temas y debates 16 - Asociación Docente Barrancas del Paraná

ISSN 1666-0714
temas y debates 16
[revista universitaria de ciencias sociales
semestral / año 12 / número 16 / diciembre 2008]

ISSN 1666-0714
Comité Editorial
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Secretaria Técnica
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Corrección
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Diseño Gráfico
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TEMAS Y DEBATES es una revista de periodicidad semestral editada por la Facultad de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (ISSN 1666-0714). Tiene como
objetivo principal la difusión de la producción académica en Ciencias Sociales, procurando generar un
ámbito de discusión sobre temáticas propias de esta área de conocimiento a partir de la presentación
de artículos inéditos, seleccionados por el Comité de Redacción con la colaboración de árbitros externos
especialmente convocados para tal fin.
Dirigir correspondencia a: TEMAS Y DEBATES, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Universidad Nacional de Rosario, Riobamba 250 Bis, �onobloc�� �onobloc�� 1, Box Segundo Piso Ala Este, , 2000
2000
Rosario, Argentina.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
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VICEDECANA: Lic. Silvia Robin
SECRETARIA ACADE�ICA: Lic. �ercedes Caila
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO: Lic. Claudia Voras
SECRETARIO DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL: Lic. Franco Bartolacci
SECRETARIA DE EXTENSION: Lic. �aría Inés Suidini
SECRETARIO ESTUDIANTIL: Lic. Pablo Alesandroni
SECRETARIO FINANCIERO: Lic. Oscar Sgrazzutti
DIRECTOR ESCUELA DE CIENCIA POLITICA: �g. V. Gastón �utti
DIRECTORA ESCUELA DE CO�UNICACION SOCIAL: Lic. Elizabeth �artínez de Aguirre
DIRECTOR ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES: Lic. Pedro Romero
DIRECTOR ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: �g. Roberto Zampani

ARTICULOS
Argentina, una vez más en la encrucijada
Liliana De Riz
La pérdida de legitimidad de los
partidos políticos argentinos
Ricardo Sidicaro
El Parlamento del �ercosur: ¿hacia
un proceso de integración más
democrático?
María Victoria Álvarez
Educación, ciudadanía y democracia.
Análisis en torno al acceso a la
universidad de los sectores sociales
de menores ingresos
María Fernanda Juarros y Alejandra
Martinetto
�enores e inseguridad. Analizando las
“cifras” de la delincuencia juvenil en la
ciudad de Rosario
Daniela Polola
Las políticas sensibles al género:
variedades conceptuales y desafíos
de intervención
Ana Laura Rodríguez Gustá
Familia, sexualidad y género en los
años 60. Pensar los cambios desde
la Argentina: desafíos y problemas de
investigación
Isabella Cosse
9
29
49
61
87
109
131
ISSN 1666-0714
Sumario
CONFERENCIAS
La universidad frente a los desafíos de
la democracia
Alain Renaut
RESEÑAS
La política después de los partidos de
Isidoro Cheres��y (comp.)
Martín Pedro González
Verdades y saberes sobre el marxismo.
Reacciones de una tradición política
ante su “crisis” de Elías Palti
Juan Bautista Lucca
Los senderos de la nueva izquierda
partidaria de Juan Abal �edina
María Laura Eberhardt
¿Qué hacer con las universidades? de
Alain Renaut
Clara Ruvituso
Historia reciente. Perspectivas para
un campo en construcción de �arina
Franco y Florencia Levín
Mariángeles Zapata
153
165
169
173
177
183

artículos
Argentina, una vez más en la encrucijada
Liliana De Riz
La pérdida de legitimidad de los partidos políticos
argentinos
Ricardo Sidicaro
El Parlamento del �ercosur: ¿hacia un proceso de
integración más democrático?
María Victoria Álvarez
Educación, ciudadanía y democracia. Análisis en
torno al acceso a la universidad de los sectores
sociales de menores ingresos
María Fernanda Juarros y Alejandra Martinetto
�enores e inseguridad. Analizando las “cifras” de la
delincuencia juvenil en la ciudad de Rosario
Daniela Polola
Las políticas sensibles al género: variedades
conceptuales y desafíos de intervención
Ana Laura Rodríguez Gustá
Familia, sexualidad y género en los años 60.
Pensar los cambios desde la Argentina: desafíos y
problemas de investigación
Isabella Cosse

Argentina, una vez más en la encrucijada*
Liliana De Riz
Liliana De Riz es Investigadora de CONICET.
�ail: liliana.deriz@fibertel.com.ar
resumen
Este artículo analiza las dimensiones de la crisis
social y político-institucional que acompañó
al colapso de la economía argentina a fines de
2001, el proceso de normalización institucional
y pacificación social, la presidencia de Néstor
Kirchner y los comienzos de la presidencia de
Cristina Kirchner. La autora sostiene que la fragmentación
del Partido Justicialista y del espectro
político no peronista, así como el mantenimiento
de las redes clientelares y las rivalidades personales
obstaculizan un proceso de aprendizaje
innovador en la dirigencia política.
palabras claves
crisis / desafíos / gobierno de Néstor Kirchner /
gobierno de Cristina Kirchner
summary
This paper analyses the extent of the social
and political-institutional crisis that accompanied
the collapse of the Argentine economy at
the end of 2001, the path towards social pacification
and institutional normalization, Néstor
Kirchner´s government, and the beginning of
Cristina Kirchner’s administration. The author
outstands that the fragmentation of the PJ and
the non-peronist party spectrum, as well as the
maintenance of clientilist networks and personal
rivalries are serious obstacles for innovative
learning processes in the political elite.
keywords
crisis / challenges / Néstor Kirchner’s
government / Cristina Kirchner’s government
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

I. La Argentina en crisis
Las experiencias históricas de la democracia en Argentina, recurrentemente
interrumpidas por golpes militares a lo largo del siglo XX, estuvieron pervertidas
por el fraude, la persecución de las minorías, la proscripción política del peronismo,
la corrupción y el clientelismo. El primer gobierno de la democracia establecida
en 1983 sucumbió al marasmo de la hiperinflación y el presidente Alfonsín debió
adelantar la transmisión del mando. Tras dos presidencias (1989-1999), Menem
fue derrotado en su intento de ser reelecto por tercera vez, por una coalición
opositora que supo interpretar las demandas de restaurar la ética en la función
pública y respetar el gobierno de la ley. El gobierno de la Alianza por el Trabajo,
la Justicia y la Educación (1999-2001) no pudo modificar el curso de la economía
y las medidas de austeridad que implementó profundizaron la recesión que se
iniciara en 1998. 1 Como observa Juan Corradi, “Argentina parecía un monumento
desvencijado del segundo mundo, un rompecabezas estatista desencajado que
nadie podía o quería volver a armar” (Corradi, 2004:144; De Riz, 1995:59-78; De
Riz, 1996:147-165).
Sin embargo, un escándalo de sobornos en el Senado fue el primero de una
serie de episodios que restaron credibilidad al gobierno y precipitaron su caída.
El clima de generalizado descontento cristalizó en los resultados de las elecciones
legislativas de renovación parcial de octubre de 2001. Esas elecciones reflejaron
el descrédito de la clase política: los votos nulos y en blanco y la tasa de abstención
ascendieron a niveles inéditos. 2
La percepción generalizada de un Estado a la deriva –la crisis de gobernabilidad,
y en particular, de liderazgo– motorizó el desenlace. La negativa del Fondo
Monetario Internacional (FMI) a adelantar un desembolso de U$S 1600 millones
que hubiera dado un respiro al gobierno, llevó al entonces ministro de Economía
Domingo Cavallo a imponer estrictos límites a los retiros bancarios y a la circulación
de efectivo en un intento por frenar la fuga de capitales del sistema financiero.
Las consecuencias devastadoras del denominado “corralito” financiero sobre los
ahorros de las clases medias y sobre los sectores empobrecidos dependientes de la
economía informal, fueron inmediatas. La sociología analizó la importancia de la
amplia clase media argentina en la contención del conflicto social; fue siempre un
amortiguador frente a la pobreza creciente. Argentina tenía ciertos niveles básicos
de igualdad reconocidos en todo el mundo y un paisaje social relativamente bien
integrado. Cuando la clase media pacífica salió a la calle, en el acto la siguieron
los excluidos. La rabia y la desesperación se multiplicaron en las calles. Los días
18 y 19 de diciembre de 2001, Argentina fue sacudida por una ola de protestas,
en gran parte espontáneas –manifestaciones a veces violentas, bloqueo de rutas
por desocupados, demostraciones de decenas de miles de ahorristas golpeando
cacerolas– y, en menor medida, menos espontáneas, como lo fueron los saqueos
de comercios. La represión de las masas movilizadas ante la casa de gobierno para
reclamar la renuncia del Presidente y todo su gabinete, dejó un saldo de treinta
muertos y decenas de heridos.
El 20 de diciembre el presidente De la Rúa renunció. 3 A pesar de la debacle

económica, la crisis social e institucional y la sucesión de cinco presidentes en
menos de dos meses, las instituciones de la democracia sobrevivieron. Una salida
parlamentaria aseguró la continuidad del régimen democrático en medio del vacío
creado por la ausencia de proyectos políticos. La sociedad quedó a merced de
iniciativas justificadas por la resignación o la impotencia.
Argentina estuvo durante muchos meses sumergida en el caos institucional y
social. La perspectiva de una desintegración incontenible acompañó las reacciones
de la sociedad y del gobierno. Lo que había comenzado como una protesta
contra la gestión de De la Rúa, se convirtió en una masiva rebelión cívica contra
toda la dirigencia política. La rebelión llevaba una crítica implacable contra todo
el sistema político. Bajo el slogan “Que se vayan todos”, las protestas atacaron los
tres órdenes de gobierno, exigiendo la renuncia de todo el Congreso y la Corte
Suprema de Justicia. La impugnación al sistema representativo y el reclamo de
formas de democracia directa que cortaran de raíz con el pasado inmediato, tuvo
su centro en la ciudad de Buenos Aires y entre sus principales protagonistas, a
los ahorristas provenientes de la clase media que vieron sus ahorros pesificados
y cautivos en los bancos. Los desocupados, conocidos como “piqueteros”,
marcharon en todos los centros urbanos importantes del país exigiendo trabajo y
comida. También comenzaron a formar parte de la vida cotidiana las “asambleas
barriales” que dieron voz al descontento de la clase media empobrecida. En Buenos
Aires primero, y en otras ciudades del interior después, los bancos acorazaron
sus edificios para defenderse de los ahorristas que reclamaban la devolución de su
dinero bloqueado; proliferaron las huelgas generales, las manifestaciones de los
desocupados, los “piquetes”. El historiador Luis Alberto Romero describe las tres
figuras sociales que sintetizaron la nueva realidad: los caceroleros, los piqueteros
y los cartoneros: “[…] Los primeros, en general provenientes de los sectores de
clase media, que reclamaban ante los bancos o las sedes gubernamentales por sus
ahorros perdidos o por la corrupción de los políticos, expresan la protesta rabiosa
e irreflexiva de los defraudados. Los segundos, desocupados que se manifiestan
cortando caminos, son la voz, terrible y justa a la vez, de los excluidos. Los últimos,
que por las noches revuelven la basura para juntar papeles y cartones que
valen su peso en dólares, semejan la invasión de los ejércitos de las tinieblas sobre
la ciudad propia, como decía hacia 1870, en circunstancias similares, el intendente
de Santiago de Chile, Benjamín Vicuña Mackenna” (Romero, 2003:113; De
Riz, 2007).
II. Hacia la normalización institucional
Las elecciones presidenciales de abril de 2003 se llevaron a cabo en medio de
un clima de incertidumbre: en ese contexto, un 92% de los argentinos desconfiaba
del gobierno y un 95%, de los partidos políticos (Latinobarómetro, 2002). Sin
embargo, el dólar no se disparó y las señales de reactivación económica cambiaron
el humor colectivo. 4 La fase favorable del ciclo económico, puede ser un
instrumento formidable para reconstituir el liderazgo político. En el último siglo,
los gobiernos con supremacía presidencial (el primer gobierno de Juan Domingo
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
11

Perón y el primero de Carlos Menem) estuvieron asociados a vientos favorables
en la economía. En 2002, seis de cada diez argentinos consideraban que hay democracia
cuando se garantiza el bienestar de la gente, atribuyéndole al voto y a la
libertad de expresión, un papel secundario (PNUD, 2002:11).
La previa manipulación del marco institucional a través de la suspensión de
las internas partidarias en el Partido Justicialista –por ley se establecía la obligatoriedad
de su realización– y la autorización a tres candidatos provenientes del
mismo partido a competir, reiteraron una práctica política de larga tradición en
Argentina: cuando las reglas no favorecen los resultados esperados por los poderosos
de turno, se cambian. 5 Los resultados de las elecciones de octubre de 2003
confirmaron el colapso parcial del sistema partidario. El peronismo, en conjunto,
cosechó el 61% de los votos. La crisis de representación quedó confinada sobre
todo a los votantes de clase media que habían apoyado en el pasado, al Partido
Radical. La debacle electoral del radicalismo –el candidato de la Unión Cívica
Radical obtuvo el 2,27% de los sufragios– mostró el estallido del sistema partidario
que desde 1983 había girado en torno del justicialismo y el radicalismo. El
peronismo pudo sortear la crisis e iniciar el difícil proceso de reunificación interna
bajo un nuevo liderazgo. El presidente Kirchner fue consagrado con el 22,4% de
los sufragios, tras la renuncia de Menem, el candidato más votado del peronismo
(24,5%), a competir en la segunda vuelta. Se descubrió entonces que no había
sido regulada la circunstancia de que uno de los dos competidores renunciara a la
segunda vuelta y en ausencia de especificaciones sobre qué hacer debido a “lagunas”
en la legislación electoral, se consagró al segundo candidato más votado. No
hubo ballotage a pesar de la enorme fragmentación partidaria que lo anunciaba
como inevitable. Esta anomalía explica la excepcionalidad de la situación en la
que Kirchner asumió el mando.
El Presidente tenía que afirmar su autoridad para compensar la debilidad de su
origen y debía hacerlo en el contexto de un sistema partidario en crisis, instituciones
frágiles e inéditos niveles de fragmentación y protesta social. 6 El Presidencialismo
argentino otorga al Ejecutivo un formidable número de competencias
y facultades que le permiten tomar decisiones unilaterales (De Riz y Sabsay,
1991:215-232; De Riz, 2005:223-228). No obstante, la fuerza de un presidente no
depende sólo de sus poderes constitucionales: la solidez de su base partidaria, el
alcance de los poderes administrativos que le permiten obtener los apoyos necesarios,
la calidad del liderazgo presidencial, la tradición y la cultura política del
país, cuentan.
III. La presidencia de Néstor Kirchner
La acefalía del Partido Justicialista y la pasividad de su Consejo Nacional dieron
un importante margen de autonomía al presidente en los comienzos de su
gestión para fijar su impronta en el movimiento político creado por Perón. El
crecimiento ininterrumpido y a elevadas tasas de la economía desde el segundo
semestre de 2002, la exitosa reestructuración de la deuda, el notable crecimiento
del empleo y la reducción de la pobreza y la indigencia, afirmaron la autoridad

presidencial, condición sine qua non de la gobernabilidad democrática en un país
presidencialista, y lo hicieron en el doble sentido del término “gobernabilidad”,
i.e., como eficacia del gobierno para lograr sus metas, y como reconocimiento de
la autoridad estatal por parte de la sociedad, un aspecto clave para dejar atrás la
crisis y comenzar la reconstrucción del aparato estatal. 7
La renovación de los cargos de la Corte Suprema de Justicia y la anulación
por la vía legislativa de las Leyes de Obediencia Debida 8 y de Punto Final 9 , en el
contexto de la proclamada voluntad del Presidente de terminar con las formas tradicionales
de hacer política, respondieron a la demanda de la sociedad de respeto
de los derechos humanos y de transparencia en la gestión de la res pública. Las
elecciones de renovación parcial de la legislatura, en octubre de 2005, dieron un
triunfo claro al gobierno con el 40% de los sufragios logrado por el Frente para
la Victoria, el partido creado por el Presidente. El Partido Justicialista (PJ) –peronistas
no kirchneristas– obtuvo el 11% y la Unión Cívica Radical (UCR), poco
más del 13%. Con 112 diputados, el partido del Presidente no logró el quórum
propio, pero no le habría de ser difícil obtenerlo. 10 La fortaleza de los liderazgos
partidarios está sometida al ciclo electoral. Quien se consagra en las urnas como
presidente o como gobernador maneja recursos con los que sostiene su coalición
de apoyo. Esta ha sido una regla de la política partidaria argentina que la implosión
de los partidos políticos ha exacerbado al compás de los realineamientos
internos que preceden o suceden a las elecciones. El triunfo electoral alimenta la
cohesión partidaria.
Las elecciones a mitad de mandato permitieron a Kirchner reparar la debilidad
de origen que representó el 22% de los votos con los que fue consagrado presidente.
El duelo Kirchner-Duhalde que se encarnó en esas elecciones, terminó con
la victoria del Presidente sobre su adversario más poderoso. Ese fue un paso necesario
para iniciar la reunificación del peronismo bajo su liderazgo. La disciplina
partidaria de la bancada mayoritaria en ambas cámaras del Congreso y la fragmentación
de los partidos de la oposición favorecieron la delegación de atribuciones
y la concentración de las decisiones en el Presidente, única figura de alcance
nacional. La ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia (DNU) no
fija plazos para que el Congreso se expida sobre un decreto de esas características
y establece que basta una de las Cámaras para ratificarlo. Tampoco estableció la
caducidad de los DNU no ratificados dentro de un plazo determinado y estableció
que en caso de rechazo se deben expedir las dos Cámaras, de modo que si una lo
rechaza y la otra lo aprueba, el decreto seguirá vigente. 11
Por su parte, gracias a la modificación de la legislación de la administración
financiera del Estado, el jefe de gabinete puede reformar el presupuesto, lo que libera
al Ejecutivo de toda ingerencia del Congreso en materia presupuestaria. Esta
es una formidable herramienta para que el presidente decida sin la interferencia
de otros actores relevantes. 12
La anunciada reforma política desapareció de la agenda. Ésta ha sido la suerte
corrida por los reiterados compromisos que hicieron los partidos a favor de la renovación
de las instituciones y luego abandonaron, sin dar explicación. El Partido
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
13

Justicialista logró descomprimir tensiones en su seno, atenazadas por las pujas
constantes por el liderazgo, y fue cerrando filas alrededor de Kirchner, su líder
de facto desde los resultados electorales de 2005. La oposición fragmentada no
ha podido disputarle su supremacía y las encuestas continúan reflejando los altos
niveles de popularidad del presidente. La fragmentación del PJ y del espectro partidario
no peronista, el clientelismo y las rivalidades personales, son factores que
bloquean la renovación de la dirigencia política e incentivan coaliciones ad hoc.
Argentina es hoy un país en crecimiento y en proceso de reconstrucción social
tras el marasmo de la crisis. La demanda por la transparencia sigue viva, pero no
encuentra eco, como si la sociedad se resignara a que el gobierno quede encarnado
en la voluntad de un presidente a quien se confía el timón y del que no se
espera que rinda otra cuenta que no sea la eficacia de su desempeño para satisfacer
demandas de diversos sectores de la población. Esta es una democracia de
un partido dominante, unificado alrededor del presidente, ya sea por convicción
de quienes le siguen, o bien por conveniencia de quienes siempre se alinean con
los ganadores.
Contrariando las previsiones acerca de la necesaria búsqueda de consensos a
que se vería obligado por el escaso caudal electoral con que llegó al poder, y
la proclama en su discurso inaugural de “una cultura de diálogo”, el presidente
Kirchner gobierna prescindiendo de los partidos de la oposición, rodeado de un
estrecho círculo de funcionarios de su confianza, sin la coordinación de los miembros
de su gabinete ni la injerencia de su propio partido que en los hechos es un
movimiento político movilizado en las elecciones. El triunfo electoral en las elecciones
intermedias de octubre de 2005 fortaleció ese modo autocrático de ejercer
el poder. La política aparece como un duelo entre el Presidente y los enemigos
que lo acechan, pocas veces identificados de manera explícita (los periodistas, el
FMI, algunos empresarios, el neoliberalismo, los ortodoxos…). Los recursos públicos
son administrados como si fueran propiedad privada por un presidente que
gobierna concentrando todas las decisiones y crea instituciones ad hoc como los
fideicomisos en la obra pública que escapan al control del Congreso y desincentivan
la gestión transparente de los bienes públicos por parte de los funcionarios
del Estado, favoreciendo toda clase de manejos discrecionales. 13
Las protestas sociales fueron contenidas con diferentes estrategias que incluyeron
la implementación de programas sociales, la cooptación y el aislamiento de
los más radicales (por ejemplo, del movimiento piquetero) y el tránsito desde una
política inicial más permisiva hacia otra, más restrictiva, que ha resultado exitosa.
Las protestas sociales continúan, pero su intensidad ha sido menor en la segunda
mitad del mandato presidencial.
Los sindicatos tradicionales y los grupos industriales fueron los principales
apoyos de la política económica post convertibilidad. La Confederación General
del Trabajo (CGT) obtuvo la elevación del salario mínimo vital; la rebaja del impuesto
a las ganancias para trabajadores sindicalizados; el inminente aumento de
las asignaciones familiares, y un futuro rédito político en el ajuste de jubilaciones,
que se anunciará semanas antes de las elecciones. La Confederación Argentina de

Trabajadores (CTA) 14 , la promesa del postergado reconocimiento de su personería
gremial. Y la Unión Industrial Argentina (UIA) la designación de un hombre de
sus filas al frente del Ministerio de Economía; el plan Energía Total (que subsidia
los combustibles a las fábricas que reemplacen el consumo de gas), más el compromiso
oficial de crear un banco de fomento para inversiones fabriles, apurar una
nueva legislación de accidentes de trabajo y eliminar la indemnización extra por
despido. Sin embargo, un acuerdo social tripartito (Estado-empresas-sindicatos),
como el propuesto por la candidata a la presidencia, Cristina Fernández, tiene
una historia de fracasos recurrentes. A diferencia de los pactos que tuvieron éxito
en otros países, basados en lo que cada sector sacrificó en lo inmediato a cuenta
de beneficios futuros y en función de una estrategia global consensuada, las
ventajas que cada uno logró a expensas de otros en la mesa de negociaciones fue
el rasgo distintivo de los acuerdos décadas atrás en la Argentina. Resta ver si el
sindicalismo y los grupos industriales se involucrarán en una política económica
consensuada y en caso de que así sea, si esa política logrará estabilidad a través
del tiempo en un eventual contexto en el que la inflación se acelere (De Riz et al.,
1987; Etchemendy, 2005). 15
Transcurridos 24 años desde el restablecimiento de la democracia, el período
más prolongado de vigencia de la democracia en Argentina, seguido por el radicalismo
(1916-1930) y el peronismo (1946-1955), la calidad y la transparencia
de las instituciones no son hoy en día más sólidas que en los comienzos de la
democracia. El Poder Ejecutivo está marginando al Congreso Nacional a través
del expediente de los Decretos de Necesidad y Urgencia y de la delegación de
facultades por parte del Poder Legislativo. La modificación en la integración del
Consejo de la Magistratura atenta contra la división de poderes entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial. Durante 2007, las manipulaciones sobre el Índice
de Costo de Vida que genera el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) quita
credibilidad a la información que produce el Estado, las sospechas de corrupción
que involucran a funcionarios del gobierno en el caso de la empresa Skanska, la
renuncia de la ministra de Economía en cuya oficina se encontró un sobre con una
importante suma de dinero que aun no se ha justificado o el ingreso de 800 mil
dólares no declarados por un ciudadano venezolano integrante de la comitiva de
funcionarios argentinos de la empresa estatal ENARSA (Ente Regulador del Gas)
que regresaban en jet privado al país, son algunos de los casos más resonantes,
que reflejan la falta de transparencia en la gestión pública y alimentan las sospechas
de corrupción. 16 Las tensiones sociales y políticas en provincia de Santa
Cruz, de la que Néstor Kichner fuera tres veces gobernador –en 1991, 1995 y
1999– luego de modificar la Constitución, ocurren pese a que la provincia registra
el desempleo más bajo y los salarios públicos de bolsillo más altos. 17
Los resultados de las elecciones a gobernadores provinciales celebradas con anterioridad
a las elecciones generales de octubre son indicadores del mapa político
heterogéneo que está emergiendo. Desaparecieron los emblemas y liturgias de los
partidos dominantes en el siglo pasado y ya no se puede anticipar tendencias o
gobernadores claramente alineados en el plano nacional.
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
15

En Córdoba, las denuncias de fraude realizadas por el candidato a gobernador
del Frente Cívico y Social, integrado por sectores del peronismo, el radicalismo y
organizaciones de la sociedad civil, fracturaron a la política y a la sociedad cordobesa,
en el contexto de una sociedad nacional en la cual la percepción de que las
elecciones son, en general, limpias, se redujo del 51% al 47% de los argentinos en
2006 (Latinobarómetro, 2006). Córdoba refleja bien cómo los electorados urbanos
canalizan sus expectativas de cambio a través de nuevos liderazgos y fuerzas
políticas también nuevas –como es el caso de Juez y el Frente Cívico y Social–.
Pero la burocracia del Partido Justicialista continúa siendo el actor clave para asegurar
a la administración su anclaje en las provincias, los gremios y el Congreso.
La debilidad de las instituciones representativas se refleja en la percepción que
los argentinos tienen: el 74% expresó su rechazo por el Congreso y dijo que no se
siente representado por sus legisladores (IPSOS/Mora y Araujo, 2007). Cuando
se comparan datos entre el inicio de la democracia y el presente, se observa que
mientras que en 1984 sólo un 7% respondía que “nunca va a sentir simpatía
por ningún partido”, la cifra se eleva al 20% en 1990 tras la experiencia de la
hiperinflación y el acortamiento del mandato presidencial. En 1998 alcanza al
48% y desciende en 2000 al 40% con la llegada de la Alianza. En 2001 trepa
al 60% de los argentinos y alcanza su máximo en 2002 con el 64%. Aun con
tendencia decreciente a partir de entonces, más de la mitad de la población sigue
afirmando que no sentirá simpatía por ningún partido en 2007 (IPSOS/Mora y
Araujo, 2007). Con 2,9 puntos en la escala de 1 a 10, que registra la mínima a la
máxima calidad institucional en un país, el Índice de Percepción de la Corrupción
2007 de Argentina ubica al país entre los casos en que la corrupción es percibida
como desenfrenada (Transparencia Internacional, 2007). Hay una demanda
insatisfecha de modernización política en los sectores medios urbanos que plantea
al gobierno un viejo dilema: ¿cómo satisfacer esa demanda sin perder el apoyo del
aparato peronista tradicional?
La estrategia de la denominada “transversalidad” que consiste en construir
alianzas basadas en la lealtad personal, mal se aviene con la declarada intención
de renovación de la política de Kirchner. En los hechos, el gobierno se sigue
estructurando en torno a alianzas con gobernadores que tienen consolidado su
dominio territorial. Luego de meses de rumores, el presidente Kirchner designó
a su esposa, la senadora Cristina Fernández y renunció a postularse a un segundo
mandato al que la Constitución lo habilita. Su decisión desató rivalidades y resquemores
en el seno del peronismo. A diferencia de las monarquías, el presidencialismo
puede influir en la sucesión, pero no puede organizar el orden sucesorio.
Este precepto también ha sido vulnerado. 18 El presidente constitucional puede
asumir las facultades de un rey aunque se denomine presidente y establecer una
dinastía en una variante de la “república posible” que muchos se resignan a aceptar.
Comparado con su par en Estados Unidos, el presidencialismo argentino se
distinguió por las atribuciones de intervención federal, declaración de estado de
sitio e iniciativa legislativa, pero se trata de atribuciones compartidas o avaladas
por el Congreso (Mustapic, 2000). 19 Una tradición de poder presidencial fuerte se

ve reforzada por la crisis de los partidos y por instrumentos como la delegación
de facultades por parte del Congreso, o los DNU.
La derogación de la ley de internas abiertas, previamente suspendida para las
elecciones de 2003 con la intención de evitar que Carlos Menem pudiera ser consagrado
candidato del justicialismo, despejó el camino hacia la proliferación de
candidatos y de partidos “sellos” que cuelgan sus listas a la de un candidato/a. La
permisividad de la legislación vigente sobre partidos políticos explica que la cifra
de partidos que compiten ronda los 700 en la actualidad. Esa permisividad y las
cambiantes interpretaciones de la legislación electoral, hacen posible que en el
contexto de la pulverización de los partidos tradicionales haya listas denominadas
“colectoras” que se cuelgan detrás de las figuras que se postulan a cargos ejecutivos.
Son listas de diputados, gobernadores o intendentes que quieren beneficiarse
del efecto arrastre. También da cuenta del hecho de que haya listas de un mismo
partido presentadas para sostener a candidatos de partidos diferentes –las denominadas
“listas espejo”– (De Riz, 2005). En la práctica funciona una suerte de
doble voto simultáneo y acumulativo que, a diferencia del aplicado en el Uruguay,
se colecta para candidatos, no para partidos. Este sistema permite sobrevivir a
pequeños partidos personales al conseguir superar el requisito del 2% de los votos
para conservar el reconocimiento como partido político y los provee de financiamiento
para su actividad ya que los votos conseguidos por la lista resultan de la
sumatoria de los obtenidos en las listas de los diferentes candidatos y el apoyo
financiero del Fondo creado a ese efecto en el Ministerio del Interior depende de
los votos obtenidos.
Algunos de los dirigentes del justicialismo comenzaron a impulsar la resurrección
del Partido Justicialista, en particular, el ex presidente Duhalde quien
declaró: “Vuelvo a la política para hacer lo que nadie hace. Sólo me interesan
dos cosas: reconstruir el justicialismo, que hace cuatro años que está cerrado, y
aprobar la reforma política que no logré durante mi gestión. Nada más. Cosas de
las que nadie se ocupa. El resto son todas macanas”. 20 En la tradición del peronismo,
el presidente de la Nación es el presidente del partido y no existe la idea
de que esos dos roles puedan no coincidir en la misma persona. Kirchner declara
que se dedicará a la construcción de una fuerza política durante el mandato de su
esposa, pero lo cierto es que se trata de conquistar los bastiones del peronismo
tradicional y para ello, es imprescindible el triunfo electoral que posibilite quedarse
con las banderas, los aparatos y la gente. Esa contienda aún no ha terminado.
La normalización del Partido Justicialista y el futuro de esa organización como
tal se ha transformado en una pretexto para hacer valer posiciones. La designación
de la senadora Fernández vino a avivar la puja por los aparatos, territorios y
clientelas.
La continuidad de los ejes de la actual política económica y el objetivo de “acumulación
con inclusión social” para reducir la pobreza que hoy alcanza a casi
un tercio de los argentinos fue el leitmotiv del discurso de la candidata del oficialismo.
21 Esos objetivos, empero, no generaron debates en la sociedad. Pocos
están en desacuerdo. Lo distintivo de esta campaña fue la ausencia de debates
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
17

sobre propuestas. Cristina Kirchner omitió la consideración de los problemas que
existen para avanzar en la dirección de un crecimiento sostenido con inclusión social.
La candidata, Cristina, como se la llama, centró su discurso en el valor de la
diferencia, a la que considera fuente de enriquecimiento antes que de conflicto, y
se mantuvo en el ámbito más abstracto de los valores del pluralismo, los derechos
humanos y la tolerancia, sin abordar el territorio más pragmático de las políticas
con las que mejorar la calidad institucional, combatir la pobreza y la desigualdad,
atraer inversiones, hacer frente a la crisis energética o a los déficit de infraestructura.
Su consigna, “el cambio en la continuidad”, es consistente con la épica
retórica a la que echó mano el gobierno de su esposo, indiferente a la distancia que
media entre la radicalización en su discurso y sus acciones.
La debilidad de la oposición no sólo resulta de su fragmentación, es, además, la
consecuencia de que no consiguió instalar en la sociedad propuestas alternativas
al oficialismo. El fracaso de la Alianza contribuyó a afectar más la ya deteriorada
imagen de los partidos políticos, pero el descrédito no hizo impacto en todos
los partidos por igual. Éste fue comparativamente menor para el PJ que desde la
oposición pudo capitalizar el descontento. El peronismo logró sobrevivir como
fuerza política predominante en las elecciones de renovación parcial de la Cámara
de Diputados en 2001 y en las elecciones de 2003 en las que logró en conjunto
el 61% de los votos. Fue el electorado de centro-derecha y los disidentes por izquierda
de la Alianza –los “huérfanos de la política” según la oportuna expresión
que Juan Carlos Torre propuso para designar a la masa crítica de ciudadanos y
ciudadanas exigentes que demandan una democracia de partidos más transparente
y con rendición de cuentas al público de sus actos– los que convirtieron su disconformismo
en el problema político de la crisis de la representación partidaria en
Argentina en 2001 (Torre, 2007).
El fracaso de la Alianza, además, reactivó un prejuicio de larga data en Argentina
según el cual toda alianza entre fuerzas políticas es un “contubernio”
destinado a beneficiar sólo a los políticos. En el vacío creado por la crisis de los
partidos también recobró fuerza la creencia arraigada en importantes sectores de
la población en el rol de una presidencia fuerte encarnada en una figura capaz de
resolver los problemas de los argentinos por encima de las estructuras partidarias
(“pilotos de tormenta”, los presidentes son el actor clave para alimentar la esperanza
ya sea de reparación o bien de transformación que anida en la sociedad). La
envergadura de la crisis vivida en 2001/2002 ha favorecido políticas de corto plazo
destinadas a dar respuesta a la emergencia económica y social en el contexto
del vacío creado por la desarticulación del sistema de partidos. El eje del gobierno
de Néstor Kirchner fue puesto en las políticas de reparación. Las reformas de
fondo fueron postergadas.
IV. El legado económico del futuro gobierno
La economía argentina continuó su rápida recuperación y se logró revertir la
tendencia negativa de los indicadores sociales. La cantidad de personas que vivían
bajo la línea de pobreza pasó del 57% en mayo de 2002 al 27% en el segundo

semestre de 2006 y la indigencia se redujo del 25% al 9% en ese lapso. El desempleo
que había alcanzado su pico en mayo de 2002 (24,5%) cayó al 8,7% en
el segundo trimestre de 2006. Las cifras del INDEC también indican que durante
el segundo semestre de 2006 el empleo no registrado descendió al 44,1%, pero
fue superior al registrado a comienzos de la recesión, a pesar de que la economía
argentina tiene registros de producción e inversión superiores a los de 1998.
El paisaje social de la Argentina se ha transformado. La sociedad argentina está
polarizada entre los de arriba y los de abajo y deja importantes sectores de la
población fuera del mercado. La brecha de ingresos entre el 10% superior de la
distribución y el 10% inferior llega a 30 veces en el primer trimestre de 2007 y
mientras el 10% superior en la escala de ingresos capta el 35% del PBI, el 10%
inferior, sólo el 1%. 22
Parte de los logros –el crecimiento del consumo, la inversión, la ocupación, la
masa salarial, la recaudación impositiva y las reservas del Banco Central– fueron
posibles acumulando desequilibrios macroeconómicos importantes que dada su
magnitud se reflejan en crecientes niveles de inflación. El gobierno, a través de
subsidios que erosionan el ahorro público, ha logrado sostener las distorsiones
en las tarifas en los mercados regulados y evitar que la mayor inflación impacte
sobre el nivel de consumo. No obstante, la dinámica de “tapar” con subsidios
la inflación para que no afecte al bolsillo del consumidor, tiene como límite el
bolsillo del gobierno y el saturado cuadro energético. 23 Acuerdos sectoriales de
precios, límites a las exportaciones de productos de consumo masivo e incentivos
a la inversión son otros de los instrumentos con los que el gobierno ha tratado de
controlar la inflación que según como se mida alcanza dos dígitos (entre 15 y 20
anual). El Presidente, por su parte, adjudica la responsabilidad a “algunos empresarios
que quieren inflar los costos de la producción para volver por la puerta
de atrás a las esferas del poder” (La Nación, 19/09/2007), convencido de que la
inflación es el exclusivo resultado del comportamiento de los malos empresarios.
El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, reitera a los empresarios que no
hay leyes económicas intangibles y que eso es lo que el Consenso de Washington
quiso instalar para dominarnos. El Gobierno pone en práctica la concepción de
la economía que el propio Perón formulara en carta al presidente chileno, Carlos
Ibáñez: “Mi querido amigo, déle al pueblo, especialmente a los trabajadores,
todo lo que sea posible. Cuando parezca que ya les ha dado demasiado, déles
más. Todos tratarán de asustarle con el fantasma del colapso económico, pero
todo eso es mentira. No hay nada más elástico que la economía, a la que todos
temen tanto porque no la entienden”. 24
Estadísticas inflacionarias poco creíbles; déficit energético; insuficiencia de inversiones
en bienes de capital y en infraestructura; aumento del gasto público y de
los subsidios estatales; escasez de financiamiento externo e interno de largo plazo;
aumento de la deuda pública y deterioro del tipo de cambio real así como de los
superávit gemelos (fiscal y de la balanza comercial) que han pasado a depender
cada vez más de los buenos precios internacionales de la producción exportable
y de mercados financieros externos, configuran un panorama que pone en riesgo
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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la sustentabilidad del crecimiento. En el largo plazo se necesita más que el crecimiento
de las exportaciones. La alta dependencia del contexto internacional y de
pocos productos, y sobre todo, productos primarios de exportación, combinada
con la baja inversión en ciencia y tecnología, tornan vulnerable el crecimiento.
Una reforma estructural que siente las bases del crecimiento sostenido, el aumento
de las inversiones y la mejora del clima de negocios es una tarea pendiente.
V. La sucesión matrimonial
La fragmentación fue el rasgo distintivo de las elecciones presidenciales celebradas
en octubre de 2007. El Partido Justicialista concurrió dividido a las urnas,
esta vez no en tres como lo hizo en 2003, sino en dos: el oficialista Frente para la
Victoria (FPV) y el Frente Justicia, Unidad y Libertad (Frejuli). En la oposición,
volvieron a competir por la presidencia, López Murphy (RECREAR) en alianza
con Propuesta Republicana (PRO) y Carrió (Coalición Cívica). La UCR llevó
como candidato a presidente a Roberto Lavagna, ex Ministro de Economía del gobierno,
de filiación peronista, en coalición con sectores del peronismo no kirchnerista.
Partidos menores a la izquierda y la derecha del espectro político, muchos
de los cuales son partidos personales, completaron el panorama. El gobernador
peronista reelecto, Alberto Rodríguez Saá compitió por los votos peronistas y
conservadores remanentes al igual que el gobernador Sobisch, del Movimiento
Popular Neuquino. Por primera vez en mucho tiempo, ni el Partido Justicialista
ni la Unión Cívica Radical tuvieron boletas propias en elecciones presidenciales,
sólo fueron aliados de varias coaliciones. Desapareció el viejo sistema de partidos
políticos.
Una indiscutida mayoría consagró presidenta a Cristina Fernández de Kirchner,
la primera mujer en llegar a ese cargo a través de elecciones, en un país con arraigados
resabios machistas en política. Con casi el 45% de los votos, el resultado
más pobre para una elección presidencial desde la recuperación de la democracia
en 1983, pero –a excepción de las elecciones irregulares de 2003– con la mayor
ventaja registrada sobre la segunda fuerza política, encabezada por Elisa Carrió.
La demanda de transparencia y mayor control de la acción de gobierno se dispersó
en el arco opositor. Con los partidos pulverizados y retazos del radicalismo y del
peronismo distribuidos por doquier, un personalismo rampante y las identidades
políticas en crisis, el voto del electorado de los sectores medios de los centros urbanos
no encontró una expresión política unificada capaz de convertirse en alternativa
al oficialismo. En las tres mayores ciudades argentinas, Buenos Aires, Rosario
y Córdoba, Cristina Kirchner fue derrotada. Su fuerza electoral se afincó en el voto
peronista del interior más alejado de las grandes ciudades, el voto más uniforme y
masivamente pobre de todos los presidentes electos desde 1983, muy distante de la
imaginada coalición con los sectores progresistas de la clase media. Sus registros
más altos estuvieron en Santiago del Estero (77,91%), Salta (74,29%), Formosa
(72,33%), Misiones (68,25%). En Mendoza, la fórmula oficialista alcanzó el 60%
de los sufragios gracias a la tracción de Julio Cobos, ex gobernador radical de esa
provincia y candidato a la vicepresidencia en la fórmula oficialista. 25

Cristina Kirchner recibió como propio el capital electoral de la gestión de su
esposo y el beneficio de una oposición fragmentada y a la defensiva. El balance de
lo sucedido en el último lustro, más que las aspiraciones hacia el porvenir, inclinó
las preferencias. El crecimiento económico, el notable crecimiento del empleo, la
recuperación del crédito y el salario, la reducción de la pobreza y la indigencia, el
aumento del consumo, el superávit fiscal y externo y el prestigio de la Corte Suprema
renovada pavimentaron el camino hacia la consagración electoral. Uno de
cada cuatro votos de la fórmula oficialista Cristina Kirchner/Julio Cobos, provino
del Gran Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires fue la mayor impulsora
de votos, más del 37% de los sufragios obtenidos a nivel nacional provinieron
de dicha jurisdicción en la que el FPV logró el triunfo en 28 de los partidos del
conurbano y sólo en 2 fue derrotado. Lo que puede considerarse el legado de Eva
Perón al peronismo como organización –la capacidad del peronismo bonaerense
de movilizar tanto a hombres como a mujeres– benefició al oficialismo. Una vez
más quedó comprobado, tal cual viene sucediendo desde 1983, que quien obtiene
la mayor cantidad de votos en este distrito, gana las elecciones presidenciales. 26
Casi el 90% de los sufragios se repartió entre tres coaliciones: la oficialista, la
de Elisa Carrió y la de Roberto Lavagna. Heterogéneas tanto desde el punto de
vista de las ideas como de los grupos representados, será difícil lograr la convergencia
cuando en el gobierno o en la oposición deban definirse cuestiones sustanciales.
No hubo reelección presidencial, pero se reeligió un gobierno. No sólo
continúa el mismo partido en la gestión, sino que se inaugura una variante inédita:
la sucesión matrimonial. Néstor Kirchner decidió continuar de otra manera. Jefe
indiscutido del movimiento peronista, se propone construir la fuerza política que
de sostén al oficialismo encarnado por su esposa. Que ese proyecto resulte en la
transformación del peronismo en una suerte de aglutinador de un eje de centroizquierda,
parece poco probable. La victoria alcanzada tuvo el perfil sociológico del
peronismo clásico como lo atestigua el pobre resultado electoral del oficialismo
en las grandes ciudades del país. El ex senador Antonio Cafiero, un dirigente histórico
del peronismo, advierte que “El Justicialismo como partido político podrá
confluir con otras fuerzas políticas y sociales en diversas coaliciones electorales,
pero como movimiento deberá seguir expresando un modo de pensar y de sentir
la Argentina que le es propio e intransferible. En él adquieren otro significado las
clásicas oposiciones ideológicas entre “derecha” e “izquierda”, que más bien
quedan libradas a la oportunidad de los hechos. Esta característica que tanto
critican algunos intelectuales no es un síntoma de debilidad o confusión, como
pretenden, sino que es uno de los fundamentos de su eficacia, ya que permite
compatibilizar el idealismo con el pragmatismo o, si se quiere, conjugar la “ética
de las convicciones” con la “ética de las responsabilidades””(Clarín, 6/12/2007).
El dirigente sindical Luis Barrionuevo, por su parte, señala que “Lo único que yo
espero es que si decide (Néstor Kirchner) normalizar el peronismo, no sea plural.
Porque en el peronismo –enfatizó– no puede haber radicales K” (La Nación,
8/12/2007). Sin el aval de los votos de los sectores medios y con la resistencia
manifiesta de dirigentes políticos y sindicales, el objetivo hasta ahora frustrado
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
21

de transformar al peronismo en una nueva fuerza política, desafiando la estrategia
del propio Perón de anexar socio menores al conglomerado peronista, parece lejos
de ser alcanzable.
VI. La continuidad en el cambio
Desde la reapertura democrática de 1983 ningún presidente de la Nación asumió
sus funciones con una cuota de poder institucional comparable a la que logró
Cristina Kirchner. Una abrumadora superioridad le permite alcanzar el quórum
propio en ambas cámaras y acercarse a los dos tercios que le posibilitan un control
absoluto del poder legislativo. 27 La ventaja de una oposición débil y fragmentada
le augura un comienzo sin mayores tropiezos en el Congreso. Sin embargo, la
disciplina del peronismo kirchnerista es difícil de predecir. La tradición del movimiento
creado por Perón ha sido el desplazamiento de las luchas partidarias al
seno de los órganos de gobierno, de tal suerte que el peronismo fue gobierno y
oposición a la vez. Acaso el temor a repetir esta historia haya llevado a mantener
las facultades legislativas que los legisladores otorgaron al poder Ejecutivo –los
denominados superpoderes–.
La promesa de la Presidenta de mejorar la calidad institucional e instalar el
diálogo, la tolerancia y la concordia entre los argentinos no se aviene con la
perduración de los superpoderes del Ejecutivo, la defensa de la manipulación del
Índice de Costo de Vida que genera el Instituto de Estadística y Censos (INDEC)
o el no tratamiento de la ley de acceso a la información pública que ha esperado
en vano en su despacho del Senado. ¿Cómo satisfacer las expectativas de modernización
política que moviliza a los sectores medios y, a la vez, no perder el
dominio sobre el peronismo, condición sine que non para el ejercicio del poder?
Este dilema no ha sido resuelto aún por el matrimonio presidencial. Acaso la estrategia
de alianzas de la presidenta innove respecto de su antecesor, pero ésta es
una incógnita a develar.
Cristina Kirchner ratificó a la mayoría de los ministros del gobierno de su esposo.
“La continuidad en el cambio” es el lema que refleja la ambigüedad como
punto de partida de la nueva gestión. ¿Cambia el gobierno para seguir fiel a sí
mismo o bien continúa decidido a cambiar? Acaso, como algunos sospechan, comienza
una etapa de sucesiones consecutivas entre la pareja presidencial que la
prolongará en el poder, una vez “pingüino”, otra “pingüina”, como gusta decir el
ex presidente. Una suerte de “presidencialismo matrimonial” combina los riesgos
del presidencialismo con los que trae aparejado el vínculo entre los cónyuges,
emocional, patrimonial, de pasado y de futuro común para ejercer el poder. Empero,
la nominación del nuevo ministro de Economía, Martín Lousteau, ha sido
percibida como un cambio: oficialistas y opositores han abierto un compás de
espera sobre su futura acción y han registrado los buenos antecedentes del candidato.
Resta ver cuánto de continuidad y cuánto de innovación habrá en las acciones
de gobierno. 28 La expectativa de que se mantenga la bonanza en los precios
agrícolas y un alto ritmo de crecimiento –instrumento formidable para consolidar
liderazgos políticos– otorga condiciones muy favorables al gobierno. Sin embar-

go, la Presidenta deberá enfrentar un legado difícil signado por la inflación, la
energía en estado límite, las sospechas de corrupción que afectan a funcionarios
del gobierno –incluso a miembros confirmados en el nuevo gabinete– y los problemas
de inseguridad. ¿Cómo se gobernará en ausencia de estadísticas oficiales
creíbles? La reconstrucción de la credibilidad del INDEC es otro desafío que tiene
por delante la Presidenta.
VII. Los desafíos de la nueva presidencia
El sindicalismo será el más grande de los desafíos en los inicios de la gestión
para controlar la inflación. La convocatoria hecha por la Presidenta a un acuerdo
social orientado a asegurar crecimiento, controlar la inflación, incrementar
la inversión y mejorar la distribución del ingreso, reitera un viejo dilema de la
Argentina inflacionaria: la cerrada defensa que hace el sindicalismo del salario
nominal en el presente so pena de resignar aumentos del salario real en el futuro.
Algunas señales auguran un futuro difícil al acuerdo. El representante del gremio
gastronómico, Luis Barrionuevo calificó la convocatoria a una concertación social
hecha por la Presidenta como “una expresión de deseos” y afirmó : “Yo no
creo en esos acuerdos. Los pactos son entre el empresariado y el Gobierno y a los
trabajadores se los mandan cocinado” (La Nación, 8/12/2007).
La novedad de una suerte de doble comando que inauguraría la gestión de Cristina
Kirchner, encarnado en la presencia de su esposo como jefe del Partido Justicialista,
en la actualidad acéfalo, y ella, a la cabeza del Ejecutivo, dota a la nueva
administración del recurso de un conductor de probada eficacia para disciplinar
los conflictos en el seno del peronismo. 29 Las reformas han sido aplazadas bajo
el imperio de la urgencia de la coyuntura crítica, situación que refleja la frase del
ex presidente Kirchner al declarar que el objetivo de su gobierno fue salir del
infierno para acceder al purgatorio, no al cielo. Una reforma estructural que siente
las bases del crecimiento sostenido y reformas que incentiven la transparencia y
eficacia de las decisiones, poniendo límites al ejercicio discrecional del poder, son
desafíos que enfrenta la Presidenta. Más que la batalla entre el centro izquierda
y el centro derecha –una batalla que refleja la fractura vertical de la sociedad
argentina hoy dividida entre los de arriba y los de abajo– es la batalla entre la
modernización y el continuismo lo que está en juego en la próxima gestión. Resta
saber si el nuevo gobierno habrá de representar un cambio de fondo frente a los
cambios estructurales que esperan al país para adaptarlo a los requerimientos de
la nueva realidad mundial. También es una incógnita saber si la Presidenta fijará
los principios y objetivos estratégicos que inspirarán la política exterior y abandonará
una política errática y dependiente de los conflictos domésticos.
VIII. La debilidad de la oposición
La oposición desconcertada y dividida poco ayuda para animar el debate de
ideas que diseñe los cambios. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna,
candidato de una coalición entre el peronismo no kirchnerista y la Unión Cívica
Radical, con el 17% de los votos y el tercer lugar en la competencia, perdió su
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
23

oportunidad. Hoy, un sector de la diezmada UCR busca aliarse a la Coalición Cívica
de Carrió que supo apropiarse del papel de opositora implacable y eficaz del
matrimonio Kirchner, pero que no pudo contener los conflictos de su heterogénea
coalición y sufre los efectos de la sangría. Los restos del peronismo no kirchnerista
tratan de reacomodarse en el nuevo mapa político surgido de las elecciones. La
oposición enfrenta dos grandes problemas. Por un lado, la incapacidad de crecer
fuera de las grandes ciudades, en parte debida a un sistema electoral con sesgo
mayoritario y partidario que ha beneficiado al peronismo. Por otro, la dificultad
de conciliar la competencia política con la convergencia en un frente común, fruto
de la afirmación de personalismos que perciben los acuerdos como pura amenaza.
Estas limitaciones aplazan la necesaria recomposición de un sistema político
que exprese las demandas de una sociedad transformada por los cambios ocurridos
en democracia. Sin embargo, el triunfo de una coalición socialista-radical
en Santa Fe y del candidato del centro derecha en la Ciudad de Buenos Aires, en
las elecciones subnacionales que precedieron a los comicios de octubre, puso de
manifiesto que importantes franjas del electorado no contenidas en el esquema
bipartidista peronista-radical, apoyaron nuevos liderazgos. Esta renovación generacional
en la dirigencia puede ser considerada como síntoma de cambios hacia
la reconstrucción del sistema de partidos. 30 Las elecciones que instalaron el sexto
mandato presidencial desde 1983 se llevaron a cabo con partidos convertidos en
cáscaras vacías o en “taxis” que conducen a posiciones de poder según la acertada
metáfora de Dahrendorf (2003:108). La ausencia de organizaciones partidarias
sólidas en el plano nacional, el peronismo dominante aunque dividido y las crisis
de liderazgos alternativos, poco ayudan a los cambios de fondo postergados. Acaso
la Presidenta, coherente con su declarada intención de diálogo, abra un nuevo
capítulo en las relaciones del gobierno con la oposición en el que, antes que intentar
deglutirla, valore la necesidad de reforzarla. Se trata de una condición sine
qua non para que emerja un sistema multipartidario moderado al calor de nuevos
liderazgos y sea el pilar de futuras coaliciones de gobierno capaces de sostener en
el tiempo una política de compromisos.
Referencias
* Este artículo fue publicado en Cultura Política y Alternancia en América Latina, Madrid, Fundación
Pablo Iglesias, 2008, 47-70.
1. La crisis financiera asiática, la mexicana y por último la brasileña, alimentaron la prolongada recesión
iniciada en 1998.
2. Entre 1983 y 1999, el voto nulo osciló entre el 0,5% y el 1,5% de los sufragios emitidos; el voto
blanco a su vez lo hizo entre el 2% y el 4%. En 2001, el primero ascendió hasta el 12,5% y el segundo
hasta el 9,4%. La tasa de abstención, que en el período 1983-1999 se ubicó en promedio entre el 15%
y el 20%, en octubre de 2001 alcanzó el 27%.
3. Vacante la vicepresidencia, el Congreso, tras una breve asunción del Presidente Provisional del
Senado, eligió a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador peronista de la provincia de San Luis, como presidente
interino. Rodríguez Saá declaró la suspensión de pagos de la deuda externa. Sin el aval de su
partido, y en medio de un clima de tumultos y saqueos, terminó por renunciar a tan sólo una semana de
haber sido electo. En enero, luego de un fugaz paso por la presidencia del Presidente de la Cámara de
Diputados, el Congreso designó a Eduardo Duhalde presidente, el quinto en menos de dos semanas.

