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legislación: los amos lograron que Andrés
Santa Cruz expidiera, el 28 de febrero de
1830, un decreto para modificar el proceso
de manumisión que anuló la libertad de
los nacidos a partir del 6 de agosto de
1825, reestableciendo así legalmente la
esclavitud en Bolivia.
Finalmente, esta fue definitivamente
abolida bajo el gobierno de Manuel Isidoro
Belzú en el año 1851, estableciéndose en
el artículo 1 de la Constitución política que
“todo hombre nace libre en Bolivia, todo
hombre recupera su libertad al pisar su
territorio. La esclavitud no existe ni puede
existir en él” (Valencia Llano, 2003: 166).
Aún así, la situación social de los negros
en Bolivia siguió estando signada por la
explotación y la marginación, ya que en las
plantaciones estos continuaban viviendo
en condiciones de semiesclavitud, eran
obligados a trabajar gratuitamente para
el patrón de la hacienda tres días de cada
semana, cumplían una jornada de trabajo
sin descanso y eran castigados con latigazos
cuando disminuía su rendimiento. Por otra
parte, tenían prohibido estudiar, por lo que
todos los afrobolivianos de edad avanzada
son analfabetos. Esta situación persistió
hasta la reforma agraria de 1952, realizada
tras la revolución de ese año.
Actualmente la mayoría de los
afrobolivianos habitan en las tierras de las
antiguas haciendas, formando pequeñas
comunidades de entre diez y treinta familias
que habitan en viviendas esparcidas en las
vastas laderas yungueñas. Comparten las
tierras con vecinos indígenas, de lengua y
cultura aymara, por lo que han adoptado
muchas costumbres de esa comunidad.
Como señala Juan Angola Maconde, si
bien en el último medio siglo se produjeron
mejoras considerables en la vida de los
afrobolivianos –la eliminación del trabajo
gratuito forzado y la instauración de un
sistema escolar rudimentario–, la mayor
parte de esta población todavía se ve
obligada a trabajar la tierra para producir
coca, el único producto que les resulta
rentable debido a las posibilidades de
exportación al altiplano. Es decir que,
si bien ya no reciben latigazos, los
afrobolivianos todavía padecen el flagelo
de la pobreza y la miseria, con una jornada
promedio que está por debajo del dólar
diario, representando así el sector más
marginado del altiplano (Angola Maconde,
1999: 13).
Legislación nacional
sobre afrodescendientes
Una vez proclamada la República en el año
1825, la Asamblea Constituyente del año
siguiente sancionó la primera Constitución
de Bolivia. Respecto de la esclavitud, la
Carta Magna estableció en su artículo 11,
inciso 5, que son bolivianos “todos los
que hasta el día han sido esclavos; y por lo
mismo quedarán, de hecho, libres en el acto
de publicarse esta Constitución. Por una ley
especial, se determinará la indemnización
que se debe hacer a sus antiguos dueños”
(Congreso General Constituyente de la
República Boliviana, 1826). Sin embargo,
como vimos anteriormente, esto no implicó
el fin de la esclavitud, la cual fue abolida en
la Constitución del año 1851 que establece
en su artículo 1, referido al derecho público
de los bolivianos, que “todo hombre nace
libre en Bolivia, todo hombre recupera su
libertad al pisar su territorio. La esclavitud
no existe ni puede existir en él” (República
de Bolivia, 1851).
Si bien las constituciones nacionales
posteriores en Bolivia mantuvieron en
sus diversos textos un artículo relativo
a la esclavitud, estableciendo, con
variaciones menores entre una y otra, que
“la esclavitud no existe en Bolivia. No se
reconoce ningún género de servidumbre y
nadie podrá ser obligado a prestar trabajos
personales sin la justa retribución y sin su
pleno consentimiento”, no se incorporó en
lo sucesivo ningún artículo concerniente
a la situación específica de la población
afrodescendiente.
Sí existieron, en cambio, diversos
decretos que, pese a su carácter general,
influyeron sobre determinados aspectos
de la situación específica del pueblo
afrodescendiente. Entre estos, podemos
destacar el Decreto Supremo Nº 319
promulgado en 1945 por el presidente
de facto Gualberto Villarroel, que en su
artículo 1 declaró abolidos los servicios de
pongueaje y mitanaje, a la vez que decretó
la prohibición a “las autoridades, ya sean
administrativas, judiciales, eclesiásticas,
provinciales, cantonales, etc., de obligar
a los indígenas colonos, comunitarios o
residentes de ciudades y pueblos a prestar
servicios gratuitos” (Gómez Martínez,
1989). Pese a tener gran importancia porque
tendía a eliminar las formas de explotación
semiesclava del trabajo humano, esta
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