BOLETIN Nº 750 LAS OTRAS NOTICIAS DEL P P Del 10 al 20 de marzo 2017

La Oficina del Censo Electoral, que depende del INE, es la encargada de actualizar y exponer
el censo, atender las reclamaciones y recibir las papeletas del voto por correo. Hasta ese
momento, a los trabajadores se les retribuía esa labor extra con un complemento de
productividad. Pero el INE decidió cambiarlo, según dice a requerimiento de la Inspección de
Trabajo, por una remuneración por hora de 14 euros brutos. Ese cambio suponía un recorte
salarial del 60%, por lo que sólo se presentó voluntario el 55% del personal laboral. El INE
recurrió a funcionarios de otras administraciones y a trabajadores eventuales para cubrir las
necesidades. Sólo en Barcelona, por ejemplo, la Oficina del Censo Electoral firmó 20 contratos
de 10 días y una decena de sólo tres días de duración. Hay que recordar que las solicitudes
para votar por correo se duplicaron en las elecciones del 26 de junio de 2016, hasta alcanzar
los 1,2 millones.
El INE asegura a este periódico que las denuncias de la AESE a este respecto no son más que
una “manipulación”, puesto que su gestión del censo electoral el 26-J recibió la “felicitación
expresa” de la Junta Electoral Central. El INE se refiere a la comunicación institucional que la
Junta Electoral Central hizo pública el 22 de julio del año pasado, con la que formalmente daba
las gracias “por su dedicación y esfuerzo” a los ciudadanos que formaron parte de las mesas
electorales y al personal que prestó sus servicios “en las juntas electorales provinciales y de
zona, en la Oficina del Censo Electoral, en la Dirección de Política Interior, en las Fuerzas de
Seguridad, en los consulados y la Dirección de Asuntos Consulares, en los ayuntamientos y en
Correos”.
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/03/14/los_estadisticos_del_estado_piden_econo
mia_que_destituya_presidente_del_ine_por_degradacion_que_sufre_organismo_62460_1011.
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16. EL GOBIERNO DEL PP NO HA RETIRADO NI UN SOLO VESTIGIO FRANQUISTA EN
SUS CINCO AÑOS DE MANDATO
La última eliminación de símbolos de la Dictadura se produjo en abril de 2011, al final de la
etapa de Zapatero
El Gobierno de Mariano Rajoy, que empezó en diciembre de 2011, no ha retirado ni un solo
vestigio franquista aún presentes en ministerios y organismos públicos. La retirada de los
mismos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, se interrumpió en abril de 2011,
pocos meses antes del fin del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyo
mandato se retiraron 570 de los 705 símbolos de la dictadura catalogados. Procedimientos
administrativos largos o el coste son las razones que arguye el Gobierno para explicar el parón
de cinco años, según la respuesta que ha dado al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu.
Este parlamentario, diputado en la anterior legislatura y ahora en la Cámara Alta, integrado en
el grupo Mixto, preguntó al Gobierno su actuación para cumplir la Ley de Memoria Histórica
respecto a la retirada de vestigios franquistas de ministerios y organismos públicos. En el año
2009 una comisión técnica elaboró un catálogo en el que se enumeraron 705 vestigios de la
dictadura de Franco diseminados en la Administración del Estado, entre edificios ministeriales y
de empresas y órganos públicos. Desde ese tiempo y hasta el final de la última legislatura del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 se retiraron 570, por lo que la nueva
Administración del PP emanada de las elecciones de 2011 se encontró con el trabajo de retirar
135 de esos símbolos de la dictadura.
“¿Cuáles son los vestigios franquistas retirados de ministerios y organismos públicos desde el
año 2012 por años?”, pregunta el senador Iñarritu. Cuáles quedan por retirar en este momento
y cuál es el calendario de retirada previsto son las preguntas que completan la indagación
sobre este asunto pendiente. Con fecha 27 de febrero el Gobierno responde al senador que los
últimos vestigios retirados se produjeron en abril de 2011 y se trata de 570 de los 705 que
deben ser eliminados. “El resto está en la actualidad en proceso de tramitación, bien porque
requiere un procedimiento administrativo largo, bien por su coste”, se lee en la respuesta
gubernamental.
Esa catalogación la elaboró una comisión técnica de expertos que valoró los vestigios
susceptibles de ser retirados ya que otros se excluyeron por su significado histórico, su valor
artístico-religioso o criterios técnicos. Esta comisión no examinó bienes de otras titularidades
que no fueran estatales. “Es el titular del bien el que debe gestionar el proceso de retirada de
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