Jornada de Derecho Ambiental y Justicia 2009

Aída Kemelmajer de Carlucci
Panamá 2009

“Si generalizar es omitir, y legislar es
generalizar, juzgar es volver a añadir
parte, cuando menos, de lo omitido”[1].
[1] Puig Brutau, José: La jurisprudencia como fuente
de derecho. Interpretación creadora y arbitrio
judicial Barcelona, ed. Bosch, 1951.

En el derecho constitucional las principales
innovaciones han provenido de decisiones
judiciales que resolvieron una necesidad
social, aunque no estuviera estrictamente
prevista en la legislación. Desde el origen del
control judicial, en el caso Madbury
c/Madison, en 1803, hasta el caso Mendoza
c/Estado Nacional de 2006, pasando por los
casos Siri y Kot, que instalaron el amparo, se
llega al caso Halabi, en el que la Corte creó
la acción colectiva
Sola, Juan V., El caso Halabi y la creación de las acciones
colectivas, LL 2009-B-155

“Ninguno puede tener un derecho adquirido
en comprometer la salud pública y esparcir
en la vecindad la muerte, ni el dueño con el
uso que haga de su propiedad y,
especialmente, con el ejercicio de una
profesión o de una industria”.
(CSN, 14/5/1887, Los saladeristas Podestá
c/Provincia de Bs. As)

“Es improcedente la pretensión de
que se condene a la Entidad
Yacyretá a resarcir a un pescador el
daño sufrido por el quebranto de su
actividad económica a raíz de la
construcción de una represa
hidroeléctrica………………….

…..ya que no existe un derecho o interés
incorporado a su patrimonio, basado en el
supuesto deber del Estado de mantener
una determinada cantidad y calidad de
especies de peces en el río, pues de otro
modo se extendería de manera irrazonable
la responsabilidad del Estado al punto de
constituirlo en garante de ventajas
económicas del demandante, sin que exista
deber legal de hacerlo”
CSN 5/6/2007, Ramírez Juan c/ Entidad Binacional
Yacyretá, (Votó en disidencia Dr. Zaffaroni) LL 2007-E-
666; ídem 12/6/2007, Machado Juana y otros, Doc. Jud.
2007-2-1201)

Art. 32 ley 25.675 : El juez
interviniente podrá disponer
todas las medidas necesarias para
ordenar, conducir o probar los
hechos dañosos en el proceso, a
fin de proteger efectivamente el
interés general.

El principio de congruencia
“Asimismo, en su sentencia, de
acuerdo a las reglas de la sana
crítica, el juez podrá extender
su fallo a cuestiones no
sometidas expresamente a su
consideración por las partes”.
(veto del PE)

Voto de la minoría: Condena a recomponer
(gastos de transporte, reposición de
desmontes, etc)
Voto de la mayoría: principio de congruencia

El acceso a la jurisdicción por cuestiones
ambientales no admitirá restricciones de
ningún tipo o especie. (art. 32)
Instancias ordinarias y extraordinarias?
Depósito previo (SCBs As, 2/11/2005)

En cualquier estado del proceso, aún con
carácter de medida precautoria, podrán
solicitarse medidas de urgencia, aun sin
audiencia de la parte contraria, prestando
debida caución por los daños y perjuicios que
pudieran producirse. El juez podrá,
asimismo, disponerlas, sin petición de
parte (art. 32).

La mejora o degradación del ambiente
beneficia o perjudica a toda la población,
porque es un bien que pertenece a la esfera
social y transindividual, y de allí deriva la
particular energía con que los jueces deben
actuar para hacer efectivos estos mandatos
constitucionales”.
Mendoza c/ PEN y otros, 20/6/2006.

la Argentina padece una crónica distancia
entre los principios normativos, el discurso
público y la eficacia de su aplicación sobre la
realidad. En el campo ambiental, ese
desfasaje es manifiesto, y se hace aún más
notorio por el contraste entre los numerosos
Encuentros, Jornadas, Congresos y
publicaciones dedicados a la protección y
recuperación del ambiente, por una parte, y
la postergación efectiva del problema en la
agenda pública y en las políticas oficiales,
por la otra
Fleitas Ortiz de Rozas, Abel, Gestión ambiental y Justicia, en
Rev. de Derecho Ambiental, Bs As, ed. Lexis Nexis, 2005/1 pág.
126.

Uno de los peligros más importantes del
derecho ambiental es el de la
inefectividad[1];
[1] Lorenzetti, Ricardo, La protección jurídica
del ambiente, LL 1997-E-1463.

La Administración constituye un elemento del
estado de Derecho cuyo interés se identifica
con el de la buena administración de la Justicia;
si la administración se rehúsa, omite o tarda en
ejecutar las decisiones, las garantías que
beneficiaron al justiciable durante la fase
judicial pierden toda su razón de ser”.
TEDH, Öckan y otros c/Turquía, 13/9/2006

Los pleitos no son como las pilas del agua
bendita que en los atrios de las iglesias se
ofrecen, sin limitación alguna, a los que
quieran persignarse (A. Mercader)