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El Constitucional avala
las cámaras de vigilancia en los centros de trabajo
para "controlar el cumplimiento del contrato"
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
AVALA QUE LOS EMPRESARIOS
INSTALEN CÁMARAS DE VIGI-
LANCIA EN LOS CENTROS DE
TRABAJO, SIN CONSENTIMIEN-
TO DE LOS EMPLEADOS, "PARA
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO".
La sentencia, subraya que la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD), aunque reconoce
que la imagen es "un dato de carácter personal",
contiene excepciones a esa regla general y, entre
otros casos, "dispensa de la obligación de recabar el
consentimiento del afectado en el ámbito laboral cuando
el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario
para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato
irmado por las partes".
Sin embargo, el fallo reconoce que cuando las
imágenes se utilicen "con inalidad ajena al cumplimiento
del contrato" sí es necesario el consentimiento de los
trabajadores. El Constitucional desestima así el recurso de
amparo presentado por una trabajadora que fue despedida
por el empresario, tras comprobar en las cámaras que
había sustraído dinero de la caja.
La magistrada Roca Trías, ponente de la sentencia,
argumenta que el Estatuto de los Trabajadores atribuye
al empresario la facultad de dirección, lo que le permite
"adoptar las medidas que estime más oportunas de
vigilancia y control para veriicar el cumplimiento por
el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales,
guardando en su adopción y aplicación la consideración
debida a su dignidad humana". En este sentido, sostiene
que "el consentimiento se entiende implícito en la propia
aceptación del contrato".
Deber de información
El Tribunal Constitucional explica que, pese a todo, el
deber de información de que se puede estar siendo grabado,
permanece pese a que el trabajador dé su consentimiento.
Con la colocación de un distintivo informativo sobre la
existencia de cámaras, los trabajadores "pueden conocer
la existencia de las cámaras y la inalidad para la que
habían sido instaladas".
En este asunto, el Constitucional indica que "el
trabajador conocía que en la empresa se había instalado
un sistema de control por Videovigilancia". La sentencia
rechaza que "haya que especiicar, más allá de la mera
vigilancia, la inalidad exacta que se le ha asignado a ese
control".
La sentencia cuenta con el voto particular de los
magistrados Valdés y Asua. En su opinión, el fallo
"supone un retroceso en la protección de los derechos
fundamentales" de los trabajadores. "Las imágenes
grabadas y tratadas pueden servir a propósitos tan
inquietantes como la confección de un peril ideológico,
racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o
ponerse al servicio de otras amenaza contra el individuo",
concluyen los magistrados en su voto particular. ■
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