4. Con el sistema bancario paralizado y sin perspectivas claras de una posible ayuda internacional, el
Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo 16% en el primer semestre de 2002. La tasa de desempleo
alcanzó uno de sus niveles más altos en la historia con un porcentaje cercano al 25%. Alrededor de 5
millones de personas cayeron en la pobreza entre octubre de 2001 y junio de 2002 y la indigencia alcanzó
a un cuarto de la población urbana. Cuando parecía reinar una suerte de tregua social, en junio de
2002, el asesinato de dos piqueteros en una represión policial a una protesta precipitó el acortamiento
del mandato del presidente Duhalde y abrió un período de gran incertidumbre política. La amenaza de
una espiral de violencia sin control, con un presidente transitorio en retirada a plazo definido, instaló la
confusión generalizada y tiñó la convocatoria a elecciones de sospechas de violencia.
5. Una abrumadora mayoría de argentinos –82%– reconoce que la falta de respecto a las leyes es un
problema grave en el país (PNUD, 2005:36).
6. La desconfianza hacia los políticos y los partidos se extiende al Poder Judicial. Sólo un 29% de los
ciudadanos confía en la Justicia (Latinobarómetro, 2006:80).
7. La economía cumplió cinco años de crecimiento ininterrumpido, a tasas estables y muy elevadas. La
historia del país no mostró crecimiento con tasas de esa magnitud y por tantos años desde el período
previo a la Primera Guerra Mundial. Hubo, en rigor, períodos más prolongados de expansión (en años
comprendidos entre las décadas del 30 al 40 y del 60 al 70), pero a tasas menores y más volátiles.
8. La Ley de Obediencia Debida, sancionada en junio de 1987, calificó como no punibles a todos
aquellos que obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento
de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a
su oportunidad y legitimidad.
9. La Ley de Punto Final sancionada en diciembre de 1986 fijó un plazo de sesenta días corridos a
partir de la fecha de su promulgación para iniciar acciones legales. A partir de esa fecha se extinguía la
acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas
violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.
10. El Frente para la Victoria es una coalición que incluye a peronistas y no peronistas alineados con el
presidente Kirchner. La fórmula no es nueva, porque el peronismo ha practicado esa estrategia durante
décadas. La diferencia es que el presidente Kirchner y su esposa han asumido el riesgo de abandonar
las emblemáticas siglas peronistas aunque para las elecciones presidenciales de octubre próximo están
gestionando la autorización del PJ para utilizar en las boletas electorales el escudo peronista. Los partidos
menores, como Propuesta Republicana (PRO) y Recrear para el Crecimiento (RECREAR), ambos
en el centro derecha del espectro partidario, y afirmación para una República Igualitaria (ARI), en el
centro izquierda, sólo tienen caudal electoral importante en algunos distritos.
11. En todo el gobierno de Alfonsín sólo se aprobaron diez decretos de necesidad y urgencia. En los tres
primeros años del Gobierno de Menem se sancionaron 178 decretos y durante la gestión de Kirchner
249 DNU. Centro de Estudios para Políticas Públicas, cit. en La Nación, 02/10/2007.
12. Ejemplifica esta afirmación el Presupuesto presentado en el Congreso en setiembre de 2007, un
texto que ningún analista duda en afirmar que es fantasioso, que puede ser modificado cuantas veces
quiera y con la profundidad que su criterio le dicte por el presidente, o por el jefe de Gabinete. En
términos presupuestarios no existe la división de poderes. El Congreso le ha delegado también lo que
la Constitución le prohíbe ceder, que es la materia tributaria. Los denominados cargos específicos a
la energía eléctrica y el gas son impuestos, que el Ejecutivo puede administrar, aumentar, reducir y
exceptuar como le plazca.
13. En los fideicomisos, funcionarios públicos manejan fondos privados o mixtos (los grandes consumidores
pagan cargos específicos establecidos por el Congreso que engrosan el fondo) no está regulado
-es un limbo jurídico-. Son los funcionarios quienes determinan qué obras se harán y quiénes las
realizarán (pocas empresas siempre ganan licitaciones o concursos). Hay unos 16 fideicomisos (de
transporte, del gas, hídrico, etc.). El Ministerio de Planificación es el encargado de administrarlos. No
hay ninguna razón que no sea la vocación de evadir los controles administrativos y el escrutinio del
Congreso que justifique la extraordinaria expansión de la cantidad de recursos manejados por fuera
del presupuesto.
14. La CTA, escindida de la CGT en 1992, moviliza a los desocupados y sus sindicatos tienen muchos
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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menos recursos que la CGT. Incluye dos federaciones nacionales, la de los maestros y una de los trabajadores
estatales.
15. En la actualidad, la conducción de la CGT en manos del dirigente de los camioneros, Hugo Moyano,
está siendo cuestionada por representantes de otros gremios. La representatividad y la estabilidad de
los grupos que pactan, requisitos para el éxito de los pactos sociales tripartitos, no están aseguradas.
16. La intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y especialmente del índice
de inflación, sumada a la falta de actualización de muchos índices y la decisión de discontinuar otros,
trae como consecuencia que todas las estadísticas sean sospechosas y la falta de credibilidad de los
datos con que el Gobierno construye el presupuesto nacional.
17. En agosto de 2007, un ex funcionario kirchnerista de la provincia de Santa Cruz, acorralado en
una manifestación de protesta de los docentes, huyó en su camioneta pasando por sobre los cuerpos
de los manifestantes, una imagen brutal que hizo evocar el impacto de la quema del cajón en el acto
de cierre de la campaña peronista de 1983, una acción que selló la derrota de su entonces candidato,
Ítalo Luder.
18. La esposa del general Perón, Isabel Martínez, llegó a la presidencia tras la muerte del general y lo
hizo desde su cargo de vicepresidenta. Eva Perón no pudo lograr ese objetivo.
19. J. B. ALBERDI (1980), Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra.
20. La Nación, 15/09/07. La inclusión del gobernador radical como acompañante en la fórmula de
Cristina Fernández obedece a la estrategia adoptada por el presidente Néstor Kirchner, quien tras llegar
a la Casa Rosada en 2003 y ver que no podía hacerse con las riendas del Partido Justicialista optó por
cambiar de rumbo y aglutinar en torno a su persona a políticos y dirigentes fuera del peronismo.
21. La pobreza en el primer semestre de 2007 fue de 28.3%, cinco puntos por encima de la cifra del
INDEC (23.4%), debido a la distorsión en el cálculo oficial de la inflación, SEL (2007), Newsletter
sobre la situación laboral y social de la Argentina. (www.selconsultores.com.ar)
22. I. BERMÚDEZ, Clarín, 20/06/07.
23. R. CASTIÑEIRA, “ Se acentúa la descoordinación macroeconómica”, en Econométrica, setiembre
de 2007 (www.econometrica.com.ar)
24. Citado en A. HIRSCHMAN (1979), “The Turn to Authoritarianism in Latin America and the
Search for its Economic Determinants”, en D. COLLIER (editor), The new Authoritarianism in Latin
America, New Jersey, Princeton University Press, p.65.
25. Pese a haber sido elegido como compañero de fórmula de su esposa, Kirchner impulsó en Mendoza
una fórmula de gobierno propia cuya victoria dejó sin base territorial al vicepresidente Cobos.
26. En las elecciones para la Cámara de Diputados, la sobre representación de los distritos pequeños
(ninguno elige menos de 5 diputados, con independencia de su población) tiende a conformar gobiernos
divididos cuando el presidente –elegido en los distritos grandes– no pertenece al partido que
domina en esos distritos pequeños (tradicionalmente ha sido el peronismo el partido predominante en
el interior). El gobierno dividido ha sido el rasgo de las dos administraciones radicales desde 1983.
27. La sobre representación de los distritos pequeños en ambas cámaras explica la distribución del
poder institucional en el Congreso.
28. “Para mí y para todos los argentinos (Néstor Kirchner) seguirá siendo presidente”, dijo Cristina
Fernández en el acto de asunción del segundo mandato del gobernador Mario Das Neves en la provincia
de Chubut, antes de asumir su mandato.
29. Al momento de escribir estas líneas no se ha concretado aun la presidencia del Partido Justicialista
en manos del ex presidente Kirchner. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que el presidente
Kirchner tiene para los próximos años “una tarea muy grande” que es “ordenar un espacio tan disímil”
como el justicialismo (La Nación 9/12/2007).
30. El socialista Hermes Binner se consagró gobernador de Santa Fe; Mauricio Macri, el candidato del
centro derecha, fue elegido jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Recibido: 10/08/08. Aceptado: 20/09/08
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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La pérdida de legitimidad de los partidos políticos argentinos
Ricardo Sidicaro
Ricardo Sidicaro es Profesor de la Universidad de
Buenos Aires e Investigador de CONICET
�ail: rsidicaro@mail.fsoc.uba.ar
resumen
Para analizar las causas de la declinación de
la legitimidad de los partidos políticos argentinos
en el período de reconstrucción institucional
abierto en 1983, este artículo se centra: 1) en el
sentido de las acciones de los dirigentes políticos
y 2) en las transformaciones de las subjetividades
de los ciudadanos. El análisis sostiene que en
la medida que la vida política nacional de 1930-
1983 se caracterizó por la violación casi permanente
de las reglas democráticas, los dirigentes
políticos adquirieron estilos de acción que luego
obstaculizaron la construcción de un sistema democrático
moderno. Desde 1983, en la sociedad,
las combinaciones entre reclamos antimilitaristas
y demandas democráticas produjeron muchas
expectativas que luego se frustraron. Por
otra parte, el debilitamiento de la cohesión social
y la mayor libertad cultural aumentaron los
niveles de exigencias políticas de los ciudadanos
y sus críticas a los partidos políticos.
palabras claves
partidos políticos / Estado / democracia
Argentina
summary
To analyze the reasons of the decline of the
legitimacy of the Argentine political parties in
the period of institutional reconstruction opened
in 1984, this article centres: 1) in the sense of
the actions (shares) of the political leaders and
2) in the transformations of the subjectivities of
the citizens. The analysis holds that in the measure
that the political national life of 1930-1983
characterized for the almost permanent violation
of the democratic rules, the political leaders acquired
styles of action that complicated then the
construction of a democratic modern system.
From 1983, in the society, the combinations
between claims antimilitarists and democratic
demands produced many expectations that then
frustrated. On the other hand, the weakening
of the social cohesion and the major cultural
freedom increased the levels of political requirements
of the citizens and his critiques to the
political parties.
keywords
political parties / State / democracy Argentina
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
2

Existen numerosos observables empíricos que permiten considerar a la pérdida
de legitimidad de los partidos políticos como una de las características principales
de la actual situación argentina. Ese fenómeno no es reciente, sus manifestaciones
variaron en el curso de los últimos dos decenios, pero a partir de la crisis de 2001
adquirió una notable visualización pública. Abordar este tema es, por cierto, introducirse
en una cuestión compleja, en buena medida oscurecida y simplificada
al ser mencionada corrientemente sin mayor precisión conceptual y como parte de
controversias en las pujas por posiciones de poder. No está de más recordar que
los conocimientos de las ciencias sociales sobre procesos en curso suelen tener
fronteras porosas o difusas con los argumentos de los actores más directamente
concernidos, con las opiniones normativas de índole jurídico y con las narraciones
de los medios de comunicación. Usualmente, los avatares de la política que
invaden las preocupaciones ciudadanas se trivializan y son naturalizados al punto
tal que se pierde su significado detrás de anécdotas sobre las idiosincrasias de los
altos personajes o las atribuciones de culpas.
En términos sociológicos, la legitimidad política de un actor, individual o colectivo,
se estima considerando el grado positivo de consenso social acordado a
sus desempeños. En el caso de las democracias modernas, se trata, entonces, de
una creencia existente en la ciudadanía situada en un plano distinto al de sus preferencias
por una u otra fuerza política. A su vez, las creencias sobre los grados de
legitimidad de los partidos pueden ser distintas a las referidas a la validez del orden
político vigente y a la valoración de la función de los partidos, en abstracto, en
tanto mecanismos necesarios para la representación de la diversidad de opiniones
de la ciudadanía. En el caso argentino, como en muchos otros países, los considerables
porcentajes de personas que critican los modos de acción de los partidos,
no manifiestan puntos de vista adversos hacia el régimen político democrático y
el principio de representación partidaria. En ese marco de percepciones de la vida
pública, la erosión de la confianza en los dirigentes partidarios se combina contradictoriamente
con el apoyo al sistema de regulaciones institucionales que supone
necesaria su existencia para representar y para gobernar. De allí que no deba resultar
paradójico que los mismos individuos inclinados a denostar a los dirigentes políticos
en general, a la hora electoral escojan por algunos de sus partidos y declaren
luego no tener expectativas en ser representados por ellos. En cierto sentido, puede
decirse que la creencia en la validez del orden político democrático opera como un
factor que da estabilidad a la democracia y neutraliza las posibilidades de que minorías
activas antidemocráticas, de origen militar o civil, intenten la instauración
de regímenes de tipo autoritario. Por otra parte, es probable que la distancia establecida
entre la sociedad y los dirigentes partidarios haya favorecido la libertad de
estos últimos para transgredir normas que, de todos modos, la ciudadanía suponía
que no respetaban. En tanto las elecciones y las alternancias constituyeron elementos
esenciales del orden democrático, los dirigentes de partidos cuya descomposición
creciente era evidente continuaron obteniendo reconocimientos electorales
y posiciones de gobierno y, en cierto grado, algunos candidatos consiguieron
crear circunstancialmente una buena aceptación en parte de la sociedad, aunque

los estudios de opinión seguían reflejando la falta de confianza de los ciudadanos
en sus partidos. Las entrevistas y las encuestas que revelan la falta de confianza
de la sociedad en los partidos argentinos proporcionan informaciones confiables
sobre las creencias vigentes en la sociedad sobre su pérdida de legitimidad, sin
ser esos los únicos observables empíricos al respecto. Hechos más puntuales tales
como los estallidos de protestas sociales, las acciones de autorepresentación de las
personas que suponen no tener otros medios para hacer valer sus derechos o para
peticionar, el ausentismo electoral, el voto en blanco, son otros tipos de conductas
que pueden leerse en la misma clave.
En este texto nos preguntaremos sobre las causas del deterioro de la legitimidad
de los partidos diferenciando dos planos de análisis: 1) el de las ambivalencias
iniciales del proceso de reconstrucción de las instituciones democráticas; y 2) el
de las transformaciones de la sociedad que incidieron en los cambios de las creencias
sobre la política. Ambos planos forman parte de una totalidad compleja de
la que sólo destacaremos algunos de sus nexos más relevantes. En fin, no está de
más aclarar que los procesos particulares, las corrientes de opinión, los acontecimientos
puntuales o los sistemas de acciones delimitados espacio-temporalmente
que mencionaremos, sólo tendrán por finalidad sustentar empíricamente nuestra
interpretación sociológica.
Las opiniones ciudadanas
Para la elaboración de este análisis fueron de fundamental importancia los resultados
de una investigación que realizamos en los años 2004-2005 sobre la legitimidad
de las instituciones estatales y de los partidos políticos argentinos. 1 Una
amplia mayoría de los entrevistados coincidió en criticar a los dirigentes de los
partidos políticos por considerarlos: ajenos a las demandas y necesidades de la
sociedad; preocupados por preservar sus cargos y los beneficios derivados de
los mismos; incumplidores de sus anuncios electorales; carentes de capacidad
para la gestión pública y, mediante ideas diversas, asociaron la política con la
búsqueda de oportunidades ilícitas de enriquecimiento personal. En sus sentidos
clásicos y modernos, el término corrupción tuvo una recurrente presencia en los
relatos recogidos. Si bien los entrevistados fueron seleccionados de acuerdo a las
distintas situaciones y condiciones sociales presentes en el conjunto del cuerpo
electoral, las críticas a la falta de representatividad de las dirigencias partidarias
fue casi unánime. En parte, la diversidad de las inserciones en la sociedad incidió
en los estilos de argumentación: quienes tenían mayores formaciones educativas
o se desempeñaban en puestos jerárquicos mostraron más propensión a proponer
soluciones, ese tipo de respuestas fueron menos frecuentes en el resto de los entrevistados.
Con independencia de ciertas variaciones menores relacionadas con
experiencias generacionales, la valoración positiva del orden político democrático
y las críticas a los dirigentes de los partidos fueron el punto de convergencia de la
mayoría de las opiniones recogidas.
En general, los entrevistados de más de 40 años expresaron sentimientos de
desencanto al referirse a sus expectativas políticas de la época de comienzos del
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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égimen democrático. Una parte de esas personas hizo menciones explícitas a las
esperanzas frustradas en materia de mejora de las condiciones socioeconómicas de
la población, sin ser ese el tema que predominó. Las objeciones al modus operandi
de los partidos en general no establecieron mayores distinciones entre los mismos.
Sólo en una cantidad numéricamente poco significativa de los entrevistados, el
descontento sobre el presente era acompañado de objeciones a eventuales abandonos
de tradiciones ideológicas de los partidos a los que habían votado. En cuanto
a los viejos enfrentamientos que en otras circunstancias dividieron las sensibilidades
políticas nacionales, su mención fue secundaria. La antinomia efectivamente
recurrente fue de otro carácter: nosotros, los ciudadanos, y ellos, los dirigentes
políticos. Con independencia de sus discrepancias sobre los gobiernos iniciados a
partir de 1983, la mayoría de las opiniones coincidió en la condena a la dictadura
militar y a sus responsables. En lo que hace a las experiencias personales, sólo
alrededor de un 10% de los entrevistados dijo haber participado de las actividades
de algún partido político y una proporción ínfima declaró mantener todavía algún
tipo de relación. Sobre la crisis de diciembre de 2001, las referencias a los perjuicios
ocasionados por el fin de la convertibilidad fueron netamente más numerosas
que las evocaciones del rechazo contra los dirigentes partidarios manifestado en
aquella ocasión por los sectores movilizados de la población. El fin del gobierno
de De la Rúa apareció como un hecho importante sólo para los entrevistados que
se mostraron más interesados por cuestiones políticas. En general, primó el pesimismo
sobre las posibilidades de renovación de las dirigencias partidarias o de
sus modos de acción. Sin dejar de manifestar falta de confianza en la dirigencia
política, una cierta cantidad de los entrevistados reveló expectativas favorables al
inicio del gobierno de Néstor Kirchner.
El análisis de las opiniones recogidas por nuestra investigación fue realizado
mediante una lectura que apuntó a la comprensión global del sentido de lo dicho
por los entrevistados, en tanto expresión de subjetividades individuales que con sus
recuerdos no sistemáticos y sus ambigüedades, expresan pensamientos colectivamente
compartidos sobre situaciones vividas individualmente pero decodificadas
desde puntos de vista, o de visión, condicionados por los lugares ocupados en el
espacio social. Digamos que si en apariencia no hay nada que se pueda considerar
más personal que el acto de contestar en una entrevista, comparable si se quiere al
de entrar al cuarto oscuro a depositar un sufragio, las selecciones de los recuerdos
y de las palabras, al igual que las de los candidatos que se a vota, están socialmente
condicionadas y expresan un saber común y experiencias colectivas y, casi siempre,
previamente habladas. La alta homogeneidad de las miradas críticas sobre los
dirigentes partidarios, más allá de las evaluaciones puntuales no necesariamente
concordantes, brindó ejes temáticos, no siempre nombrados explícitamente por
los entrevistados, a partir de los cuales nos propusimos establecer la comprensión
del sentido de las conductas de quienes estiman que, por acción u omisión, los
partidos y sus dirigentes carecen de legitimidad.
Además de los datos cualitativos de nuestra investigación, hemos empleado informaciones
elaboradas por distintas entidades que realizan mediciones cuantitati-

vas periódicas de los niveles de confianza en las instituciones públicas. En el Cuadro
1 se resumen los resultados de un estudio realizado por la consultora Gallup:
Cuadro 1. Indicadores de confianza en las instituciones 1984-2007
1984 1991 2002 2007
Congreso 73% 17% 7% 12%
Partidos Políticos (**) 15% 4% 7%
Fuente: Estudio acerca del trabajo voluntario y la responsabilidad empresaria. Gallup Argentina
2007
Cabe señalar que en la fuente citada se aclara que la primera medición sobre la
confianza en los partidos políticos fue hecha en 1987 y que en esa oportunidad el
38% de los encuestados manifestó confiar en ellos. Después de 1984, el aumento
del porcentaje de opiniones críticas sobre el Congreso, es el indicador que mejor
resume la caída de las expectativas puestas por la ciudadanía en la nueva etapa
de la vida política nacional. Es interesante señalar que la leve recuperación de los
porcentajes de confianza en el Congreso y en los partidos registrada entre 2002 y
2007, no alteraron significativamente la tendencia general imperante.
Cuadro 2. Indicadores de déficit de confianza en las instituciones 2004-2007
2004 2007
Valoración del Gobierno Nacional 82% 70%
Valoración del Congreso 94% 84%
Valoración de los Partidos Políticos 98% 95%
Valoración del acto de votar 14% 22%
Fuente: Índice de desarrollo humano y social. Boletín del Observatorio de la deuda social
argentina. Nº 1/2008. Universidad Católica Argentina 2
La otra fuente a la que hemos recurrido, el Observatorio de la deuda social argentina
de la Universidad Católica Argentina, corresponde a los años 2004 y 2007,
y aporta datos igualmente significativos. Los indicadores sobre el Congreso y los
partidos son casi similares a los del estudio de Gallup, si bien en su presentación
el Observatorio opta por referirse al déficit de confianza, es decir a los porcentajes
de respuestas que dicen no tener confianza. La información del Cuadro 2 muestra
que entre 2004 y 2007 se registró una mínima baja porcentual en el indicador de
desconfianza en los partidos, pero que mejoró de un modo relativamente mayor la
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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confianza en el gobierno nacional y en el Congreso, así como la valoración asignada
al acto de votar.
La buena recepción en la opinión pública de la gestión presidencial de Néstor
Kirchner fue, sin duda, la razón por la que se mejoraron los porcentajes de confianza,
entre 2004 y 2007, en el Gobierno nacional. Cabe destacar que la modificación
positiva de los valores de dicho indicador se dio en una situación en la que a los
efectos de continuar con la reconstrucción de la economía la acción gubernamental
adquirió una centralidad mayor y los logros, en ese aspecto, debieron estar en
la base del cierto aumento de confianza captado en las encuestas. También el Poder
Ejecutivo tuvo desempeños visualizados como antimilitaristas y favorables a la
política de derechos humanos que, como veremos más adelante, son cuestiones
que despiertan la adhesión de una parte de la ciudadanía. En cambio, distintos
análisis muestran que en ese período se registraron numerosas transgresiones al
normal funcionamiento de la división de poderes, acrecentándose el decisionismo
presidencial que emprendió tareas de orden legislativo constitucionalmente reservadas
al parlamento. 3 Aún así, los porcentajes de mejora de la confianza en el Poder
Legislativo se vieron acrecentados, probablemente, por su participación en las
decisiones sobre los cambios en la Corte Suprema de Justicia o en la reapertura de
los juzgamientos a los responsables de delitos durante la dictadura. Es interesante
señalar que lo sucedido con la confianza en el Gobierno nacional y en el Congreso,
prácticamente no repercutió en la mejoría de la valoración de los partidos. Más
aún, tal como veremos, en las elecciones nacionales 2007 los partidos dejaron su
lugar a frentes electorales y a candidaturas personalizadas, lo que de hecho mostró
un nivel alto de autoconciencia de su desprestigio.
La política y la segunda modernidad
Entre los rasgos más característicos de la actual época de la modernidad occidental
se encuentra el debilitamiento del atractivo de los partidos políticos que,
con manifestaciones disímiles, se registra en las más diversas sociedades de nuestros
días. Es común observar como la política dejó de proveer identidades colectivas
y de polarizar las opiniones de los ciudadanos.
Con conceptos durkhemnianos, puede decirse que el interés que suscitaban los
partidos fue tanto mayor cuando existían tejidos sociales más integrados que daban
lugar a las confrontaciones de ideas divididas en torno a las orientaciones de
los llamados “destinos colectivos”. En ese tipo de situaciones, los partidos fueron
los actores que condensaron la expresión de las representaciones colectivas de los
diferentes sectores sociales que se cristalizaron en grandes y durables clivajes políticos.
Los discursos y las acciones de esos partidos crearon tradiciones políticas
e ideológicas que no necesariamente han desaparecido, pero junto con la declinación
de los niveles de integración social perdieron intensidad las anteriores pasiones
y certezas políticas. Los vínculos sociales más laxos se reflejan en la aparición
de subjetividades menos apegadas a las herencias culturales de toda índole. Si bien
esos cambios no impiden que los encargados de la puesta en escena de la acción
política recurran a las retóricas que otrora habían mostrado ser efectivas para mo-

vilizar adhesiones, esos anacronismos en algunos casos debieron incrementar la
desconfianza ciudadana.
Es notorio que en la medida que se diversificaron las formas actuales de vida
y se modificaron las inserciones sociales rígidas y permanentes, en especial, pero
no sólo, en el mundo del trabajo, se fueron produciendo vaciamientos de sentido
en los contenidos de los discursos y simbologías políticas. Los viejos sistemas
de alteridades colectivas que alcanzaron su apogeo en las luchas por la “ciudadanía
política” primero y después por la “ciudadanía social”, comenzaron luego
a desdibujarse con los efectos socialmente integradores de aquellas importantes
conquistas.
Luego, junto con las ampliaciones de los horizontes de posibilidades individuales,
las preferencias políticas adquirieron más matices, y aún quienes siguieron
votando por los mismos partidos ya no se subordinaron de igual forma a sus dirigentes
y comenzaron a dudar sobre cómo orientar sus sufragios.
Con la globalización y el paso de la modernidad sólida a la modernidad líquida,
para decirlo con términos de Zygmunt Bauman (2003a), no debe verse como algo
paradójico que los beneficiados de los cambios políticos y sociales de la etapa
sólida, relativizaron sus anteriores identificaciones políticas. Por otra parte, con el
avance de las desigualdades sociales y la fragmentación de los antiguos colectivos
sociales, en el pasaje de la sociedad de protección a la de inseguridad social, según
las nociones propuestas por Robert Castel (2004), los individuos quedaron más
expuestos a riesgos antes controlados. En procesos sociales, que como sostiene
Bauman (2003b:23): “los riesgos y las contradicciones siguen siendo producidos
socialmente, y se está cargando al individuo con la responsabilidad y la necesidad
de enfrentarlos”, hasta puede resultar un contrasentido que muchísimas personas
carentes de otros medios para expresar sus situaciones de deterioro tomen distancia
de los sistemas de partidos en los que podrían intentar buscar, u organizar, la
representación de sus intereses.
Sin embargo, los efectos ambiguos de las transformaciones en curso no aceptan
lecturas unilineales: en la nueva etapa de la modernidad occidental se producen
fenómenos múltiples cuya fluidez no es inteligible empleando las herramientas
conceptuales aptas para épocas precedentes. La coexistencia entre la declinación
del poder de las tradiciones en las diversas esferas de la vida, con el consiguiente
retroceso de las estructuras estructurantes de los modos de hacer, pensar y sentir,
tanto en los dominios de lo privado como de lo público, favorecen la autonomía de
la reflexividad individual y colectiva que reclama más y mejores fundadas razones
para aceptar la autoridad y la legitimidad de las instancias de poder. Cuando mucho
de lo sólido parece desvanecerse en el aire, los espacios nacionales-estatales y
los actores vernáculos de las luchas políticas, no quedaron al margen de las crisis
de confianza.
Puede afirmarse que el capital globalizado operó revolucionando las relaciones
económicas y sociales y su movilidad mundial desarticuló el triángulo fordista o
socialdemócrata de relaciones Estado-asalariados-empresarios. La disminución de
las capacidades estatales ante los agentes del capitalismo globalizado y los orga-
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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nismos internacionales de supervisión y de crédito, le restó sentido en los foros
políticos a las discusiones sobre las estrategias de desarrollo autónomo y en esas
circunstancias el denominado pensamiento único del neoliberalismo se convirtió
en una especie de acta notarial de la constatación de la nueva situación nacional
y mundial. Por su parte, la globalización cultural contribuyó a la heterogeneidad
de todos los sectores sociales. En el extremo, puede afirmarse que los partidos sin
ideas no fueron más que una especie de sinceramiento del hecho de la exterioridad
del poder de decisión sobre los grandes asuntos públicos que tendía a restringir las
intervenciones efectivas de los partidos y de los gobiernos.
Lo que Ralf Dahrendorf (1989) denominó la cuadratura del círculo o, si se
prefiere, la difícil tarea de combinar el mantenimiento de la capacidad competitiva
de un país bajo las inestables y agresivas condiciones de la mundialización
económica, lograr ese objetivo sin lesionar las bases de la cohesión y de la solidaridad
social, asegurando la plena vigencia del régimen político democrático y
respetando las regulaciones de una sociedad libre, fue, sin duda, la mejor síntesis
de los desafíos de la complicada situación de la política en la segunda modernidad.
Los dirigentes partidarios o gubernamentales que debieron enfrentar esa situación,
a diferencia de Dahrendorf no estaban en una cálida biblioteca del St. Antony´s
College de Oxford; se hallaban, por el contrario, al frente de naciones, estructuras
partidarias o de aparatos estatales que habían entrado en la vorágine de lo
que Anthony Giddens llamó un mundo desbocado. Dicho autor designó como la
paradoja de la democracia, al hecho que ese tipo de régimen político “se expande
por el mundo mientras que en las democracias maduras a las que el resto del mundo
debe −en teoría− copiar, existe una desilusión generalizada con los procesos
democráticos. En la mayoría de los países occidentales los niveles de confianza
en los políticos ha caído en los últimos años. Vota menos gente que antes, particularmente
en Estados Unidos. Cada vez son más quienes dicen no tener interés en
la política parlamentaria, especialmente entre las generaciones jóvenes” (Giddens,
2000:85).
Con Giddens puede decirse que la modernización de los partidos fue considerablemente
más lenta que los cambios registrados en los modos de vida de sus electores.
En el heterogéneo panorama ideológico derivado de las modificaciones de la
sociedad del último cuarto del siglo XX no faltaron, tampoco, quienes reaccionaron
en defensa de los valores del “hombre y de la mujer corriente” y encontraron
ecos en los discursos antipolíticos de los viejos y nuevos qualunquistas, críticos
de lo que denominaban las “partidocracias”.
Si la idea de la corrupción, con sus usos varios y equívocos, conoció a finales
del siglo XX una enorme difusión para vilipendiar a los dirigentes partidarios o
gubernamentales, fue, en buena medida, por haber canalizado malestares sociales
de orígenes diversos. Desde ópticas distintas, fue el lugar común de reflexiones
profanas y de reformadores éticos, que predicaban nuevas morales políticas. Aquí
también cabe coincidir con Giddens y dudar sobre la novedad de la corrupción en
los países democráticos, y pensar que “en una sociedad abierta a la información
es más visible y los límites de lo que se considera corrupción han cambiado”

(Ibídem, 83). Esa observación sobre los países democráticos de más larga data,
probablemente no corresponde a los que combinaron la salida de regímenes de
tipo totalitario o autoritario con las privatizaciones de empresas estatales, que,
como lo mostraron diversos estudios, expandieron las posibilidades de corrupción
partidaria y gubernamental. 4
Manteniéndonos en el tema de la relación entre partidos y valores éticos, digamos
que la denominada crisis del militantismo, con la disminución del componente
vocacional de la acción política, favoreció la entrada en los partidos de
buscadores de prebendas, centrados en los intercambios y en las gratificaciones
materiales, prácticas que encuentran climas propicios en las condiciones sociales
de anomia o de crisis de sentido, propias de las épocas de cambio político. Sin ser
el único factor en presencia, el rechazo a la política sin valores incrementó la desconfianza
de la sociedad en los partidos. Pero, como lo destaca Klaus von Beyme
(1995:195), esas críticas al cinismo de los partidos no son sólo disfuncionales para
el funcionamiento de los sistemas políticos ya que incentivan a sectores de sus
dirigencias a buscar soluciones para superar esas imágenes negativas.
En fin, al igual que cualquier otra cuestión vinculada con cambios políticos,
sociales y culturales actuales, el tema de la relación de la sociedad con los partidos
deja abierto los interrogantes acerca de su carácter de fenómeno coyuntural o estructural.
¿Se trata de una distancia crítica pasajera destinada a resolverse mediante
la readecuación de los partidos a las nuevas configuraciones societales o se está
frente a un cambio en los vínculos de la ciudadanía con los partidos que anuncia el
inicio de una modificación permanente de los modos de representación? En todo
caso, una respuesta que considere, a la vez, la existencia en las sociedades occidentales
de una nueva cultura política, en la que la desconfianza ciudadana frente
al poder y a las jerarquías se articula con demandas mucho más individualizadas
que las de épocas inmediatamente precedentes, puede permitir indagar mejor sobre
las realidades presentes y evitar profecías sin fundamentos. En todo caso, está
casi de más aclarar que la constatación de la declinación de la legitimidad de los
partidos en muchos contextos nacionales contemporáneos, no permite explicar la
existencia de esos procesos diciendo, simplemente, que esto ocurre porque es un
fenómeno época.
Democracia y antimilitarismo
Juan Linz sostuvo que los gobiernos democráticos que llegan al poder sin rupturas
violentas o sin enfrentamientos con los regímenes autoritarios anteriores encuentran
siempre dificultades para emprender las tareas de depuración política, de
modificación legislativa o de cambios de los equipos administrativos y militares
(Linz, 1978:35). En el caso argentino, al listado de dificultades de Linz cabe agregar
las aportadas por los dirigentes partidarios que nunca habían participado de
cuerpos institucionales de deliberaciones democráticas normales durante períodos
razonablemente prolongados. Tampoco los partidos políticos habían tenido vidas
internas capaces de funcionar, como se suele decir, como escuelas de democracia.
En las condiciones de restricciones de las libertades públicas, los microcosmos
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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partidarios fueron lugares de formación de pequeños grupos que rememoraban
pasados mejores que, salvo en ocasiones excepcionales, no participaban realmente
en conflictos políticos.
Durante el Proceso, algunos dirigentes partidarios colaboraron con los dictadores,
mientras la mayoría hibernó a la espera de su desgaste y sólo unos pocos
actuaron pidiendo reivindicaciones democráticas. En las elecciones de 1983, los
clivajes políticos de las épocas anteriores no se reavivaron excesivamente ya que
las coincidencias pidiendo el fin del régimen autoritario operaron disminuyendo
la mención de los anteriores antagonismos, pero, de todos modos, tanto los peronistas
como los radicales atrajeron adhesiones por sus respectivos pasados. Probablemente,
al denunciar la existencia de un pacto militar-sindical, Raúl Alfonsín
consiguió ganar a su favor las sensibilidades más marcadamente antimilitaristas
a la vez que estableció un nexo con la antinomia histórica. 5 Los peronistas, en
cambio, se mostraron más inclinados a recordar su decenio fundacional ya que
el efímero gobierno 1973-76 no debió parecerles un tema proselitista atractivo y,
convencidos del seguro triunfo de su candidato, prefirieron no agitar propuestas
antimilitaristas. En la confusión reinante, ninguna fuerza política pareció estar en
condiciones de captar las transformaciones de la sociedad y del Estado dejadas por
la experiencia autoritaria que se cerraba.
En la sociedad, la efervescencia política que estalló en la agonía del régimen
procesista generó una sensibilidad social antimilitarista de características desconocidas
en el país, originada más por la derrota en la guerra de las Malvinas, que
por las informaciones, escasas todavía, de lo sucedido en materia de violaciones
a los derechos humanos. La simpatía popular que despertó en sus comienzos la
iniciativa bélica del Atlántico sur actuó como un factor de reconstrucción circunstancial
del tejido social. Las multitudes que plebiscitaron en las calles el inicio y
desarrollo de la guerra, fueron acompañadas por la mayoría de los dirigentes de
todos los partidos políticos, de las corporaciones empresarias y sindicales, y por
figuras relevantes de la cultura. Esa efervescencia social cambió de signo ante
la certeza de la derrota y se convirtió en la base de un verdadero sentido común
antimilitar que resultó decisivo en la transformación institucional del país. Si bien
en sus comienzos el conflicto malvinense había suscitado reacciones antiimperialistas
que objetivamente fortalecieron a los altos jefes castrenses en la lucha
contra la alteridad británica, haciéndoles fantasear, seguramente, con el logro de
un duradero apoyo de masas, con la capitulación la sociedad civil buscó, esta vez
sin metáfora, a los “mariscales de la derrota” y los militares in toto fueron condenados
por la opinión pública. No es arriesgado suponer que sin esa indignación
ciudadana, los dirigentes de los principales partidos no hubiesen optado por juzgar
a las Juntas.
El antimilitarismo convertido en adhesión a la democracia, y la reconstrucción
del pluralismo político pensada como lo inverso de la dictadura, formaron la base
de un complicado entramado ideológico que generó las expectativas políticas y
emocionales de un amplio sector de la población que por razones diversas luego se
sentiría defraudado por los modos en que las dirigencias partidarias respondieron a

sus demandas y reclamos. Esa confusión entre el antimilitarismo y la democracia
fue, desde 1984, incentivada por los conflictos institucionales con el militarismo
residual de esa década. Las amenazas de retorno de los militares a la escena política,
así como los retrocesos en materia de castigos a los responsables del Proceso,
potenciaron la particular manera en que se había definido la democracia. Puede
afirmarse que en la efervescencia política del ’83, se yuxtapusieron, sin coincidir,
dos demandas en sentido estricto no coincidentes: la primera era la consecuencia
real del desenlace de la guerra; la segunda, una expectativa imaginada sobre la
democracia, cuestión ideal sobre la que la gran mayoría de la población carecía
de experiencia.
Más allá del valor histórico que suele asignarse a las legislaciones de la década
de 1910 sobre la instauración del sufragio universal, secreto y obligatorio, ese
buen comienzo quedó archivado en menos de dos decenios. Luego, durante algo
más de medio siglo las reglas democráticas de funcionamiento del sistema político
fueron sistemáticamente vulneradas. Los gobiernos civiles y militares, desde
1930, restringieron, de diferentes modos y con disímiles argumentos, la plena vigencia
de las libertades públicas y limitaron el pluralismo político. Al respecto, redunda
nombrar aspectos emblemáticos: los conservadores de 1930/43 y el fraude;
los peronistas de 1946/55 y el cercenamiento de la libre expresión; los gobiernos
militares de los años 1955/73 y la anulación del pluralismo partidario; los peronistas
de 1973/76 y el uso de medios extralegales de represión; el “proceso” y la
supresión total del Estado de Derecho y los crímenes de lesa humanidad. En los
intersticios de esos cinco decenios existieron intentos precarios de restauración
democrática, sin legitimidad de origen, bajo tutela militar y en todos los casos
cerrados por golpes castrenses.
Durante ese prolongado período de intervenciones de los uniformados en la
vida política, importantes sectores de la sociedad civil, no siempre los mismos,
participaron de la formación de coaliciones golpistas y apoyaron las políticas de
los gobiernos de facto (Sidicaro, 2004). En ese medio siglo, limitaciones de los
derechos de ciudadanía política fue el rasgo predominante del desarrollo institucional.
El campo político sui generis creado en esa situación naturalizó tanto la
presencia del actor militar destituyendo gobiernos civiles, como a los dirigentes
políticos que aceptaban o prohijaban la violación de las normas constitucionales.
La ruptura histórica de 1983, no pudo, obviamente, suprimir los habitus o sistemas
de predisposiciones de las dirigencias partidarias socializadas en la anormalidad
institucional reinante durante un período tan prolongado. En general, los análisis
que abordaron la transición argentina a la democracia no adjudicaron mayor
importancia al hecho de que los partidos que debían asumir un papel central en el
nuevo régimen político eran portadores de continuidades de prácticas y de modos
de pensar que poco tenían en común con las virtudes republicanas necesarias para
construir una democracia de tipo occidental. Los principales partidos capitalizaban
sufragios de importantes conjuntos de ciudadanos con su capacidad de evocar
recuerdos más o menos difusos que dividían a la sociedad en sensibilidades políticas
divergentes, cuyo poder emocional se mantenía, en buena medida, ayudado
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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por las discontinuidades del sistema institucional. Como un efecto no buscado de
los golpes militares y las periódicas supresiones de las actividades de esos partidos,
se congelaban las representaciones imaginarias de la sociedad y los discursos
partidarios. Las transformaciones sociales y culturales de la sociedad alcanzaban
en cierto modo a los partidos pero sus efectos se iban depositando como capas
geológicas, modificando poco sus tradiciones ideológicas, sin alterar los estilos
caudillistas de liderazgos.
Esas máquinas partidarias defectuosas, aisladas de la ciudadanía durante las dictaduras,
en un momento u otro habían fracasado en efímeros pasos por los gobiernos.
El peronismo, la fuerza política que concitaba más apoyos desde mediados
de los años ’40, nunca había tenido una organización normal de partido político;
proscripto durante muchos años, existió como una combinación de grupos heterogéneos
conducidos por un líder carismático, quien al fallecer en el gobierno sin que
se hubiese producido el tipo de proceso que Max Weber denomina de rutinización
del carisma, su sucesión llevó al desorden de sus seguidores. La Unión Cívica
Radical conoció desde 1930 una serie de divisiones que debilitaron su capacidad
electoral; su poder de convocatoria política desde mediados de los ’40 se basó en
presentarse como el rival del peronismo. Luego, la dictadura procesista les dejó a
los gobernantes radicales una desorganización del Estado, de la sociedad y de la
economía, que conformaron problemas cualitativamente distintos a los previstos
por su dirigencia partidaria. Pero, sobre todo, el radicalismo alfonsinista había
llegado al gobierno en la época de la cuadratura del círculo.
La inflexión pascual
Los sucesos de abril de 1987 no inauguraron el distanciamiento de la sociedad
civil con respecto a los partidos políticos, pero dieron un salto en ese sentido, por
eso perduraron en la memoria colectiva como el final de la primera etapa del período
de reconstrucción de las instituciones. Semana Santa del ’87 fue, si se quiere,
el último acto de la efervescencia popular iniciada con la derrota en la guerra de
las Malvinas. Si en el primer trienio alfonsinista, el entusiasmo por la clausura del
ciclo militar se combinó con la ilusión democrática, resumidos ambos en la fuerza
simbólica de los Juicios a las Juntas, las evidencias de los retrocesos ante las imposiciones
de los uniformados en abril de 1987, crearon en el espíritu público las
certezas de que las instancias representativas no expresaban las demandas de justicia.
Los sentimientos y las expectativas antimilitaristas habían tenido ya algunos
motivos de fricciones con el gobierno, pero recién con el golpe pascual pareció
quedar por primera vez en claro que en las condiciones de democracia representativa
el pueblo no deliberaba ni gobernaba sino por medio de sus representantes.
Sin embargo, para que tal división del trabajo político, normal en los regímenes
democráticos, fuese aceptada como tal por los representados hubiese sido necesario
que los representantes previamente transmitiesen mediante discursos públicos
y acciones partidarias ideas al respecto para hacerlas aceptar por la ciudadanía. Es
probable que esa meta hubiese sido factible ya que en una demostración de confianza,
según se calcula, alrededor de tres millones y medio de personas se habían

afiliado a los dos grandes partidos tradicionales en las vísperas de las elecciones
presidenciales. Sin embargo, los dirigentes de esos partidos demostraron no tener
vocación, o interés, en discutir sobre el sentido de la democracia con la ciudadanía
o, al menos, en generar espacios de deliberación y formación de quienes poseían
más vocación y conocimientos acerca de las cuestiones públicas.
La efervescencia política que había acompañado el establecimiento de la democracia
no había sido considerada por amplios sectores de la población como
un acto de delegación sin condiciones y, en especial, buena parte de aquellos que
habían apoyado al radicalismo en 1983 y muchos de los que luego le dieron su adhesión
por sus iniciativas tendientes a castigar a los responsables de la dictadura,
no tenían subordinación a ningún partido político.
Si en condiciones normales los dirigentes partidarios creen que “la política es el
arte de lo posible” y sus apoyos les dejan la responsabilidad de gobernar sin otro
recurso que el de castigarlos en las urnas venideras, algo muy distinto sucedió
cuando las movilizaciones sociales se convirtieron en actores de la esfera pública
de la política en los momentos liminares de la restauración democrática. Con independencia
de las cantidades de personas que participaron en las movilizaciones
antidictatoriales, en la sociedad había ganado espacio un nivel de deliberación y de
politización como nunca se había conocido hasta entonces: las prioridades en materia
de derechos humanos y peticiones de justicia se habían colocado por encima
de las comparativamente menos atractivas agendas de los partidos tradicionales.
Dichos partidos, sin experiencia de gestión, se vieron superados por el lenguaje de
las reivindicaciones de carácter universal que venían de la sociedad y por el tenor
de los reclamos fundados en valores. Sin proponérselo, los sublevados de Semana
Santa de 1987 pusieron la piedra fundacional de un nuevo período: la clásica
disyuntiva entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades no
fue el dilema de un actor sino que abrió dos senderos que se bifurcaron. Con la
inflexión pascual, lo que dio en llamarse el posibilismo argumentó en nombre del
grado de justicia posible en las condiciones políticas imperantes, mientras que en
amplios sectores de la opinión movilizada se instaló la tesis de que la justicia no
era materia de negociación. 6
La legitimidad de la democracia
Con conceptos de Max Weber se puede caracterizar al régimen democrático
como un sistema de dominación legítimo basado en la creencia reinante en la población
acerca de la aceptación de las directivas y orientaciones de las autoridades
políticas a cargo de la conducción de los asuntos públicos por medio de las actividades
de las burocracias estatales (Weber, 1999:173-180). 7 Dos elementos son
fundamentales para asegurar esa creencia: el origen de las autoridades se ajusta a
las normas legales establecidas para su designación y en el ejercicio de sus funciones
éstas se subordinan al mandato de las leyes y aseguran la igualdad legal de los
ciudadanos. No pocas veces se ha señalado el carácter formal de dicha igualdad
ante la ley, pues las desigualdades sociales y económicas colocan a los individuos
en asimetrías reales que contrastan con la igualdad legal. En ese sentido, la exis-
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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tencia del régimen democrático debe considerarse, justamente, a partir del poder
simbólico del criterio de igualdad ante la ley compartido por sujetos conscientes
de vivir en sociedades social y económicamente desiguales. Los privilegios de
quienes poseen más riqueza y las asimetrías cotidianas surgidas de la división del
trabajo social son aspectos normales de las sociedades capitalistas cuyos sistemas
políticos se rigen por principios democráticos y esas diferencias usualmente son
aceptadas salvo en las situaciones de extrema injusticia. Resulta aún más interesante
el hecho de que cualquier ciudadano medianamente informado sabe que sus
representantes en el ejecutivo o en el parlamento, a los que otorga su sufragio,
reciben desde el momento de asumir sus funciones salarios que los sitúan en el
estrato correspondiente al diez por ciento superior de los perceptores de ingresos.
En las opiniones recogidas en nuestra investigación sobre la legitimidad de las
instituciones públicas y de los partidos políticos argentinos, y lo mismo se constata
en muchos estudios sobre temas conexos, las críticas a los dirigentes partidarios y
a los funcionarios estatales en general se referían con gran frecuencia a las prácticas
de corrupción y a su impunidad. Desde comienzos del decenio de 1990, las
denuncias de corrupción se habían multiplicado en los medios de comunicación,
encontrando acogida en las oposiciones antimenemistas, y sus ecos, naturalmente,
se reflejaron en los estudios de opinión. Pero, detrás de las reiteradas menciones
a la corrupción, aún cuando no todos los que nombran el tema lo digan explícitamente,
se encuentra, en realidad, una cuestión mucho más significativa que el
hecho de lucrar desde puestos de gobierno: la impunidad de los actos de corrupción
en un régimen democrático revela la existencia de comportamientos que no
se ciñen a las obligaciones de respeto a las leyes a la vez que muestran la falta de
igualdad entre los ciudadanos. Si con la idea de la falta de justicia con respecto a
los crímenes de la dictadura se había iniciado la erosión de la legitimidad de los
dirigentes partidarios, luego, con el tema de la corrupción ese deterioro se amplió.
Las percepciones individuales y/o colectivas de incumplimiento de las obligaciones
legales minaron las bases del reconocimiento de las autoridades públicas y
fueron haciendo crecientemente verosímiles las denuncias sobre nuevos actos de
corrupción. Aún cuando, la corrupción no es una práctica inmediatamente visible,
sin embargo, cuando se instala en una sociedad la creencia en su existencia a partir
de algunos hechos puntuales, se deteriora la legitimidad del poder político que
acepta, por acción u omisión, su existencia. 8
Fragmentación social y la legitimidad política
La idea de fragmentación social se ha incorporado al uso corriente para aludir
al debilitamiento de la cohesión social, o de la integración social, y al aumento de
las conductas individualistas. De modo más o menos directo según los casos, la
fisura social resumida en la ampliación de la brecha de ingresos entre ganadores
y perdedores de la experiencia económica neoliberal suele ser la referencia más
conocida de las interpretaciones sobre los cambios sociales de las últimas décadas.
Desde esa óptica, el descontento de la mayor parte de la ciudadanía con los
partidos tiende a relacionarse mecánicamente con el deterioro de sus niveles de

ingresos. El error de ese tipo de reducciones explicativas consiste en convertir al
interés económico en el factor clave de la producción de las subjetividades, visión
de lo social, por otra parte, totalmente afín al denominado pensamiento único popularizado
por el neoliberalismo.
Por el contrario, aquí entendemos que es válido relacionar la fragmentación social
con lo sucedido con las creencias en la legitimidad de los partidos políticos
y sus dirigentes, en la medida que consideramos que dicho debilitamiento de la
cohesión social tiene como consecuencia la aparición de procesos de individualización,
en el sentido que Ulrich Beck da a ese concepto, que hacen que los sujetos
tiendan a tomar distancia de sus anteriores creencias y tradiciones. La gran
mutación social que se registró en los recientes decenios no fue la aparición de la
pobreza ni la concentración del poder económico, tampoco es nueva la heterogeneidad
de los sectores medios. Lo más relevante de los cambios producidos fue la
crisis de las anteriores identidades sociales, la declinación de los antiguos actores
colectivos, la multiplicación de los modos de vida diferentes, la caída de muchas
de las certezas precedentes.
Para decirlo de otro modo, se registraron crisis de sentido, fenómenos que aparecen
en las sociedades que registran cambios sociales rápidos, ya sea que favorezcan
o que perjudiquen a distintos sectores de sus poblaciones. Con la crisis de
sentido aumenta la reflexión sobre lo social, y lógicamente sobre lo político, de
muchas personas que antes estaban más sujetadas por las ideas hegemónicas y
por los criterios de autoridad que fijaban límites a sus percepciones y a sus razonamientos.
En otras palabras: el mayor éxito de la vigencia de la democracia, de
la libertad de expresión, del fin del autoritarismo en los ámbitos culturales y de
la comunicación, fue la aparición de múltiples y opuestos modos de pensar. Los
efectos del cambio de régimen político se combinaron luego con la modernización
económica que hizo más heterogénea la estructura social y, a la vez, la apertura al
mundo globalizado completó la complejidad de los factores en presencia.
De todas esas contradictorias transformaciones salieron individuos más exigentes
frente a las instituciones estatales y a los partidos políticos, menos proclives a
acordar legitimidad a partir de criterios tradicionales o de sus afinidades políticas
anteriores con sectores dirigentes y, por lo tanto, más inclinados a defender lo
que consideran sus derechos de ciudadanos. Esas personas, no importa cual fue
su participación porcentual sobre el total de la población, reaccionaron en esferas
distintas contra los privilegios, los abusos de poder y las más disímiles formas
de injusticia, más allá que se hallasen entre los ganadores o los perdedores de la
esfera económica.
Si en lugar de tomar el término fragmentación como un sustantivo que describe
las fisuras del mundo social se lo emplea como un concepto para hacer inteligible
el debilitamiento de los vínculos sociales y sus consecuencias sobre las subjetividades,
con la desorganización de las anteriores entidades colectivas, se puede
establecer una referencia teórica fuerte para explicar las nuevas construcciones
imaginarias de la sociedad que verbalizan los entrevistados o encuestados que
dicen no tener confianza en los dirigentes partidarios. El debilitamiento de la co-
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hesión social está en la base de la mayor diferenciación individual que posibilita
las evaluaciones ciudadanas más exigentes sobre el respeto de las regulaciones
jurídicas y, obviamente, la percepción de las desigualdades políticas que vulneran
el funcionamiento esperado del régimen democrático.
En el caso argentino, las frecuentes movilizaciones sociales de protesta ante
situaciones de injusticia de los más disímiles tipos produjeron las fusiones de esas
conciencias individuales en torno a los temas directamente relacionados con el
cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones públicas, de los partidos políticos
y de sus dirigentes. Más allá que se tratase de incumplimientos de compromisos
salariales, crímenes que se atribuían a elites provinciales, violación de regulaciones
del sistema bancario, reclamos de mayor seguridad urbana, etc., la falta
de idoneidad y/o las transgresiones de quienes desempeñaban funciones públicas
suscitaron reacciones individuales y colectivas denunciando el incumplimiento
de las leyes. Si los tejidos sociales más sólidos y la mayor integración social tienden
a generar representaciones colectivas durables, con altas probabilidades de
aparición de organizaciones corporativas o políticas permanentes, en cambio, con
las condiciones de fragmentación social surgen conductas anómicas, generándose
reacciones puntuales y erráticas, a veces violentas, que provocan un mayor debilitamiento
de la legitimidad de las instituciones políticas.
En la medida que la sociedad se hace menos representable, quienes se proponen
realizar procesos de agregación de las demandas dispersas se encuentran con las
dificultades de hacerlas compatibles entre sí. No es sorprendente, entonces, que
con el aumento de las acciones sectoriales de autorepresentación hayan declinado
las creencias en la legitimidad de los partidos y del parlamento, dado que esas
instancias institucionales de negociación perdieron capacidades para armonizar y
articular intereses parciales a los efectos de convertirlos en intereses generales.
Conclusiones abiertas
Tal como muchos aspectos lo indican, la combinación de factores que llevaron
a la pérdida de la legitimidad de las instituciones estatales y de los partidos
políticos se pone de manifiesto con frecuencia en nuestros días. Esa situación de
escasa legitimidad no implica un riesgo inmediato para la existencia del régimen
democrático pero disminuye la calidad de la vida pública. Sin duda, no existen
soluciones mágicas e inmediatas para mejorar los nexos entre la ciudadanía y el
sistema representativo, pero eso no debe llevar a obviar que la reproducción de
las prácticas que debilitaron la legitimidad de las instituciones estatales y de los
partidos deja abierto un futuro incierto para el todavía joven régimen democrático.
Es notorio que en la opinión pública no existe un cuestionamiento de la validez del
orden político democrático en cuanto tal y el horizonte de referencias negativas
lo siguen ocupando los dictadores militares. Las críticas a los dirigentes partidarios,
las objeciones al funcionamiento de la justicia, las disconformidades con las
políticas económicas, las denuncias de los numerosos casos de corrupción, las
protestas ante los excesos e ineficiencias policiales, y la enumeración podría continuar,
son temas que en principio preocupan a sectores distintos de la población

que ven afectados sus intereses particulares. Es más, no sólo todos los integrantes
de esos sectores no coinciden en sus apreciaciones sino que, además, en no pocos
dominios las opiniones se dividen según líneas de ruptura que impiden encontrar
la unidad de las visiones contradictorias que fundamentan el malestar político
existente.
La novedad de diciembre de 2001 residió en la puesta en escena de una beligerante
configuración de un sistema de alteridades en la que una amplia corriente
de opinión coincidió en identificarse en un nosotros (el pueblo o los ciudadanos)
versus ellos (la clase política). La caída de los relatos unificadores, el debilitamiento
de las corporaciones profesionales, los deterioros del sistema ocupacional,
la descomposición de las antiguas solidaridades, la erosión de las filiaciones
institucionales, habían dado como consecuencia la vacancia política de quienes, a
los tanteos, buscaban nuevas identidades. En no pocos casos, desde las ciencias
sociales, el fenómeno tendió a pensarse cifrando expectativas en la eventual aparición
de nuevos partidos o movimientos sociales destinados a suturar a los individuos
atomizados, para convertirlos en protagonistas de procesos de recomposición
progresista de la escena política primero y de la sociedad luego. Sería, entonces,
resuelta una crisis que era definida, como en el caso de la salud de una persona,
como una enfermedad pasajera. Siguiendo ese tipo de razonamientos no fueron
pocos los que creyeron que en los sucesos de 2001 se encontraba el nacimiento
de nuevas fuerzas sociales que reemplazaban a las de etapas anteriores. Desde esa
óptica, la protesta de los individuos debía dar paso a la organización de sus demandas,
al encuadramiento de sus preferencias, en síntesis, a la “reconstrucción de un
sistema político normal para un país en serio”.
Dichos observadores y narradores interesados por los fenómenos políticos de
2001 pusieron el énfasis en la irrupción en el espacio público de nuevos actores
destinados a sustituir, según opinaban, a los antiguos. En el margen opuesto se
situaron aquellos que leyeron los hechos desde una óptica que remitía a la simple
alternancia, poco prolija por cierto, entre las dos fuerzas partidarias que se turnaban
en el control de los gobiernos nacionales y provinciales desde hacía más de
medio siglo. Prácticamente, todas las visiones inmediatas captaban aspectos significativos
de los acontecimientos, pero a la distancia de esos sucesos cabe destacar
como traza más permanente de lo ocurrido el mantenimiento de la declinación de
la legitimidad los partidos políticos, así como las notorias dificultades de crear
nuevos. Mientras que en el plano económico existió una recuperación exitosa, en
el político se generó una cierta polarización entre los adherentes y los opositores
al gobierno 2003-2007, que se restableciese un sistema de partidos capaces de
representar de un modo organizado las distintas sensibilidades en las que se habían
dividido las opiniones de la ciudadanía. En las elecciones presidenciales de 2007,
los Frentes expresaron la adecuación de los dirigentes políticos a la pérdida de
legitimidad de los partidos. Pero, igualmente, fue un modo de aceptar el hecho de
que los viejos conjuntos colectivos de personas se habían debilitado y que la convocatoria
de apoyos debía hacerse a los individuos más que a los sectores sociales.
Hoy, cuando se usa la noción de “sector social”, se está haciendo referencia a lo
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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que Pierre Bourdieu (2000) denomina un sector en el papel muy distinto al que
poseía los atributos de hace varias décadas atrás. Si en un plano los Frentes pusieron
de manifiesto las debilidades organizativas y las divisiones de los partidos
que formalmente los integraban, en otro, al juntar candidatos de las más opuestas
procedencias revelaron el alto grado de licuación de las antiguas identidades. Los
Frentes supusieron alteridades ocasionales a diferencia de la época de los partidos,
en la que el otro era un adversario bien definido. Es interesante destacar al respecto
que la idea de la volatilidad de las preferencias ciudadanas se encontró presente en
las estrategias de los tres Frentes considerados con más probabilidades competitivas:
todos sabían, más por sentido práctico que por lecturas de modernas teorías
sociales, que los procesos de individualización habían hecho más heterogénea la
sociedad y exigentes a los ciudadanos. Los viejos partidos habían sido constructores
de la política sólida, en tanto que la fluidez de los Frentes era una expresión del
bricolage precario de la política líquida: “hoy estamos, mañana…”.
La distancia sociedad-partidos, no debe, sin embargo, confundirse con el desinterés
por lo público ya que el mismo crece, normalmente, junto con la mayor
información y educación ciudadana que caracteriza la época actual. Las personas
que se hacen más exigentes y desconfían de muchas de las instituciones y personalidades
en las que antes creían más o menos irreflexivamente, no son apolíticas.
Por otra parte, si en la Argentina se mantuviese de un modo prolongado el debilitamiento
de la legitimidad de fuerzas políticas sin organizaciones deliberativas y
continuase la inclinación a colocar en el centro de la arena electoral a personalidades
que compiten por los altos cargos de gobierno, eso crearía las condiciones
típicas en las que los grandes intereses corporativos ven crecer sus capacidades de
intervención en los procesos de toma de decisiones. No cabe descartar, tampoco,
que la demagogia, la desviación clásica de la democracia, gane espacio en una
escena política así desestructurada.
Referencias
1. La investigación se desarrolló en el marco del proyecto UBACyT: “Desestructuración de los
vínculos sociales y pérdida de legitimidad de los partidos políticos argentinos y de las instituciones
estatales en los 20 años de reconstrucción del régimen democrático” y de un Taller de Investigación de
la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se realizaron 250 entrevistas
no directivas a ciudadanos argentinos residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo
los criterios de selección y de análisis de la información que muy resumidamente se presentan en el
curso del presente texto.
2. Se trata de informaciones provenientes de una encuesta multipropósito y longitudinal, con diseño
en panel, aplicada a una muestra aleatoria de 2.500 casos representativos de la población de 18 años y
más, residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Salta,
Gran Resistencia, Gran Mendoza, Paraná, Bahía Blanca y Neuquén.
3. Al respecto ver, N. BOTANA (2006) y H. QUIROGA (2005), Cap. 8.
4. Al respecto, ver K. VON BEYME (1995), p.97.
5. Al respecto, ver G. ABOY CARLÉS (2001).
6. Sobre la politización de los Juicios a la Juntas, J. MALAMUD GOTI (2000:204) sostiene que: “Lo
que sucedió en la Argentina es que una sociedad fragmentada no consideró –y sigue sin considerar– a
los juicios como un modo de implantar el sentido de la responsabilidad personal, esencial para una
democracia fundada en el respeto a los derechos individuales”. Al respecto, ver S. PEREYRA (2005).

