Boletín del Cipaj; Enero 2006 - Ayuntamiento de Zaragoza

SIN PROBLEMAS
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pocos jóvenes disfrutan a los 18 años de la autonomía y estabilidad económica que les
permitan valerse por sí mismos y no depender económicamente de sus padres; en la
mayoría de los casos porque todavía se está estudiando y no se tienen ingresos propios
(o estos son escasos y temporales) y en el resto, porque se está comenzando el proceso
de inserción laboral y aún pasará un tiempo hasta que se alcance un trabajo estable.
Por eso, se considera que ha de prolongarse esa obligación de los padres de garantizar
el sostenimiento económico de los hijos, pero ¿hasta cuándo? Pues bien, no existe
un límite exacto que marque un tope máximo. Así, los tribunales han reconocido que este
derecho de los jóvenes ha de prolongarse por encima del límite de la mayoría de edad, el
tiempo necesario para garantizar la terminación de su periodo formativo y el acceso al
mundo laboral en igualdad de condiciones.
Esta frase ha de ir aplicándose a cada caso concreto en función de las circunstancias
de cada joven, de su realidad familiar y condiciones socioeconómicas... En realidad se
trata, como en otras tantas ocasiones, de buscar un punto medio que evite situaciones
de abuso en uno u otro sentido.
Así, no se trata de que el joven pueda prolongar su etapa formativa mientras quiera
(sin límite de edad o de estudios a cursar), sino más bien el periodo necesario para finalizar
los estudios elegidos en un plazo prudencial, (no se exige aprobarlo todo pero sí un
rendimiento que demuestre que se aprovecha la formación).
En cuanto al acceso al mundo laboral, también ha de ser entendido de forma progresiva
y gradual, siendo conscientes de las dificultades de alcanzar un trabajo estable pero
también debiendo valorar la actitud del joven en la búsqueda y consolidación del empleo.
Ni cualquier trabajo es suficiente para relegar a los padres del deber de sostenimiento, ni
tampoco se va prorrogar esa obligación en los casos en que en realidad el joven no trabaja
de forma estable porque no quiere.
Estas circunstancias, que en muchas familias pueden parecer algo muy alejado de la
realidad, adquieren mayor importancia en el caso de padres separados y divorciados. En
estos casos, los hijos suelen vivir con uno de los padres, que es el que se encarga de su
sostenimiento diario y el otro contribuye al mismo mediante el pago de una cantidad
mensual, que es lo que se conoce como pensión de alimentos. Pero ¿hasta cuándo me
tiene que seguir pasando mi padre o mi madre la pensión por alimentos?. Esta duda se
plantea en muchas ocasiones en las que el padre o madre obligado al pago decide voluntariamente
dejar de abonar la pensión por considerar que ya no está obligado al haber
alcanzado el hijo la mayoría de edad, o bien haber comenzado a trabajar, aunque sea de
forma esporádica o precaria.
Pues bien, en estos casos, lo primero que debéis saber es que el padre o la madre obligado
al pago no puede decidir unilateralmente reducir o anular la pensión por alimentos,
sino que, si considera que han cambiado las circunstancias (el hijo ya trabaja, ha acabado
sus estudios, tiene algunos ingresos...) debe solicitar del juez que fijó la pensión que
le reduzca o anule la misma y éste, valorando todas las circunstancias, decidirá una cosa
u otra. Lógicamente, en ese procedimiento existe la obligación de escucharos a vosotros,
para que podáis plantear lo que creáis más justo.
En definitiva, como véis, se trata de encontrar en cada caso una solución que se adecúe
a las circunstancias de cada uno de vosotros, y que os garantice en todo caso una
igualdad de oportunidades a la hora de poder alcanzar una formación completa y una
inserción laboral, sin que ello suponga hacerlo de forma abusiva a costa de vuestros
padres. Y, en caso de no hallar esa solución, os aconsejamos que busquéis la mediación
de personas que os puedan ayudar a llegar a un acuerdo. En última instancia, para los
casos de imposible solución pacífica, siempre os queda la posibilidad de exigir el cumplimiento
de vuestros derechos ante los Juzgados y Tribunales.
DÓNDE ACUDIR:
Iván Sanz Burgos
Abogado
■ Asesoría Jurídica para Jóvenes del CIPAJ y de la Universidad. Casa de los Morlanes.
Pza San Carlos nº 4. Tel. 976 721 818. juridicacipaj@zaragoza.es
■ Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna s/n. Edif. Residencia de profesores,
planta 4ª dcha. Tel. 976 761 356.