Honorables diputadas y honorables diputados. Por mandato del ...

Honorables diputadas y honorables diputados.
Por mandato del artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
concordancia con el numeral 13 del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, comparezco ante la Asamblea Nacional para
consignar el informe de la gestión cumplida durante el año 2004 por la Contraloría General de la
República, la cual me honro en presidir.
Es oportuno recordar que cuando comparecimos para presentar los informes correspondientes a los
ejercicios fiscales 2000 y 2001, la situación política de nuestro país la caracterizaba no solo el
debate encendido, normal y lógico en la democracia, sino que en algunos sectores se desbordaban
sus ejecutorias más allá de los confines de la legalidad, con acciones antidemocráticas que
pusieron en grave riesgo la propia estabilidad del ordenamiento constitucional. En aquellos
momentos insistíamos en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y de que en el
país se produjera un claro deslinde entre las fracciones democráticas e institucionales que
adversaban al gobierno, y quienes habían escogido el camino de la ilegalidad golpista. Decíamos
entonces, que la misión política del gobierno y de la oposición democrática es la defensa de la
Constitución, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la
reinstitucionalización.
En ese contexto, uno de los mayores daños que se le infirió a la República, estuvo en la perniciosa
utilización de la poderosa industria petrolera venezolana como instrumento político para
desarrollar y afianzar el proceso desestabilizador.
En la utilización de la industria petrolera jugó un rol muy importante la circunstancia de que esa
actividad, en sus aspectos gerenciales y operativos dependía, de manera vital, del soporte
informático externo que la propia industria o, mejor dicho, sus altos cuadros gerenciales, habían
desarrollado con la creación de la empresa INTESA en asociación de PDVSA con capital
extranjero, específicamente de origen norteamericano.
Debemos señalar con absoluta responsabilidad, que en el marco de sus competencias legales la
Contraloría General de la República formuló oportunamente las recomendaciones dirigidas a
revisar con prontitud esa curiosa negociación de PDVSA con la empresa INTESA.
Advirtió la Contraloría General de la República en ese entonces, que además de lo poco clara que
había quedado la relación de PDVSA con el Consorcio INTESA, sobre todo en la obligación para
nuestra empresa nacional de aportar equipos, personal, bienes y recursos financieros, también se
había generado una delicada, peligrosa e inconcebible dependencia tecnológica y funcional que

ponía en peligro la estabilidad de la industria, al colocar fuera de ella los resortes fundamentales
para hacer efectivas y eficaces sus más importantes decisiones administrativas y financieras.
Sin embargo, las autoridades de PDVSA que recibieron nuestros informes con explícitas
recomendaciones, no adoptaron acción correctiva alguna, con las consecuencias que ya todos
conocemos en perjuicio de los altos intereses de la nación.
Cabe señalar, que las advertencias y recomendaciones que han emanado del Organismo Contralor
las hemos formulado con la debida ponderación, con apego a la legalidad y con absoluta
independencia de criterio. Estamos convencidos de que no es de la naturaleza institucional de la
Contraloría General de la República, inmiscuirse en debates o situaciones beligerantes de la vida
política nacional, que pudieran poner en entredicho su credibilidad e integridad, su autonomía, su
objetividad y su equilibrio.
Estos principios, que son inherentes al ejercicio de la alta función fiscalizadora, han sido
reiteradamente mantenidos por la Contraloría General de la República, no solo como una
expresión retórica, sino como una voluntad objetiva, cierta, práctica y constructiva de la entidad
contralora, y de quienes tenemos el sagrado compromiso de no permitir que se desnaturalice su
desempeño institucional.
Hoy se percibe una razonable estabilidad política nacional. Las fuerzas políticas debaten en un
marco de convivencia y de paz, impulsado no solo por decisiones de las propias organizaciones y
grupos, sino por la imposición de la voluntad popular expresada en numerosos eventos electorales,
cuya máxima culminación fue el referéndum presidencial del 15 de agosto de 2004. En ese
acontecimiento la mayoría popular ratificó al titular del Poder Ejecutivo Nacional, luego de que
una importante parte de la ciudadanía, después de cumplir con los extremos legales aplicables,
solicitara la realización del referéndum revocatorio presidencial. La institución que presido se
congratula por este clima de convivencia que vive el país.
Señoras diputadas y señores diputados
El informe que consigno ante esta Asamblea Nacional recoge el trabajo meticuloso, sistemático,
disciplinado y profesional de los trabajadores de la Contraloría General de la República.
Como es del conocimiento del parlamento nacional, la Contraloría General de la República,
además de ser un órgano integrante del Consejo Moral Republicado, institución del Poder
Ciudadano establecido en la nueva Constitución de la República, a quien corresponde la honrosa
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tarea y la gran responsabilidad del control, vigilancia y fiscalización de la universalidad del
patrimonio publico, así como de las operaciones, administración y manejo del mismo.
Es la institución del Estado venezolano que tiene a su cargo, además del ejercicio de esas
funciones de vigilancia y control sobre el manejo del patrimonio fiscal, la rectoría, normativa y
técnica del Sistema Nacional de Control Fiscal, enunciado con rango constitucional y desarrollado
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, sancionada por esta Asamblea Nacional y promulgada el 17 de diciembre del año 2001.
Conforme a nuestra Constitución de la República, y a las modernas concepciones de la
fiscalización superior externa, es al pueblo a quien le corresponde el ejercicio supremo del control
sobre el manejo de la cosa pública. La colectividad es la depositaria originaria de las máximas
potestades de control y la Contraloría General de la República el instrumento técnico de los
ciudadanos para hacer un ejercicio eficaz de control público. Bajo ninguna circunstancia la entidad
fiscalizadora superior sustituye, escamotea o secuestra el poder de control, que reside de manera
primaria en la soberanía popular, y que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, llama “control ciudadano”, “control del pueblo”.
La presencia institucional del máximo órgano de control externo del país, las contralorías estadales
y municipales, las unidades de auditoría interna de los organismos públicos nacionales, estadales o
municipales, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional (ahora con rango
constitucional) y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna forman junto con la
ciudadanía, el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Contralores somos todos, hemos establecido como eslogan de la efemérides en cada año de vida
de este organismo contralor.
Y queremos decir con ello, tal como lo anunciamos cuando asumimos la honrosa tarea de dirigir a
la Contraloría General de la República, que contralores deberíamos ser todos los habitantes de este
país. Ese control social de la colectividad debe desembocar en una cultura popular del control
construida mediante el ejercicio sistemático, diario, metódico, de la fiscalización de los 26
millones de ciudadanos convertidos en un voluntariado por la ética y la honestidad y del control
institucional que le corresponde a los órganos del Estado.
Solo mediante el desarrollo y la consolidación de esa cultura popular del control, que advierta y
corrija oportunamente desviaciones, consolide valores y principios y ayude a combatir la
impunidad, será posible minimizar con efectividad los riesgos de la corrupción pública.
La cultura de la ética pública y la moral administrativa, consagrada en el artículo 274 de nuestra
Carta Magna y cuya conducta colectiva potenciará el mayor de los capitales que poseen todos los
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países del mundo, el capital social, que nos enseña el ilustre autor Bernardo Kliksberg, en su
reciente obra “Más ética, más desarrollo”.
Pero a la par del fortalecimiento de la cultura popular del control es necesaria una administración
pública eficaz, que le responda a los ciudadanos.
Debemos decirlo responsablemente: esta administración pública no está en condiciones de atender
con eficacia, de funcionar con eficiencia, de reaccionar con prontitud, ante las ingentes demandas
del pueblo.
Esta es una administración pública que en sus aspectos doctrinarios, normativos, estructurales y
funcionales está anclada en los viejos preceptos y paradigmas.
La Administración Pública expresada estructuralmente en esas dependencias centrales de rango
ministerial u organismos descentralizados de la administración Nacional, Estadal y Municipal, son
las mismas entidades verticalizadas en su estructuración, con más de doce, catorce y hasta quince
niveles de decisión. Organizaciones que hacen difícil, cuando no imposible, que las decisiones
administrativas que se adopten puedan convertirse en realidades y en bienestar para la población.
Porque persiste el viejo esquema estructural de la antigua administración, propia de la República
que culminó en el año 1999.
Se impone señoras diputadas y señores diputados, una profunda transformación estructural y
funcional de estos aparatos administrativos del Estado. Si no se produce lo que pudiéramos llamar
la revolución administrativa, que acompañe el proceso de transformaciones históricas que convoca
la Constitución de 1999, que garantice el protagonismo y la participación ciudadana, resultará muy
cuesta arriba que el Estado responda con eficacia y con prontitud a las demandas del pueblo y,
sobre todo, para que pueda hallar concreción la máxima del Libertador Simón Bolívar, de que la
mayor suma de felicidad posible para la sociedad, debe ser el objetivo del buen gobernar.
Pero esta situación que afecta seriamente la eficacia de la gestión pública, puede llegar a
comprometer la estabilidad de las nuevas instituciones, porque los ciudadanos se han forjado las
mayores expectativas de que por su intermedio y con ocasión de ellas, es posible la redención
social.
Los ejemplos están a la vista. Cuando se inició el período constitucional del gobierno del
Presidente Hugo Chávez Frías, la crónica y grave crisis social fue enfrentada con el plan Bolívar
2000, proyecto coyuntural articulado sobre la estructura institucional ya existente, de la Fuerza
Armada, porque a juicio del Jefe de Estado era el único mecanismo que le podía garantizar la
ejecución expedita, rápida, oportuna, eficaz, de los planes dirigidos a solventar carencias
elementales que afectaban la supervivencia de grandes masas de venezolanos, en las más precarias
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condiciones de vida, marginados de la educación, de la salud, de una sana alimentación y, en
general, de los bienes materiales y culturales que la ciencia y la técnica ha puesto a disposición de
la humanidad.
Consideró el Jefe de Estado en ese momento, según la exposición que motivó la formulación de
este plan, que el aparataje administrativo existente; es decir, los despachos ministeriales de la
salud, de educación, de infraestructura, comunicaciones y los diferentes entes descentralizados
creados en su oportunidad para atender esos cometidos estatales de idéntica o similar naturaleza,
no estaban en condiciones de afrontar la emergencia social y evitar posibles brotes de descontento
insurreccional, que podrían desembocar en las terribles experiencias que se vivieron en los trágicos
sucesos de “El Caracazo”, en el año 1989.
Ese plan Bolívar 2000, que esta Contraloría General de la República ha venido auditando de
manera permanente y cuyos resultados han sido comunicados tanto a las autoridades que han
administrado el proyecto como a esta Asamblea Nacional, está institucionalizado en 3 fundaciones
del Estado, dentro del andamiaje administrativo del Estado, porque las razones que inspiraron su
concepción, formulación y ejecución en el año 1999, cinco años después, aun conservan vigencia.
Otro importantísimo y lúcido ejemplo son las diferentes misiones creadas por el Ejecutivo
Nacional para atender la problemática de la salud, de la educación, el analfabetismo, el desempleo
y la capacitación para la creación y consolidación de una nueva y estable economía social,
denominadas Barrio Adentro, Robinson, Ribas, Vuelvan Caras y Sucre.
Esas misiones gubernamentales, desarrolladas de la manera como han sido emprendidas, son
también el lamentable reflejo de la existencia de un estamento administrativo público que
definitivamente no responde ni está en condiciones de responder, a las ingentes demandas de los
sectores sociales más depauperados y que, lamentablemente, constituyen las mayorías del país.
El Estado, en el marco de este proceso de transformación, reforma o revolución administrativa,
debe repensar muy bien la existencia de este vasto y extenso universo de entidades públicas,
máxime que en muchos casos son organismos con los mismos cometidos estatales, en otros
compitiendo por los recursos para atender idénticos propósitos o situaciones para los cuales
sencillamente no se requería su constitución y dotación de recursos financieros, presupuestarios y
humanos.
En ese contexto el Ejecutivo Nacional, como promotor de esos cambios, debe analizar ese
universo de entidades, dilucidar su pertinencia y la necesidad de su existencia, y proceder entonces
a la eliminación, fusión, redimensión o reorientación, teniendo presente los propósitos estratégicos
de lograr una administración con rápida capacidad de respuesta, oportuna y efectiva.
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Otro tema que preocupa a la Contraloría General de la República y a las distintas ramas de los
poderes públicos, es el de la corrupción impropiamente llamada administrativa, porque cada
evento no está circunscrito al sector público, ni sus actores son en puridad de dicho sector y mucho
menos sus usufructuarios.
Un elemento importante que suele escaparse cuando traemos a colación lo relativo al fenómeno de
la corrupción, es la presencia del sector privado en la generación de condiciones propicias para que
se desencadene la corrupción en la función pública.
Hemos dicho y ratificamos que no existe corrupción pública que no esté asociada a la corrupción
privada. Si el banquero oportunamente no denuncia desde su institución financiera al corrupto que
quiere colocar el dinero extraído del bolsillo del pueblo, ese banquero es cómplice de ese acto de
corrupción, igualmente al promover las comisiones por las colocaciones de los dineros públicos
realizadas por funcionarios que se benefician de ella. Otro tanto hay que señalarle a la industria de
la construcción cuando reciben importantes sumas de dinero por anticipos de obras que no
ejecutan en los lapsos establecidos, solicitando luego reconsideraciones de precios o cuando
sobornan en los municipios para que le concedan cambios de zonificación y le otorguen permisos
de construcción en terrenos pendientes o en las márgenes de ríos y quebradas, o a los comerciantes
que entregan menos de los bienes contratados, así se trate de ambulancias o medicinas, para
compartir la ganancia mal habida con funcionarios públicos; así como también a los prestadores de
servicios que no honran los compromisos y le causan daño a los usuarios.
En el combate a la corrupción también hay que decirle basta al fariseísmo que caracteriza a buena
parte de connotados representantes de ese sector privado, dueño de infraestructuras, instalaciones y
mecanismos, proveedores de bienes y servicios, y que suelen darse golpes de pecho y denunciar la
corrupción pública como un flagelo, cuando su mano está recibiendo gozosamente, por la venta de
sus servicios y bienes, parte de los recursos públicos extraídos al erario.
Es tiempo ya no solamente de derrotar la corrupción, sino de derrotar el fariseísmo de esos
sectores de la sociedad, usufructuarios de la corrupción, porque sin su presencia no sería posible la
consumación e impunidad de este fenómeno.
En los últimos años, en nuestro país, se han hecho importantes esfuerzos, en el marco institucional
y operativo, para minimizar este flagelo.
Cuando la Constitución de la República promueve la activa y protagónica participación popular,
está promoviendo las bases de una vigilancia popular de la administración del Estado. Pero la
participación en sí conlleva el que los propios ciudadanos puedan velar para que no se coloquen
alcabalas, cortapisas, o mecanismos que entorpezcan o hagan nugatoria la participación. La cultura
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popular del control generada por el protagonismo y la participación ciudadana, pueden lograr con
eficacia la derrota de la corrupción y la prevención de su ocurrencia.
A este importantísimo avance estratégico en la lucha contra la corrupción, que se expresa en la
participación popular, tanto en la gestión del Estado como en la vigilancia y fiscalización de esa
gestión, se agregan otros logros y acciones:
La institucionalización del Sistema Nacional de Control Fiscal.
La promulgación de la Ley Contra La Corrupción.
Esta Contraloría General ha hecho amplia promoción de la aplicación de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción, instrumento jurídico que aprobó la Organización de
Estados Americanos, el 29 de marzo de 1996.
En representación ya no solo de la entidad fiscalizadora superior venezolana, sino junto a
la delegación de nuestro país ante las Naciones Unidas, para la formulación de la
Convención Mundial Contra la Corrupción, se logró la incorporación de novedosos
mecanismos de disuasión y sanción, como la repatriación de los capitales provenientes de
los hechos delictuosos, y de los responsables de la expoliación y del latrocinio contra la
cosa pública.
Señoras diputadas, señores diputados
La misión universal de esta Contraloría es vigilar el correcto manejo y destino de los recursos
públicos asignados a todas las dependencias públicas, y la rectoría del Sistema Nacional de
Control Fiscal. En el cumplimiento de estos cometidos el Organismo Contralor no puede dejar de
advertir acerca de las fallas, deficiencias, omisiones, algunas con serias repercusiones en el orden
financiero, observadas en el curso de su labor fiscalizadora durante 2004 reflejada, entre otras
actividades, en 918 actuaciones fiscales concluidas, 375 denuncias procesadas y la atención de 744
consultas provenientes de distintos órganos y entidades de la Administración Pública. Muchas de
estas observaciones tienen vieja data y lo que ponen de manifiesto es que a pesar de los
importantes cambios institucionales en proceso, subyacen prácticas y comportamientos que
debilitan los esfuerzos administrativos y entorpecen de esa manera el cumplimiento de los planes,
programas y metas gubernamentales. De la lectura de los reportes de las actuaciones fiscales
contenidos en el informe que hoy consignamos ante la Asamblea Nacional, las parlamentarias y
parlamentarios podrán confirmar, entre otras conclusiones, las que de seguidas enunciamos:
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Persisten, en algunos casos, agravadas y serias debilidades en la planificación y
programación por parte de los organismos públicos, que aún insisten en la anacrónica y
perniciosa práctica de fijarse metas y estimar gastos, sin la certidumbre razonable del
monto de ingresos a percibir, bien por el propio esfuerzo institucional o por los aportes
fiscales. Como consecuencia de ello, se siguen generando endeudamientos administrativos
amparados legalmente en los documentos presupuestarios, pero sin recursos financieros
para honrarlos oportunamente.
Esas fallas en la planificación es lo que explica también, que sin mucho esfuerzo de
análisis, los ciudadanos puedan observar a lo largo del país, numerosas obras públicas
inconclusas, paralizadas, en doloroso estado de abandono, para las cuales además, en la
oportunidad de su inicio, le fueron adelantados fondos a los contratistas, sin que tampoco
se les haya exigido su reintegro.
En muchos casos los organismos trabajan bajo el amparo de normas y procedimientos
anacrónicos, desfasados, ineficaces; imponiéndose las improvisaciones, el exceso de
trámites y la discrecionalidad de los funcionarios, en perjuicio de los ciudadanos y a favor
de una administración lenta, costosa e inefectiva.
Ostensible retraso en la conversión de las antiguas contralorías internas de los organismos
públicos en órganos de auditoría interna, algunas de las cuales continúan realizando
controles previos sobre compromisos y pagos, desnaturalizándose con ello el nuevo rol
auditor legalmente asignado a esos órganos fiscalizadores.
Tampoco avanza con la necesaria rapidez la designación mediante concurso, de los
titulares de los órganos de auditoría interna, apelándose con frecuencia a la figura del
encargado como fórmula para intentar burlar la obligación legal de usar ese importante
mecanismo de selección.
A la par de estas observaciones generales debemos informarle a la Asamblea Nacional, que en
ejercicio de las potestades de investigación administrativa conferidas al Organismo Contralor,
durante el año 2004 fueron declarados responsables en lo administrativo 146 funcionarios, de los
cuales 109 corresponden a la administración estadal y municipal, 30 a la administración nacional
descentralizada y 7 a la administración de los poderes públicos nacionales, a los cuales se les
impusieron sanciones pecuniarias por el orden de los 293,08 millones de bolívares. Con respecto a
la facultad conferida de manera exclusiva y excluyente al Contralor General de la República en el
artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal, durante el año 2004 fueron sancionados 94 funcionarios con las siguientes
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medidas disciplinarias: 10 fueron suspendidos en el ejercicio de sus cargos sin goce de sueldo y a
84 se les inhabilitó para el ejercicio de la función pública.
Señoras Diputadas, Señores Diputados
La investidura institucional que la Constitución y leyes de la República le confirieron a nuestra
Contraloría General de la República, para honra del pueblo venezolano ha sido reconocida
internacionalmente como uno de los más importantes avances en la doctrina y en la práctica del
control público. Este reconocimiento se ha traducido, entre otras manifestaciones concretas, en la
designación de la Contraloría General de la República para que presidiera durante el período de
dos años, desde el 2003 hasta el 2004, a la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), entidad supranacional que nos dignamos
conducir hasta el 31 de diciembre del pasado año, cuando entregamos su presidencia al señor
Contralor General de la República de Chile. También lo asumimos como un reconocimiento al
pueblo venezolano y a la Contraloría General de la República, la circunstancia de que nuestra
institución haya sido designada en el XVIII Congreso de la INTOSAI (Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores), realizado en Budapest, Hungría, del 10 al 16 de octubre
de 2004, para integrar el Consejo Directivo de la INTOSAI hasta el año 2010.
Señoras diputadas, señores diputados
Al consignar el informe anual de la gestión cumplida por la Contraloría General de la República
durante el año 2004, también exteriorizamos al parlamento nacional y a sus distinguidos
integrantes, nuestras consideraciones de respeto y de felicitación por el trabajo que hacen para el
fortalecimiento del Estado democrático y social, de derecho y de justicia.
Altamente agradecido por haberme escuchado
CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República
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A fin de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 276 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y 14, numeral 13, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal, por medio del presente documento se informa la gestión
cumplida por la Contraloría General de la República durante el año 2004.
Luego de haber transcurrido un período signado por continuas crisis (2001-2003), las instituciones
del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, aún manteniendo posiciones
divergentes, durante el año 2004 lograron acordar respuestas eficaces y oportunas para revertir en
parte la inestabilidad y las cuantiosas pérdidas que estaban impactando al país. Los esfuerzos realizados
por los distintos actores permitieron entre otros avances, el referendo revocatorio presidencial
solicitado por un importante número de electores, flexibilizar el control de cambio adoptado por el
país el año anterior y acciones mancomunadas entre los diferentes sectores de la economía nacional y
el gobierno para impulsar la productividad, todo lo cual aunado a los altos precios del petróleo y a la
eficiencia en el logro de las metas tributarias producto de las políticas aplicadas por el Ejecutivo
Nacional, contribuyó ampliamente en los saldos positivos del ejercicio económico 2004 y demuestra
una vez más que las grandes bondades de nuestro país junto con el sistema democrático, participativo
y protagónico que supone la confrontación de ideas, el diálogo, la lucha y el trabajo, unidos en un
ejercicio creador y productivo, permiten superar cualquier coyuntura.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA POTENCIA EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Mención especial merecen las demostraciones contundentes de la eficacia de la democracia participativa
vivida por el país durante el año 2004. El proceso de referendo revocatorio presidencial, evento
inédito en nuestro país con todas las implicaciones que conllevó su realización, la conformación progresiva
de las contralorías sociales y de los consejos locales de planificación pública así como la
acogida de las oficinas de atención al ciudadano sin lugar a dudas demostraron la madurez democrática
de los ciudadanos, su formación en los principios que sustentan la democracia participativa y
protagónica y la eficacia de las instituciones del Estado para canalizar la participación ciudadana.
Más allá del sustento normativo que los respalda y de su efectividad, estos nuevos instrumentos de
participación permitieron mostrar al mundo la convicción y disposición de los ciudadanos para participar
en todos aquellos procesos donde su capacidad de decisión es necesaria ya sea en forma
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Informe de Gestión 2004
individual, colectiva o asociativa, actitud ratificatoria de que la previsión de la democracia participativa
y protagónica, sustento del marco constitucional, vino a renovar el concepto de ciudadano, replanteó
el papel que este debe cumplir en los procesos decisorios que inciden significativamente en su destino
y en su calidad de vida y, fundamentalmente, renovó el concepto de soberanía residente en el pueblo,
el cual permite exigir a las autoridades o gobernantes cuentas de la gestión cumplida y, si es el caso,
sustituirlos cuando la mayoría de los ciudadanos así lo decida.
Es así como la previsión de los referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular
además de instrumentos de estabilidad democrática, se constituyen en instrumentos efectivos para
incidir en la conducta de los gobernantes y exigirles que cumplan con probidad y transparencia los
compromisos asumidos con sus electores, porque aunque no pudiesen ser juzgados en los tribunales,
pueden ser juzgados por el pueblo y en consecuencia revocarles el mandato.
Por su parte las contralorías sociales y los consejos locales de planificación pública, conformados con
base en los artículos 62 y 182 de la Constitución de 1999, a través de los cuales la comunidad
organizada y los gobiernos locales dan vida al control social, se constituyen en instrumentos para que
los ciudadanos en su rol de protagonistas participen en la formulación, ejecución, control y evaluación
de las políticas públicas y, por tanto, en instrumentos para exigir justicia social en el manejo de los
recursos entregados por el Estado para su pleno desarrollo como individuos y como colectivo. Las
contralorías sociales y los consejos locales de planificación pública le permiten al ciudadano obligar a
los responsables de administrar o custodiar recursos públicos a atender las prioridades determinadas
por su comunidad y a responder posteriormente sobre sus acciones u omisiones. La Contraloría
General de la República viene apoyando la conformación de estos instrumentos de participación, en
especial las contralorías sociales; por ello durante el año 2004 continuó las labores de concientización
y asesoría en relación con el control social, a las comunidades, entes y organismos públicos de los
estados Aragua, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Mérida,
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia.
Igualmente las oficinas de atención al ciudadano, estrategia promovida por el Organismo Contralor
para incentivar a los ciudadanos a participar en el control de la gestión pública, mediante la denuncia
de presuntos hechos irregulares en el uso y manejo de los recursos por parte de los administradores,
incluidas posteriormente en la Ley Contra la Corrupción, han demostrado su efectividad como instru-
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Presentación
mento de participación, pues lograron con una visión educativa y orientadora renovar el derecho de
los ciudadanos a controlar el manejo de los recursos públicos. La Institución Contralora continúa
dictando los talleres para la creación y funcionamiento de dichas oficinas en todos los entes del sector
público. A la fecha de este informe 45 organismos de la Administración Pública nos han informado
sobre la apertura de sus respectivas oficinas de atención al ciudadano.
Todo lo precedente reafirma que el rol de controlar y fiscalizar la acción administrativa corresponde a
todos los ciudadanos, lo cual en su cuantificación más simple significa que en el país existen alrededor
de 23 millones de contralores. Afirmación que le da contenido al eslogan que encarna nuestra imagen:
Contralores somos todos.
Contralores somos todos significa que quien es responsable de las atribuciones que le confieren el
ordenamiento legal y reglamentario, seamos servidores públicos en distintas escalas jerárquicas de la
administración o ciudadanos veedores de la actuación de los administradores, debemos trabajar con
diligencia y honestidad para que sea una realidad la transparencia en el manejo de los fondos y recursos
de la Nación. Contralores somos todos no es una expresión vacía: representa nuestra convicción
institucional y una manera de inculcar a cada ciudadano el deber de participar.
LA CONTRALORÍA EN LÍNEA CON LOS CIUDADANOS
Cuando se asume la dirección de un organismo como la Contraloría General de la República también
se asumen los principios que sustentan el ejercicio de sus competencias, tal es el caso de la objetividad,
la imparcialidad, el apoliticismo y la ética, pues son esos principios intrínsecos para el ejercicio
del control, los que permiten en la práctica arribar a conclusiones, opiniones y juicios debidamente
fundamentados en evidencias suficientes y pertinentes, que puedan ser presentados a la ciudadanía en
forma objetiva, ponderada y apegada estrictamente a la veracidad de los resultados de la actuación
realizada. Tales precisiones hacen incompatible polemizar en la tribuna pública, haciéndole juego a
intereses políticos, sobre casos en los cuales no se hubiere arribado a los correspondientes resultados
definitivos o que no se hubieren informado formalmente al sujeto evaluado, pues se podrían hacer
afirmaciones o dar veredictos errados o poco precisos que a la postre desvirtúan la labor contralora y
debilitan su credibilidad.
Sin embargo, en el empeño de incentivar la participación ciudadana en el control de la gestión pública
y atendiendo los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas, la institución
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Informe de Gestión 2004
viene adoptando distintas estrategias con la finalidad de que los ciudadanos reciban oportunamente
información detallada sobre el manejo del patrimonio público en cualquier ente u organismo. En tal
sentido utilizando las bondades de Internet se ha puesto a disposición de la ciudadanía una página web
en la cual se publica información general sobre la Institución Contralora, el resultado de las actuaciones
realizadas y el informe de gestión anual que presenta el Contralor General a la Asamblea Nacional.
A la fecha de este informe podemos señalar que en nuestra página web están registrados y a disposición
de cualquier ciudadano los informes de gestión y los resultados de todas las actuaciones realizadas
por la Contraloría General de la República en los distintos entes y organismos del Estado correspondientes
a los años 2001, 2002 y 2003 y los resultados de un importante número de actuaciones
realizadas durante el año 2004; información relevante que debe estar a disposición de todos los
ciudadanos.
LA CONTRALORÍA RINDE CUENTA SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La Contraloría General de la República como órgano del Poder Ciudadano especializado en el control,
vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado venezolano y dotado de
amplias facultades para combatir los hechos que atenten contra la cosa pública y para fomentar la
eficacia, la ética, la probidad, la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana en la salvaguarda
del patrimonio publico, en todo momento ha mantenido una posición frontal en la lucha contra
la corrupción y en tal sentido anualmente inserta en su informe de gestión los logros parciales en la
erradicación de los vicios y deficiencias de la Administración Pública; igualmente, ha señalado que esa
lucha desigual no es sólo de la institución, sino que corresponde también al Estado y a todos los
ciudadanos contribuir a su erradicación y que sólo mediante políticas concertadas es factible revertir
los daños estructurales que afectan la probidad y la transparencia en el manejo de los recursos
públicos.
Hoy podemos señalar que en el marco de la Constitución de 1999, se ha dictado un conjunto de
normas que articuladas introducirán grandes correctivos contra este terrible mal de la Administración
y como tal colocan al país en una perspectiva victoriosa. Estos logros fueron presentados en el mes de
julio de 2004 por la Institución Contralora en representación del Estado Venezolano ante la Organización
de Estados Americanos (OEA) con motivo de la reunión del Comité de Expertos del Mecanismo
de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC),
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Presentación
oportunidad en la cual se reconoció el avance de nuestro país en la implementación de dicha convención,
firmada en Caracas en marzo de 1996.
Entre esos avances vale señalar el control jurisdiccional que ejercen los organismos del Poder Judicial
sobre los actos de la Administración Pública, la imprescriptibilidad de la acción judicial de los delitos
contra el patrimonio público, el establecimiento constitucional del principio de rendición de cuentas,
desarrollado además en la Ley Contra la Corrupción (LCC), la obligación de los funcionarios encargados
de administrar y liquidar ingresos nacionales o de recibir, custodiar y manejar fondos o bienes
públicos de prestar una caución con el fin de asegurar la indemnización por los daños que puedan
causar al Estado, así como de rendir cuentas de las operaciones y resultados de su gestión ante los
órganos de control fiscal, ampliamente desarrollados en la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), respectivamente, y las previsiones sobre la responsabilidad
civil, penal y administrativa desarrolladas en, la Ley del Ejercicio de la Función Pública, la
LOCGRSCF, la LCC, y en el Código Penal.
Asimismo, se señalaron como avances los mecanismos en materia de denuncias que permiten a los
funcionarios públicos, como ciudadanos, presentar denuncias ante los órganos competentes; las Oficinas
de Atención al Ciudadano con funciones de atención personalizada y orientación de los ciudadanos
en la formulación de denuncia; la facultad de la Contraloría General de la República para disponer
la presentación periódica de la declaración jurada de patrimonio y las previsiones para exigir su presentación
antes, durante y al cese del ejercicio de las funciones públicas y la sanción con multas
cuando no se presente en los términos acordados; la existencia de órganos del Estado para hacer
efectivos los logros de la convención en materia de normas de conductas para el correcto, honorable
y adecuado cumplimiento de las funciones públicas y para la transparencia en el desempeño de las
funciones públicas como el Poder Ciudadano, la Contraloría General de la República, las contralorías
estadales, municipales y distritales, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y el Ministerio
Público; la existencia del marco jurídico y mecanismos para estimular la participación de la sociedad
civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción;
la creación de los Consejos Locales de Planificación Pública como herramienta de participación; y
existencia de mecanismos para que quienes desempeñen funciones públicas efectúen consultas a la
7

Informe de Gestión 2004
sociedad civil sobre asuntos relacionados con las actividades de su competencia, tales como el referendo
consultivo, la consulta popular, el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos entre otros avances.
En el contexto de la citada normativa, durante el año 2004 la Institución Contralora en el ejercicio de
sus potestades sancionatorias y resarcitorias, abrió 155 averiguaciones administrativas, de las cuales
38 fueron decididas, 3 con sobreseimiento de la causa y 35 con declaratoria de responsabilidad; de
estas últimas se formularon 146 cargos a funcionarios por estar presuntamente incursos en algunas de
las causales establecidas en la ley como supuestos de procedencia para una declaratoria de responsabilidad
administrativa, de las cuales 54 están firmes en sede administrativa, 9 en etapa de interposición
del recurso administrativo, 8 pendientes de decisión del mencionado recurso y 75 están en etapa de
notificación de la decisión de primer grado, es importante destacar que las declaratorias de responsabilidad
generaron 146 sanciones de multa por Bs. 293,08 millones. Asimismo se formularon 14 reparos
por Bs. 321,57 millones y de conformidad con los artículos 27 y 33, numeral 8 de la Ley Contra
la Corrupción se impuso una multa por Bs. 5,33 millones.
Por otra parte de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal accesoriamente a la declaratoria
de responsabilidad administrativa fueron sancionados 94 funcionarios con las siguientes medidas
disciplinarias: 10 con suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo y 84 con inhabilitación para
el ejercicio de la función pública; de estas últimas en 5 fue procedente la destitución del cargo. Cabe
señalar que de estas medidas disciplinarias 76 quedaron firmes en sede administrativa, 14 están en
etapa de notificación de la decisión de primer grado y 4 se encuentran en etapa de interposición del
recurso administrativo correspondiente.
LA GESTIÓN DE CONTROL DESARROLLADA
El ejercicio de las facultades en materia de control externo que le atribuyen la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal a la Contraloría General de la República, se cumplieron con
apego a un plan operativo estructurado para evaluar en los organismos y entidades objeto de control,
el cumplimiento de objetivos y metas formulados, la organización del sistemas de control interno, la
legalidad, razonabilidad, transparencia y sinceridad de las operaciones; la situación de la deuda pública,
el otorgamiento de créditos y financiamiento de proyectos; la efectividad de los mecanismos de
control para garantizar la sinceridad y confiabilidad de la información registrada; y acciones correcti-
8

Presentación
vas adelantadas por la Administración productos de actuaciones de control llevadas a cabo por este
Organismo, entre otros aspectos.
El plan contempló la ejecución de auditorías en sus distintas modalidades (de asuntos financieros,
operativas, de gestión y mixtas), exámenes de cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, así como
el ejercicio de la potestad investigativa y la imposición de sanciones.
La efectividad de las labores de control se traduce en 918 actuaciones fiscales ejecutadas, las cuales
han generado recomendaciones tendentes a mejorar la gestión de las organizaciones públicas auditadas;
692 denuncias procesadas, la mayor parte proveniente de los municipios.
Asimismo el Organismo Contralor prestó asistencia técnica en materia de su competencia, atendiendo
alrededor de 744 consultas y asesorías, formuladas principalmente por autoridades y funcionarios de
la administración descentralizada y municipal.
Los resultados de las actuaciones emprendidas por la Contraloría General de la República durante el
año 2004 sobre los órganos y entidades sujetos a control, están expuestos con amplitud en el presente
informe de gestión y en el anexo que lo complementa. Cabe señalar que el informe contiene un acápite
referido a la gestión fiscalizadora donde se incluye una síntesis de la situación de cada sector de la
Administración con las deficiencias más relevantes de cada órgano o entidad evaluado y un apéndice
donde se incluye la relación de las personas naturales o jurídicas destinatarias de reparos, los ciudadanos
sancionados con multas, los declarados responsables en procedimientos administrativos, los sancionados
disciplinariamente y los expedientes remitidos al Ministerio Público. En el anexo se incluye
una síntesis de los resultados de cada una de las actuaciones realizadas con sus correspondientes
observaciones, conclusiones y recomendaciones. A título ilustrativo a continuación se mencionan por
tipo algunas de las observaciones allí expuestas.
Debilidades significativas en planificación y programación
La evaluación de los resultados obtenidos con nuestras actuaciones, nuevamente reflejan la praxis, de
realizar gastos sin contar con presupuestos ajustados a una planificación que permita medir la eficacia
y eficiencia en el cumplimiento de las metas previstas, de realizar gastos sin contar con la correspondiente
disponibilidad presupuestaria o sin una programación general que contemple la totalidad de los
bienes o servicios a contratar en un ejercicio fiscal, además de retraso o no previsión de la totalidad de
los recursos para el cumplimiento de las metas.
9

Informe de Gestión 2004
Esa forma de accionar resulta perniciosa, pues se convierte en el principal factor de incumplimiento de
planes, objetivos y metas de importantes programas y proyectos donde el Estado y sus instituciones
requieren mayor impacto (es el caso de las obras paralizadas por largos períodos, debido entre otras
causas a la no previsión de la totalidad de los recursos). Además, esas debilidades hoy adquieren
mayor relevancia, pues contrastan con el principio de eficiencia previsto en la Constitución, que prevé
lograr mayores y mejores resultados con el menor costo posible, así como con las políticas del Ejecutivo
Nacional en materia de planificación, entre las cuales vale destacar la creación del Ministerio de
Planificación y Desarrollo, y la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Planificación. En tal sentido,
como principio de sana administración y a los fines de lograr óptimos resultados en las acciones de
gobierno, se considera improrrogable que la Administración deje de actuar de manera improvisada y
adopte normas generales para un accionar planificado.
Deficiencias en la organización del control interno
Esta debilidad está referida a la inexistencia, desactualización o no aprobación de los manuales de
normas y procedimientos en distintos entes y organismos; instrumentos fundamentales para el funcionamiento
del sistemas de control interno, pues es en ellos donde se establecen los procedimientos
administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa de toda organización, y como
tal fijan normas de funcionamiento básico para todos los miembros de la misma. Asimismo, se refiere
al retraso en la transformación de un importante número de órganos de control interno en unidades de
auditoría interna, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y en la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, así como al incumplimiento en la convocatoria a concurso para la
provisión del cargo de auditor interno solicitada por la Institución Contralora, lo cual además de
acarrear incumplimiento de la normativa, impide a estos órganos ejercer con la eficacia debida sus
funciones y atenta contra la consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal, pues la conversión
de estos órganos conlleva que se conviertan en integrantes de dicho sistema.
Persiste el incremento de la deuda pública, del servicio
10

de la deuda y de otros pasivos
Presentación
La evaluación de los indicadores relativos a la sostenibilidad de la deuda pública y su relación con las
políticas fiscales, monetarias y cambiarias realizada por este Organismo Contralor, reveló que durante
el ejercicio 2003 el Ejecutivo llevó a cabo un conjunto de operaciones de canje de bonos con las
cuales logró solventar los problemas de liquidez que se presentaron; sin embargo, no incidieron en la
reducción del peso del servicio de la deuda para el presupuesto del año 2004, por cuanto solo se
aplazaron pagos por Bs. 515,46 mil millones para los ejercicios económico-financieros 2004/2006.
Además se evidenció la continuidad del incremento de la deuda pública, la evaluación del período
1999-2003 señala un incremento de 29,32% a 43,63% en relación con el producto interno bruto,
debido a resultados no satisfactorios y a la variación de la tasa de cambio oficial.
Nuestras actuaciones de control también nos permitieron detectar en distintos órganos y entidades, el
incremento de otros pasivos para el Estado producto de la decisión de la Administración de dejar de
entregar los aportes patronales y las cotizaciones del personal al Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a la Política Habitacional y a cajas de ahorro, no
obstante que los recursos correspondientes son asignados anualmente a través de los respectivos
presupuestos.
Por otra parte, se observó que de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público con
cargo a la Ley de Endeudamiento para los años 2002 y 2003 (Bs. 8,38 billones y Bs. 10,67 billones,
respectivamente), solo se asignaron al rubro “Programas y Proyectos” de esos años 17,70% y 25,67%,
lo cual contrasta con lo dispuesto en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación 2001-2007 diseñadas por el Ejecutivo, que establecen la preferencia para la obtención
de financiamientos orientados a la ejecución de programas y proyectos de interés nacional.
Persiste la ineficiencia en la ejecución de los presupuestos
No obstante las reiteradas observaciones y recomendaciones que a través de los años viene realizando
el Organismo Contralor y a las reformas que ha implantado el Ejecutivo Nacional, aún persisten
evidentes fallas en la administración y control de los recursos asignados a los órganos que conforman
la Administración Pública; parte de ellas producto del poco compromiso y voluntad de cambio que
comporta la gerencia pública cuando de mejorar la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas se
trata; es por ello que se mantiene la praxis de ejecutar los presupuestos y de asumir compromisos para
11

Informe de Gestión 2004
el Estado contraviniendo principios y normas previstos constitucionalmente, y en instrumento legales
y sublegales de conocimiento general; vale destacar la omisión de registros contables de operaciones
de ingresos y gastos o su imputación a períodos que no corresponden, realizar adquisiciones
con prescindencia de los procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones, realizar los reintegros
de los recursos no utilizados fuera del lapso previsto, realizar traspasos presupuestarios sin la autorización
de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), tal como lo establece el Reglamento N° 1 de
la LOAFSP sobre el Sistema Presupuestario, el pago de remuneraciones y emolumentos, y la autorización
y pago de jubilaciones con base en porcentajes superiores a los establecidos en las leyes que
regulan la materia; pago de obras relacionadas y no ejecutadas o no contratadas; y ordenación de
pagos sin soportes que justifiquen los gastos, entre otras fallas.
Marcadas deficiencias de los controles administrativos,
contables y presupuestarios
Otra debilidad relevante que afecta a distintos organismos públicos es la insuficiencia o ineficacia de
los mecanismos de control implantados por la Administración para lograr conocer en cualquier momento
el desarrollo de sus actividades y operaciones, la situación de los recursos, la sinceridad de la
información registrada y las desviaciones en el accionar del ente. Los resultados de nuestras actuaciones
de control evidenciaron distintas situaciones vinculadas con este aspecto, entre ellas destacan la
discrepancia en la información sobre un mismo aspecto suministrada por dependencias distintas de un
mismo ente; la ejecución de obras sin proyectos ni presupuestos y con materiales de calidad inferior a
la requerida, en detrimento de la estructura de las obras; el desconocimiento o falta de información en
algunos entes sobre la cantidad y la situación presupuestaria y financiera de los contratos celebrados,
de los saldos de anticipos pendientes por amortizar, de los saldos pendientes de reintegro, etc.; asimismo,
se evidenciaron entes donde resultó difícil conocer la ubicación física de algunos bienes y sus
condiciones de uso; entes donde los mecanismos de control informáticos y telemáticos no garantizaban
la salvaguarda, integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos procesados y almacenados;
entes financieros cuyas carteras de crédito inmovilizadas se ven incrementadas producto de la ausencia
de adecuados controles durante el otorgamiento y seguimiento de los créditos otorgados; errores
en los registros o ausencia de los mismos en la gestión de cobranza; suscripción de contratos de obras
12

Presentación
con empresas que mantienen anticipos pendientes de amortización provenientes de contratos que ya
debían estar finalizados, entre otras situaciones.
PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2005
La Institución Contralora continuará el enfoque de su labor fiscalizadora hacia la atención de aquellas
áreas de importante interés estratégico para el país, a los fines de determinar el grado de eficacia y
efectividad de su desempeño, las prácticas corruptas y el desperdicio de los recursos públicos.
Asimismo, la gestión institucional emprenderá acciones para optimizar la rendición de cuentas por
parte de los que administran, manejan o custodian fondos o bienes públicos, y para incentivar la
participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública.
Las acciones en referencia demandan mayor fortalecimiento institucional, en especial su capacitación
técnica y su nivel de profesionalización, y la actualización y optimización de la plataforma tecnológica.
En ese sentido, en nuestro presupuesto de gastos para el año 2005, el cual asciende a Bs. 93.070,50
millones, aparte de prever recursos para la ejecución de las actuaciones propias de nuestra misión, se
incluyen recursos para mantener el poder adquisitivo de nuestro personal, así como para su capacitación
y desarrollo, y para fortalecer nuestros sistemas de información. Vale destacar que el monto del
presupuesto refleja sustancialmente las políticas de austeridad asumidas por la institución, por ello
mantiene una relación proporcional con el Presupuesto Nacional inferior a las estimadas en ejercicios
anteriores; en esta ocasión es de 0,13 bolívares para labores de control por cada 100 bolívares de
dicho presupuesto.
RECONSTRUYAMOS EL PAÍS
La Contraloría General de la República ratifica su compromiso en la reconstrucción del país. Un país
donde los esfuerzos, programas y proyectos ofrecidos a la ciudadanía se concreten y no sirvan como
bandera para que cazadores furtivos y oportunistas se abran paso para consolidar irregularidades o
ejecutar actos de corrupción. Un país con una Administración Pública eficiente, creadora, con espíritu
innovador, capaz de concretar los proyectos que garanticen nuestro desarrollo sustentable, un país
donde se ejerza la función pública con honestidad, eficacia y eficiencia en concordancia con la Constitución
y las leyes, y donde las acciones solo tengan como fin propulsar un mejor convivir para todos
los ciudadanos.
13

Informe de Gestión 2004
La gestión cumplida por la Institución Contralora se hace pública en dos libros: el “Informe de Gestión
2004” que contiene el análisis de los resultados de las actuaciones llevadas a cabo y la gestión interna
de la Institución y el anexo de “Actuaciones” que es una relación detallada de los resultados obtenidos
en la evaluación de cada entidad y las conclusiones y recomendaciones formuladas por el Organismo
Contralor.
14
CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
22
SITUACIÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES EVALUADOS
La Contraloría General de la República en atención a las facultades atribuidas en la Constitución y
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, en materia de control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de la Nación, durante el
año 2004 realizó 918 actuaciones en diferentes órganos y entidades que conforman la administra-
ción nacional, estadal y municipal; dichas actuaciones estuvieron orientadas a verificar la efectividad
de los sistemas de control interno, la legalidad y sinceridad de las operaciones efectuadas y la
eficiencia, eficacia y economía en el desempeño. Con este sentido se realizaron auditorías, evalua-
ciones y exámenes de cuentas relativas a gastos, ingresos, y rentas, entre otras actuaciones.
Además la labor se extendió a la recepción de 50.894 declaraciones juradas de patrimonio, la
atención de 744 consultas y asesorías a diversos órganos sujetos a nuestro control y la emisión de
dictámenes jurídicos, entre otras actividades.
Ahora bien, los resultados de la labor contralora demuestran que subsisten en la Administración,
deficiencias como carencia de un sistema de control interno eficiente, ausencia de criterios de pla-
nificación para la inversión de los recursos, estructuras excesivamente burocráticas, funcionarios
con baja capacidad gerencial y actos que atentan contra el patrimonio público y la moral adminis-
trativa. Seguidamente se detallan alguno de los resultados más relevantes:
En la administración nacional centralizada el examen de 238 cuentas arrojó 88 cuentas objetadas
(36,97%), debido entre otros motivos a pagos indebidos, anticipos no amortizados, omisión de
comprobantes y faltantes de especies fiscales. Por otra parte se determinó incremento de la deuda
pública producto de resultados fiscales no satisfactorios y a la variación de la tasa de cambio oficial;
y debilidades de salvaguarda, integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos procesados y
almacenados en sistemas implementados por órganos adscritos al Ministerio de Finanzas; además,
se detectaron retrasos que superan los 10 años, en la ejecución de 14 obras inspeccionadas (falta
un promedio de 55,47% de los trabajos), así como anticipos pendientes de amortización por Bs.
382,29 millones correspondientes a contratos suscritos durantes el período 1990 a 1999 entre
otras causas por falta de ejecución de las fianzas constituidas y emisión inoportuna de planillas de
liquidación.
En la administración nacional descentralizada destaca la carencia de mecanismos de control interno
para la recuperación de los créditos otorgados por las instituciones financieras, lo cual se traduce en

Actividad Situación
Especial General
un incremento significativo de las carteras de créditos inmovilizados; la poca efectividad de los
planes y programas de PDVSA Petróleo, S.A. para la reducción de costos y gastos en las unidades
de negocio de producción y refinación; e intereses por Bs. 78,70 millones dejados de percibir por
la Corporación de Abastecimiento por no renovar las colocaciones financieras.
Vale destacar que en los entes examinados en las administraciones nacional centralizada y descen-
tralizada las máximas autoridades de los respectivos órganos y entidades no han convocado a
concursos públicos para la designación del titular de las unidades de auditoria interna, en virtud de
que la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y Contabilidad Pública no ha designado a
sus representantes en el jurado; asimismo, los órganos de control interno no se han reestructurado
en unidades de auditoría interna conforme con las previsiones establecidas en el artículo 190 de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, además de ausencia de manuales
de normas y procedimientos adecuados o debidamente aprobados por las autoridades.
En la administración estadal y municipal se determinó el pago de remuneraciones y emolumentos a
concejales, alcaldes y legisladores por encima de los límites establecidos en la ley que regula la
materia; así mismo, en la contraloría del estado Anzoátegui se otorgaron jubilaciones que oscilan
entre 170,00% y 196,00% de la remuneración que devengaban los beneficiarios como activos, en
atención a un reglamento dictado por el contralor estadal y en contravención de la ley nacional que
regula las jubilaciones y pensiones. Asimismo, se determinó la prescindencia total o parcial de los
procedimientos para la selección de contratistas previstos legalmente; y pago de anticipos no
amortizados y obras paralizadas sin justificación (gobernaciones de Apure y Guárico y Alcaldía del
municipio Zaraza del estado Guárico). Igualmente, se constató falta de planificación en la elabora-
ción de los proyectos y pagos de obras no ejecutadas, entre otras situaciones.
Durante el año 2004 la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 77 de su
ley orgánica procesó 84 casos en los cuales existía mérito para ejercer la potestad investigativa; ade-
más, abrió 155 averiguaciones administrativas y formuló 146 cargos a funcionarios por estar presun-
tamente incursos en algunas de las causales establecidas en la ley como supuestos de procedencia
para una declaratoria de responsabilidad administrativa con sus correspondientes sanciones de multas.
Además, de conformidad en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría a
los fines del ejercicio de las acciones civiles o penales que corresponde se remitieron 12 expediente
al Ministerio Público.
23

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
A pesar del esfuerzo realizado por este máximo órgano de control se evidencia que persisten en la
administración muchos vicios y deficiencias que aunados a las debilidades del sistema organizacio-
nal generan un impacto negativo en la eficiencia y eficacia de la gestión pública y por ende en la
calidad de vida de los ciudadanos.
La falta de calidad en la gestión pública obligó al Ejecutivo Nacional a dar respuesta a las necesida-
des del colectivo en las áreas de Salud, Educación, Alimentación y Deporte a través de misiones y
programas ejecutados al margen de las organizaciones competentes cuyos sistemas, procedimien-
tos y prácticas burocráticas impidieran su consecución y a incentivar la participación ciudadana en
la planificación, ejecución y control de la gestión pública como instrumento para luchar contra la
corrupción.
24

ACTIVIDAD ESPECIAL
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Venezuela adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción el 29 de marzo de 1996, la
ratificó el 22 de mayo de 1997 y depositó el documento de ratificación respectivo el 2 de junio de
1997; además, suscribió la declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento el 4 de junio de 2001.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 2000, durante
su trigésimo período de sesiones, adoptó la resolución AG/RES.1723 (XXX-0/00) titulada “Forta-
lecimiento de la probidad en el hemisferio y seguimiento del Programa Interamericano de Coopera-
ción para Combatir la Corrupción”, en la cual solicitaba al Consejo Permanente estudiar el modelo
más apropiado para el seguimiento de la implementación de la convención.
El Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica quedó encargado de efectuar esa tarea y
sugirió establecer un Comité de Expertos Intergubernamentales conformado por miembros desig-
nados por los gobiernos de los Estados Parte para efectuar el seguimiento.
Posteriormente, en la Reunión de Expertos en Washington, en marzo de 2001, se acordó incluir
otro órgano en el mecanismo de seguimiento, la Conferencia de los Estados Parte, que resultó ser
aprobado en la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en Québec, Canadá, del 20 al 22 de
abril de 2001.
Es propicio referir que el 8 de noviembre de 2001, el Contralor General de la República, doctor
Clodosbaldo Russián, notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores en atención a la solicitud
efectuada por ese Despacho, sobre la designación de la Subcontralora, doctora Adelina González,
para colaborar en los asuntos relacionados con la convención, fecha desde la cual forma parte del
Comité de Expertos como representante de Venezuela y es responsable del análisis técnico de la
implementación de la convención. Asimismo, el Gobierno de Venezuela designó al Consejo Moral
Republicano del Estado venezolano constituido por los titulares de la Contraloría General de la
República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo como autoridad central responsable de
dar seguimiento al propósito relativo a la asistencia y a la cooperación en cumplimiento del artículo
XVIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En el mes de febrero del año 2004 se celebró en la ciudad de Washington, en la sede de la OEA, la
quinta reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). Allí se analizó la implementación de la
17

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Convención y se adoptaron los informes de Uruguay, Panamá, Ecuador y Chile. Además, se reali-
zaron presentaciones y discusiones que permitieron a los expertos intercambiar información, expe-
riencias y prácticas óptimas para prevenir la ocurrencia de actos de corrupción en las diferentes
etapas de los procesos de contratación pública. Es propicio destacar que Venezuela informó sobre
los avances dados en la implementación de la convención en nuestro país desde la celebración de la
cuarta reunión del comité.
La sexta reunión del Comité de Expertos del MESICIC se realizó del 26 al 30 de julio de 2004,
también en la sede de la OEA. En esa reunión Venezuela presentó los avances en la implementación
de la convención desde la quinta reunión y también conoció sobre los avances en relación con los
siguientes temas:
• La Primera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (1° y 2 de abril de 2004)
18
y las “Conclusiones y Recomendaciones de Medidas Concretas para fortalecer el MESICIC” adop-
tadas en la misma.
• La “Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia de la
Corrupción”, aprobada por la Asamblea General de la OEA en su XXXIV Período Ordinario de
Sesiones (Quito, 6 al 8 de junio de 2004).
• La Reunión de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la
“Declaración de Managua” y el “Plan de Acción de Managua sobre Medidas Concretas Adicio-
nales para Aumentar la Transparencia y Combatir la Corrupción en el Marco de la Convención
Interamericana contra la Corrupción” (Managua, 8 y 9 de julio de 2004).
Esta reunión también fue propicia para analizar, medir y aprobar los avances en Bolivia, Perú,
Costa Rica y Venezuela en la implementación de la Convención. Venezuela presentó los avances en
la implementación de la Convención, ocasión en la cual mostró su experiencia en torno a la materia.
En el Informe Final sobre el Análisis de la Implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción en la República Bolivariana de Venezuela, se reconoce el esfuerzo realizado por
nuestro país en la implementación de la convención, sobre todo en lo atinente al desarrollo legisla-
tivo promovido a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela en lo relativo a:
1. Normas y mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las medidas para prevenir
conflicto de intereses.
2. Normas y mecanismos para asegurar la preservación y uso adecuado de los recursos asig-
nados a funcionarios públicos.

