iuris_cambios_01_17

INFANCIA
YJUSTICIA
SOCIAL
ES CUESTIÓN
DE DERECHOS
FRANCISCO
HUGUES
LA IMPORTANCIA
DEL NOTARIO EN
LA VIDA JURÍDICA
LA COMPLACIENTE
SUPREMA CORTE
Por Oscar Esquivel

EDITOR
BIENVENIDOS
A IURIS VOL
Iuris Vol Magazine es un proyecto editorial basado
en la investigación constante y la generación
de contenidos de calidad, cada uno con un
enfoque fresco e innovador que contribuya con
la actualización de nuestros colegas abogados
y lectores. Nuestro éxito depende del talento,
de la creatividad y de la capacidad de nuestros
articulistas y entrevistados para inquietar
con sus argumentos y planteamientos para
incentivar el debate y análisis profundo en cada
edición.
Nuestros principios son profesionalismo, trabajo
en equipo, la investigación, la innovación y el
estudio constante.
Iuirs Vol Magazine será referente en la
vida jurídica del país, un medio de difusión
de investigaciones, ideas, argumentos y
experiencias de los más destacados expertos
de nuestro país.
Por esto, desde esta primera edición,
extiendo la invitación a que participes en el
desarrollo de este proyecto con colaboración,
profesionalismo y compromiso, que exige el
ejercicio de nuestra profesión para difundir los
cambios estructurales en el ámbito jurídico de
México.
Lic. Miguel Ángel García Rodríguez
Director
IURIS VOL MAGAZINE

Contenido
P6
P10
P18
P26
Una de oro,
plata o platino
por las que van
de arena
La importancia
de llamarse
Roger
La frustrada
reinserción
social
Tradición vs
igualdad,
¿dónde está
la salida?
P30
P38
P40
P50
Perspectivas
sobre la
reforma
financiera
a tres
años de su
publicación
La tierra es del
que se educa
Para entender
nuestra
Constitución
Exportar
o Morir

Directorio
Director
Miguel Ángel García
Editor
Uriel Rodríguez
Editor de Contenidos
David Caloca
Diseño Gráfico Web
Ana Teresa Paniagua
Eduardo Hernández
Fotografía
Librado Vargas
Gerente de Marketing
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Coordinación Comercial
Teresa Gándara
Colaboradores
Articulistas invitados
Redes Sociales
Adriana Gandara
Latis eos corio est, omnimin natur Si in deffretilis con dis, es convera resimus omnius nis con incum sis estis adhum cres hae dem
vil utem scerditem facci conerbi ssenir hortium nocaudes bonota que tabus et quit. Mulla publica uciemus in vis? An deestic
asdactorei ius, nendactur. Morum ta nostus tus publinemure nihicae am ducondenimus bon telia intimus, non dentendum, forioca
pericae consulto urorunu ltorsuam sum, opte, morae publicasdam re iaet abiterc eripiondet L. Verfertuam issi cortam ium ilAndum
patum nocutentra? Opiocum audacit; nos, pubi itilis consunit vivil hoca virte ad ficae ad publi, ubli inestrum is, et; erfectu moverum
conihil nemorte confenatu quem, consum la conc tuam aus An tea terdit. Icio tastanum dit, vitilica vertus, quo ut quissenti,
ubliurei consimus, verficio, consimum aut atatum qua Sene in vidiem peribunum in tam audea L. Veraver ratimer eviri, notiaed
crit ponlocr issimus, nessed ipteret grae factus pultuus obse, comnem clerei senat, consus, nonsus bondet vistrac torari popubli
ssuppli bulicibus primus, ditum, consupio averionsum. Ite omaioc, que nequem aucta,

PERFIL
JUSTICIA
PARA LOS
NIÑOS
La recientemente creada asociación
civil Infancia y Justicia tiene el objetivo
de hacer visible el interés superior de
la infancia y así garantizar que los procesos,
procedimientos y sanciones del
derecho penal no pongan en riesgo ni
dañen el sano desarrollo de niños con
familiares en prisión.
Infancia y justicia AC
Encantada 46. Colonia Del Carmen,
Coyoacán
C.P. 04000 Ciudad de México
Teléfonos: (55) 5658 5126 - 5554 1813
En octubre de 2016, Infancia y Justicia A.C.
nació para promover que, en cada caso,
se atiendan las situaciones específicas
de vida de cada niño y niña que, al mismo
tiempo, pasen por un proceso penal dado
por la relación directa de sus padres, tutores y/o
únicos cuidadores con la justicia penal.
Si se pretende hacer visibles sus derechos e interés
superior, una premisa básica es que se escuche la voz
de los menores de edad sobre la posible separación
de sus padres, y las posibilidades lícitas, viables y adecuadas
sobre quién pueda ejercer la guarda y custodia,
o cualquier otra determinación que en razón de
la situación jurídica de sus padres pueda afectar sus
derechos.
Dichas expresiones deberán ser tomadas en cuenta
para la resolución judicial, así como para incentivar la
aplicación de penas alternativas para únicos o únicas
cuidadoras en proceso penal, siempre cuidando los
derechos humanos reconocidos en la Constitución,
en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la
Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, así como
en las Observaciones y Recomendaciones del Comité
de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
se materialicen en toda determinación judicial, ley y
política pública.
6

PERFIL
Núcleos de bienestar
En Infancia y Justicia se tiene la convicción de que, aún en el ámbito
carcelario, madres y padres pueden formar personas con valores, capaces
de cumplir la ley, y ser garantes de proyectos de vida lícitos, posibles, social
y económicamente productivos.
La experiencia nos muestra que una persona sin un núcleo familiar sólido
tiene más posibilidades de cometer actividades delictivas respecto a
otra que sí lo tenga, aún en la cárcel.
Un buen número de infantes ahora son adultos socialmente productivos,
pese a haber nacido con sus madres en prisión o haber mantenido
visitas familiares con sus padres presos. El elemento que decisivamente
genera una fuerte influencia sobre la vida futura de los niños es la solidez
de una familia, como promotora de valores y proyectos individuales.
Proyectos
• Protocolo para garantizar el Interés Superior de los Niños en la Ejecución
de Pedimentos Judiciales (PROSEP).
• Aplicación de penas alternativas a padres, únicos cuidadores de niños o
niñas de 0 a 6 años.
• Diagnóstico nacional de niñas, niños y adolescentes, hijos de padres y
madres en prisión.
El prejuicio de la reclusión
Hay una estigmatización hacia las personas privadas de libertad de ser
agentes potenciales de transmisión de conductas delictivas hacia sus hijos.
La realidad nos da muchos casos de buena crianza a pesar de la prisión.
Este prejuicio ha provocado que se tomen malas decisiones de política
pública y normativa sobre la convivencia de niños y sus referentes adultos
en prisión. Por ejemplo, recientemente se redujo la estancia de hijos
con su madre en prisión, de seis a tres años.
Una tarea de Infancia y Justicia para ayudar a valorar la convivencia
entre padre e hijos a pesar de la reclusión será documentar los casos de
niños y niñas que nacieron, vivieron y/o crecieron con visitas frecuentes
a sus padres en prisión, y mostrar cómo el vínculo filial fue un elemento
decisivo de su buen desarrollo y educación.
“Hay una estigmatización hacia las
personas privadas de libertad de ser
agentes potenciales de transmisión de
conductas delictivas hacia sus hijos.“
7

MÉXICO
TRADICIÓN VS IGUALDAD,
¿DÓNDE ESTÁ LA
SALIDA?
Por
Mariana Ramírez
El tema de la unión en matrimonio de personas del
mismo sexo ha generado un amplio debate en el
mundo. La familia heterosexual comenzó a modificar
su estructura ante el reconocimiento de derechos
y garantías de las comunidades lésbico-gay
globlamente.
Marchas a favor y en contra realizadas en todo el país exacerban
los ánimos de los muchos que defienden el matrimonio
tradicional. Por la presión que ejerce sobre el tema
la poderosa Iglesia Católica, alentada silenciosamente
desde el Vaticano, los priistas en el Congreso de la Unión
enviaron a “la congeladora” la iniciativa del presidente Enrique Peña
Nieto que busca incorporar a la Constitución el matrimonio igualitario.
Ante las posiciones radicales es necesario conocer lo que sucede más
allá de nuestras fronteras. Si tomamos
como ejemplo a la Unión Europea,
la cual se ha distinguido por
el avance en materia de igualdad y
respeto a los derechos humanos, encontramos
que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, con sede en
Estrasburgo, declaró que el matrimonio
de personas del mismo sexo no es
un derecho. Sin embargo, el tribunal
europeo aseveró que los “Estados son
libres de reservar el matrimonio únicamente
a parejas heterosexuales y
gozan de un margen de apreciación
para decidir acerca de la naturaleza
exacta del estatuto otorgado por otros
modos de reconocimiento jurídico”.
Lo que da carta abierta para legislar
como mejor convenga. Tampoco existe
una apertura total sobre este tema en el resto del mundo, ya que no todas
las naciones aprueban dicha institución social. De los 193 miembros
de ONU, únicamente 17 países reconocen plenamente el matrimonio entre
personas del mismo sexo y apenas en la mitad en esos países se han
8

MÉXICO
despenalizado las conductas homosexuales. De tal forma que el matrimonio
igualitario, o mejor dicho, entre personas del mismo sexo, no es una
tendencia legislativa tan preocupante en el ámbito internacional como
intentan hacer creer en México quienes defienden esta forma de unión.
Habría que remitirse, en primera instancia, a la definición de la palabra
matrimonio en el diccionario de la Real Academia Española que lo identifica
como “la unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos
ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad
de vida e intereses”. Esto deja muy claro que no es solamente a la Iglesia
Católica a quien le interesa defender los matrimonios tradicionales, sino
a amplios sectores de la sociedad mexicana en todo el país. No hay que olvidar
que la unión libre y legal de personas del mismo sexo es un asunto
de minorías y nadie está contra el respeto de todos sus derechos humanos
y civiles, y que de ninguna manera se discriminan las preferencias
sexuales con la concepción del matrimonio tradicional.
Entre quienes defienden el matrimonio lésbico-gay, ha sido recurrente
el argumento de que éste ya fue reconocido por la Suprema Corte mexicana
en una jurisprudencia emitida por la Primera Sala en 2015; sin embargo,
en estricto sentido, lo que se argumenta es que dicha figura no es
inconstitucional por no estar establecida en la Ley Suprema el matrimonio
como la unión de un hombre y una mujer cuya finalidad es la procreación.
Adicionalmente, en una declaración reciente del ministro de la
Primera Sala de la Suprema Corte, José Ramón Cossio Díaz –que participó
en la elaboración de la citada jurisprudencia–, afirmó que “la posición de
la SCJN a favor de los matrimonios igualitarios no está escrita en piedra”.
Para poner fin a este polémico asunto, que amenaza con la confrontación
entre unos minoritarios grupos de la comunidad que los apoyan –
también minoritarios– contra los defensores del matrimonio tradicional,
y con sumar abiertamente a la Iglesia Católica en este delicado debate,
una posible solución jurídica podría ser, siguiendo con un principio de
Derecho Natural, y con la tendencia de la mayoría de los países del mundo
arriba comentada, a elevar a rango constitucional la definición del matrimonio
como la unión entre hombre y mujer con fines de procreación y
para establecer un proyecto de vida en común, elevando a este nivel también
todos los derechos de las uniones de las personas del mismo sexo.
Así, la urgente tarea de quienes defienden el matrimonio tradicional, es
enviar a los legisladores un proyecto de reforma constitucional, que contenga
estas líneas, y que se pongan a trabajar en ésta y en la iniciativa enviada
por el Presidente de la República, siguiendo la tendencia mundial
en la materia.
Mariana Ramírez Llaca
es Licenciada en Derecho por la
Universidad Iberoamericana.
Contacto:
www.lexdabogados.com.mx
9

