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México. Con derecho a
un traductor
Por Rafael Montes
Para defenderse, los indígenas procesados
en el nuevo sistema de justicia podrán
recurrir a sesenta intérpretes y traductores
públicos.
Agustina Girón es una chiapaneca de
treinta y cuatro años que se dedica a bordar
artesanías. Llegó a la ciudad a los quince
años, cuando únicamente hablaba tseltal y
esto le dificultaba comunicarse y conseguir
trabajo. «Muchas veces me discriminaron
y me insultaron, me decían mensa y
pendeja, y yo ni podía defenderme […]. Solo
aprendiendo a escuchar fue que aprendí el
español», recuerda.
Para Agustina, quien solamente estudió
hasta la secundaria en su comunidad,
esa experiencia reafirmó su vocación de
defender a los demás y despertó su anhelo
de cursar la carrera de Derecho.
Además, la motivó a inscribirse en un
diplomado organizado por diversas
instituciones capitalinas, con la finalidad de
capacitar a indígenas que hablen español
para fungir como intérpretes y traductores
en procesos penales.
El curso fue convocado por el Tribunal
Superior de Justicia y el Gobierno capitalino
—a través de la Procuraduría General de
Justicia y de la Secretaría de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades
(Sederec)—, en el contexto de la entrada
en vigor del nuevo sistema de justicia. El
cambio se concretó en junio pasado y con
ello el país pasó de una lógica inquisitoria a
una acusatoria y oral.
En las cárceles capitalinas hay alrededor de
quinientos indígenas. De ellos, el ochenta
por ciento solo habla su lengua originaria. En
tanto, según cifras de la Sederec, se estima
que en toda la urbe hay ciento veintinueve
mil indígenas, de los cuales el trece por
ciento no sabe ni entiende español.
Contar con un intérprete o un traductor
durante cada etapa de un proceso judicial
es un derecho humano contemplado en la
Constitución. Por tanto, es deber del Estado
garantizarlo, pero esto no siempre ocurre
porque, por lo general, los Gobiernos de
América Latina consideran que dotar de
estos servicios a los indígenas procesados
es más una acción asistencialista que una
obligación, advierte Andrés Mahnke, titular
de la Defensoría Penal Pública de Chile.
«[Que alguien no tenga estos medios] es
dejarlo completamente bloqueado, es como
no avisarle, como si no estuviera presente,
porque ni le estoy notificando válidamente,
ni lo estoy imputando válidamente ni tiene la
posibilidad de defenderse. Pero permitimos
que eso pase, porque no lo vemos [este
servicio] como derecho humano», dice.
En la capital, las autoridades han empezado
a capacitar a sesenta alumnos, de los cuales
cincuenta y dos son indígenas y ocho son
funcionarios públicos, explica la titular de la
Sederec, Rosa Isela Rodríguez. «No se puede
hablar de justicia cuando se excluye a los
indígenas», señala la secretaria.
La dependencia a su cargo ya había
realizado acciones en la materia. En 2015,
por ejemplo, dio ciento quince asistencias
de interpretación y traducción, de las cuales
setenta y ocho fueron en el ámbito penal.
En ellas se apoyó a indígenas hablantes
de mixteco y náhuatl —las dos lenguas
más habladas en la ciudad—, así como
de mazateco, otomí, triqui, tseltal, tzotzil
y zapoteco. En lo que va de 2016, se han
brindado dieciocho asistencias de este tipo
a presos indígenas.
Además de las sesenta personas
mencionadas —que por convenio
son capacitadas en la Universidad de
Tepantlato y pueden ser llamadas cuando
sea necesario—, el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (Inali) también imparte
cursos similares. Comenzó en 2008, cuando
se aprobó la reforma de justicia penal, y
desde entonces se ha capacitado a veintiséis
indígenas que hablan náhuatl, mazateco,
otomí, triqui, tseltal y purépecha. Además,
a nivel nacional tiene un catálogo de
seiscientos intérpretes y traductores para
participar en audiencias.
Sin embargo, garantizar los derechos de los
indígenas procesados no solo es un asunto
de cobertura, dice Alejandro Jiménez,
investigador del Instituto Mexicano de
Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Esto se debe a que cada lengua tiene
variantes, y encontrar a la persona con el
conocimiento preciso de una variante puede
tomar mucho tiempo y dificultar el acceso a
la justicia de un procesado.
En cifras
Sesenta intérpretes y traductores están en
el diplomado de las autoridades capitalinas.
Quinientos indígenas se estima que se
encuentran presos en cárceles de la ciudad.
El ochenta por ciento de ellos únicamente
habla su lengua originaria, de acuerdo con
datos oficiales.
Fuente: ©Máspormás
Revista cTPcba | N.° 131 | septiembre-noviembre 2016
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