7. Como resume Habermas (2005:535): “Max Weber entiende los órdenes estatales de las sociedades
occidentales modernas como acuñaciones de la ‘dominación legal’. Basan su legitimidad en la fe en
la legalidad del ejercicio de la dominación. La dominación legal cobra su carácter racional entre otras
cosas porque la fe en la legalidad de los órdenes establecidos y en la preparación y competencia de los
llamados al ejercicio de la dominación es de calidad distinta que la fe en la tradición o el carisma: es la
racionalidad inmanente a la forma jurídica misma la que procura legitimidad a la dominación ejercida
en formas legales”.
8. Sobre las percepciones sociales de la corrupción en Argentina, hemos consultado los Informes
Latinbarómetro del período analizado.
Bibliografía
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Recibido: 20/09/08. Aceptado: 20/10/08
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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El Parlamento del �ercosur: ¿hacia un proceso de integración más
democrático?
María Victoria Álvarez
María Victoria Álvarez es �agister en Integración y
Cooperación Internacional – Universidad Nacional de
Rosario y Katholie��e Univeriteit Leuven, Bélgica.
�ail: mvalvarez@fcpolit.unr.edu.ar
resumen
La instalación de un Parlamento regional, cuyos
miembros serán elegidos a través de sufragio
universal directo a partir de 2011, constituye un
hito sin precedentes en la historia del bloque.
Este trabajo pretende realizar un breve análisis
del alcance de la instalación de un órgano de estas
características en el Mercosur, especialmente
en relación al “déficit democrático” del bloque.
Desde un punto de vista político, el Parlamento
–que significa una señal de compromiso con la
continuidad del proceso de integración– podría
ejercer un papel fundamental en la defensa de la
democracia y los derechos humanos; así como
en la protección de los diversos intereses de la
población. Adicionalmente, la elección directa
de los parlamentarios podría constituir un ejercicio
ciudadano que contribuya a incrementar
la representatividad y legitimidad democrática
del proceso de integración. Sin embargo, desde
una perspectiva jurídica, el Parlamento regional
se caracteriza por ser un órgano consultivo, con
débiles atribuciones legislativas, presupuestarias
y de control. Difícilmente la existencia del
Parlamento del Mercosur, tal como ha sido instituido,
sea capaz de enmendar el “déficit democrático”
del bloque.
palabras claves
Procesos de integración / Mercosur / Parlamento
del Mercosur / déficit democrático
summary
The creation of a directly elected parliamentary
body constitutes a milestone in the history of
the bloc. Representatives to the Parliament will
be elected by direct, universal and secret ballot
in 2011. We analyze the creation of the Mercosur
Parliament from both a political and a legal perspective,
with emphasis on its effects on the “democratic
deficit”. From a political point of view,
the Mercosur Parliament could play an outstanding
role in the defence of democracy and human
rights, as well as the protection of interests
of Member States’ populations. Additionally,
direct elections to the Parliament could contribute
to enlarge the bloc’s democratic legitimacy.
From a legal standpoint, however, the regional
Parliament’s fragile legislative, budgetary and
oversight powers seem to hinder any possibility
to overcoming the “democratic deficit” of the
bloc.
keywords
Processes of economic integration / Mercosur /
Mercosur Parliament / democratic deficit
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
4

Introducción
Los procesos de integración no se desarrollan en el vacío sino en determinados
contextos políticos, sociales y económicos. El desenvolvimiento de las instituciones
democráticas internas de los países embarcados en proyectos integracionistas tiene
repercusiones en las instituciones comunes.
La consolidación democrática de los países del Mercosur en los últimos años,
junto con el compromiso de sus gobiernos respecto al reforzamiento del bloque en
el ámbito político, se conjugaron para llevar adelante la creación de un Parlamento
regional, elegido por los ciudadanos del Mercosur.
El Parlamento del Mercosur (PM), que entró efectivamente en funciones el 7 de
mayo de 2007, está compuesto por parlamentarios designados por sus respectivos
congresos nacionales. El nuevo órgano unicameral cuenta con 18 parlamentarios
por cada Estado parte del bloque, con un mandato de cuatro años. Además de Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay, participan del Parlamento los representantes
de Venezuela, con voz pero sin voto hasta que se complete su proceso de adhesión
al bloque.
La novedad principal del PM, indudablemente, reside en el hecho de que sus
miembros serán elegidos en forma directa por la ciudadanía a partir de 2011. El
Parlamento estará conformado, entonces, por legisladores elegidos por los ciudadanos
a través de sufragio universal, convirtiéndose en la única institución del
bloque que contará con una representación democrática directa.
Este trabajo pretende realizar un breve análisis del significado que posee la instalación
de un órgano de estas características en el Mercosur, teniendo en cuenta que
el abordaje de la institucionalización del bloque regional “debe hacerse a partir de
las características propias de esta alianza y de su expresión histórica, identificando
con realismo necesidades y posibilidades, y no tratando de deducir respuestas institucionales
basadas en modelos teóricos o en experiencias de procesos de integración
con rasgos diferentes” (Pena y Rozemberg, 2005:14).
A un año de su puesta en marcha efectiva, el Parlamento se constituye en un
actor digno de ser analizado, desde dos puntos de vista complementarios. Por un
lado, por el significado presente y futuro del Parlamento desde una perspectiva
política. En particular, analizaremos en este artículo el papel del PM en la defensa
de derechos humanos y en los vínculos con la sociedad civil. Por otro, la justa
valoración de un órgano de este tipo resulta incompleta si se excluye el examen jurídico
de su naturaleza y atribuciones. Finalmente, incluiremos algunas reflexiones
acerca de los efectos que la instalación del Parlamento podría producir respecto al
llamado “déficit democrático” del Mercosur.
Perspectiva política
Tal como afirma Bernal-Meza (2001:39), la institucionalización es la manifestación
jurídica de la voluntad política de integrarse, de la decisión política de
avanzar en un proceso irreversible de integración. La instalación del Parlamento
formaliza la voluntad de los gobiernos del bloque (principalmente de Argentina y
Brasil) de afirmar la continuidad del proyecto integracionista.

La instalación del Parlamento concreta una importante señal política, por parte
de los Estados parte, hacia dentro y hacia afuera del Mercosur respecto a la irreversibilidad
del proceso de integración. Más aún, implica un intento por dejar
de entender al Mercosur solamente como un proyecto económico-comercial para
apuntar a convertirse en una empresa de integración más profunda.
Este ha sido el objetivo principal de la política brasileña respecto al Mercosur
desde la llegada al gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva en 2002. El cambio
de gobierno implicó un giro respecto a la percepción del proyecto integracionista
en el Cono Sur, otorgando mayor importancia a los avances institucionales de tipo
político, como la constitución de un parlamento regional elegido mediante sufragio
universal (Castro Mendizábal, 2005:13).
La creación de órganos que no habían sido contemplados en los acuerdos originarios,
y que surgen con posterioridad, forma parte del “gradualismo” típico del
Mercosur, una tendencia a crear organismos a partir de los requerimientos que el
proceso va demandando (Pena y Rozemberg, 2005:2). Sin embargo, es materia
de controversia si los resultados del proceso de institucionalización del bloque
proveen un marco de referencia consistente para el intercambio de capitales,
bienes, personas y servicios, tareas imprescindibles en un proceso de integración
que aspira a convertirse en un mercado común. En este sentido, se torna vital la
necesidad de realizar una reformulación conceptual del Mercosur paralelamente a
la creación de instancias institucionales, de manera que la institucionalización sea
justificada por la profundización del proceso de integración (Bernal-Meza, 2001:74).
Un proceso de mayor institucionalización, sin embargo, no necesariamente conduce
a un incremento de la eficiencia gubernamental, ya que puede suceder que se
sustituya la burocracia doméstica por una internacional (Bernal-Meza 2001:40).
En particular, existe el riesgo de que el Parlamento regional se convierta en otro
órgano burocrático vacío de sentido, que aumente el costo de la estructura institucional
sin alcanzar sus cometidos políticos. La introducción de una institución
costosa e ineficiente pondría en juego la confianza de las sociedades de los Estados
parte en el proyecto integracionista. El crecimiento exponencial de órganos y
mecanismos institucionales, además, no lograría disimular las evidentes deficiencias
del Mercosur (Czar de Zalduendo, 2004:5).
El Parlamento del Mercosur debería evitar el desprestigio de otras experiencias
en América Latina, como el Parlamento Centroamericano, que sufre la amenaza
de desaparición bajo acusaciones de ser ineficiente, despilfarrar fondos públicos y
proteger a ex-funcionarios corruptos gracias a sus inmunidades. Por el contrario,
al otro lado del Atlántico, el Parlamento Europeo ofrece una enseñanza clara en el
sentido que la consolidación como institución legislativa es una tarea que requiere
tiempo, y sobre todo, voluntad política.
Para que el establecimiento del Parlamento constituya un aporte institucional
positivo, y no forme parte de una inconveniente multiplicación de órganos, esta
institución debería encarnar la representación política y social de las comunidades
de los Estados participantes. En este sentido, las esperanzas se orientaron a la
posibilidad de que el Parlamento del Mercosur amplíe la agenda interna del bloque
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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y tenga la capacidad de contener, articular y orientar los diversos intereses de las
sociedades de los Estados parte que no encuentran cabida en otras instituciones.
Inclusive, muchos de los temas conflictivos del bloque podrían ser debatidos en el
Parlamento, como foro privilegiado para intentar zanjar las discusiones y alcanzar
consensos.
Competencias del PM en el ámbito político
El Parlamento del Mercosur podría convertirse en un canal privilegiado de
conexión con la ciudadanía. En este ámbito, sobresale la función de “organizar
reuniones públicas, sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración,
con entidades de la sociedad civil y los sectores productivos” (art. 4
inciso 9 Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, PCPM, el énfasis es
nuestro). Asimismo, el PM puede “recibir, examinar y en su caso canalizar hacia
los órganos decisorios, peticiones de cualquier particular de los Estados Partes,
sean personas físicas o jurídicas, relacionadas con actos u omisiones de los órganos
del Mercosur” (art. 4 inciso 10 PCPM, el énfasis es nuestro). Estas disposiciones
resultan sumamente relevantes ya que la calidad del vínculo que el Parlamento
establezca con los ciudadanos y la sociedad civil es central para avanzar hacia una
cultura política e institucional favorable al proceso de integración.
En este sentido, se trata de un órgano que ha sido concebido para desempeñar
un fuerte papel político. El Parlamento tiene importantes funciones referidas a la
preservación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Es destacable
la obligación del Parlamento de presentar un informe anual sobre la situación de
los derechos humanos en la región (art. 4 inciso 3 PCPM, el énfasis es nuestro),
el cual podría ser utilizado como instrumento de presión hacia cualquier tentativa
de los gobiernos de afrentar esos derechos en su territorio. De particular interés,
asimismo, es el deber del Parlamento de velar por la preservación del régimen
democrático en los Estados Partes, de conformidad con las normas del Mercosur
(art. 4 inciso 2 PCPM, el énfasis es nuestro).
Los logros del PM en el ámbito político
Desde que entró efectivamente en funciones, en mayo de 2007, el Parlamento
del Mercosur ha realizado una tarea por demás discreta en su rol político y de vínculo
entre el esquema institucional del Mercosur y la ciudadanía.
Las primeras cinco sesiones ordinarias (de mayo a septiembre de 2007) estuvieron
dedicadas a la puesta en marcha y organización interna del Parlamento,
que incluyó, entre las cuestiones más importantes, la aprobación del Reglamento
interno, la conformación de las comisiones parlamentarias y la organización de los
órganos internos del Parlamento.
A partir de la VI sesión ordinaria (octubre 2007) el Parlamento inició su accionar
propiamente dicho. La VII sesión ordinaria (noviembre 2007) y la sesión extraordinaria
de diciembre de 2007 completaron el primer año de actividad. El resultado
de esas reuniones se resume en varias Disposiciones, cuatro Declaraciones y dos
Resoluciones.

De los principales actos jurídicos aprobados, sólo pueden destacarse la Declaración
de Apoyo del Parlamento del Mercosur al régimen institucional de
Bolivia 1 , de respaldo a las gestiones del Presidente de Venezuela Hugo Chávez
para un acuerdo humanitario en Colombia 2 , y la condena al genocidio del pueblo
armenio 3 .
Desde el inicio del año 2008, el Parlamento se ha reunido en dos ocasiones: el
31 de marzo (VIII sesión plenaria) y los días 28 y 29 de abril (IX sesión plenaria).
Entre los actos aprobados, cabe mencionar una Declaración de aplauso al Grupo
de Rio y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos,
que condenaron la violación del territorio ecuatoriano por parte de las fuerzas
militares de Colombia, durante la operación contra guerrilleros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia 4 .
Más allá de estas exiguas manifestaciones, algunos temas políticos sensibles
dentro del Mercosur no han podido ingresar en el orden del día del Parlamento.
Este es el caso de los cortes de puentes internacionales entre Argentina y
Uruguay por parte de movimientos ambientalistas argentinos en protesta por la
instalación de papeleras sobre el Río Uruguay. La cuestión, de importantes efectos
medioambientales y económicos, y que, además, ha generado ásperas rigideces
entre los respectivos gobiernos, ha estado ausente del debate parlamentario
regional. La insistencia del gobierno argentino sobre la “bilateralidad” del conflicto
en contra de cualquier intento de “multilateralización” quedó fielmente reflejada en
la constante oposición de los diputados argentinos oficialistas a discutir la cuestión
en el recinto pese a constantes pedidos por parte de legisladores uruguayos, quienes
consideran a los cortes como una trasgresión al Tratado de Asunción.
La lentitud en la puesta en marcha del Parlamento, la aprobación de declaraciones
que no constituyen ningún tipo de aporte a la visibilidad del nuevo órgano,
sumado a la falta de debate sobre temas de interés para la ciudadanía de los Estados
parte, acrecienta las dudas sobre las condiciones del PM para conducir la
representación de las sociedades de los países del bloque.
Perspectiva jurídica
El análisis en este ámbito gira alrededor de dos cuestiones principales: la supranacionalidad
y las competencias del nuevo órgano.
En cuanto a la primera cuestión, funcionarios y especialistas afirman que el
establecimiento del parlamento regional representa para el bloque el paso de una
estructura institucional exclusivamente intergubernamental a un sistema mixto, al
añadir una institución supranacional.
Para que una institución sea supranacional debe cumplir rígidas condiciones
–que suponen cesión de soberanía de los Estados–, que no están presentes en el
PM. El Parlamento es beneficiario, sin embargo, de algunas disposiciones que lo
aproximan a la supranacionalidad.
Uno de estos elementos está expresado en el PCPM: “Los miembros del Parlamento
no estarán sujetos a mandato imperativo y actuarán con independencia
en el ejercicio de sus funciones” (art. 9). El Parlamento se erige así en un órgano
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independiente y autónomo de los demás órganos del bloque y de los gobiernos de
los Estados parte. Adicionalmente, los parlamentarios del Mercosur, al redactar
su Reglamento interno, han reforzado esta predisposición. Tal como ocurre en el
Parlamento Europeo, el PM podrá organizarse en grupos de acuerdo con sus afinidades
políticas (art. 33 Reglamento interno del PM). 5 La existencia de grupos
políticos trans-nacionales es una condición esencial para avanzar en la construcción
de una representatividad regional.
El Protocolo del PM ofrece un elemento adicional intrínsecamente supranacional
al establecer que el Parlamento adopta sus decisiones y actos por distintas
mayorías (mayoría simple, absoluta, especial o calificada, art. 15 PCPM).
Una organización de tipo supranacional tiene capacidad de adoptar decisiones
por mayoría en contraposición a los órganos intergubernamentales, que deciden
por unanimidad, lo cual otorga un poder de veto a cualquiera de los Estados parte.
El mecanismo de mayorías previsto para el PM constituye un rasgo que lo diferencia
de su antecesora, la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur (CPC),
que por su carácter intergubernamental, sólo adoptaba decisiones por consenso.
Sin embargo, el rasgo de supranacionalidad que podría otorgar la forma de
tomar decisiones no consigue convertir al Parlamento del Mercosur en un órgano
supranacional.
En primer lugar, las decisiones del PM carecen de estatus superior a las normas
de los parlamentos nacionales; la normativa del bloque es creada por los órganos
decisorios intergubernamentales, y continúa vigente la necesidad de incorporar
dicha normativa a los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales. Las normas
Mercosur carecen de aplicabilidad inmediata y efecto directo, característico de
esquemas supranacionales.
En segundo lugar, la relevancia del procedimiento de decisión por mayoría resulta
reducida por el hecho de que las competencias legislativas, de control y presupuestarias
del Parlamento son sumamente débiles.
Competencias legislativas, de control y presupuestarias del PM
La existencia de un parlamento regional conlleva ventajas a un proceso de integración
por su contribución a la función legislativa. Las competencias del Parlamento
en este ámbito son cualitativa y cuantitativamente superiores a las de la
CPC. Ello no implica, sin embargo, que el Parlamento sea propiamente un órgano
legislativo.
Por un lado, las llamadas atribuciones legislativas del Parlamento del Mercosur
no atañen estrictamente la “creación” de normas supranacionales, pese a que la
variedad de actos jurídicos que puede generar se ve acrecentada, al poder “emitir
declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo
del proceso de integración” (art. 4 inc. 11 PCPM), “proponer proyectos de
normas Mercosur al Consejo Mercado Común (CMC)” (art. 4 inc.13) o “elaborar
estudios y anteproyectos de normas nacionales” (art. 4 inc. 14).
Por otro lado, se configura un procedimiento que requiere el dictamen del PM
sobre proyectos de normas del Mercosur. Los órganos decisorios del bloque tienen

la obligación de transmitir al Parlamento los proyectos de normas antes de ser
aprobados, para que éste emita un dictamen. Si el proyecto de norma es aprobado
por el órgano decisorio de conformidad con los términos del dictamen del Parlamento,
la norma debe ser considerada por los poderes legislativos nacionales
dentro de los 180 días siguientes a través de un procedimiento preferencial. Sin
embargo, los órganos decisorios del Mercosur no están obligados a aprobar la
norma según los términos del dictamen del Parlamento sino que sólo tienen la
obligación de solicitarlo (art. 4 inc. 12 PCPM). Pese a ser un avance, este procedimiento
no significa la incorporación de una competencia propiamente de creación
de legislación.
En definitiva, el Parlamento carece de poderes que le permitan exceder su carácter
de órgano básicamente consultivo y asesor. La limitación de sus competencias
legislativas es especialmente grave, y crea dudas acerca de la capacidad del
Parlamento para avanzar en sus objetivos de armonización de las legislaciones
nacionales e incorporación de la normativa del Mercosur a los ordenamientos jurídicos
internos, designios fundamentales para acrecentar la seguridad jurídica del
bloque.
En cuanto a las competencias de control, el Parlamento del Mercosur supone
un adelanto respecto a la CPC. Mientras que ésta podía “solicitar a los órganos
institucionales del Mercosur informaciones respecto a la evolución del proceso de
integración” (art. 3 inc. c Reglamento interno CPC), el Parlamento puede efectuar
pedidos de informes u opiniones por escrito a los órganos decisorios y consultivos
del Mercosur sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración
que deben ser respondidos en un plazo máximo de 180 días (art. 4 inc. 4 PCPM).
El PM, entonces, puede solicitar informes y este pedido debe ser respondido en
menos de seis meses. Si bien este plazo es relativamente prolongado, representa
una mejora respecto a la CPC, que no preveía ningún lapso de tiempo para que su
pedido fuera satisfecho. Adicionalmente, el PM recibe de la Presidencia Pro Tempore
del Mercosur un programa de trabajo al inicio de cada semestre, y un informe
final sobre las actividades realizadas (art. 4 incisos 6 y 7). Sin embargo, el PM no
tiene ninguna potestad sobre el nombramiento o remoción de los miembros de
los órganos decisorios intergubernamentales. Los frágiles mecanismos de control
institucional del Mercosur no son comparables con el control político instaurado
en otros procesos de integración.
Por último, el Parlamento del Mercosur carece prácticamente de atribuciones
presupuestarias, ya que sólo es notificado sobre estas cuestiones al recibir, dentro
del primer semestre de cada año, un informe sobre la ejecución del presupuesto de
la Secretaría Administrativa del Mercosur del año anterior. El presupuesto de la
Secretaría en 2008 representa algo más de un millón de dólares.
Los logros del PM en materia legislativa y de control
Hasta la fecha, el Parlamento del Mercosur se ha limitado a aprobar un puñado
de Declaraciones, Resoluciones y Recomendaciones. El órgano parlamentario
regional no ha aprovechado las atribuciones que posee (y que no contaba su an-
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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tecesora, la CPC) en cuanto a la posibilidad de aprobar anteproyectos de normas
–que son las proposiciones orientadas a la armonización de las legislaciones de los
Estados Parte, dirigidos a los parlamentos nacionales para su eventual consideración–;
y los proyectos de normas del Mercosur, que constituyen las proposiciones
normativas presentadas para la consideración del CMC.
El Parlamento tampoco ha tenido la ocasión de llevar adelante el denominado
“procedimiento de dictamen consultivo” ya que el CMC todavía no ha enviado
proyectos de normas –que requieren aprobación legislativa en uno o más Estados
Parte– para que el Parlamento emita su opinión antes de su aprobación.
En cuanto a las tareas de control, el Parlamento, en cumplimiento del PCPM, se
limitó a recibir el programa de trabajo al inicio de la Presidencia Pro Tempore de
Paraguay para el primer semestre de 2007 y de Uruguay para el segundo semestre
de 2007. Asimismo, en la IX Sesión Plenaria recibió del Canciller argentino el
informe de la Presidencia Pro Tempore para el primer semestre de 2008.
El debate sobre el “déficit democrático”
El Parlamento del Mercosur dista de ser un órgano legislativo en tanto el poder
reglamentario se mantiene en manos de los órganos decisorios, y sólo se instala un
procedimiento que requiere el dictamen del PM aunque no es vinculante. Igualmente,
sus potestades de control y presupuestarias son prácticamente inexistentes.
El Parlamento se asemeja a un órgano con funciones netamente consultivas sin
protagonismo en los procesos de decisión del bloque. Con todo, supone un avance
con relación a la CPC. Entonces, ¿se ha conseguido subsanar la falta de “democratización”
en el Mercosur con la creación del Parlamento?
Recordemos que el problema del llamado “déficit democrático” es causado, según
los especialistas, por la falta de mayor participación del poder legislativo en
el proceso de toma de decisiones, esto es, la ausencia de mecanismos propios de
control y de creación de normas (Vázquez, 2002:169).
Explicar el “déficit democrático” que se registra en el Mercosur en términos
de falta de efectiva intervención del órgano legislativo en el proceso decisorio
implica, consiguientemente, que la solución se remitiría a la constitución de un
parlamento regional, de características supranacionales, con amplios poderes, que
reduzca la hegemonía de los ejecutivos en el bloque. Entendido el déficit en estos
términos, difícilmente la existencia del Parlamento del Mercosur, tal como ha sido
instituido, sea capaz de enmendarlo.
No obstante, la conveniencia de crear el Parlamento del Mercosur podría basarse
en el empeño de dotar de mayor representatividad al proceso de integración, teniendo
en cuenta que los parlamentos disfrutan de una función de representación.
Según el PCPM, los parlamentarios representan a los pueblos del Mercosur (art.
2). La elección de los miembros del Parlamento por sufragio universal directo se
constituiría, así, como un medio para la promoción de la participación ciudadana
en el proceso de integración y el aumento de la legitimidad democrática. Asimismo
muchos creen que el PM puede coadyuvar a la construcción de un demos e
identidad “mercosureñas”.

Estas consideraciones están imbuidas de enfoques que aseveran que las instituciones
poseen un valor “constitutivo” y, por lo tanto, pueden contribuir a robustecer
el propio proceso de integración regional. A la luz de esta visión, el PM podría
apuntar a la construcción de una nueva auto-percepción y de una identidad en
relación con el espacio regional (Colacrai, 2005:394).
Sin embargo, es apresurada cualquier conclusión sobre la posibilidad que tengan
las elecciones al Parlamento de construir una conciencia de identidad regional, y
otorgar mayor legitimidad al proceso de integración. La experiencia en otras partes
del mundo indica claramente que la construcción de una identidad regional es
una cuestión cultural y no se resuelve a fuerza de tratados o procesos electorales
(CERA, 2006:19). En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, las elecciones al
Parlamento Europeo aún no han logrado crear una verdadera “identidad comunitaria”.
La continua merma en la concurrencia de los votantes –sumado al hecho
de que las elecciones europeas resultan ser referendos sobre el desempeño de los
respectivos gobiernos nacionales– son manifestaciones de las persistentes dificultades
para alcanzar ese objetivo.
Tal como ha sido concebido, el Parlamento del Mercosur no resuelve por sí solo
el importante “déficit democrático” que caracteriza al bloque (Geneyro y Vázquez,
2006:14). Adicionalmente, la posibilidad de avanzar hacia una cultura política e
institucional favorable a un proceso de integración cualitativamente diferente no
deja de estar condicionada por la situación política que se registre en los países
miembros, caracterizada en los últimos años por sucesivas crisis de representatividad
y legitimidad democrática (CERA, 2006:14).
Consideraciones finales
Son diversas las dudas sobre el futuro del Parlamento del Mercosur. Una nueva
institución puede implicar formidables costos financieros y políticos si el acrecentamiento
de la burocracia no se traduce en respuestas y mayor representatividad
para los ciudadanos. La falta de competencias relevantes y el consecuente papel
relegado en el proceso de toma de decisiones hacen del Parlamento un órgano
jurídicamente irrelevante en el esquema institucional. Por consiguiente, es incierta
su contribución en el proceso de internalización de normas y la seguridad jurídica
del bloque.
Sin embargo, los beneficios de contar con un órgano parlamentario democrático
deberían ser superiores a las desventajas. Desde el punto de vista político, el
Parlamento –cuya cristalización significa una señal de compromiso con la continuidad
del proceso de integración– puede ejercer un papel fundamental en la
defensa de la democracia y los derechos humanos; así como en la protección de
los diversos intereses de la población. Adicionalmente, la elección directa de los
parlamentarios a partir de 2011 podría constituir un relevante ejercicio ciudadano
que contribuya a incrementar la representatividad y legitimidad democrática del
proceso de integración.
El logro de este objetivo se cumplirá en la medida en que el Parlamento consiga
superar los condicionamientos jurídicos que lo debilitan, maximizar su papel po-
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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lítico, y convertirse en un verdadero órgano representativo de los ciudadanos del
bloque y en un auténtico legislador de la integración. Difícilmente el proceso de
integración logre un carácter democrático si el cuerpo legislativo no es más que un
órgano consultivo y no tiene verdadera y efectiva intervención en los procesos de
decisión relevantes para la ciudadanía.
El desafío es lograr articular la idea política de un Mercosur democrático y representativo
con una institución parlamentaria ambiciosa y eficaz.
Referencias
1. MERCOSUR/PM/DECL, 05/2007.
2. MERCOSUR/PM/DECL, 03/2007.
3. MERCOSUR/PM/DECL, 04/2007.
4. MERCOSUR/PM/DECL, 03/2008. La declaración incluye la sugerencia de que América del Sur
continúe siendo una región en que “predominen la cooperación y la solución negociada de los conflictos,
con vistas a su integración en los marcos de democracias prósperas, estables y socialmente
justas”.
5. Actualmente, el Parlamento del Mercosur cuenta con un grupo político constituido: el Partido
Nacional.
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Recibido: 20/05. Aceptado: 07/07
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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Educación, ciudadanía y democracia.
Análisis en torno al acceso a la universidad de los sectores sociales de
menores ingresos
María Fernanda Juarros y Alejandra Martinetto
María Fernanda Juarros es �agíster en Política
y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (CEA-UBA),
docente- investigadora del Instituto de Investigaciones
en Ciencias de la Educación (IICE-FFyL-UBA).
�ail: fjuarros@clacso.edu.ar
resumen
La plena ciudadanía se ejerce haciendo uso
de todos los derechos ciudadanos; esto implica
no sólo el derecho a votar y expresarse en las
urnas, sino también, a educarse, trabajar, a tener
atención en salud, a tener previsión social, entre
otros. Si la mitad de la población, no puede hacer
uso pleno de sus derechos porque no tiene
acceso real a los servicios básicos que el Estado
debiera garantizar, la democracia no funciona
plenamente.
En una sociedad estructurada alrededor del
mundo del trabajo, los certificados de estudio
cobran cada vez mayor importancia. La pregunta
es si la universidad pública puede dar respuesta a
esta fragmentación del tejido social, democratizando
su acceso a los distintos sectores sociales,
posibilitando el ejercicio de sus derechos.
Las políticas de admisión que buscan regular
el acceso a este nivel en función de la relación
demanda-capacidad, establecen requisitos exigibles
a los aspirantes. Allí se sitúa la discusión
acerca de la Educación Superior como derecho o
como privilegio.
El presente artículo intenta plantear algunas
líneas de discusión y reflexión a partir de la necesidad
de atender la problemática de acceso real
a los estudios universitarios, y analiza el perfil
de los estudiantes universitarios para visualizar
la composición social de este colectivo en los
25 años de democracia en nuestro país, especialmente
en la UBA.
palabras claves
universidad pública / ciudadanía / democracia /
ingreso / perfil de los estudiantes
Alejandra Martinetto es �agíster en Políticas
Sociales (FCS-UBA), docente-investigadora del
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Educación (IICE-FFyL-UBA).
�ail: alemartinetto@arnet.com.ar
summary
Full citizenship works when exercised by
people through their all citizen rights, which
means not only their political rights, but to receive
a full education, to healthcare, the rights
to work, standard rights, and more. When half
of the citizens in a nation haven’t access to the
social rights, that the Estate should guarantee,
democracy cannot be substantive.
When society is structured about work’s
world, education certificates become more and
more social- valued. The present question is if
public university may contribute to reconstruct
social integration, democratizing access for social
groups traditionally excluded from this level
of studies.
Admission policies that regulate the entrance
at this high level of education by regulating the
ratio between qualifications and applications,
establish the requirements of average skills for
applying students. Is at this point where resides
the discussion about High School education as a
right or a privilege.
The present article tries to lead some of the
most important issues about this theme, intending
to analyze the “real access” to the university
studies, and to characterize the students’
social composition during the actual democracy
process in our country, particularly at Buenos
Aires University.
keywords
public university / citizenship / democracy /
access / students’ social composition
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
61

Introducción
En el presente trabajo nos proponemos analizar el concepto de ciudadanía y la
ampliación de los derechos sociales 1 focalizándolo en el derecho a la educación, y
en particular a la Educación Superior de la que históricamente los grupos sociales
de menores ingresos han quedado excluidos.
En nuestro país, el ingreso a este nivel del sistema educativo aparece como tema
problemático. 2 Al inicio de cada año lectivo, los medios de comunicación se hacen
eco de esta situación proyectando la conflictiva y compleja relación que se establece
entre el Estado, la sociedad y las instituciones universitarias. 3 Asimismo, su
centralidad como tema permanente de preocupación de los actores involucrados
en la actividad académica quedó manifiesta en la realización del Primer Encuentro
Nacional sobre la Problemática de Ingreso que se realizó en el año 2004, organizado
por la Universidad Nacional de Córdoba, y en el II Encuentro Nacional de
Ingreso realizado en octubre de 2006, en la Universidad Nacional de Entre Ríos,
con el fin de profundizar el debate iniciado, comparar prácticas y elaborar críticamente
aportes y propuestas que enriquezcan esta compleja temática.
Las políticas de admisión que buscan regular el acceso a este nivel mediante
diversos procedimientos, constituyen el componente en discusión en las políticas
universitarias, que en función de la relación demanda-capacidad, establecen requisitos
exigibles a los aspirantes. 4 Estas políticas han llevado, en algunas instituciones,
a la configuración de un sistema de mayor selectividad desde el punto de vista
social por el hecho de ser restringido a los jóvenes con mayor formación previa,
y dificultar el ingreso de jóvenes de menores recursos que no pueden competir en
términos académicos con aquellos. 5 Sin embargo, la argumentación a favor del
ingreso directo que apela a garantizar la igualdad de oportunidades, no toma en
cuenta que el ingreso irrestricto sólo garantiza el acceso a las instituciones universitarias
pero no la permanencia en ellas. Si a éstas ingresan alumnos que no poseen
las habilidades necesarias para apropiarse de los conocimientos que las mismas
producen y reproducen, el acceso es sólo ilusorio. De este modo, existe consenso
en torno a la idea de la inexistencia de un ingreso irrestricto en las actuales condiciones
de desigualdad y exclusión social. Es posible distinguir entonces, el acceso
formal del acceso real a las instituciones universitarias.
Nuestra intención es dar cuenta del fenómeno por el cual el nivel universitario
continúa presentando un claro sesgo en su composición socioeconómica hacia los
sectores de clase media y alta. Asimismo, pretendemos plantear algunas líneas
de discusión y reflexión a partir de la necesidad de atender la problemática de la
democratización del nivel que se impone con creciente preocupación en la agenda
de la Educación Superior.
El concepto de ciudadanía y la adquisición de los derechos sociales en
el contexto de los países de la región
La plena ciudadanía se ejerce pudiendo hacer uso de todos los derechos del
ciudadano; esto implica no sólo el derecho a votar y expresarse en las urnas, sino
también, a educarse, a trabajar, a tener atención en salud, a contar con previsión

social, y a ampliar todas sus capacidades como ser humano. Si la mitad de la población
no puede hacer uso pleno de sus derechos porque no tiene acceso real a
los servicios básicos que el Estado debería garantizar, el carácter democrático del
gobierno no funciona plenamente.
La constitución del Estado de Derecho en Europa tuvo, como dimensión paralela,
la configuración de la sociedad civil como expresión de la influencia de las
asociaciones libres sobre las políticas públicas. El emblema de esta nueva relación
entre poder político y sociedad fue la figura del ciudadano opuesta a la del súbdito
(Portantiero, 2000:124). La legitimidad reconocida al orden social y político no
era incompatible, sino que incluía, la aceptación amplia de un conjunto de desigualdades
en ciertos aspectos de la vida colectiva, que Carlos Franco (1998:176)
denominó principio de desigualdades socialmente aceptadas. 6 De este modo, la
ciudadanía, clave de la tradición política de la modernidad, impregnó también el
horizonte de nuestra historia latinoamericana desde el momento en que la constitución
de las repúblicas en el siglo XIX se inspiraron en las declaraciones de
derechos norteamericana y francesa (Portantiero, 2000:127). Sin embargo, a partir
de la constitución de los Estados latinoamericanos, se han dado procesos de autoritarismo
ligados con modelos populistas en lo político, en el marco de un desarrollo
económico basado en los principios capitalistas, pero cumpliendo el rol de
países dependientes. En este contexto, se generó una sociedad desigual, ya desde
su origen, con gran presencia de pobres y un núcleo pequeño de sectores de elite,
decisores de las políticas, ligados a intereses económicos nacionales y/o foráneos,
que han concentrado más de la mitad de la riqueza desarrollada en la región y que
se han mantenido hasta la actualidad en el poder.
La transición a las democracias en los países de nuestra región a partir de los
’80 no cambió este modelo, más bien intentó una reconstrucción de las prácticas
de la democracia liberal, y hoy conviven una relativamente afianzada democracia
electoral (con los límites que esta práctica tiene en nuestros países) con un deterioro
significativo de sus aspectos republicanos y con una exclusión y marginalidad
social y cultural que va en crecimiento. Según Portantiero (2000:131) constituye
un espacio de escasa densidad ciudadana y baja calidad democrática dentro de los
parámetros de una poliarquía.
De este modo, si acordamos que la democracia debe ser un régimen indisociable
de una concepción sustantiva de los fines de la institución política (Castoriadis,1997:59)
podemos señalar que en Argentina y también en el resto de la región,
no ha tenido lugar el proceso de consolidación del régimen democrático, no se han
realizado cambios económicos y sociales tales como la mayor redistribución de
ingresos, los derechos económico-sociales, igualdad de oportunidades, necesarios
para que se de la igualdad de todos los ciudadanos. Por lo tanto el principio que
planteara Franco de desigualdades socialmente aceptadas se ve continuamente
resquebrajado; los sectores excluidos se reconocen como marginados del sistema
y sin acceso a los derechos que la legislación garantiza. Para el caso latinoamericano,
Gino Germani 7 utilizó la conceptualización de Marshall elaborando un
diseño sobre los dilemas de la constitución de una comunidad política en América
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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Latina. En su enfoque, la saga de los derechos se articula con modulaciones de la
participación ciudadana (desde la limitada a la plena, pasando por la ampliada)
a la vez que propone una suerte de desviación lógica y cronológica del patrón
marshalliano, derivada de formas particulares de relación entre movilización y
representación (Portantiero, 2000:174).
Uno de los aparatos por excelencia para reproducir estas relaciones sociales de
poder es el sistema educativo. El acceso a los diferentes niveles de educación es,
por lo tanto, un objeto de estudio interesante para analizar cómo se constituye y se
resignifica la ciudadanía en un país periférico, luego de la reforma neoliberal del
Estado y en un contexto de aparente cambio superador de la misma. Asimismo, se
debe poner en consideración que pertenecemos a una sociedad estructurada alrededor
del mundo del trabajo, en la cual los certificados de estudio cobran cada vez
mayor importancia, al tiempo que se agudizan los procesos de desigualdad.
Hasta la segunda mitad del siglo pasado, el centro de atención en el análisis
del ejercicio de la ciudadanía a partir de la búsqueda de igualdad, estuvo puesto
en la dimensión político- jurídica. El énfasis en el acceso a derechos sociales y
la distribución justa –y no sólo formal– de oportunidades económicas inspiró
desde la posguerra las políticas de bienestar universales. Se sostenía que toda diferenciación
temprana perseguía una consolidación de las diferencias de clase. Sin
embargo, las transformaciones socio-económicas de las últimas décadas, la crisis
del empleo y los procesos de exclusión, han abierto la preocupación en el debate
social-demócrata sobre la igualdad de oportunidades no sólo de la cuestión de la
justa distribución de oportunidades, sino también en torno al principio que Rawls
(2000) llama de la diferencia. Según este principio, las expectativas de quienes
están mejor situados son justas sí y sólo sí funcionan como parte de un esquema
que mejora las expectativas de los miembros menos favorecidos de la sociedad.
En este marco, la equidad significa el derecho igual a tratamiento equivalente. La
equidad de las oportunidades consiste entonces no sólo en compensar en el punto
de partida las desigualdades de la naturaleza o las disparidades de fortuna, sino que
apunta a dar de manera permanente los medios para garantizar equidad (Rosanvallon,
1995:210). De este modo, el concepto de equidad concentra los reclamos por
redistribución económico-social y reconocimiento de diversidades culturales.
En la región, en desarrollos más recientes nos encontramos con un modelo que
parte de la política social de los noventa. Sonia Fleury (1997), por ejemplo, critica
a los modelos ideales en sentido weberiano que fueron sujetos a las realidades de
ciertos países industrializados del Primer Mundo y que a pesar de eso, no se pueden
ver reflejados en los casos concretos. De todas maneras rescata la importancia de
contar con modelos que sirven para realizar el análisis y brindan instrumental para
organizar las características principales del fenómeno (Ibídem:135). Esta estrecha
relación entre políticas sociales e ideologías queda explícita en la diversidad de
conceptos aplicados a un mismo aspecto y, más aún, en el significado antagónico
atribuido, a veces, a un mismo concepto. En ese sentido, desarrolla una nueva conceptualización,
inspirada en la clasificación de Tittmus (1981) y Esping-Andersen
(1993) y también distingue tres modalidades. 8

E. Bustelo (1998) integra no sólo la tensión compensación-redistribución, sino
que enfatiza el eje de la autonomía y emancipación de los actores sociales. En ese
sentido desarrolla la noción de Ciudadanía Asistida que apunta a la no preocupación
por la distribución del ingreso y la riqueza; las desigualdades son vistas
como naturales, considerando que las políticas del Estado deben ser marginales. 9
De manera opuesta, presenta la Ciudadanía Emancipada que toma la igualdad
social como valor central, entendida principalmente como derecho de las personas
a tener iguales oportunidades para acceder a los bienes social y económicamente
relevantes. Igualdad implica equidad y también la justicia redistributiva basada en
la solidaridad colectiva. 10
Estos últimos aportes tienen una relación directa con el rol que juega la educación
en los logros de este tipo de ciudadanía. A su vez, el nivel universitario
es el encargado de proveer, no sólo profesionales, sino también productores de
políticas, modelos, propuestas superadoras de la situación actual. Esta temática ha
comenzado a ocupar un espacio en los debates de los estudios sobre la universidad.
Poder tener en claro la relación con el desarrollo de la ciudadanía, nos da más
elementos para intentar trabajar por una democratización integral y sustantiva.
Una mirada histórica al proceso de nuestras universidades
Los cambios ocurridos en el mundo a partir de mediados del siglo XX, suscitaron
en los países de la región, una extraordinaria demanda del incremento de
las oportunidades para acceder a niveles superiores de educación, de manera que
la admisión restrictiva a la universidad fue difícil de sostener. Durante los años
’60, la teoría del Capital Humano 11 , tuvo notable influencia en el crecimiento de
instituciones y en el aumento de la cobertura esencialmente del segundo nivel de
educación. 12
En este contexto de crecimiento de los estudios secundarios habilitantes para
cursar estudios superiores, la demanda por estos últimos comenzó a imponer la
necesidad de atender el tema de la admisión a la universidad (Chiroleu, 1999:32).
En otros términos, la expansión de la matrícula de educación media generó en
las instituciones de Educación Superior un desplazamiento del acceso de elite al
acceso de masa.
Si hasta mediados del siglo XX, la universidad recibía a un número reducido
de jóvenes que reunían condiciones semejantes de pertenencia social, a partir de
esa etapa, se incorporaron grupos heterogéneos tanto en su formación académica
como en su origen social. Surgieron entonces mecanismos de control explícitos
como el ingreso restringido para lograr un aumento de la eficacia seleccionando a
los mejores, o mecanismos de control implícito como el ingreso irrestricto apelando
al principio de justicia social. De modo que la selección operó en ambos casos
aunque en momentos diferentes del transcurso de los estudios, y con costos y
resultados institucionales y sociales diferentes (García Guardilla, 1991:78). Estos
mecanismos fueron desde la imposición de exámenes de ingreso y cupos, hasta la
diferenciación de la Educación Superior y la creación de circuitos alternativos a
partir de la ampliación de la oferta de carreras terciarias.
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
65

