Jueves 1 de Noviembre de 2012 - Gente y Poder

14
Jueves 1 de Noviembre de 2012
Existen visos que en materia de
seguridad pública, el presidente
electo Enrique Peña Nieto seguirá
el mismo patrón de Carlos Salinas de Gortari
y de Ernesto Zedillo Ponce de León. No hay
razón alguna para pensar que las cosas vayan
a cambiar en este rubro, ya que incluso los
dos presidentes panistas no se apartaron ni
un ápice de este modelo copiado fielmente del
gobierno norteamericano, el gran gendarme
del mundo.
En este contexto, México se desliza
hacia un Estado más represor de lo ha que
tenido históricamente. La violencia que desata
la aplicación de las recetas neoliberales,
conduce a los dominadores a implantar
fórmulas jurídicas y mecanismos policiacos
que les permitan controlar a la población
inconforme.
La globalización, como concepto, se traduce—
para muchos—en norteamericanización. Es
decir, no se postula solamente el modelo
económico estadounidense como el ideal
para todo el planeta, sino también su sistema
político y jurídico.
Como bien sostiene Enrique González
Ruiz, los paquetes de ayuda o de rescate de
los organismos financieros internacionales
para los países (o, mejor dicho, los gobiernos)
dependientes, incluyen acciones de orden
estructural. No sólo se tienen que seguir
las indicaciones de orden económico, sino
también las de la política.
En efecto, tuvimos un preocupante
anuncio del endurecimiento del Estado, cuando
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió que la participación del Ejército y
la Marina en labores policiacas no viola la
Constitución. La Corte sostuvo que la actuación
del Ejército, Fuerza Área y Armada, no está
relacionada al estallido de una guerra o una
suspensión de garantías, sino que como fuerza
pública, está constitucionalmente facultada
para salvaguardar la seguridad interior. Con
esto, se juridiza el uso de los medios militares
contra la población, cuando el estamento
castrense considere que hay riesgo para la
seguridad interior. Los resultados de la medida
adoptada por la Corte se cristalizó en una
matanza implementada por Felipe Calderón,
una masacre que aún no acaba.
Es evidente que el pretexto utilizado
fue el narcotráfico. El comercio ilícito de
drogas fue considerado por la Corte como
problema tanto de seguridad interior como
exterior, que no sólo justifica, sino que exige
la participación del Ejército y demás fuerzas
armadas, en clara violación al artículo 129
de la Carta Magna que establece que en
tiempos de paz, ninguna autoridad militar
puede ejercer más funciones que las que
tengan exacta conexión con la disciplina
EL IV PODER
Por: Juan Fregoso
Opinión
*Enrique Peña Nieto está obligado a modificar el esquema de seguridad pública
*En este rubro debe implementar su propio estilo de gobernar
*Es necesario cambiar el modelo estadounidense que han aplicado sus antecesores
*Y debe llamar a cuentas a Felipe Calderón, por traición a la patria
militar (…). Pero estas consideraciones—
implementadas por el más alto tribunal de
México—están desfasadas en el tiempo,
pues en otros países cuyos gobiernos han
practicado el terrorismo contra la población
(como Colombia y Perú) se ha reconocido
que la intervención de los militares en la
persecución del tráfico de enervantes ha
fomentado la corrupción, exactamente lo
mismo que está ocurriendo en México, en
donde algunos militares de alto rango se han
visto implicados en el narcotráfico.
Tal vez si la Corte hubiese sido más
sensible, habría planteado una mejor opción,
como estudiar con más seriedad la conveniencia
o no de la legalización del consumo de drogas,
en lugar de autorizar acciones que, en los
hechos, son atemorizantes e inhibitorias para
la población, por supuesto que dicha medida
tiene sus aristas, sus ventajas y desventajas,
pero es posible que si se hubiera implantado
nuestro país no estuviera ensangrentado a
consecuencia del enfrentamiento entre militares
y los señores del hampa organizada.
Es verdad que el gobierno calderonista
logró asestar espectaculares golpes a algunos
peces gordos, pero el costo de esta política
antinarco ha sido catastrófico, porque en
esta ofensiva han caído miles de inocentes,
incluidos hasta hijos de connotados políticos,
como el hijo del ex gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira. En el combate orquestado
por el presidente de la República, con todo y
lo que diga o presuma de haber capturado, en
unos casos, y en otros asesinados a algunos
barones del narcotráfico, también es cierto
que sobre su conciencia cargará la muerte de
al menos ochenta mil ciudadanos que nada
tenían que ver en este tipo de asuntos.
