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Cuando uno estudia la geografía de las FARC, sus números y sus actividades criminales, las
posibilidades de que algunos elementos del movimiento entren en el negocio criminal para
sí mismos, son muy altas. Este sería uno de los mayores desafíos que las FARC enfrentarían
después de la desmovilización, suponiendo que el movimiento deseara permanecer unido y
establecerse como una fuerza política. Será extremadamente difícil mantener el control de
hasta 8.000 combatientes y 30.000 milicianos, muchos de ellos acostumbrados a manejar
grandes sumas de dinero en efectivo y con muy pocas habilidades útiles en el ámbito legal.
También existen algunos otros precedentes desafortunados en las AUC, y la legislación para
la desmovilización: la Ley de Justicia y Paz. Incluso ahora, seis años después de que las AUC
se desmovilizaran formalmente, sólo un puñado de casos han sido procesados por la
Fiscalía General de la Nación. La credibilidad del sistema judicial en el manejo del aspecto
jurídico de cualquier desmovilización de las FARC es muy baja. Esto en sí mismo puede
impulsar a muchos a volver a la lucha, o de regreso hacia las actividades criminales que una
vez manejaron.
Otro desafortunado precedente es el de la Unión Patriótica. La creación de este partido en
los años ochenta, fue la primera y única incursión de las FARC en la política. Dos candidatos
presidenciales, ocho congresistas y decenas de diputados y alcaldes locales fueron
asesinados, junto con hasta 3.000 miembros de ese partido político. En caso de que el
gobierno sea incapaz de proteger a los miembros de las FARC que entren a la política en el
ámbito local y nacional, esto podría motivar a muchos a tomar las armas de nuevo. Los
constantes homicidios de sindicalistas y activistas de la restitución de tierras, demuestran
que aún hay elementos que podrían descarrilar el proceso de paz, al asesinar a miembros de
las FARC que salgan a la luz pública. Es difícil subestimar el impacto que la destrucción de la
Unión Patriótica ha tenido en la psique de las FARC.