Cien_Dias_77

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Contenido
Editorial
De La Habana viene un barco cargado de… ........................................ 4
Por Luis Guillermo Guerrero Guevara
Paz
¿Horizontes de paz? ........................................................................... 6
Por Fernán González González, S.J.
Proceso de paz Gobierno-Farc en perspectiva histórica ..................... 11
Por Camilo Andrés Hernández Barreto
Cambio de posiciones: los actores
incidentes en el proceso de paz ......................................................... 17
Por Fernando Sarmiento Santander
Mirar al Caguán para pensar en Cuba ................................................ 23
Entrevista al historiador Herbert “Tico” Braun
Del rumor a la instalación de la mesa:
una mirada a las editoriales y los espacios
de comentarios en la búsqueda de la paz .......................................... 26
Por Andrés Yepes
Tierras
La tierra y el desarrollo rural:
más allá de la encrucijada de la paz ................................................... 31
Por Sergio Coronado Delgado
Declaración de Cartagena:
“Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra” ................................... 36
Declaración del Foro de la Tierra América
Latina y el Caribe 2012
Las pavas de los campesinos .............................................................. 39
Por Equipo Incidencia y Comunicación CINEP/PPP
Regiones
Obstáculos que impiden el fin del conflicto en el Chocó .................... 42
Por Juan Pablo Guerrero Home
“Colombianizar” a toda costa
o ser raizal allende los mares ............................................................. 48
Por Martha Cecilia García
Con la reelección de Chávez, ¿ganamos
o perdimos en la frontera colombo-venezolana? ............................... 56
Por María del Carmen Muñoz
Movimientos sociales
Paz ¿y la agenda social? ...................................................................... 58
Por Ana María Restrepo y Martha Cecilia García
Director
Alejandro Angulo Novoa, S.J.
Comité Editorial
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Fernán González González, S.J.
Martha Cecilia García
Laura González Pérez
Sergio Andrés Coronado
Fernando Sarmiento
Ana María Restrepo
Teófilo Vásquez
William Rozo
Margareth Figueroa G.
Colaboran en este número
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Fernán González González, S.J.
Camilo Andrés Hernández Barreto
Fernando Sarmiento Santander
Juan Pablo Guerrero Home
Sergio Andrés Coronado
Ana María Restrepo
Martha Cecilia García
María del Carmen Muñoz
Andrés Yepes
Equipo Editorial
Laura González Pérez
Margareth Figueroa G.
Diseño y edición fotográfica
Margareth Figueroa Garzón
Impresol Ediciones Ltda.
Portada
Concepto creativo y copy:
Gonzalo Wohlmeyer
Diseño e ilustración: Mario Urazan
Diagramación
Impresol Ediciones Ltda.
Centro de Investigación y Educación
Popular/ Programa por la Paz
(CINEP/PPP)
Carrera 5 No. 33B-02
Tel: 2456181
www.cinep.org.co
comunicaciones@cinep.org.co
Bogotá D.C., Colombia
Diciembre 2012 – Febrero 2013
ISSN: 0121-3385
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

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Alfredo Vargas Mucia,
María Angélica Sandoval,
Claudia Enith Quintero y
Diane Oviedo Estudiantes,
Investigadores y Ambientalistas
Venessa Cerón,
Juan Manuel García y
Johanna Díaz
Piezas ganadoras en Publicidad DeVida 2012

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Editorial
De La Habana
viene un barco
cargado de…
Por Luis Guillermo Guerrero Guevara*
Después de 50 años
de conflicto armado,
tres generaciones
de colombianos
y colombianas
desearían decir a
todo pulmón: “De
La Habana viene un barco cargado de
PAZ…”
Sin embargo, en esta coyuntura, los
resultados del diálogo son inciertos.
Nadie se arriesga a expresar cuáles podrán
ser sus efectos y consecuencias
finales. Existen posiciones diversas
frente al proceso. Algunos plantean un
moderado optimismo, otros sectores
están esperando el fracaso para arremeter
con nuevos llamados guerreristas,
mientras que algunos hablan de ir
midiendo cada paso en medio de las
incertidumbres para dejar que el mismo
proceso se vaya autoconstruyendo.
Pero, ¿cuál es el contenido de la paz
que se está conversando entre el Gobierno
y las Farc-EP? Y, de otra parte,
¿qué estamos entendiendo en el país
por la paz sobre la que se está dialogando
en La Habana? Plantearse estas
preguntas permitiría comprender los
alcances y darle una dimensión razonable
a la paz que se perfila en la isla
caribe.
Una primera consideración es que,
sin duda alguna, el diálogo entre el
Gobierno y las FARC-EP es un factor
necesario y determinante para la solución
del conflicto, pero esto no quiere
decir que agote todo el proceso que
necesita recorrer la sociedad colombiana
para construir la paz.
En segundo lugar, la delimitación
del proceso de La Habana la marca la
agenda que establecieron las partes
en el “Acuerdo general para la terminación
del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera”, firmado
el miércoles 29 de agosto de 2012.
Son cinco temas para discutir: Política
de desarrollo
agrario integral.
Participación
política. Fin del
conflicto. Solución
al problema
de las drogas ilícitas.
Situación
de las Víctimas
del conflicto armado.
Es una agenda,
que, comparada
con la del
Caguán hace 14
años, aparece mucho más acotada,
más realista y responde tanto a las necesidades
de los actores que dialogan
en esta primera fase del proceso, como
a otros actores que en su momento deberán
entrar en el camino de la construcción
de la paz.
En tercer lugar, se debe tener en
cuenta que, si bien el Gobierno y las
¿Cuál es el contenido de la paz que
se está conversando entre el Gobierno
y las Farc-EP? Y, de otra parte, ¿qué
estamos entendiendo en el país por la
paz sobre la que se está dialogando en
la Habana? Plantearse estas preguntas
permitiría comprender los alcances y
darle una dimensión razonable a la paz
que se perfila en la isla caribe”.
Farc-EP han mostrado tener voluntad
política para llegar a acuerdos, eso no
basta para acunar esa paz, sino que
se necesitan, además, condiciones sociales,
económicas y políticas que no
dependen de ellos
y para las cuales
existe un alto déficit,
que puede
llegar a ser uno
de los mayores
obstáculos.
En cuarto lugar,
como dice
el profesor Alejo
Vargas, necesitamos
desmitificar
algunas ideas que
existen alrededor
de las negociaciones.
No se puede suponer que las
guerrillas, debido a su debilitamiento
militar y aislamiento político, estarían
dispuestas a negociar su rápida desmovilización.
Nada más lejos de la
realidad. En eso las palabras de Iván
Márquez fueron claras en su discurso
de Oslo: tanto el Gobierno como las
Farc-Ep tienen posiciones fuertes y
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conocen sus límites.
La Paz no
es un discurso ni
una mercancía
que se compra
y se vende; es,
sobre todo, un
proceso que requiereimaginación,
paciencia,
reconocimiento
mutuo y renuncia
a posiciones
polarizadas para
llegar a consensos
donde ambas
partes cedan algo por el mayor bien
de toda la colectividad. De otra manera,
no sería un diálogo para construir
acuerdos de paz, sino, por el contrario,
una capitulación de las Farc-EP, o del
Gobierno. Y ambas son una quimera,
porque la guerrilla no se siente derrotada
y el Gobierno se siente vencedor.
La paz tampoco será producto de
una negociación corta, o como dicen
las Farc-EP, de una paz “exprés”. Si
bien el proceso no puede ser indefinido,
ni se pueden establecer tiempos
judiciales, las conversaciones deben
tener resultados en un período razonable.
Si no se van dando esos resultados
substanciales paso a paso y si la opinión
pública no los va reconociendo
en su imaginario de paz, el proceso va
a caer en el agujero negro de la ilegitimidad
y la incredulidad, lo que sería
nefasto para el diálogo.
Se especula con las posiciones duras,
militaristas, y otras blandas, de
tinte más político, en los negociadores
de la guerrilla. Esta apreciación tiene
rasgos de ficción. Las Farc-EP es una
organización jerárquica, con línea de
mando clara y cohesionada en sus posiciones
de cúpula en lo sustancial;
por lo tanto, sus negociadores van a
actuar en consecuencia con este esquema
organizacional. Esto mismo
sucederá, guardadas las debidas proporciones,
con los representantes del
gobierno, de los empresarios y, más
aún, con los dos generales del Ejército
y de la Policía que están sentados
en la mesa. Existe entonces, en las
www.cinep.org.co
Si bien el proceso no puede ser indefinido,
ni se pueden establecer tiempos
judiciales, las conversaciones deben
tener resultados en un período razonable.
Si no se van dando esos resultados
substanciales paso a paso y si la
opinión pública no los va reconociendo
en su imaginario de paz, el proceso va
a caer en el agujero negro de la ilegitimidad
y la incredulidad, lo que sería
nefasto para el diálogo”.
partes, unidad
de pensamiento
alrededor de las
tesis que cada
lado va a defender.
La cohesión
al interior de los
equipos está asegurada,
lo que
política y metodológicamente
puede facilitar el
diálogo.
En quinto y
último lugar, la
paz necesita ser
construida entre todos, pero cada uno
de los actores debe prestar su colaboración
y su servicio pertinente en
el momento oportuno. Es irreal creer
que la paz se pueda construir sin
participación social, pero también es
improcedente postular que todos los
actores llenen la mesa en esta primera
fase de la construcción de acuerdos
políticos, donde
el gobierno y las
Farc-Ep deben
abrir la puerta
del diálogo de
paz, construir
acuerdos y crear
las condiciones
para honrarlos.
A la sociedad
civil en toda su
amplitud, así
como al Congreso
de la República,
les espera más temprano que tarde,
si se firma algún acuerdo, un gran
trabajo en el diseño y la realización
de procesos, mecanismos y condiciones
para la construcción de la paz.
En esta perspectiva, la incidencia de
la sociedad civil en la primera fase del
diálogo debe ser activa, pero limitada a
los escenarios de consulta entre diferentes
sectores sociales y con análisis profundos;
de igual manera se les debe dar
reconocida importancia a los canales institucionales
a través de los cuales estos
sectores se pronuncien. De esta forma, en
la mesa de La Habana, es pertinente que
el Gobierno y las Farc-EP sean los prota-
La paz tampoco será producto de
una negociación corta, o como dicen
las Farc-EP, de una paz “exprés”. Si bien
el proceso no puede ser indefinido, ni
se pueden establecer tiempos judiciales,
las conversaciones deben tener resultados
en un período razonable.
gonistas para construir lo que les corresponde
y con la responsabilidad histórica
que esto implica. Ahora, como el proceso
de conversaciones no es a espaldas ni a
escondidas del país, los colombianos nos
debemos enterar sobre los resultados de
esta fase del proceso por los canales oficiales
definidos por las partes, y no por el
show mediático nacional e internacional
en lo cual los medios de comunicación
tendrán que actuar con responsabilidad
y cautela.
Este número de la revista Cien días
Vistos por CINEP/PPP, presenta una serie
de artículos que se ocupan de esta
coyuntura inicial de los diálogos desde
diferentes percepciones. Algunas de
ellas privilegian la mirada histórica estructural,
haciendo un recorrido por los
procesos de paz, las lecciones en ellos
aprendidas y las posibilidades actuales.
Otras se acercan a temáticas particulares
de la misma agenda de diálogo como el
desarrollo rural y agrario, mientras que
algunos artículos presentan cómo se
percibe el proceso
desde los territorios
regionales
como el Chocó o la
frontera colombovenezolana.Igualmente
se trae a colación
cómo desde
el espectro de
alianzas de organizaciones
sociales
se está desplegando
un abanico de
reivindicaciones y
propuestas que se conjugan en el actual
contexto de diálogo de paz.
Coincidimos con aquellos que buscan,
en medio de esta oportunidad
histórica, que de La Habana venga un
barco cargado de una paz con acuerdos
sustanciales, en el horizonte de la
justicia y la equidad social, con compromisos
claros y profundos valores
éticos. No creemos en la guerra como
mediación de la política, pero tampoco
creemos en que solo acallar los fusiles
sea la verdadera paz.
* Luis Guillermo Guerrero Guevara:
Director General del CINEP/ Programa por la Paz.

6
. Paz .
¿Horizontes de Paz?
Por Fernan Gonzalez, S.J.
Presentación de Fernán González en el encuentro con las copartes de CAFOD 1 ,
a partir de los diálogos previos internos del CINEP/PPP 2 .
Anotaciones previas
En primer lugar,
quiero empezar
por señalar que el
actual proceso de
diálogos entre las
FARC y el gobierno
nacional constituye
una excelente
estructura de oportunidades
para las iniciativas regionales
de paz y desarrollo porque, como hemos
señalado en repetidas ocasiones, el conflicto
armado colombiano registra importantes
diferencias según las regiones y los
diferentes períodos. Esto hace necesario
que la paz se construya DESDE LAS RE-
GIONES, ya que el conflicto tiene esencialmente
características regionales.
En segundo lugar, conviene recordar
que el actual proceso de negociación de la
paz entre el gobierno y la guerrilla de las
Farc-EP es una parte del proceso complejo
y estructural que implica la construcción
de una paz sostenible y duradera
en Colombia, que tiene que ver con la
manera como se ha venido construyendo
el Estado y la Sociedad de Colombia a lo
largo del tiempo. Por eso, el país tiene
que aprender a moverse en un proceso
lento, gradual y conflictivo, con avances y
retrocesos, sin esperar una solución definitiva
de los problemas, lograda de la noche
a la mañana. En este sentido, se deben
reconocer al menos, dos momentos:
uno es el actual proceso de negociación,
encaminado a poner fin al enfrentamiento
armado con las Farc; y otro el proceso más
profundo de reconstrucción del país, que
va más allá de la agenda definida entre la
Farc-EP y el gobierno, lo que implica el
desarrollo de las agendas sociales para la
resolución de los conflictos estructurales
del país. Distinguir estos dos niveles, indicaría
la importancia de abordar también
los conflictos sociales que podrían quedar
ocultos por la negociación centrada en el
fin de la guerra.
En el fondo, estos dos momentos corresponden
a dos maneras de concebir
la paz: una, negativa, el mero fin de los
enfrentamientos armados; otra, positiva,
que implicaría transformaciones estructurales
encaminadas a la solución de los
conflictos sociales, económicos y políticos
vinculados al
conflicto. O sea,
que es necesario
distinguir los
retos de la construcción
de paz
en la negociación
(“Peacemaking”)
de los desafíos de
la construcción de
paz en el postconflicto(“Peacebuilding).
Los primeros
tienen que ver
con la negociación
horizontal con las partes enfrentadas pero
también con las negociaciones indirectas
con la opinión pública en general, especialmente
con las facciones internas que
pueden oponerse a las negociaciones horizontales
tanto dentro de los grupos armados
como en la sociedad en general. Y
los segundos se refieren a temas más amplios
como las reformas políticas necesarias
para la ampliación de la democracia,
los mecanismos de desarme, desmovilización,
reinserción o reintegración de los
actores armados, las reformas necesarias
Si bien, la actual negociación de paz
no puede solucionar todos los problemas
pendientes del país, como parecen
creer las Farc-EP y otros grupos, si puede
centrarse en la terminación del conflicto
y en la creación de condiciones
que permitan abordar los problemas
estructurales que subyacen al mismo.
de la seguridad ciudadana, los mecanismos
de justicia transicional para víctimas
y victimarios, la recuperación psicosocial
de los afectados y el desarrollo económico
y social de las regiones afectadas por el
conflicto.
Por eso, hay que partir del hecho de
que, si bien la actual negociación de paz
no puede solucionar todos los problemas
pendientes del país, como parecen
creer las Farc-EP y otros grupos, si puede
centrarse en la terminación del conflicto
y en la creación de condiciones que permitan
abordar los
problemas estruc-
turales que subyacen
al mismo.
En ese sentido, y
teniendo en cuenta
las experiencias
de negociaciones
anteriores, es preciso
evitar asignarle
a este nuevo
proceso, las demandas
de todos
los actores sociales,
reconociendo
el alcance limitado pero igualmente urgente
y legítimo del mismo. También es
necesario mantener abiertos múltiples
canales y espacios de encuentro, reconociendo
las diversas agendas en juego.
Características relevantes del
actual proceso de negociación
Hay que empezar por señalar los rasgos
del actual proceso, que lo diferencian de
otros intentos anteriores, como el cambio
de los contextos nacional e internacional y
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la situación militar de las FARC, que pueden
significar una coyuntura más favorable
para las negociaciones. Pero también
las continuidades con los momentos anteriores,
que pueden obstaculizar el éxito
del proceso. De todos modos, se observa
que la actual propuesta refleja algunos
aprendizajes de los fracasos de procesos
anteriores.
En primer lugar, habría que señalar el
cambio de la coyuntura política nacional,
representada en la distinción entre el
presidente Santos y el expresidente Uribe,
caracterizada por el reconocimiento de
Santos de la existencia de un conflicto
interno, con raíces sociales vinculadas al
problema agrario nunca resuelto, frente a
la reducción que Uribe hacía del problema
a un ataque de la narcoguerrilla contra un
gobierno plenamente legítimo, centrado
en motivaciones meramente económicas,
totalmente desvinculado de ideologías políticas
y sociales. Este contraste representa,
además, una concepción distinta de
la Política, concebida por Uribe como el
combate entre el Mal y el Bien absolutos,
sin posibilidad de diálogo, frente a una
idea de la Política como la construcción
colectiva del orden social mediante el diálogo
entre adversarios, que son enemigos
relativos y no absolutos.
A esta diferente concepción del conflicto
y de la Política, hay que añadir el
contexto internacional más favorable: la
mirada desde la perspectiva de la Guerra
fría, que caracterizaba a los enfrentamientos
de los presidentes Bush y Uribe con
los presidentes Chávez, Evo Morales y Fidel
Castro, ha sido reemplazada por un
enfoque más pragmático de los presidentes
Obama y Santos, que ha significado
un manejo distinto de las relaciones con
las naciones fronterizas de Colombia y
un acercamiento de Colombia a las otras
naciones latinoamericanas. A esto habría
que añadir la renuncia de ETA a la lucha
armada en España y al apoyo irrestricto
de Fidel Castro a la distensión entre Colombia
y Venezuela, que también significa
la solución de los problemas internos
que representa el conflicto colombiano
para los países fronterizos como Ecuador,
Venezuela y Panamá.
Otra de las ventajas del actual momento
es la agenda acordada para los temas de
www.cinep.org.co
las conversaciones, pues su carácter acotado
y realista, junto con el enfoque de corte
más reformista, cercano a las propuestas
de los sectores progresistas de los partidos,
y el tono discreto con que se manejaron las
negociaciones previas, permiten un cierto
optimismo. Algunos autores como Jorge
Iván González señalaban que las propuestas
de las Farc no eran ya comunistas sino
propias del reformismo
de un liberalismo
radical, de
corte social demócrata.
Obviamente,
las negociaciones
se ven fortalecidas
por el evidente
debilitamiento
político y militar
de las Farc, causado
por la ofensiva
de las fuerzas
gubernamentales
de seguridad, que
las ha obligado a
replegarse hacia sus zonas tradicionales
de refugio y hacia las zonas de frontera
con otras naciones. A pesar de que este
grupo no reconoce este debilitamiento en
sus discursos, es claro que no llegue hoy
a la mesa con la ventaja que tuvieron en
el proceso del Caguán. Esta condición ten-
. Paz .
La distinción entre el presidente Santos y el expresidente Uribe respecto del reconocimiento de la existencia
de un conflicto interno, con raíces sociales vinculadas al problema agrario, representa el cambio
de la coyuntura política nacional.
drá un lugar muy relevante para el diálogo
pues, aunque las Farc-EP no están derrotadas,
es evidente que antecedentes como
la persecución emprendida por el gobierno
de Alvaro Uribe, pusieron el conflicto
armado en otros términos y representaron
un cambio en la correlación de fuerzas,
circunstancia que lleva a que las Farc lleguen
a la mesa de negociación también en
otros términos.
Sin embargo,
no se encuentra
Otra de las ventajas del actual mo-
correspondencia
entre esta conmento
es la agenda acordada para los dición actual y
temas de las conversaciones, pues su cambios signi-
carácter acotado y realista, junto con el ficativos en sus
enfoque de corte más reformista, cer- concepciones pocano
a las propuestas de los sectores líticas y sus pro-
progresistas de los partidos, y el tono nunciamientos
discreto con que se manejaron las ne- públicos. No paregociaciones
previas, permiten un cierto ce que las Farc ha-
optimismo.
yan abandonado
su consideración
de las negociaciones
como una
estrategia para compensar su déficit de
legitimidad y su falta de proyección política.
Los discursos y presentaciones públicas
tanto en Oslo como en ocasiones
posteriores no han mostrado cambios
significativos de su lenguaje político y su
tono triunfalista.

8
. Paz .
Pero tampoco aparece ninguna transformación
de las subjetividades por parte
de los funcionarios del gobierno, que siguen
adoptando el mismo lenguaje guerrerista
y descalificador de la guerrilla
del gobierno anterior. Por otra parte, el
mismo presidente Santos parece perma-
Otra característica relevante del
proceso, es la participación de nuevos
actores, como los militares y los empresarios,
en la mesa de negociación.
Esta situación es una oportunidad que
requiere ser comprendida por la sociedad
civil, los diversos estamentos e
instituciones de la sociedad y los actores
en conflicto, de manera amplia y
despolarizada.
necer amarrado a las vicisitudes de la coyuntura
política de su eventual reelección.
En la negociación ha dado muestras de
estar jugando simultáneamente las cartas
del éxito y del fracaso: si tiene éxito, se
justificaría su reelección para consolidar
la consiguiente reconstrucción del país;
pero si fracasa, su reelección también se
justificaría por la necesidad de darle el
golpe definitivo a la guerrilla recogiendo
su acumulado como ministro de defensa.
O sea, que, en este sentido se hace claro
que el proceso, como se encuentra en
estos momentos, está ligado a los vaive-
nes de la política, característica que puede
hacerlo frágil si no se avanza, tras el cese
del enfrentamiento bélico, en temas sociales,
políticos, culturales, económicos que
atiendan demandas de distintos sectores
sociales y reconozcan sus diferencias de
clase, etnia, género, edad, orientación sexual,
creencia religiosa y otras diferencias
que sean determinantes para los grupos
sociales.
Otra característica relevante del proceso,
es la participación de nuevos actores,
como los militares y los empresarios, en
la mesa de negociación. Esta situación es
una oportunidad que requiere ser comprendida
por la sociedad civil, los diversos
estamentos e instituciones de la sociedad
y los actores en conflicto, de manera
amplia y despolarizada. En ese sentido, el
proceso puede ser una ocasión para que,
en una segunda etapa después de la negociación,
los movimientos sociales (el
sindicalismo, los movimientos feministas
y de mujeres, organizaciones campesinas
y étnicas, asociaciones de víctimas, entre
otros) sean tenidos en cuenta como actores
relevantes, así como organizaciones
socio-políticas de reciente constitución.
Ellas pueden ofrecer un espacio para llevar
los acuerdos entre las cúpulas a los
escenarios sociales, nacionales y regionales,
para que puedan ser apropiados y llenados
de contenido por la gente.
Esta movilización social podría llevar el
proceso más allá de los límites de las propuestas
oficiales, pues permitiría incluir
sus demandas y propuestas aplazadas
históricamente por el conflicto social y ar-
Delegados del Gobierno y las Farc durante la instalación de la mesa de conversaciones para
la terminación del conflicto en Oslo, Noruega, el pasado 18 de ocubre.
Foto Presidencia de la República
mado. Así mismo, podrían aprovecharse
los cambios de énfasis de las Farc, más
centradas hoy en el influjo sobre la movilización
social de las poblaciones y menos
sobre el control del territorio, indicarían
algún cambio de actitud en este sentido.
De esta manera, promover que nuevos
actores hagan parte de la reflexión y discusión,
posibilita ganancias en términos
de legitimidad y sostenibilidad, y también,
evidencia tanto las complejidades en la
construcción de paz como la condición de
que para llegar a ella se requiere del concurso
de la sociedad en su conjunto. Especialmente,
por la resistencia que encuentran,
en amplios sectores de la sociedad
civil, algunas propuestas concretas que se
desprenderían de un eventual acuerdo de
paz con las Farc. Se observa así un evidente
contraste entre el apoyo casi general
al proceso de paz entre la población con
el desacuerdo con mecanismos concretos
que garantizarían la participación política
de guerrilleros y la aplicación selectiva de
mecanismos de justicia transicional. Es
obvio que el lenguaje de la mayor parte
de los medios de comunicación, los líderes
políticos y gremiales, e incluso de
miembros de la jerarquía católica se sigue
moviendo dentro de la polarización amigo/enemigo
y la descalificación de los actores
armados. En este sentido, una labor
importante de las organizaciones sociales
e iniciativas de paz sería contribuir a “desarmar
los espíritus” con una lectura despolarizante
del conflicto que procurara
ir creando “una cultura de paz”.
Sin embargo, las posibilidades de una
eventual desmovilización de las Farc-EP
presentarían una perspectiva algo optimista,
en contraste con otros procesos como el
de la negociación con los grupos paramilitares,
cuya descomposición y reestructuración
se ha hecho evidente en las llamadas
BAcrim. Se cree que difícilmente producirá
fenómenos semejantes a la descomposición
de las AUC, pues el origen rural de
la mayoría de los miembros de las Farc-EP,
muy diferentes de los jóvenes semiurbanos
y de poblaciones medianas de la AUC, los
hacen menos susceptibles a la fragmentación.
Esto reforzado por una mayor identidad
y cohesión interna de los guerrilleros,
así como una mayor disciplina en su
estructura militar y política. Sin embargo,
77

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es necesario trabajar y estar atentos para
prevenir los eventuales efectos de fragmentación
y descomposición de algunos
frentes, especialmente los más vinculados
al circuito cocalero en su integridad, y que
se diferencian de los campesinos colonos
de las zonas tradicionalmente controlados
por las Farc-EP, quienes podrían aceptar
las medidas disciplinarias de sus comandantes,
sobre todo, si van acompañadas
de programas estatales de desarrollo rural
integral.
Problemas, limitaciones y
retos del actual proceso
Más allá de este balance de pros y contras
del actual proceso, hay que ser conscientes
de que la promoción de las locomotoras
de los planes de desarrollo de
Santos tendrán que ser repensadas frente
a los temas de la agenda de negociación.
La locomotora minero-energética y sus
ya denunciadas distancias con la locomotora
agrícola que pone en el centro el
desarrollo rural, requerirán revisiones y
replanteamientos.
También se considera central el abordaje
del tema de las víctimas pero
no sólo de las víctimas de las Farc-EP,
sino igualmente a las demás víctimas
de otros actores y conflictos sociales,
quienes también son protagonistas en
la construcción de condiciones para la
paz. Al respecto se señalan como negativos
algunos procesos legales y liderazgos
de organizaciones sociales
que tratan el tema de las víctimas con
cierta despolitización
del dolor y
la esencialización
u ontologización
de la categoría de
víctimas y cuyo
resultado puede
ser la revictimización,
pues son
llevadas a adoptar
una actitud mendicante
y a minimizar
su capacidad
de agencia.
En las actuales
circunstancias,
el abordaje diferenciado
de las
víctimas —concepto inexplorado en las
prácticas pese a tener marcos claros en
las teorías— ha respondido más a los
vaivenes de intereses políticos que a la
perspectiva de derechos para la reparación.
En Colombia hoy, existen víctimas
de primera y segunda categoría. Ese
abordaje, según las agendas prioritarias
de las instituciones políticas para acogerse
a la negociación, debe ser definido
y manejado con la mayor equidad, rigurosidad
y transparencia, Se esperaría
que la actual coyuntura produjera un
gran auge de la movilización y reconocimiento
social de las víctimas, lo que implica
un abordaje institucional integral
para evitar que se frustren las expectativas
exageradas que puede generar, para
algunas interpretaciones, la propuesta
de negociación.
Es fundamental el abordaje del tema de las víctimas pero no sólo de las víctimas de las Farc-EP, sino
igualmente a las demás víctimas de otros actores y conflictos sociales, quienes también son protagonistas
en la construcción de condiciones para la paz.
Es necesario trabajar y estar atentos
para prevenir los eventuales efectos de
fragmentación y descomposición de algunos
frentes, especialmente, los más
vinculados al circuito cocalero en su
integridad, y que se diferencian de los
campesinos colonos de las zonas tradicionalmente
controlados por las Farc-
EP, quienes podrían aceptar las medidas
disciplinarias de sus comandantes,
sobre todo, si van acompañadas de
programas estatales de desarrollo rural
integral.
Foto CINEP/PPP
. Paz .
Obviamente, los
temas del narcotráfico
y narcocultivo
requerirán también
aproximaciones
más rigurosas tanto
desde las políticas
del Estado como
desde las actuaciones
de la sociedad
civil y la comunidad
internacional.
Este negocio de
alta demanda para
las llamadas “Bandas
Criminales” y
los narcos, podrá
significar el escollo
más dramático para la superación del
conflicto armado, pues, aunque las Farc-EP
abandonen sus prácticas asociadas a este
negocio, dichos espacios serán ocupados
por otros actores insertos en la economía
de las drogas. El problema puede estar en
las nuevas zonas del narcotráfico; algunas
de éstas se integrarán al proceso, otras no.
Incluso la violencia se puede aumentar. Al
parecer, el gobierno está alentando desde
arriba, la legalización o políticas regulatorias
más asociadas a la reducción del daño,
pero no es una discusión fácil de cara a la
comunidad internacional y las posturas de
sectores sociales radicales en este tema.
Se señala como otro elemento crítico
la relación de la cúpula de las FARC
con los diferentes frentes de sus filas,
que no parece ser del todo uniforme, porque
se han detectado algunas posiciones
cercanas o lejanas de los frentes hacia la
cúpula, sobre los temas de la agenda de
negociación. Asuntos como las diferencias
de incentivos, entre mandos altos,
medios y las bases de los militantes rasos
parecen de suma importancia, pues,
entre ellos, hay algunos más políticos
que se sumarán a la paz, pero hay otros
más relacionados con la economía de la
coca, que querrán permanecer en el negocio
si lo que reciben a cambio en la
negociación está centrado en subsidios y
oportunidades entregadas mediante una
estructura burocrática casi imposible de
sortear y en una lógica desconectada del
origen semirrural de casi todos los miembros
de las Farc-EP.

