Fiscalía 'limpia' a exjefe de EsSalud - Diario16

ESPECIAL JUEVES 9 DE FEBRERO DE 2012 928/11/2011). No obstante, el locuaz dirigenteRuiz, esta vez y hasta ahora,calló en siete idiomas.Entre junio y setiembre del 2009,cuando la SMV ya investigaba aDucktown y Zabuck, el Grupo Bustamanterealizó compras a través deBeckol Investment Corp, una compañíaconstituida en Panamá, cuyo representantees Sergio Castilla Yáñez(también representante de Zabuck),adquiriendo el 2.61% de accionesde Andahuasi, aunque en las comprashubieron otras irregularidadesdetectadas por la SMV. Roberto deRomaña Letts, sobrino del buen ‘Mañuco’,declaró que él era propietariode la empresa panameña Zabuck,y que no integraba el llamado GrupoBustamante, pero el organismoregulador no le creyó, porque entreotros indicios encontró que su señoramadre, Doña Irene Letts Colmenareses prima hermana de Elsa Letts Romero,esposa de ‘Mañuco’. Además,por si fuera poco, Irene Letts ejercióel gran poder económico que le daser una de las factótum, (situaciónque comparte con su hijo José Luisde Romaña Letts) de la firma off shoreGreenville, holding que controla elpaquete mayoritario de Minera VollyDakar”asite9%07nalá,a-noán,esgs09,m-dedoornelarr elGrupo Bustamante fue de S/. 1.21 enestas operaciones, menor al preciopromedio pagado por el grupo Wong(S/. 1.36). Ese precio, en el grupo Bustamante,solo lo igualó Zabuck enuna compra el 22 de mayo. El menorprecio pagado por acción del GrupoBustamante fue de S/. 0.33 (ResoluciónSMV Nº 318-2010).Una de las anécdotas más comentadasen los predios de la SMVfue la compra masiva del ParqueMandela (22/5/2009). Ducktowny Zabuck compraron el 17.69% deAndahuasi que pertenecían a 600trabajadores de la azucarera quefueron acantonados en este exclusivoparque sanisidrino (En cuyosótano se encuentra la Playa de EstacionamientoLos Portales). Elloshabían sido convencidos por elahora congresista Wilder Ruiz paravender sus acciones a Bustamante.Fueron traídos a Lima, en ómnibusfletados por Andahuasi, para vendersus acciones en las oficinas de InvestaSAB en San Isidro, con la promesade recibir nada menos que S/.2 poracción, pero al final de la jornada, los‘lornearon’ y, solo recibieron S/. 1.20 apesar que la cotización más alta deese día fue de S/. 1.36. (La RepúblicaEl muerto que vendesus accionesUn hecho que merece mayor investigación es losucedido con Carlos Dellepiane, cuñado de AlonsoBustamante Letts, otro de los hijos de ‘Mañuco’, quienrealizó compra de acciones de Andahuasi entre agostodel 2007 y abril del 2009, llegando a poseer el 4.09%de acciones de la azucarera, siendo representado porel propio Manuel Bustamante Olivares en la juntade accionistas de Andahuasi del 2009.Carlos Dellepiane, lamentablemente fallecióen México en la mañana del 22 de junio del 2009,cuando perdió el control del vehículo que conducía,un Grand Marquis (Mercury), color dorado, propiedadde su futuro suegro, el exalcalde de GutiérrezZamora, Luis Collado Cantú, cuando chocó contrauna camioneta a la altura del kilómetro 40 de lacarretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, enel estado de Veracruz. Dellepiane viajaba a la ciudadGutiérrez Zamora para realizar algunos trámitesrelacionados con su naturalización, ya que estabapróximo a contraer matrimonio con la hija de LuisCollado (Diario de Xalapa 23/06/2009). A la SMV leresulta sumamente sospechoso que el mismo díade su muerte, Dellepiane haya logrado vender susacciones de Andahuasi, a través de Investa SAB, a laoff shore panameña Ducktown, empresa de propiedadde Bustamante, suegro de su hermana Beatrice.¿Por qué la duda? Porque Dellepiani había fallecidosúbitamente en Mexico a las 8.30 a.m. (9.30 am horaperuana) es decir, no tuvo ninguna posibilidad deacercarse a un notario, al consulado, a un teléfono,o a una agencia de bolsa. ¿La SMV continuará estainvestigación?cán (empresa que factura US$700 millones al año). Doña Ireneotorgó garantías, a través de InvestaSAB, para las operaciones enbolsa que realizó Zabuck, Beckol ysu otro hijo, Roberto de Romaña,quienes también eran garantizadospor Ducktown (ResoluciónSMV Nº.185-2009).También en mayo del 2009,su otro hijo de Doña Irene, Robertode Romaña Letts, realizó unaorden-compra de 10 millones deacciones de Andahuasi (4.40% delcapital social) pero Scotia SAB nola concretó porque él no tenía lossuficientes fondos para cubrir laoperación, lo que fue demostradoante la SMV. Scotia SAB alegóque Roberto de Romaña teníaun historial crediticio deficiente,pues mantenía una deuda sin pagarde US$ 52 mil entre octubredel 2008 y abril del 2009 (ResoluciónSMV Nº 