Revista 07 - MaxHuracán

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LA CD NO PUDO EXPLICAR
2010, respectivamente. Y resulta que no lo hizo, violando el Esatuto, y ante el pedido para que
exponga los motivos para incurrir en tan grave falta recurrió a una excusa poco menos que
graciosa.
En relación a la Auditoría, tan mentada y tan demorada (recordemos que fue votada por la
Asamblea de Representantes anterior, en marzo de 2010), se produjeron varias opiniones
encontradas. La CD argumentó que luego de que la Asamblea de Representantes y el Tribunal
de Honor anteriores (mandato 2007-2010) no se pusieran de acuerdo en su implementación,
dispuso conformar una Comisión Ad-hoc de cinco miembros (cuatro por el oficialismo y uno
por la minoría de CD, el Círculo) que aprobó encarar una negociación con algún organismo
público. Según Rafael Pascual (fue quien expuso en este punto), se llegó a un acuerdo con la
facultad de Ciencias Económicas de la UBA para auditar 10 años y a un costo para el club de
800 mil pesos. Ante la pregunta de por qué no empezó la auditoría aún, el veterano y experimentado
dirigente, expresidente de la República por algunas horas, adujo que el club no tenía los 320 mil
pesos que había que abonar como adelanto. En ese momento se produjo un contrapunto de
documentos, ya que el Círculo sacó a relucir una nota donde una autoridad de la UBA desmiente
acuerdos con Huracán por este tema, mientras que Pascual presentó una nota similar (aunque
hay que investigar su procedencia) en la que se afirma la validez del convenio. De todos modos,
ante las reiteradas consultas sobre la fecha de inicio, Pascual fue reiterativo: «no empezó ni
sabemos cuándo empezará. No podemos dar una fecha de inicio de la auditoría.»
Eso motivó que el Círculo intentara que se vote una moción pedida por su asambleísta Walter
Santoro: el ofrecimiento del socio Alejandro Ginevra a pagar una auditoría por cinco años. Ahí
se produjeron muchas discusiones, incluida una intervención del Dr. Ezio Emiliozzi, de PUHM,
que pidió se rechace la propuesta del Círculo en duros términos, argumentando que no podía
alterarse el Orden del Día. Acto seguido, las veedoras de la IGJ, que resultaron oportuna y
precisamente funcionales al oficialismo, leyeron un escrito en el que advertían una contradicción
entre los artículos 56 y 65 del estatuto del club y por lo tanto anticipaban que de mocionarse algo