10
. Paz .
Además, los eventuales acuerdos a
que llegue la cúpula de las Farc-EP con el
gobierno se enfrentan con el reto de conectar
estas decisiones con los poderes
locales y regionales para afrontar temas
como la propiedad, uso y producción de
la tierra, la participación política, los narcocultivos,
los poderes armados, la inserción
social. Esto implicará identificar las
maneras en que los acuerdos de la negociación
nacional pueden abrirse paso para
el diálogo con las diversas agendas y realidades
de los actores regionales.
Lo anterior también pone en evidencia
la diversidad de las actuaciones y prioridades
de la guerrilla en las distintas
regiones donde opera. Así, por ejemplo,
en las regiones periféricas de colonización
campesina y de frontera agraria aún en
expansión, las Farc-EP jugaron un papel
determinante en su organización social
y el respaldo a los colonos cocaleros, lo
que les hizo lograr cierta base social importante,
por tanto, es probable que esas
regiones un intento de desmovilización
de las FARC-EP, con un plan de desarrollo
integral, sea exitoso. Muy distinta será la
situación para las regiones donde las Farc-
EP han tenido una inserción reciente y
vinculada de manera más integral a todo
el circuito de la economía cocalera y de
relaciones con los grandes narcotraficantes
y otros grupos armados ilegales. Allí
se corre el riesgo de una fragmentación
y bandolerización de algunos sectores.
También será distinta la situación de algunos
frentes, ubicados en zonas vecinas
a haciendas latifundistas, cultivos agroindustriales
o grandes explotaciones mineras
o energéticas, donde la vida política
sigue bajo el control de gamonales tradicionales,
políticos de vieja data, empresas
con alta influencia en la vida de los territorios
y nuevos poderes locales surgidos
en el actual conflicto.
Por tanto, uno de los retos determinante
y condicionante de la paz es comprender
la necesidad de buscar salidas al
conflicto y a las propuestas de construcción
de paz desde un enfoque regional
y socialmente diferenciado. Sin lugar a
dudas, el actual proceso de negociación
exige una mirada diferenciada del conflicto
que reconozca las particularidades
regionales, sociales, culturales, las diná-
micas económicas y políticas que en cada
una de ellas tienen lugar, los liderazgos
presentes, los intereses en conflicto. Todo
esto, implica acciones igualmente diferenciales
en procura de una paz sostenible y
duradera.
En ese sentido, la experiencia de las
iniciativas regionales que ya están siendo
realizadas por diversos actores de las
regiones, como el caso de los Programas
de Desarrollo y Paz, entre otros, permite
tener referentes regionales en marcha y
aprender que, para construir la paz, se requiere
tanto la voluntad decidida de los
diversos actores como la generación de
nuevas condiciones políticas y sociales
en los territorios. El actual proceso de paz
parece disponer más de voluntad que de
condiciones. Este es un claro reto para las
regiones y para el país.
Para ir creando esas condiciones será
fundamental trabajar y avanzar en la
despolarización de las miradas mutuas
de los actores implicados. Aquí
las sociedades regionales y la nación en
su conjunto se enfrentan al llamado de
abrir sus posturas frente a la idea fija
que se tiene del otro como enemigo.
Imaginarios polarizados que obstaculizan
la resolución de los conflictos y dificultan
la creación de alternativas para
la construcción de la paz. De otra parte,
algunos sectores sociales quieren la paz
en abstracto, sin cambios, sin que im-
plique transformaciones fiscales y económicas,
sin grandes modificaciones en
la propiedad, uso y explotación de los
recursos, sin políticas sociales educativas
y sociales que impliquen inversiones
estructurales.
Un cambio en las subjetividades y miradas
nuevas del otro permitirá avanzar.
Nos enfrentamos al reto de favorecer el
diálogo social que ayude a la despolarización,
especialmente en las regiones donde
hay conflicto entre frentes guerrilleros,
“bandas criminales” y los poderes de hecho
existentes en regiones y localidades.
Si no se crean mecanismos de despolarización
y de superación de los estereotipos
mutuamente excluyentes, un acuerdo exclusivamente
entre las cúpulas nacionales
de ambos lados, llevaría a una redición
del genocidio como el que se vivió con
la Unión Patriótica. Sin embargo, se opina
que la coyuntura internacional y nacional
son hoy muy diferentes de lo que fueron
entonces: tal vez la opinión pública no
permitiría HOY que un proceso de esos
alcances se llevara a cabo.
Notas
Encuéntranos en en:
@RevistaCienDias
1 CAFOD, por sus siglas en inglés (Catholic Agency For
Overseas Development).
2 Publicado el 30 de octubre de 2012.
www.facebook.com/pages/Revista-Cien-Días
en redes sociales
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

Proceso de paz
Gobierno-Farc
en perspectiva histórica
Por Camilo Andrés Hernández Barreto*
Recorrido histórico y aprendizajes de anteriores intentos de negociación
entre el gobierno colombiano y las Farc.
L
os actuales diálogos
que se adelantan
entre las Farc y
el Gobierno de Juan
Manuel Santos representan
una oportunidad
innegable para
avanzar hacia la finalización
del conflicto armado. Aunque
hay optimismo moderado también son
muchos los escépticos frente a un final
exitoso del proceso: recuerdan los fracasos
del pasado. Sin embargo, cuando
se miran los anteriores intentos de negociación
con esta guerrilla también varios
aprendizajes, que ayudan a superar el
simplismo de que con las Farc no se puede
negociar porque no tienen voluntad
política, o porque son narcotraficantes
sin ideales políticos.
Desde 1982 las negociaciones se han
adelantado en un contexto en el que la
confrontación armada aumentó rápidamente
no solo por la incursión del narcotráfico
en todos los niveles de la sociedad,
o por la expansión militar de las
guerrillas, sino también por la férrea oposición
que distintos sectores de las élites
nacionales y regionales (tradicionales y
narcotraficantes), sectores de las Fuerzas
Militares y de los partidos políticos hicieron
a las negociaciones en particular y,
en general, al proceso de apertura democrática
que se intentó en los años 80.
Mediante la promoción de grupos de
autodefensas y paramilitares se exterminó
a sectores de la oposición de izquierda,
y aún hoy no se ha logrado la incorpo-
www.cinep.org.co
ración política de varios sectores sociales
entre los que se incluyen las guerrillas.
Igualmente, ningún Gobierno ha logrado
consolidar el apoyo de los sectores más
reaccionarios a las negociaciones permitiendo
que se convirtieran en parte de la
estrategia para el debilitamiento militar y
político del grupo insurgente, con la esperanza
de llevarlo a la desmovilización.
Entre 1982 y 2010 las Farc realizaron
tres conferencias; VII (1982), VIII (1993)
y IX (2007) en donde replantearon puntos
importantes de su estrategia de guerra
y reorganizaron su propuesta de paz.
Pero a lo largo de los años noventa las
negociaciones paulatinamente se volvie-
. Paz .
11
ron funcionales a su estrategia políticomilitar
y a la correlación de fuerzas con
el Estado, esto en particular se hizo evidente
durante el despeje del Caguán a
donde llegaron con fortaleza militar olvidando
fortalecerse políticamente. Ante la
arremetida de las AUC y quizá el silencio
por parte del Estado esta guerrilla perdió
su aparente ventaja militar supliendo tal
asimetría mediante actos de terrorismo
y una convergencia cada vez mayor de
varios de sus frentes con el narcotráfico.
Durante el gobierno de Belisario Betancur
(1982-1986), la propuesta de
negociación coincide con la realización
de la VII Conferencia en la que las Farc
Durante el despeje del Caguán se hizo evidente la estrategia militar de las Farc y la correlación de fuerzas
con el Estado.

12
. Paz .
formulan su Plan Estratégico Político Militar
“que define la línea de crecimiento
y acumulado de la organización en una
perspectiva de toma del poder (…) mediante
la creación definitiva de un ejército
revolucionario (…) y el desarrollo de una
diplomacia internacional de apoyo a la
lucha revolucionaria” (Medina, 2009, p.
157-158). En la conferencia se establecen
los criterios para la Salida Política al Conflicto
Social y Armado, que fueron pasando
a un segundo plano debido a la desconfianza
que generó en la organización
el genocidio de la Unión Patriótica.
El Gobierno adopta una política de paz
que incluyó la amnistía (Ley 35 de 1982),
la reforma constitucional que permitió la
elección de alcaldes mediante el voto popular
y la creación del Plan Nacional de
Rehabilitación para las zonas más afectadas
por el conflicto armado. También se
firmó el acuerdo cese al fuego, tregua y paz
pero la verificación del mismo fue imposible
ya que, ni las Farc, ni los militares,—
en especial los segundos— respetaron el
acuerdo y la comisión de verificación no
tuvo los elementos suficientes para concluir
que el cese al fuego realmente se
estaba cumpliendo (García-Durán, 2010,
p.265). En este contexto el siguiente gobierno
de Virgilio Barco (1986-1990) no
logró dar garantías políticas a la Unión
Patriótica convirtiéndose en la principal
víctima de la guerra
sucia. Con el
aumento de víctimas
civiles a causa
de esta estrategia
contrainsurgente
del Estado, también
aumentaron
los operativos en
contra de las Farc,
en especial en Caquetá
por donde se
comenzó a agrietar
la tregua debido
a que el grupo insurgente
también
respondió con acciones
ofensivas, haciendo que para 1987
esta finalmente se rompiera (García-Durán,
1992, p.176-177).
Luego de esta ruptura el Gobierno de
Cesar Gaviria (1990-1994) adoptó con
las Farc y el Eln una ofensiva militar cuando
ambos grupos exigieron participar en
la Asamblea Nacional Constituyente sin
ninguna exigencia previa por parte del
gobierno. La respuesta de ambos grupos
insurgentes no se hizo esperar y mediante
fuertes golpes a las Fuerzas Armadas
lograron presionar una serie de conversaciones
en el exterior. Así, llego el año 1992
y por medio de la Coordinadora Guerrillera
Simón Bolívar, CGSB, dieron a conocer
En los años 90 el gobierno de Cesar Gaviria adoptó una ofensiva militar con las Farc y el Eln cuando
ambos grupos exigieron participar en la Asamblea Nacional Constituyente.
La agudización de la guerra por la
expansión paramilitar y la crisis política
generada por el proceso 8000 dejaron
al gobierno de Ernesto Samper
(1994- 1998) sin muchas posibilidades
de negociación, a pesar de esto las Farc
manifestaron la necesidad de iniciar
un proceso de paz y por medio de una
carta dirigida a Carlos Holmes en 1995
plantearon como condición para una
negociación el despeje de un territorio.
77
sus “doce propuestas
para construir
una propuesta de
paz”, en Tlaxcala,
México. Con ellas
la CGSB buscaba
negociar una
agenda amplia y
no la restringida
agenda propuesta
por el gobierno
que se centraba
en la desmovilización
y entrega de
armas, sin incluir
la discusión en
torno al modelo
económico del país.
El fracaso de estas conversaciones se
dio por dos razones: la desconfianza entre
las partes para llegar a un acuerdo,
y el hecho de que con la nueva Constitución
“el Estado estrenaba una legitimidad
que redujo ostensiblemente los
márgenes para acordar las reformas a
que aspiraban las Farc (Arias, Prieto y
Peralta, 2010, p. 22). Esto hizo replantear
su estrategia y enfocarse en asumir la
guerra integral promovida por el Gobierno
la cual, en su percepción, no afectaba
en gran medida a la insurgencia (Medina,
2009, p.157-158). De esta manera durante
la Octava Conferencia realizada en
1993 las Farc reorganizaron su propuesta
de paz en la Plataforma de un gobierno
de reconstrucción y reconciliación nacional,
de la que surgieron diez puntos para
la solución de la crisis del país, entre los
que se incluye la salida política al conflicto
armado. Los otros nueve puntos se
centran en reformas que reorganicen el
Estado, el modelo económico que permita
la redistribución de la riqueza, el bienestar
social y una política agraria. También
plantean reestructurar la política
exterior del Estado colombiano (Medina,
2009, pp. 212-214).
La agudización de la guerra por la
expansión paramilitar y la crisis política
generada por el proceso 8000 dejaron
al gobierno de Ernesto Samper
(1994- 1998) sin muchas posibilidades
de negociación. A pesar de esto las Farc
manifestaron la necesidad de iniciar
un proceso de paz y por medio de una
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 13
carta dirigida a Carlos Holmes Trujillo,
Alto Comisionado para la época (1995),
plantearon como condición para una
negociación el despeje de un territorio 1 .
Pero la crisis de legitimidad del gobierno
fue aprovechada por las Farc para
fortalecerse militarmente —aunque no
politicamente 2 — llevando a que su posición
política frente a la opinión pública
se debilitara, por
lo que solamente
se llegó a firmar el
Acuerdo humanitario
de Remolinos
del Caguán (junio
de 1997), mediante
el cual las Farc
entregaron a 60
soldados y 10 infantes
de marina
en Cartagena del
Chairá (Villarraga,
2009, p.264).
La creciente
movilización ciudadana
a favor de
la paz se tradujo
en un masivo apoyo
en las urnas al Mandato ciudadano
por la paz, la vida y la libertad en 1997.
Esto llevó a la presidencia a Andrés Pastrana
(1998 - 2002) quien aseguró su
victoria al reunirse en persona con el
máximo jefe de las Farc. Pastrana estableció
una zona de despeje (La Macarena,
Mesetas, Uribe, Vistahermosa y es
San Vicente del Caguán) para adelantar
negociaciones con el grupo insurgente y
esta zona terminó por convertirse en el
principal obstáculo para las mismas, ya
que por su extensión y al no haber establecido
el Gobierno mecanismos de verificación,
terminó siendo utilizada para
fines distintos a la negociación 3 .
A pesar de esto, se estableció una
Agenda común (mayo 1999) la cual contenía
una variedad de temas para discutir
y que hacía referencia de manera muy
general a las causas estructurales de la
violencia, sin tener claridad sobre qué
era lo que realmente se podía negociar en
ese momento. Aún así, se llegó a varios
acuerdos 4 con los que se logró la libertad
de más de 400 miembros de la fuerza
pública. También se creó la Comisión de
www.cinep.org.co
Catapultado rápidamente por los fracasos
de diálogos en el Caguán, Álvaro
Uribe Vélez gana las elecciones en 2002
y es reelegido en 2006, promueve la
Política de Seguridad Democrática para
afrontar el conflicto armado. En esta
perspectiva la democracia colombiana
era la víctima de una “amenaza terrorista”
representada por las guerrillas. En
esta forma se desconoció todo el contenido
político y social que se atribuía a la
confrontación armada en el país.
Personalidades la cual hizo una serie de
recomendaciones para poder avanzar con
los diálogos (Arias, Prieto y Peralta, 2010,
p.23). Estas recomendaciones se centraron
en aclarar los términos para una posible
tregua en la cual se analizarían los
doce puntos de las Agenda común.
Catapultado rápidamente por los
fracasos de diálogos en el Caguán, Álvaro
Uribe Vélez
(2002-2010) gana
las elecciones en
2002 y es reelegido
en 2006,
promueve la Política
de Seguridad
Democrática
para afrontar el
conflicto armado.
En esta perspectiva
la democracia
colombiana
era la víctima de
una “amenaza
terrorista” representada
por las
guerrillas. De esta
forma se desconoció
todo el contenido político y social
que se atribuía a la confrontación armada
en el país.
La ofensiva militar contra las guerrillas,
en especial las Farc, fue el princi-
. Paz .
pal objetivo durante este Gobierno. Al
mismo tiempo se llevaron a cabo unas
“negociaciones” con los paramilitares
para que se sometieran a la justicia y
respondieran por sus crímenes. Estas
fueron ampliamente criticadas desde el
comienzo y, aunque se lograron conocer
muchos de los crímenes de las AUC, es
poco lo que se ha logrado en torno a la
reparación de las víctimas, objetivo principal
de la Ley de Justicia y Paz 5 .
El gobierno de Uribe Vélez también
promovió ampliamente la política de
desmovilización individual, la cual tuvo
resultados importantes en la disminución
de efectivos de las Farc y sirvió como
complemento de la presión militar. Durante
este periodo se hicieron muy evidentes
los fuertes golpes hacia las Farc
que incluso llevaron a la desarticulación
de varios de sus frentes. Sin embargo,
en 2007, las Farc adelantaron la IX conferencia
en la cual manifiestan no estar
tan debilitados como muchos creían y
no realizan mayores modificaciones a su
estrategia de guerra. A pesar de esto, en
2008, varios de sus máximos jefes cayeron
en combate: ‘Raúl Reyes’, ‘Iván Ríos’
y el ‘Negro Acacio’, entre otros; situación
que generó que generó triunfalismo en
algunos sectores de las Fuerzas Militares.
La actitud optimista rápidamente se
desvaneció por el escándalo de los llama-
El gobierno de Álvaro Uribe promovió la ofensiva militar contra las guerrillas, las “negociaciones” con los
paramilitares” y una política de desmovilización individual.
Foto CINEP/PPP.

14
. Paz .
dos falsos positivos y porque para 2009
la guerrilla estaba volviendo a golpear al
Ejército en varias regiones del país.
Aprendizajes del pasado
y perspectivas para la
negociación actual entre el
gobierno Santos y las Farc
Hasta 2010 son varias las continuidades
en los intentos de negociación con
las Farc. Si bien estos no han resultado
traducidos en acuerdos, sí han dado ventajas
políticas al Estado pero no las suficientes
para lograr un aislamiento total
de las Farc. Por lo cual los aprendizajes
de los procesos anteriores son claves
para la terminación del conflicto armado.
En primer lugar, es importante la consolidación
del proceso tanto a nivel externo
como interno. A nivel externo, la
comunidad internacional se ha comprometido
más desde los años 90, e incluso
durante el despeje del Caguán el apoyo
internacional se hizo más fuerte. Sin embargo,
nunca pudo llegar a ser un actor
que por lo menos ayudara a despolarizar
las posiciones de los negociadores porque
el Estado y la guerrilla no lo permitieron.
A nivel interno, desde 1982, diferentes
sectores reaccionarios no han apoyado
los procesos que se han adelantado.
Por eso el actual Gobierno ha desplegado
estrategias para ir consolidando el apoyo
al proceso; una de ellas fue realizar los
diálogos en el exterior para disminuir la
presión de una opinión pública tan polarizada
como la colombiana. Igualmente
teniendo como garantes a países como
Cuba, Noruega, y de acompañantes a
Venezuela y Chile, se logra un apoyo
de terceros que ningún proceso anterior
tuvo. Adicionalmente la mesa de negociación
de los equipos de negociadores
tendrá hasta 20 asesores temáticos especializados
en cada uno de los puntos de
la agenda y un grupo de apoyo técnico
para cada delegación conformado por
cinco miembros. También se establecieron
unas reglas básicas en las que el
principio rector es: “nada está acordado
hasta que todo esté acordado (Semana,
2012, p.36-37).
En segundo lugar, el gobierno ha buscado
reducir la desconfianza de los opositores
a las negociaciones. Aunque no son
los únicos, los Militares y las élites (tradicionales
y narcotraficantes) han sido los
principales opositores y saboteadores 6 de
los procesos con las Farc. Por esta razón
el Gobierno ha sido cuidadoso en asegurar
el apoyo de ambos al proceso, manteniendo
la ofensiva militar contra las Farc
e incorporando a la mesa de negociación
a una figura de confianza dentro del Ejér-
Primera sesión de la mesa con el acompañamiento de los paises garantes Noruega y Cuba.
cito como el General (r) Jorge Mora Rangel.
En cuanto las élites y el sector privado
hasta el momento han dado apoyo al
proceso. Eso sí, luego del discurso de alias
“Iván Márquez” en Oslo, el Consejo Gremial
Nacional dejó en claro que la preten-
La agenda actual es más realista
porque se redujo a seis puntos, dos
de los cuales son fundamentales para
las Farc: la solución de la problemática
agraria y la participación política.
Sobre el primero, las Farc no solo han
insistido en el acceso a la tierra sino
en la reorientación del modelo económico,
el cual, a su vez, se relaciona
con la erradicación del narcotráfico
del campo.
sión de las FARC de llevar a la mesa temas
que son del resorte exclusivo del Estado colombiano
[como el modelo económico], no
responde a las reglas de juego establecidas
previamente por las partes (Andi, 2012).
El Presidente Santos ha reiterado esta posición
resaltando que las negociaciones
son para terminar el conflicto armado y
que si las Farc dejan las armas podrán
buscar cambiar el
modelo económico
y político si lo hacen
en la contienda
electoral (Semana,
2012).
Finalmente, en
lo que se refiere a
la agenda de negociación,evidentemente
hay cambios
importantes con
respecto a las anteriores.
Por ejemplo,
ya no se habla de
los doce puntos de
la agenda del Caguán
en la que se
buscaba solucionar
todos los problemas
del país. La
agenda actual es
Foto Presidencia de la República
77

Video
77 15
más realista en ese aspecto, porque se redujo
a seis puntos, dos de los cuales son
fundamentales para las Farc: la solución
de la problemática agraria y la participa-
La agenda actual es más realista en
ese aspecto, porque se redujo a seis
puntos, dos de los cuales son fundamentales
para las Farc: la solución de
la problemática agraria y la participación
política. Sobre el primero, las
Farc no solo han insistido en el acceso
a la tierra sino en la reorientación del
modelo económico, el cual, a su vez,
se relaciona con la erradicación del
narcotráfico del campo.
ción política. Sobre el primero, las Farc
no solo han insistido en el acceso a la
tierra sino en la reorientación del modelo
económico, el cual, a su vez, se relaciona
con la erradicación del narcotráfico del
campo.
En cuanto a la participación política,
desde que en 1984 las Farc intentaron
su incorporación política a través de la
www.cinep.org.co
Este video se puede visualizar también en: http://www.youtube.com/watch?v=00OgPhs_XB4
Unión Patriótica, una de las razones por
las que este proceso fracasó fue la debilidad
de los mecanismos de verificación
del cese al fuego, así como de las garantías
para ejercer la oposición. Si bien el
cese al fuego para las Farc continúa siendo
central, a diferencia de los procesos
anteriores que solo hablaban de la participación
política del grupo insurgente,
en el acuerdo general para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, se acordó incluir la
dejación de armas, algo que no había
incluido en las agendas anteriores y que
por primera vez las Farc aceptan incluir.
Aunque esto es un avance por parte de
las Farc, no será un tema que se resuelva
fácilmente, en especial, porque otro de los
puntos de la agenda se relaciona con la
reparación a las víctimas, lo cual genera
obstáculos a la participación política de la
organización. Ya que en los procesos que
se adelantaron en Colombia con grupos
insurgentes hasta mediados de los 90,
este tema no fue central, porque en los
acuerdos finales a los que se llegó, no se
incluyó la ratificación de los protocolos
de Ginebra para “humanizar la guerra”
y solo después de 1995, estos fueron firmados
por el Estado colombiano, en una
coyuntura en la que, el tema de las víctimas
comenzó a tomar fuerza en el nivel
. Paz .
internacional. En la actualidad este tema
es central no solo por las víctimas de las
Farc, sino por el hecho de que el grupo
insurgente insista en considerarse víctima
del Estado colombiano. Esto implica un
reto para la justicia colombiana que inevitablemente
tendrá que buscar soluciones
más efectivas que las que el Marco para
la paz ofrece. ¿Se tendrá que utilizar de
nuevo la amnistía o el indulto para lograr
formalizar un acuerdo de paz? De ser así,
¿cuáles serian los límites del mismo?
Si bien no se puede asegurar un final
exitoso del proceso en curso, sí se
puede ver que éste ha sido pensado de
manera más calculada por ambos actores.
Mientras que Santos busca acomodar
sus fichas para la reelección, las Farc
buscan recuperarse políticamente. Esto
eventualmente podría jugar a favor del
proceso, porque el fracaso de las negociaciones
conllevaría consecuencias políticas
negativas para el país, cerraría las
puertas a una salida negociada y probablemente
el conflicto se agravaría aún
más. Así, negociar o no en medio del
conflicto obedece a un cálculo político;
el Gobierno se mantiene firme en continuar
con las acciones militares para
mostrar fortaleza en el tema de seguridad
y las Farc declaran un cese al fuego
unilateral hasta el 20 de enero de 2013
para mostrar su voluntad política y presionar
a Santos ante la opinión pública.
Sin embargo, el éxito de la negociación
no depende solamente del juego
político entre los negociadores, sino
también de la consolidación del proceso
a nivel internacional, nacional y regional.
El papel de la comunidad internacional
va más allá de ser garantes y
acompañar el proceso, para convertirse
en una instancia que comprometa a las
partes en el cumplimiento de los acuerdos.
La consolidación del proceso a nivel
nacional necesita de la legitimidad
y respaldo de las distintas fuerzas políticas
y sociales, particularmente de las
que se han opuesto al proceso mismo.
Finalmente, el proceso de negociación
requiere ganar mayor legitimidad a nivel
regional, atendiendo las particularidades
de los conflictos y articulando los
procesos sociales existentes.

16
. Paz .
* Camilo Andrés Hernández Barreto: Colaborador del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP.
Referencias
Medina Gallego, Carlos, 2009, FARC-EP. Notas para una historia política 1958-2008, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p. 157-158.
García-Durán, Mauricio, 2010, “Colombia: Conflicto Armado, Procesos de negociación y retos para la paz”, en Vargas, A., 2010, Colombia: Escenarios
Posibles de Guerra o Paz, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p. 265.
García-Durán, Mauricio, 1992, De la Uribe a Tlaxcala. Procesos de paz, Bogotá, Cinep, pp. 176-177.
Arias, Gerson, Prieto, Carlos y Peralta, Milena, 2010, “¿Qué quieren las Farc? Agendas de negociación en los procesos de paz”, Fundación Ideas para
la Paz, FIP, p22.
Villarraga, Alvaro (comp.), 2009, Biblioteca de las Paz 1994-1998, tomo IV: En ausencia de un proceso de paz: Acuerdos Parciales y Mandato Ciudadano
por la Paz, Bogotá, Fundación Cultura Democrática, p.264.
Arias, Gerson, Prieto, Carlos y Peralta, Milena, 2010, “¿Qué quieren las Farc? Agendas de negociación en los procesos de paz”, Fundación Ideas para
la Paz, FIP, p23; Villarraga, A (septiembre, 2012) “El camino de la paz: Valorar las experiencias pasadas”, Razón Pública. Disponible en: http://www.
razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3269-el-camino-de-la-paz-valorar-las-experiencias-pasadas.html
Semana, (2012, 10 al 17 de septiembre), “Anatomía de la mesa”, núm. 1584, pp. 36-37.
Asociación Nacional de Industriales, Andi, 2012 “Sector privado apoya al equipo negociador del Gobierno” agosto 18. Disponible en:
http://www.andi.com.co/pages/prensa/comunicados_prensa_detalle.aspx?Id=432
Semana (2012, 16 de noviembre), “Santos: El modelo económico y político no está en discusión con las Farc”. Disponible en: http://www.semana.com/
nacion/santos-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/188172-3.aspx
La Silla Vacía (19 de noviembre, 2012) “El cese al fuego de las Farc: presiona al gobierno y, a la vez, fortalece el proceso”. Disponible en:
http://www.lasillavacia.com/historia/el-cese-al-fuego-de-las-farc-presiona-al-gobierno-y-la-vez-fortalece-el-proceso-37335 recuperado: 22 de noviembre
de 2012.
Notas
1 Mediante esta carta las Farc propusieron el despeje de La Uribe, Meta, durante sesenta días de los cuales treinta servirían al grupo para verificar y
luego desplazar una parte de su delegación al municipio, en donde se realizaría una primera reunión con la delegación del gobierno durante cinco días
y el gobierno otorgaría diez días para evacuar la zona. Villarraga, A (comp.), 2009, Biblioteca de las Paz 1994-1998, tomo IV: En ausencia de un proceso
de paz: Acuerdos Parciales y Mandato Ciudadano por la Paz, Bogotá, Fundación Cultura Democrática, p.169.
2 Según Diana Moreno, “Aunque inicialmente esta decisión en apariencia sirve para su fortalecimiento y auge, el crecimiento desmesurado de las Farc en
lo militar no se ve acompañado en igual medida en la cualificación de sus hombres en lo político. Esto en el largo plazo se constituye en su mayor debilidad,
una especie de crecimiento sin desarrollo, un amplio cuerpo militar precariamente formado en lo político que no logra fortalecer sus relaciones
con la comunidad y, que tampoco logra protegerla totalmente de las incursiones militares y paramilitares, lo que hace que su adherencia política sea
bastante frágil.” Moreno, D., 2009 “Fase de la lucha social y política” en Medina, C (ed.), 2009 FARC-EP. Temas y problemas nacionales 1958 – 2008,
Bogotá, Universidad Nacional, pp. 155.
3 Ésta terminó convirtiéndose en un área estratégica desde la cual las Farc podían continuar la guerra, llevando allí a soldados que retienen como resultado
de ofensivas en otras regiones, con el objetivo de presionar al gobierno para lograr una Ley de Canje permanente y recuperarse ante el avance de
grupos paramilitares que se consolidaban en varias regiones del país.
4 “Acuerdo de los Pozos” (febrero, 2001); el acuerdo de intercambio humanitario (junio 2001); el acuerdo de San Francisco de la Sombra (octubre, 2001)
y el Acuerdo de cronograma para el futuro del proceso de paz (enero, 2002). García-Durán, Mauricio, 2010, “Colombia: Conflicto Armado, Procesos de
negociación y retos para la paz”, en Vargas, A., 2010, Colombia: Escenarios Posibles de Guerra o Paz, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p.p.
266-267. 5 “Acuerdo de los Pozos”, febrero, 2001; el acuerdo de intercambio humanitario, junio 2001; el acuerdo de San Francisco de la Sombra, octubre,
2001 y el Acuerdo de cronograma para el futuro del proceso de paz, enero, 2002. García-Durán, Mauricio, 2010, “Colombia: Conflicto Armado, Procesos
de negociación y retos para la paz”, en Vargas, A, 2010, Colombia: Escenarios Posibles de Guerra o Paz, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p.p.
266-267.
5 Sobre el debate en torno a los resultados de las Ley de Justicia y Paz que surgió durante la negociación entre el Gobierno y las AUC, consultar: Pizarro,
Eduardo y León Valencia (2009) Ley de Justicia y Paz, Colección Cara y Sello, Bogotá, Norma-Semana.
6 Por ejemplo, Carlo Nasi menciona que en cada proceso han variado los saboteadores, entre los que reconoce también a los paramilitares, sectores de
ambos partidos e incluso a los propios negociadores. Nasi, Carlo, 2010, “Saboteadores de los procesos de paz en Colombia” (reimpresión traducida
capítulo de libro). En Angelika Rettberg (comp.), Conflicto armado, seguridad y construcción de paz en Colombia, Bogotá: Universidad de los Andes, pp.
97-128. Por otra parte, Mauricio Romero plantea que el fracaso de las negociaciones con las Farc se ha debe también al hecho de que el Partido Liberal
vio amenazado su hegemonía electoral ante la posible incorporación de esta guerrilla la cual tenia influencia política y militar en varias regiones donde
el liberalismo era mayoritario. Romero, M., 2003, Paramilitares y Autodefensas 1982-2003, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, pp. 272-273.
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

Cambio de posiciones:
los actores incidentes en
el proceso de paz
Santos se lanzó a esta aventura incierta de la paz; lo hace a sabiendas de que tanto el éxito como el fracaso son
posibles (50 a 50), pero intenta establecer algunos puntos de referencia para no perderse en el curso y asegurar
salir ganando en cualquier caso. Aun así son muchos los factores en juego que se salen de sus manos.
Por Fernando Sarmiento Santander*
Si bien los aspectos
formales en la mesa
de diálogo juegan un
papel central en el
desarrollo del proceso,
otro tipo de factores
no formales, que
pueden ser de orden
económico, social,
político, e incluso factores culturales, actúan
como catalizadores que conducirían
al éxito o fracaso del mismo 1 . Tales factores
se encarnan en actores concretos,
favorables o no a la paz y a la guerra.
¿Cómo se conjugan estos factores? ¿Qué
tipo de comprensiones operan? ¿Cómo
podrían incidir en el actual proceso?
Gobierno Nacional y
Fuerza Pública
El Gobierno siempre ha llegado a las
negociaciones con más convicción que las
guerrillas, pero también es quien primero
ha roto los procesos. Eso ya “está cantado”
por Santos; el Presidente enumeró las
condiciones para empezar conversaciones
de paz, pero a la vez advirtió las condiciones
que lo obligarían a terminarlas (Semana,
2012, 4) 2 . La mayor parte de los negociadores
oficiales creen en el proceso y en
que hay condiciones para lograr la paz,
pero a la vez están adoctrinados por el
pragmatismo de Santos de que hay tiempos
y resultados establecidos; o sea, que
en cualquier momento pueden retirarse.
www.cinep.org.co
Por tal razón, que es un cambio evidente
del actual Gobierno, hay una amplia
disposición a recoger la experiencia
de procesos anteriores y aprender de los
errores 3 . Este no fue el caso del proceso
en el Caguán, que quiso partir de cero,
sin retomar las lecciones de experiencias
anteriores. Los negociadores de Santos
conocen mejor a las Farc, saben frente
a que “personajes” se sientan; los han
estudiado, y a la vez han abierto su percepción
al considerarlos posibles contendientes
políticos en el marco de la democracia.
También ha cambiado el lenguaje
para referirse a la guerrilla.
En la misma medida en que ha cambiado
la percepción y conocimiento de
la guerrilla, ha cambiado la comprensión
del conflicto. Fue determinante,
por ejemplo, el hecho de reconocer en la
aprobación de la Ley de víctimas la exis-
. Paz .
17
tencia del conflicto armado interno (El
País, 2012) 4 , como condición para buscar
los medios para terminarlo; diez años
transcurrieron en los que el Gobierno
nacional negaba su existencia y se empeñaba
en exterminar militarmente a grupos
que consideraba “narco-terroristas”
y que pretendían desestabilizar el país.
Hoy se acepta, con un poco más de realismo,
que existen causas estructurales
generadoras de la violencia y la guerra,
relacionadas con temas como la participación
política, el problema de tierras,
la situación de las víctimas, la pobreza
y la falta de oportunidades para amplios
sectores sociales en materia de empleo,
salud y educación.
Aunque el Gobierno no está dispuesto
aún a revisar sus estructuras de poder y el
modelo económico, a fin de abrirle paso
a lo que la guerrilla denomina “paz con
Hoy se acepta, con más realismo, que existen causas estructurales generadoras de la violencia y la
guerra, relacionadas con temas como la participación política, el problema de tierras, la situación de las
víctimas, la pobreza y la falta de oportunidades.

