hizo aportes hasta
febrero de 1999. (Folios 53 – 57).
[39] Folio 19 del cuaderno de revisión.
[40] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[41] Sobre el alcance del derecho a la igualdad ver, entre otras, las siguientes
sentencias: C-836 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1064 de 2001 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño; C-242 de 2006 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-1248 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; C-145 de 2010 y C-368 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-684 A de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo; T-387 de 2012
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“[42] Corte Constitucional, sentencia T-340/10. Fundamentos jurídicos 39
a 40”
[43] Corte Constitucional, sentencia C-221 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva
[44] Sentencia C-932 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: “...En desarrollo
del concepto de igualdad material y del reconocimiento que el derecho
hace de la existencia de desigualdades naturales, sociales y económicas,
los distintos ordenamientos jurídicos diseñaron medidas estatales para
limitar la libertad de decisión pública y privada y hacer exigible el trato
favorable para quienes se encuentran en situación de discriminación. Así,
como respuesta jurídica a una situación fáctica consolidada de discriminación
que obedece a una práctica social, cultural o económica de un grupo, se
diseñaron las denominadas acciones afirmativas. Las acciones afirmativas
como género y las medidas de discriminación positiva o inversa como especie,
están dirigidas a remover diferencias fácticas que si bien son reales no
deben continuar en un Estado cuya finalidad primordial es conseguir una
sociedad más equitativa y justa....”
[45] “Alfonso Ruiz Miguel. Discriminación Inversa e Igualdad. Varcárcel
Amelia. El Concepto de Igualdad. Editorial Pablo Iglesias. Madrid. 1994.
Pág.77-93.”
[46] “Greenwalt Kent. Discrimination and Reverse Discrimination. New
York: Alfred A. Knopf. 1983. Citado en: Michel Rosenfeld. Affirmative Action
Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry. Yale University
Press. New Yok. 1991”
[47] Cfr. Sentencias: C-371 del 29 de marzo de 2000. MP. Carlos Gaviria Díaz
y C-964 del 21 de octubre de 2003. MP. Álvaro Tafur Galvis.
[48] Sentencia C-371 de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[49] Ibídem
454 455

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[50] Ídem.
[51] Sentencia T-500 del 27 de junio de 2002. MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[52] Ver Sentencias: C-371 del 29 de marzo de 2000. MP. Carlos Gaviria Díaz
y C-964 del 21 de octubre de 2003. MP. Álvaro Tafur Galvis.
[53] Ver Sentencias: C-371 del 29 de marzo de 2000. MP. Carlos Gaviria Díaz
y C-293 del 21 de abril de 2010. MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[54] Corte Constitucional, sentencia T-387 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[55] Artículo 47 de la Constitución Política de Colombia: “El Estado adelantará
una política de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran.”
[56] Corte Constitucional, sentencia T-823 del 21 de octubre de 1999. M.P.
Eduardo Cifuentes Múñoz
[57] Sentencia T-207/99 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
[58] Ibídem
[59] Declaración de Madrid, Adoptada en el marco del Congreso Europeo de
las Personas con Discapacidad, Madrid, 20-23 de marzo de 2002, principio 5.
[60] http://www.un.org/spanish/disabilities/documents/toolaction/handbookspanish.pdf
[61] M.P. María Victoria Calle Correa
[62] “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades
para las personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras disposiciones’
[63] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[64] Corte Constitucional, sentencia T-823/99.
[65] Corte Constitucional, sentencia T-1284 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[66] Corte Constitucional, sentencia T-117 del 13 de febrero de 2003. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[67] Informe sobre la salud en el mundo 2001. “Salud mental: nuevos conocimientos,
nuevas esperanzas”
[68] Folio 19 del cuaderno principal
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
[69] Folio 8 del cuaderno principal
[70] Folio 10 del cuaderno principal
[71] GARCÍA GÓMEZ, Clara María “Familia y Discapacidad”; ZAPATA,
Gloria Teresa “La familia en contextos no convencionales o de riesgo: la
discapacidad” en Discapacidad e inclusión social. Reflexiones desde la Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2004.
[72] “Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
-12-
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y
efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de
intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de
la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas
a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de
las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar
el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos banca-
456 457

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
rios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que
las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera
arbitraria”.
[73] Artículo 42 de la Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para
la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen
de la representación legal de incapaces emancipados... Interdicción y rehabilitación
de la persona con discapacidad mental absoluta: Derogado por el
literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. El artículo 659 del Código de Procedimiento
Civil quedará así:
Artículo. 659. Interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta.
Para la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta se observarán
las siguientes reglas:
1. A la demanda se acompañará un certificado de un médico psiquiatra o
neurólogo sobre el estado del presunto interdicto, expedido bajo juramento
que se entenderá prestado por la sola firma.
2. No será necesario probar el interés del demandante para promover el proceso
e incluso podrá promoverlo el Juez, de oficio.
3. En el auto admisorio de la demanda se ordenará citar a quienes se crean
con derecho al ejercicio de la guarda y se ordenará el dictamen médico neurológico
o psiquiátrico sobre el estado del paciente; la objeción al dictamen
se decidirá por auto apelable.
4. En el dictamen médico neurológico o psiquiátrico se deberá consignar:
a). Las manifestaciones características del estado actual del paciente.
b). La etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, con indicación
de sus consecuencias en la capacidad del paciente para administrar sus
bienes y disponer de ellos, y
c). El tratamiento conveniente para procurar la mejoría del paciente.
5. Recibido el dictamen, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes correrá
traslado del mismo, por el término de tres (3) días.
6. Resueltas las objeciones, si las hubiere y vencido el término probatorio
se dictará sentencia; en ésta se hará la provisión del guardador testamentario,
legítimo o dativo conforme a lo preceptuado en esta Ley. En la misma
sentencia ordenará la confección, en un plazo que no excederá de sesenta
(60) días, del inventario y avalúo de los bienes de la persona con discapacidad
mental absoluta, por un auxiliar de la justicia cuyos honorarios serán
cancelados con cargo al patrimonio de la persona con discapacidad mental
absoluta o por el ICBF cuando la persona con discapacidad no tenga recursos
suficientes para ello. Recibido y aprobado el inventario el Juez fijará la
garantía y una vez otorgada esta, se dará posesión al guardador y se hará
entrega de los bienes inventariados.
7. Se podrá decretar la interdicción provisoria de la persona con discapacidad
mental absoluta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, teniendo
en cuenta el certificado médico acompañado a la demanda. En el auto que
decrete esta medida se designará el curador provisorio.
También se podrán decretar las medidas de protección personal de quien se
encuentre con discapacidad mental que el Juez considere necesarias, incluyendo
las medidas terapéuticas que se estimen convenientes.
Los autos a que se refiere el presente numeral son apelables en el efecto devolutivo
si en ellos se accede a tales medidas, y en el diferido si las niegan.
8. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva deberán inscribirse
en la Oficina de Registro del Estado Civil y notificarse al público por aviso
que se insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación
nacional, señalado por el Juez.
9. La posesión, las excusas o la incapacidad del guardador y la entrega de
bienes, se regirán por lo dispuesto en el artículo 655”
[74] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[75] “ARTÍCULO 30. Rehabilitación del interdicto: Cualquier persona podrá
solicitar la rehabilitación del interdicto, incluso el mismo paciente.
Recibida la solicitud de rehabilitación, el Juez solicitará el dictamen pericial
correspondiente, así como las demás pruebas que estime necesarias y, si es
del caso, decretará la rehabilitación.
PARÁGRAFO: El Juez, si lo estima conveniente, podrá abstenerse de iniciar
diligencias respecto de una solicitud de rehabilitación, cuando no hayan
transcurrido seis (6) meses desde la última solicitud tramitada...
ARTÍCULO 44. Rehabilitación del interdicto: Derogado por el literal c), art.
626, Ley 1564 de 2012. El artículo 660 del Código de Procedimiento Civil
quedará así:
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ART 660. Rehabilitación del interdicto. Para la rehabilitación de la persona
con discapacidad mental absoluta, se aplicará el procedimiento de la interdicción,
sin que haya lugar a la citación por edicto de posibles interesados”
[76] “(...) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[77] “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes
se prestará la atención especializada que requieran.”
[78] “(...) La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado.”
OTRAS SETENCIAS DE ACUERDO A:
PRONUNCIAMIENTOS DE LA :
* CORTE CONSTITUCIONAL.
* CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
* CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
* CONSEJO DE ESTADO,RELACIONADOS CON LAS PER
SONAS CON DISCAPACIDAD.
460 461

