El municipio: una institución diseñada para el fracaso

los costos sociales que resultan de subsidiar el agua
Aunque una tarifa subsidiada puede parecer un alivio para las familias de
más bajos ingresos, son esos hogares quienes más recienten las carencias
de tener un servicio de mala calidad y que en gran medida es el resultado
de tener tarifas que no reflejan el verdadero costo de abastecimiento y
saneamiento. Así, la población de bajos ingresos termina pagando más
por el agua al verse en la necesidad de adquirir el agua en pipas o en
garrafones debido tanto a que no tienen acceso a la red de agua potable
como a la irregularidad en el servicio o a la mala calidad del líquido. Como
resultado, al decil de la población con menores ingresos, el agua le cuesta
una mayor proporción de su ingreso (1.4% de su ingreso, mientras que al
decil más rico sólo le cuesta el 0.4%). 15 A su vez, una baja tarifa del líquido
se traduce en que los ciudadanos no tengan incentivos para cuidarlo.
la parálisis En la lEgislaCión hídriCa y su
EfECto En las polítiCas públiCas
Desde el año 1982, cuando se reformó el artículo 115 de la Constitución,
el manejo del agua depende delos organismos operadores municipales,
también conocidos como Comisiones, Sistemas o Juntas Municipales. El
propósito de la reforma a la Constitución fue darle a los municipios una
mayor independencia y posibilidad de atender las necesidades básicas
de la población.
La mayoría de los problemas del sector surgen por el hecho de que dicha
reforma no se ha acompañado de una regulación secundaria a nivel federal
que establezca los lineamientos generales para el buen funcionamiento
de los organismos de agua. Por ejemplo, mientras que en Colombia la
ley establece que éstos deben ser autosustentables y rendir cuentas a la
ciudadanía, en México no hay nada parecido en la Ley de Aguas Nacionales.
Ante esta ausencia, los municipios no cuentan con el respaldo jurídico que
los incentive a cubrir sus costos para generar los recursos suficientes que
les permita ofrecer un servicio de calidad, así como tampoco se les obliga
a transparentar el uso de los recursos públicos.
Los intentos más recientes por fortalecer a los organismos de agua han
sido cancelados por los legisladores. En 2008, la Comisión de Recursos
Hidráulicos del Senado retomó la idea de la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) al proponer la iniciativa de la
Ley de Agua Potable y Saneamiento, la cual buscaba crear un Sistema
Nacional de Información de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento. Este sistema incluiría indicadores de gestión y establecería
lineamientos para una contabilidad homogénea, alineando los recursos
que otorgan la federación y el estado a la evaluación o avance de metas,
en función de dichos indicadores.
GESTIÓN DEL AGUA
Aunque a esta ley le faltaba establecer mecanismos para que los congresos
estatales fijaran las tarifas de agua de acuerdo al costo real del líquido y no
a intereses políticos, como se hizo en Brasil en 1997, era un gran avance
en materia de regulación fiscal. Sin embargo, la iniciativa fue retirada del
Senado debido a que se llegó a la conclusión de que éste era un dominio
estatal y para poder aprobar esta ley debía modificarse la Constitución.
En contraste, en febrero de 2012 se aprobó una reforma al Artículo 4°
Constitucional que establece que “toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso
y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios,
así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos
fines”. 16 Una reforma tan abstracta como esta no agrega valor para
avanzar en la definición de políticas públicas para el sector. En cambio,
existe el riesgo de ser utilizada políticamente con propósitos populistas
para fomentar que ciertos grupos no paguen por el agua, poniendo en
riesgo el que los organismos operadores puedan cortarles el servicio ya
que de hacerlo se violaría su derecho constitucional.
A pesar de que garantizar el acceso al agua potable de los ciudadanos
debe ser una obligación del Estado, este no puede ni debe proveerla de
forma gratuita ya que existe una creciente escasez y por tanto una mayor
competencia por ella, lo que elimina su carácter de bien público puro. Sin
embargo, el hecho de que la Constitución establezca que “la ley definirá las
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable
de los recursos hídricos” debe aprovecharse para que en un futuro sea
posible aprobar leyes que reconozcan al agua como un bien económico.
ElEmEntos para una buEna gEstión dEl agua:
algunos EjEmplos
El Consejo Consultivo del Agua (CCA), en su último informe sobre
la gestión del agua en las ciudades, define los siguientes principios
necesarios para una buena gestión: 17
1) Contar con autonomía y personalidad jurídica propia
2) Desarrollar un plan de desarrollo a largo plazo
3) Instrumentar procedimientos transparentes para la fijación de tarifas
4) Publicar informes anuales de desempeño que estén auditados
5) Abrir espacios a la participación ciudadana
6) Establecer un sistema de atención de quejas
PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN PROFESIONAL DE LAS CIUDADES
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