Foto: Marcos Montoya
18
. Paz .
justicia social”, ha
estado, con todo,
impulsando en los
dos últimos años
proyectos legislativos
y políticas públicas
que apuntan
a esas causas estructurales:
Ley de
víctimas y Restitución de tierras, reforma
a la Ley de justicia y paz, programas de
vivienda, reforma a la justicia, atención a
la población vulnerable, disminución del
desempleo, etc. Ello, con la pretensión
de quitarle argumentos a la insurgencia
para continuar la lucha armada (Eltiempo.com,
2012, 27). El asunto de fondo
está en la concepción de tales causas estructurales
y en el modo cómo se debe
cambiar el manejo del país. Esa será la
materia de las conversaciones en la Habana
y del amplio diálogo social en la
tercera fase.
Por lo pronto, las condiciones propicias
para atraer inversión extranjera y
reorientar la inversión pública, a la vez
que las motivaciones de orden político
de Santos hacia un segundo período presidencial,
ha hecho que ahora más que
nunca el gobierno tenga alineado a sus
Ministros, al Congreso y a los partidos
políticos en torno a la Unidad Nacional y
a favor del proceso de paz. Esto sin contabilizar
el respaldo que le han dado los
Hoy más que nunca el Gobierno llega
fuerte a la mesa; considera que va
ganando la guerra, tanto en el plano
militar como en el político.
gremios económicos
y, aunque
con otras motivaciones,
amplios
sectores sociales.
En todos los casos
se excluye de
tal respaldo a Uribe
y al Uribismo
“purasangre”, principal detractor de la
paz por la vía negociada (Eltiempo.com,
2012, 4).
A diferencia de gobiernos anteriores,
en esta ocasión existen acuerdos entre la
Presidencia y las Fuerzas Militares. Nunca
antes éstas últimas habían estado tan
dispuestas a respaldar un proceso de paz
(Elespectador.com, 2012); esto se refleja
en el hecho de incorporar en el equipo
negociador a uno de los oficiales de mayor
trayectoria militarista y claro detractor
de las negociaciones de paz, como el
General (r) Mora, y al policía con mayor
prestigio internacional, el General (r) Naranjo.
La determinación de negociar en medio
del conflicto ha favorecido la posición
de respaldo de la Fuerza Pública, pues a
diferencia de las anteriores, en esta ocasión
el procesos de paz no crea una especie
de neutralización de las operaciones
militares, ni causa desazón entre los oficiales.
Se advierte, pues, la labor previa
hecha por el Presidente de negociar con
los sectores de poder, entre esos los militares.
Si bien no se puede considerar absoluto
el respaldo de los militares activos
y retirados, en esta ocasión el Presidente
se la jugó sentando en el equipo de negociadores
a un sector normalmente ausente
y que ha sido el palo en la rueda de la
paz. Esta es una jugada fundamental de
Santos: contar con la Fuerza Pública para
la guerra, a la vez que para la paz.
Con la suma de estos elementos y tras
la campaña militar contra la insurgencia,
hoy más que nunca el Gobierno llega
fuerte a la mesa; considera que va ganando
la guerra, tanto en el plano militar
como en el político.
La insurgencia política y
armada de las Farc-EP
Sentado al otro lado de la mesa está
otro actor, la guerrilla de las Farc-EP.
Existe un largo historial de esta guerrilla
en procesos de paz 4 , pero es importante
analizar las coincidencias que hay entre
los momentos históricos de las Farc-EP,
marcados por sus conferencias, con sus
momentos en las negociaciones de paz.
Así se aprecia que hay diferencias del actual
proceso con los anteriores y también
qué están pensando los comandantes
respecto a los asuntos fundamentales de
la lucha insurgente.
77
Foto CINEP/PPP

77 19
El paralelo es el siguiente 5 : la Séptima
Conferencia, realizada en mayo de
1982 en Guayabero, Meta, precede dos
momentos de diálogo con las Farc-EP:
uno, los acuerdos de La Uribe, firmados
en marzo de 1984, bajo la presidencia
de Belisario Betancur (1982-1986) y dos,
los diálogos iniciados en Cravo Norte,
Arauca, y posteriormente trasladados a
Caracas y Tlaxcala, entre mayo de 1991
y octubre de 1992, bajo la presidencia
de César Gaviria (1990-1994), en los que
también participaron el ELN y el EPL,
como Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar –CGSB. La Octava Conferencia,
realizada en abril de 1993, tras el rompimiento
de los diálogos en México, precede
el proceso de paz en San Vicente del
Caguán, Caquetá, entre enero de 1999 y
febrero de 2002, bajo la presidencia de
Andrés Pastrana (1998-2002). El actual
proceso en la Habana, promovido por
Juan Manuel Santos (2010-2014), está
precedido por la Novena Conferencia,
realizada entre finales de 2006 y comienzos
de 2007, cuando dan a conocer la
“Declaración política” del 31 de enero 6 .
La Séptima Conferencia determina a
las Farc-EP a una estrategia más ofensiva,
que contempla la duplicación de su
pie de fuerza y el desdoblamiento de los
frentes existentes. Allí mismo se reafirma
la estrategia de “combinación de todas
las formas de lucha”, con el propósito
de preparar el terreno para la toma del
poder en los siguientes diez años. Tales
decisiones estaban en contravía de cualquier
pretensión de paz del gobierno Betancur
y lejos de sumarse a la propuesta
de paz de Virgilio Barco (1986-1990), o
dejarse tentar por las propuestas de una
paz integral por parte de Gaviria.
Después de casi diez años, se realiza
la Octava Conferencia, donde se hace
el balance del proceso de expansión y
reorganización y se da un giro al discurso
de las Farc-EP, incorporando el
tema de la paz. Expresan su interés
por una solución política del conflicto
armado y declaran la urgencia de
construir un nuevo gobierno de reconciliación
y reconstrucción nacional; un
gobierno que garantice la justicia social,
la democracia y la defensa de los
intereses del país. Era claro que ni el
www.cinep.org.co
gobierno Gaviria
ni el posterior gobierno
de Ernesto
Samper (1994-
1998) daban la
posibilidad para
una transformación
de fondo. La
profundización
neoliberal de la
política económica,
la rapiña por
el poder nacional
y regional, con
la participación
de los grupos de
autodefensas,
sumado a la profesionalización
contrainsurgente
de la Fuerza Pública,
iban en contravía de los declarados
ideales democráticos de las Farc-EP
y traicionaban, según ellos, los ideales
patrióticos del libertador Simón Bolívar.
Consideraron, así, que las élites en
el poder eran el primer impedimento
para el logro de la paz.
Al momento
del Caguán, las
Farc-EP corrobo-
raban su idea de
una clase política
incrustada en el
poder, que actuaba
en contra de
los intereses del
pueblo y utilizaba
la guerra como estrategia
para sostenerse.
El Plan
Colombia de Pastrana lo confirmaba. El
contrapeso debía ser la formación de una
nueva clase política y el sostenimiento de
la guerra como expresión de resistencia
popular. Así se reafirmaba la necesidad
de combinar todas las formas de lucha.
En ningún momento las Farc-EP contemplaron
la posibilidad de una desmovilización
o entrega de armas, como lo hicieron
otros grupos guerrilleros en años
anteriores. El diálogo en el Caguán no
tenía ningún futuro.
Los años siguientes confirmaron a las
Farc-EP sus argumentos. La política de
Al momento del Caguán, las Farc-EP
corroboraban su idea de una clase política
incrustada en el poder, que actuaba
en contra de los intereses del pueblo y
utilizaba la guerra como estrategia para
sostenerse.
. Paz .
Al momento del Caguán, las Farc-EP corroboraban su idea de una clase política
incrustada en el poder, que actuaba en contra de los intereses del pueblo
y utilizaba la guerra como estrategia para sostenerse.
seguridad democrática no podía ser otra
cosa que la consolidación de la clase política
y de las élites económicas a nivel
nacional y regional, con la asistencia del
paramilitarismo y el respaldo de los Estados
Unidos.
La Novena Conferencia se reune en un
momento de convulsión
interna de
las Farc-EP y en un
panorama incierto
para una solución
negociada del conflicto,
prevista en
la Conferencia de
1993. La reelección
de Uribe era un
escenario adverso;
prácticamente los
obligaba a mantener
su repliegue estratégico durante los
años anteriores, y a realizar muy clandestinamente
sus labores políticas con las
bases sociales. Pero tras la manifestación
de paz de Santos el día de su posesión
como presidente, las declaraciones de la
guerrilla a favor de diálogos de paz no se
hicieron esperar. Cambió el contexto, pero
no cambiaron los discursos ni los propósitos
de la lucha insurgente; de hecho la
novena Conferencia reafirma las visiones
sobre la situación del país y de las clases
dirigentes y reconfirma la necesidad
de una solución política y la reforma de

20
. Paz .
las instituciones, para hacer de Colombia
una nación democrática, soberana y con
justicia social.
Al proceso en La Habana llegan unas
Farc-EP reconfirmadas en sus propósitos
políticos de transformación del Estado.
No se ha hablado ni de rendición ni de
entrega de armas; la guerrilla está convencida
del crecimiento de sus bases
políticas y de la legitimidad de su lucha
armada. Lo que el gobierno intenta es
convencer a las Farc-EP de agenciar la
transformación del Estado, de sus instituciones
y del modelo económico, a través
de la confrontación política. En eso
consistiría la actual negociación: en ver
si es posible crear las condiciones para
desarmarse.
En todo caso, las Farc-EP de hoy llegan
a la mesa con ciertas desventajas;
disminuidos militarmente, desprestigiados
políticamente y con la imposibilidad
de alcanzar el poder a balazos. Farc-EP
y Gobierno reconocen mutuamente un
empate táctico en el plano militar, en el
sentido de que no es posible vencer al
enemigo en el escenario de la confrontación
militar.
Sectores políticos y sociales
El país ha vivido desde mediados del
siglo pasado un proceso de reconfiguración
de las fuerzas políticas y sociales. La
lucha armada surgió en un contexto de
guerra fría 7 , en el que la ofensiva contra
el comunismo alcanzó a los países latinoamericanos,
conduciendo el ejercicio
de la política al plano de la violencia.
Los discursos nacionalistas y el rechazo a
pretensiones hegemónicas de los Estados
Unidos de América configuraron en Colombia
la lucha insurgente; en este fragor,
se ampliaron los terrenos de polarización
de las expresiones políticas y sociales. El
Frente Nacional, en el que alternaron en
el poder liberales y conservadores, reprimió
y excluyó a otros movimientos políticos,
generando protestas de insatisfacción,
que en algunos casos derivaron en
guerrillas, como el M-19.
Si bien hubo replanteamientos para la
participación política, como la elección
popular de alcaldes a finales de los 80s
y la posterior Constitución del 91, las
élites tradicionales
mantuvieron el
poder y restringieron
por las vías de
hecho la inserción
de la izquierda en
el gobierno central
y regional. De ello
da cuenta el exterminio
de la UP y el
asesinato y persecución
a líderes del M-19 y de otros grupos
de oposición.
La última edición de este proceso
polarizador lo vivió el país después del
fracaso de los diálogos en el Caguán. La
sociedad nacional giró 180 grados a favor
de la guerra, para la que eligió y reeligió
a Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-
2010). La lucha internacional contra el
terrorismo, liderada por los Estados Uni-
dos, aportó los argumentos para arremeter
con mayor fervor contra las guerrillas,
líderes y organizaciones políticas y sociales
consideradas afines, quienes fueron
víctimas de las fuerzas oficiales y del paramilitarismo.
Fue una nueva edición de
la guerra fría y del Estatuto de Seguridad
del Gobierno de Julio César Turbay Ayala
(1978-1982).
El balance a 2012, y tras el cierre del
gobierno de Uribe, es el de una sociedad
polarizada que se reacomoda políticamente.
Tanto las izquierdas como las
Farc-EP y Gobierno reconocen mutuamente
un empate táctico en el plano
militar, en el sentido de que no es posible
vencer al enemigo en el escenario
de la confrontación militar.
derechas se mueven,
ampliando
los flancos radicales
y dando lugar
a sectores intermedios
en la línea
de tensión.
Aunque no es
un escenario fácil,
aproxima un
par de grados a
las dos partes negociadoras. El Gobierno
de Santos se mueve un poco hacia el centro
y las Farc-EP están menos atrincheradas
en sus fundamentos ideológicos; “ya
no son comunistas”, anota el economista
Jorge Iván González (González, 2012). A
la vez, se crea una plataforma favorable
para el juego de la política. Pero quedan,
sin duda, rezagos polarizados proclives a
la violencia.
Los sectores empresariales, que ejercen
poder real en la opinión pública y
deciden sobre el devenir de la nación,
han señalado sus posiciones frente al
actual proceso de paz. Cada vez más el
sector empresarial se ha acercado a los
procesos de paz de forma directa. En el
Caguán, algunos de ellos fueron delegados
gubernamentales y participaron en
las audiencias. Para los actuales diálogos
en La Habana, Santos designó como
miembro del equipo negociador a uno
de los empresarios más representativos
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 21
del sector, Luis Carlos Villegas, experimentado
en diálogos con las Farc-EP.
Estos empresarios se mueven a los vaivenes
del debate político nacional y sus oscilaciones
se detectan como lo muestra la
encuesta realizada por la Fundación Ideas
para la Paz –FIP 8 . Han privilegiado unos la
vía política y otros la combinación entre lo
político y lo militar. Han depositado confianza
en el presidente Santos, no obstante
la desconfianza durante
el proceso en
el Caguán; en este
sentido, afirma el
estudio, “exigirían
que el gobierno demuestre
que tal camino
es la ´mejor
estrategia posible´
y que el curso escogido
está blindado
contra posibles
´engaños´”. En este
sentido las coincidencias
son amplias con Santos respecto a
un proceso “serio, digno, realista y eficaz”
( Semana.com, 2012, 4).
Hay coincidencias favorables también
con los medios de comunicación.
Este sector ha concluido la prudencia, la
mesura y la responsabilidad en el manejo
de la información en torno al tema de
paz son útiles para evitar hacerle daño
(Elcolombiano.com, 2012). Estas posiciones,
mesuradas y favorables al proceso
coinciden con las solicitudes de Santos
de manejar el proceso con discreción
y no negociar en los micrófonos, como
sucedió en oportunidades anteriores.
Pero no todos los medios poseen estas
virtudes, pues como herramientas de la
política son otros los que usan el “altavoz”
para lanzar las más severas críticas al proceso.
Los más obstinados en torpedear los
diálogos lo han hecho desde la extrema
derecha. Para ellos es inconcebible dialogar
con la guerrilla; y acusan a Santos de
haber traicionado la política de Seguridad
Democrática del expresidente Uribe.
En síntesis
Es importante considerar el proceso
de paz en curso como un momento
específico de la vida política, económi-
www.cinep.org.co
Los más obstinados en torpedear
los diálogos lo han hecho desde la extrema
derecha. Para ellos es inconcebible
dialogar con la guerrilla; y acusan
a Santos de haber traicionado la
política de Seguridad Democrática del
expresidente Uribe.
ca y social del país; momento en el que
confluyen las tensiones que han surgido
por décadas y que aun no han sido resueltas.
No es la primera vez que se intentan
acuerdos de paz con las Farc-EP;
¿qué podría hacer pensar que este es un
momento favorable para lograrlo? La historia
que recordamos y las condiciones
actuales ofrecen argumentos tanto para
los optimistas como para los pesimistas.
Existen alineamientosfavorables
al proceso en
la mayor parte de
los sectores sociales,
políticos y
económicos; aún
entre sectores
divergentes políticamente,
pues
la mayoría de los
partidos de izquierda
y derecha
han expresado
su apoyo, los gremios económicos no
se oponen, aunque miren con reserva
el proceso y los movimientos y sectores
sociales populares reclaman prontos resultados
positivos y respaldan el proceso.
Los militares rodean al Presidente en esta
decisión. El Gobierno ve con optimismo
. Paz .
el proceso gracias a los logros obtenidos.
Las Farc-EP reiteran su voluntad de
buscar la paz, aunque eso no representa
renunciar a sus ideales. En fin, parece,
en este sentido, que “los astros están en
línea”.
Pero la otra cara de la moneda también
tiene su apuesta. Los actores que
encarnan posiciones en el extremo derecho
utilizan también todos los medios
para desprestigiar cualquier intención de
paz y buscan remachar en la opinión pública
la idea de que el país, por esa vía,
está retrocediendo en lo ganado con la
política de seguridad democrática; para
evitar la catástrofe, intentarán retomar la
presidencia en las próximas elecciones,
arrebatándole el poder a los que consideran
traidores. Con esta forma de la política,
se combina y suman agentes de violencia,
como son las Bandas criminales
—Bacrim—, que representan la mayor
amenaza para la insurgencia que entrará
al juego de la política sin armas.
Hay que tener presente que otros factores
desestabilizadores, como el narcotráfico
y las economías ilegales ponen
en riesgo el proceso de inserción de la
insurgencia a la vida política tanto en las
regiones como a nivel nacional. Factores
como estos pueden desestimular la des-

22
. Paz .
movilización de frentes estrechamente
relacionados con este tipo de economías
en muchas regiones del país.
Pero hay que resaltar que la dificultad
no proviene tanto de las condiciones puestas
por el gobierno, sino de la disposición
de las Farc-EP a entrar al proceso la cual
se deriva de la orientación de sus Conferencias.
Para ellos el logro de la paz con
justicia social requiere cambios estructurales
que la élite política en el poder no va
a realizar, por lo cual debe ser sustituida.
Santos ya les respondió recientemente:
“Nosotros hemos sido muy claros: eventualmente
cuando ustedes (la guerrilla)
dejen las armas y se incorporen a la vida
democrática, si quieren proponer cambios
en el modelo económico, ganen las elecciones
o discútanlo en el Congreso si salen
elegidos”(Semana.com, 2012, 16).
Eso requiere un cálculo político adicional
para la guerrilla: ¿Se podrán sostener
en los escenarios de toma de decisiones?
¿En cuánto tiempo lograrán los cambios
que proponen y a qué costo? Con cincuenta
años de lucha armada no lo han
logrado ¿lo lograrán ahora sin las armas?
No basta, pues, un diseño “técnico” de
los mecanismos para el actual proceso de
Pieza ganadora en Publicidad DeVida 2012
Juan Rodríguez.Promotorsocial,líder social
y comunitario.Técnico audiovisual
paz, en el que priman criterios como “serio,
realista y eficaz”, sino que los factores
que cuentan se escapan a la simple formalización
del proceso, porque responden a
fuertes tensiones de orden político, intere-
* Fernando Sarmiento Santander: Coordinador del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP.
Notas
1 Ver Gómez Alzate, Camilo, 2011, “Apuntes de un proceso de paz: aspectos no formales e incidencias
en la negociación” en Sarmiento Santander, Fernando (Editor), “Lecciones para la paz negociada”.
Cinep, Usip, Trocaire. Bogotá, pgs. 43-68.
2 Ver discurso de Santos en el que afirma que “aprender de los errrores del pasado para no repetirlos”.
Disponible en: http://www.semana.com/politica/estamos-ante-oportunidad-real-terminar-conflictosantos/184011-3.aspx
3 Santos afirma que “hace rato que hay conflicto armado en Colombia”. Ver http://www.elpais.com.co/
elpais/colombia/presidente-santos-reconoce-en-colombia-hay-conflicto-armado
4 Ver artículo “Procesos de paz Gobierno-Farc en perspectiva histórica” en esta misma edición, página 11.
5 Ver al respecto los análisis hechos por Carlos Medina Gallego (2009) en su publicación Farc-Ep 1968-
2008. Universidad Nacional, Bogotá.
6 Ver declaración disponible en: http://www.cedema.org/ver.php?id=1945
7 Ver en torno a este tema la reciente publicación de Marco Palacios (2012), Violencia pública en
Colombia 1958-2010, Fondo de Cultura Económica, Colombia, pgs. 67
8 Ver Fundación Ideas para la Paz, 2012, “Líderes empresariales hablan de la paz con las FARC”. Informes
FIP v. 17. Bogotá, agosto, p. 27.
Referencias
ses económicos, percepciones subjetivas,
etc. El éxito requiere de los negociadores
y de la sociedad en general una comprensión
mucho más compleja de la realidad
que condiciona el proceso de paz.
El País, 2012, “Tormenta política ante posible declatoria de conflicto armado” en El País, Cali, mayo 4.
Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/presidente-santos-reconoce-en-colombiahay-conflicto-armado
Semana.com, 2012, “Santos y ‘Timochenko’ anuncian proceso de paz “serio, digno, realista y eficaz”
en Semana.com, Bogotá, septiembre 4. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/santostimochenko-anuncian-proceso-paz-serio-digno-realista-eficaz/184025-3.aspx
Eltiempo.com, 2012, “Expresidente Uribe críticó inicio de los diálogos de paz” en El tiempo.com, Bogotá,
septiembre 4. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_
INTERIOR-12193814.html. Recurperado el 16/11/2012
Eltiempo.com, 2012, “Bajo tres principios, Gobierno Santos realiza acercamientos con Farc” en Eltiempo.com,
Bogotá, agosto 27. Dispomible en: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12170077.html. Recuperado el 16/11/2012
Elespectador.com, 2012, “Presidente Santos y cúpula militar enfocados en la paz” en Elespectador.
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Semana.com, 2012, “Santos y ‘Timochenko’ anuncian proceso de paz “serio, digno, realista y eficaz”
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Semana.com, 2012, 2012, “Santos: ‘El modelo económico y político no está en discusión con las
FARC” en Semana.com, noviembre 16. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/santos-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/188172-3.aspx
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

Mirar al Caguán
para pensar en Cuba.
Reflexiones de un historiador
Entrevista realizada por Ana María Restrepo*
Aves de corral,
toallas,
whisky… y
algo más.
Colombia:
entre el recuerdo
y el
olvido” 1 “
es
el nombre
de la reflexión que el historiador Herbert
Tico Braun realizó a propósito
de los diálogos de negociación del
Caguán. En él, llamaba la atención
sobre las dificultades de un encuentro
en el que el presidente Pastrana
y los “representantes” del Estado colombiano
desconocían el pasado de la
historia guerrillera en el país y la desconocían
más que por una falta intelectual,
porque no comprendían el
peso de los ataques a Marquetalia o a
Casa Verde y ni siquiera el pacto roto
por los dirigentes liberales con sus
guerrillas en tiempos de La Violencia.
La memoria del que vive en el campo
es una memoria siempre presente,
dice el historiador, y para ese presidente
joven que sólo miraba hacia el
futuro y que había recibido de sus
electores el compromiso de la paz, no
cabía ni siquiera la idea de una reconciliación
con las Farc, porque reconciliar
significa que en algún momento
hubo un pasado común. Las dos personalidades
que se encontrarían en
los diálogos (Pastrana y Marulanda)
no tenían mucho de qué hablar, porque
en ese momento del Caguán no se
trataba de discutir sobre los asuntos
públicos, se trataba del honor y de
la reconstrucción de los lazos sociales
www.cinep.org.co
que hacía más de 40 años se habían
perdido.
Entre lo político y lo personal,
Braun plantea un profundo análisis
de las falencias de comprensión de
las subjetividades, de hecho, de su
total nulidad en la mesa, y de cómo
esta se colaba en los intersticios en
los que en realidad se lograban unificaciones
o por lo menos se alcanzaba
un espacio de comunicación entre
unos y otros.
A partir de estos planteamientos del
historiador, surgen preguntas sobre el
actual Acuerdo general para la terminación
del conflicto y la construcción
de una paz duradera. En primer lugar,
es inquietante la manera en que van a
estar en la mesa elementos fundamentales
como reconocer la historia de la
guerrilla y sus nostalgias, es decir, el
peso del pasado a la hora de sentarse
en la mesa; asimismo, el asunto de la
humillación, teniendo en cuenta que
está el antecedente de Alvaro Uribe y la
calificación de terrorista a la guerrilla.
En su artículo, Braun centra el análisis
en la figura de Manuel Marulanda
como individuo, ahora tenemos más
individualidades en la mesa, son varios
personajes y por lo tanto varias subjetividades
¿Cuáles son las herencias de
ese personaje Marulanda en esta nueva
mesa? porque es muy claro hablar del
personalismo de la mesa en el momento
de Pastrana y Marulanda pero en
este momento son otras condiciones y
otros representantes. Y entonces, para
seguir con la nostalgia y el pasado,
cómo pesa en este momento la historia
de la última negociación.
. Paz .
23
En segundo lugar, qué significa que
esta vez sí se habla de unos asuntos
públicos, hay una agenda clara en
contraste con las otras negociaciones
¿esto significará que esta guerrilla ya
no mira tanto al pasado sino más bien
hacia el futuro? y en esa medida ¿hay
cambios en el discurso o cambios en
los tiempos? o lo que se quiere hacer
es una ajuste de las relaciones de poder
simplemente…
Finalmente ¿cómo influyen los cambios
en el país para estos diálogos?
Tenemos desmovilización de parami-
“Tenemos un problema muy serio
cuando hablamos de sociedad civil
en este país, casi siempre es una
sociedad civil que nos imaginamos
que quiere la paz, que quiere las negociaciones
y es esa la parte de la
sociedad civil que con más facilidad
se hace oír, se puede expresar.
litares y se habla mucho más de las
víctimas. También, hay una sociedad
civil con más experiencia frente a este
tipo de procesos ¿se puede hablar de
las subjetividades de la población civil
en la mesa?
Frente a estas inquietudes Braun realiza
la siguiente reflexión:
“Siendo historiador creo, a veces muy
equivocadamente, que la historia es muy
importante para la vida diaria de la gente
de un pueblo o en un proceso hoy en día.

24
. Paz .
Yo creo que hay mucha gente que piensa
que el pasado no tiene nada con ver con
la manera en la cual ellos viven o que
no hay una conexión entre cómo vivió el
país hace 30, 40 años y lo que está ocurriendo
hoy en día. Yo creo que los políticos
y la clase dirigente, aún miembros
de la jerarquía de la iglesia, han
vivido los últimos 40 años en este país
pensando que el
pasado reciente
de la violencia no
tiene mucho que
ver, es un pasado
que hemos dejado
atrás, es un pasado
que hemos sobrevivido,
a veces
piensan que con
éxito con el Frente
Nacional y con los
partidos políticos.
Entonces ellos miran
hacia el futuro,
y ha habido en
este país un buen
número de proce-
sos de paz, de negociaciones, de mesas,
en las cuales estas personas se han
encontrado con miembros representativos
de la guerrilla que piensan de una
manera más compleja, más dinámica,
que están buscando un futuro nuevo
pero están anclados también en el pasado
de sus experiencias, de su lucha,
de lo mucho que ellos no han logrado,
de lo mucho que
han perdido, de
los sufrimientos,
de las tierras, del
hecho de que con
muchos esfuerzos
no han logrado
que se les dé lo
que ellos consideran
es el espacio
del poder, la influencia
en la sociedad
que ellos
piensan deben tener.
Eso fue muy obvio en El Caguán
cuando el presidente se topa con un
grupo de guerrilleros que le hablan muchísimo
más del pasado que del futuro,
porque primero tienen que repasar
hay muchos sectores de lo que yo
simplemente llamo la sociedad, que
estaría opuesta o muy dudosa de este
proceso y uno de los grandes desafíos,
principalmente del presidente pero
de otros también, es darle suficiente
confianza a esas personas para que se
vengan y apoyen por lo menos pasivamente
un proceso de estos , si no, entonces
las personas que tienen poder e
influencia y están en contra de esto van
a tener el éxito”.
Ahora que los empresarios y los militares
están la mesa ¿tendrá más credibilidad
el proceso para la guerrilla? ¿Ya no
se trata de reconciliación, sino de mirar
al futuro? ¿Hay disposición para reconocer
las legitimidades de ambas partes?
el pasado para poder empezar a pensar
el futuro y él era un hombre que no tenía
absolutamente ninguna conciencia,
aparentemente, de que ese pasado tenía
que revisarse, de que se tenían que
discutir ese tipo de cosas, para él entonces,
el proceso de paz era una cuestión
de ciertas estrategias racionales, puntos
de vista, posiciones sobre cosas que
se iban a hacer
ahora, reformas;
y no entendía
que para las Farc
el aspecto emotivo,
subjetivo,
humano era tan
importante como
todo lo otro. Las
guerrillas lo que
han querido es el
reconocimiento,
el respeto, algo
que yo creo que
históricamente
es muy difícil
que se le otorgue
en una sociedad
a personas que han tenido una posición
tan conflictiva, tan antagónica;
yo reconozco que para los jefes, los dirigentes
de este país tener ese tipo de
conexión emotiva, emocional, humana
con una guerrilla, es prácticamente imposible,
yo creo que ahí hay unos niveles
muy profundos de odio y de resentimientos
de ambas partes. Sobrepasarse
eso es casi más
difícil que empe-
zar a establecer
los primeros parámetros
de una
reforma agraria,
entonces la
incógnita que
tengo yo hoy en
día es si en esta
mesa con nuevos
partícipes de parte
de la guerrilla
(personas que no han tenido en parte
mucho de este largo historial, que de
cierta manera no tienen esa conexión
con esa historia, con ese campesinado,
con ese sufrimiento) el pasado es tan
importante como era antes o si están
pensando más estratégicamente, más
racionalmente (cuando digo racionalmente
no digo que lo racional es mejor
que lo emotivo, simplemente son diferentes
aspectos de nuestra experiencia
como seres humanos) y si ese es
el caso entonces las dos partes van a
estar menos agudamente separadas de
lo que han estado en el pasado.
A pesar de que en este momento
todo es especulación, lo que si me queda
claro es que este proceso ha sido
conducido por parte del gobierno y de
las Farc de una manera muchísimo más
pausada, calmada, efectiva, tuvimos
meses en que no sabíamos nada de las
negociaciones, hay menos populismo,
hay menos protagonismo, hay menos
publicidad”.
¿Y la sociedad… civil?
“Tenemos un problema muy serio
cuando hablamos de sociedad civil en
este país, casi siempre es una sociedad
civil que nos imaginamos que quiere
la paz, que quiere las negociaciones y
es esa la parte de la sociedad civil que
En muchas regiones los paisajes
rurales se han transformado y
‘modernizado’ por la incursión y
consolidación de grandes proyectos
agroindustriales, agroforestales y ganaderos,
algunos de ellos asociados
con las dinámicas de la violencia.
con más facilidad se hace oír, se puede
expresar. En una sociedad es más fácil
decir «yo quiero un proceso de paz» que
decir «yo no quiero un proceso de paz»,
en Colombia es más fácil decir «queremos
la integración de la guerrilla» que
decir «queremos matar a la guerrilla»,
entonces yo me imagino que hay muchos
sectores de lo que yo simplemente
llamo la sociedad, que estaría opuesta
o muy dudosa de este proceso y uno
de los grandes desafíos, principalmente
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

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del presidente pero de otros también, es
darle suficiente confianza a esas personas
para que se vengan y apoyen por lo
menos pasivamente un proceso de estos,
si no, entonces las personas que tienen
poder e influencia y están en contra
de esto van a tener el éxito”.
Quedan muchas preguntas que sólo
podrán ser resueltas desde la perspectiva
histórica, por ahora tendríamos que
empezar a analizar, más allá de las literalidades
del discurso, por ejemplo, si
en Colombia siempre ha sido tan leve la
línea que separa lo personal de lo político,
el hecho de que haya más individualidades
en esta mesa, ¿despersonaliza el
proceso? ¿es una ganancia? ¿se trata de
medir fuerzas?.
Cuando Pastrana hablaba de la silla
vacía no dejaba de reclamar que esperó
que Marulanda como campesino fuera
un hombre de palabra, ¿ha cambiado el
imaginario paternalista sobre el campesino?
¿Este imaginario ahora está totalmente
separado de la identidad que el
Estado ve en la lucha guerrillera?
Finalmente, ahora que los empresarios
y los militares están la mesa ¿tendrá
más credibilidad el proceso para la guerrilla?
¿Ya no se trata de reconciliación,
sino de mirar al futuro? ¿Hay disposición
para reconocer las legitimidades de
ambas partes? ¿La solicitud de reformas
www.cinep.org.co
como la agraria significa que ya no se
pide sino que se asume la inclusión de
la guerrilla en el proyecto de país?
En tiempos de nacionalismos por el
fallo de la Corte Internacional de Justicia
- CIJ frente al conflicto limítrofe con
Nicaragua, llama la atención el epígrafe
que Braun utilizó en su texto sobre
los diálogos del Caguán. En el fondo, el
honor, la reconciliación y la paz son el
mismo asunto:
Todos los colombianos, cada uno en
su medio y en la medida de sus posibilidades,
tenemos que meter el hombro
por el país. A la gente hay que explicarle,
o recordarle si sabía y se le olvidó, lo
que significa en la vida tener país. Y tal
vez la mejor manera es mostrar la penuria,
la soledad, el desconcierto que se
clava en lo más hondo del ser cuando
no se tiene patria, o cuando teniéndola
no se disfruta porque los peligros fuerzan
su ausencia
Iván Marulanda
*Ana María Restrepo: Investigadora.
Sistema de Información General-Archivo de
Prensa del CINEP/PPP.
Nota
1 Paralabras de Herbet Braun en Revista Número.
Disponible en: http://www.revistanumero.
com/40sepa.htm
Referencias
Archivo digital de prensa
CINEP/ Programa por la Paz
Toda la información que usted necesita sobre
las Ciencias Sociales en un solo click
Información de 10 periódicos de circulación
nacional y regional sobre Colombia en temas
especícos de las Ciencias Sociales: sociedad,
política y gobierno, conicto armado, paz,
narcotráco, cultura, ecología y medio ambiente.
www.cinep.org.co
. Paz .
Herbert Tico Braun es profesor de Historia
latinoamericana en la Universidad de Virginia.
Politólogo de la Universidad de Pittsburgh,
Pensylvania. Doctor en Filosofía (Historia) de
la Universidad de Wisconsin. Ha publicado
numerosos artículos sobre el pasado y el presente
del conflicto colombiano y es autor de
los libros “Mataron a Gaitán: Vida pública y
violencia urbana en Colombia” un trabajo
biográfico, de historia social y análisis político
sobre los acontecimientos del 9 de abril de
1948 y de “El Rescate: Diario de una negociación
con la guerrilla”.