Aunque el crecimiento de estos circuitos alternativos al sistema universitario en
América Latina fue heterogéneo, en Argentina la matrícula total de la Educación
Superior que comprende tanto al sector superior terciario como al universitario, se
expandió a un ritmo elevado a lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI,
con una tasa de crecimiento del orden del 14% anual (ver Cuadro 1). Asimismo
cuenta con una de las tasas brutas de escolarización superior más altas de Latinoamérica,
del 50% de los jóvenes en el año 2001 (INDEC, 2005).
Cuadro 1
Aumento de la matrícula de nivel Terciario, por sexos. Argentina
Año Ambos sexos Masc. Fem.
1970 13.4 15.1 11.6
1980 21.8 21.8 21.9
1983 25.1 23.2 27.0
1984 29.0 26.9 31.0
1985 35.7 33.6 37.8
1986 37.7 35.0 40.4
1987 39.5 36.4 42.7
1994 36.2
Fuente: Elaboración propia, 2008, sobre la base de los datos de UNESCO, 2008.
Cabe destacar que en América Latina, el sistema de Educación Superior (unisistema
de Educación Superior (universitario
y no universitario) se ha caracterizado históricamente por el beneficio
del financiamiento estatal. Aún hoy, en nuestro país el porcentaje de jóvenes matriculados
en instituciones públicas asciende a más del 82% en relación al 18% que
elige estudiar en universidades de gestión privada (ver Cuadro 2). Sin embargo,
la crisis por la que atravesó la región a partir de la década del 80, impactó en las
prácticas y formas de organización de estas instituciones, las que debieron afrontar
el desafío de actuar en escenarios cada vez más complejos, inciertos e inestables a
partir de la desaceleración de la expansión económica producida por las políticas
keynesianas. Los nuevos escenarios se edificaron entonces a partir del cambio en
el papel del Estado que se plasmó en las nuevas tendencias de las políticas públicas
en relación con la Educación Superior. La aplicación de los principios del libre
mercado estableció presiones a los gobiernos de la región para que adoptaran estrategias
tendientes a racionalizar y recortar el presupuesto universitario (Juarros,
2006:71).
Para el caso argentino, la dictadura militar de 1976 significó el desplazamiento
de los ejes centrales del principal discurso educacional, que con revisiones y reformas
en diversos momentos, tenía un siglo de existencia. A partir de la nueva
orientación del régimen autoritario, comenzó a enunciarse lo que sería una nueva
tendencia en el modo de entender las funciones y sentidos colectivos del sistema

educativo en general, y del sistema universitario público en particular (Martinetto,
2007 en prensa). Básicamente, la educación dejó de ser una razón de Estado para
pasar a ser una razón individual, poniendo en cuestión la concepción sobre aquél
como principal agente educativo. Ese desplazamiento en el discurso generó una
serie de consecuencias, entre las que entraba fuertemente en cuestión la tradicional
concepción del sistema educacional argentino, que articulaba las nociones de
modernización, civilización, laicismo, Estado educador, progreso, educación para
todos como cuestión de Estado (Southwell, 2006) e igualación como homogeneización,
entre otras; es decir, entró en cuestión la concepción tradicional sarmientina
que había funcionado por casi un siglo de nuestra historia.
Cuadro 2
Cantidad de estudiantes de carreras de pregrado y grado según tipo de gestión
Estudiantes 2006 %
Total 1.583.376 100
Gestión estatal 1.304.003 82,36
Gestión privada 279.373 17,64
Fuente: Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Anuario de Estadísticas
Universitarias 2007.
Después de la profunda interrupción que significó la dictadura, era necesario
generar las condiciones para el desarrollo de un nuevo discurso educacional, tal
como ocurriera con el discurso político. Por ello, el intento del gobierno radical de
1983 fue fundamentalmente restablecer el canon clásico del sistema educacional,
más que generar uno nuevo. En ese contexto, se dieron varias disputas en torno
a lo que significaba una educación democrática para los diferentes sectores en
pugna. Sin lugar a dudas el gobierno de la transición democrática –y la figura de
Alfonsín en particular– hicieron importantes esfuerzos vinculados a dejar de lado
el autoritarismo a través del descabezamiento de ciertas figuras e instituciones; sin
embargo, los intentos no fueron tan profundos como para construir una tradición
político-educacional nueva. Puede decirse que el alfonsinismo tuvo una concepción
de la educación, cercana a la del yrigoyenismo de principios de siglo XX,
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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asociadas a una idea de modernización que era entendida como una expresión del
desenvolvimiento estatal. En ese discurso, el sistema educacional crecía como
parte de una lógica civilizatoria y de modernización generadas por la acción estatal.
A partir de esta lógica es que buscaba la redistribución de bienes simbólicos.
Braslavsky (1985) señalaba por aquel entonces, que el nuevo modelo societal
que se enunciaba en 1983 contenía elementos que encerraban la oposición con
rasgos del modelo anterior, debía ser: democrático para superar el régimen autoritario
anterior, moderno para superar el atraso tecnológico, productivo para revertir
la tendencia a la desindustrialización, libre de condicionamientos externos para
detener el creciente endeudamiento externo, con justicia social para invertir la
creciente concentración de la riqueza.
Sobre esas bases, el gobierno intentó generalizar las características estructurales
que el sistema educativo argentino había tenido tradicionalmente, ampliando su
capacidad de cobertura. Esto se llevó adelante quitando los condicionamientos
para el ingreso a las instituciones educativas y promoviendo formas de
participación de los integrantes de la comunidad educativa. El intento fue reabrir
los mecanismos institucionales para que la población pudiera volver a contar con
las instituciones. En el ámbito educativo, el mayor afán restaurador estuvo en
las universidades, a partir de la reapertura de las carreras que habían sido
cerradas y el restablecimiento de los principios establecidos desde la Reforma
Universitaria.
Democracia era el significante 13 central. En este sentido, pareció existir un intento
hacia lo que Braslavsky ha caracterizado como un nuevo estilo educativo
democrático (Ibídem, 1985), pero este enunciado tenía diferentes sentidos para
los distintos sectores involucrados. El carácter propio del concepto democracia
estaba también presente y los debates educacionales hacían eje en la dicotomía
democracia-autoritarismo como punto de partida. Significantes como democracia,
participación, pluralismo, soberanía, entre otros, eran adoptados como el marco
desde el cual se enunciaban diferentes proyectos educacionales. 14 Tanto en los
documentos oficiales, como en los que se producían por fuera del circuito oficial,
las prescripciones y recomendaciones para experiencias educativas contenían esas
ideas anti-autoritarias.
El escenario, consecuencia de la crisis –ya descripta– que sufrió América Latina
sobre fines de los 70 y se agudizó en los 80, significó la puesta en cuestión del
preponderante papel adjudicado a la educación en la construcción de las naciones
a partir de su independencia (Filmus y Miranda, 1999:126). Cuando los procesos
de industrialización incipiente de la región así lo requirieron, los sistemas educativos
se dedicaron a priorizar la formación de mano de obra calificada para
atender las nuevas necesidades laborales. En el marco de las concepciones del
capital humano, que ya describimos, sobre todo en la época del desarrollismo en
Argentina, la educación pasó a convertirse en un insumo indispensable para el
aumento de la productividad de las personas y para el desarrollo económico de
los países. Sin embargo, el énfasis puesto en el rol económico de la escuela se
desdibujó cuando se comenzó a quebrar la correlación positiva entre educación y

desarrollo. Mientras que la primera continuó con importante ritmo de expansión,
las economías comenzaron a estancarse. En efecto, durante la década de los 80 el
Producto Bruto Interno per cápita de América Latina decreció a una tasa media
del -1,1% (BID 1993, citado por Filmus, 1999), al tiempo que las tasas brutas de
matriculación en la enseñanza básica tendieron a universalizarse y en la enseñanza
secundaria y superior crecieron del 45% y el 14% en 1980 al 53% y el 17% en
1990 respectivamente (datos citados por Filmus y Miranda, 1999:2). Las consecuencias
de este proceso fueron previsibles: el efecto combinado de la recesión, el
ajuste y la reestructuración afectó relativamente más la demanda de trabajadores
más calificados frente al rápido aumento de la oferta. Los ingresos promedio de la
fuerza de trabajo urbana con instrucción secundaria y universitaria disminuyeron,
en general, con respeto a quienes sólo habían recibido instrucción primaria (Altimir,
citado por Filmus y Miranda, 1999:3).
Por otra parte, el aumento constante de la deuda externa, la situación inflacionaria
y las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito llevaron
a un marcado descenso en la inversión educativa (ver Cuadros 3 y 4). Pero la
desatención educativa no estuvo únicamente vinculada a los factores macroeconómicos;
también existieron importantes condicionantes políticos e ideológicos.
Desde los organismos internacionales de crédito se cuestionó la pertinencia del
papel educador del Estado, especialmente en el nivel superior, argumentando
la necesidad de su arancelamiento, la restricción en el acceso por falta de presupuesto,
etc.
Estas argumentaciones y los antecedentes del Congreso Pedagógico de
1986 15 , generaron el consenso social necesario para la discusión de la Ley
Federal de Educación en 1993 y la Ley de Educación Superior en 1995 (Martinetto;
2006). Ambas fueron debatidas por algunos sectores de la población,
generalmente provenientes del ámbito educativo y de Ciencia y Técnica, pero
no por la sociedad en general. Las dos leyes tienden a la privatización y mercantilización
de la educación en todos sus niveles, entendiendo esto, no sólo
como el aumento de la oferta privada de educación sino también como el ingreso
de la empresa privada en el negocio de la educación, de momento que la
misma se define como un servicio y por lo tanto como bien que debe competir
en el mercado.
Cuadro 3
Gasto público en educación, América Latina y el Caribe, 1980-1994
1980 1985 1994
Gasto público (miles de millones de U$S) 33,5 27,9 72,8
Gasto público como % del PNB 3,8 3,9 4,5
Gasto público per cápita (U$S) 93 70 153
Fuente: UNESCO Statistical Yearbook 1997 (París, UNESCO y Lanham, Maryland, Bernan
Press, 1997)
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
6

Cuadro 4
Gasto Anual por alumno por nivel de educación 1992
América Latina y
el Caribe
Países de la
OCDE
Educación preescolar y primaria $252 $4.170
Educación secundaria $394 $5.170
Educación superior $1.485 $10.030
Fuente: UNESCO, World Education Report, 1995 (París, UNESCO, 1995); Centre for
Educational Research and Innovation, Education at a Glance (París, Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos, 1995).
Así, el sector educativo vivió un proceso de profunda reforma, a partir de la
sanción de las siguientes leyes que se llevó a cabo a lo largo de los dos gobiernos
de Menem: de transferencia de los servicios de enseñanza media y superior del
Estado Nacional a los Estados Provinciales (1992); la Ley Federal de Educación
(1993), que brinda el marco legal para la puesta en marcha de la autodenominada
Transformación Educativa (1994), que incluyó una reforma curricular, un cambio
en la estructura del sistema educativo y un incremento en la obligatoriedad escolar
(de 7 a 10 años); la modificación de la formación docente y la necesidad de reconversión
laboral de los docentes en ejercicio. 16 La educación como derecho era,
para ese entonces, un discurso fuera de lugar.
La universidad y el complejo proceso de normalización a partir de 1983
En nuestro país, la vuelta a la democracia dentro de las universidades públicas
significó un lento proceso marcado por contradicciones y debates significativos
después de haber vivido una época tan dura y siniestra. El 11 de abril de 1980 la
dictadura sancionó la ley 22.202 que determinaba la autonomía académica y la
autarquía administrativa, económica y financiera (artículo 11), pero debía ajustarse
a rigurosas normas programáticas, acordes con los principios y objetivos del régimen
imperante, detallados en los artículos 2, 3 y 4 (Mignone, 1998:54-55). Los
concursos se sustanciaron en un momento en que buena parte de la intelectualidad
argentina estaba muerta, exiliada o por lo menos proscripta en nuestro país.
En diciembre de 1983, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 143 y envió
al Congreso un proyecto de ley de tres artículos que lo ratificaba y derogaba la ley
de facto 22.207, con excepción de seis cláusulas sobre intervenciones a las universidades
y atribuciones de los órganos de gobierno universitario. (Ibídem:56). El
11 de enero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó dicho proyecto con algunos
cambios de forma. Se realizó de este modo, un ordenamiento legal, dentro del cual
se incorporaron modificaciones a los seis artículos que provenían de la ley de facto
22.207.

A partir de entonces, comenzó un largo proceso de restauración de las condiciones
académicas y de gobierno (Paviglianiti et al.,1996:22) para que las universidades
pudieran recuperar su autonomía y reiniciar el proceso de transmisión y
producción del conocimiento. Hubo un largo proceso legislativo durante el cual no
se logró llegar a una ley de fondo, por ello las universidades siguieron funcionando
con ese ordenamiento legal. La falta de consenso se evidenció en que a pesar de la
cantidad de proyectos de ley orgánica para las universidades nacionales presentados,
no se logró su tratamiento y sanción. Según Buchbinder (2005:216), de todas
maneras, el proceso de normalización se inició y se sustanciaron cerca de 15.000
concursos entre 1984 y 1988. Asimismo, en 1985 se dotó a las universidades de un
presupuesto más elevado, ya desde principios de 1986 se fueron conformando las
asambleas universitarias, que designaron, por primera vez en más de 20 años, a las
autoridades de las casas de estudios.
El haber consensuado los concursos de 1980, dio un marco de debilidad a la
tan ansiada normalización universitaria. La situación que debieron enfrentar las
universidades en ese periodo estuvo signada por la ausencia de proyectos de investigación,
un grave deterioro de la formación docente, importantes problemas
edilicios debido a la falta de mantenimiento, y el aumento explosivo de la matrícula.
En 1985 (ver Cuadro 5), la cantidad de alumnos casi superaba el medio millón,
cifra cercana a la de 1975. En 1986 sumaban 664.000 y hacia 1988 llegaban a
los 700.000. Los primeros años del gobierno de Alfonsín se vieron teñidos por el
optimismo de la primavera alfonsinista. En este marco, los estudiantes que finalizaban
el nivel medio y querían continuar sus estudios en la universidad, debían
atravesar, para el caso de la Universidad de Buenos Aires, el Ciclo Básico Común.
Este ciclo introductorio fue creado como una instancia niveladora, que brindaba,
de algún modo, la posibilidad de homogeneizar las diferencias de calidad de los
distintos establecimientos de educación media. Asimismo, todas las universidades
nacionales implementaron políticas tendientes al acceso irrestricto, al crecimiento
de la investigación y al mejoramiento de las condiciones de trabajo en el ámbito
académico, pero en poco tiempo se vieron afectadas por la creciente crisis económica.
A principios de 1989, la hiperinflación licuó el presupuesto universitario y
agudizó los conflictos gremiales.
Si tenemos en cuenta la falencia de base que fue no profundizar el sentido real
de la democracia y sumamos a ello el retroceso en las acciones de juicio a los militares
involucrados en la dictadura, es claro que creció el desencanto en la sociedad
en general y también en las universidades (Martinetto, 2006). Se necesitaba una
verdadera reforma que apuntara a la misión de la universidad en la sociedad post
dictadura, pero esta profundización no ocurrió.
Muy por el contrario, la reforma universitaria de los 90 en Argentina se inscribió
dentro de un proceso de reforma profunda del Estado que se dio al mismo
tiempo en casi todos los países de la región (Ibídem, 2006). La implementación
de políticas neoliberales en todos los sectores que atendía el Estado, dieron como
resultado un aumento de la pobreza y de la desigualdad social que nuestro país no
había sufrido en épocas anteriores.
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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Cuadro 5
Matrícula en la enseñanza de tercer nivel*
Argentina 1970 1980 Aumento 1985 Aumento
N° de alum.
Matriculados
274634 491473 55,90% 852500 173,50%
Tasa bruta de matrícula en el tercer nivel de enseñanza**
Argentina 1980 1985 Aumento
Porcentaje 22,2 36,4 +14,2
Fuente: Elaboración propia, 2008, sobre la base de Series Estadísticas, CEPAL, 2005.
* Incluye a los estudiantes de las universidades, establecimientos equivalentes, como
asimismo, de Instituciones de enseñanza normal y de establecimientos no universitarios
de tercer nivel.
**Total de matriculados, independientemente de su edad, sobre la población, multiplicado
por 100.
Como antecedentes al proceso de sanción de la Ley de Educación Superior
en Argentina, debemos destacar, a partir de 1993, la creación de la Secretaría de
Políticas Universitarias, a través de la cual, el entonces Ministerio de Cultura y
Educación, modificó la estrategia de definición de políticas para el sector. Así,
de las propuestas del Poder Ejecutivo que se basaban en discursos más que en
definiciones, se pasó a la aplicación concreta de políticas parciales, diseñadas por
los nuevos equipos técnicos del Ministerio y establecidas a través de decretos o resoluciones,
que cambiaron, en esencia, el funcionamiento de la casas de estudios.
Estas modificaciones se encontrarían en el Proyecto de Ley de Educación Superior
que posteriormente enviara el PEN al Congreso. (Paviglianitti et al., 1996:93).
Según la autora, las grandes líneas de políticas propuestas por el Ministerio de
Cultura y Educación en materia universitaria durante este período se refieren a
modificaciones:
Institucionales: creación de la Secretaría de Políticas Universitarias; creación
de los Consejos de Planificación Universitaria Regional; creación del Consejo
Nacional de Educación Superior; otra medida es la limitación a las universidades
nacionales para la creación de nuevas sedes o unidades académicas –sólo podrán
crearlas con la autorización del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –. También
se establece una nueva reglamentación de la Ley de Universidades Privadas
Nº 17.504.
Al régimen laboral: se dio a conocer el documento Bases para la discusión del
régimen Laboral Docente, junto con un proyecto que establece, entre otras cuestiones,
nuevas categorizaciones y dedicaciones del personal docente, las características
de la carrera académica, un nomenclador salarial y el régimen de licencias.
El Decreto 1610/93 establece un criterio de asignación de un adicional mensual

emunerativo no bonificable aplicable a los cargos de profesores y auxiliares con
dedicación semiexclusiva y simple. Se crea mediante el Decreto 2427/93 el programa
de incentivos a docentes investigadores. En el proyecto de Presupuesto
Nacional para el ejercicio 1995 el Poder Ejecutivo Nacional propone la descentralización
salarial de las universidades nacionales. De esta manera, las casas
de estudios comenzaban a determinar el régimen salarial y la administración de
personal y representar a la parte empleadora en las negociaciones colectivas de
trabajo.
En el financiamiento y gestión económico- financiera: el PEN envía al Congreso
el Proyecto de Ley de modificación del Régimen económico-financiero de
las Universidades Nacionales, en forma separada y previa al proyecto de Ley de
Educación Superior. También se determina la modificación de la administración
financiera y de sistemas de control en la Administración Pública Nacional establecida
en la ley 24.156. 17
Académicas: básicamente se centraron en el tema de la evaluación de
la calidad, ya incorporado por el Ministerio de Educación en 1991 a partir de
la ejecución del Subproyecto 06 del Banco Mundial. El Ministerio fija criterios
y promueve la firma de convenios en los que el PEN se compromete al
financiamiento de dicha tarea a través de la firma de convenios-tipo con cada
universidad. La autoevaluación la financia la universidad, la evaluación externa,
el Ministerio de Educación. A partir del Decreto 256/94 se reglamenta la atribución
del Ministerio de Cultura y Educación con respecto a la determinación de la
validez nacional de estudios y títulos y las habilitaciones e incumbencias
profesionales (Ibídem, 96). También se crea el Programa de Mejoramiento del
Sistema de Información Universitaria a través de la Resolución Nº 1069/93.
Con esta nueva configuración que se llevó a cabo en todos sus aspectos,
la universidad reformada genera nuevos desafíos a la cuestión del ingreso y
permanencia de los estudiantes en estas casas de estudios.
La Educación Superior ¿es un derecho o un privilegio?
La discusión y la legislación argentina sobre este tema han girado, con variantes,
alrededor de los dos modelos de ingreso que coexisten en las universidades
públicas con sus correspondientes variantes: el ingreso directo puede o no ir acompañado
de cursos introductorios, algunas veces incorporados al currículum y otras
organizados por cada unidad académica con carácter no eliminatorio; el ingreso
restringido se obtiene a partir de la aprobación de un examen selectivo y puede
ir o no acompañado de un cupo determinado por carrera (Chiroleu, 1999:62). El
debate acerca de la limitación o no en el acceso a la universidad en nuestro país
muchas veces quedó compendiado en dos posiciones antagónicas. Las mismas son
definidas como: el ingreso restringido que pone su énfasis en la preservación de
elevados patrones de excelencia académica a través de la selectividad de los ingresantes,
y el ingreso irrestricto y directo que prioriza criterios de justicia social.
Situación antagónica que supone relaciones directas entre la calidad y la equidad,
abreviando el debate a un interés institucional o político de seleccionar o no a los
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
73

aspirantes. Analicemos los argumentos que sostienen dichas posiciones.
El ingreso restringido supone los mecanismos que reglan el pasaje entre el segundo
y el tercer nivel del sistema, estableciendo los requisitos para el ingreso a
este último (pruebas de admisión con o sin cupos) y está vinculado a las prácticas
de selectividad social para garantizar la exclusividad de la educación universitaria
a ciertos sectores (Chiroleu, 1999:33). Para algunos autores, esta tendencia a promover
el proceso selectivo se fundamenta en la inadecuación de las posibilidades
de absorción de graduados por parte del mercado laboral, en el costo para la sociedad
y en el presupuesto insuficiente a partir del cual la cantidad atentaría contra la
calidad. La idea de aplicar mecanismos de racionamiento se basaría, de este modo,
en el reconocimiento de la existencia de una cierta capacidad de recursos físicos y
humanos, de manera que si esa capacidad no es respetada, el ajuste se daría por la
vía de la disminución de la calidad. La excelencia sólo podría estar asegurada en
instituciones que utilicen mecanismos para certificar un ingreso anual regulado a
partir de las disponibilidades físicas y los recursos humanos del establecimiento. 18
En síntesis, la dificultad para mantener la calidad en contextos de masividad es el
argumento más usado.
El ingreso irrestricto supone el pasaje del segundo nivel al tercero con el sólo requisito
de la obtención del título secundario. Contrariamente a la posición anterior,
la argumentación a favor del ingreso directo se basa en sostener que éste garantizaría
la igualdad de oportunidades, la inclusión de los sectores menos favorecidos,
el aumento de la equidad. Plantea que la Educación Superior cumpliría otras
funciones no tradicionales como la socialización juvenil o la ampliación de la
base cultural de la población, considerando la cantidad de ingresantes como factor
de democratización de la Educación Superior. Sin embargo, el ingreso irrestricto
sólo garantiza el acceso a la institución pero no la permanencia en ella. El elevado
porcentaje de abandono en los primeros años y la tasa de egresados promedio en
las universidades públicas 19 son una muestra de los limitados efectos democratizadores
de esta política.
Sin embargo, el ingreso irrestricto sólo garantiza el acceso a la institución pero
no la permanencia en ella. Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias
es en los primeros años de la carrera donde se cifran las tasas más altas de abandono
constituyendo una muestra del recorte de los efectos democratizadores de esta
política. Se puede legalizar el ingreso irrestricto a la institución, pero no se puede
garantizar por decreto la distribución igualitaria del saber elaborado que garantiza
la permanencia y el éxito en el sistema universitario. Tedesco (1985:49) refiere
en este sentido, a una “selección por el fracaso que, analizada desde el punto de
vista social, tiene el mismo carácter antidemocrático del limitacionismo y un costo
social y personal muy alto”. El autor distingue además entre acceso formal a las
instituciones y acceso real al conocimiento teniendo en cuenta que sin la posesión
de ciertos niveles mínimos de conocimiento no se puede garantizar un aprendizaje
efectivo. En la misma línea de análisis, Sigal (1998:78) elabora el concepto de
selección implícita, señalando que los sistemas de Educación Superior sujetos a
la presión de la demanda responden con un mecanismo implícito de selección

que opera a lo largo de la formación universitaria con mayor concentración en los
primeros años de formación; es decir, demora la exclusión del sistema de aquellos
que no están en condiciones de afrontar las exigencias de un nivel tradicionalmente
restringido para los sectores populares.
El predominio de los sectores medios y altos en la universidad
Para examinar la composición social de los estudiantes universitarios, dado que
para ingresar a la Educación Superior se requiere disponer de título secundario, lo
pertinente es tomar como base de análisis comparativo exclusivamente a aquellos
que han concluido sus estudios de nivel medio. Los datos para el total de la población
en Argentina publicados en un trabajo realizado por Ana García de Fanelli
(2005:4) para el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América
Latina (SITEAL), confirman que los jóvenes de los sectores socioeconómicos más
altos (los quintiles 4 y 5 de ingreso familiar per cápita) tienen una mayor presencia
entre los estudiantes de la Educación Superior y sobre todo entre sus graduados
(ver Cuadro 6), también resulta evidente que la barrera más clara al acceso al nivel
universitario o terciario por parte del 40% más pobre de la población se encuentra
en el nivel medio.
Cuadro 6
Argentina 2000. Jóvenes de 18 a 30 años por nivel educativo alcanzado,
asistencia y quintil de ingreso per cápita familiar (IPCF) e indicador de
deserción (en porcentajes)
Indicador
Quintil de IPCF
1 2 3 4 5
Total
1- Secundario a 58,7 50,4 43,0 33,4 21,0 34,8
2- Desertor educación
superior b 9,2 8,9 8,1 8,3 10,9 9,3
3- Estudiante educación
superior
4- Graduado educación
superior
28,2 35,1 42,1 47,5 46,5 43,3
3,9 5,4 6,5 10,8 21,8 12,6
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a. Jóvenes de 18 a 30 años que han concluido el nivel medio y que no asisten ni asistieron
a la educación superior.
b. Jóvenes de 18 a 30 años que han concluido el nivel medio y que han asistido pero que ya
no asisten al nivel superior.
Fuente: García de Fanelli, 2005, sobre la base de información de SITEAL, EPH, octubre
2000.
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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Analizando los cuadros que nos ofrecen una perspectiva histórica de matrícula
en el nivel de Educación Superior (Cuadros 1, 5 y 7), se puede advertir el aumento
de la misma desde el año 1980 hasta 2006 (últimos datos obtenidos). Aunque a
primera vista sean positivos, por el aumento de la matrícula, debemos focalizar la
atención en tres cuestiones que hacen a la diferenciación de los circuitos a los que
ingresan.
Primero, de los jóvenes de 18 a 30 años que no han alcanzado el nivel secundario,
entre el 79% y el 67,5% pertenecen a los sectores socioeconómicamente
más desfavorecidos. Asimismo, dentro de este subconjunto de jóvenes de 18 a 30
años que han logrado concluir el nivel medio, si bien una proporción mayor de
aquellos pertenecientes al 40% más rico sigue estudios universitarios y terciarios
en comparación con el 40% más pobre, la brecha no es tan pronunciada como en
ocasiones se suele señalar, aunque sí lo es cuando se considera al grupo de los que
se han graduado (ver Cuadro 7). De este modo, si bien la probabilidad de acceder
a la Educación Superior aumenta con el ingreso per cápita familiar, no deja de ser
significativo el porcentaje de jóvenes de los quintiles de ingreso más bajo (primer
y segundo quintil) que logran realizar su tránsito a este nivel (Ibídem:5). Esto se
puede observar en la comparación de datos entre 1980 y 2006.
Lo que se destaca en el análisis es que si bien los jóvenes logran ingresar a la
Educación Superior, un alto porcentaje de ellos no logra concluir sus estudios
universitarios o superiores terciarios. Esto se percibe con claridad si comparamos
los cuadros 6 y 7: mientras que para la matrícula, las diferencias se mantienen bastante
constantes, con una brecha un poco mayor entre los quintiles 1 y 5, cuando
se analiza por graduados, la brecha se profundiza mucho más.
Cuadro 7
Asistencia escolar de ambos sexos en áreas urbanas por quintiles de ingreso
per cápita del hogar, según grupos de edad (Porcentaje de la población de
ambos sexos de la misma edad: rango: 20-24 años)
Año QUINTIL
1 3 5
1980 11,1 20,3 33,5
1986 15,1 27,7 42,8
1990 12,4 22 39,8
1997 11,3 27,6 61,4
2002 21,7 47,2 61,6
2006 24 41,5 62,2
Fuente: elaboración propia, 2008, sobre la base de los datos de UNESCO, 2008 y CEPAL,
División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre
la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Para aproximar una estimación de la deserción diferencial según nivel socioeconómico,
en el trabajo mencionado se elaboró un indicador que relaciona para cada
quintil de IPCF el total de los que abandonaron la Educación Superior, respecto
de aquellos que asisten, asistieron a la Educación Superior sin graduarse y los que
egresaron. Según este indicador, la deserción es un fenómeno con mayor impacto
en el 40% de jóvenes con menor ingreso per cápita familiar (ver Cuadro 8). Asimismo,
según datos del Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2001, la
tasa de abandono para la franja de 25 a 39 años, ascendía al 39,2%.
Cuadro 8
Argentina 2000. Egresados de la población urbana de 25 años y más según
máximo nivel alcanzado e ingreso per cápita familiar (IPCF) (en porcentaje)
Quintil
IPCF
Secundario Terciario Universitario
1 6,1 2,1 0,6
2 11,1 7,1 1,1
3 18,6 12,9 5,4
4 26,5 29,2 15,7
5 37,6 48,6 76,4
Total 99,9 99,9 100,0
Fuente: SITEAL, sobre la base de la EPH, total urbano octubre 2000.
Los indicadores elaborados por SITEAL permiten aproximarnos a algunos rasgos
sociodemográficos y laborales de aquellos que abandonaron la Educación Superior
(ver Cuadro 9).
Cuadro 9
Argentina 2000: Jóvenes de 18 a 30 años según máximo nivel de estudios
alcanzados e indicadores laborales seleccionados
Indicadores
Seleccionados
Secundario
Completo
Superior
Incompleto
asistían
Superior
Incompleto
asisten
% Jefes y Cónyuges 31,5 41,3 17,5
Tasa de actividad 81,8 86,8 43,1
% de Asalariados
precarios
42,8 34,5 42,1
Fuente: SITEAL, sobre la base de la EPH, total urbano octubre 2000.
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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En el subgrupo de jóvenes de 18 a 30 años que abandonaron los estudios encontramos
que más del 40% era jefe de hogar o cónyuge. Los datos aportados
por dichos indicadores permiten advertir que la necesidad de ingresar al mercado
laboral es un factor de probable relevancia en la explicación del fenómeno de la
deserción según se refleja en la mayor tasa de actividad de los que abandonan los
estudios respecto de aquellos que continúan estudiando. Este resultado se encadena
con la mayor incidencia de la deserción en el quintil de menor ingreso, según
muestran los datos del Cuadro 6.
En segundo lugar debemos tener en cuenta que los jóvenes que acceden al nivel
superior, ingresan a instituciones que pueden ser universitarias o no universitarias
(no hay datos desagregados), con finalidades y calidades de oferta muy distintas,
y por último, la asistencia a circuitos diferenciados de educación resulta en niveles
de aprendizaje también muy diferenciados al terminar la carrera. Por lo cual el
acceso a la vida laboral también se verá afectado.
De ello se desprende que el sistema de admisión con bajo nivel de selectividad y
la enseñanza gratuita predominantes en las universidades públicas de la Argentina
no son condiciones suficientes para garantizar la permanencia de los sectores de
menores ingresos en la Educación Superior. Cuando comparamos cómo se distribuyen
los graduados del nivel medio, superior terciario y superior universitario
entre quintiles, se puede apreciar que tres de cada cuatro profesionales universitarios
se ubican en el quintil más elevado socioeconómicamente (Ver Cuadro 10
para la UBA). Este cuadro refleja tanto el fenómeno de reproducción social de la
clase de origen 20 : los grupos de mayor nivel socioeconómico acceden y concluyen
la educación universitaria en mayor medida que los más pobres, como el de movilidad
social ascendente. Este resultado contrasta con la posición socioeconómica
que alcanzan los egresados de nivel medio y de nivel terciario no universitario.
También es claro que en términos de nivel de ingreso per cápita familiar, los últimos
se ubican en una mejor posición que los que alcanzaron, como máximo, el
título del nivel medio. 21
Por ejemplo, de acuerdo a los datos proporcionados por el Censo de la UBA de
1954, el 18,4% de los alumnos pertenecía al sector de bajos ingresos; en 1993,
con 10 años de vigencia del ingreso irrestricto, sólo el 13,3 % de los alumnos
pertenecía a ese sector (Sigal, 1998:64). Lo que se puede observar es que, a pesar
de la masificación producida a partir de los años 50 en adelante, los sectores más
desfavorecidos no solo no incrementaron su permanencia, sino que ésta disminuyó
en un 7,2% a esa fecha.
Si tomamos los censos de estudiantes de la UBA de 1996, 2000 y 2004 (últimos
datos disponibles), y los comparamos con datos generales del país, del Censo
Nacional 2001 y de la Encuesta Permanente de Hogares de los últimos años, teniendo
como referencia histórica, el censo de 1954 antes citado, podemos realizar
algunas inferencias.
De los datos de la UBA, se desprende que en 1996 el total de alumnos cursantes
de las distintas carreras –incluido el Ciclo Básico Común (CBC)– era de 183.347.
En el año 2000 ese número aumentó, llegando a 253.260, lo cual representó un in-

cremento del 28%. Para los datos preliminares del Censo 2004, el número de estudiantes
ascendía a 294.038, representando un aumento del 16,3%, lo cual muestra
una marcada desaceleración en la matrícula.
Cuadro 10
Resumen de las comparaciones entre consultas EPH 1991 y 2001 y Censos
estudiantes UBA 1996, 2000 y 2004 expresados en porcentajes.
%
Grado de
ocupación
País Alumnos UBA Padres UBA Madres UBA
1991 2000 1996 2000 2004 1996 2000 2004 1996 2000 2004
74 76 59 61 58 84 84 95 52 65 81
Uso de PC s/d 21 71 74 s/d
Uso de Internet s/d 9 18 64 s/d
Nivel de
Instrucción
1º 51 42 23 22 20 25 22 19
2º 31 37 33 34 33 35 35 32
3º
7 8 8 7 17 17 18
Univ. 14 13 36 36 32 23 25 23
Fuente: elaboración propia, 2008, sobre la base de: Censos de estudiantes de la UBA: 1996-
2000-2004, datos de la EPH- INDEC de los Censos 1991 y 2001 y Encuesta Permanente
de Hogares, 2000 en adelante.
Para la categoría nivel de ingresos, que nos permitiría la comparación por quintiles,
no hay datos directos, por lo cual los estudios se centran, generalmente, en
los datos llamados indirectos, que incluyen: ocupación, tipo de actividad, nivel de
instrucción, y otros como tenencia de PCs domiciliarias, uso de internet, manejo
de idiomas, etc., para aproximar una idea del nivel de ingresos que podrían tener
según la actividad que realizan. Estos son los indicadores utilizados en nuestro
caso para los alumnos de la UBA y comparados con los generales del país.
Si se observan los datos volcados en el Cuadro 10, de la comparación de indicadores
se puede concluir que por lo menos alrededor del 70% de las familias de
alumnos de la UBA en el periodo analizado, corresponderían a los quintiles más
altos (considerando nivel de ocupación, tipo de actividad, nivel de instrucción
de los padres, uso de PC, uso de internet). Esto determinaría que por lo menos el
18% de las familias se ubicarían en los quintiles más bajos (teniendo en cuenta la
posibilidad de errores por uso de indicadores indirectos), lo cual nos muestra un
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
7

elativo aumento, sobre todo para los datos de 2004, acercándose al valor histórico
más alto de 1954 (18,5%), y revirtiendo la tendencia negativa de 1993, pero
aún insuficiente para poder asegurar una democratización genuina y sustantiva
en el acceso y permanencia de estos sectores en la universidad. Esta composición
del alumnado no ha tenido grandes fluctuaciones en los últimos años. La
escasa participación de alumnos de niveles de ingresos bajos (Sigal, 1998:81), es
similar en períodos en que el acceso a la universidad adquirió carácter selectivo
(mediante exámenes, durante las dictaduras militares), y en períodos en los que
no existieron restricciones (a partir de la reapertura democrática), aunque observándose
una incipiente tendencia al aumento en la participación de este sector
de la población.
Reflexiones finales
La democracia debe ser un régimen indisociable de una concepción sustantiva
de los fines de la institución política. Sin embargo, en Argentina y también en el
resto de la región, no ha tenido lugar el proceso de consolidación del régimen
democrático. Como señaláramos, no se han realizado los cambios económicos y
sociales tales como la redistribución de ingresos, los derechos económicos sociales,
igualdad de oportunidades, necesarios para que se de la igualdad de todos los
ciudadanos, el derecho a tratamiento equivalente.
La igualdad de todos los ciudadanos consiste entonces no sólo en compensar en
el punto de partida las desigualdades de la naturaleza o las disparidades de fortuna,
sino que apunta a dar de manera permanente los medios para garantizar equidad
y concentra los reclamos por redistribución económico-social. En el campo de los
estudios sobre la universidad, la temática de la igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos forma parte central del debate de las últimas décadas acerca
del poder democratizador de la educación y sus posibilidades o no de debilitar
circuitos de reproducción social.
Este trabajo presenta argumentos para llevar a cabo una discusión abierta y
fundamentada acerca de la cuestión del acceso de los estudiantes al sistema universitario,
y acerca de la capacidad de éste para dar respuesta a la necesidad de
recomposición del tejido social, democratizando el ingreso y permanencia de los
distintos sectores sociales para su formación profesional e inclusión en el mercado
laboral. En relación con ello, en las últimas décadas aparecen dos posiciones antagónicas
(arancelamiento y selectividad, por un lado, y provisión pública y acceso
irrestricto, por el otro). La primera se fundamenta en la dificultad de mantener
la calidad en contextos de masividad. En la segunda, el argumento se basa en la
democratización de la educación como garantía de la igualdad de oportunidades.
No obstante, muchos trabajos coinciden en señalar que existe una selección que
tiene lugar a posteriori del ingreso en función de los resultados académicos que
los estudiantes obtienen principalmente en los primeros años de sus carreras. Si
ingresan alumnos que no poseen las cualidades necesarias para apropiarse de los
saberes elaborados propios del nivel superior, el acceso directo es sólo ilusorio;
los fracasos y abandonos frecuentemente se corresponden con las condiciones so-

cioeconómicas de origen y muy frecuentemente con sus trayectorias educativas
anteriores.
Más allá de las debilidades que presenta el sistema universitario argentino, la
incorporación creciente de estudiantes es un activo valioso. Si bien de los datos
analizados, no se desprende que los que alcanzaron una educación superior incompleta
lograron mejores oportunidades laborales que los egresados del nivel
medio, el ingreso irrestricto aunque continúe siendo, como ya se señaló ilusorio,
confiere a los que acceden un capital social y cultural acumulado en su paso por
la Universidad.
En la sociedad actual, el conocimiento es un factor esencial para el desarrollo
productivo y por ende éste se constituye en un elemento de poder. La disparidad
en el nivel de desarrollo de recursos humanos entre los países de Latinoamérica y
otras regiones sigue creciendo. Esa disparidad se explica observando las cifras de
matriculación en el nivel secundario, el porcentaje de ingresantes al nivel superior
y el número de científicos producidos por el sistema.
Referencias
1. Tomamos la clasificación elaborada en 1949 por T. H. Marshall.
2. Al respecto ver: “La Universidad no promueve la igualdad”, nota firmada por Jorge Gelman en el
Diario Clarín de Buenos Aires, 28/3/ 2005. Sitio web: www.clarin.com
3. Por ejemplo: “Faltaron políticas a largo plazo”, Diario Página 12, 17/3/2008. http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-100776-2008-03-17.html;
“La mayoría sigue ciencias sociales”,
de la misma fecha. http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-100775-2008-03-17.html;
“Los que no logran seguir estudiando”, Diario Página 12, 14/10/2005 http://www.pagina12.com.
ar/diario/universidad/10-57921-2005-10-14.html
4. Al respecto, se puede leer: “La Universidad, un lugar para sobrevivir. Entrevista con Claudio Rama,
especialista en Educación Superior”, publicado por el Diario La Nación, 21/09/2006. Link: http://
www.lanacion.com.ar/842157
5. En términos de Bourdieu, hablamos de diferencia en el capital cultural de cada grupo social, a partir
de la construcción de sus respectivos habitus.
6. Según el autor, este principio sintetiza la convergencia de tres aspectos: “1) las demandas y expectativas
democráticas de la ciudadanía, y en particular lo que ésta considera que son sus derechos
frente al poder institucionalizado en el Estado, 2) la dinámica del mercado capitalista y su impronta
generadora de desigualdades, y 3) la eficacia del poder político para limitar cualquier tamaño de la
desigualdad producida por el orden económico que sea incompatible con la gestión política de los
conflictos, y extender, con los recursos proveídos por el orden económico, todos los derechos de ciudadanía
que no pongan en cuestión las garantías básicas a la propiedad del capital y el funcionamiento
del mercado” (Franco, 1998:177).
7. Citado por Portantiero (2000:169).
8. A) Ciudadanía Invertida: en la cual subyace el modelo de asistencia social. Aquí el individuo o
grupo objetivo pasa a ser objeto de la política como consecuencia de su propio fracaso social. B) Ciudadanía
Regulada: propia de los modelos de seguro social. La ciudadanía se vincula con el principio
de mérito, razón por la cual, tal relación es denominada Ciudadanía Regulada en base a la condición de
inserción en la estructura productiva. C) Ciudadanía Universal: asociada al modelo de la seguridad social.
Aquí se procura garantizar a la totalidad de los ciudadanos, un mínimo vital en términos de renta,
bienes y servicios, fundamentado en un ideal de justicia social. (Fleury, 1997:140-143).
9. Bajo esta mirada, las políticas sociales son meros mecanismos de control social que permiten la
gobernabilidad necesaria para la legitimación de reformas estructurales exigidas por el mercado y los
organismos internacionales de crédito; políticas focalizadas para grupos en riesgo en lugar de procurar
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
81

la distribución del ingreso.
10. La Ciudadanía Emancipada es por definición una propuesta socialmente inclusiva: el acceso a un
empleo productivo, a una educación de calidad y a los códigos socialmente relevantes que permitan a
los ciudadanos participar y ampliar el campo de sus derechos y responsabilidades.
11. Modelo tecno-democrático previsto en el marco teórico del funcionalismo que consideraba la inversión
pública en educación como factor clave del desarrollo económico y como el vehículo principal
de igualación de oportunidades sociales.
l2. Las cifras dan cuenta de procesos y de prioridades diferentes entre los países. En 1970, Argentina
tenía un nivel de escolarización secundaria superior al de Portugal. Sin embargo, en 1994 Portugal ya
había universalizado ese nivel entre sus jóvenes. Uruguay, en 1970, tenía porcentajes de escolarización
similares a los de España en el nivel secundario (58,7% y 52,3% respectivamente). Sin embargo,
España logró acercarse mucho más a la meta de universalización, mientras Uruguay (tanto como Argentina)
aún están lejos de lograrlo (PNUD, 2000).
13. En los términos en que E. Laclau hace uso de este concepto.
14. En este trabajo no tomamos el desarrollo del Congreso Pedagógico Nacional de 1986 que excede
su extensión y profundidad.
15. Para más información acerca de las mesas de discusión y las conclusiones de dicho Congreso se puede
consultar: http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Segundocongreso/0segundocongreso.htm
16. Para ampliar información sobre las leyes y reglamentaciones se puede consultar la página web de
CTERA: http://www.ctera.org.ar/docum/docum.htm
17. Hay que tener en cuenta que una de las fuentes de financiamiento privilegiadas por el PEN en
ese momento fueron los organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo el crédito del Banco
Mundial-BIRF, de 150 millones de dólares destinado a mejorar la capacitación docente, desarrollo de
posgrados, fortalecer las ciencias básicas e ingenierías y apoyar los proyectos de reforma global de
universidades medianas.
18. En un Informe realizado por el Decanato de la Facultad de Medicina de la UBA en 1999, se señalaba
que dicha Facultad podría aceptar en primer año un máximo de 900 alumnos. El cupo se calculó
en base al número de plazas para la práctica final de la carrera (en 52 hospitales de la Capital Federal
y el Gran Buenos Aires asociados a la Facultad). Según el entonces Decano, ese era el número al que
se le podría brindar una educación de calidad (Diario Clarín, nov. 2000).
19. Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, la tasa
de egresados de carreras de grado, para Instituciones Universitarias de Gestión Estatal en el año 2005,
fue de 30,7%.
20. Los “herederos” en términos de Bourdieu.
21. El porcentaje de jefes de hogar y cónyuges en todos los grupos de egresados de 25 años y más
es muy elevado: 81,2% nivel secundario, 82,2% nivel terciario, 86,7% nivel universitario (SITEAL,
2005).
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Recibido: 03/07/08. Aceptado: 19/09/08

temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
85

�enores e inseguridad. Analizando las “cifras” de la delincuencia juvenil en
la ciudad de Rosario
Daniela Polola
Daniela Polola es Antropóloga, Becaria CONICET,
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad
Nacional de Rosario.
�ail: danielapolola@ciudad.com.ar
resumen
En el presente trabajo realizaremos un acercamiento
a la problemática de las personas de
edad en conflicto con la ley penal en la ciudad
de Rosario, Santa Fe, desarrollando, en una primera
instancia, el estado de la cuestión en torno
al tema, y describiendo la estructura burocrático-administrativa
y judicial, junto con el marco
legal que regula las intervenciones.
El objetivo central del trabajo radica en analizar
la información estadística proporcionada por
la Corte Suprema de Justicia sobre los Juzgados
de Menores de la ciudad de Rosario, para analizar
la situación de los menores de edad infractores
a la ley, y así poder realizar una contrastación
entre los datos oficiales y aquellos expuestos por
la prensa gráfica, en particular en lo referente a
temas de alta sensibilidad social tales como la
(in)seguridad, los delitos cometidos por menores
y los consecuentes pedidos de reducción de la
edad de imputabilidad penal.
palabras claves
menores en conflicto con la ley penal / edad de
imputabilidad / (in)seguridad
summary
In this paper we shall approach the issue of
underage offenders in the city of Rosario, Santa
Fe, developing the state of the art and describing
the judicial and bureaucratic structure, including
the legal frame that regulates intervention.
The main purpose of this paper is to analyze
statistics produced by the Law Court about
underage offenders in the city of Rosario to
evaluate their situation so as to contrast official
information with articles of the press, especially
those referring to (in)security, juvenile crime
and the consequent request of lowering the age
of imputability amongst underage people.
keywords
underage offenders / age of imputability /
(in)security
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
87

1. Introducción
La problemática de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal
ha cobrado gran notoriedad en los últimos años en Argentina, en especial a través
de los medios masivos de comunicación. Desde estos ámbitos se hace hincapié
no sólo en el aumento de las causas cometidas por menores, sino también en los
niveles de violencia que estos delitos involucran. Expresiones tales como la “ola
delictiva”, que “azota” a nuestras ciudades, se constituyen en moneda corriente
en los artículos de la prensa gráfica y constantemente se enfatizan las demandas
por parte de la ciudadanía de “mayor seguridad” al mismo tiempo que se apela,
como una de las posibles soluciones, a la baja de la edad de imputabilidad de los
menores.
Nuestro objetivo en este trabajo es realizar un análisis de la información estadística
suministrada por la Corte Suprema de Justicia con respecto a causas cometidas
por menores de edad en el período 1997-2006 en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, para efectuar una contrastación con los dichos de la prensa gráfica.
Como marco general del trabajo, se tomarán tanto los antecedentes de investigación
como el contexto jurídico-burocrático que regula la intervención sobre
menores de edad en nuestra provincia.
2. Aproximación al estado del arte
Desde la sanción, por parte de Naciones Unidas, de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (CIDN) 1 , el tema niñez y adolescencia se convirtió en
básico y prioritario en las agendas políticas de los diferentes países que la incorporaron
–entre ellos Argentina– (al menos desde el punto de vista discursivo) y
en función de esto, comenzó la proliferación de una gran cantidad de bibliografía
en torno a la niñez, adolescencia y/o minoridad (dependiendo de la concepción
doctrinaria de los investigadores y juristas) y sus derechos.
Existen numerosos antecedentes en torno a la problemática de la minoridad bajo
procesos de intervención, ya sea del orden judicial como técnico-administrativo.
Desde Donzelot (1990) se puede rastrear cómo se fue configurando en Francia, en
torno a la infancia, una red de instituciones de control de las cuales la familia y
la escuela son sólo el comienzo, culminando en las instituciones de reclusión, los
juzgados de menores y las sociedades de beneficencia.
A nivel nacional, Dubaniewicz (1997) desarrolla un rastreo historiográfico de
las instituciones de protección de menores desde la época colonial hasta 1997,
describiendo cada una de las características principales de las instituciones de protección
y castigo para menores abandonados o infractores.
Larrandart (1990), por su parte, realiza un racconto histórico a partir del cual el
control institucionalizado (familia, escuela, policía) se tornó insuficiente debido a
la gran ola inmigratoria que recibiera nuestro país a principios del siglo pasado y
tal preocupación derivó en la creación de instituciones que pudieran ejercer dicho
control, comenzando a tomar fuerza el discurso sobre la necesidad de “tutelar y
proteger” a los menores y crear leyes e instituciones específicamente destinadas a
ellos. Dentro de este contexto, de fuerte corte positivista e higienista, se sanciona,

a nivel nacional, en 1919 la ley 10.903 de Patronato del Estado, que establecía la
tutela del Estado tanto para los casos de comisión de un delito como para los de supuesto
abandono de menores, enmarcada en la doctrina de la Situación Irregular 2
(vigente en toda América Latina). El duro cuestionamiento que recibió la anómala
situación legislativa generada por la vigencia de esta ley simultáneamente con
la CIDN, provocó la proliferación de gran cantidad de bibliografía en torno al
tema, fundamentalmente a cargo de juristas. García Méndez (2004) desarrolla un
exhaustivo análisis de las leyes de menores en la Argentina y, comparativamente,
en algunos países de América Latina que modificaron sus legislaciones en virtud
de la incorporación de la CIDN. En una línea similar de trabajo, Beloff (2000)
indaga en algunos aspectos negativos que implica la aplicación de la CIDN, y
simultáneamente hace hincapié en la necesidad de atender a la “responsabilidad”
de los jóvenes en conflicto con la ley penal, plasmado en un sistema de sanciones
específicas que se base en medidas alternativas a la privación de la libertad, tales
como la mediación y conciliación.
Desde las ciencias sociales, en los últimos quince años, el tema ha comenzado a
adquirir interés y se han desarrollado investigaciones en el ámbito de la sociología
y la antropología. Guemureman y Daroqui (2001) realizan un exhaustivo análisis
acerca de las instituciones que surgen dentro del paradigma de la Situación Irregular
y que se definen bajo el marco legislativo de la ley 10.903, conjuntamente
con un amplio relevamiento de la situación normativa actual. Asimismo, describen
el funcionamiento de una serie de instituciones que intervienen en menores, tales
como los organismos técnico-administrativos, la policía y las comisarías de menores
y cómo se incorporan al circuito judicial menores cuyos motivos de ingreso se
vinculan a problemas de orden psiquiátrico o de droga-dependencia. Realizan una
interesante contrastación entre el discurso de los jueces de menores y su práctica
concreta –plasmada en la resolución de la situación que motivó la judicialización–
a través de la sentencia.
Desde la antropología hay varios antecedentes, especialmente referidos a Buenos
Aires. En cuanto al análisis de la estructura institucional de los juzgados de
menores en la Ciudad de Buenos Aires, Villalta (1999) describe las peculiaridades
de la justicia de menores y la problematización de los procesos de construcción de
identidad en lo distintos agentes que la componen. Por su parte, Noriega (2002)
realiza una indagación acerca de las “formas alternativas de resolución de conflictos”
implementadas en el marco de la Red de Defensorías de Niños, Niñas y
Adolescentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomando como contexto
la Convención de los Derechos del Niño.
Grinberg (2004) focaliza en el análisis del entramado burocrático de protección
y atención a la infancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de los
cambios de orden político-administrativo, legislativo y judicial producidos luego
de la sanción de la constitución local en 1996.
Miguez y González (2003), desde una perspectiva diferente, problematizan la
noción clásica del sistema de minoridad como mecanismo de control social y enfatizan
en la necesidad de un abordaje etnográfico en profundidad que permita
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
8

desmitificar ciertos presupuestos. Sostienen que lejos de encontrarse en las instituciones
de menores una estructura disciplinadora, lo que subyace es un “palimpsesto
organizacional con prácticas contradictorias”, que reproduce la violencia pero
hacia el interior de los institutos, es decir, sobre los menores.
Kessler (2006), desde una perspectiva de corte etnográfico, se sumerge en las
lógicas de “trabajo y provisión” entre las cuales pivotean jóvenes para los cuales
el delito no es su único medio de ingresos, sino que también alternan con períodos
de trabajo. Asimismo analiza las relaciones que se establecen dentro de los grupos
de pares y la vinculación de los mismos con las drogas y el alcohol.
Desde el psicoanálisis, Degano (2004) problematiza la noción de “responsabilidad”
en menores en conflicto con la ley penal a partir de una investigación realizada
en Rosario. Cuestiona la rehabilitación como objetivo del tratamiento judicial.
Elabora la categoría de “ficción jurídica” que define como la “característica ficcional
del concepto de rehabilitación en el marco judicial de Menores” y finalmente
propone una “política de la subjetividad” que involucre la responsabilización y la
“producción de espacios para la subjetividad” de los menores.
Por otro lado, parecería ser una preocupación que se habría instalado en la agenda
política como un área de vacancia y como consecuencia se han generado desde
el Estado intentos –algo aislados y recientes– por activar una mirada más crítica
sobre el tema, con actividades orientadas a la discusión de estas problemáticas,
dirigidas tanto a los funcionarios de las instituciones de atención del área, como
al público en general. 3
Es interesante considerar también la producción en torno al tema generada desde
los mismos organismos estatales como la Dirección Nacional de Política Criminal.
4 Si bien existen trabajos de relevamiento, en especial de tipo cuantitativo en
cuanto a las “cifras” de la delincuencia juvenil, estos informes sólo se limitan a la
exposición de los datos, sin que se vislumbre un interés por analizar, problematizar,
de-construir esos datos, y convertirlos en información útil para sugerir líneas
de acción en torno al tema. 5
Desde el ámbito de las ciencias de la comunicación existe un significativo aporte
a partir de investigaciones que abordan la incidencia de los medios masivos de
comunicación en la conformación en la opinión pública de una imagen de “niñez
delincuente y peligrosa” en virtud de un énfasis en las noticias policiales protagonizadas
por menores de edad. Desde esta perspectiva, algunos trabajos indagan
acerca de la construcción del problema de la violencia en los medios gráficos
(Manguía, 2004).
Martini et al. (2002) analiza las crónicas policiales en los medios en torno a categorías
de inclusión/exclusión y las representaciones del “nosotros” y “los otros”
y cómo, a través de estas categorizaciones se naturalizan discursos hegemónicos,
instalándose en la sociedad el tema de la inseguridad y la violencia por su constante
aparición en los medios. El enemigo es el delincuente, en especial joven y
pobre.
Vasilachis de Gialdino (2003), por su parte, evalúa el tratamiento que se realiza
de los niños en situación de calle desde la prensa gráfica. En este sentido, analiza

cómo a través de diversos procesos sintácticos y semánticos se enfatizan u ocultan
los roles de estos niños, al mismo tiempo que se los estigmatiza por una situación
(la de estar en la calle) que lejos de considerarse contingente se establece como
inherente a ellos. Asimismo observa cómo dichos procesos construyen representaciones
acerca de estos niños en la opinión pública que determinarán la manera en
que serán vistos por la sociedad.
Calzado (2006) analiza, a través de las asambleas del Plan de Prevención del
Delito de la ciudad de Buenos Aires, cómo éstas se convierten en generadoras
de un discurso en torno a la inseguridad y al delito cometido por jóvenes, y esto
ayuda a reforzar el binomio minoridad/inseguridad, para lo cual se conjugan tanto
la opinión pública como los medios de comunicación. En consecuencia, esta construcción
discursiva legitima respuestas políticas punitivas a problemas de orden
estructural de nuestra sociedad.
Siguiendo esta idea del “miedo al delito” que se comienza a generalizar en la
sociedad, Varela (2005) analiza la aparición de dicho concepto en la investigación
criminológica británica y su utilización a nivel local como “sensación de inseguridad”
asociado a la realización de la Encuesta de Victimización de la Dirección
Nacional de Política Criminal, que establece el problema del delito antes de que
los encuestados lo manifiesten como tal y en este sentido, también alude a cómo
los medios de comunicación coadyuvan a instalar esta “sensación de inseguridad”
en la población.
3. Nuestro mapa institucional
La Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia 6 contaba inicialmente
con el Programa de Menores en Conflicto con la Ley Penal, que comenzó a funcionar
en abril de 1994. El 11 de agosto de 2000 este programa se convirtió en
la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal que, en lugar de continuar
dependiendo de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, pasó a estar
bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto.
En la actualidad, dichas instancias burocráticas están sufriendo una profunda
reestructuración, paralelamente a una renovación de autoridades, a partir del cambio
de gobierno de la provincia de Santa Fe a fines de 2007. En este contexto, se
crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del cual pasa a depender la
ya existente Subsecretaría de Asuntos Penales, que a su vez controla la Dirección
Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal (DPMCLP), organismo que
rige para toda la provincia de Santa Fe.
La DPMCLP tiene incumbencia en toda la provincia de Santa Fe y se organiza
en torno a tres grandes Programas dentro de los cuales se agrupan los más específicos.
Estos son los Programas de Primera Intervención, por un lado Diagnóstico
y Orientación, y Dispositivos de Asistencia en Seccionales Policiales. En segunda
instancia los Programas de Tratamientos Alternativos a la privación de la libertad,
que comprenden: Libertad Asistida, Centro de Día con Capacitación Laboral
y emprendimientos productivos, y Centros de Asistencia de Víctimas en Violencia
Familiar y Delito Sexual, y por último, los Programas de Tratamiento con In-
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
1

tervención, que pueden revestir tres modalidades: Hogares de Puertas Abiertas,
Institutos Cerrados y Gestión Mixta.
Desde su creación a mediados de 2000 hasta fines de 2007, la DPMCLP estuvo
bajo la órbita de control del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, es decir, bajo
la estructura de Seguridad, la misma instancia de la cual dependía tanto la Policía
como el Servicio Penitenciario Provincial y todo el sistema de castigo vinculado a
adultos. En este sentido, la decisión de que el ámbito penal en cuestiones referidas
a menores (en lo que concierne a la provincia de Santa Fe), dependa de la misma
estructura institucional de castigo de la cual dependen los mayores, implica que la
justicia juvenil está concebida –al menos en parte– en los mismos términos que la
justicia de adultos.
De todos modos, a la luz de los cambios institucionales que se están produciendo
actualmente en los estamentos burocráticos provinciales, es muy aventurado adelantar
una hipótesis sobre la morfología que adquirirán dichas instancias estatales
y si, eventualmente, esos cambios redundarán en modificaciones en las prácticas
de intervención sobre la población de menores en conflicto con la ley penal.
4. Marco legal y situación jurídico-administrativa de los menores de
edad en la ciudad de Rosario
La ley nacional de fondo que regía desde 1919 en Argentina era la Nº 10.903 de
Patronato de Menores que se correspondía con la doctrina de la Situación Irregular.
Sin embargo, a partir de la aprobación de la CIDN por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, su ratificación al año
siguiente en nuestro país por Ley 23.849 del Congreso de la Nación y su posterior
incorporación en 1994 a la Constitución Nacional, la situación jurídica de los menores
de edad se tornó anómala dada la vigencia de dos leyes prácticamente antagónicas,
durante casi quince años. Situación que sólo se modificó, en septiembre
de 2005 al sancionarse la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, que automáticamente deroga la 10.903.
Si bien el texto de la nueva ley retoma en sus principios generales lo propugnado
por la CIDN añade algunas cuestiones interesantes en las disposiciones generales
en torno a las políticas públicas, en las cuales enfatiza el rol del Estado como garante
del fortalecimiento familiar, la descentralización de los organismos de aplicación
y de planes y programas, la gestión asociada de los organismos de gobierno
en sus diferentes niveles coordinado con la sociedad civil, con una fiscalización
permanente, y la promoción de redes intersectoriales locales. A pesar de que la
sanción de esta ley constituye un avance importante desde el ámbito jurídico todavía
se requieren adecuaciones, de tipo burocrático y de carácter procedimental,
para lograr que ésta se efectivice plenamente.
En cuanto a la situación de la ciudad de la ciudad de Rosario, en 2001 su población
era de 1.121.558 habitantes, según el Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas del mismo año. 7 Para atender a los menores de edad, Rosario contaba
con tres Juzgados de Menores, a los cuales se agregó un cuarto a mediados de
2006. Dichos juzgados, de acuerdo al marco legislativo que regula su práctica,
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
3

intervenían tanto en el orden civil sobre menores en estado de abandono, como en
el orden penal, sobre menores a los cuales se les imputaban hechos sancionados
por la ley penal. 8
A partir de la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes gran parte de las competencias de los Juzgados de
Menores pasan a los Juzgados de Familia, y a los órganos técnico-administrativos
(Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia) con lo cual, los Jueces de
Menores restringen su área de incumbencia casi exclusivamente a lo relacionado
con el ámbito penal.
5. Las cifras de la delincuencia juvenil
5.1. El acceso a los datos
Con este contexto jurídico-administrativo como marco general de nuestra investigación
y, habiendo consultado la página web institucional del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe, constatamos que si bien existía información estadística
correspondiente al fuero penal, ésta no figuraba desagregada entre mayores
y menores de edad, motivo por el cual decidimos solicitar por nota material de
tipo estadístico a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe sobre
Juzgados de Menores de la ciudad de Rosario, con respecto a: cantidad de causas
por juzgados, cantidad de menores imputados, edad de los menores, tipo de delito,
etc., del período 1997-2006. En base a nuestro conocimiento surgido de entrevistas
informales con personal de un Juzgado de Menores, estábamos al tanto que
existía un “Sistema de Gestión de Menores” informatizado en el cual se registraban
este tipo de datos.
A partir de nuestro pedido concreto, se nos entregó un detalle estadístico desde
el año 1997 al 2006. Algunos cuadros estadísticos adolecían de errores, que
surgieron a partir de controles cruzados que efectuamos sobre los mismos (Rao,
1994). El origen de los errores puede deberse a varios motivos, entre ellos: un mal
registro inicial de los datos, un incorrecto traspaso de los mismos del Sistema de
Gestión de Menores a las planillas de tabulación de la Oficina de Estadísticas de la
Corte o, inclusive, la falta de un rubro en el cual registrar datos, que incidiera en el
total, pero no se viera reflejado en la desagregación.
El material se podía dividir en dos tipos: los datos ya tabulados y los datos
“crudos”, planillas directamente impresas del Sistema de Gestión de Menores sin
procesamiento alguno. El análisis de ambos tipos de material implicó un arduo
trabajo no solamente por los errores sino además, porque, los datos sobre delitos
estaban ordenados alfabéticamente, sin ningún criterio específico, por lo cual decidimos
clasificarlos según la tipificación de delitos establecida por el Código Penal
de la Nación. Por otro lado, dentro de la categoría delitos aparecían ítems que no
lo eran, por ejemplo figuras legales tales como el amparo.
5.2. El análisis de los datos
En la Tabla 1, nos interesa analizar la progresión de las causas iniciadas por
Juzgado durante los diez últimos años.

