Nueva Izquierda Enero 20091

Ariel C. Armony y Cynthia J. Arnson
Introducción
gobiernos. ¿Cuál ha sido el impacto de la sociedad civil en los debates
sobre derechos socioeconómicos, la pobreza y la desigualdad ¿En qué
medida la presencia de la nueva izquierda en el poder plantea nuevos
desafíos para la sociedad civil en cuanto a la agenda social
Cláudio Gonçalves Couto (Pontificia Universidade Católicia de São
Paulo, Brasil) demuestra que, a pesar del ideario del PT favorable a la
participación y movilización popular, las formas mediante las cuales se
concreta la participación han arrojado resultados muy limitados durante
la gestión del gobierno del Presidente Lula da Silva. Subraya que un novedoso
instrumento de participación ciudadana en el proceso de toma de
decisiones—el conocido Presupuesto Participativo promovido por el PT
a nivel local—no pudo ser trasladado al plano federal. El gobierno creó
un mecanismo consultivo nuevo, el Consejo Nacional de Desarrollo
Económico y Social (CDES), para someter las propuestas de políticas
públicas a un proceso de concertación social antes de su introducción al
Congreso Nacional. Sin embargo, como explica Couto, la composición
del Consejo—la mitad de cuyos integrantes, nombrados por el presidente,
eran empresarios—no reflejaba la composición de la sociedad ni
la distribución de los diferentes sectores sociales. Más aún, las propuestas
del foro deliberativo debían ser giradas al Congreso Nacional, donde la
alta fragmentación del sistema político brasileño requiere que el presidente
negocie para lograr las mayorías suficientes para poner en práctica
su agenda, a veces reabriendo debates y decisiones ya tomados en el
Consejo. Todo esto contribuyó al “vaciamiento de poder” del CDES.
El caso uruguayo es semejante al brasileño en muchos aspectos: una
afinidad ideológica y política entre la izquierda en el gobierno y algunos
representantes de la sociedad civil organizada (especialmente en el
sector laboral); la creación de nuevos mecanismos para promover la participación
de los actores sociales en el debate sobre las transformaciones
sociales; y un mayor énfasis en la intervención y control estatal en el
campo social. Pero como señala Gustavo De Armas (Universidad de la
República, Uruguay) la llegada al gobierno del Frente Amplio liderado
por Tabaré Vázquez ha significado “un viraje—no radical, pero sí visible—“tanto
en el contenido de las políticas sociales como en la participación
de los actores organizados en los procesos de toma de decisiones
en el campo laboral. El gobierno creó una nueva cartera ministerial (el
Ministerio de Desarrollo Social) e inició un Plan Nacional de Atención a
la Emergencia Social (PANES), dirigido a los más afectados por la crisis
económica del 2002, época durante lo cual se duplicaron los niveles de
pobreza en el país.
Si bien los gremios y los sindicatos—los actores sociales más organizados
y vinculados al mundo de trabajo—tuvieron un mayor impacto en
los debates sobre las reformas educativas, de salud y de seguridad social,
el gobierno del Frente Amplio tuvo éxito en generar “escenarios o instancias
públicas y de amplia convocatoria”. A veces, según De Armas, la
dificultad de traducir los resultados de los debates nacionales en el diseño
de la política creó frustraciones para algunos actores. Sin embargo, la
participación de las organizaciones no gubernamentales en la prestación
de servicios sociales, incluido el PANES, no cambió sustancialmente:
mantuvieron su rol en la ejecución de proyectos con financiación pública,
a pesar de la orientación pro-Estado del Frente Amplio.
Para Guillermo Alonso (Universidad Nacional de San Martín,
Argentina) la política social se divide en tres subsistemas: servicios sociales
como la educación y la salud públicas; la seguridad social (jubilaciones,
pensiones y obras sociales); y la asistencia a la población pobre
y excluida del mercado laboral formal. Según Alonso, cada subsistema
involucra a diferentes actores de la sociedad civil y ofrece diferentes grados
de apertura para la actividad colectiva. En este marco, los que menos
pueden incidir sobre las políticas públicas son los que están excluidos del
mercado laboral formal. Alonso plantea que los procesos de descentralización
concedieron a los municipios un lugar central en la aplicación de
políticas asistenciales, convirtiendo el ámbito local en un espacio importante
de legitimación política.
Esta dinámica fue reforzada con la crisis económica del 2001-02,
cuando el país sufrió un nivel record de desempleo. La deslegitimación
de los políticos en general contribuyó a una fuerte apelación a la sociedad
civil para ayudar en la formulación e implementación de políticas
para responder a la emergencia social. Casi 2.000 consejos consultivos
fueron creados a nivel local para incidir en varios aspectos de la implementación
del programa asistencial Jefes y Jefas de Hogar, mientras que
el movimiento “piquetero” de desempleados parecía hegemonizar las expresiones
públicas de la sociedad civil. Entre 2003 y 2007, el gobierno de
Néstor Kirchner buscó profundizar la participación de la sociedad civil
en la recuperación económica, dirigiéndola a la gestión y al apoyo de
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