Límites a la capacidad para contraer matrimonio - Helvia

Límites a la capacidad para contraer
matrimonio
RAFAEl LINARES NOCI
Unl\crs1tlnd de Córdoba
A poco que se repare en ello, se aprecia
sin ninguna dificultad que los planteamientos
y soluciones que ofrece el
Derecho civil, respecto de las cuestiones
que suscitan las personas aquejadas
de deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales,
han sido siempre objeto de estudio
entre los civilistas.
Atención que el Derecho civil pre.lta
a estas personas que ha de entenderse
cuando menos lógica si se piensa que
las mismas han sido merecedoras en
todo tiempo de protección y tutela, y
muy especialmente lo son, por lo que
ahora nos importa, a partir del mandato
constitucional recogido en el art. 49 de
la C. en el que se dispone que: «Los
poderes públicos rc;1lizarán una política
de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestaran la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente
para el disfrute de los derecho ~ que
este Título otorga a todos los ciudadanos».
Disposición constitucional que
además ha dado lugar a una reforma de
las leyes civiles existentes en la matena,
ante la necesidad de acomodar estas
a aquella, lo que revela la trascendencia
que hoy día tiene, más allá de
los estrictos límites sanitarios, la salud
y en particular la salud mental. en cuanto
derecho del ciudadano que encuentra.
como se ha visto, un rcconncimicnto
cunstitucional.
Tudo lo cual ha de entender:,c lógico
si se repara en que en defi nitiva la persona
es el centro de toda nonna jurídica,
y que a la postre el hombre y la vida
social constituyen la razón de ser del
Derecho, que no existirfa como tal ~i n
aquellos presupuestos que son su punto
de partida y de llegada. y sin Jos cuales
difícilmente podría cumphr su función
de instrumento para una organización
justa de la convivencia.
Asf pues. reconocida la importancia
de la ~alud, y por lo que ahora no> importa
de la salud menta l. nuc tras leyes
se han reformado en el sentido de buscar
un mayor acercamiento a los sujetos
psfquicamcnte débi l e~. como se puede
desprender del contenido de los ans.
199 a 214 del C.c. (leer algunos), o bien
en el sentido de e~ t ablcccr un procedimiento
declarativo tipo en materia de
i n~apacitac ió n , rodeado de todas las
garantías necesarias, al afectar a una
cuestión tan esencial de la persona.
En esta nuc\'3 línea de modemización
legislativa se ha desterrado el viejo
principio de la absolutH incapacitación,
estu es de la total incapacidad del
sujeto incapacitado; dirección legislativa
que se encuentra en sintonía con el
413

' En esa linea DE CASTRO Derecho
CÍ\11 de España. rccd. con¡wtlll
de ht' e. 40 y
S>.
'Ver al respecto DI! CASTRO. Op.
Cit pág.,, 74 y >s. en las que se cnumerancnmoe.lta.do>
ctvile5 loscitd
dos. > >e llega a nfmnar que fuera
de esto< cMns no puede hablarse de
situaciones de estudo civtl. lo< d~m.'l<
supuestm mn COJIOnale• o cualidades que c'lán >ometidas
a rObre el
ejercicio. cficacta y pruciJ:• y no :1
In.~ propias del emtdo civil, nún cu;~n ­
do reconoce. fáci l >cfiulur
cual M:a el número de esrado~ reconocidos
en una Jegblnción. porcuan-
10 >u exi>tcnc1:1 depende sobre 1odo
de como ~~:ca vnlornda la ituación
¡x:"'onul en loo dtstmlos tiempos y
lugarc< • ALBALADE.IO. Derecho
civil. T. l. Vol. J•. Jmroduc•1ón y p.1rle
general. Ed. Oosch. Barcelona.
1 .989. ¡.ag•. 237 y '•
tiene distintos sentidos, por cuanto como
se ha dicho varias on las cualidades y
la siruación de estado que cada persona
liene, que a su vez delerminan la validez
y eficacia de sus actos jurídicos en
la medtda en que dicha silUación de estado
influye y califica su capacidad de
ohrar que no en ningím caso la jurídica'.
