Proyecto de primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Con relación a la institucionalidad predominante (véase el cuadro III.A1.1 del anexo III.A1), estas instancias
presentan una organización diferente en cada país, en forma de comisiones, comités, grupos, mecanismos
y mesas de carácter nacional, inter- o multisectorial e inter- o multidisciplinario, y son coordinadas por una
instancia gubernamental específica, facultada para ejercer como secretaría técnica y como punto focal ante
la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. En menor medida, existen casos en los que no se ha
informado sobre la composición de un mecanismo explícito, por lo que se entiende que no se ha conformado
ninguno desde 2013. La existencia de estructuras gubernamentales permanentes a cargo de los temas
de población y desarrollo, como recomienda el Consenso de Montevideo, también se da en pocos casos;
algunos incluso cuentan con una estructura creada con anterioridad 13 , resultado del Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo o anteriores a este, como es el caso de México
(Consejo Nacional de Población (CONAPO)), Jamaica (Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ)), el Brasil
(Comisión Nacional de Población y Desarrollo (CNPD)), la Argentina (Dirección Nacional de Población) 14 y otras
más recientes como las creadas por el Uruguay en 2010 (la Comisión Sectorial de Población y Desarrollo (CSP)),
Honduras en 2013 (Consejo Nacional de Población (CONAPO)), Cuba en 2013 (Comisión Gubernamental) y
Chile en 2017 (Comité Coordinador Nacional Consenso de Montevideo (CCNCM)).
En este contexto, y en lo referente al grado de consolidación, estas instancias son muy heterogéneas. Algunas
se constituyeron específicamente para la elaboración del informe nacional, pero no se vislumbra un mecanismo
explícito que les dé continuidad una vez concluida esa tarea. Otras parecen tener un funcionamiento más regular
y permanente más allá de los requerimientos de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
En cuanto a la participación de las organizaciones no gubernamentales en estas instancias, parece darse
de dos formas: una más integral, en los mecanismos e instancias de coordinación nacional de los temas de
población y desarrollo, y otra más sectorial, por temáticas y con mecanismos diferentes según el ministerio
o área de gobierno en donde se produce esta coordinación. En las etapas de elaboración del primer informe
nacional sobre el avance en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo,
en algunos casos la sociedad civil incluyó explícitamente a organismos vinculados al sector académico y
organizaciones de mujeres, jóvenes e indígenas, en diferentes grados y niveles de participación, principalmente
en aquellas instancias que habían sido creadas con el objetivo de generar el informe. Los tipos de participación
se encuentran resumidos en el cuadro III.A1.1 del anexo III.A1.
Con respecto al grado de consolidación de los mecanismos de participación de las organizaciones
de la sociedad civil y su continuidad y regularidad en el tiempo, se plantea una situación similar a la de la
institucionalidad en los temas de población y desarrollo: el trabajo sectorial y por temas parece ser el más
consolidado y de mayor trayectoria en el tiempo.
d) Situación de la integración de los asuntos de población en las políticas públicas
y la planificación
La integración de la población y su dinámica en la planificación del desarrollo sostenible a escala nacional
y subnacional es unas de las medidas prioritarias esenciales del Consenso de Montevideo, y le confiere una
identidad propia. Es un ámbito estrechamente vinculado a cada uno de sus capítulos y, en particular, a los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial (medida prioritaria 4) o los planes que consideran la evolución
de la estructura por edades (medida prioritaria 19) en las varias políticas sectoriales, así como a la dinámica
de poblaciones específicas, como los pueblos indígenas (medida prioritaria 86). Uno de los efectos de los
cambios ya ocurridos o previstos de la estructura etaria de la población de la región en las políticas nacionales
es el impacto en la seguridad social, como se advierte y ejemplifica en los informes de la CEPAL:
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Esas instancias de creación más antigua han experimentado cambios a lo largo de los años, tanto en la forma de su organización, coordinación y asignación
presupuestaria como en su actuación en los temas de población y desarrollo a nivel nacional y su participación en los foros internacionales.
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La Argentina ha informado que la Dirección Nacional de Población revitalizará el Consejo Federal de Población (COFEPO) “para promover la gestión poblacional,
asegurando el contacto entre el Poder Ejecutivo Nacional y las administraciones provinciales”, véase [en línea] https://www.argentina.gob.ar/registro-nacionalde-las-personas/cofepo.
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