De esclavas y de siervas: víctimas del crimen en ... - Plaza Pública

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Alejandra Gutiérrez Valdizán / PzP
–ente de la Vicepresidencia-. Sin embargo, fue hasta agosto de
este año –tres años después de su formación- con la visita de Najat
Maalla M’jid, la Relatora de Naciones Unidas ONU sobre venta de
niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, que
la Svet entregó un informe y firmó un acuerdo con la Organización
Internacional para las Migraciones para hacer monitoreos –tarea
incumplida desde 2009-. Una de las conclusiones de la relatora fue
la imposibilidad de tener un diagnóstico adecuado –en referencia a
la trata infantil- “debido a lo contrastantes que le resultan los datos
de las distintas instituciones”. M’jid encontró que las instituciones
gubernamentales no tienen definidos sus roles en cuanto a la trata
infantil y que eso impide una fiscalización de sus obligaciones. Su
conclusión se puede extrapolar a la trata de adultos.
La ley penaliza la “promoción, facilitación o favorecimiento de la
prostitución”; es decir, prohíbe el proxenetismo a extremos de rigurosidad
como el de Suecia. No obstante, hay una especie de acuerdo
tácito entre instituciones –la policía y las municipalidades, por
ejemplo–, en el que si no hay denuncias, la explotación sexual sigue
funcionando sin que haya demasiadas acciones que persigan de oficio
el delito.
Hay muchas instituciones estatales, secretarías, departamentos de
los ministerios, involucrados en la prevención, en la protección y
en la persecución, pero da la impresión de que funcionan de forma
aislada unas de otras y que más bien se encargan de apagar fuegos,
sin que se descubran las cabezas y las raíces.
Hasta hace unos meses, a pesar de la ley, las trabajadoras sexuales
estaban obligadas a portar una tarjeta de salud que las etiquetaba
como tales y que garantizaba que no padecían de alguna enfermedad
de transmisión sexual. Por un lado se daba alguna protección
sanitaria a las mujeres, pero implicaba que el Ministerio de Salud