Tabla Nº 1. Cantidad de causas ingresadas por Juzgado. Período 1997-2006
Juzgado / Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Juzgado Nº 1 3368 2742 3146 3112 3022 3259 2915 2876 2645 1965
Juzgado Nº 2 2857 3251 3098 3200 3593 3657 3134 3208 4008 2855
Juzgado Nº 3 3169 3158 3216 3494 3604 3524 3015 3001 2305 1889
Juzgado Nº 4 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1329
Total 9394 9151 9460 9806 10219 10440 9064 9085 8958 8038
* A mediados de este año se incorpora el Juzgado de Menores Nº 4
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia de Santa Fe.
Gráfico Nº 1. Total de causas Ingresadas. Período 1997-2006
A partir de esta Tabla, podemos inferir que a pesar de las fluctuaciones, el número
de causas ingresadas no muestra diferencias significativas, salvo en el período
2001-2002, lo cual podría ser atribuido a la crisis socio-política-económica que
sufriera Argentina a fines del 2001. 9
Según el Gráfico 1, los guarismos estarían dando cuenta que el fenómeno de la
delincuencia juvenil –de acuerdo a las causas ingresadas en el fuero de Menores–
lejos de estar in crescendo, y a pesar de algún pico puntual, se mantiene constante
e incluso registra un leve descenso en los últimos años.
En la Tabla 2 se puede ver claramente que tanto las contravenciones de mayores
contra menores 10 , como los recursos de Hábeas Corpus 11 , son los dos ítem
que registran los guarismos más bajos, en relación con la averiguación de hechos/consultas,
y fundamentalmente con respecto a los delitos o faltas cometidos
por menores de edad que superan ampliamente a los demás ítem. No obstante
esto, si realizamos un análisis en términos diacrónicos vemos que las contravenciones
de mayores contra menores, la averiguación de hechos, y los recursos de
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
5

Hábeas Corpus se mantienen relativamente constantes en el decenio analizado.
En cambio, los delitos o faltas cometidas por menores registran una tendencia en
aumento desde 1997 hasta 2002, año, este último, en que se verifica el máximo
número de causas, y desde esa fecha comienza a descender bruscamente hasta el
año 2003, registrando un ascenso en los años 2004 y 2005, que sin embargo nunca
alcanza el pico de 2002, y que se encuentra en disminución en el último año.
Tabla Nº 2. Desagregación de causas en Secretaría Penal
Delitos o faltas cometidas
por menores
Contravenciones de
mayores c/menores
Averiguación de
hechos/denuncias/consult.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
7132 7465 7749 8361 8557 8915 5771 7202 7603 6948
4 0 1 4 204 0 0 192 0 0
413 253 476 255 254 325 248 264 233 167
Recursos de Habeas Corpus 16 9 19 14 12 29 26 19 17 15
Total causas iniciadas
Secretaría Penal
7565 7727 8245 8634 9027 9269 6045 7677 7853 7130
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia de Santa Fe
5.3. Menores de edad y tipos de delito cometidos. Un acercamiento desde el
Código Penal
En cuanto al tipo de delito cometido por menores de edad, establecimos un ordenamiento
de acuerdo a la tipificación del Código Penal de la Nación, ya que en
las planillas que nos suministrara la Corte Suprema los delitos estaban ordenados
alfabéticamente, sin ningún otro criterio de clasificación, excepto la discriminación
entre menores de hasta 16 años de edad, que la ley clasifica como no punibles
y aquellos mayores de 16 años, que sí son pasibles de recibir sanción. 12
Un dato importante es que en estas planillas de la Corte figura una leyenda que
dice: “El cálculo de la edad tiene en cuenta la fecha de nacimiento y la fecha del
hecho, si alguno de estos datos no posee información, no se contabiliza en la estadística”.
Esta aclaración cobra sentido si la relacionamos con el hecho de que los
menores a veces mienten sobre su edad para evitar ser sancionados, entonces, si no
se conocen los datos de nacimiento, o del hecho, no se lo consigna para evitar un
registro erróneo. Esta situación implica que probablemente exista un subregistro
de hechos, que nos impide realizar un control cruzado para establecer la confiabilidad
de los mismos.
Tomamos un Juzgado de Menores como caso testigo para evaluar qué tipos de
delitos poseen mayor incidencia.

Tabla Nº 3. Desagregación por tipo de delito. Período 2003-2006
Tipo de delito
Menores no
punibles
Juzgado Nº 1
Menores
punibles
(hasta 16 años) (16 a 18 años) Total
contra las personas 714 534 1248
1. Homicidio 30 30 60
2. Tentativa de homicidio 8 5 13
3. Lesiones 644 466 1110
4. Abuso de armas 30 32 62
5. Agresión con armas 2 0 2
6. Aborto 0 1 1
contra la integridad sexual 45 22 67
1. Abuso 36 18 54
2. Violación 1 0 1
3. Exhibiciones obscenas 8 4 12
contra la libertad 420 325 745
1. Amenazas 378 302 680
2. Privación ilegal de la libertad 2 5 7
3. Violación de domicilio particular 40 18 58
contra la propiedad 3511 1915 5426
1. Daño 269 175 444
2. Hurto 716 355 1071
3. Tentativa de hurto 400 162 562
4. Robo 1298 1079 2377
5. Tentativa de robo 819 140 959
6. Estafa y defraudación 6 2 8
7. Usurpación 2 1 3
8. Tentativa de extorsión 1 1 2
contra la seguridad pública 420 263 683
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
7

1. Acopio de armas 2 0 2
2. Portación de arma de fuego 28 32 60
3. Tenencia de arma de uso civil 1 2 3
4. Incendios 29 23 52
5. Infracción leyes policía sanitaria
animal 360 206 566
contra la Adm. Pública 97 137 234
1. Encubrimiento 31 45 76
2. Falsa denuncia 1 0 1
3. Evasión 17 17 34
4. Desobediencia 2 0 2
5. Resistencia contra la autoridad 46 72 118
6. Atentado contra la autoridad 0 1 1
7. Falso testimonio 0 2 2
Ley 23.737 (tenencia y tráfico
estupefacientes) 17 27 44
Total 5224 3223 8447
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia de Santa Fe
Con una simple visualización de la Tabla 3, podemos inferir que los delitos contra
la propiedad son los que registran el mayor número de casos que corresponden
a 64,24% del total. Y dentro de esta categoría los guarismos más altos se dan en
robo y hurto, siendo el primero relativamente similar entre menores y mayores de
16 años. Sin embargo, en el hurto, los casos de menores de 16 años duplican a los
mayores de esa edad. Dado que el robo implica la utilización de “fuerza en las cosas
o (…) violencia física en las personas” 13 , podríamos inferir que los menores de
16 años cometen hurtos más ocasionales y con menor grado de organización, sin
la utilización de armas. Sin embargo si prestamos atención a la columna de delitos
contra la seguridad pública vemos que tanto la tenencia de armas de guerra, como
de uso civil, es muy similar en ambos estratos etarios con un leve aumento en los
mayores de 16 años. Con lo cual los datos no confirmarían esta hipótesis.
En cuanto a los delitos contra la integridad sexual, el abuso es el que registra
mayor incidencia, especialmente en menores de 16 años, que duplican a los cometidos
por los mayores de 16 años.
Los delitos contra las personas constituyen el 14,78% del total, pero dentro de
los mismos, las lesiones ocupan el primer lugar, con 88,95%, siendo los homici-

dios sólo el 4,80% del total de estos delitos.
A diferencia de las demás tipificaciones, los delitos contra la administración
pública y los de tenencia y tráfico de estupefacientes, son los únicos que sufren
incrementos en la franja etaria de 16 a 18 años de edad, que en el caso de los primeros,
los mayores de 16 años representan el 58,54% del total de estos delitos,
mientras que con respeto a la ley de estupefacientes, sería el 61,36%.
Grafico Nº2: Desagregación por tipo de delito. Menores no punibles y punibles.
Período 2003-2006
En otro orden de cosas, nos preguntamos por el objetivo que tiene el relevamiento
de estos datos a nivel del fuero de menores, es decir, si efectivamente se
utilizan en el mejoramiento del sistema, o si son aprovechados por otra instancia
institucional para el diseño de políticas públicas para el sector. En otras palabras,
si el dato se recopila con algún fin específico, o si sólo obedece a un requerimiento
formal.
Los jueces del fuero penal consultados, sostienen que las estadísticas que pro-
ducen los Juzgados sirven para su mismo control (Juez de Menores, Reg. Nº 2,
2007) y que sería interesante que además puedan ser utilizadas para formular e
implementar políticas hacia el sector e inclusive para modificar lo códigos de procedimientos
(Juez de Cámara en lo Penal, Reg. Nº 1, 2007). De las entrevistas
realizadas no surge que los datos, generados por los propios juzgados y procesados
por la Oficina de Estadísticas de la Corte, se utilicen efectivamente para formular
políticas públicas, para adaptar o mejorar cuestiones procedimentales o simplemente
para realizar un diagnóstico de situación. De ser así, los jueces entrevistados
no están al tanto del fin con que se recopilan dichos datos.
6. La prensa gráfica y la inseguridad
6.1. Estableciendo lineamientos generales
Es interesante analizar la información precedente a la luz de las noticias periodísticas
que hacen hincapié en un aumento de los delitos cometidos por menores
de edad dentro de una presunta “ola delictiva” que “azota” a nuestro país y especialmente
a las ciudades más populosas.
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008

Para ello, se seleccionaron noticias periodísticas relacionadas con la delincuencia
juvenil, pero especialmente intentando analizar si se plasma desde los funcionarios
del área una preocupación por el tema. Escogimos el diario La Capital
de la ciudad de Rosario (por ser el periódico con mayor tirada a nivel local) sobre
el cual relevamos las notas del primer mes de cada cuatrimestre del período
2001-2006. 14
A través del establecimiento de ejes a partir de los cuales ordenar las noticias
periodísticas por año, pudimos constatar cómo el tema de la inseguridad atraviesa
transversalmente los seis años analizados, siendo un común denominador en todo
el país –según los medios– en un contexto marcado por la crisis de fines de 2001
en Argentina. También comienza a destacarse una notoria participación pública
–especialmente la aparición de la clase media– en manifestaciones –a partir de las
restrictivas medidas económicas implementadas por el entonces ministro de Economía
Domingo Cavallo, en noviembre de 2001– y conjuntamente, comienzan a
proliferar, a partir de 2002, las marchas solicitando mayor “seguridad”.
Otro tema que aparece es el de la violencia institucional, es decir, muertes en
cárceles o casos de “gatillo fácil”. 15 Y como contrapartida surge la preocupación
por sanear la imagen de las fuerzas de seguridad, probablemente vinculado con lo
anterior, pero también debido al alto índice de corrupción dentro de las mismas.
En este sentido, el tratamiento que realiza la prensa gráfica sobre el tema de la
“(in)seguridad”, sin duda contribuye a generar aquello que Hall define como “pánico
moral”, una reacción oficial desproporcionada en relación con aquello que se
percibe como amenaza (Isla, 2003; Miguez y González, 2003). Y esto conduce a
la demanda, por parte de la población, de más policía y mayor seguridad –otro de
los ejes que aparece en el material periodístico–.
Ante esta situación, se postulan como posibles soluciones el establecimiento de
planes de seguridad a nivel provincial; la construcción de más cárceles o la adaptación
de edificios desocupados a tal fin. Como contracara, Apropol 16 sostiene que
los planes de seguridad provincial sólo implican dotar de más vehículos y mayor
cantidad de efectivos policiales y que esto, aparte de no constituir una solución
tiende a “la destrucción paulatina de la seguridad pública” (25/05/04).
En otros casos, la visibilidad que la prensa le otorga a ciertos sucesos contribuye
a denunciar situaciones problemáticas. Por ejemplo, a partir de algunos motines
protagonizados por menores de edad alojados en comisarías, se resuelve que sean
trasladados a institutos de internación dependientes de la DPMCLP, ya sea de régimen
abierto o cerrado, para solucionar una situación que de hecho ya era irregular:
que existan personas menores de edad detenidas en comisarías.
Por otro lado, las políticas públicas destinadas a menores de edad que estén o
hayan estado en conflicto con la ley penal son muy escasas, sólo en dos notas (de
un total de noventa y una relevadas) se menciona un programa de deporte, alfabetización,
educación formal y talleres de oficios gestionado a través de la DPMCLP
(29/09/02) y, en otra, la propuesta de fomentar actividades deportivas como factor
de contención social (09/05/05).
Un Juez de Menores se refiere a esta situación de la siguiente manera: “Para

extraerlo del delito, es decir, un ejemplo tonto, tonto: no puede haber ningún pibe
que haya cometido un delito aunque sea el más grave, que se vaya en libertad y
no tenga, por ejemplo, trabajo. O no tenga, que no termine sus estudios…” (Juez
de Menores: 2007).
Asimismo, la consulta a especialistas en el tema –cuando se realiza– se ve restringida
a abogados, que participan en instituciones del Estado, o a criminólogos.
Algo notorio es el casi nulo recurso de este medio gráfico a incluir la opinión de
cientistas sociales, ya que en los seis años relevados sólo aparece una nota en la
cual opina sobre el tema una socióloga.
Al respecto, en un informe publicado por la ONG Periodismo Social 17 , la Dra.
Trumper sostiene que “…es problema de las sociedades científicas, que no sabemos
llegar o creemos que no nos van a tener en cuenta. Desconocemos el trabajo
de los periodistas. No hay relación fuera de la coyuntura noticiosa… Tendríamos
que usar más los medios de prensa para que pueda llegar más información veraz a
la prensa” (Periodismo Social, 2006:20).
La duda que surge entonces es: ¿la prensa se aleja de los cientistas sociales o los
cientistas sociales no se acercan a la prensa? 18
6.2. Los menores infractores y la prensa gráfica
Es interesante, entonces, analizar ahora las cifras de la delincuencia juvenil en
cruce con los dichos de la prensa. Para ello tomaremos una serie de noticias, que
consideramos paradigmáticas en la construcción de la “inseguridad” vinculada a
delitos cometidos por menores de edad.
Un titular anuncia “A contrapelo del país, en la provincia no disminuye el índice
de delitos” (30/05/2005) y más adelante expresa: “Mientras la media nacional indica
una merma de 2,12% entre los años 2003 y 2004, en Santa Fe se registró un incremento
del 4,29%”. Si bien no queda claro si estos porcentajes incluyen a los delitos
cometidos por menores de edad, lo más probable es que sí los tengan en cuenta 19 ,
entonces, parecería ser que nuestros datos sobre menores siguen la tendencia enunciada
para el resto del país (con una disminución en 2003-2004), que sin embargo,
no coincidiría con la esbozada por el medio gráfico para la provincia de Santa Fe.
“El delito en menores sube con el colapso del sistema tutelar” (18/05/2005) y
en el subtítulo continúa “En un año calendario en Rosario se abrieron más de 6
mil causas”, lo cual, según nuestros informes de hecho es cierto, porque en 2005
la cantidad de causas fue 8958. No obstante, este guarismo está por debajo de
los nueve años anteriores, lo cual implica el riesgo que existe al realizar aseveraciones
de este tipo en un medio masivo de comunicación sin contextualizar los
datos con los de años previos, permitiendo que el lector pueda sacar sus propias
conclusiones.
Es notorio que a pesar de la resonancia de la cual goza el tema de menores en
conflicto con la ley penal, no se encuentren datos oficiales de fácil acceso sobre
las cifras de este fenómeno. En este sentido, Daroqui y Guemureman señalan que:
“...la ausencia de producción de información sobre un tema candente como la delincuencia
juvenil, permite, en contraposición, la vulneración de derechos, ya que
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
101

promueve -por omisión- la posibilidad de decir virtualmente “cualquier cosa” sobre
los adolescentes y jóvenes y el diseño responsable de políticas públicas sobre
la desinformación” (citado en Guemureman, 2004:48).
En otra noticia se hace hincapié en los delitos cometidos en un turno judicial,
que equivale a un mes: “En un mes, hubo más de 600 delitos de menores en el
área de Rosario” (12/05/2003). Si calculamos la media de las causas iniciadas
en el período 1997-2006 obtendríamos 9300 por año, y tendríamos alrededor de
775 causas por mes, lo cual supera al número mencionado en esta nota, pero que,
volvemos a remarcar, tomado el dato aisladamente, sin una correcta contextualización,
puede resultar “alto” para el lector, pero ¿alto con respecto a qué?
Martín et al. (2002:88) señala: “Se asume que la agenda policial de los medios
excluye a la ciudadanía de la posibilidad de participación activa en el debate público
por la reiteración de representaciones simplificadas y reduccionistas de la
realidad construidas por los medios y por el modo incompleto en que se publican
las noticias sobre el crimen.”
Estos discursos contribuyen a construir una imagen dicotomizada de “nosotros” y
“los otros” (Calzado, 2006; Martín et al., 2002) que refuerza los estereotipos y asocia
joven con delincuente, al mismo tiempo que ubica los actos delictivos fuera de todo
contexto social y como simple resultado de la voluntad individual de los sujetos.
En este sentido, no debemos olvidar que la prensa construye discursos que se
constituyen en verdad y son apenas cuestionados o tomados críticamente por la
opinión pública: “La legitimidad que tiene históricamente la prensa le concede
el estatuto de voz autorizada, y que se deriva de su coincidencia con el discurso
hegemónico, “oficial”, es decir con las fuentes que producen autoridad.” (Martín
et al., 2002:90 - subrayado original)
Entonces, noticias que mencionan temas tales como “La ola de inseguridad
que padece Rosario desató un fuego cruzado entre la Municipalidad y la Casa
Gris” (30/05/2003 - el subrayado es nuestro) desatan polémica en la opinión pública
y llevan a que la solución se encauce por la vía de la reducción de la edad
de imputabilidad de los menores, tal y como se manifiesta en este titular: “El gobierno
analiza bajar a 14 años la edad para imputar delitos. El funcionario negó
que se trate de una reacción al reclamo del empresario Juan Carlos Blumberg”
(18/05/2005). 20
Según Calzado (2006:28) “este tipo de estados de conmoción social no necesariamente
coinciden con mayores índices delictivos”. En este sentido, en un artículo
publicado el 19/09/04 cuyo titular era: “Rosario: la mayoría de los crímenes
son por conflictos personales y no por robos”, se hace hincapié en que “…una
caída del número de crímenes en Rosario, reflejaría un declive del homicidio como
emergente de la inseguridad pública” y a continuación agrega: “Sin embargo, lejos
de decaer, el temor público a la delincuencia aumenta”. En el mismo artículo, el
criminólogo Máximo Sozzo sostiene que los delitos contra las personas –puntualmente
los homicidios– no se hayan en la base del temor público sino, por el
contrario, los que atentan contra la propiedad.
Un informe presentado por la ONG Periodismo Social menciona que: “La Vio-

lencia, en sus diversas formas, ha sido el tema más tratado por el conjunto de los
diarios nacionales argentinos durante 2004 en asuntos de niñez y adolescencia
(26,1% del total de notas)” (Informe Anual 2005, pp.22). Pero agrega que “…los
textos sobre chicos víctimas de actos violentos quintuplican –incluido abuso y
explotación sexual– a aquellos en los que fueron agentes: el 65,6% de las piezas
sobre violencia los tiene como víctimas, el 12,6%, como agentes” (Ibídem). 21
Por otro lado, debemos tener en cuenta que “el crimen vende” y que: “La información
periodística sobre el “mundo del delito” constituye una de las más poderosas
narrativas explicativas que ha diseñado lo modernidad y se ha instaurado…como
forma más o menos sutil de control social” (Martín et al., 2002:87
- subrayado original).
Este cruce del material periodístico con los datos provenientes de la Corte Suprema
nos indica lo cuidadosos que debemos ser al establecer conclusiones, para
que éstas no impliquen una generalización incorrecta o una total descontextualización
del problema en términos comparativos.
7. Algunas reflexiones finales. Retomando ideas
En el presente trabajo desarrollamos el complejo entramado jurídico-administrativo
que interviene sobre menores de edad, a través de una somera descripción
de las instituciones del área del Estado provincial santafesino, con incumbencia
en la ciudad de Rosario. Asimismo realizamos un acercamiento al estado del arte
para, finalmente, sumergirnos en el análisis de las estadísticas oficiales en contraste
con el tratamiento de la problemática que se realiza desde la prensa gráfica.
Como vimos, la situación de la provincia es paradigmática ya que la estructura
burocrática de la DPMCLP (desde su creación hasta fines del 2007) estuvo
vinculada al Ministerio del cual dependía todo el sistema penal de adultos. En
este sentido, la decisión política de incluir a los menores dentro de esta instancia
institucional implicaba, de algún modo, que el sistema de justicia juvenil estaba
siendo pensado en términos de castigo más que de reinserción de los jóvenes en
ámbitos de contención social que les posibilitaran salir de la delincuencia. Con lo
cual, se continuaba con un tratamiento tutelar de los menores que desatiende el
interés en la responsabilización subjetiva de los mismos. Esta decisión en parte
contradice el espíritu de los tratados y convenciones internacionales a los cuales
adhirió Argentina. 22
Sin embargo, debemos puntualizar también que, a la luz de las recientes reestructuraciones
institucionales que está sufriendo la provincia de Santa Fe a partir
del cambio de gobierno en 2007, es demasiado aventurado adelantar el curso que
tomará el tratamiento de la problemática a nivel provincial. Situación que, probablemente,
sólo podrá ser evaluada a largo plazo.
En cuanto a las “cifras” de la delincuencia juvenil, los datos aportados por la
Corte Suprema reflejan no sólo una relativa estabilidad en el número de causas,
sino inclusive, un leve descenso de las mismas en el último año. Sin embargo, desde
los medios de comunicación se construyen imágenes en torno a la (in)seguridad
que ubican a los menores de edad como uno de los principales causantes del pro-
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
103

lema y en este sentido, la exacerbación de la sensibilidad social en torno al tema
genera reacciones de la opinión pública que se orientan hacia el endurecimiento
de las penas, la baja de la edad de imputabilidad penal y otras medidas de corte
punitivo que, lejos de resolver el problema, son sólo medidas paliativas de muy
corto alcance.
En este sentido, el problema no son los datos que maneja la prensa, sino la utilización
que se realiza de ellos, especialmente cuando se los analiza descontextualizadamente,
sin otorgar al lector elementos que le permitan evaluar críticamente
la información.
En cuanto a las políticas públicas destinadas al sector, tanto desde lo analizado
a partir de los medios masivos de comunicación como a través de las voces de los
jueces del fuero penal, parece vislumbrarse una ausencia del tema en la agenda
política, en especial en torno a programas que tiendan a la reinserción social de
adolescentes infractores a la ley penal en ámbitos de contención, ya sean vinculados
al estudio o al trabajo.
Finalmente creemos que no basta con sancionar leyes “supuestamente”
aggiornadas al contexto internacional –que luego fallan en el momento de la
implementación, porque no fueron realizadas las reestructuraciones institucionales
suficientes para llevarlas a cabo– ni el agregado de Juzgados de Menores, ni
medidas paliativas aisladas, sino que, una política juvenil comprometida con
nuestra realidad social implica comprender la complejidad del problema cuya
raigambre es eminentemente social y su abordaje debe ser también pensado en
esos términos, articulando a nivel horizontal los diferentes Ministerios y a nivel
transversal los estamentos nacional, provincial y municipal y, fundamentalmente,
abordando el problema desde una perspectiva holística que entienda a la niñez y a
la adolescencia no como parcialidades sino como una totalidad.
Referencias
1. El 20 de noviembre de 1989 es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y ratificada en nuestro país por Ley 23.849 del Congreso
de la Nación y en 1994 incorporada a la Constitución Nacional.
2. Para mayor información sobre la doctrina de la Situación Irregular y de la Protección Integral y las
leyes que se inscriben dentro de cada una de ellas en la República Argentina, consúltese POLOLA,
Daniela (2004) De Niños y de Menores. Los profesionales y el complejo mapa institucional de la
“minoridad” en la ciudad de Rosario, Tesis de licenciatura, Escuela de Antropología, Facultad de
Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario.
3. Iº Seminario Internacional “Respuesta institucional a la niñez en riesgo” (marzo de 2005) y IIº
Seminario Internacional “La violencia en la familia, escuela y sociedad” (noviembre de 2006), ambos
organizados por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, 1º Foro sobre Niñez, Adolescencia
y Familia: El Sistema de Protección Integral de Derechos en el marco de la nueva Ley Nacional
26.061 (agosto de 2006), organizado por la Municipalidad de Rosario.
4. Cfr. Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Adolescentes infractores a la ley penal. Tribunales Orales de Menores. 2002 Informe de la
http://www.polcrim.jus.gov.ar; L. ELBERT; V. VASILE; F. REYES (2002), Situación normativa de las
personas menores de 18 años imputadas de la comisión de un delito, Dirección Nacional de Política
Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. http://www.polcrim.jus.gov.ar; L.
ELBERT; V. VASILE; F. REYES, Violencia juvenil y seguridad ciudadana. Problemas y soluciones,

Informe de la Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación. http://www.polcrim.jus.gov.ar
5. Guemureman (2004:3) señala que actualmente existen más “usinas generadoras de datos” que las
que había hace algunos años, probablemente porque se visualiza como positiva la información. Al
mismo tiempo señala que “Hoy por hoy existe muchísima más información disponible, pero por ese
mismo motivo también hay mayor fragmentación y atomización. La lectura integrada resulta mucho
más difícil…”.
6. Esta Dirección recientemente cambió su nombre por el de Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia como parte de la adecuación a la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de niñas,
niños y adolescentes sancionada en octubre de 2005. Sin embargo, en el presente trabajo utilizaremos
la antigua denominación ya que al momento de los relatados cambios institucionales llevaba ese
nombre.
7. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina.
8. Art. 5, Ley 11.452, Código Procesal del Menor de la provincia de Santa Fe.
9. De todos modos, ésta sería una hipótesis provisional que requeriría una indagación más profunda.
10. Derogado en 2005 por la ley 11.452, Código Procesal del Menor de la provincia de Santa Fe.
11. Éstos se presentan para retirar a los menores de un lugar de detención.
12. “Art. 1º. No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no
haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con una pena privativa de la
libertad que no exceda de dos años, con multa o inhabilitación - Art. 2º Es punible el menor de dieciséis
a dieciocho años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el art. 1º” - Ley
22.278, Régimen Penal de la Minoridad.
13. Art.164 del Código Penal de la Nación Argentina.
14. Establecimos como comienzo del período el año 2001 por ser el momento en que comienza a funcionar
la DPMCLP en la provincia de Santa Fe.
15. Se denomina “gatillo fácil” a las ejecuciones llevadas a cabo por miembros de la fuerzas de seguridad
en “supuestos” enfrentamientos armados con delincuentes, cuya veracidad es difícil de
establecer.
16. Asociación Profesional Policial de la provincia de Santa Fe.
17. La ONG Periodismo Social realiza monitoreos de los principales diarios del país (entre los cuales
incluye La Capital, de Rosario) sobre diversos temas (entre ellos niñez y adolescencia), estableciendo
la ocurrencia de los mismos en los medios gráficos y analizando qué temática tiene mayor aparición,
fuentes consultadas, etc. Para mayor información consúltese: http://www.periodismosocial.org.
ar/quienes.cfm?hd=2.
18. Este interrogante excede ampliamente los objetivos del presente artículo. Sin embargo, nos interesa
dejarlo planteado, ya que se requiere una reflexión profunda sobre la vinculación entre academia y
sociedad, en el sentido de considerar si un medio de llegada tan amplio como es la prensa no permitiría
una interacción más fluida entre las producciones de los cientistas sociales y el conjunto de la población.
Al respecto puede consultarse J. GLEDHILL (2000), “Antropología y política: compromiso,
responsabilidad y ámbito académico”, en El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la
política, Barcelona, Edicions Bellaterra.
19. Como indicáramos ut supra las estadísticas sobre delitos que están publicadas en la página oficial
de Poder Judicial de la provincia de Santa Fe (http://www.poderjudicial-sfe.gov.ar/) contienen la sumatoria
de causas de mayores y menores de edad dentro del fuero penal; en consecuencia, podríamos
suponer que los datos que maneja el medio gráfico corresponden a ambos grupos de edad.
20. A fines de marzo de 2004 se produce la muerte de un joven luego de su secuestro extorsivo, y su
padre, un empresario de la Capital Federal comienza una “cruzada” contra el delito y la inseguridad,
exigiendo —a través de manifestaciones que congregan un gran número de personas— el endurecimiento
de las penas, la baja de la edad de imputabilidad, etc. Para ampliar este tema consúltese: M.
CALZADO (2006), “Elementos para el análisis del tratamiento mediático del caso Blumberg”, Documento
de Trabajo Nº 5, Programa de Antropología Social y Política, Buenos Aires, FLACSO.
21. Dado que nuestro tema de análisis es menores en conflicto con la ley penal, no tomamos los casos
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
105

de menores víctimas de violencia, pero sí nos interesa poder cotejar estos datos, ya que consideramos,
nos aportan una visión más relacional del problema que nos permite un abordaje holístico del
mismo.
22. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores —Reglas
de Beijing—; Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil —Directrices
de Ryadh—; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad,
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
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Recibido: 28/02/08. Aceptado: 22/05
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
107

Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de
intervención
Ana Laura Rodríguez Gustá
Ana Laura Rodríguez Gustá es docente-investigadora
del Centro de Estudios de Desarrollo y Estrategias
Territoriales (CEDET), Escuela de Política y Gobierno,
Universidad Nacional de San �artín.
�ail: alrgusta@unsam.edu.ar
resumen
Este artículo repasa algunas de las principales
características de las políticas orientadas a
instaurar una mayor igualdad de género, discutiendo,
en líneas generales, cuatro grandes categorías
identificadas en la literatura: a) las políticas
de acción afirmativa, b) las políticas para
las mujeres, c) las políticas con perspectiva de
género y, finalmente, d) las políticas de transversalización
de género –conocidas por su término
en inglés gender mainstreaming–. Dichas
políticas difieren en sus enfoques teóricos y en
sus metodologías de intervención. Además, este
artículo discute sus efectos imprevistos e inesperados.
A modo de conclusión, examinamos qué
aspectos de cada una de estas líneas de acción
podrían combinarse en una plataforma de políticas
mayor en aras de promover intervenciones
estatales capaces de instaurar un Estado democrático
de género.
palabras claves
políticas de género / institucionalidad de género
/ transversalización de género / políticas de acción
afirmativa
summary
This article reviews some of the main features
of those policies geared towards introducing
a greater degree of gender inequality. In broad
strokes, this paper discusses four main categories
commonly addressed in the literature: a)
affirmative action policies, b) women’s policies,
c) gender policies, and, lastly, d) gender mainstreaming
policies. They differ in their theoretical
perspectives as well as in their practical methodologies,
though all of them have unexpected
consequences and ramifications beyond their
planned goals. By means of conclusions, we ask
whether we combine piecemeal aspects of these
policies into a larger institutional platform in order
to promote actions for an enhanced gender
democratic state.
keywords
gender policy / gender mainstreaming / affirmative
action
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
10

I. Introducción
El Estado tiene un papel primordial en la construcción de condiciones de igualdad
para varones y mujeres puesto que las intervenciones públicas distribuyen recursos
materiales y oportunidades de reconocimiento simbólico entre los géneros
(Fraser, 1995; Haney, 1998). En un sentido estricto, todas las políticas públicas
estarían, de acuerdo con Joan Acker (1990) generizadas, lo cual significa que los
contenidos, los objetivos y las metodologías de las acciones del Estado están imbuidos
de concepciones sobre el valor relativo de atributos culturales masculinos
y femeninos, así como de creencias respecto de los comportamientos normativamente
deseables para cada uno de los sexos.
El interés de este trabajo es discutir aquellas políticas públicas que han sido
enunciadas explícitamente con el fin de asegurar el bienestar, la seguridad, la autonomía,
y los derechos de las mujeres, las cuales denominamos sensibles al género.
En América Latina, estas políticas han ganado creciente relevancia desde mediados
de los años setenta al punto que, actualmente, prácticamente la totalidad de la
región cuenta con planes de igualdad de oportunidades.
En líneas generales, este trabajo discute las características de cuatro categorías
de políticas sensibles al género identificadas en la literatura: a) las políticas de acción
afirmativa, b) las políticas para las mujeres, c) las políticas con perspectiva de
género y, finalmente, d) las políticas de transversalización de género –conocidas
por su término en inglés gender mainstreaming–. Como veremos en la primera
parte, estas políticas difieren en sus enfoques teóricos y en sus metodologías de intervención.
Seguidamente, examinaremos cuáles son las consecuencias y las ramificaciones
de estas políticas, destacando así sus efectos imprevistos e inesperados.
Estos dos ejes de discusión aparecen resumidos en la Tabla 1 más adelante en el
texto. Finalmente, las conclusiones abordarán la posibilidad de combinar aspectos
selectivos de estas políticas en una plataforma institucional ampliada, con el fin
de promover intervenciones estatales orientadas hacia un Estado democrático de
género.
II. Los supuestos principales de las políticas con sensibilidad de
género
II. 1. Las políticas de acción afirmativa
En América Latina, la obtención de la ciudadanía política mediante el sufragio
femenino consagrado entre los años cuarenta y cincuenta resultó insuficiente para
garantizar el acceso de las mujeres a las jerarquías estatales. En vistas de ello, los
movimientos de mujeres y las mujeres políticas han procurado introducir medidas
de acción afirmativa en aras de alcanzar mayores grados de participación en ámbitos
decisorios.
Inspiradas en los planteos del Art. 4 de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las medidas afirmativas
–también denominadas positivas–, promueven la presencia femenina en
los lugares decisorios del Estado. Si bien la acción afirmativa no está restringida a
procesos políticos e institucionales, en América Latina, éstos han sido el principal

foco de atención de las políticas positivas (Astelarra, 2004). 2
Al menos diez países de la región cuentan con leyes de cuotas femeninas para
las candidaturas legislativas nacionales y otros gobiernos están debatiendo la
adopción de mecanismos análogos (i.e., Uruguay). Brasil y Colombia, por su parte,
disponen de instrumentos afirmativos para la asignación de cargos en el Poder
Ejecutivo (Htun 2002 y 2004).
En su visión más clásica, las acciones afirmativas son procedimientos que procuran
garantizar la representación de grupos cuyos atributos adscriptos están socialmente
desvalorados (como el género femenino, las minorías raciales y étnicas,
ciertos grupos etarios, entre otros). Precisamente, esta baja valoración daría cuenta
de su exigua participación en jerarquías formalmente exentas de restricciones relativas
a cualidades subjetivas. En el caso de las mujeres, su escasa representación
parece deberse –entre múltiples factores– a creencias culturales que malinterpretan
y devalúan las contribuciones que las mujeres podrían imprimir en la política
y las instituciones (Ridgeway y Correll, 2004).
Los argumentos esgrimidos a favor de las acciones afirmativas rescatan el hecho
de que las mujeres conforman un grupo en desventaja y, por ende, el Estado está
obligado a garantizar sus derechos mediante disposiciones normativas específicas
(Harper y Reskin, 2005). De esta forma, el reconocimiento del derecho al ejercicio
de una ciudadanía política plena permitiría un efecto de protección grupal
contra las prácticas de discriminación. A pesar de ello, las acciones positivas son
comúnmente criticadas porque, como su nombre denota, constituyen remedios
meramente “afirmativos” frente a las injusticias más estructurales –un importante
punto sobre el cual volveremos más adelante–.
Las políticas de acción afirmativa más conocidas son las directas, al estar orientadas
a modificar la composición demográfica de una organización en forma inmediata
(Harper y Reskin, 2005). La Ley de Cupo Femenino que rige la conformación
de las listas electorales de los partidos para el Congreso de la Nación en Argentina
es un buen ejemplo de ello (Marx, Borner y Caminotti, 2007). Aunque menos
conceptuadas como políticas de acción afirmativa, existen medidas indirectas que
promueven transformaciones en la estructura de oportunidades de las instituciones
para que, eventualmente, exista una mayor representación femenina en las jerarquías
organizacionales. A diferencia de las acciones directas, este segundo tipo de
medidas afirmativas no cambia de manera automática las proporciones de varones
y mujeres pero, análogamente, su propósito es tender a una pirámide institucional
más paritaria. Entre estos procedimientos encontramos, por ejemplo, instancias de
reorganización de puestos laborales a efectos de facilitar la promoción de mujeres
a otros de mayor responsabilidad.
Más allá de estas variantes, las acciones afirmativas implican una clara política
de acceso de mujeres a las instituciones con el fin de asegurar su participación en
los procesos de toma de decisión política, al garantizar, como ya fuera mencionado,
su mayor presencia numérica en las jerarquías.
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
111

II. 2. Políticas para las mujeres y políticas con perspectiva de género
En términos generales, las mujeres enfrentan más dificultades que los hombres
para acceder a los trabajos mejor remunerados, usualmente acompañados de mayores
perspectivas profesionales y de protección social. En el hogar, ellas permanecen
en una posición de desventaja respecto de las decisiones familiares, a lo que
se suma una carga prácticamente unilateral en el cuidado de los hijos y las tareas
domésticas.
A efectos de abordar estos problemas provenientes de una división sexual desigual
del trabajo, que reserva el ámbito de lo público para los varones y la esfera
doméstica para las mujeres, aparecen dos propuestas de intervención alternativas:
las políticas para las mujeres y las políticas con perspectiva de género que, en
América Latina, han influido en el diseño y la implementación de políticas sociales
(Dador Tozzini, 2007). 3 Si bien podríamos establecer cierta cronología en el
sentido de que las políticas para las mujeres fueron antecesoras de las políticas de
género, asociadas con el pasaje del enfoque de mujeres y desarrollo a la perspectiva
de género (WID y GAD respectivamente por sus siglas en inglés) 4 , la realidad
empírica resulta menos lineal, con ambos tipos de orientaciones reinscribiéndose,
con variantes e innovaciones, aún en las más recientes acciones estatales.
Ambas líneas de intervención concuerdan en situar en la división sexual del
trabajo la fuente principal de desigualdad entre los sexos. Aquí concluye el acuerdo,
puesto que, mientras las políticas para las mujeres mantienen las diferencias
primarias buscando compensar a las mujeres por su eventual doble inserción en el
ámbito público y privado, la perspectiva de género propone acciones para transformar
dicha división del trabajo. No sorprende, entonces, que ambas políticas
mantengan concepciones muy disímiles sobre las relaciones de género y el papel
del Estado.
Concepciones de género y orientaciones de acción
Bajo el enfoque de las políticas para las mujeres, los roles y las responsabilidades
entre los sexos en la reproducción y el bienestar familiar y social son asuntos
tomados como dados y no como resultantes de una situación históricamente construida.
Bajo esta óptica, la conciliación entre el trabajo y el cuidado de la familia
supone mejorar las condiciones de las mujeres para realizar ambas actividades,
más que lograr una distribución equitativa entre los integrantes del hogar (Pascall
y Lewis, 2004).
La agenda de intervención derivada de este enfoque de política buscaría rectificar
los denominados efectos negativos de la división sexual del trabajo –como una
mayor carga laboral diaria para las mujeres– mediante políticas que compensen las
desventajas del género femenino. En consecuencia, las políticas para las mujeres
procuran disminuir las brechas de género como lo son, por ejemplo, las diferencias
en el ingreso de varones y mujeres, mediante cambios en la legislación laboral y educativa.
El papel socialmente asignado a los hombres no es cuestionado y estas políticas
asumen, de hecho, su desvinculación de la esfera doméstica. En tal sentido, estas
políticas no han fomentado la participación masculina en las tareas del cuidado.

Como contrapunto, las políticas con perspectiva de género buscan distribuir
recursos materiales y simbólicos con el fin de ampliar las oportunidades de elección
de las mujeres, por lo cual la transformación de las relaciones jerárquicas de
género constituye el núcleo fundamental de intervención. 5 En consecuencia, estas
políticas implementan acciones concernientes a los derechos de las mujeres, la
democratización de las familias y las responsabilidades domésticas compartidas
(Di Marco, 2005).
Al intentar modificar las raíces estructurales de la desigualdad, y en particular
las instituciones sociales de la familia y el mercado de trabajo, estas políticas emplean
el término relaciones de género: lo que se cuestiona en última instancia es
la división entre lo público (masculino) y lo privado (femenino). Esta perspectiva
concibe el género como un sistema institucionalizado de prácticas sociales que, a
partir de la organización de categorías sexuales diferenciadas, edifica relaciones
de poder (Ferree, Lorber y Hess, 2000). En su calidad de sistema de diferencias
y desigualdades, las relaciones de género se despliegan en múltiples niveles, es
decir, en creencias culturales socialmente hegemónicas, en pautas sesgadas de distribución
de recursos sociales, y en identidades individuales con disímiles grados
de aceptación y reconocimiento (Ridgeway y Correll, 2004).
A efectos de lograr distinguir cabalmente las divergencias entre estos dos tipos
de políticas públicas, considérese el siguiente ejemplo. Una política de salud sexual
y reproductiva estaría elaborada desde una perspectiva de género busca asegurar
los derechos de las mujeres. Esto último supondría el desarrollo de acciones tendientes
a garantizar la maternidad voluntaria, la elección de la contracepción, el
acceso al aborto y el ejercicio pleno de la sexualidad. Un ejemplo paradigmático
lo ofrece el Programa de Salud Reproductiva de Atención Integral a la Mujer de la
Intendencia Municipal de Montevideo (Uruguay), vigente desde 1996, cuyos ejes
son, de acuerdo con Varela Petito (2007), la promoción de los derechos sexuales
y reproductivos y el empoderamiento de las mujeres a partir del desarrollo de sus
capacidades individuales, la participación comunitaria en el marco de grupos de
vecinas, y la capacitación del personal técnico de salud en la perspectiva de los
derechos en salud sexual y reproductiva (44-45). Por el contrario, la política para
las mujeres, procuraría regular la reproducción femenina mediante una opción de
planificación familiar que responsabilice primordialmente a las mujeres y donde
su elección respecto de la maternidad voluntaria esté menos clara. 6
La visión acerca del Estado
En el contexto de las políticas con perspectiva de género, el cambio social aparece
como un deber normativo del Estado que debería plasmarse en estrategias
de política pública. En principio, el Estado –aún el democrático– representaría,
predominantemente, los intereses de varones, por lo cual sería una institución patriarcal
y, por tanto, un vehículo significativo de la opresión sexual y de la propia
regulación de la desigualdad de género (Connell, 1990). A pesar de estas limitaciones,
es posible impulsar políticas que fomenten una mayor igualdad de género
por la mentada “autonomía relativa” del Estado y, además, porque los intereses
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
113

usualmente conforman un terreno contradictorio (y no homogéneo) de preferencias
(Haney, 1996). De esta forma, y en combinación con demandas provenientes
de grupos de mujeres organizadas insertas en los espacios públicos deliberativos,
el Estado podría mejorar las condiciones de vida relativas de ambos sexos.
En términos de política pública, la elaboración de políticas con perspectiva de
género presupone el diseño y la puesta en marcha de acciones de largo plazo,
relacionadas con políticas sectoriales más amplias. Ello resultaría en la elaboración
de planes de igualdad de oportunidades nacionales y sectoriales (como lo
son, por ejemplo, los planes para las mujeres rurales, para la igualdad del género
en la educación, etc.). En tal sentido, la propia conformación de una agenda de
políticas de desigualdad quedaría enmarcada en aquellas concernientes al desarrollo
nacional en general. A su vez, esto implica que el Estado debería contar
con funcionarios y funcionarias entrenados en las perspectivas de género y capaces
de confeccionar indicadores para establecer cómo y dónde se requiere de
la intervención estatal. A título ilustrativo, el Plan de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres 1994–1999 de Chile es una de las primeras muestras regionales
de la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto político de mayor
alcance.
Por otra parte, las políticas con perspectiva de género suponen una interacción
con las organizaciones de mujeres (tanto ONGs como de base) y los movimientos
feministas. Por cierto, esta interlocución no constituye un proceso automático.
En particular, coloca el Estado en un lugar de constructor de espacios públicos de
“inclusión popular” con el propósito de elaborar marcos de política (Ferree et al.,
2002).
Así, la política se inicia con las mujeres organizadas y movilizadas desde la
sociedad civil, quienes han tradicionalmente propugnado por la incorporación en
la agenda estatal las cuestiones relativas a la desigualdad de género en calidad de
problema público. Esta modalidad de conformación de agenda remite a lo que
Guzmán (2001) denomina modelo de iniciativa externa. Los movimientos y las
organizaciones de mujeres son fundamentales para convocar y agrupar a quienes
están en desventaja, ya que la acción colectiva es la estrategia básica para obtener
poder y autonomía individual, es decir, empoderamiento en términos de las políticas
con perspectiva de género (León, s/d).
De acuerdo con Ferree et al. (2002), la inclusión popular privilegia la “doble
visión” de quienes son “extraños dentro” del sistema: en la medida en que existan
mecanismos de consulta abiertos y asiduos, la interlocución entre el Estado y la
sociedad civil permitiría una política de presencia de las voces y los intereses de
mujeres, especialmente de quienes han estado marginadas y situadas por fuera de
la elite política.
Si las políticas con perspectiva de género consideran que la organización colectiva
de las mujeres es primordial para el propio proceso de elaboración de los
planes de acción, la transversalización presupone, como desarrollamos a continuación,
el reconocimiento de que las propias políticas públicas así como la estructura
del Estado presentan sesgos de género.