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Sentencia T-401 de 1992. INIMPUTABLES CON
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
La Corte manifestó que el Estado debe proteger y atender de manera especial
a las personas con debilidad manifiesta por su condición económica, física
y mental. Los convictos inimputables sujetos a una injusta y prolongada
privación de la libertad, cesado el motivo de la correspondiente medida de
seguridad, deben ser objeto de protección integral por parte del Estado si se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. La
situación descrita transforma la obligación genérica del Estado frente a
las personas débiles o marginadas en obligación específica y hace nacer el
correlativo derecho a que las prestaciones correspondientes sean exigidas
por las personas en quienes concurran las circunstancias de debilidad manifiesta.
El estado social de derecho impone la solución señalada ante los
casos de manifiesta injusticia material y vulneración de la dignidad humana,
cuando ha sido el mismo Estado el primero en eludir sus compromisos.
2. Sentencia T-159 de 1993. DERECHO DE PETICIÓN.
Expone que se torna indispensable asegurar la protección de las personas
que, al contribuir por medio de su fuerza de trabajo con la productividad
social, se han visto afectadas en su integridad física y mental. La obligación
estatal de amparar a quienes se encuentren en estas circunstancias tiene
como base primordial el derecho a la igualdad y la necesidad de proporcionar
un trato compensatorio a quienes no pueden fácilmente acceder a los
medios materiales que garanticen su subsistencia y su dignidad. Esa obligación
incluye el deber de dar pronta resolución a las solicitudes y de señalarle
al peticionario el camino que debe seguir para que su pedido pueda ser
resuelto lo más rápidamente posible, si se tiene en cuenta que el derecho de
petición es corolario de la responsabilidad de las autoridades de contribuir
al beneficio social y asegurar la convivencia pacífica.
3. Sentencia T-430 de 1994. ASISTENCIA MÉDICA PARA
MENOR CON DISCAPACIDAD.
Si los padres de una menor no poseen medios económicos suficientes para
someterla a tratamiento en una institución especializada, pueden recurrir
a los distintos centros médicos de esa índole financiados por el Estado, pues
es su obligación suministrar atención especializada a los disminuidos físicos,
así como proteger a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
En este caso no hay respuesta negativa del Estado en orden a dar
cumplimiento a su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales
de la menor, razón por la cual se confirmará el fallo que se revisa.
Las entidades de previsión social-Instituto de los Seguros Sociales y Caja
de Previsión Social- no están autorizadas para interrumpir un tratamiento
médico o quirúrgico a quien esté derivando o recibiendo de él evidentes
progresos en su salud. Es decir, dichas entidades están en la obligación de
suministrar la atención requerida si es factible para el paciente obtener una
mejoría o progreso en su salud mediante terapias, controles regulares, intervenciones
quirúrgicas, etc., y lograr con ello mantener en él una mejor
calidad de vida. No es aceptable constitucionalmente que un organismo o
institución de seguridad social del Estado pueda desentenderse en forma
absoluta o total del tratamiento y de los cuidados que requiere o demanda
un paciente -en especial tratándose de niños o de personas que por su condición
económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta- que, de manera necesaria, habrá de sufrir notables detrimentos
y perjuicios si aquel se interrumpe.
4. Sentencia T-446 de 1994. DERECHO AL VOTO.
El Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su con-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dición física se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, como
en efecto lo están aquellas cuyo sentido de la vista se encuentra disminuido.
Así mismo, el artículo 47 de la Carta radica en cabeza del Estado la obligación
de adelantar una política de integración social para los disminuidos físicos.
Es lógico concluir que el aislamiento del ejercicio de derechos políticos
de los ciudadanos limitados físicamente, significaría soslayar las anteriores
normas
constitucionales dado que el distanciamiento de la vida, en su dimensión
política, coloca en situación de discriminación a un sector deprimido del
pueblo. En ese orden de ideas, el aparato estatal debe crear el ambiente propicio
en el cual las personas con limitaciones físicas puedan desenvolverse
con la dignidad humana que las caracteriza. Todos estos elementos permiten
concluir el carácter adjetivo de la forma de votar, ante lo sustantivo de
la conducta a proteger, la cual es la escogencia en forma libre de la mejor
opción para el elector. Es de mérito advertir que no es que se haya creado
una patente de corso para que cualquier persona pueda ser acompañada al
cubículo para ser auxiliada en el acto de votar. No, la ocurrencia de la situación
excepcional ya planteada debe obedecer únicamente a brindarle colaboración
a las personas que por su incapacidad o dolencia física les sea muy
difícil valerse por sí mismas, perdiendo la oportunidad de ejercer su derecho
fundamental al voto. Además, la incapacidad o dolencia física del ciudadano
le deben generar, en la situación concreta, obstáculos insalvables para la
práctica del derecho político.
5. Sentencia T-288 de 1995. DERECHO A LA RECREACIÓN.
La Corte protegió el derecho a la recreación y a la igualdad de oportunidades
de los disminuidos físicos que habían sido objeto de traslado de la pista
atlética a la tribuna sur de un estadio. La medida adoptada, en concepto de
la Corporación, no fue apropiada y resultó más bien inútil para brindar
seguridad a todos los participantes, lo que aumentó considerablemente los
riesgos para un sector específico llamado, precisamente, a recibir un trato
especial.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
6. Sentencia T-065 de 1996. READAPTACIÓN LABORAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Adujo la Corporación que la obligación del Estado de reubicar o de buscar
la readaptación laboral de los disminuidos físicos apunta a la posibilidad
de la conservación del empleo y de progresar en el mismo, cuando su capacidad
de trabajo queda sustancialmente restringida o limitada a causa de
un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional o no profesional.
Comporta, indudablemente, un deber positivo de las autoridades públicas,
que tiene su fundamento en la filosofía del Estado Social de Derecho, que
propugna la realización de la justicia material y que se efectiviza en realizar
concreta y prácticamente el derecho al trabajo en condiciones dignas
y justas y de proteger a las personas que se encuentran en situaciones de
debilidad manifiesta.
7. Sentencia T-396 de 1996. RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA
PERSONA CON DISCAPACIDAD SIN CAPACIDAD DE
PAGO.
La Corte Constitucional, expresa Los discapacitados que no tengan capacidad
de pago, son uno de los sectores sociales a los cuales el legislador les concede
una especial importancia dentro del régimen subsidiado de seguridad.
Esto parte del reconocimiento de las serias dificultades que enfrenta una de
estas personas para lograr el autosoporte. Como vemos, el sistema de seguridad
social aludido comporta el cumplimiento parcial de la implementación
e integración social para los disminuídos físicos, sensoriales y psíquicos, con
la prestación de la atención especializada que requieran (art. 47 C.P.), pues la
salud supone “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
8. Sentencia T-060 de 1997. SERVICIO PÚBLICO DE SA-
LUD.
La Corte Constitucional observa que, al romper la continuidad del servicio
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de salud, hay amenaza contra los derechos fundamentales a la vida e integridad
personal, puesto que, si tiene una incapacidad permanente y no se la
atiende, pese a tener derecho a ello, surge la amenaza de violación de tales
derechos.
9. Sentencia T-378 de 1997. SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
La Corte, indicó que resultaba meridianamente claro que la actora tenía
derecho, desde la muerte de su padre, a la sustitución pensional y a los derechos
conexos, pues se trata de una persona que, desde entonces, sufre una
enfermedad que la incapacita, totalmente, para ejercer cualquier actividad
laboral y que no recibe auxilio, beca, recompensa o cualquiera otra entrada
que le permita su congrua subsistencia. La atención médica -e incluso el
derecho a la pensiónconstituye condición necesaria para que la demandante
pueda gozar de una vida digna y, en consecuencia, tales derechos prestacionales
se encuentran en conexidad evidente con su derecho al mínimo vital
indispensable para su subsistencia.
10. Sentencia T-920 de 2000. SERVICIO DE REHABILITA-
CIÓN INTEGRAL.
La protección especial que merecen los menores obedece fundamentalmente
al afán del constituyente de garantizar derechos y oportunidades a un
grupo poblacional que se encuentra, por sus propias condiciones personales,
en circunstancias de debilidad manifiesta y que está “impedido para participar,
en igualdad de condiciones, en la adopción de las políticas públicas
que les resultan aplicables”.[4] Pues bien, si es esta circunstancia de debilidad
manifiesta la que sustenta la protección especial que se debe brindar a
los niños, ella misma debe servir de criterio para determinar la protección
especial a sectores poblacionales que, pese a haber superado la edad jurídica
de la minoría de edad, objetivamente comparten las mismas características
de aquellas personas definidas por el derecho como menores de edad.
11. Sentencia C-410 de 2001. ESTACIONAMIENTO PREFE-
RENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La Corte considera que la disposición acusada, en su texto solo se refiere a
los incapacitados que conduzcan el vehículo que los transporta, es necesario
aclarar que el correcto entendimiento de la norma en el conjunto de las disposiciones
de la ley 361 de 1997 y en especial de las que conforman el Titulo
IV de la misma, en armonía con las convenciones y tratado suscrito por el
Estado Colombiano de los cuales se ha dado cuenta, y de los principios y
reglas constitucionales, implica comprender dentro del tratamiento especial
autorizado por el artículo 60, en estudio, también la situación de quienes
por adolecer de una incapacidad más severa no pueden conducir el vehículo
que los transporta y han de acudir a otros para tal efecto.
12. Sentencia C-128 de 2002. LENGUA MANUAL COLOM-
BIANA.
Para la Corte, las cláusulas constitucionales y los desarrollos internacionales
muestran que el Estado ha asumido compromisos especiales con las personas
con limitaciones auditivas, pues no sólo debe evitar las eventuales
discriminaciones contra esa población, sino que además debe desarrollar
políticas específicas, en materia educativa y laboral, que permitan su
rehabilitación e integración social, de tal manera que puedan disfrutar de
la vida en sociedad, y en especial puedan gozar de todos los derechos constitucionales.
Obviamente, la adopción de este tipo de medidas no puede desconocer
otras causas de marginalidad que pueden acompañar una u otra
limitación.
13. Sentencia C-246 de 2002. CAUSAL 6 DE DIVORCIO.
De acuerdo con lo dicho por la Corte, la causal 6ª de divorcio no alude a
cualquier enfermedad o discapacidad. No basta para pretender la disolución
del vínculo matrimonial con que uno de los cónyuges esté enfermo o se vea
afectado por una discapacidad. De hecho, la obligación conyugal de socorro
y ayuda es exigible especialmente en situaciones como éstas que afectan a
uno de los miembros de la pareja. Es en circunstancias de debilidad o necesidad
donde adquiere mayor trascendencia la obligación del cónyuge sano de
prestar socorro y auxilio al otro.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Tampoco basta que la enfermedad o discapacidad sea grave. El legislador ha
estimado que el deber conyugal de cuidado y ayuda es exigible incluso en
caso de que la enfermedad o discapacidad sea severa. Esto supone que así la
carga impuesta al cónyuge sano sea pesadaen atención a la gravedad de la
enfermedad y los efectos de ésta sobre la vida en común, la significación de
la obligación de socorro y ayuda en estas circunstancias es aún mayor, lo
que explica que el legislador haya optado por una exigente regulación legal
en materia de divorcio para estas hipótesis.
14. Sentencia T-067 de 2002. EXIGENCIA DE CERTIFICA-
DO EDUCATIVO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SALUD.
La Corporación ha entendido que si las normas legales se aplican en forma
igual para quienes están en circunstancias de normalidad y para quienes no
lo están, hay violación del principio de igualdad. Aunque no siempre esta
violación puede llevar a la vulneración de derechos fundamentales. Porque,
por ejemplo, no es lo mismo exigir una certificación de escolaridad formal,
con todas las exigencias de los decretos mencionados, a quien
presente una incapacidad física del 6%, como podría ser una simple
disminución de la agudeza visual, que cuando hay problemas
de aprendizaje, debido a que la edad cronológica está muy distante de la
edad mental de la persona.
15. Sentencia C-401 de 2003. REVISIÓN DE CONSTITUCIO-
NALIDAD- “CONVENCION INTERAMERICANA PARA
LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRI-
MINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD”.
El Instrumento que se revisa fue acordado dentro del marco del sistema
interamericano de la Organización de los Estados Americanos, a la cual
pertenece el Estado colombiano. Según lo manifestado en su preámbulo,
la Convención fue celebrada por los Estados parte reafirmando que las personas
con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
fundamentales que las demás personas y que los mismos dimanan de la
dignidad e igualdad inherentes a todo ser humano. Así mismo, para
su celebración fueron tenidos en cuenta el principio establecido en la Carta
de la Organización de Estados Americanos, según el cual la justicia y la
seguridad social son bases de una paz duradera, y aquellos establecidos en
diferentes manifestaciones de los organismos internacionales. Finalmente,
para celebrar la Convención, los Estados pusieron de presente su compromiso
de eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones
contra las personas con discapacidad.
16. Sentencia C-478 de 2003. EXPRESIONES CONTRARIAS
A LA DIGNIDAD HUMANA EN EL CÓDIGO CIVIL.
De conformidad con la Constitución el compromiso que tiene el Estado
para con las personas discapacitadas es doble: por una parte, abstenerse de
adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione
el principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar una
igualdad de oportunidades, remover todos los obstáculos que en los ámbitos
normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho
que se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal
sentido, impulsar acciones positivas.
17. Sentencia T-519 de 2003. ESTABILIDAD LABORAL RE-
FORZADA DEL TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD.
Se puede afirmar que (i) en principio no existe un derecho fundamental a
la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas personas se presenta
una estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial condición física
o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado una desvinculación laboral
de una persona que reúna las calidades de especial protección la tutela no
prosperará por la simple presencia de esta característica, sino que (iv) será
necesario probar la conexidad entre la condición de debilidad manifiesta
y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un
abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí puede ser mecanismo para el
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
reintegro laboral de las personas que por su estado de salud ameriten la protección
laboral reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa
podrán desvincularse, con el respeto del debido proceso correspondiente.
18. Sentencia T-951 de 2003. CONCEPTO PENSIÓN DE IN-
VALIDEZ.
La pensión de invalidez es una prestación destinada a proteger
los riesgos o contingencias que provocan estados de incapacidad,
con cargo al sistema de seguridad social, de acuerdo con
VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA Dirección de Justicia
Formal y Jurisdiccional 14 las directrices del Estado y con sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstas en la Carta
Política.
19. Sentencia C-156 de 2004. LICENCIA DE CONDUCCIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD.
De acuerdo a la Corte, el medio elegido por el legislador, es decir, establecer
normativamente las condiciones físicas que deben tener las personas para
considerarlas aptas para conducir vehículos, tanto de servicio público no
individual como cualquier otro, no sólo no está prohibido sino que es
una obligación constitucional. Es deber del legislador regular el ejercicio del
transporte terrestre, estableciendo, entre otras cosas, las condiciones para
que a una persona se le autorice conducir vehículos, sin que ello implique
someter a los demás a un riesgo elevado e innecesario contra su vida y su
integridad.
20. Sentencia C-174 de 2004. DERECHO DE IGUALDAD DE
LOS DISCAPACITADOS.
En ese orden de ideas la Corporación ha indicado la necesidad de
brindar un trato especial a las personas discapacitadas y ha señalado que la
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
omisión de ese trato especial puede constituir una medida discriminatoria.
Ello, por cuanto la no aplicación de la diferenciación positiva en el caso de
las personas discapacitadas permite que la condición natural de desigualdad
y desprotección en que se encuentran se perpetúe, situación que les impide,
entonces, participar e integrarse en las actividades sociales, para poder así
ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones.
21. Sentencia C-991 de 2004. REESTRUCTURACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN.
Es un hecho notorio que hoy en día los discapacitados y los padres y madres
cabeza de familia no son objeto de preferencia a la hora de contratación
laboral. Ciertamente, en procura de un eficientismo se busca contratar a
personas con capacidades físicas plenas que pueda producir en mayor cantidad
y calidad en el menor tiempo posible, característica que no reúnen,
en términos generales, los limitados físicos, mentales, visuales o auditivos;
además, se busca que la disposición de tiempo mental y físico sea plena, e
incluso mayor a la del tiempo reglado de trabajo, cuando las necesidades de
la empresa así lo impliquen, rasgo que, en términos generales, madres y padres
cabeza de familia, que deben velar por la seria responsabilidad del manejo
del núcleo familiar, no tienen. Así las cosas, es casi nula la posibilidad
de que las personas con estas características que fueron desvinculadas en el
proceso de Reestructuración de la Administración consigan trabajo. Esto, en
primera medida, afecta sus ingresos monetarios. La disminución de ingresos
es aún más grave para este tipo de personas por los altos costos médicos
que, en la mayoría de ocasiones, implica el manejo de la limitación, o las
erogaciones que conlleva el manejo de una familia –las cuales, para quienes
son cabeza de esta institución, están exclusivamente a su cargo-.
22. Sentencia T-397 de 2004. DERECHOS DE LOS MENO-
RES CUYO CUIDADOR ES UNA PERSONA CON DISCA-
PACIDAD. El derecho de los niños a tener una familia y no ser separados
de ella, así como las condiciones y requisitos de intervención estatal en sus
relaciones familiares, adquieren un matiz especial cuando la persona que los
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cuida tiene una discapacidad. En estos casos, como consecuencia del carácter
prevaleciente y de inmediata aplicación de los derechos del niño involucrado,
así como de la especial protección constitucional de las personas con
discapacidad, se consolida una obligación positiva en cabeza de las autoridades
de bienestar familiar, consistente en obrar con un especial nivel de
diligencia y celeridad para garantizar que la condición de discapacidad del
cuidador no obstaculice el desenvolvimiento digno y apto de sus relaciones
familiares con el menor. [... En otras palabras, en la medida en que las
autoridades cumplan con sus cometidos constitucionales frente a la situación
de las personas con discapacidad, éstas podrán materializar –entre
otros- su derecho fundamental a conformar una familia y desempeñar adecuadamente
el rol de madres, padres o cuidadores de niños sin que su condición
constituya un impedimento para ello; en esa misma medida -y en este
punto la Sala hace hincapié-, el núcleo esencial del derecho a la familia de los
niños cuyo cuidador es una persona con discapacidad, es decir, su derecho a
tener una familia y no ser separados de ella, tiene un componente especial,
consistente en el derecho a que el Estado actúe con especial diligencia en el
cumplimiento de sus deberes de actuación positiva frente al cuidador discapacitado,
para así permitir la plena materialización del interés superior
del niño involucrado, consistente en desarrollar con esa persona relaciones
familiares dignas y seguras sin que la discapacidad del cuidador sea un obstáculo
para ello. Se trata de un derecho constitucional fundamental de doble
vía y doble titularidad: por una parte, es un derecho del niño a que el Estado
cumpla adecuadamente con sus deberes frente a la discapacidad del cuidador,
para así permitirleb tener una familia y no ser separado de ella; por
otra, es un derecho del cuidador discapacitado a que las autoridades actúen
diligentemente para promover el ejercicio de su derecho a conformar una
familia con dignidad –derecho cuyo fundamento y contexto normativo se
precisan en el apartado siguiente de esta providencia.
23. Sentencia T-443 de 2004. DERECHO DE ACCESO A LA
EDUCACIÓN.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Así pues, cuando quiera que el juez constitucional pretenda amparar el derecho
a la educación de un menor discapacitado, excepcionalmente puede
disponer que este se haga efectivo en una institución de educación especial,
que le brinde al infante la posibilidad de una normalización e integración
social plena, pues la regla general consiste en procurar vincularlos a establecimientos
regulares de educación.
24. Sentencia T-1095 de 2004. CORRECCIÓN DE DES-
IGUALDADES SOCIOECONÓMICAS.
La Corte ha señalado que el Estado Social de Derecho impone a las autoridades
el deber primordial de promover la corrección de las desigualdadessocioeconómicas,
la inclusión de los débiles y marginados, y el mejoramiento
progresivo de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos,
empleando todos los medios que estén a su alcance (Art. 1, C.P.). De allí que,
y tal como lo consagra el artículo 13 de la Carta Política, exista una obligación
de contenido positivo en cabeza de las autoridades, en especial a favor
de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta, consistente en adoptar
todas las medidas que sean necesarias para lograr una igualdad real y no
simplemente formal.
25. Sentencia C-381 de 2005. PERSONA CON DISCAPACIDAD MIEMBRO
DE LA
FUERZA PÚBLICA. En consecuencia, si una persona vinculada a la Policía
Nacional
sufre una disminución de su capacidad sicofísica, la institución está en el
deber
constitucional de intentar, en principio, su reubicación a una plaza en la
cual pueda
cumplir con una función útil a la institución.7
26. Sentencia T-078 de 2005. DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PER-
SONAS
CON DISCAPACIDAD. La Constitución Política contiene varios principios
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
específicos sobre discapacitados. De una parte, consagra para todo colombiano
el derecho a circular libremente por el territorio nacional. Adicionalmente
prescribe que, con el fin de promover condiciones de igualdad real
y efectiva de todos, el Estado tiene la obligación de proteger especialmente
a aquellas personas que por su condición física, económica o mental, se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta. Así mismo, establece
que el Estado adelantará una política de integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos y que prestará la atención especializada
a quienes lo requieran. Por último, dispone que la educación de personas
con limitaciones físicas, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado. A lo anterior debe agregarse que uno de los fines esenciales
del Estado, según lo dispone el artículo 2º de la Carta Política, es el
de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución.
27. Sentencia T-309 de 2005. DESVINCULACIÓN Y REIN-
TEGRO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD.
Según la doctrina de la Corte procede el reintegro mediante la acción de
tutela, cuando queda demostrado que la desvinculación se produjo con violación
de la garantía del fuero sindical o como consecuencia de un acto de
discriminación contra una mujer embarazada o una madre cabeza de familia
o contra una persona enferma o discapacitada. En este sentido, si el
despido se produjo sin que mediara una justa causa demostrada se presume
la discriminación y procede el reintegro. Ahora bien, para que proceda la acción
de tutela, es absolutamente indispensable – además de otros requisitos
de procedibilidad – que pueda razonablemente presumirse la discriminación,
que no existan pruebas que la desvirtúen o que, por el contrario, quede
demostrado claramente que esta fue la causa del despido. En particular,
cuando se trata de personas que afirman haber sido desvinculadas en razón
de su enfermedad o discapacidad, la Corte ha exigido, cuando menos, elementos
que permitan razonablemente establecer una relación de conexidad
entre la discapacidad o enfermedad y la decisión laboral impugnada.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
28. Sentencia T-1278 de 2005. SUMINISTRO DE AUDIFO-
NOS NO INCLUIDO EN POS.
La inclusión de la adaptación del audífono, cuyo suministro se encuentraexcluido
no permite la recuperación de la función auditiva perdida o afectada
y, definitivamente, no se compadece con los postulados superiores referidos.
Es decir, resulta inadmisible a la luz de los preceptos constitucionales la
interpretación restrictiva que se ha hecho respecto del suministro del audífono,
como excluido del Plan Obligatorio de Salud, pues sin el suministro de
este último, no se logra el objetivo de rehabilitación de la discapacidad o recuperación
de la enfermedad como finalidad última que orienta la normatividad
que regula las exclusiones y limitaciones del POS, ni se atiende a los
principios constitucionales de protección reforzada frente a las personas con
discapacidad. En conclusión, la Sala Séptima de Revisión considera que la
tesis según la cual al no estar expresamente contemplado el suministro de
audífonos en el POS, se entiende excluido del mismo, no solamente es constitucionalmente
inadmisible, sino que violenta las condiciones definitorias
mismas de los aparatos cuya destinación es la complementación de la capacidad
física perdida por el paciente.
29. Sentencia C-076 de 2006. ACCESO A LA CARRERA
NOTARIAL PARA PERSONAS “CIEGAS, SORDAS Y MU-
DAS”.
La Corte reiteradamente ha señalado que aquellas medidas que limitan o
restringen los derechos de una persona o de un colectivo de personas de
acceder a un puesto de trabajo; escoger profesión u oficio; o competir en
igualdad de condiciones para acceder a un cargo o función pública, deben
fundarse en argumentos objetivos y razonables. En particular, la norma que
se trate debe perseguir un fin valioso y ser útil, necesaria y estrictamente
proporcionada respecto de dicho fin. Una de las reglas que se derivan de lo
anterior es aquella según la cual unamn restricción o inhabilidad para el
ejercicio de un cargo debe cobijar exclusivamente a lasn personas o grupos
de personas que efectivamente no pueden cumplir con las tareasn esenciales
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de dicho cargo. Si el colectivo excluido se encuentra integrado, adicionalmente,
por personas aptas cuya exclusión no tiene justificación razonable
alguna, la norma deberá, en principio, ser declarada inconstitucional. Por
último, como ya se ha reiterado, la jurisprudencia en la materia ha sido
clara al señalar que, en todo caso, “las condiciones – que se impongan - para
ejercer la profesión no pueden favorecer discriminaciones prohibidas por la
Carta”. Es importante recordar que el concepto técnico de la asesora jurídica
del Instituto Nacional para Ciegos señala que de conformidad con los estudios
realizados por el Instituto sobre los perfiles ocupacionales de las personas
ciegas, estas se pueden desempeñar en cualquier actividad, excepto en
aquellas en las que se requiere realizar tareas fundamentalmente visuales.
En este sentido, concluye que dadas las características de la función notarial,
aun con el avance logrado por la tecnología para ayudar a personas con
limitación visual, todavía no se cuenta con los instrumentos apropiados
que permitan a una persona ciega, cumplir con las funciones específicas del
notario. Por esas razones de orden tecnológico, considera que no es inconstitucional
mantener en el ordenamiento jurídico el impedimento legal impugnado
por el actor.
30. Sentencia C-896 de 2006. PENSIÓN DE SOBREVIVIEN-
TES.
La Sala considera que estas dos circunstancias que prevé la disposición
demandada no se presentan en el caso de los hermanos no inválidos del
causante que dependían económicamente del mismo, ya que este segundo
grupo de personas se encuentra en capacidad de proveerse a sí mismo
lo necesario para llevar una existencia digna, a diferencia de los inválidos,
quienes debido al alto grado de pérdida de capacidad laboral que presentan,
están, en principio, en imposibilidad de acceder al mercado laboral.
31. Sentencia C-989 de 2006. BENEFICIO PENSIONAL
PARA PADRE CABEZA DE FAMILIA.
En el caso concreto del inciso 2° del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
100 de 1993 –modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003-, la protección
que allí se establece está encaminada en forma directa a beneficiar
al niño o adulto discapacitado que por sus condiciones físicas o mentales
no puede valerse por sí mismo, razón por la cual se torna en un sujeto de
protección especialísima al cual Estado le debe brindar todas las garantías
necesarias para el goce efectivo de sus derechos, de allí la necesidad de que
indistintamente de que se trate de la madre o el padre, siempre que i) como
lo dispone la norma la discapacidad del menor esté debidamente calificada
y que ii) se hayan cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
el mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima media para
obtener la pensión de vejez, se deba conceder el beneficiom pensional allí
previsto, de forma tal que, se pueda dar efectivo cumplimiento al propósito
de la disposición legal ibídem, que no es otro que otorgarle de manera anticipada
recursos económicos al progenitor a cuyo cargo se encuentre el niño
o el adulto incapaz, con el fin de permitirle dedicar su tiempo a la adecuada
rehabilitación de éste. Así las cosas, en armonía con reiterada jurisprudencia
frente al cargo formulado en el presente proceso por violación del derecho
a la igualdad, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de la expresión
acusada “madre”, en el entendido, que el beneficio pensional previsto
en dicho artículo se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados
y que dependan económicamente de él, y así quedará señalado en
la parte resolutiva de esta providencia.
32. Sentencia T-068 de 2006. RETIRO DE MIEMBRO DE
LAS FUERZAS MILITARES – CONCEPTO DE CAPACI-
DAD PSICOFÍSICA.
La vigencia del concepto de capacidad psicofísica, es claro que de acuerdo
con la regulación legal vigente - Artículo 7 del Decreto 1796 de 2000-, el mismo
sólo tiene validez por un término de tres (3) meses, contados a partir de
su emisión y durante los cuales será oponible para todos los efectos legales;
lo cual se traduce en que dicho concepto sólo puede servir de fundamento
para la reubicación o retiro durante dicho término, vencido el cual cobra
nuevamente vigencia el concepto de aptitud “hasta cuando se presenten
476 477