Pero este problema no es exclusivo
del mandatario fascista, que sólo siguió las
coordenadas tiradas por Carlos Salinas y
Ernesto Zedillo, quien durante su corrupto
sexenio envió una iniciativa para modificar
la Constitución en sus artículos 16, 21, 22
y 73, con la supuesta intención de combatir
al crimen organizado. Por enésima vez se
Jueves 1 de Noviembre de 2012 • www.genteypoder.com • No. 1097
empleó el argumento del negocio de las
drogas como pretexto (directriz que siguió al
pie al de letra Felipe Calderón), aunque se
aclaró entonces que las bandas dedicadas
a ello son sólo algunas de los destinatarios
de la reforma zedillista.
Ernesto Zedillo, fue quien constitucionalizó
la ley contra el crimen organizado, una ley de
inspiración estadounidense. El ex presidente,
estableció muy a la manera de los gringos,
un programa de protección de testigos,
para favorecer a quienes colaboren con las
autoridades—que no con la justicia—y llegar
a establecer arreglos con los criminales para
que descubran a sus socios, por supuesto, a
cambio de conseguir algunos beneficios; una
legislación sobre agentes policiales encubiertos;
recompensas por información validada y
efectiva, y colaboración anónima.
Quien haya visto, escribe Enrique
González, una película gringa acerca del
funcionamiento de las cortes, fácilmente
sabrá de dónde sacó Zedillo sus brillantes
propuestas. Si el ex mandatario es admirador
del sistema norteamericano, aún es tiempo de
que explique por qué con esas excelsitudes,
no encuentran nunca un solo capo de la droga
en territorio de los Estados Unidos. Si lo
hiciera, quizá valdría la pena copiarles.
Con una lógica forjada en los laboratorios
estadounidenses, Ernesto Zedillo cambió
el artículo 16 constitucional que aunque
veladamente permite el espionaje telefónico o
conversaciones privadas, aunque en realidad
esta práctica se ha venido haciendo desde
hace tiempo. En este sentido, en vez de juzgar
y castigar (léase gobernantes corruptos) a
quienes han violado los derechos de los
gobernados, se les premia dándoles patente
de legalidad o de impunidad. Para Zedillo
permitir la intervención de conversaciones
telefónicas mejoró la capacidad del Estado en
su lucha contra la delincuencia y, en cambio,
su prohibición sólo redundaría a favor de las
bandas criminales, las que dado su poderío
económico hacen uso de los adelantos
científicos y tecnológicos más sofisticados
que existen.
Así pues, desde
esta perspectiva se
puede asegurar que
la política en materia
de seguridad pública,
dictada por nuestro
vecino más poderoso,
no cambiará con el
arribo a la presidencia
de Enrique Peña
Nieto. El gobierno
mexicano está
subordinado a las
consignas del Tío
Sam, lo cual quedó
demostrado durante
la presidencia de
Vicente Fox Quesada
y de su sucesor,
Felipe Calderón, ambos no fueron capaces
de romper el yugo imperialista, como tampoco
lo hará el próximo presidente priísta y esto
significa una sola cosa, que la violencia
continuará, que seguirán cayendo personas
inocentes con el pretexto de exterminar la
delincuencia organizada.
Tal vez, si Enrique Peña Nieto se
atreviera a cambiar el esquema en materia
de seguridad pública, desmilitarizando al
país, los mexicanos podríamos recuperar
la paz que tanto anhelamos, pues se ha
comprobado en los hechos que ni el Ejército
ni la Marina ni la Fuerza Área y Armada,
han sido capaces de sofocar cabalmente
con el crimen organizado, al contrario, han
incurrido en la violación sistemática de los
derechos humanos ante la complacencia de
un presidente carente de oficio y sensibilidad
políticos, que con tal de legitimarse hoy deja
un país bañado de sangre.
Por tanto, Felipe Calderón debe responder
por sus actos u omisiones ante la justicia penal
por la comisión de delitos de lesa humanidad,
así lo demandan millones de mexicanos
agraviados por su política fascista. Este
será el desafío del gobierno que encabezará
a partir del 1 de diciembre, Enrique Peña
Nieto, llevar ante los tribunales competentes
al ex presidente panista, sería una medida
histórica, un hecho sin precedente.
Y para ello, el nuevo gobierno tiene
elementos más que suficientes para fincarle
responsabilidad penal, ya que de acuerdo
con el artículo 87, al asumir la presidencia
se comprometió a guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pero no lo hizo, y en cambio, se
pasó por el arco del triunfo la Carta Magna
y demás leyes para estar en posibilidades
de atropellar impunemente las garantías
individuales, por consiguiente, Felipe Calderón
debe ser juzgado por traición a la patria. ¿Se
atreverá a enjuiciarlo Enrique Peña Nieto?