26
. Paz .
Del rumor a la
instalación de la mesa
Por Andrés Yepes*
una mirada a las editoriales y los espacios de
comentarios en la búsqueda de la paz
Con la instalación
de la mesa de diálogo
con las FARC,
las editoriales de
los principales medios
escritos del
país no se hicieron
esperar y con ésto
los comentarios de lectores que expresan
sus opiniones a través de la web,
otro lugar desde el que se piensa el país
y su futuro.
El Punto de Partida: más allá
del rumor y la confirmación
Los rumores sobre los avances de los
acercamientos del gobierno de Unidad
Nacional con las FARC surgieron por
parte del ex presidente Uribe Vélez y
otros miembros de ese gobierno y algunos
editoriales tras la confirmación
por parte del presidente Santos los editoriales
se centraron en varios elementos
que se encuentran relacionados y
permiten escenificar la posición frente
al tema de la búsqueda de la paz en los
diferentes periódicos.
El primero elemento está vinculado
con la experiencia de procesos anteriores
(Betancur, Gaviria y por supuesto
Pastrana, negociaciones en las que no
se “firmó” la paz) pero se centran principalmente
en el Caguán. Al tratar esta
última experiencia la presentan como
el elemento que permite entender el
escepticismo y frustración frente a una
salida negociada y mencionan una serie
de “enseñanzas” que no se deben
repetir: 1) es impensable considerar
despejes o zonas de distención, 2) el
diálogo debe tener
tiempos definidos,
3) el diálogo
debe realizarse
discretamente sin
presencia de los
medios, y 4) la
diferencia de este
nuevo proceso
con respecto a los
anteriores es que
el fin de la lucha
armada hace parte
de la agenda
(El Espectador,
2012, Agosto 26;
El Colombiano, 2012, Agosto 28; El
Heraldo, 2012, Agosto 30 y El Heraldo,
2012, Septiembre 5; El Heraldo, 2012,
Septiembre 12).
El segundo elemento son los cambios
que ha tenido Colombia tras los años
del Caguán en lo que hace referencia a
las transformaciones que han tenido los
diferentes actores del conflicto y algunos
cambios que ha tenido Colombia.
Por un lado, está el debilitamiento político
y militar que ha tenido este grupo
guerrillero en los últimos años que
se evidencia en el repliegue a zonas de
retaguardia tras los resultados operacionales
de las fuerzas militares, y mayor
presencia por parte de estas en el territorio
como resultado no sólo de los últimos
dos gobiernos sino también toda
la profesionalización e incremento que
comenzó con el Plan Colombia en la
administración de Pastrana. (El Espectador,
2012, Agosto 26; El Tiempo, 2012,
Agosto 26; El Nuevo Siglo, 2012, Agosto
27; El Mundo, 2012, Agosto 30; El Heral-
do, 2012, Septiembre 5 y La República,
2012, Septiembre 6).
Los otros cambios que destacan las
editoriales que ha tenido el país son: 1)
una economía en crecimiento, 2) un desempleo
moderado, y 3) las políticas que
está impulsando el gobierno de Unidad
Nacional (la ley de víctimas, el marco para
la paz, etc.). El énfasis en estos elementos
apunta no sólo a que los cambios económicos
sino también los temas sociales que se
adelantan no se deben poner en entredicho
en la negociación dado que lo que está en
juego es la dejación de las armas por parte
de las FARC (El Tiempo, 2012, Agosto 26;
La República, 2012, Septiembre 6).
El tercer elemento está relacionado
con el proceso propiamente dicho y la
necesidad o valor de este. Las editoriales
permiten ver varias cosas. 1) es comprensible
que el comienzo del proceso
se haya dado en medio de la privacidad
y el hermetismo, no obstante los diálogos
no deben hacerse de espaldas a los
colombianos, 2) habrá muchas voces en
contra del proceso, pese a que no hayan
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

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argumentos validos para estarlo, como
también existe la posibilidad que se incrementen
las acciones por parte de las
FARC en busca de mayor capacidad de
negociación o que el gobierno se levante
de la mesa, 3) la búsqueda de la paz
es una apuesta grande, un anuncio de
esperanza, y es arriesgada por parte del
gobierno de Santos, y la paciencia es un
requisito para llegar a ella, 4) cualquier
reforma se debe hacer por las vías democráticas
dado que el objetivo del proceso
es ponerle fin al uso de las armas
(El Tiempo, 2012, Agosto 26; El Espectador,
2012, Agosto 26; El Nuevo Siglo,
2012, Agosto 27; El Colombiano, 2012,
Agosto 28; El Heraldo, 2012, Agosto 30;
El Heraldo, 2012, Septiembre 5; El Heraldo,
2012, Septiembre 12).
Sobre la instalación de la mesa
Las reacciones a los discursos realizados
por parte de los representantes
de ambas partes en la instalación de la
mesa en Oslo no se hicieron esperar en
las editoriales de los periódicos. Por un
lado, se encontraron referencias a los discursos.
Discursos que se pueden ver desde
muchos lugares pero para una parte
importante de las
editoriales se trató
. Paz .
tró en el proceso y en los temas que no se
van a negociar. A manera de síntesis, las
editoriales reconocen que muchos de los
aspectos que se
pudieron apreciar
de visiones anta-
en los discursos
gónicas, opuestas, Por un lado, está el debilitamiento enmarcados entre
distantes marca- político y militar que ha tenido este la esperanza y el
das en el caso del grupo guerrillero en los últimos años escepticismo es el
discurso de ‘Iván que se evidencia en el repliegue a zo- comienzo de un
Márquez’ por el nas de retaguardia tras los resultados proceso complejo
característico uso operacionales de las fuerzas militares, y que se trabajará
retórico de las mayor presencia por parte de estas en en los diálogos en
FARC a referencias el territorio como resultado no sólo de La Habana y no
históricas no sólo los últimos dos gobiernos sino también hay que apresu-
para caracterizar- toda la profesionalización e incremento rarse. (El Tiemse
como víctimas que comenzó con el Plan Colombia en po, 2012, Octubre
sino también para la administración de Pastrana.
19; El Espectador,
cuestionar o se-
2012, Octubre 19;
ñalar el papel del
El Espectador,
estado, la clase po-
2012, Octubre
lítica y las multinacionales, entre otros. 21; El Colombiano, 2012, Octubre 19; El
Y también tratar de incluir temas que no Nuevo Siglo, 2012, Octubre 20; La Repú-
están entre los puntos (5) pactados en la blica, 2012, Octubre 19; La República,
agenda. En cuanto al discurso de Hum- 2012, Octubre 22; El País, 2012, Octubre
berto de la Calle destacan que fue una 19; El Heraldo, 2012, Octubre 20 y Van-
intervención concisa y firme que se cenguardia Liberal, 2012, Octubre 21).
www.cinep.org.co
Las editoriales destacaron el discurso de Humberto de la Calle como una intervención concisa y firme que se centró en el proceso y en los
temas que no se van a negociar.
Foto Cesar Carrión. Presidencia de la República.

28
. Paz .
Los Espacios de Comentarios
y la búsqueda de la paz
Para conocer la opinión de las personas
los medios de comunicación han
propuesto una serie de opciones. Algunos
de estos son las cartas del lector,
las llamadas a radio y televisión,
las editoriales reconocen que
muchos de los aspectos que se
pudieron apreciar en los discursos
enmarcados entre la esperanza y el
escepticismo es el comienzo de un
proceso complejo que se trabajará
en los diálogos en La Habana y no
hay que apresurarse.
y desde 2006 no sólo en la prensa digital
sino también en las páginas web
informativas se cuenta con un lugar
para la participación de los usuarios en
la parte baja de la noticia/información
que se entiende acá como “espacio de
comentarios”.
A diferencia de las editoriales donde
se puede encontrar los bloques temáticos
trabajados anteriormente los comentarios
de los usuarios traen consigo
varios elementos que escenifican algunas
posiciones que vale la pena tener
en cuenta, aunque no estén del todo
vinculadas con el proceso que arrancó
con la confirmación de los acercamientos
del gobierno de Santos con la guerrilla
de las FARC para la búsqueda de
la paz.
Uno de los elementos que más llama
la atención está relacionado con
las figuras de Álvaro Uribe Vélez y
Juan Manuel Santos. Al primero una
parte importante de los comentarios lo
hacen o quieren mostrar como la persona
que tenía la solución al conflicto
“acabando” con las FARC. Es decir
que los comentarios están enfocados
hacia la terminación del conflicto vía
militar y hay poco espacio para la negociación.
No obstante, existen una
serie de comentarios que ven al ex-
presidente como una de las personas
menos interesadas en la terminación
del conflicto porque perdería terreno
político. Veamos algunos ejemplos de
los comentarios2 :
(72) Alsoler: Domingo 26 de agosto de 2012
10:39 p.m à Plomo ventiao a lo vaòn es la soluciòn
que ya se ha demostrado en el gobierno
anterior. Abajo los entreguistas mendigando
paz en busca de un tìtulo personal de pacificador
a costas de la sangre derramada por el
pueblo. En: Hablando de la paz [El Tiempo
26.08.2012]
(45) Certero33c: Domingo 26 de agosto de
2012 03:54 p.m. à Una cosa es ARRODiLLAR al
enemigo y exigirle acuerdos, y otra muy distinta
es ARRODiLLARSE ante el enemigo y pedirle
acuerdos. __ Sobra decir que Uribe Vélez hizo
lo primero, y Santos Iscariote hace lo segundo.
En: Hablando de la paz [El Tiempo 26.08.2012]
(5) Luzvelez: Domingo 26 de agosto de 2012
07:58 a.m à ahi esta la historia escrita que
como mas de 20 millones de colombianos uribistas
,jamas podra negar la grandeza de un
presidente,con pantalones bien puestos,jamas
temeroso,ni buscando grandeza para si
mismo,busco la paz,sin capitular,porque el que
se entrega con miedo,sin exigencias, pierde la
dignidad y pierde la guerra,lo dijo Churchill,el
vencedor,contra los cobardes que querian entrega
incondicional. . En: Hablando de la paz
[El Tiempo 26.08.2012]
Opinadera: Dom, 08/26/2012 - 10:47 à Lo
que le molesta al señor URIBE, es que se le
acaba el negociado de la guerra y la muerte,
sus cónplices más cercanos, Santoyos, Rito
Alejos, Marios Uribes, Nogueras, son carroñeros
del despojo que produce el conflicto.
. En: El Camino hacia la Paz [El Espectador
26.08.2012]
Martuja Comentario realizado el 9/5/2012
7:19:50 AMà La única persona en el mundo que
no quiere que este proceso salga adelante, es el
expresidente Uribe. Ya lo dijo ayer ante unos estudiantes
de una Universidad privada. Su fuerte
temperamento belicoso, lleno de nostalgias de
venganza por lo ocurrido con su padre, y esa
falta de humildad que raya en la soberbia, lo
tienen obnubilado y en la más absoluta predisposición
de ponerle obstáculos a esta gran causa.
Qué lástima por este señor. En: Un compás
de espera a la paz [El Colombiano – 05.09.12]
Para el caso de Santos es significativo
el número de comentarios que hacen
énfasis en otorgarle o asignarle el
carácter de traidor en la medida que se
hizo elegir con los postulados de la seguridad
democrática, y hoy por hoy está
negociando con las FARC escenario en
el que la guerrilla se puede fortalecer y
el país termina “arrodillado” ante ellos.
Cabe mencionar también que algunos
usuarios ven en las negociaciones la
plataforma para la reelección de Juan
Manuel Santos y le recriminan que los
acercamientos se hayan dado a espaldas
de la sociedad. Los siguientes comentarios
son una muestra de esto:
(12) Dimas Viernes 19 de octubre de 2012 03:49
p.m à Qué tal! Dijo el infame traidor Santos que
había sacado de sus madrigueras a los narcoteroristas
de la Farcrim, y traicioneramente los
llevó a las pantallas de la televisión mundial a
que justifiquen medio siglo de ataques a la martirizada
sociedad colombiana, y amparados en
criminal ´despeje´ judicial, con aberrante Ley
77
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de Impunidad, darles vía libre para que sigan ceso de la búsqueda de la paz, fueron
sus depredaciones, tráfico de drogas y crímenes “atacados” en los espacios de comen-
de lesa humanidad. ¡Revocatoria al infame traitarios, y son un claro llamado a que la
dor Santos! En: Primeras Palabras [El Tiempo paz es de todos. Una muestra de esto
19.10.2012]
son:
Equalizer: Dom, 08/26/2012 - 11:54 à Vamos (14) apostillas: Lunes 24 de septiembre de
para otro Caguan con distinto tonto. Aque- 2012 10:50 a.m. à La paz colectiva solo se lolla
vez fue con Pastrana y ahora con Santos. gra buscando nuestra paz individual. Si nos
VOTE POR SU REELECCION....Bye. Bye. En: adentramos en la calidad intelectual, social,
El Camino hacia la
moral y espiritual
Paz [El Espectador
, propia de los opi-
26.08.2012]
nantes de este espa-
Los comentacio,
nos estrellamos
rios de los usua- Para el caso de Santos es significati- contra una montaña
rios no se reducen vo el número de comentarios que ha- de epítetos, ofen-
a lo que vimos cen énfasis en otorgarle o asignarle el sas, calificativos y
anteriormente. De carácter de traidor en la medida que grosería, que nos
hecho, hay unos se hizo elegir con los postulados de la desilusiona y mata
que hacen refe- seguridad democrática, y hoy por hoy nuestras asperanzas
rencia al equipo está negociando con las FARC escena- de un mejor futuro.
negociador del gorio en el que la guerrilla se puede for- Cuando se estrebierno
de Santos, talecer y el país termina “arrodillado” chen las manos de
otros tienen que ante ellos.
negros, amarillos y
ver con los dis-
blancos, cuando las
cursos de ambas
religiones abran los
partes (los temas
caminos de la con-
y lenguajes); de igual forma es posible vivencia que conduzcan a la creencia de un
encontrar algunos que hablan sobre los ser superior y único. Cuando el odio y rencor,
medios de comunicación (su papel en ceda paso al verdadero perdón ; cuando po-
los diálogos y la posibilidad de convertir líticos y funcionarios del Estado administren
este proceso en todo un “show”) y se con rectitud y honestidad los bienes públicos
recuerda negociaciones previas en espe- y cuando el ciudadano asuma sus responsacial
la del Caguán.
bilidades como tal, posiblemente ya podre-
Cabe destacar una serie de comentamos hablar de paz. En: Un desafío crucial [El
rios que en este entorno tan polarizado Tiempo – 23.09.2012]
hacen que cobren mayor significado. (43)DUSA: Domingo 23 de septiembre de
Estos comentarios se centran en el pro- 2012 11:44 a.m. à A través de la paz interior
* Andrés Yepes: Integrante del Equipo de Incidencia y Comunicación del CINEP/PPP.
Referencias
. Paz .
se puede conseguir la paz de Colombia. Aquí
la responsabilidad individual es bastante clara
ya que la atmósfera de paz debe ser creada
dentro de uno mismo, entonces se podrá crear
en la familia y luego en la comunidad. Para
crear una paz interior, lo más importante es la
práctica de la compasión y el amor, la compresión
y el respeto por los seres humanos. Los
más poderosos obstáculos para ello son la ira
y el odio, el temor y el recelo. De modo que,
mientras la gente habla de desarme en el mundo
entero, cierto tipo de desarme interno es
prioritario. En: Un desafío crucial [El Tiempo
– 23.09.2012]
Luego de la aproximación a las editoriales
de algunos periódicos del país
en donde se habló de rumores, confirmaciones,
experiencias fallidas, equipos
de negociación y discursos es innegable
el posicionamiento del tema y
la disposición y pertinencia a trabajar
por la búsqueda de la paz desde las
páginas editoriales. En relación con los
comentarios hechos por los usuarios
en donde opinan sobre los temas de
las editoriales -y no se reducen a estos-
y se suele creer que estos espacios
son sólo cloacas en el que predomina
el lenguaje incendiario es importante
destacar que la búsqueda de la paz va
ganando espacio en la medida que se
pueden encontrar opiniones (posiciones)
para que el tema se piense más
allá de las partes en confrontación y se
vea como un asunto que nos compete
a TODOS y es por lo que debemos trabajar
desde nuestro propio entorno.
El Colombiano, 2012, “Los límites del nuevo proceso” en El Colombiano, agosto 28, p. 19. Disponible en:: http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/L/los_limites_del_nuevo_proceso/los_limites_del_nuevo_proceso.asp
El Colombiano, 2012, “Interrogantes frente a la paz” en El Colombiano, septiembre 2, p. 27. Disponible en]: http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/I/interrogantes_frente_a_la_paz/interrogantes_frente_a_la_paz.asp
El Colombiano, 2012, “Un compás de espera a la paz” en El Colombiano, septiembre 5, p. 21. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/U/un_compas_de_espera_a_la_paz/un_compas_de_espera_a_la_paz.asp
El Colombiano, 2012, “Un equipo apto para la paz” en El Colombiano, septiembre 6, p. 21. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/U/un_equipo_apto_para_la_paz/un_equipo_apto_para_la_paz.asp
El Colombiano, 2012, “FARC, contra toda evidencia” en El Colombiano, septiembre 7, p. 19. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/F/farc_contra_toda_evidencia/farc_contra_toda_evidencia.asp
El Colombiano, 2012, “La paz: los puntos sobre las íes” en El Colombiano, octubre 19, p. 19. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/L/la_paz_los_puntos_sobre_las_ies/la_paz_los_puntos_sobre_las_ies.asp
www.cinep.org.co

30
. Paz .
El Espectador, 2012, “El camino hacia la paz” en El Espectador, agosto 26, p. 42. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/
articulo-370116-el-camino-paz
El Espectador, 2012, “Construyendo la paz” en El Espectador, septiembre 5, p. 30. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/
articulo-372632-construyendo-paz
El Espectador, 2012, “Los pasos necesarios” en El Espectador, septiembre 9, p. 42. Disponible en]: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/
articulo-373510-los-pasos-necesarios
El Espectador, 2012, “El comienzo del comienza” en El Espectador, octubre 19, p. 30. Disponible en:: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/
articulo-382026-el-comienzo-del-comienzo
El Espectador, 2012, “Proteger la mesa” en El Espectador, octubre 21, p. 46. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-
382295-proteger-mesa
El Heraldo, 2012, “La paz: el as de Santos” en El Heraldo, agosto 30, p. 4B. Disponible en: http://www.elheraldo.co/opinion/editorial/la-paz-el-desantos-79864
El Heraldo, 2012, “Soplan vientos de paz” en El Heraldo, septiembre 5, p. 4B. Disponible en: http://www.elheraldo.co/opinion/editorial/soplanvientos-de-paz-80597
El Heraldo, 2012, “Paz: viene lo más difícl” en El Heraldo, septiembre 12, p. 4B. Disponible en: http://www.elheraldo.co/opinion/editorial/paz-vienelo-mas-dificil-81388
El Heraldo, 2012, “Una guerra que aún persiste” en El Heraldo, septiembre 22, p. 4B. Disponible en:: http://www.elheraldo.co/opinion/editorial/unaguerra-que-aun-persiste-82712
El Heraldo, 2012, “Mundos opuestos” en El Heraldo, octubre 20, p. 4B. Disponible en: http://www.elheraldo.co/opinion/editorial/mundos-opuestos-86191
El Mundo, 2012, “La nueva caja de Pandora” en El Mundo, agosto 30, p. 3. Disponible en: http://www.elmundo.com/portal/opinion/editorial/la_nueva_caja_de_pandora.php
El Mundo, 2012, “Ingenuidad vs. Cinismo” en El Mundo, octubre 20, p. 3. Disponible en: http://www.elmundo.com/portal/opinion/editorial/ingenuidad_vs_cinismo.php
El Nuevo Siglo, 2012, “¿Expectativa o incertidumbre?” en El Nuevo Siglo, agosto 22, p. 5A. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/8-
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El Nuevo Siglo, 2012, “Momentum de la paz” en El Nuevo Siglo, agosto 27, p. 5A. Disponible en]: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/8-
2012-momentum-de-la-paz.html
El Nuevo Siglo, 2012, “El discurso del Presidente” en El Nuevo Siglo, agosto 29, p. 5A. Disponible en:: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/8-
2012-el-discurso-del-presidente.html
El Nuevo Siglo, 2012, “Civilización y convivencia” en El Nuevo Siglo, septiembre 5, p. 5A. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-
2012-civilizaci%C3%B3n-y-convivencia.html
El Nuevo Siglo, 2012, “Arrancó el tren” en El Nuevo Siglo, septiembre 6, p. 5A. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2012arranc%C3%B3-el-tren.html
El Nuevo Siglo, 2012, “Disenso y Fuerzas Armadas” en El Nuevo Siglo, septiembre 10, p. 5A. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/
articulos/9-2012-disenso-y-fuerzas-armadas.html
El Nuevo Siglo, 2012, “Anacronismo y revolución” en El Nuevo Siglo, octubre 20, p. 5A. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-
2012-anacronismo-y-revoluci%C3%B3n.html
El País, 2012, “Los primeros pasos” en El País, septiembre 9, p. A18. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/editorial/anonimo/
primeros-pasos
El País, 2012, “Mal arranque” en El País, octubre 19, p. A10. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/editorial/anonimo/mal-arranque
El Tiempo, 2012, “Hablando de paz” en El Tiempo, agosto 26, p. 3-6. Disponible en: http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12164024.html
El Tiempo, 2012, “El primer paso” en El Tiempo, septiembre 5, p. 3-20. Disponible en: http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12194394.html
El Tiempo, 2012, “El primer paso” en El Tiempo, septiembre 5, p. 3-20. Disponible en: http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-
WEB- NEW_NOTA_INTERIOR-12245482.html
El Tiempo, 2012, “Primeras palabras” en El Tiempo, octubre 19, p. 3-20. Disponible en: http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12315615.html
La República, 2012, “Paz no necesita cuentas y es el mejor negocio” en La República, septiembre 6, p. 38. Disponible en: http://www.larepublica.com.
co/paz-no-necesita-cuentas-y-es-el-mejor-negocio_20040
La República, 2012, “La paz es la mejor opción de crecimiento” en La República, septiembre 18, p. 46. Disponible en: http://www.larepublica.com.co/
la-paz-es-la-mejor-opci%C3%B3n-de-crecimiento_21011
La República, 2012, “El tema rural no es un asunto secundario” en La República, septiembre 19, p. 38. Disponible en: http://www.larepublica.com.co/
el-tema-rural-no-es-un-asunto-secundario_23573
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%E2%80%9Cque-no-cunda-el-p%C3%A1nico%E2%80%9D_23721
Vanguardia Liberal 2012, “¿Y la otra violencia?” en Vanguardialiberal.com, octubre 21. Disponible en: http://www.vanguardia.com/opinion/
editorial/179541-y-la-otra-violencia
Voz, 2012, “Bienvenida la paz, es una necesidad” en Voz, agosto 29, p.5.
Voz, 2012, “Cartas sobre la mesa” en Voz (en cursiva), agosto 29, p.5.
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

La tierra y el desarrollo
rural: más allá de
la encrucijada de la paz
Por Sergio Coronado Delgado*
Elementos actuales del problema agrario en Colombia, más allá
del contexto del proceso de paz, particularmente de los puntos
de la agenda definida por las partes de la negociación.
Los territorios rurales
han sido el
principal escenario
de disputa del conflicto
armado y sus
actores, por ende,
tiene sentido que el
primer punto de la
negociación del gobierno
con la guerrilla de las FARC sea la
cuestión agraria y las políticas de desarrollo
rural integral; máxime cuando el
tema agrario se encuentra en el nervio
central del actual conflicto armado. Si
bien los acercamientos y las posibilidades
de la negociación han generado
altas expectativas, es necesario tener
en cuenta sus limitaciones. Este artículo
sitúa algunos elementos actuales del
problema agrario en Colombia, más allá
del contexto del proceso de paz, particularmente
de los puntos de la agenda definida
por las partes de la negociación.
Un reconocimiento de estos elementos
puede ser útil para comprender las alternativas
de construcción de la paz en
el mundo rural, que van más allá de la
negociación del Gobierno con las FARC.
La concentración de la tierra
como punto de partida
El informe de desarrollo humano
2011, permitió comprender que, si bien
la alta concentración de la tierra es un
fenómeno de alcance nacional, los índices
de Gini más altos —superiores a
0,70— se encuentran en toda la fronte-
www.cinep.org.co
Cuadro No. 1
EstruCtura dE la propiEdad, sEgúN raNgos uaF
rango uaF Área (%) predios (%)
propietarios
poseedores (%)
Microfundio 10.59 80.49 78.31
Pequeña propiedad 19.1 13.66 14.72
Mediana propiedad 18.2 4.99 5.83
Gran propiedad 52.2 0.86 1.15
Total 100.0 100.0 100.0
total 100 100 100
ra agraria incorporada (PNUD, 2011, p.
198). La realidad de la concentración de
la tierra, se expresa también en la desigualdad
de la propiedad de la misma.
Una revisión de las estadísticas permite
comprender la gravedad de esta situación
(ver cuadro no. 1).
Así, las tendencias
nacionales de
la estructura de la
propiedad agraria
permiten observar
que una pequeña
cantidad de
propietarios rurales,
el 1,15% son
dueños del 52,2%
del área, en tanto
que el 78,3% de
los propietarios
tienen acceso al
10,6% del área.
Los medianos propietarios
tienen
una participación
. Tierras .
Fuente: elaboración Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011- PNUD, con base en datos de Acción
Social – PPTP, 2010
En Colombia el 1,15% de los propietarios rurales son dueños del 52,2% del
área, en tanto que el 78,3% de los propietarios tienen acceso al 10,6%.
31
menor en cuanto al número de predios,
su porcentaje se acerca al 5%, pero
tienen un área similar al de la pequeña
propiedad: 18,2%. Según el informe del
PNUD, aumentar esta forma de acceso a
la tierra, por medio de la afectación a la
Foto CINEP/PPP

