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Política /Avisos
El Congreso aprobó en primera
votación reducir el IGV a 18%
fortalecer la lucha contra
la evasión tributaria y
ampliar la base tributaria,
pero que neutraliza los
e f e c t o s n e g a t i v o s
atribuidos al pago del
ITF.
Al igual que la medida
sobre el IGV, la exoneración
de la segunda
votación se definirá en
Junta de Portavoces.
Asimismo, se acordó
bajar el ITF a 0,005%. La
e x o n e r a c i ó n d e l a
segunda votación para
ambas medidas se
definirá en la Junta de
Portavoces
La Comisión Permanente
del Congreso aprobó
en primera votación la
propuesta del Ejecutivo
enviada con carácter de
urgente para reducir el
Impuesto General de las
Ventas (IGV) de 19% a
18%.
La iniciativa recibió el
respaldo de 24 legisladores,
y se precisó que la
e x o n e r a c i ó n d e l a
segunda votación se
definirá en Junta de
Portavoces.
Según informó Andina, la
iniciativa fue sustentada
por el titular de la Comisión
de Economía, Rafael
Yamashiro, quien recordó
que el Congreso anteriormente
puso en debate el
tema, pero no hubo
c o n d i c i o n e s p a r a
aprobarla en su momento.
Según dijo ayer el titular
de Economía y Finanzas,
Ismael Benavides, la
medida permitirá a las
familias peruanas contar
con más ingresos para
afrontar el aumento en el
p r e c i o d e a l g u n o s
alimentos.
REDUCCIÓN DEL ITF
Minutos después de la
decisión sobre el IGV, la
Comisión Permanente
también aprobó pasar el
Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF)
de 0,05% a 0,005% (90%
menos).
Según el Ejecutivo, la
medida resulta acorde
c o n e l o b j e t i v o d e
mantener los programas
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Pucallpa, viernes 11 de Febrero 2011
Columna
Jurídica
La Contaminación ambiental y la sanción penal
Por: Rosa Isabel Flores Chávez*
Los Derechos Humanos por su reconocimiento progresivo se dividen
en generaciones de derechos, sin que ello implique que el reconocimiento
de las nuevas generaciones de derechos sustituyan a las
primeras; así entre los Derechos de Tercera Generación se encuentran
los conocidos como Derechos de la Solidaridad o de los Pueblos que
contemplan cuestiones de carácter supranacional o universal como el
derecho a la paz y a un medio ambiente sano.
Su importancia amerita que estén consagrados en diversas
disposiciones y algunas convenciones internacionales. En nuestro
país el derecho a un medio ambiente saludable esta regulado como
uno de los derechos fundamentales de la persona en el inciso 22 del
artículo 2º de la Constitución Política del Perú, que establece que toda
persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo
libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida. Su protección puede hacerse valer
vía un proceso constitucional de amparo conforme a la regulación
prevista en el numeral 23 del artículo 37º del Código Procesal
Constitucional; pero también existe represión penal para quienes
infringen las normas sobre el medio ambiente que es materia del
presente estudio.
Como bien jurídico el ambiente es merecedor de tutela penal, ya que se
trata de un bien jurídico de especial trascendencia para la vida
humana, cuya protección resulta esencial para la propia existencia de
los seres humanos que en estos tiempos están siendo seriamente
amenazados, por lo que ante el fracaso de los medios de control social
extrapenales como el Derecho administrativo, se ha hecho necesaria
la regulación de su tutela en la vía penal, existiendo ahora un derecho
penal en materia ambiental, y como consecuencia de ello, un proceso
penal sobre dicha materia, sin dejar de lado el proceso constitucional;
sin embargo la sanción que en dicha vía se imponga, quizá no sea tan
ejemplarizadora como en la vía penal que conlleva la privación de la
libertad del infractor.
Los delitos ambientales están regulados en el Título XIII del Código
Penal, sancionándose con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa al que
provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones
de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la
atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o
subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño
grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud
ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad
ambiental (Artículo 304° del Código Penal), también se sanciona al
que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente,
establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda
perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la
integridad de los procesos ecológicos, en cuyo caso será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de cuatro años (Artículo
306º).También se sanciona penalmente al que, sin contar con permiso,
licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente,
destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras
formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones (Artículo 310º);
en ese mismo sentido, se sanciona al que adquiere, almacena,
transforma, transporta, oculta, custodia, vende, embarca, desembarca,
importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales
maderables protegidos por la legislación nacional, cuyo origen ilícito
conoce o puede presumir, caso por el cual será sancionado con pena
privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con
cien a seiscientos días-multa; la misma pena será aplicable para el que
a sabiendas financia dicha ilícita actividad, de modo que sin su
cooperación no se hubiera podido cometer el delito, sancionándose
además a quien las dirige u organiza.
La naturaleza de la infracción y su gravedad hizo que las conductas
antes mencionadas sean penalizadas, toda vez que el control y
sanción en otras vías no resultan ser las más idóneas para aminorar las
infracciones; en efecto, mediante la vía penal se busca sancionar con
penas de cárcel las conductas socialmente dañosas aquéllas que se
presentan como intolerables así como atentatorias a los intereses
sociales vitales para la colectividad, como es el derecho a vivir en un
ambiente saludable y a respirar aire sin contaminación que puede
dañar gravemente la salud y ocasionar la muerte. sin embargo; no
obstante la regulación penal de sanciones, también existen formas de
exclusión o reducción de las penas que señala el Código Penal para
quienes cometen delitos contra el medio ambiente, estando ello
regulado en el Art. 314-D del Código Penal, que se refiere a aquel que
encontrándose en una investigación fiscal, a cargo del Ministerio
Público o en el desarrollo de un proceso penal, proporcione información
veraz, oportuna y significativa sobre la realización de un delito
ambiental, podrá ser beneficiado con la reducción de pena al momento
de sentenciar, en las siguientes situaciones: evitar la comisión del
delito ambiental, promover el esclarecimiento del delito ambiental en el
que intervino; con su colaboración se logre la captura del autor o
autores del delito ambiental, así como de los partícipes. Menciona
asimismo la norma penal que este beneficio deberá ser concedido por
los jueces con criterio de objetividad y previa opinión del Ministerio
Público. Entonces, quien está inmerso en una investigación fiscal o en
un proceso judicial, podrá hacerse acreedor a la exclusión o la
reducción de la pena si proporciona información valiosa que permita
acabar con la criminalidad ambiental; de esta manera todos los seres
humanos estamos llamados a colaborar a favor de un medio ambiente
saludable, los que no estamos inmersos en procesos de investigación
ni judiciales, debemos denunciar conductas que dañan el medio
ambiente, y quienes se encuentren inmersos en dichos procesos
también deben denunciar y brindar información valedera, contribuyendo
así a aminorar su sanción penal o lograr que ésta no le sea
impuesta.
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