PROYECTO ANTICORRUPCIÓN Nº 38 - Junio de 2014

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formal ante la autoridad o funcionario público de
la institución de la cual desee obtener información.
La primera forma de acceder se encuentra
relacionada a lo que se denomina “transparencia
activa”. Esta consiste en que los órganos de la Administración
Pública tienen el deber de poner a
disposición del público en general y de manera
proactiva, mediante sus portales electrónicos, determinada
información actualizada (por ejemplo,
organización, funciones, marco normativo, etc.).
Por otra parte, la segunda forma de acceso a la
información ya mencionada, se encuentra vinculada
a la “transparencia pasiva”, la cual consiste en
brindar a los ciudadanos la información de actos
y resoluciones de los órganos de la administración
estatal que aquellos soliciten por propia iniciativa.
Según nuestra legislación, cuando un ciudadano
realiza un pedido de información, la unidad receptora
de la entidad debe dar respuesta a dicha
solicitud dentro de los siete días útiles siguientes.
II. El derecho de acceso a la información pública
en el ordenamiento nacional e internacional
El acceso a información pública constituye un derecho
fundamental que se encuentra contemplado
en nuestro ordenamiento jurídico interno en
el artículo 2° inciso 5 que establece lo siguiente:
“Artículo 2°.-
Toda persona tiene derecho:
(…)
5. A solicitar sin expresión de causa la información
que requiera y a recibirla de cualquier
entidad pública, en el plazo legal, con
el costo que suponga el pedido. Se exceptúan
las informaciones que afectan la intimidad
personal y las que expresamente se excluyan
por ley o por razones de seguridad nacional.
(…)”
En nuestro ordenamiento también se ha previsto
el proceso de Habeas Data como mecanismo
de garantía. Se trata de un proceso constitucional
cuya finalidad es la tutela jurisdiccional del derecho
de acceso a la información. De esta manera,
Perú cuenta con un proceso judicial por el cual se
puede solicitar que se garantice el derecho de acceso
a la información cuando consideremos que
éste se ha visto vulnerado. Este proceso constitucional
se encuentra previsto en el artículo 200°
inciso 3 de la Constitución:
“Artículo 200°.-
Son garantías constitucionales:
(…)
3. La Acción de Hábeas Data, que procede
contra el hecho u omisión, por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona,
que vulnera o amenaza los derechos a que
se refiere el artículo 2°, incisos 5 y 6 de la
Constitución.”
Asimismo, este proceso de garantía constitucional
se encuentra desarrollado, en sus aspectos
procesales, en título IV del Código Procesal
Constitucional (Ley N° 28237).
Por otro lado, en el plano internacional este derecho
se encuentra reconocido a través de diversos
instrumentos internacionales de los cuales el Perú
es parte. Así podemos encontrar este derecho
plasmado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos que en su artículo 19° señala que:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión.”
De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos indica lo siguiente:
“Artículo 19°.-
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus
opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad
de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo
2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas
por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el
orden público o la salud o la moral públicas.”
Asimismo, con un contenido muy similar al del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención Americana de Derecho Humanos
contempla este derecho en su artículo 13:
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de
Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores,
las que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o
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