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad
psicofísica.”
33. Sentencia T-090 de 2006. ACCIÓN DE TUTELA PARA
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE QUIENES, EN VIRTUD DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Los servidores públicos que al momento de laejecución de los programas
de renovación y reestructuración institucional, tengan incapacidad física,
mental, visual o auditiva y ésta se encuentre debidamente acreditada en
los términos del artículo 13 del decreto 190 de 2003, en aplicación del derecho
de protección laboral reforzada de que son titulares y de la obligación
del Estado de garantizar su amparo especial dada su situación de debilidad
manifiesta, deben ser incluidos en los programas de protección social que
para el efecto previó el artículo 12 de la ley 790 de 2000 y permanecer en el
ejercicio de su cargo. En consideración a la protección laboral reforzada de
las personas que hacen parte de este colectivo, la Corte Constitucional en
diferentes ocasiones, ha tutelado su derecho fundamental al trabajo cuando,
en virtud del plan de Renovación de la Administración Pública, han sido
retirados del servicio.
34. Sentencia T-157 de 2006. AFILIADOS EN SALUD DEL
SUBSISTEMA DE FUERZAS MILITARES Y POLICIAL.
Así las cosas, en la actualidad, en lo que concierne al Subsistema de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, si bien existe una disposición
expresa según la cual únicamente son beneficiarios del mismo los hijos
mayores de 18 años que padezcan una invalidez absoluta y permanente,
también lo es que desapareció del ordenamiento jurídico la norma que definía
con precisión el alcance del mencionado concepto, motivo por el cual,
al momento de examinar si una persona es o no beneficiaria del referido
subsistema deberán tenerse en cuenta: (i) las disposiciones constitucionales
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
concernientes a los sujetos de especial protección; (ii) las diversas disposiciones
internacionales que regulan el tema de la discapacidad mental; (iii)
las particularidades del caso concreto, y (iv) las pruebas técnicas que se le
hubiesen practicado accionante.
35. Sentencia T-221 de 2006. ANÁLISIS DE REGRESIVI-
DAD DE LA LEY 860 DE 2003 EN CUANTO PENSIÓN DE
INVALIDEZ.
En sentencia T-221 de 2006, la Corte realizó un análisis de la regresividad
de la norma en cuestión y se concluyó que con la nueva norma (i) se impusieron
requisitos más gravosos para acceder a la pensión de invalidez, (ii) se
afectó a personas discapacitadas que merecen especial protección por parte
del estado y (iii) la norma carece de justificación legislativa, pues la finalidad
de la Ley 860 de 2003 consistía en generar una cultura de afiliación al sistema
y la reducción de los fraudes al mismo, objetivo que no por ser loable
deja de ser desproporcionado.
36. Sentencia T-513 de 2006. ESTABILIDAD LABORAL RE-
FORZADA.
Sin embargo, al estudiar el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 367 de
1997, a cuyo tenor el empleador que despide a un trabajador con limitaciones
sin la previa autorización de “la oficina de trabajo” está obligado a
pagar una indemnización, la Corte consideró del caso acudir a una sentencia
integradora, a fin de que se entienda que “dicha indemnización presenta un
carácter sancionatorio y suplementario pero que no otorga eficacia jurídica
al despido o a la terminación del contrato de la persona con limitación, sin
previa autorización de la oficina de Trabajo”.
37. Sentencia T-518 de 2006. DERECHO A LA SALUD DE
MENOR CON DISCAPACIDAD.
Se concluye entonces que la salud de los niños se erige como un
478 479

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
derecho fundamental, y que tratándose de menores con discapacidad el Estado
se encuentra obligado a ofrecer un tratamiento integral encaminado a
lograr la integración social del niño. En este sentido, debe ofrecerse al menor
todos los medios que se encuentren al alcance con el fin de obtener su
rehabilitación, teniendo en cuenta, además, que este proceso puede tener
ingredientes médicos y educativos, como podría presentarse en el caso de
los niños autistas.
38. Sentencia T-816 de 2006. DERECHO PENSIONAL A DIS-
CAPACITADO.
En resumen, la persona discapacitada, impedida o disminuida física, tiene
derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida digna, como
también tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar
un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa,
como también a recibir una pensión en los casos en que su limitación ya
nos les permita desempeñarse en la vida laboral.
39. Sentencia T-043 de 2007. ACCIÓN DE TUTELA PARA
EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En segundo término, para que el amparo constitucional proceda en los casos
analizados deberán comprobarse circunstancias de índole fáctica, las cuales
tendrán que concurrir ineludiblemente en cada evento concreto, como presupuesto
para que el juez de tutela proteja los derechos fundamentales invocados.
Así, en primer lugar, en cada caso deberá estarse ante los supuestos
que la jurisprudencia constitucional ha previsto para la inminencia de un
perjuicio irremediable, habida cuenta que la discusión sobre derechos laborales
en un asunto que, de manera general, es de competencia de la jurisdicción
ordinaria. Como segunda medida, debe acreditarse que la falta de reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez tiene efectos incontrovertibles
en términos de vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del
afiliado. En ese sentido, deberá comprobarse la conexión necesaria entre el
pago de la prestación económica y la consecución de las condiciones materiales
que garanticen la subsistencia del interesado. De esta manera, en caso
que se demuestre que el afiliado cuenta con otras fuentes de ingreso, distintas
a la pensión solicitada, el amparo resultará improcedente ante la falta de
inminencia de un perjuicio irremediable.
39. Sentencia T-063 de 2007. DERECHO A LA SALUD DE
MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA.
La Corte ha establecido respecto al derecho a la salud de los miembros de
la fuerza pública que: (i) De las disposiciones legales y reglamentarias que
establecen las obligaciones de la Policía y el Ejército Nacional frente a las
personas que prestan el servicio militar obligatorio, se derivan, entre otras,
aquella relativa a la atención en salud a partir de la incorporación y hasta
el desacuartelamiento o licenciamiento. (ii) NoN obstante lo anterior, el
término de cobertura del servicio de salud por parte de los Subsistemas de
Salud de la Policía y el Ejército Nacional debe ser ampliado en casos en que
quien haya prestado el servicio militar padezca quebrantos de salud física
o mental, obligación que se ve reforzada cuando éstos han sido contraídos
durante la prestación del servicio militar y con ocasión de actividades propias
del mismo. (iii) La Corte ha establecido dos reglas de procedencia de la
ampliación del término referido, según las cuales cuando se “(i) padece una
dolencia que pone en riesgo cierto y evidente [el] derecho fundamental a la
vida en condiciones dignas; y (ii) esta dolencia encuentra relación de causalidad
con la prestación de las labores propias del servicio militar obligatorio”12,
es imperioso que el Estado, a través de las instituciones de la Fuerza
Pública continúe prestando la atención que el caso demande hasta tanto la
salud de quien sufrió una lesión o adquirió una enfermedad, se recupere. (iv)
El derecho fundamental a la salud de las personas que han sufrido una pérdida
importante de la capacidad física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria no puede verse afectado, en ningún
caso, por las instituciones del Estado sobre las cuales recae la obligación de
protegerlo y darle plena vigencia.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
40. Sentencia T-170 de 2007. DERECHO A LA EDUCACIÓN
DE MENOR CON DISCAPACIDAD.
Para la Corte, las personas con limitaciones psíquicas y físico sociales, como
el retardo mental [sic], gozan de la especial protección del Estado y son titulares
de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad, en los
componentes prestacionales reconocidos y determinados por el Estado en el
marco de su política pública de educación. Por esta simple conclusión, estas
personas pueden reclamar directamente los contenidos fundamentales del
derecho a la educación que derivan directamente de la Carta por vía de la
acción de tutela. Esto implica el deber correlativo de las entidades estatales
de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la
prestación del servicio de educación, los cuales deben suministrarse en condiciones
de igualdad, y bajo la consideración de las condiciones especi les de
las personas afectadas con dichas limitaciones, de tal forma que los procesos
de aprendizaje ysocialización de tales sujetos sean lo más parecido posible a
los de cualquiera de los educandos que carecen de alguna discapacidad.
41. Sentencia T-454 de 2007. ACCESO AL SERVICIO PÚ-
BLICO DE EDUCACIÓN PARA MENOR QUE REQUIERE
INTÉRPRETE.
La [...] obligación del Estado, va más allá de garantizar a los menores el acceso
material a un centro educativo, porque a su vez resulta indispensable que
el niño logre captar los conocimientos que allí se imparten, situación que
obviamente se ve truncada si no existe un medio de comunicación adecuado
en la relación docente –alumno, como en el caso bajo estudio, en el que
a la menor, en razón de su discapacidad auditiva, le es imposible entender
las clases impartidas sin un traductor de señas. En estas circunstancias, es
deber del Estado, tomarlas medidas pertinentes para lograr que el acceso al
servicio público de educación sea real y efectivo y se lleve a cabo sin interrupciones.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
42. Sentencia T-487 de 2007. DERECHO A LA SALUD Y
EDUCACIÓN DE PERSONA CON DISCAPACIDAD.
Esta Corporación ha considerado que derechos fundamentales de la población
con discapacidad como la educación o la salud no pueden verse restringidos
por el factor edad. En efecto, se trata de sujetos de especial protección
constitucional frente a quienes se tienen deberes particulares y a quienes se
les prestará la atención que requieran a fin de cumplir los mandatos constitucionales
de “previsión, rehabilitación e integración social”, proveer un
ámbito laboral acorde con las condiciones de salud de esta población, “la
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”, así
como la educación adecuada.
43. Sentencia T-631 de 2007. DERECHO A LA SALUD – SU-
MINISTRO DE PRÓTESIS.
La jurisprudencia también ha hecho énfasis en que el suministro de
prótesis es una prestación que hace parte del ámbito de protección del derecho
a la salud de las personas con discapacidad. Así lo ha expresado esta Corporación
en reiterada jurisprudencia al señalar que dichos aparatos constituyen
elementos necesarios para recuperar la capacidad funcional perdida
y optimizar el mandato constitucional de integración social de quienes presentan
algún tipo de limitación física, para lo cual se requiere un tratamiento
de rehabilitación integral que incluya, entre otras prestaciones, el acceso
a los aparatos necesarios para tal fin.
44. Sentencia T-816 de 2007. MEDIDA DE PROTECCIÓN,
HOGAR BIOLÓGICO.
Se puede concluir entonces, que la finalidad del referido programa, es brindar
un apoyo económico al grupo familiar que lo requiere, para el fortalecimiento
de las relaciones familiares y desarrollo de habilidades para el
manejo de la discapacidad, debiéndose utilizar dicho programa en pro del
acceso del menor a los servicios de educación,rehabilitación, salud y demás
482 483

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
a que tenga derecho. Este proceso, debe estar acompañado y coordinado
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien está en la obligación
realizar controles periódicos sobre la efectividad de la medida, así
como informar sobre la transitoriedad de ésta, en procura de establecer un
compromiso por parte del núcleo familiar a fin de superar las condiciones
de vulnerabilidad social y económica que le permita retomar la plena responsabilidad
en el cuidado sus hijos e hijas.
45. Sentencia T-879 de 2007. CARÁCTER EXCEPCIONAL
DE LA INTERNACIÓN PERMANENTE EN INSTITUCIO-
NES ESPECIALIZADAS.
En este sentido, el aislamiento de los disminuidos psíquicos solo tiene explicación
en la necesidad médica de que el tratamiento se realice mediante
la hospitalización, pues, como ya se dijo, los conceptos de igualdad y vida
digna que orientan el trato de los enfermos mentales implican que no se
excluyan del entorno familiar y, así, se les permita incluirlos como sujetos
partícipes en la sociedad. Por consiguiente, la hospitalización se presenta
como una medida transitoria sujeta a que, según el concepto del médico
tratante, no sean posible que el tratamiento se realice de forma ambulatoria
o con el objeto de garantizar la seguridad del propio enfermo y de quienes
lo rodean.
46. Sentencia T-988 de 2007. INTERRUPCIÓN VOLUNTA-
RIA DEL EMBARAZO PARA MUJER CON DISCAPACI-
DAD.
En este lugar acentúa la Sala lo ya afirmado en líneas precedentes: las entidades
prestadoras de salud que exijan el cumplimiento de requisitos formales
adicionales al denuncio para practicar el aborto inducido en una mujer
notoriamente discapacitada – con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales
que imposibilitan la exteriorización libre y directa de su consentimiento
– la cual ha sido víctima de abuso carnal violento, sin consentimiento
o abusivo, incurren en un grave desconocimiento de la protección que se
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
deriva para las personas con discapacidad de la Constitución Nacional así
como de lo consignado en el ámbito internacional. Bajo esas circunstancias,
las autoridades públicas y los particulares que obren en calidad de tales, han
de interpretar las normas de modo que más favorezca a estas personas pues,
de lo contrario, al dilatar en el tiempo la práctica del aborto inducido las
pondrán en un absoluto estado de indefensión en contravía de lo dispuesto
por el artículo 13 superior así como de la jurisprudencia sentada en la sentencia
C-355 de 2006.16
47. Sentencia C-1152 de 2008. (Objeciones presidenciales)
AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.
En este orden de ideas, la Corte considera que unas disposiciones legales que
apuntan a que los municipios y los distritos cumplan con diversas cláusulas
constitucionales que garantizan los derechos de las personas discapacitadas,
al igual que los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano
en la materia, no atenta contra el principio de autonomía de las
entidades territoriales, el cual, como se ha explicado, no es absoluto y debe
ser entendido de conformidad con todo el articulado constitucional.
48. Sentencia T-434 de 2008. DERECHO DE REUBICACIÓN
DEL TRABAJADOR DISCAPACITADO.
El derecho a la protección laboral especial de los discapacitados no se agota,
empero, en la prohibición impuesta al empleador de dar por terminado el
contrato de trabajo, o en el condicionamiento de esta facultad a la obtención
de una autorización del Ministerio de la Protección Social. En un desarrollo
íntimamente ligado con este derecho, el Legislador estableció en el artículo
8º de la Ley 776 de 2002 , que un trabajador parcialmente incapacitado debe
ser reubicado cuando sus condiciones de salud puedan verse afectadas por
las funciones de su cargo, debiendo el empleador realizar los ajustes pertinentes
en su planta de personal.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
49. Sentencia T-449 de 2008. ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA EN CONTRATO A TÉRMINO FIJO.
La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que el principio
de la “estabilidad laboral forzada”, propio de las relaciones jurídicas en las
que esté inmersa una de aquellas personas que por razones de orden económico,
físico o mental, se encuentre en estado de “debilidad manifiesta”, no
es aplicable exclusivamente a aquellos celebrados a término indefinido sino
también, a aquellos contratos pactados a un término fijo. En ese sentido,
también es una exigencia acudir a la Oficina del Trabajo para obtener la
autorización necesaria para dar por terminado el contrato laboral al vencimiento
del plazo inicialmente pactado o de una de las prórrogas, si el trabajador
es sujeto de especial protección constitucional ya que, en esos casos la
llegada del término no es razón suficiente para darlo por terminado.
50. Sentencia T-655 de 2008. SUMINISTRO DE AUDIFO-
NOS ADULTO MAYOR.
Para la Corte, el envejecimiento es una circunstancia estrechamente ligada
con la condición humana. Todos los seres humanos habremos de enfrentar
esta situación indefectiblemente. Justo uno de los desafíos más grandes de
las sociedades actuales consiste en desarrollar políticas y desplegar actividades
o actuaciones encaminadas a proporcionar las condiciones para que las
personas adultas mayores puedan llevar una vida en condiciones de calidad
y de dignidad. Radica en ofrecer a estas personas la infraestructura material
y estructural indispensable para que no se vean excluidas del tejido social
o sean víctimas de discriminaciones injustificadas por motivo de su edad
sino, por el contrario, para que se integren efectivamente a la vida social
y puedan compartir con la sociedad los conocimientos y las experiencias
acumuladas con el paso de los años.
51. Sentencia T-657 de 2008. SUMINISTRO DE SILLA DE
RUEDAS.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En materia de salud, la atención integral de las personas con discapacidad
debe estar dirigida a garantizar su desenvolvimiento en condiciones respetuosas
de la dignidad humana. [...] la jurisprudencia constitucional ha reconocido
en múltiples ocasiones la necesidad de suministrar aparatos ortopédicos,
sillas de ruedas y prótesis auditivas, peneanas, oculares, mamarias y
de extremidades superiores e inferiores. Implementos todos estos destinados
a ayudar al sujeto con discapacidad a suplir las deficiencias físicas que pueda
padecer y en tal sentido, a garantizar una vida en condiciones dignas.
52. Sentencia T-818 de 2008. SERVICIO MÉDICO DOMICI-
LIARIO.
Como se puede apreciar en los precedentes expuestos, independientemente
que los servicios médicos se encuentren incluidos dentro o fuera del Plan
Obligatorio de Salud (POS), la Corte por tratarse inexorablemente de personas
que están imposibilitadas físicamente de acudir a los centros hospitalarios,
ponderando la protección especial que la constitución les brinda a
los discapacitados o a los niños, ha ordenado la prestación de servicios médicos
en el domicilio de la persona que los requiera.
53. Auto 006 de 2009. PERSISTENCIA DEL ESTADO DE
COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL CAMPO DEL DES-
PLAZAMIENTO FORZADO.
Observa la Sala, además, que la ausencia de un enfoque diferencial en
discapacidad, no sólo afecta a la población desplazada que tiene una discapacidad
antes del desplazamiento o en razón del mismo, sino que también
lleva a minimizar los esfuerzos de prevención en el marco del conflicto armado.
Como se mencionó el conflicto armado y el desplazamiento causan y
exacerban la discapacidad, no sólo por los riesgos que existen para la población
en general de ser víctima de minas antipersonales o del fuego cruzado,
sino también por otras consecuencias del conflicto y del desplazamiento
como el hambre, la desnutrición o el fuerte impacto psicológico que, además,
tienden a afectar en mayor grado a la población con discapacidad. [...]
486 487