LEGAL
UNA DE ORO, PLATA
O PLATINO POR LAS
QUE VAN DE ARENA
Por David Caloca Albores
Los legisladores no midieron con la misma vara
a industrias similares, lo que puede interpretarse
como un acto discriminatorio que la SCJN se ha
negado a amparar.
Hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación negó los amparos que
los contribuyentes habían interpuesto
contra el buzón tributario, la contabilidad
electrónica y las revisiones electrónicas
previstos en el Código Fiscal de la Federación, vigentes
desde 2014.
También resolvió un primer amparo contra la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1 de enero
de 2014 (limitantes a las deducciones). Su decisión
fue negar el amparo para deducir las cuotas a cargo
de los trabajadores pagadas al Instituto Mexicano del
Seguro Social, cuando éstas son absorbidas por los patrones;
las aportaciones efectuadas para la creación o
incremento de reservas para fondos de pensiones o
jubilaciones del personal; así como los pagos que sean
ingresos exentos para el trabajador.
Por si esto fuera poco, se acaba de dar a conocer
el proyecto de resolución del amparo en revisión
231/2016 que se discutirá por los Ministros de la Segunda
Sala en la sesión del 9 de noviembre de este
mismo año, relacionado con la constitucionalidad
de diversas disposiciones legales que establecen la
obligación de presentar información sobre las operaciones
relevantes que celebren los contribuyentes
que fueron determinadas en la forma oficial 76.
El proyecto de sentencia propone negar el amparo
al considerar que la obligación contenida en el artículo
31-A del Código Fiscal de la Federación encuentra
su justificación y objetivo fundamental en que la Administración
Tributaria pueda ejercer sus funciones
de manera efectiva, al contar con información relevante
en forma oportuna.
10

LEGAL
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha dispuesto a resolver
los amparos promovidos por los contribuyentes en contra de diversas
disposiciones relativas a la Reforma Fiscal de 2014, que además de los
temas anteriormente mencionados, también resolvió negar algunos en
materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que
grava, entre otras cosas, la enajenación e importación de alimentos no
básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada
100 gramos; resolvió como constitucional el establecimiento del régimen
de incorporación, así como negar el amparo contra el régimen de
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, al considerar
que la norma crea un esquema de neutralidad y que al homologar la tasa
aplicable con la del régimen general no se viola ningún derecho fundamental
consagrado en la Constitución.
Se podría pensar que todo está perdido para los contribuyentes que
controvirtieron diversas disposiciones y que nuestro Máximo Tribunal
decidirá siempre a favor de la Hacienda Pública.
Sin embargo, no todo está perdido. El único triunfo que podrían tener
los contribuyentes llegaría por conducto de los que más tienen, los contribuyentes
que más ganancias generan y que menos contribuyen a la
Hacienda Pública, como las empresas de la industria minera.
Recordemos que, como parte de la reforma fiscal mexicana de 2014,
se decretó la Ley Federal de Derechos (LFD) aplicable a los titulares de
concesiones y asignaciones mineras, misma que incluye obligaciones
impositivas adicionales por derechos sobre minería, que afectan directamente
a la industria minera y que entraron en vigor el 1 de enero de 2014.
La ley mencionada establece, entre otras, las siguientes obligaciones
impositivas:
a) Un derecho especial sobre minería de 7.5% a la utilidad neta por la enajenación
o venta de la actividad extractiva.
Este derecho se determina de manera anual, aplicando la tasa de 7.5%
a la diferencia que resulta de disminuir de los ingresos generados por la
extracción de minerales, las deducciones autorizadas en la Ley del Impuesto
sobre la Renta, con excepción de las inversiones, los intereses devengados
a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno e intereses moratorios,
el ajuste anula por inflación deducible, así como las contribuciones y el
aprovechamiento pagado por la misma actividad.
Este derecho se calcula a partir de la totalidad de concesiones o asignaciones
que tenga un contribuyente y se enterará a mas tardar el último
día del mes de marzo del ejercicio siguiente al que se causó.
Para el cálculo, se considerarán los ingresos acumulables para efectos
del impuesto sobre la renta, excepto los intereses devengados a favor en
el ejercicio sin ajuste alguno e intereses moratorios, el ajuste anual por
inflación acumulable y las cantidades recibidas por concepto de préstamos,
aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital
mayores a $600,000 pesos, siempre que se informe a las autoridades
fiscales de éstas cantidades.
Se podrán acreditar contra este derecho los pagos definitivos efectuados
semestralmente durante el ejercicio de que se trate por concepto de
derecho sobre minería.
Se establece una exención para este derecho a los concesionarios y
asignatarios mineros que paguen el derecho por el uso, goce o aprovechamiento
de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, éstos no
estarán obligados al pago de este derecho adicional.
b) Un derecho adicional sobre minería por hectárea en concesiones sin
exploración o explotación, que incorpora 50% de la cuota máxima del
11

LEGAL
artículo 263 de la LFD por dos años consecutivos de inactividad durante los
primeros 11 años y 100% adicional por dos años consecutivos de inactividad
del año 12 en adelante.
Para estos efectos, si el contribuyente se encuentra dentro de los primeros
11 años de vigencia de la concesión, este derecho será equivalente a 50% de la
cuota máxima establecida para el pago de derecho sobre minería, equivalente
a $124.74 pesos por hectárea concesionada. Si el contribuyente se encuentra
en el doceavo año o posteriores a la concesión, el derecho será de 100% de la
cuota señalada.
El pago de este derecho adicional se debe realizar semestralmente en los
meses de enero y julio del año que corresponda, hasta en tanto no se acredite
ante la autoridad minera la realización de obras y trabajos de exploración o
explotación durante dos años continuos.
c) Derecho extraordinario sobre minería correspondiente a 0.5% sobre ingresos
por enajenación de oro, plata y platino.
Este derecho se determina anualmente, aplicando la tasa de 0.5% a los ingresos
totales derivados de la enajenación de oro, plata y platino, mismo que
se calculará respecto a la totalidad de las concesiones o asignaciones que tenga
un contribuyente y se enterará a mas tardar el último día de marzo del ejercicio
siguiente al que se causó.
Los concesionarios tienen la obligación de llevar a cabo la contabilidad por
separado en donde se identifique este tipo de ingresos, pudiendo el Servicio
de Administración Tributaria expedir las disposiciones de carácter general
necesarias para el correcto pago de este derecho.
Se podría considerar correcto que se hayan agregado tres variantes al derecho
sobre minería ya existente, pues es una industria que obtiene ganancias
billonarias.
Sin embargo, también posee ciertas deficiencias. A partir del análisis que
se pueda efectuar a las disposiciones de la Ley Federal de Derechos, se advierte
que el legislador pasó por alto que los derechos que cubren los contribuyentes
por el desarrollo de actividades mineras son precisamente como
consecuencia del aprovechamiento de los minerales y no deben ser determinados
en función de una serie de variantes ajenas a dicha exploración, como
lo pueden ser las obras y trabajos de exploración o explotación de minerales o
el derecho extraordinario que el producto de la explotación sean cierto tipos
de minerales como el oro, o el platino, como indica el derecho adicional mencionado
arriba.
Se podría considerar que estos derechos adicionales resultan desproporcionales,
pues se podría tratar de tasas al derecho minero que originalmente
tienen que cubrir los contribuyentes.
12

LEGAL
Al considerar para la determinación del derecho la
utilidad antes de costos financieros, impuestos, depreciación
y amortización, no atendería al beneficio real
obtenido por el uso o aprovechamiento de los bienes
objeto de explotación y, en consecuencia, no se estaría
respetando el principio de proporcionalidad tributaria.
Los ingresos que perciben las personas morales ya se
encuentran gravados por el impuesto sobre la renta y
sujetos al reparto de utilidades, por lo que el hecho de
que se pretenda establecer un gravamen en función de
la producción o utilidades, según sea el caso, resultaría
desproporcional al implicar una sobretasa respecto de
los impuesto señalados.
El que solamente se excluyan los ingresos obtenidos
por intereses, ajuste anual por inflación y préstamos
o aportaciones de capital, se podría considerar que se
violenta la garantía de proporcionalidad tributaria.
Al establecerse que la base gravable del derecho debe
atender a las utilidades, atenta contra los principios
antes señalados, ya que no se les otorga el mismo trato
respecto aquellos contribuyentes que también realizan
el aprovechamiento de bienes no renovables de dominio
de la nación, como lo podrían ser salinas y pozos
de agua, a quienes se les aplica una base en función de
otros elementos (tonelada enajenada o metros de agua,
respectivamente).
Para justificar dichos derechos, los legisladores se
enfocaron en la situación favorable de la industria
minera, pasando por alto que existen otras industrias
en el país en auge, como es el caso de la industria automotriz
e inclusive la maquiladora, a las cuales no se les grava en función de su desarrollo en
el país, lo que podría considerarse como un trato distinto a situaciones análogas.
Justificaron la implementación del derecho a la producción minera bajo el argumento que
el objeto del mismo es resarcir el daño ecológico, sin embargo, no consideraron que existen
diversas industrias que generan un daño ecológico igual o superior a la industria minera que
no son gravadas con un derecho similar.
Incluso, el que se imponga un derecho atendiendo al valor de la producción o utilidades,
según sea el caso, implicaría que se otorga un trato distinto a contribuyentes que se encuentren
en igualdad de circunstancias.
Después de la lluvia de amparos que interpusieron los contribuyentes, mismos que inundaron
los Juzgados de Distrito contra la reforma fiscal de 2014 y que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se ha encargado de negar, cuando en muchos casos resultaban en una clara y evidente
violación a derechos humanos en materia tributaria, resulta que el tema que salga bien librado
de las manos de nuestro Máximo Tribunal sea el de la industria minera.
David Caloca Albores
Licenciada en Derecho por la Universidad
Westhill, especialista en Derecho
Fiscal y Administrativo. Socio de SIP
Consulting
Contacto:
david.caloca@sipconsulting.com.mx
13

LA FRUSTRADA
REINSERCIÓN
SOCIAL Por Rosalinda Salinas Durán
El Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio es una promesa
para administrar una justicia
penal más humanizada y más
acorde a un sentido real de justicia,
y no de reacción social frente
al delito que tanto indigna
14

LEGAL
El Sistema Jurídico Mexicano prevé la prisión para sancionar a
aquellas personas que cometieron una conducta considerada
como delito en el Código Penal.
El rigor de la pena consiste en privar a una persona de su derecho
a la libre circulación, además de sus derechos políticos, para
lo cual se le confina en una institución destinada para tal efecto, con la
intención de sujetarla a un “tratamiento” como medida de reinserción,
para que, una vez cumplida la pena impuesta y tomado el tratamiento planeado,
regrese a la vida en libertad como una persona útil a la sociedad,
que no transgreda más el orden jurídico.
No obstante, la reincidencia no habla bien de los logros alcanzados en
el “tratamiento individualizado”, los dormitorios más hacinados en los
reclusorios de la Ciudad de México siguen siendo los destinados para
personas reincidentes, y hay quienes están, hay que puntualizarlo, en su
cuarto o quinto ingreso a prisión.
La cárcel no ha logrado disuadir los delitos. Al interior de los reclusorios
existen actividades culturales, laborales, educativas y deportivas,
pero se trata de ofertas abiertas, con lugares limitados. Lo que no hay es
“tratamiento individualizado” y, a falta de él, las posibilidades de que cada
persona cree un proyecto de vida lícito, viable y redituable, disminuyen y
con ello la posible efectividad de su reinserción social.
Es decir, en las cárceles lo que se ha establecido es la administración
del tiempo mediante la oferta de actividades de diferente naturaleza,
pero que no llevan una concatenación, excepto las educativas, que permita
desarrollar talentos, aprender oficios calificados o adquirir habilidades
técnicas para estar en condiciones de competitividad en un mercado
laboral cada vez más exigente.
Las Normas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de Naciones
Unidas tiene propone como eje el trato digno a las personas sujetas a reclusión,
como premisa básica para la propia reinserción, cimentando el
internamiento con trabajo, educación, capacitación para el trabajo, salud
y deporte.
La normativa de la Ciudad de México en materia de regulación de instituciones
carcelarias y la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales,
aprobada en junio pasado, tiene como principal acierto la regulación de
un servicio civil de carrera para el personal sustantivo del sistema penitenciario,
con el objetivo de profesionalizar, entre otros, al cuerpo de seguridad
y custodia para que realicen sus funciones con apego a la ley y
que ello reduzca presuntas violaciones a derechos humanos.
No obstante, la ley local contiene tres disposiciones que generan
preocupaciones sobre la administración carcelaria porque en nada aportan
al fin de la prisión.
El primero de ellos es el artículo 31 que faculta a la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario para realizar convenios con empresas privadas
con objeto de impulsar la actividad industrial dentro de los centros de
reclusión. Si bien es necesario el impulso al trabajo en las prisiones, no
existe una regulación adecuada, por lo que las empresas ven la oportunidad
de manufacturar con mano de obra barata y cautiva, aunado a que
no se dan prestaciones de seguridad social, bajo el argumento de que se
trata de “trabajo en prisión”, sin justipreciar que ello genera riqueza a los
denominados socios industriales.
Bajo el supuesto de que el trabajo en cárcel debe ser lo más parecido a
un trabajo en libertad, la ley local no abre la posibilidad de que los empresarios
que contratan a los internos hagan aportaciones a algún sistema
de seguridad social para que, en la vida en libertad, los trabajadores pueda
dar continuidad a dichas cotizaciones, lo que puede impulsar a la persona
15

