administrativo

n Transparencia “versus” corrupción
I Xornadas Fundación Olga Gallego 94 n
No toca a este artículo la crítica del procedimiento previsto por la LTAIBG para autorizar
el acceso a la información pública, que tomado al pie de la letra puede entorpecer más
que favorecer el ejercicio de este derecho en muchos casos. 1 Tanto el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública como los portales de transparencia (y otros
canales de información no mencionados en la Ley) dependen del estado de desarrollo del
sistema documental de cada institución, el cual es el reflejo de una buena administración.
Por ejemplo, por más que se quiera, no hay modo de informar sobre los convenios de
colaboración que comprometen a un Ayuntamiento si no existe un registro de convenios
en alguna parte, con identificación de los mismos y descripción de su contenido, con
datos específicos sobre las aportaciones económicas de los firmantes, sobre la vigencia
de los acuerdos, y con enlaces al texto íntegro y auténtico de cada uno de ellos. Lo mismo
cabe decir de los contratos o de las subvenciones y del resto de los objetivos informativos
previstos en la LTAIBG.
Son numerosos los trabajos que vinculan directamente el grado de desarrollo de los servicios
de archivo con el grado de integridad y transparencia de una institución pública (Ruiz Cajigal,
2015), incluso desde antes de que esta materia alcanzara la enorme importancia social
que ahora tiene (Ocaña Lacal, 2002). Este argumento, de difícil refutación, figura tanto en
textos archivísticos como en estudios jurídicos, más recientemente (por ejemplo: Campos
Acuña, 2015, o Villoria Mendieta, 2015).
n Concepto de información pública
El artículo 5.1 de la LTAIBG determina que las entidades públicas deben publicar “de forma
periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.” Este servicio recibe el nombre de publicidad activa. Varios autores han criticado
la falta de precisión de dicho artículo y de otros preceptos de la Ley por la vaguedad de
su formulación, su carácter genérico, abierto e indeterminado, y su falta de concreción,
que en algunos casos, “excede de lo razonable”, a la hora de determinar la periodicidad
de la información y las pautas para perfilar el grado de relevancia de la misma (Brines
Almiñana, 2014, p. 5 y 6).
Es importante entender que la información que es objeto obligatorio de publicidad activa
es solo una parte del conjunto total de la información pública. Según el artículo 13 de la
LTAIBG: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera
que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio
de sus funciones.” Esta definición no incluye, como vemos, ninguna restricción temporal.
Un documento del siglo XIII custodiado por un archivo público también es, según la LTAIBG,
información pública, aunque es poco probable que su publicación pueda considerarse
una medida de transparencia política, dado que no es relevante para controlar la actividad
pública actual.
1. Esperamos que prospere el borrador de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid (2015) que
facilita el acceso directo a la información, sin exigir un procedimiento de autorización administrativa cuando se trata de
información de carácter general que no contiene datos reservados.