¡¡NUNCA MÁS MUERTES EVITABLES!! DEROGACIÓN DE LA LEY 15/1997

4. CUIDADOS CON DIGNIDAD PARA NUESTROS MAYORES
La pandemia del Covid-19 ha tenido efectos dramáticos en las residencias de
mayores, que representan casi la mitad de las muertes totales en el estado español.
Que se trate de lugares con alta concentración de un colectivo de riesgo
agrava la culpabilidad de los responsables de la administración y empresas en
esta sangría: Precisamente por ello, las medidas de aislamiento social, sin dar
la posibilidad de llevarlos a casa, imposibilitando a las familias la supervisión
que venían realizando en residencias que acumulaban innumerables denuncias
archivadas por la administración, unido a las graves situaciones de falta de
personal, sin adecuada competencia en el manejo de esta realidad, sin equipos
de protección, así como la irresponsabilidad de sus gerentes, han convertido a
las plantillas en un dramático y letal vector del virus. En el pico, la negativa de
determinadas áreas a trasladarlos a centros sanitarios o a recibir atención del
SNS, la no medicalización prometida y el colapso de los servicios funerarios,
han convertido las residencias de mayores y de personas con discapacidad en
un festín para el SARS COV2. Los dos sistemas que debían haber protegido
a los más vulnerables son los mismos que han boicoteado sus posibilidades de
supervivencia. Ello ha quedado demostrado cuando han sobrevivido los mayores
a los que se les ha protegido de verdad o se les ha dado la oportunidad
de curación, en igualdad de condiciones que a los demás. La opacidad en la
información, el maquillaje de cifras, excluyendo de estadísticas a los fallecidos
en residencias o en su casa, los certificados de defunción absurdos, así como
los posibles casos de negligencia y maltrato deberán ser debidamente aclarados
y las responsabilidades deberán ser asumidas por quien corresponda en cada
caso. En ese sentido, el archivo de denuncias por parte de la fiscalía en algunas
provincias, o la falta de audiencia a familiares de las víctimas o a las entidades
denunciantes (sindicatos, asociaciones en defensa de los usuarios, etc.) no per-
mite ser demasiado optimista. En dos meses de pandemia, más de 16.500 personas
que vivían en residencias murieron por COVID19 o con sintomatología
compatible, mientras numerosos gobiernos autonómicos o forales -de distinto
color- evitaban ofrecer datos desglosados por residencias o por provincias. Excusas
contradictorias y pueriles para una deliberada ocultación que vulnera el
derecho a la defensa frente a la pandemia de residentes, familias y plantillas.
La situación derivada de la pandemia ha sacado a la luz pública una problemática
social de la que ya se venía alertando: la tendencia de envejecimiento
poblacional, la falta de oferta pública y una legislación que favorece la privatización
de los servicios socio-sanitarios han convertido la atención y el
cuidado a la tercera edad en un sector dominado por criterios de rentabilidad:
la vinculación político-económica para la configuración de regulaciones
y definición de políticas explica que la mayoría de centros residenciales sean
ya de gestión público-privada (“indirecta” o concertada) o totalmente privada.
Los escasos centros que son públicos en su totalidad se rigen por criterios de
gestión empresarial, al estar estos subordinados a un cuerpo normativo hecho
a medida de los poderes económicos.
La lógica empresarial del coste-beneficio pone nuestras vidas en peligro. Esta
lógica, sin embargo, gana cada vez más terreno en el ámbito de “lo público”,
en una renuncia a ser garante de los derechos más básicos. Las residencias de
ancianos son un ejemplo paradigmático de esta dinámica, que ha demostrado
ser incompatible con unas condiciones de vida digna y que atenta contra la
integridad física de las personas.
Según el INE, el porcentaje de población mayor de 65 años se sitúa actualmente en el 19,2% y se prevé que en 2050
alcance el 30%, con 4 millones de mayores de 80 años. La OMS recomienda una ratio (ya de por sí insuficiente) de 5
plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. La media en el estado español (con variaciones según
CCAA) es de 4,21%, por lo que sería necesario crear 70.000 plazas para cumplir con dichas recomendaciones. El 60% de
las plazas existentes cuenta con financiación pública, pero el 75% de los centros son privados – de ellos, dos tercios
son privados “puros” y el resto son concertados 1 . Esto solo nos da una idea aproximada de la cantidad de dinero público
que financia el negocio privado, pues los centros de titularidad pública gestionados por empresas o fundaciones (“gestión
indirecta”) computan como “públicos”, por lo que los datos exactos sobre la privatización del sector geriátrico son
intencionadamente inaccesibles. Además, las desigualdades en inversión y modelo de intervención entre comunidades
autónomas, señala en el mapa auténticos agujeros negros
Nunca más dinero público
a manos privadas
En el indefinido ámbito de lo “sociosanitario” confluyen el sistema sanitario y el de servicios sociales, ambos severamente perjudicados por el proceso
de mercantilización de los servicios públicos. En particular, el deterioro del sistema público de atención a la dependencia perpetrado en ciclo de recortes y
privatizaciones de los últimos 15 años (5.864 millones de euros recortados desde 2012) ha abierto las puertas al negocio privado en los servicios socio-sanitarios.
