María Macarena Chávez Flores, diputada integrante de la ...

alejan mucho de cumplir la finalidad que persigue el Estado de readaptar y reinsertar, como parte del grupo social, al
quebrantador del marco jurídico.
Si a lo anterior agregamos la tendencia de convertir a éstas en graves, eliminando con ello la posibilidad
de salir bajo fianza, se genera una cantidad enorme de internos, que no han sido sentenciados.
El problema es evidente, hemos agravado conductas que, de origen, no debieran serlo, el portal de
internet de la Secretaría de Seguridad Pública Federal expone en su documentación de acceso libre, el hecho de
que las entidades federativas durante los últimos años hemos realizado una serie de reformas tendientes a
clasificar determinados delitos como graves, eliminando con ello la posibilidad de los procesados a obtener el
beneficio de libertad bajo caución.
El caso de Michoacán es un ejemplo de lo anterior, ya que, dentro de sus Centros de Readaptación
Social cuenta con una población carcelaria de 8,649 internos. Ahora bien, si tomamos en cuenta los datos que
publica la primera edición del estudio Los mitos de la prisión preventiva en México, realizado por la Iniciativa
Pro-Justicia de la Sociedad Abierta, arroja que el costo diario de manutención por una persona encarcelada en
México es de $80.00, por lo que ve sólo a alimentación y vestido, sin considerar salarios de personal
administrativo y demás empleados de las prisiones, ni el mantenimiento de la infraestructura, datos que,
contrastándolos con los referidos por el periódico El Universal, que en su edición de junio de 2006, manifiesta
que se gastan entre $10.00 y $175.00 diarios, obtenemos entonces como media aproximada respecto al gasto, la
estimada de $100.00 diarios por reo. En consecuencia, en proporción a la cantidad de personas en reclusión que,
repito, es de 8,649 internos, sosteniendo las cárceles de nuestra entidad, obtenemos un gasto aproximado de
$864,900.00 por día.
Nótese, además, por lo que ve al delito de robo calificado en particular, la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Michoacán arroja en sus estadísticas que el número de personas que fueron detenidas en base a esta
conducta fueron las siguientes: en el año 2004 fueron 563, en el año 2005 fueron 662 y en el año 2006 fueron 657
personas las detenidas; datos que muestran un incremento constante.
Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, de acuerdo a su portal de internet,
respecto al delito de robo, tiene registrados en el periodo que comprende del mes de enero al mes de mayo de
2008, 629 personas consignadas por el mismo periodo, pero de este año 2009 han sido registradas 619 personas.
Secundando lo anterior, el ya mencionado estudio de Los mitos de la prisión preventiva en México, indica
que a pesar de que la población en prisión preventiva ha crecido, la incidencia delictiva se ha estacionado en niveles
inusuales, lo que evidencia que el hecho de que se establezcan para ciertos tipos de delitos la calificación de
graves, conlleva la imposibilidad de no salir bajo fianza y el incremento de internos en las cárceles, lo que va en
detrimento directo del sistema penitenciario mexicano y de su economía, y esta mencionada sobrepoblación se
origina también, en buena medida, por la existencia de sanciones en las que la pena que se impone para la
compurgación no se acerca siquiera a la establecida como mínima de otros delitos menos graves.
Si bien, generalmente al legislar se intenta que el gobernado tome conciencia de los efectos generados
por violar la ley, y se procura ampliar las circunstancias por las que encuadre en el supuesto de la conducta el
sujeto, no implica que éstas deban clasificarse como graves, ni mucho menos justifica el enorme gasto tanto
económico como procesal que implica al sistema.
Requerimos, por lo tanto, hacer una revisión de las calificativas que actualmente contiene nuestra
legislación penal en su artículo 303, toda vez que algunas de las conductas ahí descritas podrían no corresponder a
una realidad social, que si bien deben ser atendidas, se lograría a través de otros mecanismos, atenuándose igual
los índices de robo calificado al no dejar de castigar la conducta, pero permitiendo que el presunto responsable
pueda tener el beneficio de la libertad bajo caución y, una vez que se inicie el procedimiento, de resultar cierta la
acusación realizada, compurgue la pena que el órgano jurisdiccional competente le imponga, hecho que en el caso
específico de la fracción IV del numeral en cita, puede darse.
Es entonces que someto a consideración la reforma del artículo 303 del Código Penal para el Estado de
Michoacán de Ocampo, en específico su fracción IV, disposición que, por lo general, se actualiza al robo dentro de
un centro comercial o tienda departamental; es decir, cuando un sujeto dispone de un bien ajeno sin autorización
del dueño y que comúnmente no sobrepasa los 100 salarios mínimos, y, en consecuencia, por ser ésta grave no
tiene derecho a salir bajo fianza. Esta situación nos plantea una desproporción entre lo que se merma diario del
erario público al mantener a un preso, en relación al monto robado por el presunto delincuente, siendo que, si
redimensionamos este supuesto de la ley, podría ser igualmente procesado, pero en libertad.