LEGAL
libre a inclinarse por un trabajo formal. Las parcelas particulares dentro
de las prisiones están abriendo el camino a la privatización de las cárceles,
sumado al modelo de los centros federales, en donde, algunos de ellos,
están prácticamente administrados por empresas particulares, en lo que
se sigue un modelo de restricción máxima de actividades y se privilegian
largos tiempos de aislamiento en las celdas.
En segundo término, preocupan las disposiciones que exacerban
regímenes de alta seguridad, basado en un derecho penal de autor y no
de acto; el problema de este régimen radica en que su implantación se
basa en prohibir el tratamiento, un esquema de máxima restricción de
derechos, ya que se lleva la prisión al grado del aislamiento. En estos
modelos, a pesar de las restricciones de tránsito entre pasillos, el control
en la ingesta de alimentos y la mínima disposición de tiempo para actividades,
siguen los actos de violencia y corrupción.
Además destacan como prácticas penitenciarias contrarias a la reinserción
las disposiciones que permiten el uso de mecanismos de sujeción, en
los que se incluye el empleo de “camisas de fuerza” para la “contención
de las personas privadas de libertad”, específicamente el artículo 101 de
la ley local en materia de prisiones pone en tela de juicio estos métodos
aplicables a criterio subjetivo.
Esto es particularmente cuestionable si tomamos en cuenta que toda
persona privada de libertad en una cárcel se encuentra bajo la “especial
sujeción del Estado”, razón por la cual se desprende una obligación frente
a dichas personas de garantizar los derechos de los presos.
El delito indigna y, como víctimas, se exige justicia, tal vez venganza. Pero
no hay que olvidar que es muy probable que las personas en prisión
regresarán a la vida en libertad, que a todos nos involucra que las penas
en prisión sean acertivas, que se socialice a las y los internos en la
cultura de la legalidad, y que el tiempo en prisión sirva para fomentar
el desarrollo de proyectos de vida que actúen como mapas de vida que
empiecen a encausarse desde la prisión, de otra manera, las espirales
de violencia social seguirán creciendo, alcanzado a generaciones presentes
y futuras.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a través de la oralidad,
oralidad inmediación, contradicción y concentración es una promesa
para administrar una justicia penal más humanizada y más acorde a un
sentido real de justicia, y no de reacción social frente al delito.
Rosalinda Salinas Durán
es maestra en Derecho y presidenta
fundadora de Infancia y Justicia A.C.
Contacto:
(55) 5658 5126 - 5554 1813
16

17

LEGAL
Roger
La importancia de llamarse
Por José Antonio Jiménez
La influencia de la música es trascendental. Más cuando el artista
es referencia para varias generaciones de amantes del
rock. ¿Una figura como Roger Waters debería ser señalado,
tal vez sancionado, por criticar en sus conciertos al titular del
Ejecutivo Federal?
18

LEGAL
El nombre de la famosa novela de Oscar Wilde es muy útil para
referirme a los recientes conciertos en nuestro país de Roger
Waters, cofundador y ex integrante de la banda británica de
rock progresivo Pink Floyd.
Waters decidió hacer pronunciamientos políticos durante los
tres conciertos que brindó en México, dos de pago en el Foro Sol y uno
gratuito en el zócalo de la capital del país, en los cuales hizo señalamientos
directos contra Donald Trump y al presidente Enrique Peña Nieto. En
el primer caso, evocó las frases de campaña emitidas por el personaje en
cuestión y realzó sus posturas antimigrantes y clasistas mediante una
caricaturización de su personalidad mezclada con la lírica y música del
tema “Pigs”.
En el caso del Presidente, calificó de fallidas sus políticas y señaló la
cantidad de desaparecidos bajo su administración, particularmente, la de
los 43 jóvenes de Ayotzinapa, cerrando con un lacónico “Renuncia ya”
proyectado en la pantalla de más de mil metros cuadrados que fungía
como ciclorama.
Las arengas de Roger Waters sobre el escenario provocaron el unísono
grito de “asesino” dirigido a Peña Nieto, situación ocasionada más por la
psicología de la masividad en un campo fértil regado por cantidades considerables
de alcohol y, en algunos casos, dosis de cannabinol, que por un
juicio moral.
Mucho se habló sobre la postura que debía asumir el Ejecutivo ante la
supuesta violación del Artículo 33 de la Constitución Política de nuestro
país, el cual trata sobre la facultad del primero para expulsar del territorio
nacional a extranjeros y sobre la prohibición a estos para inmiscuirse en
los asuntos políticos de la nación.
Son dignos de analizar algunos aspectos de estos hechos: Pink Floyd se
caracterizó en un momento de su trayectoria, sobre todo en la década de
los 70, por sus acendradas críticas al sistema sociopolítico y económico
con canciones como “Money”, de su álbum The Dark Side of the Moon, o
con discos completos como Animals, cuyos temas critican al capitalismo,
a la clase política inglesa y a la población alienada. De manera continua,
Pink Floyd grabó otro disco, The Wall, que significaba una oda de Roger
Waters hacia las consecuencias de la guerra y el sacrificio de muchos
soldados ingleses (incluido su padre), la sobreprotección de su madre
y la opresión del sistema educativo, entre otros. Incluso, The Final Cut,
último disco de la agrupación en contar con la participación de Waters,
es una crítica mordaz
a la guerra fría, específicamente
contra
Margaret Thatcher.
La actitud de los integrantes
de la banda
ha sido contestataria
a través de su música,
particularmente la
de Roger Waters con
sus manifestaciones
públicas desde su concierto
The Wall Live
in Berlin, por lo que
nada habría de asombrar
que lo hiciera una
vez más en México y
que lo haga en otros
países.
19

LEGAL
En los debates del Constituyente de 1917 llegaron a plantearse las hipótesis
bajo las cuales el Presidente de la República podría ejercer su facultad
establecida en el Artículo 33 de la Carta Magna, siendo algunas de éstas
las de extranjeros que se inmiscuyeran en asuntos políticos, aquellas personas
que se dedicaran a oficios inmorales, vagos y ebrios consuetudinarios,
conspiradores contra el gobierno, entre otros.
El texto actual del Artículo 33 constitucional, como ya se dijo, aunque
reconoce los derechos humanos de los extranjeros, faculta al Ejecutivo
a expulsarlos del país, previo proceso administrativo, y prohíbe a los mismos
inmiscuirse en asuntos políticos nacionales, en ese orden; sin especificar
en este último caso que dicha acción sea causal de expulsión del
territorio nacional, por lo que antes de rasgarse las vestiduras exigiendo
la expulsión del extraño enemigo, valdría la pena analizar el espíritu del
legislativo al modificar este Artículo a 94 años de su promulgación.
“En una acción oportuna, se le hubiera invitado a una reunión
para exponerle las acciones de gobierno en estos temas y los
resultados alcanzados.”
Al relacionar los temas de Ayotzinapa y los pronunciamientos del personaje
que no ocupa, convendría preguntarse si la participación de extranjeros
en las investigaciones de la desaparición forzada de los jóvenes
normalistas, las declaraciones vertidas por ellos respecto a los resultados
de las mismas y sobre las investigaciones de los cuerpos de seguridad,
implica “inmiscuirse en asuntos políticos nacionales”.
Es de extrañar la falta de pronunciamiento de las autoridades federales
ante los mensajes del señor Waters. En una acción oportuna, se le hubiera
invitado a una reunión para exponerle las acciones de gobierno en estos
temas y los resultados alcanzados. Algo parecido, pero no idéntico, a lo que
hizo en su momento el entonces presidente Felipe Calderón con el cantante
y compositor español Joaquín Sabina, quien hizo cuestionamientos
públicos sobre la guerra contra el narcotráfico.
Y debió de preguntársele a Roger Waters cuál era la verdadera motivación
de su postura: ¿marketing político?, ¿solidaridad con las familias
de las víctimas?, ¿promoción oculta de algún partido o personaje político?,
¿elevación de la audiencia?
No sería de extrañar que algunos líderes políticos retomen o se apropien
del discurso o las frases de Waters para promocionar su imagen, posicionar
a su partido o para denostar al Gobierno Federal.
Entonces, como dijo Oscar Wilde, he ahí la importancia de llamarse
Roger.
José Antonio Jiménez Z.
cuenta con estudios de administración
de empresas y una trayectoria de
más de 30 años en el servicio público
y en empresas privadas.
20

21

ENTREVISTA
Notario Francisco Hugues Veélez
LA IMPORTANCIA DEL NOTARIO
EN LA VIDA JURÍDICA
A
primera charla de Iuris Vol con los protagonistas de la actualidad del Derecho es con
Francisco Hugues, Notario 212 y miembro de la Comisión de Exámenes del Colegio de
Notarios de la Ciudad de México, una ventana a través de la que identifica vicios y
virtudes de los aspirantes a ser parte de los vigilantes de la fe pública en la capital de
nuestro país.
Nos gustaría conocer ¿Quién te influyó para decidir ser abogado?
Francisco Hugues.: Ahora, después de tantos años, ya puedo tener más o menos claro por qué estoy donde
estoy. En realidad, el haber decidido estudiar Derecho fue circunstancial, fue por algún tropiezo en alguna
materia de matemáticas de segundo de preparatoria que me obligó a estar en el área de Humanidades para
no atrasarme en las materias. Ahí fue cuando entré en contacto con las materias de Derecho y con materias
de Humanidades.
Tenía muchas ganas de estudiar en la Universidad Panamericana. Y también fue circunstancial, porque en
ese momento la UP era muy pequeña, desconocida, sin embargo la carrera de Derecho ya tenía fuerza.
Y no tuve ninguna influencia familiar, no conocía mayormente a ningún abogado, salvo al papá de un gran
amigo que era Notario, por el que circunstancialmente gracias a él ahora estoy en donde estoy.
22