II. 3. Políticas de transversalización de género
En palabras de Rees (2005), las políticas de gender mainstreaming (cuya dificultosa
traducción sería transversalización de género) consisten en “la promoción
de la igualdad de género mediante su integración sistemática en todos los sistemas
y las estructuras, en todas las políticas, los procesos y los procedimientos, en la
organización y su cultura, en las formas de ver y hacer” (560; énfasis propio). De
esta forma, la igualdad de género sería un criterio que daría forma y significado a
las políticas y la institucionalidad del Estado. Por ello es que, desde el enfoque de
la transversalización, cobra relevancia la idea de un Estado imbuido de una lógica
de género. Siguiendo a Acker (1990):
“Afirmar que una organización, o cualquier otra unidad analítica, está generizada
significa que las ventajas y las desventajas, la explotación y el control, la
acción y la emoción, los significados y las identidades, cobran forma a través,
y en términos de, una distinción entre varones y mujeres, y entre masculino y
femenino. El género no es un proceso que se añade a otros ya en curso concebidos
como neutrales. Por el contrario, es una parte integral de estos procesos
que no pueden ser adecuadamente comprendidos sin un análisis de género”
(Acker, 1990: 146).
En otras palabras, asumir la perspectiva de la transversalización de género en
las políticas públicas significa que las construcciones culturales en torno a lo femenino
y lo masculino están cristalizadas en las estructuras y las prácticas del
propio Estado. De esta forma, las relaciones entre varones y mujeres son asimétricas
ya que se despliegan en el marco de reglas y procedimientos androcéntricos,
donde los elementos simbólicos del mundo cultural femenino están subordinados
y devaluados respecto de los masculinos (Acker, 1990).
En consecuencia, la institucionalidad del Estado y las desigualdades de género
están inexorablemente imbricadas: a través de sus regulaciones y de sus jerarquías,
el Estado construye estas desigualdades y, asimismo, refracta y reproduce
desigualdades socialmente existentes, amplificándolas e imprimiéndoles nuevos
significados (Connell, 1990). Habida cuenta de estas consideraciones, el fin último
de las políticas de transversalización es transformar los estándares asociados con
la masculinidad y la feminidad así como su desigual valoración cultural, de modo
tal de cambiar las inercias de género sedimentadas en el apartado estatal y perpetuadas
mediante sus regulaciones e intervenciones (Rees, 2005).
En otras palabras, a la larga, es preciso modificar un Estado culturalmente edificado
a partir de jerarquías de género. Es decir, las mujeres lograrían ejercer más
plenamente sus derechos sociales, civiles y políticos si se producen transformaciones
en la lógica generizada masculina del Estado (Britton, 2000). Se presupone,
entonces, que las acciones orientadas a modificar los sesgos de género institucionalizados
en el aparato del Estado son un paso previo para poder combatir la
inequidad socialmente existente. En particular, y tal como su nombre lo denota, la
transversalización intenta incorporar una visión de género en las políticas clave
del Estado como son las económicas, y de inversión, tradicionalmente ajenas a las
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
115

problemáticas de las relaciones entre varones y mujeres a pesar de su indiscutible
relevancia en la distribución de recursos.
Respecto de la concepción de género de las políticas de transversalización, Rees
(2005) sugiere que, en términos normativo-ideales, hay un especial interés en dar
cuenta de las múltiples desigualdades mutuamente imbricadas con el género, como
las de clase, raza y etnia entre otras (Hill Collins, 1999).
Las políticas de transversalización incorporan a los varones y sus necesidades
particulares como destinatarios de las políticas (Rees, 2005). Después de todo,
las vidas de las mujeres no cambiarán si no cambian las de los hombres. A título
ilustrativo, por ejemplo, para que la conciliación entre el empleo y la vida familiar
implique una mayor responsabilidad de los varones en el cuidado y en la vida
doméstica, las políticas de empleo deberían acompañarse de regulaciones que los
afecten directamente. Precisamente, algunos países europeos cuentan con licencia
de paternidad extendida, la cual es además bonificada con un monto económico
extrasalarial (Pascall y Lewis, 2004).
Un nuevo paradigma de política y esfera pública
Algunas investigadoras afirman que las políticas de transversalización de género
implican un cambio de paradigma de gestión. En primer lugar, la transversalización
debería acompañarse de ámbitos de inclusión democrática. Squires (2005)
expresa que, en la medida en que la desigualdad de género esté considerada junto
con otras desigualdades sociales, la consecuente pluralidad de problemáticas requiere
de mecanismos de discusión diferentes a los enmarcados dentro de estructuras
burocráticas. De allí que serían necesarios espacios de deliberación inclusiva
amplificados:
“Lo que los demócratas de la deliberación ofrecen a las teorías de la transversalización
de género es una preocupación por la calidad y la forma de compromiso
entre los ciudadanos y los foros participativos, enfatizando en particular la
importancia de la igualdad política y la inclusividad, y la importancia del diálogo
sin restricciones. Los demócratas de la deliberación al igual que los teóricos
de la transversalización de género sugieren que si el proceso de elaboración de
decisiones es inclusivo y el diálogo irrestricto, entonces es más probable una
extensa comprensión de las diferentes perspectivas planteadas. De este modo,
es posible obtener una mayor aceptación de resultados por parte de los participantes”
(Squires, 2005:381).
Las redes de organizaciones ofrecen una plataforma desde la cual impulsar el
debate y la elaboración de acciones de transversalización de género. A través de
estas redes circula información y tiene lugar el proceso de identificación de problemas
sociales, de formación de problemas de agenda y de toma de decisión. En
la medida en que las mismas estén integradas por actores disímiles, es posible
contar con comunidades epistémicas (Incháustegui Romero, 1999), es decir, comunidades
de generación y debate de conocimiento constituidas entre el Estado,

las expertas y los movimientos de mujeres.
Respecto de la gestión pública, la transversalización de políticas supone mecanismos
más horizontales al interior del Estado a efectos de visualizar problemáticas
de género en la totalidad de las áreas de intervención. Ello demanda capacidades
sinérgicas, usualmente asociadas con estructuras menos jerárquicas y
grupos de trabajo denominados integradores. En definitiva, la transversalización
implicaría mayores grados de articulación en redes intra-burocráticas más que un
Estado con una alta diferenciación funcional y jerárquica.
A propósito, una vieja propuesta del feminismo de las organizaciones es, precisamente,
una estructura institucional más flexible, con jerarquías más achatadas y
una débil diferenciación funcional que de paso a una interacción colegiada (Ferree
y Martín, 1995). La transversalización en la elaboración y ejecución de las políticas
públicas recoge este enfoque, puesto que sus acciones deberían acompañarse
de un contexto organizacional “orgánico” que permita marcos políticos creativos.
Las desigualdades de género, en constante flujo y redefinición, demandan un escrutinio
permanente que sería menos probable en contextos burocráticos tradicionales
centralizados y gestionados con procedimientos formales poco proclives al
cambio (Squires, 2005).
III. Dificultades, tensiones y efectos paradójicos de las políticas
Es poco común observar una relación unívoca y lineal entre el diseño de las políticas
públicas, su implementación y sus resultados. De acuerdo con Portes (2000),
es posible identificar consecuencias no esperadas, efectos emergentes e impactos
imprevistos de las intervenciones públicas. En este sentido, los contextos de implementación
son clave para entender cómo y por qué razones una política puede
eventualmente promover situaciones disímiles a las inicialmente propuestas o aún
contrarias a sus propósitos. Precisamente, en este apartado exploramos, para cada
una de las políticas anteriormente discutidas, los efectos no deseados y paradójicos
que las mismas suelen acarrear, lo cual debería hacernos más sensibles a las
contingencias del terreno y al propio azar de las interacciones sociales.
Tabla 1: Comparación y valoración de las políticas con sensibilidad de género
Ejes
principales
Aspectos
definitorios
Políticas de
acción afirmativa
. Promueven
la inclusión
femenina
en ámbitos
decisorios del
Estado sexual
del trabajo
desigual que
Políticas para la
mujer
. Las mujeres
tienen necesidades
propias en
el marco de una
división
Políticas con
perspectiva de
género
. Las relaciones
de género entre
varones y mujeres
están basadas
en asimetrías de
poder por lo cual,
para lograr una
mayor
Políticas de
transversalización
de género
. Las políticas
de género son
sistémicas: deben
estar presentes en
el conjunto de la
institucionalidad
del Estado
. El género es un
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
117

Objetivo
específico
deben ser
atendidas
. Lograr aumentar
el número de
mujeres en las
jerarquías
Críticas . Reducción
del género a
la presencia
numérica de
mujeres
. Remedio o
tratamiento
paliativo de las
discriminaciones
Aportes . Cuestiona la
composición de
las jerarquías
. Fomenta políticas
explíticas de
acceso
. Lograr conciliar
el trabajo y
la familia, o el
papel dual de
las mujeres mediante
políticas
compensatorias
. No cuestionan
la asimetría de
poder de la división
sexual del
trabajo
. Reducen las
necesidades de
las mujeres a
compensaciones
. No integran a los
varones
. Históricamente,
representó un
primer paso en
identificar problemas
relativos
a la posición de
desventaja de las
mujeres
equidad,
es preciso
transformar la
división sexual de
trabajo
. Empoderamiento
de las mujeres
y transformación
de las relaciones
de poder y autoridades
en las familias,
la escuela y
el trabajo
. El género como
un sistema de
múltiples niveles
de desigualdad
excede a la división
sexual
del trabajo y,
por tanto, no son
suficientes las acciones
relativas al
empoderamiento
de mujeres
. Si bien parte
del supuesto del
género como
categoría relacional,
no ha fomentado
acciones
activas de trabajo
con los varones
. Coloca al poder
en el centro de las
acciones de las
políticas públicas
. Las necesidades
de las mujeres
aparecen inscriptas
en el marco
del ejercicio de
derechos y de
su participación
social y política
sistema de niveles
múltiples que entra
en intersección
con raza y clase
. Integrar la perspectiva
de género
en la totalidad
de las políticas
públicas
. Las cuestiones
de género pueden
perder especificidad
al colocarse
entre otros objetivos
de políticas
públicas
. Al transversalizarse,
puede
ocurrir una pérdida
de espacios
institucionales
propios
. El Estado es un
actor clave en
la construcción
del sistema de
desigualdad de
género
. No hay equidad
si no hay una
transformación
de los términos
culturales del
Estado

Efectos no
esperados
. Encapsulamiento
de las necesidades
y los derechos
de las mujeres a
sus números en
la jerarquía del
Estado
Fuente: Elaboración propia
. Clara reproducción
de la
subordinación
femenina
. Reducción de
las necesidades
de las mujeres a
las de sus hijos y
familias
. En algunas prácticas,
se reducen
las complejas
cuestiones de
empoderamiento
a asuntos actitudinales
de psicología
individual
. Las políticas de
género quedan
aisladas de otras
políticas públicas
centrales del
Estado
. Evaporación de
la política
. Uso ceremonial
y tecnocrático que
toma el lenguaje
de equidad de
género pero poco
apunta a transformar
la sustancia
de las relaciones
. Captura de los
actores más dinámicas
de los espacios
deliberativos
III. 1. Las políticas de acción afirmativa: ¿re-segregación o transformación
por demografía?
Las políticas de acción afirmativa procuran remediar injusticias mediante la
corrección en los resultados de los procesos de discriminación manifestados en
la escasa representación de mujeres en las jerarquías institucionales. Con todo,
al centrarse en los resultados, estas políticas poco podrían hacer respecto de los
procesos valorativos de orden macro-social que reproducen las creencias culturales
de género sobre las cuales se edifican las jerarquías entre varones y mujeres
(Ridgeway y Correll, 2004). En efecto, si una mayor participación femenina en
las jerarquías implica, además, la representación sustantiva de los intereses de
mujeres, esto es una cuestión netamente empírica y no un requisito impuesto por
estas políticas. Htun (2002) sugiere, no obstante, que la expansión de la presencia
de mujeres en las legislaturas nacionales ha resultado primordial en la promoción
de una agenda sensible a los derechos de mujeres en América Latina.
Una aguda crítica a la acción afirmativa es elaborada por Rees (2005), para
quien estas políticas ignoran la discriminación institucional presente en el Estado,
es decir, los sesgos de género existentes en las estructuras, los procedimientos
y las culturas de las organizaciones públicas. Los cambios demográficos en las
jerarquías institucionales serían meramente superficiales y, por ende, re-absorbidos
sin consecuencias sustantivas sobre la equidad en la medida en que el Estado
permanezca generizado.
Aún con estas críticas en mente, es preciso recuperar la noción de que la representación
numérica supone un reconocimiento social al derecho a participar
de grupos previamente excluidos. Por cierto, el riesgo es, de acuerdo con Britton
(2000), reducir el reconocimiento de la identidad de las mujeres a una cuestión
únicamente nominal: si las relaciones de género corresponden a la proporción de
mujeres y varones en las jerarquías, se pierden de vista las asimetrías de poder de
toda relación social. Sin embargo, y admitiendo que los estereotipos desplegados
en la interacción cotidiana entre varones y mujeres están presentes entre quienes
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toman decisiones, la mayor presencia femenina entre las jerarquías adquiere un
valor simbólico por su potencial de remover prejuicios de género (Kanter, 1977).
En este sentido, la presencia de mujeres en espacios políticos formales constituye
un punto de influencia para los y las interesadas en promover temáticas de
igualdad de género, lo que se correspondería con un modelo de acceso interno de
políticas públicas (Guzmán, 2001). Esto se ha visto reflejado en la conformación
de alianzas con el fin de promover leyes de interés de mujeres (Htun, 2002). Alternativamente,
los asuntos de la agenda formal pueden, mediante una mayor presencia
femenina en el Estado, incorporarse a una agenda pública a fin de incrementar
su visibilidad y, así, ampliar sus posibilidades de aprobación. En consecuencia, las
políticas de acción afirmativa podrían disparar lo que Guzmán (2001) denomina
un modelo de movilización en torno a la formulación de agendas y políticas donde
un actor político (por ejemplo, una legisladora) busca obtener apoyo público en
organizaciones de la sociedad civil en pos de la aprobación de una determinada
iniciativa.
Finalmente, los resultados de las políticas de acción afirmativa indirectas parecerían
ir más allá de la presencia numérica de mujeres. Como fue mencionado,
estas políticas suponen revisar, por ejemplo, las prácticas informales y formales
de selección o promoción de aspirantes en las organizaciones con el propósito de
aumentar la participación jerárquica de mujeres (Sheridan, 1998). En los hechos
y paradójicamente, estas políticas han abierto la puerta a acciones de género más
amplias, como las de “igual valor por igual trabajo”. 7
III. 2. Los cambios en las políticas en contextos de ajuste estructural
Las políticas para la mujer, con su énfasis puesto en el papel (tradicional) de
los sexos respecto de las tareas remuneradas y no remuneradas despiertan duras
críticas porque, en definitiva, legitiman la desigualdad de género. Las necesidades
de las mujeres son conceptuadas como problemas a paliar y no como el resultado
de intersecciones de desventajas acumuladas (Rees, 2005).
En América Latina, estas políticas han sido desplegadas en el marco de las políticas
sociales de “combate a la pobreza”. Estas últimas consisten en programas
con beneficios a término y atados a requisitos de elegibilidad. Tienen un carácter
altamente focalizado y están desligadas de las políticas económicas y de empleo
más estratégicas. Además, estas políticas utilizaron el enfoque del maternalismo
como un pilar organizador de su instrumentación: las mujeres son ejecutoras porque
su “papel” de madre es visualizado como fundamental en la consecución de
los objetivos del programa —aunque no necesariamente para las propias mujeres
(Molyneux, 2006)—.
Las políticas anti-pobreza supusieron que las destinatarias fueran “co-responsables”
en la ejecución, lo cual implicaría un proceso simultáneo de cambio
de “actitud” para lograr superar su “dependencia” del Estado (Daeren, 2004;
Molyneux, 2006; Schild, 2000). 8 Puesto que estas políticas no se diseñaron con
un propósito de movilidad social e integración, se produjo una desafortunada
alquimia: las desventajas de las mujeres socialmente excluidas fueron construi-

das como “patologías sociales” y “situaciones extremas”, estigmatizando así a
las mujeres por su propia pobreza (Álvarez, 1999; Di Marco, 2005). Incluso, las
destinatarias de las políticas fueron concebidas como “ciudadanas de mercado”
y no como sujetos con derechos universales (Schild, 2000). Los crecientes niveles
de pobreza, la baja capacidad de las economías de generar empleo, y las
modificaciones sociales en la estructura familiar, no fueron interpretadas como
manifestaciones propias de la desigualdad de género que afectó, en particular, a
las mujeres pobres.
Algunas investigaciones señalan que, dado el enfoque maternalista adoptado,
estas políticas significaron una sobrecarga de las tareas de las mujeres y una verdadera
“jornada redonda” (Daeren, 2004; Molyneux, 2006). Las destinatarias fueron
un engranaje en la implementación de las intervenciones públicas, pasando a
constituirse ellas mismas en proveedoras de servicios sociales para las familias y
sus comunidades, otrora en manos del Estado y cuyo acceso se restringió al transferirse
al mercado. Las oportunidades para la transformación de la desigualdad en
la esfera doméstica se desvanecieron, al no cuestionar las asimetrías de poder en
las tareas no remuneradas y dejar a los varones por fuera de toda consideración
programática.
Además, la ciudadanía femenina parecería confinarse a un asunto meramente
instrumental, ya que la misma se produciría únicamente si las mujeres resultaran
ser co-ejecutoras de programas. En tal sentido, las necesidades de las mujeres no
adquirieron identidad propia y quedaron subordinadas a las necesidades de los
otros (ya sean los hijos, la familia e incluso los ejecutores de programas).
Con todo, aunque en forma involuntaria y bajo ciertas circunstancias, algunas
de estas políticas anti-pobreza lograron impulsar micro prácticas de ejercicio de
derechos. En efecto, Daeren (2004), Montaño et al. (2003) y Garzón de la Rosa
(2006) identificaron procesos de desarrollo de ciudadanía femenina en el marco
de la capacitación colectiva y las acciones comunitarias que fueron promovidas a
partir de algunas de estas políticas sociales. En resultados preliminares de investigación,
Di Marco et al. (2006) amplían esta visión proponiendo que la calidad de
las instituciones en las cuales se albergan y despliegan los procesos de capacitación
y trabajos comunitarios deriva en procesos disímiles de ejercicio de derechos.
Aquí resulta clave la difusión de los discursos de género y derechos en los niveles
territoriales del Estado y en las organizaciones de la sociedad civil. Podemos
argumentar, entonces, que se conforman diferentes regímenes institucionales de
género por la propia heterogeneidad del Estado que, en ocasiones, desafían las
visiones restringidas impuestas desde las políticas para las mujeres (Rodríguez
Gustá, 2007).
Inversamente, en algunas ocasiones, las políticas concebidas desde la perspectiva
de cambio social de la visión relacional de género, fueron tergiversadas cuando
la participación de organizaciones de mujeres resultó ceremonial y no sustantiva
(Craske, 2000). A propósito, Álvarez (1999:192) resume esta mutación en los siguientes
términos: “Entre los miembros del staff de las maquinarias de mujeres
del gobierno que entrevisté, el género parece haberse tornado parte del léxico de
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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la planificación técnica, un indicador neutro de poder de la “modernidad” y el
“desarrollo” más que un campo teñido de poder de relaciones desiguales entre
mujeres y varones”.
Si bien las políticas con perspectiva de género han fomentado el desarrollo de
planes sectoriales e incluso nacionales de igualdad de oportunidades, en América
Latina, su grado de avance práctico ha estado condicionado por la vulnerabilidad
de la institucionalidad frente a los cambios de gobierno, las presiones de la iglesia
católica y los ajustes en el gasto fiscal (Gray, 2004; Montaño, 2003; Zaremberg,
2004).
III. 3. Pérdida de sentido, tecnocracia y captura
La capacidad de impulsar políticas de transversalidad de género representa un
verdadero desafío porque demanda una articulación política e institucional virtuosa.
En primer término, el Estado precisa de capacidades burocráticas afinadas destacándose,
entre otras, las prácticas formalizadas de planificación, la presencia de
personal estable y entrenado, así como instancias de coordinación y articulación
continuas (Rees, 2005). A su vez, es preciso contar con la capacidad de establecer
objetivos estratégicos, construir indicadores y metodologías de seguimiento, e introducir
prácticas flexibles para la contratación de expertas en los diversos temas
que afectan la desigualdad de género (Beverdige et al., 2000).
Más allá de estos aspectos que atañen a la gestión interna del Estado, las políticas
de transversalización de género adquieren un sentido sustantivo solamente
si están acompañadas por redes sociales capaces de nutrir la formulación de las
políticas públicas (Squires, 2005). Por ello, estas políticas demandan modalidades
activas de articulación con la sociedad civil así como la apertura de lazos de decisión
y comunicación propios de redes de organizaciones.
Respecto de las experiencias de transversalización en la región, los denominados
Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) de Chile posiblemente constituyan
el ejemplo más acabado. Estos Programas han permitido al Servicio Nacional
de la Mujer (SERNAM) un verdadero “antes y después” en cuanto a su trabajo de
coordinar con otros organismos la adopción del enfoque de género (Alvarez San
Martín, 2007). A pesar de ello, las instancias participativas con los movimientos
de mujeres aún son su punto más débil (Richards, 2002). Con todo, las experiencias
municipales son más frecuentes, destacándose la ciudad de Montevideo (en
Uruguay), y Morón y Rosario en Argentina (Provincia de Buenos Aires y Santa Fe
respectivamente), donde existen espacios de consulta deliberativos con las redes
territoriales de mujeres.
Evaporación de la política
Como afirman Moser y Moser (2005), las políticas de transversalización de
género pueden “evaporarse”, entre otros factores, por la escasez de recursos o la
presencia de culturas institucionales adversas a la igualdad y, en particular, por
el tratamiento de la equidad de género como un asunto encapsulado de política.
Esta evaporación es más plausible de ocurrir cuando las maquinarias de género

son vulnerables. En América Latina, los organismos de género no cuentan con
suficiente autoridad jerárquica respecto de los otros segmentos del Estado. Adicionalmente,
en ausencia de un equipo técnico entrenado, estable y comprometido
con la tarea, es difícil cumplir con los requisitos de la transversalización.
Por su parte, en la región, el propio proceso de planificación de políticas públicas
está débilmente institucionalizado y poco formalizado, con las excepciones
de Chile y de Brasil (Iacoviello y Zuvanic, 2006; Iacoviello y Rodríguez Gustá,
2006), lo cual atenta contra la naturaleza sistémica de la transversalización.
Deben agregarse, además, fallas en la disponibilidad de información válida, actualizada
y comprehensiva del conjunto del Estado. Si las organizaciones no recopilan
información asiduamente, y, además, no tienen mecanismos de difusión
entre la ciudadanía, la probabilidad de construir indicadores de género y hacerlos
transparentes para su escrutinio por parte de la sociedad civil es baja, aún cuando
exista compromiso político con la equidad. Además, en vistas de que el análisis
de género en el presupuesto está considerado como un instrumento fundamental
de la transversalización (Rees, 2005), las debilidades en la planificación son un
obstáculo de envergadura para que los gobiernos efectivamente puedan adoptar
esta perspectiva.
La pérdida de sentido
Actualmente, son muchos los gobiernos que manejan un lenguaje de género.
Con todo, existe una amplia brecha entre “las concepciones y comprensiones sobre
el tema que tienen los/as integrantes de las oficinas y las autoridades y funcionarios
del resto de los sectores del Estado”, a lo que se sumaría “la distancia e
incluso las contradicciones entre los discursos de las autoridades y funcionarios y
sus prácticas institucionales” Guzmán (2001:7).
En varias ocasiones, los términos igualdad de género y transversalización serían
una pantalla de “humo y espejo” (Meyer y Rowan, 1977), al emplearse en forma
ceremonial y ritual y carecer de significado real sobre las actividades del Estado.
En particular, el hecho de iniciar acciones orientadas a transformar el comportamiento
de los varones acarrea enormes tensiones, por lo que se los incorpora de
forma mecánica, sin politizar su presencia en las acciones estatales ni cuestionar
cómo, en los hechos, estos actores pueden desarrollar relaciones de poder alternativas
a las establecidas. A efectos de evitar la pérdida de sentido, Rees (2005) destaca
la relevancia del compromiso político de quienes deciden y ejecutan políticas
públicas. Ello evitaría que la transversalización de género resulte, eventualmente,
en un significante vaciado de contenido susceptible de ser maleable en diferentes
contextos y, por ende, desvirtuado.
Connell (1990), por su parte, señala que el Estado es, esencialmente, un terreno
de conflictos y de negociación, donde grupos privilegiados de varones podrían
movilizar sus intereses en contra de una mayor igualdad de género. La incorporación
de las temáticas de género en las políticas poco tiene de consensual y lineal
porque afecta intereses diversos –dentro y fuera del Estado–. En consecuencia,
la pérdida de sentido podría tratarse de una estrategia que busque evitar una ver-
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dadera transformación. En esta dirección, aún faltaría identificar quiénes serían
los “porteros” (gatekeepers) que promuevan, en términos sustantivos, políticas de
transversalización en pos de una mayor equidad (Connell, 2005).
El riesgo tecnocrático
Al examinar experiencias nacionales europeas, Daly (2005) concluye que existe
un proceso de “embudo” y “selectividad” que desplazaría el compromiso sustantivo
con la transversalización por cierto tecnicismo en la implementación de las
políticas. Así, la transformación de los estándares de género sería reducida a la
generación de estadísticas desagregadas por sexo y a un análisis de impacto de las
acciones de política, distanciado de la realidad cotidiana de los sujetos.
Ello ocurre cuando la transversalización se despliega en el marco de lo que Beverdige
et al. (2000) denominan “burocracias expertas”, conformadas por especialistas
en temas de género, más que en instancias “participativas-democráticas” que
involucrarían un rango de organizaciones y mujeres de disímil extracción social.
En definitiva, se trata aquí del desplazamiento de una racionalidad sustantiva o
material donde importa la equidad y los principios de justicia por otra racionalidad
formal en la que prima el cumplimiento de la norma como principio de acción
abstracto (López Novo, 1994).
El riesgo de la captura
Como fue mencionado, las políticas de transversalización de género requieren
de un espacio público con ideas y participantes diversos, y además, con continuidad
temporal. En la práctica, no obstante, existen importantes impedimentos que
atentan contra su conformación. Como lo resume Guzmán (2001):
“(...) no todos los sujetos que participan en este proceso cuentan con los mismos
recursos, ni tienen las mismas oportunidades para acceder a los espacios
donde se debaten las agendas. Tampoco los distintos espacios están abiertos de
manera similar a los diversos tipos de problemas... En efecto, los espacios públicos
erigen barreras a la incorporación de algunos temas y sujetos sociales.
Desde su interior se ejercen presiones para excluir a los actores más débiles o
divergentes y los criterios de prioridad hegemónicos llevan a considerar algunos
problemas en menoscabo de otros” (12; énfasis propio).
A propósito, las redes de mujeres no constituyen un todo homogéneo y ello se
refleja, por ejemplo, en las divergencias entre grupos de mujeres de base y ONGs.
En particular, Álvarez (1999) señala la tensión existente entre las ONGs profesionales,
expertas en temas de género y consultoras del Estado, con trabajo técnico
de tiempo completo, por un lado, y las organizaciones “de base” de mujeres, inorgánicas,
fluctuantes y dependientes de otras actividades para su supervivencia.
La creciente labor puramente técnica de las ONGs afectaría, de acuerdo con esta
autora, el desarrollo de un trabajo conjunto con mujeres populares en territorios
vulnerables, y así impediría que la visión de estas últimas sea conocida, represen-

tada e incorporada al momento de diseñar políticas.
Además, existen importantes asimetrías en las oportunidades de acceso al espacio
público (Craske, 2000). En efecto, varias ONGs reciben, para su subsistencia,
financiamiento oficial. Desde el ángulo de la representación de las ideas, existe el
riesgo de que sean convocadas las ONGs que están en sintonía con el discurso
dominante. Asimismo, ciertas ONGs son más aptas para captar fondos y conseguir
financiamiento internacional, por lo que saben “empaquetar” sus proyectos y, por
ende, instalar sus ideas, mientras otras no cuentan con estas ventajas.
A partir de estas observaciones, es posible que un segmento de mujeres organizadas
presente mayores habilidades para dialogar con el Estado y plasmar sus intereses
en la definición de los problemas de política. La representación en nombre
de otros grupos resulta más complicada de garantizar, habida cuenta de la actual
variedad de feminismos (Vargas, 2001). Estas cuestiones invitan a reflexionar si la
variedad de voces e intereses de las organizaciones de mujeres está representada y
si, aún las temáticas de género, no podrían ser definidas sólo desde la perspectiva
de algunos grupos específicos con ciertas ventajas estructurales.
IV. Conclusiones
El recorrido realizado sugiere que las medidas orientadas a promover la equidad
de género requieren múltiples factores, como lo son un mayor número de mujeres
en las jerarquías institucionales, organizaciones de mujeres activas y con liderazgo
en el plano de las ideas, y funcionarios y funcionarias con conocimiento en
temas de género capaces de plasmarlo en políticas. Además, la interlocución con
las organizaciones de mujeres presupone modalidades ampliadas de articulación
entre el Estado y la sociedad civil. En esta dirección, si bien el menú de políticas
con sensibilidad de género parece diverso, ninguna política tomada aisladamente
produce resultados óptimos.
En tal sentido, cabe la pregunta: ¿qué aspectos de cada una de estas políticas
podrían combinarse en una plataforma de política más potente? La respuesta no es
unívoca. En efecto, por un lado, las políticas para la mujer son las más problemáticas
desde el punto de vista de la justicia de género, por lo cual es difícil extraer
conclusiones que rescaten aspectos selectivos más allá de valorar su aporte histórico
por haber reconocido que las mujeres tienen necesidades especificas. Pero,
como hemos visto, las políticas con perspectiva de género son las que realmente
imprimen un sentido más amplio a la noción de necesidad.
Por otro lado, las políticas con perspectiva de género y las acciones afirmativas
podrían ser instrumentos de la transversalización, cuyo valor reside precisamente
en su planteo sistémico acerca de la totalidad de las acciones del Estado. En efecto,
cuestiones como el acceso de un mayor número de mujeres a las jerarquías
político-institucionales, la presencia de maquinarias de género adecuadamente financiadas,
la disponibilidad de información desagregada por sexo, la construcción
de ámbitos de consulta y la articulación con las organizaciones de mujeres, son
requisitos esenciales para que las políticas de transversalización sean exitosas.
Finalmente, la formulación de los problemas de políticas, los diseños de obje-
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125

tivos e instrumentos así como la dinámica de la ejecución, han sido territorios no
siempre en armonía entre el Estado y sus expertas, los movimientos feministas,
los grupos de mujeres y los organismos de financiamiento internacional. Los mecanismos
institucionales de género no han estado exentos de críticas, entre otras
razones, por desmovilizar los movimientos de mujeres e incluso desvirtuar los
proyectos más radicales de transformación social.
A pesar de ello, como lo demuestra Franceschet (2003:14), a propósito del SER-
NAM en Chile, estas maquinarias difunden discursos de género, en particular, “un
discurso de derechos de las mujeres e iniciativas de política” a partir de los cuales
las organizaciones de mujeres pueden movilizarse e interpelar al propio Estado.
Análogamente, las divergencias entre redes feministas locales y globales y las
expertas gubernamentales (e internacionales) no han impedido la conformación de
redes temáticas (issue networks) que han traído avances cruciales para la región en
términos de derechos de mujeres (Craske, 2000; Gray, 2004; Guzmán, 2003).
En síntesis, las políticas con sensibilidad de género requieren, simultáneamente,
de Estados capaces así como de una sociedad civil más diversa y organizada. Los
intereses y las preferencias de las mujeres no son cuestiones fijas a priori, sino
que emergen de procesos políticos dinámicos. En el mismo sentido, las políticas
no son acciones estáticas, sino que sus efectos pueden ser disímiles a los originalmente
previstos por lo cual el doble monitoreo del Estado y de los movimientos de
mujeres es un imperativo normativo así como un requisito de gestión.
Referencias
1. Agradezco los sugerentes comentarios de Mariana Caminotti, Valeria Llobert y Andrea Voria a
versiones anteriores de este trabajo. Las opiniones aquí vertidas son de exclusiva responsabilidad de
la autora.
2. Una compleja excepción a ello es la acción positiva del programa Progresa/Oportunidades, donde
las madres reciben un monto adicional monetario para garantizar la educación de las niñas (Molyneux,
2006).
3. En Europa occidental, estas políticas se han traducido, primordialmente, en temáticas relativas a la
regulación sobre el empleo (Walby, 2005).
4. WID significa Women in Development y GAD Gender and Development (Para la evolución
conceptual y terminológica, véase Rathgeber, 1989).
5. Existe un abundante cuerpo de literatura que caracteriza este tipo de política. Por ejemplo, véase
Astelarra (2004), Incháustegui Romero (1999), Di Marco (2005) y Pascall y Lewis (2004) (por su
aplicación en Europa).
6. Para clarificar con otro ejemplo tómese el tratamiento de la violencia doméstica. Las políticas hacia
las mujeres enfatizan la necesidad de su pronta denuncia así como la obligatoriedad del Estado en
ofrecer refugios adecuados. En una perspectiva de género, las políticas compartirían estas acciones pero,
esencialmente, cuestionarían el problema como una violación a los derechos humanos (de acuerdo con
la Conferencia de Viena de 1993), sugiriendo, además, otras intervenciones en un organización familiar
que genera violencia y acentuando las prácticas de prevención (Bustelo y Lombardo, 2004).
7. Las políticas de igual trabajo por igual valor (comparable worth) implican, en contextos altamente
segregados por género, el valorar las tareas que realizan los cargos ocupados, mayoritariamente, por las
mujeres, al: a) tornar visibles el conjunto de acciones ejecutadas, b) de-construir la diferencia trabajo
secretarial versus trabajo gerencial, y c) hacer posible la movilidad entre puestos feminizados hacia
puestos jerárquicos (usualmente ocupados por varones). La estrategia de igual trabajo por igual valor
conlleva a una profunda revisión de las descripciones de puestos (Acker, 1989).

8. Cabe señalar que este lenguaje sobre cómo debería ser la arquitectura de instrumentación de
las políticas sociales, forjado por el Banco Mundial, paradójicamente, parecería converger con los
principios básicos de la Plataforma de Acción de Beijing: énfasis en las mujeres jefas de hogar, aumento
de la participación de las mujeres en los procesos de decisión comunal, y extensión de créditos y
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Recibido: 18/05/08. Aceptado: 26/06/08
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
12

Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la
Argentina: desafíos y problemas de investigación*
Isabella Cosse
Isabella Cosse es Licenciada en Historia por la
Universidad de la República (Uruguay), �agíster
en Ciencias Históricas y Doctora en Historia por la
Universidad de San Andrés.
�ail: icosse@mail.retina.ar.
resumen
La comprensión de los cambios en las costumbres,
los modelos familiares y la moral
sexual requiere pensar estrategias y enfoques
de investigación que discutan los antecedentes
para Estados Unidos y Europa en función de las
especificidades del caso argentino y que, de ese
modo, contribuyan a entender las peculiaridades
del proceso de cambio en estas latitudes y aporten
a una perspectiva latinoamericana.
Con esa intención, este artículo analiza dos
problemas. En primer término, se plantea que las
interpretaciones sobre el proceso argentino han
estado marcadas por una comparación implícita
o explícita con el proceso en Estados Unidos y
Europa, discutiéndose los efectos de esta perspectiva.
En segundo lugar se analiza la importancia
del peso de los actores tradicionalistas y
el carácter moderado de la ruptura en la moral
sexual en la Argentina de los años 60.
El examen de estos problemas pone de relieve
los rasgos peculiares y distintivos de las transformaciones
en la Argentina y, de este modo,
ofrece un insumo para avanzar en la formulación
de marcos interpretativos para comprender
los cambios que en los últimos treinta años han
modificado radicalmente las formas de vivir en
familia.
palabras claves
historia / Argentina / años sesenta / familia /
revolución sexual
summary
The analysis of the changes in the customs,
the family models and the sexual morality in
the Argentina of the 60s needs to think research
strategies and approaches to discuss the interpretations
for the United States and European
countries depending on the specificities of the
Argentine case. This position helps to understand
the peculiarities of the process of change
in these latitudes and to find a Latin American
perspective.
With this goal, this article analyse two problems.
First, I explain that Argentine process has
been marked by an implicit or explicit comparison
with the process in The United States and
Europe and I discuss the effects of this perspective.
Secondly, I analysis the importance of the
traditionalist actors and I describe the moderate
character of the break in the sexual morality in
the Argentina of the 60s.
This examination shows the peculiar and distinctive
features of the changes in the Argentina.
Thus, it offers an input to advance in the formulation
of interpretive frames to understand the
changes that in the last thirty years have modified
radically the ways of living in family.
keywords
history / Argentina / the sixties / family / sex
revolution
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
131

1. Introducción
A escala mundial los años 60 inauguraron transformaciones en los más variados
planos de la vida de las personas que tuvieron especial significación en el de las
formas de organizar la vida cotidiana, los modelos familiares y los criterios relativos
a la moral sexual. De acuerdo con los antecedentes de investigación, en países
como Estados Unidos, Inglaterra y Francia las uniones consensuales aparecieron
como una alternativa al matrimonio y el divorcio perdió su condición vergonzante;
las relaciones familiares fueron concebidas desde nuevos parámetros, entre los
cuales cada vez tuvo mayor peso la libertad personal y la autenticidad, y emergió
un nuevo paradigma de crianza de los hijos: progresista, centrado en los niños y
contrario a la disciplina; las mujeres reclamaron condiciones de igualdad, la crisis
de la ética del hombre proveedor dio lugar la reformulación de la identidad masculina
y la sexualidad se desligó de la unión conyugal (Rothman, 1984:308-330;
Ehrenreich et al., 1987; Gordon, 1990; Singly y Cicchelli, 2004:417-464; Segalen,
1992).
Sin embargo, la significación de estos cambios ha sido discutida. Los propios
estudios para Estados Unidos y Europa han cuestionado sus alcances, desde diferentes
puntos de mira. Por un lado, desde lecturas sociológicas o demográficas,
se considera que los controles sexuales más que relajarse se redefinieron, que el
matrimonio siguió siendo una opción mayoritaria, que la cohabitación se convirtió
en una fase de prueba hacia el matrimonio, que la pauta de unión estable persistió
como marco ideal de la procreación y que, finalmente, las parejas homosexuales
terminaron por reivindicar la estabilidad del vínculo y los derechos a formar una
familia legítima (Bozon, 2002:45; de Singly y Cicchelli, 2004:427-451; Roudinesco,
2003:195).
Por otro lado, desde ciertas posturas feministas de tenor militante, se plantea que
las transformaciones pasaron por el surgimiento de un mercado del sexo que reforzó
la dominación y la marginación de las mujeres, quienes siguieron cargando con
las tareas domésticas (referencias a tales posturas en Ehrenreich et al., 1987:3-4 y
Cook, 2004:1-3). Ciertamente, las expectativas albergadas por los activistas de la
liberación sexual de los años 60 quedaron limitadas. La revolución sexual no cambió
drásticamente las relaciones de poder en el capitalismo, ni surgió una sociedad
reconfigurada sobre nuevos principios políticos, derivados de una nueva moral
sexual, como planteaba el optimismo de Wilheim Reich (1992, 1ª edición 1945) y
de Hebert Marcuse (1968, 1ª edición 1953). Tampoco desaparecieron la iniquidad
en las relaciones de pareja y la discriminación a las mujeres y a los homosexuales.
Finalmente, en el plano de las políticas públicas en Europa y Estados Unidos la
ola liberal y progresiva de los años 60 y de los tempranos 70 fue seguida de una
etapa de reacción y conservadurismo en los años 80 (Weeks, 1992:3-6 y 294-312
y D`Emilio y Freedman, 1988:301-330).
De todas formas, estas críticas no impiden resaltar que el clima de los tardíos
años 60 y tempranos 70 resulta diferente al dominante después del fin de la segunda
guerra mundial, cuando resurgió un impulso familiarista que atacó la permisividad
sexual de las décadas previas, expresado en el aumento del promedio de hijos

por mujer, la reducción de la edad del casamiento y la disminución de las tasas
de divorcio. Como han mostrado diferentes estudios, los jóvenes de la posguerra
apostaron a la felicidad dada por los moldes de la división de género por la cual la
mujer debía realizarse a través de su dedicación al marido, los hijos y el hogar, y el
varón hacerlo mediante la capacidad de mantenerlos a través de su trabajo fuera
del hogar, mandatos considerados una medida de su éxito y promesa de seguridad,
contención y bienestar (Tyler, 1988:301-330). En este panorama, los jóvenes de
los años 60 introdujeron un cambio radical en este clima de posguerra.
De todas formas, los resultados de investigación exigen considerar que el impacto
de las transformaciones de los años 60 aparece en toda su envergadura poniéndola
en relación con el horizonte de 1980, momento en el cual los modelos
y las convenciones inaugurados en los años 60 y 70 se consolidaron en nuevas
pautas de comportamiento expresadas en tendencias demográficas definidas. Así,
en Europa entre 1960 y 1980 la proporción de matrimonios se redujo entre el 30 y
el 40% y el divorcio aumentó entre 25 y 35%; en Francia el número de divorcios
se duplicó entre 1960 y 1976 y se triplicó hacia 1985; la cohabitación aumentó un
50% entre 1960 y 1970, haciendo que a mediados de esta década el 9,7% de los jóvenes
de 18 a 29 años estuvieran cohabitando y que el 44% de las parejas casadas
entre 18 y 30 años hubieran convivido antes del matrimonio (Segalen, 1992:133-
139 y 198; Engelen, 2004:384-387). En Estados Unidos, el divorcio pasó de 2,2
en 1960 a 4% en 1970 y a 5,2 en 1980; entre 1960 y 1980 el matrimonio declinó
en un 25%, aumentó la cohabitación previa al matrimonio que se ubicaba en el 3%
en 1960 al 11% en 1970 y al 50% en 1980; los nacimientos extramatrimoniales en
la población blanca pasaron del 2,3% en 1960 al 5,7% en 1970 y al 11% en 1980
y en la población negra pasaron del 21,6% al 37,6% y al 55,2% para las mismas
fechas (Varenne, 1988:435 y 443; Sassler y Goldscheider, 2004:140).
Estos parámetros indican que entre 1960 y 1980 se produjo una transformación
amplia de la familia y la sexualidad. Tales cambios mostraban que en países como
Estados Unidos y Francia los cimientos de un modelo familiar, de largo predominio
en Occidente, comenzó a derrumbarse en los años 60 y 70, etapa en la cual se
produjo una ruptura en el plano cultural. El modelo impugnado estaba definido por
la entronización del matrimonio como espacio legítimo del amor, la sexualidad y
la reproducción, la asunción de un doble patrón moral (que valorizaba la virginidad
de las jóvenes solteras y la experimentación sexual de los varones); mandatos
articulados con la teoría de las dos esferas separadas, de lo público y lo privado,
confinando a las mujeres al dominio de la vida doméstica, al cuidados de los hijos
y dotando al varón de la capacidad de acción en el ámbito exterior. Dicho modelo,
aquí denominado de la domesticidad, había surgido de un largo proceso originado
por la “revolución sentimental” de los siglos XVII y XVIII con la cual se habría
producido la reclusión de la familia en el espacio del hogar, convertido en privado,
el estrechamiento de los vínculos familiares, el surgimiento de la noción de amor
conyugal y un nuevo vínculo entre padres e hijos (Ariès, 1987; Shorter, 1977;
Stone, 1990; Rothman, 1984:91-158; Maynes, 2003; Pateman, 1995). De allí que
la ruptura de los años 60 y 70 haya significado el inicio de una transformación
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133

profunda de las bases de la división de género, de la organización familiar y de la
moral sexual que cuestionó el sentido común que había dominado durante siglos
en las sociedades occidentales.
Claro está que, como han mostrado numerosos estudios, la realidad de la vida
familiar con frecuencia escapaba a los mandatos de la domesticidad pero lo cierto
es que las columnas vertebrales de este modelo se habían reinstalado en la posguerra
y regían las convenciones para el comportamiento de varones y mujeres a
principios de los años sesenta cuando los cambios en las costumbres, los estilos
de vida y las modas se transformaron en una forma de rebeldía de los jóvenes y
cuando las bases de este modelo sufrieron un severo embate (Tyler, 1988; Gordon,
1990:356-362; Kimmel, 1996:384-387).
En resumen, según las investigaciones para los Estados Unidos, Francia e Inglaterra
los años 60 y 70 significaron paradigmáticamente cambios de orden cultural
que recién se expresaron en las tendencias demográficas en las décadas siguientes.
Esto no significa desconocer la importancia de las rupturas producidas durante
este período sino entender la época como una especie de “bisagra” entre el modelo
de la domesticidad y la apertura a la aceptación de una diversidad de prácticas
familiares, con la aceptación de la jefatura femenina de los hogares, las uniones
consensuales, de la cohabitación a prueba y del divorcio, y la aparición de nuevos
ideales de género y estilos de relación, con la valoración de la realización profesional
de la mujer; el rechazo de la doble moral sexual y la legitimación de la
búsqueda de la satisfacción sexual, incluso fuera del matrimonio.
2. Pensar el proceso de cambio desde la Argentina
Suele suponerse que estos cambios tuvieron alcance mundial. Los escasos estudios
sobre esta problemática en América Latina exigen considerar que el surgimiento
del modelo de la domesticidad estuvo atravesado por los rasgos característicos
de las sociedades latinoamericanas, en las cuales las diferencias sociales,
culturales y étnicas potenciaron la diversidad de formas de organización familiar
y reforzaron el papel jugado por el Estado y las elites políticas e intelectuales en
dicho proceso (entre otros, Gonzalbo Aizpuru y Rabell Romero, 1996; Samara,
2001; Barrán, 1990). Estos factores, a los que se sumaron los relacionados con
las peculiaridades de la modernización latinoamericana y el peso de la Iglesia
católica, hicieron que el modelo de domesticidad se articulara con otros modos de
organización familiar.
Para la Argentina, también se ha resaltado esta diversidad de formas de organizaciones
familiares (Barrancos, 2001:553-601). Como han descubierto numerosas
investigaciones para la época colonial y el siglo XIX, la diversidad de comportamientos
familiares se expresó en pautas culturales que suponían liberalidad en los
comportamientos sexuales, la aceptación de las uniones consensuales y la escasa
segregación de los hijos naturales, vigentes en contextos sociales y culturales muy
diferentes, como eran las dinámicas familiares de la pampa húmeda, las poblaciones
indígenas y los sectores populares urbanos (Cicerchia, 1994:49-72; Mateo,
1996; Moreno, 2004a:97-117 y 2004b:133-170). En el siglo XX, estos patrones

siguieron siendo importantes, como reflejan tasas de nacimientos ilegítimos. En
1950 la tasa de nacimientos ilegítimos en el total del país se ubicaba en el 27,8%;
la proporción menor, que correspondía a la Capital, se situaba en 11,2%, seguida
por la provincia de Buenos Aires, 16,9%, porcentajes que se elevaban en provincias
como Jujuy (46%), Salta (45,1%) y Corrientes (53%), donde existían tasas
más altas de natalidad y menor número de inmigrantes transatlánticos (IV Censo,
ca.1950:LXXV). Hernán Otero (2004:92-102) propone que la conexión de la
alta fecundidad con la ilegitimidad y las uniones de hecho más que entenderse,
siguiendo las interpretaciones europeas, como el resultado de comportamientos
laicos, opuestos a la influencia católica, debe explicarse por la presencia del Estado
nacional, el avance de la integración normativa y la persistencia de tradiciones
culturales antiguas. De hecho, estos comportamientos demográficos en la Capital
quedaron asociados a los patrones de los sectores populares, los cuales fueron
resignificados por la consolidación del modelo de domesticidad, con el cual las
estigmatizaciones a quienes vivían fuera del mismo adquirieron creciente visibilidad,
contribuyendo a delinear, por contraposición, el sentido de la normatividad
social (Cosse, 2006).
En este contexto, existe acuerdo, aunque no se ha estudiado con profundidad,
en que el modelo de domesticidad decantó de un proceso en el que confluyeron,
no sin contradicciones, las propias políticas estatales, la religión, las regulaciones,
las ideas de las elites y el discurso médico, que engarzaron con una tendencia a
la organización doméstica nuclear y con las aspiraciones de respetabilidad de los
sectores medios urbanos. Es consensual suponer que la movilidad social jugó un
papel decisivo en la conexión entre el modelo de la domesticidad y los sectores
medios. En ese sentido, el cumplimiento de los mandatos de la domesticidad habría
dotado de respetabilidad a las familias y, a la vez, habría funcionado como
mecanismo y requisito para la movilidad social. Es decir, tener una familia doméstica
(nuclear, conyugal, con separación de roles, y con pocos hijos) dotaba de prestigio
a los nuevos sectores urbanos, diferenciándolos de los sectores populares, y
exigía estrategias que, además, contribuían, a mejorar la condición social, como la
reducción del número de hijos (Míguez, 1999:21-45; Nari, 2004:55-71). A esto se
suma el hecho de que este modelo rígido y compartimentado introducía un ancla
firme de expectativas y valores en un mundo urbano, muchas veces nuevo, para
esa sociedad de inmigrantes que era la Argentina, en plena transformación.
De tal forma que existe cierto consenso en suponer que el modelo de la domesticidad
predominó entre los sectores medios urbanos, fundamentalmente en Buenos
Aires, y alcanzó un punto de cristalización hacia los años 30 y 40. Esto significa
que para ese momento este modelo no sólo se había erigido como norma social
sino también que existía cierta concordancia entre ésta y las conductas de los sectores
medios, en forma diferente a lo que sucedía entre los sectores populares. Para
éstos la consolidación del estándar de la domesticidad en el marco del proceso de
integración normativa parecería haber potenciado la conciencia de la minusvalía
de derechos.
Es decir, los cuestionamientos de los años 60 y los tempranos 70 al modelo fa-
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
135

miliar supusieron una ruptura con los estándares que tenían especial fuerza entre
los estratos medios. Lo interesante resulta que dichas transformaciones habrían
estado protagonizadas por los jóvenes provenientes de familias identificadas con
estos sectores, por lo cual, el cambio implicó un cuestionamiento generacional con
los moldes vigentes en los hogares de origen. En ese sentido, debe considerarse
que según los antecedentes, existieron importantes diferencias entre las culturas
juveniles, diferenciándose un polo politizado/intelectual y otro contracultural, que
estuvieron, de distinto modo, a la vanguardia de las transformaciones y tuvieron
impacto disímil en las distintas realidades sociales del continente.
Para el caso mexicano, Eric Zolov (1999) sostiene que la cultura del rock fue
un agente modernizador, que quebró la “familia revolucionaria” del Partido de
la Revolución Institucional y, al mismo tiempo, cuestionó los valores familiares
instituidos creando conflictos intergeneracionales que significaron el repudio al
autoritarismo y el impulso de la liberación del cuerpo, la aceleración del consumo
y la distensión de las relaciones entre varones y mujeres. Esta cultura del rock interceptó
a la revuelta estudiantil de 1968 que, a pesar del carácter heroico y masculino
de la memoria surgida después de Tlatelolco, significó transformaciones en la
dimensión subjetiva y de la vida cotidiana que remodelaron los ritos de iniciación
sexual, las relaciones entre varones y mujeres, los roles de género y lazos de los
jóvenes con la familia.
Dado que estos movimientos afectaron mayormente a segmentos juveniles de
las clases medias y altas durante los años 60 y los tempranos 70, los cambios no
reflejaron a escala de los comportamientos demográficos de la población mexicana
que, como sucedió con la transición de la fecundidad recién se inició en México
entre 1965 y 1968 y estuvo unida a las políticas oficiales de anticoncepción o
que, como la tendencia al descenso en las uniones consensuales, manifestaron una
tendencia inversa a los países centrales en conexión con la importancia de la divergencia
histórica entre los modelos instituidos y las prácticas familiares, dentro
de las cuales el concubinato está unido con la existencia de condiciones sociales
desfavorables en vez del avance de nuevos patrones de relación entre los segmentos
medios (Quilodrán, 2001:239-260; para el caso brasilero, Pedro, 2003:239-
260). En pocas palabras, los cambios culturales protagonizados por los jóvenes
mexicanos en los años 60 no se habrían expresado en patrones demográficos hasta
décadas posteriores.
El panorama en Argentina presenta tres diferencias sustanciales con el caso
mexicano que deben ser consideradas para entender las peculiaridades locales.
En primer término, debe recordarse que el país, al igual que el Uruguay, tuvo una
temprana y rápida transición demográfica, iniciada a partir de las últimas décadas
del siglo XIX, en la cual descendieron simultáneamente las tasas de mortalidad y
natalidad. La tasa bruta de natalidad comenzó el descenso hacia 1890, cuando se
ubicaba en el orden del 49,1‰, es decir, en los niveles de reproducción biológica
sin que interviniese la limitación de los nacimientos, tasa que pasó a 36,5‰ en
1914 y que se ubicó en 26,3‰ para 1947 (Pantelides, 1981). En la Capital este
proceso fue más acelerado: partiendo de un nivel similar, la ciudad de Buenos

