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- 5 -derechos antidumping definitivos, solicitados por la rama de la producción nacional colombianade aglomerados, con el fin de que se corrigiera oportunamente el daño que estabanenfrentando los productores nacionales por la práctica desleal alegada en las importaciones detableros aglomerados clasificados por las subpartidas NANDINA 4410.31.00 y 4410.32.00provenientes de Venezuela. Sobre el ofrecimiento de compromiso de precio, dicho gobiernoseñaló que al estar la compañía productora venezolana relacionada con la empresaimportadora colombiana, no se garantiza la corrección de la práctica desleal demostrada a lacual hace referencia el artículo 43 de la Decisión 456, en el sentido de lograr eliminar “el efectoperjudicial de dumping”. Señaló además que, conforme lo señala el artículo 44 de la Decisión456, “…la Secretaría no podría aceptar un compromiso que no es realista ni satisfactorio, yaque su verificación es imposible, por tratarse de empresas relacionadas, y el efecto de talnaturaleza que de lugar a un comportamiento diferente del que se espere de empresas novinculadas”;Que dicho gobierno solicitó un pronunciamiento rápido e imponiendo las medidas correctivas aque haya lugar, señalando que el plazo para el pronunciamiento había vencido en octubre de2005 y que no se habían aplicado medidas provisionales en lo que respecta a la NANDINA4410.32.00;Que, la República Bolivariana de Venezuela, mediante comunicación 515 de fecha 22 de abrilde 2006 del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela,solicitó a la Secretaría General que hiciera“… circular la comunicación [514 de esa mismafecha] a los países miembros y órganos de la Comunidad Andina, mediante la cual inform[ó] dela decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de retirarse formalmente dela Comunidad Andina ….”;Que, la comunicación 514, luego de dar cuenta de los motivos de la República Bolivariana deVenezuela para retirarse de la Comunidad Andina, manifiesta que “por las razones expuestas,en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela, expresamos, a partir dela presente fecha, la decisión de denunciar el referido Acuerdo conforme lo establecido en supropia normativa, contando con el apropiado desempeño de la Comisión en la tramitaciónpertinente …”;Que la Secretaría General, atendiendo la solicitud del Gobierno de Venezuela remitió lacomunicación 514 a sus destinatarios, es decir a la Presidenta y miembros de la Comisión de laComunidad Andina;Que una vez estudiada la nueva versión de compromiso de precios que comunicara el 3 demarzo la empresa Terranova de Venezuela, la Secretaría General remitió a esta empresa confecha 2 de mayo, comentarios sobre los elementos que deberían recogerse en el compromiso,el cual, según los Artículos 43 y 44 de la Decisión 456, debe ser satisfactorio y convencer a laSecretaría General para ser aceptable;Que con fecha 15 de mayo de 2006, la Secretaría General recibió el fax de fecha 11 de mayode 2006, mediante el cual el Representante legal del Grupo Terranova en Venezuela solicitó laterminación anticipada de la investigación por falta de jurisdicción y competencia de laSecretaría General. Al respecto el Representante Legal de dicho Grupo señaló que el 22 deabril de 2006 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela remitió a la SecretaríaGeneral la carta por medio de la cual informó la Decisión de dicho país para denunciar elAcuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del mismo Tratado.En ese sentido afirmó que: “…los derechos y obligaciones de la República Bolivariana deVenezuela derivadas de su condición de País Miembro de la Comunidad Andina, cesaron apartir de 22 de abril de 2006…”. En razón de ello señaló que “Dentro de las normas jurídicasque pierden sus efectos respecto a la República Bolivariana de Venezuela, así como de sushabitantes, está la Decisión 456”;
- 6 -Que, asimismo, el Representante legal del Grupo Terranova observó que habiendo perdidojurisdicción y competencia la Secretaría General, correspondía dejar sin efectos la Resolución939 del 26 de julio de 2005, confirmada mediante Resolución 973, por la cual se aplicaronderechos provisionales a las importaciones de tablero crudo producidos por Terranova S.A. através de su empresa Fibranova C.A., o cualquiera de sus filiales y provenientes de Venezuela;igualmente, que correspondía a la Secretaría solicitar al Gobierno de Colombia, a través delMinisterio de Comercio, Industria y Turismo, que derogara el Decreto 1761 de agosto de 2005,mediante la cual dicho Gobierno aplicó la medida provisional;Que, en razón de los argumentos anteriormente expuestos, el Representante legal del GrupoTerranova indicó que la celebración de un compromiso ya era extemporánea, pese a que enalgún momento habían tenido la disposición de asumirlo;Que, con fecha 26 de mayo de 2006, los representantes de las empresas Pizano y Tablemac,presentaron un escrito mediante el cual manifestaron que, a pesar de la denuncia del Acuerdode Cartagena presentada por la República Bolivariana de Venezuela, la Secretaría General nohabría perdido competencia para resolver sobre el fondo en la investigación iniciada medianteResolución 905. Al respecto argumentaron que:“… de la lectura detenida del artículo 135, se llega a la conclusión invariable de que todaslas obligaciones y derechos de Venezuela en su condición de Miembro cesan con ladenuncia, excepto los relativos al Programa de Liberación, por lo cual, el país quedenuncia el Acuerdo conservará no solo los derechos sino las obligaciones decualquier Miembro para efectos de obtener las ventajas derivadas de dicho Programade liberación.De lo anterior, es forzoso concluir que para los fines relacionados con el Programa deLiberación, Venezuela conserva su condición de miembro, y no podría ser de otra manera,pues no sería razonable ni realista mantener el Programa de Liberación, sin contar contodos los elementos intrínsecos del mismo, como lo son las normas de origen (y dentro deeste tema, necesariamente las medidas anti – dumping sobre productos originarios yliberados).Si esto no fuera así, los demás países que conservan su condición de miembros plenos, notendrían protección ni regulación alguna frente a las importaciones originarias de Venezuelaque presentan margen de dumping y que gozan de una desgravación total.”;Que, el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena dispone:“El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión.Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condiciónde Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con elPrograma de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazode cinco años a partir de la denuncia.El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamentefundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado.En relación con los Programas de Integración Industrial se aplicará lo dispuesto en el literali) del Artículo 62.”;Que con fecha 23 de mayo de 2006, mediante misiva No. SG-C/5/1008/2006 la SecretaríaGeneral elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina relacionada con lacompetencia de la Secretaría General de concluir esta investigación, iniciada a la amparo de laDecisión 456, en razón a las implicaciones que podría tener la presentación de la denuncia delAcuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana de Venezuela;
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