Prestadoras de servicio de personal en la Industria Maquiladora

El mercado ofrece una amplia oferta
de PSP, donde actúan instituciones que
cumplen con sus obligaciones fiscales y
laborales de forma regular. Sin embargo,
existen otras organizaciones que, derivado
de sus esquemas fiscales agresivos en
extremo, podrían llegar a desprestigiar la
actividad de tercerización provocando que
las autoridades tomen acciones más rígidas
para vigilarlas, dando como resultado:
• Afectaciones en la recaudación
• Perjuicio a los derechos de
los trabajadores
• Impedimento a su acceso integral
a la Seguridad Social
Reformas y actuación de
la autoridad
Como respuesta a los esquemas fiscales
agresivos, la reforma a la Ley del Seguro
Social (LSS) publicada en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el pasado 9 de
julio de 2009, se enfoca a fiscalizar las PSP
a través de las empresas que las contratan.
Lo que ha generado una mayor carga
administrativa a los usuarios, y ha dado
más claridad a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la reforma.
La LSS establece que los beneficiarios
de los trabajos o servicios asumirán las
obligaciones establecidas en la misma
cuando un patrón, en virtud de un contrato
como parte de las obligaciones contraídas,
ponga a disposición trabajadores para que
ejecuten los servicios o trabajos acordados
bajo la dirección del beneficiario de los
mismos, en el lugar que este establezca.
Cuando se tienen los elementos
requeridos, el beneficiario de los servicios
asume las obligaciones que la LSS impone
a los patrones, siempre y cuando, dicho
beneficiario sea requerido y notificado
por la misma autoridad y no haya
atendido el requerimiento.
Esquema de la reforma
al 15-A de la LSS
Patrón o
sujeto
obligado
Contrato
Dirección
Servicios
Trabajos
Lugar que determine
IMSS notifica y no atiende
Beneficiario
de los
trabajadores
o servicios
Trabajadores
o sujetos de
aseguramiento
La reforma en materia de Seguro Social
generó nuevas obligaciones para las PSP y
los beneficiarios de dichos servicios, toda
vez que es un medio adicional para vigilar
con precisión la responsabilidad solidaria.
En términos generales, como primera
responsabilidad se debe resaltar que, tanto
el beneficiario del servicio como el prestador
deben informar al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) de cada contrato
celebrado, mediante el formato PS-1. Las
PSP deberán informar trimestralmente, el
nombre de los beneficiarios de los servicios
por trabajador y sus incidencias.
Desde la publicación de la reforma a la
LSS en el DOF, se han generado diversas
reacciones entre el sector patronal, donde
algunos la han atendido con rigidez,
tomando distintas acciones, tales como la
evaluación de sus contratos celebrados,
definiendo conceptos y vínculos comerciales
y legales, por ejemplo: ¿dónde existe la
dirección?, ¿quién estableció el lugar donde
se ejecutarán los servicios?, ¿cuántos
proveedores de personal se tienen?
Las empresas, con ánimo de dar debido
cumplimiento a la ley y sus aristas, han
diseñado un control interno que involucra a
distintas áreas de las compañías, las cuales
generalmente están inmiscuidas en la
contratación de las PSP:
• Departamento Legal
• Departamento de Capital Humano
• Departamento de Finanzas
• Departamento de Compras
• Contraloría
Existe un importante número de
organizaciones que no han tomado muy
en serio la reforma a la LSS, ya sea por
desconocimiento o por falta de asesoría.
En contraparte, las autoridades le dan
cada vez más peso al tema, pues tienen
identificadas compañías que recurren
a esquemas fiscales agresivos para
reducir sus costos de mano de obra, con
conocimiento pleno incluso del riesgo de
que dichas prácticas puedan considerarse
como incumplimiento de diversas
obligaciones fiscales y laborales. Lo que
podría concluirse como evasión de algunas
disposiciones incluidas en leyes federales.
Datos estadísticos del IMSS y del
Servicio de Administración Tributaria
(SAT) indican que actualmente, 230,000
trabajadores no cuentan con Seguridad
Social parcial o total. Se estima un monto
de evasión de $3,800 millones de pesos
(mdp) aproximadamente, por no realizar
retenciones y entero del Impuesto Sobre
la Renta (ISR) por el pago de salarios a
los trabajadores. El monto de las cuotas
de Seguridad Social omitido, estiman,
asciende a alrededor de $1,200 mdp.
La evasión y sus consecuencias han
orillado al IMSS a tomar diversas
acciones, tales como:
• Ordenar visitas domiciliarias
• Reformar el Artículo 15-A de la LSS
• Diseñar un instrumento para administrar la
información recibida trimestralmente por los
patrones, en cumplimiento del 15-A de la LSS
• Intercambiar información con el SAT,
el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), ejecutando auditorías simultáneas
• Enviar correos electrónicos a posibles
empresas beneficiarias de servicios,
suman 438,798
• Notificar oficios de presunción de
incumplimiento tanto a PSP como a
beneficiarios, van 3,232