Actividad
Especial
3. Normas y mecanismos en materia de denuncias que son pertinentes para la promoción de
los propósitos de la convención.
4. Normas y mecanismos que desarrollan un sistema para la declaración de los ingresos, acti-
vos y pasivos pertinentes para los propósitos de la convención.
5. Existencia de órganos de control superior que tienen a su cargo el ejercicio de funciones
atinentes al cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 del
artículo III de la convención, respecto a las medidas preventivas destinadas a crear, mante-
ner y fortalecer normas de conducta; mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de
dichas normas de conducta; sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos;
y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
6. Existencia de un marco jurídico y mecanismos para estimular la participación de la sociedad
civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la
corrupción.
7. Existencia de mecanismos que regulan y facilitan el acceso de la sociedad civil y de las
organizaciones no gubernamentales a la información en poder o bajo el control de las institu-
ciones públicas.
8. Existencia de mecanismos para que quienes desempeñan funciones públicas efectúen con-
sultas a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre asuntos relaciona-
dos con las actividades de su competencia, que puedan ser utilizados para los propósitos de
prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública.
El informe final adoptado en la sesión plenaria de la sexta reunión, respecto a la implementación en
la República Bolivariana de Venezuela de las disposiciones de la Convención Interamericana contra
la Corrupción, seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera ronda, contiene además
las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos.
Tomando en cuenta los comentarios realizados a lo largo del informe, el comité realizó a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela las siguientes recomendaciones:
• Diseñar e implementar cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públi-
cos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados
en el informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.
• Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores que permitan verificar el seguimiento
de las recomendaciones establecidas en el informe y comunicar al Comité de Expertos del
19

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
20
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción sobre el particular, a través de la Secretaría Técnica de Mecanismos de Cooperación
Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, que cumple las funciones de Secretaría del
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más genera-
lizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indi-
cada por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité,
en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanis-
mos que se desarrollen.
El Informe de Evaluación, así como todos los documentos relacionados con la Convención
Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento, se encuentran publicados en
la Página Web http://www.oas.org/juridico/spanish/seguimiento_corr.htm y en la Página Web de
esta Contraloría General http://www.cgr.gov.ve

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Actividad
Especial
Cumpliendo con su misión de promover y ofrecer al ciudadano los medios que le permitan partici-
par de manera directa y organizada, individual o asociativa, en la actividad de control fiscal de la
gestión pública a través de denuncias debidamente sustentadas, quejas, reclamos, peticiones y
sugerencias, esta Contraloría General de la República, ha prestado una eficaz atención, orientación
e información a los ciudadanos que lo han requerido, con la finalidad de lograr una correcta y sana
administración de los recursos públicos, y consolidar la participación ciudadana en su papel de
contralor de la gestión pública. Durante el año 2004, y en atención a las nuevas competencias, se
recibieron y valoraron un total de 264 casos, de los cuales 176 han sido presentados de forma
escrita y 88 de manera personal. La cantidad de 95 casos fueron asumidos por la Contraloría
General de la República, los cuales de acuerdo con nuestro ámbito de control corresponden a los
Poderes Públicos Nacionales 8 casos, a la Administración Nacional Descentralizada 28 casos y a la
Administración Estadal y Municipal 59 casos. Asimismo, un total de 26 casos fueron remitidos a
diferentes órganos de control fiscal internos, de los cuales 16 se enviaron con su correspondiente
proyecto de auditoría, para que en atención a sus competencias realicen las investigaciones tenden-
tes a verificar los hechos y de ser el caso emprendan las acciones correspondientes. Igualmente, de
un total de 74 casos de hechos que escapan de la competencia de este Organismo Contralor, 42
corresponden a denuncias, 23 son quejas, reclamos, peticiones y sugerencias y 9 han sido desesti-
mados por ser manifiestamente improcedentes. Asimismo, se orientó a 69 ciudadanos en asuntos
relacionados con materias de índole penal, civil, mercantil, funcionarial, laboral y personales.
Por otra parte, es oportuno señalar que esta Contraloría continuando con su labor de fomentar la
participación ciudadana, durante la celebración del cuarto aniversario de su creación el primero de
julio de 2004, realizó el “Encuentro de Oficinas de Atención al Ciudadano”, al cual asistieron diver-
sos representantes de entes y organismos de la Administración Pública y en el cual se discutieron
experiencias y futuros proyectos, que coadyuvarán en el fin común de incorporar al ciudadano en el
control de la gestión pública.
Asimismo, se han impartido asesorías en relación con el control social, establecido en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes, a las comunidades, entes y organis-
mos públicos de los estados Aragua, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro,
Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia. Tam-
bién se dictaron talleres de creación y funcionamiento de oficinas de atención al ciudadano, a los
fines de brindar apoyo a los entes que no han cumplido con la obligación establecida en el artículo
9 de la Ley Contra la Corrupción.
21

PODERES PÚBLICOS NACIONALES
El Poder Público Nacional comprende los despachos ministeriales, la Presidencia de la Repú-
blica, Vicepresidencia Ejecutiva de la República, la Procuraduría General de la República y los
organismos que integran los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano. En el año
2004, la estructura financiera del presupuesto de gastos fue ejecutada a través de 30 unidades
administradoras centrales, 474 unidades administradoras desconcentradas y 565 órganos sin
personalidad jurídica creados por los mencionados organismos. La gestión de control desarro-
llada en ese ámbito de la administración, tuvo como objetivos fundamentales los siguientes:
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la contabilidad
fiscal del gasto público, renta e ingresos tributarios, así como de los manuales funcionales del
Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), instrucciones y
modelos contenidos en las publicaciones de la Contraloría General de la República (CGR);
comprobar el uso y distribución de los recursos presupuestarios y financieros asignados a los
diferentes organismos; evaluar el logro de las metas formuladas en los planes y programas
estructurados; y realizar el seguimiento de las acciones correctivas adelantadas por la adminis-
tración en atención a las recomendaciones formuladas en actuaciones anteriores a los fines de
verificar la efectividad de las mismas.
Durante el año 2004, fueron concluidas 290 actuaciones fiscales, las cuales comprenden: 238
exámenes de cuentas relativas a Gastos, Ingresos Tributarios, Rentas, Bienes Nacionales,
Proveeduría y Almacenes, Tesorería Nacional y Crédito Público; 19 auditorías operativas, 3
financieras, 1 de gestión, 28 seguimientos (19 al cumplimiento de las instrucciones para la
presentación de las declaraciones juradas de patrimonio y 9 a la acción correctiva) y 1 avalúo
del terreno y edificio sede la CGR. Asimismo, se evacuaron 26 consultas de diferentes organis-
mos referidas al ejercicio de las funciones y competencias de las unidades de auditoría interna,
y en materia presupuestaria, normativa legal y otras actividades vinculadas con el control fiscal;
igualmente, se consideró en 9 casos la existencia de méritos suficientes para el inicio del ejerci-
cio de la potestad investigativa y se ordenaron 184 autos de archivo, en razón de que no existen
elementos de convicción o prueba que hagan presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisio-
nes contrarios a una disposición legal o sublegal, ni daños al patrimonio público, en los resulta-
dos de las actuaciones practicadas.
Fueron recibidas 18 denuncias, de las cuales 4 se encuentran en estudio, 8 resultaron desestima-
das por no existir indicios de actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidades, y 6
fueron remitidas a los órganos de control fiscal de los organismos involucrados en los presuntos
25

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
hechos irregulares, de conformidad con lo establecido en la parte in fine del artículo 77 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF).
Se abrieron 17 averiguaciones administrativas y 1 procedimiento administrativo para la deter-
minación de responsabilidad, los cuales se encuentran en el estatus siguiente: 11 en sustancia-
ción; 4 sustanciadas pendientes por decisión y 3 decididas. Se formularon 7 cargos a funciona-
rios por estar presuntamente incursos en alguna de las causales establecidas en la LOCGRSNCF
como supuesto de procedencia para una declaratoria de responsabilidad administrativa, de los
cuales 6 están firmes en sede administrativa y 1 se encuentra en etapa de notificación de la
decisión de primer grado. Respecto a las declaratorias de responsabilidad dictadas se impuso las
sanciones pecuniarias correspondientes por un monto total de 49,74 millones. De las 20 decla-
ratorias de responsabilidad dictadas en el año 2003, se encuentran firmes en sede administrativa
19 y 1 está pendiente la decisión que resuelve el recurso administrativo interpuesto.
Se recibió la participación del inicio de un procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades por parte de un órgano de control fiscal, en atención a la obligación que
tienen éstos de informar a la CGR el inicio de investigaciones y procedimientos administrativos
para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
de la LOCGRSNCF.
Fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad administrativa por el
ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la LOCGRSNCF, un
total de 25 funcionarios con las siguientes medidas disciplinarias: 1 suspensión del ejercicio del
cargo sin goce de sueldo y 24 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones pública, de estas
últimas en 2 fue procedente la destitución del cargo. Asimismo, en cuanto al estatus procesal de
las mismas, corresponde señalar que 20 quedaron firmes en sede administrativa, de las cuales 1
está pendiente por notificar el recurso de reconsideración confirmatorio, y 5 están en etapa de
notificación de la decisión de primer grado.
En el año 2004 se formularon 14 reparos por un total de Bs. 312,57 millones, los cuales se
encuentran en el siguiente estatus: 13 quedaron firmes en sede administrativa y 1 pendiente de
la decisión del recurso administrativo interpuesto. En cuanto a los 6 reparos formulados en años
anteriores, 4 están firmes en sede administrativa y 2 pendientes de la decisión del recurso admi-
nistrativo interpuesto.
26

Poderes Públicos
Nacionales
Asimismo, fueron enviados 4 expedientes al Ministerio Público, a los fines del ejercicio de las
acciones civiles o penales que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
del Reglamento de la LOCGR, en concordancia con lo establecido en el artículo 83 de la
LOCGRSNCF y el artículo 285 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Se recibieron 19.071 declaraciones juradas de patrimonio y se enviaron 669 oficios requiriendo
información no suministrada originalmente en la declaración, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 78 de la LOCGRSNCF en concordancia con la Resolución N° 01-00-149 de
fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004). Adicionalmente, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (LOSPP),
vigente para la fecha de sustanciación del procedimiento, y el artículo 29 de la Ley contra la
Corrupción (LCC), se concluyeron 4 procedimientos de verificación de la sinceridad de decla-
raciones, no admitiéndose las mismas por no ajustarse a los extremos legales.
Durante el año 2004, la Contraloría General de la República revisó 204 órdenes de pago por Bs.
150.005,43 millones, correspondientes a gastos destinados a la seguridad y defensa del Estado
(partida 4.51), tramitadas por los siguientes ministerios: de la Defensa (Bs.120.274,39 millo-
nes), del Interior y Justicia (Bs. 29.701,04 millones) y de Relaciones Exteriores (Bs. 30,00
millones), de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contra-
loría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento; de esas
órdenes 193 por Bs. 144.291,84 millones, resultaron aprobadas y remitidas a la Oficina Nacio-
nal del Tesoro, y 11 órdenes del Ministerio de la Defensa por Bs. 5.713,59 millones, fueron
objetadas. Asimismo, se aprobaron 4 órdenes con cargo al ejercicio fiscal 2003, por Bs. 1.244,70
millones, correspondientes al ministerio anteriormente citado.
Como resultado de las actuaciones de control referidas, se determinaron actos, hechos y omisio-
nes que evidenciaron debilidades de control interno, contravención de las normas legales y
sublegales que rigen las distintas materias evaluadas, incumplimiento de metas y falta de accio-
nes correctivas eficaces por parte de la administración.
En cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 56 de la LOCGRSNCF, fueron
examinadas y calificadas 238 cuentas correspondientes a ejercicios fiscales que van desde el
año 1995 hasta el primer semestre de 2004, relativas a Ingresos, Gastos y Rentas; las correspon-
dientes a Bienes Nacionales, y Materiales y Suministros se examinaron junto con la cuenta de la
Unidad Administradora Central en lo que respecta a la gestión cumplida por los funcionarios
designados como cuentadantes o administradores de las distintas dependencias adscritas a los
27

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
organismos que integran el Poder Ejecutivo Nacional, así como los Poderes Legislativo, Judi-
cial, Electoral y Ciudadano, por cuyo intermedio se manejaron fondos por Bs. 20,12 billones
durante el referido lapso y liquidaron derechos por la cantidad de Bs. 160,78 millones por con-
cepto de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), Timbres Fiscales, Alcohol y Especies Alcohólicas,
Sucesiones, Donaciones y Renta Aduanera. De ese total, 150 cuentas fueron declaradas fenecidas
por haber estado conformes en cuanto a legalidad, sinceridad, exactitud y corrección de las
operaciones examinadas, y 88 resultaron objetadas, fundamentalmente por falta de comproba-
ción de la sinceridad de los gastos. En relación con estas últimas, cabe referir que no obstante las
reiteradas observaciones y recomendaciones formuladas por este Organismo Contralor, tenden-
tes a subsanar y erradicar las deficiencias detectadas, las mismas sucedieron en 36,97% del total
de cuentas revisadas en el 2004, lo cual evidencia que los organismos hacen caso omiso a las
recomendaciones formuladas por esta Contraloría General, situación que, además de constituir
factor de suspensión de la declaratoria del fenecimiento de la cuenta, acarrea para el cuentadan-
te que eventualmente pueda hacerse sujeto de responsabilidad administrativa o destinatario de
reparos conforme la LOCGRSNCF.
Entre los principales motivos por los cuales las cuentas examinadas resultaron objetadas se en-
cuentran: pagos indebidos (Bs. 47,49 millones), pago de compromisos no causados (Bs. 53,78
millones), omisión de comprobantes (Bs. 32.288,29 millones), faltantes de bienes por investigar
(Bs. 391,47 millones), remanentes de fondos pendientes de reintegro (Bs. 4.150,85 millones),
faltantes de materia por investigar (Bs. 76,26 millones) derechos pendientes de recaudación (Bs.
1.465.516,56 millones), utilización de fondos en finalidades distintas a las previstas (Bs. 23,65
millones), montos no enterados por contribuyentes especiales (Bs. 565,47 millones), bienes
pagados estando aun en poder de las empresas proveedoras (Bs. 3.675,36 millones), bienes de los
cuales se desconoce su ubicación física (Bs. 276,39 millones), incumplimiento del artículo 3 del
Decreto 345 del 14-09-94 (Bs. 197,18 millones), inexistencia de soportes que evidencien el in-
greso de adquisiciones al almacén (Bs. 412,38 millones), faltantes de especies fiscales (Bs. 240,91
millones) y derechos pendientes con saldo acreedor (Bs. 8.691,09 millones).
Asimismo, se realizaron otras observaciones relacionadas con la suficiencia y eficacia del con-
trol interno en el manejo del presupuesto, entre las cuales destacan las siguientes: remanentes de
fondos en avance y en anticipos reintegrados fuera de los lapsos establecidos en el Reglamento
N° 2 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario Sobre Avances o Adelantos de Fondos a
Funcionarios, e igualmente en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario; adquisiciones con prescindencia
28

Poderes Públicos
Nacionales
de los procesos establecidos en la Ley de Licitaciones, incumplimiento del artículo 51 de la
LOCGRSNCF, de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), de las Normas Generales
de Contabilidad del Sector Público, de las publicaciones de la CGR aún vigentes para el año
2000, y de los manuales del SIGECOF, así como inadecuados registros y control de inventario de
materias y bienes nacionales.
En el examen practicado en la Oficina de Administración y Servicios (OAS) del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social (MSDS), destaca la adquisición de 2 equipos de radioterapia para los
hospitales universitarios de Caracas, y Dr. Antonio María Pineda del estado Lara, por la suma de
Bs. 4,07 mil millones, de los cuales al 12-12-2003, sólo habían recibido componentes valorados
en Bs. 399,03 millones; el resto permanecía en poder de la empresa proveedora por falta de la
infraestructura necesaria para la instalación y funcionamiento de los equipos, lo cual representa
un riesgo para el MSDS, debido a que carece de una póliza de seguros para el resguardo de
dichos equipos. Tal situación contraviene lo previsto en el Manual de Normas de Control Inter-
no sobre un Modelo Genérico de la Administración Central (Gaceta Oficial N° 5.275 Extraordi-
nario del 17-11-98) en concordancia con el artículo 3 de las NGCI.
Es importante señalar que en la Comandancia General de la Armada del Ministerio de la Defen-
sa (MD), en atención a las recomendaciones formuladas por esta CGR, con motivo de las actua-
ciones fiscales practicadas durante el año 2004, fueron reintegrados al Tesoro Nacional un total
de Bs. 12,47 millones, provenientes de la recuperación de pagos efectuados a ex-funcionarios
con posterioridad a la fecha de su egreso formal de la dependencia auditada.
Los indicadores relativos al nivel de sostenibilidad de la deuda pública y su relación con las
políticas fiscales, monetarias y cambiarias, indican estabilidad durante el año 2003, a pesar de
que las operaciones de canje de bonos realizadas por el gobierno nacional durante el período
2002-2003, sólo aliviaron los problemas de liquidez en el 2003 y no redujeron el peso del
servicio de la deuda en el presupuesto del año 2004, al aplazar pagos por Bs. 515,46 mil millo-
nes para los ejercicios económico financieros 2004-2006; originando así concentración de ven-
cimientos en ese período (71,00% del total de bonos). Cabe referir que el saldo de la deuda
pública como proporción del PIB se ha incrementado en los últimos 5 años, al pasar de 29,32%
a 43,63%, durante el período 1999-2003, debido en principio, a resultados fiscales no satisfac-
torios que han derivado en un saldo insoluto de deuda pública al cierre de 2003, de Bs. 60,25
billones y, en segundo lugar, a la variación de 83,65% de la tasa de cambio oficial, que pasó de
763,00 Bs./US$ en el año 2001 a 1.401,25 Bs./US$ en el 2002.
29

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Del monto total de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público asignados
mediante Ley de Endeudamiento para financiar los distintos conceptos en los años 2002 y 2003
(Bs. 8,38 billones y Bs. 10,67 billones, respectivamente), sólo se asignaron al rubro “Programas
y Proyectos” 17,70% en el 2002 y 25,67% en el 2003; contrario a lo dispuesto en las Líneas
Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, en el sentido de
establecer un orden de preferencias para la obtención de financiamientos orientados a la ejecu-
ción de programas y proyectos de interés nacional.
Como parte del proceso de seguimiento efectuado por este Organismo Contralor a los fines de
constatar el cumplimiento de las instrucciones contenidas en la Ley Orgánica de Administra-
ción Financiera del Sector Público (LOAFSP), LOCGRSNCF y en el Reglamento sobre la Or-
ganización del Control Interno en los Organismos de la Administración Pública Nacional, res-
pecto a la transformación y adecuación de las estructuras de los órganos de control fiscal en
órganos de auditoría interna, fueron practicadas las respectivas actuaciones en 10 órganos de
control fiscal, en virtud de lo cual se determinó que en los ministerios de Planificación y Desa-
rrollo (MPD), Finanzas (MF), Educación y Deportes (MED), Interior y Justicia (MIJ) e Infraes-
tructura (MINFRA), y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el Consejo Nacional Electoral
(CNE) y en la Procuraduría General de la República (PGR) no han llevado a cabo la referida
transformación y adecuación de las estructuras; únicamente los ministerios de Energía y Minas
(MEM) y Relaciones Exteriores (MRE) han dado cumplimiento a tal instrucción. En lo que
respecta a la designación de los titulares de las unidades de auditoría interna, se materializó en
los despachos del MF y MRE; asimismo, se precisó que sólo 50,00% de estos órganos cuenta
con asignación presupuestaria específica para su funcionamiento, ya que tienen definido el con-
trol fiscal como actividad. De la misma manera se determinó que sólo 50,00% de los órganos
evaluados cumple disposiciones contenidas en las Normas Generales de Auditoría de Estado,
toda vez que los informes de resultados de sus actuaciones evidencian deficiencias en cuanto a
la determinación de los hallazgos, papeles de trabajo indebidamente formados y referenciados,
ausencia de planes operativos en los que se definan acciones a seguir durante el ejercicio fiscal.
De la evaluación practicada a los fines de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias que rigen las adquisiciones de bienes muebles, materiales y suministros, así
como la suficiencia e idoneidad de los mecanismos de control interno aplicados, y la programa-
ción de las mismas por parte de la Dirección de Administración y Servicios del Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MCT), Dirección General de Administración del Ministerio de la Pro-
ducción y el Comercio (MPC), Oficina de Administración del Ministerio de Agricultura y Tie-
30

Poderes Públicos
Nacionales
rras (MAT), Dirección General de Recursos MEM y la Dirección General de Servicios del MF,
a las cuales le fueron asignados recursos presupuestarios por Bs. 13.076,54 millones durante los
años 2002 y 2003 para la adquisición de bienes, materiales y suministros; y la ejecución del Plan
Excepcional de Compras del Estado 2003, por Bs. 111.246,20 millones, a través de la Dirección
General de Administración del MED, mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la
Dirección General Sectorial de Servicios (DIGENSER) del MD y la Oficina de Administración del
MAT, a cuyos fines se consideró una muestra de 432 órdenes de compra por un total de Bs.
21.376,86 millones (17,19% de los mencionados presupuestos), además de Bs. 4.015,00 millo-
nes del Plan de Compras del PAE, se obtuvieron, entre otros, los siguientes resultados:
• MCT, MEM, MPC y MF no remitieron al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) la
programación de adquisiciones de bienes, en contravención de lo establecido en el artículo
23 de la Ley de Licitaciones; tal situación impide que el SNC disponga de la información
relativa a las adquisiciones, a fin de divulgarla y hacerle el respectivo seguimiento.
• MPC y MAT no aplicaron en el proceso de compras los cálculos pertinentes para determinar
el Valor Agregado Nacional (VAN) para la escogencia del proveedor, tal como lo establece
el Decreto N° 1.892 (Gaceta Oficial N° 37.494 del 30-07-2002), lo cual va en detrimento de
la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria.
• MF y MCT realizaron adquisiciones de materiales, suministros y bienes mediante adjudica-
ción directa por Bs. 212,24 millones, en rubros con características similares, en lugar de
realizar el proceso de licitación selectiva establecido en el numeral 1, artículo 72 de la Ley
de Licitaciones, en atención a la naturaleza y monto de las adquisiciones por empresa pro-
veedora. Dicho procedimiento no permite la escogencia de un proveedor que proporcione el
mayor nivel de economía y calidad de los bienes requeridos.
• Los procedimientos referidos al proceso de adquisiciones de bienes, materiales y suminis-
tros utilizados en el MED para las actividades desarrolladas por el PAE, no están contenidos
en un manual; los manuales correspondientes del MEM no están aprobados por la máxima
autoridad, los del MF están desactualizados y el MPC no cuenta con dichos manuales, en
contravención de lo establecido en los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF.
• El MED logró ejecutar Bs. 93.116,61 millones por concepto del PAE, lo cual representa
71,77% de lo presupuestado en el Plan Excepcional de Compras del Estado 2003 (Bs. 129,74
mil millones); la concertación entre la oferta nacional y la demanda del Estado no fue efec-
tiva, dada la baja participación de empresas proveedoras en la primera rueda de negocios.
Asimismo, en la ejecución del referido plan, el MD había comprometido 69,01% del total
31

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
32
(Bs. 17.787,87 millones) y recibido materiales por el orden de Bs. 1.102,00 millones (6,19%).
Por su parte, el MAT dio inicio en fecha 01-08-2003 a la ejecución de lo presupuestado (Bs.
341,72 millones) en dicho plan, con la autorización de Bs. 170,86 millones (50,00%) para la
adquisición de prendas de vestir y calzado para su personal obrero, aun cuando la ejecución
total de dichos recursos estaba prevista para el mes de junio de 2003. Tales situaciones
limitan el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Excepcional de
Compras.
En la actuación practicada por esta CGR orientada a constatar el cumplimiento entre el 01-01-
2003 y el 11-10-2004, de las disposiciones legales vigentes en materia de declaraciones juradas
de patrimonio (DJP) establecidas en la Ley Contra la Corrupción (LCC) y en las resoluciones
dictadas al respecto por este Organismo Contralor, por parte de los 19 organismos objeto de
evaluación (ministerios de Finanzas, de Ciencia y Tecnología, Energía y Minas, Planificación y
Desarrollo, Ambiente y de los Recursos Naturales, Infraestructura, Educación y Deportes, Tra-
bajo, Educación Superior, Comunicación e Información, Relaciones Exteriores, Ministerio Pú-
blico, Defensoría del Pueblo, Consejo Moral Republicano, Presidencia de la República, Vice-
presidencia de la República, Procuraduría General de la República, Tribunal Supremo de Justicia
y Asamblea Nacional) se determinó que excepto la AN, los organismos evaluados efectivamen-
te cumplen con la obligación de informar a los funcionarios el deber de presentar ante la CGR la
DJP; sin embargo, se precisó en MF, MCT, MP, AN, DP, VR y PGR que los respectivos directo-
res de Recursos Humanos no remitieron a este Organismo Contralor la relación inicial de los
funcionarios que prestan servicios en los mismos; además, tanto los referidos despachos como
PR, CMR, MINCI, MEM y MPD incumplieron la obligación de presentar mensualmente la rela-
ción de los movimientos de ingreso o cese; por otra parte, en la revisión de 5.901 expedientes de
personal se determinó que 3.773 (63,94%) no contenían copia del comprobante de recepción de
la presentación y/o actualización de la DJP por ante la CGR; y que en 224 expedientes reposaba
copia de la declaración, pese al carácter confidencial de la misma; igualmente, se precisó que
MRE, PR, DP, MINCI, PGR, TSJ y MEM efectuaron pagos por concepto de prestaciones sociales
a 197 jubilados y egresados, aun cuando 184 expedientes no contenían el comprobante de la
presentación de la DJP y en 13 tiene fecha posterior a la de pago, pese a que el artículo 40 de la
LCC señala que los funcionarios públicos que cesen en el ejercicio de sus funciones por renun-
cia, destitución o jubilación, no podrán retirar los pagos respectivos hasta tanto presenten la
declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones.

Poderes Públicos
Nacionales
De las actuaciones vinculadas con el área de Tecnología de la Información y Comunicación
(TIC) destaca que los mecanismos de control interno informáticos y telemáticos implantados
por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) a través de los siste-
mas de Información Tributaria (SIVIT) y el Portal iSeniat, no garantizan la integridad, disponibi-
lidad y confiabilidad de los datos procesados y almacenados por esos sistemas, ya que la infor-
mación del ISLR y de las declaraciones informativas del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
presentan riesgo de acceso no autorizado a datos que no están cifrados y que pueden ser altera-
dos; igualmente, no garantiza la titularidad, integridad y confidencialidad de las declaraciones y
pagos electrónicos con la eficacia probatoria que exige la Ley de Mensaje de Datos y Firmas
Electrónicas, así como los respaldos, las trazas o pistas de auditoría electrónicas de las operacio-
nes realizadas, la metodología de control de cambios, la documentación, el plan de recupera-
ción de contingencias y desastres y el control de acceso, relacionados con la información finan-
ciera y tributaria evaluada no están ajustados a la normativa legal y sublegal que rige la materia.
Por otra parte, vale destacar que en el SENIAT no se ha implantado el SIGECOF con el desarrollo
tecnológico relativo a los ingresos nacionales y los registros contables manuales no están actua-
lizados, en detrimento de la elaboración oportuna de la Cuenta General de Hacienda.
Del análisis efectuado a las obras que superan la inversión y lapso de ejecución estimados origi-
nalmente en la leyes de presupuesto correspondientes al período 1972-2000, se evidenció que el
MINFRA presenta debilidades en las políticas destinadas al logro de las metas programadas, ya
que 414 obras iniciadas en el referido período, con un costo inicial estimado de Bs. 275,25 mil
millones, al 31-12-2003 registraron atrasos en su ejecución que van de 3 a 21 años y una inver-
sión de Bs. 1.167,20 mil millones, situación que obedece principalmente, a la falta de asignacio-
nes e insuficiencia de recursos presupuestarios. Además, se constató que las actividades relacio-
nadas con 77,72% de los 202 contratos seleccionados en la actuación, correspondientes a 86
obras, fueron paralizadas debido entre otros motivos a cambios en los proyectos, tardanza en los
trámites administrativos y pagos de bienhechurías; circunstancia esta última que difiere de lo
previsto en el artículo 37 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de
Obras (CGCEO), Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinario del 16-09-96. Así mismo se constató
que las 14 obras inspeccionadas por esta CGR, presentan demoras en su ejecución que superan
los 10 años, actividades paralizadas, abandono y deterioro parcial de las edificaciones por efec-
tos ambiental y vandalismo, faltando para su conclusión en promedio 55,47% de los trabajos.
En relación con las actuaciones de seguimiento para determinar el saldo de los anticipos pen-
dientes por amortizar en los contratos de obras e inspecciones suscritos por el MINFRA, se
33

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
evidenció que durante el año 2003 la recuperación de los anticipos de contratos celebrados
durante el período 1990-1999, fue de Bs. 3.411,22 millones (21,97%), mientras que en el año
2002 lo recuperado fue Bs. 13.388,70 millones (49,17%); en contravención de lo establecido en
el artículo 44 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 1997 (Gaceta Oficial N° 5.115
Extraordinario del 12-12-96) y artículo 42 de las leyes de presupuesto para los sucesivos ejerci-
cios fiscales. En lo que respecta a contratos de los años 2000 y 2001, la recuperación fue 43,67%
(Bs. 22.861,77 millones) y 44,82% (111,99 mil millones) respectivamente; además, se precisó
que en el año 2001 la entidad ministerial firmó 42 contratos de obras con empresas que mantie-
nen anticipos pendientes de amortización por Bs. 382,29 millones, otorgados con cargo a con-
tratos suscritos en el período 1990-1999, sin solicitarles las respectivas solvencias. Lo antes
expuesto obedece, entre otras causas, a: empresas que no han sido ubicadas, discrepancia entre
la información llevada por la Dirección de Finanzas y las unidades ejecutoras, desconocimiento
del total de contratos celebrados por los extintos MTC y MINDUR que tienen saldos de anticipos
pendientes por amortizar, emisión inoportuna de las planillas de liquidación y la falta de ejecu-
ción de las fianzas constituidas.
En el MARN se evidenció que durante el año 2004 la recuperación de los anticipos pendientes
de amortización correspondiente a los contratos celebrados en el período 1985-1999 fue 20,13%
(Bs. 125,97 millones), porcentaje menor a los obtenidos en los años 2002 y 2003, los cuales se
ubicaron en 67,00% (Bs. 3.075,63 millones) y 43,87% (Bs. 481,88 millones), respectivamente;
incumpliendo lo establecido en los artículos 44 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal
1997 y 42 de las leyes de presupuesto para los sucesivos ejercicios fiscales. Lo antes expuesto
obedece a la existencia de 30 contratos con saldos de anticipos por Bs. 87,88 millones pendien-
tes de cobro judicial por parte de la Procuraduría General de la República; 8 en asesoría legal
para la recuperación de Bs. 56,35 millones, y 38 con anticipos por amortizar por Bs. 355,51
millones sin corte de cuenta, ni emisión de planillas de liquidación y en estudio la posibilidad de
prescripción por ser infructuosa la gestión de cobranza. En relación con las contrataciones de
los años 2001 y 2002, los porcentajes de recuperación de anticipos obtenidos durante el año
2004, se ubican en 10,77% (Bs. 510,52 millones) y 97,10% (Bs. 2.138,34 millones), respectiva-
mente; cabe destacar que de los contratos suscritos en el año 2000 no se efectuó ninguna recu-
peración respecto al 64% (1797,44 millones) logrado en el año 2003, en virtud de lo cual se
mantiene el saldo por amortizar de Bs. 1.011,14 millones.
Como parte del control permanente que este Organismo Contralor viene practicando al Plan
Bolívar 2000 ejecutado por la Fundación Proyecto País, se realizó un análisis de la aplicación de
34

Poderes Públicos
Nacionales
los recursos recibidos por la Dirección Regional Caracas (DRC) para la ejecución de los progra-
mas: Jornadas de Asistencia Humanitaria, Infraestructura, Cirugía, Plan de Empleo Rápido,
Unidades Cívico Militares de Producción, Alfabetización, Proyecto Caracas, Mercados de Ali-
mentos (MERCAL), Cultivos Hidropónicos y Programas de Salud dirigidos a atender a la pobla-
ción de bajos recursos y damnificados del estado Vargas, así como de aquellos recibidos para
sus gastos de funcionamiento, en el período 27-02-99 al 31-05-2003, cuya revisión resultó con-
forme en cuanto a cifras (facturas, montos de cheques, firmas de los beneficiarios y copias de las
cédulas de identidad de las personas que recibieron ayudas); no obstante, se observó que la
DRC no llevó registros actualizados ni reportes en los cuales se pudiera obtener el monto de los
recursos aplicados en cada programa, observándose el pago de Bs. 5.945,19 millones por con-
cepto de adquisición de materiales y suministros para ser utilizados directamente por la DRC en
el mejoramiento de áreas educativas y sociales de la población, cuyos soportes documentales
por Bs. 1.873,98 millones, equivalentes a 32,00% del total pagado, no permiten determinar el
uso o destino de los mismos.
En cuanto a la ejecución del presupuesto administrado por el CNE, se evidenció la existencia de
un faltante de fondos por Bs. 3.845,06 millones, sobre los cuales no fue posible constatar su
aplicación, utilización o existencia como saldo de las cuentas bancarias a través de las cuales el
CNE manejó tales recursos, situación que contraviene lo señalado en el artículo 86 del Regla-
mento N° 1 de la LOAFSP. Durante el período evaluado el CNE dejó de enterar al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, Fondo de Jubilaciones y Pensiones y Política Habitacional
la cantidad de Bs. 1.829,50 millones por concepto de aporte patronal y cotizaciones del perso-
nal, originando una acumulación de pasivos por la citada cantidad; se pagó Bs. 200,28 millones,
por concepto de alquiler de vehículos, al margen de las normas de carácter interno que regulan
dicho procedimiento; asignó vehículos a funcionarios a los cuales no correspondía en contra-
vención de lo previsto en la Propuesta N° 1 aprobada por el Directorio en fecha 28-03-2001; Bs.
6,34 millones pagados indebidamente por concepto de sueldos y demás asignaciones a ex-miem-
bro principal del Directorio del CNE; los manuales de normas y procedimientos no están apro-
bados por las máximas autoridades del Organismo; falta de confiabilidad y sinceridad de las
cifras contenidas en los reportes de ejecución presupuestaria.
En la evaluación practicada al proceso de recuperación de créditos fiscales en materia de IVA,
en las gerencias regionales de Tributos Internos Capital y Central, se precisó que la normativa
legal que aplica al referido proceso, no contempla la actividad fiscalizadora a las empresas
exportadoras previo a la aprobación de los créditos fiscales, lo cual incide en la veracidad y
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
sinceridad de las cantidades aprobadas a los contribuyentes ordinarios exportadores; la aproba-
ción de solicitudes de recuperación de créditos fiscales por Bs. 1.462,35 millones sin esperar la
certificación de las exportaciones, por parte de la respectiva aduana, y otras por Bs. 1.596,43
millones cuyos datos presentaban inconsistencia.
SECTOR DE LA ECONOMÍA
Se agrupan en este sector los ministerios de: Finanzas (MF), Energía y Minas (MEM), Ciencia
y Tecnología (MCT), Planificación y Desarrollo (MPD), la Producción y el Comercio (MPC),
Agricultura y Tierras (MAT), así como los ministerios de Estado para el Desarrollo de la Econo-
mía Social (MEDES), para la Economía Popular y de Alimentación; los dos 2 últimos creados
mediante Decreto N° 3.125 de fecha 15-09-2004 (Gaceta Oficial Nº 38.027 del 21-09-2004).
Estos organismos tienen por objeto fundamental la materia financiera y fiscal; minera, hidrocar-
buros y energética; científica y tecnológica; planificación de las políticas para el desarrollo
económico y social; producción de bienes y servicios; fomento, desarrollo y protección de la
producción; comercio agrícola, vegetal, pecuario, acuícola, pesquero y forestal; protección y
fomento de la economía; así como el fomento y planificación en materia de participación ciuda-
dana, en el ámbito de la economía popular y la materia de alimentos y alimentación. Su estruc-
tura financiera está conformada por 6 unidades administradoras centrales, 44 desconcentradas y
21 órganos sin personalidad jurídica, adscritos a los referidos ministerios, los cuales contaron
en el ejercicio fiscal 2004, con una asignación presupuestaria inicial que alcanzó un monto total
de Bs. 20,23 billones.
Vale destacar que el Ministerio de Estado para el Desarrollo de la Economía Social fue suprimi-
do mediante Decreto N° 3.125 y que los dos ministerios de reciente creación no han iniciado sus
funciones. Para la selección de las actuaciones fiscales fue considerada la magnitud de los re-
cursos financieros manejados, la obligatoriedad del control previsto en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),
la importancia para el Estado y para la sociedad de las actividades realizadas por cada organis-
mo, la generación de ingresos y su contribución al presupuesto nacional, y la verificación de las
medidas adoptadas por los organismos para erradicar las deficiencias determinadas por este
Organismo Contralor en actuaciones anteriores.
GESTIÓN DE CONTROL
En el año 2004 se practicaron y concluyeron un total de 76 actuaciones: 58 exámenes de cuen-
tas, 12 auditorías operativas, 1 de gestión, 4 seguimientos al cumplimiento de las disposiciones
36

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía
legales vigentes en materia de declaraciones juradas de patrimonio y 1 avalúo del terreno y
edificio sede de la Contraloría General de la República (CGR); además, se evaluó 1 denuncia y
se atendieron 7 consultas realizadas por diversos organismos dentro del ámbito de control del
sector en cuestión . Las intervenciones se orientaron a examinar de manera selectiva, las opera-
ciones ejecutadas desde el año 1995 hasta el primer semestre del ejercicio 2004. Para acometer
las actuaciones planificadas, se definieron como objetivos: verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias que rigen el control fiscal e instrucciones y modelos
prescritos por la CGR, vigentes para el período evaluado, así como los manuales correspondien-
tes al Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), en vigencia
desde el 2001; determinar si los derechos pendientes de cobro mostrados en las cuentas de
Ingresos de la Renta Aduanera y de Tributos Internos (Impuestos Sobre la Renta, Timbres Fisca-
les, Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas y Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos),
fueron recaudados oportunamente; evaluar la gestión de la Oficina Nacional de Crédito Público
(ONCP), en cuanto a la legalidad y administración de los medios de financiamiento de la deuda
pública; evaluar si los procesos ejecutados por los organismos para la adquisición de materiales,
bienes y suministros, estuvieron de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias e in-
ternas que rigen la materia; evaluar si los órganos de control fiscal se encuentran ajustados a las
disposiciones establecidas en la LOCGRSNCF y la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público (LOAFSP); verificar si los mecanismos de control interno relacionados con
la tecnología de la información utilizados por los organismos mediante el Sistema Venezolano
de Información Tributaria (SIVIT) y el Portal del Servicio Nacional Integrado de la Administra-
ción Aduanera y Tributaria (SENIAT ), contribuyen a salvaguardar la información electrónica y
garantizar los procesos; constatar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria relativa a declaraciones juradas de patrimonio, por parte de los responsables del área de
Recursos Humanos y de los funcionarios sujetos a presentarla; evaluar si los procesos relaciona-
dos con la recuperación de créditos fiscales, llevados a cabo por las gerencias regionales de
Tributos Internos de las regiones Capital y Central, del SENIAT, se corresponden con lo previsto
en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Gacetas Oficiales Nros. 5.363 Extraordinario,
37.006 y 5.601 Extraordinario del 12-07-99, 03-08-2000 y 30-08-2002, respectivamente, y de-
más normas legales que rigen la materia.
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
De acuerdo con lo establecido en la LOCGRSNCF, fueron examinadas 58 cuentas de Ingresos,
Gastos, Bienes Nacionales, Proveedurías y Almacenes Nacionales y Crédito Público. Asimis-
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
mo, se recibieron un total de 3.562 declaraciones juradas de patrimonio y fueron enviados 188
oficios requiriendo información no suministrada originalmente en la declaración presentada, de
conformidad con el artículo 78 de la LOCGRSNCF en concordancia con lo previsto en la Reso-
lución N° 01-00-149 de fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004).
Actuaciones selectivas
Se practicaron 15 actuaciones fiscales: 1 de gestión, dirigida a evaluar el manejo y administra-
ción de la deuda pública por parte de la ONCP; 11 auditorías operativas (4 dirigidas a evaluar
los procesos de adquisición de bienes muebles, materiales y suministros ejecutados en los mi-
nisterios de la Producción y el Comercio, Energía y Minas, Finanzas y Ciencia y Tecnología, 3
orientadas a evaluar la estructura, conformación y los procedimientos que llevan a cabo los
órganos de control fiscal de los ministerios de Planificación y Desarrollo, Energía y Minas y
Finanzas, a fin de constatar si están ajustados a las disposiciones establecidas en la LOCGRSNCF
y la LOAFSP, 2 auditorías en el área de tecnología de la información orientadas a evaluar si los
mecanismos de control interno implantados por el SIVIT y en el Portal del SENIAT, contribuyen a
garantizar la integridad, confidencialidad y continuidad de la información electrónica registrada
en los referidos sistemas y 2 encaminadas a evaluar los procesos de recuperación de créditos
fiscales en materia de IVA, llevados a cabo durante el año 2003 por las gerencias regionales de
Tributos Internos de las regiones Capital y Central del SENIAT, así como la comprobación de la
legalidad de sus procedimientos, y la sinceridad y veracidad de las cifras presentadas por con-
cepto de reintegros tributarios, aprobados a los contribuyentes ordinarios exportadores); 3 se-
guimientos al cumplimiento de las instrucciones para la presentación de declaraciones juradas
de patrimonio (DJP), en los ministerios de Energía y Minas, Finanzas y Ciencia y Tecnología.
Actuaciones no programadas
Se ejecutaron 3 actuaciones fiscales: 1 seguimiento en materia de DJP en el MPD, con el objeto
de verificar el cumplimiento por parte del responsable del área de Recursos Humanos y de los
funcionarios con la obligación de presentarlas y, 1 auditoría operativa dirigida a evaluar los
procesos de adquisición de bienes muebles, materiales y suministros ejecutados en el MAT, y 1
avalúo del terreno y edificio sede de la CGR.
Asimismo, fue valorada 1 denuncia, la cual resultó desestimada.
Otras actuaciones
Se ejecutaron 2 actuaciones: una relacionada con la evaluación de las condiciones de contrata-
ción de servicios profesionales realizados por el MEM a solicitud del órgano de control fiscal
38

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía
para la ejecución de auditorías especiales, y otra con el fin de verificar la transferencia de recur-
sos presupuestarios por parte del Ejecutivo Nacional al Distrito Metropolitano de Caracas.
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
Fueron evacuadas 7 consultas de diferentes organismos, en especial lo referente al ejercicio de
las funciones y competencias de los órganos de auditoría interna, así como en materia presu-
puestaria, normativa legal y otras actividades vinculadas con el control fiscal.
Luego de las respectivas valoraciones jurídicas en las que se determinaron la ausencia de ele-
mentos que hagan presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una dispo-
sición legal o sublegal, daños al patrimonio público o procedencia de acciones legales, se orde-
naron 58 autos de archivo.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
Del examen realizado a 58 cuentas correspondientes a los ejercicios 1995 al 2003, resultaron
conformes 30 (51,72%), dando lugar a los respectivos autos de fenecimiento, y 28 (48,28%)
objetadas, poniendo de manifiesto debilidades en el control interno del proceso administrativo
desarrollado por esos organismos, donde la mayoría tienen carácter recurrente, tales como el
incumplimiento de la normativa de carácter legal y reglamentaria que rige sus actividades, las
publicaciones dictadas por la CGR para la contabilización del gasto público y de los ingresos;
así como los manuales funcionales prescritos por el SIGECOF. De los resultados obtenidos en el
examen de las referidas cuentas, cabe destacar los relacionados con la Aduana de Maracaibo,
donde se evidenció un presunto perjuicio pecuniario al Tesoro Nacional por el orden de Bs.
38,07 millones, por la liquidación y pago de Derechos Aduaneros inferiores a los causados, y
otro por el orden de Bs. 19,35 millones, por la liquidación y pago del IVA, también inferiores a
los causados, en contravención de la Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta Oficial N° 5.353 Ex-
traordinario del 17-06-99) y la Ley del IVA.
Igualmente, en los organismos auditados se detectaron fallas y deficiencias de control interno
que inciden en el cumplimiento eficiente de sus actividades. Entre otras, en la ONCP se eviden-
ciaron debilidades relativas a la estructura organizativa y ausencia de procedimientos que regu-
len las operaciones de crédito público; asimismo, se observó que una gran parte de los recursos
provenientes del endeudamiento interno se ha destinado al financiamiento del gasto corriente.
Los procesos ejecutados por el MPC, MEM, MF, MCT y MAT, no estuvieron acordes con las
disposiciones legales, reglamentarias e internas en la adquisición de materiales, bienes y sumi-
nistros. Los órganos de control fiscal del MPD y MF no han adaptado su estructura, funciones y
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
procedimientos a las disposiciones establecidas en la LOCGRSNCF y en la LOAFSP, y los de
MPD y MEM no disponen de autonomía presupuestaria. Igualmente, los mecanismos de con-
trol interno de la tecnología de información usados por EL SIVIT y el Portal del SENIAT, no son
adecuados para salvaguardar la integridad de la información electrónica. En los MPD, MEM,
MF y MCT no acataron las disposiciones legales vigentes en materia relativa a declaraciones
juradas de patrimonio, los responsables del área de Recursos Humanos y los funcionarios suje-
tos a presentarla; y las gerencias regionales de Tributos Internos de las regiones Central y Capi-
tal del Seniat, no realizan actividades fiscalizadoras a las empresas exportadoras, previa aproba-
ción de los créditos fiscales, por cuanto la normativa que rige la recuperación de créditos fiscales
no contempla tal procedimiento.
Fallas y deficiencias
Entre los motivos por los cuales se objetó 48,28% de las cuentas examinadas, destacan deficien-
cias de control interno recurrentes que se evidencian de la manera siguiente:
Las cuantificables ascienden a un monto total de Bs. 1,47 billones:
• Faltantes por investigar en bienes Bs. 344,88 millones y pagos indebidos por Bs. 3,01 millones.
• Montos no enterados por contribuyentes especiales de la región Capital y contribuyentes
40
especiales de la región Los Andes, por Bs. 565,47 millones; y déficit en saldos de créditos
fiscales por Bs. 240,91 millones.
• Derechos pendientes de recaudación de vieja data y de ejercicios recientes, por concepto de
ISLR, Timbres Fiscales, Alcohol y Especies Alcohólicas, Sucesiones, Donaciones y demás
ramos Conexos, Renta Aduanera y otras rentas por Bs. 1,46 billones y saldos contrarios a su
naturaleza Bs. 8.691,09 millones, correspondiente a ISLR.
• En lo referente a la rendición de las cuentas, continúan con atraso 436 cuentas correspon-
dientes a ingresos tributarios y aduaneros y 135 fueron rendidas después de vencido el plazo
respectivo.
En relación con las deficiencias no cuantificables tenemos:
• Ineficientes gestiones de cobro por concepto de derechos liquidados.
• Reintegros extemporáneos de fondos girados en avance y anticipos lo cual es contrario a lo
establecido en el artículo 83 del Reglamento N° 1 de la LOAFSP “Sobre el Sistema Pre-
supuestario” (Gaceta Oficial N° 5.592 Extraordinario del 27-06-2002).

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía
• Incumplimiento de las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público (Gaceta Ofi-
cial N° 36.100 del 04-12-1996) y de los Principios de Contabilidad Generalmente Acepta-
dos, de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-
06-1997, de la LOCGRSNCF y su Reglamento, de la LOAFSP y su Reglamento N° 1, del
Código Orgánico Tributario (COT), Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001, de la Ley
Orgánica de Aduanas y de su Reglamento, de la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISLR),
Gaceta Oficial N° 5.566 Extraordinario del 28-12-2001, de la Ley de Impuesto sobre Alco-
hol y Especies Alcohólicas (Gaceta Oficial N° 2.309 Extraordinario del 14-09-78), de la Ley
de Timbre Fiscal (Gaceta Oficial N° 5.416 Extraordinario del 22-12-99), de la Ley de Regis-
tro Público (Gaceta Oficial N° 5.215 Extraordinario del 02-03-1998), de las Instrucciones y
Modelos para la Contabilidad Fiscal dictadas por esta CGR, vigentes para el período exami-
nado y de los manuales funcionales del SIGECOF.
Como resultado de las diferentes auditorías, se detectaron las situaciones siguientes:
• El reglamento de la LOAFSP que regula el sistema de crédito público, aún no ha sido apro-
bado. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas no tiene habilitadas todas las aplicaciones del
SIGECOF relativas al registro de las operaciones que requiere la ONCP.
• El manejo de deuda pública como proporción del PIB, se ha incrementado en los últimos 5
años, al pasar de 29,32% a 43,63%, durante el período 1999-2003; el mayor índice (12,57%)
se experimentó en 2002, mientras que para el resto de los años, no superó 3,50%, lo que
indica estabilización de esa relación; además, tuvo un comportamiento poco volátil hasta
2002, cuando se incrementó 4,68% respecto al año anterior, fundamentalmente como con-
secuencia de la devaluación presentada entre los años 2001 y 2002 y del endeudamiento
interno. Sin embargo, en 2003 la citada relación disminuyó 4,28% producto de los procesos
de canje de instrumentos de deuda y del control de cambio; pero esas operaciones de canje
no redujeron la carga del servicio de la deuda en el presupuesto del año 2004, solo aliviaron
los problemas de liquidez en el 2003.
• Del monto total de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público en los
años 2002 y 2003, se aplicó al rubro de “Gestión Fiscal” 45,30% y 18,97% del total, mien-
tras que a “Programas y Proyectos”, se asignaron 17,70% en 2002 y 25,67% en 2003; con-
trario a lo establecido en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de
la Nación 2001-2007, en el sentido de destinar los recursos obtenidos mediante endeuda-
miento principalmente a la ejecución de programas y proyectos de interés social.
41

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
• Los MPC, MEM, MF y MCT no remitieron al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
42
la programación para las adquisiciones de bienes, tal como lo establece el artículo 23 del
Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordina-
rio del 13-11-2001); los manuales de normas y procedimientos no están aprobados o se
encuentran desactualizados, lo cual no se ajusta a lo establecido en las NGCI; en el MF y en
el MCT se efectuaron compras mediante adjudicación directa en rubros con características
similares, en lugar de realizar el proceso de licitación selectiva. Asimismo, los MPC y MAT
no aplicaron los cálculos pertinentes para determinar el Valor Agregado Nacional (VAN)
para la escogencia de los proveedores, según lo establecido en el artículo 6 del Decreto
1.892 (Gaceta Oficial N° 37.494 del 30-07-2002); además, el MAT no cumplió con las
metas acordadas en el Plan Excepcional de Compras del Estado 2003. Situaciones que contra-
vienen la normativa que rige la materia y dificultan la realización oportuna y adecuada del
proceso de adquisiciones.
• Los órganos de control fiscal de los MPD y MF no se han reestructurado como órganos de
auditoría interna, según lo establecido en el artículo 190 de la LOAFSP; en los MPD y
MEM, los órganos carecen de presupuesto propio, situación contraria a lo establecido en el
numeral 1 del artículo 25 de la LOCGRSNCF, ya que sus gastos son cubiertos con cargo a
programas bajo la responsabilidad de otras dependencias; además, los órganos del MF y
MPD presentan insuficiencias en la dotación de recursos materiales y humanos necesarios
para su funcionamiento, situación que no se ajusta al artículo 11 de las NGCI. Asimismo, se
determinó que sólo el MF ha procedido a nombrar por concurso al titular para el cargo de
auditor interno, cumpliendo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución N° 01-00-
005 de fecha 01-03-2002, dictada por la CGR (Gaceta Oficial N° 37.396 del 04-03-2002).
• Los mecanismos de control interno, informáticos y telemáticos implantados por el SENIAT,
relativos al SIVIT y el Portal del SENIAT, no son adecuados para salvaguardar la integridad,
disponibilidad y confiabilidad de la información procesada y almacenada por esos sistemas;
por cuanto la información del ISLR y las declaraciones definitivas del IVA presentan riesgo
de acceso no autorizado a datos que no están cifrados y que pueden ser corrompidos de
manera accidental o intencional igualmente, no se garantiza la titularidad, integridad y
confidencialidad de las declaraciones y pagos electrónicos.
• Los respaldos, las trazas o pistas de auditoría electrónica de las operaciones realizadas, la
metodología de control de cambios, la documentación, el plan de recuperación de contin-

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía
gencias y desastres y el control de acceso relacionados con la información tributaria evalua-
da, no están ajustados al artículo 32 de las NGCI y al enfoque teórico del estándar general-
mente aplicado y aceptado para las buenas prácticas de seguridad y control en Tecnología de
Información “Control Objetives for Information and Related Technology (COBIT).
• En la evaluación practicada al proceso de recuperación de créditos fiscales en materia de IVA
llevado a cabo por las gerencias regionales de Tributos Internos de las regiones Capital y
Central, se evidenció que en la normativa legal que aplica al referido proceso, no se contem-
pla la ejecución de actividades relacionadas con la fiscalización a las empresas exportadoras
previo a la aprobación de los créditos fiscales, lo cual incide en la veracidad y sinceridad de
las cantidades aprobadas a los contribuyentes ordinarios exportadores; asimismo, no poseen
manuales de funciones donde estén definidas las atribuciones del personal.
• En materia de declaraciones juradas de patrimonio, el MF y el MCT, no remitieron a esta
CGR la relación inicial de su personal, incumpliendo lo establecido en el artículo 10 de la
Resolución N° 01-00-015 de fecha 30-04-2001 (Gaceta Oficial N° 37.191 del 07-05-2001)
emanada de este Organismo Contralor; y los MPD, MEM, MF y MCT remitieron
extemporáneamente las relaciones mensuales de los movimientos de ingreso y cese durante
el año 2003, en algunas de las cuales se presentaron omisiones en los datos de los funciona-
rios; asimismo, en los expedientes del personal no se encuentran archivadas las fotocopias
de los comprobantes de recepción de las DJP, contrario a lo establecido en el artículo 2 de la
citada resolución, así como en el artículo 26 de la Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial
N° 5.637 Extraordinario del 07-04-2003).
Recomendaciones
Con la intención de coadyuvar en el logro de una efectiva gestión de los organismos agrupados
en el sector de la Economía, a fin de alcanzar un mayor nivel de eficiencia y efectividad en la
recaudación de los impuestos y en el manejo de los fondos y bienes públicos, se formularon las
siguientes recomendaciones:
• Los administradores de fondos de las unidades de gasto, deben realizar las gestiones perti-
nentes a fin de reintegrar al Tesoro Nacional los remanentes de fondos girados en avance y
anticipos, respectivamente, durante los primeros 10 días siguientes al término del ejercicio
económico.
• Los administradores de fondos de las unidades de gasto, deben girar las instrucciones a fin
de que se realicen las averiguaciones tendentes a establecer las responsabilidades corres-
43

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
44
pondientes relacionadas con faltantes por investigar por concepto de bienes, materias e in-
ventario físico o, si en su defecto, el Tesoro Nacional asume tales pérdidas.
• La administración tributaria debe emitir y liquidar las planillas complementarias a los con-
tribuyentes que pagaron impuestos por montos menores a los realmente causados y realizar
las gestiones de cobro de los créditos fiscales pendientes de recaudación, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el COT, clasificar los créditos por antigüedad y determinar
la factibilidad de cobranza, ubicación y registro de los deudores, así como aplicar la decla-
ratoria de incobrabilidad en los casos donde sea necesario.
• La máxima autoridad del MF debe promover la elaboración del reglamento de la LOAFSP
relacionado con el Sistema de Crédito Público, para delimitar el manejo de las operaciones
y el destino de los recursos obtenidos a través de las mismas; por otra parte, la ONCP debe
continuar realizando las gestiones para la implantación de las aplicaciones del SIGECOF rela-
tivas a sus operaciones.
• El jefe de la ONCP debe tomar las medidas de prevención necesarias en cuanto a la partici-
pación de la deuda externa en la deuda total, dentro del contexto de control de cambio que
actualmente rige en la nación venezolana, con el fin de minimizar los efectos negativos de
una posible devaluación sobre esa gestión y sobre los resultados de las cuentas
macroeconómicas relacionadas con la balanza de pagos y el comercio internacional. Al mis-
mo tiempo, debe buscar medidas tendentes a mejorar el perfil de vencimientos de la Deuda
Pública, a fin de reducir la carga del servicio de la deuda en los presupuestos de los siguien-
tes años.
• La máxima autoridad del MF debe instar al Ejecutivo Nacional a destinar los recursos obte-
nidos mediante endeudamiento, principalmente a la ejecución de programas y proyectos de
interés social, para cumplir con lo establecido en las Líneas Generales del Plan de Desarro-
llo Económico y Social de la Nación 2001-2007.
• Los representantes de las áreas de compras del MPC, MEM, MF y MCT deben elaborar y
remitir al SNC la programación de adquisiciones. Asimismo, deben considerar la realiza-
ción de procesos de licitación selectiva y/o general, según sea el caso, con el fin de que se
garantice la selección de proveedores que proporcionen un mayor nivel de economía, cali-
dad y oportunidad de los bienes y materiales requeridos, y establecer mecanismos que per-
mitan aplicar los cálculos del VAN a las empresas contratadas. Las máximas autoridades
deben aprobar y actualizar los manuales de normas y procedimientos de licitaciones y de
compras directas. Asimismo, el MAT debe establecer los procedimientos necesarios para

Poderes Públicos Nacionales
Sector de la Economía
utilizar oportunamente los recursos contemplados en el Plan Excepcional de Compras.
• Las máximas autoridades de la Gerencia General de Informática del SENIAT deben instrumentar
en el corto plazo, políticas y procedimientos para la adecuada administración de los ambien-
tes de desarrollo, mantenimiento y prueba, y producción; con adecuados hitos de control
que garanticen tanto la adecuada liberación, distribución y colocación de la aplicación en el
lugar correcto, así como la protección adecuada de los datos y la adopción de una política o
metodología de control de cambios. Al mismo tiempo, deben establecer mecanismos de
seguridad para las transacciones generadas por el Portal del SENIAT con la finalidad de garan-
tizar la confidencialidad, integridad e identificación de las declaraciones y pagos electróni-
cos de impuestos. También debe diseñar e implementar una política integral y uniforme de
respaldo que garantice la recuperación y restauración de la totalidad de los datos, aprobada
por las autoridades y divulgada de manera oficial al personal involucrado. Debe implemen-
tar a corto plazo, las normas y procedimientos de uso general relacionadas con la actualiza-
ción y resguardo de la documentación de sistemas informáticos, de modo que se minimice
el vacío documental existente. Asimismo, debe establecer mecanismos para proteger y sal-
vaguardar los equipos programas e información procesada contra acceso físico no autoriza-
do y prevención contra pérdida de activos de información.
• Las máximas autoridades del MPD y el MF deben realizar las diligencias pertinentes para
aprobar la nueva estructura organizativa, así como los manuales funcionales y de normas y
procedimientos de sus respectivos órganos de control fiscal; proveer los recursos financie-
ros, materiales y humanos, necesarios para llevar a cabo de manera eficiente los objetivos y
metas trazados; asimismo, los MPD y MEM deben convocar a concurso público para la
designación de los titulares de los órganos de control fiscal.
• El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario deberá realizar ante los organismos
competentes, las gestiones pertinentes para que se realicen las modificaciones necesarias a
la normativa legal aplicable al proceso de recuperación de créditos fiscales en materia de
IVA, con el objeto de que se contemplen normas y procedimientos relacionados con la fisca-
lización de las empresas exportadoras, antes de la aprobación de los reintegros; asimismo,
debe girar las instrucciones necesarias para que se elabore e implante el manual de funcio-
nes que defina los deberes y responsabilidades de cada cargo, su nivel de responsabilidad y
sus relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa.
• Los representantes del área de Recursos Humanos de los MPD, MEM, MF y MCT deben
45

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
46
girar las instrucciones pertinentes para que se remitan a este Organismo Contralor en el
lapso correspondiente, las relaciones iniciales del personal sujeto a presentar la declaración
jurada de patrimonio, así como las relaciones mensuales de ingreso y cese del personal que
presta servicio en esos organismos. Igualmente, deben implantar los mecanismos de control
interno que sean necesarios, con el objeto de que en los expedientes del personal que está
obligado a presentar la declaración jurada de patrimonio, se anexe la fotocopia del compro-
bante de recepción emitida por este Organismo Contralor.
ACCIONES FISCALES
Se procesaron 5 averiguaciones administrativas por presuntos hechos irregulares, correspon-
dientes a ejercicios anteriores, de las cuales 4 se encuentran en etapa de sustanciación y 1 deci-
dida con declaratoria de responsabilidad, ocurrida en el MF, la cual se encuentra pendiente de
notificación de la decisión de primer grado. Por otra parte, las 8 declaratorias de responsabilidad
dictadas en el año 2003, se encuentran firmes en sede administrativa.
Fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad administrativa por el
ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la LOCGRSNCF, un
total de 4 funcionarios con las siguientes medidas disciplinarias: 1 suspensión del ejercicio del
cargo sin goce de sueldo y 3 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones pública, de estas
últimas en 1 fue procedente la destitución del cargo. Asimismo, en cuanto al estatus procesal de
las mismas, corresponde señalar que todas están firmes en sede administrativa.
Durante el año 2003 se impusieron 5 reparos, de los cuales 3 se encuentran firmes en sede
administrativa; 1 está en etapa de interposición del recurso administrativo y el otro está pen-
diente la decisión del recurso administrativo. Con ocasión del daño al patrimonio público por
derechos dejados de liquidar, se formularon en el año 2004, 9 reparos tributarios por Bs. 224,12
millones, de los cuales 1 fue cancelado por Bs. 936.217,17 en fecha 19-08-2004, 7 están firmes
en sede administrativa y en 1 se encuentra pendiente la decisión del recurso administrativo.
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL
Este sector agrupa los ministerios de: Infraestructura (MINFRA), el Ambiente y de los Recursos
Naturales (MARN), Educación y Deportes (MED), Educación Superior (MES), Salud y Desa-
rrollo Social (MSDS) y el Trabajo (MT). La estructura financiera de estos organismos la inte-
gran 10 unidades administradoras centrales, 98 unidades administradoras desconcentradas y 48
servicios autónomos sin personalidad jurídica, que están adscritos a los citados despachos mi-
nisteriales. Según las atribuciones conferidas en el Decreto N° 2.937 del 25-05-2004 referido a

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social
la Reforma Parcial del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración
Pública Central (Gaceta Oficial N° 37.945 del 25-05-2004), a estos organismos les compete
la regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de activi-
dades en materias tan complejas y disímiles como son: la construcción de obras de infraes-
tructura, equipamiento urbano y política habitacional; adicionalmente la conservación, de-
fensa, aprovechamiento, uso racional y sostenible de los recursos naturales, entre otras. Por
otra parte, tienen objetivos referidos al cumplimiento de funciones de carácter social como
son la atención integral a la familia, salud, trabajo, recreación, educación y deporte en todos
los niveles y modalidades. En la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal 2004, las asignacio-
nes de los citados despachos totalizaron Bs. 17,55 billones.
GESTIÓN DE CONTROL
Durante el año 2004 se concluyeron un total de 121 actuaciones: 105 exámenes de cuenta; 5
auditorías operativas (2 relacionadas con el proceso de transformación de los órganos de
control interno en órganos de auditoría interna de los ministerios de Educación y Deportes,
Infraestructura, 1 orientada a evaluar el Programa de Adiestramiento y Desarrollo Profesional
del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (PAD-MARN) durante el año 2002,
1 para evaluar en el MED los procesos de adquisición de bienes y, contrataciones de obras y/
o servicios, contemplados en el Plan Excepcional de Compras del Estado 2003, y 1 en el
MINFRA, orientada a constatar las obras iniciadas desde el año 1972 hasta el 2000); 8 segui-
mientos a la acción correctiva (3 referidos a la determinación de los saldos de los anticipos
pendientes por amortizar para los contratos de obras e inspecciones suscritos por el MINFRA y
el MARN, y 5 dirigidos a evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes con-
tenidas en la Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del 07-04-
2003), y en las resoluciones Nros. 01-00-011 de fecha 02-05-2003 y 01-00-023 de fecha 29-
05-2003 emanadas por este máximo Organismo de Control, gacetas oficiales Nros. 37.681 y
37.701 de fechas 2 y 30 de mayo de 2003, respectivamente relacionadas con la materia de
Declaraciones Juradas de Patrimonio en MINFRA, MARN, MED, MES y MT); y 3 auditorías
financieras practicadas en el Instituto Universitario de Tecnología del Oeste “Mariscal Sucre”
(IUTOMS) y en los colegios universitarios “Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez” y de
Caracas. Asimismo, se aperturaron 8 potestades investigativas y se evacuaron 8 consultas
vinculadas con el control fiscal.
En el desarrollo de las actuaciones programadas se consideraron entre otros, los siguientes
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
objetivos: verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el
control fiscal e instrucciones y modelos para la contabilidad fiscal emanados de la Contraloría
General de la República (CGR) y vigentes hasta el ejercicio fiscal 2000, así como manuales del
Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), utilizados en la
ejecución y control del presupuesto y la contabilidad fiscal del gasto público; constatar la lega-
lidad, exactitud, sinceridad y correcta inversión de los fondos públicos manejados por las de-
pendencias; evaluar los resultados obtenidos de la gestión llevada a cabo por las organismos
sujetos al control fiscal, verificando para ello el cumplimiento de objetivos y metas, así como su
efectividad; y comprobar la aplicación de correctivos tendentes a subsanar las deficiencias de-
terminadas por la CGR en actuaciones anteriores.
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
En el año 2004 a los fines de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 56 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001, se practicaron 105 exámenes
de cuentas de Gastos e integrales (Gastos, Materiales y Suministros, Bienes Muebles y
Semovientes, y Expropiaciones). Asimismo, se recibieron 7.637 declaraciones juradas de patri-
monio y se enviaron 162 oficios requiriendo información no suministrada originalmente en las
citadas declaraciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la LOCGRSNCF, en
concordancia con lo previsto en la Resolución N° 01-00-149 de fecha 14-04-2004 (Gaceta Ofi-
cial N° 37.919 del 16-04-2004).
Actuaciones selectivas
Se efectuaron 2 actuaciones dirigidas a evaluar el proceso de transformación de los órganos de
control interno (OCI) en órganos de auditoría interna de MINFRA y MED, en atención a las dispo-
siciones previstas en los artículos 187 y 190 de la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606 del 09-01-2003, y la suficiencia de re-
cursos humanos, presupuestarios y tecnológicos para asumir las competencias que les fueron con-
feridas en la LOCGRSNCF; adicionalmente, se procedió a determinar la eficiencia y eficacia con
que operaron los citados OCI durante el ejercicio fiscal 2002 y primer semestre del 2003.
Asimismo, se practicaron 2 auditorías operativas, una orientada a evaluar el PAD-MARN durante
el año 2002, y su correspondencia con las necesidades de capacitación del Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales, y otra para evaluar en el MED los procesos de adquisición de bie-
nes y, contrataciones de obras y/o servicios, contemplados en el Plan Excepcional de Compras
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Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social
del Estado 2003, para la reactivación de la pequeña y mediana industria (PYMI), cooperativas y
otras empresas asociativas o familiares, en acatamiento de los Decretos Nros. 1.892 y 2.371 de
fechas 29-07-2002 y 24-04-2003, gacetas oficiales Nros. 37.494 y 37.688 del 30-07-2002 y 13-
05-2003, respectivamente. Además, se realizaron 3 auditorías financieras relacionadas con la eva-
luación del origen y aplicación de los recursos asignados durante el año 2002 al IUTOMS y a los
colegios universitarios “Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez” y de Caracas.
Por otra parte, se practicaron 3 seguimientos a la acción correctiva referidos a la determinación
de saldos de anticipos por amortizar, para los contratos de obras e inspecciones suscritos en los
años 2000 y 2001 por MINFRA y MARN, así como los niveles de recuperación de anticipos en los
contratos efectuados hasta el año 1999, y otro seguimiento con alcance adicional a los contratos
celebrados en el año 2002 por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en aten-
ción a las recomendaciones formuladas por la CGR, en los informes definitivos Nros. 0012,
0140 y 0028 de fechas 06-02-2003, 19-05-2003 y 30-03-2004, respectivamente. De igual mane-
ra, 5 seguimientos al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes contenidas en la LCC
y en las resoluciones Nros. 01-00-011 y 01-00-023, relacionadas con la materia de declaracio-
nes juradas de patrimonio, por parte de los responsables del área de Recursos Humanos y de los
funcionarios de MINFRA, MARN, MED, MES y MT.
Actuaciones no programadas
Se efectuó 1 auditoría operativa en el MINFRA orientada a constatar las obras iniciadas desde el
año 1972 hasta el 2000, por los extintos ministerios de Obras Públicas (MOP), del Desarrollo
Urbano (MINDUR) y de Transporte y Comunicaciones (MTC), las cuales al 31-12-2003 no ha-
bían sido concluidas. Además, se analizaron 5 denuncias sobre presuntos hechos irregulares,
como resultado de esa tramitación, se remitieron a los OCI respectivos.
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
Se ordenaron 48 autos de archivo, en razón de que no existen elementos de convicción o prueba
que hagan presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición
legal o sublegal , ni daños al patrimonio público, en los resultados de las actuaciones practica-
das por este Órgano de Control.
Por otra parte, con ocasión de la aplicación de la LOCGRSNCF fueron evacuadas 8 consultas de
diferentes organismos de la administración pública, referentes al ejercicio de las funciones y com-
petencias de los órganos de auditoría interna y otras actividades vinculadas con el control fiscal.
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
Del examen realizado a 105 cuentas en los organismos agrupados en este sector, correspondien-
tes a los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001 y 2002 con los semestres complementarios
1999, 2000 y 2001, durante los cuales manejaron un total de Bs. 9,20 billones, se determinó lo
siguiente: 56 (53,33%) resultaron conformes, lo cual dio lugar a los respectivos autos de feneci-
miento; las 49 restantes (46,67%) fueron objetadas, y los resultados reflejan fallas en el sistema
de control interno y ausencia de medidas efectivas para prevenir el reiterado incumplimiento de
la normativa legal, como son la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (LORP) y sus regla-
mentos, LOAFSP y su Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial N°
37.348 de fecha 18-12-2001), títulos III y IV de la Ley de Licitaciones (Gaceta Oficial N° 5.556
Extraordinario del 13-11-2001) y el artículo 3 del Decreto 345 de fecha 14-09-94 (Gaceta Ofi-
cial N° 35.552 de fecha 22-09-94); lo que evidencia que estos organismos no han aplicado las
medidas correctivas recomendadas por la CGR, con la finalidad de subsanar y erradicar la repe-
tición de las desviaciones detectadas, que inciden desfavorablemente en la gestión pública.
Las debilidades de control interno en las áreas administrativas y presupuestarias, sumadas al
atraso en las transferencias de recursos por parte del Ejecutivo Nacional, influyeron negativa-
mente en el cabal cumplimiento de las actividades de los organismos; al respecto se tienen,
entre otros los siguientes resultados: retraso en el proceso de transformación de los OCI a órga-
nos de auditoría interna del MINFRA y el MED; existencia de 414 obras de infraestructura con
atrasos en lapsos de ejecución que oscilan entre 3 y 21 años, y con inversiones que superan
324,05% las estimaciones iniciales de los costos de construcción; saldos de anticipos por amor-
tizar que ascienden al monto de Bs. 185.586,21 millones, de contrataciones efectuadas por el
MINFRA y el MARN con datas que superan 10 años, además de evidenciarse bajos porcentajes de
recuperación; incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de Declaracio-
nes Juradas de Patrimonio por parte de los responsables del área de Recursos Humanos de
MINFRA, MARN, MED, MES y MT, así como de los funcionarios adscritos a los citados despa-
chos ministeriales que están sujetos a presentar o actualizar dicho documento; reducida inver-
sión en el Plan Excepcional de Compras del Estado 2003 asignada al MED para la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar y poca participación de las empresas proveedoras en las
denominadas ruedas de negocios para las compras del Estado, así como prescindencia de los
procedimientos de selección del Decreto 2.371; pagos por un total de Bs. 3,69 millones a perso-
nas no incluidas como participantes del Programa Nacional de Pasantías del MARN; y deficien-
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Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social
cias en los controles administrativos y contables en el IUTOMS y en los colegios universitarios
“Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez” y de Caracas.
Fallas y deficiencias
Entre los principales motivos que dieron lugar a la objeción de las cuentas examinadas se en-
cuentran observaciones recurrentes no cuantificables que afectan la suficiencia y eficacia del
control interno:
• No se reintegraron los remanentes de fondos en los lapsos previstos, de conformidad con lo
establecido en los artículos 29 y 32 del Reglamento N° 2 de la LORP sobre Avances o
Adelantos de Fondos a Funcionarios vigente para el año 2000 (Gaceta Oficial N° 36.451 del
12-05-98), así como en los artículos 40 y 49 del Reglamento de la LORP, normativa aplica-
ble para el año 2001 (Gaceta Oficial N° 37.122 del 18-01-2001).
• Los adelantos de fondos no son rendidos dentro de los 30 días siguientes a su entrega, tal
como lo establece el artículo 21 del ya citado Reglamento N° 2.
• Deficiencias en los registros contables, originadas por la inobservancia de las Instrucciones
y Modelos para la Contabilidad Fiscal prescritas por la CGR, vigentes para el año 2000 y
complementario 1999, así como de los manuales del SIGECOF para la ejecución y control del
presupuesto y la contabilidad fiscal del gasto público a partir del año 2001.
• Inadecuado registro y control del inventario de los bienes nacionales.
En cuanto a las observaciones recurrentes cuantificables, éstas alcanzaron un monto de
Bs. 63.076,05 millones, por motivos como: pago de compromisos no causados
(Bs. 53,78 millones), omisión de comprobantes (Bs. 31.375,22 millones), reintegros extempo-
ráneos (Bs. 18.106,09 millones), intereses dejados de percibir por incumplimiento del Decreto
345 (Bs. 197,18 millones), adquisiciones con prescindencia del proceso licitatorio (Bs. 4.479,02
millones), bienes no ubicados físicamente (Bs. 169,53 millones), derechos pendientes de recau-
dación (Bs. 410,05 millones), faltantes de bienes por investigar (Bs. 46,59 millones), inexisten-
cia de soportes suficientes que evidencien la ejecución de obras y el ingreso de adquisiciones al
almacén (Bs. 412,38 millones), remanentes de fondos pendientes de reintegro (Bs. 4.150,85
millones) y bienes pagados en poder de las empresas proveedoras (Bs. 3.675,36 millones). Cabe
resaltar por su relevancia, los resultados obtenidos a través del examen de cuenta correspon-
diente al ejercicio presupuestario 2001 y semestre complementario 2000, efectuado en la Ofici-
na de Administración y Servicios (OAS) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en tal
sentido tenemos:
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
• Expedientes de compras de material médico-quirúrgico no contienen soportes documenta-
52
les por la cantidad de Bs. 16.091,55 millones; igualmente, no se pudo comprobar el ingreso
al almacén de insumos médicos por la suma de Bs. 134,82 millones, ya que no fueron
presentadas las tarjetas de kardex y estante. Ambos aspectos, contravienen lo previsto en el
artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229
del 17-06-97.
• El ministerio adquirió 16.640 ampollas de Eritroproyectina, de las cuales sólo recibió 16.100,
lo cual significa un faltante de 540 ampollas por Bs. 6,50 millones, y la inobservancia de lo
establecido en el artículo 54 de la LOAFSP, referido al pago de compromisos no causados.
• Adquisición de 2 equipos de radioterapia para los hospitales universitarios de Caracas y
“Dr. Antonio María Pineda” del estado Lara, por la suma de Bs. 4,07 mil millones, de los
cuales en fecha 12-12-2003 sólo se recibió componentes valorados en Bs. 399,03 millones;
los restantes (valorados en Bs. 3,67 mil millones) permanecían en las instalaciones de la
empresa proveedora, sin la correspondiente póliza de seguro para su resguardo. Situación
que difiere con lo contemplado en el Manual de Normas de Control Interno sobre un Mode-
lo Genérico de la Administración Central (Gaceta Oficial N° 5.275 Extraordinario del 17-
11-98), en concordancia con el artículo 3 de las NGCI. Tal circunstancia, se deriva de la falta
de contratación por parte del MSDS, de las obras de infraestructura necesarias para la insta-
lación y funcionamiento de los equipos en cuestión.
Como resultados más relevantes de las auditorías practicadas, se detectaron las siguientes
situaciones:
De la evaluación al proceso de transformación de los órganos de control interno del MINFRA y MED
se determinó que los referidos organismos no han adaptado totalmente su estructura organizati-
va y funcional, a los fines de asumir las nuevas competencias conferidas en la LOAFSP; así mis-
mo, no han efectuado la convocatoria a concurso público para la provisión del cargo de auditor
interno, lo cual es contrario a lo establecido en la Resolución N° 01-00-005 del 01-03-2002 (Ga-
ceta Oficial N° 37.396 del 04-03-2002). Adicionalmente, se evidenció que los OCI no contaron
con recursos presupuestarios suficientes para la adquisición de bienes y equipos de computación,
pago de viáticos, entre otros, aspectos no acordes con lo dispuesto en el artículo 11 de las NGCI,
en concordancia con el artículo 27 del Reglamento sobre la Organización del Control Interno en
la Administración Pública Nacional (Gaceta Oficial N° 37.783 del 25-09-2003).
Del análisis efectuado a las obras que superan la inversión y lapso de ejecución estimados origi-