ENTREVISTA
¿Y fue sólo el papá de tu amigo quien
te influyó o tuviste a algún jefe, un
trabajo en el que dijeras “lo mío no es
el litigio, no me gusta fiscal, yo quiero
irme a la notaría?
F.H.V.: La única persona que conocía
como abogado era al papá de mi amigo,
y le pedí trabajo. Recuerdo que fue un
lunes. Le volé una corbata a mi papá y
me presenté a la oficina del Notario para
pedirle trabajo. Y me dijo “sí, quédate”, y a
partir de ahí fue mi único trabajo antes de
hacerme Notario. No tuve la oportunidad,
pero tampoco la necesidad vocacional de
explorar en otras áreas del Derecho.
Tuve la gran suerte de que el hijo del
Notario, también abogado, se estaba
preparando para presentar su examen, de tal manera que
me tocó vivir todo ese proceso y pasar de ser una notaría
pequeña a una muy grande. Mi gusto por el Derecho se veía
perfectamente satisfecho por lo que hacía en la notaría.
Foto: Archivo
Con toda esa experiencia dinos ¿cuáles son las tres
características principales de un buen notario?
F.H.V.: Primero, honestidad. Congruencia y sensibilidad, además
de conocimientos, por supuesto.
En el México actual, ¿cómo ves el Derecho notarial en
nuestro país? ¿Requerimos reformas, estamos bien?
F.H.V.: La evolución de la vida cotidiana, no sólo la del Derecho,
implica que los notarios abarquemos facetas que hace 10 o 20
años eran imposibles que las vislumbráramos. En materia notarial
estamos muy bien. Tenemos disposiciones muy claras, es muy
clara nuestra intervención en cada materia. Sin embargo, nuestro
trabajo se ha vuelto multidisciplinario. La tecnología está presente
en nuestras oficinas y ahora toda la manifestación que nosotros
hacíamos por escrito tiende a ser digital. Toda la información y
la interrelación con las autoridades es vía telemática.
Entonces nos hemos vuelto entre conservadores de toda la
información que requieren las autoridades, fundamentalmente
en físco –que lo que busca es oprimir un botón y que se
despliegue toda la información que tenemos capturada para
ellos–, de tal manera que en lo que se podría mejorar mucho, no
es tanto en la parte jurídica, cuanto en la parte de infraestructura
de acuerdo a las nuevas tecnologías.
Perdón la analogía, pero la gente se acerca al notario
obligadamente, como cuando va al doctor: si no lo
necesita, no va al notario. ¿La gente se acerca convencida
al notario o simplemente lo hace porque es es el único
medio que existe para hacer un testamento, para obtener
un poder?
F.H.V.: Hay de las dos partes. Es como quien compra un seguro
de gastos médicos porque se siente obligado y quien lo hace
porque es una inversión, por previsión, porque necesariamente
“En materia notarial
estamos muy
bien. Tenemos
disposiciones muy
claras, es muy clara
nuestra intervención
en cada materia.”
23

ENTREVISTA
algún día tendrá algún evento.
Lo mismo sucede con la notaría. Si no hubiera una
obligación legal para que ciertos actos se tuviesen
que hacer ante el Notario, la gente no vendría. Pero
hay quienes saben que saldrán de la notaria con
la seguridad de su parte. No es nada más porque
la ley lo dijo, sino porque hubo una asesoría detrás
del trámite que les da tranquilidad de que están
haciendo lo correcto.
Veamos la otra parte: ya no estamos en el DF,
sino en la Ciudad de México. Se acaba de formar
el Congreso constituyente. ¿Crees que debería
haber un notario en él? Si fueras tú, ¿qué quisieras
que esa Constitución de la Ciudad de México
tuviera para ayudar a los habitantes de la capital
mexicana?
F.H.V.: Jurídicamente hablando, no hay muchos
cambios que se
tengan que hacer en
relación a la función
notarial. Lo primero
en lo que yo me
preocuparía es en
que la estructura de
la nueva constitución
fuera la adecuada,
y no un saco de
buenas intenciones
y pocos artículos,
pero 600 párrafos,
una locura, con cero
estructura jurídica.
Una constitución es
un libro jurídico, no
es una novela.
En materia de
Derecho notarial,
prácticamente no le haría mayor cambio a lo que ya
existe. En todo caso, aclararía cuál es la razón de ser
del Notario, porque hoy en día la esencia del Notario
emana de la Constitución Política de la República,
pero por inferencias, no hay una referencia explícita.
Lo veo como una cuestión de claridad, porque la
función del Notario en México, desde hace muchos
años, está perfectamente reconocida, no requerimos
darle explicación a absolutamente a nadie de la
razón de nuestra existencia.
A diferencia de lo que ocurre en otras
entidades, en la capital del país, para ser
notario, se requiere presentar un examen de
oposición desde hace 70 años. Como parte
activa en estos exámenes, ¿qué recomendarías
a los abogados que quieren hacerse notarios?
¿Y qué adecuarías a ese examen para, tal vez,
ponerle más candados, hacerlo más difícil, y
que en verdad el que llegue a ser notario lo
haga por méritos?
F.H.V.: Efectivamente, formo parte de la comisión de
exámenes del Colegio de Notarios del DF, un trabajo
muy gratificante. Veo que la estructura del examen
es la adecuada. Ha evolucionando conforme ha
avanzado la tecnología, pero hasta ahí, lo cual tiene
su punto totalmente en contra: ¿qué sucede hoy
en día, cómo veo a los estudiantes de la carrera y
los que se preparan para exámenes? Como unos
extraordinarios navegadores de internet. Cuando
yo estudié la carrera, estudié en los libros, cuando
tenías que buscar cualquier término en los libros, y
de entrada leer el índice para ver cuál era el capítulo
y de ahí irte a la página y leerla… Hoy en día ponen
“reciliación” en la computadora y les aparece todo
con un clic.
Lo he notado en los últimos cinco años en la preparación
de los muchachos para
presentarse al examen.
Y lo que he visto en
los resultados de esos
exámenes es que
vienen mal preparados
porque el día a día ya
no los obliga a hacer
contratos completos, y
entonces ya no tienen
criterio jurídico porque
no tienen que aplicarlo.
De tal manera que no
se crean un criterio
jurídico y su estudio es
deficiente porque están
acostumbrados a que
todo es acelerado, todo
es rápido.
Cuando hablamos sobre
las tres características que debe tener un Notario yo
hablé de la sensibilidad, sensibilidad para entender
el asunto que te están proponiendo. Porque no
es lo mismo que venga un abogado de una gran
corporación multinacional que ya sabe lo que te va
a pedir y tú nada más vas a sancionar que ese
documento cumpla con una serie de requisitos, a
que venga alguien a preguntarte respecto a una
estrategia de una asociación, que tiene implicaciones
fiscales, o la señora que viene a otorgar su testamento
y quiere dejar su casa dividida; entonces, tienes que
entender, no nada más qué te está pidiendo, sino
también por qué te lo está pidiendo y para qué te
lo está pidiendo.
¿Entonces debe estar muy bien establecido
que la gente que haga el examen sea gente
preparada?
24

F.H.V.: El examen es muy complejo, muy vasto, muy cansado, y cada uno es diferente,
porque siempre son diferentes los sinodales que te preguntan, y cada uno con criterios
diferentes sobre el mismo tema. Y eso es lo que se busca del examen, que haya
universalidad, porque la vida es así. Los abogados, en el día a día, se enfrentan a
situaciones que sólo ellos, de acuerdo a su criterio, resuelven, y van solos en la decisión
de lo que le propondrán a sus clientes. Y probablemente, si consultas con algún colega,
él lo hubiera hecho de una manera completamente diferente. Pero así es el día a día,
así es la vida.
Quiero reiterar que el sistema de los exámenes yo no lo modificaría, pero sí haría
hincapié a los sustentantes que requieren más estudio.
El SAT acaba de crear las sociedad unipersonales: entras por internet desde
tu computadora, sigues el procedimiento y tienes una sociedad. ¿Qué opinas
de esto?
F.H.V.: La discusión de las sociedades unipersonales se ha dado desde que yo estudiaba
la carrera, y antes seguramente, era un tema que más de uno traíamos en la cabeza.
Ha evolucionado tanto que no veo nada lejanas esas sociedades unipersonales. Lo
único que busca una sociedad unipersonal es que el patrimonio que esté en cada
sociedad sea ajeno a mi patrimonio, de tal manera de que si esa sociedad tiene algún
problema, algún quebranto económico, hasta ahí se queda. Esa es la única razón de
ser de las sociedades unipersonales: patrimonios separados.
Ese sería un pro. ¿Cuál sería un contra?
F.H.V.: En realidad no le veo ninguno. En materia de negocio, no le veo ningún
problema, y jurídicamente hablando, en cuanto a pureza de la institución, no le veo
ningún problema. De hecho, es reconocer una realidad. Hoy ya la ley permite que
haya dos socios únicamente. Antes eran cinco y el problema era mayor porque había
que conseguir cuatro personas nada más para que aparecieran formalmente. Pero,
además, las sociedad unipersonales existen en muchos países del mundo y jamás ha
habido un problema.
En Iuris Vol queremos apoyar a asociaciones civiles, en específico a una que
se dedica a los hijos de madres que están en prisión, y en este sentido, ¿qué
opinas de las filantropía, te gusta, qué crees que se podría mejorar para que
la gente también apoye a causas?
F.H.V.: Creo que absolutamente todas las personas medianamente coherentes
apoyan causas sociales. El problema específicamente en México es que hay una gran
desconfianza de si la causa a la que apoyas es real o no, si los recursos llegan a donde
tienen que llegar. Cuando uno tiene esa confianza de que los recursos llegan a donde
tiene que llegar, no hay ningún empacho en aportar.
Hay muchas maneras de aportar. Puede ser que no tenga la capacidad o la
sensibilidad o la vocación de formar parte de una de estas asociaciones o de estar en
su administración cotidiana o de participar con ideas, pero puedo apoyar de manera
económica. Puede ser al revés también, porque la filantropía es natural, todos estamos
dispuestos. ¿Qué requerimos en México? Que haya certeza.
Dime lo primero que se te venga a la mente al escuchar: Corrupción.
F.H.V.: Infierno. Estamos en un infierno. Entre la corrupción y la falta de educación, en
México estamos mal, estamos muy mal.
“Los sustentantes (a notarios)
requieren más estudio”
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MÉXICO
PERSPECTIVAS
SOBRE LA REFORMA
FINANCIERA A
TRES AÑOS DE SU
PUBLICACIÓN
Por Aldo Escalante
Aunque sus objetivos lucían inmejorables,
las modificaciones legales al esquema
financiero en nuestro país, a
tres años de su publicación, son buenas
intenciones y muchas contradicciones.
El 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en materia financiera y se expide
la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, lo que conocemos como “la reforma financiera”.
Estos cambios tuvieron su origen en el Pacto
por México, firmado por el Presidente de la República y
representantes de los partidos políticos y legisladores.
26