32
. Tierras .
Las características sociales, culturales y ecológicas de los territorios hacen que la concentración de la tierra se exprese en diversas formas.
gran propiedad, podría significar la creación
de más empleos rurales, el uso más
eficiente de los suelos y disminuir la
presión sobre áreas protegidas y ecosistemas
estratégicos (PNUD, 2011). Ahora
bien, es necesario comprender estas
estadísticas en contextos regionales diversos,
en los cuales las características
sociales, culturales, y ecológicas de los
territorios hacen que la concentración
de la tierra se exprese en diversas formas.
Esta parece ser una de las tareas
pendientes que podrían abordarse, tanto
en el proceso de negociación, como
en un eventual proceso nacional de
construcción de la paz.
Se pueden comprender algunos elementos
de la actual concentración de las
tierras rurales con una rápida mirada al
pasado. Un balance nacional de las políticas
de reforma agraria permite concluir
que después de casi ocho decenios de su
implementación han sido incapaces de
promover un proceso duradero de desconcentración
y democratización de las
tierras rurales. En algunos casos fallaron
porque su diseño normativo e institucional
era insuficiente para transformar los
procesos de concentración que operaban
en la realidad; en otros casos porque
ante la amenaza de pérdida de poder
político y económico de la clase terrateniente,
se impulsaron contrarreformas
conservadoras orientadas a frenar los alcances
de las políticas reformistas. En la
década de los 90, en el marco del giro
neoliberal de las políticas agrarias, se
estableció la reforma agraria por medio
del mercado de tierras, restando responsabilidad
institucional al Estado para
intervenir decididamente el mercado de
tierras y promover así su redistribución.
Lejos de cumplir su propósito de redistribución,
la implementación de las políticas
de reforma agraria han favorecido en
muchas regiones la concentración de las
tierras fértiles y se ha priorizado a la ampliación
de la frontera agraria por medio
de la colonización como la estrategia de
dotación de tierras a los campesinos que
requieren de ella para desarrollar sus sistemas
productivos.
En este sentido, en muchas regiones
del país rural en el cual se desenvuelve
actualmente el conflicto armado se puede
diagnosticar que la concentración de
las tierras permanece, y por lo tanto, las
demandas históricas de acceso y desconcentración
de las tierras fértiles, asociadas
al surgimiento de la actual fase del
conflicto armado, continúan vigentes.
Además, durante los últimos decenios
del conflicto armado se ha presenciado
un proceso de profundización en la concentración
de las tierras, en algunos casos
como consecuencia de la implementación
de las políticas estatales, en otros
como consecuencia del proceso de abandono
y despojo de tierras por la violencia
y, en otros muchos, como el resultado de
la combinación, no siempre intencionada,
de ambas situaciones.
Este último elemento permite comprender
que en ciertos territorios rurales
la estructura agraria se ha modificado.
En muchas regiones los paisajes
En muchas regiones los paisajes
rurales se han transformado y
‘modernizado’ por la incursión y
consolidación de grandes proyectos
agroindustriales, agroforestales y ganaderos,
algunos de ellos asociados
con las dinámicas de la violencia.
rurales se han transformado y ‘modernizado’
por la incursión y consolidación
de grandes proyectos agroindustriales,
agroforestales y ganaderos, algunos de
ellos asociados con las dinámicas de la
violencia. Muchos otros por la avanzada
de los procesos de colonización sobre
áreas poco intervenidas. En ciertos
casos los procesos de concentración de
las tierras han facilitado modificaciones
en la estructura agraria que se expresan
en la consolidación de complejos
agroindustriales, en los que incluso es
protagonista el capital financiero.
77
Foto CINEP/PPP
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 33
Si la situación actual de concentración
de tierras rurales es asumida como un
diagnóstico válido para el inicio de la discusión
sobre acceso y uso de las tierras
rurales en el marco del proceso de paz, se
deben reconocer las grandes limitaciones
que han impedido el éxito de las políticas
de reforma agraria en otros momentos de
la historia. Así, el reto de este posible
escenario de negociación es neutralizar
a los sectores que históricamente se han
opuesto a la distribución democrática de
las tierras rurales. Esta tarea no es fácil,
toda vez que ciertos líderes de las clases
políticas locales han ganado un amplio
margen de maniobra para enfrentar la
implementación de políticas reformistas
propuestas desde
el orden nacional
(Quiroga y Barrera,
2012, p. 17).
Ahora bien,
una posibilidad
es que los marcos
legales incluyan
disposiciones
normativas que
faciliten la apro-
bación de políticas de desconcentración
por parte de estos grupos de interés, tal
como ocurrió en la expedición de la ley
de víctimas y de restitución de tierras,
con la figura de los contratos de uso. La
agenda de la negociación da una pista
sobre este punto cuando incluye en los
temas del diálogo “la formalización de
la propiedad”. Así, es posible que en la
negociación se puedan construir acuerdos
sobre qué tipo de figuras jurídicas
se pueden utilizar para resolver temas
como la titularidad de ciertos derechos
de propiedad sobre las tierras rurales.
Sobre este particular un punto muy importante
es la formalización y el perfeccionamiento
de derechos de propiedad
privada de muchos colonos campesinos
que carecen de los mismos, particularmente
en zonas de presencia histórica
de la guerrilla de las FARC. El problema
sustancial de este punto de la negociación
es que una concentración de la política
de desarrollo rural integral en este
tipo de figuras normativas, puede implicar
el aplazamiento del reconocimiento
político del campesinado, particular-
www.cinep.org.co
mente cuando sus ejercicios de territorialidad
se enfrentan con aquellos de los
sectores más poderosos que hacen presencia
en el mundo rural y demuestran
sus intereses, así como su poder político
y económico, en múltiples escenarios.
Más allá de la concentración:
reivindicaciones territoriales,
culturales y políticas
de los campesinos
Las propuestas territoriales de los
sectores campesinos se han construido,
con mayor claridad, durante los últimos
decenios, y los discursos relativos al
acceso a la tierra se han transformado
en este periodo.
Las tradicionales
demandas de “la
El reto de este posible escenario de tierra para el que
negociación es neutralizar a los sectores la trabaja”, prota-
que históricamente se han opuesto a la gonizada por sec-
distribución democrática de las tierras tores rurales que
rurales.
se articularon en
organizaciones
como la ANUC, se
han transformado
hacia una reivindicación más integral de
uso, acceso y control de los territorios
rurales.
Varios procesos pueden explicar esta
situación. Por un lado, las diferentes
. Tierras .
identidades culturales que existen en el
país han reclamado a la sociedad y al
Estado un reconocimiento político que
permita su diferenciación. Estas identidades
se construyen y relacionan principalmente
con espacios físicos habitados
y construidos socialmente: los territorios;
y la tierra, como sustento físico
de los territorios, está por lo tanto en
el centro de esta discusión. Si bien las
políticas multiculturales de comienzos
de la década de los noventa facilitaron
la emergencia de las identidades territoriales
de los grupos ‘minoritarios’, en la
actualidad las comunidades campesinas
también reclaman este tipo de reconocimiento.
Como se demostró, los procesos de
formalización y ordenación de la propiedad
de las tierras son un punto que
se abordará en el diálogo entre las partes.
Sin embargo, la formalización y el
ordenamiento de la propiedad de la tierra
no son la solución a los conflictos rurales
actuales, toda vez que la realidad
y las demandas actuales de las diversas
organizaciones de pobladores rurales se
orientan más a otro tipo de exigencias,
esta vez de tipo territorial.
El Mandato Agrario, es un documento
que recoge el proceso de movilización por
el derecho a la tierra que fue protagonizado
durante el inicio de la década del 2000
Para resolver temas como la titularidad de ciertos derechos de propiedad sobre las tierras rurales es importante
la formalización y el perfeccionamiento de derechos de propiedad privada de muchos colonos
campesinos, particularmente en zonas de presencia histórica de la guerrilla de las Farc.
Foto CINEP/PPP

34
. Tierras .
por las organizaciones campesinas, indígenas
y afrocolombianas más representativas
del país. Este documento, define las
propuestas y lineamientos generales de la
política agraria y rural en la voz de las organizaciones
rurales y ha sido la base para
la construcción de los proyectos de ley de
tierras y desarrollo rural propuestos por
las organizaciones campesinas, indígenas
y afrocolombianas. El documento permite
observar que para las organizaciones sociales
del mundo rural el problema de la
propiedad rural va más allá de los procesos
de formalización de la propiedad de
la tierra. Sobre este punto, algunas de sus
propuestas son:
• Se garantizará el derecho inalienable, inembargable
e imprescriptible a la tierra a
las campesinas y campesinos, mediante la
constitución y la inalienabilidad de las reservas
campesinas y la priorización de las
formas asociativas campesinas.
• Se reconocerá la diversidad e identidad cultural
regional, local, étnica y la relación con
la naturaleza y el ambiente como partes
esenciales de la territorialidad.
• Se pondrán en funcionamiento, previa concertación
y acuerdo con las comunidades
Si en el proceso de negociación, o
en la política de tierras y desarrollo
rural que resulte del mismo, se hace
un énfasis desmedido en los procesos
de formalización y ordenación de la
propiedad de las tierras, se corre el
riesgo de formular un modelo de ordenamiento
territorial que responda a
los aspectos formales como los derechos
de propiedad privada de predios,
y no a realidades y necesidades de los
sectores que habitan y construyen los
territorios rurales.
respectivas, las entidades territoriales de
régimen especial que se adecuen a la realidad
étnica, social, cultural, económica,
ecológica y geográfica, de manera que se
ponga en práctica un nuevo ordenamiento
territorial en beneficio de las comunidades
campesinas, afrodescendientes e indígenas
Un problema estructural, que puede ser abordado de forma inicial en las conversaciones de paz, es cuál
es el modelo de desarrollo rural que se construirá en el país.
y del pueblo colombiano, que fortalezca la
soberanía unidad de la nación en la diversidad
y proteja las culturas y las regiones
(ILSA, 2004).
En esta propuesta, los territorios y
los ejercicios de territorialidad de los
pobladores campesinos son los criterios
diseñados para guiar la ordenación territorial
y la construcción de la política
agraria y de desarrollo rural. Si en el
proceso de negociación, o en la política
de tierras y desarrollo rural que resulte
del mismo, se hace un énfasis desmedido
en los procesos de formalización y
ordenación de la propiedad de las tierras,
se corre el riesgo de formular un
modelo de ordenamiento territorial que
responda a los aspectos formales como
los derechos de propiedad privada de
predios, y no a realidades y necesidades
de los sectores que habitan y construyen
los territorios rurales.
Esta situación no resulta nueva para
los sectores campesinos. Muchas de las
políticas agrarias que se han formulado
e implementado, y que han llevado a la
consolidación de un modelo de desarrollo
rural que potencia el surgimiento
de múltiples conflictos rurales, no
han tenido en cuenta sus propuestas y
ejercicios territoriales, y los han considerado
únicamente en su dimensión
económica.
Así, una pregunta fundamental que
surge en este momento es la propuesta
de que la territorialidad de los sectores
campesinos, más allá de sus legítimas
demandas de desconcentración y acceso
a las tierras rurales, debe ser asumida
en el actual momento de la negociación
de paz. Es necesario reconocer las limitaciones
del proceso de paz, en el sentido
de que su éxito debe marcar el comienzo,
y no el final, de un proceso de
transformación democrática del mundo
rural. Por lo tanto, el escenario para el
reconocimiento y fortalecimiento de
las territorialidades campesinas podría
darse más en un espacio multilateral de
construcción de la paz, sobre la base de
los acuerdos bilaterales entre las partes
que están negociando actualmente.
Más allá de la agenda de
negociación: el modelo
de desarrollo rural
Un problema estructural, que puede
ser abordado de forma inicial en las
conversaciones de paz, es cuál es el
modelo de desarrollo rural que se construirá
en el país. Sobre esto, el último
informe del PNUD aporta un diagnóstico
claro y contundente, en el sentido
de que caracteriza al actual modelo de
desarrollo rural como “altamente in-
77
Foto CINEP/PPP
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 35
equitativo y excluyente, propicia innumerables
conflictos rurales, no reconoce
las diferencias entre actores sociales,
y conduce a un uso inadecuado y a la
destrucción de los recursos naturales
(PNUD, 2011).
Las voces de
las organizacio-
nescampesinas, indígenas
y afrocolombianas
comparten
este diagnóstico
y critican la implementacióninconsulta
de un
proceso de modernización
rural.
La propuesta de
desarrollo territorial rural del gobierno
se presenta favorable, en apariencia,
a un ordenamiento del desarrollo
rural que tiene en cuenta las fuerzas
vivas que construyen los territorios.
Sin embargo, presenta un problema
grave en la medida en que considera
a la competitividad y la especialización
productiva de los territorios
como criterios prioritarios del desarrollo
rural. Un riesgo adicional es que a
esta propuesta, se articulen las viejas
y fallidas fórmulas de solución de la
conflictividad rural, por medio de la
colonización y formalización de derechos
sobre las tierras en la frontera
agrícola, sin afectar la estructura de
la tenencia de la tierra en el país. El
mundo rural requiere de nuevas e innovadoras
formas políticas y jurídicas
que se ajusten a las realidades territoriales
de sus pobladores, y no que los
pobladores y sus territorios se ajusten
a las formas jurídicas determinadas
por las normas.
La tierra y el desarrollo rural han estado
vinculados con los orígenes y el desarrollo
del conflicto armado en el país.
En los inicios del conflicto eran mucho
más evidentes los vínculos entre concentración
de tierras y concentración de poder
político de los sectores terratenientes.
Uno de los orígenes de la confrontación
armada es que los sectores campesinos
que no tuvieron la capacidad de participar
en los acuerdos políticos del mo-
www.cinep.org.co
El mundo rural requiere de nuevas e
innovadoras formas políticas y jurídicas
que se ajusten a las realidades territoriales
de sus pobladores, y no que los
pobladores y sus territorios se ajusten
a las formas jurídicas determinadas por
las normas.
mento, y que por lo tanto no obtuvieron
satisfacción en sus demandas de acceso
a la tierra, se alzaron en armas contra el
Estado. La tierra hoy continúa en el centro
de la confrontación, pero por otros
motivos más
complejos: la consolidación
de un
modelo determinado
de desarrollo
rural, así como
los procesos de
concentración y
la modernización
productiva tienen
en las tierras rurales
su base física,
pero hoy se
demuestran con
más claridad las tensiones de las territorialidades
del capital y las de los sectores
campesinos, indígenas y afrocolombianos.
El territorio es hoy el espacio de
disputa y el modelo de desarrollo rural
ocurre en él.
Estos aspectos no son los únicos,
pero si muy relevantes en el proceso de
negociación. Es necesario reconocer que
el proceso de paz, en caso de llegar a
una solución exitosa, no transformará
inmediatamente el modelo de desarrollo
rural que se ha consolidado en el país.
Sin embargo, los resultados de la negociación
deben sentar las bases de un
modelo de política agraria y de desarrollo
rural sobre el cual pueda construirse
una paz estable y duradera. En este proyecto,
no se deben olvidar los cambios,
crisis y transformaciones que ha sufrido
el mundo rural, algunos de los cuales
han sido abordados en este artículo.
* Sergio Coronado Delgado:
Abogado. Magíster en Desarrollo Rural.
Investigador CINEP/PPP.
referencias
. Tierras .
Diego Quiroga y Víctor Barrera, “Los retos y
desafíos de la política de restitución de tierras.
¿Más de lo mismo”. En: Cien Días No. 75.
Bogotá, CINEP, Mayo – Julio 2012.
PNUD, 2011, “Colombia Rural. Razones
para la esperanza. Informe Nacional de
Desarrollo Humano 2011”, Bogotá.
“Mandato Agrario”, Consultado en: El Otro
Derecho, número 31-32. Agosto de
2004. ILSA, Bogotá D.C., Colombia.
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Declaración de
Cartagena
“Para sembrar la paz
hay que aflojar la tierra”
Declaración del Foro de la Tierra América Latina y El Caribe 2012.
Nosotros y nosotras,
más de 150 personas
de 12 países
de América Latina
y del Caribe, hemos
llegado a Cartagena
para participar
en el Foro de la Tierra 2012 que
tenía por lema “Para sembrar la paz hay
que aflojar la tierra”. Representamos a
organizaciones campesinas, indígenas,
afrodescendientes y de mujeres rurales;
así como organizaciones no gubernamentales,
centros de investigación,
organismos intergubernamentales e
instituciones públicas, incluyendo a los
miembros de la Coalición Internacional
para el Acceso a la Tierra (ILC). Nuestro
objetivo común es crear un espacio
de reflexión sobre los graves problemas
que enfrenta el mundo rural de América
Latina y el Caribe, en general, y de Colombia
en particular. El reconocimiento
y comprensión de estas dificultades nos
permite mirar hacia el futuro e identificar
los caminos de construcción de alternativas
y transformaciones de estos
problemas.
Realizamos un amplio recorrido por
temas de gran relevancia para la comprensión
de los problemas agrarios y rurales.
Hemos valorado tanto los conocimientos
académicos y científicos, como
aquellos construidos en la experiencia
de las organizaciones campesinas y sociales.
Después de una intensa jornada
de trabajo, identificamos los siguientes
puntos, sobre los cuales llamamos la
www.cinep.org.co
atención de los gobiernos, las instituciones
internacionales y la sociedad civil
de nuestros países.
1. La tierra y los territorios, hoy
más que nunca, continúan siendo un
tema central y la experiencia colombiana
es prueba de ello. La construcción
de sociedades más justas, sostenibles
y democráticas, requiere de formas de
acceso a la tierra con estas mismas características.
Los gobiernos y sociedades
de nuestra región requieren reconocer
lo que históricamente no ha sido reconocido,
y por lo tanto negado para los
más pobres y los/as excluidos/as: el
derecho a la tierra
y el territorio. En
este contexto, apoyamos
el proceso
de constitución de
la Zona de Reserva
Campesina en la
región de los Montes
de María, en el
caribe colombiano,
como una figura
que facilitará el acceso
y control de
los campesinos sobre
la tierra, y que
además permitirá
proteger y defender
sus territorios.
2. Los procesos
de construcción
de las políticas
públicas relevantes
para el mundo
. Tierras .
36
rural requieren de una mayor participación
y protagonismo de la sociedad civil,
particularmente de las organizaciones
campesinas, de pueblos indígenas,
afrodescendientes y de mujeres rurales.
La participación debe facilitar el reconocimiento
del campesinado y de los pobladores
rurales como actores sociales y
políticos. Las mujeres rurales, con sus
necesidades, aspiraciones y autonomía,
deben tener un lugar privilegiado en
este tipo de procesos, al igual que los/
as jóvenes rurales como agentes redinamizadores
de las estrategias y proyectos
del mundo rural.

37
. Tierras .
Si bien es im-
complejos. Reaportante
contar
firmamos el con-
con políticas pú- Si bien es importante contar con pocepto construido
blicas favorables líticas públicas favorables al acceso y por la Coalición
al acceso y control control de la tierra y los territorios, para y cuyos elemen-
de la tierra y los los campesinos, los pueblos indígenas, tos se han seña-
territorios, para los afrodescendientes y mujeres rurales, lado en la decla-
campesinos, los también resulta imprescindible impulsar ración de Tirana,
pueblos indígenas, estrategias de exigibilidad sobre estos sin embargo, es
afrodescendientes derechos a partir de un marco amplio e importante de-
y mujeres rurales, inclusivo de participación.
nunciar nuevas
también resulta
formas de aca-
imprescindible imparamiento
que
pulsar estrategias
no están exclusi-
de exigibilidad sobre estos derechos a vamente vinculadas con la compra y la
partir de un marco amplio e inclusivo de adquisición de derechos de propiedad
participación. Los procesos de exigibili- de las tierras, sino con el control de los
dad son diversos, en algunos casos im- territorios y sus dinámicas sociales, ecoplican
luchar contra marcos normativos nómicas y ambientales.
que excluyen y obstaculizan el acceso 4. Reconocemos que más allá de
a la tierra para campesinos y campesi- trabajar e incidir por el acceso a la tienas,
en otras oportunidades, se requiere rra, es necesario abordar el concepto
de procesos de exigibilidad para que las de territorio que resulta más amplio e
normas favorables se vuelvan una rea- integral y que resalta también los usos,
lidad. En Colombia, Guatemala, y otros las culturas y las relaciones de poder
países de la región se están discutiendo frente a las tierras. De esta forma, nues-
leyes de tierras y desarrollo rural. Estos tra reflexión y trabajo de incidencia, no
escenarios no solo deben permitir que se limita al acceso y administración de
las organizaciones campesinas presen- los suelos rurales, sino que procuramos
ten sus proyectos alternativos, sino que tener una mirada integral que involucra
sus propuestas sean tenidas en cuenta, los derechos sobre los bosques, el agua
de forma efectiva, para la expedición de y el conjunto de los recursos naturales;
políticas públicas incluyentes y que re- que también incluye el derecho de las
conozcan la diversidad del mundo rural. comunidades a usar, conservar y re-
3. Constatamos nuestra preocupaproducir sus propias semillas. Además,
ción por el continuo y creciente avance cuando abordamos la pregunta de quién
de los procesos de concentración de la usa y controla las tierras y los territorios,
tierra. Si bien existen particularidades y implica reflexionar sobre la producción,
diferencias en los contextos nacionales, la soberanía y la autonomía alimentaria.
este es un fenómeno común en el plano A pesar de las grandes dificultades, los
regional y con impactos nefastos para campesinos producen cerca del 40% de
los derechos fundamentales de campesi- los alimentos que consume la humanos
y campesinas. La concentración y el nidad. En este contexto, es importante
acaparamiento de tierras son procesos transformar las grandes discriminacio-
nes que sufren las mujeres rurales, ellas
contribuyen enormemente a la economía
y a la producción agroalimentaria,
así como en los procesos de distribución
de los alimentos, con su trabajo productivo
y reproductivo; además, se debe reconocer
su alta capacidad organizativa
y accionar político importante en la defensa
de sus derechos.
5. Las Directrices voluntarias sobre la
Gobernanza responsable de la tenencia
de la tierra, la pesca y los bosques en
el contexto de la seguridad alimentaria
nacional se constituyen en un marco
amplio y útil para la realización del
derecho a la tierra y al territorio de las
comunidades rurales. Estas han sido
construidas en un arduo proceso en el
cual la sociedad civil cumplió un papel
protagónico. Dicho proceso de involucramiento,
debe replicarse en cada uno
de los países, y por lo tanto el trabajo
recién comienza. Estratégicamente, reconocemos
que en su debilidad está su
fortaleza, y por lo tanto la exigibilidad
y la obligatoriedad de las directrices es
una tarea conjunta de la sociedad civil
frente a los gobiernos.
6. Denunciamos las graves violaciones
de los derechos humanos vinculadas
a los procesos de defensa y resistencia
de los territorios rurales. Resulta
particularmente preocupante la criminalización
de la protesta social, y las
amenazas que enfrentan los defensores
de derechos sobre las tierras, que simultáneamente
son defensores de derechos
humanos. Destacamos la situación de
Colombia, Guatemala, Honduras y Bolivia,
así como otros casos que preocupan
en los demás países de la región.
7. La construcción de la paz, requiere
la transformación del actual modelo
de desarrollo rural que se ha consolidado
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013
77

77 38
como excluyente y antidemocrático. En
la construcción de este nuevo modelo,
el crecimiento económico no debe ser el
factor prevalente. Comprender y valorar
las identidades de los pueblos campesinos,
indígenas y afrodescendientes es
fundamental en este proceso: los y las
campesinos/as no son solo productores
de alimentos, sino ciudadanos/as
con una propuesta territorial que debe
ser valorada. En este punto adquiere
una gran relevancia la propuesta del
buen vivir, que marca una alternativa
al desarrollo que se ha consolidado en
nuestros países. En la construcción de
esta alternativa la participación de la
sociedad civil es fundamental. De esta
forma, manifestamos nuestro apoyo al
proceso de paz que ocurre en Colombia
y resaltamos la importancia de que el
tema de tierras y desarrollo rural sea el
punto inicial de la agenda.
El mundo rural tiene un papel fundamental
en la construcción de la democracia,
y para transformarlo requerimos
del reconocimiento político de la
ciudadanía de los pueblos campesinos,
Ediciones anteriores
indígenas y afrodescendientes, de las
mujeres y de los jóvenes rurales. Los
miembros y socios de la Coalición se encontrarán
en Guatemala en la próxima
Asamblea y Foro de la Tierra Global. Los
aportes y reflexiones construidos desde
la plataforma regional de América Lati-
. Tierras .
na y el Caribe son insumo fundamental
para la construcción de nuevas estrategias
en el camino de esta red, que está
al servicio de la realización del derecho
a la tierra y al territorio de los pueblos
campesinos, indígenas, afrodescendientes
y de las mujeres y jóvenes rurales.
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) es una alianza global
de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales que
trabajan juntas para promover el acceso seguro y equitativo y control de la tierra
para los hombres y mujeres pobres mediante la incidencia, el diálogo, el intercambio
de conocimientos y la creación de capacidades.
El Foro de la Tierra América Latina y el Caribe 2012 “Para sembrar la paz
hay que aflojar la tierra” se organizó el 27 de noviembre de 2012 con motivo del
encuentro regional de la plataforma latinoamericana de la ILC realizada en Cartagena
el 26 de noviembre de 2012. El Foro fue organizado conjuntamente por
el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP) como organización
anfitriona en asociación con la Universidad Javeriana -Observatorio de Territorios
Étnicos, la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y OXFAM, y miembros y
socios de la Coalición.
Edición No. 73 Edición No. 74 Edición No. 75 Edición No. 76
www.cinep.org.co
77
¿Avanzar,
en qué dirección?

Las Pavas
de los campesinos
Por Equipo Incidencia y Comunicación CINEP/PPP
Entrevista realizada a Ubencel Duque Rojas, Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo y Paz
del Magdalena Medio.
El 14 de noviembre
de 2012, el INCO-
DER mediante rueda
de prensa 1 , dio
a conocer el fallo
de extinción de
dominio sobre los
predios de Las Pavas,
Peñaloza y Si
Dios Quiere, y también el reconocimiento
de baldío del predio conocido como El Recreo
que corresponde a los 14 predios que
constituyen el litigio del Caso de Las Pavas,
en proceso de clarificación de propiedad.
Cien Días habló con Ubencel Duque,
Director del Programa de Desarrollo y
paz del Magdalena Medio.
¿Sobre los principales
conflictos que vive el Magdalena
Medio frente al uso del suelo
que puede decirnos?
Los principales conflictos en el magdalena
medio que tienen que ver con el
uso del suelo, son los siguientes:
Dado que la mayoría de la población
en el territorio es campesina, -en 1996
se calcularon unas 48 mil familias campesinas
como parte de un diagnóstico
hecho por el Programa de Desarrollo y
Paz del Magdalena Medio –PDPMM-, es
www.cinep.org.co
muy serio el conflicto con la ganadería
extensiva porque fundamentalmente los
suelos son de vocación agrícola y están
hoy convertidos en ganadería. También
la agro-industria de la palma y los recién
llegados proyectos de plantaciones de
caucho están impactando la región. Existen
otros conflictos relacionados con el
uso del sub-suelo con la minería de oro
y la explotación de hidrocarburos que no
solamente involucra a los campesinos,
sino también a los pescadores. En la región
está la reserva de oro más grande
de Suramérica, en
la Serranía de San
Lucas. Otros dos
temas de conflicto
son la minería
de carbón y el
proyecto de la hidroeléctrica
sobre
el Río Sogamoso
que se está construyendo
en zona de los municipios de
San Vicente, Betulia, Zapatoca, Barrancabermeja,
Sabana de Torres, Los Santos,
Lebrija y Girón; allí también hay un
conflicto con comunidades campesinas
pues son 6 mil hectáreas las que inunda
este proyecto. Son usuales también los
conflictos que se generan por obras de
infraestructura vial y también en la creación
de los puertos multimodales de la
región, porque todos tienen en común
elementos como tierra, suelo, economía
campesina, de pescadores y otros proyectos
de asentamientos urbanos sobre
la orilla del río Magdalena que también
son impactados.
Nosotros calculamos que en la región
del magdalena medio está en marcha la
ejecución de una inversión cercaba a los
En la región del magdalena medio
está en marcha la ejecución de una inversión
cercaba a los 20 billones de pesos
para los próximos siete años.
. Entrevista .
39
20 billones de pesos para los próximos
siete años y la mayoría de esta inversión
está relacionada con explotación minera,
obras de infraestructura, agroindustria,
plataforma logística del río en Barrancabermeja
y los puertos, también lo que
tiene que ver con proyectos que buscan
profundizar el calado del río para la navegación
y la conducción del agua que
favorece la navegación en la región.
Y en contraste con estas inversiones
nuestra discusión es que no existe una intervención
concertada, dialogada, construida
para que
este tipo de pro-
yectos no pongan
en riesgo los planes
históricos que
la comunidad, las
poblaciones y las
urbanizaciones
que se han venido
desarrollando por
años, incluso que el mismo Estado colombiano
ha apoyado al invertir recursos
de cooperación internacional en eso.
En el magdalena medio intervienen
dos lógicas: una centrada en proyectos
de grandes recursos y alta tecnología que
producen alta rentabilidad pero generan
bajo empleo y además alto impacto en
el ambiente; frente a proyectos que tienen
menos recursos, producen menos
rentabilidad –principalmente para los
grupos empresariales- pero generan mayor
empleo y acceso a recursos para la
vida de los campesinos principalmente.
Ahora, ¿Qué tienen en común este tipo
de intervenciones? Que están sobre la
tierra, usan tecnología y recursos y regularmente
intervienen zonas estratégicas
donde históricamente las comu-

40
. Entrevista .
nidades han establecido sus poblados.
Esto genera grandes problemas frente
al territorio.
Un elemento que no puede dejarse
por fuera es que los conflictos de
la región están relacionados también
con la forma en la que históricamente
se ha hecho colonización y cómo los
recursos fruto del narcotráfico y el fenómeno
del paramilitarismo, se entrecruzan
en las regiones y empiezan a
disputar zonas estratégicas en el magdalena
medio. Esa situación profundiza
la expresión crítica del conflicto en
la región.
Frente a las inversiones
de la industria minera y
el desarrollo energético y
explotación de hidrocarburos
se han presentado
movimientos de resistencia
en todo el país. ¿Cómo se
da esta relación entre los
habitantes y los inversionistas
en el magdalena medio?
Ahí hay una experiencia más desarrollada
en la serranía de San Lucas,
con las asociaciones de pequeños
mineros y la Federación Agro Minera
del Sur de Bolívar, compuesta por
organizaciones campesinas y de pescadores
que, frente a las concesiones
de áreas mineras a multinacionales,
emprendieron un proceso organizativo,
de formación, de conocer a profundidad
los derechos del campesino
Y en contraste con estas inversiones
nuestra discusión es que no existe una
intervención concertada, dialogada,
construida para que este tipo de proyectos
no pongan en riesgo los planes históricos
que la comunidad, las poblaciones
y las urbanizaciones que se han venido
desarrollando por años, incluso que el
mismo Estado colombiano ha apoyado
al invertir recursos de cooperación internacional
en eso.
tanto como del minero y se estableció
un mecanismo de interlocución con
el gobierno nacional; ese mecanismo
de interlocución lo hemos llamado la
mesa de interlocución del sur de Bolívar
y el proceso organizativo que agrupa
estas expresiones es la Comisión de
Interlocución del Sur de Bolívar, con
una estrategia de dialogo, de construir
una agenda colectiva y de tener también
un esquema de acompañamiento
desde organizaciones de la región, nacionales
e internacionales que tienen
que ver con Derechos Humanos y paz,
también vinculando el Sistema de Naciones
Unidas y la Defensoría del Pueblo
para crear realmente condiciones y
abordar los conflictos de manera más
dialogada. Allí hemos establecido un
proceso de interlocución que está en
cabeza de la Vicepresidencia de la República
desde la dirección del Programa
de Derechos Humanos y DIH pero
también los ministerios que están a
cargo de temas de la agenda que afectan
la región.
Este mecanismo lleva realmente
a que se asuman los conflictos y se
avance con logros claves para la vida
en el Magdalena Medio.
¿Cuáles han sido esos logros?
Hacer visible toda la problemática
de Derechos Humanos que se genera
con este tipo de proyectos en la región
y frente a esto haya una respuesta del
Gobierno Nacional y acompañamiento.
Por ejemplo frente al problema
minero y las concesiones que se entregaron
a Anglogold Ashanti se logró
tomar una figura que se llama “áreas
de reserva especial minera” y esa figura
se planteó para el sur de Bolívar, declarado
como área de reserva especial
para el pequeño minero en 7 áreas,
que eran de la empresa y pasaron a
ser de los mineros porque demostraron
que siempre habían estado allí y
que el conflicto los había sacado de la
zona. También tener hoy dos proyectos,
uno de tecnología limpia y otro
para elevar el nivel de competitividad
del pequeño minero dan cuenta de estos
logros.
¿Qué proyectos se han
hecho enfocados hacia el
desarrollo campesino y de
sus sistemas productivos?
Desde el PDPMM hemos hecho el
trabajo de identificar muy bien la vocación
campesina y sus proyectos y
hemos configurado una línea de trabajo
de fincas campesinas conjuntamente
con las comunidades. Estas
fincas campesinas están constituidas
es un sistema productivo articulado
con diversidad de productos que se
complementan, distribuido en unos
predios en los cuales la familia campesina
está desarrollando su proyectos
de vida acompañado de procesos de
formación, incidencia política a nivel
municipal o teniendo acceso a recursos
de incentivo rural. Todo esto se
hace de manera asociativa y haciendo
un esfuerzo de investigación para
ir apropiando mejores prácticas hacia
los proyectos.
Estamos aplicando también mecanismos
de comercialización de los
productos para que el campesino pueda
tener una ruta más completa en el
desarrollo estratégico de sus proyectos.
El PDP (Programa de Desarrollo
y Paz) ha identificado que una finca
campesina tiene un producto que jalona
la generación de excedentes y otros
productos que aseguran la seguridad
alimentaria entonces tenemos variedad
de especies como cacao, banano,
palma, micro hatos y café.
¿De qué depende el tipo de producto
principal? De la vocación del suelo, de
la vocación cultural de la familia y que
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 41
la zona permita desarrollar esta labor.
Tanto campesinos como pescadores se
reconocen como un trabajador comprometido
con los Derechos Humanos, el
trabajo colectivo y el cuidado del medio
ambiente. Este tipo de procesos están
sucediendo en el sur de Bolívar, el sur
del Cesar y el Magdalena Medio santandereano
y antioqueño.
Frente al caso de Las Pavas,
en el sur de Bolivar, donde
resuelve el INCODER la extinción
de dominio a favor de los
campesinos y que representa
1290 hectáreas ¿qué implica
esta decisión y qué proceso
está por venir en el caso?
Este caso de Las Pavas es liderado por
una asociación campesina de un corregimiento
que se llama Buenos Aires en el
municipio del Peñón Bolívar. Se trata de
14 predios en los cuales la comunidad
entró por considerar que poseen derechos
históricos pues sus familias y ellos
han vivido allí siempre y además estos
terrenos estaban abandonados. Luego
aparecen empresas privadas reclamantes
argumentando la propiedad sobre
estas tierras y la comunidad expuso que
al respecto habían sufrido un proceso de
despojo debido a la manera en que se
fueron adquiriendo los terrenos.
Desde el PDP, en el proceso de acompañamiento
a ASOCAB descubrimos
que 11 predios tenían falsa tradición lo
que llevaba a pensar que esos predios
eran baldíos y lo que habían acumulado
eran tan sólo mejoras. Y tres predios si
tenían escritura y registro de instrumentos
públicos pero por abandono, allí se
está aplicando el principio de la función
social de la propiedad, además de otros
factores que en la historia de este proceso
ya se conocen públicamente con respecto
al origen de los recursos de adquisición
de estos predios antes de que los
adquirieran las empresas y el consorcio
San Labrador entre las empresas Grupo
Dávila y Aportes San Isidro.
En ese proceso de clarificación de
propiedad hay dos inspecciones oculares.
La última inspección se hace en
junio y el INCODER expide una resolu-
www.cinep.org.co
ción en el mes de septiembre de 2012
reconociendo que 10 de esos predios
son baldíos pero además hay algunos
que son de protección por ser humedales.
En el mes de octubre el INCO-
DER realiza la inspección ocular para
la extinción de dominio en esos 3 predios,
Peñaloza, Si Dios Quiere y Las
Pavas. Luego expide una resolución
sobre esos 3 predios indicando que al
respecto procede la extinción total del
dominio. Anterior a eso la comunidad
tiene un elemento muy importante
que es la sentencia T-267 que expide
la Corte Constitucional donde los reconoce
como poseedores y reconoce que
es una comunidad vulnerable desplazada.
Esto les da una legitimidad en
su titularidad y sobretodo vincula un
factor importante para estos casos que
es el respeto a los derechos humanos.
Entonces se espera que estas resoluciones
queden en firme para que
después haya proceso de adjudicación
a las 116 familias que son las que
en este momento están censadas para
acceder a estos predios. Lógicamente
las empresas tienen un tiempo para
apelar las decisiones de manera que
aun no puede considerarse un tema
cerrado.
Donde están ubicados
en este momento?
Esta comunidad está ubicada en el
corregimiento de Buenos Aires pero
también viven en Las Pavas, en los predios,
ellos tienen allí ranchos campesinos
y esa ha sido la tensión con la que
ha venido viviendo esta comunidad
desde el 14 de julio de 2009 en adelante,
cuando fue desalojada. Ellos luego
retornaron al predio precisamente
amparados en la sentencia de la Corte
Constitucional que daba ese reconocimiento.
Viven allí en un conflicto constante
con San Isidro que es la empresa
que exige ser la titular de estos predios.
Este es un proceso que el país tiene
que ayudar a cuidar, las organizaciones
de derechos humanos tenemos que empezar
a cuidar. Porque aquí comienza a
mostrarse una ruta a seguir para el país
de solución a los problemas estructu-
. Entrevista .
rales de la problemática de la tierra y
sobre todo de familias desplazadas y familias
victimas. Creo que hay un aprendizaje
muy interesante y la manera en
la que el derecho civil sigue siendo muy
importante para favorecer los derechos
de las comunidades excluidas.
El comunicado que alerta
sobre el surgimiento de un
ejército anti restitución en
Córdoba, Sucre y Bolívar
pone en riesgo la vida y el
trabajo de estas comunidades.
¿Cómo responder a esto?
La primera información que se tiene
de ejército anti restitución de Colombia
surge en el departamento del
Cesár, luego se va hacia el centro y
sur del Cesár, luego esto no es solo
una expresión allí sino empieza a tener
características nacionales. Se dice
por las informaciones que dan que es
un ejército: hacen uso de las armas
y tienen una estrategia y una fuerza
también expresada políticamente, jurídicamente,
socialmente además que
tiene un propósito y es oponerse al acceso
que tienen las víctimas a su derecho
legítimo de la tierra y el territorio
de los cuales han sido despojados y
desplazados en Colombia.
Este es un tema muy delicado para
el que necesitamos unir esfuerzos, estudiarlo
muy bien y creemos que la
ruta es la alianza y acompañamiento
entre organizaciones sociales, campesinos,
universidades, instituciones, porque
si bien las entidades del gobierno
tienen que ejercer sus competencias, la
capacidad que tenemos como organizaciones
para crear condiciones y que estos
planes se puedan desarrollar es fundamental.
En esto el acompañamiento
de la comunidad internacional es clave
también.
Nota
1 Ver video “INCODER realizó extinción de
dominio en tres predios de la hacienda
“Las Pavas”. Disponible en: http://www.
youtube.com/watch?v=jA-ITiT-GSc.

