Introducción a los delitos V. C..p65 - INEJ

P. BLANCA

Introducción
a los delitos
contra la
administración
de justicia
Objeto, sistema
y panorama comparativo
José Luis Guzmán Dalbora
Catedrático de Derecho penal,
Universidad de Valparaíso, Chile

Equipo editorial
Autor : José Luis Guzmán Dalbora
Cuido de edición : Sergio J. Cuarezma Terán
Diseño y diagramación : Alicia Casco Guido
Diseño de portada : Eduardo Espinales
ISBN : 978-99924-0-708-0
Todos los derechos reservados conforme a la ley
© José Luis Guzmán Dalbora, 2008
© INEJ, 2008
Managua, Nicaragua
Impreso en Nicaragua,
por Servicios Gráficos

ÍNDICE
CAPÍTULO I
La Administración de Justicia como bien jurídicamente protegido .............. 7
CAPÍTULO II
Modos genéricos de atentar contra la Administración de Justicia ................ 39
CAPÍTULO III
Los delitos contra la Administración de Justicia en la legislación
comparada ........................................................................................... 55
CAPÍTULO IV
Estos delitos, en los Códigos argentino, chileno y nicaragüense ................... 91
OBRAS DEL AUTOR.................................................................................. 158

CAPÍTULO I
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO BIEN
JURÍDICAMENTE PROTEGIDO

1. Particular dificultad de la Administración de Justicia como objeto de
protección jurídica e interrogantes que plantea en la actualidad.— “La especialidad
de los delitos contra la Administración de Justicia —escribió Quintano
Ripollés algunas décadas atrás—, proclamada hace mucho tiempo
por la metodología italiana, es en la actualidad un postulado admitido por
todos los autores, Códigos y proyectos modernos”. 1 Despojándola de cierta
exageración, traicionada por el estilo ampuloso característico de este autor,
la frase denota una realidad indesmentible. Los delitos contra la Administración
de Justicia, no obstante la modernidad del reconocimiento de ésta
como bien jurídico y aun la contemporánea factura de su tutela penal, han
ganado rápidamente un lugar propio en el plan de los Códigos y documentos
legislativos de los últimos cien años, y en muchos de los recientes la
substancia de la familia tiende a incrementarse con nuevas figuras delictivas
y el remozamiento de otras de añoso linaje. Además, la admisión doctrinal
de la categoría es virtualmente unánime, incluso entre los autores que, como
los penalistas alemanes, reconstruyen Códigos que no asignan un ámbito
diferenciado ni epígrafes especiales al tema.
Con todo, reina en él una visible inseguridad a la hora de acotar el
objeto de la tutela y diseñar el sistema de las infracciones que le atañen. La,
en una mirada superficial, aparente sencillez de la noción Administración
de Justicia, en seguida delata a un ojo más atento hondos problemas, oriun-
1 Comentarios al Código penal. Segunda edición, renovada por el autor y puesta al día
en textos jurisprudenciales y bibliográficos por Enrique Gimbernat Ordeig. Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1966, pág. 857.
9

10
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
dos, en realidad, de las correspondientes ramas constitutivas del ordenamiento
—los Derechos político y, en menor medida, procesal—, por modo
que, retocando apenas la acertada metáfora con que Antolisei aludía a
otra batallona cuestión —la fe pública—, aquello que semejaba una espléndida
esfinge se nos muestra en lo que es en verdad, un manojo de
ortigas. 2 De todo lo cual, como no podía ser menos, proceden las interminables
complicaciones en la reelaboración técnica de estos delitos, las discrepancias
y perplejidades respecto de su frecuente carácter pluriofensivo,
la resistencia a incardinar algunos dentro del grupo —no menos que, hoy,
la tendencia a arrebatarle o añadirle determinadas infracciones—, etc. Y
el epítome de las señaladas aporías y de otras dificultades que por ahora
silenciamos, mientras contribuye a mostrar los delgados cimientos en que
se ha hecho reposar este edificio de la Parte especial, explica la falta de
uniformidad de su disciplina en los cuerpos punitivos, aun los pertenencientes
a una misma cultura jurídica.
Por lo demás, prenuncia este espectro de problemas la impropiedad
de la misma locución con que por hábito se mienta la materia protegida.
En efecto, la de Administración de Justicia es una denominación portadora
de un dúplice equívoco. Primero, por cuanto gira en torno a un quid —
la justicia— extraordinariamente difícil de precisar en el plano filosófico y
que, aun haciendo abstracción de la magna pregunta sobre la fundamentación
de su existencia entre los supremos valores jurídicos, es decir, que le
corresponda o no un lugar al interior de la idea del Derecho, nada tiene
que ver con la circunscrita y positiva esfera de una de las funciones del
Estado. 3 En este orden de consideraciones, la nomenclatura al uso en
2 Manuale di Diritto penale. Parte speciale. 2 vols. Nona edizione integrata e aggiornata,
a cura di Luigi Conti. Giuffrè, Milano, 1986, tomo II, cfr. pág. 560.
3 Si tomamos la palabra en un sentido completamente abstracto —observó Carrara en
sus prolegómenos a los delitos contra lo que su maestro, Carmignani, llamaba Justicia
pública—, que sólo el poder del entendimiento percibe como una mera idealidad, o
sea, atendiendo a “aquella suprema ley de orden que determina lo que es justo y lo
que no lo es, en las relaciones recíprocas del hombre con el hombre”, entonces resulta
que “todos los delitos son contra la justicia, y sería un absurdo crear una clase especial
de ellos”. Programa de Derecho criminal. 10 vols. Traducción de José J. Ortega
Torres y Jorge Guerrero. Temis, Bogotá, tomo VII, 4ª edición, revisada, 1993, pág.
15 (§ 2476).

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
Alemania —Rechtspflege, que literalmente significa cuidado y, también,
administración del Derecho4 — resulta acaso más ajustada, aunque tampoco
del todo exacta y apropiada. Pues —he aquí el otro equívoco— no
deja de ser una inquietante paradoja en lo que hace a la separación de los
poderes del Estado y la autonomía del judicial ante el ejecutivo, que la
actividad de los órganos encargados de las funciones jurisdiccionales lleve
el nombre de administración, 5 si es verdad que la tarea del Poder judicial,
antes que consistir en “administrar” o “cuidar” nada, radica en declarar
coactivamente el Derecho frente a los casos en que el ordenamiento o los
hechos a los que debe aplicarse son controvertidos, o negada la norma que
se adecua a éstos. 6
Las preocupantes aristas de esta situación están destinadas, por lo
que parece, a acentuarse en el momento actual y debido a condicionamientos
harto más delicados que los productos insatisfactorios de un prolongado
ejercicio de construcción dogmática. Para nadie es un misterio
que la Administración de Justicia está en crisis en muchos países y latitudes,
sobre todo en Iberoamérica. Siendo impertinente señalar aquí las
múltiples causas y manifestaciones del fenómeno, basta a nuestro propósito
recordar cierto difuso sentimiento de desconfianza en la eficacia social
de la función del Poder judicial, con la consiguiente pérdida de prestigio
4 Cfr., por todos, Lenckner, en Schönke y Schröder, Strafgesetzbuch. Kommentar. 25ª
ed., C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1997, pág. 1197.
5 Cfr. Serra Domínguez, ‘Jurisdicción’, en Nueva Enciclopedia Jurídica. Editorial Francisco
Seix, Barcelona, tomo XIV, 1978, págs. (391 y ss.) 409. Yendo más allá, Del
Vecchio insinúa que la asimilación semántica habría surgido, en la progresión histórica
del siglo XX, como corolario de un preciso designio político, el del totalitarismo
europeo, incompatible con la independencia judicial. Teoría del Estado. Traducción y
escrito preliminar sobre Algunas ideas fundamentales para la elaboración de una nueva
teoría del Estado, por Eustaquio Galán y Gutiérrez. Bosch, Barcelona, 1956, cfr.
pág. 145.
6 “La justicia no se administra: a lo sumo, la justicia puede ser entendida como administración
del Derecho, en el sentido de reconocerlo, defenderlo de sus violaciones,
aplicarlo”. Jannitti-Piromallo, Delitti contro l’amministrazione della giustizia. Vallardi,
Milano, 1939, pág. 41.
11

12
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
de quienes encarnan el último y deben cumplir la primera, 7 descrédito
que, sin mengua de factores serios y reales —que los hay— a menudo es
alimentado y manipulado con ademanes tendenciosos y fines perversos
por algunos sectores del espectro social. 8 Al evidentísimo riesgo político,
pues en juego están la seguridad y libertad individuales, que entrañan el
debilitamiento del magisterio jurisdiccional del Estado, último baluarte
de aquéllas, y la inclinación obscura de minar el principio de la separación
de sus poderes y la imprescindible independencia del judicial mediante
expedientes oblicuos, como la caricaturización de su imagen pública,
para así someterlo a los dictados del gobierno de turno, se asocian
otros, no menos temibles. Uno de estos peligros incide en la pretensión de
convertir a la generalidad de los ciudadanos en colaboradores permanentes
de la Administración de Justicia, con la mira, en principio, de garantir
mejor la eficacia de su funcionamiento, pero, y en un plano menos superficial
que la magia de las palabras, que a todo se prestan, bajo la suposición
de que lo exigiría una no bien definida “solidaridad” con la entidad
estatal, turbio concepto, capaz, sin embargo, de transformar inveteradas,
fundadas y fundamentales facultades de los justiciables en situaciones de
sujeción jurídica, y de realizar esta operación manteniendo la impresión
psicológica de que ella no hiere al Estado de Derecho ni impide vivir en
7 Rivacoba, Fondo ético y significación política de la independencia judicial. Tirada
aparte del volumen Derecho y política (“Anuario de Filosofía Jurídica y Social”, 9,
1991), Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, Valparaíso, 1992, cfr. págs.
6-8. Sobre la hodierna crisis del Poder judicial, es de obligada consulta Zaffaroni,
Estructuras judiciales. Ediar, Buenos Aires, 1994, especialmente págs. 15-30. Y
véanse también las sugestivas reflexiones de Marino Barbero Santos, al recibir, en
Madrid, el premio “Jurista del año” (1992), en Resulta difícil aceptar. Real Academia
de Extremadura, 1993.
8 Con toda razón escribía Radbruch que, “incluso para quien duda que esté justificada
toda esa desconfianza en la Justicia, el hecho de que la “crisis de confianza en la
Justicia” vuelva siempre a plantearse, debería ser motivo, no sólo de una defensa
mortificada e indignada, sino de preocupación seria y autoreflexión. De hecho, la
Justicia vive únicamente de la confianza del pueblo. Dentro de lo subjetivo y discutible
de todos los valores, la justicia de los tribunales ¿qué cosa es, en el fondo, sino
confianza en los tribunales?” Introduzione alla scienza del Diritto. (Einführung in die
Rechtswissenschaft). A cura di Dino Pasini. Traduzione di Dino Pasini e Carlo A.
Agnesotti. Giappichelli, Torino, 1961, pág. 278.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
un medio civil y político liberales. 9 Por cierto, el paso que media entre la
puesta en escena de unos nuevos deberes jurídicos que reflejen esta insólita
reubicación del individuo en sus relaciones con el Estado, y la creación
de delitos orientados a reforzar la garantía de su cumplimiento, es
breve, y, con efecto, se ha dado.
Detenerse, entonces, in limine libri, a perfilar con la mayor precisión
el bien jurídico ofendido con estas infracciones, constituye algo más que
un indispensable requerimiento preliminar a su análisis científico, aunque
a lo último se subordine uno de los objetivos centrales del presente estudio,
puesto que con él se ha buscado, ante todo, introducir al lector en el
plexo de cuestiones generales aplicables al conjunto de unos ilícitos en
que es inevitable la referencia al Estado y a sus intereses. Pero también,
de otra parte, la materia que nos disponemos a examinar, especialmente
por la presencia de ciertos delitos de cuño reciente que asoman su sospe-
9 Con el respaldo expreso, en ocasiones, de la doctrina. Valga como ejemplo este pasaje
sobre la omisión del deber de impedir o de denunciar determinados delitos, en el
artículo 338 bis del antiguo Código español (recogido, con variaciones, en el artículo
450 del que rige en España desde mayo de 1996): “no cabe duda [...] que en la
sociedad moderna se dispone la lucha contra el delito, acudiendo a todos los recursos
y expedientes. La criminalidad aumenta a pasos agigantados; las cifras de reincidencia
suben de manera sorprendente y han hecho aparición, de otro lado, nuevas y más
graves figuras de delitos. El Estado pone todo su empeño en la lucha, pero quiere que
la sociedad tome parte también en la misma, situándose a su lado para atacar y defenderse
del tremendo mal. Hasta aquí todo esto era misión del Estado, según la concepción
individualista del pensamiento liberal, pero ya las cosas van cambiando poco a
poco a través de una idea más firme y completa de la misión del hombre dentro del
Estado [...] Por esto, si bien, naturalmente, en estas nuevas infracciones existe la idea
de protección de los bienes jurídicos atacados o puestos en peligro [...], se descubre
en ella [sic] el pensamiento del delito como infracción del deber; infracción del deber,
en este caso de solidaridad, que una nueva concepción del Estado y de la vida en
comunidad imponen incontrastablemente”. Puig Peña, Derecho penal. Parte especial.
Séptima edición, actualizada con la colaboración de Gregorio Ortiz Ricol, sin
indicación de casa editorial ni de lugar de edición, 1988, pág. 252. Tomando en
cuenta la data (17 de junio de 1951) de la introducción de este delito al Código
español y el régimen político a la sazón imperante en el país, se comprenden el giro
destemplado y el trasfondo místico de la teoría que lo cohonesta. Pero ya no es tan
fácil entender que el totalitarismo larvado de estas frases halle irreflexivo eco entre
algunos penalistas de nuestros días.
13

14
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
chosa cerviz en el panorama comparativo y reclaman plaza dentro de la
familia, así como por determinadas concepciones insinuadas en la doctrina
y jurisprudencia respecto de la interpretación de cruciales extremos en
otros más tradicionales, pone en la actualidad un áspero banquillo de
prueba a cualquier esfuerzo hermenéutico animado por la Jurisprudencia
de los valores, y, lo que cuenta aún más, colma con angustioso sentido la
sabia admonición de que el Derecho penal es una política10 y, a veces, un
sombrío instrumento de opresión política.
2. El problema de su definición en la doctrina.— Al interior del complejo
mosaico de definiciones que la doctrina penal destina a la Administración
de Justicia, es predominante su identificación con la jurisdicción,
categorema que, con todo, se mienta con una terminología variable —
actividad o función jurisdiccionales, actividad del Poder judicial, proceso,
etc.—, y sobre cuyos contenido, extensión y límites resultan escasos los
pareceres coincidentes.
Son los penalistas italianos contemporáneos quienes, amén de haber
trabajado con mayor profundidad el objeto jurídico en estos delitos, emplean
invariablemente la voz jurisdicción al momento de calificarlo. “Administración
de Justicia, en sentido propio, es sinónima de jurisdicción”,
subraya Boscarelli, el que se limita a añadir a esta verdad apodíctica, que,
no uno, sino los dos sentidos, objetivo y subjetivo, encapsulados en la
noción, es decir, jurisdicción como actividad jurisdiccional y también como
conjunto de sujetos investidos de funciones judiciales, forman la materia
de su tutela punitiva. 11 Pero la amplia gama de infracciones que el Código
italiano sitúa bajo el epígrafe correspondiente hace dudar a sus estu-
10 Bettiol, El problema penal. Traducción directa del italiano por José Luis Guzmán
Dalbora y Prólogo de Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Hammurabi, Buenos Aires,
1995, cfr. pág. 55; en verdad, “ninguna parcela del ordenamiento jurídico es más
sensible a las variaciones políticas que la penal”. Barbero Santos, Política y Derecho
penal en España. Tucar Ediciones, S.A., Madrid, 1977, pág. 17.
11 ‘Giustizia’ (delitti contro l’amministrazione della), en Enciclopedia del Diritto, Giuffrè,
Milano, tomo XIX (1970), págs. (612 y ss.) 612, con mención de Jannitti-
Piromallo, Manzini, Maggiore y Antolisei. Véase, también, Vannini, Manuale di
Diritto penale italiano. Parte speciale. I singoli delitti e le singole contravvenzioni.
Nuova edizione riveduta e ampliata, Giuffrè, Milano, 1951, pág. 91.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
diosos de que la jurisdicción protegida por él esté en armonía con el alcance
del instituto en el Derecho político, en especial por la inclusión de los
delitos que afectan, frustrándola, la ejecución de las resoluciones judiciales
y los que comportan el ejercicio arbitrario de las propias razones, actos,
entrambos, considerados extraños a la auténtica actividad jurisdiccional.
12 De modo que —y esta es la conclusión mayoritaria— “el concepto
de Administración de Justicia se dilata y diluye gradualmente, hasta tomar
un significado que no corresponde al uso correcto de la palabra en
[el] Derecho público, y que sólo es válido en cuanto a los fines específicos
del Derecho penal”. 13 La Administración de Justicia, en el sentido del
segundo, comprendería todas las actividades que tengan relación con la
finalidad última del Poder judicial, 14 ofreciendo, en consecuencia, una
substancia enriquecida de cara al paralelo ordenamiento primario. Con
términos semejantes y en lo medular iguales, describen el problema los
dogmáticos de aquellos países en los que la legislación penal italiana ha
sido particularmente influyente, como el Brasil. 15
12 “En el plano de tutela delineado por el legislador de 1930, el concepto de Administración
de Justicia resulta, empero, más amplio que el de “jurisdicción” en sentido
estricto. De hecho, en el título III se incluye no sólo tipos delictivos que amenazan
directamente el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, sino también figuras
criminosas que tutelan actividades e intereses ligados por un nexo apenas instrumental,
o de alguna manera vinculados con la jurisdicción propiamente dicha. Basta
mencionar el contenido del capítulo III, relativo a la “tutela arbitraria de las propias
razones” [...]: los tipos correspondientes no garantizan la consecución del fin propio
del Poder judicial (actuación del Derecho positivo), sino el interés del Estado en
monopolizar la justicia”. Fiandaca y Musco, Diritto penale. Parte speciale. Publicados,
2 vols. Zanichelli, Bologna, tomo I, 1988, pág. 254. “Además de los delitos
que ofenden la actividad judicial verdadera y propia [...] se considera figuras delictuosas
que implican la inobservancia de las resoluciones judiciales y que, por ello, se
dirigen contra la ejecución de éstas”. Antolisei, op., ed. et vol. cits., pág. 883.
13 Maggiore, Derecho penal. 5 vols. Traducción por el padre José J. Ortega Torres,
Temis, Bogotá, tomo III, 1989, págs. 305-306.
14 Antolisei, op., ed. et vol. cits., cfr. pág. 884.
15 Cfr. Fragoso, Liçoes de Direito penal. Parte especial. 2 vols., Forense, Rio de Janeiro,
10ª ed., 1988, tomo II, pág. 514, y Norohna, Direito penal. 4 vols., Saraiva, São
Paulo, 4ª ed., 1970, tomo IV, pág. 467.
15

16
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
A su turno, las obras alemanas de conjunto sobre la Parte especial, si
son generosas en la ordenación sistemática de estos delitos no menos que
en su análisis menudo, conceden poca atención a un bien jurídico que se
da por sabido y hace coincidir, en general, con la actividad del Poder
judicial. Así, verbigratia, Arzt y Weber, luego de clasificar los delitos que
embisten contra el Estado en tres grupos (ataques contra el Estado, ataques
contra quienes ejercen funciones públicas y ataques de éstos contra
su función) y tras extender el segundo para que abrace en su seno las
ofensas contra cada Poder del Estado en particular, con pluma prieta
apostillan que “los delitos contra la Administración de Justicia [...] conciernen
a un aspecto parcial de la actividad estatal, la del tercer Poder
(Justicia)”. 16 De parecida manera se expresa Stratenwerth. 17
En el proteico abanico de concepciones —harto ilustrativo de las
dificultades teóricas del tema— que de su lado muestra la doctrina española
sobre el punto, se encontrará “tanto referencias a la “idea” de Justicia
como al Poder judicial o a la función estatal de administrar justicia”;
en otras palabras, vienen invocadas aquí “la Administración de Justicia
como conjunto orgánico integrante de la Administración del Estado, la
Administración de Justicia como función estatal, el Poder Judicial como
concepto político dentro del esquema de división de poderes y, a la vez,
como concepto funcional equivalente al ejercicio de la potestad jurisdiccional”.
18 Sin embargo, en los últimos años y aunque el hecho no acabe
16 Strafrecht. Besonderer Teil. Ein Lehrbuch in 5 Heften. Gieseking Verlag, Bielefeld,
tomo V (Delikte gegen den Staat, gegen Amtsträger und durch Amtsträger), 1982,
pág. 2.
17 Al comenzar el examen de los delitos contra el poder del Estado y la Administración
de Justicia, comenta que si bien en ellos no existe un ataque contra el primero en su
totalidad o sus elementos esenciales, si se da una intromisión que embaraza, perturba
o desvía las funciones estatales singularmente consideradas, injerencia que, tratándose
de la actividad de los órganos de la jurisdicción, “en ciertas circunstancias entraña
graves consecuencias para los interesados o la confianza en las autoridades”. Schweizerisches
Strafrecht. Besonderer Teil. 2 vols. Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern, tomo
II (Straftaten gegen Gemeininteressen), 5ª edición, reelaborada y complementada,
1995, cfr. págs. 257 y 281.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
de despejar este poco estimulante panorama de sus confusiones, entre los
penalistas ibéricos tienden a prevalecer las opiniones que acoplan los delitos
en palabra, ora a la función jurisdiccional, ora a la actividad concreta
que materializa dicha función, ora, en fin, a su cauce, el proceso. En
cuanto función jurisdiccional, la materia protegida debería entenderse como
la “función estatal de administrar justicia, desempeñada de modo exclusivo
por los integrantes del Poder judicial”, y consistiría en “la actividad de
aplicación de la ley en la resolución de conflictos, desempeñada con independencia
y única sumisión a la ley, adquiriendo las decisiones el valor de
cosa juzgada”. Este es el punto de vista de García Arán. 19 Pero dado
que, en su aspecto funcional, la Administración de Justicia involucra por
igual al sujeto o conjunto de órganos que la encarnan y ejercen a título de
potestad, hay quienes prefieren reducir el bien jurídico a la actividad jurisdiccional,
con el propósito de destacar tan sólo el aspecto objetivo de la
jurisdicción (palabra, la última, que estos estudiosos, curiosamente, se
cuidan de emplear). Con arreglo a este segundo criterio, objeto genérico
de los delitos en cuestión vendrían a ser “los intereses que conciernen al
normal funcionamiento de la actividad judicial”, 20 una vez que se ha ex-
18 García Arán, Consideraciones sobre los delitos contra la Administración de Justicia en
el Proyecto de Código penal de 1992, en el volumen Política criminal y reforma penal.
Homenaje a la memoria del Prof. Dr. Juan del Rosal. Editorial Revista de Derecho
Privado (Editoriales de Derecho Reunidas), Madrid, 1993, págs. (519 y ss.) 520.
Véase, asimismo, el resumen de Serrano Butragueño acerca de la doctrina hispana,
en Introducción a los delitos contra la “realización” de la justicia, incluido en el volumen
colectivo Delitos contra la Administración de Justicia. Artículos 325 a 338 bis
del Código penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos), Editorial
Comares, Granada, 1995, págs. (3-76) 9-11 y 27-29.
19 La prevaricación judicial. Tecnos, Madrid, 1990, págs. 47 y 51. Cfr., además, Magaldi
y García Arán, Los delitos contra la Administración de Justicia ante la reforma
penal, en Documentación Jurídica, número 37-40, 1983, págs. 1117 y ss. En análogo
sentido, Cobo del Rosal y otros, Derecho penal. Parte especial. Tirant lo Blanch,
Valencia, 3ª ed., 1990, cfr. pág. 279, y Bustos Ramírez, Manual de Derecho penal.
Parte especial. Ariel, Barcelona, 1ª ed., 1986, cfr. págs. 423-424.
20 Cantarero Bandrés, Administración de Justicia y obstruccionismo judicial. Prólogo de
Enrique Gimbernat. Trotta, Valladolid, 1995, pág. 26.
17

