bosque

La transformación del bosque
Titulación de predios y cambio de uso de suelos en la Amazonía peruana
en la legislación actual (Endo 2010) son aquellas derivadas de la protección ambiental (ANP, Zonas
de Reserva) y forestal (las aplicables a los distintos tipos de bosques). Entonces, es la CTxCUM es
la que determina si se le aplican o no a las tierras agropecuarias las limitaciones de la legislación
forestal (reserva del 30%, ordenamiento del predio, cambio de uso, desbosque, etc.). Sin perjuicio
de ello, es importante destacar que la CTxCUM de una superficie sea para cultivos en limpio,
permanentes y para pastos no significa que necesariamente puede tener un uso agropecuario y
que se puede deforestar, pues eso se determina luego con las autorizaciones de cambio de uso
actual y de desbosque.
Sin embargo, en la práctica las cosas ocurren al revés: primero se realiza el desbosque y el cambio
de uso en el campo, y luego ocurre la formalización del predio, o primero el inversionista privado
identifica un área, planifica y decide la inversión y luego solicita la adjudicación del área. En los
procesos de formalización, dado que primero se realiza la actividad agropecuaria, en función de
los resultados de la CTxCUM podemos tener las siguientes situaciones: (i) que la actividad se haya
realizado en tierra agropecuaria, por lo que no hay problema con tierras forestales y por lo tanto
se procede con la formalización, o (ii) que la actividad se haya realizado en tierras forestales o
de protección, lo que implica una infracción y un delito, por lo que no se puede formalizar el
derecho sino que se debe aplicar sanciones. Esto último no ocurre en la práctica; por lo contrario,
lo que ocurre es que al final nos quedamos con un poseedor que hace un uso ilegal de la tierra
forestal, al cual no se le podrá titular, a pesar de que en la práctica ejerce dominio sobre el predio,
e incluso lo puede transferir onerosamente de manera privada. En caso de existir la intención de
obtener la tenencia de un predio rural individual, esta se materializa en los procedimientos de
adjudicación para el desarrollo de proyectos agropecuarios en terrenos de dominio del Estado.
Estas adjudicaciones solamente podrán ocurrir cuando se trate de tierras con CUM agropecuario,
es decir, para cultivo en limpio, cultivo permanente, o aptas para pastos. Sin embargo, esta
CTxCUM es realizada por los propios interesados, y aunque debe ser aprobada por la DGAAA
en Lima, en conjunto con el proyecto de desarrollo agropecuario y el instrumento de Gestión
Ambiental (DIA o EIA) correspondiente. Es decir, en caso que se deniegue la CTxCUM agropecuaria
a las tierras del proyecto se estaría no solo rechazando la futura inversión sino también perdiendo
lo invertido en el desarrollo del proyecto. En la práctica ello tampoco ocurre, pues ya sea por las
demoras o por los altos montos de inversión involucrados se han dado muchos casos en los que
los inversionistas no esperan contar con la CTxCUM agropecuaria o la aprobación del instrumento
de gestión ambiental e ilegalmente empiezan a desarrollar las actividades de desbosque y cambio
de uso. La escasa y poco efectiva acción de control y fiscalización incentiva más aún el desarrollo
de actividades agropecuarias sin contar con la CTxCUM correspondiente.
Por lo tanto, queda claro que la CTxCUM es necesaria y previa, no solo para los procesos de
formalización o adjudicación, sino también para los procesos de ocupación del territorio. Dado
que no se puede esperar que esta clasificación será realizada de manera espontánea por los
ocupantes formales e informales, puesto que a pesar de ser un requisito no se ha realizado hasta
ahora, es necesario que ella sea asumida por el propio Estado como parte de los mecanismos
de ordenamiento y planificación del uso del territorio, o incluso como una medida preventiva y
previa a estos.
Respecto del costo de esta propuesta, podemos tomar como referencia la información
proporcionada recientemente por DGAAA. Según dicha institución, existen 22 379 134 hectáreas
de estudios de suelos con fines de CTxCUM en lo que respecta al reconocimiento en la región
Selva. Esta superficie representaría el 28,9% de la superficie de la selva, restando unas 55 156 250
hectáreas sin estudios de suelos en lo que respecta al reconocimiento (aproximadamente el 71,1%).
La DGAAA considera que el costo de realizar la CTxCUM en lo que respecta al reconocimiento en
la región selva asciende a un dólar por hectárea, de manera que se necesitarían US$ 55 156 250
para concluir con la CTxCUM en la Amazonía.
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