Asf nos encontramos que en nuestro
Derecho se encuentran generalmente
admitidos como estados civiles: el
matrimonio (viudez o divorciado), el de
solrería, el de fili ación (en sus diferentes
variantes matrimonial, cxtramarrimonial
y adupliva), nacionalidad, vecindad
civil. mayorfao minoría de edad
(y aquí según que el sujeto se encuentre
o no emancipado en alguna de sus diferentes
fom1as) y el de dependencia o
independencia de la persona según se
encuentre o no incapacitada o tenga limitada
su capacidad 2 • Ahora bien, aún
cuando e puede mantener que lodos Jos
esrados c i vi le~. sirven para determinar la
capacidad general de obrar del sujero.
no se puede deJar de reconocer\ que
unos tienen sobre esta mayor incidencia
que otros; y así nos encontramos con
que mientras la nacionalidad y el matrimonio,
por ejemplo, tienen una mayor
innucncia en el campo de los derechos
y deberes que confieren, y no tanto en
la capacidad de obrar del sujero, olros,
como es el caso del esrado civil de incapacitado
inciden principalmente en la
capacidad de obrar de aquél.
Cemrándonos en 6 1c último aspecto
nos e nco n r ramo~ wn que la ley de 24
de octubre de 1.983. dando respuesJa al
•·u~ovlt.u
....VI o.:tul\.1 ... 1\,IIIW , i''"''"" UJ IU IVducción
o limitación de la capacidad
general de obrar de la persona pard el
caso de que en la misma concurra alguna
de la causas que la propia ley contempla
en su art. 200 del C.c., de manera
que de darse esa concurrencia y a través
del previo y oportuno procedimiento
establecido al efecro y mediante el
fallo judicial que declare al sujelo incapaz,
se fijará su nuevo estado civil de
incapacirado, que supondrá, en todo
caso, una disminución de su capacidad
de obrar, si bien esto, no necesaliamen-

te idéntica en todos los casos, por cuanto
la misma, abstracción hecha de cual
haya sido la causa determinante de la
incapacitación. tendrá que ser, así lo establece
el art. 21 O del C.c., graduada por
la autoridad judicial de la que haya emanado
la sentencia incapacitadora, lo que
supone que al menos en principio. para
determinar la eficacia de lo actos llevados
a cabo por el incapacitado. habrá
que atender así los mismos se han desenvuelto
dentro de la esfera de actuación
juridica, que pese a su incapacitación
este aún conserva, por no haber
alcanzado a la misma el recorte que,
respecto de su capacidad de obrar la sentencia
en cuc tión haya establecido'.
Sin embargo, el planteamiento expu
c~l o no resulta compartido por todos
los autores, pues para algunos de ello ~
el estado ci1•il, no es el detcnninante de
la capactdad general de obrar del sujeto,
sino que esta viene e>tablecida. viene
determinada. por la aptitud natural
de la persona. pues entienden que la ley
regula la capacidad de obrar de la persona
en atención fundamentalmente a
presunciones que se basan en la idoneidad
psicológica natural de ésta. De manera
que para quienes defienden esta
postura, de la llamada incapacidad natural.
o también de la orientación jurídico
realista, no existe más incapacidad
que la que viene justi ficada por la propia
realidad subjeti va de la pcrsoua incapaz.
Conforme a ello, en ese planteamiento,
la incapacidad sólo depende de
la ineptitud natural del individuo para
autogobernarse y no de su estado civil.
ni de su constatación jurídica, en el bien
entendtdo que ello no stgmttca mantener
la teoría del status natural, pues no
se debe olvidar que es la propia ley la
que, al establecer las causas que impiden
ese autogobiemo, está reconociendo
en la enfermedad o de ficiencia su
vinualidad incapacitanle. De tal manera
que en vinud de ese reconocimiento
legal, esas causa~ que impiden al sujeto
gobernarse por sí mi~mo tendrán desde
un punto de vista jurfdico las mismas
consecuencias para el sujeto que ya tenían
de hecho, por lo que el que la intervención
judicial sea necesaria (proccdimiento
) sentencia de incapacitación)
no quiere decir que la mi~ma sea
constitutiva. sino que -.erá de me m comprobación
o verificación de la e,Ustencia
de una causa o si se prefiere de una
situación de hecho determinante de la
incapacitación: valor con>titutivo que si
adqutere la sentencia de incapacitadón
en lo referente a pro' cer al int que
se coloca al incapaz y «erga omncs• en
una nueva situación jurfdica, si bien e~
verdad que la total eficacia de c.-.ta nueva
situación jurídi.:a. y ~:on el lo lo que
se pretende es garantizar la seguridad
del trálico jurfdico. se alcanza con la
inscripción registra! de la incapac idad
y de su consiguiente publicidad respecto
de tercero•.