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social
nalmente en las leyes de presupuesto correspondientes al período 1972-2000, se evidenció que
el MINFRA presenta debilidades en cuanto a las políticas destinadas al logro de las metas progra-
madas, ya que 414 obras iniciadas en el referido período, a un costo inicialmente estimado de
Bs. 275,25 mil millones, al 31-12-2003 registraron atrasos en su ejecución que van de 3 a 21
años y una inversión de Bs. 1.167,20 mil millones; situación que obedece principalmente, a la
falta de asignaciones e insuficiencia de recursos presupuestarios. Adicionalmente, se constató
que las actividades relacionadas con 77,72% de los 202 contratos seleccionados en la actuación,
correspondientes a 86 obras, fueron paralizadas entre otras razones debido a cambios en los
proyectos, tardanza en los trámites administrativos y pagos de bienhechurías, lo cual discrepa
de lo previsto en el artículo 37 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución
de Obras (CGCEO), Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinario del 16-09-96. Asimismo, vale
mencionar que las 14 obras inspeccionadas por esta CGR presentaban demoras en su ejecución
de más de 10 años, actividades paralizadas, abandono y deterioro parcial de las edificaciones
por efectos ambientales y vandalismo, con 55,47% en promedio de obra por ejecutar.
En relación con los seguimientos para determinar el saldo de los anticipos pendientes por amor-
tizar en los contratos de obras e inspecciones suscritos por el MINFRA, se evidenció que durante
el año 2003, la recuperación de los anticipos pendientes de amortización con respecto a contra-
tos celebrados durante el período 1990-1999 fue de Bs. 3.411,22 millones (21,97%), mientras
que en el año 2002 lo recuperado fue Bs. 13.388,70 millones (49,17%), lo cual contraviene lo
establecido en el artículo 44 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 1997 (Gaceta
Oficial N° 5.115 Extraordinario del 12-12-96) y artículo 42 de las leyes de presupuesto para los
sucesivos ejercicios fiscales. Referente a los contratos de los años 2000 y 2001, la recuperación
fue de 43,67% (Bs. 22.861,77 millones) y 44,82% (111.989,35 millones) respectivamente; vale
destacar que en el año 2001 el MINFRA firmó 42 contratos con empresas que mantienen anticipos
pendientes de amortización por Bs. 382,29 millones, otorgados con cargo a contratos suscritos
en el período 1990-1999, sin solicitarles las respectivas solvencias. Todo lo expuesto anterior-
mente obedece entre otras causas a: empresas que no han sido ubicadas por cambio de dirección
o porque ya no están activas, discrepancia entre la información llevada por la Dirección de
Finanzas y las unidades ejecutoras, desconocimiento del total de contratos celebrados por los
extintos MTC y MINDUR con saldos de anticipos por amortizar, emisión inoportuna de las plani-
llas de liquidación, y falta de ejecución de las fianzas constituidas.
En el MARN durante el año 2004 la recuperación de los anticipos por amortizar de los contratos
celebrados en el período 1985-1999, fue de 20,13% (Bs. 125,97 millones), lo cual fue menor
53

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
que lo logrado en los años 2002 y 2003, cuando se obtuvo 67,00% (Bs. 3.075,63 millones) y
43,87% (Bs. 481,88 millones), respectivamente; situación que contraviene lo establecido en los
artículos 44 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 1997 y artículo 42 de las leyes de
presupuesto para los sucesivos ejercicios fiscales. Lo antes citado obedece a la existencia de 30
contratos con saldos de anticipos por Bs. 87,88 millones, pendientes de cobro judicial por parte
de la Procuraduría General de la República; 8 en asesoría legal para la recuperación de Bs. 56,35
millones, y 38 con anticipos por amortizar por Bs. 355,51 millones sin corte de cuenta, ni
emisión de planillas de liquidación y en estudio por la posibilidad de prescripción debido a una
infructuosa gestión de cobranza. En relación con las contrataciones de los años 2001 y 2002, los
porcentajes de recuperación de anticipos obtenidos durante el año 2004, se ubican en 10,77%
(Bs. 510,52 millones) y 97,10% (Bs. 2.138,34 millones), respectivamente; cabe destacar que de
los contratos suscritos en el año 2000 no se efectuó ninguna recuperación respecto al 64,00%
logrado en el año 2003, en virtud de lo cual se mantiene el saldo por amortizar de Bs. 1.011,14
millones.
En la evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes contenidas en la LCC,
así como en las resoluciones Nros. 01-00-011 y 01-00-023, relacionadas con la materia de de-
claraciones juradas de patrimonio, se determinó que durante el año 2003 los responsables del
área de Recursos Humanos de MINFRA, MARN, MED, MES Y MT incumplieron las citadas
disposiciones, en lo relativo a la obligación de requerir a los funcionarios o empleados públicos
copia del comprobante donde conste la presentación de la DJP ante la CGR, e incorporar dicha
copia al expediente del declarante; de igual manera, hubo inobservancia de las referidas norma-
tivas y resoluciones por parte de los funcionarios sujetos a esta norma, circunstancia evidencia-
da en la ausencia de comprobantes de presentación o actualización en los expedientes analiza-
dos en las actuaciones. Lo expuesto obedece a que las unidades responsables del área de Recursos
Humanos de los citados ministerios, no ejercen un adecuado control y seguimiento en la recep-
ción, incorporación y registro del comprobante donde conste la presentación o actualización de
la declaración jurada de patrimonio.
Respecto al Plan Excepcional de Compras del Estado 2003, se determinó que el MED acató las
disposiciones del Decreto 1.892 en cuanto a las adjudicaciones a las PYMI con producción
nacional y ejecutó Bs. 93.116,61 millones con cargo al Programa de Alimentación Escolar (PAE),
que representa 71,77% del total programado inicialmente en el citado plan (Bs. 129.741,87
millones), toda vez que dicha partida presentó modificaciones presupuestarias para atender com-
54

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social
promisos distintos al programa alimentario. Sin embargo, no aplicó los procedimientos de se-
lección establecidos en el Decreto 2.371, entre otros los referidos a la evaluación competitiva
de precios entre las ofertas presentadas, así como establecimiento de mecanismos de concurso
público para la recepción y aperturas de ofertas; tal circunstancia obedece a que los rubros de
alimentos y bebidas están sometidos a regulación oficial de precios. Por otra parte, la concertación
entre la oferta nacional y la demanda del Estado no fue efectiva, dada la baja participación de
empresas proveedoras en la primera rueda de negocios. Asimismo, las zonas educativas selec-
cionadas desconocen la cantidad exacta de productos entregados por los proveedores; y existe
una diferencia de Bs. 585,12 millones entre los montos reflejados en las rendiciones de fondos
y los soportes o comprobantes de pago presentados por la Zona Educativa del estado Lara.
Los procedimientos para la adquisición, distribución y almacenaje de los alimentos y bebidas
relacionadas con las actividades desarrolladas para el PAE no están contenidos en manuales,
con excepción de la Zona Educativa del estado Miranda; tal situación no permite regular los
procedimientos de compras, conforme lo establece el artículo 37 de la LOCGRSNCF, en con-
cordancia con el artículo 22 de las NGCI.
Del análisis practicado al Programa de Adiestramiento y Desarrollo Profesional del recurso
humano ejecutado por el MARN durante el año 2002, se determinó que se realizó conforme con
las disposiciones legales vigentes, así como con las políticas y lineamientos emanados del mi-
nisterio. No obstante, dentro de otras actividades de capacitación el MARN tiene el Programa
Nacional de Pasantías, en el cual se evidenciaron pagos por Bs. 3,69 millones, a beneficiarios
que no se encontraban incluidos en la relación de participantes de esas actividades, en contra-
vención de lo dispuesto en el artículo 54 de la LOAFSP. Tal situación se origina en la falta de
verificación de los soportes justificativos por parte de la Oficina Sectorial de Recursos Huma-
nos, para la debida aprobación del pago.
De las evaluaciones practicadas en el IUTOMS y en los colegios universitario “Profesor José
Lorenzo Pérez Rodríguez” y de Caracas, referidas al origen y aplicación de fondos durante el
ejercicio fiscal 2002, se evidenciaron deficiencias en cuanto a los controles internos administra-
tivos y contables aplicados, que afectan el funcionamiento y limitan el cumplimiento de los
objetivos y metas de los citados institutos, relacionadas principalmente con: retrasos en las
transferencias de los recursos financieros por parte del MES; inexistencia de manuales de nor-
mas y procedimientos de las diferentes áreas (compras, nómina, contabilidad, entre otras); in-
consistencia en la información contable y estados financieros, así como fallas en el proceso de
elaboración de órdenes de compra y control de nómina; y en la formación de expedientes y
55

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
archivo de los documentos del personal docente. En el Balance General del IUTOM
al 31-12-2001, se determinó que existen cuentas por cobrar por Bs. 14,99 millones, correspon-
dientes a la Administradora SERDECO C.A., toda vez que el consumo de energía fue menor al
servicio pagado por adelantado a la mencionada empresa, en contravención de lo previsto en el
artículo 54 de la LOAFSP en concordancia con el 60 de su Reglamento Nº 1, los cuales estable-
cen que ningún pago puede ser ordenado sino para honrar compromisos válidamente contraídos
y causados.
Recomendaciones
Este Organismo Contralor con el propósito de coadyuvar en el logro de una gestión más eficien-
te por parte de cada uno de los organismos agrupados en este sector, realizó las siguientes
recomendaciones:
• Aplicar eficientes políticas de cobranzas para evitar la acumulación de créditos fiscales y
56
lograr disminuir el monto por concepto de derechos pendientes de recaudación.
• Realizar los trámites pertinentes a los efectos de reintegrar al Tesoro Nacional en los lapsos
previstos, los remanentes de fondos no utilizados.
• Practicar las diligencias necesarias, a los efectos de presentar los documentos originales de
inversión presupuestaria, necesarios para verificar la exactitud, legalidad y sinceridad de los
pagos efectuados.
• Colocar en instrumentos financieros a la vista y de alto rendimiento los fondos disponibles,
para generar intereses y enterarlos al Tesoro Nacional, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 345.
• Fortalecer el sistema de control interno, de manera tal que les permita en el área de adquisicio-
nes, lograr la estricta aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones.
• Realizar el seguimiento y control de las adquisiciones, y la entrega de bienes y servicios, a
fin de asegurar su debida recepción antes de ser pagados.
• El Viceministro de Salud, a través de la Dirección General de Salud Poblacional, debe efec-
tuar las diligencias que permitan de manera inmediata la construcción de la infraestructura
destinada a la instalación y funcionamiento de los equipos de radioterapia, en los hospitales
universitarios de Caracas y “Dr. Antonio María Pineda”. Así mismo, el responsable de la
Oficina de Administración y Servicios del MSDS, debe emprender las acciones orientadas a
recuperar la totalidad del material adquirido (ampollas de Eritroproyectina); de igual mane-

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social
ra, debe mejorar la contabilidad fiscal (Materiales y suministros-Existencia en almacén), así
como el archivo y resguardo de la documentación que soporta los pagos efectuados.
• Los titulares de los despachos de MINFRA y MED, deben realizar las diligencias que corres-
pondan a los fines de culminar el proceso de ajuste de las funciones de los OCI a órganos de
auditoría interna; de igual forma, deben efectuar las gestiones necesarias para que esas de-
pendencias sean dotadas de suficientes recursos financieros para llevar a cabo sus funciones
de control de manera eficaz y eficiente.
• El titular del MINFRA junto con los directores generales de Equipamiento Urbano y del Cuer-
po de Ingenieros, debe efectuar las gestiones necesarias para obtener los recursos financie-
ros que permitan dar prioridad a la terminación de aquellas obras que presentan alto porcen-
taje de avance físico, proyectos totalmente definidos y en las cuales estén solventados los
permisos con otros organismos públicos y efectuados los pagos de bienhechurías a terceros.
• Los titulares de las direcciones generales de Administración del MINFRA y el MARN deben
evaluar la situación actual de los contratos de obras, inspecciones y proyectos que aún
tienen anticipos pendientes por amortizar y agotar las vías legales para la recuperación de
los anticipos que los contratistas mantienen en su poder; así como los anticipos especiales
administrados que se encuentran pendientes por reintegrar por parte del Banco Central de
Venezuela (BCV) a la Oficina Nacional del Tesoro. Igualmente, deben implementar un sis-
tema de control adecuado y confiable de la cancelación de las órdenes de pago y de las cartas
orden por contrato, con el objeto de precisar los pagos sujetos a repetición por parte de las
empresas contratistas.
• Los responsables de las direcciones de Finanzas del MINFRA y el MARN deben confrontar los
saldos de anticipos especiales administrados llevados en sus registros, con los montos rein-
tegrados por el BCV a la Oficina Nacional del Tesoro desglosado por contrato, para depurar
la información existente e implementar políticas que conduzcan al cierre administrativo de
aquellos contratos que tienen suscritas las actas de terminación o de recepción provisional.
Igualmente, con el propósito de evitar la adjudicación y contratación de obras, proyectos e
inspecciones con empresas insolventes, es pertinente que las referidas direcciones elaboren
una base de datos que le permita identificar las empresas contratistas que mantienen deudas
con esos ministerios.
• Los titulares de las unidades responsables del área de Recursos Humanos de MINFRA, MARN,
MED, MES y MT, deben emprender las acciones necesarias con el objeto de afianzar en el
personal adscrito a los citados ministerios el cumplimiento de la normativa relacionada con
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
58
la presentación de la declaración jurada de patrimonio, así como crear registros que permi-
tan ejercer el control sobre la recepción del comprobante de presentación o actualización de
la citada declaración.
• El titular del MED debe establecer requerimientos que permitan satisfacer los procedimien-
tos de selección especificados en el Decreto N° 2.371, mediante la diversificación de rubros
que favorezcan la competitividad de las PYMI y cooperativas, a fin de que sean incluidos
en el Plan Excepcional de Compras del Estado. Por otra parte, junto con el Director General
de Administración, debe girar las instrucciones necesarias para adaptar los manuales de
normas y procedimientos a los procesos de adquisición, distribución y almacenaje de ali-
mentos y bebidas relacionados con el PAE.
• El titular de la Oficina Sectorial de Recursos Humanos del MARN debe mantener informa-
da a la CGR, de los resultados obtenidos en las actuaciones practicadas por esa dependencia,
destinadas a verificar la sinceridad del pago de pasantías por Bs. 3,69 millones con cargo al
Programa Nacional de Pasantías, así como las gestiones que emprenda para recuperar dicho
monto. De igual manera, debe implantar los mecanismos de control necesarios orientados a
evitar la recurrencia de tales situaciones.
• Los consejos directivos del IUTOMS y de los colegios universitarios “Profesor José Loren-
zo Pérez Rodríguez” y de Caracas, deben realizar las diligencias pertinentes con el fin de
que el MES remita los recursos financieros oportunamente, durante el curso del año fiscal
correspondiente. Asimismo, junto con las unidades involucradas en los procesos, deben
elaborar y aprobar manuales de normas y procedimientos, orientados a regular las operacio-
nes financieras, presupuestarias y administrativas, y divulgarlos a las personas encargadas
de implementar las mismas. Adicionalmente, deben preparar y capacitar al personal de las
áreas Administrativa e Informática, para el cabal cumplimiento y desarrollo del sistema en
las dependencias. Por otra parte, el responsable de la Subdirección Administrativa del
IUTOMS, debe establecer junto con la Administradora SERDECO C.A., la forma de recuperar
el saldo de Bs. 14,99 millones a favor del mencionado instituto universitario.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
Se consideró en 8 casos la existencia de méritos suficientes para el inicio del ejercicio de la
potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 46 y 77 de la LOCGRSNCF,
y se concluyó en 6 casos el ejercicio de dicha potestad. Adicionalmente, se recibió la participa-
ción de un caso donde se consideró la existencia de méritos suficientes para el ejercicio de la
potestad investigativa por parte del órgano de control fiscal del MARN, dicha participación a

Poderes Públicos Nacionales
Sector Infraestructura y Social
este Órgano Contralor fue realizada de conformidad con lo dispuesto en la parte in fine del
artículo 97 ejusdem.
ACCIONES FISCALES
Durante el ejercicio fiscal 2004, se procesaron 6 averiguaciones administrativas, correspon-
dientes a años anteriores, del citado universo 4 se encuentran en etapa de substanciación y 2 en
etapa de decisión. Por otra parte, con ocasión de 7 declaratorias de responsabilidad dictadas en
el año 2003, 1 se encuentra en etapa de notificación de la decisión que resuelve el recurso
administrativo interpuesto y las 6 restantes se encuentran firmes en sede administrativa.
Fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad administrativa por el
ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la LOCGRSNCF, 10
funcionarios con la medida disciplinaria de inhabilitación para el ejercicio de funciones pública,
de los cuales en 1 fue procedente la destitución del cargo. Asimismo, en cuanto al estatus proce-
sal de las mismas, corresponde señalar que 7 quedaron firmes en sede administrativa y 3 están
en etapa de notificación de la decisión de primer grado.
Por otra parte, 1 reparo formulado en el año 2003, quedó firme en sede administrativa.
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
En este sector se encuentran agrupados los despachos de la Presidencia de la República, Vice-
presidencia Ejecutiva de la República, Procuraduría General de la República (PGR) y los minis-
terios de: la Defensa (MD), Relaciones Exteriores (MRE), de Comunicación e Información
(MINCI), y del Interior y Justicia (MIJ), y los organismos que integran los poderes Legislativo,
Judicial, Electoral y Ciudadano como son Asamblea Nacional (AN), Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), Consejo Nacional Electoral (CNE), Consejo Moral Republicano (CMR), Ministerio
Público (MP), Defensoría del Pueblo (DP) y Contraloría General de la República (CGR), los
cuales tienen por objeto fundamental la seguridad nacional y ciudadana, administración de cen-
tros penitenciarios, la legislación, administración de justicia y de los procesos electorales que se
celebren en el país, así como ejercer el Poder Ciudadano. La estructura financiera de los citados
organismos está conformada por 14 unidades administradoras centrales y 332 administradoras
desconcentradas; además, tienen adscritos 496 órganos sin personalidad jurídica, por cuyo in-
termedio se ejecuta gran cantidad de operaciones relativas al presupuesto de los respectivos
entes, para el desarrollo de sus funciones y, por ende para el logro, de sus fines. Para el ejercicio
fiscal 2004, según cifras obtenidas de la Ley de Presupuesto de la Nación, a estos organismos le
fueron asignados recursos por Bs. 13,44 billones.
59

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
A los fines de orientar el control y tomando en consideración las características de cada organis-
mo o institución, éstos se agruparon en 5 áreas: Servicio Exterior, Seguridad Ciudadana y Jus-
ticia; Legislativa y Judicial; Defensa; y Poderes Electoral y Ciudadano. Para la selección de las
auditorías, además de la obligatoriedad del control que le compete ejercer a este Organismo
conforme con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001,
se consideraron los recursos manejados por éstos y la importancia de las actividades desarrolla-
das durante los ejercicios auditados. Adicionalmente, se verificó la aplicación de los recursos
recibidos por la Dirección Regional Caracas (DRC)- Plan Bolívar 2000, de la Fundación Pro-
yecto País (FPP), y el cumplimiento de instrucciones en materia de declaraciones juradas de
patrimonio (DJP), por parte de los responsables de las áreas de recursos humanos y de los
funcionarios adscritos a los organismos sujetos a control agrupados en este sector.
GESTIÓN DE CONTROL
Durante el año 2004 se concluyeron un total de 93 actuaciones: 75 corresponden a exámenes de
cuenta, circunscritos a la evaluación selectiva de las operaciones y actividades llevadas a cabo
por los respectivos organismos desde el año 1999 hasta el 2003, períodos durante los cuales
estos organismos ejecutaron un total de Bs. 10,85 billones; 2 auditorías operativas: 1 dirigida a
verificar la procedencia, legalidad y exactitud de los recursos recibidos y aplicados por la Direc-
ción Regional Caracas, durante el período 27-02-99 al 31-05-2003, y 1 destinada a evaluar la
ejecución del presupuesto administrado por el CNE durante el lapso enero 2000 a diciembre
2003; 16 seguimientos, de los cuales 10 estuvieron dirigidos a verificar el cumplimiento por
parte del área de Recursos Humanos y de los funcionarios adscritos a los organismos auditados
de las disposiciones legales vigentes en materia de DJP, y 6 a evaluar las acciones correctivas
emprendidas por los órganos de control fiscal (OCF) y la Dirección General Sectorial de Servi-
cios (DIGENSER), en atención de las recomendaciones formuladas por esta CGR en el año 2003.
En la programación, desarrollo y análisis de las actuaciones en referencia, se tomó en considera-
ción las disposiciones legales y reglamentarias e instrucciones y modelos que rigen la contabili-
dad fiscal del gasto público, contenidas en las publicaciones emanadas de la CGR vigentes has-
ta el ejercicio fiscal 2000, y manuales del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Finanzas
Públicas (SIGECOF) vigentes a partir del año 2001, se planteó como objetivo fundamental, la
comprobación del adecuado uso y distribución de los recursos presupuestarios y financieros
asignados, evaluación de los resultados alcanzados por las instituciones, la verificación de la
calidad de las operaciones, el manejo eficiente y económico de los recursos en el logro de las metas
60

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública
y objetivos de conformidad con los fines para los que fueron creados. En el caso de los recursos
recibidos y aplicados por la DRC, se planteó verificar el origen, distribución e inversión de los
recursos destinados al cumplimiento de las metas previstas en la ejecución de los programas:
Jornadas de Asistencia Humanitaria, Infraestructura, Cirugía, Plan de Empleo Rápido, Unidades
Cívico Militares de Producción, Alfabetización, Proyecto Caracas, Mercados de Alimentos
(MERCAL), Cultivos Hidropónicos y Programas de Salud; en cuanto a la ejecución de los presu-
puestos administrados por el CNE, se analizó selectivamente las operaciones realizadas durante
el período enero 2000-diciembre 2003, vinculadas con la entrega de los aportes patronales y
retenciones por concepto de Seguro Social Obligatorio y Paro Forzoso, Ley de Política Habita-
cional, Fondo de Jubilaciones y Pensiones y Prestaciones Sociales, así como las referidas a la
adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento de vehículos; en relación con
las DJP se constató el cumplimiento por parte de los responsables del área de Recursos Huma-
nos de la remisión a la CGR, de la relación inicial de los funcionarios o empleados adscritos a la
misma, así como de las relaciones mensuales de los movimientos de personal ocurridos en el
organismo durante el lapso enero 2003-octubre 2004, si los funcionarios fueron debidamente
informados acerca de la obligatoriedad de presentación de la DJP y si fue incorporada en el ex-
pediente de cada funcionario copia del respectivo comprobante de recepción de la declaración
expedida por la CGR, y en lo referente al seguimiento de la acción correctiva al proceso de ad-
quisiciones adelantadas por DIGENSER, se planteó constatar si fueron elaborados y aprobados los
manuales de normas y procedimientos para regular las actividades vinculadas con los procesos
de adquisición de materiales y suministros, si fue elaborado un plan o programación de adquisi-
ciones a ser ejecutados durante el año 2004 y si fueron adecuadas físicamente las instalaciones
destinadas al almacenamiento de los materiales y bienes adquiridos. Por otra parte, se tramitaron
12 denuncias y se atendieron 4 consultas relacionadas con la interpretación de artículos, análisis
de proyectos de reglamento interno y manuales de normas y procedimientos.
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
De acuerdo con el mandato establecido en el artículo 56 de la LOCGRSNCF, durante el año
2004 se examinaron un total de 75 cuentas de gastos. De igual manera se llevó a cabo un con-
junto de actuaciones relativas a la solicitud y revisión de DJP de los funcionarios públicos
adscritos a los organismos agrupados en este sector, recibiéndose un total de 7.872; asimismo,
se enviaron 319 oficios requiriendo información no suministrada originalmente en la declara-
ción, de conformidad con el artículo 78 de la LOCGRSNCF en concordancia con lo previsto en
la Resolución N° 01-00-149 de fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004), y
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
se concluyeron 4 procedimientos de verificación de la sinceridad de las DJP de los cuales 3 se
llevaron a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Salvaguarda
del Patrimonio Público (LOSPP) Gaceta Oficial N° 3.077 del 23-12-1982, vigente para la fecha
de sustanciación del procedimiento, y 1 se concluyó siguiendo lo previsto en el artículo 29 de la
Ley Contra la Corrupción (LCC), Gaceta Oficial N° 5637 Extraordinario de fecha 07-04-2003;
de estos procedimientos no se admitieron las DJP por cuanto no se ajustaron a los extremos
legales y los 4 expedientes se remitieron al Ministerio Público por existir indicios de responsa-
bilidad civil y/o penal.
Actuaciones selectivas
Durante el ejercicio fiscal 2004, se practicaron y concluyeron 18 actuaciones: 2 auditorías
operativas, 1 dirigida a verificar la procedencia, legalidad y exactitud de los recursos recibidos y
aplicados por la DRC adscrita a la FPP, durante el período 27-02-99 al 31-05-2003, 1 destinada
a evaluar la ejecución del presupuesto administrado por el CNE durante el lapso enero 2000–di-
ciembre 2003, y 16 seguimientos de los cuales 10 estuvieron dirigidos a constatar el cumplimiento
por parte de los responsables en el área de Recursos Humanos de Presidencia de la República,
Vicepresidencia de la República, Ministerio de Comunicación e Información, Tribunal Supremo
de Justicia, Defensoría del Pueblo, Consejo Moral Republicano, Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Ministerio Público, Asamblea Nacional, y Procuraduría General de la República, de las
disposiciones legales vigentes en materia de DJP establecidas en la LCC y en las resoluciones dic-
tadas al respecto por la CGR, y 6 orientados a verificar las acciones correctivas adelantadas por
DIGENSER y los OCF del MRE, TSJ, PGR, MIJ, y CNE en atención de las recomendaciones for-
muladas por la CGR con motivo de las auditorías practicadas en el año 2003.
Actuaciones no programadas
Fueron tramitadas 12 denuncias sobre presuntos hechos irregulares; de éstas 4 se encuentran en
estudio, 7 desestimadas por no existir elementos de convicción o prueba que hagan presumir la
ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal y 1 remi-
tida al OCI respectivo.
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
Fueron evaluadas 11 consultas de diferentes organismos, relacionadas con la interpretación de
artículos de la LOCGRSNCF y Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP), análisis de proyecto de reglamento interno y manuales de normas y procedimientos,
correspondientes a oficinas de auditoría interna, así como la solicitud de información sobre los
62

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública
trámites exigidos por este Organismo Contralor a los fines de otorgar concesiones sobre los
bienes del Estado a instituciones privadas u organizaciones sin fines de lucro. Asimismo, fueron
elaborados un total de 78 autos de archivo, de los cuales 57 corresponden a cuentas fenecidas y
21 por desestimación de los resultados de las actuaciones de control por no existir elementos de
convicción o prueba que hagan presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisión contrarios a
una disposición legal o sublegal, ni daños causados al patrimonio público.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
En las diferentes actividades llevadas a cabo durante el año 2004, prevalecieron los exámenes
de cuentas desde el año 1999 al 2003 que totalizan 75, resultando fenecidas 64 (85,00%), lo cual
dio lugar a la elaboración de los respectivos autos de fenecimiento y 11 (15,00%) fueron objeta-
das, resultados que no obstante la mejoría observada en algunas dependencias en cuanto al
manejo y control de los recursos asignados, han continuado reflejando deficiencias que entra-
ban el adecuado funcionamiento de esos organismos, afectando de manera negativa el cumpli-
miento de los fines para los cuales fueron creados. Entre las deficiencias recurrentes destacan:
incumplimiento de normativas de carácter legal y reglamentario que rigen sus actividades y de
las publicaciones dictadas por la CGR para la contabilización del gasto público y los manuales
funcionales del SIGECOF prescritos por la Superintendencia Nacional de Control Interno y Con-
tabilidad Pública (SUNACIC). Asimismo, derivado de la acción de control de esta CGR, en virtud
de las recomendaciones formuladas a las autoridades competentes, se logró el reintegro al Teso-
ro Nacional de Bs. 12,47 millones provenientes de la recuperación de pagos efectuados a
exfuncionarios con posterioridad a la fecha de su egreso formal de la Comandancia General de
la Armada, así como la recaudación de derechos pendientes por Bs. 895,85mil.
Por otra parte, en cuanto a las auditorías y seguimientos realizados, se continua observando que
en los organismos auditados destacan fallas y deficiencias de control interno que inciden en
forma negativa en la gestión de su administración; ausencia de planes operativos e inadecuada
programación y definición de los volúmenes de trabajo a ser ejecutados; así como deficiencias
en la utilización de elementos básicos para la planificación, tales como recursos humanos, fi-
nancieros y materiales, insuficiente asignación o inadecuada provisión de recursos en los presu-
puestos correspondientes, que permitan cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento de
las dependencias.
La evaluación practicada a los programas ejecutados por la DRC de la FPP, resultó conforme en
cuanto a cifras (facturas, montos de cheques, firmas de los beneficiarios y copia de la cédula de
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
identidad en aquellos casos de ayudas a terceros, así como los viáticos ajustados al tabulador
vigente a la fecha); sin embargo, no presentó soportes documentales que señalen el uso y desti-
no de materiales y suministros adquiridos destinados a la ejecución de programas de infraes-
tructura para el mejoramiento de áreas educativas y sociales de la población. En relación con el
CNE, se evidenció un faltante de fondos; se dejó de entregar al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y Política Habitacional, los aporte pa-
tronal y cotizaciones del personal; se efectuaron pagos por concepto de alquiler de vehículos al
margen de normas de carácter interno que regulan el alquiler y asignación de vehículos; los
manuales de normas y procedimientos no están debidamente aprobados por las máximas auto-
ridades del organismo, así como el pago indebido por concepto de sueldos y demás asignacio-
nes efectuadas a ex-miembro principal del Directorio del CNE.
En cuanto a los seguimientos del cumplimiento de instrucciones en materia de DJP, todos los
organismos cumplieron con la obligación de informar a los funcionarios sobre el deber de pre-
sentar la DJP ante la CGR; sin embargo, no ejercen un adecuado control y seguimiento sobre la
recepción, incorporación y registro de los comprobantes que deben consignar los funcionarios
adscritos a esos organismos; en cuanto a los OCF, éstos continúan sin adaptar sus estructuras y
procedimientos a las disposiciones de la LOAFSP y a los principios, normas e instrucciones
dictadas por la CGR, y no han convocado a concurso para la provisión del cargo de auditor
interno; asimismo, el presupuesto de los organismos no contempla asignaciones de recursos
específicos para el OCF y 1 acogió las recomendaciones formuladas por la CGR e implantó los
correctivos tendentes a subsanar las deficiencias detectadas; en cuanto al seguimiento de acción
correctiva al proceso de compra ejecutado por DIGENSER, se observó que el Reglamento para la
Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios de Carácter Comercial y Ejecución de Obras
con Destino a las Fuerzas Armadas Nacionales, no ha sido actualizado. Por otra parte, aún no ha
recibido los recursos necesarios para acometer los trámites tendentes a corregir las deficiencias
presentadas por los almacenes identificados con los Nos. 10 “Bienes Muebles” y 11 “Materia-
les y Suministros”.
Fallas y deficiencias
Del examen practicado a 75 cuentas, 11 resultaron objetadas en razón de pagos indebidos, omi-
sión de comprobantes, comprobación insincera o insuficiente del gasto. Asimismo, se observa-
ron deficiencias de control interno e incumplimiento de normativas que tienen carácter reitera-
tivo, referentes al registro, archivo y procedimientos prescritos en las publicaciones y manuales
que regulan la contabilidad fiscal, entre las cuales podemos mencionar:
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Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública
• Incumplimiento de los artículos 29 y 32 del Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de Régi-
men Presupuestario Sobre Avances o Adelantos de Fondos a Funcionarios (Gaceta Oficial
N° 5.128 Extraordinario del 30-12-1996) y artículos 65 y 83 del Reglamento Nº 1 de la
LOAFSP, sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial Nº 5.592 Extraordinario de fecha
27-06-2002), referidos a los procedimientos de reintegro de remanentes de fondos.
• Incumplimiento de instrucciones y modelos (Publicaciones Nos. 9, 15, 22, 23 y 24) de la
CGR y manuales previstos en el SIGECOF.
• Falta de registro de los compromisos pendientes de pago al final del correspondiente ejerci-
cio presupuestario.
De las observaciones formuladas a los diversos organismos en los cuales se efectúo el examen
de la cuenta, las recurrentes cuantificables alcanzaron un monto de Bs. 12.058,80 millones, y
cuyos motivos son: malversación de fondos Bs. 23,65 millones; pagos indebidos Bs. 44,48
millones; omisión de comprobantes Bs. 913,07 millones; faltante de bienes por Bs. 107,20
millones; faltantes de materiales por Bs. 76,26 millones; derechos pendientes de recaudación
Bs. 13,05 millones; y reintegros extemporáneos Bs. 10.881,09 millones.
• Como resultado de la auditoría practicada a la DRC de la FPP, se determinó que no llevó
registros actualizados ni reportes donde se pudiera obtener el monto de los recursos aplica-
dos en cada programa; así mismo, los soportes documentales suministrados (notas de entre-
ga, remisión, informes y reportes) no señalan el uso y destino de los materiales y suministros
adquiridos por Bs. 1.873,98 millones (32,00%), destinados en su mayoría a la ejecución del
programa de infraestructura. Por otra parte, en un contrato no fue posible determinar si éste
se realizó conforme con las características y especificaciones establecidas, y en otro a la
fecha de culminación de la actuación se mantenía pendiente el pago de Bs. 12,86 millones y
el correspondiente cierre administrativo.
• En cuanto a la ejecución del presupuesto administrado por el CNE, se evidenció:
– La existencia de un faltante de fondos por Bs. 3.845,06 millones, sobre los cuales no
fue posible constatar su aplicación o utilización, ni su existencia como saldo en las cuentas
bancarias a través de las cuales el CNE manejó tales recursos; situación que contraviene
lo señalado en el artículo 86 del Reglamento N° 1 de la LOAFSP, sobre el Sistema
Presupuestario.
– Durante el período evaluado el CNE dejó de pagar al Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales, Fondo de Jubilaciones y Pensiones y Política Habitacional, la cantidad de
Bs. 1.829,50 millones por concepto de aporte patronal y cotizaciones del personal,
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
66
originándose una acumulación de pasivos por la citada cantidad, lo cual contraviene lo
establecido en los artículos 63 de la Ley del Seguro Social (Gaceta Oficial N° 4.322
Extraordinario del 03-10-1991), 23 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubila-
ciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Na-
cional, de los Estados y de los Municipios (Gaceta Oficial N° 3.850 Extraordinario del
18-07-1986), 5 del Reglamento de esa Ley (Gaceta Oficial N° 36.618 del 11-01-1999),
y 36 de la Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional (Gaceta
Oficial N° 5.392 Extraordinario del 22-10-1999).
– Se pagó Bs. 200,28 millones en alquiler de vehículos al margen de normas de carácter
interno que regulan el alquiler y asignación de vehículos, por cuanto se detectó que se al-
quilaron cuando las actividades laborales se encontraban suspendidas con motivo de los
asuetos navideño y de fin de año, así como la asignación de vehículos a funcionarios
distintos a los miembros del directorio, directores generales y sectoriales, con lo cual se
incumple lo previsto en la Propuesta N° 1 aprobada por el Directorio en fecha 28-03-2001.
– Los manuales de normas y procedimientos no están debidamente aprobados por las
máximas autoridades del Organismo, lo cual contraviene lo señalado en el artículo 22
de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-
06-1997, y el numeral 40 del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE)
Gaceta Oficial N° 37.573 del 19-11-2002; falta de confiabilidad y sinceridad de las
cifras contenidas en los reportes de ejecución presupuestaria, en contravención de lo
señalado en los numerales 3, 6 y 10 del artículo 4, de las Normas Generales de Contabi-
lidad del Sector Público (Gaceta Oficial N° 36.100 del 04-12-1996).
– Se pagó indebidamente la cantidad de Bs. 6,34 millones por concepto de sueldos y
demás asignaciones efectuadas a ex-miembro principal del Directorio del Consejo Na-
cional Electoral.
• En cuanto al seguimiento del cumplimiento de instrucciones en materia de DJP por parte de
los responsables del área de Recursos Humanos, se observó:
– La Vicepresidencia de la República, Ministerio Público, Procuraduría General de la Re-
pública, Asamblea Nacional y Defensoría del Pueblo no remitieron a la CGR la relación
inicial de los funcionarios que prestan servicios en dichos organismos, en contravención
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución N° 01-00-015 del 30-04-2001 (Gaceta
Oficial N° 37.191 del 07-05-2001), y artículo 9 de la Resolución N° 01-00-055 del 03-
07-2003 (Gaceta Oficial N° 37.734 del 17-07-2003), emanadas de la CGR.

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública
– El Ministerio de Comunicación e Información, Presidencia de la República, Procuradu-
ría General de la República, Consejo Moral Republicano y Ministerio Público, presenta-
ron la relación mensual de los movimientos de ingreso o cese de funcionarios ante la
CGR fuera del lapso establecido en las Resoluciones Nos. 01-00-015 y 01-00-055.
– Las áreas de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la
República, Asamblea Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Co-
municación e Información, Tribunal Supremo de Justicia, Procuraduría General de la
República, Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo no cumplieron con el deber de
incorporar en los expedientes de los funcionarios la copia del comprobante de presenta-
ción de la DJP por motivo de ingreso, actualización y cese en el cargo de la función
pública, en contravención de lo establecido en los artículos 23 y 26 de la LCC.
– El Ministerio de Comunicación e Información, Procuraduría General de la República,
Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pue-
blo y la Presidencia de la República pagaron prestaciones sociales a funcionarios que no
tenían en su expediente la copia del comprobante de presentación de la DJP por motivo
del cese de la función pública, contraviniendo lo establecido en el artículo 40 de la LCC.
• Como resultado del seguimiento a la acción correctiva ejercida por los OCF del MIJ, CNE,
TSJ, PGR y MRE, se detectó:
– Los OCI del MIJ, CNE, TSJ y PGR continúan sin adaptar su estructura a órgano de
auditoría interna, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 190 de la LOAFSP; y
las máximas autoridades de esos organismos no han convocado a concurso para la pro-
visión del cargo de auditor interno, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1 de la
Resolución N° 01-00-00-005 del 01-03-2002 (Gaceta Oficial N° 37.396 del 04-03-2002)
emanada de la CGR.
– Los presupuestos de la PGR, CNE y TSJ no contemplan asignación de recursos especí-
ficos para el OCF, lo cual no le garantiza la independencia presupuestaria prevista en el
numeral 1 del artículo 25 de la LOCGRSNCF.
– El Plan Operativo del ejercicio fiscal 2004 de la PGR no contempla información de las
actividades a desarrollar con indicación de los recursos materiales, financieros y tiempo
estimado para cumplirlas, aspectos importantes para emitir opinión respecto a la efi-
ciencia, eficacia y economía con que el OCF cumplió sus actividades; situación que
contraviene lo establecido en el artículo 17 de las NGCI.
67

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
68
– En los informes de auditoría del OCF de la PGR no se identifican algunos elementos de
los hallazgos, tales como causas y efectos, y los informes definitivos son firmados por
los auditores que realizan las actuaciones y no por el nivel directivo o gerencial, lo cual
contraviene lo dispuesto en el artículo 25 de las Normas Generales de Auditoría de
Estado (NGAE), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-1997.
– El OCF del MRE acogió las recomendaciones formuladas por este Organismo Contralor
e implantó los correctivos tendentes a subsanar las deficiencias detectadas en las audito-
rías practicadas en el año 2003.
• En cuanto al seguimiento a la acción correctiva adelantada por Digenser se observó que el
Reglamento para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios de Carácter Comercial y
Ejecución de Obras con Destino a las Fuerzas Armadas Nacionales, aprobado en fecha 16-
11-98, conforme a Resolución N° DG-14602, no ha sido actualizado a las disposiciones
contenidas en la Ley de Licitaciones vigente; y respecto a los almacenes Nos. 10 “Bienes
Muebles” y 11 “ Materiales y Suministros”, continúan sin ser corregidas las deficiencias
presentadas.
Recomendaciones
En razón de las observaciones formuladas y con miras a coadyuvar en el logro de una mejor
gestión de los organismos agrupados en este sector, esta CGR recomendó:
• Cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Parcial N° 4 de la LOAFSP sobre
el Sistema de Contabilidad Pública (Gaceta Oficial N° 5.623 Extraordinario del 29-12-2002),
el cual indica que “Los formularios y registros prescritos en los manuales que forman parte
del sistema para la ejecución y registro contable de las transacciones son de uso obligatorio
por los funcionarios responsables de las unidades administradoras de los órganos de la Re-
pública y de sus entes descentralizados funcionalmente”. En tal sentido, el responsable de la
Gerencia de Administración debe adecuar los distintos registros auxiliares manejados por la
dependencia a las previsiones establecidas en este instrumento.
• Implementar los mecanismos necesarios que conlleven la supervisión adecuada y perma-
nente a los funcionarios a quienes se les haya responsabilizado de funciones y tareas vincu-
ladas con la contabilidad del organismo, con el objeto de evitar errores, fallas, omisiones, o
actos indebidos, tal como lo establece el artículo 13 del Reglamento Parcial N° 4 de la
LOAFSP.
• Tomar las previsiones necesarias para que los remanentes de fondos por concepto de remu-

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública
neraciones de personal y de gastos distintos de remuneraciones de personal sean reintegra-
dos al Tesoro Nacional, en plazos no mayores de 5 y 10 días siguientes al término del
ejercicio económico financiero, de conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 83
del Reglamento N° 1 de la LOAFSP.
• Diseñar los modelos y registros del sistema contable conforme con las instrucciones dicta-
das mediante providencia de la Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabili-
dad Pública N° SCI-001 del 25-01-2001 (Gaceta Oficial N° 37.189 del 03-05-2001).
• Implementar y realizar de manera oportuna el registro en el almacén de las entradas y salidas
de los materiales y suministros adquiridos por la dependencia, con el objeto de cumplir con
los procedimientos establecidos en el Manual de Bienes Muebles y Semovientes del Siste-
ma Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF).
• Ejercer las acciones tendentes a ubicar los comprobantes de la inversión presupuestaria
de los fondos, cuya presentación fue omitida en el examen de la cuenta; al reembolso de los
fondos pagados en exceso por concepto de viáticos, y al reintegro de los fondos pagados
indebidamente e informar a este Organismo Contralor acerca de los resultados de tales
diligencias.
• El Director de la Fundación Proyecto País debe girar instrucciones pertinentes con el fin de
mantener actualizado el registro de las operaciones presupuestarias y financieras que reali-
ce, las cuales deben estar respaldadas con la suficiente documentación justificativa y archivarse
siguiendo un orden que facilite su oportuna localización y conservación, de acuerdo con las
pautas establecidas en las Normas Generales de Control Interno y a los Principios de Con-
tabilidad de Aceptación General.
• La Dirección General de Administración y Finanzas del CNE debe tomar las siguientes
medidas correctivas:
– Realizar las gestiones tendentes a determinar el destino, uso o aplicación de los fondos
por Bs. 3.845,06 millones correspondientes al período objeto de estudio, sobre los cua-
les la dependencia no suministró información, así como mantener informado a este Or-
ganismo Contralor de los resultados de tales diligencias.
– Atender las disposiciones establecidas en las leyes de Seguro Social, Subsistema de
Vivienda y Política Habitacional y del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y
Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de
los Estados y de los Municipios, respecto a la obligación que tienen los patronos de
69

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
70
enterar oportunamente a sus legítimos beneficiarios, el aporte patronal y el monto rete-
nido a sus trabajadores.
– Antes de efectuar la contratación del alquiler de vehículos a los funcionarios del CNE
deberá dar estricto cumplimiento a las instrucciones de carácter interno aprobadas por el
Directorio del CNE, referidas al alquiler y asignación de vehículos, así como a la sus-
pensión de actividades laborales, con el fin de evitar su contratación para funcionarios
cuyos cargos, no tienen la calificación definida en las correspondientes normas internas.
• Los responsables del área de Recursos Humanos del MP, VR, AN, DP, PGR, CMR, MINCI y PR
deben remitir de manera oportuna a este Organismo Contralor, la relación inicial y los movi-
mientos mensuales de ingreso o cese del personal que presta servicio en esos organismos.
• Los responsables del área de Recursos Humanos del MINCI, MP, VR, PR, DP, TSJ, PGR,
MRE y AN deben procurar que los funcionarios obligados a presentar la DJP cumplan con
ese deber formal, a cuyos fines deberán requerir la presentación del correspondiente com-
probante de recepción de la declaración tanto al momento de ingreso, como por actualiza-
ción de datos o cese de sus funciones e incorporarlos en sus expedientes.
• Los responsables del área de Recursos Humanos del MINCI, PR, DP, PGR, TSJ y MRE, antes
de proceder a la realización de algún trámite vinculado con el pago de las prestaciones
sociales con motivo del cese en el ejercicio del cargo, deberá requerir el comprobante de
haber presentado la DJP por ante la CGR.
• Las máximas autoridades del MIJ, CNE, TSJ y PGR deben dar cumplimiento a lo estableci-
do en la LOAFSP para la reestructuración del OCF, con el fin de ajustarlo a las nuevas
disposiciones legales vigentes; asimismo, deben realizar la convocatoria al concurso para el
cargo de auditor interno.
• Las máximas autoridades del CNE, TSJ y PGR, deben tomar las previsiones necesarias para
que en el presupuesto de esos organismos se cree una actividad presupuestaria tendente a
proveer al OCF de los recursos necesarios para la realización de sus actividades.
• El Director General de Servicios (DIGENSER) debe tomar las siguientes medidas correctivas:
– Realizar los trámites para lograr la actualización del “Reglamento para la Adquisición
de Bienes, Prestación de Servicios de Carácter Comercial y Ejecución de Obras con
Destino a las Fuerzas Armadas Nacionales”, a los fines de adaptarlo a los principios y
disposiciones contenidos en la vigente Ley de Licitaciones.

Poderes Públicos Nacionales
Sector Poderes Nacionales y Seguridad Pública
– Informar a este Organismo Contralor cuando se lleven a cabo las reparaciones de los
almacenes N° 10 “Bienes Muebles” y N° 11 “Materiales y Suministros” destinados al
acopio y resguardo de los bienes, equipos y materiales adquiridos por la Dirección Ge-
neral Sectorial de Servicios adscrito al MD.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
En atención a los hallazgos detectados durante las actuaciones fiscales realizadas, se inició y
culminó una potestad investigativa.
ACCIONES FISCALES
Como resultado de las actividades de inspección y control durante el ejercicio fiscal 2004, se
procesaron 6 averiguaciones administrativas y 1 procedimiento administrativo para la determi-
nación de responsabilidades correspondientes a años anteriores; de las averiguaciones adminis-
trativas abiertas 3 se encuentran en sustanciación, 2 sustanciadas pendientes de decisión y 1
decidida; en relación con el procedimiento administrativo para la determinación de responsabi-
lidad fue decidido derivando en la declaratoria de responsabilidad de 6 funcionarios, las cuales
se encuentran firmes en sede administrativa.
En ocasión de las declaratorias de responsabilidad dictadas en el presente año, se impusieron 6
sanciones pecuniarias, las cuales alcanzaron un monto de Bs. 48,84 millones.
En atención a 5 declaratorias de responsabilidad dictadas en el año 2003, las mismas se encuen-
tran firmes en sede administrativa.
Durante el ejercicio fiscal 2004, fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de respon-
sabilidad administrativa por el ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 105 de la LOCGRSNCF, 11 funcionarios con la medida disciplinaria de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, en cuanto al estatus procesal de las mismas,
corresponde señalar que 9 quedaron firmes en sede administrativa, de las cuales 1 está pendien-
te por notificar el recurso de reconsideración confirmatorio y 2 están en etapa de notificación de
la decisión de primer grado.
En cuanto a la facultad resarcitoria en sede administrativa otorgada a este Organismo Contralor
en el artículo 85 y siguientes de la LOCGRSNCF, se formularon 5 reparos con ocasión del daño
causado al patrimonio público, por Bs. 100,07 millones, los cuales se encuentran firmes en sede
administrativa.
71

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Por otra parte, en atención de la obligación a cargo de los OCF de participar a este máximo
Órgano Contralor el inicio de investigaciones y de los procedimientos administrativos para la
determinación de responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la
LOCGRSNCF, durante el ejercicio fiscal en cuestión se recibió la participación del inicio de un
procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
72

CANTIDAD
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
76
Institutos
Autónomos
GRÁFICO N° 1
UNIVERSO DE ENTES
SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA
AÑO 2004
181
Empresas del
Estado
34
Soc. Part del
Estado > o =
50%
Emp. Part.
Minori. Del
Estado
119 136
Fundaciones
Estatales
17 23
Asoc. Civiles
Estatales
Establec. Pbcos.
Corp.
Administración Nacional Descentralizada
Sector del Desarrollo Social
Al 31-12-2004, la Administración Nacional Descentralizada está conformada por 589 entes, cuya
situación administrativa es la siguiente: 1 en proceso de privatización, 3 intervenidos, 40 en etapa
preoperacional, 15 en reorganización administrativa, 49 en proceso de liquidación, 43 inactivos y los
438 restantes activos u operativos, los cuales de acuerdo con su naturaleza jurídica, quedan clasificados
de la manera siguiente:
2 1
Person. Jurid.
De Carácter
Pub.
Serv. Aut. Sin
Person. Jurid.
73

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
De acuerdo con el tipo de actividad económica que realizan, los citados organismos se distribuyen
como a continuación se detalla:
Del referido universo de entes, a 253 le fueron aprobados y publicados para el ejercicio fiscal 2004,
presupuestos de ingresos y gastos por un monto total de Bs. 82,97 billones.
La Contraloría General de la República elaboró su Plan Operativo Anual 2004 (POA 2004), en
ejercicio de la facultad de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos
que le atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), en correspondencia con las directrices estratégicas del
Plan Operativo Anual Nacional (POAN) del ejercicio fiscal 2003, vinculadas con políticas de desarrollo
en materia social, económica, financiera, científica, tecnológica y de producción y comercio,
dentro del ámbito de la Administración Nacional Descentralizada, considerando la alta proporción de
los recursos presupuestarios asignados a determinados entes, las denuncias recibidas y los
prediagnósticos realizados en organismos objeto de control, así como la reestructuración y optimización
del grado de eficiencia de los entes, la rehabilitación de la infraestructura física y social en todo el
país, y el impacto social de su gestión.
74
CUADRO N° 1
UNIVERSO DE ENTES
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑO 2004
ACTIVIDAD CANTIDAD
Agrícola y Pecuario 34
Turismo 12
Minera 42
Industrial 90
Comercio 28
Servicios de Electricidad, Agua, Gas, Aseo Urbano,
37
Telecomunicaciones
Construcción y Urbanismo 29
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 30
Financiera, Fondo de Inversiones, Bancos, Seguros,
Tráfico Mercantil de Bienes Inmuebles
Investigaciones Sociales, Humanísticas, Científicas y
Desarrollo y Tecnología
Cultura 47
Seguridad y Desarrollo Social 30
Servicio Portuario y Aeroportuario 5
Servicios Educativos, de Salud, Comunales, Recreativos,
Sociales, Personales, de Informática, Control y Supervisión
106
Total 589
68
31

Administración Nacional
Descentralizada
En ese sentido, las actuaciones llevadas en los entes agrupados en la Administración Nacional Descentralizada
se circunscribieron al período comprendido entre el 01-01-98 y el 30-06-2004, y estuvieron
orientadas a evaluar entre otros aspectos, la organización y funcionamiento de los entes y de los
órganos de control interno; la legalidad y sinceridad de convenios y/o contratos de construcción de
obras y prestación de servicios, operaciones financieras (ingresos, costos y gastos), presupuestarias y
administrativas, así como del proceso de recuperación de la cartera de créditos inmovilizada; las
rendiciones de cuenta de aportes otorgados por organismos públicos a entidades privadas; los mecanismos
de control interno en el manejo y custodia de obras de arte; los procesos administrativos
inherentes a la asignación, distribución y ejecución del presupuesto, recaudación de ingresos, al control
ejercido por empresas del Estado en inversiones realizadas en sociedades de capital mixto, así
como al proceso de liquidación de entes; además del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
en materia de declaraciones juradas de patrimonio, por parte de los responsables del área de
Recursos Humanos; análisis de planes y metas de procesos de licitación y otorgamiento de créditos; el
seguimiento de las acciones correctivas emprendidas por los organismos, en atención de las recomendaciones
formuladas por este máximo Órgano de Control, así como la efectividad del sistema de
control interno de los entes sujetos a control que conformaron la muestra seleccionada.
Durante el año 2004, se recibieron 17.490 declaraciones juradas de patrimonio y se enviaron 747
oficios solicitando información no suministrada originalmente en la declaración, de conformidad con lo
previsto en el artículo 78 de la LOCGRSNCF, en concordancia con lo contemplado en la Resolución
N° 01-00-149 de fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004). Se concluyeron 2
procedimientos de verificación de la sinceridad de las declaraciones, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 15 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigente para la fecha de
sustanciación, las mismas no se admitieron por no ajustarse a los extremos legales, remitiéndose los
expedientes al Ministerio Público por existir indicios de responsabilidad civil y/o penal.
Asimismo, se practicaron 71 actuaciones selectivas, las cuales según su naturaleza, alcance y objetivos,
quedaron clasificadas como a continuación se indica: 55 auditorías operativas, 4 auditorías financieras,
8 seguimientos a las acciones correctivas y 4 actuaciones fiscales.
Además, se realizaron un total de 27 actuaciones no programadas, de las cuales 25 son auditorías
operativas y 2 seguimientos a las acciones correctivas.
Por otra parte, se realizó un avalúo de bienes pertenecientes al Ministerio Público; una reconsideración
de recomendaciones vinculantes formuladas por este Organismo Contralor y se recibieron
4 solicitudes de autorización para eliminar órganos de control interno de igual número de organismos
y una para no crear esa dependencia.
75

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Adicionalmente, fueron recibidas 100 consultas formuladas por distintos funcionarios de la Administración
Nacional Descentralizada, de las cuales 53 fueron evacuadas y 47 se encuentran en proceso;
además, se prestaron 239 asesorías relacionadas con la materia de control fiscal y la administración
del patrimonio público.
Igualmente, es de informar que con ocasión de la aplicación de la LOCGRSNCF, se evacuaron 27
consultas, en materia de averiguaciones administrativas a diferentes unidades de auditoría interna.
Por otra parte, se concluyeron 24 auditorías operativas dirigidas a evaluar a los órganos de control
interno de igual número de organismos sujetos a control, en atención al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control Fiscal, en consonancia con las estrategias previstas por la Contraloría General de
la República.
Entre otras actividades realizadas durante el año 2004, destacan la actualización de la información
básica de 75 entes sujetos a control, la revisión de planes operativos e informes de gestión elaborados
por los órganos de control interno, así como el seguimiento efectuado al cumplimiento por parte de las
máximas autoridades de la Resolución N° 01-00-005 del 01-03-2002, dictada por el Contralor
General de la República (Gaceta Oficial N° 37.396 del 04-03-2002), relacionada con la convocatoria
a concurso público para la designación del titular al cargo de auditor interno, así como del artículo
190 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), referido al
proceso de reestructuración de los órganos de control interno en unidades de auditoría interna, en
donde se evidenció de manera general, atraso en las reestructuraciones y en los procesos de convocatoria
a concurso, dada la falta de designación de los representantes de la Superintendencia Nacional
de Auditoría Interna (SUNAI) en el jurado de los concursos.
Los resultados de la gestión fiscalizadora realizada durante el ejercicio fiscal 2004, permiten obtener
una apreciación general lo suficientemente amplia de las situaciones en las cuales se encuentran actualmente
los organismos que conforman la Administración Nacional y Descentralizada, por consiguiente,
los diferentes sectores que la integran, de donde se desprende un conjunto de situaciones que evidencian
debilidades en las actividades de planificación, ejecución, control y seguimiento, así como en la
administración, manejo y control de los recursos públicos asignados, que pueden ser resumidas por
sector de la manera siguiente:
El área Finanzas y Macroeconomía se caracterizó por el incremento significativo de las carteras
de crédito inmovilizadas, experimentado por las instituciones financieras Banco de Comercio
Exterior C.A. (BANCOEX) y Banco de Fomento Regional Los Andes (BANFOANDES) en el período
1999-2003, en virtud de la ausencia de adecuados mecanismos de control interno ejercidos sobre la
76