18
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
cluido de su esfera aquellos que atañen al Poder judicial como integrante
de la Administración del Estado. 21 Por último, el pensamiento, de mayor
arraigo histórico en España, que asocia la Administración de Justicia al
proceso, parte con Quintano Ripollés y se prolonga en la obra de Rodríguez
Devesa, Luzón-Peña y otros autores; 22 mas dado que el proceso no
es sino el aparato formal por el que discurre la función jurisdiccional, la
yuxtaposición de esta teoría con la primera es paladina, y ha merecido
reparos semejantes a los fraguados para contrarrestarla en Italia. 23
Por lo demás, los criminalistas españoles experimentan el mismo sentimiento
de frustración que aflige a sus colegas italianos. En la imposibilidad
de encontrar el mínimo común denominador de las infracciones que
el Código —así el vigente como el anterior— acomoda bajo la rúbrica, 24
21 Cfr. Quintero Olivares, en Comentarios al nuevo Código penal, dirigidos por éste y
coordinados por José Manuel Valle Muñiz. Aranzadi, Pamplona, 1996, págs. (1.923
y ss.) 1.924.
22 Cfr. Quintano Ripollés, Curso de Derecho penal. 2 vols. Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1963, tomo II, págs. 570 y ss.; Rodríguez Devesa, Derecho penal
español. Parte especial. Decimotercera edición revisada y puesta al día por Alfonso
Serrano Gómez. Dykinson, Madrid, 1990, págs. 1019-1020, y Luzón-Peña, Consideraciones
sobre la sistemática y alcance de los delitos contra la Administración de Justicia,
en el volumen Estudios penales. Libro Homenaje al Prof. J. Antón Oneca. Ediciones
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1982, págs. (777 y ss.) 779.
23 Por la presencia, en el título correspondiente del Código español, de una serie de
ilícitos —p. ej., la omisión del deber de impedir determinados delitos o de ponerlos
en conocimiento de la autoridad, las represalias a las partes o la realización arbitraria
del propio derecho— difícilmente reconducibles al concepto preciso del proceso, comenta
González Rus. Cfr. Curso de Derecho penal español. Parte especial. 2 vols.
Obra colectiva dirigida por Manuel Cobo del Rosal. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas
y Sociales, S.A., Madrid, tomo II, 1997, págs. (453 y ss.) 455.
24 “Todos los autores parten de la base de que estamos ante un título que no contiene
todo lo que debiera y se excede al agrupar bajo una común intitulación delitos que en
realidad nada tienen que ver con la Administración de Justicia y, en cambio, sí con
otros bienes jurídicos”. Cantarero Bandrés, op. cit., pág. 22. Con referencia al nuevo
Código, véase la paralela queja de Cancio Meliá, Delitos contra la Administración de
Justicia, en Comentarios al Código penal, obra dirigida por Gonzalo Rodríguez
Mourullo y coordinada por Agustín Jorge Barreiro. Editorial Cívitas, S.A., Madrid,
1997, págs. (1.174-1.232) 1.174.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
y no hallando tampoco un ajuste entre el elemento centrípeto apetecido y
lo que se define como Administración de Justicia en otras ramas del Derecho,
ya ceden, según se hace en Italia, a la tentación de elaborar una
noción amplísima de aquélla, 25 una noción que entonces sólo sería válida
para el Derecho punitivo, ya resignan toda sistematización, estudiando
aisladamente el objeto jurídico en cada maleficio del título legal. 26
En línea de máxima, y de acuerdo con el precedente repaso de las
principales posiciones en la doctrina, es posible resumir los aspectos problemáticos
de la determinación del bien jurídico común a la familia como
sigue. En primer lugar, si la llamada Administración de Justicia debe
entenderse como función o como actividad jurisdiccionales, o en ambos
sentidos a la vez. De lo que derivan dos cuestiones suplementarias, a
saber: la naturaleza de los atentados contra la independencia externa del
Poder judicial y la de aquellos que niegan, de hecho, la exclusividad de la
jurisdicción, cuestiones en las que resulta arduo disociar la doble consideración
del Poder judicial, en lo que tiene de autoridad jurídica del Estado
y por lo que toca al trasfondo político de la incolumidad de su función.
Sucesivamente, está el deslinde entre las funciones jurisdiccional y administrativa,
sutil extremo teórico que, entre otros corolarios significativos
25 Sumándose al ejercicio de la jurisdicción, la actividad jurisdiccional realizada por
medio del proceso. La Administración de justicia tendría así en el Código “un sentido
lato, comprensivo no sólo de la tutela de la potestad jurisdiccional, como función
exclusiva del Estado, sino también de [la] actividad jurisdiccional, como buena marcha
de los mecanismos procesales para lograr una cierta y justa realización del Derecho”.
Conde-Pumpido Ferreiro, Coacción o represalia a denunciante, parte, perito,
intérprete o testigo, en Comentarios a la legislación penal, dirigidos por Manuel Cobo
del Rosal y coordinados por Miguel Bajo Fernández, tomo V (La reforma del Código
penal de 1983), vol. 2°, Editorial Revista de Derecho Privado (Editoriales de
Derecho Reunidas), Madrid, 1985, págs. (719 y ss.) 722.
26 Muñoz Conde, Derecho penal. Parte especial. Octava edición, revisada y puesta al
día. Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, cfr. págs. 714-715. Sin variar su pensamiento,
en la undécima edición, revisada y puesta al día conforme al Código penal de
1995 (Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 791), anota: “a pesar de todo, lo que
les da sentido y autonomía es su relación con la Administración de Justicia, y con ella,
al mismo tiempo, con el Poder Judicial, que es el encargado dentro del esquema de la
división de poderes de esta importante función del Estado de Derecho”.
19

20
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
que dependen de él, explica el temperamento de los Códigos —por ejemplo,
el argentino— que sencillamente prescinden del grupo e incardinan
las infracciones contra la Administración de Justicia dentro de las que
conciernen a la Administración pública, y el de aquellos —pensemos esta
vez en los de Suiza e Italia— que, conservando la distinción entre ambas
categorías, llevan al circuito de la segunda algunos delitos cometidos por
cualificados sujetos de la primera, como la prevaricación. Relacionada
con la anterior, en fin, aparece la pregunta sobre la forma y los límites de
la jurisdicción, así como su vínculo con los particulares, interrogante de
cuya respuesta dependen no sólo los específicos deberes de los justiciables
para con la Administración de Justicia, luego tal vez susceptibles de tutela
penal, sino, además, la índole de los actos que entorpecen o imposibilitan
el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Parece oportuno y, habida cuenta de la unidad del ordenamiento y la
índole garantizadora de su porción penal, también justificado, sostener
que la resolución de los problemas sobredichos aconseja recoger los hilos
del análisis para iniciarlo con la rama del Derecho que ha creado el bien
jurídico que por convención denominamos Administración de Justicia, o
sea, el Derecho político, y dirigir simultáneamente la mirada hacia aquella
que lo desarrolla como jurisdicción, el Derecho procesal. Sólo así, es
decir, sólo a través de la apreciación de los institutos extrapunitivos comprometidos
en el tema, podremos aspirar a unos resultados concluyentes
acerca de la entidad de dicho objeto de tutela y confirmar o desmentir el
generalizado juicio conforme al cual, en lo que a la disciplina de los delitos
y las penas corresponde, la Administración de Justicia exhibiría una
fisonomía especial, distinta de la que reviste en las restantes ramas del
ordenamiento. Como quiera que sea, a la elucidación de estas cuestiones
se aboca el siguiente apartado.
3. Nuestra concepción.— Partamos constatando que en el lenguaje
del Derecho político el nombre Administración de Justicia sencillamente
no es empleado, y que no se lo llame en causa responde a la potísima
razón, adelantada páginas atrás, de su irremediable equivocidad. Como
se sabe, el vocablo administración, en sentido objetivo, concierne a la
acción de administrar, al paso que su sentido subjetivo alude al sujeto de
esa acción, 27 pero ninguna de estas acepciones deja de presentar el inconveniente
de confundir los conceptos y las tareas de los Poderes judicial y

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
ejecutivo. Al margen, pues, de lo que aquéllas indiquen y los malentendidos
que provocan, lo que en verdad instituye el Derecho político e interesa
en esta sede, es una función bien precisa del Estado, la función jurisdiccional,
la cual, a su turno, representa una de las tres en que se despliega el
poder soberano de la entidad estatal. Este vínculo entre la función jurisdiccional
y la soberanía —parte, la primera, de ese todo que es la última—
es esencial, porque la identidad de la substancia jurídica que existe
en las dos, determina que si la función jurisdiccional resulta inconcebible
desligada de la soberanía, tampoco cabe imaginarla desprovista de los
rasgos que convienen a su fontana.
Ahora bien, se comprenderá que no es el caso de entrar aquí en el
concepto de soberanía y en sus problemas, y que sea suficiente, para nuestro
propósito, recordar la de Giner de los Ríos: Poder supremo del Estado,
para hacer que el Derecho reine en la sociedad, 28 poder que se caracteriza
por sus notas de supremacía e independencia. 29 Por cierto, la función
jurisdiccional, una de las formas en que se manifiesta la actividad dominadora
e independiente del Estado, es cometida luego a ciertos órganos o
cuerpos públicos, para que la realicen como jurisdicción, o, si se prefiere,
como actividad jurisdiccional.
De la jurisdicción —función pública encargada a determinados órganos
y que se realiza en una actividad formalizada— han sido ensayadas
numerosas definiciones, “siquiera su noción más simple y expresiva sigue
siendo aquella que, recogiendo la misma etimología del término (ius dicere),
la hace consistir en el poder de declarar, con fuerza vinculante, cuál
sea la voluntad de la ley en un caso determinado y concreto, en el que la
ley haya sido o se considere violada”. 30 Afinando con mayor precisión el
27 Garrido Falla, Tratado de Derecho administrativo. Parte general. 2 vols. Tecnos, Madrid,
tomo I, duodécima edición, 1994, cfr. pág. 32.
28 Cit. en Posada, Tratado de Derecho político. 2 tomos. Cuarta edición, revisada. Madrid,
Librería General de Victoriano Suárez, 1928, tomo I, págs. 325-326. El subrayado
nos pertenece.
29 Cfr. Jellinek, Teoría general del Estado. Traducción de la segunda edición alemana y
Prólogo por Fernando de los Ríos. Albatros, Buenos Aires, 1954, pág. 356.
30 Pisapia, Compendio di procedura penale. Cedam, Padova, 4ª ed., 1985, pág. 3.
21

22
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
concepto, cabe sostener que la jurisdicción es una función pública cuyo
contenido consiste en declarar coactivamente, con exclusividad e independencia,
el Derecho aplicable a un supuesto fáctico particular cuya entidad
es controvertida, o respecto del cual se discute la norma que debe regirlo o el
sentido o alcance de tal norma. 31 Es lo que expresan con notable exactitud
el primer artículo del Código orgánico de tribunales de Chile (la facultad
de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo
juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley) y
disposiciones de parecidos tenor e inspiración en otros ordenamientos. 32
31 La sujeción exclusiva de los tribunales de justicia, en el ejercicio de su ministerio, a lo
que establecen las leyes, en nada empece a lo dicho en el texto sobre su misión de
declarar el Derecho, ya que, por una parte, la palabra ley debe aquí tomarse en su
amplia acepción de legislación —e incluye, por ende, las leyes en sentido estricto, los
tratados internacionales, la misma Constitución política y las diversas disposiciones
legiferantes (decretos, órdenes, etc.)—, es decir, que comprende todas las normas del
Derecho escrito de un país. Por otra, ya que tampoco ha de olvidarse que la ley es
apenas una fuente de conocimiento del Derecho, o sea, un procedimiento formal en
que se manifiesta la norma y que permite captarla; pero la ley no constituye la norma ni
puede hacerlo, pues el Derecho yace en meandros más profundos de la comunidad, en
el conjunto de principios y exigencias de comportamiento colectivo que ésta cultiva al
discernir en ellos su referencia a fines valorados, los cuales, tras su reconocimiento por
la entidad estatal, brindan al ordenamiento sus finalidades concretas. Véanse Rivacoba,
op. cit., pág. 8, y, más en general, Max Ernst Mayer, Normas jurídicas y normas de
cultura. Traducción y Prólogo de José Luis Guzmán Dalbora. Hammurabi, Buenos
Aires, 2000, especialmente el capítulo II, págs. 53 y ss. Por esto, hay quienes estiman
que los jueces son órganos del Derecho, antes que del Estado, lo cual “se justifica
fácilmente sin más que recordar que el Derecho no es un producto de la “voluntad del
Estado”, sino una función de la comunidad, función que, frente a un legalismo ingenuo
(que no sólo la teoría rechaza, sino que la experiencia práctica más elemental desautoriza
totalmente), nunca puede encerrarse en un catálogo cerrado de Leyes y Reglamentos”.
García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho administrativo,
I. Cívitas, Madrid, 8ª ed., 1997, pág. 28.
32 Con su habitual erudición y siguiendo a Alcalá-Zamora Castillo, Fairén Guillén recuerda
que la substancia de la frase del artículo 117. 3, en la Constitución española de
1978 (el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados
por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas
establezcan), procede de la Constitución de Cádiz, de 19 de marzo de 1812, de suerte
que la primera, en rigor, “no ha innovado nada aquí”. Doctrina general del Derecho

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
Hay que insistir en que al radicarse esta dimensión del poder soberano
del Estado en los tribunales de justicia, su ejercicio participa, tiene que
participar, de esas notas de supremacía e independencia que, como se
dijo, convienen a dicho poder. De lo que se deduce, en primer lugar y por
un imperativo de supremacía, que los tribunales de justicia ostentan de
modo exclusivo y excluyente su misión, y que los actos de los particulares
que comporten una subrogación indebida en ésta, son antijurídicos. La
realización arbitraria del propio derecho perjudica la Administración de
Justicia, siempre y cuando la controversia que el agente busca resolver por
vías privadas sea jurídicamente relevante y de incumbencia exclusiva de
los tribunales señalados en la ley. En este punto los clásicos de la centuria
decimonónica no tenían dudas, 33 y las esporádicas surgidas en la doctrina
actual, han sido dictadas, a veces al calor de la crítica de los defectos en la
configuración técnica de delitos que describen formas de autojusticia, y,
en otras ocasiones, por la fascinación malsana de identificar sin más la
función jurisdiccional con su ejercicio a través del proceso. Por lo que hace
a lo primero y entre otros ejemplos, Antolisei considera que la regulación
procesal. Hacia una teoría y ley procesal generales. Bosch, Barcelona, 1990, pág. 101.
El acendrado liberalismo del principio según su origen histórico, al que empapa el
empeño de garantizar ante todo la seguridad y libertad del ciudadano, nos impide,
porque no queremos estropearlo, traer a cuento cierta disposición en que lo hizo constar
en Chile un documento legislativo contemporáneo (1980), de origen sospechoso y
validez jurídica cuestionable. Cfr. nuestro artículo Relaciones del Derecho penal con el
Derecho constitucional, y su concreción en la Constitución política chilena (1980), en
Anuario de Filosofía Jurídica y Social, cit., número 12, 1994, págs. 165 y ss.
33 Ya que, en el fondo, con su conducta el sujeto de la infracción declara lo que supone ser
Derecho, o sea, se arroga la autoridad “de manifestar en un hecho concreto, especial y
práctico, lo que él considera (con razón o sin ella) como un precepto de la ley universal
jurídica”. Carrara, op., ed. et vol. cits., pág. 23 (§ 2.484). Véanse también Carmignani,
Elementos de Derecho criminal. Traducción de Antonio Forero Otero. Temis,
Bogotá, 1979, págs. 334 y 357 y ss., y para la opinión de los comentaristas españoles
(Pacheco, Groizard, Viada, y Álvarez y Vizmanos), Bajo Fernández, La realización
arbitraria del propio derecho. Cívitas, Madrid, 1976, págs. 59-60.
23

24
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
que dispensa el Código italiano a la realización arbitraria de las propias
razones estaría viciada por una doble y profunda contradicción: la de que,
requiriendo el acto violencia sobre cosas, o violencia o amenazas a una
persona, su punición, más recatada que las penas de las coacciones y los
daños, lejos de reflejar el desvalor del delito y la correspondiente ofensa a
la Administración de Justicia, concedería un privilegio injustificado a unos
ataques contra la libertad o la propiedad; y, en seguida, la de que la índole
privada de la acción penal que deriva del delito de autojusticia, no se
compadece con la protección de ese interés público que pretexta el plan
del cuerpo punitivo. 34 En este orden de ideas, el tantas veces censurado,
por su estrechez, artículo 337 del viejo Código español (y el paralelo
artículo 494, número 20, del chileno), aunque limitase los supuestos típicos
de autojusticia al del acreedor que, con violencia o intimidación, se
apodera de una cosa perteneciente a su deudor para hacerse pago con
ella, jamás mereció reproches del apuntado talante, por la real titularidad
de un derecho subjetivo en el autor y la inequívoca dirección objetiva y
subjetiva —el ánimo de saldar la deuda con la cosa arrebatada— del acto
contra el poder de los tribunales. En cuanto a lo segundo, afirmar que la
resolución por procedimientos violentos o conminatorios de una pretensión
jurídicamente fundada, “no afecta directamente al ejercicio de la función
que se pretende proteger”, y que aquí, por ende, la ley castigaría más
bien el empleo indebido de esos medios ejecutivos, 35 comporta ignorar
uno de los presupuestos básicos de la función jurisdiccional. El acto de
quien toma en sus manos la jurisdicción, la niega como potestad, menosprecia
su finalidad última, que es hacer cierto el Derecho en los casos
controvertidos y asegurar, así, su efectividad, y hace tabla rasa del monopolio
de la aplicación de la fuerza, que es el medio que el Estado se
reserva para lograr tal fin.
A su turno, una combinación de razones de supremacía e independencia
en la función jurisdiccional fundamenta el injusto de la usurpación
de atribuciones judiciales por cuenta de empleados del orden administra-
34 Op., ed. et. vol. cits., cfr. págs. 968-970.
35 García Arán, Consideraciones sobre los delitos contra la Administración de Justicia,
etc., cit., cfr. pág. 523.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
tivo. 36 El predominio del poder estatal, de la manera en que lo traduce
esta función, reclama la exclusividad de su ejercicio también y sobre todo
frente a la Administración del Estado y el Poder que la detenta. Esto, si
parece claro a la luz de la autarquía de que participa la jurisdicción en
cuanto forma expresiva del poder soberano, no lo ha sido en la misma
medida al contacto de la segunda nota característica de la soberanía; o
sea, el motivo de la independencia de la función jurisdiccional, es el que
suscita ciertas dificultades en trance de determinar la índole de estas conductas
usurpadoras, y ello, a consecuencia de la incuestionable significación
y trascendencia políticas de la autonomía del Poder judicial. Por este
último camino hay quienes piensan que la arrogación de atribuciones judiciales
por funcionario público vendría a ofender, no la Administración
de Justicia, sino el principio de división de poderes y, a la postre, la Constitución
37 o la seguridad interior del Estado. 38 Sin embargo, el reparo
pretiere que la Constitución es sólo una fuente de conocimiento del Derecho
y, adicionalmente, que, por subida que sea su importancia en la estructura
jerárquicoformal del ordenamiento e incluso tomando en cuenta
que en ellas se instituye —más exactamente, recepta (del Derecho político)
y codifica— bienes jurídicos, las Constituciones, por sí solas, no son
objetos protegidos. Además, si lo tomamos en su significación prístina y
en la pureza de su entidad aislada, tampoco el principio de la división de
los poderes conforma un interés que el Derecho cautele, aunque sería
vano negar que este apotegma configura una de las condiciones de las que
depende la estructura íntima de la entidad estatal, estructura en la plasma
la organización política de la comunidad, esto es, que contribuye a dar
cuerpo a su seguridad interna. Con todo y eso, la teoría que pretende
hurtar a la Administración de Justicia la usurpación de atribuciones judiciales,
para consignarla a la seguridad del Estado, pasa por alto esta vez
que las conductas en discusión son sancionadas, en los diversos Derechos
36 Del mismo parecer, Luzón-Peña, op. cit., cfr. págs. 779-780.
37 Así, en España, Rodríguez Devesa, op. et ed. cits., cfr. págs. 712-718, y Muñoz
Conde, Derecho penal. Parte especial, 11ª edición, cit., págs. 699-702.
38 Cfr. Bustos Ramírez, op. cit., págs. 477-478, y Cobo del Rosal y otros, op. et ed.
cits., pág. 119.
25