Asf. desde el punto de "ista últimnmeme
expuesto resulta que, al tener la
sentencia de incapacitación un car.ktcr
meramente declarativo, todos Jo~ actos
que realice el incapaz, tamo los anteriores
como los posteriores a dicha sentencia,
tendrán la con~ i deractón de anulables;
en definili\ a se debe entender que
los actos amerior~ a la dcm[onda de incapacitación.
o en au encía de .:; la, hJn
de considerarse anolabks siempre. claro
está, que la incapacidad de hecho sea
notoria o conocida por el que la dec lara,
lo cual ocurrirá cuando la misma, C>
decir la incapacidad de hecho, pudiera
adv.:rlirla una persona cou llil igcn.: ia
normal. Y ello, se argumenta, entre utr:ts
razones, porque si los actos del declarado
incapaz son constderados anulable".
no existe razón alguna pam pensar que
todas las actuaciones del no declarado
mcapaz. necesanamente han de ser nulas
por no contar con los presu pues t o.~
necesarios para su validez, como ~on:
conocimiento y voluntad. D.: a~:uenlo
con lo dicho resulta evidente que para
los seguidores de esta última teoría la
actuación del incapaz. incapacitado o
no, se encuentra sujeta a un mismo régimen
de ineficacia en la medida en que
In situación real básica de la que panan
coincida, de manera que el que la incapacidad
del sujeto no haya sido declarada
judicialmente incidirá sobre todo
en lo referente a la prueba de la posible
' En ese .cooido ALBALDEIO
Op Col p~gs 266 y s.s
' E"' e:. el •OISOdcC' ASTAN TOBE­
ÑAS. !Xrechoco,il e,pañol Común
> forul. T 1 Vol U. Ed. REus. Madnd
, l984 . p:lg~ 164 ys.' - Ent5:1
oru, m.o hnd_. y "'tab•­
hdr.d en lo> conlr:Uo> Ed. Tccoos.
Morlrir. 1986. pág' 83 y S>
A,( lo eutieodc GORDILLO CA­
NAS. Op. C'u p5g ~ 77 y' ' ·
415

' DE CASTRO. Op. Cu. pág;. 292 y
.s .. · ALBAI.ADEJO. Op. Cu. p~g s.
266 y"·
' Asf DE CAS1 RO. Op. Cu. p~gs.
292 y s' .- ALBALADEJO. O p. Ci1.
pág>. 268 y "· .• OIEZ-PICAZO.
ComenlariO> a los arls. 199 y sigu1cn1cs
del Código civil, en ConM:n·
lario; a la. refonnns de nncionnlidnd
y 1utcln. Ed. 1i:cnos. Madrid. 1.986.
págs. 117 y s, .. donde "'puede leer:
«L!l mcap:u .. ,cactón e\ unn categoría
de producc16n JUdiciAl. No hoy incap3Cllacu)n
si no hlly unn dcci~ióu
JUdic.al que cree In ' ilunción jurfdicn
y el c.~t latuto de pl't ~onu incapaciwclo
Ello conllevo una diferencia
.!IU\Inncml entre la.!!J>ChOtUh incapttcitada
~ en sentido prnpio y genuino
··JUdlcialmemc incnpacitada>- y la>
pcr"'""' de la< que puede predicarse
unu in cup..1~.:u.l.1d nnturnl o. t·omo a
vccet:O "e ha llamado, una inc:tp:u::idud
pnm comprcmlc1 y para querer.

