EL ACOSO ESCOLAR

03: 8
Ignacio Subijana
II.2. Los principios de la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores
LORPM diseña un modelo de responsabilidad penal del menor, cuya edad oscila
entre los 14 y los 17 años, que trata de integrar perspectivas de diferente naturaleza: la
educativa, la sancionadora y la garantista, básicamente. De esta forma, trata de pergeñar
una responsabilidad que, siendo formalmente penal, permita una intervención
materialmente educativa, sustancialmente diversa de la que identifica la responsabilidad
penal del adulto, al tratarse de personas en proceso de formación (GIMÉNEZ-
SALINAS, 2000: 117). Por ello, dibuja un modelo de naturaleza sancionadoraeducativa,
caracterizado por la búsqueda de un equilibrio entre la faceta jurídica –el
menor como titular de garantías sustantivas y procesales- y la faceta educativa –
orientación pedagógica de la respuesta penal frente al infractor- (SÁNCHEZ GARCÍA
DE PAZ, 1998: 72). Este modelo descansa en un difícil, pero necesario, equilibrio
entre dos principios vertebrales: la tutela del interés del menor infractor y la protección
de las víctimas.
II.2.1. La tutela del interés del menor infractor
La tutela del interés del menor infractor confiere carácter prevalente, en la justicia
de menores, a las funciones de prevención especial positiva, ceñidas a potenciar la
integración completa del menor en la sociedad (BERNUZ, 2005: 4). El mentado interés
integra, en todo caso, un concepto jurídico indeterminado cuya concreción compete al
juzgador a la luz de las circunstancias concurrentes (ALTAVA, 2002: 366), tomando
como referente el libre desarrollo de la personalidad del menor en sus facetas cognitivas,
afectivas y sensitivas.
La especial significación que el legislador confiere al interés del menor infractor en
el diseño del contenido de la intervención penal tiene un nítido reflejo en el siguiente
párrafo de la Exposición de Motivos de la LO 5/2000: " (…) Al pretender ser la reacción
jurídica dirigida al menor infractor una intervención de naturaleza educativa,
aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente la proporcionalidad
entre el hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios de la norma, se
pretende impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el
menor (…)".
Sin embargo, la taxatividad con la que se pronuncia la Exposición de Motivos, respecto
a la falta de vigencia de criterios vinculados a la idea de proporcionalidad y a los
fines de prevención general, queda parcialmente devaluada en el diseño normativo que
se desarrolla en el articulado de la ley, sobre todo tras la reforma operada por la LO
7/2000. Así:
- el artículo 7.3 LORPM explicita, como uno de los criterios a los que el Juez de
Menores debe atender para elegir la medida adecuada, el referido a la valoración
jurídica de los hechos; es decir, la significación que los mismos tienen desde la
óptica ofrecida por la gravedad del injusto, atendiendo al desvalor de la acción y
del resultado. A su vez, el artículo 14.1 LORPM vincula la modificación por el
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2007, núm. 09-03, p. 03:1-03:32 ISSN 1695-0194