Boletín ABRIL IDEHPUCP

A. Antes de que el gestor
de intereses contacte con
el funcionario público
En este punto habrá que preguntarse
si la conducta del gestor podría coincidir
con la figura del intermediario
(autor) de dicho delito. De dicho análisis
se puede apreciar que el gestor
profesional, al recibir una remuneración
por interceder en favor de un
tercero, cumpliría con algunos de
los requisitos. Según Bramont-Arias
ambas figuras coincidirían, al punto
que “(…) el gestor de intereses, que
vendría a ser un traficante de influencias,
puede vender dichas influencias a
cualquier persona por interceder ante
un funcionario que tenga que tomar
una decisión pública” 56 .
«habrá que preguntarse si la conducta del
gestor podría coincidir con la figura del intermediario
(autor) de dicho delito. De dicho análisis
se puede apreciar que el gestor profesional,
al recibir una remuneración por interceder
en favor de un tercero, cumpliría con algunos
de los requisitos». Foto: ©Diario Gestión
No obstante dicha afirmación, nosotros consideramos que sí puede establecerse
una diferencia ya que en el delito de tráfico de influencias el ofrecimiento
de interceder se realiza en base al uso de influencias. Es decir, que
en este caso el traficante ofrece apelar a sus vínculos amicales, familiares o
de cualquier otra índole para influir sobre el funcionario público y así obtener
una decisión favorable. Si bien es cierto que el gestor de intereses busca
influir en una decisión pública (es su labor por definición), se entiende que
dicha actividad debe realizarse a través de la exposición y justificación de
5 Op. Cir. P. 93.
6 Según el mismo Bramont-Arias, “No obstante, si bien esta actuación del gestor de intereses configura
típicamente el delito de tráfico de influencias, dicha conducta estaría justificada por el Ordenamiento
Jurídico a través de la Ley de Gestión de Intereses; más específicamente, estaría subsumida
dentro de la causa de justificación que consiste en actuar en el ejercicio legítimo de un oficio o
cargo. Por lo que dicha conducta no sería objeto de una sanción penal al estar permitida por nuestro
Ordenamiento; es decir, la Ley de Gestión de Intereses viene a legalizar una conducta que antes de su
vigencia en varios casos constituiría el delito de tráfico de influencias”. Op. Cit. P. 93.
COMENTARIO ACADÉMICO 27