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
El riesgo de abandono por falta de independencia personal, antes y durante
el desplazamiento. Ante la seriedad de las amenazas para la vida y la integridad
personal, la población en riesgo cuenta con poco tiempo para abandonar
sus tierras, y desplazarse a un lugar seguro. Por las limitaciones de
movilidad, sensoriales o mentales, las personas con discapacidad corren el
riesgo de ser percibidas como una carga que dificulta la inminencia del desplazamiento.
Por ello, corren un mayor riesgo de ser abandonadas por sus
familiares, antes y durante el desplazamiento.
54. Sentencia C-640 de 2009. INFORME ADMINISTRATI-
VO POR LESIONES.
El informe administrativo por lesiones constituye uno de los soportes – junto
con la ficha médica de aptitud sicofísica, el concepto médico de especialista,
el expediente médico laboral y los exámenes paraclínicos - para que
la Junta Médico Laboral Militar o de Policía desarrolle las funciones que le
competen, al punto que se concibe como una de las causales que suscita la
convocatoria de la Junta Médico Laboral.
55. Sentencia C-804 de 2009. SOLICITUD DE IDONEIDAD
FÍSICA PARA ADOPTAR.
En el asunto bajo revisión, es posible constatar que el alcance de la expresión
“idoneidad física” cuestionada, no es neutral, a pesar de que aparentemente
no emplea un lenguaje discriminatorio, en la medida en que recrea imaginarios
donde los prejuicios y temores contra las personas con discapacidad
aparecen fácilmente. [...] Encuentra la Corte Constitucional que el artículo 68
de la Ley 1098 de 2006, exige una valoración integral de todas las condiciones
de quien sea candidato a padre o madre adoptante. En esa medida, no se
puede descalificar a una persona como posible padre o madre adoptante, por
el sólo hecho de que tenga una discapacidad, sino que dicha condición debe
ser evaluada en cada caso concreto por las autoridades y expertos, junto con
los demás factores de idoneidad exigidos por la ley, y siempre en función
de interés superior del menor, esto es, a la luz de las necesidades de amor,
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cuidado y protección del niño, niña o adolescente que será adoptado. En este
sentido, la disposición demandada resulta ajustada a la Constitución, desde
el punto de vista de los derechos fundamentales de los niños, la prevalencia
de los mismos y el interés superior del menor.
56. Sentencia T-650 de 2009. COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFI-
CO.
De otra parte, porque la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática
en indicar que (i) por la naturaleza administrativa del Comité Técnico Científico
su concepto no es indispensable para que el medicamento requerido
por un paciente sea otorgado; (ii) no puede considerarse como una instancia
más entre los usuarios y las Entidades Promotoras de Salud, ni como una
carga administrativa que debe asumir la persona; (iii) conforme a la Resolución
2933 de 2006 (Art. 7°), el trámite ante el Comité Técnico Científico es
competencia del médico tratante adscrito a la E.P.S. y no una gestión que
le corresponda adelantar por cuenta propia al paciente y (iv) no debe ser
entendido como un presupuestode procedencia de la acción de tutela “por lo
cual no es jurídicamente admisible negar el amparo de derechos fundamentales
con el argumento de no haber acudido de manera previa al Comité en
cuestión.”
57. Sentencia T-885 de 2009. DERECHO AL MÍNIMO VI-
TAL DE PERSONA CON DISCAPACIDAD.
En este sentido, una de las características propia del derecho al mínimo vital,
consiste en que, su concreción, como conjunto de posiciones jurídicas de
derecho a algo (bienes y servicios) o a prestaciones, depende de las calidades
o condiciones específicas del titular del derecho que lo invoca. Por lo tanto,
en el caso de las personas discapacitadas física y mentalmente, algunos de
los derechos que componen el mínimo vital tienen un contenido y un ámbito
de protección diferente determinado por sus circunstancias específicas.
488 489

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
58. Sentencia C-293 de 2010. CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Con el propósito de promover las condiciones que hagan posible la igualdad
real y efectiva de las personas con discapacidad, tanto la Convención que se
revisa como la generalidad de las medidas a cuya implementación se comprometen
los Estados partes, tienen el carácter de acciones afirmativas, denominación
que, como es sabido, alude a todas aquellas medidas, políticas
o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y
en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas
o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el
único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado
social. [...] De vuelta al análisis constitucional de las cláusulas que
conforman el articulado de esta Convención, se observa que ellas reflejan un
esfuerzo comprehensivo de protección a las personas discapacitadas, ya que
abordan y ofrecen correctivos, desde una perspectiva moderna e inclusiva,
frente a la mayor parte de los aspectos y situaciones en las que puede apreciarse
la condición de desigualdad y vulnerabilidad que normalmente afecta
a estas personas. Por otra parte, el desarrollo particular que se hace de los
distintos derechos que se predican de las personas discapacitadas (artículos
10 a 30), tanto fundamentales como sociales, económicos y culturales, es enteramente
concordante con el que esta corporación ha efectuado desde sus
inicios, a través de su jurisprudencia, consideraciones que también conducen
a la exequibilidad de estas disposiciones.
59. Sentencia T-185 de 2010. DESAFILIACIÓN DE SERVI-
CIO DE SALUD POR FALTA DE CONVIVENCIA.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
En este orden de ideas, puede concluirse que pese a la terminación del
vínculo matrimonial puede subsistir el deber de alimentos que comprende
la prestación del servicio de salud, en la medida en que no puede
abandonarse al cónyuge con una enfermedad o discapacidad grave,
pues sería atentatorio del principio de la dignidad humana y de los deberes
de socorro y ayuda que, como se expuso anteriormente, eventualmente
perduran después de la separación o divorcio de los cónyuges.
60. Sentencia T-340 de 2010. SUJETOS DE ESPECIAL PRO-
TECCIÓN CONSTITUCIONAL.
En síntesis, la Sala reitera la condición de sujetos de especial protección constitucional
de las personas con discapacidad; sin embargo, en atención a la
creciente aceptación del modelo social de protección en el derecho interno,es
pertinente señalar que las medidas destinadas a fomentar la participación
en el deporte y la recreación por parte de las personas con discapacidad
deben (i) garantizar la participación de los interesados en el diseño y estructuración
de los programas; (ii) tomar en cuenta los principios de diseño
universal, accesibilidad para todos y todas, y ajustes razonables; (iii)
promover la toma de conciencia y (iv) no construirse mediante esquemas
discriminatorios. Lo anterior conlleva la necesidad de alentar la participación
en actividades deportivas y recreativas en igualdad de condiciones con
los demás, lo cual incluye el ofrecimiento den recursos, infraestructura y
estímulos adecuados.
61. Sentencia T-574 de 2010. PRESTACIÓN DE MEDICA-
MENTOS Y TRATAMIENTOS NO INCLUIDOS EN POS.
La Corte Constitucional ha distinguido dos grupos en los cuales se presentan
controversias sobre el derecho a la salud: cuando la vulneración o
amenaza versa sobre un medicamento o procedimiento incluido en el Plan
Obligatorio de Salud, POS, y cuando la vulneración o amenaza versa sobren
procedimientos o medicamentos que no se encuentra en el Plan Obligatorio
de Salud, NO POS. Respecto de procedimientos o medicamentos no incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud, la Corte ha fijado las siguientes reglas:
“Con el tiempo, la jurisprudencia constitucional fue precisando los criterios
de aplicación (sic) la regla de acceso a los servicios de salud que se requerían y
no estaban incluidos en los planes obligatorios de salud.[4] Actualmente, la
jurisprudencia reitera que se desconoce el derecho a la salud de una persona
que requiere un servicio médico no incluido en el plan obligatorio de salud,
490 491