26
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
positivos, con puniciones por lo regular más reducidas —incomparablemente
más reducidas— que las de los genuinos delitos contra la seguridad
interior, y ya se sabe que las penalidades son ratio cognoscendi de la
importancia objetiva del bien que anima a cada figura delictuosa. El menor
desvalor de estos ilícitos resulta harto elocuente en orden a que su
perpetración ni siquiera pone en peligro la seguridad del Estado e indica,
asimismo, que lo que comprometen no es, en definitiva, la independencia
del Poder judicial en su significado político, cuanto la consideración de
dicha autonomía en su dimensión administrativo-funcional, según el principio
de división del trabajo. Lo anterior, sin mencionar que el número
plural de delincuentes reclamado por las acciones típicas, al menos en dos
paradigmáticos crímenes contra la seguridad del Estado en la tradición
jurídica hispánica —rebelión y sedición—, se amolda de mala manera a
la intervención individual del funcionario público que sin derecho y unilateralmente
decide investirse de facultades judiciales. Por supuesto, es del
todo factible que un movimiento rebelde o sedicioso, encabezado por miembros
de la Administración, principie con una arrogación o impedimento
grosero de atribuciones jurisdiccionales, 39 aunque de una hipótesis semejante
nadie deducirá la necesidad de someter a los sublevados a las penas
de la usurpación de funciones. Lo vedaría el hecho cierto del menoscabo
habido en la regularidad de las condiciones que permiten discurrir de una
usurpación de funciones públicas dentro del Estado de Derecho. En el
fondo y examinándola en su entidad lógica, o sea, cual mera posibilidad
abstracta, la usurpación tiene como supuesto jurídico y político la normalidad
substancial de tales condiciones.
Habiéndose establecido que Administración de Justicia y función
jurisdiccional son dos maneras distintas para designar una misma entidad,
es evidente y debe subrayarse que no le conciernen, sin embargo,
todas las esferas de actividad que cumplimentan los órganos o sujetos a
los que se confía el ejercicio de la jurisdicción, sino únicamente aquel
39 Los ejemplos históricos están a la vista; y por mencionar sólo uno, acaecido durante
los días en que escribimos la primera versión de estas cuartillas —el verano austral de
1999—, pensemos en el tristísimo episodio que abrumó al Paraguay, poniendo en
serio riesgo la organización política del país.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
segmento que materializa la tarea de declarar con fuerza coactiva el Derecho
a supuestos fácticos concretos. Este principio, que ata con firmeza la
actividad y el órgano a la substancia contenutista de la función jurisdiccional,
excluye del objeto jurídico que venimos examinando ese conjunto de
actos, instrumentales para el correcto desempeño de la jurisdicción, que
tienen naturaleza administrativa, a pesar de la calidad de su autor, un
intraneus profesional del Poder judicial. Puesto que en esta materia ha de
prevalecer el aspecto objetivo de la jurisdicción, dice con sobrada razón
Otto Mayer que “los tribunales pueden estar encargados de toda clase de
gestiones y actos preparatorios necesarios para la buena marcha de la
justicia, tales como la conservación del material, nombramiento para servicios
subalternos, etc.; pero por lo mismo que ello no significa mantener
el orden jurídico mediante el poder público, no es justicia, sino administración”.
40 Ahora, si, de la mano de este principio, es verdad que a la
Administración de Justicia no incumbe todo el quehacer de los jueces,
debiéndose disgregar de su seno la denominada Administración Judicial
(Justizverwaltung), o sea, una de las múltiples hebras con que se teje el
complicado mecanismo de la administración del Estado, 41 no lo es menos
que, por la inversa, le competen siempre e invariablemente las actuaciones
de jueces y colaboradores del Poder judicial, en tanto que tales jueces y
colaboradores, es decir, en la medida en que unos y otros, en sus respectivos
casos, ejercen la jurisdicción o cooperan con ella. El télos de la función
jurisdiccional resulta de nuevo decisivo para el intérprete, y marca los
límites, que pueden ser fluidos, entre un acto relevante para la Administración
de Justicia y otro que, en verdad, interese a la Administración
pública, lo cual —reiterémoslo— vale tanto respecto de los sujetos que
invisten la potestad de declarar el Derecho, como para las autoridades o
40 Derecho administrativo alemán. 4 vols. Traducción directa del original francés por
Horacio H. Heredia y Ernesto Krotoschin. Depalma, Buenos Aires, tomo I (Parte
general), 1982, pág. 9.
41 El conocido fenómeno de la yuxtaposición de cometidos funcionales heterogéneos en
el ámbito de un solo Poder del Estado, lo explica Jellinek con ilustrativa frase: “no
son consideraciones de belleza arquitectónica las que determinan el orden real del
Estado, sino consideraciones acerca de sus fines, las cuales traen consigo muchas
veces desviaciones incluso de reglas expresamente reconocidas”. Op. cit., pág. 466.
27

28
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
los funcionarios del Poder ejecutivo que deban prestar a los jueces auxilio.
Por lo demás, y al margen de su necesidad técnica, esta distinción conceptual
tiene gran trascendencia política, o, si se quiere, implicancias políticas,
ya que una noción global de la Administración, que arrastrase hacia
su férula todos los deberes de los funcionarios, sin discernir la orientación
funcional (teleológica) de cada una de las obligaciones, comportaría degradar
la teoría de la separación de los poderes a un simple criterio formal
de distribución de competencias, favorececiendo, de paso, una protección
compacta del Estado y los demás entes públicos, incluso los menores,
imposible de conciliar con la esencia y estructura del Estado de Derecho
y una concepción liberal de la vida en común.
El contenido de la función jurisdiccional se desarrolla por el conducto
de esa actividad formalizada, sucesiva y teleológicamente orientada que
denominamos proceso. La secuencia de sus fases, el conjunto de relaciones
jurídicas que entraña, con los consiguientes derechos y obligaciones
que atribuye e impone al juez y a los otros órganos de la jurisdicción, a las
partes y los terceros, no menos que su conclusión en una sentencia provista
de la autoridad de cosa juzgada, precisan protección jurídica, siquiera
resulte algo paradójico que el proceso, siendo en sí mismo y por antonomasia
un instrumento de tutela del Derecho, tenga que ser protegido por
éste. 42 Pero la perplejidad se desvanece no bien advertimos que la tutela
jurídica del proceso forma parte de la tutela de la función jurisdiccional.
Este extremo ha sido mal entendido por los autores que, al amparo de la
teoría de la “actividad jurisdiccional”, reducen la función del ius dicere al
proceso, y lisa y llanamente mutilado por aquellos que, formando mayoría
en la doctrina administrativa, consideran del todo ajena al proceso la etapa
de ejecución de los fallos civiles o criminales. 43 Tampoco es raro trope-
42 Cfr. Couture, Fundamentos del Derecho procesal civil. Tercera edición (póstuma).
Depalma, Buenos Aires, 1990, pág. 148. Welzel plantea la paradoja en la forma de
una pregunta más amplia, al principiar su estudio de los delitos contra los intereses
del Estado, puesto que —dice—“wenn der Staat Hüter des Rechts ist, wie kann er
sich selbst durch das Recht hüten lassen?” (si el Estado es el protector del Derecho,
¿cómo puede hacerse proteger a sí mismo por el Derecho?). Das deustche Strafrecht.
Eine systematische Darstellung. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 11ª ed., 1969,
pág. 480.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
zar en la obra de algunos penalistas con el aserto de que la incorporación
de los delitos de quebrantamiento de condena, evasión de presos, frustración
del cumplimiento de fallos civiles, etc., entre los atentados contra la
Administración de Justicia, desleiría el perfil riguroso de la jurisdicción. 44
En cambio, el punto de vista prevaleciente en la doctrina procesal insiste
en que la ejecución es actividad jurisdiccional, sin importar que incida en
asuntos civiles 45 o criminales; 46 y con suma exactitud replica Otto Mayer,
desde la ribera del Derecho administrativo —lo que dota de un valor e
interés especiales a sus palabras—, que “la justicia no aparece sólo en los
actos en los cuales el juez procede personalmente; comprende también
todo lo que mediante el concurso del juez y bajo su dirección, se hace con
ese fin [la declaración de lo que debe ser Derecho según el ordenamiento
en un caso individual], en nombre del Estado; los actos del Ministerio
Público, las notificaciones, los embargos y otras medidas coactivas efectuadas
por los agentes de la ejecución judicial”. 47 La máxima iurisdictio
43 Cfr., por todos, Garrido Falla, ‘Funciones del Estado’, en Nueva Enciclopedia Jurídica,
cit., tomo X, 1985, págs. (512 y ss.) 516.
44 Cfr. Boscarelli, op. et loc. cits., pág. 614. Sin embargo, del siglo XVIII y de la
propia Italia provienen estas justísimas palabras: “últimamente a más de los magistrados
y de los jueces la justicia pública necesita de algunas manos subalternas para la
execución de las órdenes de estos mismos magistrados y jueces; para citar, asegurar y
custodiar las personas que estos han llamado a juicio, y para executar los decretos que
han dado”, lo que da origen a una serie de “delitos contra la justicia pública de los
ministros subalternos”, como la evasión de presos, entre otros. Filangieri, Scienza
della legislazione. 4 vols. Napoli, 1780-1783. Traducción castellana por Jaime Rubio,
en 10 vols. Imprenta que fué de Fuentenebro, Madrid, Tomo VII, 1813, págs.
91-93.
45 “La actividad ejecutiva es actividad jurisdiccional. Los órganos de la jurisdicción no
pierden en ningún momento, dentro de ella, la actividad cognoscitiva, y si bien en los
hechos la actividad de los auxiliares es más visible que la actividad de los magistrados,
no es menos cierto que sólo actúan dentro de nuestro Derecho, por delegación de
éstos”. Couture, op. et ed. cits., pág. 443.
46 Cfr. Gómez Orbaneja y Herce Quemada, Derecho procesal penal. 10ª ed., nueva
tirada puesta al día. Madrid, 1987, págs. 8-9 (aunque, ahí mismo, con las reservas
tan acostumbradas como lamentables en la doctrina respecto del cumplimiento de las
penas privativas y restrictivas de la libertad).
47 Op. et vol. cits., pág. 9.
29

30
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
sine executione esse non potest expresa de inmejorable manera por qué el
cumplimiento de los fallos es inseparable de la función jurisdiccional. No
importa tanto que, despojados de la posibilidad eficaz de ejecución, éstos
serían hueras emisiones de voz carentes de trascendencia individual y social,
ya que lo esencial es que se desmororaría el fin de la jurisdicción.
Después de todo, si dicha finalidad obedece a la exigencia de dotar de
seguridad al Derecho ante asuntos controvertidos determinados y garantizar
la certeza de los justiciables merced a la efectividad del ordenamiento,
es natural que esos imperativos de seguridad y certeza no queden plenamente
servidos con el mero pronunciamiento formal de las resoluciones.
“No puede haber duda —escribe Satta— de que la limitación de la jurisdicción
a la declaración del Derecho es fruto de error. El ordenamiento se
afirma ya sea con la declaración de certeza (del Derecho), ya sea con la
reintegración del Derecho (declarado cierto). Esta última es incluso la
máxima expresión del ordenamiento, puesto que en ella el ordenamiento
se hace acción”. 48 Únicamente el cumplimiento de las sentencias hace
recognoscible la voluntad concreta de la norma al entendimiento del ciudadano,
proporcionando a la una eficacia —otra manera de llamar a la
seguridad jurídica— y al otro certeza en cuanto a lo que el Derecho permite
o interdice. Por consiguiente, la ejecución integra de plano la jurisdicción,
puesto que corona la función estatal correspondiente, y los actos
que la obstaculizan o frustran no conciernen, salvo en las apariencias, a la
Administración del Estado. 49
48 Y prosigue: “la cual acción [...] se desarrolla y se cumple a través de un proceso que
comprende en su estructura la constante posibilidad de afirmación del ordenamiento
en el juicio, a través de las varias formas de oposición. Quien niega la jurisdiccionalidad
de la ejecución olvida simplemente la organización del respectivo proceso”. Derecho
procesal civil. 3 vols. Traducción de Santiago Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas
Europa-América, Buenos Aires, tomo III (Soliloquios y coloquios de un jurista),
1971, pág. 299.
49 Siquiera respecto de la aplicación de las penas privativas de la libertad toda una
prolongada experiencia histórica pretenda indicar lo contrario. Acerca de ello, cfr.
Rivacoba, Función y aplicación de la pena. Depalma, Buenos Aires, 1993, págs.
111-118, y Guzmán Dalbora, Diagnóstico y perspectivas del binomio judicializaciónjurisdiccionalización
en el cumplimiento de las penas privativas de la libertad, en la
Revista brasileira de ciências criminais, de São Paulo, año 6, número 22, abril-junio
de 1988, págs. 227-240.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
Recogiendo los cabos de lo expuesto hasta aquí, podemos concluir
que el sistema de los delitos contra la Administración de Justicia y su
estudio pormenorizado, distan mucho de requerir un concepto penal para
ésta, es decir, una noción de la Administración de Justicia dotada de
contornos más dilatados que los que determinan las ramas del Derecho a
cuyo abrigo se ha constituido y modelado como objeto jurídico. Existe, a
menos de prueba en contrario, una continuidad uniforme entre las últimas
y el Derecho punitivo, ya que lo que regula el ordenamiento es la
función jurisdiccional, que es una sola y siempre la misma en el concierto
de la enciclopedia jurídica. Esto aparte, es ciertamente factible, y de hecho
ocurre, que los Códigos que reservan al tema un título o capítulo
específicos amalgamen en éstos infracciones que conciernen a la jurisdicción
junto a otras que no tienen, rigurosamente hablando, una relación
substancial con ella. Pero una interpretación orientada según el bien jurídico
deberá separar las figuras extrañas de esta provincia de la Parte especial,
digan lo que quieran las rúbricas de la ley, que —mas esto es resabido—
no son vinculantes para el intérprete sino en la medida en que reflejen
su voluntad objetiva.
Con estos recaudos, convenimos en la síntesis de Ranieri, para quien
lo protegido en los delitos contra la Administración de Justicia viene a ser
“el interés del Estado en el funcionamiento normal de la actividad judicial
pública, que exige, además de la normalidad de su ejercicio, el respeto
debido a sus providencias y la subordinación de los particulares a su potestad
para la solución de sus controversias”. 50
4. Reconocimiento jurídico e importancia de la Administración de Justicia.—
Es un lugar común en nuestra disciplina la afirmación de que
varias de las más destacadas figuras delictuosas que menoscaban la Administración
de Justicia ostentan rancio abolengo histórico, aunque ni las
legislaciones antiguas y modernas ni el paralelo laborío doctrinal colum-
50 Manual de Derecho penal. 6 vols. Versión castellana de Jorge Guerrero. Temis, Bogotá,
tomo IV, 1975, pág. 4. O, según prefiere Jannitti-Piromallo, “toda la actividad
judicial, como conjunto de medios preestablecidos para la realización de la función
jurisdiccional, seguida durante el normal desarrollo de ésta hasta la ejecución de lo
juzgado”. Op. cit., págs. 41-42.
31

32
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
brasen jamás su referencia a la jurisdicción. 51 Paradigma de lo cual es el
falso testimonio, delito que conservó durante siglos su primitivo cariz religioso
y lo promiscua después, en la época del Derecho común, con la
polimorfa silueta del crimen falsi. 52 Nada tiene todo esto de extraordinario,
considerando que si bien la función jurisdiccional ha acompañado la
existencia y actividad estatales desde tiempos pretéritos, serán sólo las
transformaciones jurídicas ilustradas y revolucionarias de la segunda mitad
del siglo XVIII las que permitirán distinguirla de las restantes dimensiones
del poder soberano, al ritmo del imperioso requerimiento de salvaguardar
la independencia del Poder judicial.
A este fenómeno se debe que el reconocimiento de su calidad de
objeto jurídico, hubo de recibirlo la Administración de Justicia mano a
mano del nacimiento de la organización política liberal y el Estado de
Derecho, y que, en consecuencia, materializasen la acogida las grandes
declaraciones de derechos y las principales Constituciones políticas del
período a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Toda sociedad en la cual
la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación
de los poderes, carece de constitución, reza el artículo XVI de la gloriosa
Declaración francesa de derechos del hombre y del ciudadano, de 26 de
agosto de 1789, 53 y en la Declaración de Virginia, de 12 de junio de
1776, el artículo V ordenaba que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial
deben ser separados y distintos. Sin mengua de la proyección e influjo
universales de estos documentos, interesa particularmente a los países iberoamericanos
y delimita con incuestionable precisión la función jurisdic-
51 Cfr. Janitti-Piromallo, op. cit., págs. 1 y 19.
52 Cfr. Arzt y Weber, op. et vol. cits., págs. 74-75, y Jiménez Asenjo, ‘Falso testimonio’,
en Nueva Enciclopedia Jurídica, cit., tomo IX, 1958, págs. (527 y ss.) 528-529.53
El artículo XXIV de la Declaración que votó la Convención en 1793 y encabeza la
Constitución francesa de 24 de junio del mismo año, denuncia la imposibilidad del
goce y la conservación de los derechos, si los límites de las funciones públicas no están
claramente determinados por la ley.
53 El artículo XXIV de la Declaración que votó la Convención en 1793 y encabeza la
Constitución francesa de 24 de junio del mismo año, denuncia la imposibilidad del
goce y la conservación de los derechos, si los límites de las funciones públicas no están
claramente determinados por la ley.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
cional, el artículo 245 de la ya mencionada Constitución española de 19
de marzo de 1812, al tenor del cual los tribunales no podrán ejercer otras
funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.
Pero el plan de los Códigos penales del siglo XIX tardó, y se tomó
bastante tiempo, en hacerse eco de este aspecto de la mudanza habida en
las valoraciones del pasado. En los más importantes cuerpos punitivos de
la época, comenzando por el influyente Código francés de 1810, los delitos
contra la Administración de Justicia vagaban por sectores inadecuados,
en un desorden que los entremezcló con infracciones de naturaleza
sumamente desigual. 54 Era el precio que hubo que sufragar, en el plano
político, a la trabajosa afirmación de la independencia de las funciones
judiciales frente a la Administración, y, en el científico, al incipiente estadio
en que versaba el estudio sistemático de la Parte especial. De hecho,
una rúbrica y un título legislativos autónomos para estas infracciones son
tardía creación italiana; aparecen con el Código de Zanardelli, en 1889
—es decir, en las postrimerías de la centuria—, que sobre el particular se
apartó de lo que sugerían las líneas de la codificación preunitaria y distinguió
con relativa claridad los delitos contra la Administración de Justicia
de los que incumben a la Administración pública. 55 Ya avanzado el siglo
54 En el Code el falso testimonio y el perjurio (arts. 361-366) figuraron en la sección
VII, capítulo primero (des crimes et délits contre les personnes), título II (crimes et
délits contre les particuliers), del libro III, en medio de una congerie de delitos —entre
otros, los homicidios y secuestros— contra bienes de titularidad individual. Diversos
ataques ulteriores contra la Administración de Justicia yacían diseminados, aquí y
allá, sin orden ni concierto, en el título I (crimes et délits contre la chose publique) del
propio libro: la prevaricación-denegación de Justicia (art. 185), quedó como un delito
cometido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; la evasión de
detenidos (arts. 237 y ss.), entre las resistencias y desobediencias contra la autoridad
pública, y así sucesivamente.
55 “Respecto del período anterior a la entrada en vigencia del Código penal italiano de
1899, sería vana la empresa de buscar en los Códigos italianos y extranjeros un título
autónomo de los delitos contra la Administración de Justicia”, advierte Janitti-Piromallo,
op. cit., pág. 1. Y es verdad. Por ejemplo, el libro II del Código penal para el
Gran Ducado de Toscana, de 20 de junio de 1854, ubicó la evasión de detenidos y
el quebrantamiento de condena en el capítulo II, título III, o sea, entre los delitos
contra la Administración pública, y las calumnias, el perjurio y el falso testimonio, en
33

34
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
XX, el Código de Rocco, de 1930, profundiza el sesgo autónomo de
estos delitos, y su reconocido prestigio, no menos que el del suizo, de
1937, que también destina un título común al grupo, hizo que el epígrafe
tuviese aceptación en otros muchos de las décadas posteriores, conforme
se dijo y se repetirá infra, en el tercer capítulo de esta monografía.
Casi resulta sobreabundante e innecesario explayarse sobre la importancia
de la Administración de Justicia y la necesidad de cautelarla penalmente
ante sus atentados más graves. Siendo finalidades preeminentes de
la jurisdicción servir de última garantía de los intereses individuales y
colectivos, no menos que posibilitar el imperio del Derecho en la comunidad,
es inevitable que los delitos que la ofenden hayan de poner “en riesgo
la propia existencia de la protección jurídica; lo que todo individuo
percibe cuando se verifican es un trastorno que amenaza las garantías
fundamentales, que constituyen la esencia de esta institución. De ahí su
repercusión profunda y, también, la mayor intensidad de sus efectos. La
confianza pública es herida en su punto nuclear. Extinguida la fe en la
intangibilidad de la justicia y en la regularidad de su administración, desaparece
una de las condiciones fundamentales de la tranquilidad pública”
o paz social. 56 Por esta trabazón teleológica entre la función jurisdiccional
y la tutela jurídica que debe suministrar el Estado al ciudadano, 57 muy a
el capítulo V del título V (delitos contra la fe pública). Antes, y basándose en Filangieri
(op. et vol. cits., cfr. págs. 82-93), Romagnosi incardinó los delitos contra la
Justicia pública, como una subespecie de los que menoscaban el orden público, en su
Proyecto de Código penal para el Reino de Italia, de 1807. Cfr. Janitti-Piromallo,
pág. 20, así como págs. 26-29, donde reproduce los fundamentos de la decisión que
adoptó el codificador de 1889.
No se nos alcanza por qué Quintero Olivares (Los delitos contra la Administración
de Justicia, en Revista Jurídica de Cataluña, número extra, dedicado al Proyecto de
Código penal de 1980, año LXXIX, 1980, cfr. pág. 191) estima que la expresión con
que rubrica su artículo sería “de aparición temprana en el marco del movimiento codificador
europeo”.
56 Covello, Ensaio da teoria sôbre os delitos contra a justica, en Anais do 1° Congresso
Nacional do Ministério Público, tomo V, pág. 343, cit. por Noronha, op., ed. et vol.
cits., cfr. págs. 467-468.
57 Pensando en ella, y acaso extremándola un poco, Sauer llega a decir que los delitos
contra la Administración de Justicia atacan, en último término, la seguridad jurídica

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
menudo acaecerá que los delitos contra la primera generen, suplementariamente,
un riesgo concreto de lesión e incluso el real menoscabo de
bienes de titularidad individual. A la vista están, demostrándolo, ciertas
formas de la prevaricación judicial, el testimonio falso y la acusación o
denuncia calumniosas, entre otros.
5. Sentido y alcance de su tutela penal.— El sentido de la protección
penal de la Administración de Justicia está condicionado por el carácter
del objeto valorado. Es cosa pacífica en la doctrina que la Administración
de Justicia constituye un interés de pertenencia estatal, porque la función
jurisdiccional, a fin de cuentas, es siempre espejo de una atribución soberana,
inseparable del único ente que detenta los poderes públicos. De lo
que provienen su indisponibilidad y la consiguiente irrelevancia del consentimiento
en estos delitos. En la última circunstancia, esto es, la falta de
efecto desincriminante del consentimiento, y en la común característica
pluriofensiva de las infracciones correspondientes, ha de hacerse ciudadoso
hincapié llegada la hora de desbrozar el grupo, lo mismo para descargarlo
de los delitos que no interesan a su contenido, que para asegurar
sitio a aquellos que sí le pertenecen, por dispersos que éstos se encuentren
en los cuerpos punitivos, sobre todo los más antiguos. Al respecto y entre
otros ejemplos, se ha escrito de la acusación falsa, según el § 164 del
Código alemán, que, a pesar de la doble dirección de una ataque que
hiere a la vez la Administración de Justicia e intereses individuales, el
consentimiento del sujeto denunciado “no justifica el hecho, porque en la
acusación antijurídica prevalece el bien de la Administración de Justicia,
que es indisponible”. 58 A la inversa, el efecto eximente del consentimiento
será índice definitivo, para los delitos de ubicación sistemática incierta,
de que éstos no protegen, o al menos no protegen en primera línea, la
incolumidad de la jurisdicción, y de que tampoco hacen a la entidad estatal.
La tipicidad de la punición arbitraria o irregular, según los artículos
178-180 del viejo Código español, y 152-154 del chileno, pongamos por
caso, desaparece cuando el sujeto a quien se impuso el castigo equivalente
(Rechtssicherheit). System des Strafrechts. Besonderer Teil. Carl Heymanns Verlag,
Köln-Berlin, 1954, cfr. pág. 483.
58 Arzt y Weber, op. et vol. cits., pág. 117.
35