016-2011). Todo elesfuerzo de ‘Mañuco’, al final deeste verdadero rally empresarial,no le sirvió de mucho. El GrupoWong a estas alturas ya disponíade 43.84 % mientras que el grupoBustamante solo había alcanzadoun 33.52 % de Andahuasi.2PlazaMandela, enSan Isidro,donde se‘lorneó’ acientos detrabajadoresde Andahuasi.CARTA NOTARIALCarta N° 002-2012 INPE/01SeñorJUAN CARLOS TAFURDirector de diario16Tengo a bien dirigirme a usted, en mi calidad de Presidente del Instituto Nacional Penitenciario,en relación a las notas periodísticas tituladas “INPE beneficia a empresa enirregular proceso” y “Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica se lava las manos” suscritas por elSeñor Diego Hernández y publicadas el día sábado 28 de enero del año 2012 por el periódicoque usted dirige en las páginas 8 y 9 (página central), a fin de expresar nuestra extrañeza yrechazo a cómo se ha enfocado una situación puntual que no tiene visos de irregularidad.En efecto, las referidas notas difunden, con gran despliegue de titulares y fotografías,información ciertamente insuficiente e inexacta en torno al desarrollo y resultado del procesode selección del Concurso Público N° 005-2011-INPE/21 para la “Contratación del Serviciode Alimentación para internos (as) del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba”.Asimismo, a partir de esta información parcial y errada se dejan suspicazmente suelta ainterpretación acciones desarrolladas por la actual gestión del INPE, la misma que se hacomprometido a combatir la corrupción en todos los ámbitos de la función penitenciaria.Por ello, suscribo la presente carta de RECTIFICACIÓN a fin de que sea publicada pordiario16, en el mismo espacio y dimensiones que utilizó la información a rectificarse,sustentando este pedido en razón a los siguientes aspectos a tener en cuenta:1. El Concurso Público N° 005-2011-INPE/21 para la “Contratación de Servicio de Alimentaciónpara los internos (as) del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba” estuvo a cargodel Comité Especial designado por la Oficina Regional Nor Oriente San Martín, el mismo queevaluó las propuestas presentadas y otorgó la Buena Pro al postor ganador. Esto obedeceal hecho que el mencionado penal se encuentra bajo el ámbito de competencia de dichasede regional de acuerdo a lo establecido en el artículo 60° del Reglamento de Organizacióny Funciones del Instituto Nacional Penitenciario aprobado por Decreto Supremo N° 009-2007-JUS. Al respecto, cabe indicar que el INPE cuenta con diez unidades ejecutoras y cadauna de ellas cuenta con Comités Especiales designados para la ejecución de los procesosde contratación respectivos, según lo establece el artículo 27° del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, para conducirlos procesos de selección desde su convocatoria hasta el consentimiento de la Buena Pro.En ese sentido, no es exacto que mediante la Resolución Presidencial N° 004-2012 del 04 deenero último se haya otorgado la Buena Pro al Consorcio Río Amazonas, como se mencionaen la segunda de las notas publicadas (página 9, tercer párrafo) pues esto está2. En relación al recurso de apelación interpuesto, es de destacar que la resolucióncitada dispone tenerlo por no presentado debido a aspectos formales, en estricto cumplimientode lo señalado a través del Oficio N° 5196-2011-SBS de fecha 27.01.2011 y al ComunicadoN° 0011-2011-OSCE/PRE publicado el 19.10-2011, que establecen que en el caso deconsorcios, la carta fianza que respalda la interposición de un recurso de apelación a quese refiere el artículo 112° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobadodel Decreto Supremo N° 184-2008-EF, debe mencionar a todas y cada una de las empresasque lo conforman; aspecto que no se cumplía en el presente caso. Estos argumentosquedan explícitos en la primera página, no publicada, de la mencionada resolución, enlos considerandos respectivos (ver ejemplar debidamente visado y suscrito en http://app2.inpe.gob.pe/resolucion/cache/2012/Resolucion%Presidencial/RP-004-2012-INPE-P.pdf). De esta forma, esta información incompleta evidencia poca diligencia en el acopiode información lo que conlleva a posibles distorsiones en la apreciación de los lectores,generando daño a la imagen del INPE.3. Con relación al señor Carlos Verástegui Pérez, corresponde aclarar que dejó de serDirector de la Oficina de Asesoría Jurídica a partir del 02 de enero de 2012, al habérseledado por concluida su designación mediante Resolución Presidencial N° 927-2011-INPE/Pde fecha 29.12.2011. De esta forma, no visó la Resolución Presidencial N° 