6 - Contexto de Durango

SABADO 06 DE OCTUBRE DE 2012
OPINION
MÉXICO NECESITA UNA REFORMA LABORAL
Manuel Clouthier @ClouthierManuel
LOCAL
WWW.CONTEXTODEDURANGO.COM.MX
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Hemos dicho que “el nombre del
juego” para el próximo sexenio se
llama inversión. Es la inversión,
sea pública o privada, nacional o
extranjera, la única que genera empleo y crecimiento
económico.
Los gobiernos no son los generadores de
empleo, sino de condiciones que promueven
la inversión. Así pues, una reforma laboral es
parte la creación de condiciones que hagan de
México un país atractivo y confiable a la inversión
productiva, para que se generen los
empleos que nuestra población necesita.
El régimen post revolucionario de partido de
Estado tomó como uno de sus pilares al sector
obrero. Este régimen corporativista y paternalista
funcionó en un país con 40 millones de
habitantes, una población principalmente
rural, con crecimiento económico durante el
desarrollo estabilizador y con un “pastel” que
alcanzaba a repartirse, otorgando privilegios y
concesiones irresponsablemente a los diferentes
sectores de la población con el objeto de
mantener, decían, la estabilidad social y la
cohesión del régimen.
Así las cosas, se creó una ley y una cultura
laboral paternalista con el empleado, y también
el frankestein del sindicalismo oficial
mexicano que tiene más tintes políticos que
laborales, al tiempo que genera grandes distorsiones
económicas y pasivos contingentes.
En los órganos de justicia laboral proliferó una
gran corrupción política y económica.
Esta ley anquilosada no está acorde a la
nueva realidad económica, política y social del
país, y afecta la competitividad.
Por todo ello es necesaria una nueva ley laboral
que flexibilice las formas de contratación
como existe en todos los países competitivos.
Debe poder existir contratación a prueba, por
horas, de medio tiempo, eventual, para que se
trabaje desde el hogar, vía outsourcing,
etcétera, según la naturaleza del trabajo.
Esta reforma debe obligar a la transparencia
y rendición de cuentas de las cuotas sindicales
y, por supuesto, al fortalecimiento de la
democracia sindical (voto libre y secreto) con
penas severas a quien viole estos preceptos.
Debe motivar que las demandas de titularidad
de contratos colectivos y los de huelga se
resuelvan de manera expedita para que perjudiquen
lo menos posible a las empresas,
fuentes de empleo.
También una nueva ley debe acabar con la
acción corrupta de autoridades laborales que,
en colusión con los abogados, dilatan los
juicios para crecer el monto vía salarios caídos
y repartirse el botín. Con esta práctica, por
ejemplo, se ha saqueado el patrimonio de la
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Una ley laboral no debe penalizar la creación
de empleo formal y sí promover la formalización
del empleo del sector informal de la
economía, a través de dar facilidades legales
para ello. También se debe distinguir entre el
trabajo eventual urbano y el rural que tienen
claras diferencias marcadas por su realidad.
Una ley laboral debe también tratar el tema
del gobierno como principal empleador del
país, y transparentar los salarios de funcionarios
públicos, obligando a éstos al pago de
impuestos, al reconocimiento de los derechos
del trabajador al servicio del Estado, aunque
éste no sea sindicalizado, y regular adecuadamente
las pensiones de la clase política que
hoy goza de gran sesgo discrecional.
En fin, ante la necesidad de una verdadera
reforma laboral, me atrevo a citar parte del
discurso que pronuncié el pasado 15 de marzo
en el IFE:
“Hemos venido hoy a recordarle a la clase
política y al país la trascendencia y el sentido
de urgencia del momento: los jóvenes y los
pobres de México demandan un país con las
oportunidades a las que tienen derecho, pero
que se las han negado por la acción de los corruptos,
los perversos, los ineptos y los
pusilánimes. Ya no es tiempo, mis amigos, de
seguir tomando los calmantes del gradualismo.
Ahora es tiempo de hacer que las promesas
de la democracia sean reales y útiles al
pueblo”.
La actual discusión y dictamen de la reforma
no logran avances en todos estos temas, por
lo que esperamos que en el Congreso de la
Unión, la soberbia priísta, la pusilanimidad
panista y el atraso ideológico de la izquierda
sean superados con generosidad y visión de
largo alcance por el bien de México.
OPINION
PRIMER PASO PARA UN NUEVO PACTO LABORAL
Luis Felipe Bravo Mena Ex presidente nacional del PAN
Finalmente, después de más de cuatro
décadas, la clase política del
país decidió meterle mano a la
antigua y sacrosanta Ley Federal
del Trabajo.