Aires alcanzó en 1914 el 27,6‰ y en 1936 llegó a su nivel más bajo, 13,6‰ (Nari,
1996:182-183). En términos de la tasa global de fecundidad en el total del país la
transición ya había comenzado en 1914 cuando el número promedio de hijos por
mujer para el total del país se ubicaba en 5,3, proporción que descendió a 3,2 en
1947, momento en el cual los índices prácticamente se estabilizaron. En Buenos
Aires, la fecundidad habría pasado de un promedio de 4,8 hijos por mujer en 1887
a 3,4 en 1909 y 1,3 en 1936, su momento más bajo a partir del cual comenzó a
crecer hasta 1975, cuando se ubicó en 2,48 (Pantelides, 1981). En forma simultánea
con la transición demográfica, se mantenía la importancia de los patrones
familiares que suponían liberalidad en los comportamientos sexuales que, como
se ha planteado anteriormente, adquirieron una nueva significación ante el carácter
homogéneo y excluyente del nuevo modelo que definía la normatividad social
(Cosse, 2006).
En segundo lugar, a diferencia de otros países de la región, esta transición no
sólo se caracterizó por ser temprana sino, también, por no haber sido el resultado
directo de las políticas estatales de población aunque no pueda dilucidarse el efecto
indirecto de la acción del Estado en otras esferas, como en la escolarización y
en la integración normativa, dimensiones que, como ha analizado Hernán Otero
(2004) son variables correlacionadas con el descenso de la natalidad. De todos
modos, a diferencia de los casos mexicano y brasileño, en Argentina la transición
demográfica fue un fenómeno relacionado con los cambios sociales producidos
por la inmigración, el desarrollo económico y la conformación de los sectores
medios en las primeras décadas del siglo XX. En ese sentido, el descenso del
número de hijos debe inscribirse en el surgimiento del modelo de familia de la
domesticidad en articulación con las aspiraciones de respetabilidad de los sectores
medios urbanos, pudiéndoselo concebir con una racionalidad que explica los comportamientos
de las parejas (Míguez, 1999:21-45).
En tercer lugar, en este panorama de largo plazo, en la Argentina es posible
detectar ciertas inflexiones en los patrones demográficos a partir de los años 60 en
una dirección similar a los de otras latitudes: pequeñas variaciones entre 1960 y
1970 que adquieren envergadura en 1980. Así, los divorcios, que no eran vinculares
al haber quedado suspendida con la deposición del peronismo la ley que lo
había aprobado en 1954, pasaron de representar el 0,6% en 1960 a 1,6% en 1970
y 2,1% del total de la población en el conjunto del país, proporción que se consideraba
poco representativa de la escala real del fenómeno (Censo 1960 2: Cuadro
6: 16; Censo 1960 1: Cuadro 7: 88); las uniones consensuales pasaron del 7% en
1960, al 9,5% en 1970 y al 11,5% en 1980, alcanzando el 18% en 1990; la natalidad
extramatrimonial pasó del 24% de los nacimientos en 1960 al 30% en 1980,
careciéndose de esta información para 1970 (Torrado, 2003:268-272). También la
población femenina económicamente activa creció del 21,5% en 1960, al 25,3%
en 1970 y al 27,5% en 1980, lo cual resulta significativo dado que representa algo
más del doble en relación al total y que la aceleración fue especialmente notable
en las edades centrales, en las cuales se supone que las mujeres cambian de estado
civil y tienen su primer hijo (Rechini de Lattes, 1980:13-23, 47 y 101). No obs-
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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tante, al mismo tiempo, la nupcialidad tuvo un pico de aumento a principios de
los años 70, momento para el cual se discute si existió una pauta similar en cuanto
al número de hijos por mujer (Pantelides, 1981). Es decir, estos indicadores demográficos
resultan significativos pero adquirieron toda su magnitud en los años
80, subrayándose el componente cultural de las transformaciones de la década del
sesenta y de los tempranos setenta.
Pero las investigaciones para Argentina sobre las dimensiones culturales también
resaltan el carácter ambiguo y moderado del proceso de cambio. Encuentran
que en esta época comenzó a hablarse más libremente sobre la sexualidad, se
aceptaron las relaciones prematrimoniales, produciéndose un debilitamiento de
los prejuicios de la doble moral de género, mediante el rechazo, por ejemplo, de la
asociación entre la decencia y la virginidad femenina. A pesar de ello, los mismos
análisis advierten la timidez de estas transformaciones: los actores contraculturales
fueron débiles, no se desafió la condición maternal de las mujeres, las expresiones
de permisividad sexual fueron limitadas y no existió fuerte protagonismo de
los movimientos feministas o de las minorías sexuales (Feijoó y Nari, 1996:7-27;
Plotkin, 2003:150-161; Cosse, 2006: 131-153; Barrancos, 2007:209-264).
Estas conclusiones muestran que la comprensión de las continuidades y rupturas
a escala de los valores, actitudes y convenciones en los años 60 constituye
un desafío complejo. Las páginas siguientes tienen por objeto explorar ciertos
presupuestos interpretativos que colaboren a sortear las dificultades que presenta
el estudio de estos fenómenos y lograr entender, no sólo la envergadura de los
cambios, sino los significados que tuvieron para los hombres y las mujeres que los
vivieron y protagonizaron. En otras palabras, no se busca a continuación discutir
el carácter moderado de las transformaciones de los años 60 y de los tempranos 70
en la Argentina sino pensar marcos de análisis para su comprensión.
3. La escala de la comparación
Las conclusiones sobre la moderación del proceso argentino se realizan basándose
en una comparación, implícita o explícita, con los estándares de la revolución
sexual en otras latitudes, que conduce a una evaluación del proceso argentino
según su mayor cercanía o lejanía respecto a dichos parámetros. Estas interpretaciones,
al convertir los procesos de los países desarrollados en el estándar de medición
de los cambios, impiden comprender la magnitud de las transformaciones
en los escenarios locales, dado que las realidades de cada una de estas regiones en
la fase previa al cambio tenían considerables distancias.
Esta constatación exige, entonces, un enfoque que ilumine cuánto se modificó el
statu quo en el escenario local, mostrando las continuidades y rupturas respecto a
ese momento inicial y, considerando las variaciones del fenómeno según género,
generaciones y pertenencia cultural, entre otros. Es decir, sólo el conocimiento
pormenorizado de las pautas y conductas vigentes en los años 50 permite comprender
el grado en el que fueron erosionadas y el significado de las transformaciones
en las décadas siguientes.
Por un lado, este enfoque, casi de sentido común, trasciende la mera reconstruc-

ción de antecedentes, exigiendo contar con una descripción del modelo instituido,
vigente en la etapa previa a los años 60, con una densidad de análisis semejante
a la manejada para la fase de cambio. Tal necesidad no sólo se debe a la escasez
de las investigaciones, lo cual efectivamente impide la elaboración de un cuadro
completo de los años 50, sino también a la importancia de contar con un ancla
segura de apoyo para la comparación. Un ejemplo ayudará a precisar la perspectiva
propuesta. Las mujeres argentinas de principios de los años 60 no tenían posiciones
demasiado atrevidas en relación a la revolución sexual. Ellas eran más
tolerantes con la infidelidad del varón que con la de su mismo sexo, respetaban el
matrimonio, rechazaban el aborto y pasaban por alto su insatisfacción sexual. Sin
embargo, los resultados también evidenciaban que estaban a favor de la limitación
de la natalidad y de la educación sexual, y que, entre las casadas, se apoyaba la iniciación
sexual antes del matrimonio (Feijoó y Nari, 1996:16-17). La comparación
de estos resultados con ciertas situaciones de esa misma época en Estados Unidos,
por ejemplo, en las cuales puede encontrarse que las jóvenes universitarias neoyorquinas
quemaban sus corpiños o que la educación sexual estaba incorporándose
en el currículo de las escuelas, conduce a resaltar la timidez y escasa relevancia de
las expresiones locales. Sin embargo, las opiniones de las encuestadas adquieren
otra dimensión, al contrastarlas con las sostenidas a principios de los años 50 en
Argentina, cuando no sólo las relaciones sexuales prematrimoniales eran penadas
sino también lo eran las chicas que coqueteaban en forma abierta con los muchachos,
estigmatizadas como “muchachas fáciles” y cuando se les contestaba a los
niños que los bebés venían en cigüeña de París y no existía currículo de educación
sexual en las escuelas (Cosse, 2008:244). Esta perspectiva hace pensar que los
cambios en los años 60 y 70 modificaron presupuestos centrales de la moral sexual
imperante una década atrás. De tal forma, colocar el proceso de cambio en relación
con la situación previa a su inicio, modifica la interpretación de los mismos.
Por otro lado, el conocimiento de la fase previa al cambio ofrece una vía diferente
de usar las comparaciones entre la Argentina y los países europeos y Estados
Unidos ya que permite desplazarlas hacia las distancias en el orden familiar y
moral cuestionado en cada una de estas latitudes. Esto resulta visible, por ejemplo,
al considerar las diferencias en los estándares sexuales vigentes hacia 1950 en
Argentina y Estados Unidos. Según la bibliografía norteamericana ya en los años
20, en el marco de las secuelas de la experiencia de la primera guerra mundial,
más la importancia de la experiencia de los high school (muchos de los cuales
eran mixtos y a los que asistían en 1930 el 60% de los jóvenes en edad de hacerlo),
habían surgido dos nuevos patrones de trato entre varones y mujeres: el dating y
el petting (Fass, 1977:119-135). El dating, sistema de citas, desplazó el encuentro
en las casas y anuló el control parental, disoció la salida del compromiso afectivo
con vistas al casamiento y creó nuevas formas para la exploración de la compatibilidad
y el conocimiento de otro género. El petting, es decir, los juegos sexuales
en los que se evitaba consumar el acto sexual completo, significó un nuevo patrón
sexual caracterizado por una mayor tolerancia, el reconocimiento de la sexualidad
femenina y la aceptación de la experimentación sexual. Por último, se afianzó la
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
13

permisividad de la sexualidad premarital con compromiso afectivo, cambiando
el estándar de virginidad al matrimonio por el de virginidad al compromiso. Hacia
los años 50 estos patrones tenían plena importancia (Rothman, 1984:289-307;
Bailey, 1989 y Modell, 1983:91-126).
En cambio, en la Argentina, antes de 1950, no parecería haber existido un proceso
semejante. Cierto es que en la entreguerra, el ideal de la domesticidad fue acicateado
por nuevas preocupaciones en una época en la cual la mujer adquirió los
derechos civiles (1926), las imágenes femeninas se contaminaron de una aureola
moderna, se usó una expresión más libre del cuerpo y reglas de sociabilidad más
flexibles y surgió una curiosidad acerca de la sexualidad (Barrancos, 1999:199-
226 y Guy, 1994:175-187), como muestra el éxito editorial del libro El Matrimonio
Perfecto de Van de Velde que agotó más de treinta ediciones entre 1939 y
1950 (Vezzetti, 1996:104-106 y 150-155). Sin embargo, el insinuante componente
disruptivo de estos cambios no alcanzó a la valoración de la virginidad femenina,
no modificó el cortejo ni la importancia atribuida a la contención del deseo sexual
previo al matrimonio. En concreto, en esta margen del Río de la Plata a fines de los
años 40 las citas recién comenzaban a difundirse, el “franeleo” no era una convención
aceptada socialmente y la virginidad femenina era un valor importante dentro
del estándar de la doble moral sexual.
Esta comparación permite subrayar la existencia de puntos de partida diferentes en
Estados Unidos y Argentina. En el Río de la Plata, recién hacia los años 50 comenzaron
a implantarse formas más flexibles de relación entre varones y mujeres y se
aflojaron los controles paternales sobre los encuentros de las parejas. En otras palabras,
el hecho de que a principios de la década de 1950 no existiera en Argentina el
estándar de virginidad al compromiso constituye un aspecto central para comprender
el alcance de las transformaciones de los años 60 y 70. De tal modo, mediante
este enfoque la comparación entre dos realidades históricas contrastantes facilita
la comprensión de las singularidades locales.
En ese sentido, las comparaciones deben prestar atención a las fases, los tiempos
y las especificidades de los procesos en pos de desmontar visiones monolíticas
sobre las dinámicas de cambio a escala y la relación entre los fenómenos en Argentina
y en Estados Unidos, Francia o Inglaterra, referentes principales de estas
evaluaciones. Así, por ejemplo, el tardío desarrollo de los movimientos feministas,
gays y lesbianas ha sido considerado un factor decisivo para remarcar la timidez y
moderación del proceso argentino. Sin embargo, esta interpretación adquiere otro
carácter al recordar que el apogeo del progresismo sexual en Estados Unidos y
Europa se produjo recién hacia finales de la década de 1960 y principios de la de
1970: el movimiento feminista alzó las consignas de despenalización del aborto
en los tardíos 60, la rebelión gay en Nueva York se desató en 1969 y la comunidad
médica dio de baja a la homosexualidad en el listado de enfermedades en 1973
(D´Emilio y Freedman, 1988:319-326 y Gordon, 1990:397-400). Esta fase coincide
en Argentina con la caída del general Juan Carlos Onganía, las primeras acciones
armadas de Montoneros y las estrategias de Lanusse para llamar a elecciones
y el triunfo del peronismo. En este acelerado y conmovido escenario político, se

produjo una creciente visibilidad de los movimientos feministas (Grammáttico,
2005: 19-38 y Vasallo, 2005:45-88; Gil Lozano, 2006:881-902), surgieron organizaciones
gays y existió cierta inflexión en el tratamiento de la homosexualidad de
ciertos medios de comunicación (Rapisardi y Modarelli, 2001:140-173; Sebreli,
1997:273-370; Cosse, 2008:261-266). Es decir, en el contexto del impulso transnacional
de las luchas de las mujeres y los homosexuales en Estados Unidos es
posible detectar una inflexión en el país: notas de prensa menos estigmatizantes de
los homosexuales, la aparición de una organización gay y de varios nucleamientos
feministas.
En conclusión, la envergadura de los cambios sólo puede ser comprendida mediante
el conocimiento de las pautas y los comportamientos vigentes que habrían
sido erosionados en los escenarios locales. La comparación entre la Argentina y
los países concebidos pioneros de la revolución sexual requiere considerar los
distintos puntos de partida para poder sopesar el alcance y el significado de las
transformaciones desde una óptica que contemple las distancias de partida, así
como atender a la existencia de diferentes tiempos y fases en el proceso de cambio.
Por esta razón, el conocimiento pormenorizado de la realidad previa a las transformaciones
constituye el punto de arranque desde el cual puede pensarse cuánto
cambiaron y en qué las conductas y los valores respecto a la moral familiar y sexual
en los años 60 y 70.
4. La moderación: entre la modernización y el conservadurismo
El proceso de cambio en los años 60 fue inicialmente conceptualizado en términos
de una modernización de las costumbres que había despuntado con el derrocamiento
del peronismo y había alcanzado renovado impulso con el frondizismo. Sin embargo,
los primeros avances de investigación rápidamente detectaron que esta perspectiva
debía ser discutida, dada la envergadura de los actores, los emprendimientos y
las concepciones moderadas y conservadoras.
En este marco, la existencia en Argentina de actores que legitimaban el cambio
de actitudes hacia la familia y la sexualidad mediante argumentos moderados
(como el papel maternal de la mujer) son interpretados como una evidencia
del corto alcance de las transformaciones. Esta interpretación suele estar unida
a una visión homogénea de la escala mundial donde predominan la radicalidad
del movimiento feminista, la permisividad del destape sexual, el impacto de los
estilos contraculturales, por nombrar algunos factores (Terán, 1993:156 y King,
1985:108). Sin embargo, una mirada atenta a las complejidades, las variaciones y
las temporalidades del proceso en países como Estados Unidos o Francia muestra
que en los mismos también existieron fenómenos semejantes. Fue el caso, por
ejemplo, de SIECUS, una institución decisiva en la incorporación de nuevos contenidos
en la educación sexual en las escuelas en Estados Unidos, cuyo lema de
moralidad y liberalismo tenía por fin enfrentar la revolución sexual: fomentaba las
relaciones estables entre varones y mujeres pero también afirmaba la importancia
de la realización del deseo personal, del conocimiento de la sexualidad y del rechazo
al autoritarismo (Moran, 2000:156-170). En otras palabras, por sí misma
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
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la existencia de actores con amplia audiencia y con posiciones moderadas desde
las cuales apoyaban el cambio no constituye, necesariamente, un indicador de la
debilidad de las transformaciones.
Incluso se ha considerado que la reacción conservadora fue una característica común
a los procesos de cambio de los años 60, incluyéndose a los países que encabezaron
la revolución sexual. En estos países, esta época abrió enfrentamientos
virulentos en torno a la moral, las costumbres y los valores respecto a los roles de
género, las dinámicas familiares y la sexualidad. En Estados Unidos se produjeron
elementos de extrema reacción, concentrados en fuerzas políticas y grupos religiosos,
que en las etapas últimas provocaron deliberadamente a la violencia (Marwick,
1998:16-25). Así lo muestra la oposición a la enmienda de Igualdad de Derechos de
las organizaciones de mujeres conservadoras cuya movilización tuvo por lema la
defensa del “derecho” de ser ama de casa y mantenida por sus maridos. Estas expresiones
conservadoras adquirieron especial importancia en ciudades alejadas de
los centros cosmopolitas, donde, los activistas contraculturales, contestatarios del
orden familiar y sexual, fueron fuertemente combatidos (Ehrenreich, 1983:150-
152 y Bailey, 2002). En cualquier caso en este esquema la reacción conservadora
es considerada una respuesta al efecto de los actores propulsores de un nuevo
orden familiar y sexual.
Considerando lo anterior, vale preguntarse cuáles fueron las peculiaridades del
proceso argentino en relación al enfrentamiento virulento de los actores a favor
del cambio y la reacción conservadora. Oscar Terán (1993:89-115) explica que
en los años 60, y especialmente con el golpe del general Juan Carlos Onganía, las
fuerzas tradicionalistas, integristas y familiaristas, nutridas de diversas franjas de
la sociedad civil y de la Iglesia católica, cuajaron en un “bloqueo tradicionalista”
que se propuso detener a la subversión que incluía no sólo al avance de la izquierda
y el comunismo sino también los cambios que se producían en las costumbres
y la moral. Recientemente, Valeria Manzano (2005 y 2007) ha subrayado este
enraizamiento de las fuerzas conservadoras (no sólo en el Estado sino también
en la sociedad), sugiriendo que las mismas no constituyeron una reacción ante el
avance de la subversión, sino una dimensión permanente y central del proceso de
cambio que no surgió con el golpe de Estado de Onganía sino que estuvo presente
desde muy temprano. En ese sentido, las campañas moralistas (la primera de las
cuales se remonta a los años 1960 y 1961, durante la presidencia de Arturo Frondizi)
reflejaron el intento de frenar, mediante la acción del Estado, el avance de los
cambios en las costumbres y la moral sexual, como demostraban los allanamientos
a los hoteles alojamientos, las detenciones en los bailes y los vigilantes en las
playas. En otras palabras, la ofensiva de los actores tradicionalistas hace pensar en
las conmociones producidas por los impulsos de cambio y, al mismo tiempo, en la
capacidad de respuesta del espectro conservador. Este fenómeno matrizó el proceso
de cambio con efectos que no siempre, y no sólo, produjeron una limitación
en el proceso de cambio.
De tal modo que, paradójicamente, mientras en Estados Unidos, Francia e Inglaterra
los años 60 se caracterizaron por el levantamiento de la censura y la asunción

de políticas de Estado más permisivas, aún cuando estas tendencias hubieran sido
combatidas por organizaciones y sectores de la opinión pública conservadores, en
la Argentina este período representa el afianzamiento de medidas represivas del
Estado, visibles desde temprano en el campo cultural. Es decir, una característica
central del proceso argentino está dada por el hecho de que los cambios en las
costumbres y la moral de los años 60 se produjeron en un contexto autoritario en
el cual las perspectivas moralistas y tradicionalistas permearon las políticas del
Estado. En la misma dirección, mientras la circulación libre de anticonceptivos
se amplió en países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia ampliaron la circulación
libre de anticonceptivos, una de las consignas centrales del movimiento
feminista, en la Argentina se produjo el proceso inverso: se pasó de la libre circulación
a las medidas restrictivas. En 1974 el tercer gobierno justicialista, en el marco
de un repunte de la preocupación por la denatalidad, se instituyó el control de la
comercialización y venta de anticonceptivos, disponiendo el requerimiento de una
receta médica triplicada y la realización de una campaña de educación sanitaria.
Como plantea Karina Felitti (2005), la exigencia de la receta no se aplicó en forma
sistemática y la campaña educativa no se llevó a cabo, pero la medida sirvió para
cerrar los más de sesenta consultorios de planificación familiar que funcionaban
en hospitales públicos. De tal modo, la medida muestra que, a contrapelo de la
tendencia predominante en otras latitudes, en Argentina las tendencias tradicionalistas
hacían retroceder políticas estatales en plena implementación. De allí que
las expresiones tradicionalistas, acicateadas por la expansión de las voces críticas
y contestatarias, compusieron un contexto particular que dotó de unidad a los actores
innovadores y redimensionó los programas de cambio moderados y otorgó
alcances disruptivos a expresiones que no las hubieran tenido en otro contexto.
Ahora bien, la visión conservadora de un enemigo subversivo que incluía a las
organizaciones de la izquierda revolucionaria y a los actores que promovían un
cambio en la moral familiar y sexual no debe ocultar las tensiones y las discordancias
existentes entre quienes se consideraban la vanguardia política y la vanguardia
contracultural. Al respecto, debe señalarse que la lucha en contra de la doble
moral de género y sexual se engarzó de un modo complejo con los movimientos
de izquierda. Éstos oscilaron entre ofrecer un horizonte de cambio en el cual la
vida privada se inscribía en un movimiento más amplio de carácter político (donde
las relaciones de pareja y la decisión de tener hijos adquirían sentido en el marco
de la lucha revolucionaria) y sostener principios fuertemente moralistas de las
relaciones familiares y la sexualidad que se fundamentaban, paradójicamente, en
la lucha en contra de los valores burgueses, como revelan los código de disciplina
de ciertas organizaciones guerrilleras, en los cuales se penaba la infidelidad de
pareja. De tal modo que, en un clima marcado por la urgencia y la certeza de una
revolución inminente, las reivindicaciones relacionadas con los derechos de las
mujeres, la revolución sexual y las luchas de los homosexuales se incorporaron en
forma tardía y conflictiva, como muestra la formación de la Agrupación Evita en
1973 (Grammáttico, 2005) y la aparición del Frente de Liberación Homosexual en
1971 (Rapisardi y Modarelli, 2001:140-173). Debe advertirse que ello no significa
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
143

afirmar que los cambios en esta dimensión hayan estado ausentes de las dinámicas
y las experiencias concretas de los hombres y mujeres que participaron de los
movimientos de izquierda, como reflejan las investigaciones existentes y estudios
testimoniales (Oberti, 2004:77-84; Ciriza y Rodríguez, 2004:85-92; Diana, 1996;
Ollier, 1998).
A diferencia de la situación en otras latitudes, en Argentina el detenimiento de
la contienda pública contra la moral sexual imperante fue consecuencia del avance
de la polarización y del terrorismo de Estado que se dio en simultáneo con el
momento en el cual los actores progresistas y contraculturales en Estados Unidos y
Europa alcanzaban su máxima radicalidad. En ese sentido, debe considerarse que el
golpe de Estado de 1976 fue el límite a este proceso de cambio y abrió una ruptura
de tal magnitud que tiene una entidad propia (Gilman, 2003:39-44; Filc, 1997;
Jelin, 2005).
En resumen, una de las peculiaridades del proceso de cambio a escala de la moral
familiar y sexual en los años 60 y 70 estuvo dada por el peso de las corrientes tradicionalistas
y moralistas, cuya ofensiva expresa la apertura a los cambios, y por la
inexistencia de una fuerte y temprana articulación entre la revolución política y la
revolución sexual.
Ahora bien, el señalamiento de la importancia de la moderación y el conservadurismo
en el proceso argentino ha conducido a discutir su interpretación en términos
de modernización, en un debate que trasciende a la problemática abordada en esta
investigación. En la actualidad existe consenso en considerar que las respuestas en
clave de modernización suponen una perspectiva simplificada, progresiva y etnocéntrica
del proceso histórico, que no dan cuenta del proceso histórico en América
Latina. El argumento central radica en que el concepto de modernización favoreció
un enfoque teleológico que ocultó la multiplicidad de direcciones del proceso
histórico, el papel de las asincronías y de la diversidad.
Con esta idea, las investigaciones actuales en Argentina han focalizado en las
tensiones entre modernización y tradicionalismo (Feijoó y Nari, 1996; Plotkin,
2003; Barrancos, 2007:209-264), en sintonía con la idea de hibridación propuesta
desde la tradición mexicana, para detectar ambigüedades, dotar de complejidad al
análisis y ofrecer una visión más ajustada del proceso histórico. En tal sentido, los
estudios sobre las ideas y las imágenes asociadas a la mujer y los roles de género
en los años 60 muestran que los cambios estuvieron lejos de poderse considerar
una ruptura clara, observándose más bien una zona confusa e interpenetrada de
perspectivas contradictorias (Canclini, 1989).
La interpretación en clave modernizadora resulta aún más problemática al ser
usada para analizar las transformaciones en la familia, la pareja y la sexualidad en
los años 60 y 70, dado que los propios actores apoyaron la promoción de cambios
en la moral familiar y sexual en la teoría de la modernización, la cual se constituyó
en una especie de sentido común que operó a favor de los cambios.
El acuerdo sobre la inadecuación de la noción de modernización y sobre la importancia
de las tensiones contradictorias a favor y en contra del cambio exige
pensar una estrategia de investigación que permita avanzar en la comprensión del

fenómeno desde otro lugar. En ese sentido, parecería conveniente reconstruir las
tendencias de cambio concretas y ponerlas en relación con el punto de partida inicial
y el contexto en el cual surgieron. De allí que parezca necesario elegir dimensiones
de análisis que permitan dar cuenta de la complejidad del proceso, registrando las
tendencias moderadas y conservadoras pero también los impulsos de cambio a escala
masiva.
Conclusiones
En las páginas anteriores se discutieron dos problemas. En primer término, se
pensaron los efectos de analizar el proceso argentino en términos de una evaluación
del grado de cercanía/lejanía respecto a los países desarrollados. Se argumentó
que estas posturas desconocen los distintos puntos de partida en cada una
de las regiones analizadas, tienen una visión homogénea del proceso de cambio
en los países pioneros de la revolución sexual y suponen que la tensión modernidad
versus tradición no estuvo presente en ellos. En segundo lugar, se analizaron
ciertos rasgos particulares que asumieron las transformaciones en la moral sexual
y familiar en la Argentina de los años 60. En especial, se subrayó el peso de las
corrientes tradicionalistas y moralistas, acicateadas por los impulsos de cambio,
y la inexistencia de una fuerte y temprana articulación entre la revolución política y
la revolución sexual.
En este marco, para avanzar en la comprensión de los cambios en Argentina,
durante los años 60 y los tempranos 70 se propusieron dos estrategias de análisis
tendientes a resaltar las peculiaridades locales. La primera consiste en analizar los
cambios en relación con el momento previo al inicio de los mismos, como forma
de contextualizar el alcance y la significación de los cuestionamientos. La segunda
radica en estudiar las transformaciones a partir de la reconstrucción de patrones
concretos de comportamiento, considerando que éstos facilitan comprender el alcance
y el significado de las mismas.
La pertinencia de estas estrategias asume especial importancia porque contribuyen
a establecer una distancia con los años 60 y, de ese modo, descentrar su
análisis de la importancia que esta época tiene en la actualidad. En ese sentido, es
necesario considerar que las reflexiones sobre el grado de trasgresión o las limitaciones
del “cambio radical” producido en los años 60 constituyen, en cierto modo,
un epifenómeno del carácter presente de la época estudiada. Esta cercanía facilita
que las interpretaciones sobre los cambios estén impregnadas de una crítica a los
protagonistas –es decir, a generaciones aún prevalecientes en diferentes espacios
sociales, culturales y políticos– en función de un reclamo formulado desde la experiencia
de otras latitudes o desde el punto de llegada contemporáneo.
Por eso, aquí se propone poner en suspenso este tipo de valoraciones para intentar
una comprensión en términos del propio proceso de cambio. Desde este
ángulo, más que reclamar de los años 60 y los tempranos 70 una uniformidad de
la que carecieron, resultaría más útil colocar las ambigüedades en el marco de un
cambio de sensibilidades. La dinámica de este tipo de procesos –de carácter cultural–
supone pensar en transformaciones graduales, contradictorias y con marchas
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
145

y contramarchas, en las cuales no es posible esperar el surgimiento inmediato de
patrones por completo articulados, en rápido reemplazo del modelo cuestionado.
De allí que resulta útil pensar a los años 60 y 70 como una época bisagra en la
cual el sentido común imperante a mediados de siglo habría sufrido un quiebre
profundo, aunque en ese momento no hubiese sido sustituido por un nuevo sistema
único, definido y hegemónico.
Referencias
* Este artículo resume ciertos desarrollos de Familia, pareja y sexualidad en Buenos Aires (1950–
1975). Patrones, convenciones y modelos en una época de cambio cultural, Tesis de doctorado en
Historia, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, inédito, 2008. Quiero agradecerle a Eduardo
Míguez, director de la tesis, las discusiones sobre los problemas aquí abordados y los comentarios a
versiones previas de este texto; a Lila Caimari, directora del Taller de Tesis y a Elena Urrutia, tutora
en mi estancia de investigación en El Colegio de México. También deseo expresar mi agradecimiento
a esta institución que puso a mi disposición su biblioteca y a todos los investigadores de esa Casa de
Estudios que me ofrecieron su interlocución, así como al gobierno mexicano que me otorgó una beca
para realizar mi investigación.
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Recibido: 07/07/08. Aceptado: 24/10/08
temas y debates 16 / artículos / diciembre 2008
14

conferencias
La universidad frente a los desafíos de la
democracia
Alain Renaut

La universidad frente a los desafíos de la democracia 1
Alain Renaut
Alain Renaut es Doctor en Filosofía, Profesor de Ética
y Filosofía Política (Universidad de Paris – Sorbonne,
Francia), Director de la �aestría en Filosofía Política
y Sociología, Director del Observatorio Europeo de
Políticas Universitarias.
La política universitaria encarna, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, la
mayoría de las interrogaciones a las que se ha enfrentado el Estado moderno cuando,
haciendo del individuo como tal un principio y un valor, tuvo que integrar en
la definición de sus objetivos las exigencias, mayormente formuladas en términos
jurídicos, que estos individuos le reclamaban. En el caso de la institución universitaria,
esta nueva situación suscitó interrogaciones particularmente difíciles,
porque esta institución, procedente del mundo medieval, estaba regida por principios
provenientes de un universo dominado por las ideas de jerarquía y privilegio
más que por los valores individuales de libertad y de igualdad. Dejaré aquí
de lado la consideración del valor de la libertad, sobre el que gira la cuestión de
la autonomía de las universidades y de los universitarios, y limitaré mi intervención
para presentarles algunos elementos de reflexión sobre el segundo debate,
es decir, la consideración del valor de la igualdad de los individuos. Este debate
es muy antiguo. En Francia, nació en gran medida a partir del momento revolucionario,
en los años que siguieron a 1789, a propósito del conflicto entre Condorcet
y Robespièrre. No recordaré cómo, a favor de una interrogación profunda
y apasionada sobre los niveles de educación, se inició un amplio debate sobre la
cuestión de saber si la conquista de nuevas verdades y su difusión a una elite del
espíritu eran tan útiles a la nación para formar sus cuadros, como la implementación
de una enseñanza elemental para un número mayor de personas; y si, para
hacerlo, sería o no necesaria la existencia de una institución como la universidad.
Sabemos que los Jacobinos, después de la eliminación de Condorcet, eligieron
resolver ese problema de manera radical, a través de la total y simple supresión
de las universidades, que sólo volvieron a aparecer, expresamente en Francia, un
siglo más tarde.
Saltando, para simplificar el análisis, por encima de aquel siglo, observaré solamente
que la noción de igualdad que sirvió de referencia en el debate sobre las universidades
en Francia, a partir de su re-creación en 1896 por la Tercera República,
marcó, de hecho, el objeto de dos interpretaciones bien distintas; colocando de esa
manera al Estado democrático, en materia de políticas universitarias, frente a una
nueva interrogación: desde entonces la cuestión se planteó en relación al tipo de
igualdad que las universidades y, más generalmente, el conjunto del sector público
(del que las universidades francesas formaban parte) tenían que favorecer. Clara-
temas y debates 16 / conferencias / diciembre 2008
153

mente, se perfiló allí todo un debate sobre los principios mismos de una política
preocupada por la justicia; en este caso de una clase de política universitaria preocupada
por asegurar a los estudiantes una justa igualdad de posibilidades en el
acceso a los establecimientos de enseñanza superior, en el éxito de sus estudios o
en las perspectivas de una profesionalización conforme a ese éxito.
Ese debate ha desbordado el contexto francés de reflexión sobre los fines del
servicio público universitario. De manera evidente, es en el espacio norteamericano
donde este debate ha tomado la mayor amplitud, al mismo tiempo que, allí,
los procedimientos para procurar la igualdad adoptaron formas en relación a las
cuales la concepción republicana del principio de igualdad, tematizada en Francia
a partir de una reflexión sobre la figura particular del elitismo, debería finalmente
hacer el esfuerzo de plantearse con claridad. Es en el fondo la necesidad de emprender
tal clarificación, necesidad inducida por las exigencias de una sociedad de
individuos, lo que quisiera poner en evidencia en el curso de mi análisis.
Antes de avanzar con algunos elementos de información y de reflexión que van
en la dirección de esta clarificación, quisiera, en un primer momento, proponer
una conceptualización rigurosa de esta figura precisa del elitismo, la del elitismo
republicano, para mostrar qué clase de apuesta se propuso sostener en materia de
política universitaria.
1. La apuesta del elitismo republicano
En lo que concierne a la apuesta del elitismo republicano, sólo recordaré que
consistía en intentar construir, con la universidad, una nueva forma de “institución
aristocrática”. La invención medieval de las universidades había estado animada
en su tiempo por el proyecto de hacer coincidir la producción de saber de alto
nivel con la formación de los mejores estudiantes de ese saber, y esto, en vistas a
reclutar los mejores espíritus llamados a transformarse en los juristas, los médicos,
los clérigos que la sociedad necesitaba. La determinación de esos “mejores”
necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad ha sin duda evolucionado
al compás de los siglos, y hoy sería necesario incluir allí un conjunto más diferenciado
de “cuadros” administrativos, pedagógicos o políticos, al igual que el
marco tecno-científico y económico requerido después de las diferentes revoluciones
industriales: al menos no hay ninguna duda de que, en su concepto mismo,
la universidad incluye así la perspectiva de construir, a través de la formación que
dispensa, lo que es necesario llamar una “aristocracia”. A fin de cuentas, toda una
sensibilidad de revolucionarios franceses (la sensibilidad jacobina) no se había
equivocado, en los años de 1790, al denunciar expresamente la aristocracia de los
sabios, fundada sobre nuevos privilegios, que, según ellos, otorgaba la posesión
del saber: nuevos privilegios que la institución universitaria, tanto si continuaba
funcionando o si se encontraba recreada sobre nuevas formas, no dejaría de hacer
resurgir en una sociedad que había intentado hacer tabla rasa de todos los privilegios
y hacer desaparecer toda forma de aristocracia.
Es precisamente por intentar hacer compatibles, a pesar de todo, la pasión
democrática de la igualdad, o incluso del igualitarismo (en una sociedad que no

econoce más que individuos) y la vocación “aristocrática” de la universidad,
que la doctrina del elitismo republicano ha debido ser elaborada a fines del siglo
XIX.
En efecto, a falta de tal elaboración, las posibilidades de ver reaparecer y desarrollarse
esta institución “aristocrática” en una sociedad y una cultura democráticas,
habrían sido nulas. Esta constatación da por sí misma una idea de las puestas
en juego ligadas a la producción de una noción y de una práctica que son lo
suficientemente coherentes con aquel famoso “elitismo republicano”: a falta de
tal coherencia, insisto , no podría ser desmentido el oscuro pronóstico según el
cual las universidades de las sociedades modernas se encontrarían por definición
condenadas a ser reducidas, al menos en lo que tienen propiamente de universitario,
por la dinámica del individualismo democrático que atraviesa su medio.
Ciertamente que podrían continuar existiendo “universidades”, instituciones que
se remiten en su denominación a la tradición “universitaria”, pero ellas cumplirían
entonces funciones muy diferentes a las de la selección de los “mejores”, es decir
de aquellos que serían llamados a transformarse, en el sentido amplio del término,
en “los prominentes de la ciudad”. De alguna manera, un análisis tan severo como
el de Allan Bloom, que avoca en 1987 la “descomposición de la universidad” bajo
el efecto de lo que designa como “la educación democrática”, no tiene otra raíz
que esta suposición. Cuando Bloom, para entender la lógica de la crisis que, a sus
ojos, aqueja a las universidades, escribe que “en los Estados Unidos, la igualdad
parece acabar en el rechazo y en la incapacidad de pretender una superioridad
cualquiera”, su propósito corresponde solamente a la versión pesimista, o incluso
desesperada, de la constatación de que existe una tensión fuerte entre la vocación
aristocrática de la institución universitaria y la pasión democrática de la igualdad
entre los individuos: por supuesto, nosotros no estamos obligados a compartir ese
pesimismo, pero para seguir siendo optimistas en ese terreno, es, en todo caso,
necesario analizar con precisión los términos de la tensión y reflexionar sobre las
condiciones capaces de permitir su control.
Para observarlo más de cerca, me parece indispensable conservar el espíritu
de la expresión “elitismo republicano”, en la cual los dos términos, aunque antagónicos,
resultan necesarios: un elitismo, esto es una selección de los “mejores”,
pero de carácter republicano (en el sentido de que en una democracia republicana,
cada ciudadano debe tener el derecho de competir en esa selección). En efecto, es
sólo a condición de integrar lo que inducen esas dos exigencias “potencialmente
antagónicas”, que el elitismo social universitario no derivará en una pura y simple
reconducción, o incluso en una pura y simple “reproducción”, del elitismo social:
excepto en la integración de esas dos exigencias, los análisis críticos sobre la universidad
desarrollados por un sociólogo como Pierre Bourdieu, en los años 60
y 80, se volverían en efecto imposibles de remediar, ya que la meritocracia que
constituye el objetivo del elitismo republicano devendría entonces en una pura
y simple selección social. En este caso los “mejores” serían únicamente, en su
inmensa mayoría y algunos casi “milagrosamente”, los “herederos” de aquellos
que, detentando el “capital cultural”, ponían a disposición de sus descendientes la
temas y debates 16 / conferencias / diciembre 2008
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posibilidad de adquirir más eficientemente el saber de alto nivel dispensado por la
universidad: de manera que la aristocracia universitaria coincidiría finalmente con
los poseedores de nuevos privilegios sociales, los que refieren al acceso, desde la
infancia, a una cultura que se constituye de hecho en el prerrequisito –no declarado–
de una trayectoria académica exitosa. Al mismo tiempo, a pesar de su violencia,
la supresión revolucionaria de las universidades, en 1793, habría procedido de
un análisis vuelto básicamente, a posteriori, más exacto de lo que era seguramente
entonces: la historia de las sociedades democráticas hubiera validado en efecto la
apreciación según la cual, en un mundo donde en principio se afirma la igualdad
de derechos de todos los individuos, los privilegios, aunque fueran en apariencia
del saber, reintroducen desigualdades inadmisibles.
Cualquiera sea la parte de verdad de los estudios que han puesto en evidencia
la tendencia del elitismo social a hipotecar los avances del elitismo meritocrático,
tenemos mientras tanto, me parece, buenas razones (para no suscribir al diagnóstico
bloomiano de una “descomposición de la universidad”) para no renunciar al
ideal universitario que yo señalo aquí como aquel de una “aristocracia democrática”
(Ludivine Thiaw-Po-Une) o todavía como aquel de una “aristocracia para todo
el mundo” (Benjamin Barber), expresiones ambas fuertes que muestran lo que
constituye para las universidades un profundo dilema: o bien eliminar el elitismo,
y entonces arriesgarse a perder el ideal de la excelencia, o bien deshacerse del
componente democrático, y entonces reservar la excelencia a una elite social que
se reproduce indefinidamente. Cuesta decir que la apuesta de las universidades,
en nuestras sociedades, es la de conseguir evitar dos orientaciones tan ruinosas la
una como la otra:
- Por un lado, un republicanismo sin elites, que aparece a menudo particularmente
amenazante en Europa, a través del surgimiento contemporáneo de universidades
de masas donde el acceso está ciertamente dispuesto a todo el mundo, pero donde
la apertura a todos tiende a acompañarse de una reducción de los criterios de excelencia
aplicados por las formaciones universitarias. De esto resulta cada vez con
mayor frecuencia, que las universidades abiertas se abren ellas mismas cada vez
menos a una selección de los mejores quienes, designados por los méritos de sus
trayectorias académicas, estarían llamados a constituir una elite en los principales
sectores de actividad.
- Por otro lado y simétricamente, la otra orientación ruinosa correspondería a
aquella de un elitismo sin igualdad democrática de oportunidades, riesgo al cual
se encontrarían a menudo expuestas, si ellas (por ejemplo las universidades norteamericanas)
no inventaban, particularmente a causa de las exigencias de las familias,
las condiciones financieras de acceso a los mejores establecimientos, realizando
una verdadera “inversión”. En ese marco, si contrafuegos no han sido encendidos,
la universidad podrá desempeñar bien, gracias a la asistencia financiera
que las inscripciones procuran a su presupuesto, el programa de construcción de
sectores de excelencia permitiendo sacar una elite de saber. Pero, bajo reserva de
introducir, en el funcionamiento mismo de las universidades, importantes correctivos,
la elite universitaria podrá apenas despegarse de una base que será aquella

de la elite socio-económica.
A partir de este contexto, para intentar escapar a esos dos escollos, debemos
referirnos a un principio como el de la igualdad de oportunidades. Respecto de
este principio, no es inútil recordar el pasaje de John Rawls, que explicita, en
1971, los “principios de justicia” sobre los cuales una sociedad democrática debería
ponerse de acuerdo e insiste sobre la importancia de implementar una “justa
igualdad de oportunidades” en el acceso a los títulos y a las funciones. Esta dimensión,
considerada por Rawls como constitutiva de la justicia, se aplicaba especialmente
al caso del acceso a los estudios universitarios. En efecto, en vistas de las
condiciones de igualdad, en la definición que daba, la equidad debía integrar una
consideración suplementaria según la cual los más desfavorecidos no deberían
verse excluidos de ciertos lugares que, más allá del derecho de estar abiertos a
todos, en realidad no lo estaban. Y esto, no en razón de diferencias existentes en
los talentos de unos y de otros, sino porque la posibilidad de dar pruebas de sus talentos
no se encontraba igualmente dada para algunos, por motivos de orden puramente
materiales. 2 Esta profundización de la igualdad en el sentido de la igualdad
de oportunidades permite en este caso, independientemente de su alcance general,
construir los diversos objetivos que una política universitaria puede darse si ella
desea hacer que el funcionamiento de la institución sea lo más justo posible respecto
de los individuos. En materia de igualdad, al menos, parece que se debe
cumplir con dos tipos de condiciones. A la identificación de estas condiciones
consagraré la segunda parte, más breve, de mi intervención.
2. Las condiciones de la igualdad de oportunidades
El primer tipo de condición a cumplir por las universidades, si esperan realizar
el ideal de una “aristocracia para todo el mundo”, es necesaria, pero no suficiente.
Acabamos de verlo, en la consideración de la equidad. Ella concierne a las
condiciones formales de la apertura de las universidades a todos aquellos que
satisfagan las exigencias requeridas para entrar; en Francia, por ejemplo, quienes
hayan obtenido un diploma como el de bachillerato, o, en los Estados Unidos,
para quienes hayan aprobado los test nacionales de aptitud, en base a los cuales
las universidades proceden al reclutamiento de sus estudiantes. La definición de
ese primer tipo de condición parece evidente, puesto que consideramos que todos
los individuos “nacen y permanecen libres e iguales en derechos” y que el reconocimiento
de esta igualdad en derechos excluye, en méritos y talentos comparables,
toda forma de discriminación en la admisión a los establecimientos universitarios
del mismo modo que, según la fórmula de 1789, a “todas las dignidades, puestos
y empleos públicos”.
Aunque sea sólo necesario y no suficiente, sin embargo, este parámetro de igualdad
debería ser recordado, ya que fue necesario esperar, como sabemos, a 1865
y el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, para que los primeros estudiantes
negros entraran a Harvard o a Yale, y luego a Princeton. No se puede ignorar que,
en los hechos, una discriminación deliberada tuvo lugar, luego de la esclavitud,
durante mucho tiempo y que, hasta finales de los años cuarenta, sólo un número
temas y debates 16 / conferencias / diciembre 2008
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simbólico de estudiantes negros fueron admitidos a frecuentar los grandes establecimientos
universitarios. Esta situación no se modificó antes del movimiento por
los derechos cívicos de comienzos de los años sesenta y la política radical del gobierno
de Kennedy. De hecho, en relación con un pasado todavía reciente, persiste
la evocación de las condiciones formales de igualdad como no-discriminación, la
cual continúa siendo un fundamento indispensable para toda reflexión sobre lo que
debe ser una política universitaria no discriminatoria.
Pero estas condiciones formales no aseguran todavía por sí mismas, insisto,
la igualdad en el acceso al espacio universitario: un acceso libre no equivale a
un acceso igual. El ejemplo americano da testimonio de ese tipo de situaciones
inequitativas, ya que en 1970, un decenio después de la conquista de la igualdad
de derechos civiles, un 21% de negros de 18 a 21 años entraban en un College
contra un 36% de blancos de la misma franja etaria; aún, 7% de negros de 21 a
24 años figuraban entre los estudiantes graduados, contra 15% de blancos. Alain
Touraine, quien elaboró esas cifras desde 1972 en un estudio sobre las universidades
americanas, agregó que en el mismo periodo las mujeres representaban sin
duda el 43% de los nuevos estudiantes, pero que no constituían más que el 13%
de los estudiantes que obtenían un doctorado. Señalo simplemente, respecto de la
situación francesa, que actualmente sólo el 18% de los profesores de la universidad
son mujeres. De modo que es necesario insistir en que la necesaria abolición
de las barreras jurídicas es insuficiente para asegurar una verdadera inscripción en
los principios del elitismo republicano o de la aristocracia democrática. Para que
la aristocracia académica sea una “aristocracia para todo el mundo”, es decir, una
aristocracia democrática, es necesario que las barreras sociales no impidan que
una gran parte de los individuos puedan probar su posibilidad con perspectivas
razonables de éxito.
Claramente, la cuestión consiste en saber qué política universitaria es necesaria
para garantizar a todos los individuos la posibilidad de probar su chance de emprender
un estudio universitario. Desde este punto de vista, uno puede ciertamente
estimar que la cuasi gratuidad de los estudios superiores, en los países europeos
que han hecho esa elección, facilita el pasaje de las condiciones formales a las
condiciones reales de la igualdad. Esta opción “europea” (dejo de lado, por así
decirlo, el caso de las universidades británicas) por los estudios gratuitos, se vincula
con el “principio de gratuidad” de la doctrina francesa del servicio público.
Aunque haya sido considerado en general como un “principio falso”, de estatuto
menos asegurado que el del principio de igualdad; sin embargo, desde hace tiempo,
el principio de gratuidad se ha convertido en una especie de regla no escrita acerca
de la no participación financiera directa o de la cuasi ausencia de participación
financiera directa de los usuarios de servicios públicos como contrapartida de las
prestaciones que reciben. Aunque el debate sobre la espinosa cuestión de derechos
de inscripción está regularmente a punto de abrirse, es de todas maneras dudoso
que se lo pueda desarrollar verdaderamente en el estado actual de los espíritus.
La modicidad de gastos de una matrícula universitaria se inscribe, de hecho, en
todo caso en Francia, en la lógica de la afirmación, continua desde 1896, de que

la universidad es un servicio público, respecto de cuyas prestaciones, de acuerdo
con las conquista de la democracia, los usuarios gozan gratuitamente.
Específicamente en el caso del acceso a la universidad, no se trata, a pesar de
todo, esta es la observación con la que quisiera terminar o casi terminar, más que
de una nueva especie de condición formal. La gratuidad prepara seguramente el
paso hacia las condiciones reales de la igualdad, pero no la realiza enteramente.
Además, el libre acceso, en el sentido, esta vez, del acceso gratuito, no equivale,
en efecto, a un acceso igual, es decir a un acceso que garantice a todos los individuos
la oportunidad de “probar sus posibilidades” en igualdad. Una vez inscripto
en la universidad, todo estudiante, cualquiera sea su mérito y sus esfuerzos
personales, no está verdaderamente en “igualdad” con todos los otros, respecto
de su capacidad de sacar provecho de las prestaciones que se le ofrecen y de ser
parte de la “aristocracia democrática” en curso de formación en su generación.
Son necesarias, como todos nosotros sabemos, importantes mediaciones que conciernen
tanto al manejo de diferentes lenguajes de saber como a los fundamentos
culturales sobre los cuales el saber se construirá. Ahora bien, estas mediaciones
no están igualmente disponibles, a la entrada de las universidades, para todos los
estudiantes, ellas llevan todavía la marca de diferencias sociales.
Para que el objetivo de una “aristocracia democrática” no ceda ante la constitución
de una mera oligarquía, establecida sobre una determinada base social o
sociológica, es necesario dar un paso más adelante en la búsqueda de las condiciones
de realización de un elitismo auténticamente republicano (o de una verdadera
igualación de oportunidades) que incluya a todos los ciudadanos que desean intentar
la carrera hacia la excelencia. Esta búsqueda sobrepasa evidentemente los
límites de esta intervención, pero quisiera simplemente subrayar que, desde ese
punto de vista, Francia aparece particularmente mal parada, de manera paradojal,
si tenemos en cuenta sus proclamaciones de sentirse satisfecha con la búsqueda
de las condiciones de realización de un elitismo verdaderamente republicano. En
pocas palabras, diría simplemente que la enseñanza superior de tipo universitario
no sólo se mantuvo durante mucho tiempo en las condiciones simplemente formales
(las de la apertura) y cuasi-formales (las de la gratuidad) de la igualdad,
sino también que no se interrogó sobre lo que podría introducir una igualdad realmente
“equitativa” de posibilidades. Y es necesario agregar, además, que Francia
ha duplicado las limitaciones de su sistema, en materia de elitismo republicano,
por la puesta en marcha de un dispositivo paralelo, nacido particularmente durante
el siglo donde no existían las universidades: las “grandes escuelas”, que no
fueron fundadas sobre un principio de apertura, sino sobre un fuerte principio de
selección. Dejo de lado esta dimensión del sistema francés, porque es demasiado
específico de Francia para introducirlo en mi argumentación, que quiere concentrarse
en las condiciones generales de realización del programa de una “aristocracia
democrática”. 3
De una manera más general, en efecto, la evaluación de las políticas universitarias,
desde el punto de vista de su capacidad de estar a la altura de la apuesta
democrática de la igualdad, supondría una reflexión profunda sobre el derecho de
temas y debates 16 / conferencias / diciembre 2008
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ser tratado como un igual sobre el que se funda la noción de igualdad de posibilidades:
¿Cómo entenderlo? Se trata en principio, ciertamente, del derecho de cada
uno, de ser tratado con el mismo interés y el mismo respeto que todos los otros.
Como lo ha explicado bien Ronald Dworkin, ese derecho fundamental no debe
ser confundido con el derecho a un tratamiento igual, que significaría el derecho
de recibir todos los mismos recursos, o a ejercer todos las mismas funciones, o
a ocupar todos los mismos puestos. Perspectiva utópica, irrealista, que relevaría
un estricto igualitarismo con el que hoy ya nadie sueña. El derecho a la igualdad
significa entonces más bien el derecho de todos a ser tratados igualitariamente,
por ejemplo, cuando somos candidatos para cumplir una función, para un empleo
o cuando somos candidatos a ingresar en una universidad; aún cuando no seamos
admitidos, nuestro derecho a la igualdad es, por lo menos por una parte respetado,
cuando nuestro expediente ha sido examinado según los mismos procedimientos
que todos los otros, no ha sido cambiado. En pocas palabras, que hayamos tenido
las mismas posibilidades que todos los otros, sin exclusión o discriminación a
priori, por el sexo, el color de nuestra piel, la consonancia de nuestro apellido.
Esta dimensión de la igualdad de oportunidades ¿agota la exigencia, en el caso
de los estudios universitarios? Que no haya discriminación en las inscripciones, es
lo menos que puede esperarse. Pero si el derecho a la igualdad de oportunidades se
limita a esas condiciones formales indispensables, esta concepción de la igualdad
de oportunidades corre el riesgo, en el caso de estudiantes salidos de familias o
barrios desfavorecidos, de traducirse, en la mayoría de los casos, en la posibilidad
de hacer solamente una “prueba de pista” en los estudios elegidos; porque, faltando
un sostén específico para sus necesidades, ¿tendrán, de hecho, alguna posibilidad
de tener éxito? De modo que, entre la igualdad formal de oportunidades (la no
discriminación al ser admitidos por ejemplo), que es una condición necesaria
de la igualdad, y la igualdad de resultados (que es utópica e irrealizable), ¿no
es necesario considerar una forma más compleja de igualdad de oportunidades
que busque que cada uno obtenga (bajo la forma, en el caso de los estudios, de
complementos de formación) la posibilidad de emprender su trayectoria con
posibilidades razonables de éxito? Contar con esas posibilidades razonables de
éxito no es prometer la igualdad de resultados, porque el éxito depende todavía
de los talentos y de los esfuerzos de unos y de otros. Pero no es tampoco quedarse
sólo con una “igualdad de probar la pista”. Entre la igualdad de resultados y la
igualdad-prueba de pista, en vista de disponer, por ejemplo, de los complementos
de formación, hay lugar para una política preferencial o, si me permiten introducir
esta noción, para una forma de “acción positiva” (affirmative action) que no
pasaría a ser nunca, en mi espíritu, el establecimiento de cuotas 4 (sólo lo sería, en
todo caso, en la medida en que esta problemática tiene sentido, no en un país como
el mío, donde las universidades están abiertas y donde la ausencia de selección no
inducen este tipo de interrogación, pues para establecer cuotas es necesario que los
bienes a asignar sean raros, y no es el caso de este tipo de bienes que es el acceso
de los estudios cuando no hay selección para ingresar a las universidades).
Se trataría en efecto, en mi espíritu, de otra forma de acción positiva, que con-

sideraría, en los primeros años de los estudios académicos, dar más en materia de
cultura general, sobre dominios de la lengua nacional o del inglés como lengua
de comunicación internacional, en donde algunos, por razones familiares, sociales
o contingentes (ligados a contingencias de la historia personal), se encuentran
disminuidos. Evidentemente esto no los conducirá necesariamente al éxito en sus
estudios (eso sería reivindicar la absurda igualdad de resultados), pero les dará posibilidades
más equitativas de éxito como las que hubieran conseguido en función
de sus cualidades y de sus esfuerzos, si no se hubieran encontrado en desventaja
desde la línea de partida de su trayecto académico, por eso que podríamos llamar
la lotería familiar, social o histórica.
Correlativamente a estas decisiones organizacionales poco costosas (porque no
exigen la creación de formaciones nuevas, pero sí de diversificar las formaciones
excesivamente homogéneas que no tienen en cuenta la diversificación familiar o
social de los estudiantes) la institución universitaria se aproximaría al objetivo
que debe ser el suyo en una sociedad democrática: crear, en cada generación, una
aristocracia “abierta”, una aristocracia “para todo el mundo”, ya no en el sentido
que cada individuo debería formar parte de los “mejores”, sino en el sentido que
cada uno debería tener la posibilidad equitativa de mostrar si, por sus esfuerzos y
talentos, merece ser parte de ellos.
Referencias
1. Conferencia pronunciada por el Dr. Alain Renaut el día 26 de junio de 2008 en el Honorable Senado
de la Nación, en el marco del Seminario de Investigación “Universidad y Democracia: los desafíos de
una política del conocimiento”, organizado por el Observatorio de Políticas Universitarias y Educación
Superior de la Universidad Nacional de San Martín. Traducción de: Clara Ruvituso. Temas y Debates
agradece la gentileza del Dr. Edgardo Castro, director del Observatorio, al autorizar la inclusión de este
texto en este número de la Revista.
2. La manera en que Rawls plantea el problema de la igualdad toma un curso mucho más pausado en
el capítulo 17 de su Teoría de la justicia, poniendo en cuestión el principio mismo de la meritocracia.
A partir del capítulo 14, Rawls señala, en efecto, que el principio de equidad, de la manera que él lo
entiende, no obra sobre una “sociedad meritocrática”. El autor precisa en el capítulo 17 que si acordamos
que “las desigualdades no merecidas deben ser corregidas” (principio de reparación), se sigue que,
“debido a que las desigualdades de nacimiento y los dones naturales son inmerecidos, es necesario dar
compensaciones”. Contra la idea de meritocracia, Rawls agrega que “para tratar a todas las personas de
manera igual, para ofrecer una verdadera igualdad de oportunidades, la sociedad debe poner más atención
en los más disminuidos en relación a los dones naturales y en los menos favorecidos socialmente
por nacimiento”. De manera que se pueda “corregir la influencia de contingencias en el sentido de la
mayor igualdad”. A fin de realizar ese principio, concluye él, “podríamos consagrar más recursos a la
educación de los menos inteligentes que a la de los más inteligentes, al menos durante un determinado
tiempo, por ejemplo los primeros años de la escuela primaria”. La última precisión, permite dejar de
lado, en nuestra propia reflexión, esa dimensión anti-meritocrática del principio de equidad.
3. Nota del T: Sobre esta temática puede consultarse además, A. Renaut (2008), ¿Qué hacer con las
universidades?, UNSAM Edita, Buenos Aires.
4. Nota del T: Las cuotas constituyen mecanismos de acción afirmativa que reservan un porcentaje de
vacantes para un grupo determinado de la población, en este caso para el ingreso a la universidad.
temas y debates 16 / conferencias / diciembre 2008
161

eseñas
La política después de los partidos de Isidoro
Cheres��y (comp.)
Martín Pedro González
Verdades y saberes sobre el marxismo. Reacciones
de una tradición política ante su “crisis” de Elías
Palti
Juan Bautista Lucca
Los senderos de la nueva izquierda partidaria de
Juan Abal �edina
María Laura Eberhardt
¿Qué hacer con las universidades? de Alain Renaut
Clara Ruvituso
Historia reciente. Perspectivas para un campo en
construcción de �arina Franco y Florencia Levín
Mariángeles Zapata