36
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
a una pena corporal autorizó la privación, aunque el autor se arrogue las
atribuciones judiciales aludidas en la descripción legal; lo que ésta protege,
ante todo, es la libertad. 59
En seguida y por lo que se refiere a su alcance, la tutela punitiva de
la Administración de Justicia se extiende tanto a formas de lesión como a
actividades de mera puesta en peligro. Aunque resulta algo precipitado
sentar conclusiones terminantes en este argumento, considerando que él
exige atender al régimen particular de los delitos conforme a cada Derecho
positivo, somos de la opinión de que la mayoría de los ordenamientos
que mencionaremos a lo largo de estas páginas consultan ambos aspectos
de la integridad de la jurisdicción, siquiera, eso sí, las figuras de riesgo —
piénsese en la presentación de pruebas falsas en juicio (art. 212 del Código
chileno), y de testigos o documentos falsos e intérpretes o peritos mendaces
(art. 461 del español)— forman un grupo relativamente reducido.
60 Por último, atañe a los límites de la tutela penal de la jurisdicción el
certero comentario de Maurach: como los principios fundamentales que
59 En cambio, como delito contra la división de poderes y con constante referencia al
judicial, estudian la infracción Muñoz Conde, Derecho penal. Parte especial, 8ª ed.,
cit., cfr. págs. 618-619; Rodríguez Devesa, op. et ed. cits., cfr. págs. 716-717; Terradillos
Basoco, en Código penal comentado, coordinado por Jacobo López Barja de
Quiroga y Luis Rodríguez Ramos. Akal, Madrid, 1990, cfr. págs. 416-419; Queralt
Jiménez, Derecho penal español. Parte especial. Segunda edición (corregida y puesta al
día), Bosch, Barcelona, 1992, cfr. págs. 740-741, y la generalidad de los penalistas
españoles.
60 Fiandaca y Musco, en una apreciación difícil de compartir, sostienen que todos los
delitos contra la Administración de Justicia son de peligro, ya que su consumación no
dependería “de la prueba de un perjuicio efectivo a la función jurisdiccional (prueba,
por otra parte, extremadamente ardua), siendo suficiente que el acto resulte idóneo
para exponer a riesgo el ejercicio de dicha función” (op. et vol. cits., pág. 255).
Cuando, en una cuestión particular, o sea, la aseveración (ibídem, pág. 278) de que
el falso testimonio sería una actividad de peligro, se reconozca en ella un fondo de
verdad (porque la deposición del testigo sólo adquiere relevancia, como fundamento
de la decisión, en el fallo, cuyo contenido la declaración falsa puede alterar), tampoco
se desprecie el dato de que ya en la fase de investigación los dichos del testigo mendaz
en un procedimiento criminal perjudican el estado de la instrucción, motivando diligencias
y actuaciones indebidas —la misma declaración del testigo falso hace perder
tiempo y recursos—, innecesarias o inconducentes, y mueven a error al magistrado

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
yacen en los tipos de los delitos contra el Estado reciben sólo la protección
del propio Estado, así también estos delitos protegen únicamente la Administración
de Justicia nacional. 61
sobre un elemento de convicción que cree serio y disponible. Conviene aquí recordar
la advertencia de von Liszt, pues si los delitos de falso testimonio responden a la
necesidad de precaver la insidia de que la Administración de Justicia deje de adoptar
decisiones exactas y fundadas, también constituyen “atentados contra dicha Administración
en su derecho a obtener de los justiciables deposiciones absolutamente
conformes a la verdad”. Traité de Droit pénal allemand. 2 vols. Traducido sobre la
17ª edición alemana (1908), por René Lobstein. Giard & Brière, Paris, 1911-
1913, tomo II, pág. 452.
61 Deutsches Strafrecht. Besonderer Teil. 4ª ed. Verlag C.F. Müller, Karlsruhe, 1964,
cfr. pág. 633. La tutela, pues, no se extiende a las jurisdicciones extranjera e internacional,
salvo disposición expresa. De hecho, las exigencias de cooperación judicial
entre los Estados y el funcionamiento de tribunales internacionales con competencia
en lo penal, particularmente en la Unión Europea, han motivado la adopción de
preceptos que asimilan las actuaciones realizadas en el Estado por comisión rogatoria
de tribunales extranjeros o ante tribunales supraestatales, a la protección punitiva de
la jurisdicción nacional. Véase, por ejemplo, el artículo 458, 3, del Código español,
a propósito del delito de falso testimonio.
37

CAPÍTULO II
MODOS GENÉRICOS DE ATENTAR CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. Noción, importancia y desatención doctrinal del tema.— La tarea
de definir y delimitar la Administración de Justicia entre los objetos cuya
protección jurídica el Derecho penal refuerza quedaría en verdad incompleta
sin la ulterior determinación de los modos genéricos de atentar contra
ella. Entendemos por éstos, aquel conjunto de formas abstractas e incondicionadas,
esto es, absolutas, de vulnerarla, debiéndose sobre todo destacar
que, por su índole lógicoformal, o sea, por la circunstancia de que se obtienen
metódicamente del propio concepto de la función jurisdiccional, que
hemos desarrollado en el capítulo anterior, tales modalidades no dependen,
como tampoco la categoría superior a partir de la cual son deducidas,
de la regulación concreta que los ordenamientos dispensen al particular, lo
cual significa, mutatis mutandis, que no guardan relación ni deben confundirse
con el número y la calidad de los delitos con que un determinado
Derecho positivo entienda salir al paso de los actos que en apariencia menoscaban
la jurisdicción. Expresado de otra manera: así como la Administración
de Justicia existiría incluso si el Derecho penal se despreocupase
por completo de cubrirla con su coraza protectora, así también las formas
abstractas de afectarla son previas, en sentido lógico, a la ley punitiva, sin
mengua de que ésta pueda, en lo sucesivo y esta vez sobre el plano empírico,
recortar del segmento de lo ilícito que esas formas denotan, aquellas
variedades que parezcan de mayor gravedad y resulten en la práctica insoportables,
imponiéndoles, por ello, una pena.
El tema reviste subida importancia dogmática. Y es que, dadas su
índole abstracta y carácter a priori, como —insistimos— no están relativizadas
por la individualidad de ordenamiento punitivo alguno, estas modalidades
han de poner más claramente en evidencia al intérprete las distintas
41

42
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
flexiones internas en que se desdobla la materia que atacan y, por añadidura,
los aspectos más relevantes de esa materia. De lo que se sigue que la
operación que las identifique sirve al propósito de prestar una contribución
adicional a la fijación rigurosa del concepto de jurisdicción, no menos que
al de aprehender con seguridad el contenido antijurídico inherente a y necesario
en los actos que la vulneren. En resumidas cuentas, y bien que para
negarla, dichas modalidades pertenencen a la función de valoración de la
norma62 correspondiente, que yace en el Derecho constitutivo. Aquí reside
su valor científico, pero también sus proyecciones de lege ferenda, puesto
que, de una parte, la subordinación de semejantes modalidades a la teoría
de la antijuridicidad, al paso que ministra una base objetiva o, si se quiere,
de predominante acento objetivo, a la subsiguiente clasificación y ordenación
sistemáticas de estos delitos, según la legislación penal de que se trate,
proporciona también, de otra, un punto de vista especialmente fundado y
fecundo para aislar las deficiencias que en el tema de la Administración de
Justicia exhiban los Códigos, y de esta guisa reclamar la inclusión de las
conductas antijurídicas cuya ausencia en éstos se eche de ver y, en su caso,
cuestionar, proponiendo su reforma o supresión, aquellas que el legis lator
hubiese introducido sin motivo bastante al grupo.
Sin embargo, la doctrina de nuestra cultura jurídica descuida casi
por completo este extremo especulativo. Y es muy llamativo que así sea, si
se para mientes en el acabado tratamiento que ha recibido en otras familias
de delitos, por ejemplo, los que hacen a la libertad, 63 el honor64 o los
62 Cfr. Mezger, Tratado de Derecho penal. 2 vols. Nueva edición, revisada y puesta al
día por José Arturo Rodríguez Muñoz. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid,
1955-1957, tomo I, págs. 340-341; Bettiol, Diritto penale. Parte generale.
Dodicesima edizione riveduta e integrata, a cura di Luciano Pettoello-Mantovani.
Cedam, Padova, 1986, págs. 331-332; Rodríguez Mourullo, Derecho penal. Parte
general. Publicado, 1 vol. Cívitas, Madrid, 1977, págs. 76-78.
63 Entendida como libertad del obrar, o libertad “negativa”, contra este esencial interés
individual puede atentarse, bien impidiendo a su titular que actúe en un determinado
sentido, bien constriñéndolo a obrar en un sentido dado. Véase, con la amplitud que
el argumento demanda, Guzmán Dalbora, El delito de amenazas. Editorial Jurídica
ConoSur, Ltda., Santiago de Chile, 1999, págs. 122-137.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
derechos patrimoniales, 65 y en que el número de posibilidades teóricas de
herir a la Administración de Justicia, siendo amplio, de ninguna manera
alcanza esas órbitas de inasible extensión, que impiden adentrarse con
provecho en las formas también abstractas de ofender —entre otros bienes
que toman como eje centrípeto la sociedad indiscriminadamente considerada—
la moralidad pública y las buenas costumbres, la salud, seguridad
y el orden públicos, etc. Mientras, por lo que respecta a los que la
terminología alemana denomina delitos vagos (vage Verbrechen), 66 el silencio
o los esfuerzos infructuosos de la doctrina encuentran explicación
en los impedimentos objetivos que para el diseño de los sistemas correspondientes
nacen de las dificultades de caracterización en los objetos jurídicos,
aquí las cosas se presentan de otra manera; la caracterización es, en
nuestro sentir, hacedera, y la descripción de las formas sobredichas, factible,
conforme intentamos demostrar dentro de poco.
2. Consideración crítica de las principales clasificaciones de estos delitos.—
A decir verdad, en la perspectiva comparada sólo es dado hallar
algunas, y tampoco muy numerosas, clasificaciones de estos delitos. Mas
estas clasificaciones, precisamente por carecer de una fundamentación que
atienda a conceptos extraídos con designio lógicoabstracto de la substancia
del interés tutelado, adolecen de un gran relativismo —en definitiva,
siempre que clasificamos los entes trabajamos con y a partir de un material
empírico, sobre cuya irremediable accidentalidad, llevadas las cosas
al mundo del Derecho, huelga insistir—, y de ahí que se comprenda el
torrente de críticas que han provocado en los países de donde proceden y
64 La tricotomía: injuria, calumnia y difamación, es moneda corriente en la dogmática
de muchos países, al margen de las diferencias existentes entre las figuras delictivas
con que los Códigos la hacen plasmar. Cfr. Díaz Palos, ‘Calumnia’, en Nueva Enciclopedia
Jurídica, cit., tomo III, 1989, págs. (584-595) 584-585.
65 Sobre el particular, cfr. Rivacoba, El delito de contrato simulado. Editorial Jurídica
ConoSur, Santiago de Chile, 1992, págs. 21-31.
66 Cfr. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho penal. Publicados, 7 vols. Losada, S.A.,
Buenos Aires, 5ª edición, actualizada, tomo III, 1992, pág. 92. Sobre ellos, De
Vita, Reati a soggetto passivo indeterminato. I. Oggetto dell’offesa e tutela processuale.
Jovene, Napoli, 1999.
43

44
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
a cuyos Derechos positivos se someten en una medida más o menos manifiesta
y rigurosa. Que, no obstante lo anterior, ahora hayamos de posar en
ellas brevemente nuestra atención, responde al hecho de que a menudo
tales ordenaciones involucran, tácitos, ciertos criterios de distribución más
ambiciosos que lo que sus formas enuncian y que en parte coinciden con
los modos genéricos que aquí interesa fijar. Por lo tanto, la mención que
sigue se contrae a las más importantes y difundidas, con miras propedéuticas
del genuino objeto del presente capítulo.
Comencemos por la doctrina española. En la península ibérica goza
de gran predicamento y es muy conocida la clasificación de Quintano
Ripollés, luego retocada por otros penalistas. El malogrado magistrado y
profesor consideraba que “la naturaleza de estos delitos y el señalamiento
del signo distintivo de su substantividad son problemas indisolublemente
ligados al concepto que se tenga del proceso”, 67 por lo cual era lógico que
los clasificase de acuerdo con éste y, siguiendo el ritmo de sus etapas,
formase en definitiva cuatro categorías: a) delitos que afectan a la fase
preprocesal, donde ubica la omisión del deber de impedir determinados
delitos, el favorecimiento y la realización arbitraria del propio derecho; b)
delitos que producen el nacimiento indebido del proceso, o sea, la acusación
y denuncia falsas; c) delitos —en realidad, uno solo, el falso testimonio—
que inciden en la fase probatoria, y d) delitos que afectan a la fase
ejecutiva, y aquí encontramos el quebrantamiento de condena y la evasión
de presos. Pero como las formas del crimen de prevaricación quedaban
antepuestas a estos grupos, 68 el fulcro del sistema debía debilitarse hasta
el extremo de perder consistencia, con serio riesgo de su valor científico.
Persuadido, sin embargo, de la corrección intrínseca de la propuesta
de Quintano, Luzón Peña introdujo una clasificación semejante, aunque
más analítica y enriquecida que el modelo, en la época del Proyecto español
de Código penal de 1980. El cuadro completo de Luzón comprende
los delitos: “1) Que afectan a la fase preprocesal, frustrando la actuación
67 Comentarios al Código penal, ed. cit., págs. 657-658.
68 Curso de Derecho penal, op. et vol. cits., cfr. págs. 570-571. En su Compendio de
Derecho penal (Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, 2 vols., tomo
II, cfr. págs. 133 y ss.), de un lustro antes, la clasificación no había sido trazada.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
de la justicia, no colaborando con ella o prescindiendo de la misma: omisión
del deber de impedir delitos [...] o del deber de promover su persecución,
favorecimiento y realización arbitraria del propio derecho [...] 2)
Que producen el nacimiento indebido del proceso: provocación indebida
de actuaciones. 3) Que inciden en el proceso: a) en la fase probatoria:
falso testimonio; b) en el desarrollo en general del proceso o en su conclusión:
obstrucción a la Justicia y prevaricación; y 4) que afectan a la fase
ejecutiva (quebrantamiento de condena [...]), y evasión de presos...” 69
Tiempo después, la última versión del molde de Quintano ha sido adoptada
por Cantarero Bandrés, 70 e influye en uno que otro monografista,
como Serrano Butragueño; 71 aunque es de observar lo fuertemente resis-
69 Op. cit., pág. 779. A renglón seguido (cfr. págs. 779-780) y de lege ferenda, subraya
Luzón la conveniencia de ubicar dentro de los delitos contra la Administración de
Justicia, diversas infracciones diseminadas a lo largo del plan del viejo Código, como
la usurpación de atribuciones judiciales, los ataques a la independencia del Poder
judicial, la denegación de auxilio y la desobediencia a la Justicia.
70 Op. cit., cfr. págs. 36-37.
71 A su juicio, los delitos en estudio ofenderían lo que califica como “realización de la
justicia”, y los distribuye así: 1. Delitos contra la exclusividad y autoridad de la jurisdicción,
y la independencia, las incompatibilidades y la inamovilidad de sus miembros;
2. Delitos contra el libre acceso a la jurisdicción; 3. Delitos contra el derecho al
juez ordinario predeterminado por la ley; 4. Delitos contra el deber de colaboración
con la justicia: a) previos al proceso; b) durante el proceso; c) en la ejecución de lo
resuelto; 5. Delitos contra el derecho a un proceso justo, con todas las garantías y sin
dilaciones indebidas; 6. Delitos contra el derecho a la prueba lícita; 7. Delitos contra
el derecho a obtener una resolución imparcial, fundada en el Derecho, que ponga fin
al proceso, y 8. Delitos contra el deber de acatar y cumplir las resoluciones judiciales
firmes en sus propios términos. Op. cit., cfr. págs. 49 y 51-61. Prescindimos de
reproducir cada una de las infracciones que el autor ubica en los respectivos grupos,
para no extendernos en demasía sobre esta clasificación, por otra parte ya harto prolija
en la amalgama —antes basada en derechos subjetivos que en las flexiones (subespecíficas)
de un objeto jurídico específico— que bosqueja su heterodoxo principio
fundamental.
Serrano-Piedecasas considera que la clasificación de estos delitos en función de las diversas
fases del proceso, sería el sistema adoptado por el Código español de 1995, y dice que
“se trata, sin duda, de una acertada medida que contribuye a clarificar el desorden reinante”
en título IV, libro II, del anterior. La obstrucción a la justicia y la deslealtad
profesional en el nuevo Código penal, en el Anuario de Derecho penal y Ciencias
45

46
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
tido de sus postulados en la dogmática española más atenta, sobre todo a
causa de la inserción forzada, con miras a asignar dudosa plaza sistemática
a ciertos delitos que de ordinario se producen extramuros de los tribunales
de justicia, de una fase preprocesal, que a todas luces no es proceso,
72 y por cuanto, al rotar la clasificación en torno a la secuencia de las
fases procesales, alzaprima un mero dato cronológico, desprovisto de ese
trasfondo contenutista que exige la construcción unitaria de esta familia
de delitos. 73
72 Si, de nuestra cuenta, quisieramos empecinarnos en discurrir sobre un preproceso,
habría que llamar en causa aquellos procedimientos que precisamente no aducen a
favor de su tesis los secuaces del criterio combatido en el texto, es decir, primero, esos
que en la terminología de Fenech (cfr. El proceso penal. Agesa, Madrid, 4ª ed.,
1982, págs. 233 y ss.) resultan ser “procedimientos con garantía reforzada”, esto es,
juicios que anteceden y condicionan el procedimiento penal declarativo, y constituyen
formas de materializar algunas condiciones de procesabilidad, y, segundo, las medidas
cautelares de carácter prejudicial que a veces se impetra ante y de las que conocen
los tribunales civiles. Con todo, y aunque el tema rebase el objeto de estas páginas,
mientras los antejuicios penales “no son, en rigor, otros tantos tipos procesales”, ya
que “en la mayoría de los casos, se trata de variantes del proceso ordinario y no de
verdaderos procesos especiales, y en algunos, de meros procedimientos [...] en función
del proceso declarativo...” (Gómez Orbaneja y Herce Quemada, op. et ed.
cits., pág. 327), siendo innegable, por sus características intrínsecas, ese sesgo jurisdiccional
que los sitúa con pleno derecho dentro de esta función soberana, en cambio,
las medidas cautelares civiles ofrecen una relación apenas instrumental con el proceso
verdadero y propio; no forman parte de él; y es en extremo opinable que algunas, de
acusada importancia, que se decretan inaudita altera pars, posean naturaleza jurisdiccional.
“La medida cautelar –—escribe Serra Domínguez, con cauteloso ademán—
es jurisdiccional en cuanto contiene elementos jurisdiccionales típicos [...], lo cual no
significa que todas las medidas cautelares sean sin más jurisdiccionales...” (‘Medidas
cautelares’, en Nueva Enciclopedia Jurídica, cit., tomo XVI, 1990, págs. [134-168]
141); a nosotros, la índole administrativa de tales resoluciones y, por ende, su distanciamiento
de la órbita de la función jurisdiccional, nos parecen corolarios difíciles de
rebatir, así como el de que los delitos que en dichos procedimientos pudiese cometerse
tampoco conciernen a la Administración de Justicia, sino a la función administrativa
del Estado.
73 Cfr. Cobo del Rosal y otros, op. et ed. cits., pág. 280, y nuestra nota 23, en el
capítulo I de este libro.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
No menos apegadas a la disciplina de la última en el Código de su
país, las clasificaciones de Antolisei y Boscarelli acaso barruntan esa fundamentación
especulativa que las españolas, al contrario, substraen a la
comprensión del tema, al paso que no lo encadenan necesariamente al
concepto del proceso, simple instrumento de la función jurisdiccional. Examinémoslas.
A propósito de los tres conjuntos de infracciones contra la Administración
de Justicia que diseña el Código de Rocco —delitos contra la
actividad judicial, delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales,
y delitos de tutela arbitraria de las propias razones—, el antiguo profesor
de Turín comenta: “en el primer grupo, que es con mucho el más importante,
se protege el normal y eficaz funcionamiento de la Administración
de Justicia, funcionamiento que implica varias exigencias, en particular:
a) que la autoridad judicial sea puesta en condiciones de promover la
acción penal, mediante la información de los delitos por parte de quien
tiene el deber de proporcionarla; b) que quienes tienen obligaciones especiales
para con la Administración de Justicia las observen leal y tempestivamente;
c) que no se haga funcionar de modo inútil la maquinaria de la
Administración de Justicia; d) que las personas se abstengan de realizar
actos que puedan desviar la actividad judicial; e) que no se obstaculice
esta actividad por medio de auxilios prestados a quien es sospechoso de
haber cometido delitos; f) que las personas llamadas a colaborar con los
órganos de la Justicia (patrocinadores y consejeros técnicos) ejerzan su
ministerio correctamente”. Una vez establecidos estos requerimientos,
Antolisei dispone a su alero una abultada lista de infracciones: delitos que
comportan la omisión de denuncia o la negativa a cumplir sus deberes
especiales para con el Poder judicial, por sujetos cualificados; simulación
de delito; calumnia y autocalumnia; falso testimonio y actividades equiparadas;
favorecimiento, y prevaricación de abogados y consejeros técnicos.
“Con el segundo grupo —prosigue— [...] se tutela el interés público de
que no se frustre la eficacia de las resoluciones judiciales y que éstas tengan
plena ejecución. Tal interés resulta ofendido cuando los particulares
se substraen al estado legítimo de arresto o detención, a los efectos penales
de una condena o la ejecución de las medidas de seguridad y, en fin, a
las obligaciones civiles derivadas de las resoluciones del juez”. Aquí incardina
la evasión de detenidos, la inobservancia de penas accesorias y de
47