42
. Regiones .
Obstáculos que impiden
el fin del conflicto en el Chocó
Por Juan Pablo Guerrero Home*
Análisis de los cultivos de coca, el desplazamiento forzado, la presencia de actores armados y la
actividad minera como elementos desestabilizadores de la paz en el departamento del Chocó.
La disputa violenta
entre grupos armados
ilegales por
el control social y
territorial de cascos
urbanos y rurales,
la usurpación y
compra masiva de
tierras, los múltiples
desplazamientos, la militarización
del territorio como política de seguridad
pública, la rápida expansión de los
cultivos de uso ilícito y la utilización de
estos territorios como ruta para la comercialización
de la coca, la extracción
de oro, plata y platino, la consideración
de gran parte del territorio como área especial
para la exploración y explotación
de hidrocarburos, el hecho de ser estimada
como la zona del país con menor
desarrollo y mayores niveles de pobreza,
sumado a una institucionalidad pública
tradicionalmente débil y corrupta, son
considerados los grandes obstáculos del
Chocó que impiden el fin del conflicto armado
interno en medio de la negociación
y el diálogo con las Farc.
Las comunidades negras, mestizas e
indígenas del Chocó se ven hoy obligadas
a enfrentar difíciles circunstancias,
representadas principalmente en los siguientes
elementos desestabilizadores
de la paz:
1. Cultivos de coca
Según el Sistema Integrado de Monitoreo
de Cultivos Ilícitos (Simci), entre
los años 2008 y 2009, las áreas cultivadas
con hoja de coca en el departamento
del Chocó disminuyeron en un 36%:
Cuadro No. 1
MuniCipios Con presenCia de Cultivos de CoCa, 2010-2011
Municipio
Hectáreas afectadas
2010
pasaron de 2.794 a 1.789 hectáreas; en
2010 la cifra se incrementó en un 77%,
al pasar a cubrir 3.158 hectáreas de 16
municipios del departamento. El área
cultivada con coca en 2011 disminuyó
en una quinta parte con respecto al año
2010; se destaca que, si bien los cultivos
de coca a escala municipal afectaron a 21
municipios, todos ellos, con excepción
Hectáreas afectadas
2011
variación porcentual
2010-2011
Istmina 847 684 -19%
Alto Baudó 489 196 -60%
Bajo Baudó 419 248 -41%
Medio Baudó 333 352 6%
Nóvita 249 464 86%
Riosucio 243 86 -65%
Sipí 191 130 -32%
El Cantón de San Pablo 133 68 -49%
San José del Palmar 107 104 -3%
Litoral del San Juan 60 36 -40%
Condoto 33 59 79%
Río Quito 30 16 -47%
Unguía 29 6 -79%
Quibdó 26 14 - 46%
Nuquí 13 12 -8%
Lloró 10 - -100%
Juradó - 18 100%
Acandí - 6 100%
Bojayá - 4 100%
Tadó - 4 100%
Medio Atrato - 3 100%
Unión Panamericana - 1 100%
total Chocó 3.158 2.511 -20%
Fuente: Área de cultivos de coca en el departamento del Chocó. Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, 2011. Procesado: CINEP/PPP
de Juradó, Nóvita, Condoto y Medio
Baudó, presentaron una disminución
de las hectáreas sembradas; hay que
decir que Istmina y Nóvita concentran
el 45,7% de tales cultivos en el departamento.
Del mismo modo, se resalta que
las 2.511 hectáreas de coca existentes en
el Chocó en 2011 representan apenas un
3,9% del total nacional (64.000 ha) y un
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 43
9,34% de la región Pacífica (26.789 ha)
(UNODC, 2011, p.8).
Por otro lado, en el año 2011 fueron
incautados por las autoridades 4.254
kg de hoja de coca, 85 kg de base de
coca, 19.446 kg de cocaína, 31 kg
de heroína y 1.012 kg de marihuana
prensada,(UNODC, 2011, p.88), lo que
evidencia el aumento progresivo de las
zonas cultivadas de ese producto en el
departamento, especialmente en las subregiones
de los ríos San Juan y Baudó.
Aunque el interés parezca tener relación
solo con el narcotráfico, no se pueden
perder de vista las alianzas y pactos
de no agresión entre los actores políticos,
económicos y armados —legales e
ilegales—, los cuerpos de investigación
judicial y los miembros de las comunidades,
los cuales distribuyen sus funciones
en el cultivo, producción, transporte,
vigilancia, venta y hasta incautación de
coca, con el fin de dominar y controlar
espacios para detentar el control sobre
los circuitos de ilegalidad, particularmente
áreas con cultivos de uso ilícito,
Sin embargo, aunque el interés parezca
tener relación solo con el narcotráfico,
no se pueden perder de vista
las alianzas y pactos de no agresión
entre los actores políticos, económicos
y armados —legales e ilegales—, los
cuerpos de investigación judicial y los
miembros de las comunidades, los cuales
distribuyen sus funciones en el cultivo,
producción, transporte, vigilancia,
venta y hasta incautación del alcaloide,
con el fin de dominar y controlar espacios
para detentar el control sobre los
circuitos de ilegalidad, particularmente
áreas con cultivos de uso ilícito, sitios
de ubicación de laboratorios para el
procesamiento de alcaloides y rutas de
embarque de narcóticos y desembarque
de insumos, armamento y artículos de
contrabando.
El crecimiento y la expansión de los
cultivos de coca en el departamento del
www.cinep.org.co
Cuadro No. 2
departaMentos Con presenCia de Cultivos de CoCa, 2008-2011
región paCiFiCa (por HeCtáreas)
departamento 2008 2009 2010 2011
variación
2010-2011
Nariño 19.612 17. 639 15.951 17.231 8%
Cauca 5.422 6.597 5.908 6.066 3%
Chocó 2.794 1.789 3.158 2.511 - 20%
Valle del Cauca 2.089 997 665 981 48%
total 29.917 27.022 25.682 26.789 - 4%
Chocó y su entorno de violencia y depredación
ecológica, son el resultado
del crecimiento de un sector rural marginado,
de una institucionalidad pública
tradicionalmente débil y corrupta, que
hoy está siendo cuestionada como nunca
antes, y de un modelo de desarrollo
fundado en el crecimiento económico y
que adelanta la explotación de los recursos
naturales y la biodiversidad, lo
mismo que la apertura de esta región a
los mercados internacionales. Son consecuencias
sociales nocivas que dan
origen a una profunda ruptura social, a
un creciente deterioro del nivel de vida
de los sectores pobres, al debilitamiento
y derrumbe de procesos organizativos
y economías locales tradicionales, difí-
. Regiones .
Fuente: Área de cultivos de coca en el departamento del Chocó. Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, 2011. Procesado: CINEP/PPP
ciles circunstancias que, acompañadas
de una precaria y reducida respuesta del
Estado colombiano, de manera determinante
impiden la consecución de la paz.
2. desplazamiento forzado
El Registro Único de Población Desplazada
(Rupd) del Departamento para
la Prosperidad Social (DPS) encontró
que entre los años 2008 y 2011 el departamento
del Chocó fue escenario de
la expulsión de 34.668 personas, provenientes
de la totalidad de sus municipios,
que componen una población
estimada en 476.163 habitantes(DANE,
2005). En ese mismo periodo, 2008 fue
un año particularmente crítico (12.134
Los municipios de Quibdó e Istmina y las subregiones del Baudó y San Juan, en el Chocó, fueron las áreas
más afectadas por el incremento del desplazamiento forzado durante 2011.
FoTo CINEP/PPP

44
. Regiones .
Cuadro No. 3
desplazaMiento Forzado en CHoCó 2008-2011
12.134
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Cuadro No. 4
4.867
8.726
4.410
4.075
2.418
9.733
2008 2009 2010 2011
4.943
Expulsión de personas Recepción de personas
Fuente: Departamento de la Prosperidad Social – DPS. Procesado: CINEP/PPP
personas expulsadas), a causa de la lucha
armada entre bandas criminales y
las guerrillas de las Farc y el ELN por el
control social y territorial, especialmente
en las cabeceras municipales de Quib-
desplazamieNTo Forzado eN ChoCó por muNiCipios 2008 2011
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
348
Bahía
Solano
420
731
Acandí
626
890 1025
Unguía
136 133 87
San José
del Palmar
Litoral del
San Juan
Fuente: Departamento de la Prosperidad Social – DPS. Procesado: CINEP/PPP
dó e Istmina y en las subregiones de los
ríos San Juan y Baudó, donde la población
civil, en su mayoría negra e indígena,
quedó en medio de la confrontación.
Posteriormente, entre 2009 y 2010, se
1204
1691
1862
Medio
Atrato
1046
2032
Alto
Baudó
778
presenta un descenso significativo en la
tendencia del desplazamiento, asociado
en buena parte a la disminución de los
enfrentamientos entre los grupos armados
regionales. No obstante, en el año
2011 el desplazamiento forzado se incrementó
notablemente: alcanzó a 9.733
personas y las áreas más afectadas fueron
los municipios de Quibdó e Istmina
y las subregiones del Baudó y San Juan.
El municipio de mayor expulsión fue
Quibdó, que durante el periodo analizado
concentró el 12,7% del total de
personas desplazadas (4.426). Este centro
urbano, capital del departamento,
presenta altos índices de violencia, sustentados
en tres posibles escenarios: a)
la presencia y actividad armada de los
frentes 34 y 57 de las Farc y el Frente
Manuel Hernández ‘El Boche’ del ELN
en su zona rural y las cuencas de los
ríos Munguidó y Neguá; b) la disputa
por el control social y territorial entre
milicias urbanas de los frentes 34 y 57
de las Farc y bandas criminales como
las Águilas Negras y Los Rastrojos; y
c) la delincuencia asociada a pandillas
delictivas, que actúan por lo menos en
cuatro de las seis comunas de Quibdó.
2599 2626 2700
2558
Medio
Baudó
Bajo
Baudó
Mas receptores
Itsmina
3551
5428
Quibdó
Mas expulsores
4426
77

77 45
Por estas vías, Quibdó viene soportando
un agravamiento gradual del conflicto
armado en sus sectores rural y
urbano, que se refleja en el control de
diferentes actividades económicas y comerciales,
que pasan por el lavado de
activos, el microtráfico de narcóticos,
los asesinatos selectivos, extorsiones,
secuestros y hurtos, entre otros delitos.
Es importante destacar que el incremento
en el volumen y la extensión de
la expulsión y la recepción de población
desplazada en las subregiones de
los ríos San Juan y Baudó durante los
últimos cuatro años, probablemente es
consecuencia de la disputa entre bandas
criminales, como Los Rastrojos y Águilas
Negras, contra el Frente de Resistencia
Cimarrón, adscrito al Frente de Guerra
Occidental del ELN, en alianza con
el Frente Aurelio Rodríguez, de las Farc,
por el control de territorios estratégicos
utilizados para el cultivo, el procesamiento
y el transporte de la hoja de coca
hacia los mercados internacionales.
Por otro lado, en cuanto a la recepción
de población desplazada en el
periodo analizado (16.638 personas),
Quibdó ocupa el primer lugar, puesto
que recibió a 5.428 personas y concentró
el 32,6% del total desplazado, seguido
del Bajo Baudó, que acogió a 2.626, y de
Istmina, que alojó a 2.558. Un aspecto
importante es el alto porcentaje de poblacióndesplazada
que permane-
ce o se reubica en
el departamento.
Esto se debe a la
tendencia histórica
hacia el “apego
territorial”.
Desde el año
2008, el desplazamiento
de personas
en el departamento
del Chocó
es consecuencia
de la consolidación de grupos armados
ilegales que han convertido a la
población negra, mestiza e indígena en
objetivo militar, así como a sus territorios
en botín de guerra, ambos factores
aptos para la expansión de la frontera
agrícola, la transformación del paisaje
www.cinep.org.co
y la construcción de una infraestructura
adecuada para atraer la inversión del
capital.
3. la presencia de
actores armados
Desde el año 2008, el desplazamiento
de personas en el departamento del
Chocó es consecuencia de la consolidación
de grupos armados ilegales que
han convertido a la población negra,
mestiza e indígena en objetivo militar,
así como a sus territorios en botín de
guerra.
La existencia de grupos armados ilegales
que ejercen control territorial y
social en la totalidad de los municipios
del departamento del Chocó 1 , así como
la militarización de tales territorios
como política de
seguridad pública
y de solución del
problema de la
violencia, constituyen
un escenario
cada vez
más complicado:
en las diversas
subregiones del
departamento se
presentan alianzas
estratégicas e
intensas disputas
entre actores armados de distinta índole,
situación que facilita la realización
de acciones de guerra contra un determinado
territorio, de acuerdo con los
intereses que estén en juego y con el
contexto circunstancial que se va presentando.
. Regiones .
En la actualidad se encuentran operando
en el departamento el Batallón de
Infantería No. 12, Alfonso Manosalva
Flórez, la Fuerza de Tarea del Darién, la
Fuerza de Tarea del Atrato, las Brigadas
III, XV y XVII y los Batallones de Contraguerrillas
No. 100 y 101 del Ejército
Nacional, y el Comando de Infantería
de Marina del Pacífico, de la Armada
Nacional. En cuanto a la Policía, están
presentes los cuerpos pertenecientes al
departamento del Chocó y los correspondientes
a Urabá, que cubre los municipios
chocoanos de Acandí, Unguía,
Riosucio, Carmen del Darién y Juradó.
Por su parte, las Farc disponen del
Bloque Noroccidental “Iván Ríos”, con
sus frentes 57 y 34, la compañía “Aurelio
Rodríguez” y el Bloque Móvil “Arturo
Ruiz”. El primero se ubica principalmente
en el Bajo Atrato y el Darién Caribe,
algunas zonas del Medio Atrato y el litoral
Pacífico Norte. El segundo y el tercero
se sitúan en el Medio y el Alto Atrato
y las partes alta, media y baja de los ríos
San Juan y Baudó. Por último, el Bloque
Móvil “Arturo Ruiz” se encuentra
asentado en las partes media y baja del
río San Juan y en los límites de Chocó,
Risaralda y el norte del Valle del Cauca.
En cuanto al ELN, dispone del Frente
de Guerra Occidental, integrado por los
frentes Manuel Hernández ‘El Boche’,

46
. Regiones .
Cacique Calarcá, Ernesto ‘Che’ Guevara
y Resistencia Cimarrón, así como de la
Compañía de Tropas Especiales “Omar
Salgado”. Sus acciones se concentran en
el Medio y el Alto Atrato, la parte media
y baja del río San Juan, la parte alta,
media y baja del río Baudó y los límites
entre Chocó y Risaralda.
Por último, las bandas criminales tienen
presencia en las 30 cabeceras municipales
del departamento; de ellas, las
Águilas Negras es la que afecta a una
mayor cantidad de municipios: 19, seguida
por Los Rastrojos, con 18 municipios;
Renacer, con 10; Los Urabeños,
con seis y La Oficina de Envigado, que
junto con Los Paisas afecta a cuatro municipios.
La jurisdicción municipal que
concentra la mayor cantidad de estas
bandas es Bahía Solano (Águilas Negras,
La Oficina de Envigado, Los Urabeños,
Los Paisas y Los Rastrojos), seguida por
Quibdó (Águilas Negras, Renacer, Los
Urabeños y Los Rastrojos); Istmina y los
municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó
son territorios de las Águilas Negras,
Los Rastrojos y Renacer).
Llama la atención que sean las zonas
rurales de la capital del departamento,
quienes concentren la mayor
cantidad de títulos mineros vigentes,
situación que probablemente respondería
a los grandes yacimientos de oro
localizados en la cuenca del río Neguá,
por nombrar alguna.
El anterior panorama ha traído consigo
que los procesos organizativos de
comunidades negras, mestizas e indígenas
del Chocó sean fuertemente presionados
por nuevos órdenes políticos,
sociales y económicos, impuestos localmente
por ejércitos en contienda, factor
que en buena parte ha conducido a una
dinámica de ‘reprimerización’ de la economía,
que tiene diversos componentes
centrales: expansión de la frontera agrícola;
transformación del ordenamiento
territorial y el paisaje; cultivo, procesamiento
y comercialización de drogas;
armas y contrabando; concesiones a
grandes empresarios de madera y de industrias
extractivas minero-energéticas.
Es decir, se trata del establecimiento de
condiciones aptas para la expansión de
capital como mecanismo de guerra y
control territorial.
Esta suma de intereses, acciones armadas
y difíciles circunstancias sociales
aleja el fin del conflicto armado y perpetúa
la espiral de la violencia; situación
que provoca graves impactos sociales,
culturales, económicos, ambientales y
políticos, entre ellos la usurpación del
territorio, el desconocimiento de procesos
organizativos de las comunidades,
la descomposición del tejido social, la
pérdida de unidad, del significado de
los factores culturales y del sentido de
pertenencia, la desestructuración de las
organizaciones básicas de la comunidad
y de la familia, el consejo comunitario,
el resguardo indígena, etc. En últimas,
el socavamiento de la autonomía de las
comunidades que allí habitan.
4. el caso de la minería
De acuerdo con el Sistema de Información
Minero Colombiano (Simco), el
total de títulos mineros vigentes en el
Departamento del Chocó en el año 2011
llegaba a 157. Sobresalen allí la empresa
Anglogold Ashanti Colombia S. A., con
61 títulos (42,67% de la concentración
total), el Proyecto Coco Hondo S. A. S.,
con 16 títulos (10,1%), la firma Muriel
Mining Corporation, con siete títulos
(4,4%) y el Consorcio Metrocorredores,
con cuatro títulos (2,5%); el restante
40,33% aparece distribuido entre 54
empresas —naturales y jurídicas—, que
poseen menos de tres títulos.
Los municipios que tienen la mayor
probabilidad de ser afectados territorialmente
por acciones de exploración,
construcción y montaje son Quibdó (43
títulos mineros), El Carmen de Atrato
(24), Bagadó (23), Riosucio (22), Tadó
(14) e Istmina (11). Llama la atención
que sean las zonas rurales de la capital
del departamento, quienes concentren
la mayor cantidad de títulos mineros
vigentes, situación que probablemente
respondería a los grandes yacimientos
de oro localizados en la cuenca del río
Neguá, por nombrar alguna.
Por otro lado, según el Sistema de Información
Minero Colombiano (Simco),
en 2011 nuestro país alcanzó el máximo
nivel de producción de oro: un total de
55,9 toneladas, la mitad de las cuales
(27,9 tn) fue extraída del territorio chocoano.
Es una cifra considerable, si se
tiene en cuenta que pocos años atrás, y
con excepción del año 2010 (cuando el
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 47
total de producción aurífera fue de 53,6
tn), ese departamento solo aportaba el
10% del total de producción nacional.
Es muy visible el hecho de que la
explotación del mineral en el Chocó
se lleve a cabo en territorios colectivos
y tradicionales de comunidades negras
e indígenas, situación sumamente
preocupante que ha creado problemas
inmediatos que afectan a sujetos de derechos
colectivos e individuales.
En la mayoría de los casos la actividad
se realiza con violación del derecho
de consulta previa con la comunidad
afectada. Las explotaciones que se realizan
de manera técnica y bajo un esquema
de responsabilidad social y ambiental
están ausentes, y los impactos
ambientales y sociales son la norma:
tala de bosques y destrucción de suelos,
desaparición de fuentes hídricas, cambios
de cauce de los ríos, migración y
destrucción de especies de fauna íctica,
avifauna y fauna terrestre; pérdida de
las escasas tierras aptas para la agricultura,
empobrecimiento paulatino de la
población local; pérdida de autonomía
de las autoridades étnicas, disputas por
la posesión, tenencia y uso de la tierra
por parte de distintos actores armados
ilegales, amenazas, desplazamiento forzado
y asesinatos selectivos.
Son razones suficientes para que la
minería descontrolada sea considerarla
como uno de los elementos que provocan
un mayor grado de inseguridad,
desprotección y deslegitimación de la
institucionalidad estatal.
Los anteriores son algunos de los
numerosos factores que impiden el fin
del conflicto armado en medio de la negociación
y el diálogo con las Farc. Mucho
se ha dicho y podrá decirse del presente
y el futuro de las negociaciones
de paz, pero es claro que si este diálogo
no se construye a partir de los territorios
—localidades y regiones afectadas—,
de las cosmovisiones, creencias
y valores que allí se encarnan, es decir,
con base en una comprensión de la realidad
a través de un enfoque cultural,
económico-productivo, social y político,
mediante la construcción de diálogos
regionales de actores múltiples, el
tan anhelando sueño del fin del conflicto
es nugatorio.
* Juan Pablo Guerrero Home: Equipo Chocó - Andén Pacífico del CINEP/PPP.
Rompecabezas es una realización del CINEP/PPP, 1430 AM,
Ponticia Universidad Javeriana y Javeriana Estéreo
www.cinep.org.co
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@r0mpecabezas
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referencias
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito. Colombia. Censo cultivos de coca 2011.
Pág. 8. Junio de 2012. Bogotá.
Ibíd., Pág. 23.
Ibíd., Pág. 88.
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística – DANE. Colombia. Censo General
departamento del Chocó. 2005.
Oficina de las Naciones Unidas contra la droga
y el delito (UNODC), 2011, “Censos cultivos de
coca 2011”, Bogotá, junio, p.8, 23 y 88.
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística -DANE-, 2005, “Censo general departamento
del Chocó”, Colombia.
Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el
delito (UNODC), 2012, “Censos cultivos de coca;
estadísticas municipales 2011”, Bogotá, agosto.
Registro Único de Población Desplazada (Rupd)
del Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
disponible en: http://www.dps.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2[2012]
Sistema de Información Minero Colombiano (Simco)
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/
consulta/listaResultado.cmc[2012]
nota
1 La información aquí suministrada es el resultado
del trabajo en terreno entre el equipo Chocó
- Anden Pacifico de CINEP/PPP y el Foro Interétnico
Solidaridad Chocó (FISCH).
Participa
llamando al
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Y conéctate con nosotros en:
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48
. Regiones .
A propósito del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina:
“Colombianizar”
a toda costa
o ser raizal allende los mares
Por Martha Cecilia García*
La movilización social de los Raizales da cuenta de una historia larga
de reivindicaciones y luchas por la protección de sus derechos, más
allá de las discusiones políticas y las tensiones que con el tiempo han
llegado al Archipiélago.
El Archipiélago de
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
ha sido un
extraño objeto del
deseo, lejano en
nuestra geografía,
insólito en nuestra
imaginación. Para
incluirlo en el mapa de Colombia hay que
meterlo en un recuadrito en la superior
izquierda, y tiene una escala tan distinta
que su extensión parece ser la misma de
Caldas, Risaralda y Quindío juntos.
La lejanía del territorio insular, concebido
como parte de los confines del país,
poblado mayoritariamente por negros de
habla inglesa y religión protestante, los
vaivenes de su estatuto territorial 1 , la
urgencia de establecer soberanía en ese
territorio —o el temor de perderlo, tras la
separación de Panamá— , hicieron parte
de los argumentos esgrimidos por el
gobierno central para encaminarse, a lo
largo de más de un siglo, en la tarea de
colombianizarlo a toda costa, que no era
otra que integrarlo al proyecto nacional.
Las políticas de “colombianización” se
expresaron a través de leyes que impusieron
el aprendizaje obligatorio del español
y la conversión al catolicismo. Lengua y
religión concebidas como la base inelu-
dible para unificar la nación 2 y generar la
identidad colombiana. Luego, en 1953, el
general Rojas Pinilla declaró el Archipiélago
puerto libre —territorio donde pueden
entrar y salir libremente mercancías
sin trámites de nacionalización— e incitó
a los colombianos continentales para
que migraran a la isla y crearan negocios
acordes con la nueva situación isleña, lo
Mapa de Colombia con San Andrés, Providencia y Santa Catalina
que dio inicio a una ola migratoria a San
Andrés que no contó en ningún momento
con el control del Estado, pero modificó
el tamaño y la composición de la población
y azuzó el despojo de tierras de
los isleños. Antes de finalizar el decenio
de los 50, el presidente Lleras Camargo
insistió en incorporar las islas al territorio
nacional como “espacio social, polí-
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 49
tico, económico y
cultural” y en promover
el desarrollo
económico del archipiélagomediante
el libre comercio
y el fomento de la
industria (turismo
y procesamiento
del coco) 3 .
A partir de entonces,
San Andrés
fue aquel lugar
exótico del cual se
regresaba con maletas
repletas de
electrodomésticos,
perfumes, licores,
pedernales, lencería y “ultramarinos”.
Paraíso tropical para lunas de miel y excursiones
de fin de año de bachilleres
de clase media. Comercio y turismo significaba
el archipiélago para gente del
interior, hasta cuando comenzaron a
pulular los “sanandresitos”, eufemismo
que advirtió que era innecesario viajar
a las islas para traer mercadería porque
el contrabando estaba a la vuelta de la
esquina.
Sin embargo, el Mar de los Siete Colores
siguió atrayendo turistas e impulsando
la batalla de Nicaragua por recuperar
y explotar las riquezas del agua y del
subsuelo marítimo de lo que considera
su territorio marítimo y plataforma continental,
anhelo que cobró enorme impulso
al triunfar la Revolución el 19 de
Julio de 1979 4 : el 4 de febrero de 1980,
la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de Nicaragua, empeñada “en
recuperar, mantener y defender la soberanía
nacional e integridad territorial
de Nicaragua”, divulgó el Libro Blanco
sobre el caso de San Andrés y Providencia
en el que declaró inválido el Tratado
Bárcenas-Esguerra de 1928 y reclamó
categóricamente todo el archipiélago de
San Andrés 5 pero, a la vez, manifestó su
disposición al diálogo bilateral. Colombia
reaccionó dos meses más tarde con otro
voluminoso Libro Blanco que rechazaba
el reclamo de Nicaragua, considerándolo
un absurdo jurídico porque se basaba en
el argumento de que San Andrés estaba
dentro de su plataforma continental.
www.cinep.org.co
A la disputa territorial entre Colombia
y Nicaragua, en medio de la cual
está la población del Achipiélago, se
sumó el paulatino uso de las islas –en
gracia de su posición estratégica y de
su historia de piratas– para actividades
de apoyo logístico en el tráfico de estupefacientes
desde Colombia hacia Centroamérica
y Estados Unidos, y de los
isleños, gracias a sus habilidades para
la navegación marítima, como transportadores
de cargamentos
Para Colombia,
el archipiélago,
por su ubicación
y características,
genera mar territorial,plataforma
continental
y zona exclusiva,
de acuerdo
con las normas
y principios del
Derecho Internacional
6 . En medio
de este cruce
de documentos
y habiendo recibido
Colombia
el respaldo de
Estados Unidos contra los “marxistas
totalitarios de Nicaragua”, 20 mil isleños,
convocados por el Comité Cívico
Pro Defensa de los Intereses del Archipiélago
(del cual hacían parte también
los gremios), desfilaron con banderas
colombianas para rechazar las reclamaciones
de soberanía territorial de Nicaragua
sobre estas islas y juraron defender
con su vida a Colombia 7 .
Latente se mantuvo este conflicto
hasta 1997, cuando el gobierno nicaragüense
dijo que no insistiría en reclamar
sus derechos sobre San Andrés, aunque
el año siguiente, el Congreso del país
. Regiones .
centroamericano exhortó a su similar de
Costa Rica a no ratificar un tratado de límites
marítimos con Colombia “por ser
lesivo y violatorio a la soberanía nicaragüense”
8 . Ese mismo año, el presidente
Arnoldo Alemán renunció a la posibilidad
de un acuerdo directo con Colombia
y anunció la intención de llevar el caso a
la Corte Internacional de Justicia de La
Haya. En diciembre de 2001, el gobierno
de Nicaragua oficializó su demanda
y pidió a la Corte que se pronunciara
sobre la soberanía de su país sobre las
islas de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y los Cayos Roncador, Serrana
y Quitasueño, y sobre la delimitación de
áreas marinas y submarinas entre los
dos países.
El 1° de junio de 2007, a pocas horas
del inicio de las audiencias de la Corte
Internacional de Justicia sobre la demanda
de soberanía territorial de Nicaragua,
se llevó a cabo una jornada de tres días
de movilizaciones del pueblo raizal –
liderada por Archipielago Movement
of Ethnic Native Self Determination
(Amen-SD)– por autodeterminación étnica
y en contra de la centralización por
parte de Colombia. La jornada se inició
con la Declaración de Independencia de
Colombia del pueblo raizal, acto con el
cual exigieron al Estado colombiano el
reconocimiento de su voz y el derecho
Emiliana Bernard, Secretaria del Interior de San Andrés y Providencia, se dirige al Presidente Juan Manuel
Santos, a propósito del fallo de La Haya
Foto Presidencia de la República.