Administración Nacional
Descentralizada
recuperación de los créditos otorgados. Igualmente, durante el período evaluado, el Banco Industrial
de Venezuela (BIV) presentó deficiencias de control interno en las fases de otorgamiento, liquidación
y recuperación de créditos, como consecuencia de la desactualización de manuales de normas y
procedimientos, la ausencia de uniformidad de criterios para mantener los créditos en las clasificaciones
exigidas por la Superintendencia Nacional de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN)
y de adecuados mecanismos de control.
En lo que respecta al área Planificación, Desarrollo, Producción y Comercio, vale la pena subrayar
que organismos cuya gestión está dirigida a articular los procesos de transformación nacional con el
comercio interno y externo, así como a coordinar las actividades de planificación y desarrollo del
Estado en el ámbito económico, social y territorial, específicamente el Instituto Nacional de la Pesca y
Acuicultura (INAPESCA) y la Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA),
percibieron con atraso en el período 2002-2003 los recursos financieros asignados, lo cual conllevó la
subejecución de las metas programadas, especialmente las dirigidas al fomento y fortalecimiento de
programas pesqueros, acuícolas, agrícolas y de desarrollo rural del país.
Por su parte, en el área Ciencia y Tecnología, las Fundaciones Regionales para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE) de los estados Aragua, Sucre y Zulia, destacan por las marcadas
deficiencias de control interno que presentaron las áreas administrativa, contable y presupuestaria; en
consecuencia, no garantizan la exactitud, veracidad y oportunidad de la información generan, ni la
salvaguarda del patrimonio público; en particular FUNDACITE ZULIA de la cual se observó que adquirió
compromisos sin contar con los créditos presupuestarios correspondientes.
En el ámbito del área Hidrocarburos y sus Derivados, se observó que los planes y programas elaborados
por PDVSA Petróleo, S.A., dirigidos a la reducción de costos y gastos en las unidades de
negocios de producción y refinación, no fueron efectivos. Adicionalmente, en cuanto a las acciones de
control que ejerce Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN, S.A.), sobre sus inversiones en las
empresas Cloro Vinilos del Zulia, S.A. (CLOROZULIA) y Metanol de Oriente, S.A. (METOR, S.A.), vale
indicar que la dependencia de PEQUIVEN, S.A., responsable de ese control, así como CLOROZULIA,
carecen de manuales de normas y procedimientos aprobados por la máxima autoridad; además, esta
última empresa no elaboró ni presentó presupuesto alguno, informes de gestión ni planes operativos
anuales contentivos de directrices para la ejecución y control de las operaciones, a pesar de lo establecido
en la normativa legal vigente en la materia.
En el área Industria y Minería se observa que el proceso presupuestario de empresas tuteladas por la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), como son CVG Productos Forestales de Oriente,
C.A. (PROFORCA) y Ferrominera Orinoco, C.A. no está enmarcado en los lineamientos previstos en la
77

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
LOAFSP, siendo empresas que constituidas bajo la forma de derecho privado, se le aplican una
mixtura de disposiciones de derecho público; sus estructuras organizativas están desactualizadas y los
manuales de normas y procedimientos de procesos específicos, no están formalmente aprobados y/o
actualizados.
Asimismo, en la citada área destacan, la inobservancia de la Ley de Licitaciones por parte de CVG
Aluminio del Caroní, S.A. (CVG ALCASA), en el proceso de licitación para el reemplazo de rieles de
grúas ECL de las naves “E” y “F” de celdas II de la Línea de Producción III; así como las fallas de
control interno en el otorgamiento de créditos y la recuperación de los mismos por el Fondo Regional
Guayana (FRG) de la CVG, concedidos para la promoción e impulso de programas y proyectos de
desarrollo tecnológico y educativo de la Región Guayana.
En la gestión desarrollada en el área de Producción, Comercio y Servicios es necesario resaltar que la
Corporación de Abastecimiento Agrícola, S.A. (LA CASA, S.A.), dejó de recibir Bs. 78,70 millones
como ingresos por intereses de colocaciones financieras, al no renovar la colocación de capitales por
Bs. 3.146,74 millones, y C.A. Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) realizó actividades de
comercialización de vehículos, no relacionadas con su objeto social y adquirió bienes por adjudicación
directa, obviando procedimientos de licitación selectiva y general previstos en la Ley de Licitaciones.
En la subárea Vivienda y Edificaciones merece especial mención la situación relacionada con el convenio
interinstitucional para la construcción de viviendas, suscrito entre la Fundación para el Desarrollo
de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)
y el Servicio Autónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV), ya que el mismo se firmó al margen
del ámbito de competencias que legalmente le fueron asignadas a FUNDACOMUN, pues a ésta le compete
el desarrollo social de las comunidades y no la construcción de viviendas; sin embargo, no fue ejecutado
por orden del Ministro de Infraestructura, quien evidenció la desviación de competencias.
Igualmente, en el área de referencia prevalecieron las debilidades de control interno en el proceso de
recaudación de ingresos, al determinarse en el Centro Simón Bolívar, C.A. (CSB, C.A.) y sus empresas
filiales, errores en registros y ausencia de documentos soportes de la gestión de cobranza. Por otra
parte, es importante destacar la paralización y el deterioro de las obras de las sedes de la Galería de
Arte Nacional, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y Palacio de Justicia,
ya que el CSB, C.A., aun cuando recibió recursos para las mismas, no contrató obras.
No puede pasar inadvertida en la subárea Transporte, la construcción de la Primera Etapa del Ferrocarril
de la Región Central, enlace Caracas-Tuy Medio, cuya responsabilidad recae en el Instituto
Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE), al observarse en las fases de planificación, ejecución,
78

Administración Nacional
Descentralizada
control e inspección de los trabajos marcadas deficiencias en los mecanismos de control adoptados
por las dependencias relacionadas, pues se ejecutaron obras sin proyectos ni presupuestos, además
se utilizaron materiales inferiores a los requeridos, en detrimento de la estructura de las obras.
Sobre el área Ambiente y Recursos Naturales es importante mencionar que el Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES), utilizó Bs. 800,00 millones para cubrir gastos de funcionamiento, no obstante
que estaban destinados al mantenimiento de parques de recreación y parques nacionales, en menoscabo
de la preservación y mantenimiento de los mismos. Por el contrario, la C.A. Hidrológica de la
Región Capital (HIDROCAPITAL) logró una significativa rehabilitación del tratamiento de aguas residuales
del sector oriental del estado Vargas, como parte de la recuperación de los sistemas de recolección de
aguas servidas necesaria después de las lluvias del año 1999, a pesar de que persisten descargas
ilícitas hacia los drenajes y cauces naturales e inadecuados empotramientos de aguas pluviales por el
crecimiento desordenado de la población, en perjuicio del saneamiento ambiental.
Así mismo, en el área Educación es propicio resaltar las debilidades presentadas en la generación de
ingresos por parte de las universidades del Estado, por concepto de actividades propias, y en la
utilización de los mismos, particularmente los correspondientes a la Universidad Central de Venezuela
(UCV), Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA),
en virtud de que los procesos de recaudación, registro, administración, rendición y uso de esos recursos
de la UCLA y LUZ, no están regulados y aprobados por la autoridad competente; además, en
esas casas de estudio y en la UCV se omitieron registros contables de operaciones de ingresos y
gastos o bien se imputaron a períodos que no corresponden; por consiguiente, la información producida
al respecto no es exacta ni sincera.
Respecto al área Salud, Desarrollo y Seguridad Social destacan observaciones relacionadas con la
materia presupuestaria, toda vez que el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología (INAGER), el
Instituto Nacional de Nutrición (INN) y el Instituto Autónomo para la Defensa y Educación al Consumidor
y del Usuario (INDECU) realizaron traspasos presupuestarios sin la autorización de la Oficina
Nacional de Presupuesto (ONAPRE), obviando lo previsto en el Reglamento N° 1 de la LOAFSP
sobre el Sistema Presupuestario.
En el área Cultura, Deportes y Recreación destacan en primer lugar, las fallas en el manejo y custodia
de que han sido objeto las obras de arte de las fundaciones Museo de Arte Contemporáneo de
Caracas “Sofía Imber” (MACCSI), Galería de Arte Nacional (GAN) y Museo de Bellas Artes
(FMBA), por cuanto no existen normas y procedimientos respecto a los mismos y los registros que
demuestran sus movimientos internos o externos no son confiables, incluyendo los relacionados con
79

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
las obras de arte cedidas en comodato. En segundo lugar, conviene llamar la atención sobre el uso y
destino dado por organismos privados dedicados a promover y desarrollar la actividad deportiva, a
recursos otorgados por el Instituto Nacional de Deportes (IND), en particular por la Federación
Venezolana de Kenpo (1998-1999), toda vez que se observó la utilización de recursos en fines distintos
a los previamente aprobados por las instancias competentes del IND; además, las rendiciones de
cuenta al instituto no cumplieron con las disposiciones y procedimientos contemplados en la normativa
debidamente establecida y aprobada para ello. En tercer lugar, figuran los resultados obtenidos en la
Fundación Museo de Ciencias, que ponen de manifiesto marcadas debilidades en el sistema de control
interno de las áreas de planificación y presupuesto, dada la ausencia de normas y procedimientos,
de registros de control de la ejecución y disponibilidad del presupuesto y de documentación suficiente
que demuestre las operaciones realizadas, lo cual generó pagos por Bs. 26,24 millones, por conceptos
no previstos.
Teniendo en cuenta la necesidad y la importancia imperiosa de fortalecer el Sistema Nacional de
Control Fiscal, este Organismo Contralor programó actuaciones en 25 órganos de control interno de
la Administración Nacional Descentralizada, con el propósito de coadyuvar a orientar sus funciones
hacia el ejercicio eficiente y eficaz del control fiscal, a través de la formulación de recomendaciones
oportunas y pertinentes, que permitirán el manejo transparente de los recursos públicos. A tales efectos,
las actuaciones estuvieron dirigidas a conocer su organización y funcionamiento actuales, en cuanto
a su estructura administrativa y financiera, recursos humanos, económicos y tecnológicos; carácter
técnico y oportunidad en el ejercicio del control fiscal; la suficiencia, capacitación, cargos y perfil del
personal adscrito a esa dependencia para realizar las actuaciones de control que le son propias, así
como en lo relacionado con las actividades de planificación y ejecución de actividades, incluyendo la
elaboración del informe de auditoría, a los fines de determinar si poseen capacidad para asumir las
competencias que en materia de control le confiere la LOCGRSNCF.
En ese sentido, conviene señalar las desviaciones comunes detectadas, tales como: las máximas autoridades
no han convocado a concursos públicos para la designación del titular de la unidad de auditoría
interna, en virtud de que la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), no ha designado
a sus representantes en el jurado; los órganos de control interno no se han reestructurado conforme las
previsiones establecidas en el artículo 190 de la LOAFSP; ausencia de manuales de normas y procedimientos
actualizados y/o debidamente aprobados por las máximas autoridades y de independencia
presupuestaria; ejecución de actividades de control previo al compromiso y al pago; no se elaboran
planes operativos anuales; no disponen del personal necesario y capacitado; los papeles de trabajo no
están debidamente organizados ni referenciados; los auditores no están acreditados y en sus actuacio-
80

Administración Nacional
Descentralizada
nes no cuentan con la orientación de un programa de trabajo, además, los hallazgos de los informes de
auditoría no refieren todos sus elementos; situaciones que limitan el efectivo ejercicio de las funciones
de vigilancia y fiscalización, y por consiguiente, afectan el apoyo a la gestión administrativa de los
organismos.
En cuanto al impacto de la gestión de control ejercida por la Contraloría General en el ámbito de los
organismos agrupados en la Administración Nacional Descentralizada, cabe precisar que si bien se
obtuvieron logros mediante la implantación de acciones correctivas por parte de los entes, en los
seguimientos efectuados a las acciones correctivas emprendidas por los mismos, en atención de las
recomendaciones formuladas por este Organismo Contralor, resaltó la adopción parcial de tales recomendaciones,
a los fines de corregir las debilidades y desviaciones detectadas, pues se observó que
no fueron atendidas las dirigidas a mejorar y perfeccionar el sistema de control interno de esos organismos,
cuya responsabilidad corresponde a la máxima autoridad.
Por otra parte, se realizaron 35 valoraciones jurídicas de actuaciones de control. Adicionalmente, se
inició el ejercicio de la potestad investigativa en 17 casos, de los cuales 9 están en proceso y 8 están
culminados. Asimismo, se efectuó el seguimiento a 83 casos remitidos a los órganos de control interno
de los entes; se atendieron 54 denuncias, se encuentran en proceso 34 y se concluyeron 20; se
tramitaron 6 autorizaciones para no crear o eliminar la unidad de auditoría interna, de las cuales 5 se
encuentran en proceso y 1 concluida.
Durante el ejercicio fiscal 2004, se dio inicio a 1 procedimiento administrativo para la determinación
de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la LOCGRSNCF, el cual
se encuentra en etapa de elaboración de la resolución del recurso administrativo. Igualmente, fueron
asumidas 2 averiguaciones administrativas remitidas por unidades de auditoría interna, según lo prevé
el artículo 97 LOCGRSNCF, toda vez que se encuentran involucrados funcionarios de alto nivel,
encontrándose 1 en etapa de sustanciación y otro pendiente por decidir. Asimismo, se abrieron 45
averiguaciones administrativas correspondientes a años anteriores, de las cuales 16 se encuentran en
etapa de sustanciación, 18 en etapa de decisión y 11 decididas. El total de cargos formulados a
funcionarios por estar presuntamente incursos en alguna de las causales establecidas en la ley como
supuesto de procedencia para una declaratoria de responsabilidad administrativa fue de 30, de los
cuales 28 están en etapa de notificación de la decisión de primer grado y 2 se encuentran pendientes
por la decisión que resuelve el recurso administrativo interpuesto.
Respecto de las declaratorias de responsabilidad dictadas en el año, se impusieron 30 sanciones
pecuniarias por un monto de Bs. 34,55 millones.
81

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
SECTOR PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y FINANZAS
En este sector se agruparon 78 entes u organismos públicos descentralizados, de los cuales 1 se
encuentra inactivo, 3 intervenidos, 11 en proceso de liquidación, 3 en proceso de reorganización
administrativa, 8 en etapa preoperacional y 52 activos en operación, que de acuerdo con su naturaleza
jurídica se clasifican tal como se indica en el cuadro N° 2 . De esos entes, a 57 les fueron aprobado
para el ejercicio fiscal 2004, presupuesto de ingresos y gastos por un monto de Bs. 6,78 billones, los
cuales fueron publicados en Gaceta Oficial.
En el cuadro N° 3 se indica el universo de entidades distribuidas según su actividad económica.
La función de control en este sector se enfocó hacia las 3 áreas: Finanzas y Macroeconomía; Ciencia
y Tecnología; y Planificación, Desarrollo, Producción y Comercio; centrando su acción hacia las
subáreas de Finanzas, Macroeconomía, Investigación, Planificación y Desarrollo. El Plan Operativo
82
CUADRO N° 2
UNIVERSO DE ENTIDADES
SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA
AÑO 2004
NATURALEZA CANTIDAD
Institutos autónomos 27
Empresas del Estado 19
Fundaciones estatales 24
Asociaciones civiles estatales 1
Empresas con participación > o = 50% 5
Participación minoritaria en entidades
públicas descentralizadas
2
Total 78
CUADRO N° 3
UNIVERSO DE ENTIDADES
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑO 2004
ACTIVIDAD
Financiera, fondo de inversiones, bancos, seguros,
CANTIDAD
tráfico mercantil de bienes inmuebles
investigaciones sociales, humanísticas, cientificas,
44
desarrollo y tecnologías
25
Agrícola y Pecuario
Servicios educativos, de salud, comunales,
recreativos, sociales, personales, de Informática,
4
control y supervisión
3
Construcción y urbanismo 1
Seguridad y desarrollo social 1
Total 78

Administración Nacional Descentralizada
Sector Planificación, Desarrollo y Finanzas
Anual 2004 se estructuró considerando fundamentalmente, las directrices estratégicas contenidas en
el Plan Operativo Anual Nacional correspondiente al año 2003 (POAN 2003), vinculadas con políticas
de desarrollo del Ejecutivo Nacional en materia económica, financiera, científica y tecnológica,
desarrollo social y producción y comercio, necesarias para cumplir con el apoyo financiero a los
sectores científico, agropecuario y social, así como las denuncias recibidas.
GESTIÓN DE CONTROL
La actuación de control se orientó a evaluar la gestión desarrollada por las instituciones financieras
públicas en la asignación de recursos destinados a impulsar el desarrollo y crecimiento nacional, los
mecanismos de control que permiten la estabilidad del sistema y transparencia de la información
suministrada por el mismo al público en general durante el año 2003, así como la legalidad y sinceridad
del proceso de recuperación de la cartera de créditos inmovilizada y los castigos efectuados con
cargo a la provisión de dicha cartera. Adicionalmente, estuvo dirigida a la evaluación de la gestión de
los entes encargados de la generación de conocimientos científicos y tecnológicos, y de la transferencia
tecnológica y científica durante el ejercicio 2002 y primer semestre de 2003 según las necesidades
de bienes y servicios requeridos por los productores nacionales y los usuarios. Igualmente, se evaluó
la gestión de los organismos responsables de coordinar las actividades de planificación y desarrollo
que adelanta el Estado en los ámbitos económico, social y territorial, de conformidad con la normativa
que los rige y en concordancia con las políticas de desarrollo del Ejecutivo Nacional, en el período
2002-2003.
Por otra parte, los objetivos se enfocaron en la evaluación de la organización y funcionamiento de
organismos del sector, en cuanto a su estructura organizativa, recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios
asignados, en el marco de los lineamientos previstos en la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público (LOAFSP) y su Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario,
además de la evaluación de los órganos de control fiscal, a los efectos de verificar si poseen la
capacidad presupuestaria, tecnológica y de recursos humanos necesarios para asumir las competencias
que le confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal, y si adecuaron sus estructuras a unidad de auditoría interna.
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
Se recibieron 2.549 declaraciones juradas de patrimonio y se enviaron 115 oficios requiriendo información
no suministrada originalmente en la declaración, de conformidad con lo establecido en el
artículo 78 de la LOCGRSNCF, en concordancia con lo previsto en la Resolución N° 01-00-149 de
fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004).
83

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Actuaciones selectivas
Se practicaron 11 actuaciones comprendidas en el Plan Operativo 2004, discriminadas en 7 auditorías
operativas y 4 auditorías financieras.
Actuaciones no programadas
Se concluyeron 8 auditorías operativas en organismos agrupados en este sector.
Por otra parte, se realizaron 21 valoraciones jurídicas de las actuaciones fiscales, de las cuales 17 se
encuentran en proceso y cuatro concluidas. Con respecto a las valoraciones jurídicas de las denuncias,
8 se encuentran en proceso y 5 fueron concluidas, de las cuales 2 fueron desestimadas y 3
enviadas a las unidades de auditoría interna. Adicionalmente, los entes formularon 34 solicitudes de
opinión jurídica, 15 fueron evacuadas y 19 se encuentran en proceso.
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Durante el ejercicio fiscal 2004, se concluyeron 7 auditorías operativas dirigidas a evaluar los órganos
de control fiscal de igual número de organismos, en atención del fortalecimiento del Sistema Nacional
de Control Fiscal, en correspondencia con las estrategias establecidas por la Contraloría General de
la República.
OTRAS ACTIVIDADES
Con el propósito de continuar con el seguimiento a la verificación del cumplimiento por parte de las
máximas autoridades de los entes, a lo establecido en la Resolución Nº 01-00-005 del 01-03-2002,
dictada por el Contralor General de la República, (Gaceta Oficial Nº 37.396 de fecha 04-03-2002),
relacionada con la convocatoria a concurso público para la designación del titular al cargo de auditor
interno, así como a lo señalado en el artículo 190 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público, referido al proceso de reestructuración de los órganos de control interno en
unidades de auditoría interna, se determinó que de 15 organismos auditados, sólo en 5 fueron celebrados
los correspondientes concursos para optar al cargo de auditor interno, mientras que 6 están en
proceso en virtud de que la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), no ha designado
a sus representantes en el jurado del concurso. Por otra parte, 4 organismos notificaron a este Organismo
Contralor que se encontraban en proceso de reestructuración administrativa.
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
En ocasión a la aplicación de la LOCGSRNCF, se evacuaron 5 consultas, en materia de averiguaciones
administrativas, a diferentes unidades de auditoría interna.
84

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
Administración Nacional Descentralizada
Sector Planificación, Desarrollo y Finanzas
La gestión de los organismos auditados estuvo caracterizada por la inobservancia de políticas establecidas
en materia financiera, científica y de desarrollo social; elevado índice de morosidad en las instituciones
financieras del Estado, en comparación con entidades privadas de capital privado de naturaleza
similar con motivo del notable incremento observado en la cartera vencida; recurrentes debilidades
del sistema de control interno, además de la inexistencia de coordinación la función de planificación
con las actividades presupuestarias, financieras y administrativas, sobre todo en tareas rutinarias, en
virtud de que la planificación no está inmersa en las actividades, métodos de trabajo y procedimientos
habituales de la administración activa. Tales aseveraciones se fundamentan en hechos observados en
la acción administrativa, cuyo resumen se presenta de seguida:
En el área de Finanzas y Macroeconomía, merecen especial atención los resultados observados en el
Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX) y en el Banco de Fomento Regional Los Andes
(BANFOANDES), en virtud de que la primera entidad financiera presentó un incremento considerable en
la cartera de crédito inmovilizada, representado en 7.375,67% al cierre del segundo semestre del año
2003, lo que condujo a que durante el período examinado, la cartera inmovilizada alcanzara un saldo
de Bs. 19.103,00 millones, originado por debilidades en el control de riesgo de los créditos otorgados,
tal como se desprende de la muestra seleccionada de créditos en litigio y castigados, lo que
generó una disminución del margen de intermediación financiera, por los significativos gastos por
incobrabilidad de créditos que ha tenido que registrar la institución. Así mismo, el banco no fue consistente
en la aplicación de la norma establecida por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones
Financieras (SUDEBAN) en el Manual de Contabilidad, con respecto al lapso de 2 años estipulados
para el castigo de los créditos vencidos, en virtud de que ciertos créditos fueron castigados entre 232
y 844 días por encima del límite señalado. Igual situación fue detectada en BANFOANDES, el cual
experimentó un incremento de la cartera de crédito en 228,28%, al pasar de Bs. 2.191,01 millones a
Bs. 7.212,35 millones, para el período de junio de 1999 a diciembre de 2003, ubicándose en 3,50%
de más, el índice de morosidad. Cabe destacar, que los créditos examinados, a pesar de haber sido
otorgados de conformidad con las Normas Relativas a la Clasificación del Riesgo en la Cartera de
Créditos y Cálculo de sus Provisiones, presentan debilidades en cuanto a los controles internos ejercidos
después de su concesión, al no exigir a sus beneficiarios durante su vigencia, la presentación de
los respectivos flujos de caja de efectivo, salvo los otorgados hasta el año 2001, ajustados posteriormente.
Asimismo, los castigos de los créditos se efectuaron de conformidad con el marco regulatorio
establecido por la SUDEBAN.
85

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
En el Banco Industrial de Venezuela (BIV) de acuerdo con los estados financieros, mayores analíticos,
informes de gestión y expedientes de las áreas de Crédito, Cobranzas y Consultoría Jurídica se detectaron
debilidades de control interno en las distintas etapas de otorgamiento, liquidación y recuperación
de créditos, que afectan la calidad, oportunidad e integridad de la información financiera y contable
generada, producto de la desactualización de manuales de normas y procedimientos, y diversidad de
criterios para mantener créditos en las clasificaciones exigidas por las instancias competentes, entre
otras, por la Superintendencia Nacional de Bancos y otras Instituciones Financieras, y de la ausencia
de adecuados mecanismos de control. Asimismo, se observaron diferencias en exceso por Bs.
49.083,71 millones y Bs. 457,83 millones, en los saldos de los créditos vencidos y en litigio, respectivamente,
presentados en los Estados Financieros y mayores analíticos del año 2001.
En cuanto al área de Planificación, Desarrollo, Producción y Comercio con el propósito de evaluar la
gestión de los entes responsables de articular los procesos de transformación nacional con el comercio
interno y externo, de acuerdo con su normativa legal, así como de coordinar las actividades de
planificación y desarrollo que adelanta el Estado en los ámbitos económico, social y territorial, en
sujeción con las políticas de desarrollo del Ejecutivo Nacional, se observó que durante el año 2002 el
Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA) percibió Bs. 2.353,58 millones, que representan
64,08% a ser transferido por el Ejecutivo Nacional (Bs. 3.672,89 millones) del presupuesto total
por Bs. 11.868,94 millones, haciéndose efectivas a partir del tercer cuatrimestre de 2002. En el
ejercicio fiscal 2003, las transferencias de recursos por parte del Ejecutivo Nacional se ubicaron en
Bs. 953,80 millones, cifra que representa 39,73% del monto previsto en la Ley de Presupuesto,
mientras que Bs. 2.400,48 millones se recibieron con retraso, ocasionando incumplimiento de metas
previstas por dicho ente; en especial las correspondientes a los programas Fomento Pesquero y
Acuícola y Programa Nacional de Insumos Pesqueros. Asimismo, en la Fundación de Capacitación e
Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA), las restricciones, modificaciones y el atraso en la remisión
de los recursos presupuestarios fueron los principales factores limitantes del cumplimiento de los
objetivos y metas previstos en los proyectos dirigidos a fortalecer el desarrollo rural del país; especialmente
durante el año 2002, cuando el Proyecto de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP) registró
una ejecución de 43,33% en el renglón Familias Atendidas e Incorporadas, mientras que el Programa
de Extensión Agrícola (PREA) registró ejecuciones de 56,36% y 61,22%, en los componentes Fortalecimiento
Institucional y Seguimiento y Evaluación, respectivamente.
Respecto al área de Ciencia y Tecnología, en las actuaciones realizadas en las Fundaciones Regionales
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE) de los estados Aragua, Sucre y Zulia
se evidenciaron debilidades de control interno en las áreas Administrativa, Contable y Presupuestaria,
86

Administración Nacional Descentralizada
Sector Planificación, Desarrollo y Finanzas
toda vez que no poseen reglamento interno, ni manuales de normas y procedimientos que regulen sus
operaciones, además de la inobservancia de las disposiciones contenidas en la LOAFSP y su Reglamento
N° 1 sobre el Sistema Presupuestario; en ese sentido, destaca FUNDACITE ZULIA, la cual adquirió
compromisos para los cuales no existían créditos presupuestarios disponibles.
Por otra parte, de los resultados obtenidos de la evaluación de la organización y funcionamiento
realizada en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), Instituto Venezolano
de Planificación (IVEPLAN), Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero Forestal y Afines (FONDAFA),
corporaciones de desarrollo de las regiones zuliana y central (CORPOZULIA y CORPOCENTRO), Banco
del Pueblo Soberano y Banco de Desarrollo de la Mujer (BANMUJER) se desprenden debilidades
comunes y propias del sistema de control interno administrativo de esos organismos, por cuanto el
mismo no está organizado con arreglo a conceptos y principios de sistema generalmente aceptados;
las dependencias que conforman la estructura organizativa no se corresponden con las observadas en
la práctica y donde existen no están previstas en sus estatutos de creación. Particularmente, en lo que
respecta a FONDAFA, los Estados Financieros no fueron certificados por un Contador Público colegiado,
ni remitidos oportunamente a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Oficina Nacional de
Contabilidad Pública (ONACOP) y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI); en
IVEPLAN, a pesar de haber transcurrido más de 20 años de su creación, no se ha formalizado legalmente
el Consejo Directivo como máxima autoridad; en BANMUJER la ejecución presupuestaria para el
ejercicio 2003, no reflejó la realidad del cumplimiento de las premisas contenidas en su presupuesto
de ingresos y gastos, ya que no incluyeron información correspondiente a la aplicación de los recursos
financieros registrados en la partida 4.05 “Activos Financieros”.
En las evaluaciones dirigidas a los órganos de control interno del BANDES, CORPOZULIA y CORPOCENTRO
se detectaron situaciones comunes en las citadas corporaciones, en virtud de que no han sido reestructuradas
como órganos de auditoría interna y sus manuales de normas y procedimientos no están
aprobados por la máxima autoridad o no se ajustan a los cambios institucionales generados. Asimismo,
en el BANDES los papeles de trabajo de las auditorías practicadas durante el año 2003, carecen de
índices que identifiquen los documentos soportes y no están debidamente agrupados y referenciados.
Fallas y deficiencias
En la gestión fiscalizadora dirigida a los entes auditados, se evidenciaron deficiencias de carácter
normativo, procedimental, presupuestario, financiero y administrativo, que incidieron de manera determinante
en la gerencia institucional para cumplir con eficacia, eficiencia y economía los objetivos,
planes, programas y metas propuestas. En tal sentido, se destacan por su relevancia y recurrencia, las
debilidades siguientes:
87

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
• Incremento del índice de morosidad de las instituciones financieras del Estado, que afecta la
función de intermediación financiera que le es inherente y limita el logro de los objetivos y metas
propuestos en materia crediticia.
• Deficiencias en la elaboración de planes operativos anuales, al no reflejarse los recursos materiales,
tecnológicos, financieros y humanos necesarios para su ejecución, así como el cronograma de
actividades a cumplir.
• Ausencia de normas y procedimientos definidos y/o actualizados, tendentes a disciplinar la gestión
institucional.
• La estructura organizativa de los entes no está debidamente aprobada y/o actualizada en relación
con el funcionamiento actual de los organismos.
• Deficiencias en el manejo y archivo de la documentación relacionada con expedientes de créditos
o financiamientos otorgados por las instituciones financieras, de producción o de investigación, al
no estar respaldadas por documentación justificativa las operaciones realizadas.
• Los órganos de control fiscal no están adscritos a la máxima autoridad jerárquica de la estructura
organizativa del ente, lo cual incide en su autonomía funcional.
• Los órganos de control fiscal no han adecuado en estructura, procedimientos y normativas a las
competencias conferidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Recomendaciones
• Sincerar los riesgos crediticios en que incurren las instituciones financieras, al evaluar la capacidad
de pago del beneficiario y la suficiencia de las garantías reales que lo respaldan, así como diseñar
un sistema que permita controlar y actualizar dichos riesgos, a los fines de tomar las decisiones
oportunas y asertivas con respecto a la declaratoria de las obligaciones, lo cual contribuirá a
disminuir el índice de morosidad como consecuencia del aumento desproporcionado de la cartera
vencida y en litigio.
• Elaborar planes operativos que contemplen objetivos precisos, metas cuantificables, recursos
humanos, materiales y financieros disponibles, y las actividades necesarias para la consecución de
los mismos, a los fines de medir la eficacia de la gestión, facilitar el control y permitir adoptar las
medidas correctivas pertinentes y oportunas.
• Diseñar y/o actualizar normas y procedimientos de los organismos, así como asegurar su implantación,
funcionamiento y evaluación periódica, de manera tal que permita disciplinar la gestión
administrativa.
88

Administración Nacional Descentralizada
Sector Planificación, Desarrollo y Finanzas
• Las instancias correspondientes deben actualizar las estructuras organizativas de los entes, además
de someter las mismas a la aprobación de las máximas autoridades.
• Las operaciones y transacciones financieras, contables, administrativas y presupuestarias, deben
estar respaldadas con la suficiente y pertinente documentación del caso, la cual debe ser debidamente
archivada.
• Realizar las modificaciones pertinentes a la estructura organizativa de los organismos, para ubicar
a los órganos de control fiscal, adscritos a la máxima autoridad jerárquica, a los fines de asegurar
su autonomía funcional.
• Las máximas autoridades deben agilizar los procesos de reorganización y reestructuración administrativa
de los órganos de control fiscal de los organismos, a los efectos de que se adecuen sus
estructuras, procedimientos y normativas a las competencias conferidas en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
Con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF, se inició el ejercicio de la potestad investigativa
en 4 casos por considerar la existencia de méritos suficientes para ello, de los cuales 1 está concluido
y 3 en proceso.
En atención a la obligación de los órganos de control fiscal de participar a este máximo Órgano de
Control el inicio de las investigaciones que ordenen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
de la LOCGRSNCF, durante el año 2004 recibimos la participación de 3 casos donde se consideró
la existencia de méritos suficientes para el ejercicio de la potestad de investigación.
ACCIONES FISCALES
Durante el ejercicio fiscal 2004, se asumió 1 averiguación administrativa remitida por la Unidad de
Auditoría Interna del Instituto Agrario Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de
la LOCGRSNCF, toda vez que se encuentra involucrado un funcionario de alto nivel, encontrándose
dicho procedimiento en etapa de decisión. Asimismo, con ocasión a las 20 averiguaciones administrativas
correspondientes a años anteriores, 9 se encuentran en etapa de substanciación, 10 en etapa de
decisión y 1 decidida. El total de cargos formulados a funcionarios por estar presuntamente incursos
en alguna de las causales establecidas en la ley como supuesto de procedencia para una declaratoria
de responsabilidad administrativa fue de 3, los cuales se encuentran en etapa de notificación de la
decisión de primer grado.
89

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Con respecto a las declaratorias de responsabilidad dictadas en el año, se impusieron 3 sanciones
pecuniarias por un monto de Bs. 4,83 millones.
Fue sancionado accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad administrativa por el ciudadano
Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la LOCGRSNCF, un funcionario con
la medida disciplinaria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, en cuanto al
estatus procesal de la misma, corresponde señalar que está en etapa de notificación de la decisión de
primer grado.
Por otra parte, durante el año 2004 recibimos la participación de 3 casos donde se inició el procedimiento
administrativo para la determinación de responsabilidades; dicha participación a este Órgano
Contralor fue realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LOCGRNCF.
Finalmente, fue enviado 1 expediente al Ministerio Público, a los fines del ejercicio de las acciones
civiles o penales que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en concordancia con lo establecido en
el artículo 83 de la LOCGRSNCF y el artículo 285 numeral 5 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
SECTOR INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y COMERCIO
En este sector están agrupados 237 entes u organismos que, de acuerdo con su naturaleza jurídica, se
distribuyen como se indica en el cuadro N° 4 , de los cuales 34 se encuentran inactivos, 21 en etapa
preoperacional, 12 en proceso de liquidación y 170 activos u operativos. A 33 les fueron aprobados
y publicados en Gaceta Oficial, para el ejercicio fiscal 2004, presupuestos de ingresos y gastos por un
monto de Bs. 51,88 billones.
90
CUADRO N° 4
UNIVERSO DE ENTIDADES
SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA
AÑO 2004
NATURALEZA CANTIDAD
Institutos Autónomos 6
Empresas del Estado 97
Soc. Part. del Estado > o = 50% 21
Participación minoritaria entidades
Públicas Descentralizadas 110
Fundaciones Estatales 3
Total 237

Administración Nacional Descentralizada
Sector Industria, Producción y Comercio
En el cuadro N° 5 se indica el universo de entidades distribuidas según su actividad económica.
La función de control se dirigió prioritariamente a 6 áreas: Hidrocarburos y sus Derivados; Industria y
Minería; Producción, Comercio y Servicios; Control Interno; Ejecución y Administración y Apoyo
Institucional. En todas las áreas seleccionadas que conformaron el Plan Operativo Anual 2004 (POA
2004), se tomaron en cuenta las directrices estratégicas del Plan Operativo Anual Nacional correspondiente
al año 2003 (POAN 2003), fundamentalmente las relacionadas con las áreas económica y
política, las cuales estuvieron orientadas hacia el desarrollo de la economía productiva del país y la
construcción de la democracia bolivariana, respectivamente.
GESTIÓN DE CONTROL
CUADRO N° 5
UNIVERSO DE ENTIDADES
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑO 2004
ACTIVIDAD CANTIDAD
Agrícola y pecuario 25
Turismo 12
Minera 41
Industrial 87
Comercio 27
Servicios de electricidad, agua, gas, aseo urbano y telecomunicaciones 5
Construcción y urbanismo 4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11
Financiera, fondo de inversiones, bancos, seguros, tráfico mercantil de
bienes inmuebles
17
Servicios educativos, de salud, comunales, recreativos, sociales,
personales, de informática, control y supervisión
8
Total 237
La gestión de control durante el ejercicio 2004, tuvo como objetivos primordiales la evaluación de la
organización y funcionamiento de los entes y sus órganos de control interno; los procedimientos de
control llevados a cabo por empresas del Estado en las inversiones realizadas en sociedades de
capital mixto, así como los procesos de liquidación de entes pertenecientes a la administración pública
nacional descentralizada.
Por otra parte, la acción de control estuvo dirigida al análisis de costos y gastos de unidades de
negocio; a la evaluación de procesos administrativos y financieros; de reparación y mantenimiento de
equipos; evaluación de contratos, planes y metas; análisis de procesos de licitación; de procesos
administrativos para el otorgamiento de créditos y el seguimiento de las acciones correctivas emprendidas
por los entes, en atención a las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la
República. El alcance de las actuaciones de control comprendió desde el año 2001 al primer semestre
de 2004.
91

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
Se recibieron 3.091 declaraciones juradas de patrimonio y se enviaron 133 oficios requiriendo información
no suministrada originalmente en la declaración, de conformidad con lo establecido en el
artículo 78 de la LOCGRSNCF, en concordancia con lo previsto en la Resolución N° 01-00-149 de
fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004).
Actuaciones selectivas
Se concluyeron un total de 41 actuaciones, discriminadas en 33 auditorías operativas y 8 seguimientos
a las acciones correctivas.
Actuaciones no programadas
El sector realizó 8 auditorías operativas, así como 2 actuaciones de seguimiento a las acciones correctivas
emprendidas por igual número de organismos.
Adicionalmente, se realizó un avalúo de bienes pertenecientes al Ministerio Público; se efectuó una
reconsideración de recomendaciones vinculantes formuladas por la Contraloría General; se recibieron
4 solicitudes de autorización para eliminar al órgano de control interno de igual número de organismos
y una para no crear esa dependencia; también se recibieron 14 solicitudes de opinión jurídica, de las
9 fueron evacuadas, 1 remitida al órgano de control interno y 4 se encuentran en estudio.
Por otra parte, se realizaron 28 valoraciones jurídicas, de ellas 25 están en proceso y 3 concluidas.
Igualmente, se efectuó el seguimiento a 12 casos remitidos a los órganos de control interno, uno de los
cuales concluyó; además se concluyeron 10 valoraciones jurídicas de denuncias, de las cuales a 3 se
les dio orden de archivo y 7 se enviaron al área de auditoría.
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Se concluyeron 5 auditorías operativas dirigidas a evaluar igual número de órganos de control interno,
en consonancia con las estrategias previstas por este máximo Órgano de Control, para el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Control Fiscal.
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
En ocasión a la aplicación de la LOCGRNCF, se evacuaron 2 consultas, en materia de averiguaciones
administrativas, a diferentes unidades de auditoría interna; además, se asesoró a los órganos de control
interno en cuanto a la formulación de planes operativos anuales y a la elaboración de programas
de trabajo y se prestó asesoramiento en 108 actuaciones fiscales en materia técnico-legal.
92

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
Administración Nacional Descentralizada
Sector Industria, Producción y Comercio
De los resultados obtenidos en las actuaciones fiscales realizadas en los entes pertenecientes al área
de Hidrocarburos y sus Derivados, se desprende que los planes y programas elaborados por PDVSA
Petróleo, S.A., dirigidos a la reducción de costos y gastos en las unidades de negocios de Producción
y Refinación no han sido suficientemente efectivos; observándose además, que los costos de producción
de los denominados convenios operativos para la reactivación de campos marginales, fueron
superiores a los incurridos por PDVSA Petróleo, S.A. Igualmente, se constató que en los documentos
de donación y los convenios de cooperación suscritos entre la citada empresa y los beneficiarios de
las contribuciones, no se contemplaron actividades de control y seguimiento que aseguraran el adecuado
uso de los recursos; además, PDVSA Petróleo, S.A. otorgó donaciones y liberalidades a
instituciones que no demostraron el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la exoneración
del Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos; no se estableció en los
contratos de donaciones, el derecho de revocatoria que de acuerdo con la normativa interna debía
reservarse la industria petrolera, y en los archivos de la Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos no
reposaba la documentación completa y exacta de las donaciones otorgadas, aun cuando éstas habían
sido registradas en la contabilidad de la empresa.
En cuanto a la actuación realizada para verificar la legalidad, sinceridad y razonabilidad de los gastos
efectuados por concepto de pago de honorarios profesionales a escritorios jurídicos y abogados
contratados por PDVSA, se observó que la Consultoría Jurídica no atendió las disposiciones establecidas
en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ni en el Instructivo para la
Contratación de Servicios Jurídicos en los Órganos de la Administración Central y Descentralizada.
Igualmente, la Consultoría Jurídica inobservó los criterios establecidos en las normas de contratación
y guías de administración de PDVSA. Adicionalmente, los expedientes correspondientes a los servicios
prestados por los escritorios jurídicos durante el año 2002, no contenían la totalidad de la documentación
soporte que avalara la prestación de los servicios profesionales. Por otra parte, esa Consultoría
Jurídica carece de un manual de normas y procedimientos que establezca de forma detallada
las funciones a realizar por los empleados que en ella laboran.
Asimismo, se evidenció que la empresa DELTAVEN, S.A., no cuenta con un manual de normas y
procedimientos para la comercialización de gasolinas y lubricantes en mercado interno; adicionalmente,
se constató que la empresa otorgó créditos sin contar con convenios de pago; los expedientes localizados
en la Gerencia de Comercialización de la Región Metropolitana, no contienen los comprobantes
de las ventas efectuadas; el sistema electrónico denominado SAND refleja montos inferiores a los
93

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
mostrados en las facturas por ventas de combustible; además, la empresa no realizó el cierre contable
correspondiente al ejercicio 2003.
En cuanto a las actuaciones dirigidas a la evaluación de la organización y funcionamiento de Fertilizantes
y Servicios para el Agro, S.A. (SERVIFERTIL, S.A.), Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN, S.A.),
Bitúmenes Orinoco, S.A. (Bitor, S.A.), PDVSA Gas, S.A., Productos Especiales, C.A. (PROESCA),
Palmaven, S.A., Facfar Representaciones, S.A., PDVSA Cerro Negro, S.A., PDV Marina, S.A. y
Fundación Laboratorio de Servicios Petroleros (FUNDALAPET), se observó que aun cuando esos organismos
se inscriben en los denominados entes públicos, su organización y funcionamiento no se adecúa
a las disposiciones previstas en la normativa legal vigente que rige para dichos organismos.
En lo que se refiere a la evaluación realizada a las acciones de control que debió ejercer PEQUIVEN,
S.A. sobre sus inversiones en las empresas Cloro Vinilos del Zulia, S.A. (CLOROZULIA) y Metanol de
Oriente, S.A. (METOR), merece especial atención la debilidad detectada en el sistema de control
interno administrativo de PEQUIVEN, S.A., en virtud de que la Gerencia Corporativa de Finanzas,
responsable de las labores de control de las inversiones, utiliza manuales de normas y procedimientos
que no están debidamente aprobados por la máximas autoridades de la empresa. Igualmente, se
observó que CLOROZULIA carece de manuales de normas y procedimientos, por lo cual se rige exclusivamente
por lineamientos corporativos; además, la empresa no ha elaborado ni presentado el presupuesto,
informes de gestión y planes operativos anuales que contengan directrices para la ejecución y
control de las operaciones, a pesar de lo establecido en la normativa legal vigente en la materia.
Asimismo, es importante señalar que la unidad de auditoría interna de PEQUIVEN, S.A., no realiza
labores de control posterior en CLOROZULIA, aun cuando le corresponde ejercer el control operativo
y administrativo de la sociedad.
En cuanto a los resultados obtenidos a través de las actuaciones practicadas en el área Industria y
Minería, se determinó de manera general en lo que se refiere a la evaluación de la organización y
funcionamiento de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como de las empresas tuteladas
por ese instituto CVG Productos Forestales de Oriente, C.A. (PROFORCA) y Ferrominera Orinoco,
C.A. que aún cuando fueron constituidas bajo la forma de derecho privado, están integradas a la
estructura general del Estado y forman parte de los entes descentralizados a los cuales se le aplican
una mixtura de disposiciones de derecho público y de derecho privado. En ese sentido, se observó
que sus procesos presupuestario y contable no están enmarcados en los lineamientos previstos en la
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) ni en sus Reglamentos Nos .
1 y 4, sobre los Sistemas Presupuestario y de Contabilidad Pública, respectivamente, en virtud de que
no utilizan el Plan Único de Cuentas y ambos sistemas no están interconectados. Adicionalmente, cabe
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Administración Nacional Descentralizada
Sector Industria, Producción y Comercio
destacar que las estructuras organizativas de las referidas empresas y de la CVG están desactualizadas
conforme a las nuevas funciones y actividades que realizan en la actualidad o bien no coinciden entre
varios instrumentos que las refieren o desarrollan, vale decir, reglamento interno, manual de organización
y/o estructura organizativa, lo cual no garantiza un efectivo y coordinado funcionamiento entre las
diferentes dependencias que conforman los prenombrados organismos. Asimismo, respecto a los
manuales de normas y procedimientos propios de los procesos ejecutados en las áreas de Recursos
Humanos, Administración y Finanzas, Presupuesto, Bienes Inmuebles, Protección y Seguridad e Informática,
entre otros, se observó que no están formalmente aprobados y/o actualizados, sin embargo,
están siendo utilizados en la práctica, situación que no contribuye en la orientación del personal en
la ejecución de las actividades que le son inherentes, a los efectos de conocer y responsabilizarse por
los diferentes pasos y condiciones de las operaciones realizadas. Finalmente, es importante resaltar
que el Directorio de la CVG y la Junta Directiva de CVG PROFORCA, no tramitaron oportunamente
ante la instancia correspondiente, el proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio
económico financiero 2003.
Adicionalmente, se realizaron actuaciones en las empresas BAUXILUM, C.A., CVG Industria Venezolana
de Aluminio, C.A. (CVG VENALUM, C.A.), CVG ALCASA, y CVG PROFORCA, así como en la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), referidas a determinar la legalidad y sinceridad de
compromisos adquiridos en la ejecución de la obra “Elevación de diques 5, 6, 7, 8 y 9 a la cota 21
m.s.n.m., construcción de dique 13 y obras asociadas Área 75”, de CVG BAUXILUM, C.A.; evaluar
las cuentas por cobrar de CVG VENALUM, C.A. producto de transacciones realizadas con Productos
Industriales Venezolanos, S.A. (PIVENSA); analizar el proceso de licitación promovido por CVG ALCASA,
para el reemplazo de rieles de las grúas ECL de las naves “E” y “F” de celdas II de la Línea de
Producción III; evaluar la legalidad y sinceridad de operaciones de venta de madera de pino efectuadas
por CVG PROFORCA; así como evaluar el Servicio Autónomo Autoridad Única de Área, adscrito
a la CVG en el desarrollo de planes y programas forestales, al sur de los estados Anzoátegui y
Monagas; y el otorgamiento de créditos con cargo a recursos administrados por el Fondo Regional
Guayana (FRG).
Resalta la evaluación del proceso de licitación promovido por CVG ALCASA en el año 2003, para el
reemplazo de los rieles de las grúas ECL de las naves “E” y “F” de celdas II de la Línea de Producción
III, en la cual se determinó la inobservancia de la Ley de Licitaciones vigente, por cuanto la contratación
del servicio se otorgó por adjudicación directa y no por licitación general, así como de normativa
de carácter interno relacionada con la delegación de autoridad, ya que en el monto de la contratación
no se consideró el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual incidió en la determinación de los límites
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
contratados. Adicionalmente, se observaron fallas de control interno en los registros presupuestarios
que limitan la evaluación de las distintas etapas de registro del gasto y la disponibilidad de créditos
presupuestarios, a pesar de los instrumentos de control presupuestarios previstos por la Oficina Nacional
de Presupuesto (ONAPRE).
Por otra parte, vale destacar con respecto a la evaluación realizada a la Autoridad Única de Área para
el desarrollo de planes y programas del Proyecto Industrial Forestal (PROINFOR), así como para la
elaboración y ejecución de proyectos industriales forestales al sur de los estados Anzoátegui y Monagas,
que en su creación no fue concebida como servicio autónomo, que sólo puede estar adscrito a organismos
que integran el Poder Central por carecer de personalidad jurídica, creado con el propósito de
obtener recursos propios producto de su gestión, para ser afectados al financiamiento de un servicio
público determinado, conforme con principios derivados del ordenamiento vigente, por cuanto fue
adscrita a la CVG, lo que condujo a que sus actividades no generaran ingresos propios y a que sus
gastos fueran asumidos por la corporación, que la normativa interna que regulara su funcionamiento
sea la establecida en los manuales de sistemas y procedimientos de la CVG y que no contara con una
estructura organizativa aprobada por la máxima autoridad.
Respecto a la evaluación realizada a los procesos de otorgamiento de créditos con cargo a los recursos
administrados por el Fondo Regional Guayana (FRG) en el año 2003, destacan las deficiencias en
el sistema de control interno administrativo inherentes al empleo de recursos para la promoción e
impulso de programas y proyectos de desarrollo tecnológico y educativo, a la aplicación de políticas
destinadas a efectuar gestiones efectivas de cobranza de los créditos otorgados, así como en la aprobación
de normas y procedimientos relacionados con la administración y gestión del otorgamiento de
los empréstitos, que limitan el cumplimiento de los objetivos de coordinación, planificación, promoción
y desarrollo de la región Guayana.
En cuanto a la gestión cumplida en el área de Producción, Comercio y Servicios, conviene destacar
los resultados relacionados con decisiones tomadas por la Presidenta del Directorio y el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Turismo (INATUR), en virtud de que se determinó que las mismas no
se ajustaron a criterios de razonabilidad y legalidad, por cuanto fue comprometido el patrimonio del
instituto, producto de transacciones contables y administrativas no enmarcadas dentro de una correcta
y transparente administración, incluyendo operaciones que afectaron aspectos laborales en el INATUR.
Igualmente, resaltan los resultados observados en la C.A. Venezolana de Industrias Militares (CAVIM),
toda vez que esa empresa realizó actividades de comercialización de vehículos lo cual no se adecúa al
objeto social de la compañía; además, para realizar tales actividades adquirió los bienes mediante
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Administración Nacional Descentralizada
Sector Industria, Producción y Comercio
adjudicación directa en el período 2000-2002 a través de 60 órdenes de compra, obviándose los
procedimientos de licitación selectiva y general contenidos en la Ley de Licitaciones. Por otra parte, la
inexistencia de controles presupuestarios de las operaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto
de ingresos y gastos, limitó los procedimientos atinentes a la evaluación de esas operaciones,
inobservando la normativa legal que rigió la materia presupuestaria durante el período 1997-2002.
Por otra parte, de la evaluación efectuada al cumplimiento de metas físicas y financieras previstas por
la empresa Diques y Astilleros Nacionales, C.A. (DIANCA), se constató que la efectividad de la gestión
cumplida durante el año 2002, en relación con el cumplimiento de metas e ingresos presupuestados se
vio afectada desfavorablemente, debido a debilidades en la planificación, por cuanto sus ingresos y
metas programadas presentaron sobreestimación. Asimismo, los manuales de normas y procedimientos
de la organización no están actualizados a los procesos y funciones que le corresponde desarrollar
a cada una de las distintas dependencias.
Por otra parte, vale señalar en principio, respecto al análisis realizado a las colocaciones bancarias
efectuadas por la Corporación de Abastecimiento Agrícola, S.A. (LA CASA, S.A.), que la ausencia de
un manual de normas y procedimientos debidamente aprobado por las máximas autoridades que
regule las competencias o responsabilidades para efectuar colocaciones bancarias, incidió de manera
negativa en el manejo de las disponibilidades temporales de tesorería en instituciones financieras. En
ese sentido, se observó que la Gerencia de Administración y Finanzas no renovó 34 certificados de
depósito a plazo fijo que vencieron durante el período del 12-03-2003 al 06-06-2003 por Bs. 3.146,74
millones, los cuales permanecieron sin ser colocados; en consecuencia, la corporación dejó de percibir
ingresos por Bs. 78,70 millones por intereses provenientes de colocaciones financieras, por un
plazo promedio de 55 días, entre el 07-04-2003 y el 06-06-2003.
De los resultados obtenidos en la actuación practicada en Instaelectric Guayana, C.A., empresa mixta
donde el Estado venezolano tiene una participación a través de la CVG desde el año 1989 de 20,00%
de su capital social, se desprende que esa empresa no ha tenido ningún tipo de actividad que genere
efectivo desde el año 1998; además, actualmente no tiene oficinas administrativas, ni cuenta con
recursos humanos ni tecnológicos, y en el último Balance General auditado al 31-12-2002, su capital
social disminuyó en Bs. 1.514,37 millones, monto que alcanzó más de dos tercios de su capital.
En las actuaciones dirigidas a evaluar la organización y funcionamiento de las empresas Viajes y Turismo
Ifamil, C.A., Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A), QUIMBIOTEC, C.A., Corporación de
Abastecimiento Agrícola, S.A. (LA CASA, S.A.) y Rental de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Central de Venezuela, S.A. (RENFAGRO, S.A.), se constató la ausencia de manuales de normas y
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
procedimientos actualizados y/o debidamente aprobados por la máxima autoridad jerárquica, con
excepción de QUIMBIOTEC, C.A., además de la inobservancia de disposiciones en materia presupuestaria,
contenidas en la LOAFSP y su Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario, por parte de
MERCAL, C.A. y Viajes y Turismo Ifamil, C.A. En particular, resulta relevante señalar que esta última
empresa es considerada como filial del Instituto de Previsión Social de la Fuerzas Armada Nacional
(IPSFA), concepción errónea que ha afectado la organización y el funcionamiento de la misma, pues
las decisiones relacionadas con la operatividad de la empresa están sujetas al instituto. Adicionalmente,
RENFAGRO, S.A., no cuenta con el personal necesario para cumplir con su objeto social, relacionado con
el desarrollo y comercialización de tecnologías en el área de producción agrícola.
Por el contrario, se observó que la estructura organizativa, sistemas y mecanismos de control interno
de QUIMBIOTEC, C.A. son adecuados y permiten promover y canalizar el correcto funcionamiento de
la organización y el cumplimiento de su objeto social, de conformidad con la normativa legal aplicable
a las empresas del Estado, a pesar de que se evidenciaron debilidades en la conformación de los
expedientes de su personal.
En lo que respecta a las evaluaciones efectuadas a los órganos de control fiscal de Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA), Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), INGEOMIN, Instituto Nacional de Hipódromos (INH), DIANCA, LA CASA, S.A., y
CAVIM, es importante indicar que se observaron fallas y deficiencias comunes en esas dependencias.
En ese sentido, se determinó que en PDVSA, INH y DIANCA no se ha reestructurado el órgano de
control interno en unidad de auditoría interna, tal como lo prevé el artículo 190 de la LOAFSP,
mientras que en la CVG la reestructuración tuvo lugar después del lapso previsto para ello, e INGEOMIN
a pesar de que fue aprobada su reestructuración, no adecuó su estructura organizativa y funcionamiento
como unidad de auditoría interna, en atención a la normativa vigente en materia de control
fiscal. Asimismo, los titulares de los órganos de control fiscal de la CVG, INH e INGEOMIN no han sido
seleccionados por concurso público.
Igualmente, se observaron deficiencias de control interno que limitan la ejecución y cumplimiento de
manera eficiente y eficaz de las funciones vigentes que le son propias, por cuanto los órganos de
control fiscal de PDVSA, CVG, INGEOMIN, INH y DIANCA no poseen manuales de normas y procedimientos
debidamente aprobados por la máxima autoridad y/o no están actualizados; CAVIM y PDVSA
no elaboraron los planes operativos anuales que reflejaran las actividades de control que le corresponde
ejercer, y en la CVG, INGEOMIN, INH y DIANCA no disponen de personal auditor necesario o
bien con el que cuentan posee un nivel académico bajo, que limita asumir oportunamente las funciones
de vigilancia y fiscalización que le corresponde ejercer en materia de control, ni con abogados que se
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Administración Nacional Descentralizada
Sector Industria, Producción y Comercio
encarguen de ejercer la potestad investigativa contemplada en los artículo 77 y siguientes de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; además,
en CAVIM no se previó la asignación presupuestaria que correspondía a la mencionada unidad
de control.
Vale destacar que en PDVSA se evidenció la segregación del órgano de control fiscal en dos unidades
distintas, Contraloría Interna y Gerencia Corporativa de Auditoría Interna; en el INH, el órgano de
control interno está adscrito a la Dirección General y no a la Junta Liquidadora, como máxima autoridad
del mismo; asimismo, en la CVG e INGEOMIN no están definidas en forma clara y precisa las
competencias y funciones de los funcionarios a través de un manual descriptivo de cargos.
En el área de Apoyo Institucional, se evaluó el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
declaraciones juradas de patrimonio por parte de los funcionarios responsables del área de Recursos
Humanos en la empresa QUIMBIOTEC, C.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley
Contra la Corrupción, de cuyos resultados se observó que la Gerencia de Recursos Humanos de la
referida empresa no contó con mecanismos de control efectivos y eficaces, por cuanto se detectaron
deficiencias en el manejo, resguardo y control de los comprobantes que avalan la entrega de la declaración
jurada de patrimonio en cualquiera de sus modalidades (ingreso, actualización y cese de funciones),
además, no se remitieron a esta Contraloría las relaciones iniciales correspondientes al año
auditado.
Derivado de la acción de control y seguimiento ejercida por esta Contraloría General de la República
durante el año 2004, se observó que no fueron acatadas por parte de SERVIFERTIL, S.A., y la Unidad
de Productos Industriales de PEQUIVEN, S.A. las recomendaciones formuladas en informes definitivos
emitidos durante el año 2003, dirigidas a la adecuación de la organización y el funcionamiento a la
normativa legal vigente.
En relación con la evaluación efectuada a las acciones correctivas emprendidas por la CVG, en cuanto
a los planes y metas en materia de minería y los planes de contingencia en la atención de los damnificados
dejados por las lluvias ocurridas durante diciembre de 1999, así como por sus empresas tuteladas
–CVG Carbones del Orinoco, C.A. (CVG CARBONORCA) y CVG Bauxilum, C.A.– durante el segundo
semestre del año 2001 al primer trimestre del año 2004, en atención de las recomendaciones
formuladas por este Organismo Contralor en informes definitivos emitidos en el período del 07-12-
2000 al 10-03-2003, relacionados con otorgamiento de créditos con cargo a recursos del Fondo
Regional Guayana (FRG), del proceso de desincorporación, venta y entrega de materiales excedentes,
así como de contratos de concesiones para la exploración, desarrollo y explotación de oro, entre
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
otros, se determinó que fueron adoptadas parcialmente las recomendaciones, no obstante su carácter
vinculante, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la LOCGRSNCF; al respecto vale
decir que no fueron atendidas recomendaciones inherentes a mejorar y perfeccionar el sistema de
control interno de los citados organismos, cuya responsabilidad corresponde a la máxima autoridad
de los mismos, toda vez que no se han elaborado, actualizado y/o aprobado manuales de normas y
procedimientos relacionados con el otorgamiento y recuperación de créditos, adquisición de bienes,
materiales y/o contratación de obras y servicios, desincorporación y venta de activos fijos y materiales,
observándose que parte de esos instrumentos fueron aprobados por el Presidente de las citadas
entidades y no por la Junta Directiva y/o Directorio, cuerpos directivos que representan las máximas
autoridades de las entidades de referencia; además, se evidenció que no se crearon ni implantaron
controles presupuestarios y financieros en el contexto de la normativa vigente.
Por otra parte, en el seguimiento a las acciones correctivas acometidas por el INH, se observó que la
Junta Liquidadora no ha dado cumplimiento al Decreto Ley N° 422 dirigido a la supresión y liquidación
del INH y a la regulación de las actividades hípicas, por cuanto no cuenta con los recursos
financieros necesarios para llevar a cabo los procesos de referencia, aunado al hecho de que no han
procedido a vender los activos no hípicos de su propiedad, ya que fueron otorgados en concesión y
en comodato, lo que ha limitado el retiro y liquidación del personal, así como el pago de deudas con
terceros.
LA CASA, S.A. por su parte emprendió parcialmente las acciones correctivas relacionadas con la
recuperación de la capacidad operativa de los frigoríficos.
Finalmente, en el seguimiento efectuado en QUIMBIOTEC, C.A., vale mencionar que persiste la inobservancia
de los lapsos establecidos para la entrega de los informes que deben emitir el comisario y los
auditores externos, además de que no se ha constituido una unidad de auditoría interna, de conformidad
con lo establecido en la normativa legal vigente ni, en su defecto, solicitado ante la Contraloría
General la evaluación correspondiente para que las labores de control las ejerza el órgano de tutela.
Fallas y deficiencias
De la evaluación realizada a los entes u organismos auditados, se detectaron fallas y deficiencias en el
sistema de control interno relacionadas con los procesos administrativos, contables, planes y objetivos
de los referidos entes, las cuales se señalan a continuación:
• Inefectividad de los planes y programas dirigidos a la reducción de los costos.
• Inobservancia de la normativa legal y sublegal inherente a la organización y funcionamiento
de los entes.
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Sector Industria, Producción y Comercio
• Ausencia de manuales de normas y procedimientos actualizados y/o debidamente aprobados
por las instancias correspondientes, lo cual dificulta el establecimiento de responsabilidades.
• Otorgamiento de créditos sin contar con convenios de pago.
• El proceso presupuestario no está enmarcado en los lineamientos previstos en la LOAFSP, ni en
su Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario.
• Las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas realizadas no
están respaldadas con la documentación necesaria que las justifique.
• Inadecuado manejo y archivo de la documentación contable, financiera y operacional.
• Los órganos de control interno no se han reestructurado en unidades de auditoría interna, tal
como lo prevé el artículo 190 de la LOAFSP.
• Las máximas autoridades de los organismos no han convocado a concurso público para la
selección del titular de la unidad de auditoría interna.
• Inexistencia de planes operativos anuales por parte de los órganos de control interno.
• Los órganos de control interno no cuentan con el personal necesario para ejercer las funciones
de vigilancia y fiscalización que le son propias.
Recomendaciones
En razón de las deficiencias anteriormente señaladas, se estimó conveniente recomendar la adopción
de las siguientes medidas correctivas:
• Elaborar planes y programas que se traduzcan en una eficiente reducción de costos y gastos.
• Evaluar el sistema de control interno, con la finalidad de adecuarlos a la normativa legal vigente
y a los procesos administrativos, financieros y operacionales ejecutados por los entes.
• Agilizar el cobro de las facturas pendientes de pago, así como los respectivos intereses de mora.
• Elaborar, actualizar y someter a la aprobación de las máximas autoridades, los manuales de
normas y procedimientos, los cuales permitirán orientar las actividades y determinar las responsabilidades
de quienes las ejecutan.
• Ejercer las acciones pertinentes a los efectos de que las operaciones presupuestarias cumplan
con los requisitos y condiciones previstas en la LOAFSP y su Reglamento N° 1 sobre el Sistema
Presupuestario.
• Establecer mecanismos de control interno adecuados que permitan que todas las transacciones
y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas estén respaldadas con la suficiente
documentación probatoria.
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Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
• Diseñar e implantar adecuados mecanismos para el manejo, archivo y resguardo de la documentación
contable, financiera y operacional.
• Adelantar la reestructuración de los órganos de control interno en unidades de auditoría interna,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 190 de la LOAFSP y a los fines de que su estructura
y funcionamiento se ajusten a las disposiciones vigentes en materia de control fiscal.
• Convocar a concurso público para la selección y designación del titular de la unidad de auditoría
interna.
• Planificar las actividades de control que competen a los órganos de control interno, a través de la
elaboración de planes operativos anuales que reflejen las metas a cumplir y los recursos humanos,
financieros y materiales necesarios para su ejecución.
• Dotar a los órganos de control interno del personal necesario para cumplir con las actividades de
control que deben ejercer conforme con la normativa vigente al respecto.
• Agilizar los cierres contables y presentar ante las asambleas de accionistas los estados financieros
y los informes anuales.
• Actualizar y ordenar los archivos de los documentos y expedientes de las transacciones efectuadas.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
Con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF, se inició el ejercicio de la potestad investigativa
en 5 casos por considerar la existencia de méritos suficientes para ello, 3 de los cuales están en
proceso y en 2 se culminó.
En atención a la obligación de los órganos de control fiscal de participar a este máximo Órgano de
Control el inicio de las investigaciones que ordenen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
de la LOCGRSNCF, durante el año 2004 recibimos la participación de 3 casos donde se consideró
la existencia de méritos suficientes para el ejercicio de la potestad investigativa.
ACCIONES FISCALES
Durante el ejercicio fiscal 2004, se dio inicio a 1 procedimiento administrativo para la determinación
de responsabilidades de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV de la LOCGRSNCF, el cual
se encuentra en etapa de elaboración de la resolución del recurso de reconsideración. Asimismo, con
ocasión a las 3 averiguaciones administrativas correspondientes a años anteriores, 1 se encuentra en
etapa de decisión y 2 decididas. El total de cargos formulados a funcionarios por estar presuntamente
incursos en alguna de las causales establecidas en la ley como supuesto de procedencia para una
declaratoria de responsabilidad administrativa fue de 3, de los cuales 1 está en etapa de notificación
102