Un ordenamiento que data del último tercio
del siglo pasado, cuando la época de oro del
viejo régimen ya comenzaba a mostrar claros
signos de decadencia, pero que en su momento
se dijo que representaba la renovación del
supuesto pacto histórico de la clase trabajadora
con el sistema político autoritario; sobre
todo después del respaldo que los hieráticos
líderes del sector obrero del PRI le habían dado
a Díaz Ordaz en la represión a la protesta estudiantil
de 1968, sellada con la sangre derramada
en Tlatelolco hace 44 años.
En todos estos años, alrededor de 500 iniciativas
de reforma a dicha ley, de distinto calado
y tendencia ideológica, se presentaron en el
Congreso. Ninguna prosperó. Todas fueron
engavetadas en la congeladora. Los intentos
mas serios y articulados para actualizarla y
ponerla al día se han realizado durante las
administraciones de Fox y Calderón. En tiempo
del primero, el secretario del ramo, Carlos
Abascal, mediante un respetuoso diálogo, conducido
con talento y fina prudencia, entre los
sectores obrero, patronal y con los partidos
políticos se llegó a configurar un proyecto de
reforma que se hacía cargo de las profundas
transformaciones que habían ocurrido en la
economía mundial y nacional. Hubo momentos
en los que se pensó que la reforma se
lograría. La mediocridad política de la oposición
y los intereses de los barones propietarios
de las organizaciones sindicales frustraron
aquel esfuerzo.
Con el presidente Calderón se retomaron los
trabajos. A su estilo, Javier Lozano se abocó a
deshacer los nudos que impedían la reforma.
El proyecto recibió el visto bueno de la bancada
diputadil del tricolor. De nuevo el medroso
cálculo electoral de ese partido aplicó la táctica
de Penélope: destejieron de noche lo hilado
en el día y todo quedó engarrotado para
después de las elecciones federales.
Calderón no dejó pasar la oportunidad, creada
por la rabona reforma política del año
pasado que instituyó la figura de iniciativa
preferente, para obligar al Congreso a discutir
el tema. No se sentaban aún en sus curules y
escaños los nuevos legisladores cuando ya los
esperaba una nueva propuesta de reforma
laboral. Ahora no pudieron sacarle al bulto
como lo hicieron sus predecesores.
Tirando a regular, los diputados ya hicieron
su chamba y ahora toca el turno a los
senadores. Una coalición plural de los
primeros aguantó las andanadas de una
reducida partida de vándalos con fuero que
optó por el radicalismo en un intento de
sabotear la votación.
El presidente Calderón felicitó a los diputados
por la aprobación de la reforma laboral
porque, dijo, “aumentará el empleo de
jóvenes y mujeres”. A su vez, el presidente
electo celebró la votación de los diputados
fundando su júbilo en que “contribuirá a la
generación de empleos y crecimiento
económico”. Los mensajes se dan en una singular
coyuntura política, inédita, de regreso
del PRI al poder y la salida del PAN de la
administración federal.
La alegría de ambos refleja con meridiana
claridad la zona estratégico-sustantiva en la
que dos fuerzas con proyectos ideológicos distintos
lograron ponerse de acuerdo para
remozar las añosas normas laborales. En esta
materia el alma del proyecto panista se podría
sintetizar en dos ejes: desarrollo humano
social-económico y democracia sindical. El del
priísmo de los últimos años podríamos verlo
sustentado en dos pilares: corporativismo
paternalista y crecimiento económico.
El punto en el que se alcanzó el compromiso
está a la vista: facilitar la creación de empleos
sin descuidar la protección de los trabajadores.
La gran asignatura que seguirá pendiente
es la democracia sindical, el respeto a la
dignidad de la persona en las organizaciones
de los trabajadores y la rendición de cuentas
de los líderes a sus agremiados.
Lo avanzado no es poco si pensamos que
para la aún vigente ley laboral la unificación
planetaria de la economía o globalización; la
revolución tecnológica e informática y su
impacto en ámbito del trabajo; el surgimiento
y consolidación de nuevos polos de poderío
económico en la cuenca del Pacífico; la
desaparición de los referentes clásicos de la
era industrial y el paso a la era de la información
y otros muchos fenómenos que nos son
cotidianos simplemente no existen. Era
urgente el cambio y se ha dado un primer
paso en la dirección correcta. Toca ahora a los
trabajadores desde su propio flanco derribar
el siniestro pacto del 68; es decir, dar la lucha
por la democracia en sus sindicatos y elegir
libremente dirigentes decentes.