50
. Regiones .
a intervenir en los asuntos que rigen su
propio destino, como pueblo autóctono
y verdaderos dueños del territorio Archipiélago
Raizal de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina; así como el respeto
a su derecho a la soberanía sobre
ese territorio, su riqueza natural y sus
recursos9 . El desenlace de este diferendo
territorial ya se conoce.
A la disputa territorial entre Colombia
y Nicaragua, en medio de la cual está la
población del Achipiélago, se sumó el
paulatino uso de las islas —en gracia de
su posición estratégica y de su historia
de piratas— para actividades de apoyo
logístico en el tráfico de estupefacientes
desde Colombia hacia Centroamérica y
Estados Unidos, y de los isleños, gracias
a sus habilidades para la navegación
marítima, como transportadores de cargamentos10
. Narcotraficantes y sus testaferros
se tomaron el archipiélago como
lugares de recreo, penetraron la economía,
financiaron campañas políticas,
obtuvieron licencias de construcción
antes no permitidas que dieron paso a
modernos hoteles y nuevas construcciones.
El tráfico de estupefacientes, el
lavado de activos y la corrupción administrativa
contribuyeron a minar la vida
de las comunidades isleñas11 , que venía
siendo afectada por los impactos que
las políticas de colombianización han
tenido en las radicales transformaciones
del territorio, de las relaciones sociales,
económicas, laborales, culturales de los
isleños, de sus formas tradicionales de
producción (pesca y agricultura), de los
lazos familiares y comunitarios de solidaridad,
de la música, del conocimiento
de la naturaleza y la relación con el territorio12
.
“Hasta 1953, las islas estaban pobladas en un
95% por negros y una minoría mulata y blanca
que constituía la clase dominante. Aunque
grandes extensiones de tierra estaban concentradas
en manos de esa élite, la mayoría de los
isleños poseían su pequeña parcela que proveía
lo necesario para alimentarse adecuadamente.
Prostitución, delincuencia, alcoholismo, drogadicción,
mendicidad, desempleo, analfabetismo,
no existían en la comunidad. El “puerto
libre” atrajo pequeños comerciantes, continentales,
turcos, libaneses y judíos…que se encargaron
de fundar los hoteles, restaurantes, alma-
Los Raizales viven la isla mas allá de las disputas políticas y económicas
cenes para atender al turista-mercante… Como
el personal isleño es rechazado por ser negro y
otras veces por no tener la calificación técnica
para ciertas labores mercantiles, de hotelería o
de administración, y pocos hablan el español,
ha ocurrido una inmigración masiva de trabajadores
del interior del país… Los comerciantes y
hoteleros adquirieron atractivas ganancias que
utilizaron para comprar las tierras de los nativos,
quienes debieron venderlas debido a su
progresiva pauperización. Hoy el poder económico,
político y militar ha pasado enteramente
a manos del inmigrante… tenemos intendente,
representante a la cámara y jefe militar y policial
del interior del país… El “desarrollo” a que
ha sido sometido el archipiélago en los últimos
32 años es medible solo en términos de metros
cuadrados de construcción de carreteras, almacenes,
hoteles pero, por el deterioro notable que
ha sufrido el hombre en sí, moral, cultural, física
e intelectualmente, sabemos que ha habido
un retroceso en la calidad de la vida” 13 .
Esta mirada sobre la situación de los
nativos de las islas del Archipiélago la
hicieron quienes conformaron Sons of
the Soil (SOS) —Hijos de la Tierra—,
movimiento que emergió en 1984 para
reclamarle al gobierno nacional la emisión
y el cumplimiento de un estatuto
especial que regulara la migración, la urbanización,
mitigara los daños ambientales
generados por la sobrepoblación,
garantizara a los nativos la tenencia de
sus tierras 14 —perdida por expropiación,
declaratoria de utilidad pública por parte
del gobierno central, transacciones de
compraventa por sumas irrisorias o por
contratos de arrendamiento por varias
décadas—, y a los pescadores su oficio 15 ,
El “desarrollo” a que ha sido sometido
el archipiélago en los últimos 32
años es medible solo en términos de
metros cuadrados de construcción de
carreteras, almacenes, hoteles pero,
por el deterioro notable que ha sufrido
el hombre en sí, moral, cultural, física
e intelectualmente, sabemos que
ha habido un retroceso en la calidad
de la vida.
congelara el traspaso y venta de tierras
a foráneos, planeara el ordenamiento
urbano, dotara de servicios públicos a
toda la población (y no solo al sector
hotelero), fomentara el empleo y la
capacitación para isleños, estableciera
la elección popular de intendente
con gabinete de isleños raizales 16 , implantara
el bilingüismo, la obligatoria
redacción de documentos oficiales en
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 51
inglés y la igualdad de trato para todas
las creencias.
El Movimiento Cívico SOS, desde
mediados de los años 80, emprendió
una denodada lucha para poner en evidencia
los impactos de las políticas de
colombianización y para pedir al gobierno
colombiano el reconocimiento
de su derecho a la autodeterminación
como pueblo con lengua, cultura, identidad
e historia propias. Estos han sido
los asuntos más conflictivos en la relación
entre el pueblo isleño y el Estado
colombiano 17 . Tales conflictos, de una
parte, exigieron la intervención política
de los sanandresanos y, de otra, acicatearon
procesos de construcción de
identidades, que se enmarcan en el ser
raizal allende los mares.
Durante el proceso constituyente el
Movimiento Sons of the Soil participó
en la elaboración del artículo 310 de la
Constitución, que establece la necesidad
de legislar sobre la inmigración y la
economía de las islas, y reconoce a los
raizales como minoría étnica nacional, y
sus diferencias culturales, acorde con el
multiculturalismo presente en la Carta
Política.
Al amparo de este artículo constitucional
y tras admitir que el acelerado
proceso migratorio al Departamento
Archipiélago era la causa principal del
crecimiento de su población, y que la
alta densidad poblacional y la escasez
de servicios públicos dificultaban “el
desarrollo de las comunidades humanas
en las Islas y ponen en peligro los recursos
naturales y ambientales del Archipiélago”
18 , se expidieron dos normas:
el Decreto 2762 de 1991 que, para controlar
la densidad de población, regular
el derecho de circulación y residencia
en el territorio insular 19 , creó la Oficina
de Control de Circulación y Residencia
(OCCRE), y la Ley 47 de 1993, estatuto
especial para el Archipiélago, que versó
sobre un listado de materias 20 que parecía
recoger parte de las demandas de
SOS, salvo aquellas muy caras al movimiento,
relacionadas con su autodeterminación.
Y como muchas otras leyes,
ésta se acató pero no se cumplió.
El Decreto 2762 fue demandado bajo
el argumento de que violaba los dere-
www.cinep.org.co
chos a la igualdad, a la libre circulación,
al trabajo, y a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder
político, mientras el Movimiento Cívico
Sons of the Soil sostenía que con esta
disposición se había frenado el proceso
de deterioro cultural y ambiental del Departamento,
por lo que la consideraba
fundamental para
“la supervivencia
de una comuni-
dad, de una etnia,
de una cultura, de
unos valores, de
unos principios
ubicados en un
territorio, que necesita
salvarse”:
la comunidad raizal,
“responsable
de la soberanía
nacional en este territorio, que lo ha defendido
en todas las oportunidades que
pudo tener” 21 .
La Corte Constitucional lo declaró
exequible en la Sentencia C-530 del 11
de noviembre de 1993, en la que concluyó
que:
“…De continuarse el incremento poblacional
que viene presentándose en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, antes del siglo XXI se verá comprometida
de manera letal e irreversible la supervivencia
de la especie humana… y si la población
actual no aumentase, la vida también se vería
amenazada, como quiera que los altos índices
de consumo de los escasos recursos naturales
terminarían necesaria y fatalmente por acabar
. Regiones .
con éstos… los servicios públicos básicos o indispensables
para la vida —acueducto, alcantarillado,
tratamiento de basuras, energía, etc.—,
se irán agotando hasta llegar a la terminación
del suministro del servicio… el mayor precio
lo pagarían los raizales, con lo cual de paso se
atentaría contra la garantía constitucional de
protección de la diversidad étnica y cultural del
país.
…Del material probatorio
allegado a
este proceso se deduce
que San Andrés,
Providencia y Santa
Catalina son unas
especies en vías de
extinción, ya que la
densidad22 y el desarrollo23
San Andrés, Providencia y Santa
Catalina son unas especies en vías de
extinción, ya que la densidad y el desarrollo
están desbordando hasta límites
de no retorno el sistema biológico frágil
de las islas…
están desbordando
hasta límites
de no retorno el sistema
biológico frágil de las islas… lo que está en
juego no es tanto un problema de orden técnico
como un problema esencial: la vida o, mejor, la
amenaza de muerte… el control de la densidad
no tiene en última instancia otra motivación
que la de proteger la vida o, si se quiere, hacer
viable la vida… en primerísimo lugar la vida
humana, sin que ello excluya la protección adicional
de la vida de la fauna y flora… No hay
otra opción distinta a la de salvar la vida…y la
vida digna… la cultura de las personas raizales
de las Islas es diferente de la cultura del resto de
los colombianos, particularmente en materia de
lengua, religión y costumbres, que le confieren
al raizal una cierta identidad. Tal diversidad es
reconocida y protegida por el Estado [pero] el
incremento de la emigración hacia las Islas ha

52
. Regiones .
venido atentando contra la identidad cultural
de los raizales…” (Subrayado en el original).
El contenido de esta sentencia ha
sido muy valorado por los movimientos
raizales ya que, como lo señalan Rodrigo
Uprimny y Mauricio García Villegas,
la injusticia, además de sentirse y verse,
fue dicha, no solo por quienes la padecían
sino por la Corte Constitucional,
una voz autorizada y experta que afirmaba
que la injusticia existía y debía
ser remediada. Esta sentencia, como
muchas otras decisiones de la Corte,
contribuyó a la movilización social, en
la medida en que ayudó a fortalecer la
identidad política de este movimiento
social que reivindica el reconocimiento
cultural y está constituido por actores
fuertemente atados por vínculos comunitarios,
entre quienes el interés general
es claramente prioritario, y la razón de
ser de su oposición está en la defensa de
valores comunitarios, cuya protección
jurídica está fundada en la decisión de
la Corte24 .
A partir de entonces, los raizales incorporaron
la lucha judicial por los derechos
como parte esencial de su lucha
política, pero la desatención gubernamental
a sus demandas respecto al reconocimiento
de su autonomía étnica
y el empeoramiento de muchos de los
problemas expuestos
por SOS, fue
radicalizando las
posturas de los
raizales, y en julio
de 1999, se produjo
una oleada de
protestas, liderada
por Archipielago
Movement
of Ethnic Native
Self Determination
(Amen-SD) 25 , durante
la cual se le
envió al presidente
Pastrana Arango
un manifiesto de
13 puntos, entre
los cuales estaban
la creación 26 y aplicación del estatuto
raizal tendiente a reconocer y proteger
a su etnia, gobernador nativo, la restructuración
de la Oficina de Control
Según denuncias de pescadores,
raizales, ambientalistas y, aún, funcionarios
públicos, tales bloques estarían
dentro de las Áreas Marinas Protegidas
y de la Reserva de Biósfera Seaflower,
declarada por el Congreso de la República,
reconocida por la UNESCO en el
año 2000 e incorporada a la Red Mundial
de Reservas de Biósfera a solicitud
del gobierno nacional, y territorio ancestral
de una minoría étnica y cultural.
de Circulación y Residencia (OCCRE),
un programa de reubicación en el continente
de 40 mil de residentes ilegales
en el archipiélago, la erradicación de tugurios
y la declaratoria de emergencia
ambiental y sanitaria en la isla. En junio
de 2001, los raizales volvieron a manifestarse
durante 5 días para denunciar
el incumplimientogubernamental
de los pactos
firmados al finalizar
la toma del
aeropuerto Rojas
Pinilla en julio del
99 y dirigentes
del Movimiento
Amen-SD iniciaron
contactos con
la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU para que instara al gobierno colombiano
a cumplir los pactos suscritos
en materia de autodeterminación y protección
de la minoría raizal.
Entre los pactos incumplidos estaban
la atención a la crisis de los servicios
públicos y el respeto a la cultura raizal,
lo que motivó a los sanandresanos
a movilizarse durante el primer lustro
del decenio del 2000: en abril de 2001
por el excesivo costo del kilovatio/hora
y las bajas coberturas de acueducto y
alcantarillado 27 ;
en abril de 2002
por la contami-
naciónambiental 28 causada por
la falta de tratamiento
técnico
en la disposición
final de basuras
que afectaba
principalmente
a la comunidad
raizal vecina del
relleno sanitario
Magic Garden –
protesta que el
gobernador rehusó
reprimir lo
que le acarreó
la destitución y la suspensión durante
4 meses, por parte de la Procuraduría,
decisión que desencadenó la toma de
la gobernación por la comunidad raizal
que se declaró en desobediencia civil,
durante cuatro días, contra de la designación,
por el gobierno central, de otro
gobernador. Y en abril 2005, para reclamar
que el canal regional de televisión
trasmitiera programas culturales que reflejaran
las tradiciones de la isla y para
que el gerente del canal hablara inglés
(la ley 47 de 1993
obliga que todo
funcionario públi-
co sea bilingüe) 29 .
Luego se sumó
la explosión del
narcotráfico: el
27 de septiembre
de 2007, Amen-
SD encabezó una
marcha silenciosa
por la vida, y en 2008 solicitó al Tribunal
Internacional de Opinión que intercediera
ante el gobierno colombiano
para que pusiera fin “al hostigamiento y
asesinato por la policía y ejército de Raizales,
el decomiso y confiscación de bienes
de comerciantes Raizales acusados
por supuesto tráfico de drogas, cuyas
acciones afectan gravemente el suministro
de alimentación al Pueblo Raizal y
causa la elevación de precios en los productos
alimenticios” 30 Entre los pactos incumplidos estaban
la atención a la crisis de los servicios
públicos y el respeto a la cultura raizal,
. El 8 de abril de
2010, habitantes de Providencia y Santa
Catalina marcharon, tras el asesinato de
tres lugareños vinculados al narcotráfico,
para expresar su oposición a que las
islas sean corredores para el tráfico de
drogas, y para protestar contra la falta
de políticas gubernamentales efectivas
para enfrentar el desempleo, el más alto
del país. Nuevamente, el 4 de marzo de
2011, unas tres mil personas vestidas de
blanco y con velas marcharon por las
calles de San Andrés, bajo la consigna
Devuélvanme a mi San Andrés, en rechazo
a los actos violentos que se estaban
presentando en la isla: el asesinato
de cuatro personas por sicarios, en lo
que iba corrido del año y las amenazas
con panfletos a jueces y líderes sociales.
A este cúmulo de problemas se añadió,
a finales de 2010, la adjudicación
por parte de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), de dos de los 14
bloques que había ofertado para exploración
y explotación de petróleo en los
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

cayos 31 , en la rueda
de negocios “Open
Round Colombia
2010. Colombia
The Perfect Environment
for Hydrocarbons”,
a la
empresa española
Repsol Exploration
Colombia S. A.,
en consorcio con
su filial Yacimien-
77 53
tos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) y la
Empresa Colombiana de Petróleos S. A.
(Ecopetrol). Según denuncias de pescadores,
raizales, ambientalistas y, aún,
funcionarios públicos, tales bloques
estarían dentro de las Áreas Marinas
Protegidas y de la Reserva de Biósfera
Seaflower, declarada por el Congreso de
la República, reconocida por la UNESCO
en el año 2000 e incorporada a la Red
Mundial de Reservas de Biósfera a solicitud
del gobierno nacional, y territorio
ancestral de una minoría étnica y cultural.
En 2011, los isleños nativos y raizales
decidieron declarar al Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina territorio libre de exploración
de combustibles fósiles y minerales y
denunciaron que la ANH estaba empeñada
en sacar petróleo de entre los
www.cinep.org.co
A este cúmulo de problemas se añadió,
a finales de 2010, la adjudicación
por parte de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), de dos de los 14
bloques que había ofertado para exploración
y explotación de petróleo en los
cayos
corales, desconociendo
la importancia
ambiental
y sociocultural
del Archipiélago,
los compromisos
internacionales
asumidos por el
Estado colombiano
de preservarlo
32 , atentando
contra el modo
de vida de los pobladores, lo que viola
la Constitución e ignora los derechos de
las comunidades. Además, los raizales
pusieron de manifiesto que al modelo
de desarrollo gubernamental, de carácter
extractivista, se oponía el suyo, caracterizado
por un uso de los recursos
tendiente a satisfacer las necesidades
económicas, sociales, estéticas y espirituales
de la población, a la vez que
mantiene la integridad cultural, los procesos
ecológicos esenciales, la diversidad
biológica y los sistemas de soporte
de vida insular 33 .
El 4 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo
de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina amparó los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano,
a la existencia del equilibrio ecológico y
al manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales para garantizar
Foto Andrés Piscov. Presidencia de la República
. Regiones .
su desarrollo sostenible, conservación,
restauración o sustitución y ordenó a la
Agencia Nacional de Hidrocarburos suspender
la exploración y explotación en los
bloques Cayos 1 y 5 del Archipiélago que
ya habían sido adjudicados. Este fue el
fallo ante una Acción Popular 34 que había
sido interpuesta el 21 de febrero de 2011
por la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Archipiélago (Coralina).
No duró mucho la dicha de los sanandresanos
pues el 12 de noviembre
de 2012 se encontraron con la siguiente
noticia: “El sueño nicaragüense de convertir
al país en un productor de petróleo
parece estar muy cerca de cumplirse.
Las operaciones de exploración petrolera
de la empresa Industria Oklahoma Nicaragua-SA
(Indoklanicsa) finalmente han
arrojado datos científicos y técnicos que
ponen a Nicaragua como el primer país
productor de petróleo de Centroamérica
en un plazo menor a cinco años” 35 .
Y el 19 del mismo mes, Daniel Ortega
Saavedra, habló de los miles y miles
de kilómetros cuadrados recuperados,
donde se puede explotar los recursos
del mar, incluyendo el petróleo, la pesca,
como fuente de alimentos para los
pobladores de la Costa Caribe y “para
nuestros hermanos de San Andrés, que
los seguimos viendo y viviendo con
ellos, como nicaragüenses… a los que
no se les esta negando, no se les va negar
su derecho a la pesca… Se verán las
formas para que los más de 80 mil habitantes
hermanos de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, en base a lo que
ha resuelto la CIJ, puedan continuar en
sus labores de pesca, que puedan seguir
alimentando a sus familias, a sus comunidades”
36 . Días después un telenoticiero
colombiano informó que, según los
planos del Instituto Nicaragüense de
Energía, están por concesionarse más
de 75 mil metros cuadrados hacia el
oriente del meridiano 82, es decir, sobre
las aguas que Colombia protegía con la
reserva SeaFlower que evita la extinción
de 407 especies de peces, 137 de esponjas
y 50 de corales blancos 37 .
Este ha sido un intento de escuchar
las voces y leer los signos de lo
que proclaman algunas de las acciones
colectivas de los raizales 38 , permitiría

54
. Regiones .
afirmar que sus luchas han estado insertas
en una red de conflictos territoriales,
ideológicos, por recursos, pero
sobre todo, de conflictos étnicos: por
la obtención del reconocimiento de
que “Haber nacido sanandresano es
un accidente geográfico único... haber
nacido raizal es un acto de orgullo y
de compromiso personal” (Amen-SD).
Que ser raizal es pertenecer a la “etnia
angloafricana tradicionalmente
asentada en el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Notas
con lengua, cultura, historia y ancestros
propios” 39 —lo que los hace sentir
diferentes a los afrocolombianos—;
que “el término raizal describe y expresa
ante todo, un sentimiento de
ser de la tierra de las Islas, un sentido
de pertenencia al “Archipiélago Lejano”,
la manera de caracterizarse como
la población originaria y en la forma
de ratificarse como diferentes del resto
de los colombianos y del mundo,
propendiendo por la supervivencia, el
rescate de la dignidad, reconocimien-
to, respeto por su diferencia y por su
autodeterminación. En este sentido el
término raizal trasciende el sentimiento
de pertenencia y se convierte en
una posición política 40 . Si se escuchan
atentamente sus voces, no hay en ellas
gritos anticolombianistas, sino denuncias
del colonialismo interno que han
padecido, al igual que otras etnias en
el territorio nacional continental. Su
demanda de autodeterminación es un
petición de que los dejen ser raizales
allende los mares.
* Martha Cecilia García: Coordinadora del Programa Realización de Derechos para la Democracia del CINEP/PPP
1 Hizo parte del departamento de Bolívar hasta 1868 cuando fue cedido al gobierno central que lo integró a los territorios nacionales. En 1912 fue constituido
como intendencia, en 1943 se le dio categoría de municipio y se le suprimió en 1972 cuando se lo convirtió en Intendencia Especial de San Andrés y Providencia
y, a partir de 1991 es el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2 Isabel la Católica concibió que para civilizar, además de conquistar, era necesaria la unificación lingüística y religiosa. Distintos gobiernos nacionales la llamaron
soberanía, los raizales, opresión y colonialismo.
3 Ley 127 del 21 de diciembre de 1959.
4 Discurso del Presidente Daniel Ortega a la Nación, 19 de noviembre de 2012, Plaza de la Revolución, Managua, en laverdadnica.com.
5 Daniel Ortega Saavedra, Libro Blanco sobre el caso de San Andrés y Providencia, Managua, Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua y Ministerio
del Exterior, 1980.
6 Diego Uribe Varga, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Libro Blanco de la República de Colombia de 1980, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia,
1981 (Conclusiones, numeral 4).
7 El Tiempo, 16 de febrero de 1980.
8 Uribe Vargas Diego, El Meridiano 82: Frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1999, pág. 13.
9 Amen-SD, “Denuncia pública del despojo del territorio del pueblo raizal perpetrado por el Estado Colombiano a través de los años”, San Andrés Isla, 2009, en
www.amen-sd.org. En 2008, el Movimiento Amen-SD pidió al Tribunal Internacional de Opinión que se pronunciara sobre el derecho de los raizales de intervenir,
ser escuchados y expresar su consentimiento libre, previo e informado con relación a la disputa de límites entre Colombia y Nicaragua sobre el Archipiélago
Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Amen-SD, “Pueblo Raizal, bajo régimen de etnocidio, está en vías de extinción”. Documento enviado al
Tribunal Internacional de Opinión para la audiencia especial sobre la situación de derechos humanos en Colombia, realizada en Bruselas entre 15 y el 17 de
septiembre de 2008, en www.colectivodeabogados.org, 19 de septiembre de 2008.
10 Diagnóstico Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2007, en www.acnur.org. “…hundreds of our men are in Tampa jail and in others jails of
North America, Central America, the Caribbean and Europe as consequence of a desperate but illegal choice to do drug trafficking in order to solve the problems
of hunger of their families; hundreds is shot down crossing the ocean…” (Amen-SD, The Hidden Colony in the Caribbean (under Colombia´s Dominion, 1822-
2009), 2009, p. 13).
11 Dilia Robinson Saavedra, “Pueblo Raizal en Colombia”, en www.urosario.edu.co, pág. 17.
12 Patricia Enciso con narradores raizales. Los hilos que amarran nuestra historia. The threads that tie our History, Bogotá, NAFASD–GTZ, Impresol Editores, 2004.
13 Documento del Movimiento Sons of the Soil –SOS– “Hijos raizales” de San Andrés y Providencia (c. 1984), en Javier Giraldo, La Reivindicación urbana, Controver-
sia N° 138-139, Bogotá, Cinep, 1987, págs. 129-130.
14 SOS pidió, en varias marchas realizadas entre 1985 y 1987, la derogatoria del decreto que permitía la expropiación de tierras (que habían sido previamente
destinadas a una fábrica de grasa de coco) aledañas al predio que se le entregó a las Fuerzas Armadas para construir una base militar (Zona de Seguridad Fronteriza).
También protestaron contra la exigencia hecha por la Dirección Marítima y Portuaria a los habitantes de predios en bajamar de legalizar su tenencia, lo
que contrastaba con la reciente construcción de viviendas para oficiales de la Armada, a la orilla del mar.
15 El 30 de septiembre de 1984, los sanandresanos realizaron cuatro manifestaciones en distintos puntos de la isla, liderados por SOS, para protestar contra el gobierno
central porque estaba sacando a los isleños de la pesca al autorizar a 24 buques estadounidenses y a igual número de buques jamaiquinos y hondureños
pescar en aguas del archipiélago.
16 “Por decisión del gobierno central que sostiene sobre el archipiélago una política racista y colonialista, los continentales retienen las riendas de la administración
pública, lo que les permite ejercer el clientelismo…” (Documento ya citado del Movimiento Sons of the Soil… pág. 130).
17 Adelaida Cano Schütz, Los raizales sanandresanos: realidades étnicas y discurso político, en www.colombia.indumedia.org, 9 de mayo de 2005.
18 Por ejemplo, el turismo contribuye a la destrucción de manglares para destinar los terrenos a la ocupación habitacional turística y comercial, por el inadecuado
manejo de basuras por parte de los turistas; por la minería de arena destinada a satisfacer el auge de la construcción, por vertimientos de aguas servidas, mal
77
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. Regiones .
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manejo de basuras y presión sobre los recursos biológicos (Inderena seccional San Andrés, Diagnóstico preliminar sobre los problemas ambientales ocasionados
por la adecuación del turismo, 1991).
19 En marzo de 1992, el DANE realizó un Censo Experimental de Población y Vivienda, y encontró que en la isla de San Andrés, cuya extensión es de 27 kilómetros
cuadrados, vivían 57.023 personas, de las cuales 45.39% eran población nativa, 52.53% no nativa y, según afirmó el Procurador, habría que sumar una población
flotante de 330.000 turistas que llegaban anualmente.
20 Este se refería, entre otras materias, al control de la densidad poblacional y a la inmigración, a la regulación del usos del suelo y a la enajenación de bienes
inmuebles, al comercio exterior y al fomento económico, a la preservación del medio ambiente (y entre los recursos naturales de especial protección destacó la
plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas y el petróleo). Declaró el creole y el español como los idiomas oficiales del departamento, ordenó la
educación bilingüe en inglés y español, idiomas que debían hablar todos los funcionarios públicos.
21 Intervención del Movimiento Sons of the Soil, durante audiencia pública ordenada por la Corte Constitucional para escuchar a las partes comprometidas en esta
demanda, San Andrés, 28 de julio de 1993.
22 Durante la audiencia pública ya mencionada, el director regional del Inurbe en San Andrés afirmó que en esta isla, de un área aproximada de 27 kilómetros
cuadrados, se presentaba una densidad de 1.759 habitantes por Km2 y que el 60% de su población se ubicaba en los 7 Km2 que correspondían al casco urbano, lo
que significaba que en la zona urbana de San Andrés había 4.070 habitantes por Km2, mientras en Japón, con una de las densidades poblacionales más altas del
mundo, había 312 habitantes por Km2.
23 Un mes antes de la expedición de esta sentencia, los raizales realizaron una marcha ecológica de protesta contra la Corporación Nacional de Turismo que, en asocio
con empresarios privados, proyectaban construir un centro internacional de buceo, con 80 habitaciones, atentando contra los manglares del suroeste de isla,
por tala o por contaminación que, además, afectaría la fauna y la flora y, según los manifestantes, significaría la destrucción de su isla. Un año más tarde, y por la
misa razón, hicieron otra protesta.
24 Rodrigo Uprimny y Mauricio García Villegas, “Corte Constitucional y emancipación social en Colombia”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas
(eds.), Emancipación social y violencia en Colombia, Bogotá, Norma, 2004, págs. 493-495.
25 Movimiento que recoge de Sons of theSoil los postulados referentes a la autodeterminación, la defensa de los valores culturales y los derechos ancestrales pero
tiene la particularidad de estar conformado y liderado por pastores de iglesias bautistas de San Andrés (Adelaida Cano Schütz, Los raizales… Op. cit.).
26 En 2000 el Movimiento Sons of theSoil presentó al gobierno nacional un proyecto de ley para la expedición del Estatuto Raizal, que definiría la adopción de
medidas para proteger la identidad cultural del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y le garantizara condiciones para la
supervivencia, el desarrollo y la autodeterminación.
27 Los servicios de acueducto y alcantarillado presentaban índices de cobertura y calidad críticos, comparados con los de las cabeceras municipales del resto del país
que eran de 97,6% en acueducto y 90,5% en alcantarillado, mientras que en San Andrés el acceso al acueducto era de 49.7% (el agua no era apta para el consumo
humano y no se disponía del servicio las 24 horas del día), al alcantarillado de 7.8% (Encuesta de Calidad de Vida, 2003) y el 89% de las viviendas disponía de
pozos sépticos instalados de manera inapropiada (Defensoría del Pueblo, Prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la isla de
San Andrés, mayo de 2006, pág.11). A estas deficiencias hay que agregar que San Andrés presenta una tasa de crecimiento media anual de 2,5, mayor que la de
Bogotá que es de 2,08 (DNP, Proyecciones de crecimiento poblacional 1995-2015, 2002).
28 De las aguas superficiales del humedal contiguo al basurero, generación de olores ofensivos y afectaciones paisajísticas, que continuaban años después, según
consta en la Resolución Defensorial N° 45. Defensoría del Pueblo, octubre de 2006.
29 Mientras el Gobernador y el Defensor Regional del Pueblo estuvieron de acuerdo con las demandas aunque no con las vías de hecho, a Comisión Nacional de
Televisión dijo que la toma del canal constituía una violación a la libertad de expresión, y un atentado contra el derecho a la información y al entretenimiento.
30 Amen-SD, “Pueblo Raizal, bajo régimen de…”, Op. Cit.
31 Dos empresas noruegas habían realizado exploraciones en el Archipiélago en 2005 (Inseis) y 2008 (PGS Geophysical), sin haber realizado consulta previa a las
comunidades raizales. En abril de 2008, la petrolera estadounidense MKJ Exploraciones Internacionales S.A. firmó dos contratos de concesión con el gobierno
nicaragüense, para explorar y explotar petróleo y gas natural en dos áreas ubicadas en la plataforma marítima del Caribe nicaragüense y, en caso de encontrar
yacimientos petrolíferos suficientes para ser comercializados, el período de producción de la petrolera sería de 30 años (www.centralamericadata.com, 9 de
Abril de 2008). En diciembre de 2009, otra empresa estadounidense, InfinityEnergyResources, anunció que en las 560.000 hectáreas que le había concesionado
el gobierno nicaragüense en sus aguas territoriales del Caribe había tres yacimientos con un potencial de más de 3.000 millones de barriles de petróleo (Ibid, 2
de diciembre de 2009) y en 2011 presentó el estudio de impacto ambiental para actividades de exploración de gas y petróleo y 90 días después comenzaría las
actividades de mapeo sísmico en esa área (Ibid, 15 de abril de 2011).
32 El 18 de enero de 2001, tras el reconocimiento de la Reserva de Biósfera Seaflower, se firmó un pacto social entre autoridades locales y nacionales, con la presencia
del Director General de la Unesco, para promover y establecer una relación equilibrada entre el ambiente natural y la sociedad.
33 “Petróleo en el Archipiélago de San Andrés: dos modelos enfrentados”, en prensarural.org, 1° de mayo de 2011.
34 Los pescadores artesanales raizales defendieron el mar y todo lo que hay en él como único patrimonio ancestral propio, del sector turístico y de todos los habitantes
de la Reserva de Biosfera; Amen-SD denunció que la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó contratos a los consorcios Ecopetrol, YPF y Repsol, sin la
debida consulta previa al Pueblo Raizal. La ANH contestó la demanda alegando que no era posible determinar la existencia de violación ni de amenaza al derecho
colectivo a gozar de un ambiente sano, al no existir restricción a la exploración y explotación de hidrocarburos en el área del archipiélago. Según Ecopetrol no se
habían aportado pruebas que permitieran dar por cierto el fundamento fáctico invocado en la acción popular y, por ende, concluir la vulneración de los derechos
colectivos. Repsol alegó que a la fecha no se podía endilgar una violación de derechos colectivos, toda vez que, no existía una acción u omisión por parte de autoridades
públicas o de particulares frente a dichos derechos o intereses, pues las meras expectativas frente al desarrollo de una actividad no pueden constituirse
en una efectiva vulneración. El Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario insistieron en que debía aplicarse el
Principio de Precaución (Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, incorporado en la Ley 99 de 1993) conforme al cual, cuando exista peligró
de daño grave e irreversible la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente.
35 laprensa.com.ni, 12 de noviembre de 2012.
36 Discurso del Presidente Daniel Ortega Saavedra a la Nación, 19 de noviembre de 2012, Plaza de la Revolución, Managua, en laverdadnica.com.
37 Noticias Uno, 25 de noviembre de 2012.
38 Siguiendo a Alberto Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, El Colegio de México, 1999.
39 Movimiento Sons of theSoil, Proyecto de Ley para un Estatuto Raizal, 2000.
40 Dilia Robinson Saavedra, “Pueblo Raizal en Colombia”…
www.cinep.org.co