Administración Nacional Descentralizada
Sector Industria, Producción y Comercio
de la decisión de primer grado y los 2 restantes se encuentran pendientes por la decisión que resuelve
el recurso administrativo interpuesto.
Respecto de las declaratorias de responsabilidad dictadas en el año, se impusieron 3 sanciones pecuniarias
por un monto de Bs. 3,72 millones.
Durante el ejercicio fiscal 2004, fue sancionado accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad
administrativa por el ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la
LOCGRSNCF, un funcionario con la medida disciplinaria de inhabilitación para el ejercicio de funciones
públicas. Asimismo, en cuanto al estatus procesal de la misma, corresponde señalar que está en
etapa de notificación de la decisión de primer grado.
Finalmente, fue enviado 1 expediente al Ministerio Público, a los fines del ejercicio de las acciones
civiles o penales que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en concordancia con lo establecido en
el artículo 83 de la LOCGRSNCF y el artículo 285 numeral 5 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
SECTOR SERVICIOS
Este sector agrupa 107 entes pertenecientes a la Administración Pública Nacional Descentralizada,
que de acuerdo a su naturaleza jurídica se distribuyen conforme se observa en el cuadro N° 6 . De
esos organismos, 8 se encuentran inactivos, 1 en proceso de privatización, 8 en proceso de liquidación
y 90 activos u operativos. Durante el ejercicio fiscal 2004 se aprobaron presupuestos de Ingresos
y Gastos por Bs. 12,37 billones a 66 de los 90 entes activos, los cuales fueron publicados en
Gaceta Oficial.
CUADRO N° 6
UNIVERSO DE ENTIDADES
SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA
AÑO 2004
NATURALEZA CANTIDAD
Institutos autónomos 16
Empresas del Estado 62
Soc. part. Estado > 0 = 50% 8
Emp. part. minor. ent. públicas descentralizadas 6
Fundaciones estatales 14
Asociaciones civiles estatales 1
Total 107
103

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
En el cuadro N° 7 se detalla el universo de organismos distribuidos según su actividad económica.
Las actuaciones en este sector se enfocaron hacia 3 áreas operativas: Vivienda, Edificaciones y Otros
Servicios; Electricidad, Transporte y Comunicaciones; y Ambiente y Recursos Naturales. Para el Plan
Operativo Anual 2004 (POA 2004) fueron seleccionadas específicamente las subáreas Vivienda,
Edificaciones, Transporte, y Ambiente y Recursos Naturales, en virtud de que fueron consideradas
como estratégicas en las directrices del Plan Operativo Anual Nacional 2003 (POAN 2003). En
efecto, la reestructuración y optimización del grado de eficiencia de los entes, así como la rehabilitación
de la infraestructura física y social en todo el país, constituyen prioridades del Gobierno Nacional
contempladas en el POAN 2003, lo que aunado a la cuantía de los recursos asignados, la estructura
de los entes y el impacto social de su gestión, junto con las denuncias recibidas, justifican la selección
de las subáreas escogida.
GESTIÓN DE CONTROL
La gestión de control posterior desplegada durante el ejercicio fiscal 2004, se orientó a evaluar la
organización y funcionamiento de los órganos de control interno, conforme las nuevas atribuciones de
control asignadas en la normativa vigente, específicamente el proceso de reestructuración en unidad
de auditoría interna, a los fines de determinar su contribución al mejoramiento y sana administración de
los organismos; así como evaluar el proceso de recaudación de ingresos, la legalidad y ejecución de
convenios y/o contratos de construcción de viviendas, transporte ferroviario y obras y servicios vinculados
con programas de coordinación, administración y desarrollo de áreas de recreación y monumentos
naturales, además de actividades de recuperación de sistemas de recolección de aguas servi-
104
CUADRO N° 7
UNIVERSO DE ENTIDADES
SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑO 2004
ACTIVIDAD CANTIDAD
Agrícola y pecuario 3
Industrial 2
Minera 1
Comercio 1
Servicios, electricidad, agua, gas, aseo urbano, telecomunicaciones 32
Construcción y urbanismo 24
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19
Financiera, fondo de inversiones, bancos, seguros, tráfico mercantil
de bienes inmuebles
4
Investigaciones sociales, humanísticas, científicas y desarrollo y
tecnología
6
Servicios portuarios y aeroportuarios 5
Servicios educativos, de salud, comunales, recreativos, sociales,
personales, de informática, control y supervisión
10
Total 107

Administración Nacional Descentralizada
Sector Servicios
das. Igualmente, en cada evaluación se verificó el establecimiento de controles internos para garantizar
tanto la adecuada administración, como la salvaguarda de los fondos y bienes públicos, así como el
acatamiento de las disposiciones legales y sublegales aplicables. El alcance de las actuaciones realizadas
comprendió el período que va desde 01-01-2000 hasta el 30-06-2003.
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
Fueron recibidas 4.235 declaraciones juradas de patrimonio y se enviaron 184 oficios de requerimiento,
con el fin de solicitar información no suministrada originalmente en la declaración, de conformidad
con lo establecido en el artículo 78 de la LOCGRSNCF, en concordancia con lo previsto en la
Resolución N° 01-00-149 de fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004).
Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Salvaguarda
del Patrimonio Público (LOSPP), vigente para la fecha de sustanciación, se concluyó 2 procedimientos
de verificación de la sinceridad de las declaraciones, las cuales no se admitieron por no ajustarse
a los extremos legales y los expedientes se remitieron al Ministerio Público por existir indicios de
responsabilidad civil y/o penal.
Actuaciones selectivas
De las intervenciones fiscales previstas en el Plan Operativo 2004, se concluyeron 6 auditorías
operativas.
Actuaciones no programadas
Se atendieron 18 denuncias, de las cuales 10 se encuentran en trámite, 1 se remitió al órgano de
control interno y 7 fueron concluidas. Adicionalmente, se realizó seguimiento a 47 denuncias que
fueron enviadas a los órganos de control interno en años anteriores y se concluyó 1 auditoría operativa.
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Se realizaron 4 actuaciones relacionadas con la implantación del Sistema Nacional de Control Fiscal,
en consonancia con las estrategias previstas por este máximo Órgano de Control.
Otras actividades
Se archivaron 3 actuaciones de control por no derivarse elementos para el ejercicio de acciones
fiscales.
Por otra parte, se solicitó información a 19 entes, a los fines de actualizar su información básica de los
cuales ya 16 respondieron.
105

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
Fueron atendidas 39 consultas formuladas por distintos funcionarios de la administración nacional
descentralizada, de las cuales 20 fueron evacuadas; se prestaron 48 asesorías, siendo concluidas 15,
relacionadas con la materia de control fiscal y la administración del patrimonio público.
En ocasión a la aplicación de la LOCGRNCF, fueron evacuadas un total de 14 consultas en materia
de averiguaciones administrativas, a diferentes unidades de auditoría interna.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
En las subáreas de Vivienda y Edificaciones, los órganos de control fiscal del Fondo Nacional para
Edificaciones Penitenciarias (FONEP) y la Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS)
no cuentan con manuales de organización y de normas y procedimientos debidamente aprobados por
las máximas autoridades y los titulares de esas dependencias no han sido seleccionados por concurso
público, de conformidad con las bases establecidas en el Reglamento sobre los Concursos para la
Designación de los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público
Nacional y sus Entes Descentralizados. Igualmente, se observó que el órgano de control interno del
FONEP no se ha reestructurado en unidad de auditoría interna, a pesar del lapso previsto en el artículo
190 de la LOAFSP (antes del 31-12-2002); asimismo, no está adscrito a la máxima autoridad jerárquica
del organismo, no elaboró el plan operativo correspondiente al año 2003 y, además, realizó
actividades de control previo, en detrimento del ejercicio del control posterior. Por otra parte, en
FUNDABARRIOS se evidenció que la unidad de auditoría interna no realiza el seguimiento a las recomendaciones
formuladas en sus informes relativas a la ejecución de obras, debido a que no cuenta con el
personal necesario y el funcionario encargado de realizar actividades relacionadas con los procedimientos
administrativos para la determinación de responsabilidades, no posee título que acredite su
formación profesional, situaciones que van en detrimento de los resultados de la gestión de las citadas
dependencias.
Igualmente, en el área antes citada destaca la evaluación efectuada durante el año 2002, a la captación
de ingresos realizada por el Centro Simón Bolívar, C.A. (CSB, C.A.) y sus empresas filiales - Empresa
Inmobiliaria Parque Central, C.A. (EIPC, C.A.) y Administradora del Patrimonio Inmobiliario de
Entidades Públicas del Área Metropolitana de Caracas, C.A. (APIEPAM, C.A.) en donde se determinó
que la información administrativa, financiera y operativa relacionada con el proceso de recaudación
de ingresos, emitida por las empresas filiales no es confiable, veraz, suficiente y oportuna para la toma
de decisiones, debido a debilidades en su sistema de control interno, por cuanto se observaron errores
en los registros, ausencia de estados de cuenta y de soportes de las gestiones de cobranza.
Asimismo, el CSB, C.A., no contrató obras con los recursos financieros que le fueron asignados para
106

Administración Nacional Descentralizada
Sector Servicios
continuar la construcción de las sedes de la Galería de Arte Nacional, Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas y Palacio de Justicia, las cuales se encuentran paralizadas y en
deterioro progresivo.
Por otra parte, en lo que se refiere a la evaluación efectuada en la Fundación para el Desarrollo de la
Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), atinente a la legalidad del convenio interinstitucional
suscrito con el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) y, el Servicio Autónomo de Fondos Integrados
de Vivienda (SAFIV) para la ejecución de 11 proyectos del Programa V: “Nuevas Urbanizaciones y
Viviendas de Desarrollo Progresivo”, se determinó que el mismo se suscribió al margen del ámbito de
competencias que legalmente le fueron asignadas a FUNDACOMUN en los instrumentos normativos correspondientes,
en virtud de que a la fundación le compete el desarrollo social de las comunidades y no
la construcción de viviendas; además, su Presidente suscribió el convenio sin estar legalmente autorizado
por la Junta Directiva. Es de observar que dicho convenio no se ejecutó, ya que el Ministro de
Infraestructura ordenó la rescisión del mismo al evidenciar la desviación de competencias.
En la subárea de Transporte, vale resaltar la evaluación de la ejecución de los contratos suscritos por
el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE), para la construcción de la Primera Etapa
del Ferrocarril de la Región Central, enlace Caracas-Tuy Medio, de cuyos resultados se desprenden
debilidades en los mecanismos de control interno aplicados por la Gerencia de Construcción y la
Coordinación General del Proyecto Caracas-Tuy Medio en las fases de planificación, ejecución,
control e inspección de los trabajos relacionados con la construcción del sistema de transporte ferroviario,
toda vez que se precisó la ejecución de obras civiles sin que previamente existiera un proyecto
de ingeniería definitivo, un contrato complementario, ni de los respectivos presupuestos de obras.
Igualmente, se observó la utilización de materiales con especificaciones inferiores a las requeridas, lo
cual originó el colapso de apoyos provisionales de vigas metálicas que conforman la plataforma y la
falla del sistema de apoyo en el estribo norte e inclinación y rotación en la columna de apoyo.
En la evaluación del órgano de control fiscal del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares
(INEA), se determinó que no ha sido reestructurado en unidad de auditoría interna; en consecuencia,
su estructura organizativa y funcionamiento no se adecúan a las disposiciones legales y sublegales
que rigen la materia de control fiscal; el titular de esa dependencia no ha sido seleccionado por concurso
público; el manual de normas y procedimientos y el Plan Operativo no están debidamente
aprobados. Asimismo, los hallazgos en los informes de auditoría no indican las causas y efectos de las
desviaciones detectadas, y no existe relación entre los hechos observados y las recomendaciones
formuladas; además, los documentos soportes no están debidamente referenciados, todo lo cual afecta
los resultados de control y por ende, el apoyo a la gestión administrativa del instituto.
107

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Respecto al área de Ambiente y Recursos Naturales, es importante destacar las situaciones detectadas
en la evaluación del origen y distribución de los recursos económicos percibidos por el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES), así como la verificación de la legalidad y ejecución de obras y
servicios vinculados con los Programas: “Coordinación y Administración de áreas Recreación” y
“Desarrollo de Infraestructura en Parques de Recreación, Parques Nacionales y Monumentos Naturales”
durante los años 2001 y 2002, donde se observó que ese instituto no recibió el total de ingresos
previstos; además, utilizó Bs. 800,00 millones para cubrir gastos de funcionamiento, aun cuando los
mismos correspondían al Plan Extraordinario de Inversiones, destinado a la atención de planes de
mantenimiento mayor en diferentes parques de recreación y parques nacionales, lo cual afectó la
gestión del ente y por tanto la preservación y mantenimiento de áreas sujetas a su protección, así como
la ejecución de inversiones necesarias para el desarrollo de la infraestructura de los parques y monumentos
naturales. Por otra parte, el instituto adjudicó contratos directamente en lapsos continuos,
cuya sumatoria supera los montos previstos en la Ley de Licitaciones, lo cual evidencia debilidades en
materia de planificación, ya que no se programan los requerimientos anuales de dichos servicios, a los
fines de efectuar procedimientos licitatorios que garanticen la selección de empresas que ofrezcan las
condiciones más ventajosas.
En lo que se refiere a la evaluación de las actividades realizadas por la Gerencia del Sistema Litoral
Central de la C.A. Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL) dirigidas a recuperar los sistemas
de recolección de aguas servidas en el sector oriental del estado Vargas producto de las lluvias del año
1999, se determinó que la inclusión de compromisos por Bs. 1.307,71 millones, correspondientes a
potabilización de agua con cargo a los recursos del Plan de Sobremarcha previstos para la rehabilitación
del Sistema de Recolección de Aguas Servidas, afectó negativamente la capacidad de contratación
del ente y por ende, la ejecución de trabajos de tratamiento de las aguas. Sin embargo, a través
de las obras ejecutadas por HIDROCAPITAL, se logró una importante rehabilitación en tratamiento de
aguas residuales; no obstante, persisten descargas ilícitas hacia los drenajes y cauces naturales e
inadecuados empotramientos de aguas pluviales, debido al crecimiento desordenado de la población,
situación que incide negativamente en el saneamiento ambiental. Así mismo, la paralización de contratos
por falta de suministro de material necesario para la ejecución de trabajos por parte de
HIDROCAPITAL, incidió en el costo de la obra, incide en el cumplimiento de los cronogramas de trabajo,
culminación y puesta en marcha de la obra y, por ende, en el tratamiento y disposición de las aguas.
De igual manera, se evaluó la estructura organizativa y funcionamiento de la C.A. Hidrológica Venezolana
(HIDROVEN), correspondiente al año 2003 y primer trimestre 2004, y se determinó que los instrumentos
utilizados por la empresa se encuentran aprobados por la Presidencia y no por la máxima
108

Administración Nacional Descentralizada
Sector Servicios
autoridad jerárquica de la empresa; adicionalmente, se evidenciaron diferencias entre el monto del
presupuesto modificado, reflejado en la ejecución presupuestaria del año 2003, y el monto finalmente
aprobado a través de las distintas modificaciones que fue objeto el presupuesto original.
En lo que se refiere a la verificación de los procesos correctivos emprendidos por la Comisión
Liquidadora del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (CLINOS) desde el año 2000 hasta el 31-12-
2003, orientado a constatar si la comisión determinó el patrimonio real del extinto Instituto Nacional
de Obras Sanitarias (INOS), se observó la persistencia de las debilidades señaladas en el informe
definitivo de esta Contraloría General correspondiente al ejercicio 2000, toda vez que muchos de los
activos del extinto INOS mantienen problemas, tanto para la venta como para la transferencia a la
República, tales como invasiones u ocupaciones, falta de autenticación, desconocimiento de la totalidad
del universo de bienes, estado actual y valoración, entre otros; asimismo, aún continúan las demandas
por concepto de pasivos laborales y no laborales, las cuales se encuentran en proceso en las
instancias correspondientes.
En lo atinente a la evaluación del órgano de control fiscal del Instituto Geográfico de Venezuela Simón
Bolívar (IGVSB), es importante precisar que esa dependencia no se ha reestructurado en unidad de
auditoría interna. Asimismo, los informes de auditoría no se han elaborado en atención a las Normas
Generales de Auditoría de Estado, en virtud de que los hallazgos no refieren sus elementos, lo cual
tiene su origen en la ausencia de un manual de normas y procedimientos formalmente aprobado por las
máximas autoridades y a la falta de adiestramiento del personal, entre otros; situación que incide
negativamente en la gestión de la unidad y, por consiguiente, limita el apoyo en lo que respecta a la
gestión administrativa del instituto.
Fallas y deficiencias
En términos generales, los entes agrupados en el sector presentan las debilidades que se indican a
continuación:
• No se ha efectuado la transformación del órgano de control interno en unidad de auditoría interna,
de conformidad con lo previsto en el artículo 190 de la LOAFSP.
• Los titulares de los órganos de control fiscal de los organismos o entidades bajo control del sector,
no han sido seleccionados a través de concursos públicos.
• El manual de organización de los entes, así como el manual de normas y procedimientos de
auditoría interna y el plan operativo del órgano de control interno, no han sido aprobados por
parte de los niveles competentes, lo que resta formalidad a las competencias de las dependencias
109

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
110
del organismo y a las funciones y responsabilidades asignadas al personal que labora en el órgano
de control fiscal.
• La información administrativa, financiera y operativa, relacionada con el proceso de recaudación
de ingresos, no es confiable, veraz, suficiente y oportuna para la toma de decisiones, debido a
debilidades en el sistema de control interno inherentes a los registros y soportes documentales,
entre otros.
• Atraso en los trámites administrativos relacionados con el suministro de recursos financieros y
materiales, lo que condujo a la paralización de obras de construcción.
• Ejecución de obras civiles sin contar con un proyecto de ingeniería de obra, presupuestos, ni
contratos complementarios. Asimismo, utilización de materiales de construcción con especificaciones
inferiores a las requeridas, en detrimento de la calidad de la obra.
Recomendaciones
Con el propósito de coadyuvar en el logro de una gestión más eficiente por parte de los organismos
agrupados en este sector, formularon entre otras, las siguientes recomendaciones:
• Tramitar las acciones necesarias para la reestructuración del órgano de control interno en unidad
de auditoría interna, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en las disposiciones legales
vigentes en la materia; a tales efectos, esa dependencia estará adscrita al máximo nivel jerárquico,
con el propósito de asegurarle el mayor grado de independencia dentro de la organización.
• Adelantar las gestiones pertinentes, para la convocatoria al concurso público para la designación
del titular de la unidad de auditoría interna de los organismos.
• Elaborar y/o revisar los manuales de organización y de normas y procedimientos, así como someterlos
a la aprobación del máximo nivel jerárquico, a los fines de definir los niveles jerárquicos y
guiar al personal que labora en el órgano de control fiscal.
• Depurar los registros de recaudación de ingresos y soportar los mismos con la documentación
probatoria y suficiente, con el propósito de que la información generada de los mismos sea
confiable, veraz y suficiente para la toma de decisiones acertadas que coadyuven a la buena
marcha del ente.
• Planificar adecuadamente la ejecución de obras de construcción, con la finalidad de contar oportunamente
con los recursos financieros y materiales necesarios que permitan cumplir con los cronogramas
de ejecución previamente establecidos.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Servicios
• Implantar los controles pertinentes, a los efectos de vigilar que las obras civiles cuenten con su
respectivo proyecto de ingeniería, presupuestos y cualesquiera otros documentos necesarios, así
como de inspeccionar de manera permanente las obras de construcción, con el objeto de asegurar
la calidad de las mismas.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
Con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF, se inició el ejercicio de la potestad investigativa
en un caso.
Acciones fiscales
Durante el ejercicio fiscal 2004, se abrieron 11 averiguaciones administrativas, correspondientes a
años anteriores, de las cuales 3 se encuentran en etapa de sustanciación, 6 en etapa de decisión y 2
decididas, bajo la forma de sobreseimiento de la causa, por encontrarse dado el supuesto de procedencia
previsto en el literal c del artículo 56 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República.
En relación con 1 declaratoria de responsabilidad administrativa dictada en años anteriores, la misma
se encuentra firme en sede administrativa.
Fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad administrativa por el ciudadano
Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la LOCGRSNCF, un total
de 13 funcionarios con las siguientes medidas disciplinarias: 1 suspensión del ejercicio del cargo sin
goce de sueldo y 12 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas, de estas últimas en 1 fue
procedente la destitución del cargo. Asimismo, en cuanto al estatus procesal de las mismas, corresponde
señalar que 12 quedaron firmes en sede administrativa, de las cuales 2 están pendientes por
notificar el recurso de reconsideración confirmatorio, y 1 está en etapa de notificación de la decisión
de primer grado.
Por otra parte, en atención a la obligación de los órganos de control fiscal de participar a este máximo
Órgano Contralor el inicio de procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LOCGRSNCF, durante el año 2004
recibimos la participación de 2 casos donde se inició el procedimiento administrativo para la determinación
de responsabilidades.
111

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
SECTOR DEL DESARROLLO SOCIAL
Este sector agrupa a 167 entes u organismos públicos, que según su naturaleza jurídica se distribuyen
conforme lo indicado en el cuadro N° 8 , de los cuales 11 se encuentran activos en etapa preoperacional,
12 en reorganización administrativa, 18 en proceso de liquidación y 126 activos u operativos; de
estos entes, a 97 le fueron aprobados y publicados en Gaceta Oficial para el ejercicio fiscal 2004,
presupuestos de Ingresos y Gastos por un monto de Bs. 11,94 billones.
En el cuadro N° 9 se indica el universo de entidades distribuidas según su actividad económica.
La función de control estuvo dirigida a 3 áreas: Educación; Salud, Desarrollo y Seguridad Social; y
Cultura, Deporte y Recreación, las cuales fueron seleccionadas en el Plan Operativo Anual 2004
(POA 2004). En el área de Educación, se consideró la alta proporción de recursos presupuestarios
asignados a las universidades y las denuncias referidas a los procesos administrativos realizados por
las mismas. Por otra parte, en el área Salud, Desarrollo y Seguridad Social, se consideró a los fines de
112
CUADRO N° 8
UNIVERSO DE ENTIDADES
SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA
AÑO 2004
NATURALEZA CANTIDAD
Institutos autónomos 27
Establecimientos públicos corporativos 23
Empresas del Estado 3
Fundaciones statales 95
Asociaciones civiles estatales 15
Emp. part. minor. entidades públicas descentralizadas 1
Personalidad jurídica de carácter público 2
SASPJ creado por ent. pub. descentralizadas 1
Total 167
CUADRO N° 9
UNIVERSO DE ENTIDADES
SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑO 2004
ACTIVIDAD CANTIDAD
Servicios educativos, de salud, comunales, recreativos,
85
sociales, personales, de informática, control y supervisión
Seguridad y desarrollo social 29
Cultura 47
Agrícola y pecuario 2
Financiera, fondo de inversiones, bancos, seguros, tráfico
3
mercantil de bienes inmuebles
Industrial 1
Total 167

Administración Nacional Descentralizada
Sector del Desarrollo Social
su selección, antes de la existencia de controles administrativos en la ejecución presupuestaria y financiera,
no obstante la alta asignación de recursos para ese sector. Igualmente, en el área Cultura,
Deporte y Recreación, se tomaron en cuenta los diagnósticos efectuados, los cuales arrojaron deficiencias
de control interno en el manejo de recursos, a pesar de la alta proporción de los montos
administrados, así como las denuncias recibidas.
GESTIÓN DE CONTROL
La gestión de control durante el ejercicio fiscal 2004, tuvo como objetivos fundamentales evaluar la
legalidad, sinceridad y razonabilidad de las operaciones y transacciones financieras, presupuestarias y
administrativas realizadas, así como de los ingresos propios generados por actividades realizadas por
entidades sujetas al control del sector y la ejecución de esos recursos financieros recibidos; las rendiciones
de cuenta de los aportes otorgados por organismos públicos a entidades privadas; la organización
y funcionamiento de los entes y órganos de control interno, y los mecanismos de control interno
en el manejo y custodia de obras de arte; además del cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia de declaraciones juradas de patrimonio por parte de los responsables del área de
Recursos Humanos.
Adicionalmente, las actuaciones estuvieron orientadas hacia la verificación de los procesos administrativos
inherentes a las asignaciones presupuestarias, la distribución y ejecución del presupuesto y a la
evaluación de los mecanismos de control interno. En ese sentido, el alcance comprendió la gestión
desarrollada por los entes durante los períodos 1998-1999 y del 01-01-2001 al 31-03-2004.
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
Se recibieron 7.615 declaraciones juradas de patrimonio y se enviaron 315 oficios requiriendo información
no suministrada originalmente en la declaración, de conformidad con lo establecido en el
artículo 78 de la LOCGRSNCF, en concordancia con lo previsto en la Resolución N° 01-00-149 de
fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004).
Actuaciones selectivas
En relación con el Plan Operativo 2004, se concluyeron un total de 13 actuaciones, discriminadas en
9 auditorías operativas y 4 actuaciones fiscales.
Actuaciones no programadas
Se concluyeron 8 actuaciones no programadas, que corresponden a auditorías operativas. Por otra parte,
se atendieron 45 denuncias. Igualmente, se iniciaron 52 valoraciones jurídicas y se concluyeron 26.
113

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Se practicaron 8 actuaciones en los órganos de control fiscal de igual número de organismos relacionadas
con la implantación del Sistema Nacional de Control Fiscal, en consonancia con las estrategias
previstas por la Contraloría General de la República.
Otras actuaciones
Se recibieron y revisaron 15 planes operativos, formulados por los órganos de control interno (OCI)
equivalentes a 8,98% del total de 167 entes agrupados en este sector. De la evaluación de los mismos,
se observó la realización de actividades no programadas, en detrimento del cumplimiento de aquellas
previstas en el plan, sin indicar las causas que motivaron esa situación. Asimismo, se recibieron y
analizaron 31 informes de gestión de actividades realizadas o ejecuciones de los referidos planes
operativos, de los cuales 27 corresponden al año 2004 y 4 al año 2003, representativos de 18,56%
del total, de cuya revisión se observaron como aspectos relevantes que 2 informes de gestión de 2
OCI, reflejaron la realización de actividades de control previo, aun cuando las referidas dependencias
debieron transferir ese tipo de actividad a la administración activa; en 16 informes se omitieron los
resultados de las auditorías y demás actuaciones efectuadas, así como las recomendaciones formuladas,
con indicación de la fecha en que se procedió sobre el particular, además de las acciones correctivas
emprendidas por las autoridades correspondientes, con señalamiento de la fecha en que éstas
fueron adoptadas.
Por otra parte, se actualizó la información básica de 56 entes y se incorporó por primera vez dicha
información de 5 entes.
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
En ocasión a la aplicación de la LOCGRNCF, se evacuaron 6 consultas y 34 asesorías, en materia de
averiguaciones administrativas, a diferentes unidades de auditoría interna.
Adicionalmente, se atendieron 3 consultas relacionadas con la convocatoria a concurso para la designación,
remoción y/o destitución del titular de la unidad de auditoría interna; y la interpretación de las
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
acerca del cierre anual de las cuentas de los presupuestos de ingresos y gastos de entes descentralizados
funcionalmente sin fines empresariales.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
Los resultados obtenidos en las auditorías practicadas en el área Educación, relacionadas con el
origen y aplicación de los recursos de las universidades, con énfasis en los obtenidos por concepto de
114

Administración Nacional Descentralizada
Sector del Desarrollo Social
ingresos propios durante los años 2001 y 2003, permiten resaltar que la Universidad Central de
Venezuela (UCV), Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”
(UCLA) asignaron mayor proporción de recursos presupuestarios a programas y partidas relacionadas
con las obligaciones asumidas con el personal pasivo y no con los procesos medulares de esas
casas de estudio, inherentes a la enseñanza, investigación y extensión. Asimismo, se observaron debilidades
de control interno, en virtud de que los manuales de normas y procedimientos que regulan los
ingresos propios y su utilización, no están aprobados por las máximas autoridades de la LUZ y de la
UCLA; además, las operaciones de ingresos propios y de gastos efectuados con los recursos obtenidos
por actividades propias, fueron registradas en ejercicios contables en los cuales esas operaciones
no fueron realizadas; asimismo, se evidenciaron operaciones que no fueron registradas contablemente,
toda vez que las dependencias de la UCV y LUZ que generan y utilizan los recursos, no rinden cuenta
oportunamente.
Adicionalmente, en cuanto a las auditorías realizadas en las universidades, dirigidas a la evaluación de
su organización y funcionamiento, cabe destacar que la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad
Simón Bolívar (USB) y la Universidad Nacional Abierta (UNA) no cuentan con una estructura
organizativa debidamente aprobada por las máximas autoridades. Igualmente, los manuales de normas
y procedimientos que regulan determinadas áreas operativas y de apoyo de la UNA y la Universidad
Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO) no han sido aprobados
por los consejos universitarios, y la UC, UNA y UNEXPO no presentaron a la Oficina de Planificación
del Sector Universitario (OPSU) y a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) los resultados de
la gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2003 y primer trimestre de 2004. Por otra
parte, de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas a los órganos de control fiscal de la
UNEXPO y la UC, es importante referir que no disponen de manuales de normas y procedimientos
aprobados por las máximas autoridades que reflejen de manera sistemática, las instrucciones, políticas,
normas, actividades y tareas de las cuales son responsables los funcionarios adscritos a esas
dependencias, ni cuentan con asignaciones presupuestarias independientes que le permitan ejercer
eficientemente las atribuciones que les son propias. Asimismo, el Consejo Universitario de la UC no
ha convocado al concurso público para la designación del titular de la unidad de auditoría interna y la
UNEXPO no ha reestructurado la citada dependencia conforme las nuevas atribuciones que el legislador
le ha atribuido a esas unidades de control, situaciones que limitan el efectivo desempeño de sus
funciones.
Respecto al área de Salud, Desarrollo y Seguridad Social, en las actuaciones relacionadas con la
evaluación de la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del
115

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Adolescente (CNDNA), el Instituto Nacional de Nutrición (INN), el Instituto Nacional de Geriatría y
Gerentología (INAGER), el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) y el Instituto Autónomo para la
Defensa y Educación al Consumidor y del Usuario (INDECU) se observó que los manuales de normas
y procedimientos que regulan áreas operativas y de apoyo específicas no han sido aprobados por las
máximas autoridades; igualmente, los manuales del proceso de modificaciones presupuestarias, no
fueron aprobados por la ONAPRE. Adicionalmente, se evidenció que el INN, INAGER e INDECU no
solicitaron autorización a la ONAPRE para efectuar traspasos de créditos presupuestarios que afectaron
a las partidas génericas y específicas de la partida 4.01 “Gastos de Personal”, no obstante lo
establecido en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público sobre el Sistema Presupuestario.
Asimismo, resaltan los resultados de las evaluaciones a los órganos de control fiscal del INAGER, INN,
INDECU, INAMUJER y CNDNA, toda vez que esas dependencias presentaron debilidades en común,
como la ausenia de manuales de normas y procedimientos actualizados y/o aprobados por las autoridades
respectivas; las máximas autoridades no han convocado a concurso público para la designación
del titular de la unidad de auditoría interna; además, esas dependencias no se han reestructurado de
conformidad con los artículos 190 y 187 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, con excepción de los órganos de control fiscal del CNDNA y del INAGER, siendo éste
último reestructurado después del lapso previsto para ello (31-12-2002). Igualmente, se observó que
INAMUJER y el INN ejecutaron actividades de control previo al compromiso y al pago, siendo esas
tareas competencia de la administración activa.
En el área Cultura, Deportes y Recreación, destacan los resultados obtenidos en la evaluación efectuada
a los mecanismos de control interno implementados por la fundaciones Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas “Sofía Imber” (MACCSI) y Galería de Arte Nacional (GAN), donde se observa
que no cuentan con manuales de normas y procedimientos que regulen el manejo y custodia de las
obras de arte, ni con registros adecuados de sus traslados internos o externos en detrimentro del
patrimonio público del Estado; además, las obras de arte cedidas en calidad de comodato, no son
registradas contablemente, en virtud de lo cual los estados financieros de esas fundaciones no reflejan
su situación financiera real.
Igualmente, conviene reseñar que en la evaluación efectuada al uso y destino de los recursos otorgados
por el Instituto Nacional de Deportes (IND) a la Federación Venezolana de Kenpo durante el
período 1998-1999, se determinó que la Federación utilizó recursos por Bs. 10,34 millones en fines
distintos a los inicialmente aprobados por el Directorio y/o Presidencia del IND, en virtud de que
fueron autorizados para la ejecución de eventos deportivos específicos; sin embargo, se utilizaron en
116

Administración Nacional Descentralizada
Sector del Desarrollo Social
otros eventos a los cuales igualmente se le asignaron y aprobaron recursos. Asimismo, las rendiciones
de cuenta presentadas por la federación al instituto, no cumplieron con las disposiciones y procedimientos
contenidos en el Manual de Normas y Procedimientos para Solicitud de Aportes y Rendición
de Cuentas de las Entidades de Deporte Federado, relacionados con la correspondencia que debe
existir entre las partidas de gastos del evento aprobado y del efectivamente realizado; la identificación
de las personas beneficiarias de alojamiento y alimentación, y pagos por conceptos no previstos ni
aprobados.
Fallas y deficiencias
En las actuaciones practicadas, de manera general se detectaron debilidades que han sido comunes y
recurrentes en el trascurrir de los años, las cuales se señalan a continuación:
• No se cuenta con manuales de organización debidamente aprobados por las instancias correspondientes
que contengan la estructura organizativa de los entes, así como las funciones que
deben efectuar cada una de las unidades que las conforman.
• Ausencia de manuales de normas y procedimientos que precisen los procesos y condiciones de
las operaciones y transacciones que deben ser ejecutadas y establezcan los niveles de responsabilidad,
para orientar al personal en las actividades que realicen; o bien exiten, pero no han
sido aprobados por las máximas autoridades de los organismos.
• Atraso y/o no remisión por parte de los entes de la información de la gestión presupuestaria
a la ONAPRE, así como a los organismos de adscripción y a otros relacionados con el área de
Planificación.
• No le fueron asignados la mayor proporción de los recursos presupuestarios, a los programas
medulares de organismos dedicados a la enseñanza, investigación y extensión.
• No fueron requeridas a la ONAPRE las autorizaciones para efectuar traspasos de créditos presupuestarios
relacionados con la partida 4.01 “Gastos de Personal”, a pesar de lo previsto al respecto
en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público, sobre el Sistema Presupuestario.
• Fueron omitidas y/o registradas en períodos distintos a los que corresponden, operaciones relacionadas
con el control de ingresos propios, gastos, la cesión en calidad de comodato de obras de
artes, y la ejecución y disponibilidad del presupuesto.
• Las máximas autoridades no han convocado a concurso público para la designación de los titulares
de las unidades de auditoría interna; además, esas dependencias no se han reestructurado de
117

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
118
conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 187 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público.
• Los órganos de control fiscal realizan actividades de control previo al compromiso y al pago, aun
cuando corresponden a la administración activa.
Recomendaciones
• Aprobar los manuales de organización con el propósito de precisar las atribuciones, funciones y
responsabilidades de las diferentes unidades que conforman a los organismos, así como las relaciones
jerárquicas entre las mismas.
• Elaborar y/o aprobar manuales de normas y procedimientos relacionados con las áreas de ingresos
propios, erogaciones y/o gastos, manejo y custodia de bienes y de presupuesto, entre otras,
así como asegurar la divulgación de los mismos al personal y su correspondiente implantación, a
fin de orientar las actividades que realiza el personal y garantizar un adecuado control interno
sobre dichas actividades.
• Girar las instrucciones necesarias a las dependencias competentes, a los fines de que se remita a la
ONAPRE y a los organismos competentes, la información de la gestión presupuestaria, en las condiciones
y lapsos previstos en las normativas establecidas al respecto.
• Las máximas autoridades deberán realizar los estudios pertinentes y gestionar los mecanismos
necesarios para liberar la carga presupuestaria destinada a honrar las obligaciones con el personal
pasivo, con la finalidad de dirigir una mayor proporción de recursos presupuestarios a la consecución
de la misión y de los objetivos y metas de las universidades.
• Tramitar ante la ONAPRE e instituciones correspondientes, las autorizaciones necesarias para efectuar
traspasos de créditos presupuestarios, conforme las previsiones establecidas al respecto en la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento N° 1 sobre el
Sistema Presupuestario.
• Las dependencias de contabilidad deben registrar las operaciones realizadas en el período en el
cual ocurren, para que la información presentada en los Estados Financieros sea real y confiable,
a fin de permitir la toma de decisiones pertinentes por parte de los usuarios.
• Las máximas autoridades deben adelantar las gestiones necesarias ante la Superintendecia Nacional
de Auditoría (SUNAI) con el objeto de iniciar los procesos de convocatoria a concurso público,
para la selección de los titulares de los órganos de control interno, así como girar las instrucciones
a los efectos de reestructurar las contralorías internas en unidades de auditoría interna, tal como lo
establece la normativa vigente al respecto.

Administración Nacional Descentralizada
Sector del Desarrollo Social
• Los órganos de control fiscal deben enfocar sus actividades hacia el control posterior y transferir
el control previo a la administración activa.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
Con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF, se inició el ejercicio de la potestad investigativa
en 7 casos por considerar la existencia de méritos suficientes para ello, de los cuales se concluyeron 5.
En atención a la obligación de los órganos de control fiscal de participar a este máximo Órgano de
Control el inicio de las investigaciones que ordenen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
de la LOCGRSNCF, durante el año 2004 recibimos la participación de un caso donde se consideró
la existencia de méritos suficientes para el ejercicio de la potestad investigativa.
ACCIONES FISCALES
Durante el ejercicio fiscal 2004, se asumió 1 averiguación administrativa remitida por la unidad de
auditoría interna del Instituto Nacional de Nutrición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
LOCGRSNCF, toda vez que se encuentra involucrado un funcionario de alto nivel, encontrándose
dicho procedimiento en sustanciación. Asimismo, en relación a las 11 averiguaciones administrativas
correspondientes a años anteriores, 4 se encuentran en etapa de sustanciación, 1 en etapa de decisión
y 6 decididas, de estas últimas, 1 fue por sobreseimiento de la causa, encontrándose dado el supuesto
de procedencia previsto en el literal c del artículo 56 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República. El total de cargos formulados a funcionarios por estar presuntamente
incursos en alguna de las causales establecidas en la ley como supuesto de procedencia para una
declaratoria de responsabilidad administrativa fue de 24, los cuales se encuentran en etapa de notificación
de la decisión de primer grado.
Respecto de las declaratorias de responsabilidad dictadas en el año, se impuso 24 sanciones pecuniarias
por un monto de Bs. 26,00 millones.
En relación con 3 declaratorias de responsabilidad administrativa dictadas en años anteriores, 2 se encuentran
en etapa de notificación de la decisión de primer grado y 1 está firme en sede administrativa.
Fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad administrativa por el ciudadano
Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la LOCGRSNCF, un total de 8
funcionarios con las siguientes medidas disciplinarias: 1 suspensión del ejercicio del cargo sin goce de
sueldo y 7 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, en cuanto al estatus
procesal de las mismas, corresponde señalar que todas se encuentran firmes en sede administrativa.
119

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Por otra parte, durante el año 2004 se recibió la participación de 8 casos donde se inició el procedimiento
administrativo para la determinación de responsabilidades, dicha participación a este Órgano
Contralor fue realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LOCGRSNCF.
120

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
La descentralización en Venezuela, de acuerdo con los preceptos constitucionales, debe estar
sustentada en los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad y concurrencia
para lograr un desarrollo armónico de los estados y municipios, los cuales aunados al principio
de corresponsabilidad social, garantizan los fines del Estado al servicio de la sociedad.
Este nuevo modelo de descentralización es diferente al que se adelantó en el país a partir de
1989, el cual apuntó en primer término hacia una debilitación del Estado Nacional y por otra
parte, hacia una transferencia de servicios a las comunidades, sin recursos financieros ni poder
de decisión, lo que conllevó la creación de fundaciones para cobrar la prestación de los servicios
de salud y educación, es decir, a su privatización.
Es necesario reconocer que prevalecen en la administración de los estados y municipios la
ausencia de criterios en la planificación de la inversión de los recursos y la carencia de un
sistema de control interno eficiente, lo cual trae como consecuencia deficiencias como pago de
remuneraciones y emolumentos por montos superiores a los establecidos en las normas que
regulan la materia; prescindencia de los procedimientos previstos para la licitación de bienes y
servicios; pago de obras relacionadas y no ejecutadas o no contratadas; y ordenación de pagos
sin soportes que justifiquen el gasto. También existen desviaciones como designación y remoción
de titulares de órganos de control externo e interno obviando los procedimientos legales
previstos, y estructuras excesivamente burocráticas no acordes con la dinámica de la Administración
Pública aunadas a una baja capacidad gerencial.
Lo antes expuesto refleja que aún no se han erradicado los hábitos organizacionales que afectan
negativamente el ejercicio óptimo de las funciones del Estado; sin embargo, la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela logró avanzar en el proceso de participación ciudadana,
entendiendo que sólo el pueblo organizado con responsabilidad, conciencia e información podrá
hacer que la descentralización sea realmente democrática, y esto se logra en la medida en
que la comunidad organizada tenga más capacidad de decisión en los asuntos de interés de los
estados y municipios, lo cual junto a los principios de honestidad, participación, celeridad,
eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, en los cuales se debe
fundamentar la Administración Pública, lograrán concretar el proyecto de país consagrado en
nuestra Constitución.
Al 31-12-2004 la Administración Pública Estadal y Municipal estaba conformada por 2.656
organismos y entes, tal como se especifica en el siguiente cuadro:
121

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Por requerimiento de este Organismo Contralor, los 23 estados y 291 de las 336 entidades
municipales del país, remitieron las Leyes de Presupuesto y las Ordenanzas de Presupuesto,
respectivamente, éstas últimas de conformidad con el artículo 145 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal. En dichos instrumentos legales, se estimaron ingresos por el orden de Bs. 6,99
billones y Bs. 4,52 billones, respectivamente.
En atención a los resultados obtenidos en actuaciones realizadas en años anteriores y al Plan
Estratégico del Órgano Contralor, se ordenaron las siguientes actuaciones fiscales:
122
CUADRO N° 10
ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL
EN LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
AÑO 2004
ENTES U ORGANISMOS CANTIDAD
Gobernaciones 23
Procuradurías 23
Servicios Autónomos 54
Fundaciones 155
Institutos Autónomos 134
Empresas 31
Fondos 36
Consejos Estadales de Derecho 21
Corporaciones 23
Asociaciones Civiles 3
Consejos Legislativos 23
Contralorías Estadales 23
Alcaldías 335
Concejos Municipales 335
Alcaldía Metropolitana 1
Cabildo Metropolitano 1
Contralorías Municipales 184
Consejo Locales de Planificación
Pública
56
Entes Descentralizados 1.182
Otros 13
Totales 2.656

CUADRO N° 11
ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS
EN LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
AÑO 2004
TIPOS CANTIDAD
Actuaciones de obligatorio cumplimiento 402
Actuaciones selectivas 64
Actuaciones no programadas 141
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control 52
Otras actividades 51
Actividades de apoyo a la gestión de control 1.247
Total 1.957
Administración Estadal
y Municipal
Durante el año 2004 y de conformidad con lo previsto en el Plan de Fiscalización de este Órgano
de Control, se efectuaron 402 actuaciones de obligatorio cumplimiento, las cuales corresponden
en su totalidad a la verificación de los gastos de inversión previstos en las ordenanzas
de presupuestos de los municipios. Por otra parte, se ordenaron 64 actuaciones fiscales orientadas
hacia la evaluación de las áreas estratégicas seleccionadas de Administración y Gobierno,
Desarrollo Urbano, Servicios y Conexos, Desarrollo Social, Salud y Seguridad. Asimismo, se
ordenaron 141 actuaciones no programadas, correspondientes a auditorías operativas, denuncias
y valoraciones jurídicas. En cuanto a las actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional
de Control Fiscal, se efectuaron 52, de las cuales 46 fueron evaluaciones de planes operativos e
informes de gestión, 4 diagnósticos, 1 actuación de seguimiento a la acción correctiva y 1 análisis
de expediente sobre destitución del contralor de una fundación. Igualmente, se realizaron
otras actividades, las cuales corresponden en su totalidad al ámbito estadal, entre las que está el
análisis de las leyes de presupuesto y la respectiva ejecución presupuestaria de los 23 estados
que conforman el territorio nacional, y la realización de 5 simposios en las áreas de: Potestades
de Investigación; Determinación de Responsabilidades y Sanciones; Hechos Generadores de
Responsabilidad Administrativa, Multas y Reparos; Consideraciones para un Efectivo Sistema
de Control Interno; y Control de Gestión como Herramienta de Gerencia. Se realizaron 1.247
actividades de apoyo a la gestión de control, 71 fueron ejecutadas en atención de consultas
efectuadas por organismos que integran tanto el Sistema Nacional de Control Fiscal como el
Poder Público Estadal, y 1.176 en ocasión de consultas y audiencias solicitadas por funcionarios
adscritos a las diferentes entidades municipales. Finalmente, es de señalar que en ocasión
123

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
de la aplicación de la LOCGRSNCF, fueron evacuadas un total de 9 consultas en materia de
averiguaciones administrativas a diferentes unidades de auditoría interna.
En atención a las fallas observadas en actuaciones practicadas en años anteriores, y con el firme
propósito de contribuir a una sana administración, se realizaron actuaciones con el fin de conocer
las medidas adoptadas por los diferentes órganos sujetos a control, orientadas a fortalecer su
sistema de control interno. Es de hacer notar que los resultados de las referidas actuaciones
reflejaron deficiencias que hacen vulnerables los sistemas financieros, presupuestarios, contables,
administrativos y operativos, toda vez que impiden garantizar el cumplimiento de los
objetivos previstos en las normativas correspondientes. Las fallas más relevantes se señalan a
continuación:
Administración y Gobierno
En esta área se detectaron pagos de remuneraciones a funcionarios públicos por encima de los
límites establecidos en la ley nacional que las regula. Asimismo, se verificó el otorgamiento de
jubilaciones en contravención de la ley nacional.
En la evaluación de los órganos de control, entes descentralizados y órganos legislativos, alcaldías
y gobernaciones, se determinó ausencia de planificación, manuales de organización, procedimientos
y cargos, así como registros internos. Asimismo, se observó la adquisición de compromisos
sin disponibilidad presupuestaria y la utilización de créditos presupuestarios para
finalidades distintas a las previstas; por otra parte, se determinó la no presentación de declaración
jurada por parte de los funcionarios obligados a ello.
Desarrollo Urbano, Servicios y Conexos
Se evidenció falta de planificación en las obras por parte de los órganos y entes contratantes.
Asimismo, se determinaron pagos a favor de las empresas contratistas por cantidades relacionadas
en las valuaciones y no ejecutadas en sitio, así como paralizaciones de las obras una vez
cobrados los anticipos, y obras inconclusas, entre otras irregularidades.
Desarrollo Social y Salud
En el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se constató la ausencia de mecanismos de
control que permitan que los recursos asignados por este concepto sean destinados en su totalidad
y con calidad al sector estudiantil de los niños y adolescentes. Además, en los entes y
organismos prestadores del servicio de salud se verificó la ausencia de planificación, y de manuales
de organización, procedimientos y cargos, así como la falta de controles adecuados sobre
los inventarios.
124

Seguridad
Administración Estadal
y Municipal
Se determinó la ausencia de manuales de organización, normas y/o procedimientos que discriminen
las distintas competencias por dependencias, unifique sus normas, métodos y procedimientos,
que permitan salvaguardar sus recursos, verificar la veracidad de las operaciones,
estimular la observancia de políticas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas.
De conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), durante el ejercicio
fiscal 2004 se dio inicio a 4 procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades,
de los cuales en 1 se encuentra pendiente la resolución del recurso administrativo, 1
está pendiente por la notificación de la decisión del recurso administrativo y 2 se encuentran en
etapa de promoción de pruebas. Igualmente, se asumieron 2 averiguaciones administrativas
remitidas por la unidad de auditoría interna de la Gobernación del estado Amazonas y por la
Alcaldía del municipio Piar del estado Bolívar, según lo establecido en el artículo 97 de la
LOCGRSNCF, toda vez que se encuentran involucrados funcionarios de alto nivel, encontrándose
dicho procedimiento en sustanciación. Asimismo, se procesaron 83 averiguaciones administrativas
de años anteriores, 36 de las cuales se encuentran en etapa de sustanciación, 28 en
etapa de decisión y 19 decididas. Igualmente, el total de cargos formulados a funcionarios por
estar presuntamente incursos en alguna de las causales establecidas en la ley como supuesto de
procedencia para una declaratoria de responsabilidad administrativa fue de 109 respecto a éstos,
48 quedaron firmes en sede administrativa, 46 se encuentran en etapa de notificación de la
decisión de primer grado, 9 están en etapa de interposición del recurso de reconsideración y en
6 está pendiente la decisión del recurso de reconsideración.
En cuanto a las declaratorias de responsabilidad dictadas en el año, se impusieron 109 sanciones
pecuniarias por un total de Bs. 208,79 millones.
Las 108 declaratorias de responsabilidad administrativas dictadas en años anteriores quedaron
firmes en sede administrativa.
Durante el ejercicio fiscal 2004, fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad
administrativa por el ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo
105 de la LOCGRSNCF, un total de 46 funcionarios con las siguientes medidas disciplinarias: 7
suspensiones del ejercicio del cargo sin goce de sueldo, 39 inhabilitaciones para el ejercicio de
funciones públicas; de estas últimas en 2 fue procedente la destitución del cargo. Asimismo, en
cuanto al estatus procesal de las mismas, corresponde señalar que 36 quedaron firmes en sede
125

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
administrativa, de las cuales 9 están pendientes por notificar el recurso de reconsideración confirmatorio,
6 están en etapa de notificación de la decisión de primer grado y 4 se encuentran en
etapa de interposición del recurso administrativo correspondiente.
Por otra parte, en atención a la obligación de los órganos de control fiscal de participar a este
máximo Órgano de Control el inicio de procedimientos administrativos para la determinación
de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LOCGRSNCF,
durante el ejercicio fiscal 2004 se recibió la participación de 38 casos donde se inició dicho
procedimiento.
Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 77 de la LOCGRSNCF, se inició
el ejercicio de la potestad investigativa en 58 casos durante el año 2004, de los cuales se concluyeron
32 y 26 se encuentran en etapa de notificación.
Igualmente, se recibieron 14.333 declaraciones juradas de patrimonio de funcionarios adscritos
a organismos de los ámbitos estadal y municipal y se enviaron 960 oficios requiriendo información
no suministrada originalmente en la declaración, de conformidad con el artículo 78 de la
LOCGRSNCF, en concordancia con lo previsto en la Resolución N° 01-00-149 de fecha 14-
04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del 16-04-2004).
En atención a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio
Público, vigente para la fecha de sustanciación de los procedimientos, se concluyeron 3 procedimientos
de verificación de la sinceridad de las declaraciones, los cuales no se admitieron por
no ajustarse a los extremos legales.
Además, se impuso 1 multa por incumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de la Ley Contra
la Corrupción por un monto de Bs. 5,33 millones.
Finalmente, fueron enviados 4 expedientes al Ministerio Público a los fines del ejercicio de las
acciones civiles o penales que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en concordancia
con lo establecido en el artículo 83 de la LOCGRSNCF y el artículo 285 numeral 5 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
ESTADOS
En atención a las líneas estratégicas emanadas del Ejecutivo Nacional, las entidades estadales
han suscrito convenios orientados hacia el mejoramiento de las áreas de Salud, Seguridad,
Infraestructura y Vivienda; sin embargo, aun se evidencian deficiencias en la prestación de esos
servicios, lo cual incide negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos; esto motivó que
126

Administración Estadal y Municipal
Estados
dentro del Plan de Fiscalización se incluyera la verificación de las operaciones realizadas en
esas áreas por las gobernaciones y entes descentralizados, haciendo énfasis en los proyectos
financiados con recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Asignaciones Económicas
Especiales para los Estados y el Distrito Metropolitano de Caracas derivadas de Minas e Hidrocarburos
(LAEE) y del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), de acuerdo
con la proporción de proyectos financiados a través de esas vías y a las denuncias recibidas.
Además, con el objeto de consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, en el
cual las contralorías estadales desempeñan un papel fundamental, se analizaron sus planes operativos
por considerar la planificación como herramienta esencial del ejercicio de un control
fiscal eficiente y eficaz, se evaluaron sus operaciones y funciones a través de sus informes de
gestión y la realización de auditorías.
De igual forma, se realizó una auditoría operativa en un Consejo Legislativo con el fin de
evaluar su funcionamiento, por cuanto este Organismo Contralor ha venido observando que la
mayoría de los órganos legislativos estadales limita su actuación a la aprobación de la ley anual
de presupuesto, sin establecer mecanismos que contribuyan a adecuar las normas vigentes a los
procesos de evolución de la sociedad y a sus exigencias.
Asimismo, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Contra la Corrupción, la
cual en su artículo 26 establece la obligatoriedad de los responsables del área de Recursos
Humanos, de los entes u órganos a los que se refiere el artículo 4 de la citada ley, de solicitar a
los funcionarios o empleados públicos copia del comprobante donde conste la presentación de
la declaración jurada de patrimonio por ante la autoridad competente para recibirla, se realizaron
auditorías a fin de verificar si los mencionados funcionarios establecieron mecanismos para
el cumplimiento de dicha obligación.
Con la finalidad de optimizar la función de control sobre los organismos, entidades y dependencias
de la Administración Estadal, se procedió a la actualización de la información básica del universo
de entes y organismos que la conforman. Como resultado del referido proceso se ha recibido
y procesado 81,46% de la información requerida. De acuerdo con nuestro registro, dicho
universo lo conforman 562 organismos y entes que por su naturaleza jurídica podemos agrupar
en: Poder Ejecutivo (Administración Pública Estadal Centralizada, integrada por gobernaciones,
procuradurías y servicios autónomos, y Administración Pública Estadal Descentralizada, conformada
por institutos autónomos, fundaciones, empresas estadales, fondos, corporaciones, asociaciones
civiles y consejos estadales de derechos del niño y del adolescente, entre otros). El Poder
Legislativo que lo conforman los consejos legislativos; y finalmente, las contralorías estadales
127

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
que por su carácter sui generis se ubican como los únicos órganos de la Administración Pública
Estadal Acentralizada. El detalle se observa en el cuadro inserto a continuación:
Según las leyes de presupuesto, para el año 2004 los estados estimaron sus ingresos y gastos en
Bs. 6,99 billones, tal como se describe en los cuadros N° 13 y N° 14 insertos a continuación:
En cuanto a la distribución de los recursos en las diferentes partidas de gastos detallados en el
128
CUADRO N° 12
UNIVERSO ADMINISTRACIÓN ESTADAL
AÑO 2004
ENTES U ORGANISMOS CANTIDAD
Gobernaciones 23
Procuradurías 23
Servicios Autónomos 54
Fundaciones 155
Institutos Autónomos 134
Empresas 31
Fondos 36
Consejos Estadales de Derecho 21
Corporaciones 23
Asociaciones Civiles 3
Otros 13
Consejos Legislativos 23
Contralorías Estadales 23
Total 562
CUADRO N° 13
ADMINISTRACIÓN ESTADAL
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS SEGÚN SU ORIGEN AÑO 2004
(Millones de bolívares)
ORIGEN MONTO %
Situado Constitucional 4.405.340,87 62,96
Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) 484.308,55 6,92
Aportes del Ejec. Nac. para Transferencia de Competencia y Otros 526.814,72 7,53
Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados
derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE)
1.159.748,09 16,58
Ingresos Propios 11.069,72 0,16
Reservas del Tesoro 207.426,82 2,96
Otros Ingresos 202.194,49 2,89
Total 6.996.903,26 100,00

CUADRO N° 14
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL GASTO AÑO 2004
(Millones de bolívares)
PARTIDA PRESUPUESTARIA RECURSOS ASIGNADOS
Código Concepto Monto %
4.01 Gastos de Personal 2.157.828,42 30,84
4.02 Materiales y Suministros 119.612,86 1,71
4.03 Servicios No Personales 339.619,86 4,86
4.04 Activos Reales 1.110.512,61 15,87
4.05 Activos Financieros 13.485,68 0,19
4.06 Servicios de la Deuda Pública 80.665,97 1,15
4.07 Transferencias 3.117.518,90 44,56
4.10 Gastos por indemnizaciones y
Sanciones Pecuniarias del
Estado
307,50 0,00
4.51 Seguridad y Defensa 15,00 0,00
4.52 Asignaciones No Distribuidas 4.092,09 0,06
4.98 Rectificaciones 53.244,37 0,76
Total 6.996.903,26 100,00
Administración Estadal y Municipal
Estados
cuadro N° 14, se observa que al igual que en el 2003, la partida con mayor asignación es la 4.07
“Transferencias”.
Del análisis efectuado a las 23 leyes estadales de presupuesto correspondientes al ejercicio
fiscal 2004, se determinó que Bs. 3,12 billones (44,62%) fueron programados por las
gobernaciones para asignarlos a los consejos legislativos, contralorías y procuradurías estadales
a través de las partidas 4.07 “Transferencias” y 4.52 “Asignaciones No Distribuidas”, y Bs.
3,87 billones (55,38%) se programaron a través de las partidas correspondientes de acuerdo con
la naturaleza del gasto.
En este sentido, cabe destacar que el estado Barinas utilizó la partida presupuestaria 4.52 “Asignaciones
No Distribuidas” que de acuerdo con el Plan Único de Cuentas emanado de la Oficina
Nacional de Presupuesto (ONAPRE), está reservada para la Asamblea Nacional y la Contraloría
General de la República a través de las específicas 4.52.01.01.00 y 4.52.26.01.00, respectivamente,
por lo cual las mismas no son aplicables en el ámbito estadal.
De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis efectuados a los informes de gestión de
años anteriores, se ratifica la observación relacionada con la transferencia de recursos por parte
de las gobernaciones específicamente a favor de los consejos legislativos y contralorías estada-
129

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
les con cargo a la partida 4.07 “Transferencias”, con excepción de las de los estados Carabobo,
Zulia y Miranda, las cuales asignaron los recursos a través de las partidas que conforman el presupuesto
de gastos de cada uno de los organismos. Es de hacer notar, que los consejos legislativos
y las contralorías estadales no son susceptibles de recibir aportes por transferencias, ya que
son órganos que aun cuando gozan de autonomía funcional, carecen de personalidad jurídica propia,
ya que se subsumen en la personalidad jurídica única de las entidades territoriales, por lo cual
no es posible la transferencia de recursos a través de dicha partida, toda vez que la misma está
reservada a la ordenación de pagos a entes y no supone reintegros por parte de sus beneficiarios.
A tales efectos, este Órgano Contralor emitió oficio N° 07-00-196 de fecha 20-09-2004 dirigido
a la Oficina Nacional de Presupuesto solicitando la incorporación en el Plan Único de Cuentas
de una específica denominada “Asignaciones No Distribuidas” a las Contralorías Estadales y
Municipales. Sin embargo, hasta tanto sea aprobada, se considera que la asignación de los recursos
a estos organismos debe ser realizada a través de las partidas correspondientes, atendiendo la naturaleza
del gasto. Por otra parte, se observó que el estado Mérida señaló en su presupuesto del
año 2004 la partida 4.51 “Seguridad y Defensa”, la cual a tenor de lo dispuesto en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela es competencia del Poder Nacional.
En relación con la composición de los ingresos de las entidades federales, se observa que las
administraciones estadales dependen de manera significativa de los ingresos que les transfiere
el Ejecutivo Nacional, toda vez que la capacidad de generar ingresos en los estados resulta
insuficiente, dada la baja rentabilidad y la difícil recaudación de los ramos tributarios propios,
según las disposiciones contenidas en las leyes nacionales y estadales.
Las ejecuciones presupuestarias analizadas en el año 2004 fueron las ejecutadas durante el
ejercicio fiscal 2003. Para ese año, en las leyes de presupuesto de los 23 estados que conforman
el territorio nacional, se estimaron ingresos y gastos por Bs. 7,27 billones, monto que fue objeto
de modificaciones presupuestarias las cuales al 31-12-2003 arrojaron un saldo ajustado de Bs.
8,84 billones.
Durante el año 2004, la Contraloría General de la República orientó sus actividades de control
hacia las áreas estratégicas consideradas en la planificación operativa, tales como: la consolidación
del Sistema Nacional de Control Fiscal, y evaluación de la economía, eficiencia y eficacia
en la utilización de los recursos públicos. A tales efectos, se realizaron actuaciones fiscales en
las áreas de la administración estadal que se indican a continuación:
Área de Desarrollo Urbano, Servicios y Conexos: las actuaciones se orientaron hacia la evalua-
130

Administración Estadal y Municipal
Estados
ción de la planificación y ejecución de los programas relacionados con la construcción de desarrollos
habitacionales urbanísticos y otras obras y servicios de infraestructura, utilización de los
recursos en las finalidades previstas en las leyes que rigen la materia y hacia el avance del
proceso de descentralización.
Área de Desarrollo Social y Salud: las actividades estuvieron orientadas hacia la evaluación de
las acciones emprendidas por los entes u organismos prestadores del servicio de salud, en cuanto
al cumplimiento del proceso de descentralización, y hacia la determinación del grado de
economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos invertidos en los respectivos
programas.
Área de Administración y Gobierno: en esta área se revisaron y analizaron los planes operativos
de las contralorías estadales, a los efectos de verificar el cumplimiento eficaz y oportuno del
control que les compete ejercer, con lo cual se pretende coadyuvar en la consolidación del
Sistema Nacional de Control Fiscal. Asimismo, se continuó con las evaluaciones practicadas en
las contralorías y consejos legislativos estadales relacionadas con las remuneraciones de los
contralores y legisladores.
GESTIÓN DE CONTROL
La gestión fiscalizadora se orientó hacia la evaluación del período comprendido entre el año
1998 y el segundo bimestre del año 2004, valorando el funcionamiento y el logro de metas de
organismos y entidades relacionados con la gestión de gobierno, así como la economía, eficiencia
y eficacia en la utilización de los recursos públicos, y hacia la culminación de las actuaciones
relacionadas con el cumplimiento por parte de los legisladores de las previsiones contenidas
en el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados
y de los Municipios.
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
Se recibieron 8.010 declaraciones juradas de patrimonio por parte de funcionarios obligados a ello
y se enviaron 369 oficios requiriendo información no suministrada originalmente en la declaración,
de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), en concordancia con lo previsto
en la Resolución N° 01-00-149 de fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919 del
16-04-2004).
Por otra parte, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Salvaguarda
131

