Antoni Banyeres

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“En Negatiu”
Ante el escándalo delictivo
La Oposición pide la dimisión del alcalde Banyeres
Ante las graves y alarmantes informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación
sobre el pasado delictivo del alcalde, Antoni Banyeres, los grupos municipales en la
Oposición no pueden por menos que manifestar su perplejidad y preocupación, debiendo
de pronunciarse al respecto por responsabilidad política, por responsabilidad moral y por
lealtad institucional.
A la vista de las informaciones, nos vemos obligados a pedir su dimisión como alcalde y
como concejal de este Ayuntamiento de Salou, por los siguientes motivos:
- Por haber actuado con total deshonestidad y haber engañado a los ciudadanos, negando
durante la campaña electoral de haber delinquido en el pasado y por lo tanto faltando a la
verdad.
- Porque mintió también a los ciudadanos al no manifestar claramente en su programa
electoral que se pretendía y se impulsaría una política de recalificaciones urbanísticas.
- Porque no creemos que sea ético ni estético que un alcalde forme parte de una sociedad
dónde la mayoría de sus miembros son personas relacionadas con el mundo inmobiliario
y tienen intereses urbanísticos en Salou. Todo hace sospechar que las pretendidas
recalificaciones deben beneficiar a algunos miembros de esta sociedad. Y si no pongamos
dos ejemplos: uno de los miembros de la sociedad y cargo de confianza del Ayuntamiento,
Pascual Roche, está relacionado directamente con la propiedad de la Aduana (ahora dice
que hace dos años que vendió sus participaciones, pero su socio Angel Vicente sí que
continúa); y José María Huguet, también miembro de la mencionada sociedad, és propietario
de terrenos y parte interesada en la práctica totalidad de los sectores urbanísticos de
Salou. La Aduana y el SECTOR 03 son dos ámbitos que ya han sido anunciados como
objetos de recalificación, que comportarían beneficios y plusvalías multimillonarias para
los propietarios.
- Porque además creemos que es de una irresponsabilidad sin límites el mero hecho que un
alcalde forme parte de una sociedad de este tipo, ya que ofrece una imagen de república
“bananera” a nuestra localidad y perjudica la imagen política de la institución.
DESEMBRE 2007
- Porque entendemos que si el Alcalde quiere intentar hacer negocios y beneficiar a ciertas
personas no lo debe hacer aprovechando su cargo sino desde fuera del Ayuntamiento
y de la política. Por ello le pedimos que actúe con responsabilidad y respeto hacia los
ciudadanos y la institución, y presente su dimisión por higiene democrática.
Según FUPS y PP, los ciudadanos tienen derecho a
saber el pasado delictivo de los cargos públicos
La Oposición cree que “hemos de saber a
quién confiamos la gestión de los intereses
generales, porque según la Ley, el pasado
delictivo de una persona tiene trascendencia
más allá de su esfera personal”.
Ante el escándalo donde diversos medios
de comunicación imputan al alcalde
Banyeres la comisión de delitos, y su
encarcelamiento, este se defiende alegando
que se trata de un accidente y que es una
cuestión personal. Y de este modo Banyeres
pretende quitar importancia a un tema que
de gran trascendencia jurídica, por cuanto
la Ley de contratos de las Administraciones
Públicas prohíbe, taxativamente, contratar
con la administración a todas las personas
que hayan estado condenadas por
sentencia como autores de diversos delitos,
entre los que se encuentran los delitos que
la prensa dice haber cometido el alcalde
de Salou. El art. 20 de la referida Ley, que
lleva por título, “Prohibiciones de contratar”,
dice textualmente que: “En ningún caso
podrán contratar con la Administración
las personas que hayan sido condenadas
mediante sentencia firme por delitos de
falsedad, contra el patrimonio y contra el
orden socioeconómico,… “.
Por lo tanto, el pasado delictivo de una
persona tiene trascendencia más allá de su
Els portaveus del’Oposició en Roda de Premsa.
esfera personal, y con mayor motivo si se
trata de un Alcalde, por el cargo público
que ostenta y representa; sin olvidar que
los juicios penales son públicos, y las
sentencias también.
Además, siguiendo lo establecido en
los apartados 1 y 3 del artículo 103 de la
Constitución Española, las administraciones
públicas han de servir con objetividad los
intereses generales, con sometimiento pleno
a la Ley y al Derecho. Esta misma exigencia
se traslada a sus autoridades, que deben
tener un comportamiento ejemplar que evite
situaciones comprometidas y sospechosas.
En estos términos los Tribunales hablan
de “moralidad administrativa”, que debe
articularse mediante las técnicas de la
abstención y la recusación.
Este comportamiento que todos
debemos asumir como miembros de esta
Corporación, nos conduce directamente, a
raíz de las noticias aparecidas en los medios
de comunicación, a un grave problema
en nuestro municipio al haberse podido
constatar la relación directa que el alcalde y
un cargo de confianza del concejal de CiU,
SALVADOR PELLICÉ, poseen con personas
relacionadas con el mundo inmobiliario y
urbanístico del municipio de Salou.
Las declaraciones de Banyeres después de salir a la luz
su historial delictivo.
De entrada niega las acusaciones y manifiesta “perlitas” como las siguientes:
- “Yo no he hecho nunca nada que me reporte un remordimiento de conciencia”. ¿Tendrà
amnesia o simplemente es caradura? Un hombre de principios y valores éticos un tanto
extraños.
- “Pudo haber un tema puntual en mi pasado con el que habría algun problema”. Aquí
ya recobra un poco más la memoria y reconoce haber tenido algun problema, aunque
¿delinquir durante algunos años es un tema puntual o un modus vivendi?
- “No hay nada que me pueda obligar legal o moralmente a dejar la alcaldía. Tengo la
conciencia tranquila: pude haber estado involucrado en un accidente”. Aquí vuelve a caer
en la desmemoria. Cuando se le pregunta por su pasado delictivo solo recuerda haber
tenido algun accidente. ¿De circulación quizás? Es normal que quien no recuerda un
turbulento y oscuro pasado, no tenga problemas morales ni problemas de conciencia. Pero
para eso estamos nosotros; para hacerlo participar en una terapia colectiva donde explique
y reconozca la verdad de sus fechorias, y quizás entonces entienda porque moralmente
debe dimitir del cargo: para no desprestigiar la institución municipal y el buen nombre de
Salou; y por haber engañado a los electores negando y escondiendo su nada glorioso
pasado.
Por cierto. Mientras Salou continuaba luchando con ilusión por su futuro y por la
Segregación, en el verano de 1989, Banyeres era detenido por la Policía en el mismo
centro de Salou, en el Hostal Montsant, por presunta participación en un atraco a mano
armada. Después de 18 años, todo un honor tenerlo como alcalde. Lo primero que se le
ocurre es eliminar el nombre de la Segregación. ¿Malos recuerdos quizás?