48
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
medidas de seguridad, el incumplimiento doloso de ciertas resoluciones
civiles y de sanciones pecuniarias, y la infracción culposa de los deberes
inherentes a la custodia de objetos sometidos a secuestro o prenda judiciales.
“El tercer grupo —concluye— comprende aquellas figuras criminosas
que, en el pensamiento del legislador, implican la violación de la prohibición
de autojusticia, lesionando de esta manera el interés de la autoridad
judicial en orden al ejercicio exclusivo de sus poderes. Se trata del
ejercicio arbitrario de las propias razones [...] y el duelo...” 74
Boscarelli, con un trazo más fino y penetrante, opina que hay que
distinguir y clasificar los delitos en cuestión de acuerdo con las siguientes
exigencias normativas, comprendidas en el corazón de su objeto jurídico:
“a) que mediante la denominada justicia privada no se eluda la intervención
del Poder judicial (ejercicio arbitrario de las propias razones [...]);
b) que tampoco se cree las premisas de una intervención posible del Poder
judicial, no justificada con la presencia efectiva de la prueba sobre una
“voluntad de Derecho” (simulación de delito, calumnia y autocalumnia
[...]); c) que no surjan condiciones que puedan obstaculizar el cumplimiento
de actividades procesales dadas, o que determinen un cumplimiento
que comprometa la posibilidad de alcanzar el fin del proceso (fraude
procesal, soborno, favorecimiento personal [...]); d) que se realice las
actividades necesarias para la instauración del proceso o para que, con las
máximas garantías que demanda la consecución de su fin, pueda llegarse
a su conclusión (omisión de denuncia de una notitia criminis, negativa a
cumplir deberes legalmente impuestos [...]); e) que dichas actividades
sean cumplimentadas en las condiciones y según los modos más idóneos
para garantir el logro del fin del proceso (juramento falso de la parte;
falsos testimonio, pericia o interpretación; patrocinino o consejo infieles, y
otras infidelidades del patrocinador o del consejero técnico [...]; f) que no
quede comprometida la posibilidad de la ejecución forzosa de una sentencia
civil de condena, ni se eluda la ejecución de una resolución cautelar
del juez civil (incumplimiento doloso de una resolución del juez [...])”. 75
74 Op., ed. et vol. cits., págs. 884-885.
75 Op. et loc. cits., págs. 613-614. Según se ve, Boscarelli primero atiende a la función
jurisdiccional que al proceso, en el diseño de los grupos que estructura. Pero equivoca

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
Desde luego, la doctrina contemporánea conoce otras clasificaciones,
a las que aquí aludimos sólo de pasada. 76 No falta alguna que atienda a
la calidad del sujeto activo, como prefieren Arzt y Weber. Éstos llaman
el rumbo por completo el aserto con que cierra su sistema: “es claro que sólo desfigurándose
el concepto riguroso de la Administración de Justicia, con la consiguiente
renuncia a identificarla con la jurisdicción, se podría justificar la inserción en el título
tercero [del Código] de las disposiciones que prevén los delitos de evasión de presos,
autoliberación, culpa de los custodios, inobservancia de penas accesorias, y complicidad
en el quebrantamiento de condena o de medidas de seguridad privativas de la
libertad...” Por lo demás, esta idea, que es de deplorar, contradice radicalmente lo
que ha sustentado acerca del incumplimiento de los fallos civiles.
76 Entre los sistemas no nombrados en el texto hay que recordar, en Suiza, el de Logoz,
Germann y Hafter: infracciones contra la persecución penal (denuncia calumniosa,
simulación de delito, autocalumnia, y favorecimiento); infracciones contra la administración
de las pruebas en los procedimientos civiles y penales o en las controversias
administrativas (declaración falsa de la parte en procesos civiles, y falso testimonio,
pericia o traducción), e infracciones contra la ejecución de las penas (evasión y motín
de detenidos); cfr. Logoz, Commentaire du Code pénal suisse. Partie spéciale. 2 vols.
Delachaux et Niestlé, S.A., Neuchatêl, Suisse, 1955-1956, tomo II, págs. 707-
708, y el de Stratenwerth, tan apegado como el anterior al plan del Código helvético:
acusaciones y denuncias falsas (acusación falsa, e inducción a error a la Justicia);
violación de deberes procesales de veracidad (declaración falsa de la parte, y falsos
testimonio, pericia o traducción); favorecimiento y lavado de dinero; liberación de
presos (evasión de detenidos y motín de presos). Op., vol. et ed. cits., cfr. págs. 281-
330. Más complejo, Sauer, quien establece dos grandes esferas delictivas. Primero,
ataques contra la Administración de Justicia, que subdivide en tres apartados: 1)
simples menoscabos puros del prestigio de la Administración de Justicia (menosprecio
de ésta, denuesto de sus autoridades y destrucción de manifestaciones oficiales);
2) ataques mediante engaño, falsedad o simulación (en el proceso: denuncia falsa y
perjurio, acusación falsa y simulación de delito, y falsificación o supresión de medios
de prueba; usurpación indebida de funciones: arrogación de funciones públicas, uso
indebido de uniformes, y declaración falsa sobre datos personales); 3) ataques mediante
abusos de poder o confianza (quebrantamiento de arresto y de custodia, rotura
de sellos, violación de secretos del servicio, y prevaricato de abogados y procuradores).
A dicha serie de infracciones hace seguir otra, también numerosa y heterogénea,
con los casos de puesta en peligro de la Administración de Justicia [en su funcionamiento
y realización] mediante hechos previos o posteriores a otro delito, algunos tomados
de los tipos dependientes de la Parte general, según el Código alemán: instigación
frustrada y complot; omisión de denuncia de delitos planeados; recompensa y
aprobación de delitos; favorecimiento; frustración de pena (favorecimiento personal),
y fuga en accidentes de tránsito. Op. cit., cfr. págs. 483-488.
49

50
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
äußere Rechtspflegedelikte a los atentados contra la Administración de
Justicia procedentes de personas en principio ajenas a ella y que sólo en
casos concretos entran en contacto con ésta, como testigos, partes o acusados.
De tales delitos serían prototipo el falso testimonio y el favorecimiento
personal (o “frustración de la pena”). En cambio, el nombre de innere
Rechtspflegedelikte quedaría reservado para los ataques que provienen de
autores que están y deben estar, por su profesión, “del lado de la Administración
de Justicia”, es decir, individuos a quienes ésta considera no
sólo para un proceso en particular: jueces, fiscales, funcionarios de la
policía y empleados de la ejecución penal. 77
Para terminar, digamos que acredita la antigüedad de la preocupación
dogmática por dar a los delitos contra la Administración de Justicia,
siquiera bajo los ropajes de una simple clasificación, algún orden y distribución
elementales, el hecho de que los primeros intentos encaminados en
este sentido hundan sus raíces en la Escuela clásica. 78
77 Op. et vol. cits., cfr. pág. 150. También emplean estas denominaciones que aluden a
la posición del sujeto activo, dentro o fuera de la Administración de Justicia, Spendel
y Wagner (ibidem).
78 Carmignani, cuya obra resiente los conceptos, todavía no bien diferenciados, sobre el
tema de Romagnosi y Filangieri, estructuró los delitos contra la Justicia pública abrazando
varios que ofenden intereses de la Administración del Estado o la colectividad,
e incluso ataques contra la libertad individual, en cuatro modalidades genéricas de
afectación: tráfico sórdido con la magistratura; abuso del poder por los magistrados;
atentado contra éstos, y autojusticia. En seguida, combina estas formas con la calidad
de los sujetos activos y pasivos: a) delitos contra la Justicia pública por parte de
personas públicas y en contra de personas públicas (soborno electoral, rotura de
diques fluviales e incendio); b) delitos cometidos por personas públicas contra personas
privadas (peculado, cohecho, concusión, prevaricato, calumnia y falso testimonio);
c) delitos cometidos por personas privadas contra personas públicas (eximición,
resistencia, fractura de cárcel, encubrimiento e incumplimiento de la pena), y d)
delitos cometidos por particulares contra particulares (autojusticia, cárcel privada y
duelo). Op. cit., cfr. págs. 334-364. Retomando los “conceptos nítidos y elegantísimos”
de Carmignani, Carrara se aleja un tanto de su maestro, especialmente en los
términos de la clasificación; prescinde de los sujetos del delito, y se concentra en las
exigencias abstractas de la Justicia pública, con las cuales traza cuatro esferas: a) la
necesidad de que haya buenos jueces, que determina la existencia del cohecho y de

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
3. Síntesis y aplicación.— En el capítulo anterior se razonó cómo
hablar de la Administración de Justicia en el espectro de los bienes jurídicos
remite necesariamente a la jurisdicción. También explicamos que cabe
concebir ésta como una función pública cuyo contenido consiste en la
declaración coactiva, realizada con exclusividad e independencia, del Derecho
aplicable a un supuesto fáctico particular cuya entidad resulta objeto
de controversia, o respecto del cual se discute la norma que debe regirlo
o el sentido o alcance de tal norma; añadíamos que esta función está
encomendada a ciertos órganos públicos, que se realiza en una actividad
formalizada, a la que se denomina proceso, y que en todo momento su
ejercicio participa de las características esenciales de superioridad y autarquía
que distinguen al poder soberano del Estado.
Pues bien, a partir de los principios enunciados entendemos posible
discernir siete variedades diferentes de actos antijurídicos, que a su vez
concretan sendos modos genéricos de ofender este bien jurídico, a saber y
en síntesis: a) atentando los justiciables contra la supremacía de la jurisdicción,
siempre y cuando la controversia que el agente pretenda resolver
por vías privadas sea jurídicamente relevante y de incumbencia exclusiva
de los tribunales establecidos por la ley, y que para ello se sirva de la
fuerza, esto es, arrogándose alguno de los procedimientos coercitivos comprendidos
en el poder de imperio que conviene a la jurisdicción; b) usurpando
la autoridad administrativa atribuciones judiciales, lo que puede
producirse también por la vía indirecta de intimar aquélla a los tribunales
sobre asuntos que a éstos y sólo a ellos corresponde conocer y decidir; c)
infringiendo los órganos y sujetos de la jurisdicción sus particulares deberes
para con la Administración de Justicia, en tanto en cuanto la actuación
suponga ejercicio de funciones jurisdiccionales o colaborar con ellas; 79
los fraudes electorales; b) la de que los magistrados no abusen de sus funciones, que
de su parte hace surgir el abuso de autoridad, la concusión, la calumnia, el prevaricato,
el falso testimonio, el cohecho de testigos y el perjurio; c) la de que los ciudadanos
no impidan el ejercicio de la Justicia pública, la cual remata en los crímenes de resistencia,
eximición, incumplimiento de penas y favorecimiento, y d) la de que los particulares
respeten la exclusividad de esta función y no se arroguen su ejercicio, de la
que provienen el duelo y el ejercicio arbitrario de pretendidos derechos propios. Op.,
ed. et vol. cits., cfr. págs. 22-23 y 281-318.
51

52
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
d) quebrantando las partes o los terceros de un pleito las obligaciones
especiales que los ligan al órgano jurisdiccional; 80 e) provocando la incoación
indebida de un proceso penal, o desnaturalizando un proceso o
procedimiento civiles, en la amplia acepción —toda suerte de asuntos
litigiosos de índole extrapenal— del último término; f) entorpeciendo la
recta marcha de la jurisdicción criminal, incluso antes de la existencia de
una notitia criminis, 81 sólo que, en este caso, retardando o haciendo iluso-
79 Funciones jurisdiccionales, no las de carácter simplemente administrativo. De ahí
que, pongo por caso, el empleado público que deja de denunciar un delito de cuya
existencia tomó conocimiento en el desempeño de su cargo, no comete, a su vez, el
delito de omisión de denuncia si la autoridad judicial ya disponía de la notitia criminis,
que le llegó por una vía distinta. La omisión de denuncia, antes que como una
mera infracción de deberes, está configurada como una ofensa a la actividad jurisdiccional
de establecer los delitos, observan Marinucci y Dolcini (Corso di Diritto penale.
I. Nozione, struttura e sistematica del reato. Giuffrè, Milano, 1995, cfr. pág.
253); es decir, el puro incumplimiento del deber administrativo correspondiente,
desligado de una vulneración efectiva de la Administración de Justicia, permanece en
la esfera de la responsabilidad disciplinaria. De hecho, el artículo 175 del Código
procesal penal de Chile dispone que la denuncia realizada por alguno de los sujetos
obligados a formularla, exime del deber correspondiente a los demás.
80 Rige aquí, asimismo, lo apuntado en la nota anterior. El simple incumplimiento de
un deber procesal de lealtad, buena fe o veracidad, no basta para concretar una
ofensa a la jurisdicción. El testigo que, por ejemplo, miente sobre su estado civil o
cualquiera otra cuestión irrelevante para el thema probandum, o, recalcitrante, se
abstiene de comparecer a la audiencia o se rehusa a declarar, deja incólume el magisterio
jurisdiccional del Estado; su responsabilidad ha de hallarse a la luz de otros
bienes jurídicos —yo me inclino por la Administración pública—.
81 Esta modalidad difiere de aquella en que las partes o los terceros de un juicio infringen
sus deberes particulares para con la Administración de Justicia. El contenido de
los vínculos que gravitan sobre partes y terceros es más exigente, tanto en términos
cualitativos como cuantitativos, que la obligación de abstenerse el ciudadano privado
de obstaculizar la función jurisdiccional. También es de advertir que empleamos con
deliberado designio el verbo entorpecer, al efecto de plantear desde ya la disímil
situación que observamos, de un lado, en esa nota de antijuridicidad que cuadra al
acto de convertirse quien quiera que sea en agente perturbador de la jurisdicción
criminal, y, de otro, en la actitud pasiva, quizá neutra en el sentido de lo injusto, del
justiciable que rehusa u omite colaborar con ella, en circunstancias que las normas
tampoco lo atan dinámicamente a ésta. El augusto carácter de quienes administran
justicia —son palabras escritas hace más de doscientos años— “merece la veneración

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
rio el inicio del iter jurisdictionis, y g) frustrando u obstaculizando la ejecución
de las resoluciones judiciales. 82
Si tenemos en cuenta que las dos primeras variedades constituyen
especies del vasto círculo de ataques contra la supremacía, que es exclusividad,
de la función jurisdiccional, y que en las cinco restantes late invariablemente
el concepto común de una vulneración, bien de los deberes de
órganos y colaboradores públicos de la Administración de Justicia, partes
o terceros, bien de aquellas obligaciones cuya observancia el magisterio
jurisdiccional del Estado aguarda de los justiciables en general, nuestro
esquema septipartito podría reducirse a una dicotomía, con ganancia lógica
y éxito de brevedad. He aquí, sin embargo, que la diversidad material
de las situaciones de sujeción jurídica que abarcaría, aniquilando su individualidad,
el segundo miembro del esquema económico, aconseja perseverar
en el analítico para el tratamiento sucesivo de la materia.
Como quiera que sea y para significar mejor el contenido del cuadro
mediante una rápida aplicación, digamos que pertenecen a cada una de
las modalidades de atentar, las siguientes infracciones, que hemos entresacado
del núcleo más frecuente de delitos contra la Administración de
Justicia en el panorama comparativo: a la primera, el hacerse justicia por
mano propia; a la segunda, la usurpación de atribuciones judiciales; a la
tercera, la omisión de denuncia y la prevaricación; a la cuarta, el testimonio,
la pericia o traducción falsos, el perjurio y la presentación de pruebas
falsas en juicio; a la quinta, la acusación o denuncia falsas, la simulación
de delito y el fraude procesal; a la sexta, el encubrimiento, y, en fin, a la
séptima, el quebrantamiento de condena, la evasión de presos y la impedición
del cumplimiento de fallos civiles.
pública, del mismo modo que los abusos de su autoridad merecen el rigor de la ley. El
ciudadano en naciendo contrae la obligación de respetar y obedecer sus órdenes, y de
no oponerse a la administración de justicia, protectora de la libertad civil”. Filangieri,
op. et vol. cits., págs. 82-83 (el subrayado, nuestro).
82 Por no insistir en que, siendo la ejecución actividad jurisdiccional, la última categoría
debiera incluirse en el género de los entorpecimientos de la jurisdicción, y éste,
a su turno, en el aún más extenso circuito de ilícitos que abocetamos seguidamente
en el texto.
53

CAPÍTULO III
LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA

1. Variedad y complejidad.— En la perspectiva de la legislación penal
comparada los delitos contra la Administración de Justicia muestran un panorama
bastante irregular, donde la única característica que se reitera en la
visión de conjunto que a continuación ofrecemos al lector resulta ser, paradójicamente,
una variedad y complejidad extraordinarias. La nota, huelga decirlo,
no hace sino recordar y ratificar aquellas dificultades teóricas del diseño
sistemático del grupo y esas vacilaciones conceptuales que circundan su objeto
jurídico, a que nos hemos referido en las páginas precedentes.
Por cierto, semejante falta de uniformidad consta en un piélago de
manifestaciones concretas, las que, con todo, es dable resumir en tres aspectos
generales. En primer lugar, la cuestión de los delitos contra la Administración
de Justicia que consulta o silencia el articulado de los Códigos;
ello porque, excepción hecha de ciertas figuras delictuosas inveteradas,
que forman un núcleo relativamente invariable —el encubrimiento (mas no
en todas sus formas) y el falso testimonio, verbigratia—, la extensión cuantitativa
de la tutela presenta acusadas diferencias, que van, desde el dilatado
polo de los Códigos italiano y español, al muy reducido e insuficiente de
los que rigen en otros países, dentro de una gama que reconoce múltiples
situaciones intermedias entre dichos extremos. Sucesivamente, la diversidad
de los términos que el legislador aplica para nombrar el espectro global
de estos ilícitos, cuando tal designación existe en las rúbricas legales, lo que
no siempre se da, sobre todo en los textos antiguos y aun en algunos de
nuestros días. En fin, las variaciones de contenido en la estructura íntima
de los tipos más comunes constituye, con toda seguridad, el dato más ilustrativo
del oscilante y enmarañado espectáculo de tales delitos en los ordenamientos
occidentales, y, al paso que el ingrediente condiciona y limita al
57

58
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
intérprete en el manejo, que ha de ser sumamente circunspecto, de la
bibliografía y jurisprudencia extranjeras, lo ilustra, asimismo, acerca del
entrecruzamiento de influencias culturales muy dispares en el tema, hasta
en áreas geográficas dotadas de una tradición jurídicopenal convergente,
como la iberoamericana, y en pueblos afines o próximos por sus vínculos
de vida, relaciones políticas o su comercio científico. Naturalmente, no
vamos a desconocer ahora lo que manifestamos al comenzar el presente
estudio, es decir, que el moderno proceso de reforma penal apunta hacia
una amplificación creciente, amén de generalizada, del círculo de conductas
ofensivas de la función jurisdiccional; pero tampoco ha de ocultársenos
que determinados elementos, extraídos de la experiencia del Derecho
punitivo actual, recomiendan invocar con prudencia dicha constatación. 83
Habida cuenta, pues, de que la realidad legislativa introduce graves
obstáculos para una organización satisfactoria, hemos reunido, si no la mayoría,
al menos una cantidad considerable de los principales ordenamientos
europeocontinentales e iberoamericanos, siguiendo la pauta de si los textos
correspondientes destinan un título o epígrafe especiales a la Administración
de Justicia (sistemas de regulación autónoma), o se abstienen de concederle
una disciplina diferenciada (sistemas de regulación no autónoma).
Siendo exacto que las rúbricas de la ley no pasan de ser simples elementos
de la labor hermenéutica y que su valor de ninguna manera resulta vinculante,
hablando en términos absolutos, para el intérprete, en la especie, sin
embargo, a este criterio debe reconocerse cierta importancia, por la doble
razón de que la presencia o, en su caso, ausencia del epígrafe en la letra de
la ley por lo común constituye un indicio de la clase de tutela penal que se
acuerda a la Administración de Justicia, no menos que de la amplitud de
tal tutela, en general más extensa e intensa en los sistemas de regulación
83 Lo que se pasa por alto en las escasas referencias comparativas disponibles, que se
contraen a un número menguado y, por lo mismo, no todo lo representativo que
habría menester de Códigos, casi siempre los más nuevos de la codificación penal
europea. Así, Cantarero Bandrés (Códigos alemán, austriaco, italiano, portugués y
francés), op. cit., cfr. págs. 129-136, y Serrano Butragueño (Códigos portugués,
francés, italiano y alemán), en loc. cit., cfr. págs. 62-69; en ambos casos, los delitos
son simplemente enumerados, sin ambición clasificatoria ni afán crítico.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
autónoma que en los demás. 84 De cualquier forma, y para no abultar innecesariamente
la exposición, prescindimos de la compulsa íntegra de los preceptos
pertinentes en cada Código, y, con las contadas salvedades en que
una aclaración o una observación crítica resultan ineludibles, los enunciamos
en denominaciones abreviadas. Al final nuestro catálogo considera
una referencia sucinta y por separado —dado el casuismo que es inherente
a esta familia jurídica y la peculiaridad de su jerarquía de fuentes formales—
al estado de la cuestión en el Common law, principalmente, el de los
Estados Unidos de Norteamérica, donde esta provincia de infracciones ha
alcanzado un desarrollo impresionante.
2. Sistemas de regulación no autónoma.— Bien se comprenderá que
lo joven de la personalidad independiente de la Administración de Justicia
como interés jurídico determine que, de las dos técnicas legiferantes
conocidas para reduplicar su protección en los cuerpos punitivos, sean los
sistemas de regulación no autónoma los más antiguos, y que las máculas y
lagunas consubstanciales a este régimen hayan debido ser corregidas y
colmadas, según las circunstancias de cada ordenamiento, mediante leyes
modificatorias o especiales en los Estados donde se conserva. Inauguró
estos sistemas el Código francés de 1810 —de cuyas disposiciones sobre
el particular ya hicimos breve mérito85 —, y sobreviven aún, aunque con
disímiles manifestaciones, en los Códigos belga, holandés y alemán, entre
otros de Europa, y en algunos iberoamericanos, conforme salta a la vista
en los de Argentina y Chile. 86
Del asistematismo del Código belga —en vigor desde el 15 de octubre
de 1867— sobre el particular, informa la ubicación topográfica de los
delitos contra la Administración de Justicia que conoce, ubicación que los
subordina a muy dispares bienes jurídicos. El falso testimonio y el perju-
84 Lo cual, desde luego, no quita ni pone nada al hecho de que la rúbrica tampoco
garantiza que todos los delitos dispuestos a su abrigo ataquen realmente el bien jurídico
que expresa, ni precluye que otros parajes del Código celen, en deficiente ubicación,
infracciones que, por la inversa, sí lo ofenden.
85 Véase supra, capítulo I, apartado cuarto.
86 Acerca del régimen de estos delitos en ambos países, se discurrirá pormenorizadamente,
infra, en el capítulo IV.
59