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
del Patrimonio Público vigente para la fecha de sustanciación del procedimiento, se realizó 1
procedimiento de verificación de la sinceridad de la declaración jurada de patrimonio, la cual
no se admitió por no ajustarse a los extremos legales y su expediente se remitió al Ministerio
Público por existir indicios de responsabilidad civil y/o penal.
Actuaciones selectivas
En atención al Plan Operativo 2004 se realizaron las actuaciones fiscales en los órganos y entes
que se detallan a continuación: Gobernación (2) y Contraloría (2) del estado Apure; Fundación
Proyectos Educativos del estado Anzoátegui; Hospital Central Servicio Autónomo de Maracay
del estado Aragua; Instituto de la Vivienda del estado Barinas; Gobernación y Contraloría (2)
del estado Bolívar; Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera del estado Carabobo; Fundación
Regional de la Vivienda y Fomento del estado Lara; Gobernación del estado Mérida; Hospital
General Guatire-Guarenas Dr. Eugenio Pérez de D’ Bellard (2), Hospital Materno Infantil del
Este Dr. Joel Valencia Parparcén (2), Hospital Centro Salud Mental del Este “El Peñón” (2),
Hospital General de Los Valles del Tuy “Simón Bolívar” (2), Hospital General Victorino Santaella,
Hospital General de Higuerote (2) del estado Miranda; Instituto de la Vivienda del estado
Monagas; Consejo Legislativo del estado Portuguesa; Hospital Central Dr. José María Vargas
del estado Táchira; Gobernación del estado Trujillo; Instituto Autónomo de la Salud (PROSALUD)
del estado Yaracuy; Contraloría del estado Vargas (2); y Fundación Hospital de Especialidades
Pediátricas del estado Zulia.
Actuaciones no programadas
En relación con las denuncias y solicitudes recibidas de entes y particulares, este Organismo
Contralor realizó 2 actuaciones fiscales en los órganos de control de los estados Anzoátegui y
Falcón.
Por otra parte, durante el año 2004 se recibieron 24 denuncias, que sumadas a las 33 pendientes
de años anteriores, ascendieron a un total de 58, de las cuales se desestimaron 10 debido a la
carencia de elementos que hicieran presumir la comisión de hechos que pudieran dar lugar al
inicio de acciones fiscales, enmarcadas dentro de las competencias que le corresponde ejercer a
este Organismo Contralor; se remitieron 6 a las contralorías estadales con fundamento en lo
establecido en el artículo 163 de la Carta Magna en concordancia con el artículo 44 de la
LOCGRSNCF, a los fines de que se realizaran las investigaciones necesarias tendentes a verificar
la veracidad de los hechos denunciados e inicien las acciones fiscales a que hubiere lugar;
15 se incluyeron en el Plan de Fiscalización 2004, las cuales se encuentran en proceso y 26 en
132

etapa de valoración.
Administración Estadal y Municipal
Estados
Finalmente, se efectuó la valoración jurídica de 60 actuaciones fiscales practicadas, de las cuales
22 están en análisis y las restantes 38 fueron desestimadas, por las causas que se señalan a
continuación: 26 que generaban multas según la derogada Ley de la Contraloría General de la
República y ahora en la LOCGRSNCF son considerados supuesto generador de responsabilidad
administrativa, 4 correspondientes al principio de economía procesal previsto en el artículo
30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el artículo 25,
numeral 5 de la LOCGRSNCF, y 8 se remitieron al archivo, por cuanto en el análisis realizado
no se evidenciaron hechos que pudieran dar lugar al inicio de acciones fiscales por parte de este
Organismo Contralor.
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
De conformidad con los preceptos constitucionales y legales, la Contraloría General de la República
es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, al cual le corresponde el
control, vigilancia y fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan el Sistema de
Control Interno.
A tales efectos y con el fin de evaluar el sistema de control interno y el costo/eficiencia del
control externo estadal, se realizaron las actividades de fiscalización en los estados Apure,
Bolívar y Vargas.
Como producto del esfuerzo por implantar y fortalecer la planificación y la rendición de los
resultados en los órganos que conforman el Poder Público Estadal, específicamente en los órganos
de control externo, se realizó la evaluación de los planes operativos e informes de gestión
presentados ante este Organismo Contralor por las contralorías de los estados Amazonas, Anzoátegui,
Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico,
Lara, Monagas, Miranda, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas,
Yaracuy y Zulia a los fines de verificar que dichos planes e informes se hayan formulado en
atención a sus competencias y de conformidad con la misión y visión de los planes estadales.
Asimismo, se analizó un expediente sobre la solicitud de destitución del contralor interno de
una fundación, la cual fue autorizada de conformidad al artículo 30 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Otras actividades
133

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Entre las actividades realizadas por esta Contraloría General en el ámbito estadal debemos
destacar las que se efectuaron con las contralorías estadales, correspondientes a 5 simposios en
las materias que se mencionan a continuación: Potestades de Investigación, Determinación de
Responsabilidades y Sanciones; Hechos Generadores de Responsabilidad Administrativa, Multas
y Reparos; Consideraciones sobre el Proceso Presupuestario; Consideraciones para un efectivo
Sistema de Control Interno; y el Control de Gestión como Herramienta de Gerencia.
Por otra parte, se analizaron las 23 leyes de presupuesto de los estados correspondientes al
ejercicio fiscal 2004 y la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2003.
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
Los organismos que integran tanto el Sistema Nacional de Control Fiscal como el Poder Público
Estadal formularon 80 consultas, de las cuales se evacuaron 63, y se encuentran en proceso
las 17 restantes. Es de señalar, que los temas más recurrentes fueron los relativos al funcionamiento
de las unidades de auditoría interna y la Ley del Estatuto de la Función Pública Nacional.
Por otra parte, de 5 consultas pendientes del año 2003, fueron evacuadas 4 de ellas. Asimismo,
se prestó asesoría técnico-legal como producto de 2 intervenciones realizadas en las contralorías
estadales por este máximo Órgano de Control.
Igualmente, cabe señalar que con ocasión de la aplicación de la LOCGRSNCF, fueron evacuadas
un total de 4 consultas en materia de averiguaciones administrativas a diferentes unidades
de auditoría interna.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
134
CUADRO N° 15
ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS
EN LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL
AÑO 2004
TIPOS CANTIDAD
Actuaciones selectivas 32
Actuaciones no programadas 78
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control 47
Otras actividades 51
Actividades de apoyo a la gestión de control 71
Total 279

Administración Estadal y Municipal
Estados
Como producto del proceso de verificación de las remuneraciones percibidas por los gobernadores
en años anteriores, se logró el reintegro a los diferentes fiscos estadales por un total de Bs.
23,40 millones, tal como se detalla en el cuadro que se presenta a continuación:
Con respecto al Sistema Nacional de Control Fiscal, fueron evaluados los planes operativos
presentados por las 23 contralorías estadales, obteniéndose como observaciones más relevantes
las siguientes: no se señalan los tiempos estimados para realizar las actividades programadas,
no poseen indicadores de gestión, carecen de metas que se correspondan con los objetivos
generales planteados, no incluyen todas las actividades que ejecutan las distintas direcciones
que las conforman, y no discriminan los recursos humanos y financieros con los que cuentan
para realizar las actividades propuestas y lograr los objetivos planteados.
Fallas y deficiencias
CUADRO N° 16
REINTEGROS POR REMUNERACIONES
SUPERIORES A LOS LÍMITES LEGALES
PAGADAS A GOBERNADORES
AÑO 2004
(Millones de bolívares)
ESTADO MONTO
Amazonas 1,24
Aragua 1,14
Barinas 2,15
Falcón 1,04
Lara 0,14
Monagas 6,76
Nueva Esparta 6,11
Yaracuy 0,16
Táchira 1,46
Trujillo 3,20
Total 23,40
En las actuaciones fiscales realizadas por esta Contraloría General las observaciones más relevantes
fueron las siguientes:
En las gobernaciones
• No se evidenció copia del comprobante de haber presentado la declaración jurada de patrimonio
en los respectivos expedientes de personal que permitiera constatar su presentación
135

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
136
tanto al momento de la toma de posesión del cargo, como de las actualizaciones requeridas.
• Inexistencia de manuales de normas y procedimientos.
• Se constató la existencia de copia de las declaraciones juradas de patrimonio en expedientes
de los funcionarios.
• No se realiza el envío de la relación inicial ni mensual de los movimientos de personal a la
Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contraloría General de la República.
• Utilización de recursos para el pago de gastos que por su naturaleza no se corresponde con
la partida presupuestaria destinada para tal fin.
• Paralización de obras sin causa justificada, una vez otorgado el anticipo.
En los entes descentralizados
• Falta de controles adecuados sobre los inventarios que faciliten su oportuna verificación y
la salvaguarda de los mismos.
• Inexistencia de manuales de normas y procedimientos.
• Los procedimientos aplicados para la selección del contratista, contratación, ejecución y
control de las obras, no se corresponden a los requerimientos establecidos en las normas
reglamentarias contenidas en la Ley de Licitaciones ni en las Normas Generales de Contratación
para la Ejecución de Obras.
• Falta de prestación de caución por parte de los funcionarios responsables del manejo, custodia
y administración de los fondos, valores y bienes públicos del Estado, tal como lo prevé
el ordenamiento jurídico aplicable a la materia.
• Inexistencia de sistemas de archivo adecuados que garanticen el resguardo de los documentos
que soportan las diferentes operaciones del ente, que permitan su localización en forma
oportuna y el efectivo ejercicio de control.
En las contralorías estadales
• Inexistencia de manuales de normas y procedimientos.
• Carencia de políticas tanto en la selección, reclutamiento y contratación del personal, como
en la promoción y ascensos; ausencia de programas de adiestramiento y capacitación permanente;
e inexistencia de manual descriptivo de cargos.
• Un alto porcentaje del personal adscrito a los órganos que ejercen funciones de control
externo no cumple con el perfil requerido para desempeñar los cargos que ocupan.

Administración Estadal y Municipal
Estados
• Otorgamiento de jubilaciones en contravención de las disposiciones previstas en la Ley
Nacional que las regula.
En el consejo legislativo
• Ausencia de planes operativos y estratégicos.
• Inexistencia de manuales de normas y procedimientos.
• Adquisición de compromisos por un funcionario que no estaba debidamente autorizado
para tales efectos.
• Utilización de recursos para el pago de gastos que por su naturaleza no se corresponden con
la partida presupuestaria empleada.
• No se efectuó el reintegro del remanente correspondiente al ejercicio fiscal 2001 a la Tesorería
Estadal.
• Deficiencia en los procedimientos utilizados para la ejecución del presupuesto de conformidad
con el ordenamiento jurídico correspondiente.
Recomendaciones
A las gobernaciones
• Exigir a los funcionarios la entrega de la copia del comprobante de haber presentado la declaración
jurada de patrimonio y establecer los mecanismos de información que permitan a
los funcionarios cumplir con la normativa dictada por la Contraloría General de la República
en dicha materia.
• Establecer los controles necesarios a fin de no recibir copia de la declaración jurada de
patrimonio presentada por los funcionarios que hubieran cumplido con dicha obligación.
• Mantener la supervisión y el control en la administración de recursos humanos, con la finalidad
de que se garantice el permanente cumplimiento de las atribuciones que le han sido
atribuidas relacionadas con la declaración jurada de patrimonio.
• Diseñar, aprobar e implantar los manuales de normas y procedimientos que coadyuven a
cumplir con las funciones que les han sido atribuidas.
• Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar las previsiones presupuestarias suficientes
para los distintos gastos a ejecutar durante el ejercicio fiscal correspondiente.
• Crear los procedimientos necesarios con el objeto de garantizar que las paralizaciones o
prórrogas en la ejecución de obras sean autorizadas sólo en casos justificados.
137

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
A los entes descentralizados
• Seleccionar, contratar, ejecutar y controlar las obras de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Ley de Licitaciones y en las Condiciones Generales para la Contratación y
Ejecución de Obras.
• Exhortar al personal responsable del manejo, custodia y administración de los fondos, valores
y bienes públicos del estado a la presentación de la caución contemplada en el ordenamiento
jurídico aplicable a la materia.
• Elaborar los lineamientos necesarios respecto a la formación de inventarios, registros y
control de bienes.
• Diseñar, aprobar e implantar los manuales de normas y procedimientos que coadyuven a
cumplir las funciones que les han sido atribuidas en la normativa aplicable.
• Diseñar e implementar un sistema de archivo que garantice el resguardo y localización
oportuna de los documentos.
A las contralorías estadales
• Crear los instrumentos que regulen las políticas para la selección, reclutamiento, contratación
del personal y relación laboral.
• Diseñar, aprobar e implantar los manuales de normas y procedimientos que coadyuven a
cumplir con las funciones que les han sido atribuidas.
• Otorgar jubilaciones de conformidad con las disposiciones en la normativa legal vigente
que las regula.
Al consejo legislativo
• Ejercer las acciones pertinentes, con la finalidad de que sus actividades sean ejecutadas
sobre la base de un plan operativo anual.
• Diseñar, aprobar e implantar los manuales de normas y procedimientos que coadyuven a
cumplir con las funciones que les han sido atribuidas.
• Implantar los mecanismos necesarios para garantizar que las adquisiciones de bienes o servicios
se realicen de conformidad con los requisitos legales establecidos para los compromisos
válidamente adquiridos.
• Adoptar las medidas necesarias con la finalidad de cumplir con el procedimiento previsto
en la normativa aplicable en materia de créditos presupuestarios, así como realizar la imputación
de los pagos a las cuentas cuya naturaleza se corresponda con la partida presupuestaria
destinada para tal fin.
138

Administración Estadal y Municipal
Estados
• Hacer efectivo el reintegro del remanente correspondiente al ejercicio fiscal 2001, ante la
Tesorería del Estado.
Efecto de la gestión contralora
De acuerdo con los resultados de las actuaciones efectuadas por este Organismo Contralor se
logró sensibilizar a los órganos de control externo estadal en relación con la importancia de la
planificación estratégica, con el objeto de lograr un mayor grado de eficiencia y eficacia en su
gestión de control.
Cabe señalar que como resultado de las actuaciones fiscales realizadas en años anteriores con el
objeto de verificar los montos percibidos por concepto de remuneraciones por parte de los
gobernadores, se ajustaron dichos emolumentos a lo previsto en la norma que regula la materia
y se verificó el reintegro de Bs. 23,40 millones pagados en exceso a los referidos funcionarios.
Es de hacer notar, que la mayoría de los estados han excluido de su presupuesto la partida 4.52
“Asignaciones No Distribuidas” atendiendo al Informe de Gestión 2003 emanado de esta Contraloría
General, en el cual se exhortó a las administraciones estadales a excluir este tipo de
erogaciones, ya que debido a su naturaleza, son competencia del Poder Nacional. No obstante,
se observó que en el presupuesto del estado Barinas se asignaron recursos por Bs. 3.873,60
millones a la precitada partida.
Finalmente, este Organismo Contralor en observancia de las previsiones contenidas en el artículo
49 de la LOCGRSNCF, realizó dentro del ámbito de sus competencias actuaciones coordinadas
con distintos órganos de control fiscal externo de los estados, con lo cual se logró
conformar un equipo que permitió profundizar en las actuaciones fiscales llevadas a cabo.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
Con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF, se inició el ejercicio de la potestad
investigativa en 23 casos del año 2004 y en 8 correspondientes al año 2003, de los cuales 23
fueron concluidos y 8 están en las etapas de notificación, promoción de pruebas o elaboración
del informe de resultados.
En cuanto a la obligación de los órganos de control fiscal de participar a este máximo Órgano de
Control el inicio de investigaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la
LOCGRSNCF, durante el año 2004 informaron sobre 72 casos.
139

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
ACCIONES FISCALES
Durante el ejercicio fiscal 2004 se dio inicio a 2 procedimientos administrativos para la determinación
de responsabilidades, los cuales se encuentran en etapa de promoción de pruebas.
Igualmente, se asumió 1 averiguación administrativa remitida por la unidad de auditoría interna
de la Gobernación del estado Amazonas, según lo establecido en el artículo 97 de la
LOCGRSNCF, toda vez que se encuentran involucrados funcionarios de los denominados de
alto nivel, dicho procedimiento está en sustanciación. Asimismo, se abrieron 47 averiguaciones
administrativas correspondientes a años anteriores, de las cuales 20 se encuentran en etapa de
sustanciación, 14 en etapa de decisión y 13 decididas. El total de cargos formulados a funcionarios
por estar presuntamente incursos en alguna de las causales establecidas en la ley como
supuesto de procedencia para una declaratoria de responsabilidad administrativa fue de 50,
respecto a éstos 35 quedaron firmes en sede administrativa y las 15 restantes se encuentran en
etapa de notificación de la decisión de primer grado.
Respecto a las declaratorias de responsabilidad dictadas durante 2004, se impusieron 50 sanciones
pecuniarias por un total de Bs. 75,64 millones.
En relación con las 102 declaratorias de responsabilidad dictadas en años anteriores, las mismas
quedaron firmes en sede administrativa.
Durante el ejercicio fiscal 2004, fueron sancionadas accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad
administrativa por el ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo
105 de la LOCGRSNCF, un total de 39 funcionarios con las siguientes medidas disciplinarias:
7 suspensiones del ejercicio del cargo sin goce de sueldo y 32 inhabilitaciones para el
ejercicio de funciones públicas; de estas últimas en 2 fue procedente la destitución del cargo.
Asimismo, en cuanto al estatus procesal de las mismas, corresponde señalar que 30 quedaron
firmes en sede administrativa, de las cuales 9 están pendientes por notificar el recurso de
reconsideración confirmatorio, 5 están en etapa de notificación de la decisión de primer grado y
4 se encuentran en etapa de interposición del recurso administrativo correspondiente.
Por otra parte, en atención a la obligación a cargo de los órganos de control fiscal de participar
a este máximo Órgano de Control el inicio de investigaciones y de procedimientos administrativos
para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
97 de la LOCGRSNCF, durante el ejercicio fiscal 2004 recibimos la participación del inicio
de 36 procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades.
140

MUNICIPIOS
Administración Administración Estadal y Municipal Estadal
y Municipios Municipal
Debido a la importancia del proceso de descentralización administrativa que enfrenta el país, el
cual está dirigido al desarrollo de las entidades federales por medio de planes, políticas y normas
que deben estar en coordinación con los establecidos en el ámbito nacional, con el fin
último de lograr el desarrollo armónico del Estado venezolano, mediante el trabajo coordinado
que debe realizar el Consejo Federal de Gobierno, junto con el Consejo de Planificación y
Políticas Públicas Estadales y el Consejo Local de Planificación Pública Municipal, es competencia
de las entidades federales y municipales desarrollar dichos planes políticas y normas,
orientándolos al éxito del proceso de descentralización político-administrativo.
La Contraloría General de la República en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de
Control Fiscal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los fines de garantizar el adecuado
manejo de los recursos del estado, realizó diversas actuaciones y actividades de control fiscal;
algunas de ellas en coordinación con los órganos de control fiscal municipal.
Asimismo, en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y en nuestra ley orgánica, las actividades de control contenidas en el Plan
Operativo del año 2004 ejecutadas en alcaldías, concejos y contralorías municipales, servicios
autónomos, fundaciones y otros entes de la administración local descentralizada, se orientaron
además, a promover la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos, el acatamiento
de las normas legales, la confiabilidad de la información que se genere y divulgue sobre los
mismos, así como a mejorar la capacidad administrativa para evaluar el manejo de los recursos
y garantizar razonablemente el cumplimiento de la obligación de los funcionarios de rendir
cuenta de su gestión.
De acuerdo con la información que mantiene este máximo Órgano de Control relacionada con
los entes y organismos que conforman el ámbito municipal, su universo para el año 2003 fue de
1.789; sin embargo, para el año 2004 el total se incrementó en 305, alcanzando la cantidad de
2.094 entes, discriminados en 335 alcaldías, igual número de concejos municipales, 1 alcaldía
metropolitana, 1 cabildo metropolitano, 184 contralorías municipales, 56 consejos locales de
planificación pública y 1.182 entes descentralizados; estos últimos creados por las autoridades
municipales con el fin de ejecutar una amplia variedad de actividades que incluyen la prestación
de servicios educativos, transporte, aseo urbano y domiciliario, vigilancia policial, recreativos
y asistenciales, entre otros. La clasificación de entes municipales antes citada se puede
apreciar en el siguiente gráfico:
141

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
142
CANTIDAD DE
ENTIDADES
700
600
500
400
300
200
100
0
1 1
Alcaldía
Metropolitana
Cabildo
Metropolitano
GRÁFICO N° 2
UNIVERSO DE ENTIDADES MUNICIPALES
(AÑO 2003 y 2004)
335
Alcadias
335
Consejos
municipales
183
Contralorías
Municipales
56
628
429
Consejos Locales
de Planificación
Pública
Institutos
Autonomos
25 34
Servicios
Autonomos
2004 2003
438
363
Fuente: Información remitida por los municipios a la Contraloría General de la República durante los años 2003 y 2004.
De las 336 entidades municipales, 291 remitieron la Ordenanza de Presupuesto del año 2004, y
de éstas sólo 289 suministraron información precisa sobre sus estimaciones de ingresos, observándose
en dichas estimaciones que 250 entidades (86,50%) siguen manteniendo una dependencia
significativa del situado municipal y aportes provenientes del Gobierno Nacional; mientras
las 39 entidades restantes (13,50%) formularon sus presupuestos con el 50,00% o más de
ingresos propios. Al respecto, se determinó que las administraciones locales para el ejercicio
fiscal señalado, estimaron ingresos totales por Bs. 4,43 billones, de los cuales Bs. 1,01 billones
(22,79%) corresponden a ingresos propios de las 39 entidades antes señaladas y Bs. 914,24 mil
millones (20,60%) corresponden a ingresos propios de las otras 250 entidades; que al sumarlos
representan un monto global de ingresos propios de Bs. 1,92 billones (43,39%). Por otra parte,
los entes verificados percibieron recursos extraordinarios por el orden de Bs. 1,16 billones
(26,18%) por aportes efectuados por el Fondo Intergubernamental para la Descentralización
(FIDES), Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) y Ministerio de Interior
y Justicia “Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados y el Distrito Metropolitano
de Caracas derivadas de Minas e Hidrocarburos” (LAEE), entre otros, y Bs. 1,35
billones (30,24%) correspondientes al situado municipal.
Fundaciones
17 20
Mancomunidades
29 42
Asociaciones
4
Corporaciones
41 42
Empresas
Municipales

Administración Estadal y Municipal
Municipios
Fuente: 289 Ordenanzas de Presupuesto correspondientes al ejercicio fiscal 2004, remitidas por los municipios.
Como se aprecia en el cuadro anterior, el sector que representa la mayor inversión de recursos
es Desarrollo Urbano, Vivienda y Conexos (31,04%), debido en gran parte a lo establecido en el
artículo 144 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el cual indica que es obligación de los
municipios destinar un mínimo de 30,00% de los ingresos previstos en el presupuesto, para ser
aplicado a gastos de inversión o de formación de capital; adicionalmente, es importante destacar
que este sector recibe gran parte de los recursos provenientes del Ministerio de Interior y
Justicia, a través del FIDES y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados
y el Distrito Metropolitano de Caracas derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE), así como de
otros organismos.
El sector que ocupa el segundo lugar en inversión de recursos es Gobierno y Administración
(17,99%), motivado a que allí se ubican las actividades públicas relacionadas con la definición,
dirección, coordinación, supervisión y control de las políticas generales de los municipios, en
los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial, tanto en el ámbito interno como en el externo.
Áreas estratégicas
CUADRO Nº 17
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO AÑO 2004
(Millones de bolívares)
Sectores Monto %
Gobierno y Administración 813.451,08 17,99
Seguridad y Defensa 290.840,05 6,43
Agrícola 5.440,61 0,12
Energía, Minas y Petróleo 3.304,45 0,07
Industria y Comercio 10.243,42 0,23
Turismo y Recreación 25.005,50 0,55
Transporte y Comunicaciones 87.766,95 1,94
Educación 147.397,90 3,26
Cultura y Comunicación Social 33.452,02 0,74
Ciencia y Tecnología 3.472,96 0,08
Desarrollo Urbano, Vivienda y conexos 1.403.671,53 31,04
Salud 330.003,74 7,30
Desarrollo Social y Participación 172.679,19 3,82
Seguridad Social 571.966,22 12,65
Gastos no Clasificados Sectorialmente 622.745,52 13,77
Total 4.521.441,14 100,00
El Plan Operativo del año 2004, se elaboró conforme a las pautas contenidas en el Plan Estratégico
de este Organismo Contralor , en virtud de lo cual se seleccionaron las siguientes áreas:
143

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Administración y Gobierno
En esta área se concretan las actividades llevadas a cabo por las autoridades municipales para
materializar las competencias que le son propias. En este sentido los consejos locales de planificación
constituyen el centro principal de la participación y protagonismo de las comunidades
en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas relacionadas, entre
otros aspectos, con la fijación de los emolumentos de las autoridades municipales, incluidos los
miembros del órgano legislativo de cada localidad; a cuyo efecto dichos consejos son los encargados
de elaborar el estudio técnico correspondiente.
En cuanto al control fiscal externo, las actividades fueron orientadas a coadyuvar el fortalecimiento
de las contralorías municipales, a fin de que ejerzan sus funciones con un mayor grado
de eficiencia, eficacia, calidad e impacto. Con respecto a los entes descentralizados, se efectuó
el control de los resultados de la acción administrativa y en general la evaluación de la eficacia
con que operan tales instituciones.
Desarrollo Urbano, Servicios y Conexos
Considerada por ser una de las áreas en las que se desarrollan proyectos de gran envergadura en
infraestructura, como servicios básicos de vialidad, urbanismo y transporte, así como dotación
de equipos, que requieren grandes cantidades de recursos financieros otorgados por el Gobierno
Nacional a través de organismos que promueven el desarrollo sustentable de las comunidades
y satisfacen las más urgentes necesidades de la población, para elevar el nivel de vida de los
sectores menos favorecidos y contribuyendo a la generación de empleos. Estos recursos extraordinarios
son otorgados bajo los criterios y condiciones establecidos en las normas del FIDES,
el FIEM y la LAEE, entre otras.
Desarrollo Social
En virtud de que el Programa de Alimentación Escolar es un proyecto destinado a contribuir
con el acceso, permanencia y rendimiento académico de los alumnos inscritos en los planteles
públicos que tienen una población objetivo de bajos recursos económicos, y es financiado con
recursos provenientes del Instituto Autónomo Fondo Único Social, se practicaron actividades
de control orientadas a verificar que los recursos hayan sido utilizados de acuerdo con la normativa
legal existente.
Asimismo, dada la importancia de los niños y adolescentes como sector fundamental de la
población, que debe recibir la atención necesaria para su pleno desarrollo y a los cuales debe
garantizársele protección integral, para lo cual el Estado creó un sistema rector nacional,
integrado por entes del sector público y del sector privado, con atribuciones planificadoras,
144

Administración Estadal y Municipal
Municipios
coordinadoras, contraloras y ejecutoras de modo de crear una red eficiente de atención, defensa
y garantía de los derechos del niño y del adolescente. La seguridad ciudadana es considerada
una de las áreas más importantes del gobierno municipal, en virtud de que genera la inversión
de cantidades significativas de recursos financieros, tecnológicos y humanos, dirigidos a la
prevención y ejecución de acciones, que tienen por finalidad el combate de la delincuencia y la
optimización de las condiciones de seguridad y preservación de los bienes y personas de las
comunidades.
Salud
Dada la importancia que reviste para la población los programas de salud pública y por ser un
derecho social fundamental que repercute directamente en los niveles de bienestar y calidad de
vida de los ciudadanos, se hace necesaria la determinación del cumplimiento de las metas y
objetivos planteados por los organismos que ejecutan los programas de salud, así como el acceso
a estos servicios por parte de la colectividad, ya que los municipios y el Ejecutivo Nacional
han orientado sumas considerables de recursos financieros para este fin.
GESTIÓN DE CONTROL
Las actuaciones fiscales realizadas en el ámbito municipal, abarcaron los ejercicios fiscales
1999-2003 y se orientaron a verificar la legalidad y sinceridad de las operaciones presupuestarias,
contables y financieras de la gestión administrativa municipal, así como el seguimiento de
las acciones correctivas emprendidas por las entidades locales, con ocasión de las actuaciones
practicadas por esta Contraloría General, en lo atinente a ingresos municipales, reparos fiscales,
diagnóstico de los órganos de control externo municipales, construcción de obras, fondos de
terceros, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, utilización de los aportes del FIDES,
LAEE y FIEM, a la evaluación de hechos irregulares denunciados ante los órganos que integran el
Sistema Nacional de Control Fiscal. Asimismo, las actuaciones fiscales se enfocaron en la evaluación
del cumplimiento de los objetivos institucionales, planes, programas y metas vinculados
con la prestación de los servicios públicos municipales.
Estas actividades de control se realizaron de acuerdo con las disposiciones contenidas en nuestra
ley orgánica, las Normas Generales de Auditoría de Estado dictadas por este Organismo
Contralor y los demás instrumentos legales aplicables al régimen municipal.
Durante el ejercicio fiscal 2004, la Contraloría General de la República realizó en el ámbito
municipal 1.678 actividades discriminadas de la siguiente manera:
145

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
En este sentido las actuaciones selectivas, las relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal y las no programadas se practicaron en los siguientes municipios: Bruzual, Peñalver y
Simón Rodríguez del estado Anzoátegui; Miranda del estado Carabobo; Ricaurte del estado
Cojedes; Antonio Díaz del estado Delta Amacuro; Libertador del Distrito Capital; Alcaldía
Metropolitana de Caracas; Federación, José Laurencio Silva y San Francisco del estado Falcón;
Pedro Zaraza del estado Guárico; Palavecino del estado Lara, Guaraque del estado Mérida;
Andrés Bello, Brión, Carrizal, Guaicaipuro, Rafael Urdaneta, José Antonio Páez, Ambrosio
Plaza, Pedro Gual y Sucre del estado Miranda; Santiago Mariño del estado Nueva Esparta;
Guanarito y Ospino del estado Portuguesa; Libertador del estado Táchira; y Cabimas y San
Francisco del estado Zulia.
Actuaciones de obligatorio cumplimiento
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Contraloría
General de la República tiene atribuida dos actividades de obligatorio cumplimiento, como son
la verificación de los gastos de inversión previstos en las ordenanzas de presupuesto de los
municipios y la revisión y análisis de los informes de gestión administrativa de los contralores
municipales.
En relación con el primer aspecto, se recibieron 291 ordenanzas de presupuesto, de las cuales se
analizaron 225, y se determinó que 111 municipios (49,33%) destinaron al menos 30,00% de
sus ingresos a gastos de formación de capital y el resto no se ajustó a la norma legal. En atención
a esta última situación, se exhortó a los funcionarios responsables a dar cumplimiento a dicha
obligación.
Por otra parte, de un universo de 184 contralorías municipales, se recibieron 177 informes de
gestión administrativa de contralores municipales correspondientes al año 2003, de los cuales
se analizaron 164 y 13 fueron clasificados como no analizables.
146
CUADRO Nº 18
ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS
EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
AÑO 2004
TIPOS CANTIDAD
Actuaciones de obligatorio cumplimiento 402
Actuaciones selectivas 32
Actuaciones no programadas 63
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal 5
Actividades de apoyo a la gestión de control 1.176
Total 1.678

Administración Estadal y Municipal
Municipios
Adicionalmente, durante 2004 se recibieron 6.323 declaraciones juradas de patrimonio y se
enviaron 591 oficios requiriendo información no suministrada originalmente en la declaración,
de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), en concordancia
con lo previsto en la Resolución N° 01-00-149 de fecha 14-04-2004 (Gaceta Oficial N° 37.919
del 16-04-2004). En atención de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Salvaguarda
del Patrimonio Público, vigente para la fecha de sustanciación de los procedimientos, se concluyeron
2 procedimientos de verificación de la sinceridad de las declaraciones, las cuales no
fueron admitidas por no ajustarse a los extremos legales, y remitiéndose los expedientes al
Ministerio Público por existir indicios de responsabilidad civil y/o penal.
Actuaciones selectivas
De conformidad con las competencias constitucionales y legales asignadas a esta entidad fiscalizadora
superior en el ámbito municipal y en cumplimiento del Plan Operativo de Control del
año 2004, se realizaron 32 auditorías operativas en alcaldías, cabildos, institutos autónomos,
fundaciones y otros entes descentralizados de la administración local con el objeto de evaluar
su gestión.
Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
Con el objeto de detectar las debilidades de las contralorías municipales y formular recomendaciones
que coadyuven al diseño de planes coordinados para su fortalecimiento, se efectuaron 4
diagnósticos y 1 seguimiento de acciones correctivas a las recomendaciones formuladas que
permitieron evaluar los métodos, técnicas y políticas aplicadas, así como el cumplimiento de
las disposiciones legales y normas que regulan su funcionamiento.
Actuaciones no programadas
Durante el año 2004 se recibieron 31 denuncias consignadas por particulares, asociaciones
comunitarias, organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y concejales, relacionadas
con el ámbito municipal, que sumadas a las interpuestas en años anteriores ascienden a
un total de 563, de las cuales 317 se encuentran pendientes de asignación y las otras 246 fueron
asignadas en función de los recursos disponibles para la ejecución de la labor fiscalizadora,
resultando que 183 se encuentran en etapa de valoración o en espera de resultados definitivos
que deben remitir los órganos de control fiscal externo e internos municipales; 14 fueron desestimadas
porque los hechos denunciados escapan de la competencia de este Órgano Contralor, y
las otras 49 fueron objeto de actuaciones fiscales para verificar las situaciones reportadas.
147

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
En atención a la competencia conferida a este Organismo Contralor relativa a la función asesora
en materia de control y auditoría de las entidades municipales, contemplada en la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley Orgánica
de Régimen Municipal y en las Normas para el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas
de Control Externo e Interno se atendieron 1.171 consultas, de las cuales 272 fueron respondidas
mediante oficio, 307 audiencias solicitadas por los funcionarios adscritos a las diferentes
entidades municipales y 592 que corresponden a la atención vía telefónica de los citados funcionarios;
dichas consultas se relacionaron con aspectos tales como: legalidad del pago de emolumentos,
control de bienes, evaluación de procesos licitatorios, control previo al compromiso
y al pago, nombramiento y destitución de contralores municipales, creación de unidades de
auditoría interna, condiciones y criterios para otorgar jubilaciones, función pública, control
fiscal, verificación sobre la aplicación de la Publicación N° 21 “Instrucciones y Modelos para la
Contabilidad Fiscal de los Municipios de la República”, cumplimiento de la Ley de los Consejos
Locales de Planificación Pública, evaluación de aportes del FIDES, de la LAEE y del FIEM,
entre otros.
Igualmente, es de informar que con ocasión de la aplicación de la LOCGRSNCF, fueron evacuadas
un total de 5 consultas en materia de averiguaciones administrativas, a diferentes unidades
de auditoría interna.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
Los resultados obtenidos por la Contraloría General de la República en ejercicio del control,
vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos en los entes que conforman
el ámbito municipal permiten afirmar que las entidades no han logrado consolidarse como entes
prestadores de servicios debido, entre otros motivos, a la falta de capacidad organizativa y
conocimiento de la función pública como organización, entendido como la suma de recursos
humanos concretos puestos al servicio de la colectividad, que se caractericen por la transparencia
y legalidad de sus operaciones, con objeto de evitar que se continúe incurriendo en vicios
que se han mantenido a través de los años, tales como: evasión de procesos licitatorios, desviación
de fondos de terceros, pago de cantidades de obras no ejecutadas, falta de incorporación al
presupuesto de aportes transferidos por la Administración Nacional (especialmente los del FIDES
y la LAEE), y pago de emolumentos a alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales en
contravención de la normativa que los regula.
148

Administración Estadal y Municipal
Municipios
Otra falla relevante que continuamos observando, es la dependencia de los gobiernos locales en
un alto porcentaje del situado municipal, lo que impide que las actividades municipales se
desarrollen y contribuyan a que el proceso de descentralización se consolide.
Además, persiste una situación que repercute negativamente en la gestión gubernamental, que
es la designación y destitución de los titulares de los órganos de control externo locales sin
apego a la normativa legal que regula tales procedimientos, lo cual trae como consecuencia el
debilitamiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y conflictos de autoridad, con la consiguiente
alteración del orden institucional que en no pocas ocasiones genera entrabamientos en
la administración municipal y daños al patrimonio público.
Fallas y deficiencias
En las alcaldías
• Omisión de los procedimientos de selección de proveedores y/o contratistas para la adquisición
de bienes y para la contratación de servicios u obras, establecidos en la Ley de Licitaciones.
• Adquisición de compromisos sin contar con la disponibilidad presupuestaria, lo cual es
contrario a lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y
artículo 49 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.
• Pago de emolumentos a alcaldes y concejales por montos superiores a los límites máximos
establecidos en el Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos
Funcionarios de los Estados y de los Municipios, sin cumplir con los extremos legales establecidos
en la Ley Orgánica de Emolumentos para los Funcionarios y Funcionarias de los
Estados y Municipios, relacionados con la elaboración del informe técnico que debe presentar
los Consejos Locales de Planificación para justificar la fijación de los emolumentos.
• Deducciones al personal por concepto de Seguro Social Obligatorio (SSO), Ley de Política
Habitacional (LPH) y Seguro de Paro Forzoso (SPF), que no fueron enterados por la administración
municipal.
• Ausencia de inventario de los bienes muebles municipales, no obstante lo establecido en la
Publicación 21 “Instrucciones y Modelos para la Contabilidad Fiscal de los Municipios de
la República”, anexo N° 4 “Instructivo para la Formación de Inventarios y Cuentas de los
Bienes Muebles e Inmuebles de los Estados y Municipios de la República”.
• Pago a concejales por concepto diferentes de dietas, tales como viáticos y pasajes, gastos de
representación y aguinaldos, así como pagos de retroactivos, omitiendo lo establecido en el
artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
149

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
• Emisión de órdenes de pago con imputación presupuestaria incorrecta, situación contraria
a lo establecido en el artículo 143 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el cual
establece que los Municipios deberán aplicar las normas que se adopten a nivel nacional
para el establecimiento de un sistema presupuestario uniforme.
• Emisión de órdenes de pago sin imputación presupuestaria, omitiendo lo establecido en
el artículo 61 numeral 11, del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario.
• Pagos a favor de las empresas contratistas por cantidades relacionadas y no ejecutadas,
omitiendo así lo establecido en el artículo 3 de las Normas Generales de Control Interno,
relacionado con los controles que deben mantener los entes públicos para el resguardo
del patrimonio.
• Expedientes correspondientes a proyectos relacionados con adquisición de bienes y contratación
de obras financiados con recursos ordinarios y extraordinarios, no cuentan con
información suficiente que permita verificar el cumplimiento de los procedimientos legales
llevados a cabo por la administración municipal; asimismo, no se aplican criterios
técnicos para la conformación de los expedientes, omitiéndose los principios establecidos
en el artículo 23 literal “a” de las Normas Generales de Control Interno.
En las contralorías municipales
• Ausencia de manuales de organización, procedimientos y cargos, así como de Reglamento
Interno, que definan y delimiten la estructura organizativa, los procedimientos, funciones,
actividades, competencias y responsabilidades de cada dependencia y trabajador que
la conforman.
• Omisión del ejercicio de las funciones de control previo y posterior de los egresos de la
Hacienda Pública Municipal, por cuanto fueron tramitadas y pagadas órdenes de pago,
que no fueron revisadas y aprobadas por los órganos de control externo respectivos. Además,
dichos órganos de control no ejercieron las acciones necesarias para subsanar dichas
deficiencias.
• Elaboración de planes operativos anuales sin especificar cantidades de actuaciones a realizar,
tiempo estimado de las actuaciones, recursos materiales y humanos a utilizar, no
obstante lo señalado en el artículo 13 de las Normas Generales de Control Interno.
• No cuentan con una infraestructura acorde con sus necesidades, ni disponen de recursos
presupuestarios necesarios para elevar el número de empleados y dotar al ente de una
150

Administración Estadal y Municipal
Municipios
plataforma informática que permita la automatización de los procesos de control para hacerlos
más ágiles y oportunos.
Asimismo, se detectaron en la revisión efectuada a los informes anuales de contralores municipales,
las siguientes fallas y omisiones:
• No informan sobre las actividades relacionadas con:
– El control perceptivo de los bienes y servicios recibidos y/u obras ejecutadas.
– Los procedimientos de determinación de responsabilidades iniciados o en proceso de
sustanciación.
– El control de personal de la Municipalidad.
• Los balances generales remitidos corresponden al elaborado por la administración municipal
y no a los que deben preparar las contralorías de conformidad con el numeral 8 del
artículo 95 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
• No fueron remitidos los inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, incumpliendo lo estipulado
en el artículo 98 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
• Se indican observaciones realizadas como producto del ejercicio de las funciones de control,
tales como faltantes de ingresos, utilización de fondos en finalidades distintas a las previstas,
emisión de cheques sin provisión de fondos y pagos indebidos, sin señalar las acciones
fiscales emprendidas con la finalidad de sancionar a los responsables de las mismas.
En los entes descentralizados
• Carencia de una estructura organizativa debidamente aprobada por las autoridades correspondientes;
no disponen de ordenanza de creación, reglamento interno, ni manuales de
normas y procedimientos, situación contraria a lo establecido en el artículo 3 de las Normas
Generales de Control Interno.
• No disponen de registro de inventario de los bienes muebles, y en algunos casos los existentes
no se encuentran actualizados, omitiendo así lo establecido en la Publicación N° 21
“Instrucciones y Modelos para la Contabilidad Fiscal de los Municipios de la República”,
emanada de este Organismo Contralor.
• No disponen de registros contables que soporten las operaciones relacionadas con la adquisición
y control de los bienes que les son asignados, situación contraria a lo establecido en
el artículo 143 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
• No elaboran los registros de la ejecución financiera del presupuesto de gastos, de conformidad
con lo establecido en el Instructivo del Sistema de Información de la Ejecución Finan-
151

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
152
ciera del Presupuesto de Gastos para las Entidades Descentralizadas Municipales, emitido
por el Ministerio de Hacienda y la Oficina Central de Presupuesto, en el mes de noviembre
del año 1996.
Recomendaciones
A las alcaldías
• Para la selección de empresas proveedoras y/o contratistas, la Municipalidad debe aplicar
las normas establecidas en la Ley de Licitaciones, a fin de garantizar una adecuada y transparente
contratación.
• La administración municipal deberá abstenerse de contraer compromisos para los cuales no
existe previsión presupuestaria.
• Ajustar los pagos a alcaldes y concejales por concepto de emolumentos, a los límites máximos
establecidos en el Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos
Funcionarios de los Estados y de los Municipios y cumplir con los extremos legales establecidos
en la Ley Orgánica de Emolumentos para los Funcionarios y Funcionarias de los Estados
y Municipios, relacionados con la elaboración del informe técnico que deben presentar los
Consejos Locales de Planificación para justificar la fijación de los emolumentos.
• Las deducciones realizadas al personal por concepto de Seguro Social Obligatorio (SSO),
Ley de Política Habitacional (LPH), y Seguro de Paro Forzoso (SPF), deben ser enteradas
oportunamente por la administración municipal, a fin de brindarles la seguridad social que
les corresponde por ley a los trabajadores del municipio.
• Formar el inventario de los bienes muebles municipales, de conformidad con las pautas y
lineamientos contenidos en la Publicación N° 21 “Instrucciones y Modelos para la Contabilidad
Fiscal de los Municipios de la República”, anexo N° 4 “Instructivo para la Formación
de Inventarios y Cuentas de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Estados y Municipios de
la República”.
• Evitar la emisión de pagos a los concejales por conceptos diferentes de dietas de conformidad
con establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
• Las órdenes de pago deben contener la imputación presupuestaria del gasto, con objeto de
evitar la ordenación de pagos sin la correspondiente disponibilidad y mantener actualizado
los registros de ejecución presupuestaria. Asimismo, no deberán utilizar fondos para finalidades
no previstas.

Administración Estadal y Municipal
Municipios
• Implementar mecanismos de control interno con el fin de evitar el pago de valuaciones que
no se correspondan con las cantidades de obra ejecutada.
• A fin de asegurar el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno emanadas de
este Organismo Contralor, la Municipalidad debe fortalecer los mecanismos de control interno
de los procesos que se llevan a cabo para la formación de los expedientes de las
adquisiciones de bienes y contratación de obras y servicios.
A las contralorías municipales
• Elaborar y aprobar el reglamento interno, así como los manuales de organización, procedimientos
y cargos necesarios para el desarrollo de las actividades de esos entes de control, a
los fines de procurar la máxima eficiencia y efectividad en el desarrollo sus funciones.
• Realizar las funciones de control previo y posterior de los egresos de la Hacienda Pública
Municipal, tal como lo establece artículo 95 numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal.
• Elaborar el plan operativo de control para cada ejercicio anual, considerando criterios de
economía, objetividad, oportunidad y de relevancia material.
• Ejercer las acciones pertinentes a fin de garantizar que se le asignen y giren los recursos
presupuestarios y financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades.
• Llevar el Registro de Personal conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 95 de
la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
• Preparar el Balance General de la Hacienda Pública Municipal y los demás Estados Financieros
que sea conveniente.
• Remitir el inventario anual actualizado de los bienes municipales con el informe de las
actuaciones de la Contraloría Municipal y de las gestiones administrativas del municipio,
de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
• Ejercer oportunamente las potestades sancionatorias. En tal sentido, debe tenerse presente
que la imposición de sanciones debe efectuarse de manera inmediata a la detección del
hecho irregular, para fortalecer la lucha contra la impunidad y ejercer una influencia disuasiva
hacia el resto de la Administración.
A los entes descentralizados
• Aprobar estructuras organizativas adaptadas a las necesidades de cada ente en particular, así
como dictar los instrumentos normativos necesarios para discriminar las distintas compe-
153

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
154
tencias de cada dependencia, establecer y unificar las normas, métodos y procedimientos
que permitan salvaguardar sus recursos.
• Mantener registros actualizados de los inventarios de bienes muebles que permitan disponer
de información cierta y actualizada de todos los bienes asignados.
• Elaborar el sistema de contabilidad adaptado a las necesidades de cada ente, de manera que
pueda coordinar los procedimientos contables y el registro adecuado de sus operaciones.
• Diseñar e implantar el Sistema de Información de la Ejecución Financiera del Presupuesto
de Gastos, ajustado a lo establecido en los instructivos emitidos por la Oficina Nacional de
Presupuesto.
POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
En atención de lo establecido en el artículo 97 de la LOCGRSNCF, se asumieron 44 expedientes
de investigaciones iniciadas por órganos de control fiscal externo, en los que señalan la
existencia de elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la declaratoria de
responsabilidad administrativa, la imposición de multas o la formulación de reparos a funcionarios
de alto nivel de los entes y organismos sujetos a su control. De la revisión y análisis
efectuada a dichos expedientes se observó que 18 presentan debilidades en cuanto a su conformación,
ya que carecen del informe pormenorizado donde señalen los hechos investigados y los
elementos probatorios que vinculan a los altos funcionarios de los órganos o entidades a los que
incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal con los actos, hechos u omisiones objeto de
la investigación, por lo cual fueron remitidos al órgano de control fiscal externo respectivo para
su debida sustanciación. Los 26 restantes se encuentran en estudio.
Con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF, se inició el ejercicio de la potestad de
investigación en 31 casos, 10 corresponden a años anteriores y 21 al año 2004. De éstos se concluyeron
17 y en 14 se encuentra pendiente la elaboración del informe de resultados respectivo.
Los resultados de las investigaciones indican que 145 funcionarios se encuentran involucrados
con los actos, hechos u omisiones evaluados; en este sentido, fueron notificados 123 personalmente
y 7 por carteles, quedando 15 pendientes por notificar.
ACCIONES FISCALES
Durante el ejercicio fiscal 2004, se dio inicio a 2 procedimientos administrativos para la determinación
de responsabilidades de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la
LOCGRSNCF, de los cuales en 1 se encuentra pendiente la resolución del recurso administra-

Administración Estadal y Municipal
Municipios
tivo y en el otro está pendiente la notificación del recurso administrativo. Asimismo, se asumió
1 averiguación administrativa remitida por la unidad de auditoría interna de la Alcaldía del
municipio Piar del estado Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la
LOCGRSNCF, toda vez que se encuentra involucrado un funcionario de alto nivel, encontrándose
dicho procedimiento en sustanciación. Con ocasión de las 36 averiguaciones administrativas
correspondientes a años anteriores, 16 se encuentran en etapa se sustanciación, 14 en etapa
de decisión y 6 decididas. El total de cargos formulados a funcionarios por estar presuntamente
incursos en alguna de las causales establecidas en la ley como supuesto de procedencia para una
declaratoria de responsabilidad administrativa fue de 59, de los cuales 13 se encuentran firmes
en sede administrativa, 31 se encuentran en etapa de notificación de la decisión de primer
grado, 9 están en etapa de interposición del recurso de reconsideración y 6 pendientes de la
decisión del recurso de reconsideración.
Respecto de las declaratorias de responsabilidad dictadas en el año, se impusieron 59 sanciones
pecuniarias por un monto de Bs. 133,15 millones.
Las 6 declaratorias de responsabilidad administrativa dictadas en años anteriores quedaron firmes
en sede administrativa.
Durante el ejercicio fiscal 2004, fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad
administrativa por el ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo
105 de la LOCGRSNCF, 7 funcionarios con la medida disciplinaria de inhabilitación
para el ejercicio de funciones pública. Asimismo, en cuanto al estatus procesal de las mismas,
corresponde señalar que 6 quedaron firmes en sede administrativa y 1 está en etapa de notificación
de la decisión de primer grado.
Por otra parte, en atención a la obligación de los órganos de control fiscal de participar a este
máximo Órgano de Control el inicio de procedimientos administrativos para la determinación
de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LOCGRSNCF,
durante el año 2004 se recibió la participación de 2 casos donde se inició dicho procedimiento.
Adicionalmente, fue enviado 1 expediente al Ministerio Público, a los fines del ejercicio de las
acciones civiles o penales que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en concordancia
con lo establecido en el artículo 83 de la LOCGRSNCF y el 285 numeral 5 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
155

Informe de Gestión 2004
Gestión Fiscalizadora
Finalmente, por no prestar las facilidades necesarias para verificar la sinceridad de los datos
presentados en la declaración jurada de patrimonio, tal como lo establece el artículo 27 de la
Ley Contra la Corrupción, se impuso 1 multa por un monto de Bs. 5,33 millones.
156

La Contraloría General de la República, órgano integrante del Poder Ciudadano, es la institución
dotada constitucionalmente de autonomía funcional, administrativa y organizativa para ejercer la
vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos bienes y demás recursos públicos; por la naturaleza
de sus competencias no está sujeta a subordinación o dependencia de ningún órgano del
Poder Público. Ejerce sus funciones a través de las distintas modalidades de inspección y fiscalización
que conforman la Auditoría de Estado y evalúa tanto las políticas públicas como los
resultados de la gestión administrativa de los organismos que administran o custodian fondos y
bienes de carácter público.
Las amplias competencias asignadas a la Contraloría General de la República, demandan organizar
su estructura y funcionamiento para atender con eficacia, eficiencia y economía un universo
conformado por los ejecutores del presupuesto nacional (los ministerios y demás organismos
con autonomía funcional) con sus respectivas dependencias centrales y desconcentradas (504) y
los servicios autónomos (565); aproximadamente 590 organismos de distintas naturaleza jurídico-económica,
entre los cuales se encuentran institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones
estatales, empresas con participación del Estado, asociaciones civiles, los 23 estados con
sus 335 municipios y entes descentralizados, y la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas,
entre otros.
Actualmente la estructura organizativa de la Contraloría General de la República es la siguiente:
DIRECCIÓN
GENERAL
TÉCNICA
No se contemplan niveles jerárquicos
DIRECCIÓN
GENERAL DE
LOS SERVICIOS
JURÍDICOS
AUDITORÍA
INTERNA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL
DE LOS PODERES
PÚBLICOS NACIONALES
CONTRALOR
SUB CONTRALOR
.......
DIRECCIÓN
DE SECRETARÍA
Y COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD,
PREVENCIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA
......................................
Oficina de Atención al Ciudadano
......................................
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROL
DE ESTADOS
Y MUNICIPIOS
.......
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES
159

160
ACTIVIDAD ESPECIAL
PRESIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS)
En este segundo año de ejercicio de la Presidencia de la OLACEFS a cargo de nuestra Contraloría
General se evidencian logros significativos, entre ellos los citados a continuación.
Se promovió la inclusión en la normativa de la OLACEFS de mecanismos que permiten una
mayor rotatividad entre los miembros de los distintos órganos que conforman la organización,
moción esta que junto con otras propuestas específicas fueron incorporadas en la Carta Constitutiva
y su Reglamento, y en los instrumentos normativos y reglamentarios aprobados durante el
año 2004.
Se evaluaron y adelantaron los correspondientes estudios jurídicos en atención a las solicitudes
de ingreso a la OLACEFS del Tribunal de Cuentas del Estado de Santa Catarina de Brasil,
la Sindicatura General de la Nación de la República Argentina y la Auditoría General de la República
de Colombia.
Con el propósito de fortalecer la imagen de la OLACEFS, intercambiar opiniones y conocimientos,
y establecer las bases de posibles cooperaciones para la formación de nuestros expertos en
materia de control fiscal, participamos en los eventos siguientes:
17 SEMINARIO NACIONES UNIDAS / INTOSAI “SIMPOSIO SOBRE LA INDEPENDENCIA
DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES”. VIENA, AUSTRIA, 19 AL 23 DE ABRIL
Asistimos a este sinposio con la finalidad de cumplir el mandato otorgado según el Acuerdo 468/
11/2003 del XXIX Consejo Directivo de la OLACEFS realizado en la ciudad de La Habana, Cuba,
en noviembre de 2003, mediante el cual se aprobó la participación de las EFS de Brasil, Nicaragua
y Venezuela en representación de la región. Durante el evento se realizó un intenso debate que
arrojó importantes conclusiones y recomendaciones, así como una Carta de la Independencia de
las EFS acerca de los 8 principios básicos que deben fundamentar dicha independencia, de los cuales
destacan los siguientes: La independencia de la autoridad superior de la EFS (y miembros en los
organismos colegiados), incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el cumplimiento
normal de sus obligaciones; un mandato suficientemente amplio y facultades plenamente discrecionales
en el cumplimiento de las funciones de la EFS; y la libertad de decidir sobre el contenido
y el momento de sus informes, y sobre su publicación y divulgación.