MÉXICO
Su principal objetivo es que la banca, privada y la de desarrollo, otorgue
más crédito y en mejores condiciones (más barato) a través de cuatro ejes:
• Fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo
• Implementar la competencia en el sector financiero
• Ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas
• Asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto
A casi tres años de su entrada en vigor, ¿la reforma financiera va por el
camino correcto? A saber:
• Fomento del crédito a través de la banca de desarrollo
Se modificaron las leyes orgánicas de las Sociedades Nacionales de Crédito
con el fin de enfocarlas en el apoyo a áreas prioritarias, en lugar de
cuidar su capital. Además se hicieron cambios para flexibilizar a dichas
instituciones para poder ser más competitivos, mejorando la capacitación
y las percepciones de los funcionarios de dichas instituciones.
• Implementar la competencia en el sector financiero
La Comisión Federal de Competencia realizó un diagnóstico del sector
bancario para hacer recomendaciones a las autoridades financieras y
dar facilidades para que las empresas medianas pudieran acceder y enlistarse
en la Bolsa Mexicana de Valores. La Cofece emitió, el 10 de julio
de 2014, una paquete de recomendaciones para fomentar la competencia
y evitar el desplazamiento o impedimento a los mercados financieros,
de las cuales destacan permitir y facilitar la portabilidad de los créditos
entre instituciones, crear plataformas para que las PyMES puedan acceder
al crédito y participar en subastas con bancos, así como que la carga
operativa y de supervisión de las distintas instituciones bancarias sean
acorde con el riesgo que representan en el sistema.
La regulación financiera, aún después de la reforma financiera, es simétrica
para sociedades que son dispares y representan diferentes riesgos
al sistema financiero por su penetración de mercado así como por el capital
con el que cuentan. Un ejemplo de ello son las cuotas de supervisión
que pagan las instituciones financieras, similares para un banco pequeño
a las que paga el banco más grande de México. Otro ejemplo lo constituye
el hecho de que la regulación no es clara y es discrecional por parte de
la autoridad en cuanto a la documentación necesaria para constituirse
como intermediario o institución financiera en general.
• Ampliación del crédito de las instituciones financieras privadas
Uno de los motivos que se exponen para dar paso a la reforma financiera
es ampliar el crédito privado para impulsar la economía nacional.
Así, ls cambios legales tuvieron como objetivo dar certidumbre a la ejecución
de contratos y fortalecer el esquema de garantías para incentivar el
otorgamiento de préstamos. Se clarificaron criterios, se acortaron ciertos
plazos y se mejoró la ejecución de ciertas garantías, tales como la prenda
bursátil y la prenda sobre efectivo, que permite al acreedor obtener la
propiedad de los bienes dados en garantía sin necesidad de ejecutar un
procedimiento extrajudicial o cubrir requisito adicional alguno.
Asimismo se prevé la creación de tribunales federales especializados
en materia mercantil, los cuales deben especializarse por materia, como
concursos mercantiles, ejecución de laudos arbitrales y juicios relacionados
con acciones colectivas. Aunque no busca eliminar la jurisdicción
concurrente, su intención es distribuir de manera equitativa la carga de
trabajo entre los tribunales locales y federales y que los asuntos no sean
27

MÉXICO
revisados varias veces por diferentes tribunales.
Aunque la reforma dio 12 meses para la creación de estos tribunales especializados,
a la fecha no han sido instaurados.
• Asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto
Se establecieron requisitos de capitalización según los estándares internacionales
establecidos en Basilea III. Fueron definidos los procesos
de quiebras bancarias para facilitar dichos procedimientos y salvaguardar
el dinero de los ahorradores.
Buenas intenciones
La reforma financiera no tiene precedentes en la historia de nuestro
país. Aunque existen disposiciones que serán útiles para fomentar ciertas
actividades productivas del país, la reforma contiene disposiciones
contradictorias a los objetivos que busca.
Sin duda, se quedó corta. Por ejemplo, en lugar de aumentar la competitividad
y otorgar el crédito más barato, una parte importante de la reforma
consistió en aumentar las multas a los intermediarios, en algunos casos
hasta en 1000%, por violaciones, por ejemplo, a la Ley de Instituciones
de Crédito así como a la Ley del Mercado de Valores.
Asimismo se otorgó a la Condusef el poder de multar y considerar los dictámenes
que emita como título ejecutivo en juicio hasta ciertos montos. Es
decir, como prueba preconstituida del derecho del usuario de servicios financieros,
lo cual prejuzgará sobre las controversias en materia comercial
y no permitirá la adecuada defensa de las instituciones financieras.
Estas medidas, entre otras, logran un efecto adverso al objetivo de cumplir
con el mandato de la reforma financiera ya que resultan más onerosas.
Hoy, es prohibitivo contratar personal adicional, pagar multas o
realizar reservas de capital adicionales en un entorno adverso, con condiciones
macroeconómicas cada vez más complicadas, que imposibilitan
otorgar crédito en mejores condiciones.
A casi tres años de la publicación de esta reforma, sus frutos no se palpan.
Más que modificaciones estructurales es una carta de buenas intenciones
que crean un entorno poco propicio para que las entidades generen
confianza y así otorgar más préstamos y más baratos.
Ajustes
La reforma abarcó modificaciones a 34 ordenamientos, pero destacan
los cambios en la Ley de Instituciones de Crédito, la de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros, para la Transparencia y Ordenamiento
de Servicios Financieros, la de Ahorro y Crédito Popular, la de
Concursos Mercantiles, el Código de Comercio, la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
la del Mercado de Valores, la de Sociedades de Inversión, además de ajustes
a las leyes orgánicas de las principales bancos de desarrollo en el país
y se abrogó la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y se expide
una nueva en la materia.
Aldo Escalante Escalera
es Licenciado en Derecho por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México
y Maestro en Derecho de la Empresa
por la Universidad de Monterrey.
Actualmente es Director Jurídico de
Grupo Financiero Base.
Contacto:
aescalante@bancobase.com
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29

MÉXICO
JUSTICIA Y
TECNOLOGÍA
Por Juan José Gutiérrez Pineda
La inversión para facilitar la aplicación de la
justicia con herramientas electrónicas, en especial
la que se da en los tribunales locales, facilita y
mejora la relación entre ciudadanos y el Poder
Judicial.
El pasado 7 de septiembre, el Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, Doctor Edgar Elías Azzar,
suscribió junto con los Consejeros de la Judicatura de la Ciudad
de México, tres convenios con el Consejo de la Judicatura
Federal, los cuales son de suma relevancia pues impactarán de
manera positiva el mejoramiento del uso de la tecnología en los diversos
trámites y servicios que se ofrecen a los justiciables y público en general.
El primero de dichos convenios prevé que tanto los servidores públicos
de este Tribunal y del Consejo, como todos los usuarios que así lo deseen,
puedan hacer uso de la Firma Electrónica Avanzada para realizar trámites
judiciales.
El segundo convenio impulsa el uso de la tecnología para la remisión de
archivos electrónicos entre los Tribunales Federales y los de la Ciudad
de México, buscando facilitar la comunicación, todo ello en el marco de
la Ley de Amparo.
El tercero permitirá que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México pueda hacer uso de la plataforma electrónica que desarrolló
el Consejo Federal para crear un sistema de gestión judicial integral, el
cual conecte a las diversas áreas de apoyo judicial del Tribunal con los
juzgados y salas de las diferentes materias, así como que dicho sistema
se pueda extender para comunicarse con otras autoridades, tanto
locales como federales, con lo cual se facilite la remisión y recepción de
información necesaria en el desahogo de trámites judiciales.
¿Cuáles serán los beneficios que recibirán los usuarios derivados de
dichos convenios?
El artículo 3 de la Ley de Amparo, vigente a partir de abril de 2013, prevé
que la demanda de amparo se debe presentar por escrito, ya sea de manera
impresa o electrónica, y en caso de que se opte por la vía electrónica, sea
a través del uso de las tecnologías de la información que emita el Consejo
de la Judicatura Federal, entre éstas la Firma Electrónica, la cual producirá
los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
30

MÉXICO
Electrónicamente se pueden enviar y recibir promociones, documentos,
comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos,
resoluciones y sentencias relacionadas con la competencia de los
órganos jurisdiccionales, por lo que éstos quedan obligados, en primera,
a vigilar que todos estos documentos sean digitalizados y, en segunda, a
que el expediente electrónico y el impreso coincidan íntegramente para
la consulta de las partes.
En este sentido, si bien el Juicio de Amparo se sustancia ante tribunales
federales, en algunos de ellos tienen intervención, como autoridades
responsables, los Tribunales locales. Sobre todo en el amparo directo.
Bajo dicha premisa, para que se pueda dar cabal cumplimiento al artículo
3 ya citado, es necesario que la plataforma electrónica que diseñó el
Consejo de la Judicatura Federal, esté accesible en los tribunales locales,
de tal manera que se pueda utilizar para poder remitir la información
que conformará el expediente electrónico de amparo, es decir, el informe
previo, el informe justificado y las constancias de amparo.
Actualmente el Tribunal Superior de Justicia de la capital mexicana
cuenta con diversos sistemas electrónicos que buscan estar a la altura
de las demandas de la Ley de Amparo, de los cuales el Consejo de la
Judicatura local da seguimiento, a través de la Comisión de Seguimiento
a la Implementación Tecnológica que conformamos los Consejeros
Sandra Luz Díaz Ortíz, Héctor S. Casillas Macedo.
Consulta de resoluciones
Uno de los sistemas que han facilitado la publicación de acuerdos en
el Boletín Judicial es el Sistema Integral de Consulta de Resoluciones
(SICOR). En él los jueces de primera instancia de materia civil, mercantil
y familiar, capturan los acuerdos, resoluciones y sentencias de su
competencia, las cuales firma electrónicamente con la firma electrónica
emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
La expectativa a corto plazo es que dicho sistema se amplíe a la segunda
instancia, buscando facilitar la consulta de expedientes y evitando
que tenga que acudir a la sede judicial. De igual forma, la expectativa a
mediano plazo es que en el SICOR se puedan consultar acuerdos y las
promociones y documentos que presenten las partes, con la intención
que resulte más atractivo y útil a los usuarios.
Firma electrónica avanzada
Para que se puedan cumplir los fines del SICOR es indispensable unificar
el tipo de firma electrónica que se utilizará. Por eso, el convenio celebrado
en materia de Firma Electrónica Avanzada (judicial) pretende que ésta
se convierta en la firma de uso institucional para todos los sistemas
electrónicos de intercomunicación entre los órganos jurisdiccionales
y las áreas de apoyo judicial, evitando utilizar una firma personal para
trámites judiciales.
Dicha firma se podrá expedir a todos aquellos funcionarios judiciales
que actualmente tienen atribuciones de firma en trámites judiciales,
así como a aquellos justiciables que deseen obtenerla. Todos pueden
tramitarla ante el Consejo de la Judicatura Federal o en los módulos que
en su oportunidad serán instalados en las diferentes sedes del Tribunal.
Sistema Integral de Consulta de Expedientes
El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX ha desarrollado el Sistema
Integral de Consulta de Expedientes (SICE) instalado en el Archivo
Judicial, a través del cual los justiciables pueden solicitar la consulta de
cualquier expediente en medio electrónico que comprenda de los años
2011 a 2013.
31

MÉXICO
Lo que se pretende es facilitar el acceso a los expedientes del archivo
judicial, eliminando paulatinamente el uso de papel y los altos costos que
implica, incluso con la posibilidad de que su petición de consulta se pueda
realizar por vía electrónica, haciendo uso de la FIREL y que por sistema
tenga acceso al expediente electrónico.
Además existen varios sistemas de intercomunicación entre las áreas,
como el desarrollado para los Centros de Convivencia Familiar y los
jueces y Magistrados familiares; el del Instituto de Ciencias Forenses y los
jueces familiares y penales; el de gestión judicial oral penal, entre otros,
los cuales se podrán mejorar en la medida en que estén sistematizados
en un gran sistema de gestión judicial, como el que ha desarrollado el
Consejo de la Judicatura Federal.
Lamentablemente, el presupuesto que se ha asignado a los Tribunales
Locales para tales fines es prácticamente inexistente. El carecer de
recursos fiscales para el desarrollo de estas plataformas limita el avance
que deberían tener.
Sociedad digital
Los mexicanos utilizamos internet cada día más. Según cifras publicadas
por el INEGI, los hogares con internet pasaron de 6.2 millones en 2001
a 39.2 millones en 2015. De la población total, 77.7 millones de personas
usan celular y 2 de cada 3 cuentan con un teléfono inteligente. A través
de internet fijo o móvil, 88.7% obtienen información; 84.1% lo utilizan
para comunicarse; 76.6% para acceder a contenidos audiovisuales; 20.8%
para interactuar con el gobierno; 9.7% para ordenar o comprar productos
y 9.3% para operaciones bancarias en línea.
32