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cuando “(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la
vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede
ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii)
el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad
encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada
legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto
que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a
quien está solicitándolo.”[5] En adelante, para simplificar, se dirá que una
entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no
esté incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio se requiera
[que reúna las condiciones (i), (ii) y (iv)] con necesidad [condición (iii)]. Como
lo mencionó estab Corporación, “(...) esta decisión ha sido reiterada por la
jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el contexto del
régimen contributivo de salud,[6] como en el régimen subsidiado,[7] indicando,
no obstante, que existen casos en los cuales se deben tener en cuenta
consideraciones especiales, en razón al sujeto que reclama la protección,[8]
a la enfermedad que padece la persona[9] o al tipo de servicio que ésta requiere.
62. Sentencia T-693 de 2010. SUSTITUCIÓN DE PENA EN
CENTRO CARCELARIO.
Corresponde al juez penal verificar que quien reclama tal beneficio cumpla
con los siguientes requisitos: (i) que el delito que se le imputa no esté excluido
expresamente; vale decir, que no se trate de genocidio, homicidio, delitos
contra las cosas o personas y bienes protegidos por el derecho internacional
humanitario, extorsión, secuestro, o desaparición forzada; (ii) que no registre
antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos; (iii)
Que sea una mujer o un hombre cabeza de familia; (iv) que el desempeño
personal, laboral, familiar o social del procesado permita a la autoridad judicial
competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a
las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental
permanente. En todo caso, la importancia de reconocer el derecho a la
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
detención domiciliaria no tiene por finalidad principal favorecer a uno u
otro padre, sino la efectiva protección de quienes se encuentran en especial
condición de vulnerabilidad y dependencia de sus padres.
63. Sentencia T-1035 de 2010. PERSONA CON DISCAPACI-
DAD DESPEDIDA SIN SER INCLUIDA EN NÓMINA DE
PENSIÓN.
La pérdida de capacidad laboral derivada en una invalidez, genera para el
empleador la facultad de desvincular del servicio a quien se encuentra en
este estado. No obstante, debe tenerse en cuenta que con ello se puede generar
un perjuicio inminente para estas personas, quienes se ven desprovistas
de salario y de afiliación al sistema de salud; de esta situación se concluye
la importancia que tiene la garantía real de la pensión de invalidez la cual
deberá verse materializada con la inclusión en nómina y el pago efectivo de
las mesadas. [...] La jurisprudencia constitucional ha destacado, dentro del
derecho a la seguridad social en pensiones, la importancia que tiene la efectiva
inclusión en nómina, sobre todo cuando una persona va a ser desvinculada
de su lugar de trabajo ya que se entiende que ésta no cuenta con un
estado de salud que le permita ser reintegrada y continuar con las labores
que venía desarrollando y por el contrario requiere dedicarse a su propio
cuidado.
64. Sentencia C-438 de 2011 CONTENIDO DEL ARTÍCULO
82 DE LA LEY 1306 DE 2009.
La Ley 1306 de 2009, de la cual hace parte el fragmento acusado, está dirigida
a la protección de personas en estado de incapacidad o de disminución
física o mental. Su objeto es plural: (i) la protección e inclusión social de toda
persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la
inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad y (ii) la rehabilitación
y el bienestar del afectado, a través del ejercicio de las guardas, de las consejerías
y de los sistemas de administración patrimonial. Procura claramente,
modernizar las normas de protección de individuos con discapacidad men-
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
tal y adaptarlas a la Carta Política vigente y a las diversas convenciones
internacionales sobre personas con discapacidad adoptadas por Colombia,
pero especialmente para lograr que la sociedad cumpla con su función de
proteger e incluir a todos los sujetos como corresponde a un Estado Social
de Derecho.
65. Sentencia C-824 de 2011. CONTENIDO DEL ARTÍCULO
1 DE LA LEY 361 DE 1997.
Al realizar una interpretación semántica y sistemática del concepto de limitación,
conjuntamente con los calificativos de “severas y profundas”, se allega
a la conclusión que estos calificativos no restringen la protección constitucional
a todas las personas con alguna limitación. Así mismo, la Sala
concluye, en segundo término, que las expresiones “severas y profundas”
contenidas en el artículo 1º de la Ley 361 de 1997 no resultan violatorias del
artículo 13 Superior que consagra el principio y derecho de igualdad, al no
estipular una restricción injustificada desde el punto de vista constitucional,
a la protección de todas las personas con algún tipo y diversos grados de
limitación o de discapacidad, y por tanto no constituye un trato discriminatorio
y no se encuentra en contravía del mandato constitucional general
de garantizar la igualdad real y efectiva de las personas con limitaciones o
con discapacidad, y la especial protección estatal que de manera general la
Constitución concede a “aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.
66. Sentencia T-479 de 2011. SUBSIDIO DE VIVIENDA.
La Corte considera que la introducción de excepciones sin criterios preestablecidos
de prioridad puede resultar arbitraria y contraria al principio de
igualdad. No obstante, el diseño de un modelo de asignación de turnos para
la entrega de los subsidios de vivienda que consulte el nivel de vulnerabilidad
de los beneficiarios, esto es, que tenga en cuenta la pertenencia de la
persona desplazada a un grupo de especial protección constitucional, como
las madres cabeza de familia, indígenas, afrodescendientes, personas con
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
discapacidad o de la tercera edad, resulta a todas luces constitucional, pues
atiende el grado de protección reforzada que requiere quien sea beneficiado
con los subsidios de vivienda. Por esta razón, la entidad deberá tener en
cuenta dichos criterios en la asignación de los turnos.
67. Sentencia T-608 de 2011. TERAPIAS NO CONVENCIO-
NALES.
La Corte considera que si bien es cierto en algunos casos no es posible encontrar
un restablecimiento total de las personas que padezcan una discapacidad,
cuando por medio de terapias y controles regulares se favorezca
la disminución de las deficiencias neurológicas y se logre una mejora en la
calidad de vida del individuo, las entidades encargadas de la prestación de
la seguridad social deben suministrar la atención requerida. Por lo anterior,
se entiende que esta Corporación, reconoce la importancia de las terapias
no convencionales, como la animalterapia, en aras de proteger los derechos
a la salud y a la vida digna de las personas que sufren algún tipo discapacidad.
Esto, siempre y cuando el tratamiento con animales sea parte de un
tratamiento médico y de un plan de rehabilitación.
68. Sentencia T-810 de 2011. ACCESIBILIDAD DE PERSO-
NA CON DISCAPACIDAD EN CONJUNTO RESIDENCIAL.
Es importante señalar que no se trata de un deber definitivo a la realización
de todos los ajustes estructurales y físicos para solucionar un problema de
accesibilidad dado que ello sería especialmente problemático desde la perspectiva
del derecho a la propiedad y a la autonomía. Se trata de un deber
de evaluar con seriedad –y siguiendo consideraciones de razonabilidad- las
diferentes alternativas; así como adelantar su implementación
cuando ello resulte material y jurídicamente posible. Es pertinente
precisar que, ello no se opone a que la decisión adoptada por los
órganos del conjunto residencial o edificio, pueda ser examinada
nuevamente por la jurisdicción constitucional con el propósito de examinar
si esta resulta constitucionalmente admisible.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
69. Sentencia T-973 de 2011. MENOR CON DISCAPACIDAD
VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.
En el contexto del desplazamiento forzado, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que los menores de edad, que padecen los rigores del conflicto
armado interno, son las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la
población desplazada, pues se encuentran gravemente expuestos a múltiples
riesgos que afectan su desarrollo individual y sus condiciones de existencia,
y
que escapan por completo, tanto a su control y responsabilidad, como a su
capacidad de resistir o de responder frente a determinadas acciones.
70. Sentencia C-536 de 2012. MEDIDAS REGRESIVAS.
Para efectos de realizar una mejor protección de las personas en situación de
discapacidad, y atendiendo la diversidad de las discapacidades posibles, ciertos
tratos diferentes introducidos por la Ley deben ser permisibles. En este
sentido, la Corte reconoce que bajo la sombrilla de la igualdad de protección
no deberían escampar todas las medidas afirmativas de protección. Menos
aun cuando con ellas el Legislador busca proteger de forma especial y diferenciada
a personas afectadas con situaciones de discapacidad específicas.
71. Sentencia C-589 de 2012. PORCENTAJE DE DISCAPACI-
DAD PARA PENSIÓN DE INVALIDEZ.
En ese orden, más que una discriminación desproporcionada hacia las personas
con un grado o nivel inferior de discapacidad, el legislador garantiza
que podrán continuar realizando actividades laborales, acorde con sus capacidades,
sin lugar a discriminación alguna. Distinto a quienes han perdido
el 50% o más de su capacidad, pues no se encuentran en la posibilidad de
desempeñarse en el campo laboral y acceder a un ingreso económico.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
72. Sentencia C-605 de 2012. LENGUAJE DE SEÑAS.
(i) El legislador no viola la prohibición de reproducir una regla declarada
inconstitucional, cuando son disposiciones con ‘espectros de aplicación diferente’,
esto es, con objetos y alcances jurídicos distintos, así aparentemente
sean similares (como por ejemplo, una norma que establece una definición
legal y otra que establece una obligación jurídica expresa en cabeza de una
entidad). (ii) En el orden constitucional vigente, los lenguajes de los sereshumanos,
en cualquiera de sus manifestaciones, son objeto de protección.
Tanto la posibilidad de acceder a un lenguaje, como la posibilidad de usarlo
de las múltiples y diversas formas en que se desee, para desarrollar la propia
humanidad en el contexto de una comunidad. (iii) Toda persona sorda, sordociega
y sordomuda tiene derecho constitucional a adquirir y expresarse
jurídicamente, de forma válida, tanto por señas, incluyendo, por supuesto la
Lengua de Señas de Colombia, LSC, como oralmente, por escrito o por otras
vías que se desarrollen para el efecto, como parte de los ámbitos de protección
concreta de los derechos a la libertad de pensamiento y libertad de
expresión (art. 20, CP). (iv) El legislador no viola el principio de igualdad
al equiparar a las personas sordas con los pueblos y las comunidades indígenas,
en el sentido de que son “parte del patrimonio. pluricultural de la
Nación” (art. 1°, num. 3, Ley 982 de 2005), en especial a la especificidad
de sus derechos lingüísticos diferenciados y la posibilidad, por ejemplo,
de ser beneficiarios de acciones afirmativas. (v) El legislador puede tomar
medidas legislativas para la promoción de la lengua de señas usada por las
personas sordas y sordomudas, demanera amplia y general en la sociedad,
como medio de inclusión de estas personas. Pero la promoción constitucionalmente
válida como acción afirmativa de la lengua de señas, en modo alguno
supone privilegio o exclusión alguna de otro tipo de lengua o forma de
comunicación. Una interpretación excluyente en tal sentido es discriminatoria
y contraria a la Constitución.
73. Sentencia C-606 de 2012. ENFOQUE DIFERENCIAL.
Por otro lado, desde el punto de vista legal, diferentes regulaciones han
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
definido mecanismos de protección para las personas en situación de discapacidad
en materia económica, alimentaria, de viviendad de seguridad
social, etc. Así, por ejemplo en relación con el régimen de seguridad social
de las personas en situación de discapacidad, el artículo 153 de la Ley 100 de
1993 establece el llamado “enfoque diferencial” según el cual la condición
de discapacidad es un criterio que debe ser tenido en cuenta por el Sistema
General de Seguridad Social en Salud para la eliminación de situaciones
de discriminación y marginación. En esta misma legislación se establece
en el artículo 157, que define los diferentes tipos de afiliados al sistema y
que determina aquellas personas que por sus condiciones requieren de una
atención especial, que en el régimen subsidiado de salud tendrán particular
importancia las personas en situación de discapacidad.
74. Sentencia C-744 de 2012. ESTABILIDAD LABORAL RE-
FORZADA.
(i) El legislador facultó al Presidente únicamente para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios, existentes en las gestiones
públicas, que antes que ser útiles, retardan las actuaciones y desgastan
a los interesados y a las propias autoridades.
(ii) Esas finalidades constituyen el marco y criterio límite dentro del cual
debía actuar el ejecutivo, para que su uso excesivo no debilite el principio
democrático y la separación de poderes.
(iii) La estabilidad laboral reforzada de las personas con alguna discapacidad
es un derecho constitucional que demanda acciones afirmativas, dada su
relación con la dignidad humana, la igualdad y la integración social, cuyos
alcances en materia de protección y salvaguarda no pueden ser restringidos
por el Estado, salvo que existan estrictas razones suficientes que así lo ameriten,
para no desconocer el principio de no regresividad.
(iv) Debe ser el Congreso de la República el que determine, con atención a
las posiciones de los diferentes interesados, la exigencia o no de la venia de
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la autoridad respectiva, para que se pueda despedir o terminar el contrato de
una persona discapacitada, cuando se discuta si concurre o no una justa causa
para ello, siempre bajo el riesgo de una inconstitucionalidad si la exigencia
ya existe y en realidad constituye una reforzada garantía de estabilidad.
75. Sentencia C-765 de 2012. ANÁLISIS DE CONSTITUCIO-
NALIDAD LEY 1618 DE 2013.
De otra parte, las reglas y mandatos recogidos por esta ley son también
resultado de la copiosa y activa jurisprudencia constitucional existente sobre
la materia, construida en desarrollo de los ya citados criterios contenidos
en el texto superior, en los tratados aplicables vigentes para Colombia
y en los escasos referentes normativos hasta ahora disponibles. En esta medida,
podría hablarse de que esta ley estatutaria implica la positivización de
esa vigorosa línea jurisprudencial, en cuanto plantea, ahora con la fuerza
de mandatos normativos específicos, gran cantidad de aspectos y reglas particulares
en beneficio de las personas con discapacidad, que con anterioridad
habían sido identificados, principalmente por los jueces de tutela, como derivados
de esos mismos mandatos constitucionales, en proceso semejante al
que en años recientes ha tenido lugar en relación con otros temas que han
sido materia de ley estatutaria .
76. Sentencia C-765 de 2012. ANÁLISIS DE CONSTITUCIO-
NALIDAD LEY 1618 DE 2013.
De otra parte, las reglas y mandatos recogidos por esta ley son también
resultado de la copiosa y activa jurisprudencia constitucional existente sobre
la materia, construida en desarrollo de los ya citados criterios contenidos
en el texto superior, en los tratados aplicables vigentes para Colombia y
en los escasos referentes nomativos hasta ahora disponibles. En esta medida,
podría hablarse de que esta ley estatutaria implica la positivización de esa
vigorosa línea jurisprudencial, en cuanto plantea, ahora con la fuerza de
mandatos normativos específicos, gran cantidad de aspectos y reglas particulares
en beneficio de las personas con discapacidad, que con anterioridad
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
habían sido identificados, principalmente por los jueces de tutela, como derivados
de esos mismos mandatos constitucionales, en proceso semejante al
que en años recientes ha tenido lugar en relación con otros temas que han
sido materia de ley estatutaria .
77. Sentencia T-063 de 2012. AGENCIA OFICIOSA PARA
SOLICITAR PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACIÓN
EN MENOR CON DISCAPACIDAD.
La jurisprudencia constitucional, [...] ha dispuesto que en aquellos casos en
los que la pretensión esté encaminada a la esterilización de mujeres en situación
de discapacidad, la agencia oficiosa es más rigurosa, en tanto no basta
con afirmar que se actúa en tal condición, sino que es necesario acreditar
que en trámite judicial diferente al de la solicitud de amparo, se obtuvo licencia
o autorización judicial, así como la representación legal en virtud del
discernimiento de la guarda. Del mismo modo, para elm caso de menores
de edad, la autorización debe ser solicitada por ambos padres, a menos que
ello no sea posible.
78. Sentencia T-124 de 2012. DICTAMEN PARA ACCEDER
A PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
Entonces, se puede concluir que son las Juntas de Calificación de invalidez
las encargadas de emitir los dictámenes de la pérdida de capacidad laboral,
cuando las personas requieran obtener la pensión de invalidez, la sustitución
pensional o la pensión de sobrevivientes. Ahora, los honorarios
de las juntas deben ser cancelados por la entidad de previsión o seguridad
social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante,
ya que al ser un servicio esencial en materia de seguridad social, su
prestación no puede estar supeditada al pago que haga el interesado, pues
este criterio elude el principio solidaridad al cual están obligadas las entidades
de seguridad social.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
79. Sentencia T-285 de 2012. NO DISCRIMINACIÓN.
El desconocimiento del mandato de no discriminación también puede darse
por omisión, (i) al no incluir a algún grupo de personas al momento de otorgar
beneficios o privilegios, beneficiando sólo a ciertas personas o grupos
sin justificación objetiva razonable, (ii) o al no tener en cuenta la obligación
de tratar especialmente a las personas en situación de debilidad manifiesta.
80. Sentencia T-372 de 2012. ESTABILIDAD LABORAL RE-
FORZADA EN CUALQUIER CLASE DE VINCULACIÓN
LABORAL.
Con respecto al ejercicio de la facultad de remover libremente a los empleados
no inscritos en la carrera administrativa cuando median circunstancias
de debilidad manifiesta por invalidez parcial o total, es indispensable para
las autoridades públicas ceñir sus actuaciones al principio de la buena fe,
consagrado en el artículo 83 de la Constitución. Aunque la administración
pueda aducir la legalidad de su decisión, si con ella se vulnera la efectiva
protección de las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente,
aquélla sólo será constitucional si es compatible con el principio de la buena
fe en cuanto a la oportunidad y proporcionalidad de la medida. Una
resolución inoportuna o inadecuada que no tenga en cuenta la condición
de manifiesta debilidad en que se encuentra la persona al momento de ser
proferida, está, en consecuencia, viciada de nulidad.
81. Sentencia T-750A de 2012. RECLUSOS EN CONDICIÓN
DE DISCAPACIDAD.
Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala, que dada la doble condición
de sujetos de especial protección que tienen las personas con discapacidad
recluidas en centros penitenciarios, se exige del INPEC y en general de las
autoridades competentes del Estado, la adopción de una política pública que
reconozca la necesidad de adoptar medidas especiales para su tratamiento.
Para tal fin, las Naciones Unidas, en el citado Manual, indican que es indis-
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pensable que en el manejo de las prisiones (i) se proteja particularmente a las
personas con discapacidad mental; (ii) se dé un tratamientomultidisciplinario
a la discapacidad, no sólo desde un enfoque de salud; (iii) se instituyan
programas de educación y de concientización sobre la discapacidad mental
y física; (iv) se realice una distinción en el tratamiento de las personas con
discapacidad por razones de género; (v) exista personal capacitado para el
tratamiento y ayuda a las personas con discapacidad; (vi) se contrate personal
adecuado para el seguimiento y asesoría legal que facilite su acceso a la
justicia; (vii) existan condiciones de accesibilidad y acomodación adecuadas
en los centros penitenciarios; (viii) se hagan exámenes de ingreso a los centros
de reclusión penal en donde se advierta cuáles son las condiciones de
salud mental y física de las personas que son encarceladas, con el fin de que
sean internadas en lugares adecuados para su estado; (ix) se brinde el tratamiento
adecuado para el estado de salud de la persona; (x) y se establezcan
programas para prevenir el suicidio y las autolesiones entre otras .
82. Sentencia T-933 de 2013. DIFERENCIA ENTRE DISCA-
PACIDAD E INVALIDEZ.
Por otra parte, no debe confundirse la situación de discapacidad con la
invalidez en el contexto de la normativa de seguridad social. En el marco de
dicha normativa, la invalidez está ligada al reconocimiento de una prestación
que se otorga a quienes cumplen con los requisitos exigidos en la ley,
como el atinente a que la persona tenga una pérdida de capacidad laboral
del 50% o superior a este. Este reconocimiento económico es una opción con
que cuentan las personas con discapacidad dentro de la normativa laboral
y al que pueden acceder una vez acrediten los presupuestos exigidos para
tal fin, pero el que exista esta posibilidad en el ordenamiento jurídico no
significa que la persona con discapacidad, aún teniendo un porcentaje de
pérdida de capacidad laboral (PCL) del 50% o más, no cuente con otras capacidades
que pueda emplear en el desarrollo de una actividad productiva
para acceder a una fuente de ingresos y ponerlas al servicio del crecimiento
de la sociedad.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
83. Sentencia C-131 de 2014. ANTICONCEPCIÓN QUIRUR
GICA A MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD.
El Tribunal Constitucional precisó que existían dos excepciones a la prohibición
de someter a los menores en condición de discapacidad a los tratamientos
de infertilización quirúrgica: En primer lugar, el procedimiento es
permitido cuando exista un riesgo inminente de muerte de la madre a raíz
de un eventual embarazo, caso en el cual dicha condición deberá certificarse
medicamente, y la autorización para la intervención sea consentida por la
menor, y autorizada judicialmente; y en segundo lugar, cuando se trate de
una discapacidad profunda o severa, certificada médicamente, que le impidiera
al paciente consentir en el futuro, de modo que en estos casos debería
también solicitarse autorización judicial.
84. Sentencia C-313 de 2014. LEY ESTATUTARIA DE
SALUD.
En cuanto al acceso a la atención y a los servicios de salud, dentro de los cuales
considera que se incluye la prevención de enfermedades y promoción de
la salud, se señala que aquellos “deben centrarse en el mantenimiento de la
independencia, la prevención y la demora de las enfermedades y la atención
de las discapacidades, así como el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas de edad que ya estén discapacitadas”. Estos Servicios deben prestarse
en condiciones de igualdad de las demás personas en cuanto a la prevención,
curación y rehabilitación. Y, en aquellas circunstancias especiales que
se derivan de la condición de vejez, los tratamientos deben proporcionarse
de acuerdo con tal condición.
85. Sentencia C-368 de 2014. VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR.
Ante la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, el artículo 16 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala
que los Estados partes tienen un deber especial de protección, en virtud del
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cual “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes
para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar
como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso,
incluidos los aspectos relacionados con el género” y “5. Los Estados Partes
adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas
centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación,
violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados,
investigados y, en su caso, juzgados”. (resaltado fuera del texto)
86. Sentencia T-026 de 2014. PROCESO DE INTERDICCIÓN.
Este proceso se adelanta ante un juez de familia, quien previa revisión de la
solicitud y agotamiento del trámite, ordenará que una persona idónea (familiar
o profesional), le administre el patrimonio a quien está en situación
de discapacidad mental y ejerza sus derechos y obligaciones.
Es un proceso de jurisdicción voluntaria, que no busca resolver un litigio, ni
controvertir, ni obtener un derecho, sino que se declare que una persona no
está en plenas condiciones mentales para desempeñarse por sí misma, con
el objeto de evitar que se aprovechen de su condición y realicen actuaciones
o negocios que puedan afectarle. El proceso se inicia con una demanda que
debe reunir los respectivos requisitos legales, entre ellos (cfr. art. 659 Código
de Procedimiento Civil, en concordancia con la Ley 1306 de 2009):
i) Certificado de médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto
interdicto,
expedido bajo juramento que se entenderá prestado por la sola firma.
ii) No es necesario probar el interés del demandante, e incluso el juez puede
obrar de oficio.
iii) En el auto admisorio de la demanda, además de citar a quienes se crean
con derecho al ejercicio de la guarda, se ordenará la realización de un examen
de médico neurológico o psiquiátrico, que de ser objetado se decidirá
mediante auto susceptible de apelación.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Ese dictamen médico (neurológico o psiquiátrico) deberá referir las manifestaciones
ycaracterísticas del estado del examinado, el tratamiento a través
del cual se podría procurar mejoría y la etiología, diagnóstico y pronóstico
de la enfermedad, con indicación de sus efectos sobre la capacidad del
paciente para administrar y disponer de sus bienes.
iv) La sentencia que declara la interdicción de la persona en situación de
discapacidad, sea de manera provisoria o definitiva, deberá determinar el
guardador, conforme al Código Civil. Además, el juez podrá decretar las
medidas de protección personal que considere necesarias y las terapéuticas,
pues con este proceso no solo se busca la declaración de interdicción, sino la
rehabilitación de la persona, si fuere posible.
v) La declaratoria de interdicción debe ser insertada en el registro civil de la
respectiva persona.
87. Sentencia T-108A de 2014. PERSONALIDAD JURÍDICA
DE PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL.
De aquella línea argumentativa surge una clara premisa: el Estado no puede escapar
a la responsabilidad de adoptar acciones afirmativas para amparar el derecho
fundamental a la personalidad jurídica de las personas con discapacidad
mental; principalmente, cuando no cuenten con familiares que puedan velar
por sus intereses, pues, en esos casos, el vínculo solidario que lo ata con el
asociado se robustece. Entonces, dentro de esa secuencia de planteamientos,
si aún ante la presencia de familiares, el juez de tutela debe impartir una
orden que facilite los trámites para la obtención del respectivo documento
de identidad, con más razón habrá de hacerlo cuando falten los familiares
del discapacitado.
88. Sentencia T-192 de 2014. ACCESIBILIDAD EN TRANS-
PORTE PÚBLICO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD.
El legislador, en aras de regular el derecho de accesibilidad de las personas
discapacitadas, de desarrollar los artículos 13, 24, 47, 54 y 68 superiores y las
garantías reconocidas en tratados internacionales, consagró, en el artículo
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
59 de la Ley 361 de 1997, el deber de las empresas -sean de carácter público,
privado o mixto- encargadas de la prestación del servicio de transporte, de
facilitar, sin costo adicional para el usuario, el desplazamiento de los equipos
de ayuda biomédica, sillas de ruedas u otros insumos, y de los perros
guías acompañantes de las personas con limitación visual. Adicionalmente,
la disposición en alusión expresa que en caso de que entre los pasajeros se
encuentren personas con discapacidad, se les debe reservar las sillas de la
primera fila.
Lo anterior no debe entenderse como una patente de corso para exigir la
implementación inmediata de los vehículos destinados a la prestación del
servicio de transporte, por cuanto esta implica un proceso de carácter progresivo
que necesariamente demanda el diseño y puesta en marcha de políticas
públicas.
89. Sentencia T-270 de 2014. DERECHO A LA VIVIENDA.
En general, el enfoque diferencial por discapacidad implica obligaciones estatales
derivadas de la Constitución Política que reconoce una acción afirmativa
a favor de estas personas, así como el cumplimiento de compromisos
internacionales del Estado en materia de discapacidad. Lo anterior, aplica
en el desarrollo de los programas que pretenden garantizar el derecho a la
vivienda digna no solo al momento de la selección de los beneficiarios sino
en la adecuación de sus viviendas según la discapacidad que se presente.
90. Sentencia C-021 de 2015. CAPACIDAD JURÍDICA DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En el examen de constitucionalidad de la Ley 1306 de 2009, la Corte indica
que: la Ley prevé la rehabilitación del interdicto (art. 30) de modo que el Juez
podrá sustituir la interdicción por la inhabilitación negocial (art. 31) dejando,
en todo caso, abierta la posibilidad para que el rehabilitado pueda ser
declarado nuevamente interdicto cuando sea necesario. Por su parte, el inhabilitado
negocial puede manejar libremente y bajo orden del juez hasta
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
el 50% de sus ingresos reales netos y, antes de que se dicte sentencia que lo
inhabilita, se podrá dictar una inhabilidad provisional (art. 36). Una novedad
importante del nuevo régimen es también la inhabilitación accesoria
del fallido en los procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por
cesión de bienes de personas naturales (art. 33).
De otro lado, es importante destacar que la Ley no caracteriza a los discapacitados
mentales absolutos como anormales ni les impone patrones de
conducta “normal”,simplemente define la situación en la que pueden encontrarse
las personas inhábiles, quienes tampoco se describen como “anormales”.
Es decir, la expresión acusada califica la normalidad del desempeño
de los inhábiles solo para efectos de dar validez a las actuaciones que tengan
repercusión a nivel jurídico.
91. Sentencia T-345 de 2015. ACCIÓN DE TUTELA DE MA-
DRE CABEZA DE FAMILIA DE MENOR CON DISCAPA-
CIDAD.
La Corte se pronuncia de manera que en caso que se trate de un trabajador
que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en una circunstancia
que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como es
el caso de las madres cabeza de hogar. Bajo este entendido, para la Corte se
debe respetar la estabilidad reforzada, por cuanto: (i) se trata de una madre
cabeza de hogar, que depende del salario recibido como contraprestación
de su trabajo para subsistir y, (ii) tiene a su cargo a su hijo en situación de
discapacidad, quien requiere de cuidados constantes y tiene hospitalización
domiciliaria, la cual en realidad se encontraba ejecutando un contrato laboral
y no uno de prestación de servicios y fue despedida sin justa causa.
92. Sentencia C-066 de 2016. ELIMINACIÓN DE BARRERAS
DE ACCESO AL DECLARAR INEXEQUIBLE LA EXPRE-
SIÓN “SIN INGRESOS ADICIONALES” PARA OBTENER
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN SITUA-
CIÓN DE DISCAPACIDAD.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
La corte constató que es legítimo establecer condiciones de acceso para los
beneficios pensionales, en tanto que la propia Constitución autoriza al Legislador
para configurar el Sistema Pensional, y definir los requisitos para
su reconocimiento. La potestad legislativa es una razón suficiente para declarar
la constitucionalidad de los apartes “si dependían económicamente
de éste” atinentes a los hermanos inválidos del causante, contenidos en el
literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y, “si dependían económicamente
del causante,” refiriéndose a los hijos inválidos de que trata el literal
c) del artículo antes mencionado. En tanto que resulta necesario y adecuado
que el constituyente derivado imponga ciertos requisitos de acceso, tales
como la dependencia económica de quienes integraban el núcleo familiar en
protección de los beneficiarios de posibles actores ajenos a los familiares más
cercanos - Supra numerales 50 y 51-. Adicionalmente, se constató que la
norma no proporciona un trato diferente a los hermanos inválidos, en tanto
que a los padres se les exige el mismo grado de subordinación económica.
93. Sentencia C-182 de 2016. ESTERILIZACIÓN QUIRÚR-
GICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ME-
DIANTE CONSENTIMIENTO SUSTITUTO.
El artículo 6 de la Ley 1412 de 2010 dispone que cuando se trate de discapacitados
mentales, la solicitud y el consentimiento para la esterilización
quirúrgica serán suscritos por el respectivo representante legal,
previa autorización judicial. Para la Corte la posibilidad que establece
este artículo para la esterilización quirúrgica de las personas en situación
de discapacidad mental mediante el consentimiento sustituto es
permitida siempre que (i) se haya declarado la interdicción de esa persona;
y (ii) se realice un procedimiento judicial adicional que autorice la esterilización.
Así pues, el ámbito de aplicación de la norma establece que ésta se
encuentra dirigida a las personas en situación de discapacidad mental que
necesariamente hayan sido declaradas en interdicción. Esto supone que la
norma sólo está dirigida a personas en una situación de discapacidad mental
absoluta con fundamento en una discapacidad mental severa y profunda.
No obstante, si bien éste es un requisito para admitir el consentimiento
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
sustituto en el ejercicio de la autonomía reproductiva se requiere de un procedimiento
judicial adicional que verifique en el caso concreto la posibilidad
de admitirlo o no.
Por lo anterior, se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 6 de la
Ley 1412 de 2010 por los cargos analizados bajo el entendido de que la autonomía
reproductiva se garantiza a las personas declaradas en interdicción
por demencia profunda y severa y que el consentimiento sustituto para
realizar esterilizaciones quirúrgicas tiene un carácter excepcional y sólo
procede en casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre
e informada una vez se hayan prestado todos los apoyos para que lo haga.
94. Sentencia T-094 de 2016. ENTREGA DE
MEDICAMENTOS.
La Corte reitera que la demora en la entrega de los medicamentos genera
una interrupción del tratamiento médico y esto, en el caso de las personas
que padecen patologías ruinosas como lo es la esclerosis múltiple, implica
que la prestación de servicio de salud es ineficaz e ineficiente, además de
generar gravísimas consecuencias a la salud. Esta Corte en reiteradas oportunidades,
ha manifestado que las personas que sufren este tipo de patologías
deben recibir una atención médica oportuna y de calidad, no deben ser
sometidos a largas filas y engorrosos trámites que terminen convirtiéndose
en trabas y cargas excesivas que impidan el pleno ejercicio del derecho a la
salud, esto en atención a que, debe garantizarse su dignidad humana, situación
que no ocurre en el caso en comento como se ha reseñado, en la medida
que, la accionante ha sido sometida a la interrupción de su tratamiento en
distintas oportunidades.
508 509

