Los retos del Tercer Sector ante la crisis - Fundación Luis Vives

VI FORO TERCER SECTOR
Por último, aunque las cifras absolutas son importantes, el hecho de que el crédito a este sector
suponga solamente el 0,34% sobre el total del crédito concedido por las entidades financieras, nos
hace pensar que existe todavía recorrido para crecimientos importantes en la utilización de este recurso
financiero en el ámbito de las entidades no lucrativas. Este dato, unido al de la baja morosidad,
apunta también a un uso prudente del crédito por parte de las entidades.
El estudio de las necesidades de financiación del sector, el dimensionamiento del apalancamiento
óptimo en función de la diversa tipología de entidades, el análisis pormenorizado de los estados
financieros del sector y de su deseable evolución, el diseño de modelos para todo ello, etc., constituye
un campo de interés no solo para estas entidades sino también para las administraciones con
responsabilidad en estas materias, para el sector financiero y para la propia universidad.
Todo ello, rebasa con mucho los límites y las posibilidades de esta intervención. Me centraré en
una perspectiva más operativa, basada en la demanda que percibimos de quienes nos presentan sus
proyectos.
2. Algunas necesidades
Una necesidad reiteradamente puesta de manifiesto es la de anticipo de subvenciones. La normativa
reguladora de subvenciones al sector no lucrativo parece excesivamente rígida y garantista.
Prevalece una perspectiva meramente formal, por encima de la naturaleza real de la actividad subvencionada,
que con frecuencia precisa marcos más estables y flexibles para una mayor eficacia y garantía
de calidad en el cumplimiento del fin de interés público que justifica la asignación de recursos
públicos.
El problema, bien conocido, se plantea a los beneficiarios de una subvención que para su cobro
deben de justificar previamente la inversión total o en porcentajes importantes de su cuantía. La
financiación de la actividad o de la inversión debe ser adelantada entonces por las entidades, que si
no disponen de liquidez como es habitual, deben acudir a una entidad financiera a solicitar crédito
aportando garantías, toda vez que las subvenciones no son susceptibles de endoso. El acto administrativo
por el que se concede la subvención tampoco constituye garantía suficiente con carácter
general para la concesión del crédito-anticipo, al estar supeditado su cobro al cumplimiento de determinadas
condiciones y a la justificación del gasto según las bases específicas, la normativa general y
la interpretación que de todo ello deben hacer los funcionarios responsables del gasto y de su fiscalización.
Por ello, y siempre con carácter general, las organizaciones subvencionadas deben de aportar
garantías específicas en proporción al riesgo que estime la entidad financiera y la cuantía del crédito:
aval de miembros de una directiva, garantías reales, etc. Para acabar de completar el cuadro, hay
que decir que normalmente los gastos financieros y transaccionales de estas operaciones de crédito
no son casi nunca gastos elegibles a efectos de la propia subvención.
En mi opinión, no estamos ante un problema cuyo componente principal sea de carácter financiero
sino de regulación de la actividad subvencionadora de la administración, que habría que abordar
en el campo normativo para adecuar la concesión y pago de las ayudas a la realidad actual de la
función social que cubre el Tercer Sector, distinguiendo claramente entre la financiación estable y
recurrente a centros, programas y servicios que cubren una necesidad pública y que incluso podrían
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