Actividad
Especial
Se consideró el gobierno electrónico como una evolución importante, pues puede mejorar la
calidad de los servicios públicos para los ciudadanos y las empresas, haciendo más accesible la
información y propiciando un gobierno más abierto y transparente.
En la jornada también se trataron los desafíos que enfrentan las EFS para proporcionar a los
auditores estatales los conocimientos y las aptitudes que necesitan para desempeñar sus funciones;
así mismo, se planteó la contratación y capacitación de nuevo personal, y la planificación,
realización y evaluación de actividades de desarrollo profesional.
XXXIV PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.
QUITO, ECUADOR, 6 AL 8 DE JUNIO
Con miras a promover un acercamiento y aunar esfuerzos entre la OEA y la OLACEFS en
materia de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, participamos en el marco de la
Asamblea General de la OEA, en el “Diálogo informal entre los jefes de delegación, el Secretario
General de la OEA y representantes de la sociedad civil”. Este diálogo se centró en el tema del
“desarrollo social y la democracia frente a la incidencia de la corrupción”. El objetivo del mismo
fue intercambiar experiencias y generar recomendaciones para la consideración de los jefes de
delegación y la Secretaría General de la OEA durante sus discusiones en la Asamblea General.
Vale destacar que existe gran interés por parte de la OEA en contar con la asesoría y apoyo de la
OLACEFS para hacer efectiva la implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, y que nuestra organización regional, por su gran interés en lograr formulas para
contrarrestar ese flagelo, tiene la mayor disposición en brindar esa asesoría.
REUNIÓN REGIONAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROYECTO
OCCEFS-BANCO MUNDIAL. SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 25 AL 28 DE AGOSTO
En representación de la OLACEFS, estuvimos presentes en esa importante reunión de la Organización
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).
En el marco del convenio OCCEFS-Banco Mundial se presentó el proyecto “Sistema Regional
de Rendición de Cuentas en Centroamérica”, que tiene por objetivo diseñar e implementar un
sistema regional de rendición de cuentas en Centroamérica, mediante el desarrollo de capacidades
de control y la promoción de mecanismos eficaces en las EFS miembros de la OLACEFS.
Las actividades propuestas apuntan a la generación de una visión compartida acerca de la rendición
de cuentas, la cual es asimilada como una parte inherente de las funciones públicas y no
simplemente una obligación formal y periódica contemplada en la legislación.
161

XVIII CONGRESO DE LA INTOSAI, BUDAPEST, HUNGRÍA, 10 AL 16 DE OCTUBRE
En el Congreso de la INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores)
se trataron los temas de la cooperación bilateral y multilateral entre las EFS y la coordinación
de la labor de auditoría entre los organismos a los diversos ámbitos. El tema central de
discusión, sin embargo, lo constituyó el Plan Estratégico de la INTOSAI.
Cada una de las regiones presentó un informe de los programas y actividades realizadas. La
OLACEFS rindió cuenta de las principales actividades realizadas, especialmente en materia de
capacitación y acerca del proceso de reorganización y reestructuración del organismo.
En virtud de la culminación del mandato de los miembros del Comité Directivo de la INTOSAI, se
eligieron nuevos miembros para conformarlo. La OLACEFS postuló a las EFS de Nicaragua y
Venezuela para formar parte del mencionado comité y sustituir a las EFS salientes de Brasil y Perú.
De conformidad con los estatutos de la INTOSAI, ese mandato será de 6 años hasta el año 2010.
IV REUNIÓN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DE TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA
REPÚBLICA DE ARGENTINA Y SEGUNDA REUNIÓN DE ENTIDADES OFICIALES DE CONTROL
PÚBLICO DEL MERCOSUR. SAN MARTÍN DE LOS ANDES, ARGENTINA, 10 AL 12 DE
NOVIEMBRE
Como parte de nuestra participación en los procesos de integración de la región en torno del
MERCOSUR, y teniendo presente el papel que las instituciones de fiscalización pueden desempeñar
en dicho proceso, asistimos a la reunión preparatoria para la definición de los temas a tratar en el
Segundo Congreso Internacional de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del
MERCOSUR, que se realizará en el mes de mayo de 2005 en la ciudad de Salta, Argentina. El
temario propuesto inicialmente, incluye “El control interno en los tribunales de cuentas”, “Auditorías
y contralorías”; y “Las relaciones entre los organismos de control público externo nacional,
provincial y municipal en Latinoamérica”.
162

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad
Especial
En apego a las políticas preescritas y a los objetivos y metas que se ha propuesto el Organismo
Contralor, las actividades de administración durante el año 2004 se cumplieron bajo criterios de
austeridad y racionalidad. El desarrollo de las actividades permitió la utilización racional de los
recursos humanos, materiales y presupuestarios, lograr exactitud y veracidad de la información
financiera y administrativa, y salvaguardar los bienes que integran el patrimonio de la institución.
EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
Durante el ejercicio fiscal 2004 la Contraloría General de la República contó con un presupuesto
aprobado de Bs. 73.711,90 millones y un crédito adicional por Bs. 5.788,10 millones, para un
total de Bs. 79.500,00 millones. Se realizaron 73 traspasos internos entre partidas presupuestarias,
para cubrir las necesidades del Organismo Contralor; a continuación se presenta el presupuesto
y su distribución:
CUADRO N° 19
PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL Y DEFINITIVO AÑO 2004
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
(Millones de bolívares)
PARTIDA DENOMINACIÓN
MONTO
INICIAL
MONTO
FINAL
4.01 Gastos de Personal 38.362,46 41.294,71
4.02 Materiales y Suministros 1.691,85 1.283,85
4.03 Servicios No Personales 9.306,89 6.490,85
4.04 Activos Reales 2.481,82 2.481,82
4.06
Servicio de Deuda y Disminución
de Otros Pasivos
60,00 66,00
4.07 Transferencias 21.808,88 27.882,77
TOTAL 73.711,90 79.500,00
Los resultados del control permanente sobre la ejecución presupuestaria, de acuerdo con las
disposiciones legales existentes y conforme con la política de racionalidad del gasto para el
ejercicio fiscal 2004, se señalan a continuación:
163

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
Se efectuaron 145 reintegros a la Tesorería Nacional por Bs. 314,15 millones, por los conceptos
de pagos indebidos, ingresos varios y devolución de fondos del ejercicio fiscal 2003.
Se realizaron y posteriormente se enteraron al Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) 733 retenciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado
(Bs. 73,62 millones) y a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas 306 retenciones por
concepto del Impuesto al Timbre Fiscal (Bs. 2,38 millones).
Se transfirieron a la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de
Estado (COFAE) Bs. 620,00 millones y al Parque “Jesús David Garmendia Leáñez” Bs. 500,00
millones.
Cabe destacar que en el ejercicio 2004 se constituyó la Fundación para los Servicios de Salud y
Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), la cual recibió recursos
por Bs. 2.404,78 millones, de los cuales Bs. 1.070,78 millones provenían del presupuesto ordinario,
Bs. 1.000,00 millones de un crédito adicional y Bs. 334,00 millones de economías propias
de la ejecución presupuestaria.
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
El movimiento total de recursos recibidos por el Fondo de Prestaciones Sociales de esta Contraloría
General alcanzó Bs. 5.530,00 millones, de los cuales se destinaron Bs. 5.292,13 millones al
pago de pasivos laborales.
Con respecto a los ingresos por intereses generados por inversiones temporales y en fondos de
activos líquidos, se percibió la cantidad de Bs. 242,49 millones.
A continuación se refleja el movimiento de recursos del fondo durante el ejercicio fiscal 2004.
164
CUADRO N° 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2004
(Millones de bolívares)
PRESUPUESTO DEFINITIVO 79.500,00 100,00 %
COMPROMETIDO 76.262,77 95,92 %
CAUSADO Y PAGADO 75.243,68 94,64%

SERVICIOS Y ADQUISICIONES
CUADRO N° 21
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2004
(Millones de bolívares)
DENOMINACIÓN MONTO
Saldo al 01-01-2004 4.666,10
Ingresos 5.772,49
Aportes presupuestarios 5.530,00
Intereses Bancarios 242,49
Saldo inicial+Ingresos 10.438,59
Egresos 5.319,92
Prestaciones Sociales 5.292,13
Intereses sobre Prestaciones
Sociales
0
Gastos Financieros e IDB 27,79
Saldo Disponible al 31-12-2004 5.118,67
Administración
y Finanzas
Como resultado de las políticas de optimización y economía en la administración de los recursos
disponibles, dirigidos a elevar los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios requeridos,
se logró la simplificación de los procesos, disminución de los tiempos de respuesta y reforzar
los controles internos.
En tal sentido, durante el ejercicio fiscal 2004 para la contratación de servicios y adquisición de
bienes, se realizaron 18 licitaciones selectivas, de las cuales 14 fueron declaradas desiertas y en 4
se otorgó la buena pro.
Se elaboraron 8 contratos con personas jurídicas por concepto de servicios básicos, 24 para la
adquisición de servicios y bienes, y 6 para servicios de mantenimiento de este Organismo.
Al 31 de diciembre de 2004 se habían procesado 259 órdenes de compra por Bs. 883,46 millones,
por concepto de adquisiciones menores y 434 órdenes de servicios por Bs. 708,46 millones.
En materia de bienes nacionales durante ejercicio fiscal 2004, fueron incorporados al Sistema de
Bienes Muebles 880 bienes por Bs. 1.472,36 millones. Asimismo, se efectuó la desincorporación
de 133 bienes por Bs. 6,58 millones y 16 donaciones a diversas instituciones públicas con fines
educativos.
165

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
166
RECURSOS HUMANOS
Dentro de las atribuciones previstas en la normativa legal vigente, y en el marco del proceso de
reestructuración institucional, la población activa del Organismo Contralor se redujo en 3,44%
en relación con el año 2003, al pasar de 1.017 a 982 trabajadores. Al 31-12-2004 la distribución
de la plantilla es la siguiente:
CANTIDAD DE TRABAJADORES
600
500
400
300
200
100
0
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
GRÁFICO N° 3
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL AÑO 2004
15
Directivo
507
Técnico Fiscal Administrativo
y de Apoyo
GRUPOS
De acuerdo con la demanda y necesidades de recursos humanos de las diferentes direcciones y
dependencias administrativas del ente Contralor, se tramitaron 36 ingresos de personal, de los
cuales 22 pertenecen a la serie de técnicos fiscales y 14 a la serie de administrativos y de apoyo.
Asimismo, y a fin de reforzar la salud del personal y de los niños del preescolar se contrataron 3
profesionales de la medicina.
En cuanto a la rotación de personal se procesaron 72 egresos (19 renuncias, 16 retiros, 2 no
ratificaciones, 34 jubilaciones y 1 pensión), lo cual equivale a 7,23 % de la población activa de la
Contraloría General de la República.
Asimismo se tramitaron 77 movimientos de personal que representan 7,84% de la población
activa de la Contraloría, discriminados en 34 ascensos, 39 traslados y 4 cambios de series.
375
85
Obrero

Recursos
Humanos
Cumpliendo con el Reglamento sobre el Programa Nacional de Pasantías, y de acuerdo con los
lineamientos y recursos disponibles, se aceptaron 72 pasantes, de los cuales 11 corresponden a
nivel universitario, 43 nivel técnico superior universitario y 18 del nivel diversificado/técnico
medio, en las especialidades de Informática, Administración, Contaduría Pública, Derecho y
Recursos Humanos, entre otras.
Siguiendo nuestra política de capacitación se invirtió un total de Bs. 94,74 millones en capacitación
y desarrollo del personal, distribuidos en 31 actividades de capacitación donde participaron
642 trabajadores.
Con el fin de optimizar el trabajo del área de recursos humanos, se actualizó el manual de normas
y procedimientos respectivo.
REGISTRO Y CONTROL
Se mantuvo la política de disminución de pasivos por concepto de vacaciones no disfrutadas del
personal administrativo y obrero; la situación al cierre del ejercicio 2004 es la siguiente:
CUADRO N° 22
VACACIONES PENDIENTES AL 30-12-2004
AÑO TRABAJADORES ENERO DICIEMBRE
2004 988 53 24
2003 1.015 58 53
La Contraloría General de la República durante el año 2004 otorgó al personal activo y a los
jubilados y pensionados beneficios socioeconómicos y pagos por otros conceptos que se presentan
a continuación:
CUADRO N° 23
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS AÑO 2004
(Millones de bolívares)
CANTIDAD DE
CONCEPTO
MONTO
BENEFICIARIOS
Prima por profesión 639 512,24
Prima por hijos 883 309,66
Prima por antigüedad 989 2.312,69
Prima por servicio 31 382,75
Bonos vacacionales 826 1.602,49
Aguinaldos 2.441 8.222,55
Bonos fiscales 902 4.104,27
Bonos útiles escolares 408 24,35
Asignación especial 2.434 4.850,86
167

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
Con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se
continuó depositando los abonos mensuales por concepto de prestaciones de antigüedad en el
Banco Mercantil.
En busca de prestar un servicio óptimo y con respuestas oportunas se implantó el sistema
“Fichaper”, con el cual se automatizará toda la información de los expedientes de los funcionarios.
BIENESTAR SOCIAL
La Contraloría General de la República en aras de mejorar la calidad de vida del personal, mantuvo
durante ejercicio fiscal 2004 los beneficios sociales recreacionales, de salud y educativos
que regularmente viene prestando; en virtud de ello renovó la póliza de seguro colectivo de
hospitalización, cirugía y maternidad, sufragó totalmente las pólizas de accidentes personales y
servicios funerarios, y mantuvo la póliza de seguro de vida que cubre al personal activo y jubilados.
Las pólizas se contrataron con la empresa C.N.A. de Seguros La Previsora.
Sobre la base de lo establecido en la Ley Orgánica de Trabajo, se tramitaron 260 solicitudes de
adelanto de prestaciones sociales por Bs. 1.623,00 millones.
En el mes de mayo, con motivo de celebrarse el Día de la Madre, se entregaron 480 obsequios de
arte murano con arreglo floral a las madres que laboran en la institución.
Cumpliendo con los beneficios contractuales del personal obrero previstos en la Convención
Colectiva de Trabajo, se otorgaron 2 becas a trabajadores que estudian por un total de Bs.
108,00 mil, 23 becas para los hijos de los trabajadores por un total de Bs. 862,00 mil y se
tramitaron 70 listas de útiles escolares, así como 2 bonificaciones únicas por nacimiento de hijo
por Bs. 90,00 mil.
En los servicios de alimentación (desayuno, almuerzo y cafetería) se atendieron 99.191 comensales,
distribuidos entre personal activo, jubilados, pensionados y obreros. En cuanto a la sub-
168
CUADRO N° 24
PAGOS POR OTROS CONCEPTOS AÑO 2004
(Millones de bolívares)
CONCEPTO
CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS
MONTO
Gastos de alimentación 99 94,88
Bono nocturno 52 44,58
Día feriado 141 23,61
Horas extras 85 85,54

Recursos
Humanos
vención del precio del menú almuerzo, se aumentó de 52,00% a 60,00%, lo que representó una
erogación de Bs. 202,60 millones.
Se realizó una jornada de expedición de certificado médico de conducir, junto con el Colegio
Médico del Distrito Capital. Igualmente, se efectuó un operativo de pago de impuestos municipales
junto con la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.
En el marco de la celebración del 66 aniversario de la creación de la Contraloría General de la
República, el ciudadano Contralor General en compañía de la Subcontralora y del personal directivo
impuso 43 condecoraciones “Orden al Mérito en el Trabajo”, 2 en su clase oro, 15 en su
clase plata y 26 en la clase bronce. Igualmente se impusieron 72 botones por años de servicio de
acuerdo con la antigüedad de los funcionarios en el organismo (15, 20, 25 y 30 años).
Asumiendo la recreación como elemento indispensable para el bienestar y desarrollo integral de
los seres humanos, la Contraloría General de la República realizó los IX Juegos Deportivos,
donde participaron 1.022 atletas en 16 disciplinas, en representación de las direcciones y se
premió a los más destacados. Igualmente se realizaron intercambios deportivos con diferentes
organismos públicos.
Con motivo del Día del Niño, se celebró en el “Parque Italo Americano” una fiesta para 670
niños, hijos menores de 12 años de edad del personal que labora en la institución, por un monto
total de Bs. 12,20 millones.
Se realizaron 3 programas vacacionales, donde participaron 197 hijos del personal de la institución,
con edades comprendidas entre los 4 y 17 años, lo cual representó una inversión de Bs.
61,10 millones:
• 2 temporadas de visitas guiadas, con la participación de 90 niños entre 4 y 11 años de edad
con un subvención de 60,00% por monto de Bs. 31,00 millones.
• 1 campamento vacacional a Chichiriviche (Edo. Falcón), para mayores de 12 años y hasta 17
años, en el cual participaron 40 jóvenes con una subvención de 60,00%, por un monto de Bs.
23,60 millones.
• 2 temporadas de plan vacacional cerrado en las instalaciones del Parque “Jesús David
Garmendia Leáñez”, con la participación de 80 niños con edades comprendidas entre los 4 y
11 años, con una subvención total de Bs. 7,50 millones.
169

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
Con motivo del Día de la Secretaria y como reconocimiento al trabajo realizado, se organizó un
desayuno, el cual contó con arreglos florales y obsequios para las homenajeadas, y fue amenizado
por un grupo de música criolla, por un monto de Bs. 4,6 millones.
El 11 de diciembre de 2004 se realizó, en las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia
Leánez”, la fiesta navideña para 670 niños hijos del personal que labora en la Contraloría General
de la República, la cual contó con distintas atracciones, colchones inflables, juegos de feria,
show infantil y el consumo de alimentos y bebidas refrescantes para los homenajeados. El costo
aproximado de la mencionada celebración fue de Bs. 14,7 millones.
PREESCOLAR
La matrícula escolar desde el mes de enero hasta mes de julio del 2004 fue de 87 alumnos, y en
el año escolar 2004-2005, contamos con una población de 95 alumnos, distribuidos en 4 grupos,
continuando los grupo 1 y 2 con la mayor cantidad de niños inscritos.
El preescolar celebró durante el año diferentes efemérides, entre las que se destacan: Día del
Maestro, Carnaval, Semana Bolivariana (juramentación de la Sociedad Bolivariana), Día de la
Madre, Día del Padre y Fin de Curso. Asimismo celebró en el mes de abril la Semana del Preescolar,
realizando variadas actividades de tipo cultural, recreativo, deportivas, competencias con
premiación y una misa para bendición de los niños, entre otras.
Con la finalidad de incorporar dentro de las actividades académicas de aula abierta, se reactivaron
los huertos organopónicos en los canteros disponibles para ello.
Con motivo de que fueron promovidos 17 alumnos del cuarto nivel al primer grado de educación
básica, se realizó un acto en el auditorio “Contralor Luis A. Pietri” del edificio sede. Además, se
cerró el año escolar con un acto cultural donde los alumnos de los diferentes niveles demostraron
sus habilidades artísticas y objetivos trabajados durante el año escolar, así como el manejo de
valores de identidad nacional al ofrecer bailes de nuestro folklore. Se contó con la asistencia de
padres, representantes y autoridades del organismo.
SERVICIO MÉDICO
Se prestó asistencia médica pediátrica a los alumnos del preescolar durante toda la jornada diaria.
Además de una evaluación antropométrica con control y seguimiento durante el año escolar
y 880 consultas debido a malestar de los niños.
170

Recursos
Humanos
Se realizaron 3 jornadas de vacunación de Hepatitis A y B, y Fiebre Amarilla, a aquellos alumnos
que tenían dosis pendientes, así como también al personal adulto del preescolar y su grupo
familiar, en coordinación con el Distrito Sanitario N° 1 y la colaboración de un laboratorio que
donó la mayoría de las vacunas.
Se realizó una campaña de desparasitación a toda la población escolar entre los meses de marzo
y abril; el tratamiento fue financiado por los padres y representantes a través de su Junta Directiva.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
En el servicio de comedor se atendieron aproximadamente 10.706 comensales para el desayuno
(niños), 15.549 para el almuerzo (niños y adultos) y 9.979 para el servicio de merienda (niños);
adicionalmente, se obsequiaron refrigerios a 336 personas entre adultos y niños, con motivo del
Día de la Madre, Día del Padre, Semana del Preescolar y Fin de Curso.
CAPACITACIÓN
El personal docente y auxiliar de la institución asistió a jornadas de reflexión y análisis del diseño
curricular en estudio (Educación Inicial), planificadas por el Distrito Escolar y el Ministerio de
Educación y Deportes. De allí surgieron lineamientos para ser aplicados en las aulas y el nivel de
preescolar.
El personal obrero adscrito al área de la cocina (9 personas) realizó en el mes de mayo de 2004,
con el apoyo del Distrito Sanitario N° 7 adscrito a la Dirección Regional de Salud del Estado
Miranda, el curso de “Manipulación de Alimentos” (duración de 10 horas).
SERVICIO MÉDICO
Es el servicio orientado a mantener la unidad bio-psicosocial del personal, el cual tiene como
objetivo fundamental brindar atención médica integral, con carácter preventivo y curativo, a los
funcionarios activos, al personal contratado, jubilados y pensionados de la Contraloría.
Durante la gestión del año 2004 se evaluaron 11.767 pacientes. En consulta de medicina interna
diaria 2.801, en examen tutorial anual 171 y en consulta pre-empleo 37, lo cual suma 3.009
pacientes (25,57%); en la consulta odontológica 1.314 adultos y 262 niños del preescolar, lo
cual suma 1.576 pacientes (13,39%); y en enfermería (aplicación de tratamiento) se atendieron
7.182 pacientes (61,03%).
Las enfermedades detectadas con mayor frecuencia fueron: afecciones respiratorias altas y bajas
650 (21,00%), músculo-esqueléticas 491 (16,30%), enfermedades que constituyen factor de
171

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
riesgo cardiovascular como dislipidemias, HTA y diabetes 358 (11,8%). Igualmente se detectaron
6 casos de dengue.
Asimismo, los pediatras que prestan servicio en el preescolar realizaron un operativo especial en
el edificio sede durante el período de vacaciones, atendiendo a 84 pacientes entre niños y adolescentes
hijos de funcionarios de nuestro organismo.
ASESORÍA LEGAL
Entre las actividades desarrollas en materia de asesoría legal vinculada al área de recursos humanos
de la Institución Contralora, destacan las siguientes:
• Elaboración de la resolución de conformación de la Comisión de Licitaciones de la Contraloría
General de la República.
• Elaboración de la resolución para continuar el proceso de reorganización administrativa de la
Contraloría General de la República, con el objeto de adecuarla a su nuevo contexto en el
marco de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
• Elaboración de la resolución de designación de la Junta Directiva de la Fundación para los
Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON).
• Elaboración de 84 opiniones jurídicas y 84 actas relacionadas con otorgamiento o no de
jubilaciones y pensiones por parte del Organismo Contralor.
• Elaboración de 90 resoluciones relacionadas con jubilaciones, pensiones, certificaciones de
copias y designaciones, entre otras.
• Ejecución de 111 notificaciones de distintos asuntos en materia de personal y 29 visitas
domiciliarias.
• Elaboración de 19 contratos para suscribirlos con personas naturales, 1 para financiamiento
de curso y permanencia en el exterior (GAO) y 16 addendum de contratos.
• Instrucción de 1 procedimiento de calificación de falta ante la Inspectoría del Trabajo.
PARQUE “JESÚS DAVID GARMENDIA LEÁÑEZ”
La Contraloría General de la República celebró el 30-06-2004 un convenio para la administración
del parque, con la Fundación Institutos de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de
Estado “Gumersindo Torres” (COFAE), vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Para el ejercicio fiscal 2004, el parque contó con ingresos y egresos por Bs. 528,28 millones y
Bs. 261,67 millones, respectivamente, por los conceptos y montos que se señalan a continuación:
172

CUADRO N° 25
TOTAL DE INGRESOS
PARQUE “JESÚS DAVID GARMENDIA LEÁÑEZ”
AÑO 2004
(Millones de bolívares)
CONCEPTO MONTO
Aporte 500,00
Venta de entradas 4,07
Alquiler de kioscos 15,89
Alquiler de instalaciones 7,33
Otros ingresos 1,19
Total ingresos 528,28
CUADRO N° 26
TOTAL DE EGRESOS
PARQUE “JESÚS DAVID GARMENDIA LEÁÑEZ”
AÑO 2004
(Millones de bolívares)
CONCEPTO MONTO
Gasto de Personal 48,41
Materiales y Suministros 12,62
Servicios no personales 161,00
Activos fijos 40,04
Total egresos 262,67
Recursos
Humanos
Durante el segundo semestre del 2004 COFAE, además de pagar los servicios básicos, contrató
entre otros servicios, la realización de trabajos de estudio de suelos, diseño estructural del pavimento,
lavado y desmanchado de exteriores, limpieza de pozos sépticos y demarcación y pintura
de la vialidad.
173

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
SISTEMAS DE CONTROL
174
APOYO TÉCNICO
Durante el ejercicio 2004 se realizaron diversas actividades relacionadas con el área de estudios
técnicos y asesorías, entre las más relevantes destacan las siguientes:
• Elaboración de las pautas internas para analizar la organización y funcionamiento de las
unidades de auditoría interna.
• Elaboración de los lineamientos internos para evaluar la pertinencia de autorizar la eliminación
y/o no creación de las unidades de auditoría interna.
• Actualización de los lineamientos internos sobre el ejercicio de la potestad investigativa.
• Evacuación de consultas a personas naturales y jurídicas en relación con la normativa que
rige la calificación y registro de auditores, consultores y profesionales independientes.
• Asesorías a diferentes entes y organismos de la Administración Pública, vinculadas con el proceso
de reorganización de los órganos de control interno en unidades de auditoría interna.
• Evaluación de manuales de organización, normas y procedimientos y de reglamentos remitidos
por los entes y organismos de la Administración Pública, solicitados por las diferentes
direcciones generales de control con la finalidad de emitir opinión técnica en cuanto a la
transformación de los órganos de control interno en unidades de auditoría interna.
• Evaluación del alcance de las competencias de la Superintendencia Nacional de Auditoría
Interna sobre los entes acentralizados de la República.
• Participación en el equipo de trabajo para la elaboración del Reglamento Interno y las resoluciones
organizativas del organismo.
• Participación en el equipo de trabajo para la elaboración del Proyecto de Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal.
• Elaboración y actualización del cuestionario para la evaluación de la implementación de la
Convención Interamericana Contra Corrupción y respuesta a los informes elaborados por la
Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los países evaluadores respecto
a la implementación de dicha convención en Venezuela.
• Análisis, diseño y modificación de formularios y su incorporación y/o actualización en el
Sistema de Formas de la CGR.

Apoyo
Técnico
• Actualización de los formularios de uso general y específico del Sistema de Formas, en
atención a las nuevas resoluciones organizativas.
• Diseño de la estructura organizativa y del organigrama de posición del preescolar “Emperatriz
Córdova de Ortiz Bucarán”.
• Diseño y actualización de los sobres utilizados para la correspondencia de uso oficial y general
en el organismo.
• Diseño de los sellos de identificación de las distintas dependencias, en atención a la entrada
en vigencia de las nuevas resoluciones organizativas del organismo.
• Actualización del Manual de Organización, Normas y Procedimientos de la Dirección de
Declaraciones Juradas de Patrimonio.
• Elaboración del proyecto de Manual Técnico de Verificación Patrimonial.
• Estudio, análisis y actualización de las instrucciones para la presentación de la declaración
jurada de patrimonio en atención a la entrada en vigencia de la Ley Contra la Corrupción.
• Propuesta de organización y funcionamiento de la Fundación para los Servicios de Salud y
Previsión Social de la Contraloría General de la República.
• Se emitieron opiniones técnicas relativas a:
– La eliminación o no creación de órganos de control fiscal interno.
– La delegación de las competencias del Contralor en los Directores Generales de Control
de los Poderes Públicos Nacionales y de la Administración Nacional Descentralizada, así
como en diferentes Directores Sectoriales.
– El proyecto de la Ley de Bienes Nacionales.
– La resolución para exigir la formulación y presentación de la declaración jurada de
patrimonio por los funcionarios y empleados públicos.
– El manual de indicadores de la unidad de auditoría interna del Ministerio Público.
– La creación de la unidad de auditoría interna en la Alcaldía del municipio Guaicaipuro del
estado Miranda.
– La pertinencia de incluir en el Sistema de Formas de la CGR, el Programa de Auditoría
de Apoyo.
– La metodología para la abstención del control previo desde la Contraloría Municipal a la
Alcaldía del municipio Girardot del estado Aragua.
175

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
176
– La contratación por parte de la unidad de auditoría interna de la Asamblea Nacional, de
los servicios profesionales de una firma de auditores con el objeto de realizar un examen
selectivo de las contrataciones financieras y presupuestarias, así como otros aspectos
para la evaluación del control interno de la Asamblea Nacional.
– Las actividades que realizan los funcionarios de la serie de auditores de este Organismo
de Control.
– Las normas destinadas a fomentar la participación ciudadana de conformidad con lo
previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal.
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Entre las actividades cumplidas durante el año 2004 en materia de planificación, formulación,
control de la ejecución del presupuesto, coordinación de la elaboración del informe anual y de
asesoría y apoyo a la gestión institucional, destacan las siguientes:
• Preparación y ejecución de talleres de inducción para la elaboración del informe de gestión
2003 de la Contraloría General de la República, así como la actualización, impresión y distribución
entre las distintas dependencias de la Contraloría del instructivo para estandarizar la
información a ser presentada.
• Consolidación de los resultados globales de la gestión fiscalizadora y de la gestión interna de
la CGR correspondientes al ejercicio fiscal 2003 y elaboración de los documentos “Informe
de Gestión 2003” y “Actuaciones: Anexo al Informe de Gestión 2003”.
• Revisión, edición y publicación en la página web de la CGR de resúmenes ejecutivos de
actuaciones llevadas a cabo por las distintas direcciones de control durante el ejercicio fiscal
2004.
• Planificación, organización y coordinación del proceso de formulación del presupuesto fiscal
2005 y elaboración del respectivo informe de justificación solicitado por la Asamblea Nacional.
• Sistematización del procedimiento para elaborar los planes operativos de la Contraloría General
de la República.
• Preparación y ejecución de talleres de inducción sobre la elaboración de los planes operativos,
lo cual incluyó el diseño, impresión y distribución entre las distintas dependencias de la
Contraloría del instructivo del sistema en implementación.
• Desarrollo de un sistema de control de tiempos para los proyectos de la Dirección de Plani-

Apoyo
Técnico
ficación, Organización y Desarrollo, el cual facilitará las labores de coordinación y toma de
decisiones.
• Asistencia a las direcciones de control de este organismo sobre el uso y manejo del Sistema
de Información Gerencial (SIGAD).
• Elaboración del proyecto de Normas para la Rendición y el Respectivo Examen de Cuentas
de los Organismos del Poder Nacional y de sus Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales.
• Análisis del proyecto de presupuesto 2004 del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal
y Auditoría de Estado “Fundación Gumersindo Torres” (COFAE).
• Verificación de cálculos derivados de la Sentencia N° 01936 de fecha 10 de diciembre de
2003 referida a la interposición por varios jubilados de la CGR de recurso de nulidad conjuntamente
con acción de amparo constitucional contra el Reglamento sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República publicado
en la Gaceta Oficial N° 35.554 del 26-09-1994.
• Edición del Informe de Gestión del Consejo Moral Republicano correspondiente al ejercicio
fiscal 2003, período para el cual fue presidido por el Contralor General de la República.
• Elaboración de un glosario con las definiciones de los tipos de actuación que regularmente
realiza la institución, las áreas de la administración susceptibles de ser evaluadas, el ámbito
que comprenden y otros términos vinculados con la gestión contralora.
GESTIÓN INTERNACIONAL
Con miras a fortalecer las relaciones interinstitucionales e intercambiar conocimientos y experiencias
durante el año 2004 , se realizaron las siguientes actividades:
Suscripción del acuerdo de cooperación entre la Cámara de Cuentas de la Federación Rusa y
esta Contraloría General (Buenos Aires, noviembre), en ocasión de la XIV Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS. El referido acuerdo permitirá desarrollar relaciones bilaterales con
miras al fortalecimiento institucional y al intercambio y cooperación científico-técnica en el ámbito
de control financiero del Estado.
En su condición de Presidente del Comité de Capacitación Regional de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la Contraloría venezolana
realizó diversas actividades contempladas en el Plan Operacional de Capacitación Regional (POCR)
de la OLACEFS, entre ellas la coordinación de los eventos de capacitación previstos para el año 2004.
Bajo el amparo del proyecto de capacitación en materia de Auditoría de Deuda Pública,
177

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
organizado entre el Comité de Deuda Pública de INTOSAI, la Iniciativa para el Desarrollo de
INTOSAI (IDI) y la OLACEFS, se realizó del 2 al 20 de febrero, en la sede de esta Contraloría
General, el Plan Piloto de Auditoría a la Deuda Pública, evento que contó con la asistencia de 7
entrenadores y 2 expertos en la materia procedentes de las entidades fiscalizadoras de Costa
Rica, Panamá, Colombia, México, Uruguay y Brasil.
Apoyo a la Contraloría General de la República de Paraguay en el área de la Auditoría de Gestión.
Con tal propósito fue seleccionada una funcionaria de esta Contraloría General en calidad
de instructora, quien dictó 2 cursos de capacitación en representación de la OLACEFS. Los
cursos de capacitación se llevaron a cabo del 9 al 20 de agosto y del 6 al 17 de septiembre en la
sede de la contraloría paraguaya.
En su condición de subsede de la OLACEFS esta Contraloría General realizó del 20 al 29 de
septiembre el curso internacional “Conceptos Fundamentales de Auditoría Financiera”, el cual
fue impartido por funcionarios de esta Institución Contralora y contó con la asistencia de 22
funcionarios representantes de la Contraloría General de Bogotá, del Ministerio de Auditoría y
Control de la República de Cuba, la Contraloría General de la República de Paraguay y la Contraloría
General de la República Bolivariana de Venezuela.
La Contraloría venezolana participó en su condición de miembro, en diversas reuniones de trabajo
convocadas por los comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS e INTOSAI.
Asimismo estuvo representada en programas y cursos de capacitación, foros, y otros eventos
con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer la capacidad técnica de sus funcionarios.
Entre ellos merece citar los siguientes:
• V, VI y VII reuniones del Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Organizaciones Internacionales
de la INTOSAI, realizadas en Funafuti, Tuvalu, del 8 al 12 de enero; Copenhage, del 22 al 24
de abril; y Budapest, el 10 de octubre, respectivamente.
• XXX, XXXI y XXXII reuniones del Consejo Directivo de la OLACEFS, realizadas en Ciudad
de Panamá, el 5 de marzo; en Londres, el 10 de mayo; y en Buenos Aires, el 15 de
noviembre, respectivamente.
• Segundo Curso Regional de Auditoría en Deuda Pública, realizado en la Cámara de Cuentas
de la República Dominicana, del 26 de abril al 7 de mayo.
• Programa Internacional de Becas para Auditores 2004 auspiciado por la Oficina de Rendición
de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S. Government
Accountability Office), el cual tuvo una duración de 16 semanas y se realizó en Washington,
178

Apoyo
Técnico
desde el 3 de mayo al 20 de agosto. Finalizado el citado programa, la entidad fiscalizadora
superior norteamericana seleccionó al representante de esta Contraloría General para participar
en el programa de pasantías de 8 semanas.
• Forum acerca la implementación de las políticas de conflicto de intereses en el servicio público,
realizado por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cooperación con la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el gobierno de Brasil, realizado los días 5 y 6 de mayo, en Río de
Janeiro.
• III Jornadas Euroamericanas de Entidades Fiscalizadoras Superiores Eurosai- OLACEFS,
realizadas en Londres, del 11 al 14 de mayo.
• Conferencia Internacional del Medio Ambiente, realizada en Brasilia, del 2 al 4 de junio, bajo
los auspicios del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.
• Reunión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, realizada en Managua, Nicaragua, los días 8 y 9 de julio.
• Reuniones de trabajo celebradas en la ciudad de Washington, del 17 al 20 de julio, relacionadas
con el Proyecto E-Learning entre la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de Capacitación Regional de la
OLACEFS (CCR); seguimiento al Proyecto BID-IDI-GAO-OLACEFS; entre la IDI, el Grupo
de Trabajo de Medio Ambiente de la INTOSAI y el CCR, y con los editores asociados de la
Revista Internacional de Auditoría Gubernamental.
• Reunión del Subgrupo de Análisis del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento
de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, realizada en
Washington, los días 22 y 23 de julio.
• Foro Políticas de Seguridad Financiera de los Estados Unidos y la Unión Europea, realizado
en Isla Verde, Puerto Rico, el 2 de septiembre.
• Taller de Orientación y Evaluación de Habilidades (TOEH), realizado en la ciudad de Lima,
Perú, del 21 al 24 de septiembre.
• Reunión de trabajo para el rediseño del “Taller de Diseño y Desarrollo de Cursos/ Técnicas
de Instrucción”, celebrada en Paraguay del 11 al 29 de octubre.
• VI Reunión del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS realizada del 27 al 29 de
septiembre en la ciudad de Lima.
179

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
• IX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI), efectuado en ciudad de México,
del 27 al 29 de octubre.
• IX Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, realizado en Madrid,
del 2 al 5 de noviembre.
• XIV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en Buenos Aires, del 15 al 19
de noviembre.
• IV Reunión de la Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente de la OLACEFS, celebrada
en Bogotá, 25 y 26 de noviembre.
• Primer Curso Regional de “Auditoría Ambiental”, realizado en la sede de la Contraloría
General de la República de Colombia, del 29 de noviembre al 10 de diciembre.
• Foro Internacional sobre Calidad del Control de Fiscal: Motor de Transparencia y Legitimidad,
auspiciado por la Auditoría General de la República de Colombia y realizado en Bogotá,
2 y 3 de diciembre.
Se tradujeron y diagramaron los volúmenes correspondientes a los años 2003 y 2004 de la
edición en español de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental. Asimismo, se realizó
la revisión técnica del texto en español de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental
editada con motivo del 50° aniversario de la INTOSAI.
La Contraloría venezolana en su condición de editor de la Revista Internacional de Auditoría
Gubernamental, emitió opinión respecto a los artículos que publicados en ella durante los años
2001-2003, podrían optar por el Premio Elmer B. Staats, que otorga la INTOSAI al autor del mejor
artículo que se haya publicado en el período de tres años entre dos congresos.
Esta Contraloría General prestó colaboración a la OLACEFS, en la revisión y compilación de la
información suministrada por las EFS de nuestra organización regional, sobre su origen y evolución
histórica, disposiciones constitutivas y legales, marco técnico normativo, visión estratégica,
estructura organizativa, y requisitos y condiciones para ser titular, con el propósito de editar una
publicación.
En su condición de jurado calificador, esta Contraloría General evaluó 7 trabajos participantes
en el VII Concurso de Investigación OLACEFS 2004, dedicado al tema “Deuda Pública”.
En ocasión de la realización de la XIV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada
en Buenos Aires, del 15 al 19 de noviembre, correspondió a esta Contraloría elaborar la propues-
180

Apoyo
Técnico
ta inicial, el documento guía y la ponencia base sobre el Tema I “Control Ciudadano: Experiencias
de las EFS” en su carácter de Presidente Coordinador del tema; asimismo, envió su colaboración
técnica del Tema II “El control de los servicios municipales y locales”.
PUBLICACIONES
Las publicaciones técnicas editadas por esta Contraloría General durante el año 2004, son las
siguientes:
• Revista de Control Fiscal Nos. 150, 151 y 152.
• Dictámenes de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Contraloría General de la
República, volumen N° XVII, años 2001-2002.
• Informe de Gestión 2002 y Actuaciones-Anexo al Informe de Gestión 2002.
• Informe de Gestión 2003 y Actuaciones-Anexo al Informe de Gestión 2003.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Durante el año 2004 el Centro de Información Técnica (CIT) de la Contraloría General de la
República atendió, a través de sus servicios habituales de consulta en sala de lectura y telefónicas,
préstamo circulante y orientación, aproximadamente a 1.994 usuarios internos y externos.
Asimismo, mediante el uso del correo electrónico se dio respuesta a 148 consultas informativas
y se remitieron periódicamente los productos informativos con valor agregado del CIT, los cuales,
fueron: 4 “Alertas Informativos”, 3 “Actualización Gerencial”, 44 “En La Prensa”, 10 “Instrumentos
Normativos”, 2 “Consolidados de Información”, 9 “Bibliografías Selectivas”, 10 “Novedades”,
1 “Guía Memorias y Cuentas Ministeriales”, 20 reseñas redactadas, 9 “Diseminación
Selectiva de Información” enviados, 2 “Avance Legal y Normativo”. El desempeño de estas funciones
sirvió de apoyo a las actividades de las distintas direcciones que integran esta Contraloría
a través del suministro permanente de información actualizada y procesada con valor agregado.
Además, se llevaron a cabo las siguientes labores de investigación documental y vía Internet:
revisión y ampliación de una lista de organismos internacionales como apoyo al Grupo de Trabajo
de la Auditoría de Instituciones Internacionales; apoyo al trabajo de investigación para las
recomendaciones efectuadas a los países evaluados en el marco de la Convención Interamericana
Contra la Corrupción; elaboración de un informe de potenciales cooperantes en el área de Capacitación
y Adiestramiento. Paralelamente el CIT colaboró con la Biblioteca de la Dirección General
de los Servicios Jurídicos, mediante la asistencia técnica periódica en el procesamiento de
material bibliográfico. Por otra parte, el CIT se ocupó de asegurar la calidad en el hospedaje y
181

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
administración del web site del Organismo Contralor, mediante la comunicación permanente con
la empresa contratada al efecto, así como de verificar la actualización de contenidos y vigilar el
cumplimiento del contrato subscrito.
INFORMÁTICA
Entre las acciones acometidas durante el año 2004 por Contraloría General de la República en
materia de planificación, administración, mantenimiento, resguardo, desarrollo y control de la
plataforma tecnológica institucional destacan las siguientes:
• Instalación e implantación de los módulos de intervenciones y mantenimiento del sistema de
información gerencial (SIGAD) en la Dirección General de Control de Estados y Municipios
de la Contraloría General de la República (CGR).
• Depuración del universo de entes de las direcciones de Control de Estados y de Municipios.
• Migración y sectorización de formas y reportes de los módulos de correspondencia, mantenimiento
e intervenciones del SIGAD de la versión carácter a la versión ambiente gráfico
Developer 1.3 y 2.1.
• Capacitación y mantenimiento del sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano (SISOAC).
• Adaptación al Sistema de Detección de Necesidades de Adiestramiento.
• Apoyo a la evaluación y propuesta de organización y funcionamiento de la Fundación para
los Servicios de Salud y Prevención Social de la Contraloría General de la República
182
(SERSACON).
• Diseño y desarrollo de aplicación para la disciplina Reto al Conocimiento, correspondiente a
los Juegos Deportivos de la CGR.
• Rediseño del Sistema de Asignación de Casos.
• Mantenimiento del Sistema Médico (SISMED) y del sistema de solicitud de bienes del almacén
de la Dirección de Informática (SISBADI).
• Mantenimiento preventivo y correctivo a todos los sistemas instalados en la Contraloría
General de la República (CGR) y los servidores que componen la red de la CGR.
• Instalación del enlace Frame Relay para SIGECOF.
• Instalación del SUS server, de manera de actualizar en tiempo real y remoto todos los parches
de seguridad.
• Actualización de la versión del antivirus.

• Migración del GroupWise 6.0 al GroupWise 6.5
Apoyo
Técnico
• Instalación del Webacces 6.0, el cual permite a los funcionarios de la Contraloría General de
la República la conexión al correo electrónico institucional vía Web.
• Instalación del servicio Proxys .
• Configuración del router para filtrar posibles ataques a la institución.
• Optimización del ancho de banda disponible para internet.
• Reorganización de los enlaces a los ministerios de la Defensa, Interior y Justicia, Relaciones
Exteriores y Finanzas.
• Instalación del software de mensajería Novell.
• Migración del servicio Network Time Protocol (NTP) al router para aligerar la carga de
trabajo.
• Documentación completa de los servidores de la Red.
• Documentación del eDirectory de los objetos del árbol.
• Instalación del eDirectory 8.7.3, Consulote 1.3.6, iManager 2.0.2 en los servidores Unix,
con la finalidad de integrar al arbol de la red de la CGR los servidores Linux, haciendo que
los mismos puedan usar los servicios de la Red Novell.
• Instalación de la nueva versión del software WebJet admin, con la finalidad de administrar
mejor las impresoras conectadas a la red.
• Actualización de la base de datos del árbol CGR-TREE; el mismo resuelve fallas operativas
y de seguridad.
• Instalación de un nuevo servicio de Internet.
Vale destacar que la efectividad en la atención a usuario fue en este año de 91,00% medida po
las estadísticas mensuales.
Para el normal desarrollo de las funciones informáticas ya consolidadas en la institución, se llevó
adelante una serie de actividades que pudieran clasificarse como rutinarias, destinadas al mantenimiento
correctivo, perfectivo y adaptativo de los sistemas de información que se encuentran en
producción, y la coordinación de tareas relativas a la seguridad e integridad de los datos y de la
plataforma informática instalada.
183

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
184
APOYO JURÍDICO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA DECISIONES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Durante el año 2004 ingresaron 113 recursos administrativos interpuestos contra actos de responsabilidad
administrativa, reparos, multas y otras actuaciones emanadas del Organismo Contralor
u otros órganos de control fiscal, a los cuales se suman 31 recursos interpuestos en años
anteriores que estaban pendientes por decidir.
Del total de 144 recursos interpuestos, se emitieron 93 resoluciones: 24 correspondientes a
declaratorias de responsabilidad administrativa, 4 a reparos, 2 a multas, 37 se refieren a recursos
contra actos dictados por el Contralor General con fundamento en los artículo 105 (34) y 112 (3)
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, y 18 en materia funcionarial. Además, se emitieron 8 oficios, 3 contra actos dictados en el
Organismo Contralor y 5 contra actos dictados por otros organismos. Asimismo, quedan 51
asuntos pendientes por resolver, dentro de los cuales se encuentran los recursos administrativos
interpuestos contra actos de responsabilidad administrativa, reparos, multas y otras actuaciones
emanadas del Organismo Contralor; de ellos 15 tienen suspendidos sus procedimientos por decisiones
de los órganos jurisdiccionales y 36 están pendientes de decisión.
CUADRO N° 27
RESOLUCIONES SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, REPAROS Y MULTAS
(Millones de bolívares)
Responsabilidad Administrativa: Recursos de Reconsideración
Resolución Cantidad Monto
Confirmatorias 24 130,35
Resolución
Reparos: Recursos Jerárquicos
Cantidad Monto
Confirmatorias 32 194, 56
Revocatoria 1 26,42
Resolución
Multas: Recursos de Reconsideración
Cantidad Monto
Confirmatorias 2 6,30

RECURSOS JURISDICCIONALES INTERPUESTOS CONTRA DECISIONES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Apoyo
Jurídico
En defensa de la legalidad de los actos emanados del Organismo Contralor se atienden actualmente
562 juicios, discriminados de la siguiente manera: 182 en el Tribunal Supremo de Justicia,
15 causas en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, 14 en la Corte Segunda de lo
Contencioso Administrativo, 6 por distribuir a las cortes de lo Contencioso Administrativo, 189
en los juzgados superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, 2 en los tribunales de Transición,
y 154 en los tribunales superiores Contencioso Tributario.
De los juicios antes señalados, 87 ingresaron a los tribunales competentes durante el presente
año, 3 recursos contenciosos interpuestos contra objeciones fiscales por Bs. 1,59 mil millones,
84 recursos contenciosos contra declaratorias de responsabilidad administrativa, multas, actos
dictados por el Contralor General de la República con fundamento en los artículos 105 y 112 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, Ley de Emolumentos de los más Altos Funcionarios, contra artículos de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, durante el presente año fueron objeto de sentencia por los respectivos tribunales un
total de 62 causas relacionadas con actos de este Organismo Contralor.
CUADRO N° 28
DECISIONES SOBRE RECURSOS JURISDICCIONALES INTERPUESTOS
EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, REPAROS Y MULTAS
(Millones de bolívares)
Reparos: Recursos Jurisdiccionales
Fallos Cantidad Monto
Favorables 8 146,49
Desfavorables 6 56,71
Parcialmente con lugar 2 43,81
Fallos
Multas: Recursos Jurisdiccionales
Cantidad Monto
Favorables 3 4,18
Desfavorables 1 1,95
Responsabilidad administrativa: Recursos Jurisdiccionales
Fallos Cantidad Monto
Favorables 11 5,68
185

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
Durante el año 2004 los órganos jurisdiccionales decidieron 10 acciones de amparo constitucional:
7 interpuestas contra la aplicación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 1 contra una medida preventiva
adoptada por el Contralor General de la República, con fundamento en el artículo 112 del
citado texto legal, 1 vinculado con un procedimiento de determinación de responsabilidades y 1
fundamentado en la presunta violación del derecho constitucional de petición y oportuna respuesta.
De las acciones identificadas, 6 fueron declaradas inadmisibles, 1 parcialmente con lugar,
1 con lugar, en 1 se homologó el desistimiento y en otra el tribunal se declaró incompetente.
De igual forma se resolvieron 7 recursos de interpretación, 4 fueron declarados inadmisibles, 1
sin lugar, en 1 se declaró resuelta la interpretación y en otro el tribunal se declaró incompetente.
También, resolvieron 3 recursos de colisión de leyes, en 1 se sostuvo que no existía la colisión
alegada y 2 inadmisibles.
Se resolvió, además, 1 recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra artículos de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el
cual fue declarado sin lugar.
Adicionalmente, se resolvieron 6 recursos en materia funcionarial, 3 fueron declarados sin lugar,
2 con lugar y en 1 se homologó el desistimiento.
Igualmente, se decidieron 3 recursos de nulidad contra actos administrativos dictados por el
Contralor General de la República, con fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de los cuales 2
fueron declarados inadmisibles y 1 sin lugar.
Paralelamente, resolvieron 1 recurso de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar
contra un acto administrativo dictado por el Contralor General de la República, con fundamento
en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, en el cual se homologó el desistimiento.
APOYO JURÍDICO A LA GESTIÓN FISCALIZADORA:
ASISTENCIA JURÍDICA
Se elaboraron 4 proyectos de oficios con contenido jurídico y 76 respuestas jurídicas referidas a
varios tópicos sometidos a consulta por las diferentes direcciones de este Órgano Contralor.
Por otra parte, se emitieron opiniones jurídicas relacionadas con los proyectos y anteproyectos
siguientes:
186

Apoyo
Jurídico
• Proyecto del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
• Proyectos de resoluciones organizativas de la Contraloría General de la República.
• Proyecto del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República.
• Proyectos de las resoluciones para los nombramientos y designaciones de los directores de la
Contraloría General de la República.
• Proyecto de los Estatutos de la Caja de Ahorros de la Contraloría General de la República.
• Proyecto de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.
• Proyecto del Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República.
• Proyecto de la Ley Orgánica de las Fuerza Armada Nacional.
• Proyecto de la Normativa relacionada con el Sistema de Control Interno de la Fuerza Armada
Nacional.
• Proyecto de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
• Proyecto de Acta Constitutiva y Estatutos de la Fundación para los Servicios de Salud y
Previsión Social
• Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Casinos, Sala de Bingos y Máquinas Traganíquel.
• Anteproyecto del Código Penal.
187

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
188
COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Las actividades de esta área durante el año 2004 se cumplieron atendiendo a las instrucciones
del Despacho, los lineamientos institucionales y las solicitudes de funcionarios del Organismo
Contralor.
• Se brindó cobertura periodística y fotográfica en 77 actividades internas y externas a las que
asistió el Contralor General.
• Se acompañó a la Subcontralora en los diversos eventos y se atendieron demandas de las
direcciones generales y otras dependencias especializadas de la institución.
• Se tomaron unas 5.300 fotografías.
• Se elaboraron 12 boletines de prensa e igualmente se atendió a los representantes de los
medios de comunicación que solicitaron entrevista en el Despacho del Contralor.
• Se elaboraron 242 resúmenes diarios de las informaciones más importantes en temas concernientes
a la actividad contralora y de interés económico y político, para el Contralor y la
Subcontralora.
• Se realizó el trabajo de redacción, corrección, diseño, montaje, seguimiento, aprobación y
distribución de 9 números del órgano divulgativo “CGRevista”
• Así como el diseño y artes finales del Calendario y del Programador 2005.
• Se redactaron, diseñaron, imprimieron y distribuyeron 90 boletines internos “Al día”
y “Puntual”.
• Se efectuaron tres cambios en el diseño y presentación de las carteleras de la institución,
manteniendo las respectivas actualizaciones diarias y semanales que son requeridas para una
información ágil y variada.
• Se coordinó el servicio de prensa, protocolo y la logística de los eventos internacionales,
que a continuación se mencionan:
– Plan Piloto de Auditoría a la Deuda Pública (del 02 al 20-02-2004).
– Taller “Conceptos Fundamentales de Auditoría Financiera” (del 20 al 29-09-2004).
– Visita del Subcontralor de Panamá, doctor Enrique Lau Cortés (del 26 al 28-10-2004).
• Se brindó apoyo de prensa, protocolo y logístico, a las direcciones generales y sectoriales del
Organismo Contralor, que lo requirieron para la realización de actividades inherentes a las
funciones que desempeñan, destacándose las siguientes:
– Presentación del libro “Presencia Revolucionaria de Fabricio Ojeda” (21-06-2004).

– Encuentro de Oficinas de Atención al Ciudadano (01-07-2004).
– Develación del cuadro “La tierra venezolana pare a Bolívar” (28-07-2004).
– Exposición artística visual de “Ramón Maldonado Díaz” (del 04 al 25-08-2004).
Comunicación
Corporativa
– Exposición “La Casa del Cachicamo” en homenaje a Diego Barboza (del 08 al 24-09-
2004).
– IV Simposio de Contralores de Estado (del 07 al 08-10-2004).
• Organización, coordinación y ejecución de las actividades programadas para el 66° aniversario
de la Contraloría General de la República, celebrado durante el mes de octubre, según el
siguiente programa: inauguración IX Juegos Deportivos; Gran Feria de Artesanía y Gastronomía
Criolla; exposición de arte “Tempo 66”; I Feria del Libro del Poder Ciudadano; acto
de condecoración Orden al Mérito en el Trabajo e imposición de “Botón al Mérito” por años
de servicio; ofrenda floral ante la estatua ecuestre de El Libertador en la Plaza Bolívar;
ofrenda floral ante el sarcófago de El Libertador en el Panteón Nacional; concierto aniversario
en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño con la Orquesta Sinfónica Infantil
de Caracas.
• Protocolo en 109 audiencias programadas por el Contralor General y la Subcontralora, así
como en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía a los invitados especiales
de los eventos internacionales, además de la tramitación de atención vip ante el referido
aeropuerto para las altas autoridades del Órgano Contralor.
• Se propició el acercamiento con las instituciones que conforman los Poderes Nacionales,
especialmente las que conforman el Poder Ciudadano. En este sentido, se trabajó con el
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en la organización del evento programado el
día 13 de agosto para los observadores internacionales invitados por el Consejo Nacional
Electoral.
• Se organizó la celebración de las diferentes efemérides: Día del Abogado, del Periodista, del
Administrador, del Arquitecto, del Contador Público, del Ingeniero, del Economista y del
Psicólogo, así como el Día de la Madre, del Padre, del Niño, entre otros.
• Coordinó la elaboración de los discos compactos de la Orquesta Sinfónica Infantil de Caracas
y de Trabadeos Ensamble.
• Publicación y seguimiento de 71 avisos (carteles de notificación y citación) en la prensa
nacional.
189

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
190
CONTROL INTERNO
Las acciones para la evaluación del sistema de control interno del Organismo Contralor durante
el año 2004, realizadas de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público, el Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, las resoluciones
organizativas correspondientes y demás disposiciones aplicables, estuvieron enfocadas en
la ejecución de auditorías de gestión, evaluaciones de control interno y otras evaluaciones técnicas
en las direcciones generales y sectoriales de control, así como en otras dependencias.
En atención a lo antes mencionado, la ejecución del Plan Operativo Anual 2004 comprendió la
realización de 17 actuaciones, de las cuales se concluyeron 13, y 4 quedaron en proceso. Asimismo
se incluyeron 3 actividades referidas a la elaboración del plan de capacitación, el inventario y
el informe de gestión de auditoría interna.
Las actuaciones concluidas se mencionan a continuación:
• Verificación al cumplimiento de la normativa para el uso obligatorio del uniforme, forma
de vestir y buena presencia en general, por parte del personal de la Contraloría General de la
República.
• Evaluación de control interno realizada al Pre-escolar “Emperatriz Córdova de Ortiz Bucarán”,
para el período septiembre de 2002/julio de 2003.
• Auditoría al cumplimiento de metas para el año 2002, en la Dirección General de Control de
la Administración Nacional Descentralizada.
• Auditoría de los procesos licitatorios efectuados por la Contraloría General de la República,
durante el año 2003.
• Seguimiento a las acciones correctivas implementadas por la Dirección de Informática, derivadas
de las observaciones y recomendaciones formuladas mediante el informe definitivo de
fecha 18-06-2001, relativo a la verificación de las cuentas de correo electrónico de la Contraloría
General de la República.
• Evaluación de control interno practicada a la Dirección de Informática con alcance al año
2003 y primer semestre de 2004.
• Evaluación del sistema de control interno a las operaciones relacionadas con los servicios de
Internet que administró y coordinó la Dirección de Informática, durante el año 2003.

Control
Interno
• Evaluación técnica al Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios de la Contraloría
General de la República, para el período comprendido entre enero de 2003 y el primer
trimestre de 2004.
• Evaluación de control interno y de seguridad industrial al área del Archivo Central, con
alcance 1° de enero hasta el 15 de junio de 2004.
• Estudio preliminar en la Dirección de Secretaría y Comunicación Corporativa.
• Estudio preliminar en la Dirección General de los Servicios Jurídicos.
• Estudio preliminar en la Dirección General de Procedimientos Especiales.
• Plan de acción correctiva en Auditoría Interna.
Las observaciones y recomendaciones, derivadas del análisis de las actuaciones ejecutadas, fueron
recogidas en cada uno de los informes.
191

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
192
SEGURIDAD INTERNA
Entre las actividades desarrolladas por el Organismo Contralor durante el año 2004 en materia
de seguridad, prevención y control de riesgos destacan:
• La comprobación, regulación, validación, inspección y eventual intervención del paso o circulación
de personas, objetos o vehículos en las distintas áreas sujetas a control o de seguridad
mediante el Sistema de Control de Acceso (SCA). Los registros de este servicio muestran
la siguiente situación: 155 carnés extraviados y/o desactivados, 850 activados y 168
reemplazados. Reemplazo y/o actualización de 320 láminas fotográficas, generación de 24
reportes de recorrido y 6 reportes videográficos con fines supervisorios en atención de 24
solicitudes internas y de otras instituciones.
• Depuración total del histórico y constitución de una base de datos del personal carnetizado
cesante y activo, así como los respaldos mensuales del índice fotográfico digital de visitantes.
• Actualización del Sistema de Control de Acceso de Visitantes (SCAV) en el módulo de
reportes con foto y visualización histórica del código asignado, lo cual redundará en el suministro
efectivo y expedito de la información contenida en el mismo.
• Registro de imágenes en video que eventualmente permitieron esclarecer la ocurrencia de
hechos que vulneraron las condiciones de seguridad del Organismo.
• Realización de respaldos e incorporación en la unidad de respaldo de imágenes de video en
formato digital (GRW) y en disco duro (CPU).
• Custodia del Contralor, la SubContralora y demás personalidades vinculadas con el desempeño
de la Contraloría.
• Adecuación de los procedimientos de seguridad a las normas y leyes de aplicación en el
ámbito nacional, bajo lineamientos emitidos por la Dirección de Armamento de la Fuerza
Armada Nacional (DARFA).
• Resguardo (instalaciones y personas), vigilancia, patrullaje y recorridos en las instalaciones
del edificio sede junto con la Guardia Nacional. Este servicio demandó la participación de 63
funcionarios que prestaron 127.830 horas-hombre en 320 recorridos.
• Evaluación y/o resolución de 18 eventos que ameritaron la intervención del personal de
guardia (novedades, siniestros y otros hechos).
• Acompañamiento a 9 funcionarios del organismo que debieron trasladarse para realizar notificaciones
en condiciones que suponían riesgo.
• Coordinación de seguridad y resguardo, en calidad de colaboración, a las instalaciones del

Seguridad
Interna
Concejo Moral Republicano. Lo cual incluyó la asignación de personal rotativo, custodia de
llaves, control e identificación de acceso de personas y registro de salida y entradas de bienes
muebles. Las actividades se cumplieron de acuerdo con las pautas establecidas por la Secretaría
Ejecutiva de esa institución.
• Tramitación de aproximadamente 1.568 llamadas (989 autorizadas a celulares, 537 a DDN y
aproximadamente 42 llamadas internas diarias), así como la actualización y reproducción del
registro telefónico institucional al mes de noviembre.
• Labores de protección y resguardo a la integridad física de las autoridades, funcionarios visitantes
que acudieron a los eventos con motivo del 66 aniversario del Organismo Contralor.
• El control y registro del ingreso de personas y vehículos al Parque “Jesús David Garmendia
Leáñez”. Las estadísticas de este servicio reflejan que durante el año 2004 las instalaciones
fueron visitadas por 37.279 usuarios: 1.088 proveedores, 6.315 trabajadores, 9.527 personal
activo, 5.899 personal jubilado, 9.044 invitados del personal activo, 2.555 jugadores y 2.851
acompañantes de jugadores. Además, se realizó patrullaje extensivo, junto con la Guardia
Nacional y las autoridades competentes, en las distintas zonas del parque y se dio parte a las
autoridades de los distintos siniestros y hechos irregulares presumiblemente delictuales acaecidos
en sus instalaciones.
193

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
194
FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
DE CONTROL FISCAL Y AUDITORÍA DE ESTADO
“GUMERSINDO TORRES”
Creado en 1970 como Escuela de Control Fiscal, principalmente para capacitar al funcionariado
de la Contraloría General de la República (CGR), en el año 1996 se instituye como Centro de
Estudios Superiores de Auditoría de Estado (CEA), bajo el formato de Asociación Civil. En el
año 2002 pasa a denominarse Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría
de Estado “Gumersindo Torres”(COFAE).
MISIÓN Y VISIÓN
La misión de este centro de capacitación e investigación es actualizar, desarrollar y especializar
recursos humanos de alto nivel en auditoría y control de Estado, capaces de ejercer con eficacia
la vigilancia y fiscalización del patrimonio público, la administración del Sistema Nacional de
Control Fiscal y la promoción del fortalecimiento del Poder Ciudadano.
Asumiendo como principios y valores la probidad, la transparencia, la confianza y la integridad,
en la fundación se comparte la visión de consolidarse como institución líder en los estudios
superiores de auditoría y control de Estado, con excelente desempeño académico y óptimo soporte
administrativo, para satisfacer las exigencias de capacitación en la fiscalización de la gestión
pública, promover la cultura de la probidad y contribuir con eficacia en el fortalecimiento del
poder de control de los ciudadanos.

