revista congreso.indb - Revista del Congreso

construcción de un modelo educativo
desde Latinoamérica, que
garantice la educación gratuita
desde la primera infancia hasta
la educación superior de todos
los niños, niñas y jóvenes, especialmente
aquellos que presentan
vulnerabilidades para el acceso
y permanencia en los procesos
educativos formales como por
ejemplo los jóvenes de los grupos
étnicos en condición de discapacidad
y desplazamiento forzado,
así como los jóvenes privados de
la libertad y en situación de discapacidad.
De igual forma, se propuso que
en la nueva Carta, la Comunidad
Andina garantice cupos para el ingreso
a la educación, a través de
becas a los jóvenes líderes de los
gobiernos escolares y las organizaciones
juveniles. Así mismo, se
resaltó la importancia de la participación
de los jóvenes en las instancias
decisorias y la necesidad
de diseñar, reformar, implementar
y articular leyes y políticas que
reconozcan la plena ciudadanía
de la juventud e implementen me-
canismos de aplicabilidad y exigibilidad
de sus derechos.
En la submesa siete de ‘adultos
mayores’, se propuso unifi car
los numerales 62 y 64, quedando
el nuevo numeral así: “Exigir a
los Gobiernos y Parlamentos del
área andina que ejerzan efi caz vigilancia
en todos los estamentos
sociales el cumplimiento de los
derechos de los adultos mayores,
en cuanto a derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y de
protección jurídica, sin discriminación
de ninguna naturaleza”.
También se debe crear un nuevo
numeral donde se le garantice
a los adultos mayores el acceso a
la vivienda dignaESPECIAL
La octava submesa se denominó
de ‘vivienda’ y en ésta se planteó
adicionar la creación de un
marco jurídico que facilite el acceso
y ejecución de programas de
vivienda digna integral de interés
social y prioritario a nivel urbano
marginal y rural que cubra el défi -
cit habitacional.
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Parlamento
Andino
Así mismo, se propone instar a
los gobiernos andinos, a la CAF
y organismos de cooperación para
que canalicen recursos económicos
con tasa de interés preferenciales
y accesibles, con un mínimo
de requisitos cuya población
objetivo sean personas de bajos
recursos económicos.
Por último, exhorta a estos gobiernos
a impulsar procesos de
capacitación y acompañamiento
técnico y social a las comunidades
vulnerables, respecto al proceso
de construcción con eco -
materiales y entornos saludables,
así como que se incorpore y de
reconocimiento dentro de sus políticas
de vivienda a los diferentes
actores como son las asociaciones
populares de vivienda, ONG´s,
entidades seccionales, empresas
privadas y universidades.
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Continua próxima edición