cia de incapacitación y que e aquella
que permi te al sujeto realizar actos
pcr>onalí;imos que por tal razón en
modo alguno puede el tutor celebrar por
~ 1 y que él si puede realizarlos vá lidame
nte siempre claro está que 1eng:1 el
entendimiento y voluntad necesarios
para llcvarlm a cabo.
Ahora bien en todo este planteamiento
no e puede olvidar que para el nusmo
la sentencia de incapacitación tiene
un valor constitutivo (a mi modo de ver
del estado civil de incapacitado) y por
lo mismo los actos realizados con anterioridad
a ella, por el ahora incapacita·
c.lo, ;cr(in en principio perfectamente
válidos, por cuanto se pane de que lo>
efectos de la incapacitación han de entenderse
producidos desde la sentencia
en tal sentido, sin que quepa por t:mto
retrotraerlo> al momento en que se presentó
la demanda solicitando la incapacitación;
válidos claro, salvo que se demuestre
que el acto en cuestión se realizó
careciendo el sujeto del entendimiento
y volumad necesarios para llevarlo a
cabo. en cuyo caso el acto será nulo y
no anulable'", pero no porque se haya
realizado por un sujeto que resulta posterionnente
incapacitado. sino porque
con independencia de esto, en el momento
de emitir su declaración de voluntad
no reunía los requisitos antedichos;
de donde se desprende «a sc n~u
colllrario• que aún cuando el sujeto
mayor de ed:td se encontrara en una situación
de trastorno mental permanente,
al presumirse respecto del mismo, por
no estar incapacitado, su plena capacidad
de obrar (art. 322 del C.c.), el atto
habrfa de considerarse válido ~ i se realizó
con lus requisitos de entendimiento
y voluntad adecuados.
En definitiva pues. si mediante la
sentencia de incapacitación se entiende
que el Sujeto cambia de estado civil
(pasa a tener el de incapacitado) y por
ra?.ón del mismo se produce un recorte
en su cnpacic.lad de obrar. deber~ entenderse
que respecto de aquellos actos que
el sujeto pretende celebrar o de hecho
celebre, en esa esfera que le ha sido recenada
de su capacidad de obrar. faltará
el presupuesto general de eficacia de
los mi mos (la capacidad de obr:u- del
sujeto) con lo que en cualquier ca~o estos
podr.ín ;cr impugnados, bien por el
rcpre;entantc legal del incapacitado,
como por él mismo cuando deje de
eslarlo (ans. 1.263.2 y 1.301 del C.c.):
m1pugnabilidad o anulabilidJd, como se
prefiera. que ~e encuenll a ;u jeta a las
reglas ge nemlc~ prcvi>ta~ en los arts.
1.300 y ss. del C. c .. con la peculiaridad
recogida en el art. 1.304 del C.c .. y pueslO
que aquella !.e e lablcce para proteger
al mcapacitado, baMa para con~cguirla
aportar el fa llo judicial pur el que
se dicta la incapacitación; fundamento
c~tc que >10 embargo no es suficiente
para pre umir la nulidad de tales actos.
pues para ello seria necesario además
demostrar que el acto concreto 'e realizó
fallándole ¡¡ la persona el entendimiento
y la voluntad necesarios para el
mismo. En el bien entendido que el Código
en su art. 2 12 permite que la sentencia
de incapacitnción pueda resultar
modificada o revocada pero necesariamente
ello a tra' és de una nueva entencia.
en la que se modifique el alcance
de la anterior o se la deje sin efecto
alguno. pennitiéndose asf adaptarse a las
nueva; circunstancias de la enfermedad
incapacitante, pero ha,la tanto la nueva
scmencia no se dicte. el cslIO> y ello con
independen ia de que hubiesen variado
las causas que la mo1iva10n
Asf puc~, ~i de un lado la Con~ ti lución
española a trav6 del principio de
dignidad c.lc la persona que recoge su art.
LO. impide que una serie de derechos
fu ndamentales en ella reconocidos,
como el derecho a la vida, a la ~a l ud, a
la libenad de ex p rc.~ió n cte. puedan ncgar;e.
ni aún C>l. 266) .-.
