Listín Diario 26-09-2022

10 cm
5 cm
SANTO DOMINGO, RD. LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
15
La República
4 cm
3,5 cm
Enfoque
3 cm
El honor y la intimidad de
los funcionarios públicos
NAMPHI RODRÍGUEZ
Santo Domingo, RD
Las pugnacidades
de la doctrina
jurídica
por la protección
penal del
derecho al honor frente a
las libertades de expresión
e información no han sido
zanjadas del todo con
la sentencia del Tribunal
Constitucional (TC) de
abril de 2016 que despenalizó
los delitos de difamación
e injuria que afecten a
funcionarios públicos.
En su precedente
TC/0075/16, el Tribunal
Constitucional pronunció
la nulidad de los artículos
30, 31 y 34 de la vieja Ley
6132, de Expresión y Difusión
del Pensamiento,
promulgada por el Consejo
de Estado en 1962 mediante
decreto-ley, la cual
reproducía un régimen
represivo decimonónico
del Derecho francés.
El TC optó por la despenalización
de la difamación
o de la injuria que
se alegue contra funcionarios
públicos del rango
ministerial, directores generales,
legisladores, magistrados
y los cuerpos represivos.
Por el contrario, retuvo
las penas de prisión en el
caso en que el delito se materialice
entre particulares
o cuando se dirige contra el
Presidente de la República
y los dignatarios extranjeros,
con lo cual dejó vigente
lo que la doctrina denomina
leyes de desacato, normas
que otorgan una protección
especial al honor de
quienes ejercen la función
pública: por ejemplo, aquellas
que contemplan penas
más graves o procedimientos
especiales para juzgar a
los imputados de la ofensa
al Presidente (artículo 39
de la Ley 6132 y 368-369
del Código Penal, vigentes
aún).
En torno a la decisión
del tribunal, quisiéramos
subrayar que es innegable
que el honor, la intimidad y
la propia imagen son derechos
de la personalidad que
tienen las características
de ser irrenun ciables, inalienables
e imprescriptibles.
Sin embargo, no se puede
negar que existe una doctrina
consolidada que admite
una cierta “dosificación”
de estos derechos en aquellas
personas cuyas profesiones
tienden a su mediatización,
como funcionarios
públicos, políticos, artistas y
deportistas.
Con frecuencia, estos sujetos
deben soportar más intromisiones
en su intimidad
o en su honor que aquellos
que han optado por una vida
discreta y apartada de
los medios de comunica-
ción. En tal sentido, el TC
ha hecho acopio desde su
sentencia TC/0011/12 de
la jurisprudencia comparada
para delimitar el interés
relevante de las informaciones
que atañen a personas
públicas.
Sobre el particular, se
considera que las personas
públicas o que voluntariamente
adoptan tal condición
ante un hecho, deben
tolerar un cierto mayor grado
de injerencia en sus derechos
de la personalidad.
Del mismo modo, en la
sentencia TC/0084/13, del
4 de junio de 2013, nuestro
supremo intérprete de la
Constitución reseñó el deber
de los funcionarios públicos
de someterse a la crítica
pública: “Respecto de
las limitaciones de la protección
de la vida privada
de los funcionarios públicos,
la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
ha señalado–mediante jurisprudencia
que nos vincula
y respecto de la cual este
Tribunal expresa su conformidad—que
“en una sociedad
democrática los funcionarios
públicos están más
expuestos al escrutinio y
a la crítica del público. Este
diferente umbral de protección
se explica porque
se han expuesto voluntariamente
a un escrutinio más
exigente”.
En relación con el carácter
de interés público, la Corte
sostiene que prevalece “la
protección a la libertad de expresión
respecto de las opiniones
o informaciones sobre
asuntos en los cuales la sociedad
tiene un legítimo interés
de mantenerse informada,
de conocer lo que incide sobre
el funcionamiento del Estado,
o afecta derechos o intereses
generales o le acarrea
consecuencias importantes”.
Este precedente se desprende
de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en los
casos Ríos y Apitz Barbera y
otros Vs. Venezuela, en que
se consideró que, “el ejercicio
de la libertad de expresión no
es solamente un derecho, sino
también un deber”.
Esta situación se explica
por la razón de que la libertad
de información, y
muchas veces la de expresión,
se ejercen sobre temas
que tienen la condición de
ser de interés público, y estos
hechos, regularmente,
arrastran consigo a sus actores,
por lo cual se ve mediatizado
el derecho ala intimidad
o al honor de esas
personas. Así, un depositario
de la autoridad pública o
una persona que dirija una
institución que reciba recursos
oficiales, deben ser más
tolerantes que un particular
frente a las críticas que
se les hacen a su persona o
a su gestión.
Sin embargo, no es una
situación de desventaja absoluta.
La tendencia actual
de los tribunales admite
que aquellos que viven de
su imagen pública propenden
a ser más vigilantes y
cautelosos que las demás
personas. Por consiguiente,
las indemnizaciones que
deben recibir por intromisiones
ilegítimas en sus derechos
al honor o a la intimidad,
han de ser mayores
que las del común de las
personas.
Respecto del mantenimiento
de las penas de privación
de libertad cuando
la difamación e injuria se
den entre particulares, se
podría afirmar que la decisión
del TC se justificaría
argumentando que cuando
se alude a ciudadanos
no se generan las tensiones
que se producen entre
la prensa y el poder.
Pero, lo que, a nuestro juicio,
resulta incongruente
es que se despenalice el
delito contra funcionarios
públicos, y se mantengan
las penas de privación de
libertad cuando la infracción
daña el Presidente de
la República y los dignatarios
extranjeros.
Una parte de la doctrina
considera que se trata de
una “protección especial” a la
investidura del jefe del Estado,
mientras de otro lado se
habla de una concepción de
la persecución penal de lesa
majestad que es inexplicable
en el Estado Social y Democrático
de Derecho.
El autor es profesor de
Derecho Constitucional y
Administrativo.
Francia e Italia reconocen al país
por logros en el sector turismo
Santo Domingo, RD
El turismo dominicano
continúa cosechando éxitos
internacionales, al recibir
dos importantes premios
en Francia e Italia
por su excelente recuperación.
En el marco de la IFTM
TOP RESA, la principal feria
de negocios en Francia, que
reúne cada año los principales
sectores de la industria
leisure, viajes de negocios,
MICE y grupos, el ministro
David Collado recibió un
reconocimiento por la recuperación
de República
Dominicana por encima
de los demás países de la
región, por su manejo en
la pandemia y un exitoso
año turístico como primer
destino en ventas por
paquete larga distancia en
Francia.
El presidente de Les Entreprises
du Voyage, Sr.
Jean Pierre Mas, hizo entrega
de la distinción a Collado,
tras destacar cabe ese
El ministro de Turismo, David Collado, recibe los
reconocimientos entregados en Top Resa.
es el primer reconocimiento
que realiza a un país.
Les Entreprises du Voyage
es la asociación más grande
de Europa, que reúne a
3,500 agentes de viaje.
Así mismo en Italia, el
presidente de Astoi, Pier
Ezhaya, otorgó a la República
Dominicana trofeo
de honor 2022 por su
gestión ejemplar de la crisis
en el sector. Astoi representa
el 90% del volumen
total facturado por los Turoperadores.