56
. .
Regiones
Con la reelección de Chávez,
¿Ganamos o perdimos
en la frontera colombovenezolana?
Por María del Carmen Muñoz Sáenz*
A dos meses de los resultados electorales en Venezuela en donde el
presidente Chávez logró la mayor votación, empieza a visualizarse en el
panorama qué se ganó y qué se perdió con ese resultado. Análisis.
Los simpatizantes
del socialismo del
siglo XXI podrán
decir, sin temor a
equivocarse, que
Chávez obtuvo
una victoria importante
en las
urnas la que se
reflejó en 8.133.952 votos correspondiente
al 55.25%, contra 6.498.527
equivalente al 44.14% (Schvarz, 2012).
captados por Henrique Capriles. Pero
también la oposición tiene razón en
decir que políticamente ganó Capriles
pues logró recoger las aspiraciones de
un número considerable de inconfor-
mes con el gobierno de turno y captar
el voto de buena parte del 24% de los
que técnicamente se denominaron durante
la campaña los “ni ni” (ni oposición
ni oficialismo).
Lo cierto es
que ganó la de-
mocracia en Venezuela.
Nunca
antes en la historia
de ese país se
había visto que
el 80,94% de su
población saliera
a las urnas y expresara
su voluntad
política.
También es visible que perdió el
miedo, la represión y la intimidación
que gobernó pasados comicios electorales.
Estos resultados se constituyen
en un reto para
el presidente
Chávez en la me-
Los resultados electorales se consdida
que en los
seis años que le
tituyen en un reto para el presidente restan de gobier-
Chávez en la medida que en los seis no, tendrá una
años que le restan de gobierno, tendrá más férrea opo-
una más férrea oposición confrontando siciónconfron- el proyecto político que él le prometió a tando el proyecto
los venezolanos.
político que él le
prometió a los
venezolanos, no
sólo en las tres
prioridades que
señaló el día que La Comisión Nacional
Electoral le reconociera el triunfo:
economía, seguridad y gobernabilidad
—temas considerados álgidos
en la dinámica actual de la frontera
colombo-venezolana—, sino en todos
lo concerniente a la generación de estabilidad
económica, política y social
del país.
Foto CINEP/PPP
¿Qué le espera a la frontera
en materia económica?
En este capítulo, con el triunfo del
oficialismo, lamentablemente pierde
Venezuela, como dice Mónica Melgarejo
1 , gracias al “miedo a la expropiación
del presidente Chávez”. Aquellos
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

que pensaban en
la posibilidad de
fortalecer las frágiles
estructuras
económicas en el
caso de que ganara
Capriles, ahora
están pensando
en trasladar sus
negocios a otros
países que no
sean Ecuador o
77 57
Argentina y, aunque suena perverso,
Colombia sale ganando pues seguirá
contando con cadenas de restaurantes,
farmacéuticas y mano de obra calificada
especialmente en el sector petrolero.
Ha dado sus frutos el pronunciamiento
del presidente Santos anunciando que
en Colombia no se expropia. Como expresan
comerciantes de la frontera: nadie
va a invertir en un país en donde
a voluntad de su gobernante y en cualquier
momento, le quite lo que ha construido
con su “esfuerzo”. Información
no oficial proyecta la fuga de capitales
en Venezuela, durante los últimos diez
años, en una cifra de alrededor de US$
250.000 millones.
Los gobiernos centrales, junto con sus
cuerpos diplomáticos, necesitan afinar
agendas tanto internas, como las que
competen a la frontera, para dar respuesta
inmediata a los problemas humanitarios
que se viven en ese territorio e implementar
salidas económicas alternativas que
beneficien a la población que se encuentra
inmersa en asuntos de informalidad e
www.cinep.org.co
Los gobiernos centrales, junto con
sus cuerpos diplomáticos, necesitan
afinar tanto agendas internas, como
las que competen a la frontera para
dar respuesta inmediata a los problemas
humanitarios que se viven en ese
territorio.
ilegalidad porque
no han encontrado
otras formas de ganarse
la vida.
Un elemento
que contribuirá a
materializar las
mejoras en el tema
económico para el
caso de Colombia
tiene que ver con
el Plan Fronteras
para la prosperidad, adelantado por la
Cancillería, con el que pretende apoyar
proyectos en trece subregiones del país,
seis de los cuales se encuentran en la
frontera con Venezuela; siendo una de
las prioritarias la política de consolidación
de la región del Catatumbo.
En Venezuela se teme una agudización
del modelo socialista y de su política
de importaciones.
¿Cómo incide la elección
del presiente Chávez en el
proceso de paz colombiano?
La mayoría de los analistas políticos
y académicos como Margarita López
Amaya 2 coinciden en que “se mantiene
la importancia de la presencia del presidente
de Venezuela en el proceso de
Paz”. Lo que indica que con esta elección
gana Colombia por la cercanía que
el mandatario tiene con la guerrilla de
las FARC. No es gratuito que dos horas
después de haber sido elegido presidente
de Venezuela, Chávez hubiera dicho:
“si yo fuera el jefe de la
guerrilla, haría lo posible
por buscar el camino de
la paz”(Caracol Radio,
2010). Esa influencia
del mandatario en la
frontera podría resultar
ventajosa para destrabar
momentos críticos de negociación
en los que se
requiera de ayuda eficaz.
Chávez también es
consciente que para su
proyecto de expansión
político en la región la
guerrilla le representa un
obstáculo tanto político
* María del Carmen Muñoz Sáenz:
Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana del
CINEP/PPP.
Notas
1 Agente de bienes raíces de Brickell Realtors,
Miami. Ver La Opinión, 2012, “Florida espera
oleada de venezolanos tras triunfo de Chávez
(Fotos)” en La Opinión, octubre 10. Disponible
en: http://www.laopinion.com/esperan_oleada_venezolanos_florida_
2 Doctora en Ciencias Sociales. Ha sido profesora-
Investigadora titular de CENDES de la Universidad
Central de Venezuela, directora de la revista
venezolana de economía y ciencias sociales.
Referencias
. Regiones .
como estratégico que lo puede comprometer,
por lo que es mejor apoyar la salida
negociada al conflicto colombiano.
Aprovechando que Chávez es veedor
del proceso de paz, lo más probable
es que no permita que la frontera
venezolana sirva de refugio a la delincuencia
organizada o a actores armados
colombianos que pretendan evadir
la justicia; de paso dada la presión mediática
e internacional por los eventos
del pasado.
Todos ganan
En este escenario, con la reelección
del presidente Chávez y en el horizonte
la posible reelección de Santos, las buenas
relaciones entre ambos mandatarios,
sumadas a los avances de las cancillería
en estos últimos años, auguran
una excelente temporada de armonía en
la frontera colombo-venezolana la que
se debe aprovechar para avanzar en
una agenda social para la integración y
el desarrollo desarrollo sostenible en la
frontera, pues no se volverán a presentar
las condiciones que hoy existen para
lograr este propósito.
Schvarz, Niko, 2012, “Una victoria mayor de
la prevista o anunciada” en La República, Bogotá,
octubre 13. Disponible en: http://www.
diariolarepublica.net/2012/10/venezuela-unavictoria-mayor-de-la-prevista-y-anunciada/
Caracol Radio, 2010, entrevista a Hugo Chávez,
Bogotá, agosto 10.

58
. Movimientos sociales .
Paz ¿Y agenda social?
Por Ana María Restrepo* y Martha Cecilia García**
Entre el 4 y el 12 de octubre muchos actores sociales tomaron parte
en las jornadas nacionales de protesta de la Semana de la Indignación,
propusieron articular sus temas en una agenda de paz con justicia
social y pidieron la inclusión de la sociedad civil en las negociaciones.
Pero, ¿cuáles de los motivos que sienten como causa de indignación
están referidos en la agenda de negociación?
“ Vamos por la paz con
una agenda social”
fue la consigna que
aglutinó a un amplio
espectro de alianzas
de organizaciones sociales
(centrales obreras,
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil,
la Coalición de Movimientos y Organizaciones
Sociales de Colombia, la Minga
Nacional Indígena, el Movimiento Nacional
de Víctimas de Crímenes de Estado,
la Coordinadora Nacional Agraria, el Congreso
de los Pueblos, la Marcha Patriótica,
entre otras) que convocaron la realización
de la Semana de la Indignación, entre el 4
y el 12 de octubre.
Múltiples movilizaciones, actos culturales
y políticos se llevaron a cabo en el
país para expresar, de una parte, apoyo
a las negociaciones de paz y, de otra, el
malestar colectivo acumulado debido,
en buena medida, al aumento de la desigualdad
social que viven en carne propia
muchos sectores sociales. Estas acciones
FOTO CINEP/PPP
colectivas de protesta se movieron entre
las esperanzas para mirar el futuro y sentimientos
colectivos de privación relativa
que otorgan legitimidad a las reivindicaciones,
cuya negación es percibida como
injusticia, inmoralidad o indignidad.
Pronunciar y hacer visible aquello que
causa indignación hizo parte de los propósitos
de estas luchas sociales: la pobreza,
el desempleo, la corrupción, la discriminación
contra las comunidades étnicas y la
población LGBTI, la estigmatización de la
juventud, la violencia contra las mujeres y
contra niños y niñas, la violación del derecho
al territorio de comunidades rurales, el
déficit de vivienda digna, el hacinamiento
y la violación de derechos que sufren los
reclusos en las cárceles, la privatización y
mercantilización de la educación y la salud
y la manifiesta crisis que las azota, el alto
costo y la deficiente calidad de los servicios
públicos, el alto presupuesto destinado
a la guerra en detrimento de la inversión
social, la entrega del patrimonio público
y del territorio nacional a las transnacionales
dedicadas a la minería y la agroindustria,
los estragos de la locomotora minero-energética,
la existencia de ejércitos
anti-restitución de tierras que amenazan y
asesinan reclamantes del despojo de tierras
y víctimas de desplazamiento forzado, los
continuos atentados contra el derecho a la
vida, la integridad y la libertad de líderes
sociales, la criminalización de la protesta,
el recorte paulatino de derechos, garantías
y libertades democráticas consagrados en
la Constitución del 91.
Estos y otros temas fueron enunciados
como motivos de indignación por campe-
sinos, indígenas, mujeres, población LGB-
TI, asalariados, estudiantes, afrodescendientes,
jóvenes, ancianos, vendedores
ambulantes, desempleados, trabajadores
informales, ambientalistas, víctimas del
conflicto armado, entre muchos de los
actores sociales que tomaron parte en las
jornadas nacionales de protesta de la Semana
de la Indignación y que se propusieron
articular en una agenda de paz con
justicia social y pedir inclusión de sociedad
civil en las negociaciones.
Pero, ¿cuáles de los motivos que muchos
actores sociales sienten como causa
de indignación están referidos en la
agenda de negociación?
Piénsese, por ejemplo, en la demanda
de impedir la entrega del territorio
nacional a inversionistas extranjeros y
la petición que hizo el presidente Santos
a los congresistas del partido de la U de
no apoyar ninguno de los tres proyectos
de ley que han sido radicados en el Congreso
para frenar la extranjerización de la
tierra (uno del Polo Democrático, otro del
Partido Conservador y otro del senador
Juan Lozano, miembro del Partido de la
U), aduciendo que su aprobación enviaría
señales negativas a los inversionistas (El
Espectador, 2012, 10).
Sobre los estragos de la locomotora
minero-energética poco se ha dicho. Se ha
puesto énfasis en que uno de los problemas
más serios que aqueja el sector minero
es la minería ilegal pero ¿cuánta atención
le está prestando el gobierno a las
violaciones de derechos laborales por parte
de las empresas, nacionales o extranjeras,
dedicadas a la explotación minera y
de hidrocarburos, o a las demandas de los
pobladores afectados por ésta? El 14 de
agosto de 2012, los trabajadores de Cepsa
Colombia S.A. (Cepcolsa) y Termotécnica
77
No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

77 59
Coindustrial (contratista de Ecopetrol), en
Puerto Gaitán, presentaron un pliego de
peticiones 1 en el que exigían respeto a los
derechos laborales, estabilidad, jornadas
de trabajo y remuneración salarial justas,
mejoras en la alimentación y en las condiciones
higiénicas de los campamentos,
seguridad social, vacaciones, libertad de
asociación y respeto a la actividad sindical
2 , y vinculación de mano de obra local
en las actividades realizadas por las
multinacionales del petróleo, Ecopetrol y
sus contratistas. Ante la negativa de las
empresas de sentarse a negociar el pliego,
el 7 de septiembre, los trabajadores
Sobre los estragos de la locomotora
minero-energética poco se ha dicho.
Se ha puesto énfasis en que uno de
los problemas más serios que aqueja
el sector minero es la minería ilegal
pero ¿cuánta atención le está prestando
el gobierno a las violaciones
de derechos laborales por parte de las
empresas, nacionales o extranjeras,
dedicadas a la explotación minera y
de hidrocarburos, o a las demandas
de los pobladores afectados por ésta?
de Cepcolsa bloquearon las vías que conducen
a los campos petroleros de Apiay,
Chichimene, Castilla, Cabuyaro y Pacific
Rubiales en Puerto Gaitán y, ante la arremetida
del Esmad en su contra y el desprecio
de las empresas por la negociación,
se declararon en asamblea permanente. El
3 de octubre se llevó a cabo un paro cívico
regional en el Meta convocado por la
Unión Sindical Obrera, en solidaridad con
los trabajadores. Al conflicto laboral se sumaron
otros motivos para realizar el paro
cívico: el enriquecimiento de las multinacionales
a la par con el empobrecimiento
de la población, la deuda social que tienen
las empresas dedicadas a la explotación
de hidrocarburos con las comunidades
vecinas a las explotaciones petroleras, la
contaminación ambiental que producen,
el abandono estatal en inversión social
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en educación, salud, servicios públicos.
Dos meses y medio después de haber presentado
el pliego, las empresas aceptaron
sentarse a negociarlo, presionadas por
autoridades y personalidades nacionales
y regionales.
¿Cómo se hacen compatibles la creciente
expansión de la explotación minera
con el desarrollo rural territorial?
Pregunta cuya respuesta es aún más
apremiante, cuando el Ministro de Agricultura
confirmó que el 80% de la tierra
de uso agrícola en Colombia tiene licencia
minera —lo que no significa que ya se
esté explotando— (Caracol Radio, 2012).
¿Cuál es la autoridad competente que
determina qué puede hacer y qué no una
empresa a la que ya se le otorgaron todos
los permisos para adelantar explotación
minera? Dos ejemplos para ilustrar la pregunta:
la firma francesa Maurel & Prom y
la Compañía Geofísica Latinoamericana
están realizando trabajos de sísmica en
cercanías de la Laguna de Tota, Boyacá,
y las explosiones que se causan en esta
fase de la exploración petrolera destruyeron
las redes del acueducto de dos de los
municipios de la provincia de Sugamuxi,
Firavitoba e Iza, dejando a su población
sin agua durante cinco días (RCN Radio,
2012). han hecho detonaciones cerca del
casco urbano de Iza —declarado bien de
. Movimientos sociales .
interés cultural de carácter nacional—
que afectaron las viviendas aledañas y
los productos de descomposición térmica
—que pueden incluir óxidos de carbón y
nitrógeno— pueden afectar la salud humana,
las explotaciones pecuarias y las
fuentes hídricas, según advirtió el Colectivo
para la Protección de la Provincia del
Sugamuxi que, también denunció que la
compañía ha perturbado la propiedad
privada, ha ingresado y adelantado trabajos
en propiedades sin permiso de
sus dueños y los está amenazando para
que firmen el permiso de explotación,
diciéndoles que si no lo hacen, los van a
expropiar (W Radio, 2012). El otro caso
es el reciente anuncio que hizo Carbones
de El Cerrejón del aplazamiento del
estudio de la desviación del río Ranchería
—que la empresa quiere hacer para
explotar 600 millones de toneladas de
carbón que yacen bajo su curso— debido
a “la tendencia a la baja de los precios
internacionales del carbón” pero
no porque el Ranchería sea el único
río que riega la zona semidesértica de
la media y la baja Guajira, en su gran
mayoría territorio de resguardos Wayúu
(El Espectador, 2012, p. 8) ni porque
organizaciones sociales y políticas de la
Guajira, a través de acciones públicas y
colectivas se hayan opuesto al proyecto.
Movilización realizada en 2007 contra la desviación del Río Ranchería en La Guajira.
Foto Margarita Granados

60
. Movimientos sociales .
¿Existe en el país entidad gubernamental
alguna que supervise, medie, atienda la
acción geológica adelantada por empresas
dedicadas a la extracción minera?
¿Cuál es la capacidad institucional
para evitar, de una parte, la evasión de
impuestos y del pago de regalías por parte
de las multinacionales dedicadas a la
megaminería y a la construcción de megaproyectos
complementarios y, de otra,
los estragos ambientales, sociales y culturales
de los que
ya somos testigos?
Estos y otros
silencios, en cambio,
contrastan
con la altisonancia
de voces que
ponen en tela de
juicio la consulta
previa e informada
que debe hacerse
a las comunidades
étnicas, y que
vienen afirmando
que es un proceso
engorroso, falto de claridad y muy largo,
que debe ser pagado por los interesados,
que “enreda los proyectos de desarrollo”
4 , frena las urgencias del código minero,
la restructuración de las CAR y la
ley de desarrollo rural. Funcionarios estatales
y representantes empresariales han
cumplido un papel en la estigmatización
de líderes de comunidades étnicas, al
afirmar que están “capturando rentas”, y
“extorsionando al estado” a través de las
consultas. De otra parte, se ha conocido
a través de los medios masivos de comunicación,
de las triquiñuelas de las que
se han valido algunas empresas mineras
para dividir a las comunidades étnicas y
negociar con algunos de sus líderes migajas
a cambio de su “consentimiento”.
Poco y tardíamente 3 se han atendido
los reclamos de diversas comunidades
rurales por los desvíos de ríos por la
construcción de hidroeléctricas, los desplazamientos
de poblaciones campesinas
y pescadoras por megaproyectos de
represas como la de El Quimbo, Ituango
e Hidrosogamoso, ni la desaparición de
líderes de las luchas de estas comunidades
4 , ni siquiera las solicitudes de entidades
oficiales que han pedido suspender
¿Cuál es la capacidad institucional
para evitar, de una parte, la evasión
de impuestos y del pago de regalías
por parte de las multinacionales
dedicadas a la megaminería y a la
construcción de megaproyectos complementarios
y, de otra, los estragos
ambientales, sociales y culturales de
los que ya somos testigos?.
las obras hasta tanto se hagan reconocimientos
arqueológicos preventivos de las
zonas intervenidas 5 .
Y siguiendo con el tema del desarrollo
rural territorial, ¿se incluirán en las negociaciones
los temas de la soberanía alimentaria
y semillas? Esa es una petición
explícita de un conjunto de organizaciones
indígenas, afrocolombianas y campesinas
que suscribió, el 10 de octubre
de 2012, el “Manifiesto por las Semillas
Libres en Colombia”,
indignados
por las normas
sobre semillas expedidas
desde mediados
del decenio
anterior (El Tiempo.
25 de febrero
de 2012), impuestas
en el marco de
los Tratados de Libre
Comercio. Estas
organizaciones
saludan el proceso
de negociación y
piden una política de fortalecimiento de
la soberanía y autonomía alimentaria para
el campo y la ciudad, el reconocimiento
de los derechos colectivos y el control local
de los territorios, que incluya los recursos
naturales allí existentes: tierra,
agua, bosque y las semillas como funda-
mento de los sistemas productivos de la
agricultura familiar y comunitaria. Las
semillas han sido el fundamento de la
cultura y de los sistemas productivos de
comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas. Por ello, “los agricultores
tienen el derecho al libre acceso, a
la producción, a guardar, intercambiar y
vender las semillas... que son el primer
eslabón en la cadena alimentaria. Sin
semillas libres de propiedad intelectual
y sin el control local de sus territorios,
no es viable la soberanía y autonomía
alimentaria de toda la población y tampoco
es posible que las comunidades vivan
dignamente en el campo y en paz”
(CENSAT, 2012).
Este llamado de atención sobre el vínculo
inextricable entre cultura y semillas
también pone de presente la necesidad
de contemplar en los distintos temas incluidos
en las negociaciones, algunas diferencias,
como las étnicas, de género y
generación, y no solo las de clase.
No puede olvidarse que unos meses
antes de que se anunciaran las conversaciones
con las Farc, los indígenas del
Cauca habían reclamado paz en sus territorios,
vinculada a su demanda por el
respeto de sus derechos culturales, pero
este no era un clamor nuevo, ni era el
único. A ellos se unieron los indígenas de
Putumayo, en marcha desde Puerto Asís
Sin semillas libres de propiedad intelectual y sin el control local de los territorios por parte de los agricultores,
no es viable la soberanía y autonomía alimentaria y tampoco es posible una vida digna y en
paz en el campo.
77

77 61
hacia Mocoa, para protestar contra la declaración
de ese departamento como distrito
minero, contra las desproporcionadas
fumigaciones sobre cultivos de seguridad
alimentaria y para exigir el desminado de
sus tierra y, al igual que en Cauca, la salida
de todos los actores del conflicto armado
(El Tiempo, 2012, p.1-3).
Casi paralelamente, la Corte Constitucional
ordenaba al Gobierno medidas
cautelares urgentes para la protección
de los pueblos indígenas seminómadas
Jiw Y Nukak en peligro de extinción. Y
La indignación fue el leit motiv de las tomas de
plazas emblemáticas en otros puntos del orbe
el año anterior: la Puerta del Sol en Madrid y
la Plaça de Catalunya entre mayo y noviembre
de 2011, por el Movimiento de Indignados (15-M), Zuccotty
Park en New York por el Movimiento Occupy Wall
Street, en protesta por la avaricia corporativa y la percepción
de la desigualdad social, que inició en septiembre
de 2011 y desencadenó réplicas en Washington (Ocupa
el Congreso); San Diego (Ocupa la Migra, para protestar
contra las deportaciones de inmigrantes), San Francisco
(Ocupa el Distrito Financiero de San Francisco), Los Ángeles
(el Día de la Ira 16 ), Madison (Toma la Plaza), Oakland
y Seattle, movimientos que permanecieron activos hasta
el 20 de enero de 2012 cuando convocaron a Occupy The
Courts, movilización nacional en Estados Unidos encaminada
a recordar que más importante que el dinero son la
dignidad humana, la solidaridad, la libertad de expresión
y la moralidad. La indignación ante la profundización de
“la redistribución de la riqueza a favor de los de arriba”
condujeron, desde septiembre de 2011, las tomas en Toronto
(Ocupa Bay Street); Ocupa el Banco de Inglaterra,
en Londres, Antibancos en Lisboa, Atenas, Amsterdam,
Argel, Tel Aviv; Sydney (Ocupa Martin Place); Stuttgart
(Ocupa la Calle de la Bolsa), Tokio (Ocupa Marunnouchi),
México (Ocupa Cámara de Diputados y Senadores), Milán
(Ocupación de La Plaza de los Negocios).
La indignación también motivó la oleada de protestas
sociales que sacudió al Reino Unido durante agosto de 2011,
a causa de “la austeridad justa” aducida por el primer ministro
conservador, David Cameron y que, según los manifestantes,
ha conducido a empeorar la situación económica,
a incrementar las desigualdades sociales, a acumular en
sectores juveniles el sentimiento de que carecen de porvenir,
ante la multiplicación de la distancia entre sus deseos
(bombardeados por la publicidad) y su realidad.
Ola de indignación con “manifestaciones de descontento
muy diferentes pero, todas ellas, expresiones de deseos
de transformación y cambio: la demanda de revisión
www.cinep.org.co
un mes antes Gabriel Muyuy, del Programa
Presidencial para Asuntos Indígenas
daba la alerta alimentaria para todos los
pueblos indígenas del país. Los pueblos
indígenas corren el peligro de morir físicamente,
acorralados por el hambre o
atropellados por la locomotora minera,
junto con comunidades afrodescendientes
que, como los representantes
del Consejo Mayor para el Desarrollo
Integral de Comunidades Negras de la
cordillera occidental de Nariño, reciben
amenazas de muerte 6 .
. Movimientos sociales .
La esperanza sobre los resultados
de esta negociación política entre delegados
gubernamentales y miembros
de las Farc no oculta la existencia de
muchas preguntas sobre aspectos menudos
de los temas que se discuten en
La Habana, a los cuales se han referido
diversos sectores sociales a través de
movilizaciones recientes que vuelven
a poner sobre la mesa la pregunta de
Lechner: ¿puede y debe la política representar
a lo social?
de valores; el reclamo de una mayor justicia social; la queja por los
abusos en términos económicos y la falta de respeto a los derechos
humanos; la petición de que sean escuchadas las demandas de los
que no están (o no se sienten) representados por quienes toman las
decisiones políticas; el reclamo de cambios en las relaciones y las
instituciones políticas […] todo ello y mucho más confluye en una
demanda común: ser escuchados, ser reconocidos como actores
que denuncian la pérdida (o la inexistencia) de derechos allí donde
se producen y producían las protestas...” (Funes, 2011).
En mayo del año pasado, más de un centenar de docentes provisionales
del Magdalena, realizaron la Marcha por la Dignidad, desde
Santa Marta hasta Bogotá, para buscar una solución a la estabilidad
laboral de 1.500 maestros provisionales de ese departamento porque,
solamente en Santa Marta fueron despedidos 520 docentes provisionales
sin justificación, según declararon miembros de Edumag. La
marcha también abogó por la defensa de la educación pública y la estabilidad
laboral. Varios docentes marcharon encadenados y dijeron
que mantendrían las cadenas en sus cuerpos mientras la educación
siguiera amarrada a los intereses del alcalde y al desconocimiento los
derechos de todos los docentes del Magdalena, tanto los de contrato
fijo como los provisionales (Anthoc, 2011).

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. Movimientos sociales .
*Ana María Restrepo: Investigadora. Sistema de Información General - Archivo de Prensa del CINEP/PPP
**Martha Cecilia García: Coordinadora del Programa Realización de Derechos para la Democracia del CINEP/PPP
Referencias
El Espectador, 2012, “Santos y sus preocupaciones por la economía” en El Espectador, Bogotá, noviembre 10. Disponible en: http://www.elespectador.
com/noticias/politica/articulo-386283-santos-y-sus-preocupaciones-economia
RCN La Radio, 2012, “En Boyacá denuncian que proyectos petroleros dejan sin agua a los municipios”, en RCN La Radio, Bogotá, noviembre 13. Disponible
en: http://m.rcnradio.com/noticias/en-boyaca-denuncian-que-proyectos-petroleros-dejan-sin-agua-los-municipios-32571
Caracol Radio 6 AM. Noviembre 15 de 2012
W Radio, 2012, “Graves daños ambientales y estructurales por exploración petrolera en Boyacá”, en W Radio, Bogotá, noviembre 12. Disponible
en: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/graves-danos-ambientales-y-estructurales-por-exploracion-petrolera-en-boyaca/20121112/
nota/1794114.aspx
El Espectador, 2012, “Cerrejón detiene estudios para desviar el río Ranchería” en El Espectador, Bogotá, noviembre 8.
Según el Manifiesto, las normas que vulneran la Libertad de las Semillas son: i) el artículo 4 de la Ley 1032 de 2006 que criminaliza a los agricultores por
sembrar semillas de las empresas sin autorización y también las semillas “similarmente confundibles” con una semilla protegida legalmente; ii) la Resolución
970 de 2010 del ICA, que es un instrumento para perseguir e ilegalizar el uso de semillas nativas y criollas por los agricultores y exige que solo se
pueden utilizar semillas certificadas y registradas; iii) la Ley 1518 de 2012 que aprueba el Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que
permite a las empresas apropiarse de las semillas, puesto que define como “obtentor” a quien “haya creado o descubierto una variedad”; permite una
protección similar a una patente y desconoce los “derechos de los agricultores” al impedirles la resiembra, uso, intercambio y comercialización; iv) el
Decreto 4525 de 2005 de bioseguridad que permite sin los debidos controles, la liberación comercial de cultivos y alimentos transgénicos y la contaminación
de las semillas nativas y criollas.
CENSAT Agua Viva, 2012, “Manifiesto por las semillas libres en Colombia”, Bogotá, octubre 10. Disponible en www.censat.org
El Tiempo, 2012, “Ya son unos 4 mil que marchan hacia Mocoa”, en El Tiempo, Bogotá, julio 19. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/
ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12045362.html
Funes, María Jesús, 2011, “La política no convencional ¡a escena!”, en Anuari del Conflicte Social 2011, Universidad de Barcelona.
ANTHOC: Asociación nacional sindical de trabajadores y servidores públicos de la salud, la seguridad social integral y servicios complementarios de
Colombia, 27 de mayo de 2011.
Notas
1 Cuyo contenido era muy similar al del pliego que, un año antes, presentaron 4.000 trabajadores de Pacific Rubiales Energy Corporation, en Puerto
Gaitán: aumentos salariales y prestaciones para trabajadores directos, contratistas y subcontratistas; garantías para el pleno ejercicio de las libertades
sindicales y el derecho de asociación; vinculación de la mano de obra local de Puerto Gaitán; estabilidad de los contratos; atención a los problemas
sociales de la población local y reintegro del personal desvinculado de la empresa tras las protestas del 19 de julio de 2011. El 25 de octubre de 2011,
ante la ruptura de conversaciones entre la multinacional canadiense y los trabajadores, estos suspendieron labores.
2 Los trabajadores denunciaron que las empresas Cepcolsa, Termotécnica, Pacific Rubiales impulsaron la creación de sindicatos paralelos, como la Unión
de los Trabajadores de la Industria Energética, buscando deslegitimar la presencia y acción de la USO, en zonas petroleras de explotación reciente.
3 Después de años de lucha de los afectados, la Contraloría General de la República, abrió indagación preliminar a Emgesa S.A. ESP sobre el proyecto
hidroeléctrico de El Quimbo, con el objeto de establecer presuntas irregularidades en la expedición y modificación de la licencia ambiental que le fue
otorgada por el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Licencia, Permisos y Trámites Ambientales (hoy Anla), así como los efectos ambientales, sociales
y económicos derivados de su expedición (Diario del Huila, 23 de octubre de 2012).
4 El 31 de octubre de 2012 fue desaparecido Miguel Pabón, miembro de Movimiento Social por la Defensa del del Rio Sogamoso que desde 2008 ha
venido denunciando los impactos sociales, culturales y ambientales, y la vulneración de derechos a las comunidades de pescadores y campesinos por la
construcción de Hidrosogamoso, por parte de la empresa Isagén.
5 En junio del año anterior, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, solicitó al alcalde de Gigante proceder a suspender las obras de la
Represa El Quimbo por las denuncias realizadas sobre hallazgos arqueológicos en la zona, manipulados de manera irregular por Emgesa (El Espectador,
13 de junio de 2011), y de los cuales solo informó a la autoridad competente el 9 de noviembre de 2011. En el área de construcción del proyecto hidroeléctrico
El Quimbo existen numerosos yacimientos arqueológicos que, según la normatividad, son bienes propiedad de la Nación y requieren planes
de manejo porque son depositarios de información que permitirían reconstruir parte de la historia prehispánica de la zona, dijo el coordinador del Icanh
(La Nación, 15 de noviembre de 2012).
6 Voz, 25 de julio de 2012, 11.
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No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

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