MÉXICO
El 70% de los habitantes de la Ciudad de México y área conurbada
utilizan internet. De ellos, 80% lo hace a través de su teléfono móvil. Por
esto, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México no puede dejar de
ver la relevancia de estos datos y actuar en consecuencia.
La falta de recursos es una limitante crucial, que obliga a mantener el
cobro de dichos sistemas hasta en tanto no se asignen recursos fiscales
que permitan financiar estas acciones, pues de otra manera tendrían que
cancelarse.
Dicho cobro de ninguna manera implica una violación constitucional
al principio de justicia gratuita, pues el trámite es impreso, de tal manera
que cualquier persona puede presentar una demanda y contestarla en
papel, puede consultar su expediente de manera física en el juzgado y
logra obtener una sentencia de la que se notifica de manera impresa, sin
mayor costo, salvo en su caso, el pago de copias certificadas.
Sin embargo, si se quiere cristalizar el cumplimiento cabal de la Ley de
Amparo y hacer un uso eficiente de los recursos públicos, es indispensable
que se asignen los recursos presupuestales suficientes para cubrir
los costos de inversión en infraestructura (computadoras, escáners,
servidores, comunicación de ancho de banda, entre otros), así como el
desarrollo del sistema integral de gestión judicial y la capacitación de
éstos al personal, que tendrá que adaptarse a las nuevas necesidades.
Esa inversión, si bien es alta de inicio, a largo plazo traerá beneficios y
permitirá que los servicios se presten de manera gratuita al público.
Mientras dicha situación no sea entendida como una prioridad dentro
de la política digital, los tribunales locales seguirán condenados a
mantener el esquema de autofinanciamiento con el que han trabajado,
impulsando el uso de la tecnología a cuenta gotas, superados por las
demandas en mejoría de servicios.
“La falta de recursos es una limitante
crucial, que obliga a mantener el cobro
de dichos sistemas hasta en tanto no se
asignen recursos fiscales que permitan
financiar estas acciones, pues de otra
manera tendrían que cancelarse.”
Juan José Gutiérrez Pineda
es Mestro en Derecho por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, especialista
en Derecho Civil
33

MÉXICO
EXPORTAR
O MORIR
Por Laura Leticia García Rodríguez
En los últimos 20 años, las exportaciones de México han crecido exponencialmente.
El Tratado de Libre Comercio para América del Norte , en vigor desde 1994, puso los
productos mexicanos en miles de anaqueles de Canadá y Estados Unidos.
Y este esfuerzo se ha multiplicado. Hoy es común ver cervezas mexicanas en Europa,
biberones en Jamaica, tequila en todo el mundo, pan dulce en Sudamérica y hasta
fábricas de cemento mexicano en Medio Oriente.
Exportar no es un proyecto a corto plazo. El camino del éxito inicia con la realización de investigaciones
para determinar si cada producto es demandado en algún otro país. Nueve de
cada 10 bienes, servicios y alimentos mexicanos son buscados en más de 140 países. Encontrar
el destino indicado y establecer relaciones con distribuidores, importadores o agentes (tarea
que se facilita con la intervención de entidades como ProMéxico, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, embajadas con residencia en México y las Cámaras de Comercio) es la clave.
¿Cuáles son los beneficios que exportar le puede dar a las empresas? Tener un carácter internacional
es el inicial, un distintivo comercial que incrementará las ventas. Por esto, se debe
considerar que la producción aumentará en al menos 50% en los primeros años, por lo que
cada empresa exportadora deberá crecer en empleados y producción.
El personal de especializarse y tener un buen manejo de la Ley de Comercio Exterior y la Ley
Aduanera, así como de figuras internacionales como los términos internacionales de comercio.
La logística debe fortalecerse al agregar cadenas de suministro internacional a la local. Habrá
más proveedores, tratos con navieras, intermediarios con los transportistas (forwarders) y
agentes aduanales que apoyen con el proceso.
Como se podrá suponer, exportar ayuda a afrontar pérdidas en ventas nacionales o situaciones
económicas inestables, además de que incrementará la facturación gracias a que las
operaciones internacionales se realizan en dólares. Este elemento da estabilidad financiera
mejora la competitividad localmente.
Un ejemplo de esto son las empresas españolas, que en los últimos cinco años han afrontado
una grave crisis económica, pero gracias a sus exportaciones, sus ganancias son 5% mayores
a las que no lo hacen.
Las exportaciones incentivan la inversión extranjera y, como consecuencia de esto, la generación
de empleos. La atracción de inversión extranjera ha proporcionado al mundo una imagen
de que México cuenta con una gran competitividad en cuanto a la producción de bienes
34

MÉXICO
El éxito de muchas empresas puede depender de su
capacidad para vender fuera de México, la nación
con más tratados comerciales vigentes del mundo.
Saber cómo hacerlo es cuestión de vida o muerte
y servicios, así como de materia prima y productos terminados. México se ve como lugar para
generar negocios rentables. Empresarios de otros países apoyan esta idea con el establecimiento
de organizaciones como la Cámara de Comercio de Chile, la Árabe Mexicana de Industria
y Comercio, las Italo-Mexicana y Franco-Mexicana, que brindan la información necesaria
para que los exportadores mexicanos conozcan sus mercados.
¿Qué se necesita para exportar?
• Precios competitivos, negociables hasta en 5%, que consideren gastos logísticos y
aduanales.
• Capacidad para aumentar producción y maquila.
• Agente aduanal para determinar una estrategia de logística.
• Transportista.
• Logística internacional.
• Tiempos de entrega definidos por los tiempos de fabricación, disponibilidad de producto
y tránsito local e internacional.
• Embalajes y contenedores.
• Revisar documentación como certificados de origen u otros.
• Respaldo gubernamental para dar los primeros pasos.
Laura L. García Rodríguez
es Licenciada en Relaciones Internacionales
por la UVM con especialidad en Comercio
Exterior por la Universidad Superior de
Comercio Exterior en París, Francia. Actualmente
es Gerente de Comercio Exterior
en SIP Consulting
35

MÉXICO
LA INGENIERÍA
SOCIAL Y EL ROBO
DE INFORMACIÓN
EN LAS EMPRESAS
Por Nuhad Ponce Kuri
Cada año, las empresas pierden cantidades millonarias
de dinero por la filtración de información
delicada, datos que sus colaboradores entregan
voluntariamente, pero sin medir las consecuencias,
a los ingenieros sociales
Al hablar de seguridad informática, la ingeniería social se conoce
como la práctica de obtener información confidencial a
través de la manipulación de usuarios legítimos. La ingeniería
social es un cúmulo de técnicas utilizadas para manipular a
las personas y hacer que divulguen su información personal.
Desde la perspectiva de la información en las empresas hay que considerar
que una parte de las violaciones a los sistemas informáticos se
hacen utilizando datos que se obtienen de sus propios usuarios, mediante
diferentes métodos y con la intervención de personas especialmente entrenadas,
los ingenieros sociales.
Los ataques de ingeniería social son más efectivos en las grandes empresas
ya que cuentan con una gran cantidad de usuarios que difícilmente
se conocen entre sí, además de que las políticas y los procedimientos
no son tan claros o precisos y, en muchos casos, muy pocas veces son leídos
(aunque estén firmados como enterados).
El Ponemon Institute, dedicado a promover las prácticas responsables
en la gestión de la información y el cuidado de la privacidad en los negocios
y el gobierno, realizó durante 2011 un estudio a 50 empresas en Estados
Unidos para saber cuál había sido el costo anual por pérdidas de información.
Los resultados arrojaron que, cada empresa, perdió $36,500,000
de dólares.
Kevin Mitnick (conocido como El cóndor por sus habilidades como ingeniero
social), famoso en el mundo por haber sido el hacker más peligroso
y más buscado por el FBI, ha comentado que “la gente, por quedar
bien, entrega información delicada a cualquiera que se la solicita, por eso
es importante la educación en las empresas para enseñarle a los empleados
a decir “no”.
36

MÉXICO
Seguridad en empresas
El principal objetivo de la seguridad informática es mantener a los intrusos
alejados de los datos que guardan ordenadores, sistemas, “nube” o
cualquiera otra tecnología.
La ingeniería social es la técnica más usada para la obtención de datos
personales porque ataca la parte más vulnerable de la seguridad: el criterio
del usuario.
Las empresas han creado y fortalecido sus muros de protección con la
mejor tecnología. Pero son pocas las que capacitan a las áreas, empleados,
a aquellos que tienen contacto en las etapas del tratamiento de protección
de datos.
Los estudios relacionados señalan
que la pérdida de datos generada
por la negligencia de empleados es
una de las amenazas más grandes
tienen las empresas. La amenaza es
clara: no existe un sistema de para
detectar la “falta de sentido común”
o ignorancia de los usuarios.
El mejor ejemplo de cómo se materializa
el trabajo de un ingeniero
social es el phishing o robo de
identidad. El Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers
(ICANN) ha señalado que los ataques
de suplantación de identidad
recurren a la ingeniería social para
robar los datos personales e información
de cuentas bancarias de los
consumidores al utilizar las cuentas
de correo electrónico que suplantan datos para guiar a los consumidores
a sitios web falsos, los cuales fueron diseñados para engañar a los
destinatarios y lograr que divulguen sus datos, como números de tarjetas
de crédito, nombres de usuario de cuenta, contraseñas, etcétera.
Ante la amenaza de espías industriales, hackers y ciber delincuentes, es
fundamental tener buena cultura dentro de la empresa para la protección
de datos, pero esto no se puede lograr sino se involucran las áreas
clave de cada empresa y una debida atención a la capacitación de sus colaboradores.
El cuidado y cumplimiento de la Ley Federal de Datos Personales
en Posesión de Particulares no se limita únicamente a tener un
aviso de privacidad o firmar algunas cláusulas de manejo de datos, es un
proceso integral permanente.
Nuhad Ponce Kuri
es Maestra en Derecho de la Empresa por la
Universidad Panamericana, Certificada por
“Normatividad y Certificación Electrónica,
S.C.” (NYCE), como Profesional Certificado
en Protección de Datos Personales, nivel
senior. Miembro del Consejo Directivo Nacional
de la Asociación Nacional de Abogados
de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.
(ANADE). Socia fundadora del despacho
Ponce Kuri, S.C.
37

LEGAL
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
VS GRUPOS DE
SOCIEDADES
Por Gabriel González Aragón
Conocer los detalles que diferencian a
cada una de las alianzas y sociedades
permiten establecer relaciones estratégicas
en pos de los mejores resultados
comerciales.
En el mundo, las relaciones jurídico-empresariales
se encuentran cada vez más integradas.
Esto implica que las empresas busquen
unirse entre sí, en distintos grados, en aras de
sobrevivir en los mercados internacionales.
Las alianzas estratégicas se materializan a través de
la vía contractual. Su duración suele ser corta, pues su
finalidad es establecer una relación de cooperación
para la realización de un fin común. El tipo más frecuente
de este tipo de alianzas son las comunidades de
ganancias o pools, situación en la que dos o más empresas
acuerdan poner en común sus ganancias o beneficios
durante un determinado periodo contable y distribuirlas
conforme a criterios y reglas preestablecidas,
generalmente en función de la participación que tenga
cada uno en la estructura y ejecución del proyecto en
común. Es importante destacar que la alianza puede ser
total, considerando todas las actividades de sus miembros,
o parcial, por estar limitada únicamente a cierta
rama de su objeto social.
Otro tipo de alianzas estratégicas son las joint venture,
que comprenden una variante grande de acuerdos,
que pueden ser de naturaleza contractual (joint
venture agreements) o societaria (en su acepción
clásica, misma que tiene como requisito sin equa non
la creación de una sociedad común participada por las
empresas constituyentes). La figura de la joint venture
strictu sensu no es otra cosa que la acción conjunta
de arriesgar capital a cambio de un beneficio (o
la expectativa de obtenerlo) y su principal rationale
consiste en la diversificación y, por ende, reducción
38