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
1. Sala de Casación Civil. Ref.:
19001-22-13-000-2010-00029-01. SOLICITUD DE AMPARO A
SU HIJO MAYOR DE EDAD, PARA CONTINUAR COMO
BENEFICIARIO DEL SERVICIO MÉDICO, CON DIAG-
NÓSTICO DE SECUELAS DE PARÁLISIS CEREBRAL
HESPÁSTICA, QUE LO CALIFICA COMO UNA PERSONA
DE CONDICIONES ESPECIALES.
La Corte analiza que en cuanto al derecho a la vida invocado en el amparo,
debe indicarse que está dentro del entorno de los que se han considerado de
carácter fundamental, como que es el principal de todos, pues del mismo se
derivan los demás de ese linaje. Esta garantía superior es inviolable, como
se deprende de lo consagrado en el art. 11 ibídem, y cuando su amparo se
someta al análisis de los jueces, tienen éstos la responsabilidad de decidir con
miras a lograr la eficacia de su protección. Por tanto y siguiendo la doctrina
constitucional vigente al respecto, se concluye que la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional debe continuar brindando a Alexis Lozano Salamanca
el tratamiento que requiere para enfrentar la dolencia que padece, por lo
que el derecho a la salud conexo al derecho a la vida digna debe ser objeto
de amparo como quiera que no queda duda de que la interrupción del tratamiento
vulnera gravemente tales derechos, más aún dado que se trata de
una persona discapacitada.
2. Sala de Casación Laboral, radicado No. 37514.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE LAS
PERSONAS LIMITADAS.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la
citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que
medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas
por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un
grado de invalidez superior a la limitación moderada. Situación en la que
no se encuentra el demandante, pues su incapacidad permanente parcial tan
sólo es del 7.41%, es decir, inferior al 15% del extremo mínimo de la limitación
modera, que es el grado menor de discapacidad respecto del cual operan
las garantías de asistencia y protección que regula esa ley, conforme con su
artículo 1°>. De acuerdo con la sentencia en precedencia para que un trabajador
acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a)
con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad
laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al
50% de la pérdida de la capacidad labora, o c) “profunda” cuando el grado de
minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de
salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de su limitación física”
y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
3. Sala de Casación Civil Ref.:
76001-22-03-000-2010-00370-01. DERECHO A LA SALUD
DE PERSONA CON DISCAPACIDAD.
La Corte concluye que la entidad hospitalaria debe continuar brindando el
tratamiento que requiere una paciente para enfrentar la dolencia que padece,
por lo que el derecho a la salud conexo al derecho a la vida digna debe ser
objeto de amparo como quiera que no queda duda de que la interrupción
del tratamiento vulnera gravemente tales derechos y en especial cuando se
trata de una persona discapacitada.
4. Sala de Casación Civil, referencia:
68001-22-13-000-2011-00332-02.
Estabilidad Laboral Reforzada En Personas Con Discapacidad.
El principio de estabilidad laboral, según el cual las personas “que tienen la
condición de discapacitados de acuerdo con la calificación de discapacidad
510 511

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
de los organismos competentes; y (...) quienes se encuentran en una situación
de debilidad manifiesta por la ocurrencia de un evento que afecta su salud,
o de una limitación física, sin importar si ésta tiene el carácter de accidente,
enfermedad profesional, o enfermedad simple, ni si es de carácter transitorio o
permanente” (sentencia T-1015 de 2008) adquieren, por el sólo hecho de la
incapacidad, una protección especial del Estado tendiente a garantizarles
su permanencia en el trabajo que venían desempeñando, o incluso la reubicación
“debiendo el empleador realizar los ajustes pertinentes en su planta
de personal, salvo que ello resulte fácticamente imposible”. En la sentencia
citada se indicó que “el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
de las personas en condición de debilidad manifiesta, es independiente
del tipo de vinculación y del término de duración del contrato”. Considera
la Sala que incluso la terminación de la vinculación laboral de una persona
con discapacidad no resulta inconstitucional, per se, toda vez que las prerrogativas
que le concede su condición particular no modifica su calidad
de empleados en provisionalidad, y por tal motivo su derecho cede ante el
de la persona que deba ser designada en propiedad en el cargo que aquella
venía ocupando.
5. Sala de Casación Civil.
Ref.: 85001-22-08-000-2012-00045-01. DERECHO A RECIBIR
EDUCACIÓN DE CALIDAD DE FORMA CONTINUADA,
IDÓNEA E INTEGRAL.
Manifiesta la Corte que “i) Aunque en principio la educación es una responsabilidad
de la familia, de la sociedad y del Estado, principalmente correponde
a éste último el deber imperativo de garantizar el acceso y la permanencia
al sistema educativo a los menores discapacitados. ii) Los menores
discapacitados tienen derecho preferencial a exigir el cumplimiento y la
efectividad del derecho a la educación pues ‘aparte del tratamiento de favor
que debe dispensarse al niño, en cualquier proceso social, en el presente
la consideración de disminuido psíquico del menor supone un trato todavía
más especial’. iii) Una forma de promover las condiciones para que sea
efectivo el derecho a una igualdad de oportunidades en el acceso al sistema
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
educativo de los menores discapacitados, es otorgarles un trato cualificado y
privilegiado” (Sentencia T-443 de 2004). La educación al igual que los demás
servicios públicos, está sujeta a los principios de calidad, eficiencia, eficacia,
solidaridad y continuidad en su prestación, siendo el Estado quien debe supervisar
su cumplimiento.
6. Ref.: 08001-22-13-000-2012-00588-01. NORMAS PARA
LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL Y RÉGIMEN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
DE INCAPACES EMANCIPADOS.
Destaca la sala que no obstante la figura del curador provisional no se en
cuentra reglametada particularmente para el proceso de designación de curador,
el vacío normativo en el punto puede colmarse acudiendo a la institución
que, a ese respecto, contempla la Ley 1306 de 2009 -por la cual se
dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se
establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipadosen
sus artículos 27 y 42 -derogatorio del artículo 659 del Código Civil-, y
que dispone: “[m]ientras se decide la causa, el Juez de Familia podrá decretar
la interdicción provisoria de la persona con discapacidad mental absoluta,
cuando cuente con un dictamen pericial que lo determine”, y “(...) [s]e podrá
decretar la interdicción provisoria de la persona con discapacidad mental
absoluta de conformidad con lo dispuesto en la ley, teniendo en cuenta
el certificado médico acompañado a la demanda. En el auto que decrete
esta medida se designará el curador provisorio.” (Énfasis fuera del texto).
7. Sala De Casación Civil, ref.: 05001-22-10-000-2010-00376-
01. PROCESO DE SUCESIÓN DE Y DE INTERDICCIÓN
POR DISCAPACIDAD MENTAL.
A criterio de la Corte, la designación de “curador ad litem” para un sujeto
que cuenta con algún tipo de discapacidad mental no procede cuando no
existe certeza sobre dicho estado. Es principio básico de nuestro derecho civil
que toda persona se presume capaz mientras no se haya declarado inha-
512 513

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
bilitado por la ley o por sentencia judicial, previo concepto de peritos designados
por el juez (arts. 1503 y 1504 del C. C., art. 32 de la Ley 1306 de 2009). Si
no existe esta declaración, no es posible designar curador dentro del proceso,
ni de oficio ni a petición de parte. Por tanto, carecen de fundamento los numerosos
requerimientos formulados por el apoderado de la actora para que
se declarara dicho estado, de oficio, en el proceso de sucesión (folios 55, 58, 61,
67 y 76 del cuaderno principal).
8. Sala de Casación Civil, ref.: 11001-02-03-000-2010-01091-
00. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA SON TITU-
LARES DE DERECHOS.
“[e]s indiscutible que las personas con movilidad reducida son titulares de
los derechos e intereses colectivos, amparables a través de la acción popular,
y como tal están legitimados para deprecar del juez constitucional que se les
garantice el goce del espacio público y la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas,
de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, en la medida que los edificios estén abiertos al público, ya
que el presupuesto ineludible para demandar las condiciones de accesibilidad
es que sea de libre ingreso a la comunidad, incluida la población con
limitación locomotriz” (sentencia 15 de abril de 2010, expediente 11001-02-
03-000-2010-00488- 00).
9. Exp. No. T-11001-02-03-000-2011-01315-00.
INTERDICCIÓN.
Conforme al artículo 42de la Ley 1306 de 2009, los procesos de interdicción
son de interés público y no pueden quedar a disposición de la voluntad de
determinada persona, aparte de que existen interesados en que se les designe
como guardadores y tienen derecho a obtener una sentencia que decida lo
pertinente; como viene de verse, en las anteriores reflexiones no se advierte
arbitrariedad o capricho; ello significa que el mero desacuerdo con ese pronunciamiento
del ‘ad quem’ no es motivo suficiente para la prosperidad de
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
la protección extraordinaria, la cual no se ha establecido a semejanza de un
nuevo recurso procesal. Por lo demás, la decisión aquí censurada se apoyó
en la realidad procesal de cara al texto legal aplicable, máxime si en cuenta
se tuvo la protección especial que merecen las personas con discapacidad
mental.
10. Sala de Casación Laboral- Radicación No. 25130. REIN-
TEGRO AL EMPLEO Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN.
Para la Corte es claro que ningún juez puede dar por demostrada una discapacidad
física, surgida de una enfermedad denominada aplasia medular,
con cualquier medio de prueba. Se trata de un hecho que debe ser establecido
científicamente y para ello es prudente acudir al dictamen pericial, como lo
establece el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. No es cierto que
la demostración de que una persona padece trastornos físicos o mentales
que la incapaciten para trabajar pueda hacerse por cualquier medio
de prueba, pues se trata de un tema que exige conocimientos
científicos en el área médica para pronunciarse sobre él,
de modo que solamente la peritación es prueba legalmente idónea de los
quebrantos de salud padecidos por un trabajador.
11. Sala de Casación Laboral- Radicación No. 27145. COMPE-
TENCIA DEL TRIBUNAL PARA DEFINIR LA EFICACIA
Y VALIDEZ DE UNA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENE-
RAL DE PENSIONES.
Tampoco considera que únicamente el ISS sea la entidad que tiene la facultad
de investigar y juzgar la validez de una afiliación, toda vez que ello equivaldría
a que las decisiones en esa materia fueran intocables por los jueces y
que los empleadores, los trabajadores, los afiliados de cualquier orden, así
como las administradoras, tuvieran que someterse a tales definiciones, sin
que pudieran objetarse o controvertirse. 12. Radicación No. 32604 Salvamento
De Voto: Gustavo José Gnecco Mendoza. DICTAMEN FECHA DE
ESTRUCTURACIÓN DE INVALIDEZ. Se aparta de la Sala, cuando admite
514 515

