ESPACIO DE BIENES COMUNES

En relación a las Semillas Criollas, se plantea que “es
facultad del INASE regular la producción y el comercio
de semillas de las especies nativas y criollas”. Resulta
absolutamente inadmisible que el INASE pretenda
arrogarse esta regulación, ya que la misma es parte de
un derecho consuetudinario de los pueblos. Cualquier
tipo de injerencia o intento de regulación no hará más
que limitar procesos sociales complejos y dinámicos que
siempre han conducido al incremento de la
biodiversidad agrícola.
El capítulo de Agricultura Familiar y Pueblos Originarios
se introduce para poder aplicar las “excepciones”
planteadas en el art. 32 y parece ser el consuelo para
que los agricultores familiares acepten la normativa.
La Ley plantea además que “no está permitida la
semilla de uso propio en los términos de este artículo en
los grupos de especies frutales, forestales y
ornamentales, ni en variedades sintéticas, multilíneas e
híbridas”. Estas limitaciones, que incluyen en el punto
variedades sintéticas a los transgénicos, demuestran
que la intención es garantizar el control corporativo
sobre las semillas más allá de la declaración de
“excepciones”.
La definición de agricultor familiar como “todo aquel
que se encuentra inscripto en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar del Ministerio” implica dejar en la
clandestinidad a todo agricultor no inscripto y
susceptible de ser sancionado o perseguido por el no
cumplimento de la Ley. Esto también incluye el simple
hecho de intercambiar semillas no certificadas.
Mientras la Ley desarrolla ampliamente el
funcionamiento del Sistema de Registro y Control, el
“Sistema de Semillas para la Agricultura Familiar y
Pueblos Originarios” queda sujeto a ser desarrollado
por el INASE en el futuro.
El camino es uno solo y los pueblos de
América Latina y la CLOC-Vía Campesina
lo han marcado claramente en la última
década: las semillas son un Patrimonio de
los Pueblos al servicio de la Humanidad y la
única alternativa frente a las Leyes de
Semillas es resistirlas e impedir su
aprobación. Su aprobación en Argentina
legitimaría el intento del gobierno nacional
de profundizar el modelo del agronegocio,
que comprende el exterminio de los
agricultores familiares y campesinos y
bastardea los términos de Soberanía
Alimentaria y Seguridad de los pueblos.
Hoy más que nunca es evidente
que la lucha debe continuar!
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