60
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
rio (artículos 215-226) ocupan, en el libro II, el capítulo V del título III,
que trata des crimes et des délits contre la foi publique, disgregándose el
primero con el casuismo característico del régimen del testimonio falso en
las legislaciones inspiradas en el Code de Napoleón. 87 La prevaricación
(judicial o administrativa), en su modalidad de denegación de la Justicia
(art. 258), se concibe como un abuso de autoridad, en el capítulo V del
título IV, y de ahí que figure entre los crimes et délits contre l’ordre public
commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. La evasión
de detenidos (arts. 332-337) aparece regulada en el capítulo III del título
VI, es decir, entreverada con los delitos contra la seguridad pública, y así
discurriendo.
Una semejante, aunque menos llamativa, desorganización de los tipos
se advierte en el plan del segundo libro del Código de Holanda,
promulgado en 1881, pero vigente desde el primero de septiembre de
1886. Veamos algunos supuestos. La omisión de denuncia de delitos
proyectados (artículo 136), delito típico de los Códigos del área germánica,
plasma como un ataque contra el orden público, en el título V; la
denuncia o acusación falsas (art. 188), el favorecimiento (art. 189), 88 la
evasión de detenidos (art. 191), 89 el incumplimiento de sus deberes por
testigos, peritos o intérpretes (art. 192), y el ejercicio ilegal de derechos
87 Se distingue de acuerdo a la índole del asunto —criminal, civil, correccional o de
policía— en que incide la deposición del testigo, y hay artículos especiales para reprimir
las manifestaciones falsas de intérpretes y peritos, así como el soborno de éstos o
de testigos.
88 A las figuras de favorecimiento (real y personal) se ha agregado, en 1993, una nueva,
sobre “privación de beneficios obtenidos ilícitamente”, para castigar al que, mediante
datos falsos, oculte a los órganos de la justicia o haga desaparecer objetos que
permitan esclarecer un delito o llevar a cabo el embargo de bienes o efectos provenientes
de éste. Politoff Lifschitz, El lavado de dinero, en Lavado de dinero y tráfico ilícito de
estupefacientes. Editorial Jurídica ConoSur, Ltda., Santiago de Chile, 1999, págs.
(3-86) 17.
89 Siempre que el agente fuese un particular, porque cuando de funcionarios encargados
de la custodia del preso se trata (art. 367), el favorecimiento de la evasión viene
castigado, con penas más graves, como delito “cometido en el ejercicio de funciones
públicas”, de acuerdo con la rúbrica del título XXVIII.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
(art. 195), 90 están emplazados entre los “delitos contra la autoridad pública”
del título VIII, 91 mano a mano que el perjurio (art. 207) es el
único del reducido título IX, sobre juramentos falsos. Por último, el título
trigésimo, luego de la reforma de 9 de junio de 1919, bajo la palabra
Begunstiging (favorecimiento), contempla una serie de hipótesis que, en
realidad, son de receptación (arts. 416-417 ter). 92
Tampoco prevé el Código que rige en Alemania desde el primero de
enero de 1975 un capítulo sobre la materia que nos ocupa; pero, al igual
que en otros Estados que versan en esta condición, el asistematismo legal
y la consiguiente adscripción de una masa de ilícitos a objetividades jurídicas
con las que poco tienen que hacer, nunca ha sido obstáculo para que
los dogmáticos germanos reconduzcan una serie de figuras delictivas de
su Parte especial —como se sabe, heredada en lo fundamental del Código
anterior— a la Administración de Justicia, al hilo de una solución doctrinal
que se remonta a los conceptualistas Merkel y Binding 93 y llega hasta
90 La redacción del precepto difiere substancialmente de la forma habitual de presentación
de la autojusticia, y convierte la infracción en una variedad de desacato contra
resoluciones judiciales: “el que ejerce un derecho, sabiendo que ha sido privado de él
por decisión judicial, será castigado...”
91 Cabe considerar, asímismo y en principio, como ataque contra la Administración de
Justicia, una de las modalidades del delito del artículo 184, en este mismo título, o
sea, la que consiste en la desobediencia intencional a una orden o requisición de
funcionario encargado de la investigación de hechos punibles.
92 “La norma material se puede describir en general como la prohibición de ejecutar
conductas que den apoyo a otro delito después de que éste haya terminado y que
favorezcan así su comisión”. Van Woensel, en Cleiren y Nijboer, Tekst en Commentaar.
Kluwer, Deventer, 1997, pág. 1107. A la figura básica de adquirir, poseer o
transferir bienes, siempre que a la época de la adquisición o transferencia el hechor
supiese que se trataba de bienes provenientes de un delito (art. 416), se ha acoplado
una variedad reciente, que ya no es de encubrimiento, para el que, habiendo recibido
un bien sin conocer su procedencia ilícita, lo conserve o transfiera con ánimo de lucro.
El artículo 417 bis, por su parte, describe una modalidad culposa de receptación.
Sobre todo esto, Politoff Lifschitz, El lavado de dinero, en op. cit., cfr. págs. 17-20.
93 Merkel, Derecho penal. 2 vols. Traducción de Pedro Dorado Montero. La España
Moderna, s.f., tomo II, cfr. págs. 181-188, en las que examina con pluma prieta los
delitos relativos al juramento, la inculpación o denuncia falsas, la incomparecencia
61

62
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
los tiempos actuales. Únicamente se discrepa en la identificación y el
número de los delitos contra la Rechtspflege (o Rechtsprechung), los cuales,
en el ceñido sistema de Mezger redúcense a éstos: declaración falsa
no jurada de testigos o peritos, y perjurio (§§ 153-163); acusación falsa,
y simulación de delito (§§164, y 145 d); omisión de denuncia de delitos
proyectados (§§138 y 139); fuga en accidentes de tránsito (§142), y
favorecimiento (§§ 257 y 258, de acuerdo con la vieja redacción de estos
preceptos), 94 agrupación con la que conviene Maurach, aunque éste le
adiciona nuevas infracciones que entresaca del actual capítulo XXIX
(“hechos punibles en la función pública”), siempre en la Parte especial (§§
331 y ss.), y que a su modo de ver interesan a la función jurisdiccional, 95
en fin, Welzel acomoda entre los delitos que la afectan, la omisión de
denuncia de delitos proyectados, la recompensa y aprobación de delitos
(§140), el favorecimiento, la acusación falsa, la simulación de delito, la
prevaricación, la declaración falsa no jurada de testigos o peritos, y el
perjurio. 96 En su lugar, no reconocen los estudiosos una ofensa directa a
fraudulenta de testigos, escabinos y peritos, y el encubrimiento (que, en realidad,
Merkel prefiere desarrollar en la Parte general de su sistema científico). Binding, a
su vez, sitúa dentro de los que llama obstáculos punibles al curso legal de la Administración
de Justicia (delitos procesales), únicamente la acusación falsa, la prevaricación
judicial y el prevaricato de procuradores, mientras que el falso testimonio y el
perjurio aparecen en su sistema como delitos contra la prueba, y la liberación de
presos y el favorecimiento, como delitos contra derechos singulares del Estado. Lehrbuch
des Gemeinen Deutschen Strafrechts. Besonderer Teil. 2 vols. Verlag von Wilhelm
Engelmann, Leipzig, 1902-1905 (2ª ed.), que cito según la reimpresión de
Keip Verlag, Goldbach, 1997, tomo II, primera parte, cfr. págs. 128 y ss., y 2ª
parte, cfr. págs. 521-528, 551-569, 579-583, 583-598 y 629-670.
94 Derecho penal. Parte especial, Libro de estudio. Traducción de la cuarta edición
alemana por Conrado A. Finzi. Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires,
1959, cfr. págs. 343-372.
95 Como la prevaricación (Rechtsbeugung) de jueces, otros funcionarios y árbitros, del §
336. Op. et ed. cits., cfr. págs. 633 y ss. y 714 y ss. En líneas generales, el sistema se
mantiene en Maurach, Schroeder y Maiwald, Strafrecht. Besonderer Teil. 2 vols.
C.F. Müller, Heidelberg, 8ª ed., 1999, t. II, cfr. págs. 243-294.
96 Pero a los dos últimos dedica una sección aparte de su sistema. Op. et ed. cits., cfr.
págs. 516 y ss., y 526 y ss.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
la Administración de Justicia en los delitos de evasión y motín de presos
(§§120 y 121), a los que se califica como ataques contra la supremacía
del Poder ejecutivo en una de sus formas de manifestación, la custodia
pública de quienes están privados de su libertad; 97 al revés, el § 261,
modificado en 1992 para sancionar lo que con locución gráfica, mas no
muy precisa ni adecuada, se bautizó como “lavado de dinero”, “junto al
fin de preservar el curso regular del mundo económico y financiero de
mezclarse con valores patrimoniales ilícitos”, protegería, “sobre todo, la
tarea de la Administración de Justicia de remover el producto de los delitos”,
mediante el cercenamiento de sus ventajas, tal como acontece en los
restantes —favorecimiento, frustración de pena y receptación— del capítulo
XXI, pasaje en que el Geldwäscherei quedó inserido. 98
El rasgo central de los Códigos que prohijan sistemas de regulación
no autónoma 99 radica en una clara dispersión de los tipos, lo que por
cierto dificulta su inteligencia y aplicación. Además, y según adelanta-
97 Cfr. Arzt y Weber, op. et. vol. cits., págs. 35-36 y 52-56, y Horn, en Rudolphi,
Horn, Günther y Samson, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch. Band
II: Besonderer Teil. 2 vols. Luchterland, Berlin, 5ª ed., 1997, tomo I, cap. 6, pág.
22. En el fondo y al dictado de esta opinión, los actos correspondientes embestirían
contra la Administración pública. Este anticuado criterio, algo reñido con el concepto
de Estado de Derecho y la división de sus Poderes, procede de Binding, op. et ed.
cits., t. II, primera parte, cfr. págs. 583 y ss.
98 Stree, en Schönke y Schröder, op. et ed. cits., cfr. pág. 1819. Sobre el confuso
debate en torno al objeto jurídico del lavado de dinero, materia en la cual las teorías
principales acaso fuerzan las cosas para arrebatarles lo que de buena gana no pueden
dar, véanse Suárez González, Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones
críticas a la luz de la legislación española, en Revista Chilena de Derecho.
Publicación de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, vol. 22, número 2 (Número monográfico: Derecho penal y Criminología),
mayo-agosto de 1995, págs. 227-249 y, en especial, 243-247, y Del Carpio Delgado,
El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal. Prólogo de Muñoz
Conde. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 29-86. Nuestro punto de vista, en
Guzmán Dalbora, Del bien jurídico a la necesidad de la pena en los delitos de asociaciones
ilícitas y lavado de dinero, en la Revista brasileira de ciências criminais, de São
Paulo, año 8, número 30, abril-junio de 2000, págs. 11-30.
99 A los que hemos indicado hay que sumar los Códigos noruego, de 1902, y danés, de
1930.
63

64
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
mos, se trata de ordenamientos que nominalmente brindan a la Administración
de Justicia una garantía cuya textura es menos densa que la de los
que ahora pasamos a examinar.
3. Sistemas de regulación autónoma.— Sólo el caso italiano escapa a
la regla de que los sistemas de regulación autónoma son oriundos del siglo
XX. De la primera mitad de éste datan su ratificación en la propia Italia
y su adopción en Suiza, mientras que durante la segunda son adoptados
en los Códigos austriaco, portugués, francés y español, sin olvidar y mencionándolos
también por orden de aparición, en el continente americano,
los vigentes en México, Uruguay y Brasil, entre los más antiguos, y los de
Bolivia, Colombia, Panamá, Perú y Paraguay, todos fechados en los últimos
veinticinco años.
El Código de Rocco fue —y de alguna manera sigue siéndolo— por
décadas el documento punitivo más generoso en el abanico de delitos
contra la función jurisdiccional. El título III de su libro segundo mantiene
del Código anterior la famosa frase dei delitti contro l’Amministrazione
della Giustizia, título que se subdivide en tres capítulos, con este contenido:
a) capítulo I (dei delitti contro l’attività giudiziaria): omisión de denuncia
por funcionario público, particular —únicamente en la hipótesis
de que la infracción cuya denuncia se omite afecte a la personalidad del
Estado— o facultativo (artículos 361-365); exención fraudulenta por testigo,
perito, intérprete o depositario judicial, del cumplimiento de sus obligaciones
específicas, y negativa a asumirlas, prestar juramento o identificarse
(art. 366); simulación de delito (art. 367); calumnia y autocalumnia
(arts. 368-370); perjurio de la parte civil (art. 371); falsos testimonio,
pericia o interpretación (arts. 372-373); fraude procesal (art. 374);
favorecimiento —personal y real— (arts. 378-379); patrocinio y consejo
técnico infieles, y vanagloria de crédito del patrocinador (arts. 380-382);
b) capítulo II (dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie): quebrantamiento
de arresto o detención (art. 385); evasión de arrestados o
detenidos (arts. 386-387); incumplimiento fraudulento de condena civil
(art. 388); vulneración culposa de prenda o secuestro judiciales (art. 388
bis); incumplimiento fraudulento de sanciones pecuniarias (art. 388 ter);
quebrantamiento de penas accesorias (art. 389), y evasión de presos e
individuos sometidos a medidas de seguridad privativas de la libertad
(arts. 390-391), y c) capítulo III (della tutela arbitraria delle private ragio-

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
ni): ejercicio arbitrario de un pretendido derecho con violencia en las cosas
o violencia o intimidación en las personas (arts. 392-393), y duelo
(arts. 394-401). Este rico conjunto de ilícitos —en el cual, con todo,
mueve a extrañeza la ausencia de la prevaricación judicial100 —, que un
lustro ha no tenía rivales en el panorama comparado, incrementó todavía
más su substancia en 1992, al añadirse dos delitos de nueva y cuestionable
factura: el de declarar falsamente ante el Ministerio público en el
curso de un procedimiento penal, negarse a deponer o silenciar, en idéntica
circunstancia, aquello que se sabe y sobre lo cual recae el interrogatorio;
y el de manifestar lo falso en documentos destinados a su presentación
ante la autoridad judicial (artículos 371 bis y 374 bis, respectivamente).
101 En cambio y a diferencia de los Códigos alemán y —lo veremos de
inmediato—, sobre todo, suizo, el italiano emplazó el riciclaggio di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita junto a los delitos contra el patrimonio,
en el artículo 648 bis, agregado a renglón seguido de las disposiciones
sobre la receptación en marzo de 1990. 102
Los Verbrechen und Verhegen gegen die Rechtspflege (artículos 303-
311) suministran la materia del título XVII, libro II, del Código suizo, de
1937 —entrado en vigor en 1942—. Allí, sin ulteriores subdivisiones,
quedaron consignados los delitos de denuncia calumniosa (artículo 303),
inducción a error a la Justicia (art. 304, que comprende la simulación de
100 De cuya relevancia los penalistas italianos acostumbran a discurrir a propósito del
título II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazionie), siempre en el segundo
libro, y a la luz de ciertos abusos en la función pública que allí constan (arts. 323-
328), con tal que las modalidades típicas —algunas peligrosamente abiertas, como
la del art. 323: il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, al fine
di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad
altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio...— admitan en abstracto que el agente
sea un juez.
101 Cfr. Crespi, Stella y Zuccalà, Commentario breve al Codice penale. Complemento
giurisprudenziale a cura di Giuseppe Zuccalà. Cedam, Padova, 4ª ed., 1996,
págs. 981 y 985.
102 Sobre la reforma, cfr. Fiandaca y Musco, op. cit., vol. II, págs. 192-193, con una
dura y justísima crítica en pág. 197, por cuanto ella offre una ennesima riprova della
persistente tendenza a legiferare in maniera emotiva, estemporanea e perciò poco
meditata.
65

66
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
delito y la autoacusación falsa), favorecimiento personal (art. 305), declaración
falsa de la parte civil sobre medios de prueba (art. 306), falsos
testimonio, pericia o traducción, y, por último, evasión y motín de detenidos
(arts. 310-311). Tal como acredita la evolución legislativa reciente en
muchos ordenamientos, el corolario de las presiones de todo jaez en orden
a combatir la que llaman “criminalidad organizada”, llevó a que en 1990
se intercalase dentro del título los artículos 305 bis, sobre lavado de dinero,
y 305 ter, complementario del anterior, disposiciones, ambas, de discutible
bien jurídico y autoritaria orientación. 103 Como quiera que sea,
salta a la vista que el conjunto es menos analítico y completo que el del
Código italiano. En esto parecen haber sido determinantes las preferencias
sistemáticas del codificador helvético, pues, por ejemplo, el texto excluye
del título en palabra una serie de delitos contra la Administración
de Justicia cometidos por intranei del Poder judicial, para castigarlos, al
modo alemán, “en virtud de los artículos 312 y ss., como infracciones
contra los deberes de la función pública y los deberes profesionales”, 104
tajante separación de cuyo riguroso apego a la calidad del sujeto agente
ilustra el supuesto de evasión de detenidos en que el favorecedor del preso
que se evade es un funcionario público (art. 319).
Siempre en el área germánica, el Código austriaco, de 23 de enero
de 1974 y vigente desde el primero de enero del año sucesivo, en contraste
con el tudesco y no obstante las relaciones existentes de antiguo entre el
Derecho penal de ambos países, destina un título —el vigésimo primero—
de su besonderer Teil íntegramente a los delitos contra la Administración
de Justicia. Se trata de éstos: falsos testimonio o pericia y perjurio,
ante autoridades judiciales (§ 288) o administrativas (§ 289); inducción
103 Señaladamente, la segunda, prevista para el que, por su profesión, toma, deposita, o
ayuda a invertir o transferir valores patrimoniales ajenos, y omite verificar, con el
cuidado debido según las circunstancias, la identidad del titular del derecho económico...
Esta omisión culposa, concebida con toda evidencia para el sector bancario y
financiero en general, se interpreta por algunos como delito de peligro abstracto
contra la Administración de Justicia. Cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch
vom 21. Dezember 1937. Kurzkommentar. 2ª edición, reelaborada. Schultess
Polygraphischer Verlag, Zürich, 1997, págs. 979-980.
104 Logoz, op. et vol. cits., pág. 707.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
al falso testimonio, engañando al deponente (§ 292); producción de medios
de prueba falsos y falsificación de medios auténticos, y uso de los
objetos falsificados (§ 293); destrucción, deterioro y supresión de medios
de prueba (§ 295); calumnia que coloque al imputado en situación de ser
perseguido por la Justicia (§ 297); simulación de delito (§ 298); favorecimiento
personal (§ 299); evasión de detenidos (§ 300), y publicaciones
prohibidas de actuaciones procesales (§ 301). Destacado rasgo del Código
son las situaciones en que atribuye eficacia desincriminante a la retractación
y el arrepentimiento; 105 en efecto, estas excusas absolutorias posteriores,
en la nomenclatura de Jiménez de Asúa, 106 alcanzan la mayoría de
los delitos del título, y no sólo el falso testimonio, según es sólito reparar
en punto a la tradición italiana y alemana. 107 Es también digno de mención
el hecho de que el Código presenta al estudioso, siquiera diseminándolos
en otros pasajes, nuevos ataques contra la Administración de Justicia,
de los que ahora recordamos uno muy peculiar, la omisión de impedir
delitos o de denunciarlos a la autoridad (§ 286), que aparece en el título
XX, es decir, cual ofensa contra la paz pública. 108
Ninguna de las múltiples reformas que durante su larga vigencia experimentó
el Código portugués de 1886 condujo los delitos contra la Administración
de Justicia a un ámbito propio, con la consiguiente dispersión de
los tipos. 109 En cambio, el actual, de 1982, “producto de la joven democra-
105 Cfr. los parágrafos 291, 292 b, 294, 296, 297, 2, y 298, 2.
106 Posteriores, porque sobrevienen a un resultado típicamente antijurídico y correspondientemente
culpable ya consumado, del que eliminan su propiedad de ser, en
abstracto, punible. Op. et ed. cits., tomo VII, 1992, cfr. págs. 145-146 y 165 y ss.
El carácter de excusas absolutorias de estas eximentes especiales es reconocido por
la doctrina austriaca. Véase Foregger y Fabrizy, Strafgeseztbuch. Kurzkommentar.
Manz, Wien, 6ª ed., 1999, págs. 760, 764 y 766, entre otras.
107 Véanse el artículo 376 del Código de Italia y el § 158 del alemán.
108 Repárese también que el título XXII reprime la usurpación de funciones públicas
en general (§ 314), y en el XXII, sobre infracciones punibles a los deberes inherentes
al ejercicio de una función pública, hay una forma abusiva de éstas (§ 302) en
que puede caber la prevaricación judicial.
109 La evasión de detenidos (arts. 190-195) y el falso testimonio (arts. 238-245), v.
gr., figuraban en los capítulos III y IV, respectivamente, del título III, libro II, como
delitos contra el orden y la tranquilidad públicos.
67