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
que el Juez puede hacerle decir lo contrario al dictamen en relación con la
fecha de estructuración de invalidez, si antes o después de la afiliación al
sistema de seguridad social, sin haberse solicitado ampliación, aclaración del
dictamen, o la obtención de uno segundo, aún fuera ante la Junta Nacional
de Calificación– nada impedía al Juez obtenerlos en ejercicio de la facultad
oficiosa para recaudar la mejor prueba en asunto principal al proceso, bastándole
su propio criterio para darle otra estimación a las mismas pruebas
que tuvo la Junta Calificadora, que han de ser la historia clínica y la historia
laboral, y llegar a conclusiones propias que en materia tan compleja no dejan
de ser un ejercicio de audacia para quien no tiene la formación médica,
y es posible que a ella se deba la simplificación del problema, el que la sordomudez
no le impidió trabajar al actor, prueba que le fue suficiente de que
no estaba invalido desde la infancia, y hacerlo sin aludir a la enfermedad
mental que lo tornó agresivo –no podría saberse si en la decisión judicial la
sordomudez y la enfermedad agresiva son una sola -, pero esta última no
se refirió, y respecto a ella sólo un experto puede indicar cuando se ha de
entender estructurada la invalidez.
13. Sala de Casación Laboral, radicación No. 34867. CON-
DENA POR EL DELITO AGRAVADO, EN CONDICIÓN DE
INIMPUTABLE A UNA PERSONA CON RETARDO MEN-
TAL PERMANENTE.
La corte acoge a lo sostenido por la Procuradora Delegada en la audiencia
de sustentación, de que es difícil de aceptar que el sindicado se encuentre
en capacidad de comprender las implicaciones penales de su conducta y de
autodeterminarse de acuerdo con la comprensión que faculta su estado de
retardo mental permanente, y por ende en el juicio, la Corte lo declarará
inimputable y dispondrá la aplicación de las medidas a que haya lugar. En
consecuencia, implica sustituir la pena por una medida de seguridad que sea
apropiada al motivo que genera el estado de inimputabilidad, conforme a lo
dispuesto en el artículo 69 y siguientes del Código Penal.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
14. Sala de Casación Laboral, radicación No. 35794. DISCA-
PACIDAD COMO CAUSA DE DESPIDO.
Estima que el entendimiento genuino de la norma acusada apunta a
que en el evento en que se trate de terminar el contrato, justa o injustamente,
de un trabajador discapacitado, debe previamente obtenerse el
permiso del Ministerio de la Protección Social, so pena de que éste resulte
ineficaz y que, por ello, el trabajador debe ser reinstalado a un empleo por lo
menos igual al que desempeñaba antes de haber sufrido la terminación del
nexo laboral. Señala, al respecto, que la única forma de garantizar esa estabilidad
reforzada, que otorgó la Ley 361 de 1997, es entendiendo que la
presunción opera para todos los casos de fenecimiento del vínculo laboral,
aun cuando no se invoque como razón para ello la discapacidad, porque,
resulta obvio concluir que un empleador nunca invocará esa circunstancia,
a sabiendas de las consecuencias de índole jurídica y patrimonial que ello
acarrea.
15. Sala de Casación Laboral, radicado No. 39207. ESTABILI-
DAD LABORAL REFORZADA.
En todo caso, para despejar cualquier duda que puede suscitar la precitada
sentencia en cuanto al nivel de limitación requerido para el goce de la protección
en cuestión, esta Sala reitera su posición contenida en la sentencia
32532 de 2008, consistente en que no cualquier discapacidad está cobijada
por el manto de la estabilidad reforzada previsto en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997; dicha acción afirmativa se justifica y esproporcional en aquellos
casos donde la gravedad de la discapacidad necesita protección especial para
efectos de que los trabajadores afectados con ella no sea excluidos del ámbito
del trabajo, pues, históricamente, las discapacidades leves que podría
padecer un buen número de la población no son las que ha sido objeto de
discriminación.
516 517

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
16. Sala de Casación Civil, radicado No. 41845. CREACIÓN
Y FOMENTO DE LAS FUENTES DE TRABAJO PARA LAS
PERSONAS CON LIMITACIÓN.
“El Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará las medidas
pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo
para las personas con limitación, para lo cual utilizará todos los mecanismos
adecuados a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud
Pública, Educación Nacional y otras entidades gubernamentales, organizaciones
de personas con limitación que se dediquen a la educación, a la educación
especial, a la capacitación, a la habilitación y a la rehabilitación.”
17. Sala de Casacion Civil, expediente: 11001-22-10-000-2008-
00225-01. CONSTITUCIÓN DE HOGAR BIOLÓGICO PARA
CONTINUAR BRINDÁNDOLE PROTECCIÓN A UN NIÑO
EN SITUACIÓN DE PELIGRO, AL HABER DADO POR
TERMINADA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN.
En un documento conocido como el subproyecto de atención al menor, “en
medio familiar o de hogares sustitutos”, alude a dos nuevas especies de hogar
sustituto; el “hogar sustituto permanente” y el “hogar biológico para
menores discapacitados u hogar biológico sustituto especial”, éste último
tiene como fin brindarle a los menores la posibilidad de continuar en el hogar
biológico aun cuando éste no les puede ofrecer, en razón de sus carencias
económicas, toda la atención que requieren, siendo el utilizado en el caso
que es objeto de esta tutela.
18. Sala de Casación Civil, radicación No. 11001-0203-000-
2013-00707-00. COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CO-
NOCER LAS DEMANDAS QUE VERSAN SOBRE ‘GUARDA
DE MENORES, INTERDICCIÓN Y GUARDA DE DEMEN-
TE O SORDOMUDO’ O LUGAR DE RESIDENCIA DEL
PRESUNTO INTERDICTO.
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
La Corte ha sostenido que “La competencia territorial para conocer las demandas
que versan sobre ‘guarda de menores, interdicción y guarda de demente
o sordomudo’, corresponde al Juez de ‘la residencia del incapaz’, por
disposición del numeral 19 del artículo 23 de la codificación en cita; en consecuencia,
el legislador, en lugar de reproducir en el punto la regla prevista
en el numeral 10 de ese mismo precepto, optó por atribuirle el conocimiento
al funcionario de la ‘residencia de/incapaz’, prescripción con la cual tuvo en
consideración ‘que como quiera que la residencia es simplemente, el lugar
donde se reside, esto es, el lugar donde se halla establecido, sin reparar si se
tiene o no la voluntad de permanecer en él, no presupone, como sí acontece
con el domicilio, la existencia de un acto volitivo propio de quienes
tienen capacidad para elegir como tal, una determinada parte del territorio
nacional (artículo 77 del Código Civil), elección que obviamente, no puede
exigirse de los incapaces a cuya guarda alude el referido precepto’ (auto de 4
de mayo de 1999, exp. 7557)” (auto de 6 de julio de 2010, Exp. 2010-00647-00).
19. Sala de Casación Civil y Agraria. Radicación No. 4281 EL
EJERCICIO DE CURADURÍA DE UN ANCIANO DEMEN-
TE, DEBE RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTA-
LES Y CONSTITUYEN LÍMITES PARA SUS ATRIBUCIO-
NES.
El cuidado del anciano solamente pueda encargarse a otras personas, y
concretamente a una institución de prestación de servicios o de protección
de ancianos (asilos u hogares de ancianos), cuando ello resulta absolutamente
necesario o indispensable, como suele ocurrir con aquellos ancianos discapacitados
por demencia, que, habiendo sido declarado interdicto, lo requieran
según dictamen médico pertinente; pero dicha reclusión solamente podrá
acarrear limitaciones de la libertad cuando sea necesaria para su propia
protección (Art. 554 C.C.) según dictamen médico-social.
518 519

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
20. Sala de Casación Civil. Pag 64-7 Proceso: 68001-22-13-
000-2012-00414-01. PETICION DE AMPARO DE DERE-
CHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS AL NEGAR LA
REVALORACIÓN DE UNA INCAPACIDAD FÍSICA, POR
SERVICIOS PRESTADOS A LA ARMADA NACIONAL DE
LA QUE YA NO ES PARTE.
Para la Corte Constitucional “el deber de atención diagnóstica y de indagación
exhaustiva en torno a las condiciones de salud de los miembros de las
Fuerzas Militares y de Policía, resulta extensivo al personal retirado sin
derecho a pensión (...) No parece de recibo, a la luz de los principios y valores
constitucionales, una interpretación del régimen legal y reglamentario de
las fuerzas militares y de policía en materia de salud, que excluya toda responsabilidad
del Estado en relación con desarrollos patológicos posteriores
al retiro de una persona del servicio activo, que no fueron tenidos en cuenta
al fijar la condición de salud en la Junta Médica con base en la cual se determinó
el retiro, pero que pueden atribuirse de manera clara y directa a una
situación de servicio’...
21. Sala de Casación Civil, expediente. T. No. 25000 22 13 000
2009 00020. OBLIGACIÓN AL ESTADO A PRESTAR SER-
VICIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS Y
FARMACÉUTICOS A QUIEN PRESTÓ SERVICIO MILI-
TAR OBLIGATORIO.
No es justo que el Estado se niegue a prestarle los servicios médicos, quirúrgicos,
hospitalarios y farmacéuticos a quien al ingresar a prestar su servicio
militar obligatorio, ostentaba unas óptimas condiciones de salud y
a su desacuartelamiento le persisten unas lesiones ocasionadas por causa
de esa prestación, pues si bien la disminución de su capacidad psicofísica
está instituida como causal de retiro del servicio activo, una interpretación
sistemática y finalista de las normas constitucionales y legales que le sirven
de marco normativo, permeadas por el principio de solidaridad social (art.
95-2 C. N.), permite colegir que el tratamiento médico recibido en calidad de
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
afiliado delSubsistema de Salud de las Fuerzas Militares, debe prorrogarse
hasta que se logre su rehabilitación completa, sin que sea admisible anteponer
precisamente esa discapacidad para interrumpirlo.
22. Sala de Casación Penal. Sala de decisión de Tutelas No
2.– EL DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ AD-
QUIERE EL CARÁCTER DE FUNDAMENTAL DADA LA
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O DEBILIDAD MA-
NIFIESTA DEL AFECTADO.
Uno de los eventos en los cuales el derecho a la psión se considera fundamental,
es aquel que se presenta cuando una persona ha perdido su capacidad
laboral o ha sufrido una disminución de la misma por motivos ajenos
a su voluntad. En estos casos, el derecho a la pensión de invalidez adquiere
el carácter de fundamental dada la condición de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta del afectado y la íntima relación que puede establecerse entre el
derecho prestacional y las condiciones materiales de subsistencia del ciuda
dano. Esta consideración se desprende, además, de las obligaciones constit
cionales de tomar medidas afirmativas para garantizar el derecho a la igualdad
de personas o grupos vulnerables y de dar una especial protección a los
discapacitados. Así, se ha establecido que el derecho a la pensión de invalidez
‘ostenta igualmente el carácter de fundamental cuando su titularidad se
predica de las personas de la tercera edad o de disminuidos psíquicos o sensoriales.’(7)”
23. STL 3024-2013, radicación N° 44683. MEDICAMENTOS
FUERA DEL POS.
Es decir, que en aquellos casos en los que se requiera tratamientos clínicos
y farmacéutico fuera del POS, la petición deberá fundarse en la valoración
médica y la prescripción de los mismos, puesto que son estos los que evidencian
el estado de salud del paciente bajo un criterio técnico que sugiere la
necesidad de su realización, lo que permite contar con verdaderos elementos
de juicio que admiten sobrepasar un análisis formal para establecer
520 521