LEGAL
del riesgo que implica naturalmente la inversión y la actividad económica
en general. Es preferible repartir la ganancia con mi socio, en caso de
conseguirla, que absorber individualmente la pérdida.
Más allá de la finalidad económica, las alianzas empresariales suelen
complementarse con intercambio de tecnología, información, clientes,
etcétera. Es importante insistir en que este tipo de uniones empresariales
esencialmente son contractuales y no societarias, es decir, no nacen a
partir de la constitución de una sociedad común que funja como vehículo
jurídico en la consecución de sus objetivos y su relación es estrictamente
en un plano de cooperación y no de coordinación.
“El caso paradigmático de los grupos societarios es
la joint venture o sociedad conjunta que, como hemos
analizado ya, en su acepción clásica obliga a la constitución
de una filial común (SPV o special purpose vehicle),
integrada verticalmente con respecto de sus sociedades
matrices o controladoras.”
Los grupos de sociedades se forman con la unión de dos o más sociedades,
que se mantienen jurídicamente independientes, pero se integran
bajo una dirección económica unitaria. La independencia jurídica quiere
decir que ambas empresas siguen siendo personas morales autónomas
y distintas entre sí, mientras que la unidad económica significa que sus
políticas empresariales son comunes (de producción, comercial, laboral,
financiera) y existe una estrategia general del grupo, fijada por un núcleo
dirigente o matriz, que articula la actividad de todas las sociedades miembro,
ya sean filiales o hermanas. La toma de decisiones se centraliza y debe
aclararse que lo relevante de los grupos de sociedades no es la situación
de dominio o control de unas sociedades sobre otras, sino la unidad en la
dirección económica de todas ellas y la política empresarial común, que
influye en el comportamiento del grupo en el establecimiento de sus relaciones
jurídicas con terceros.
El caso paradigmático de los grupos societarios es la joint venture o sociedad
conjunta que, como hemos analizado ya, en su acepción clásica
obliga a la constitución de una filial común (SPV o special purpose vehicle),
integrada verticalmente con respecto de sus sociedades matrices o
controladoras. La relación entre ellas es de supra a subordinación y por
ello resulta común que tanto la participación accionaria como el control
y dirección de la joint venture sea compartida en equilibrio (es decir 50-
50). Como ejemplo, imaginemos la empresa A, una licorera que decide
crear una bebida preparada enlatada especial en conjunto con la B, una
refresquera, creando al efecto una sociedad ad-hoc. El mismo caso ha
ocurrido con automóviles, chocolates envinados, joyas, alimentos, entre
otros.
Un caso más complejo y robusto (por un mayor número de integrantes)
es el grupo de sociedades de tipo conglomerado. Esta estructura societaria
privilegia el interés del grupo sobre el interés individual y se caracteriza
por unirse en relación jerárquica y ser dependientes entre sí. Este tipo de
grupo se compone de tres tipos de sociedades (ver cuadro más abajo), todos
integrados entre sí, ya sea horizontal o verticalmente:
i. Sociedad matriz (holding): esta es la cabeza del grupo, la sociedad
dominante o controladora de las demás por encontrarse supraordinada
a sus filiales y en la que recae la dirección económica común y
la coordinación de la política empresarial del grupo. Generalmente
39

LEGAL
esta es su única función, reduciendo su patrimonio
y capacidad productiva al mínimo. La sociedad matriz
es quien controla a las filiales del grupo, frecuentemente
siendo la accionista mayoritaria de las mismas;
en casos de que no sea así, asegurándose del control
jurídico en cualquier forma.
ii. Sociedad filial: entidad
controlada por
su matriz, por encontrarse
subordinada a
la misma, razón por la
A
que cuenta con independencia
de iure, su
gobierno corresponde
a su matriz, quien fijará
la política empresarial
a seguir y tomará las
B
C
decisiones relevantes D
que deban enfrentarse.
Con frecuencia se confunde
el término filial
con el de sociedad
subsidiaria. Según el
diccionario de la Real Academia Española, el vocablo
filial significa “que depende de otra principal”, mientras
que subsidiario quiere decir, en su acepción jurídica
“dicho de una acción o de una responsabilidad: que
suple a otra principal”.
A es la Matríz
del grupo.
B y C son Hermanas
entre sí y filiales de A.
D es filial de B.
Es evidente que, desde el punto de vista del Derecho societario y por los planteamientos arriba
expuestos, la sociedad filial o dependiente de otra “cuelga” de ella, mas nunca la suple.
iii. Sociedad hermana: Este tipo de empresa es la que explica la relación entre filiales, que si
bien son controladas por una matriz común, y forman parte del mismo grupo económico,
entre sí no guardan una relación de supraordinación, ni tampoco de subordinación, por estar
al mismo nivel en cuanto a su jerarquía dentro del grupo al que pertenecen.
Lo anterior describe, a grosso modo, la esencia de los grupos de sociedades, también conocidos
como grupos de interés económico y su estructura básica, con la finalidad de comprender
en una mejor forma su naturaleza y relevancia en el Derecho de sociedades moderno
y por ser uno de los esquemas al que se enfrenta el profesional del Derecho en su ejercicio
cotidiano.
Gabriel González Aragón
es profesor de asignatura de la Universidad
Iberoamericana, campus CDMX.
40

41

LEGAL
LA COMPLACIENTE
SUPREMA CORTE
Por Oscar Esquivel Rivera
Como en pocas ocasiones antes, las determinaciones en materia
fiscal de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país han
dejado descontentos a muchos especialistas.
A
pesar de que la reforma fiscal impulsada por la administración de Enrique Peña
Nieto no resuelve el problema recaudatorio de México, básicamente se enfoca
en la misma situación cíclica y paupérrima de siempre, esto es, en drenar continuamente
a la base contribuyentes existentes, buscando la forma de sacar más
recursos a los contribuyentes cautivos, aquellos que realizan actividades productivas
en nuestro país.
Así, el pasado 9 de septiembre, la Segunda Sala de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
emitió una tesis aislada, al resolver el amparo en revisión 1287/2015, sobre el efecto que
puede tener el otorgamiento del amparo contra las disposiciones fiscales y reglas de carácter
general que obligan a los contribuyentes a enviar de manera electrónica la contabilidad a la
plataforma de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El efecto del amparo sería que no se obligue a enviar la contabilidad electrónica a través
de un anexo, el 24, que deriva de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio
de 2015, hasta que el software que utiliza el SAT y la codificación que se emplea para la
generación de los archivos XML, provistos por una empresa externa, estén configurados en
español.
La tesis que se comenta establece que la parte quejosa se abstendrá de atender los lineamientos
técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por
el consorcio w3, establecidos en el sitio www.w3.org hasta que el SAT formule y publique en
alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos
XML en español.
42

LEGAL
Dicha propuesta dice:
Época: Décima Época
Registro: 2012519
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la
Federación
Publicación: viernes 09 de septiembre
de 2016 10:18 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 2a. XCVII/2016 (10a.)
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA.
EFECTO DE LA SENTENCIA QUE
CONCEDE EL AMPARO CONTRA
EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFI-
CIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE
ENERO DE 2015.
El efecto que debe imprimirse a la
sentencia que concede el amparo
contra el Anexo referido es el de
desincorporar de la esfera jurídica
del quejoso la obligación de atender
los lineamientos técnicos de forma
y sintaxis para la generación de archivos
XML especificados por el
consorcio w3, establecidos en la página
de internet http://www.w3.org,
hasta en tanto el Servicio de Administración
Tributaria formule y
publique en alguno de los medios
a su alcance los lineamientos a seguir
para la generación de archivos
XML en idioma español.
Esta tesis se publicó el viernes 9 de septiembre de
2016, a las 10:18 horas, en el Semanario Judicial de la
Federación.
El ridículo y pobre efecto del amparo prácticamente
implica que la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación le explique y le indique al SAT
cuál es la fórmula para corregir la plana y así purgar
cualquier vicio de constitucionalidad.
Derivado de lo anterior, el 29 de septiembre pasado, el
SAT en su página de internet publicó una Actualización
a la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2016, a través de la cual
pretende subsanar y modificar el Anexo 24 y propone
un Anexo Técnico, pretendiendo así purgar los vicios
de constitucionalidad establecidos por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
el amparo en revisión 1287/2016, en relación
con la obligación de llevar la contabilidad electrónica
en medios electrónicos.
En relación con lo anterior, se considera que será
necesario verificar tecnológicamente si dicho anexo
es suficiente para hacer operativo el sistema y así
cumplir con la obligación de llevar contabilidad en
medios electrónicos, y por ende, si subsana el vicio de
constitucionalidad determinado por la Segunda Sala
de la Suprema Corte, lo cual, parecería que es así.
La modificación aludida ha sido publicada en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 4 de octubre de 2016,
de ahí que se considere que las empresas que tienen
suspensión definitiva otorgada no pueden ser obligadas
a remitir contabilidad electrónica, hasta en tanto el
juicio de amparo que promovieron sea resuelto, lo cual
podría estar ocurriendo en semanas próximas, ya que
la Corte sesionará este tema el 5 de octubre y quizás, a
partir de ahí, se estará integrando jurisprudencia para
resolver de fondo este asunto.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 1287/2015.
Boehringer Ingelheim Promeco,
S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de
2016. Cinco votos de los Ministros
Eduardo Medina Mora I., Javier
Laynez Potisek, José Fernando
Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez
Dayán; votaron con salvedades
Margarita Beatriz Luna Ramos,
José Fernando Franco González
Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente:
Alberto Pérez Dayán. Secretarios:
Georgina Laso de la Vega
Romero, Oscar Vázquez Moreno y
Fanuel Martínez López.
43

LEGAL
“El ridículo y pobre efecto del amparo prácticamente
implica que la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación le explique
y le indique al SAT cuál es la fórmula
para corregir la plana y así purgar cualquier
vicio de constitucionalidad.”
La obligación de llevar la contabilidad electrónica
está vigente y sin mayores vicios de constitucionalidad,
dado que el nuevo Anexo 24 entró en vigor el
1 de noviembre pasado. Pero debemos tener presente
que hasta que se dicte sentencia en los juicios
de amparo en trámite, en los cuales aún se tiene la
suspensión definitiva concedida, los contribuyentes
que cuenten con dicha suspensión tienen el beneficio
de no enviar la contabilidad.
Oscar Esquivel Rivera
es Licenciado en Derecho especializado
en práctica de litigio fiscal, consultoría
fiscal, asesoría legal corporativa, licitaciones,
litigio administrativo y derecho
municipal. Desde agosto de 2011 es Socio
Fundador de Adlex Abogados.
Contacto: www.adlexabogados.com.mx
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45

MÉXICO
LA TIERRA
ES DEL QUE
SE EDUCA
Por Juan Ramón Sobero Álvarez
El escenario más cuesta arriba no frena a un
grupo de estudiantes de Morelos y Puebla que, con
la ayuda de empresas socialmente responsables,
han conseguido afianzar una estrategia de
excelentes resultados
No es común que una escuela sea reconocida académica
y deportivamente tanto como la escuela rural El Peñón,
localizada en la zona más pobre y de las más inseguras de
Morelos, la de Jonacatepec.
De su informe anual, disponible en elpenon.org.mx, se
pueden leer algunas de sus distinciones del curso 2014-2015:
• Primer lugar estatal, prueba PLANEA en“habilidad matemática”
• Segundo lugar estatal en “habilidad de comunicación”
• 1,246 de los 1,300 puntos posibles en el examen del Ceneval (la media
nacional es de 1,014)
• Primer lugar en la Olimpiada Nacional de Astronomía
• Segundo y tercer lugar en el Concurso Nacional de Matemáticas Pierre
Fermat (IPN)
• Tercer lugar en la Olimpiada Estatal de Matemáticas
• Tercer lugar estatal del Concurso de Aparatos y Experimentos de Física
• Primer y segundo lugar, Torneo de Ajedrez. Copa Fortaleza
• Segundo lugar en el Concurso Estatal de Ortografía
• Primer y segundo lugar en la Evaluación de Profesores de los tres grados
de secundaria
• 950 de los 980 puntos posibles en el examen TOEIC (logrados por un
alumno)
• 15 lugar en la Olimpiada Mundial de Robótica de Pekín 2015
¿Cómo se logra todo esto cuando no hay recursos y se padece
desnutrición y violencia? Al sumar esfuerzos los alumnos, padres y
la sociedad civil organizada. El Peñón ofrece educación secundaria y
preparatoria a 378 alumnos originarios de 12 municipios de Morelos y
Puebla. Esta escuela ha aprovechado las bondades de la responsabilidad
46