004-2012-INPE/P,aseverándose erróneamente en la publicación cuya rectificación se pide que aún es Directorde la Oficina de Asesoría Jurídica.En este contexto, quiero manifestar que la actual gestión del INPE rechaza todamención a irregularidades tendientes a favorecer a determinado postor pues lo que semuestra como tal son invocaciones planteadas por el consorcio perdedor (el mismo queestá relacionado a incumplimientos contractuales en cuanto a la provisión de serviciosen otros establecimientos penitenciarios de la región). Sin embargo, quiero informar queal margen de haber atendido los aspectos formales del recurso de apelación conformea lo que dispone la ley, tratándose de una denuncia sobre presuntos hechos irregularesdurante el proceso de selección, la documentación del caso se encuentra en el Órgano deControl Institucional (OCI), para la correspondiente investigación de acuerdo a sus funcionesdesde el día 05 de enero. Esta es la forma en la que viene actuando la actual gestióncuando se toma conocimiento de presuntos hechos irregulares, como el presente caso.En consecuencia y por los fundamentos expuestos, solicito la rectificación a la publicaciónrealizada por su diario, en mérito al derecho que me asiste como Presidente del ConsejoNacional Penitenciario y al propio INPE, conforme a lo dispuesto por el artículo 2°, inciso 7), infine de la Constitución que señala “[…] Toda persona afectada por afirmaciones inexactas oagraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifiqueen forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”; yconforme a los procedimientos establecidos en la Ley N° 26775, modificada por la Ley N°26847.Asimismo, se exhorta para que en lo sucesivo se observe un desempeño periodísticoprofesional razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos que sonobjeto de información. De este modo, se podrá emitir y recibir las noticias veraces, completasy asequibles, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional ensus sentencias N° 3362-2004-PA (fundamento 4) y N° 2262-2004-HC/TC (fundamento 13).Sin otro particular, quedo de Usted.Atentamente,Dr. José Luis Pérez GuadalupePresidente del Consejo Nacional PenitenciarioRespuesta1. En el caso denunciado, es evidente que la admisión de la propuesta del postor adjudicado,pese a que no cumplía con los requisitos establecidos en las bases, contravienelas normas legales (El Art. 61º del Rgto de la Ley de Contrataciones del Estado estableceque: "Para que una propuesta sea admitida deberá incluir, cumplir y, en su caso, acreditarla documentación de presentación obligatoria que se establezca en las Bases y los requerimientostécnicos mínimos..."), prescinde de las normas esenciales del procedimiento yde la forma prescrita por la normatividad aplicable, lo cual determina que el Titular de laEntidad estaba obligado a declarar, de oficio, la nulidad del proceso.2. El numeral 3 del Artículo 114º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadoseñala lo siguiente: Al ejercer su potestad resolutiva, la Entidad deberá resolver de unade las siguientes formas:3. Cuando, en virtud del recurso interpuesto, se verifique la existencia de actos dictadospor órganos incompetentes, que contravengan normas legales, que contengan un imposiblejurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescritapor la normatividad aplicable, el Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad de losmismos, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotraerá el proceso de selección, encuyo caso podrá declarar que resulta irrelevante pronunciarse sobre el petitorio del recurso."3. El hecho de que el señor Carlos Verástegui Pérez haya sido cesado mediante Resolucióndel 29.DIC.11, con vigencia a partir del 2.ENE.12, no libera de responsabilidad adicho abogado, pues él estuvo a cargo de la tramitación de la apelación, e inclusive citóal impugnante para que haga su informe oral en su oficina, a solas, sin intervención deningún otro funcionario de la Entidad, lo cual de por sí constituye un acto absolutamenteirregular que resta transparencia al proceso.Finalmente, en la carta enviada por el Presidente del INPE no se aclara por qué motivo nocumplió con las normas legales que le obligan a declarar la nulidad de oficio, ni tampoco aclarala razón por la cual la Resolución publicada en el SEACE no lleva su firma ni los respectivosvistos buenos. De acuerdo a la ley de contrataciones, la notificación oficial de las resolucionesse efectúa a través de su publicación en el SEACE, no en la dirección electrónica que indica.Atentamente,Diego Hernández