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
fundadamente la violación de derechos fundamentales.
24. STP 2946-2014, radicación No.: 72.250. SUSPENSIÓN DE
TRATAMIENTOS MÉDICOS.
Por tanto, es responsabilidad de los prestadores del servicio de salud, propender
por evitar la suspensión de los tratamientos médicos en forma injustificada,
atendiendo a motivaciones administrativas o presupuestales, ello
para evitar que se vea afectado el principio de confianza legítima del paciente
en la EPS y de contera, en el Estado.
25. Tutela N° 69487, DERECHO A LA VIVIENDA.
Si bien es cierto la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en proteger
a personas que se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad
como el caso de los discapacitados, también lo es, que la acción
de tutela no está instituida para acceder a todas sus pretensiones, pasando
por alto procedimientos y trámites legalmente determinados en la
búsqueda de beneficios para el caso concreto el de una vivienda digna,
máxime cuando el Estado ha diseñado políticas y entidades competentes
para el otorgamiento y trámite de subsidios de vivienda que deben
cumplir los interesados, y que no pueden ser desconocidos so pretexto de
amparar derechos de aquellos que se hallen en situaciones vulnerables.
En efecto, la reclamación que hace por vía de tutela el actor referente a la
falta de acción de las entidades demandadas para incluirlo como beneficiario
de los diferentes programas de asignación de vivienda se aparta de la
realidad procesal, pues ha sido aquel quien no ha recurrido a las entidades
competentes a efectos de solicitar el apoyo y ayuda necesaria para acceder a
una vivienda, v.gr. al Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-.
26. Casación, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil
trece (2013).
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Las Fuerzas Militares y de Policía, al igual que todas las autoridades públicas,
están en el deber de propender activamente por la salvaguarda de los
derechos fundamentales de las personas que se hallan en condiciones de
debilidad manifiesta, en particular de aquellas que, como en este caso, se
quejan de padecer alguna patología psiquiátrica que los discapacita.
27. STL 3024-2013, Radicación N° 44683.
Es decir, que en aquellos casos en los que se requiera tratamientos clínicos
y farmacéutico fuera del POS, la petición deberá fundarse enla valoración
médica y la prescripción de los mismos, puesto que son estos los que evidencian
el estado de salud del paciente bajo un criterio técnico que sugiere la
necesidad de su realización, lo que permite contar con verdaderos elementos
de juicio que admiten sobrepasar un análisis formal para establecer fundadamente
la violación de derechos fundamentales.
Si bien, no existe concepto por el Comité Técnico Científico que sustente
la entrega del suplemento nutricional, ello no es obstáculo para conceder
el amparo, pues obra prescripción del médico tratante, quien de manera
concreta lo ordenó, luego le corresponde a la entidad que presta el servicio
de salud suministrarlo, máxime cuando se trata de una persona que se encuentra
en una circunstancia de debilidad manifiesta y que lo requiere para
mejorar su salud ante la situación de enfermedad particular que padece.
28. Radicación n° 32038 Acta No. 11 Bogotá, D. C., diecisiete
(17) de abril de dos mil trece (2013).
De manera que, en principio, y así lo ha destacado esta Sala en innumerables
oportunidades, se hace necesario que previo a interponer la acción de tutela,
las partes agoten las herramientas jurídicas ordinarias con las que cuentan
para obtener la protección de sus derechos, y luego de ello, si estiman que
persiste la vulneración, expongan la controversia ante el Juez Constitucional
para que la decida.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
29. STL3374-2013 Radicación No. 50163 Bogotá D.C. dos (02)
de octubre de dos mil trece (2013).
Además, ni la Junta ni el Tribunal Médico Laboral, luego de realizar la
valoración médica correspondiente al accionante, dieron concepto favorable
de reubicación laboral, de forma tal que no existe un soporte jurídico para concluir
que el actor debe ser reincorporado a las operaciones militares que desarrolla
el Ejército Nacional, en una actividad que resulte acorde con sus condiciones
psicofísicas, a diferencia de casos anteriores evaluados por esta Sala y
en los que, al contar con concepto médico favorable, se procedió a despachar
favorablemente la solicitud de reubicación peticionada en cada una de ellas.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la orden administrativa que dispuso
el retiro del peticionario tuvo como fundamento los dictámenes médicos
rendidos por las autoridades competentes para ello, en los que se determinó
que el actor era “NO APTO – PARA ACTIVIDAD MILITAR”, desvinculación
que, a su vez, tuvo como soporte disposiciones legales vigentes y que
únicamente pueden ser controvertidas ante la jurisdicción contencioso administrativa,
se revocará la sentencia recurrida y, en su lugar se denegará el
amparo, tal como se hizo en caso similar analizado por esta Sala, más concretamente
en sentencia de tutela del 10 de abril de 2013, radicado 42369,
adicionando a ello lo sostenido en fallo del 13 de marzo de este mismo año
en cuanto se dijo que: “frente a ese concepto desfavorable de reubicación,
dado por la autoridad competente, es imposible entrar a discutir a través
de esta acción constitucional los fundamentos técnicos que se tuvieron para
verificar la situación laboral del actor y su consecuente retiro del servicio.
Por tal razón no es viable por esta circunstancia ordenar el reintegro del
actor a la Institución, pues estaría el juez de tutela desbordando su órbita de
competencia”. (Radicado 41987).
30. STL4072-2013 Radicación No. 51133 Bogotá D.C., veintiséis
(26) de noviembre de dos mil trece (2013).
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
suministro de pañales se refiere, pues a pesar de que los pañales no son
medicamentos, tampoco pueden considerarse llanamente como elementos
de higiene personal, sino que resultan necesarios para paliar la situación
de salud de una persona de padece de retraso mental severo, epilepsia e incontinencia
fecal y urinaria, y, en ese sentido, la situación compromete el
disfrute de la vida en condiciones dignas.
31. STL3464-2013 Tutela No. 50271 Bogotá D.C., nueve (9) de
octubre de dos mil trece (2013).
Debe recordarse que quien alega la vulneración de su derecho fundamental
a la igualdad, se encuentra obligado a acreditar que los hechos que motivan
su petición guardan identidad con los ocurridos a otra persona o personas,
ya que sin tener la posibilidad el juez constitucional de verificar efectiva
mente el trato diferencial antesituaciones idénticas, no le es posible determinar
si existió o no la vulnerción alegada.
32. Tutela No. 42237 Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil
trece (2013).
Se tiene entonces que esta Sala Laboral comparte los argumentos planteados
en el fallo impugnado pues tal como se corrobora a folio 11 del cuaderno
de tutela, conforme al escrito allegado por el mismo peticionario,
el Teniente Coronel de la subdirector de Sanidad de Ejército Nacional, le
informó el procedimiento requerido a fin de que le pueda ser suministrado
las sondas y la silla de rueda que dice requerir. De tal suerte que si su
petición va encaminada a que se le suministre dichos elementos, junto con
los pañales y las sondas, debe primero agotar ante la Dirección de Sanidad
de la Entidad el procedimiento previsto con el fin de que se establezca si
existe el derecho o no a lo reclamado, por lo que debe tenerse en cuenta
que corresponde al médico tratante y no al Juez Constitucional, dilucidar
tal aspecto, que requiere de un conocimiento especializado en dicha rama.
En este preciso caso, deberá mantenerse la orden del Tribunal, en cuanto al
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
33. STL1808-2013 Radicación N° 43125 Bogotá, D.C., veintinueve
(29) de mayo dos mil trece (2013).
En virtud de lo memorado, la jurisprudencia en cita estableció la procedencia
de una nueva valoración médica siempre que: “(i) exista una conexión
objetiva entre el examen solicitado y una condición patológica atribuible
al servicio; (ii) que dicha condición recaiga sobre una patología susceptible
de evolucionar progresivamente; y (iii) que la misma se refiera a un nuevo
desarrollo no previsto en el momento del retiro”. (Sentencia T-493 de 2004).
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA
1. Sala sexta dual de decisión, radicación No.25000 11 02 000
2011 02734 01. ASISTENCIA MÉDICA A EX INTEGRANTE
DE LAS FUERZAS MILITARES.
Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia antes citada, el Ejército Nacional
debe dar asistencia médica al accionante, así actualmente no haga parte
de la institución, pues las enfermedades que padece son consecuencia de
la prestación del servicio militar, pues lo cierto es que al momento de ser
acuartelado, el ex integrante de la Institución Castrense se encontraba en
óptimas condiciones de salud, de ahí que aprobó los exámenes y pruebas
físicas que en forma obligatoria se practican para el ingreso al Ejército.
CONSEJO DE ESTADO
1. Radicado No. 08001-23-31-000-1994-08935-01(21949).
MUERTE DE PERSONA CON DISCAPACIDAD EN BASE
MILITAR.
Al respecto cabe precisar que la integración social de las personas con discapacidad
compromete igualmente al Estado, a la sociedad y a la familia, en
los términos del art. 47 de la Carta Política y que la misma permite desautorizar
de antemano las medidas de reclusión y aislamiento. De manera que
el occiso bien podía salir de su domicilio y recoger caña como en efecto ocurrió,
sin que sea dable censurar a sus padres y hermanos por haberlo permitido.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
2. Radicado No. 76001-23-31-000-1995-21483-01(27241). SU-
CESIÓN PROCESAL POR MUERTE DEMANDANTE - FA-
LLA DEL SERVICIO OCASIONA LESIONES A JEFE DE
PEAJES.
El daño a la salud se repara con base en dos componentes: Uno objetivo,
determinado con base en la calificación integral de la invalidez, que constará
en un dictamen emitido por la Junta de Calificación que deberá tener
en cuenta componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano,
entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el
accidente o la edad, y definidos por el Decreto 617 de 1999, esto es, bajo los
conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía:
“a) DEFICIENCIA: Se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad
de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que
pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia
o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro,
órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los
sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un
estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano.
b) DISCAPACIDAD: Se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia
de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
margen que se considera normal para un ser humano, producida por una
deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y
comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden
ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o
regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja
alteraciones al nivel de la persona.
c) MINUSVALÍA: Se entiende por Minusvalía toda situación desventajosa
para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una
discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es
normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las
expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa
la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las
consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales,
que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran
su entorno”.
3. Reparación Directa, Radicado No. 05001-23-25-000-1996-
01593-01(20791). FALLA EN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉ-
DICA.
Por eso, de manera reciente la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales
anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de
las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de
su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad
médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos
que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios
legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba
indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que
obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre
la actividad médica y el daño.
4. Reparación Directa - Solicitud de Prelación de Fallo, radicado
No. 19001-23-31-000- 1996-01209-01(24886). FALLA
EN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA.
El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces la obligación de
proferir las sentencias a su cargo observando el turno de ingreso de los procesos
al despacho para ese fin y el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 da lugar
a romper la prelación previamente establecida, entre otras circunstancias,
ante la grave afectación de los derechos humanos. Como puede verse, la regla
general fijada por el legislador con miras a realizar el derecho a la igualdad
de quienes accedieron a la justicia y aguardan solventar el asunto, a cuyo
tenor los procesos se resuelven de fondo en el orden en que los expedientes
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
entraron al despacho para fallo, resultaría de suyo alterada si se impidiese
al juzgador privilegiar aquellos casos que demandan ser definidos antes que
otros, realizando así, real, efectiva e íntegramente el artículo 13 constitucional.
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Tratado que complementa y completa un
tratado de derechos humanos ya existente.
Por ello, solamente los Estados que ya
hayan aceptado las obligaciones de un tratado
principal(lo hayan ratificado)
pueden optar por serpartes de
protocolos facultativos.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Los Estados Partes en el presente Protocolo acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce
la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas
por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen
ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las
disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de
personas.
2. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado
Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
Artículo 2
El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a) Sea anónima;
b) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o
sea incompatible con las disposiciones de la Convención;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité
o ya haya sido o esté siendo examinada de conformidad con otro procedimiento
de investigación o arreglo internacionales;
d) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo
que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea
improbable que con ellos se logre un remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente
sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la
fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado,
salvo que esos hechos continuasen produciéndose después de esa fecha.
Artículo 3
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Protocolo, el
Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda
comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. En un plazo de seis
meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito explicaciones o
declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas
correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
Artículo 4
1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión
sobre el fondo de ésta, el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado
Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte
las medidas provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a
la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del
párrafo 1 del presente artículo, no implicará juicio alguno sobre la admisibilidad
o sobre el fondo de la comunicación.
Artículo 5
El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba
en virtud del presente Protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité
hará llegar sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al Estado Parte
interesado y al comunicante.
Artículo 6
1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o
sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, el
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y,
a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el
Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a su
disposición, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que lleven a
cabo una investigación y presenten, con carácter urgente, un informe al Comité.
Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación
podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las
transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y
recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones de la
investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el
Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al
Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se
solicitará la colaboración del Estado Parte.
Artículo 7
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el
informe que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención
pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta
a una investigación efectuada con arreglo al artículo 6 del presente
Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del
artículo 6, el Comité podrá, si fuera necesario, invitar al Estado Parte interesado
a que le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado
de la investigación.
Artículo 8
Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del
presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la
competencia del Comité establecida en los artículos 6 y 7.
Artículo 9
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del
presente Protocolo.
Artículo 10
El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados y las
organizaciones regionales de integración signatarios de la Convención en
la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de
2007.
Artículo 11
El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados signatarios
del presente Protocolo que hayan ratificado la Convención o se
hayan adherido a ella. Estará sujeto a la confirmación oficial de las organizaciones
regionales de integración signatarias del presente Protocolo que
hayan confirmado oficialmente la Convención o se hayan adherido a ella.
Estará abierto a la adhesión de cualquier Estado u organización regional
de integración que haya ratificado la Convención, la haya confirmado
oficialmente o se haya adherido a ella y que no haya firmado el presente
Protocolo.
Artículo 12
1. Por “organización regional de integración” se entenderá una organización
constituida por Estados soberanos de una región determinada a la
que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las
cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Esas organizaciones
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado
de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención
y el presente Protocolo. Posteriormente, informarán al depositario de toda
modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo al presente Protocolo se
aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 y en el
párrafo 2 del artículo 15 del presente Protocolo, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto en la reunión de los Estados Partes,
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que
sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
Artículo 13
1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente
Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de que se haya depositado
el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de integración que ratifique el
Protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido
depositado el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo entrará en
vigor elm trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su
propio instrumento.
Artículo 14
1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del
presente Protocolo.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.
Artículo 15
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al presente Protocolo y
presentarla al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles
que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados
Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro
de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos
un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el
Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de
los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por
el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su
aprobación y posteriormente a todos los Estados Partes para su aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la
fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo Estado Parte el
trigésimo día a partir de aquel en que hubieran depositado su propio instrumento
de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente
para los Estados Partes que las hayan aceptado.
Artículo 16
Los Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo mediante
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General
haya recibido la notificación.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
Artículo 17
El texto del presente Protocolo se difundirá en formatos accesibles.
Artículo 18
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente
Protocolo serán igualmente auténticos. EN TESTIMONIO DE
LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo
.
¿Qué pasa con la ratificación del
protocolo facultativo de la
convención de DPCD?
“Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la
competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por
personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones
de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas”[1].
Desde el inicio de los tiempos, la discapacidad ha sido considerada por muchos
como un tipo de maldición o un castigo divino, la historia da cuenta
de los tratos crueles e inhumanos a los que eran sometidos este tipo de
personas. Se le han denominado incapaces, retardados, inválidos, fenómenos
entre otros muchos términos denigrantes a la integridad de la persona.
Los diferentes tipos de discapacidades como físicas, sensoriales eran
inaceptables ante la sociedad, por lo que se tomaron medidas tales como:
exclusión de la sociedad, en donde los ciudadanos supuestamente “normales”
hacían negación absoluta a este tipo de personas, escondiéndola
de la sociedad. Muchas personas, quienes vivieron este flagelo, fueron
encerrados en instituciones mentales, se les hacía creer que por su condición,
no tenían derechos, no podían expresar sentimiento u opiniones, en
algunos lugares se esterilizaban estas personas a fin de que no se reprodujeran,
en muchos estados se les prohibía casarse o aparecer en público.
Con la Declaración de los Derechos Humanos de 1945, se empezó hablar de
una igualdad en dignidad y derechos de la que eran sujetos todas las personas
a fin de crear un comportamiento fraternal entre humanos. Fue este instrumento
internacional, el referente primario internacional en donde por un
principio de Igualdad, se comenzó a pensar en la idea de condiciones iguales
para todos, incluso para los fenómenos enfermos, minusválidos e inválidos
como se les denominaba a las personas que sufrían algún tipo de discapacidad.
Más adelante, los Estados conscientes de las injusticias que se estaban cometiendo
contra las personas con discapacidad, se expiden una serie de
documentos en protección a los derechos de las personas con Discapacidad
PcD, entre los cuales podemos destacar: Convenio sobre la Readaptación
Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional
del Trabajo (Convenio OIT 159); la Declaración de los Derechos
del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración
de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución
Nº 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa de Acción Mun-
538 539

LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
dial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el
Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador” (1988); los Principios para la Protección de los Enfermos
Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental
(AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la
Organización Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la Situación
de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES.
1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de
1993); la Declaración de Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de
Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución sobre la
Situación de los Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 1356
(XXV-O/95)); y el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad
en el Continente Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96).
De los referentes anteriores, se suma a ello la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas
con Discapacidad, adoptada en Guatemala en julio de 1999, aprobada
y ratificada por la gran mayoría de los Estados partes de la Organización
de Estados Americanos; este instrumento fue ratificado en Colombia
a través de la Ley 762 de 2002; más adelante se crea la Convención más
importante a nivel internacional en esta materia: La Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 ratificado en la legislación
interna por la Ley 1346 de 2009. Es importante resalta que la convención
de los derecho de las personas con discapacidad tiene un protocolo facultativo
adicional, es cual seis años después no ha sido ratificado por Colombia.
Aunado a lo anterior, surge la pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual, Colombia
no ha ratificado el Protocolo facultativo de la Convención de los
derechos de las personas con discapacidad? Para dar respuesta es necesario:
primero, conocer el alcance del convenio y su protocolo facultativo, luego
determinar el procedimiento de ratificación de los tratados internacionales
y finalmente analizar si existen intereses del Gobierno que influyan en la
NO ratificación del protocolo facultativo.
La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, es un
tratado internacional cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente. La Convención, es regida bajo
los principios de igualdad de derechos, inclusión social, no discriminación,
accesibilidad a todos los bienes y servicios en igualdad de condiciones y de
una manera autónoma e independiente. La Convención genera una serie
de obligaciones entre los Estados partes a fin de lograr el propósito para
la cual fue creada la Convención. Se habla de un factor indispensable para
el goce real y efectivo derechos de las personas con discapacidad, la accesibilidad.
Se dice que no existen personas con discapacidad, si no entornos
que no son accesibles para que las personas se puedan desarrollar de una
manera efectiva; la accesibilidad, involucra el medio físico, la infraestructura,
los vados, las rampas, pasamanos, escaleras, el mobiliario entre otros
elementos físicos indispensables. Además la accesibilidad va de la mano
de la inclusión por parte de la sociedad. Como se explicó en la introducción
del presente documento, en la historia se limitaba y estigmatizaba
el desarrollo de la persona por la evidente exclusión que hacían las demás
personas al alrededor. Con la creación de la presente convención, las personas
con discapacidad entran a la vida jurídica, como sujeto de derechos,
los cuales no solo deben ser cumplidos, si no que se encuentran en igualdad
de condiciones que los derechos de las demás personas. El derecho
internacional ha venido evolucionando a través del tiempo y ha sido un
gran avance la creación de la convención en mención, pues se genera un
carácter vinculante por aquellos países que la aprueban y ratifican en el
ordenamiento interno de cada país. La convención de los derechos de las
PcD, trae consigo un protocolo facultativo, es decir un acuerdo adicional,
menos formal, que establece derechos y obligaciones generando de una u
otra manera, una obligación más formal para cumplir con los parámetros
generales del Convenio, no obstante, es jurídicamente viable la ratificación
del convenio pero no del protocolo facultativo como lo es el caso tratado.
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
El protocolo facultativo, establece algo muy importante en donde se reconoce
la competencia del comité sobre los derechos de las personas con
discapacidad para recibir y tramitar las peticiones de personas o grupo de
personas quienes alegan ser víctimas de una violación por parte de un Estado
parte en cualquiera de las disposiciones establecidas en la convención.
Es muy curioso y motivo de debate la razón por la cual Colombia ratificó la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se
compromete a dar cumplimiento a las norma en protección de sus derechos
pero que no ratifica el protocolo facultativo que reconoce al comité como organismo
veedor de los derechos u obligaciones generadas en la Convención.
El presente artículo el cual será leído por juristas y no juristas, se hace importante
señalar grosso modo el proceso de ratificación de los instrumentos
internacionales al ordenamiento interno. Los Estados deberán expresar
su ratificación o consentimiento final, momento en el cual el tratado tendrá
fuerza normativa interna y obligará internacionalmente a las partes.
En el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución otorga facultades
al presidente de la República para surtir estas etapas previas de celebración
de tratados o convenios con otros Estados y Entidades de derecho
internacional. El artículo 189-2 dispone que “corresponde al Presidente de
la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: (…) dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los
agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar
con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o
convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”. Como lo señaló
la Corte Constitucional en la sentencia C710 de 1998, posición reiterada en
las sentencias C363 de 2000, C962 de 2003 y C533 de 2004, entre otras, la
voluntad de celebrar un tratado está expresada en un primer momento en
la iniciativa y la negociación por parte del Presidente, quien actúa así en
virtud de su investidura como Jefe de Estado y director de las Relaciones
Internacionales. Adicionalmente, y como lo expuso en la sentencia C344de
1995, esa disposición constitucional otorga al Presidente de la República plena
autonomía para decidir cuándo debe entrar en negociaciones respecto
de determinados temas de interés para el país, en qué oportunidad debe
celebrar el tratado y cuáles deben ser sus términos. Así lo expuso la Cor-
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
te en esa decisión: El presidente de la república en calidad de jefe de Estado,
por mandato del artículo 189 de la constitución política, tiene a cargo
la dirección de la política internacional, razón por la cual se le faculta al
celebrar con otros estados convenios y/o tratados los cuales se someterán
posteriormente a la aprobación por parte del congreso y revisión constitucional
por parte de la corte constitucional, previa ratificación y perfeccionamiento.
En consecuencia se puede decir que el presidente tiene plena
autonomía para decidir la oportunidad para celebrar convenios y los términos
en los cuales hacerlo. No obstante, para que un convenio o tratado tenga
efectos jurídicos, es menester realizar el trámite correspondiente ante el
congreso para que se expida una norma interna que aprueba dicho tratado.
En Colombia existen varias leyes en materia protección de derechos de las
personas con discapacidad, a saber: artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia, donde se establece el derecho a la igualdad. Más adelante, se
crea la ley 361 de 1997, denominada Ley Clopatrofky, las leyes 762 de 2002
y 1346 de 2009 las cuales ratifican convenios internacionales, a su vez, de
acuerdo a la competencia de cada sector, los ministerios y directores administrativos
tienen la facultad de expedir normas de acuerdo a la competencia
de cada entidad, es decir Ministerio de transporte a través de la ley 105
de 1993 trata lo que sería accesibilidad a los modos de transporte, y así con
las demás entidades. Para el año 2013 se crea la famosa Ley 1618 de 2003, la
cual a la fecha aún se está trabajando en su reglamentación, trata de los mecanismos
idóneos para la protección de los derechos de las PcD, profundiza
además de lo que sería la comunicación accesible, enfatiza en los términos
apropiados para referirse a las personas con discapacidad, de la importancia
de inclusión social a todas las actividades que realiza la sociedad a diario.
Luego de un barrido histórico y normativo sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad y presentando la problemática que surge por la NO
ratificación del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, es interesante dejar abierto el debate sobre
la razón por la cual Colombia no ha ratificado en convenio en mención y si
existen intereses por parte del Gobierno que limitan la acción de ratificación
del Protocolo. Como se explicó anteriormente, el protocolo reconoce la competencia
del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
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LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y JURISPRUDENCIA
cado que en el mismo Estado no garantice el propósito para el cual fue creado
el convenio. En el preciso instante donde se firme, ratifique y adopte ésta
adición, Colombia quedaría expuesto a responder en escenarios internacional
sobre la violación o vulneración de los derechos de aquellas personas que
sufren una condición de discapacidad, en el entendido en que se requiere
una mayor actuación por parte del Estado a fin que ningún individuo se vea
o sienta vulnerada su persona con ocasión al tipo de discapacidad que tiene.
En este orden de ideas, se puede concluir desde un punto de vista jurídico,
que sí existe un interés o razón fundamental por la cual Colombia ha
guardado silencio y es que en la medida en que se ratifique el protocolo
facultativo, los efectos jurídicos que la ratificación trae consigo podría llegar
a generar una exposición del Estado frente al vigilante trabajo del Comité
en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Bibliografía consultada,
http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf
http://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/457/index.
php?id=457
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