MÉXICO
social de las empresas, que generan la oportunidad de tener educación
del mejor nivel.
Con frecuencia, en las instalaciones de El Peñón hay empresas
invitadas a realizar tareas de mantenimiento, en un esfuerzo común
entre los alumnos y los visitantes que toman un día regular de trabajo
para este tipo de dinámicas, que pueden incluir la renovación de canchas,
la impermeabilización de techos, el arreglo de caminos con adoquines
nuevos, la instalación de sistemas de riego, remozamiento de fachadas e
interiores, entre otras.
El Peñón fue reconocida en 2011 con el galardón Pedro Romero de
Terreros, fundador del Nacional Monte de Piedad, por el trabajo de
excelencia en aquellas instituciones de asistencia social que trabajan
en materia de salud, educación y solución de problemas sociales. Su
obtención es muy competida por la gran cantidad de instituciones que
participan en sus evaluaciones y por el rigor que se observa de parte de
las autoridades y organizaciones que evalúan su entrega.
Los miembros del patronato de El Peñón están abiertos a orientar a otras
instituciones educativas en la búsqueda de estos niveles de excelencia.
Juan Ramón Sobero Álvarez
es Vicepresidente del Comité Técnico Nacional
de Capital Humano en el IMEF
Contacto:
juanramonsobero@hotmail.com
47

PARA ENTENDER
NUESTRA
CONSTITUCIÓN
Por Miguel Ángel García Rodríguez
El origen de la Carta Magna tiene su origen en una serie
de acontecimientos, trascendentales en la historia
mexicana, que han cimentado el iuris nacional
• En el siglo XVI, el Estado reclama estar por encima de las libertades municipales y locales.
Carlos V (1521), en Villalar, vence a los Fueros, dando a España un orden legislativo: Leyes,
Ordenanzas, Instrucciones, Reales Cédulas, Reales Órdenes, Reales Acuerdos y Reales
Provisiones.
• Con las “Leyes del Toro” se da una prelación: Leyes del Toro, Fueros Locales y Las 7 Partidas.
En 1567, Felipe II encarga que se elabore “La Nueva Recopilación de Leyes de Castilla”.
• El Reino de Castilla obtiene del Papa Alejandro VI el dominio de todas las tierras descubiertas,
legitimándose para imponer sus leyes en el Nuevo Mundo.
• Carlos IV (1805) elabora “La Novísima Recopilación de Leyes de España”, ayudando a crear
el Derecho Indiano basado en la Cédula Real “las autoridades españolas,
respetarán los usos y costumbres de sus súbditos indígenas, en tanto que
estos no contravengan los principios de la religión y el orden político superior
del reino de la monarquía española”. Derecho utilizado en la Nueva
España.
• Miguel Hidalgo (1810) inicia el movimiento independentista, sujetándose
al dominio del Rey. El 22 de octubre de 1812, José María Morelos
promulga la Constitución de Apatzingán que marca la independencia
de la Corona Española.
• En España es promulgada la Constitución de Cádiz (1812) y el 6 de
noviembre de 1813 se firma el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia
de América Septentrional, configurándose una verdadera
independencia.
• El 31 de mayo de 1820 se jura la Constitución de Cádiz en la Nueva España,
dejando sin efectos la Constitución de Apatzingán.
48

LEGAL
• Con la promulgación del Plan de Iguala, se integra la fórmula: Religión,
Unión e Independencia, ejes del movimiento independentista de
Agustín de Iturbide al frente del Ejercito de las Tres Garantías.
• Iturbide y O´Donojú firman el tratado de Córdoba, ratificando el Plan
de Iguala: Por virtud de este documento, ratificado en Córdoba con el
enviado español, se proclama la independencia de la América Septentrional
para dar paso a un nuevo Estado llamado “Imperio Mexicano”.
• México nace a la vida jurídica el 28 de septiembre de 1821, con la firma
del Acta de Independencia.
• El nuevo Imperio crea su Derecho a partir de la Federación, y con la
firma del Acta Constitutiva de la Federación (31 de enero de 1824) se
impulsó la promulgación de la Constitución del 5 de octubre de 1824, la
cual carecía de parte Dogmática (materia reservada a los Estados), era
rígida pues no permitía reformas en la forma de gobierno, división de
poderes y religión. Desprecia un ejecutivo fuerte (unipersonal), crea
la figura del vicepresidente. El Poder Legislativo como representante
de la soberanía. Terminó su vigencia en diciembre de 1835, cuando el
Congreso se dio un auto golpe
parlamentario, eliminando las
dos cámaras y nombrándose
Constituyente, estableciendo una
República Central redactando las
7 Leyes Constitucionales (1836).
• Las 7 Leyes incluían el Supremo
Poder Conservador, haciendo
equilibrio entre ejecutivo y
legislativo.
• En 1842 se reunió un constituyente
bajo una convocatoria,
no promulgó una Constitución
pero dio paso al constituyente
denominado “Suprema Asamblea
Legislativa”, que promulgaron
“Las Bases Orgánicas”,
tercera Constitución, la más
técnica, menos conocida y de
menor vigencia. El 18 de agosto
de 1846 Mariano Salas proclamó
la Federación.
• En 1857 se aprueba la Ley Iglesias, limitando la intervención civil en el cobro de aranceles
parroquiales e implantando la libertad de culto. El 5 de febrero se promulgada la Constitución,
sin establecer la libertad de culto, pero sin señalar una religión oficial.
• Introdujo el Federalismo, la República Federal, el juicio de amparo y los derechos del hombre.
• En diciembre de 1857 los Conservadores y la Iglesia, bajo el mando de Félix Zuloaga,
desconocen la Constitución de 1857. De acuerdo con la Constitución
ante la ausencia del Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (Benito Juárez) era investido como Presidente de la República.
49

LEGAL
• El 7 de julio de 1859, Juárez, mediante un manifiesto
a la nación, señala las medidas para terminar con
la guerra entre Liberales y Conservadores. Surgiendo
las “Leyes de Reforma”. Lerdo de Tejada eleva
a rango constitucional las Leyes de Reforma y
consigue el veto, así como el restablecimiento del
senado y las comunicaciones por escrito: Registro
civil, separación entre Iglesia y Estado, educación
laica, nacionalización de bienes de la Iglesia, exclusión
del clero de la vida política, libertad de culto,
secularización de los bienes de la beneficencia,
secularización de cementerios, matrimonio civil
definido como contrato, y supresión de órdenes
religiosas.
• Durante la dictadura de Porfirio Díaz, la única
constitución fue la de 1857. Pero era el Presidente
quién definía la vida política y legal de la nación.
Fue hasta el mandato de Francisco Madero
que se retomó y reformó la Constitución de
1857: no reelección, municipio libre y se derogó
la vicepresidencia.
• En 1914 cae Victoriano Huerta (Decena Trágica) por
el movimiento constitucionalista de Venustiano
Carranza, quien convoca un Nuevo Congreso Constituyente
en Querétaro para reformar integralmente
la Constitución de 1857.
• El 5 de febrero de 1917, añadiendo los artículos 5, 24,
27 y 130, se proclamó la “CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE
REFORMA A LA DE 5 DE FEBRERO DE 1856”.
Miguel Angel García Rodríguez
es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Panamericana, especializado en derecho
Fiscal, actualmente es socio Fundador de
SIP Consulting y Director de Iuris Vol.
Contacto:
miguel.garcia@sipconsulting.com.mx
50

51

CULTURA
OTTO
DIX
Como probablemente
ningún otro pintor, Otto
Dix encarna en su biografía
y en su arte el siglo
de los extremos en
Europa, el cual dejó una marca decisiva
en Alemania con dos guerras
mundiales la cultura de la República
de Weimar y la división política
después de 1945. Siendo tanto un
afectado como un observador, el
grandioso realista adoptó una postura
crítica frente a su época y rindió
testimonio en cuadros que sacuden
al espectador.
Hoy en día, es considerado uno
de los pintores más trascendentes
del siglo XX. Tal como su época, la
obra de Dix también está marcada
por violencia y pasión. Con más de 150 cuadros y trabajos sobre papel de la Primera Guerra
Mundial, pasando por los trepidantes dorados años veinte, hasta llegar al neoexpresionismo
después de 1945, una gran exhibición del pintor alemán en México ofrece una mirada amplia
en la obra completa de este grandioso realista.
Expresionista, dadaísta o un maestro antiguo, pintor propagandista y ecléctico, fanático de
las observaciones y visionario, moralista y cínico, Otto Dix fue esto y mucho más. Sin embargo,
este artista excepcional alemán fue ante todo otra cosa: un realista, un contemporáneo y
testigo de su época, un afectado y un observador. En su vida atravesó casi todas las estaciones
del siglo de los extremos.
El joven pintor fue saludado en el escenario artístico alemán como un “evento artístico
elemental” terminada la Primera Guerra Mundial. En el apogeo cultural de la República
de Weimar, Dix avanzó hasta ser el representante más importante de un realismo crítico,
con el que adoptó una postura crítica ante su época. Bajo la dictadura nacional socialista,
sus cuadros fueron difamados como “arte degenerado”. Tras la Segunda Guerra Mundial,
52

CULTURA
Violencia y pasión es
la primera exhibición
en México de este
fundamental artista
alemán del siglo XX.
intervino a favor de la paz en la Europa
dividida. Tal como su época, la
obra de Dix también está marcada
por violencia y pasión.
Toca las preguntas fundamentales
de la existencia humana. Sus
cuadros son a la vez espejo y comentario.
Con ellos señaló las propias
vivencias en la guerra y la urbe, sus
experiencias contradictorias con
personas en situaciones extremas.
Como pintor, confiaba en lo visible
y su mirada perspicaz. Sus grandes
escenarios de sociedad son una
cirugía inexorable del tiempo; los
retratos de los personajes parecen
perfiles. Su obra siempre fue observada
y evaluada desde puntos
de vista contradictorios. Asimismo,
ha sido elogiada y malinterpretada,
condenada y destruida. Hoy en día,
Otto Dix es considerado como uno
de los artistas más trascendentes
del siglo XX. Su realismo comprometido
y ambivalente resulta más
explosivo que nunca.
En esta exposición está “Metrópolis”,
el tríptico creado entre 1927
y 1928, icono de los “dorados años
veinte” y sus abismos y contradicciones. En él resume sus agudas observaciones sobre
la sociedad en la que vivió, la misma que censuró su agudeza y criticismo pictórico, una
posición que incomodó al régimen nazi, responsable de haber destruido buena parte de
su obra.
La última obra de la exposición es un autorretrato único y poco exhibido, en el que Dix
cambia el semblante serio y posa sonriente con una de sus nietas. “Todo lo que he visto
es bello”, afirmó hacia el final de su vida el pintor, en un giro a su mirada crítica de la
sociedad, pero que confirma su propuesta estética y plástica.
***
Otto Dix. Violencia y pasión es la primera exhibición del artista en México. Tiene lugar
en dos sobresalientes museos de arte del país: el Museo de Arte Contemporáneo (MAR-
CO) en Monterrey y el Museo Nacional de Arte, en la Ciudad de México. Con más de 150
obras de todas las fases creativas, entre ellas 30 cuadros y 50 grabados al agua fuerte del
ciclo bélico de 1924, ofrece una mirada completa en la vida y obra del grandioso realista
y humanista. El catálogo de 250 páginas en español e inglés pone a disposición, aparte
de la documentación de la exhibición, material fotográfico y de fuentes por montones
respecto al pintor alemán del siglo en su tiempo. El ímpetu de la pasión artística de Otto
Dix entusiasmará y conmoverá también al público mexicano.
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