Servicios como la teleasistencia o la asistencia a domicilio ya están privatizados en su práctica totalidad.
Por unas
condiciones laborales
y asistenciales dignas en las
residencias
La normativa en materia de dependencia y residencias geriátricas favorece la explotación laboral en
detrimento de la calidad asistencial. Los gestores de los centros encuentran el entorno idóneo para sortear
cualquier enfoque socio-comunitario, basado en la calidad de vida, en la autodeterminación, la intervención
centrada en la persona, porque ya no sería rentable.
• La normativa que regula licencias y ratios es autonómica. Las ratios
de personal necesario para atender a las personas según su grado de dependencia
son insuficientes y no se adecúan a las exigencias de atención y cuidado
que garantiza la dignidad de las personas. El personal de los centros sufre una
constante sobrecarga laboral, presión por cumplir los horarios y altos índices de
enfermedades laborales, al tiempo que los residentes ven mermada la calidad
en la asistencia. Además, para las ratios se considera el grado de dependencia
de la persona en el momento del ingreso y no su variación por el rápido avance
del deterioro de la salud de los residentes. Este aumento de la demanda de cuidados
tampoco se contempla para actualizar la composición de las plantillas.
• La indefinición respecto a las categorías profesionales de las plantillas
permite a las residencias privadas “trampear” en beneficio de su negocio.
Al no establecer exigencias mínimas por categorías profesionales, se da cumplimiento
a las ratios computando al personal de “atención indirecta” (cocina,
mantenimiento, limpieza…) como personal de “atención directa”. La empresa
ahorra en costes y el personal se ve obligado a realizar tareas que no le corresponden.
• Gran parte del problema radica en la concepción del modelo de las
residencias. Son personas que tienen dependencia, que pueden tener enfermedades,
pero no son enfermas o menores de edad y deben ser tratadas respetando
su autodeterminación y calidad de vida. Así los centros no deben
concebirse como establecimientos sanitarios sino como socio-comunitarios o
sociosanitarios. Esta indefinición da como resultado un planteamiento pseudosanitario
que tiene un reflejo directo en los perfiles profesionales actuales.
Estos deberían haber sido actualizados desde que la LOGSE (1990) creara
títulos específicos coherentes con los patrones internacionales, o más tarde,
de acuerdo al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Tampoco
se adecuaron las plantillas desde que la nueva Ley de Dependencia de 2006
(LAPAD) regulase dichos perfiles. La desactualización, la falta de cualificación
e inadecuación de los perfiles profesionales de atención directa al ámbito
socio comunitario residencial obedece a una cultura organizativa desfasada,
pero que resulta mucho más lucrativa que contar con profesionales de los perfiles
que prevé la LAPAD, respetando los derechos de las personas usuarias y
sus familias.
Por otro lado, cabe incidir en las condiciones sanitarias de los residentes enfermos o que requieren de un seguimiento médico, las cuales no están bajo el control
del SNS (muchos de estos centros cuentan con su propio personal médico, que es privado). Correspondería, en ese sentido, que la atención médica estuviera
vinculada a los centros de salud, dándose la evidente necesidad de potenciar la atención primaria en medios y efectivos para una adecuada asistencia sanitaria de
los que, al fin y al cabo, son pacientes.
• A la escandalosa insuficiencia de personal cualificado se suma la escasez
de medios y recursos. Los centros deberían concebirse con las dotaciones
necesarias para atender a personas que padecen patologías
múltiples, enfermedades crónicas y diversos niveles de dependencia. Sin
embargo, reina una concepción empresarial de los centros donde las necesidades
de los residentes suelen ser aportadas por las familias (andadores,
sillas de ruedas, pañales, medicamentos…), se ahorra en los recursos
que necesitan las plantillas para realizar su labor, así como en alimentación
(mala calidad, escasez, falta de productos frescos...). Y qué decir
de la falta de estimulación orientada al mantenimiento de su autonomía
y del abuso farmacológico o de sujeciones, porque es más cómodo.
• Hay una preocupante falta de control y trasparencia respecto a los centros
público-privados o privados. Es habitual que la residencia sea avisada antes
de las inspecciones. En aquellos casos en los que son sancionadas, la información
no se hace pública, por lo que no hay modo de prevenirnos ante posibles
malas prácticas. El personal testigo del funcionamiento de los centros y víctima
de la precariedad impuesta, se ven forzados a la sumisión y al silencio.
• El personal de las residencias, compuesto principalmente por mujeres,
es un colectivo altamente explotado. La infravaloración endémica
del trabajo de cuidados, los salarios de miseria (rondan en el
mejor de los casos los 900€), la desprotección laboral y el miedo a posibles
represalias perpetúan la situación de precariedad laboral de
sus trabajadoras y afectan de manera directa a la calidad asistencial.
1 Informe realizado por la Asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales con datos del IMSERSO 2018 https://www.directoressociales.com/prensa/451-faltan-m%C3%A1s-de-70-000-plazas-residencialespara-personas-mayores-enespa%C3%B1a.html