68
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
cia de esta nación [e] hijo de un Estado de Derecho”, 110 se abrió a un
robusto sistema de regulación autónoma, reuniéndolos en el libro II, título
V (de los crímenes contra el Estado), capítulo III, bajo un nombre inédito:
de los crímenes contra la realización de la Justicia. Allí encontramos: falsa
deposición jurada de la parte civil (artículo 359); falsos testimonio, pericia,
interpretación o traducción, y negativa injustificada a deponer, informar,
peritar o traducir (art. 360); 111 cohecho de testigos, peritos, intérpretes o
traductores (art. 363); 112 denuncia calumniosa (art. 365); simulación de
110 Pessoa, Reseña del Código penal de Portugal, en la revista Doctrina Penal, Depalma,
Buenos Aires, año 9, números 33-34, enero-junio de 1986, págs. (183-299)
183.
111 Al margen del efecto eximente de la retractación tempestiva en estas manifestaciones
falsas (art. 362), el Código privilegia al autor con una causa potestativa de
atenuación o de exención de la responsabilidad criminal, a la que en otros países se
arriba por vía doctrinal y aplicación de la máxima de minimis non curat praetor (cfr.
nuestro artículo La insignificancia: especificación y reducción valorativas en el ámbito
de lo injusto típico, en la Revista de Derecho penal y Criminología, de Madrid,
número 5, 1995, págs. 491-543), cuando la falsedad se refiera a circunstancias que
no tengan un significado esencial para la prueba a que la deposición, el relato, la
información o traducción estuviesen destinados (art. 364). De su origen y caracteres
discurre Medina de Seiça, en Comentario conimbricense do Código penal. Parte
especial. Dirigido por Jorge de Figueiredo Dias. 3 vols. Coimbra Editora, Coimbra,
t. III, 2001, cfr. págs. 507-510.
El antiguo artículo 405 aludía expresis verbis, con trazo aún más neto que el § 292
del Código austriaco, a un autor mediato, que en la nomenclatura legal era “quien
indujera a error o influyere sobre otro de forma que éste, sin dolo, realizare algunos
de los hechos descritos en los artículos 401 y 402”. Si admitimos que el falso testimonio
y las figuras afines a él son delitos de propia mano y que, por ende, en ellos no
cabe la autoría mediata por la elemental razón de que nadie puede substituir al autor
directo en sus declaraciones, entonces se comprenderá que la disposición daba la espalda
a la realidad de las cosas, sufragando el doloroso precio de incriminaciones
injustificadas. Es de celebrar que el artículo fuese derogado en la reforma de 1995.
112 En verdad, lo que se describe (el que convenza o intentare convencer a otro, mediante
dádiva o promesa de ventaja patrimonial o no patrimonial, a realizar los hechos previstos
en los artículos 359 o 360, sin que éstos lleguen a ser cometidos) es una inducción
fracasada a la corrupción de un manifestante que nunca llegó a declarar. Lo tenue de
la penalidad —prisión de hasta un año o multa— no cancela el hecho de haberse
burlado, todos a la vez, los principios de actividad, ofensividad y humanidad.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
delito (art. 366); favorecimiento personal (art. 367), con una forma agravada
en el artículo 368 para el caso de los funcionarios públicos; prevaricación-denegación
de la Justicia y prevaricación-imposición ilegal de medidas
privativas de la libertad, y omisión de ordenarlas o ejecutarlas (art. 369);
prevaricación de abogados y procuradores-perjuicio de su cliente, y defensa
o consejo de intereses contrapuestos (art. 370), y, para terminar, revelación
de antecedentes secretos de un juicio penal (art. 371). La dilatada silueta
del cuadro se extiende todavía si atraemos a su férula la evasión de presos
(artículos 349-352), el quebrantamiento de prisión, prohibiciones o interdicciones
(arts. 352 y 353) y el motín de presos (art. 354), actividades que
yacen al interior del capítulo II del mismo título, que versa de los crímenes
contra la autoridad pública.
El plan de la Parte especial (libros II-V) del nuevo Código francés
ha sido completamente alterado en comparación con el del venerable Code
de 1810. El libro IV (des crimes et délits contre la nation l’Etat et la paix
publique), que, grosso modo, se corresponde con el en su día título I del
libro III, y cuyo emplazamiento, al final del cuerpo punitivo, demuestra la
prioridad concedida por el codificador de 1993 a los bienes de titularidad
individual —que colman los libros II y III— respecto de los de la comunidad
y el Estado —o sea, todo lo contrario que el texto anterior—, constituye
igualmente “la parte del Código que ha sufrido los cambios más
profundos”. 113 Una de dichas mudanzas, acaso la más radical, es la aparición,
dentro del título III del libro en cuestión, de un capítulo (IV) que
acuña para su ingente lista de disposiciones —nada menos que cuarenta
y siete artículos—, por entero consagradas a los delitos que nos ocupan,
una denominación original: Atteintes à l’action de la Justice. Un buen
número de éstos deriva del Código anterior, aunque con frecuencia el
vigente los remoza, y hay también varios creados ex novo. Están distribuidos
en cuatro secciones, a saber: a) sección primera (obstrucción a la
actuación de la Justicia): omisión de denuncia de delitos graves cuyos
efectos aún se pueda prevenir o limitar (art. 434-1); omisión de denuncia
de maltratos o privaciones a menores y personas desvalidas (art. 434-3);
113 Véron, Droit pénal spécial. Masson, Paris, 4ª ed., 1995, pág. 243.
69

70
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
alteración o destrucción de pruebas en el curso de un procedimiento penal
(art. 434-5); amenazas a la víctima de un delito para determinarla a
que no lo denuncie o se retracte de la denuncia presentada (art. 434-5), y
favorecimiento personal (art. 434-6); b) sección segunda (obstrucción al
ejercicio de la Justicia): denegación de la Justicia por funcionarios judiciales
o administrativos (art. 434-7); 114 amenaza contra jueces, jurados, árbitros,
intérpretes, peritos, etc., para influir en el ejercicio de sus funciones
(art. 434-8); publicaciones, durante el curso de un proceso no afinado,
encaminadas a presionar a testigos o jueces (art. 434-16); cohecho (pasivo
y activo) de jueces y otros órganos o sujetos de la jurisdicción (art. 434-
9); omisión de testimonio por quien conoce pruebas de la inocencia de
una persona detenida o acusada (art. 434-11), 115 y negativa a declarar
por quien haya manifestado públicamente conocer a los autores de un
delito (art. 434-12); falsos testimonio, interpretación o pericia (arts. 434-
13, 14, 18 y 20) y perjurio (434-17); 116 cohecho de testigos, intérpretes
o peritos (arts. 434-15, 19 y 21); fuga del conductor en accidentes de
tránsito o navegación (art. 434-10); rotura de sellos judiciales (art. 434-
22), y usurpación de nombre, exponiendo al afectado a una persecución
penal (434-23); c) sección tercera (atentados contra la autoridad de la
Justicia): desacato (outrage) a jueces y otros órganos jurisdiccionales (art.
434-24); descrédito público de una resolución judicial (art. 434-25);
simulación de delito (art. 434-26); 117 quebrantamiento de detención,
114 En realidad, estamos ante una forma de desobediencia, porque la ley exige que el
culpable persista en la denegación luego de haber sido requerido por sus superiores
para que cumpla su cometido.
115 Queda exento de pena el autor que presta su deposición tardía, pero espontáneamente.
A su turno, la retractación voluntaria y tempestiva del testigo mendaz exime
de responsabilidad en el delito de falso testimonio (art. 434-13), que se nombra en
seguida.
116 Con razón se ha criticado que l’article 434-17 a maintenu dans le Code pénal
l’incrimination prévue par l’ancien article 366 bien que cette infraction ne semble
avoir donné lieu qu’à de très rares poursuites depuis plus d’un siècle. Véron, op. et
ed. cits., pág. 284.
117 Se trata de la denuncia de un delito que no existe ni —por cierto— se atribuye a
persona determinada. De su parte, la denuncia calumniosa está incriminada en el
artículo 226-10, como delito contra la personalidad.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
prisión, inhabilitaciones o suspensiones, evasión de detenidos (arts. 434-
27 a 34, y 434-38 a 42), y entrega de dinero, correspondencia u otros
objetos a un detenido, o recibirlos de éste, fuera de los casos autorizados
(art. 434-35), y d) sección cuarta (penalidades accesorias y responsabilidad
de las personas jurídicas): arts. 434-44 a 47. 118
Un capítulo aparte merecería la progresión legislativa española, atendidas
su enrevesada secuencia y la dificultad de seguir los fundamentos de
sus cambiantes manifestaciones. Por lo pronto, los Códigos de 1848-50 y
1870, que, sin mengua de una personalidad autónoma indiscutible, pertenecían
a la familia del francés, dadas su fuente y época es claro que no
podían distribuir en un título particular los delitos contra la Administración
de Justicia. Lo demuestran el sitio donde se emplazó delitos como la
acusación o denuncia calumniosas y el falso testimonio —entre las falsedades—,
y el hecho de que el quebrantamiento de condena y la evasión
de detenidos sobresaliesen junto a las disposiciones del libro I, esto es, en
la Parte general. 119 España se abrió a un sistema de regulación autónoma
recién a partir de la reforma de 1928, consolidando el procedimiento
técnico con el Código republicano de 1932. 120 En las décadas posteriores,
sin embargo, el título respectivo experimentará una rara movilidad
zigzagueante de figuras, de la mano, primero, del “Texto refundido de
118 Según es sabido, “la admisión de la responsabilidad penal de las personas morales
constituye la principal innovación del nuevo Código penal francés”. Ottenhof, Las
tendencias del nuevo Código penal francés, en el volumen De las penas. Homenaje al
profesor Isidoro de Benedetti. Presentación del Dr. Eugenio R. Zaffaroni. Depalma,
Buenos Aires, 1997, págs. (365-377) 372. De ahí que la personne physique ou
morale reconnue coupable pénalement encourt dans la grande majorité des cas une ou
plusieurs peines complémentaires qui peuvent s’ajouter ou se substituer aux peines principales
d’emprisonnement ou d’ amende. Les articles 434-38 à 434-43 répriment le
non-respect de ces condamnations pénales... Véron, op. et ed. cits. pág. 294.
119 Por no mencionar el caso del encubrimiento, que también quedó en el libro I, como
una forma de participación post crimen patratum. Cfr. Rodríguez Devesa, ‘Encubrimiento’,
en Nueva Enciclopedia Jurídica, cit., tomo VIII, 1956, págs. (448-
476) 460-461.
120 Acerca de todo esto, cfr. Cantarero Bandrés, op. cit., págs. 15-17, Rodríguez
Devesa, Derecho penal español. Parte especial, ed. cit., págs. 1.019-1.020, y Muñoz
Conde, Derecho penal. Parte especial, 11ª ed., cit., págs. 790-791.
71

72
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1944”, y, más tarde, con las leyes de 17 de julio de 1951, 8 de abril de
1967 y 28 de diciembre de 1978, y con la reforma de 1983. 121 Hablando
en términos generales, estos mudamientos apuntaban a dilatar la cabida
del título, según venía reclamando la doctrina, con especial referencia
a delitos que, como la prevaricación y el encubrimiento, estaban diseminados
en heterogéneos pasajes del plan del Código. De suerte que, antes
de la reforma total de éste, en 1995, el título IV (de los delitos contra la
Administración de Justicia), en el libro II, llegó a acopiar una masa de
ilicitudes considerablemente superior a la de 1932, o séase: acusación y
denuncia falsas (artículo 325), y coacciones o amenazas a denunciantes,
partes, testigos, peritos o intérpretes (art. 325 bis), en el capítulo I; falso
testimonio, y presentación de testigos falsos en juicio (arts. 326-333), en
el capítulo II; quebrantamiento de condena y evasión de presos (arts.
334-336), en el capítulo III; ejercicio arbitrario del propio derecho, y
simulación de delito (art. 338), en el capítulo IV, y omisión del deber de
impedir determinados delitos o de denunciarlos a la autoridad (art. 338
bis), en el capítulo V. No puede mover a perplejidad, entonces, que el
Código de 1995 prosiga “en esa línea de permanente revisión del contenido
del título, cifrada ahora en la incorporación de la prevaricación judicial,
el encubrimiento y la mayor parte de los denominados delitos de
obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, que son en su mayoría
una novedad en el Código”. 122 Sin adentrarnos aquí en la bondad o
desdicha de novedades semejantes, pasemos directamente al contenido
del actual título XX (delitos contra la Administración de Justicia), que se
desgrana en estos capítulos y preceptos: a) capítulo I (de la prevaricación):
prevaricación judicial propiamente dicha, dolosa y culposa (arts.
446-447), prevaricación judicial-denegación de juzgar (art. 448), y prevaricación
judicial-retardo malicioso de la Administración de Justicia (art.
449); b) capítulo II (de la omisión de los deberes de impedir delitos o de
121 Sobre el extraño fenómeno se explayan Rodríguez Devesa, op. últ. cit., cfr. pág.
1.019, Muñoz Conde, Derecho penal. Parte especial, 8ª ed., cit., cfr. págs. 713-
714, Puig Peña, op. et ed. cits., cfr. págs. 223-224 (en las que discierne incluso
cuatro fases históricas en el proceso de reforma de estos delitos), y González Rus,
en op. et vol. cits., cfr. pág. 454.
122 González Rus, en op. et vol. cits., pág. 454.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
promover su persecución), que consulta apenas un artículo (450) para los
delitos del epígrafe; 123 c) capítulo III (del encubrimiento): favorecimiento
personal y real (art. 451), y disposiciones complementarias (arts. 452-
454); d) capítulo IV (de la realización arbitraria del propio derecho), con
un solo artículo (455); 124 e) capítulo V (de la acusación y denuncia falsas
y de la simulación de delitos), con dos artículos (456 y 457) que uno por
vez describen estos ilícitos; f) capítulo VI (del falso testimonio): falso testimonio
propiamente dicho (art. 458), dictamen o traducción falsos por
peritos o intérpretes (art. 459), y presentación de pruebas falsas o intérpretes
mendaces en juicio (art. 461); 125 g) capítulo VII (de la obstrucción
123 El artículo 450, 2, nos propone una forma larvada (y anticipada) de omisión de
denuncia: en las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la
autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado
anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia. La pregunta que al
respecto hay que formular, es ésta: la faz preventivopolicial de la función de defensa
del ordenamiento jurídico, ¿puede transterminar, como deber —no ya como un
poder de disposición, según se verifica en la legítima defensa—, en un Código al
que cuadre el apelativo de democrático, desde el Estado a los simples particulares?
124 La autojusticia está concebida en términos amplios, more itálico, respecto de quien,
para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia,
intimidación o fuerza en las cosas...
125 Herirá la vista del lector el delito del artículo 460, en pugna con los principios de
ofensividad e intervención mínima: cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar
sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando
hechos o datos relevantes que le fueren conocidos, será castigado... La previsión del
falso testimonio omisivo, ausente en el artículo 332 del Código anterior, supone
gravar al testigo con unas obligaciones cuyo refuerzo penal resulta de imposible
conciliación con los principios liberales, y aun con ese funcionamiento correcto y
eficaz de la Administración de Justicia que el presente delito pretexta promover.
Decía Carrara, en contra del falso testimonio por omisión, que, “en último análisis,
los peligros y perjuicios del pobre testigo son consecuencia de la pereza del juez,
que no lo interrogó cuidadosamente; por querer evitar la fatiga, se ha inventado el
delito de reticencia. Así, cuando el juez instructor le dice al testigo: “dime todo lo
que sabes”, ha agotado su tarea; el resto lo adivine el testigo”. Op., vol. et ed. cits.,
pág. 266. Ante tamaño absurdo —y lo es tanto en el plano lógico como en el
valorativo—, bien se puede clamar, con el propio criminalista toscano: ¡Y se afirma
que éste es el progreso importado a España! Pensamos algo parecido de las obstrucciones
a la Justicia del artículo 463, donde se ha elevado simples faltas disciplinarias
a la categoría de delitos.
73

74
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
a la Justicia y la deslealtad profesional): incomparecencia injustificada,
produciendo la suspensión del juicio oral (art. 463); 126 coacciones o amenazas
a denunciantes, partes, imputados, abogados, procuradores, peritos,
intérpretes o testigos, para que modifiquen su actuación procesal (art.
464); prevaricación de abogados y procuradores-destrucción, inutilización
u ocultación de documentos (art. 465), ídem-revelación de secretos
del juicio (art. 466), e ídem-patrocinio o defensa de intereses contrapuestos,
y perjuico de su cliente (art. 467), y h) capítulo VIII (del quebrantamiento
de condena): quebrantamiento de condena, medida de seguridad,
prisión, medida cautelar, conducción o custodia (arts. 468-469), y evasión
de detenidos (arts. 470-471). 127
En Iberoamérica los sistemas de regulación autónoma difieren mucho
entre sí, pero están muy difundidos. Comencemos su rápida revisión
con el Código mexicano, de 1931. Los delitos cometidos contra la Administración
de Justicia, del undécimo título, libro II, están distribuidos en
dos capítulos, de los cuales el primero (artículo 225, I a XXVI), con un
casuismo arduo de superar, describe unos delitos cometidos por los servidores
públicos, y el segundo (arts. 226 y 227), escuetísimo, trata del ejercicio
indebido del propio derecho, que requiere el empleo de violencia.
Dado que la parte más nutrida de los supuestos típicos del capítulo I
ofenden en verdad la Administración pública, y no la función jurisdiccional,
en él resta un saldo modesto de auténticos atentados contra la última:
la prevaricación judicial propiamente dicha (art. 225, VI), la prevaricación-retardo
o entorpecimiento de la Administración de Justicia, dolosa y
culposa (ídem, VIII), y la prevaricación-omisión de decretar la prisión o
libertad de un individuo (ídem, XVII y XXVII). No obstante lo anterior,
en diversos lugares del libro II circulan inadecuadamente delitos de
126 Sujetos activos del delito pueden ser no sólo abogados, procuradores, fiscales y
jueces, sino también “testigos, peritos, intérpretes, e incluso personas acusadas que
se encuentran en libertad y van a ser juzgadas junto con otros que están en prisión”.
Serrano Gómez, Derecho penal. Parte especial. 8ª edición, con la colaboración de
Alfonso Serrano Maíllo. Dykinson, Madrid, 2003, pág. 868.
127 Para cerrar los sistemas europeos de regulación autónoma, anotemos que Grecia se
ha dado uno con el Código de 1950, capítulo XI, libro II (artículos 224-234).

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
tan característica incidencia jurisdiccional 128 como la evasión de detenidos
y el quebrantamiento de condena (arts. 150-159, en el título IV:
delitos contra la seguridad pública), el falso testimonio o pericia y la simulación
de pruebas con el propósito de inculpar a un tercero (arts. 247-
248 bis, en el título XIII: falsedad), y el encubrimiento (art. 400, en el
título XXIII: encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita).
129
El Código de la República Oriental del Uruguay, de 1933, sigue en
lo esencial y en muchos pormenores a su modelo italiano. De los delitos
contra la Administración de Justicia trata el título V del libro II, que los
separa de los que afectan la Administración Pública y distribuye, a lo
largo de siete capítulos, con parecido trazo al de la fuente: a) capítulo I:
omisión de denuncia, incomparecencia, con falsos pretextos, de testigos,
peritos, intérpretes o jurados, negativa de éstos a prestar su concurso,
denuncia calumniosa, y simulación de delito (artículos 177-179); b) capítulo
II: falsos testimonio, pericia o interpretación (artículos 180-183); 130
c) capítulo III: quebrantamiento de condena y evasión de detenidos (arts.
184-192); d) capítulo IV: prevaricación de abogados y procuradoresperjuicio
de su cliente, e ídem-consejo o asistencia a la parte contraria
(arts. 194-196); e) capítulo V, que consta de un solo artículo (197), hoy
128 “El Código de 1931 tampoco acertó a situar y unificar estos delitos. Pues, por un
lado, quedaron fuera del Título y dispersados por otros del Código los delitos de
evasión de presos […], quebrantamiento de sanción […], delitos de los abogados,
patronos y litigantes […], falsedad en declaraciones judiciales […] y encubrimiento
[…], no obstante ser evidente que en unos y otros, el bien jurídico protegido es la
Administración de Justicia”. Jiménez Huerta, Derecho penal mexicano. 5 vols. Porrúa,
México, 2000, t. V, pág. 447.
129 De la desorganización casuista del Código ilustra el hecho de que yuxtapone a las
disposiciones sobre el encubrimiento, la omisión del deber de impedir la consumación
de delitos (art. 400, V).
130 El artículo 181, 1, contempla una atenuación especial, cuando la manifestación falsa
del testigo en asuntos criminales, no tenga importancia para el fallo de la causa, circunstancia
que no estaba ni podía estar en el Código italiano, y constituye una gruesa
mácula en el uruguayo. La pena, aun templada, que se asocie sin necesidad ni justificación
a un comportamiento cualquiera, es siempre —digámoslo en los términos
más familiares al estudioso— violenza di uno o di molti contro un privato cittadino.
75

76
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
destinado a ambas especies del favorecimiento; 131 f) capítulo VI: ejercicio
arbitrario de las propias razones, con violencia en las personas o las cosas
(arts. 198-199); en fin, el capítulo VII, sobre el duelo (arts. 200-205),
quedó sin contenido luego de la supresión de este delito por la Ley 16.274,
de 6 de agosto de 1992.
Conocida también la filiación italiana del Código brasileño, de 1940,
era razonable suponer que se atuviese, en general, al paradigma europeo
en la disciplina de esta materia. Ello, sin embargo, no ha ocurrido enteramente
así. Por lo pronto, los crimes contra a administraçao da justiça lucen,
al interior de la Parte especial, en el capítulo III del título XI, o sea,
entre los delitos contra la Administración pública, al igual que en las
viejas fuentes italianas, lo que de alguna manera compromete la independencia
que sugiere la rúbrica del capítulo. 132 Luego, las figuras delictivas
concretas se alejan con frecuencia del modelo: reingreso al país de extranjero
expulso (artículo 338); denuncia calumniosa, simulación de delito y
autoacusación falsa (arts. 339-341); falsos testimonio, pericia o traducción,
y cohecho de testigos, peritos o intérpretes (arts. 342-343); coacciones
o amenazas a órganos de la jurisdicción, partes o terceros (art. 344);
ejercicio arbitrario de las propias razones (art. 345); destrucción o supresión
de cosas propias que se hallen en poder de tercero por disposición
judicial (art. 346); fraude procesal (art. 347); favorecimiento personal y
real (arts. 348-349); punición irregular o arbitraria (art. 350); quebrantamiento
de condena y motín de presos (arts. 351, 352, 354 y 359);
substracción de presos con el fin de maltratarlos (art. 353); prevaricación
de abogados y procuradores-perjuicio de su cliente, ídem-patrocinio si-
131 Pues para la receptación, antes incluida en el precepto, ahora existe un artículo
especial, el 350 bis, muy mal ubicado —a continuación de la estafa y la circunvención
de incapaces, en el título XIII, sobre delitos contra la propiedad— por la Ley
16.707, de 12 de julio de 1995.
132 Sobre el objeto jurídico de estos delitos en el Código, cfr. especialmente Regis
Prado, Falso testemunho e falsa perícia. 2ª ed., revisada, actualizada y ampliada.
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994, págs. 74-82. De la Administración
de justicia como especie de la Administración pública, trata el mismo autor en
su Curso de Direito penal brasileiro. 4 vols. Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, t. IV, 2001, págs. 610 y ss.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
multáneo o sucesivo de las dos partes en un juicio, ídem-supresión de
pruebas recibidas en el ejercicio de la función (arts. 355-356); vanagloria
de crédito (art. 357), 133 e impedición o perturbación de subasta judicial
(art. 358).
El nuevo Código de Bolivia, de 1973, al que incorporó un contundente
aparato de modificaciones la Ley 1.768, de 10 de marzo de 1997,
adscribe al tema el título III del libro II (Parte especial), con un epígrafe que
hasta este punto no teníamos consignado: delitos contra la función judicial.
El título se divide, con resonancias conocidas, en tres capítulos: a) capítulo
I (delitos contra la actividad judicial): acusación y denuncia falsas, simulación
de delito y autoacusación falsa (artículos 166-178); falsos testimonio,
pericia o traducción, y cohecho de testigos, peritos o traductores (arts. 169-
170); incomparecencia o negativa a declarar o informar por las personas
anteriormente indicadas (art. 179); encubrimiento, omisión de denuncia y
receptación (arts. 171-172); prevaricación judicial propiamente dicha (art.
173); prevaricación judicial-cohecho (art. 173 bis); prevaricación judicialconsorcio
con abogados (art. 174); prevaricación judicial-negativa o retardo
de la justicia (art. 177); prevaricación de abogados o mandatarios-perjuicio
de su cliente, y representación de partes contrarias en el mismo juicio
(art. 176); ejercicio ilegal de la profesión de abogado o la función de mandatario
judicial (art. 175); omisión de denuncia o de persecución de delincuentes
(art. 178), y desacato a resoluciones dictadas en procedimientos de
habeas corpus o de amparo constitucional (art. 179 bis); b) capítulo II
(delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales): quebrantamiento de
condena (arts. 180 y 183); evasión de detenidos (arts. 181-182), e incumplimiento
o prolongación de condena, y recepción o entrega indebidas de
detenidos o presos (arts. 184-185), y c) capítulo III (régimen penal y admi-
133 Una variedad sui generis —por la no exigencia de un perjuicio patrimonial, con la
consiguiente anticipación de la de la tutela punitiva en su forma ordinaria— de
estafa es lo que en verdad viene descrito aquí, para el que solicita o recibe utilidades
económicas so pretexto de influir sobre un juez, escabino, fiscal, funcionario judicial,
perito, traductor, intérprete o testigo. De un fraude por engaño habla también
Da Costa Jr., Comentários ao Código penal. 3 vols. Saraiva, São Paulo, 1989, 2ª
ed., tomo III, cfr. pág. 609.
77