417

418
tiva carencia. sin que ello suponga negarles
derecho a participar en la vida de
relación en la medida precisa en que lo
puedan hacer con dignidad e idoneidad.
resulta evidente que la función de éstos
(tutores) como representantes legales de
los incapacitados no es la de sustituir a
estos en la total idad de su esfera jurídica
sino mas bien el de protegerles de
posibles perjuicios en su actividad
negocia!, por lo que respecto de actos
que no sean patrimoniales de extraordinaria
administración cabría hablar de
anulabilidad y en el ámbito de los actos
personalísimos, la regla debe ser la de
consentir al incapacitado actuar él tantas
cuantas veces el acto resu lte idóneo
para satisfacer un interés relevante y que
el tutor no puede realizar en su nombre
·y tal cosa es lo que sucede con el matrimonio
(at1. 56.2 del C.c.), el reconocimiento
de hijos C)(.lrmnatrimoniales (art.
12l del C.c.) y el testamento (art. 665
del C.c.)
Centrándonos en el matrimonio señalar
que no parece en principio que la
incapacidad de entender y querer lleve
aparejada necesariamente la idea de que
dic has personas carecen de capacidad
de amar. por lo que anclarse en la solución
rígida de no permitirles contraer
matrimonio supondría vulnerar en todo
caso su derecho fundamental a contraer
matrimonio. e incurrir en posible contradicción
de negarles el «ius connubii»
y sin embargo admiti r su convivencia
de hecho con carácter estable, por ello
parece lll

ece configurada como un presupuesto
de la válida celebración del mi mu, razón
por la cual se establecen u no~ límites
mínimos de edad para contrderlo. por
cuanto se con idcm que al alcanzarlos
¡,e tiene la rnadurc7 necesaria para emitir
la declaración de voluntad en fo rma
deliberada y consciente, y al menos se
cuenta con una noción. aunque ;ea básica,
de lo que es el matrimonio.
Es más, prác tic~mcnt c la generalidad
de la doctrina se muestra partidaria de
la po ·ibilidad de celebrar el matnmonio
en intervalos l(tcidos a raíz de que
la reforma de 1.981 recoge el reconocimie
nto const itucional del «ius
connubii», establece expresamente en su
llrl. 45 del C.c., el principio consensualista
y ofrece salidas. lo que antes de
la refonna no ocurrfa. para el caso de
que se produjera una falta de aptitud en
el sujeto con posterioridad al momento
de la celebración del matrimonio. al
entender que la misrn:t constituye confonne
al art. 82.4 del C.c. una causa de
separación que posteriormente el art. 86
del C.c. se puede convertir en divorcio
y que incluso posibilita que el error en
las cualidades esenciales de la persona
pueda alegarsc. de acuerdo con el arl.
73.4 del C.c., como causa de nulidad.
sobre todo al afectar al consentimiento.
En resumidas cuentas, pienso que el
consentimiento prestado por aquella
persona que aún padeciendo de hecho
alguna perturbación mental. y con independencia
de cual sea la causa que la
provoc¡uc, puede entenderse con suficiente
aptitud para contraer validamente
matrimonio siempre que en el momento
de prestar el consentimiento matrimonial
la misma reúna la aptitud requerida
para ello, esto es. tenga la suficiente
capacidad de entender y querer. por
cuanto hemos partido de la consideración
de que en el matrimonio no se requiere
una aptitud inferior a la necesaria
para prestar el consentimiento en
cualquier otro negocio jurídico bilateral,
sin perjuicio de que con posterioridad
a la celebración del matrimonio y
como ya se ha setialado, lo. contrayentes
puedan pedir la separación matrimonial
de acuerdo con el art. 82.4 del C.c.,
y po teriom1ente el di\'orcio confom1e
al art. 86 del C.c .. obten solicnar la nulidad
del matrimonio por falta de consentimiento.
pero no por incapacidad,
pues en definitiva en ningún precepto
s-e hace referencia a la capacidad para
contrnerlo (arts. 45,73. 1 y 73.5 del C.c.