La fundación está organizada estructuralmente así:
Coordinación de
Investigación y
Desarrollo
Académico
Gerencia
Académica
COFAE dispone de dos modalidades de gestión académica, a saber:
Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal
y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres”
• Básica: incluye la programación de cursos, talleres y seminarios dirigidos a la nivelación,
actualización e información de los funcionarios y particulares.
• Integral: dirigida a desarrollar y perfeccionar conocimientos, habilidades y destrezas en el
contexto de una visión interdisciplinaria, agrupando temas afines, estudiándolos con mayor
profundidad y ampliando el alcance de su desarrollo. Incluye procesos evaluativos rigurosos,
en los que se fundamenta el otorgamiento del respectivo Certificado de Aprobación. Esta
modalidad se expresa bajo el formato de Programa de Capacitación Integral.
GESTIÓN ACADÉMICA
Coordinación de
Programación y
Operaciones
Académicas
Junta Directiva
Presidencia
Coordinación de
Administración y
Finanzas
Gerencia de
Administración
Coordinación de
Tecnología de
Información
Coordinación de
Gestión del
Parque Jesús
David Garmendia
Coordinación de
Identidad
Corporativa y
Gestión
Comunicacional
Coordinación de
Gestión Editorial
Coordinación de
Gestión Cultural
Al 31-12-2004, la fundación realizó 219 actividades de capacitación, con la asistencia de 4.278
participantes, para un total de 5.131 horas académicas. En el cuadro siguiente se muestra, en
términos cuantitativos, la programación y ejecución de las metas físicas académicas del año 2004:
195

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
En consonancia con la misión, en cuanto al apoyo brindado a la gestión fiscalizadora de la Contraloría
General de la República, esta fundación apoyó el desarrollo de las actividades siguientes:
• Taller “Aspectos Relevantes del Procedimiento de Verificación Patrimonial”, con una duración
de 6 horas académicas impartidas a 34 participantes, fiscales del Ministerio Público y
funcionarios de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la CGR.
• “IV Simposio de Contralores de Estado: Consideraciones para un Efectivo Sistema de Control
Interno”, con una duración de 16 horas académicas impartidas a 79 participantes.
•· 31 actividades de capacitación in-company impartidas a los funcionarios de la CGR, bajo el
formato de cursos y talleres, en diversas áreas de conocimiento, correspondientes a un total
de 698 horas académicas, dictadas a 642 participantes.
Además, la fundación para el año 2004 amplió su cartera de cursos y talleres, creando las actividades
que se muestran en el cuadro siguiente:
196
CUADRO N° 29
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AÑO 2004
(Cantidad de participantes)
MODALIDAD DE
CAPACITACIÓN
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN
ABSOLUTA
%
EJECUCIÓN
En Sede 3.489 2.216 (1.273) 63,51
Básica In-Company 1.246 2.062 816 165,49
Sub-total 4.735 4.278 (457) 90,35
En Sede 30 0 (30) (100,00)
Integral In-Company 200 0 (200) (100,00)
Sub-Total 230 0 (230) (100,00)
Total 4.965 4.278 (687) 86,16
CUADRO N° 30
NUEVAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
AÑO 2004
ÁREA ACTIVIDADES
Auditoría Auditoría por Computadora
Contabilidad Fundamentos Básicos de Contabilidad para Abogados
Desarrollo Gerencial Practicando la Disciplina de la Comunicación Exitosa
Crecimiento Personal Potenciación Profesional
Participación
Ciudadana
Creación y Funcionamiento de las Oficinas de Atención al
Ciudadano

Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal
y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres”
Así mismo, con el objeto de fomentar el desarrollo de investigaciones doctrinarias en materia de
Control de Estado, especialmente en cuanto a su vinculación con las competencias atribuidas al
Poder Ciudadano, al Consejo Moral Republicano y a la Contraloría General de la República en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la fundación declaró abierta desde el 27
de agosto de 2004 hasta el 26 de febrero 2005, la II Bienal de Investigación sobre Control de
Estado, la cual versa sobre temas de interés y actualidad en áreas tales como: la participación
ciudadana en el control de Estado, el funcionamiento coordinado de los sistemas de control
interno con el externo, la auditoría de gestión de programas sociales, la calidad en la auditoría de
gestión y la auditoría de la deuda pública.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RECURSOS HUMANOS
El personal fijo de la fundación está constituido por 72 trabajadores en funciones de apoyo
académico, administrativo e informático. Igualmente, cuenta con 57 docentes invitados a tiempo
convencional y durante el año 2004 se incorporó temporalmente a 19 pasantes de diversas entidades
educativas. El cuadro siguiente muestra la clasificación correspondiente:
ASPECTOS FINANCIEROS
CUADRO N° 31
RECURSOS HUMANOS
AÑO 2004
CLASIFICACIÓN CANTIDAD
Directivo 1
Profesional y Técnico 29
Administrativo 15
Obreros 27
Total Planta Fija 72
Pasantes / Docentes 76
Al 30-11-2004 la Fundación superó en 30,73 % las metas programadas para los ingresos. Por su
parte, las metas financieras proyectadas en el presupuesto de gastos se cumplieron en 97,33 %.
Los resultados de la ejecución de las metas financieras hasta noviembre del año 2004, son los
siguientes:
197

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
En cuanto al cumplimiento de las metas financieras previstas para los ingresos de operación, la
Fundación superó las establecidas para los ingresos por venta bruta de bienes, los cuales provienen
de la Librería El Mosaico, en Bs.14,21 millones, como consecuencia de las nuevas políticas
aplicadas.
Contrariamente, el resultado de las metas financieras previstas para el ramo de venta bruta de
servicios no se cumplieron en Bs. 479,01 millones, motivado en primer lugar, a que no se
realizaron actividades bajo la modalidad de capacitación integral y en segundo lugar, a que no
asistió el número de participantes estimados, según se demuestra en el cuadro N° 29.
La situación descrita afectó los gastos programados como se muestra en el cuadro siguiente:
198
CUADRO Nº 32
INGRESOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS AÑO 2004
(Millones de bolívares)
CONCEPTO
PROGRAMADO
AJUSTADO
EJECUTADO VARIACIÓN
ABSOLUTA
Venta bruta de bienes 28,60 42,81 14,21
Venta bruta de servicios 1.459,80 980,79 (479,01)
Otros ingresos de operación 32,65 65,65 33,00
Transferencias 100,00 1.030,00 930,00
Recursos financieros y de capital 0,00 0,00 0,00
Total 1.621,05 2.119,25 498,20
CUADRO Nº 33
EGRESOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS AÑO 2004
(Millones de bolívares)
PARTIDA
PROGRAMADO
AJUSTADO
EJECUTADO VARIACIÓN
ABSOLUTA
Gastos de Personal 1.249,45 1.239,48 (9,97)
Materiales y Suministros 219,13 218,38 (0,75)
Servicios no Personales 396,14 395,37 (0,77)
Activos Reales 172,64 124,24 (48,40)
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00
Servicios Deuda Pública y
Disminución otros Pasivos
7,75 0,99 (6,76)
Transferencias 2,10 0,00 (2,10)
Otros Gastos Instituciones
Descentralizadas
63,11 47,15 15,96
Total 2.110,32 2.025,61 (84,71)

GESTIÓN COMUNICACIONAL, EDITORIAL Y CULTURAL
Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal
y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres”
Comprende la consolidación de la identidad e imagen corporativa de COFAE, la promoción de la
cooperación e intercambio cultural interinstitucional, el desarrollo de concursos literarios, el
apoyo a las manifestaciones culturales y artísticas, así como la edición de publicaciones con
énfasis en la divulgación de conocimientos provenientes de actividades de investigación y de
capacitación. En este orden se cumplieron las actividades siguientes:
• Posicionamiento y consolidación del semanario “Cofae hoy” como instrumento de divulgación
institucional, interno y externo.
• Publicación de la revista electrónica “E-Cofae”, como un producto de comunicación vía
electrónica para difundir las actividades académicas, la cual llega a 36.000 usuarios registrados
en nuestra base de datos.
• Edición de los títulos siguientes:
– Presencia Revolucionaria de Martí (Colección Buen Ciudadano), autor: Fabricio Ojeda.
– Aspectos Disciplinarios de la Ley del Estatuto de la Función Pública (Colección Jaime
Ferro Farías), autor: Alejandro Cáribas.
– Arco Iris de Cuentos (Colección Grano de Maíz), autores: Hugo Colmenares, Maira
Cristina Freites y Beatriz M. Bermúdez.
– Catálogo de Publicaciones de la CGR.
– Directorio de Actividades de Capacitación 2004-COFAE.
• Organización y ejecución de la I Feria del Libro del Poder Ciudadano.
• Organización y desarrollo de la II Bienal de Literatura Infantil.
• Coordinación técnica de la Librería “El Mosaico”.
• Coordinación de las misiones Robinson, Rivas y Sucre como apoyo a su realización en las
instalaciones de la fundación, para el personal de la CGR, COFAE y la comunidad.
• Presentación de la Orquesta Juvenil Infantil “Ambrosio Plaza”.
• Curaduría, gestión y coordinación de la muestra “Colección Alegría” del artista Ramón
Maldonado Díaz.
• Inauguración del Salón Permanente de Artes de la CGR, con la exposición del artista Ramón
Maldonado Díaz.
• Develación de la Obra “La tierra venezolana pare a Bolívar” (restaurada), del pintor César
Rengifo.
199

Informe de Gestión 2004
Gestión Interna
• Coordinación y ejecución de la I Feria de Artesanía y Gastronomía Criolla, en el marco del
66° aniversario de la CGR.
• Inauguración de la Exposición “La Casa del Cachicamo”, en homenaje al artista plástico
Diego Barboza.
• Taller de Inducción a las Artes Plásticas para 40 niños hijos de funcionarios de la CGR,
dictado por la profesora Marisela Moreno.
• Talleres de Organización e Inducción del Programa de Salas Asociadas, coordinado con la
Cinemateca Nacional.
• Coordinación de la Exposición “Tempo 66”, muestra colectiva donde participaron los artistas
David Méndez, María Gerarda Arocha, Luisa Elena Páez y Manuel Saturno.
• Coordinación de talleres de música (piano, mandolina, cuatro, guitarra, lectura musical y arpa).
200

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINARIAS DE REPAROS
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR DE LA ECONOMÍA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Bonaguro,
Giuseppe (*)
C.I. N° 7.288.795
Catanese,
Maria (*)
C.I. N° E-864.418
Cieri Colmenárez,
Mery A. (**)
C.I. N° 4.597.941
Director de
Finanzas
Escobar de Rivas,
Delia (*)
C.I. N° 2.387.933
Directora de
Finanzas
González,
Eulena (*)
C.I. N° 2.793.788
Mena Bejarano,
Juan C. (*)
C.I. N° 1.876.450
Director de
Finanzas
Monet Arellano,
Jesús (***)
C.I. N° 56.982
Panadería y
Pastelería El
Nuevo Mileniun (*)
J-30606468-0
Panadería y
Pastelería El
Nuevo Mileniun (*)
J-30606468-0
Contribuyente Tributo dejado de liquidar por
concepto de impuesto sobre
sucesiones, donaciones y demás
ramos conexos. 71.823.922,45
Contribuyente Tributo dejado de liquidar por
concepto de impuesto sobre
sucesiones, donaciones y demás
ramos conexos. 2.025.778,31
Unidad Básica Dirección
Estadal Bolívar del extinto
Ministerio de Transporte
y Comunicaciones, actual
MINFRA
Unidad Básica Dirección
de Finanzas del extinto
Ministerio de Agricultura
y Cría, actual Ministerio
de Agricultura y Tierras
Omisión de comprobantes
justificativos del pago, durante los
ejercicios fiscales 1997 y 1998 (art.
144 aparte tercero Ley Orgánica de
la Hacienda Pública Nacional).
Incumplimiento de los artículos 1 y
5 de las Normas para el Examen
Selectivo de las Cuentas de
Gastos, durante el ejercicio fiscal
1999.
2.445.578,00
8.100.697,56
Contribuyente Tributo dejado de liquidar por
concepto de impuesto sobre
sucesiones, donaciones y demás
ramos conexos. 19.028.516,46
Unidad Básica Dirección
de Finanzas del extinto
Ministerio de Agricultura
y Cría, actual Ministerio
de Agricultura y Tierras
Omisión de comprobantes
justificativos del pago, durante
el ejercicio fiscal 1996 (art. 85
LOCGRSNCF).
6.156.490,03
Contribuyente Tributo dejado de liquidar por
concepto de impuesto sobre
sucesiones, donaciones y demás
ramos conexos. 13.211.891,82
Contribuyente Tributo dejado de liquidar por
concepto de impuesto sobre
la renta.
Contribuyente Tributo dejado de liquidar por
concepto de impuesto sobre
la renta.
(*) Firme en sede administrativa
(**) En etapa de interposición del recurso administrativo
(***) Pendiente la decisión del recurso administrativo
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
70.334.366,98
20.522.303,10
203

204
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINARIAS DE REPAROS
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR DE LA ECONOMÍA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Panadería y
Pastelería El
Nuevo Mileniun (*)
J-30606468-0
Panadería y
Pastelería El
Nuevo Mileniun (*)
J-30606468-0
Patiño, Germán (**)
C.I. N° 900.208
Tuesta Bardales,
Juan (*)
C.I. N° 14.388.162
Director de
Finanzas
Contribuyente Tributo dejado de liquidar
por concepto de impuesto al
consumo suntuario y a las
ventas al mayor. 3.630.079,48
Contribuyente Tributo dejado de liquidar
por concepto del impuesto al
consumo suntuario y a las
ventas al mayor. 22.605.362,09
Contribuyente Incumplimiento de la Ley de
Impuesto Sobre Sucesiones,
Donaciones y demás Ramos
Conexos, durante el ejercicio
fiscal 1998. 7.269.151,38
Unidad Básica Dirección
de Finanzas del extinto
Ministerio de Agricultura
y Cría, actual Ministerio
de Agricultura y Tierras
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL
Omisión de comprobantes
justificativos del pago,
durante el ejercicio fiscal
1996 (art. 85 LOCGRSNCF).
43.531.191,74
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Pineda, Beatriz (*)
C.I. N° 7.401.067
Ingeniero Inspector
Extinto Ministerio del
Desarrollo Urbano, actual
MINFRA
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
Incumplimiento del artículo 56
de las Condiciones
Generales para la Ejecución
de Obras Públicas, durante el
ejercicio fiscal 1997. 2.000.167,68
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Rodríguez,
Milanger (*)
C.I. N° 11.940.100
Jefe de Compras
Rodríguez Rea,
Héctor (*)
C.I. N° 6.370.284
Administrador
Senior
Contraloría General
de la República
Contraloría General
de la República
Omisión, negligencia o
imprudencia en la
preservación de bienes y
fondos públicos, durante los
ejercicios fiscales 2001 y
2002 (art. 113 numeral 3
LOCGR). 1.180.962,84
Omisión, negligencia o
imprudencia en la
preservación de bienes y
fondos públicos, durante los
ejercicios fiscales 2001 y
2002 (art. 113 numeral 3
LOCGR). 15.291.933,00
(*) Firme en sede administrativa
(**) Pendiente la decisión del recurso administrativo
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINARIAS DE REPAROS
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Sánchez Escorche,
Julio (*)
C.I. N° 15.164.003
Auxiliar
Administrativo
Serrano,
Oswaldo (*)
C.I. N° 6.272.087
Jefe de Compras
Tovar, Marlon (*)
C.I. N° 13.748.573
Auxiliar
Administrativo
Contraloría General
de la República
Contraloría General
de la República
Contraloría General
de la República
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Omisión, negligencia o
imprudencia en la
preservación de bienes y
fondos públicos y concierto
con los interesados, durante
los ejercicios fiscales 2001 y
2002 (art. 113 numerales 3
y 7 LOCGR). 23.472.271,00
Omisión, negligencia o
imprudencia en la
preservación de bienes y
fondos públicos y celebración
de contratos por interpuesta
persona, durante los
ejercicios fiscales 2001 y
2002 (art. 113 numerales 3
y 5 LOCGR). 51.274.676,40
Omisión, negligencia o
imprudencia en la
preservación de bienes y
fondos público y celebración
de contratos por interpuesta
persona, durante los
ejercicios fiscales 2001 y
2002 (art. 113 numeral 3
LOCGR). 8.853.421,60
205

206
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
CIUDADANOS SANCIONADOS CON MULTAS
ESTADO ANZOÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Sanz, Pedro (*)
C.I. N° 8.346.012
Vicepresidente
Cámara Municipal del
Municipio Lic. Diego
Bautista Urbaneja
(*) Firme en sede administrativa
Incumplimiento de lo previsto
en los artículos 27 y 33
numeral 8 de la Ley Contra la
Corrupción. 5.335.000,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR ECONOMÍA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Barrera García,
Arthur Landerón (*)
C.I. N° 4.246.963
Presidente
Benain Ball, Jesús
Moisés (*)
C.I. N° 5.117.365
Miembro de la
Junta Directiva
Buenaño Álvarez,
Gilberto Jesús (*)
C.I. N° 4.305.569
Miembro de la
Junta Directiva
Contreras Coronel,
Luis David (*)
C.I. N° 2.143.248
Miembro de la
Junta Directiva
García, Emilce (*)
C.I. N° 3.310.868
Miembro de la
Junta Directiva
Luna González,
Jesús María (*)
C.I. N° 2.846.215
Miembro de la
Junta Directiva
Núñez Matos,
Jesús Tiano (*)
C.I. N° 1.899.280
Miembro de la
Junta Directiva
Sanabria Salazar,
Luis Rafael (*)
C.I. N° 4.367.609
Miembro de la
Junta Directiva
Fondo Intergubernamental
para la Descentralización
(FIDES)
Fondo Intergubernamental
para la Descentralización
(FIDES)
Fondo Intergubernamental
para la Descentralización
(FIDES)
Fondo Intergubernamental
para la Descentralización
(FIDES)
Fondo Intergubernamental
para la Descentralización
(FIDES)
Fondo Intergubernamental
para la Descentralización
(FIDES)
Fondo Intergubernamental
para la Descentralización
(FIDES)
Fondo Intergubernamental
para la Descentralización
(FIDES)
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.612.800,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.612.800,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.612.800,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.612.800,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.612.800,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.612.800,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.612.800,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.612.800,00
207

208
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Castro Guevara,
José Gregorio (*)
C.I. N° 8.092.226
Administrador
Cumana,
Francisco (*)
C.I. N° 4.239.794
Jefe de la Unidad
Básica
Cumana,
Francisco (*)
C.I. N° 4.239.794
Jefe de la Unidad
Básica
Hart Ortegas,
Francisco José (*)
C.I. N° 9.234.715
Director
Rojas López,
José J. (*)
C.I. N° 3.134.561
Director General
Rondón González,
Jesús A. (*)
C.I. N° 3.134.561
Director General
Extinto Ministerio de
Desarrollo Urbano, actual
MINFRA
Unidad Básica Dirección
de Finanzas del extinto
MINDUR, actual MINFRA
Unidad Básica Dirección
de Finanzas del extinto
MINDUR, actual MINFRA
Extinto Ministerio del
Desarrollo Urbano, actual
MINFRA
Unidad Básica Región 12
Estado Mérida, del
Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales
Renovables (MARNR)
Unidad Básica Región 14
Estado Monagas, del
Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales
Renovables (MARNR)
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1997 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 840.000,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante
los ejercicios fiscales 1997
y 1998 (art. 113 numeral 12
LOCGR). 1.243.000,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante
los ejercicios fiscales 1996
y 1997 (art. 113 numeral 12
LOCGR). 907.200,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1997 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 840.000,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante
los ejercicios fiscales 1997
y 1998 (art. 113 numeral 12
LOCGR). 1.243.200,00
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante
los ejercicios fiscales 1997
y 1998 (art. 113 numeral 12
LOCGR). 1.243.200,00
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Caldera de
Hernández,
Trina (*)
C.I. N° 1.649.602
Presidente
encargado
Consejo de la Judicatura,
actual Dirección Ejecutiva
de la Magistratura
Omisión de control previo
al compromiso, durante el
ejercicio fiscal 1999
(art. 113 numeral 16
LOCGR).
(*) Firmes en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
1.243.200,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Málaga, José
Antonio (*)
C.I. N° 6.493.476
Auxiliar
Administrativo
Orozco Cuevas,
Aleida M. (*)
C.I. N° 3.835.947
Administradora
Regional
Ramírez Salcedo,
Jesús (*)
C.I. N° 4.183.677
Director de los
Servicios
Financieros
Rodríguez
Milanger (*)
C.I. N° 11.940.100
Jefe de Compras
Rodríguez Rea,
Héctor (*)
C.I. N° 6.370.284
Administrador
Senior
Sánchez Escorche,
Julio (*)
C.I. N° 15.164.003
Auxiliar
Administrativo
Serrano,
Oswaldo (*)
C.I. N° 6.272.087
Jefe de Compras
Contraloría General
de la República
Consejo de la Judicatura
Estado Portuguesa, actual
Dirección Ejecutiva de la
Magistratura
Consejo de la Judicatura,
actual Dirección Ejecutiva
de la Magistratura
Contraloría General
de la República
Contraloría General
de la República
Contraloría General
de la República
Contraloría General
de la República
(*) Firmes en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Celebración de contratos por
interpuesta persona y concierto
con los interesados, durante los
ejercicios fiscales 2001 y 2002
(art. 113 numerales 5 y 7
LOCGR). 8.140.000,00
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante los
ejercicios fiscales 1996
y 1997 (art. 113 numeral
12 LOCGR). 285.600,00
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1996 (art. 113
numeral 12 LOCGR).
463.600,00
Omisión, negligencia o
imprudencia en la preservación
de bienes y fondos públicos,
durante los ejercicios fiscales
2001 y 2002 (art. 113 numeral
3 LOCGR). 8.140.000,00
Omisión, negligencia o
imprudencia en la preservación
de bienes y fondos públicos,
durante los ejercicios fiscales
2001 y 2002 (numeral 3 Art.
113 LOCGR) 8.140.000,00
Omisión, negligencia o
imprudencia en la preservación
de bienes y fondos públicos y
concierto con los interesados,
durante los ejercicios fiscales
2001 y 2002 (art. 113
numerales 3 y 7 LOCGR).
8.140.000,00
Omisión, negligencia o
imprudencia en la preservación
de bienes y fondos públicos y
celebración de contratos por
interpuesta persona, durante
los ejercicios fiscales 2001
y 2002 (art. 113 numerales
3 y 5 LOCGR). 8.140.000,00
209

210
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Suárez Grillo, José
Benigno (*)
C.I. N° 986.244
Director de los
Servicios
Administrativos
Sun Chig, Henry
Kong (*)
C.I. N° 10.403.619
Cónsul General
de Primera
Tovar, Marlon (*)
C.I. N° 13.748.573
Auxiliar
Administrativo
Consejo de la Judicatura,
actual Dirección Ejecutiva
de la Magistratura
Consulado General
de Venezuela
en Hong Kong
Contraloría General
de la República
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
SECTOR INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y COMERCIO
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1996 (art. 113
numeral 12 LOCGR).
463.600,00
Adquisición de compromisos
sin disponibilidad
presupuestaria durante el
ejercicio fiscal 1998 (art. 35
LOSPP y art. 91 numeral 12
LOCGRSNCF). 25.500,00
Omisión, negligencia o
imprudencia en la preservación
de bienes y fondos públicos y
celebración de contratos por
interpuesta persona, durante
los ejercicios fiscales 2001
y 2002 (art. 113 numerales 3 y
5 LOCGR). 8.140.000,00
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
López Mendoza,
Leopoldo (**)
C.I. N° 11.227.699
Analista de Entorno
Nacional
Mendoza de López,
Gledys (**)
C.I. N° 3.179.394
Gerente de
Asuntos Públicos
Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA)
Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA)
Celebración de contratos por sí,
con persona jurídica de
derecho público, así como el
concierto con los interesados
para producir un determinado
fin en la celebración de
contratos públicos, durante el
ejercicio fiscal 1998 (art. 113
numerales 5 y 7 LOCGR). 1.243.200,00
Concierto con los interesados
para producir un determinado
fin en la celebración de
contratos públicos, durante el
ejercicio fiscal 1998 (art. 113
numeral 7 LOCGR). 1.243.200,00
(*) Firme en sede administrativa
(**) Pendiente la decisión del recurso administrativo
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
SECTOR SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Ortiz Reyes, Luis
Felipe (*)
C.I. N° 3.073.659
Presidente
Compañía Anónima
Electricidad del Centro
(ELECENTRO)
SECTOR DESARROLLO SOCIAL
Utilización en obras y servicios
de índole particular, de
trabajadores, vehículos y
maquinarias destinados a un
organismo público, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 8 LOCGR). 453.000,00
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Hernández,
Francisco (*)
C.I. N° 3.009.955
Vicerrector de
Producción
Agrícola
Universidad Nacional
Experimental de los Llanos
Occidentales Ezequiel
Zamora (UNELLEZ)
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
Omisión del control previo al
pago y adquisición de
compromisos sin disponibilidad
presupuestaria, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 16 LOCGR y art. 35
LOSPP). 1.612.800,00
DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Andrade Monsanto,
Jimmy Rafael (*)
C.I. N° 6.360.213
Concejal
Campos, Octavio
Rafael (*)
C.I. N° 5.184.734
Concejal
Escalona, Erasmo
Antonio (*)
C.I. N° 3.223.922
Concejal
Fernández
Mendoza, Juan
Ramón (*)
C.I. N° 2.076.696
Concejal
Torrealba, Honorio
Francisco (*)
C.I. N° 6.237.789
Concejal
Alcaldía del Municipio
Libertador
Alcaldía del Municipio
Libertador
Alcaldía del Municipio
Libertador
Alcaldía del Municipio
Libertador
Alcaldía del Municipio
Libertador
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Aprobación de pagos ilegales,
durante el ejercicio fiscal 2001
(art. 38 LOSPP).
Aprobación de pagos ilegales,
durante el ejercicio fiscal 2001
(art. 38 LOSPP).
Aprobación de pagos ilegales,
durante el ejercicio fiscal 2001
(art. 38 LOSPP).
Aprobación de pagos ilegales,
durante el ejercicio fiscal 2001
(art. 38 LOSPP).
Aprobación de pagos ilegales,
durante el ejercicio fiscal 2001
(art. 38 LOSPP).
285.600,00
285.600,00
285.600,00
285.600,00
285.600,00
211

212
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Urrea Benítez,
Benito de la
Trinidad (*)
C.I. N° 2.849.994
Concejal
Viloria Suárez,
Juana Ramona (*)
C.I. N° 3.453.793
Concejal
Alcaldía del Municipio
Libertador
Alcaldía del Municipio
Libertador
Aprobación de pagos ilegales,
durante el ejercicio fiscal 2001
(art. 38 LOSPP).
Aprobación de pagos ilegales,
durante el ejercicio fiscal 2001
(art. 38 LOSPP).
285.600,00
285.600,00
ESTADO ANZOÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Álvarez, Orlando (*)
C.I. N° 2.978.182
Legislador
Azócar, José M. (*)
C.I. N° 2.802.319
Secretario General
Balza, Dennis (*)
C.I. N° 4.905.907
Gobernador
Bello Bernay,
Humberto (*)
C.I. N° 4.078.168
Alcalde
Camacho Mata,
Daniel D. (*)
C.I. N° 4.239.794
Ing. Municipal
Contreras,
Pedro (*)
C.I. N° 8.314.833
Legislador
Díaz, Álvaro (*)
C.I. N° 5.999.711
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Gobernación Ordenación de pagos por
servicios no realizados
(art. 113 numeral 10 LOCGR).
Gobernación Omisión de control previo
al compromiso (art. 113
numeral 16 LOCGR).
Alcaldía del Municipio
Independencia
Alcaldía del Municipio
Anaco
1.566.000,00
907.200,00
907.200,00
Adquisición de compromisos
sin disponibilidad
presupuestaria, durante el
ejercicio fiscal 1997 (art. 35
LOSPP). 25.500,00
Omisión, retardo, negligencia o
imprudencia en la preservación
y salvaguarda del patrimonio
público, y expedición indebida
de licencias, certificaciones y
permisos, durante el ejercicio
fiscal 1998 (art. 113 numerales
3 y 9 LOCGR). 907.200,00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO ANZOÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Díaz, Jesús (*)
C.I. N° 4.213.270
Legislador
Eastman,
Nadime (*)
C.I. N° 10.862.375
Directora de
Hacienda,
Administración y
Finanzas
Guacarán,
Francisco (*)
C.I. N° 4.365.678
Legislador
Martínez,
Ramón C. (*)
C.I. N° 4.005.571
Legislador
Mata Chacín,
Hugo (*)
C.I. N° 4.911.338
Alcalde
Orellana,
Gustavo (*)
C.I. N° 13.647.832
Legislador
Padilla, Harol (*)
C.I. N° 2.798.061
Legislador
Pérez Anzola,
Rafael (*)
C.I. N° 4.897.098
Legislador
Prieto Fernández,
Fernando Luis (*)
C.I. N° 3.825.819
Alcalde
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Gobernación Negligencia en la preservación
y salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio público
(art. 113 numeral 3 LOCGR).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio
Anaco
Adquisición de bienes y
contratación de servicios con
prescindencia de los
procedimientos previstos en la
Ley de Licitaciones, durante el
ejercicio fiscal 1998 (art. 113
numeral 1 de LOCGR).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio Lic.
Diego Bautista Urbaneja
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Pagos indebidos, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 37
LOSPP).
1.566.000,00
907.200,00
1.566.000,00
1.566.000,00
907.200,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.612.800,00
213

214
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO ANZOÁTEGUI
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Rondón, Adelmo (*)
C.I. N° 3.954.380
Legislador
Vázquez, Rafael (*)
C.I. N° 2.397.897
Presidente
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP). 1.566.000,00
ESTADO APURE
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Aguilar, Darío (*)
C.I. N° 4.443.623
Legislador
Aliza Martínez,
Héctor Daniel (*)
C.I. N° 5.597.006
Legislador
Díaz Linares,
Cornelio Vicente (*)
C.I. N° 4.998.453
Legislador
Lara, Crispín
Antonio (*)
C.I. N° 9.832.358
Legislador
Loreto, Francisco
Javier (*)
C.I. N° 2.230.881
Legislador
Panza, José
Omar (*)
C.I. N° 2.476.394
Presidente
Segovia Salazar,
Teófilo Isaías (*)
C.I. N° 9.594.770
Presidente
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
Consejo Legislativo Ordenación de pagos indebidos
y empleo indebido de fondos
públicos, durante los ejercicios
fiscales 2000 y 2001 (art. 37
LOSPP y art. 91 numeral 22
LOCGRSNCF). 1.566.000,00
Consejo Legislativo Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 2000 (art. 113
numeral 12 LOCGR). 1.566.000,00
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO APURE
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Velásquez
Guevara, Hugo
César (*)
C.I. N° 4.925.497
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
ESTADO ARAGUA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Barrios, Víctor
José (*)
C.I. N° 8.679.272
Legislador
Croquer Pérez,
Wilfredo J. (*)
C.I. N° 7.452.357
Legislador
Escobar,
Mauricio (*)
C.I. N° 4.422.123
Legislador
Gallegos Ramírez,
Miguel A. (*)
C.I. N° 3.849.542
Legislador
García Magallanes,
Fanny (*)
C.I. N° 9.685.105
Legislador
González, Amarilis
del Valle (*)
C.I. N° 4.509.986
Legislador
Herrero Suárez,
Luis E. (*)
C.I. N° 8.569.757
Legislador
León Bravo,
Rosa del V. (*)
C.I. N° 12.480.741
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
215

216
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO ARAGUA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Lomos Gutiérrez,
Felipe A. (*)
C.I. N° 7.216.292
Legislador
Monasterio Malavé,
Juan A. (*)
C.I. N° 903.346
Legislador
Romero, Juan
Ignacio (*)
C.I. N° 1.970.620
Legislador
Rosales Rivas,
Henry H. (*)
C.I. N° 7.205.656
Legislador
Vadel González,
Juan M. (*)
C.I. N° 9.442.227
Presidente
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO BARINAS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Bastidas,
Antonio (*)
C.I. N° 8.131.358
Legislador
Méndez, David
Nathanael (*)
C.I. N° 3.916.599
Legislador
Monsalve Paredes,
Rafael Santiago (*)
C.I. N° 9.389.482
Legislador
Ocaña, Malquides
Antonio (*)
C.I. N° 4.255.804
Legislador
Rodríguez, Julio
César (*)
C.I. N° 4.257.993
Presidente
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO BARINAS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Rosales Aparicio,
Miguel Ángel (*)
C.I. N° 3.917.466
Legislador
Sequera, Rafael
Riera (*)
C.I. N° 5.917.367
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO CARABOBO
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Aray, Deyelitza (*)
C.I. N° 6.921.566
Legislador
Asuaje Valmore,
Domingo (*)
C.I. N° 3.212.418
Legislador
Burguesa Villegas,
César (*)
C.I. N° 6.500.154
Legislador
Díaz, Armando (*)
C.I. N° 4.501.591
Legislador
Díaz, Casiano (*)
C.I. N° 1.223.215
Legislador
Flores de
Domínguez,
Blanca (*)
C.I. N° 2.535.344
Legislador
Fonseca,
Getulio (*)
C.I. N° 7.029.916
Legislador
Franceschi,
Domingo (*)
C.I. N° 1.369.809
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
217

218
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO CARABOBO
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
García, Flor
María (*)
C.I. N° 5.706.674
Legislador
Hands Colmenares,
Alberto (*)
C.I. N° 4.865.937
Legislador
Martínez Ulloa,
José A. (*)
C.I. N° 17.440.052
Presidente
Ramos de Román,
Janeth (*)
C.I. N° 4.449.266
Legislador
Rocca, José (*)
C.I. N° 3.029.168
Legislador
Torres, José
Avilio (*)
C.I. N° 3.626.526
Legislador
Villavicencio,
Dayana (*)
C.I. N° 9.831.264
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO COJEDES
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Aguilar Sanoja,
José M. (*)
C.I. N° 8.609.696
Presidente
Betancourt,
Yolanda (*)
C.I. N° 3.691.578
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO COJEDES
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Escalona Pérez,
Tiburcio (*)
C.I. N° 8.468.856
Legislador
Guerrero Noguerol,
Ignacio (*)
C.I. N° 1.039.794
Presidente
Quintero Páez,
Miguel (*)
C.I. N° 3.691.694
Legislador
Reyes, Liliana (*)
C.I. N° 3.389.880
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO DELTA AMACURO
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Marcano
Rodríguez, Omar
José (*)
C.I. N° 3.754.351
Legislador
Sucre, José
Gregorio (*)
C.I. N° 8.545.088
Legislador
Tomas Urbano,
Barreto (*)
C.I. N° 5.337.105
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO GUÁRICO
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Camejo, José E. (*)
C.I. N° 4.389.848
Legislador
González, Alexis (*)
C.I. N° 7.285.155
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
219

220
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO GUÁRICO
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Hernández,
Florencia (*)
C.I. N° 8.795.580
Legislador
Jarmakany,
Hassan (*)
C.I. N° 8.196.714
Legislador
Luna, Héctor A. (*)
C.I. N° 3.640.554
Presidente
Muguessa Alfaro,
José (*)
C.I. N° 2.506.281
Legislador
Rodríguez, Julio
César (*)
C.I. N° 2.514.873
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP). 1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO MÉRIDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Camacho,
Obdulio (*)
C.I. N° 4.666.270
Presidente
Carvajal Callejas,
Jorge (*)
C.I. N° 3.003.957
Legislador
Díaz, José (*)
C.I. N° 4.471.012
Legislador
León, Adelis (*)
C.I. N° 1.605.354
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MÉRIDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Lobo Moreno,
Rubén Darío (*)
C.I. N° 12.057.865
Director de
Administración
Marquina,
Ricardo (*)
C.I. N° 8.027.651
Legislador
Moga, Carlos L. (*)
C.I. N° 12.776.261
Legislador
Mora Noguera,
Luis (*)
C.I. N° 3.941.030
Legislador
Quiñónez, Luis (*)
C.I. N° 8.079.823
Legislador
Vivas, Roger (*)
C.I. N° 1.586.041
Legislador
Consejo Legislativo Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 113 numeral 12 LOCGR). 1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Arocha, Carlos
Guillermo (*)
C.I. N° 6.818.169
Concejal
Aular Borjas,
Thibaldo
Coromoto (**)
C.I. N° 3.043.078
Concejal
Alcaldía del Municipio
Baruta
Alcaldía del Municipio
Chacao
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 2003 (art. 91
numeral 22 LOCGRSNCF). 8.140.000,00
(*) Firme en sede administrativa
(**) Pendiente la decisión del recurso administrativo
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
221

222
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Benítez Rossi,
Melvyn (*)
C.I. N° 6.561.275
Concejal
Colmenares,
Tirso (*)
C.I. N° 640.819
Legislador
Contreras,
Wuilfrido (*)
C.I. N° 5.965.717
Concejal
Díaz, Oswaldo
Jesús (*)
C.I. N° 4.673.555
Legislador
Fariña, Félix
José (*)
C.I. N° 2.802.480
Legislador
Figueroa,
Inocencio (*)
C.I. N° 5.016.509
Presidente
González,
Arnaldo (*)
C.I. N° 4.444.516
Legislador
Hernández,
Antonio J. (*)
C.I. N° 6.431.152
Legislador
Hernández,
Justo (*)
C.I. N° 2.159.296
Legislador
Alcaldía del Municipio
Baruta
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio
Baruta
1.566.000,00
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
(**) Pendiente la decisión del recurso administrativo
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Izaguirre, Denis (*)
C.I. N° 10.524.353
Concejal
Jiménez Cabrera,
Antonio (**)
C.I. N° 348.855
Concejal
López Mendoza,
Leopoldo (**)
C.I. N° 11.227.699
Alcalde
Machado,
Carlos (*)
C.I. N° 4.286.137
Legislador
Mijares,
Gertrudis (*)
C.I. N° 3.630.937.
Legislador
Morales Lainette,
Manuel Alfonso (*)
C.I. N° 3.731.762
Concejal
Ortiz, Cruz (*)
C.I. N° 5.472.039
Legislador
Palacios, Domingo
Antonio (*)
C.I. N° 4.898.920
Concejal
Alcaldía del Municipio
Baruta
Alcaldía del Municipio
Chacao
Alcaldía del Municipio
Chacao
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante
el ejercicio fiscal 2003 (art. 91
numeral 22 LOCGRSNCF). 8.140.000,00
Actuaciones simuladas y
fraudulentas y empleo de
fondos públicos en finalidades
diferentes a aquéllas que
estaban destinados por ley,
durante el ejercicio fiscal 2003
(art. 91 numerales 21 y 22
LOCGRSNCF).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio
Baruta
8.140.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio
Baruta
1.566.000,00
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00
(*) Firme en sede administrativa
(**) Pendiente la decisión del recurso administrativo
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
223

224
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Pérez, Luis
Beltrán (*)
C.I. N° 975.646
Legislador
Pérez, Oscar (*)
C.I. N° 6.201.842
Presidente
Ramos Ramírez,
Eva Elizabeth (**)
C.I. N° 3.667.892
Concejal
Rivas, Gleen (*)
C.I. N° 10.948.958
Legislador
Rodríguez,
Cándido (*)
C.I. N° 3.008.868
Legislador
Rosenthal
Waintrub,
Shully (**)
C.I. N° 3.549.150
Concejal
Sirit de Amalla,
Maritza (*)
C.I. N° 1.961.667
Legislador
Torrealba Díaz,
Olmedo Antonio (*)
C.I. N° 4.082.144
Concejal
Uzcátegui,
David (*)
C.I. N° 311.776
Concejal
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
(**) Pendiente la decisión del recurso administrativo
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP). 1.566.000,00
Alcaldía del Municipio
Chacao
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 2003 (art. 91
numeral 22 LOCGRSNCF). 8.140.000,00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio
Chacao
1.566.000,00
1.566.000,00
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 2003 (art. 91
numeral 22 LOCGRSNCF). 8.140.000,00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio
Baruta
Alcaldía del Municipio
Baruta
1.566.000,00
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Valera Montilla,
Ramón Alfonso (*)
C.I. N° 5.122.587
Concejal
Yánez Villamizar,
Nelson (**)
C.I. N° 2.946.448
Concejal
Alcaldía del Municipio
Baruta
Alcaldía del Municipio
Chacao
Aprobación de pagos indebidos
y omisión al control previo al
pago, durante el ejercicio fiscal
2002 (art. 91 numerales 7 y 9
LOCGRSNCF). 7.260.000.00
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante
el ejercicio fiscal 2003 (art. 91
numeral 22 LOCGRSNCF). 8.140.000,00
ESTADO MONAGAS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Alfaro de Guevara,
Sandra (*)
C.I. N° 6.922.025
Legislador
Alfonso de Simosa,
María
Magdalena (*)
C.I. N° 4.364.038
Legislador
Espinoza Bejarano,
Jesús Enrique (*)
C.I. N° 8.446.117
Legislador
Guevara Martínez,
José Manuel (*)
C.I. N° 4.717.451
Legislador
Lugo Mata, César
José (*)
C.I. N° 8.316.219
Alcalde
Lunar, José
Gregorio (*)
C.I. N° 8.337.623
Ingeniero Municipal
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio
Libertador
Alcaldía del Municipio
Libertador
Omisión del control previo al
compromiso, durante el
ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 16 LOCGR).
Certificación indebida, durante
el ejercicio fiscal 1999 (art. 113
numeral 9 LOCGR).
(*) Firme en sede administrativa
(**) Pendiente la decisión del recurso administrativo
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
907.200,00
907.200,00
225

226
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MONAGAS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Poito, José,
Domingo (*)
C.I. N° 8.359.927
Legislador
Silva Muñoz, Pedro
Fernando (*)
C.I. N° 6.921.560
Presidente
Suárez Martínez,
Juan (*)
C.I. N° 9.286.829
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos; así como, el
empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante los
ejercicios fiscales 2000
y 2001 (art. 37 y 38 LOSPP
y art. 91 numeral 22
LOCGRSNCF). 1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
ESTADO NUEVA ESPARTA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Ávila, Rafael (*)
C.I. N° 1.327.522
Legislador
Bolívar, Parra
Tobías R. (*)
C.I. N° 1.198.762
Legislador
Gómez,
Modesto (*)
C.I. N° 2.830.652
Legislador
Hernández Briceño,
Carlos E. (*)
C.I. N° 6.359.415
Legislador
Hernández,
Régulo (*)
C.I. N° 1.982.553
Presidente
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO NUEVA ESPARTA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Marín de Villarroel,
Elida (**)
C.I. N° 5.473.401
Secretaria
Mata, Rodolfo
Héctor L. (*)
C.I. N° 4.045.410
Legislador
Orta, Adalberto (*)
C.I. N° 5.482.979
Legislador
Velásquez Romero,
Beltrán
de Jesús (**)
C.I. N° 4.653.272
Alcalde
Alcaldía del Municipio Díaz Celebración de contratos por
interpuesta persona, durante
los ejercicios fiscales 1999 y
2000 (art. 113 numeral 5
LOCGR). 1.243.200,00
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
Alcaldía del Municipio Díaz Pago indebido y comprometer
sin disponibilidad
presupuestaria, durante los
ejercicios fiscales 1999 y 2000
(art. 113 numeral 10 LOCGR y
art. 35 LOSPP). 1.243.200,00
ESTADO PORTUGUESA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Alcántara,
Orlando (*)
C.I. N° 9.842.898
Presidente
Arias, Atila (*)
C.I. N° 4.370.340
Legislador
Godoy, Genero (*)
C.I. N° 8.050.179
Legislador
Hernández,
Porfirio (*)
C.I. N° 2.231.674
Legislador
Lameda, Héctor (*)
C.I. N° 10.143.463
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
(**) En etapa de interposición del recurso administrativo
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
227

228
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO PORTUGUESA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Páez Linares,
Rafael G. (*)
C.I. N° 4.413.679
Legislador
Querales, Omar (*)
C.I. N° 3.866.061
Legislador
Rangel, José L. (*)
C.I. N° 9.400.143
Legislador
Silva, Freddy (*)
C.I. N° 5.945.142
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO SUCRE
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Rosas Hernán,
José (*)
C.I. N° 4.184.549
Alcalde
Alcaldía del Municipio Cruz
Salmerón Acosta
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas que estaban
destinados por ley, durante el
ejercicio fiscal 1997 (art.113
numeral 12 LOCGR). 840.000,00
ESTADO TÁCHIRA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Concálvez Moreno,
José (*)
C.I. N° 8.111.027
Legislador
Contreras, Alfardy
Ramón (*)
C.I. N° 3.199.894
Legislador
Flores Moncada,
Juan José (*)
C.I. N° 4.211.844
Alcalde (e)
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Alcaldía del Municipio
Fernández Feo
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Pagos indebidos, durante el
ejercicio fiscal 1996 (art. 113
numeral 10 LOCGR).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.243.200,00

CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO TÁCHIRA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Jonson Delgado,
Lindon (*)
C.I. N° 9.218.409
Legislador
Montoya, Ligia del
Socorro (*)
C.I. N° 5.347.860
Legislador
Parra, Henry
Armando (*)
C.I. N° 5.025.372
Legislador
Ramírez, Fabio
José (*)
C.I. N° 5.649.935
Legislador
Rebullen Quijada,
Eurípides
Salvador (*)
C.I. N° 4.297.647
Legislador
Sagayo Negrón,
Jorge (*)
C.I. N° 1.585.737
Legislador
Sánchez, Ramón
de Jesús (*)
C.I. N° 5.034.389
Legislador
Uzcátegui
Betancourt,
Gerardo José (*)
C.I. Nº 5.198.042
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos ilegales,
durante los ejercicios fiscales
2000 y 2001 (art. 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO VARGAS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Díaz, Ramón (*)
C.I. N° 3.890.930
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP). 1.566.000,00
(*) Firme en sede administrativa
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
229

230
CIUDADANOS DECLARADOS RESPONSABLES EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO VARGAS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
González,
Ernesto (*)
C.I. N° 4.908.906
Legislador
Requena,
Gladys (*)
C.I. N° 4.114.842
Legislador
Ruiz, Carolina (*)
C.I. N° 6.496.130
Legislador
Toledo,
Castro A. (*)
C.I. N° 3.253.693
Legislador
Zambrano,
Araque C. (*)
C.I. N° 5.569.657
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP). 1.566.000,00
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos indebidos, durante los
ejercicios fiscales 2000 y 2001
(art. 37 y 38 LOSPP).
1.566.000,00
1.566.000,00
ESTADO ZULIA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO Bs.
Morales, Mary
Ramona (*)
C.I. N° 6.833.177
Síndico Procurador
Municipal
Spinello Silva,
Salvador (*)
C.I. N° 7.601.627
Alcalde
Alcaldía del Municipio Mara Permitir que desmejoren
acciones o derechos de los
organismos públicos, por no
hacerlos valer oportunamente o
hacerlo negligentemente,
durante los ejercicios fiscales
1998 y 1999 (art. 41 numeral 8
LOSPP). 1.612.800,00
Alcaldía del Municipio Mara Ordenación de pagos por obras
no realizadas y permitir que
desmejoren acciones o
derechos de los organismos
públicos, por no hacerlos valer
oportunamente o hacerlo
negligentemente,
respectivamente, durante los
ejercicios fiscales 1998 y 1999
(art. 113 numeral 10 LOCGR y
art. 41 numeral 8 LOSPP). 1.243.200,00
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público

CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR ECONOMÍA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Hernández, José
Rafael (*)
C.I. N° 3.818.773
Jefe de la Oficina
Matute,
Eduardo (*)
C.I. N° 4.169.881
Superintendente
Morales
Rodríguez, Kerwin
Eleazar (*)
C.I. N° 5.527.682
Jefe de Personal
Velandria Torres,
Lyzbeth Mireya (*)
C.I. N° 10.153.732
Superintendente
Oficina de Asistencia
Técnica del Ministerio de
Producción y Comercio
Superintendencia
Nacional de Cooperativas
del Ministerio de
Producción y Comercio
Ministerio de Agricultura y
Tierras
Superintendencia
Nacional Aduanera
Tributaria (SENIAT)
Ordenación de pagos por
servicios ya realizados
(art. 113 numeral 10 LOCGR).
Concierto con los interesados
para que se produzca un
determinado resultado;
incumplimiento de las
finalidades previstas en las
leyes; actuaciones simuladas
o fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos; contratación de
obras a precios
significativamente superiores
a los del mercado, sin la
debida justificación cuando se
trate de operaciones no
sujetas a licitación y
certificación indebida de un
documento en un
procedimiento relacionado
con ingresos gastos o bienes
públicos (art. 113 numerales
1, 7, 9, 13 y 15 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio del ente u órgano
(art. 91 numeral 2
LOCGRSNCF).
Adquisición de bienes con
prescindencia del
procedimiento de licitación
aplicable por ley (art. 113
numeral 1 LOCGR).
(*) Firme es sede administrativa
LOCGR Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 2 años y
6 meses
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 2 años y
6 meses
Destitución
del cargo e
inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 2 años
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 3 meses
231

232
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Arcia, Santiago (*)
C.I. N° 3.606.234
Jefe encargado
Becerra, Magali (*)
C.I. N° 4.058.806
Directora
Marquina Peña,
José Alberto (*)
C.I. N° 8.030.248
Perito Forestal
Meléndez
Velásquez,
Ingvar (*)
C.I. N° 5.326.982
Director
Mújica Pérez,
Fanny (*)
C.I. N° 3.855.425
Ingeniero
Agrónomo IV
Rodríguez,
Miyel (*)
C.I. N° 2.598.219
Director
División de Equipamiento
Urbano del Ministerio de
Desarrollo Urbano
Dirección Estadal y
Ambiental del Estado
Trujillo, Dependencia del
Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales
Renovables (MARNR)
División de SEFORVEN de
la Región Guárico,
Dependencia del
Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales
Renovables (MARNR)
Dirección de Bienes y
Servicios del Ministerio del
Ambiente y Recursos
Naturales Renovables
(MARNR)
Dirección Estadal
Ambiental del Estado
Lara, dependencia del
Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales
Renovables (MARNR)
Región Lara del Ministerio
del Ambiente y Recursos
Naturales Renovables
(MARNR)
(*) Firme es sede administrativa
LOCGR Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio del ente u órgano y
certificación indebida de un
documento en un
procedimiento relacionado
con ingresos, gastos o bienes
públicos (art. 113 numerales 3
y 9 LOCGR).
Utilización en servicios de
índole particular, de vehículos
que por título estén afectados
o destinados a un organismo
público (art. 113 numeral 8
LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio del ente u órgano
(art. 113 numeral 3 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio del ente u órgano
(art. 113 numeral 3 LOCGR).
Ordenación de pagos por
servicios no realizados
(art. 113 numeral 10 LOCGR).
Ordenación de pagos por
servicios no realizados
(art. 113 numeral 10 LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 2 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 1 año
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 1 año y 6
meses
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 1 año y 6
meses

CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Velasco Martínez,
Maritza
Elizabeth (*)
C.I. N° 3.394.811
Directora
Zona Educativa del
Estado Bolívar,
Dependencia del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes
Adquisición de bienes
con prescindencia del
procedimiento de licitación
aplicable por ley; omisión al
control previo al compromiso
y ordenación de pagos por
concepto de utilidades,
bonificaciones, dividendos
en violación de las normas
que las consagran
(art. 113 numerales
1, 16 y 11 LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Alcántara Leal,
Pedro (*)
C.I. N° 3.712.521
Director de los
Servicios
Administrativos
Cárdenas,
Alberto (*)
C.I. N° 1.551.765
Jefe de la Oficina
Ministerio de la Defensa Actuaciones simuladas
o fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos; contratación de
obras a precios
significativamente superiores
a los del mercado sin la
debida justificación cuando se
trate de operaciones no
sujetas a licitación;
adquisición de bienes con
prescindencia del
procedimiento de licitación
aplicable por ley y
certificación indebida de un
documento en un
procedimiento relacionado
con ingresos gastos o bienes
públicos (art. 113 numerales
1, 9 y 13 LOCGR).
ONIDEX Carora, Estado
Lara, Dependencia del
Ministerio de Interior y
Justicia
(*) Firme es sede administrativa
LOCGR Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Empleo de fondos en
finalidades diferentes de
aquéllas a que estaban
destinados por ley (art. 113
numeral 12 LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 6 meses
233

234
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Díaz Patín, César
Ramón (*)
C.I. N° 2.971.588
Jefe de la División
de Finanzas
Duque Lubo,
Héctor Alfonso (*)
C.I. N° 2.813.196
Director
Figueroa, Rafael
Antonio (*)
C.I. N° 6.860.295
Director General
González,
Pablo (*)
C.I. N° 3.982.508
Jefe de la Oficina
División de Finanzas de la
Dirección General
Sectorial de Bienestar y
Seguridad Social del
Ministerio de la Defensa
Centro Penitenciario
de Occidente adscrito
al Ministerio del Interior
y Justicia
Dirección General de
Servicios del Congreso
Nacional
Oficina de Migración del
Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar, Estado
Vargas
(*) Firme es sede administrativa
LOCGR Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Concierto con los interesados
para que se produzca un
determinado resultado, que
realice un funcionario público
al intervenir, por razón de su
cargo, en la celebración de
algún contrato público y
actuaciones simuladas o
fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos (art. 113 numerales 7
y 13 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio público (art. 113
numeral 3 LOCGR).
Contratación de obras a
precios significativamente
superiores a los del mercado,
sin la debida justificación
cuando se trate de
operaciones no sujetas a
licitación; omisión, retardo,
negligencia o imprudencia en
la preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio público; concierto
con los interesados para que
se produzca un determinado
resultado y el incumplimiento
de las finalidades previstas en
las leyes (art. 113 numerales
1, 3, 7 y 15 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio público y
utilización en servicios de
índole particular, de vehículos
que por título estén afectados
o destinados a un organismo
público (art. 113 numerales 3
y 8 LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 2 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años

CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Urdaneta Leadro,
Luis Alfonso (*)
C.I. N° 5.962.735
Contralor Interno
encargado
Ure Arráez, Juan
José (*)
C.I. N° 1.858.283
Jefe de la Oficina
Contraloría Interna del
Congreso de la República
ONIDEX Carora, Estado
Lara, Dependencia del
Ministerio de Interior y
Justicia
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
Adquisición de bienes con
prescindencia del
procedimiento de licitación
aplicable por ley; ordenación
de pagos por servicios no
realizados y omisión al control
previo (art. 113 numerales
1, 10 y 16 LOCGR).
Empleo de fondos públicos en
finalidades diferentes de
aquéllas a que estaban
destinados por ley
(art. 113 numeral 12 LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 2 años
SECTOR SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Basante Basante,
Enrique (*)
C.I. N° 7.661.063
Técnico de
Mantenimiento III
Entrialgo, José (*)
C.I. N° 5.223.500
Ingeniero
Gómez Camacho,
Luzmila (*)
C.I. N° 11.508.783
Ingeniero
Mecánico
Supervisor
C.A. Metro de Caracas,
División de Edificaciones
de la Gerencia de
Mantenimiento
Gerencia de Construcción
adscrita a la Gerencia
General de Desarrollo del
Centro Simón Bolívar
Empresa de
Mantenimiento
Inmobiliaria Parque
Central
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio de un ente u
organismo (art. 91 numeral
2 LOCGRSNCF).
Ordenación de pagos por
obras no realizadas;
incumplimiento de las
finalidades previstas en las
leyes; omisión, retardo,
negligencia o imprudencia en
la preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio público y
actuaciones simuladas o
fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos (art. 113 numerales
3, 10, 13 y 15 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio público (numeral 3
art. 113 LOCGR).
(*) Firme es sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
Destitución
del cargo e
inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 6 meses
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
235

236
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
SECTOR SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Inojosa Almeida,
Jesús (*)
C.I. N° 6.360.409
Jefe de
Mantenimiento
Lacruz, Edgar (*)
C.I. N° 3.036.077
Jefe de División
López, Ibrahim (*)
C.I. N° 9.414.800
Director
Matany, Miguel (*)
C.I. N° 11.307.084
Coordinador (e)
Medina Gallanti,
Luis (*)
C.I. N° 10.168.371
Abogado
Orellana Mort,
David Alejandro (*)
C.I. N° 13.638.532
Gerente de
Mantenimiento
encargado
Venero Ferrari,
Gustavo
Eduardo (*)
C.I. N° 12.730.549
Coordinador
C.A. Metro de Caracas,
Sector 2 de la Línea 2,
Estación Silencio
División de Servicios
Auxiliares de la Dirección
Región Mérida del Instituto
Nacional de Parques
(INPARQUES)
Región Mérida del Instituto
Nacional de Parques
(INPARQUES)
Parque Nacional Morrocoy
del Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES)
Empresa de Desarrollo
Uribante Caparo, C.A.
(DESURCA), Consultoría
Jurídica
Empresa de
Mantenimiento
Inmobiliaria Parque
Central
Unidad de Informática de
la Dirección de
Bibliotecas, Información,
Documentación y
Publicaciones de la
Universidad Central de
Venezuela
(*) Firme es sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda de
los bienes o derechos del
patrimonio público (art. 113
numeral 3 LOCGR).
Ordenación de pagos por
servicios no realizados
(art. 113 numeral 10 LOCGR).
Ordenación de pagos por
servicios no realizados
(art. 113 numeral 10 LOCGR).
Pago, uso o disposición
indebida de fondos públicos
(art. 37 LOSPP).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda de
los bienes o derechos del
patrimonio público y
actuaciones simuladas o
fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos (art. 113 numerales 3
y 13 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda de
los bienes o derechos del
patrimonio público (art. 113
numeral 3 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda de
los bienes o derechos del
patrimonio público (art. 113
numeral 3 LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 6 meses
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 6 meses
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 6 meses
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 3 meses
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 1 año
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años

CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
SECTOR DESARROLLO SOCIAL
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Camacho, Luis
Alberto (*)
C.I. N° 8.021.665
Coordinador
Cuervas Pinto,
Nidia Coromoto (*)
C.I. N° 11.653.052
Jefe
Guevara de
Guerra, Neysa (*)
C.I. N° 2.897.998
Directora
Marín, Adrián
Gustavo (*)
C.I. N° 4.568.328
Subdirector
Márquez Correa,
Chelimar (*)
C.I. N° 9.414.800
Asistente
Martínez, José
Luis (*)
C.I. N° 3.242.998
Administrador II
Molina Gutiérrez,
Eglee Zoraida (*)
C.I. N° 4.251.983
Comprador III
Planta Física de la
Universidad Experimental
de Guayana
Oficina Sectorial de
Personal en el Estado
Yaracuy del Instituto
Nacional del Menor (INAM)
Dirección de Bibliotecas,
Información,
Documentación y
Publicaciones de la
Universidad Central de
Venezuela
Dirección de Bibliotecas,
Información,
Documentación y
Publicaciones de la
Universidad Central de
Venezuela
Dirección de Información y
Relaciones Públicas del
Instituto Nacional de
Nutrición
Dirección de Bibliotecas,
Información,
Documentación y
Publicaciones de la
Universidad Central de
Venezuela
División de Compras y
Suministros de la
Dirección General
Sectorial de
Administración y Servicios
del Consejo Nacional de la
Cultura (CONAC)
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Depósito de fondos públicos
en cuenta personal
(art. 36 LOSPP).
Actuaciones simuladas o
fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos (art. 113 numeral
13 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio público (art. 113
numeral 3 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio público (art. 113
numeral 3 LOCGR).
Actuaciones simuladas o
fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos (art. 113 numeral
13 LOCGR).
Omisión, retardo, negligencia
o imprudencia en la
preservación o salvaguarda
de los bienes o derechos del
patrimonio público (art. 113
numeral 3 LOCGR).
Actuaciones simuladas o
fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos (art. 113 numeral
13 LOCGR).
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 3 meses
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
237

238
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
SECTOR DESARROLLO SOCIAL
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Torres Velásquez,
Marco (*)
C.I. N° 3.818.466
Director
Dirección de Información y
Relaciones Públicas del
Instituto Nacional de
Nutrición
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO CARABOBO
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia
en la preservación o
salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio
público (numeral 3 art. 113
LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Castillo Sequera,
Cristina (*)
C.I. N° 3.919.362
Contralora
Contraloría del Municipio
Naguanagua
Actuaciones simuladas o
fraudulentas en la
administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos y el empleo de
fondos públicos en
finalidades diferentes a
aquéllas a que estaban
destinados por ley (art. 113
numerales 13 y 12 LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 2 años
ESTADOS COJEDES
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Aguilar Sanoja,
José Marcelino (*)
C.I. N° 8.669.696
Presidente
Escalona Pérez,
Tiburcio Arturo (*)
C.I. N° 8.468.858
Legislador
Herrero Noguerol,
Ignacio (*)
C.I. N° 1.039.794
Legislador
Consejo Legislativo Pago, uso o disposición
indebida de fondos públicos
y aprobación de pagos
ilegales (art. 37 y 38
LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Pago, uso o disposición
indebida de fondos públicos
y aprobación de pagos
ilegales (art. 37 y 38
LOSPP).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años

CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO DELTA AMACURO
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Pereira Herrera,
Oswaldo Rafael (*)
C.I. N° 4.514.066
Profesor
Dirección de Educación Pago, uso o disposición
indebida de fondos públicos
(art. 37 LOSPP).
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 3 meses
ESTADO LARA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Figueroa
Barradas, Pedro
Elías (*)
C.I. N° 8.056.804
Coordinador
Pereira Macura,
Rubén (*)
C.I. N° 3.943.308
Coordinador del
Programa
Vivienda
Productiva
Asociación Civil Comité de
Construcción El Trompillo
Gobernación, Dirección
Sectorial de Desarrollo
Social
Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia
en la preservación o
salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio
público y permitir que se
desmejoren los derechos de
los organismos públicos por
no hacerlos valer
oportunamente (art. 113
numeral 3 LOCGR y art. 41
numeral 8 LOSPP).
Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia
en la preservación o
salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio
público y actuaciones
simuladas o fraudulentas en
la administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos (art. 113 numerales
3 y 13 LOCGR).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Beltrán Pérez,
Luis (*)
C.I. N° 975.646
Legislador
Fariña, Félix
José (*)
C.I. N° 2.802.480
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
239

240
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
González,
Arnaldo (*)
C.I. N° 4.444.516
Legislador
Granadillo,
Leonor (*)
C.I. N° 6.406.247
Gerente de
Administración
Hernández,
Antonio José (*)
C.I. N° 6.431.152
Legislador
Hernández,
Justo (*)
C.I. N° 2.159.296
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Instituto Municipal
Autónomo de Protección y
Saneamiento Ambiental
del Municipio Sucre
(IMAPSA)
Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia
en la preservación o
salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio
público; ordenación de
pagos por concepto de
utilidades, bonificaciones,
dividendos u otras
prestaciones similares en
violación de las normas que
la consagran;
incumplimiento injustificado
de las metas señaladas en
los programas
correspondientes y
endeudamiento al margen
de la Ley Orgánica de
Crédito Público (art. 113
numerales 3, 11, 15 y 14
LOCGR).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años

CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Lucca,
Gustavo (*)
C.I. N° 14.559.114
Recaudador
Martínez
Valderrama,
Antonio (*)
C.I. N° 9.897.900
Presidente
Dirección de Rentas
Municipales del Municipio
Sucre
Instituto Municipal
Autónomo de Protección y
Saneamiento Ambiental
del Municipio Sucre
(IMAPSA)
Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia
en la preservación o
salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio de
un ente u organismo;
omisión al control previo;
incumplimiento injustificado
de las metas señaladas en
los programas
correspondientes y la
afectación específica de
ingresos sin enterarlos al
Tesoro (art. 91 numerales 2,
9, 10 y 11 LOCGRSNCF).
Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia
en la preservación o
salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio
público; actuaciones
simuladas o fraudulentas en
la administración, manejo o
custodia de bienes o fondos
públicos; ordenación de
pagos por concepto de
utilidades , bonificaciones,
dividendos u otras
prestaciones similares en
violación de las normas que
lo consagran;
endeudamiento al margen
de la Ley Orgánica de
Crédito Público;
incumplimiento de las
finalidades previstas en las
leyes; no haber exigido
garantía a quien deba
prestarla; ordenación de
pagos por servicios no
realizadas; contraer
compromisos sin estar
previa y legalmente
autorizado (art. 113
numerales 3, 4, 10, 11, 13,
14 y 15 LOCGR y art. 35
LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
LOCGRSNCF: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 6 meses
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
241

242
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MIRANDA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Ortiz, Cruz (*)
C.I. N° 5.472.039
Legislador
Palacios, Félix
Ramón (*)
C.I. N° 4.053.019
Alcalde
Rivas, Gleen (*)
C.I. N° 10.948.959
Legislador
Rodríguez,
Cándido (*)
C.I. N° 3.008.868
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Municipio Carrizal Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia
en la preservación o
salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio
público y dejar prescribir o
permitir que desmejoren
acciones o derechos de los
organismos públicos por no
hacerlos valer
oportunamente o hacerlo
negligentemente (art. 113
numeral 3 LOCGR y art. 41
numeral 8 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
ESTADO MONAGAS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Alfonso de Simosa,
María
Magdalena (*)
C.I. N° 4.364.038
Legislador
Guevara Martínez,
José Manuel (*)
C.I. N° 4.717.451
Legislador
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años

CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO MONAGAS
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Poito, José
Domingo (*)
C.I. N° 8.359.927
Legislador
Silva Muñoz,
Pedro
Fernando (*)
C.I. N° 6.921.560
Legislador
ESTADO PORTUGUESA
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación y ordenación de
pagos ilegales (art. 37 y 38
LOSPP).
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Arias, Atila (**)
C.I. N° 4.370.340
Legislador
Suplente
Hernández,
Porfirio (**)
C.I. N° 2.231.674
Legislador
Rangel, José
Luis (**)
C.I. N° 9.400.143
Legislador
Silva, Freddy (**)
C.I. N° 5.945.142
Legislador
ESTADO TÁCHIRA
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Consejo Legislativo Aprobación de pagos
ilegales (art. 38 LOSPP).
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 1 mes
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 6 meses
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 6 meses
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 6 meses
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Cardozo A., José
Gulfrido (*)
C.I. N° 5.445.661
Alcalde
Municipio Michelena Contratación de obras con
prescindencia de los
procedimientos previstos en
la Ley de Licitaciones y
ordenación de pagos por
obras no realizadas (art. 113
numerales 1 y 10 LOCGR).
(*) Firme en sede administrativa
(**) En etapa de interposición del recurso administrativo
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
243

244
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
ESTADO TÁCHIRA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN SANCIÓN
Cobaria De Abello,
Biani (*)
C.I. N° 9.143.760
Ingeniero
Inspector
Medina Bernal,
Jorge Olivo (*)
C.I. N° 5.021.047
Supervisor de
Servicios de la
Gerencia General
de la Corporación
de Salud
Ramírez Cabarico,
Francis Jannett (*)
C.I. N° 9.230.448
Personal
Administrativo
Grado 12
Dirección de
Infraestructura y
Mantenimiento de Obras
(DIMO) del Municipio
Bolívar
Dirección Regional del
Sistema Nacional de
Salud
División de Administración
de la Gerencia Regional
de Tributos Internos de la
Región los Andes del
Servicio Nacional
Integrado de
Administración Aduanera
y Tributaria (SENIAT)
Expedición indebida de
certificaciones (art. 113
numeral 9 LOCGR).
Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia
en la preservación o
salvaguarda de los bienes o
derechos del patrimonio de
un ente u organismo (art. 90
numeral 3 LOCGET).
Empleo de fondos públicos
en finalidades diferentes a
aquéllas a que estaban
destinados por ley (art. 113
numeral 12 LOCGR).
(*) Firme en sede administrativa
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOCGET: Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Táchira
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 3 años
Inhabilitación para
el ejercicio de
funciones públicas
por 2 años
Suspensión del
ejercicio del cargo
sin goce de sueldo
por 3 meses

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
PODERES PÚBLICOS NACIONALES
SECTOR DE LOS PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN AÑO
Asamblea Nacional Enriquecimiento Ilícito (art. 66
LOSPP).
Asamblea Nacional Falseamiento u ocultamiento
de datos que debe tener la
declaración jurada de
patrimonio, incumpliendo con
el artículo 76 de la Ley
Contra la Corrupción.
Ministerio de la Defensa Enriquecimiento Ilícito,
falseamiento u ocultamiento
de datos que debe tener la
declaración jurada de
patrimonio (art. 66 y 73
LOSPP).
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
SECTOR PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y FINANZAS
1998-
2000
2001-
2003
1999-
2002
ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN AÑO
Fondo de Garantía de
Depósitos y Protección
Bancaria (FOGADE)
Ordenación de pagos por
obras o servicios no
realizados o no contratados
(art. 113 numeral 10
LOCGR).
SECTOR INDUSTRIA PRODUCCIÓN Y COMERCIO
ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN AÑO
Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA)
SECTOR SERVICIOS
Celebración de contratos por
interpuesta persona (art. 113
numeral 5 LOCGR).
OFICIO DE REMISIÓN
NÚMERO FECHA
08-02-03274 09-06-2004
01-00-000855 23-12-2004
08-02-05876 21-12-2004
OFICIO DE REMISIÓN
NÚMERO FECHA
1997 01-00-430 12-07-2004
1998-
1999
ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN AÑO
Fondo Nacional de
Desarrollo Urbano
(FONDUR)
Enriquecimiento Ilícito,
falseamiento u ocultamiento
de datos que debe contener
la declaración jurada de
patrimonio (art. 66 y 73
LOSPP).
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
2000-
2001
OFICIO DE REMISIÓN
NÚMERO FECHA
01-00-772 02-12-2004
OFICIO DE REMISIÓN
NÚMERO FECHA
08-02-01292 24-03-2004
245

246
EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA
SECTOR SERVICIOS
ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN AÑO
Fondo Nacional de
Desarrollo Urbano
(FONDUR)
Falseamiento u ocultamiento
de datos que debe contener
la declaración jurada de
patrimonio (art. 73 LOSPP).
ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL
DISTRITO CAPITAL
1998-
2002
ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN AÑO
Alcaldía Metropolitana de
Caracas
ESTADO ANZOÁTEGUI
Actuaciones simuladas y
fraudulentas en la
administración o gestión de
bienes públicos (art. 113
numeral 3 LOCGR).
ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN AÑO
Alcaldía del Municipio
Autónomo Pedro María
Freites
ESTADO CARABOBO
Enriquecimiento Ilícito,
falseamiento u ocultamiento
de información (art. 66 y 73
LOSPP).
OFICIO DE REMISIÓN
NÚMERO FECHA
08-02-05920 22-12-2004
OFICIO DE REMISIÓN
NÚMERO FECHA
2001 01-00-064 17-02-2004
1997-
2001
ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN AÑO
Alcaldía del Municipio
Autónomo Valencia
Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios
Enriquecimiento Ilícito,
falseamiento u ocultamiento
de información (art. 66 y 73
LOSPP).
Insinceridad por dolo,
enriquecimiento ilícito (art. 18
y 66 LOSPP).
LOCGR: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
1999-
2001
1999-
2002
OFICIO DE REMISIÓN
NÚMERO FECHA
01-00-000108 10-03-2004
OFICIO DE REMISIÓN
NÚMERO FECHA
08-02-03390 23-07-2004
08-02-03272 09-06-2004