Libro: La política después de los partidos
Isidoro Cheres��y (comp.)
Prometeo Libros, Buenos Aires, 2006. (440 pp.)
Martín Pedro González
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
martinpgonzalez@hotmail.com
Con una fecha de edición un tanto engañosa –ya que el libro vio la luz de las
estanterías recién a partir de febrero del año pasado–, la presente compilación de
artículos coordinada por Isidoro Cheresky constituye un lúcido análisis de la escena
política nacional, partiendo asimismo de una reflexión teórica sustentada en
la larga experiencia de Cheresky como politólogo, y en el equipo de investigación
que dirige, “Las Nuevas Formas Políticas”, con sede en el Instituto de Investigaciones
Gino Germani. 1
El armazón teórico general del libro –desarrollado en una breve introducción,
“La política después de los partidos”, confeccionada por el mismo compilador,
pero compartido y reflejado en la totalidad de los artículos– se entronca dentro
de los últimos aportes de la teoría política francesa. En este sentido, la base fundamental
la constituye el análisis de Bernard Manin (1993), quien afirmó, hace
ya quince años, que asistimos a un proceso de metamorfosis de la representación
política, fundamentada en el ocaso de la llamada “democracia de partidos” y el
surgimiento de un nuevo modelo, el de la “democracia de audiencia”, signado
por la importancia de los liderazgos mediáticos, el declive de las viejas lealtades
partidarias, la constitución de nuevas identidades en el espacio público y la contingencia
del vínculo de representación.
Tras esta breve introducción, el libro se divide en tres secciones claramente
diferenciadas. La primera versa sobre las características de la escena nacional y su
recomposición tras la crisis de 2001. La segunda parte, la más extensa en cuanto a
cantidad de artículos y páginas, analiza los escenarios políticos locales –generalmente
municipales–, y cómo se posicionan frente al aparato justicialista y la figura
de Néstor Kirchner, mientras que el tercer segmento da cuenta de la normativa y
calidad de los actos electorales a partir de dos estudios de caso. Finalmente, encontramos
una serie de anexos destinados a ilustrar gráficamente los resultados de
las elecciones de diputados y senadores de 2005.
La primera sección del libro consta de dos artículos, “Un signo de interrogación
sobre la evolución del régimen político”, de Isidoro Cheresky, y “La arquitectura
del poder en un gobierno de la opinión pública”, de Hugo Quiroga. El eje
de análisis está centrado en los fundamentos de la legitimidad del gobierno de
Kirchner, haciendo especial hincapié en la construcción de un modelo de salida de
la crisis de 2001 basado en la creación de sus propios recursos de afirmación en
el poder presidencial, sustentando claramente su liderazgo en la opinión pública.
temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
165

La reestructuración de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, su compromiso
con los Derechos Humanos, el enjuiciamiento de los miembros de la “mayoría automática”
de la Corte Suprema, sumados a la reestructuración de la deuda externa
y un exitoso encarrilamiento de la economía, dan cuenta de un accionar de gobierno
identificado –tanto política como económicamente– en la figura del –ahora
ex– presidente Néstor Kirchner.
Ahora bien, el argumento fundamental en este análisis es que dicha popularidad
presidencial no llega a constituirse en una verdadera identidad política, puesto que
su dependencia del estado de opinión no le permite cristalizarse en un comportamiento
electoral predecible y de alcance nacional. Toman pertinencia entonces los
diferentes estudios de caso que componen el segundo apartado de este libro. 2
De la gran cantidad de artículos que se ocupan de los escenarios locales, hay
dos que son especialmente interesantes, debido a que logran ir más allá de una
mera descripción de la escena política, logrando así articularla con una reflexión
teórica. El primero de estos trabajos es el realizado por Rocío Annunziata, “Ni oficialista
ni opositor: más acá de la nacionalización de la campaña. La significación
del caso moronense”, en el cual, a partir de la experiencia de Martín Sabbatella
como intendente del municipio de Morón, la autora da cuenta de cómo la crisis
de representación a nivel nacional impactó en el escenario municipal, y cómo la
ciudadanía, desinteresada por los asuntos públicos, parece mostrarse mucho más
activa a nivel local. El gran logro del nuevo Intendente ha sido el de darle forma
al ser moronense, demostrando así que la crisis de las identidades políticas nacionales
puede tener su contracara en una recomposición de las identificaciones a
nivel local. Dentro de esta misma lógica se inscribe también el artículo de Darío
Rodríguez, “Nacionalización y localización: las elecciones 2005 en La Plata y la
fragmentación del escenario político municipal”, quien da cuenta de las diversas
lógicas –nacionales, provinciales y locales– que entraron en conflicto en las elecciones
de 2005 en La Plata, donde un viejo liderazgo municipal (el de Julio Alak)
se vio problematizado por las nuevas dinámicas nacionales y provinciales.
Hemos elegido estos dos casos ya que, frente a un mismo fenómeno –el de la
crisis de las identidades políticas y la metamorfosis de la representación– han dado
resultados disímiles: por un lado, una territorialización de la ciudadanía en torno a
la figura de un líder, y por el otro, una fragmentación de la escena política municipal
a partir de la problemática coexistencia de lógicas diferenciadas.
El tercer apartado del libro analiza el aspecto normativo-institucional y la calidad
del acto electoral, y se compone a su vez de dos artículos, “Reformas políticas:
internas abiertas obligatorias y unificación electoral en las elecciones de 2005”,
de Virginia Oliveros y Gerardo Scherlis, y “Ritos y rutinas: una aproximación
etnográfica al Acto Electoral de 2005”, de Daniela Slipak.
En resumen, si bien la presente compilación de artículos constituye una sólida
e interesante reflexión sobre el devenir de la política argentina actual, es objetable
que el análisis teórico no presente una gran novedad en relación con los paradigmas
dominantes en la teoría política contemporánea. Asimismo, los análisis de las
coyunturas locales han sido un tanto dispares, teniendo trabajos verdaderamente

excelentes –como los que comentamos anteriormente– con otras producciones
comparativamente más pobres, demasiado centradas en aspectos descriptivos, realizando
escasas reflexiones sobre los mismos.
De todas maneras, La política después de los partidos es un valioso intento de
iluminar los oscuros laberintos de la turbulenta escena política nacional, tan convulsionada
en estos días de conflicto entre el gobierno y el campo, permitiéndonos
así reflexionar sobre la naturaleza del poder político de los Kirchner y cómo han
construido los fundamentos de su legitimidad, marcando así la actualidad de la
presente compilación.
Referencias
1. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Además, muchos de los aportes del
equipo pueden consultarse en la página del Observatorio Político Electoral, http://www.observadorpolitico.com.ar/
2. Debido a la gran cantidad de artículos (son ocho en total), haremos referencia a los más significativos.
De todas maneras, los artículos son: Rodríguez, Darío, “Liderazgos y partidos “partidos”: la
fractura del justicialismo y la reconfiguración del escenario político en la Provincia de Buenos Aires”;
Rocca Rivarola, María, “La Matanza: avatares de la continuidad asegurada. Peronismo, partidos opositores
y organizaciones piqueteras”; Annunziata, Rocío, “Ni oficialista ni opositor: más acá de la nacionalización
de la campaña. La significación del caso moronense”; Rodríguez, Darío, “Nacionalización
y localización: las elecciones 2005 en La Plata y la fragmentación del escenario político municipal”;
Delgado, María Soledad, “Frente a frente. Alianzas electorales, reforma institucional y recomposición
política en Rosario y Santa Fe (2004-2006)”; Mauro, Sebastián y Montero, Federico, “Dilemas de
la recomposición en la escena porteña. El Juicio Político y la articulación de la retórica opositora”;
Silveti, María, “Alianza entre dirigentes y apatía ciudadana en Santiago del Estero”; Slipak, Daniela,
“Entre liderazgos locales y nacionales: popularidad, desagregación partidaria y nuevas alianzas en la
escena política mendocina”.
Bibliografía citada
B. MANIN, B. (1993), “Metamorfosis de la representación”, en M. DO SANTOS (coord.) ¿Qué queda
de la representación política?, Caracas, Nueva Sociedad.
temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
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Libro: Verdades y saberes del marxismo. Reacciones de una tradición
política ante su “crisis”
Elías José Palti
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005. (232 pp.)
Juan Bautista Lucca
Universidad Nacional de Rosario / FLACSO Argentina/ Universidad de Salamanca
La intelectualidad europea de izquierda convive con los enigmas de las innumerables
cesuras impuestas por este interregno post que los emplaza, en un tiempo
extra después del final del tiempo de descuento del match –o de la caída del muro
para hacerlo más explícito– que genera por un lado, la pérdida de uno de los nortes
brujuleares de la tradición marxista y, por el otro, el desvanecer en mil pedazos
de su solidez en el aire que ha generado justamente una pluralidad de entradas y
salidas del –y al– marxismo contemporáneo.
Esta nueva ola de intelectuales busca, por un lado, reponerse a los sinsabores de
la imposibilidad de remontar la evidencia del esparcimiento de los escombros que
amuraban e imantaban la “tradición” marxista y, por el otro, recuperar con nuevas
claves y perspectivas post (modernas, estructuralistas o marxistas), al marxismo
mismo. Allí encontramos por ejemplo las perspectivas de Perry Anderson, Fredric
Jameson, Alain Badiou, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek y Jacques Derrida, cuyas
formulaciones se encuentran tantas veces tan próximas entre sí, aunque como sucede
con aquellos que comparten la misma polaridad, la repelencia es irremediable
a pesar que la similitud es fácilmente reconocible.
Estos pensadores forman el mosaico de los que, en palabras de E. Palti, se han
repuesto a la crisis del marxismo, a partir de entender de qué se trataba ella y que
en grandes rasgos han recuperado de aquellas ruinas sus “saberes” o sus “verdades”
para lanzarlas a la post-eridad.
El cuerpo de la propuesta de Palti parte de la reflexión sobre la crisis, y las
vicisitudes del marxismo en torno a ella. Tras hacer un racconto etimológico del
vocablo, aborda la particular crisis del marxismo, “…no como otras tantas ya ocurridas,
sino su crisis última y final” (p.16), que está directamente emparentada con
la puesta en tensión del propio concepto de crisis dentro de la tradición marxista,
y cómo un cúmulo de autores han reaccionado teóricamente frente a este nuevo
desafío.
Según el propio Palti, la obra se articula en el tratamiento que Nahuel Moreno
y Alain Badiou (capítulo 2 y 5 respectivamente) realizan sobre la mencionada
crisis del marxismo, recuperando en el primer caso “una visión más trágica del
mundo”, en tanto Badiou –según Blanchot– propondría filosofar las “experiencias
del desastre”.
Según Palti, más allá de las diferencias, “… el presupuesto común a ambos es
que únicamente en la ortodoxia marxista la crisis se volvería una suerte de expe-
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iencia vívida, mientras que en las corrientes revisionistas, por su propia versatilidad
conceptual, tendería a diluirse” (p. 21).
Parte de este corpus revisionista –que se adentra en los intersticios de la crisis
sobrepasándola– lo encontramos en el rodeo que Palti realiza de la obra de F.
Jameson y P. Anderson (capítulo 1). Allí, la particularidad de la propuesta de Palti
reside en leer al primer autor desde el prisma del segundo, con lo cual la mediatización
de su mirada produce en más de una ocasión un desenfoque que acorta la
profundidad de su análisis.
Luego, en el tercer capítulo, Palti recupera la matriz posestructuralista que marcó
la tónica del capítulo sobre Badiou, pero en este caso para contraponerlo y/o
complejizarlo, a partir de sus relecturas sobre la obra de E. Laclau y los puntos de
cesura de éste en relación a Z. Žižek. Como el mismo Palti aduce, es la obra de J.
Derrida la que le permitirá realizar el pendant entre las obras de Badiou-Laclau-
Žižek, ya que le habilita una reentrada en los vestigios de la crisis del marxismo,
para encontrar en este campo derrumbado algún rastro de Ariadna y su hilo que
nos permita encontrarle un sentido al juego, después del fin del juego.
Al decir de Palti –con remembranzas de Derrida– este panorama (y tarea) “…se
vuelve un síntoma e índice de una dislocación objetiva más general, que abraza,
por lo tanto, de conjunto al pensamiento político finisecular” (p. 22).
El colofón de la obra es plantear esta deriva por los enfoques del posestructuralismo/posmarxismo
como un objeto de preocupación analítica sobre el sentido
de la política, una vez que lo sólido del sentido de la política (parece) haberse
desvanecido en el aire.

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Libro: Los senderos de la nueva izquierda partidaria
Juan Abal �edina (compilador)
Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2006. (296 pp.)
María Laura Eberhardt
Becaria Doctoral, Universidad Nacional de Gral. San �artín
Un novedoso marco conceptual para el estudio del origen de los partidos políticos,
el modelo multidimensional, constituye uno de los principales aportes de este
libro, en cuyos diversos capítulos se da prueba contundente de la solidez y consistencia
del mismo, aplicable no sólo (como muy sobradamente se demuestra en
este caso), al estudio del surgimiento de las nuevas agrupaciones partidarias de la
izquierda ascendente en América Latina y el mundo –Frente Grande (Argentina),
Partido de los Democráticos de Izquierda (Italia), Movimiento Quinta República
(Venezuela), Partido Verde (Alemania), Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (El Salvador), Partido de la Revolución Democrática (México), Partido
de los Trabajadores (Brasil) y Frente Amplio (Uruguay)–, sino también, por qué
no, a otras tantas y variadas organizaciones de partidos de extracciones ideológicas
y características divergentes.
La riqueza de este modelo consiste en su capacidad de fusionar los distintos enfoques
teóricos preexistentes sobre el tema a partir de seis dimensiones específicas:
las variables institucionales, los conflictos sociales, los procesos de modernización
social, los incentivos de los grupos, los incentivos electorales para la constitución
de nuevos partidos, y los cambios importantes en los partidos vigentes. Todas ellas
aparecen agrupadas en dos racimos de variables explicativas básicas, institucional
y societal, que impactan en un tercero más residual: los espacios electorales disponibles
y/o las motivaciones de las elites para ocuparlos. En la articulación de
estas tres dimensiones es donde se hallará el motivo central de la presencia de los
incentivos clave para tales surgimientos.
El segundo gran aporte de esta obra tiene que ver con el análisis comparado del
proceso de institucionalización atravesado por tales partidos, por medio de la aplicación
de un marco interpretativo compuesto por dos dimensiones centrales: el arraigamiento
organizacional y la autonomía del liderazgo, operacionalizadas cada
una de ellas en torno a cuatro indicadores principales: la relación miembros/votos,
la disponibilidad de padronazgo, el tamaño del aparato administrativo partidario,
y la integración ideológica por un lado; y el control en la selección de candidatos
nacionales, el control de los Congresos partidarios, el dominio de los dirigentes
sobre las autoridades partidarias, y la autonomía de los líderes partidarios frente
a los sindicatos, por el otro. Dichos indicadores se resumirán luego en otras cuatro
combinaciones estipuladas, las que permitirán clasificar ciertamente los casos
empíricos bajo examen.
temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
173

Fiel a su propuesta inicial, este libro consigue reducir la deuda pendiente contraída
por una teoría insuficiente respecto de la emergencia e institucionalización
de los partidos en general, así como de estas nuevas organizaciones partidarias
exitosas de izquierda en particular, introduciendo al campo de estudio dos herramientas
heurísticas de gran utilidad y notable relevancia en la cruzada contra ambos
vacíos.
Evitando recaer en meras “narraciones densas” de poco contenido explicativo,
los autores recrean la historia partidaria de las diferentes organizaciones bajo estudio,
identificando sus causas de origen, la forma de su institucionalización, y el
núcleo central de su organización, factores importantes al momento de dar cuenta,
de modo científico, de los múltiples motivos y caracteres de su construcción y
desarrollo.
Finalmente, si bien se anexa en último término un Post Scriptum a fin de actualizar
al lector respecto de la situación coyuntural atravesada por cada uno de los
ocho partidos relevados al momento de cerrar la confección del libro, su alcance
se extiende mucho más allá del solo intento de reseñar el sendero recorrido por
aquellos en sus escenarios respectivos. Por el contrario, pretende, y ciertamente
consigue, brindar una lectura interpretativa de los motivos y condiciones específicas
de su aparición y crecimiento, a modo individual y extensivo primero, pero
comparado e intensivo después, sobre la base de una matriz interrelacionada de
factores explicativos de influencia variada para cada caso, que permite valorar la
multicausalidad implicada en los momentos originario e institucionalizador.
Un novedoso y fructífero marco teórico-conceptual explicativo de análisis, junto
con un amplio y consistente trabajo empírico aplicado sobre la izquierda partidaria
de extracción reciente, constituye la combinación explosiva de esta obra, esfuerzo
a incorporar y también a continuar por todo cientista social comprometido
con este área del conocimiento.

temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
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Libro: ¿Qué hacer con las universidades?
Alain Renaut
UNSA� EDITA, Universidad Nacional de San �artín, Buenos Aires, 2008. (71 pp.).
Clara Ruvituso
Secretaria del Observatorio de Educación Superior de la UNSA�
“La universidad debe readquirir la unidad de espíritu que ha perdido por inadaptación
a la época y al medio; y debe, a su vez, infundir e todos los que la
frecuenten –profesores, alumnos, oyentes– esa cultura general que refluirá toda
sobre la sociedad cuya ideología aspira a representar” 1 (José Ingenieros, 1916).
En cada época, la educación no cesó de requerir una vasta y profunda reflexión
sobre sí misma y la filosofía no ha dejado de sentirse concernida por esta convocatoria.
Con el sugerente título ¿Qué hacer con las universidades?, el filósofo francés
Alain Renaut invita a renovar el espíritu crítico de la filosofía a través del desarrollo
de lo que denomina una “filosofía política aplicada a la universidad”. Esta
perspectiva implica retomar la cuestión central de la crisis de “modernización”
en la que se encuentra inmersa, indicando, a su vez, vías de salidas posibles en
el marco de las actuales sociedades democráticas. A lo largo de los seis capítulos
que componen el libro, la crisis de la universidad francesa es comprendida a la luz
de la importancia de su origen medieval y de sus transformaciones históricas. Su
especificidad muestra para Renaut las consecuencias de una crisis de largo plazo,
cuando la universidad medieval debió enfrentarse a las exigencias de la dinámica
global de la modernidad democrática de finales del siglo XVIII. Mientras en
Francia las universidades eran suprimidas durante más de un siglo dando lugar al
desarrollo de las grandes escuelas profesionales 2 , del otro lado del Rin, el modelo
humboldtiano salvó con extraordinario éxito a la universidad de su desaparición,
recreando las funciones heredadas del mundo medieval a la luz de los imperativos
de la modernidad. Las posteriores reformulaciones del modelo alemán para
superar las exigencias de los nuevos tiempos no ofrecieron soluciones a la crisis;
en este sentido, la miseria presente de la universidad francesa exige formular las
propias respuestas.
En el primer capítulo de la obra, Renaut da cuenta de la perspectiva general de
este análisis, centrada en las dificultades que la universidad francesa encontró,
desde el inicio de la modernidad, en el intento de superar los cuestionamientos
sobre su capacidad de asumir los valores de igualdad y libertad exigidos por la
modernización. Pero antes de presentar en toda su complejidad lo que significó
para Francia el enfrentamiento con la modernidad, Renaut examina, en el capítulo
dos, la situación actual de la crisis universitaria a través de datos institucionales,
demográficos y político-económicos. En este capítulo se recalca la “miseria” en
temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
177

que la universidad se encuentra inmersa, en competencia con las grandes escuelas
que convocan un número mucho menor de estudiantes seleccionados y reciben la
mayoría del presupuesto asumiendo la función, que antes correspondía a la universidad,
de reclutar a la elite. La universidad, por el contrario, está abierta al ingreso
irrestricto de todo bachiller y ha aumentado el número de sus estudiantes sin encontrar
una función que le sea propia. La concentración en el área de humanidades
y la masividad de la convocatoria constituyen, para Renaut, datos centrales para el
análisis, que moldearán, al final de este texto, posibles caminos para su solución.
Antes de pensar los caminos que pudieran conducir a salir de la crisis, el siguiente
capítulo da cuenta del concepto de universidad en el que fundamenta su análisis.
Esta noción se desprende de lo que ha sido el desarrollo de la universidad desde el
siglo XIII en dos momentos claves, el origen medieval y su reformulación sobre
nuevas bases a fines del siglo XVIII a partir del modelo humboldtiano. Lo extraordinario
de la refundación modernizante de la universidad que inició Wilhelm von
Humboldt fue conseguir preservar la esfera del “saber puro” incluyendo, a su vez,
una perspectiva “práctica” en la convicción según la cual el saber constituido de
manera libre y autónoma “forma” lo humano en el hombre. De este modo, Alemania
lograba preservar a la universidad como ámbito de enseñanza, investigación y
reclutamiento de las elites, contra los riesgos de su disolución a favor de las escuelas
superiores especializadas. Este fascinante modelo, que sirvió como base para
la construcción de universidades en todo el mundo, es retomado por Renaut con el
fin de reflexionar sobre su capacidad de enfrentar la actual realidad universitaria.
En el capítulo cuatro, “Olvidar Berlín”, nuestro autor comprende esta cuestión a
través de un análisis crítico de dos reformulaciones que la filosofía alemana ensayó
como soluciones de la crisis del idealismo, la de Jürgen Habermas y Jürgen
Mittelstrass. La solución planteada por Habermas a la crisis del modelo idealista
se basó en el reemplazo del árbitro del “conflicto de las facultades”, planteado por
Kant en 1798 como función de la filosofía. Para el Habermas de los años sesenta,
esta función debía pasar a las ciencias humanas, garantes de una nueva reflexibilidad
y constitutivas de una nueva instancia formadora.
La concepción habermasiana es rechazada por Renaut. Por un lado, porque la
sustitución de la filosofía por las ciencias humanas no garantiza que puedan volver
a generarse nuevos dogmatismos y, por otro, deja intacto –después del paso
de un siglo y medio de historia– casi la totalidad del edificio humboldtiano-kantiano
para una universidad que ha cambiado tanto en términos de organización
administrativa y demográfica como disciplinar. Luego de esta crítica, Renaut pasa
a analizar el debate alemán contemporáneo retomando las ideas de Mittelstrass.
Para este especialista alemán, la universidad de masas y los actuales imperativos
de profesionalización han desmoronado el mito humboldtiano de unidad de ciencia
e investigación como “formación”. Mittelstrass critica las transformaciones
que profesionalizaron los primeros ciclos universitarios, defendiendo una solución
inversa: la deportación de una serie de carreras profesionales y técnicas fuera de la
universidad hacia las escuelas superiores. Para Mittelstrass, esta solución dejaría
el espacio universitario libre de la demasía de estudiantes para reorganizar sus

tareas específicas: la formación de elites sabias a través de la unión entre enseñanza
e investigación. Renaut critica severamente esta opción, sosteniendo que
esta “cura de adelgazamiento” estaría renunciando a un desarrollo que lleva más
de cuarenta años, el que hizo posible que más estudiantes accedan a la formación
universitaria; al tiempo que una evacuación de tal envergadura no estaría dando
una respuesta satisfactoria a una mayoría de estudiantes que están interesados
en una formación humanística, sin interés prioritario en la profesionalización. La
masividad y la inquietud literaria es una experiencia cultural que para Renaut no
debería ser descuidada.
Descartadas las alternativas alemanas, Renaut vuelve a la especificidad francesa
en el capítulo cinco. La crisis del sistema francés tiene su origen en el prolongado
vacío que generó la supresión de la universidad por parte de la Convención en
1793, medida sostenida por los diferentes gobiernos durante más de un siglo hasta
la ley del 10 julio de 1896 durante la Tercera República. Esta supresión motivó
el desarrollo de las grandes escuelas con un vigor sin equivalente en el mundo,
en ellas se concentró desde entonces la vida cultural y científica de la nación,
así como el reclutamiento de las elites. La universidad francesa convive desde
su reapertura con el dispositivo de las grandes escuelas, este sistema dual genera
competencias desiguales y un desfasaje creciente en la búsqueda de funciones propias
para la universidad. A través de este esquema Renaut llega a una conclusión
que puede sorprendernos por la gravedad del diagnóstico. Si la crisis del 68 fue
fuerte en el imperativo de democratización interna y apertura, no ponía en duda
que la universidad cumplía con cierto número de funciones sociales; en cambio, la
universidad actual, sin funciones propias, con bajo presupuesto y una marea de estudiantes
concentrados en todos sus ciclos, enfrenta una crisis que, “sin estruendo
ni explosión”, pone en cuestión su propia existencia.
Lejos de quedar paralizado ante semejante cuadro, Renaut culmina este texto
con una propuesta que invita a refundar las funciones universitarias a partir de
una opción que realza los rasgos positivos que tanto la masividad como la demanda
por las humanidades constituyen para la modernización de la universidad,
marcando un fuerte rechazo a las propuestas que intentaron saldar la crisis con el
vaciamiento de la universidad o la profesionalización de los estudios. Nuestro autor
propone entonces una serie de transformaciones: contra la profesionalización
de los primeros ciclos, los tres primeros años deberían dispensar una “formación
general” considerada indispensable para el dominio de una disciplina. A este primer
ciclo le seguirían dos años consagrados a la adquisición de los fundamentos
disciplinares, para culminar con una profesionalización fuerte en el tercer ciclo
que trataría de hacer que las ofertas de formación se encuentren suficientemente
diversificadas. La libertad de acceso al complemento de cultura general que significaría
este primer ciclo, ofrece las mejores oportunidades para seguir el camino
de la especialización en las diferentes disciplinas con una base sólida y plural.
Además de preámbulo para la especialización, la formación general dispensada
por la universidad a una población cada vez más vasta, dotaría a la universidad de
una misión esencial en la vida de la democracia: la reducción de las desigualdades
temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
179

culturales. La universidad así reestructurada, sin atacar a las grandes escuelas ni
exigir inversiones imposibles, lograría ser parte del saber de una época, en un
devenir cultural, plural y abierto, constituyendo el soporte de una sociedad más
democrática e igualitaria.
El libro de Renaut proporciona un punto de vista que, en el medio de fuegos
cruzados entre especialistas y funcionarios, vuelve a retomar el análisis de la universidad
desde la filosofía que, en tanto acompañó las reflexiones fundamentales
sobre sus transformaciones, tiene mucho que decirnos sobre cómo pensar los dilemas
y crisis contemporáneos. No ha de sorprendernos entonces la similitud que
encuentran las propuestas que Renaut planteaba en el año 2002 en Francia, con los
postulados que enfatizaba José Ingenieros para la modernización de la universidad
argentina en 1916. Ambos filósofos, activos en el devenir de la universidad en
épocas y países diferentes, rechazaron su devenir en mera profesionalización y en
la técnica, y postularon que la universidad tiene la misión fundamental de fijar los
principios que permitan organizar la cultura superior al servicio de las sociedades
democráticas contemporáneas de sus respectivos tiempos.
¿Qué hacer con las universidades? es, pues, un aporte fundamental al debate
universitario abierto en la cultura occidental hace más de dos siglos con el cual
estamos destinados, por su profundidad y cercanía, a dialogar.
Referencias
1. En J. INGENIEROS, La universidad del porvenir y otros escritos, Buenos Aires, Ediciones
Meridión, 1957.
2. El sistema de educación superior francés está constituido por ochenta y siete establecimientos
estrictamente catalogados como “universidades” y noventa y dos Institutos Universitarios de
Tecnología (IUT) que corresponden a la parte que no incluye ni a las grandes escuelas (grandes écoles)
ni a las denominadas secciones de técnico superior (STS). Las universidades francesas se caracterizan
por ser abiertas y gratuitas, de modo que todo poseedor de bachillerato puede acceder a los estudios
universitarios. Las grandes escuelas, creadas a finales del siglo XVIII paralelamente al sistema
universitario, ofrecen una enseñanza profesionalizada de muy alto nivel con una rigurosa selección
para el ingreso que incluye la aprobación de clases preparatorias de dos o tres años de duración.

temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
181

Libro: Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en
construcción
�arina Franco – Florencia Levín (comps.)
Editorial Paidós, Buenos Aires, 2007. (352 pp.)
Mariángeles Zapata
UNNOBA
mariangeleszp_84@yahoo.com.ar
En nuestro país la preocupación académica y la demanda social por abordar e
interpretar el pasado reciente, convirtiéndolo en campo de estudio, se ha acrecentado
en los últimos tiempos. De ello da cuenta el incremento en el número de jornadas,
congresos y publicaciones abocados a esta temática. Sin embargo, debido
a que es un margen muy delgado el que separa a este pretérito del presente en el
que transcurren nuestras vidas, interpretarlo implica problematizarlo, reconocerlo
como un “pasado que no pasa”, un tiempo que apela a la subjetividad de lo vivido,
que por ser tan cercano, genera tanto pasiones como odios o rencores, aunque
también indiferencias.
Partiendo de estas premisas, el trabajo de compilación de las historiadoras Marina
Franco y Florencia Levín, se propone generar un espacio de debate y reflexión
sobre este nuevo campo que, denominado de diferentes maneras –historia del presente,
historia muy contemporánea, historia de nuestros tiempos, historia reciente,
etc.– ha convertido al pasado cercano en un objeto legítimo de investigación para
ser abordado por los cientistas sociales, y propicio, a su vez, para ser interpelado
a partir de un enfoque interdisciplinario, capaz de enriquecer y complejizar su
comprensión. No obstante esta ventaja, la Historia Reciente –tomando de esas
denominaciones la más usual– por representar un campo historiográfico todavía
en ciernes requiere, para su abordaje, de amplios debates tanto epistemológicos y
metodológicos, como éticos y políticos, capaces de impulsar su eficaz desarrollo.
Con el objetivo de contribuir a este debate, el libro se compone de una serie de trabajos,
que desde diferentes autorías y disciplinas sociales, abordan tanto las cuestiones
metodológicas y conceptuales, como las éticas y políticas que, consideran,
se deben tener en cuenta a la hora de historizar e interpretar el pasado cercano.
Si bien el mismo se halla organizado en tres partes, determinadas cada una de ellas
por una temática matriz: problemáticas conceptuales e historiográficas, en la
primera; acercamientos metodológicos y cuestiones ético-políticas, en la segunda
y, finalmente la relación entre pasado cercano y sociedad actual, en la tercera; hay
cuestiones que son comunes y transversales a todos los artículos que forman parte
de él. De esta manera, conceptos como “memoria”, “trauma”, “verdad” y “justicia”
se presentan como ejes vertebradores de esta obra colectiva.
La primera parte está conformada por cuatro artículos. El primero de ellos, “El
pasado cercano en clave historiográfica”, elaborado por las propias compiladoras,
consiste en una puesta en discusión de la Historia Reciente como disciplina
temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
183

historiográfica, en proceso aún de construcción y consolidación, por lo cual trata
de abordar, desde una perspectiva analítica su posicionamiento e inserción en el
campo académico. Para ello da cuenta, por un lado, de las objeciones y críticas
que desde éste ámbito le han sido formuladas al abordaje del pasado cercano, y
por otro lado, de los fundamentos metodológicos utilizados por los propios cientistas
sociales abocados al estudio de esta disciplina; asimismo la íntima relación
existente entre la historia reciente y el pasado traumático, por un lado, y las demandas
sociales que recaen sobre ella, exigiéndole su aporte en aras de contribuir
a la verdad y la justicia, por el otro, llevan a las autoras a poner en primer plano
la correlación entre este campo con los conceptos de “memoria” y “testimonio”.
Por último, el texto aporta una mirada prospectiva sobre el lugar de la Historia Reciente
en el campo historiográfico, desde sus posibilidades de legitimación como
objeto de estudio específico, hasta lo fructífero de la interdisciplinariedad como
forma de abordaje del mismo.
El segundo artículo “Historia y memoria. Notas sobre un debate” corresponde
a la autoría del historiador italiano Enzo Traverso, quien basando su análisis en
las relaciones entre historia y memoria, coteja los hechos traumáticos del pasado
reciente –desde la Shoá hasta el terrorismo de Estado argentino– y la forma en
que han sido y son resignificados e incorporados a la memoria colectiva en el
presente. Esto lo lleva a plantear el peligro que puede significar –y ha significado
en algunos casos– la reificación de ese pasado por la posibilidad que encierra de
cosificar o convertir a la memoria en un producto de consumo. Por último, su
trabajo pone en evidencia, al igual que el resto de los artículos que forman parte
de esta compilación, los lazos estrechos que unen los conceptos de historia y memoria
con los de “verdad” y “justicia”, lo cual vincula al estudio de este pasado
cercano, por el hecho de haber sido tan traumático, con la noción de deber cívico
y político, haciendo de la construcción de la memoria un mandato ético. Todas
estas consideraciones son atravesadas por una permanente introspección sobre la
incidencia del historiador en este proceso de construcción del saber histórico y de
la memoria colectiva.
El tercero de los artículos, “Historia reciente de los pasados traumáticos. Desde
los fascismos y colaboracionismos europeos a la historia de la última dictadura
argentina”, es obra de otro historiador, Daniel Lvovich, quien se aboca a analizar,
de manera más amplia y exhaustiva los modos de construcción de la memoria
colectiva en los diferentes países que comparten el hecho de haber vivenciado un
pasado traumático.
A partir de una comparación entre los casos de Italia, Francia y Alemania, entre
sí y de un cotejo entre estos tres países en general, con el terrorismo aplicado por la
última dictadura en Argentina, el trabajo busca y logra mostrar las resignificaciones
que cobra el pasado a partir de un presente, que se expresa y legitima a sí mismo
interpelándolo. Teniendo en cuenta que en este proceso de interpelación intervienen
tanto los debates intelectuales como las elaboraciones de las distintas memorias
en pugna sobre ese pasado y la producción historiográfica, Lvovich considera las
formas en que en cada uno de estos países estas diversas instancias se vincularon.

No obstante, su planteo no se agota en los alcances de esta interpelación, sino
que bucea, sobre todo para lo que concierne al caso argentino, en sus limitaciones
y desafíos a futuro, brindando desde la perspectiva historiográfica un conjunto
de claves interpretativas y metodológicas para el abordaje de la historia reciente,
como campo específico de estudio.
Esta primera parte del libro se cierra con el trabajo del historiador Roberto Pittaluga
“Miradas sobre el pasado reciente argentino. Las escrituras entorno a la militancia
setentista”, en el cual el autor hace un recorrido historiográfico por un tema
que durante mucho tiempo permaneció ausente como objeto de estudio de la disciplina
histórica, para luego convertirse en una de las temáticas más recurrentes de la
historia reciente. Así, Pittaluga expone, en clave analítica, los factores que durante
la década que siguió al retorno de la democracia, contribuyeron a invisibilizar o
soslayar, en el campo académico e historiográfico, el pasado inmediato de los años
sesenta y setenta; luego, a la inversa, da cuenta de las posibles causas que llevaron,
desde mediados de los ’90, a abordar la temática de la militancia setentista desde
diferentes perspectivas: historia, literatura, memorias, autobiografías de los propios
militantes, etc. De esta manera, su trabajo permite vislumbrar y comprender
los diferentes modos en que este pasado ha sido resignificado desde el presente, y
las ambigüedades que estas interpelaciones aún conllevan en el tratamiento, sobre
todo, de las figuras de los desaparecidos, cuya categorización binaria antagónica, o
“víctima” o “mártir”, muchas veces ocluye la necesidad de un análisis más crítico
y complejo.
La segunda parte del libro, cuyo eje articulador es el tratamiento e interrelación
entre los aspectos éticos, políticos y metodológicos, que se presentan a los cientistas
sociales al momento de abordar una investigación, consta de cuatro artículos,
provenientes de diferentes disciplinas sociales: historia, antropología, filosofía y
comunicación.
El primero de ellos, “Aportes y problemas de los testimonios en la reconstrucción
del pasado reciente en la Argentina” es el trabajo de la historiadora Vera Carnovale
quien, partiendo de un ejemplo concreto del testimonio de quien fuera un militante
del PRT-ERP, da cuenta de los alcances, limitaciones y cuidados que conlleva el
uso metodológico de la historia oral en el tratamiento del pasado reciente. Este
trabajo muestra que, si bien los testimonios orales se presentan como una fuente
indispensable para el abordaje de la historia reciente, contraponer a estas memorias
un análisis crítico es una tarea ineludible por parte del investigador. Asimismo,
dado que todas estas consideraciones metodológicas se encuentran atravesadas
por otras de orden ético y político, la autora advierte acerca de la empatía que
puede significar estar frente al testimonio que delata un pasado traumático vivido
en primera persona, así como de la necesidad de un abordaje más sistemático del
pasado cercano con el fin de “interpelar a la sociedad en su conjunto para poder
dar cuenta de las responsabilidades colectivas en la instalación y funcionamiento
del aparato terrorista” (p.178).
El segundo trabajo “Etnografía de los archivos de la represión en la Argentina”
proviene del campo de la antropología cultural, y en él su autora, Ludmila Catela
temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
185

Da Silva realiza un reconto descriptivo y analítico, a su vez, de la disponibilidad
de fuentes documentales de la represión y de las posibilidades de acceso a ellas,
así como también de los debates metodológicos que entorno a ellas se generan. La
autora analiza por un lado las riquezas y limitaciones de esas fuentes para su tratamiento
metodológico, y por otro, advierte sobre las expectativas sociales que se
desprenden del uso público de estos archivos, ya que se los suele considerar como
depositorios o baluartes de verdad y generadores de justicia per se, sin considerar
que esos documentos fueron construidos por los mismos agentes de la represión,
por lo cual se los deberá cotejar con otros testimonios, para poder, de esta forma
dar cuenta de una manera más crítica y compleja de ese pasado traumático.
Seguidamente, en esta segunda sección del libro se halla el artículo de la historiadora
Hilda Sabato “Saberes y pasiones del historiador. Apuntes en primera
persona”. Este artículo, narrado por la autora en primera persona, da cuenta de los
avatares que conlleva el trabajo del historiador abocado a los estudios de historia
reciente. Analiza cómo su propia subjetividad y anclaje ideológico se entrecruzan
con las relaciones propias entre historia y memoria en el proceso de construcción
de una conciencia histórica y de una memoria colectiva, y cómo en este entrecruzamiento
interviene también el factor ético y político. Todas estas consideraciones
llevan a la autora a preguntarse cómo y hasta qué punto el historiador puede controlar
“sus pasiones presentes (políticas, ideológicas, culturales) que orientan sus
preguntas a la hora de generar las respuestas, de producir resultados” (p.231).
Esta segunda parte del libro culmina con el artículo de Alejandro Kaufman “Los
desaparecidos, lo indecidible y la crisis. Memoria y ethos en la Argentina del presente”.
Kaufman analiza la desaparición como un concepto y condición que al
estar cargado de indeterminación, por estar fuera de las condiciones binarias esenciales
del ser humano –la vida y la muerte– se traduce en algo completamente
indecidible. El eje que recorre este trabajo consiste en la postulación de la imposibilidad
de generar una memoria histórica y epistémica de la inconmensurabilidad
y singularidad que representaron la Shoá y el terrorismo de Estado en Argentina,
soslayando el valor de los testimonios morales y anamnéticos de las figuras de los
sobrevivientes de ambos pasados traumáticos. De esta manera, estos testimonios,
al estar atravesados por un ethos tan fuerte, se convierten en piezas únicas, singulares
e incomparables por sí mismas, capaces de volver falaz cualquier atisbo de
discordia entre historia y memoria.
La tercera y última parte de esta compilación está compuesta por tres trabajos,
que provenientes de tres disciplinas diferentes (ciencias de la educación, sociología
y antropología cultural), comparten en común la temática de indagar en
la relación entre la historia reciente y la sociedad civil posdictatorial, postulando
a través de un exhaustivo análisis las resignificaciones, discursos y miradas que
conviven e interactúan en la interpelación de ese pasado, en distintas esferas del
campo social.
El primero de ellos, “Entradas educativas en los lugares de la memoria”, que
corresponde a la autoría de Silvia Finocchio, se aboca al análisis de las diferentes
formas en que el pasado traumático de la última dictadura militar ha sido

abordado en el ámbito de la educación formal, específicamente en la enseñanza
escolar de la historia, desde el retorno de la democracia hasta nuestros días. A
partir de un somero pero rico esbozo sobre la conformación y modos de abordaje
de la disciplina histórica en la historia escolar, la autora plantea los avances de los
programas educativos, en la última década, en cuanto han sido capaces de incluir
el tratamiento de la historia reciente, pero advierte acerca de la fragilidad y dificultad
que esta tarea conlleva en el campo de la praxis, a la hora de transmitirlos
a los alumnos. De esta manera, el artículo permite vislumbrar cuáles son los retos
que enfrenta hoy la escuela ante la enseñanza de la historia en general, y ante los
lugares de memoria, en particular; al mismo tiempo aporta posibles caminos para
repensar las formas de abordaje del pasado reciente en las escuelas, para que en
efecto éstas dejen de ser una “máquina imponente de memoria institucionalizada”
(p.274).
El artículo siguiente, titulado “Historias próximas, historias lejanas. Usos sociales
de las distancias temporales en la organización de las experiencias sobre
el pasado: el caso del servicio de psiquiatría del Lanús” pertenece a Sergio
Visacovsky. A partir de un estudio etnográfico, anclado en el campo de la antropología
cultural, el autor se sumerge en el análisis de un caso ejemplar: las formas
en que los actores sociales de una institución, separados entre sí por condicionantes
generacionales, etarios y por la forma en que conciben su propia historia y la
de la institución a la que pertenecen, el ‘Lanús’, resignifican el pasado cercano
traumático como modo de validar o legitimar sus percepciones del propio presente.
Así, a partir de este trabajo, Visacosvky da cuenta de un hecho, muchas veces
invisibilizado en el campo historiográfico: la coexistencia de una doble perspectiva
o escala de análisis, subyacente en todo abordaje teórico: la del investigador
y la de los propios actores estudiados, quienes a su vez, presentan o crean una
pluralidad de significantes y significados diferentes, más aún cuando se trata del
abordaje de la historia reciente. Esto a su vez da cuenta de que las conceptualizaciones
o usos sociales de las distancias temporales, no son ahistóricas o naturales,
sino que responden a una determinada concepción de la realidad social, y a fines
político-ideológicos concretos. Los debates, posicionamientos y revalidaciones
del pasado, efectuados por integrantes del servicio de psiquiatría del ‘Lanús’, estudiados
por el autor, permiten ejemplificar perfectamente estos procesos.
Finalmente, el último artículo “La conflictiva y nunca acabada mirada sobre
el pasado” de la socióloga Elizabeth Jelin, bucea en forma comparativa, a partir
del caso alemán y de los casos del Cono Sur, en los modos en que ha sido construida
la memoria colectiva en países que han atravesado pasados traumáticos, y
las tensiones entre estas memorias y otros sentidos del pasado, construidos por
diferentes actores e instituciones. Dado que el pasado no es algo inmóvil y cerrado
en el tiempo, sino que por el contrario, se halla permanentemente resignificado e
interpelado por el presente, la autora sostiene que los procesos de construcción
de memorias se presentan como eternamente inacabados, sujetos a ser revisados
una y otra vez, desde el presente y los posibles futuros. A su vez, Jelin, sugiere
interesantes herramientas conceptuales y sendos interrogantes para acceder a la
temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
187

comprensión del modo en que las memorias de este pasado cercano han sido
elaboradas a lo largo del tiempo.
Como corolario, se puede sostener que si bien al pasado reciente –como a cualquier
otro pasado– sólo se puede acceder asintóticamente, a partir del cotejo de
diferentes fuentes, como ha sido planteado por todos los autores que conforman
este libro, su abordaje es indispensable para toda sociedad, especialmente para
aquellas que han vivenciado procesos traumáticos, como es el caso de nuestro
país. En este sentido, y como quedó plasmado en todos los artículos, el abordaje
de la historia reciente no se puede deslindar de una cuestión ética y moral. De
aquí también emana la importancia de la consolidación de la Historia Reciente
como campo de estudio específico. Por todo ello, este libro representa un aporte
insoslayable para quien desee indagar en este período de la historia.

temas y debates 16 / reseñas / diciembre 2008
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Convocatoria
Temas y Debates es una publicación académica, editada por la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que recoge
colaboraciones de las diversas disciplinas de las ciencias sociales, es editada de manera
semestral y recibe los siguientes tipos de trabajos:
- Artículos de investigación: deberán ser textos originales.
- Comunicaciones y estados del arte.
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Los trabajos con pedido de publicación deben ser inéditos en español y observar las
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grado académico alcanzado), la pertenencia institucional, la dirección postal, el número de
teléfono y el correo electrónico.
2. Deben presentarse dos (2) copias impresas, que no contengan los datos del autor para
garantizar el anonimato de la evaluación. Asimismo, debe presentarse en CD o vía correo
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enviadas a la dirección que se indica al final.
3. Extensión de los trabajos: máximo 65.000 caracteres para artículos, 25.000 caracteres
para notas y comunicaciones y 10.000 caracteres para reseñas bibliográficas. Los trabajos
deben presentarse en hoja A4 (297 x 210 mmm), a espacio y medio, con márgenes de 3 cm.
Deben ser digitados en fuente Times New Roman tamaño 12.
4. Los cuadros y gráficos se incluirán en hojas separadas del texto, numerados y titulados,
haciendo referencia a su ubicación en el texto.
5. Citas y Referencias: Para las citas se utilizará el sistema Harvard (Apellido del autor, año
de edición: número de página si correspondiere) en el cuerpo del texto. Ejemplo: (Bourdieu,
2000:23). Las notas ampliatorias o aclaratorias deberán enumerarse correlativamente a pie
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6. La Bibliografía deberá ser ordenada alfabéticamente por autor, al final del artículo, y
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bastardilla); d) lugar de edición; e) casa editorial; f) volumen, tomo; g) en el caso de artículos
de revistas, el título de estas últimas se incluirá en bastardilla y el título del artículo en letra
normal, entre comillas separados entre comas.

Ejemplos:
- Para libros:
P. BOURDIEU (2000), Las estructuras sociales de la economía, Buenos Aires, �anantial.
- Para capítulos de libro:
�. DIA�OND (1996), “El Federalista” en L. STRAUSS y J. CROPSEY (comp.) Historia de la
Filosofía Política, �éxico, Fondo de Cultura Económica.
- Para artículos de revistas:
J. �. GÓ�EZ (1997), “Globalização da política. �itos, realidades e dilemas”, en Praia Bermelha,
Río de Janeiro, Vol. I, Nº 1.
- Para la Web:
Citar los datos según se trate de un libro, artículo de libro, revista o artículo de diario o
periódico. Incluir la fecha de publicación electrónica, la fecha de la última actualización
disponible, y la fecha en que se accedió al sitio Web y se tomó la cita, así como la dirección
electrónica o URL entre < >.
7. Resumen: El/los autores deberán enviar un resumen de una extensión máxima de 200
palabras (o 1000 caracteres) y las palabras claves, ambos en español e inglés.
Para la aprobación de su publicación los trabajos serán sometidos a la consideración del
Comité de Redacción y de evaluadores externos.
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Revista Temas y Debates
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de la Universidad Nacional de Rosario
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Correo electrónico: temasydebates@fcpolit.unr.edu.ar
temas y debates 16 / diciembre 2008
191

fundamentos en humanidades
año VIII - número II (16) 2007
san luis - argentina
fundamentos en humanidades
sumario / table of contents
artículos / papers
Educación
Paulina Perla Aronson (Instituto de Investigaciones Gino
Germani - UBA - Argentina) • 9
El retorno de la teoría del capital humano
The return of human capital theory
Judith Naidorf (UBA - CONICET - Argentina) - Raúl Omar
Ferrero (UTN - Argentina) • 27
La militancia con compromiso. La universidad nacional entre
1966 y 1976
A committed political affiliation at national universities between
1966 and 1976
Adriana Chiroleu (Universidad Nacional de Rosario - CONICET
- Argentina) • 43
Senderos en la niebla: reflexiones acerca del cambio en la
universidad
Foggy Pathways: reflections on the changes in University
Fernando Pablo Napoli (UTN - Argentina) • 53
Órganos de Gobierno y toma de decisiones para la gestión
académica de la Educación de Posgrado en la Facultad Regional
Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Nacional
Institutional administration and decision-making process in the
academic area of Postgraduate Education in the Buenos Aires
Regional Faculty of National Technological University
año VIII - número II (16) / 2007
5

fundamentos en humanidades
Saada Bentolila - Beatriz Pedranzani - Mónica Clavijo (UNSL
- Argentina) • 67
El campo de la formación universitaria: rasgos y contornos de los
cambios del currículum en un contexto de crisis estructural
University education: features of curriculum changes in a context
of structural crisis
Ana I. Medina (UNSL - Argentina) - Elena C. Mazzola (UARG
- Argentina) • 97
Comités de ética - bioética en la institución universitaria: análisis
del caso en la Universidad Nacional de San Luis
University ethics/bioethics committees: a case study at San Luis
National University
Carlos Francisco Mazzola (UNSL - Argentina) • 113
La elección directa en la UBA. ¿Puede aportar alguna solución a
la crisis de gobierno?
Direct Election at National University of Buenos Aires (UBA). May
it provide any solution to the university administration crisis?
Psicología
Susana Quiroga - Glenda Cryan (UBA - Argentina) • 127
Resultados del Inventario EDI-II en Adolescentes Tardías
Femeninas con Trastornos de la Alimentación. Comparación de
Tratamientos
Outcomes of the eating disorder inventory EDI-II in late female
adolescents with eating disorders. A comparative therapeutic study
María Paula Perarnau - Sara Verónica Fasulo - Adriana
Alejandra García - Roberto Daniel Doña (UNSL - Argentina) • 153
Síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual en
estudiantes universitarias adolescentes
Premenstrual Syndrome (PMS) and Premenstrual Dysphoric
Disorder (PMDD) in University Students
6
año VIII - número II (16) / 2007
temas y debates 16 / diciembre 2008
193

fundamentos en humanidades
Maria Fernanda Galarsi - Cristina Marrau (UNSL - Argentina) • 165
La influencia del entorno laboral en el personal no docente de la
Universidad Nacional de San Luis
Influence of Work Environment on Administrative Staff of San
Luis National University
Sergio Mosconi - María Susana Correche - María Fernanda
Rivarola - Fabrizio Penna (UNSL - Argentina) • 183
Aplicación de la técnica de relajación en deportistas para mejorar
su rendimiento
Relaxation technique applied to 16-year-old sportsmen to
improve their performance
Comunicación
José Luis Jofre (UNSL - Argentina) • 199
Teoría de la Discursividad social. La constitución del campo y los
desplazamientos epistemológicos
Theory of social discursivity. The constitution of the field and
epistemological shifts
Adriana del Valle Velez - Jackeline Miazzo (UNSL - Argentina) • 223
La modularidad lingüística en un caso con síndrome de down
Linguistic modularity in a down syndrome case
Libros / Books • 235
año VIII - número II (16) / 2007
7

temas y debates 16 / diciembre 2008
195

estudios sociales
revista universitaria semestral
Consejo Editorial: Darío Macor (Director), Ricardo Falcón, Eduardo Hourcade,
Enrique Mases, Hugo Quiroga, César Tcach, Darío Roldán.
________________________________________________________
Nº 35 segundo semestre 2008
_________________________________________________________
Artículos
JOSÉ CARLOS CHIARAMONTE: Sobre el uso historiográfico del concepto de
Región.
VALENTINA AYROLO: Hombres armados en lucha por poder. Córdoba de la
pos independencia.
NATACHA BACOLLA: Debatiendo sobre lo incierto. La crisis del treinta en la
tinta de sus actores e intérpretes.
CÉSAR TCACH: La Unión Nacional Fascista y La página de Italia.
HÉCTOR GHIRETTI: Invención y destrucción del Fiscal de la patria. El partido
comunista, su reconstrucción ideológica de la figura de Lisandro de la Torre y la
revisión histórica de la Izquierda Nacional.
RICARDO SIDICARO: Las elites políticas peronistas y la democracia
(1946-1955).
RAANAN REIN Y EFRAIM DAVIDI; Deporte, política y exilio: protestas en Israel
durante la Copa Mundial de Fútbol. (Argentina, 1978)
CRISTIAN BUCHRUCKER: La penetración del antisemitismo nazi en la
población del Tercer Reich.
- - - - - - - - - -
Estudios sociAlEs, Universidad Nacional del Litoral; CC 353, Correo Argentino,
(3000) Santa Fe, Argentina; e-mail: suspia@fcjs.unl.edu.ar
comprAs y suscripcionEs: www.unl.edu.ar/editorial

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