Lo dicho res¡x."Cto del sujeto incapaz
no incapacitarlo cabe decirlo tgualmcnte
del que lo esté. pue' en ambo~ ~u ­
puestos, considero e ha de ent

420
la falta de aptitud en el mismo para emitir
el consentimiento matrimonial, ni, es
111ás. en general la falta de entendimiento
y voluntad. pues si se recuerda el planteamiento
que hemos vemdo defendiendo.
[N.'ltr }•., l>i>Orla
que se ha rechazado pre\'iamcnte, la de
la capacidad natural, cuando además
como ya se ha dicho. en la esfera de
capacidad de obrar que recona la sentencia.
no caben de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 1.263.2 del C.c. los intervalos
lúcidos.
Con más claridad a lo que el an. 56.2
de l C.c. efectivamente se está refiriendo
es a aquél sujeto que de hecho sufre
algún tipo de penurbación y ad mite la
posibilidad de que éste pueda celebrar
validamcntc su matrimonio si al momento
de prestar el consentimiento matrimonial,
tiene, por encontrarse en un
momento de lucidez, el entendimiento
y la voluntad suficientes como para
emitirlo valid:unente y ello con independencia
de que la persona esté o no incapacitada,
ya que la incapacitación nunca
puede reconar esa esfera de capacidad
de obrar que queda reservada en
todo caso al sujeto y que sólo por él se
puede prestar el citado consentimiento
matrimonial, esto es, nos encontramos
ante un acto que no admite representación
y por lo mismo no pllCde encomendarse
su realización al tutor, con lo que
es evidente que lo que importa para determinar
~u validez es si en ese momento
el sujeto reunía las condiciones necesarias
para prestar el consentimiento
matrimonial.
En lo que se refiere al examen médico
exigido por el art. 56.2 del C.c .. el
mismo no debe entenderse como vinculallle
para el funcionario autorizante del
acto aunque eso sí habrá de tenerlo en
cuenta a la hora de formar un criterio
sobre la aptitud o no del sujeto para
emitir un consentimiento válido para
rcumr las condiciones necesarias de entendimiento
y voluntad; pues bien la
razón del planteamiento expuesto respecto
del alcance que ba de darse al dict
am~n del facultativo, se encuentra en
que pese a imponer el art. 56.1 del C.c.,
el deber de tramitar el expediente previo
a la celebración del matrimonio, en
que está incluido aquél dictamen. el art.
65 del propio Código aclara la trascendencia
de dicho expediente para la ccl
... ü · ~"'· 'v, • .;.. ¡,, ,~~.u;, , ,v,,iv ... u ~•..Jv rJJ •w 't\..-
la validez de este pese a la inexistencia
de aquél. De donde resulta que los únicos
requisitos realmente exigidos para
la plena validez del matrimonio, y a
pesar de ser este un negocio formal en
el que la no observación de esta produce
su nulidad, se concretan en que el
consenti miento se manifiesta válidamente
por los contrayentes mlte el funcionnrio
cn~a rgado del Registro Civil y
los testigos hábiles, como se desprende
de los arts. 78, 73. 1 y 3 del C.c .. sin que
el incumplimiento de lo dispuesto en Jos

citado' :trlículos del Código ~ ~ u s
conconl:mtes del Reglamento dd Registro
Ch il determinen >u invalidez.
Razones todas que de un lado llel'an
a entender que el dictamen al no \cr
l'inculante en ningún Ujctt• en ese dtctamen e~o nn qu te1r
decir necc,ariamente que con po~ter ioridad
no falte, o al cuntr:nio. que n..:gada
la aptitud. en un momento po'tcrior
el sujeto tenga un intcr\'alo de lucidez
suficiente pJTa prestar el con,entimiento
con\cicntc. Es m:b. como 'etiaJ,t Jlgtín
autor' .,i el referido dtct.1men ,njn 'i.:ndo
negati1 o' me u lara all unCionario que
autoriza el acto . .:'e qu.:daría 'lhllttndt1
por Otrl per ona (el faeult,lli\ O) en \U
función caliticadora per,onal e mclu\0
se ,·utneraría la recomcndJctón de la
c.t.E.C.
\ t R.'\I.ADIJO. Cur''' ol..' r>tred~~ei\Jt
l 1\.'.Dcl