78
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
nistrativo de la legitimación de ganancias ilícitas): reciclaje de bienes provenientes
de ciertos delitos (art. 185 bis).
La heterogeneidad de soluciones en la configuración independiente de
la familia acentúa sus rasgos en los Códigos americanos de los últimos años.
En el colombiano de 1980 el título IV (delitos contra la Administración de
Justicia), libro II, distribuye éstos en seis capítulos: a) capítulo I (de las
falsas imputaciones ante las autoridades): simulación de delito (artículo
166), 134 y denuncia y autoacusación falsas (arts. 167-168); 135 b) capítulo
II (del falso testimonio): falso testimonio y cohecho de testigos (arts. 172-
174); c) capítulo III (de la infidelidad a los deberes profesionales): prevaricación
de abogados o mandatarios-perjuicio de su cliente, y defensa de
partes contrapuestas en el mismo asunto (art. 175); d) capítulo IV (del
encubrimiento): favorecimiento y receptación (arts. 176-177); e) capítulo
V (de la fuga de presos): quebrantamiento de detención o de condena a
pena privativa de la libertad, y evasión de detenidos (arts. 178-181) y f)
capítulo VI (del fraude procesal y otras infracciones): fraude procesal (art.
182), 136 ejercicio arbitrario de las propias razones (art. 183), incumpli-
134 El que bajo juramento denuncie ante la autoridad un hecho punible que no se ha
cometido. El incorrecto titulillo que encabeza el artículo reza falsa denuncia, en
circunstancias que “la incriminación deriva, no de ser falsa la denuncia, sino de ser
falso el hecho denunciado”. Pérez, Derecho penal. Partes general y especial. 4 vols.
Temis, Bogotá, tomo III, 1984, pág. 349. Y como tampoco se atribuye a alguien en
particular, es preferible hablar de simulación de delito, como en la generalidad de
los países que regulan esta infracción.
135 El artículo 171 ordena reducir las penalidades de dichos delitos cuando, antes de
pronunciarse sentencia de primera instancia, el autor se retracta de la falsa denuncia.
136 El fraude procesal constituye, sin duda, “una innovación poco común en las legislaciones
americanas” (Rivacoba, El nuevo Código penal de Colombia [1980], en
Doctrina penal, cit., año 4, número 13, enero-marzo de 1981, págs. [85-114]
109), y éstas, en los contados casos en que lo contemplan —como los artículos 347,
del Código brasileño, y 240 bis (hoy derogado), del argentino—, adoptan una
cláusula semejante a la que en restringidos términos consagró el artículo 374 del
Código italiano. En cambio, la amplía peligrosamente, siguiendo la técnica —de la
que este título abusa— del delito de resultado cortado, el legislador colombiano: el
que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un empleado oficial para
obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en
prisión de uno a cinco años. La fórmula, de acuerdo a lo que informa Ferreira, en su

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
miento de las obligaciones impuestas por resolución judicial (art. 184), 137
y reingreso al país de sujeto expulso (art. 185). La ley numero 599, de 24
de julio de 2000, derogó el Código de 1980, substituyéndolo por otro, que
ha empezado a regir el año 2001. Con todo, los delitos contra la eficaz y
recta impartición de Justicia, en el título XVI del libro II (arts. 435-454),
son esencialmente los mismos del texto substituido, aunque ahora figuren al
final por la mudanza del plan. Llama la atención la ausencia en el título del
ejercicio arbitrario de las propias razones.
En el Código de Panamá, de 1982, los delitos contra la Administración
de Justicia plasman en los ocho capítulos del título XI, libro II: a)
capítulo I (simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales):
simulación de delito (artículo 351), y autoacusación y denuncia
falsas (arts. 352-353); b) capítulo II (falso testimonio): falsos testimonio,
pericia, interpretación o traducción (art. 355), cohecho de testigos, peritos,
intérpretes o traductores (art. 358), y ofrecimiento de testigos falsos
(art. 360); 138 c) capítulo III (prevaricación): prevaricación de apodera-
monografía Delitos contra la Administración pública. Tercera edición, actualizada.
Temis, Bogotá, 1995, cfr. pág. 268, es obra del profesor Estrada Vélez, y ha
merecido un dudoso elogio nada menos que del principal penalista colombiano,
Luis Carlos Pérez, op. et vol. cits., cfr. pág. 424. Considerando que el tipo no pide
la producción de un menoscabo real a la Administración de Justicia, materializado
en el pronunciamiento de una resolución injusta, y menos aún que ésta quede ejecutoriada,
el adelantamiento de la barrera penal resulta excesivo, casi en la línea del
peligro abstracto. Por mejor rumbo transita el artículo 357 del Anteproyecto de
Código penal para el Ecuador (cfr. Rivacoba y Zaffaroni, Anteproyectos de Código
penal y de Ley de ejecución penal para el Ecuador, en la Revista de Derecho penal y
Criminología, cit., número 3, 1993, págs. 817 y ss.): el que, mediante una maquinación
engañosa que indujere a error a un juez en un proceso o al funcionario que
deba decidir en un procedimiento administrativo, hiciere que dicten sentencia u otra
resolución definitiva contrarias a Derecho...
137 Un tipo francamente vago —el que por cualquier medio se substraiga al cumplimiento
de obligación impuesta en resolución judicial...—, fruto de una trascripción poco
diestra del artículo 388 del Código italiano, que, en cambio, ciñe la acción con la
exigencia de medios fraudulentos.
138 Curioso delito, o mejor, curiosa su redacción, porque en el verbo rector “ofrecer” hay
que leer, en verdad, “presentar” el testigo en juicio. Como quiera que sea y aunque el
artículo convierta en tipo independiente un acto de participación en el delito de otro
79

80
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
dos-perjuicio de su causa por colusión con la parte contraria o cualquier
otro medio fraudulento, o servicio simultáneo de intereses contrapuestos
(art. 361), y prevaricación de apoderados, haciéndose entregar de su cliente
dinero u otras utilidades, con el pretexto de procurar el favor de testigos,
peritos, funcionarios judiciales o del Ministerio público (art. 362); 139 d)
capítulo IV (encubrimiento), que consta de un solo artículo (363), donde
se castiga nada más que el favorecimiento; e) capítulo V (aprovechamiento
de cosas provenientes de un delito): como en el caso anterior, sólo que
aquí (art. 364) se prevé la receptación; 140 f) capítulo VI (evasión y quebrantamiento
de sanciones): quebrandamiento de detención o de condena
(arts. 365 y 369), y evasión de detenidos (arts. 366-367), g) capítulo
VII (prohibición de hacerse justicia por sí mismo), con un solo artículo
(370), y h) capítulo VIII (apología del delito), como en el caso anterior
(art. 371). 141
(el del testigo falso), es indispensable —si no se quiere castigar, de la mano de
meras sospechas, las malas intenciones— que el testigo deponga, mintiendo. La
complicidad, cuando no es eficaz, tampoco existe en la casa del Derecho penal.
139 De nuevo tropezamos con una estafa impropia, semejante a la denunciada en nota 51
a propósito del Código brasileño. A poco de aparecido el Código lo señaló también
Rivacoba, cfr. El nuevo Código penal de Panamá (1982), en Doctrina penal, cit.,
año 6, número 23, julio-septiembre de 1983, págs. (525-557) 555-556.
140 Destacado mérito de este Código y del colombiano es la inclusión del crimen receptatorum
entre los delitos contra la Administración de Justicia, a diferencia del temperamento
mayoritario, que lo trata como delito contra intereses patrimoniales. Así
lo hicimos ver, añadiendo las razones que abonan el elogio, en nuestro artículo Luz
y sombras en la nueva disciplina de la receptación en el Código penal chileno, en la
revista Gaceta Jurídica, de Santiago de Chile, número 188, febrero de 1996, págs.
73-87. Cfr., además, infra, capítulo IV, 1, b.
141 Trátase de la apología ¡de cualquier delito!, no ya de algún “delito” político. Ahora
bien, aunque ésta no sea la oportunidad de criticar, con la hondura que el argumento
requeriría, la incriminación de simples resoluciones manifestadas, y en particular
ésta, favorita de los regímenes que desconfían de la disidencia y aplican a su designio
todos los instrumentos que su autoritario talante columbra para tender trampas
mortales a las libertades de pensamiento y expresión, debe, empero, advertirse el
deficiente emplazamiento de la apología del delito en el Código panameño, la cual,
en los ordenamientos que la consideran, con un alcance variable según los casos,
más bien suele quedar regulada entre los ataques contra el orden público. Un ejem-

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
También reserva el Código peruano, de 1991, un sitio aparte a los
delitos contra la Administración de Justicia, siquiera el capítulo en que constan
y cuyo nombre acabamos de reproducir, o sea, el tercero del título XVIII
—que, a su turno, trata de los delitos contra la Administración pública—,
en el libro II, los trata como una clase de éstos, lo que —digámoslo una vez
más— ciertamente no habla bien y, al contrario, produce un cierto desleimiento
de su autonomía. El capítulo se divide en tres secciones: a) sección
I (delitos contra la función jurisdiccional): simulación de delito y autoacusación
falsa (artículo 402); ocultamiento de un menor de edad a las investigaciones
de la Justicia o de otras autoridades competentes (art. 403); favorecimientos
personal (art. 404) 142 y real (art. 405); omisión de denuncia
(art. 407); fuga en accidentes de tránsito (art. 408); falsos testimonio,
pericia, traducción o interpretación (art. 409), 143 usurpación de atribuciones
judiciales (art. 410); declaración falsa en procedimientos administrativos
(art. 411); quebrantamiento de condena, motín de presos y evasión de
detenidos (arts. 413, 415 y 414, respectivamente); fraude procesal (art.
plo de esto último lo proporciona el § 282, 2, del Código austriaco. Como sea,
“incriminar la apología en todos los casos es peligroso. Puede ocurrir que un gobierno
declare ilegal una huelga y resulten por esto delincuentes los propagandistas.
De aquí, que sólo se castigue la apología de algunos delitos. Y que se trate precisamente
de delitos políticos, porque a nadie que goce de salud mental perfecta se le
puede ocurrir la apología de un delito común”. Así y todo, “el penar la apología de
un delito político es injusto en la mayor parte de los casos”. Jiménez de Asúa, op. et
ed. cits., t. VII, pág. 295.
142 En honor de la exactitud, anotemos que el tipo (el que sustrae a una persona de la
persecución penal o de la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la
Justicia...) está redactado al modo abierto de la frustración de pena u obstaculización
de la punición (Strafvereitelung) del § 258 del Código alemán, cuyo influjo, por otra
parte, es visible en este segmento del peruano, aunque no en la mala sintaxis de los
preceptos, buena prueba de lo cual son la disposición que hemos transcrito y el artículo
410 (la autoridad que, a sabiendas, se avoque a procesos en trámite ante el órgano
jurisdiccional...). Acerca de la orientación doctrinal y técnica de este cuerpo punitivo
americano, cfr. nuestro artículo El nuevo Código penal del Perú (1991), en Doctrina
penal, cit., números 55-56, junio-diciembre de 1991, págs. (631-731) 637-644.
143 De su lado, el artículo 412 castiga a quien, legalmente requerido en causa judicial en
la que no es parte, expide una prueba o un informe falsos, niega o calla la verdad, en
todo o en parte...
81

82
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
416), 144 y ejercicio arbitrario de las propias razones (art. 417); b) sección
II (prevaricato): prevaricación judicial propiamente dicha (art. 418); prevaricación
judicial-detención ilegal de una persona, y omisión de decretar la
libertad de un detenido o preso; prevaricación judicial-implicancia, por haber
patrocinado antes, como abogado, la causa en la que ahora interviene
como juez o fiscal, y prevaricación de abogados o procuradores-patrocinio o
representación sucesivos de las partes de un proceso judicial o administrativo,
y c) sección III (denegación y retardo de Justicia): prevaricación judicialdenegación
o elusión de la Justicia; prevaricación de notarios y auxiliares de
la Justicia-resistencia (art. 423), y omisión de ejercer la acción penal por
parte del Fiscal (art. 424).
Por último, el sistema de regulación autónoma más escueto, siempre
en Iberoamérica, es el del nuevo Código paraguayo, de 1997, 145 aunque
la denominación —hechos punibles contra la Administración de Justicia—
y, sobre todo, el contenido del capítulo I, título VII —hechos punibles
contra las funciones del Estado146 —, libro II, son sólo una muestra del
asistematismo y de los desaciertos de este documento, que emplaza aliunde
y mal otros delitos (p. ej., falso testimonio, prevaricación, omisión de
denuncia, etc.) de irrefutable impacto en la función jurisdiccional. 147 La
exigua batería de los que dispone bajo el epígrafe es, entonces, ésta: denuncia
falsa (artículo 289), simulación de delito (art. 291), frustración
de la persecución o ejecución penales por particular (art. 292) o funcio-
144 La fórmula del fraude procesal es copia fiel de la del Código colombiano, por lo
que reiteramos aquí las objeciones apuntadas supra, nota 54.
145 No ocurría lo mismo en el Código derogado, de 1910. Su redactor, Teodosio González,
reunió un crecido número de delitos contra la Administración de Justicia en
el capítulo VII del libro II, artículos 183 a 206, en parte inspirados por el paradigma
italiano.
146 Inexplicablemente, el codificador paraguayano reduce tales funciones a la Administración
de Justicia y la Administración pública. Véase nuestro estudio El nuevo
Código penal del Paraguay (1997), en la revista Direito e cidadania, de Praia (Cabo
Verde), año 2, número 4, julio-octubre de 1998, págs. (53-90) 73, y en la Revista
de Derecho penal y Criminología, cit., 2ª época, número 4, julio de 1999, págs.
621-660.
147 Acerca de todo ello nos extendemos en nuestra op. últ. cit.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
nario público (293), evasión de detenidos (art. 294), y motín de presos
(art. 295).
4. Noticia del Common law.— Antes de lanzar una ojeada a los
delitos contra la Administración de Justicia en Inglaterra y los Estados
Unidos de Norteamérica, debemos consignar que empleamos aquí la expresión
Common law únicamente en su sentido habitual de designar una
gran familia jurídica, cuyas peculiaridades la oponen a la romanogermánica,
o continental, 148 no, por tanto, para aludir a una forma precisa de
producción jurídica en los países indicados, en la que dichos delitos encontrarían
su fontana. Y esto porque si bien esa constelación de tradiciones,
doctrina y jurisprudencia, fundidas en la actividad judicial, que, mediante
su labor de casos (case law), fragua y modela el Derecho, continúa
conservando máxima importancia en la creación de los ordenamientos
anglosajones y siga siendo el elemento que separa y recorta decisivamente
estos sistemas jurídicos —que por eso llevan el nombre de Common law—
frente a los europeocontinentales e iberoamericanos, no es menos cierto
que así en Inglaterra como en los Estados Unidos de Norteamérica el
Derecho penal consta hoy, en significativa proporción, en disposiciones
legislativas (statute law), lo que vale con particular énfasis respecto del
Derecho penal de los miembros singulares de la Unión norteamericana,
149 y en términos absolutos respecto del ordenamiento federal de ésta. 150
148 Sobre la dicotomía, nos remitimos, naturalmente, a René David, I grandi sistemi
giuridici contemporanei. Terza edizione italiana a cura di Rodolfo Sacco. Cedam,
Padova, 1980, págs. 18-21.
149 Berlin Stuchiner, Delitos y penas en los Estados Unidos. Traducción, notas y prefacio
comparativo por Fernando Díaz Palos. Bosch, Barcelona, 1959, cfr. pág. 30.
150 It has long been settled that there are no federal common law crimes. LaFave, Modern
Criminal Law. Cases, comments and questions. American Casebook Series, West
Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 2ª ed., 1988, pág. 47. En mérito de una
mayor precisión, agreguemos que en el ámbito federal no existe ninguna rama jurídica
abierta al Common law: “esta fórmula significa, simplemente, que los órganos
judiciales federales no están autorizados para crear un sistema de Derecho propio;
si no hay una ley federal, ellos siempre deben decidir aplicando el Derecho de un
Estado”. David, op. et ed. cits., pág. 367.
83

84
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Por lo que hace al Derecho inglés, dos figuras delictuosas solicitan
nuestra atención, vista su posición central dentro de los delitos que ofenden
el presente bien jurídico. De una parte, tenemos el perjurio (perjury).
En la sección I de la Perjury act, de 1911, se considera culpable
de la infracción a la persona que ha prestado lícito juramento como testigo
o intérprete en un procedimiento judicial [y que] hace una manifestación
relevante para este procedimiento, a sabiendas de que es falsa o no
creyendo en su certeza... El ordenamiento británico incardina el perjurio
entre las indictable offences, lo que equivale a estimarlo cual uno de los
delitos más graves, juntamente a la traición, el homicidio, asesinato,
robo, etc. Además, importa sobremanera que la ley sobre el perjurio
extiende este título de imputación para abrazar una serie de manifestaciones
falsas, no producidas, empero, en un procedimiento judicial, por
ejemplo, las solemnizadas con un juramento en las ocasiones en que la
ley exige esta formalidad, las contenidas en una declaración jurada a los
efectos de la Bill of Sales Act, o las declaraciones inexactas efectuadas
en la inscripción de nacimientos, matrimonios o defunciones. 151 Según
se ve, los últimos casos denotan supuestos que en los sistemas “latinos”
de regulación del falso testimonio caerían de lleno y sin más circunloquios
en el terreno del perjurio (cuando no en el de las falsedades documentales),
mientras que el perjury propiamente dicho de los ingleses se
corresponde con el falso testimonio del continente europeo. Esta diversidad
conceptual obedece a razones que hincan sus raíces en la dispar
configuración histórica de las dos familias jurídicas. Si en los sistemas
“latinos” lo característico del testimonio falso es la alteración de la verdad
en las declaraciones rendidas ante los tribunales, en los países anglosajones
el delito gira en torno a la vulneración del juramento de decir
verdad, y de allí su denominación. 152 En otro orden de cosas, gran
significado y amplitud ostenta en Inglaterra el contempt of court, o me-
151 Cfr. Giles, El Derecho penal inglés y su procedimiento. Versión española, anotada
por Enrique Jardí. Bosch, Barcelona, 1957, págs. 261-262.
152 Cuello Calón, Derecho penal. Conforme al “Código penal, texto refundido de 1944”.
2 vols. Bosch, Barcelona, tomo II (Parte especial), 11ª ed., 1961, cfr. pág. 277,
nota 1.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
nosprecio a los tribunales, una forma de desacato a sus resoluciones que
incluye hasta el incumplimiento de fallos y disposiciones civiles, como
las que obligan al suministro de alimentos. 153 Pero de él preferimos
tratar más adelante, a la luz de su especial versión yanqui.
“Aunque sea cierto que en Norteamérica, como en el Reino Unido,
impera la costumbre y sobre todo el case law, no es menos exacto que la
falta de tradiciones y de unidad legiferante han engendrado en los Estados
Unidos un caos mayor y una tremenda diversidad de leyes”, 154 confusión
alimentada por la superposición de potestades legislativas, las que
corresponden tanto a los Estados como a la Confederación. En todos los
miembros de ésta rigen cuerpos punitivos; por otra parte, desde el 1° de
enero de 1910 existe además un Código penal federal. Ahora vamos a
referirinos tan sólo a los delitos contra la Administración de Justicia contemplados
en el título 18 del último, según el tenor que le imprimió la
reforma de 1948. 155 Son de competencia de los tribunales federales tres
grandes grupos de atentados contra la función jurisdiccional: el perjurio,
la obstrucción de la justicia y el menosprecio a los tribunales.
Comete perjurio, wohever (1) having taken an oath before a competent
tribunal, officer or person, in any case in which a law of the United
States autorizes an oath to be administered, that he will testify, declare,
depose, or certify truly, or that any written testimony, declaration, deposition,
or certificate by him subscribed, is true, willfully and contrary to such
oath states or subscribes any material matter which he does not believe to be
true, or (2) in any declaration, certificate, verification, or statement under
153 Quintano, Compendio, vol. cit., cfr. pág. 133.
154 Jiménez de Asúa, op. et ed. cits., tomo I, pág. 661.
155 La necesidad de recodificar —mejor dicho, codificar, ya que los cuerpos punitivos
estadounidenses antes merecen el nombre de recopilaciones que el de Códigos— el
statutory federal was recognized by the Congress when, in 1966, it estabilished a
National Commission on Reform of Feredal Criminal Laws. The Commission issued
its final report, a proposed revision of Title 18 of the U.S. Code, in 1971, but Congress
never adopted the Commission’s recommendations or alternative proposals recommended
by the Administration or by certain membres of Congress. LaFave, op. et
ed. cits., pág. 47.
85

86
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
penalty of perjury as permitted unter section 1.746 of title 28, United
States Code, willfully subscribes as true any material matter which he does
not believe to be true (sección 1.621, capítulo 79, de la primera parte del
título en palabra). Sin embargo de las vastas posibilidades del perjury
generally, que acabamos de transcribir, hay dos figuras complementarias:
el soborno para el perjurio (subornation of perjury), que viene a ser, en la
nomenclatura continental, una inducción al falso testimonio, respecto de
“quien consigue que otro cometa cualquier forma de perjurio” (sección
1.622, ídem), y las declaraciones falsas prestadas ante el gran jurado
(false declarations before grand jury of court), modalidad de tal dimensión
y heterogeneidad, que atrapa incluso hipótesis de falsedades documentales
y de uso de documentos falsos. 156
Un casuismo sin freno domina el régimen de la obstrucción de la
justicia (obstruction of justice), materia en la que por añadidura el legislador
federal ha amalgamado delitos sumamente desiguales. Procurando
poner un poco de orden en esta confusa cuestión, clasificaremos las figuras
más importantes de la siguiente manera: a) las que, en principio, 157
cabe considerar como atentados contra la Administración de Justicia: a’)
por entorpecimiento de la recta marcha de la jurisdicción: hurto o alteración
de expedientes judiciales, produciendo la invalidación o ineficacia
del proceso (theft or alteration of record or process; sección 1.506, capítulo
73, título 18); tentativa de influir, mediante comunicaciones escritas, sobre
las actividades o decisiones del jurado (influencing juror by writing;
156 Sección 1.623, mismos capítulo y título. El apartado a de este artículo (sección)
reza: whoever under oath (or in any declaration, certificate, verification, or statement
unter penalty of perjury as permitted under section 1.746 of title 28 United States
Code) in any proceeding before or ancillary to any court or grand jury of the United
States knowingly makes any false material declaration or makes or uses any other
information, including any book, paper, document, record, recording, or other material,
knowing the same to contain any false material declaration, shall be fined under
this title or imprisioned not more than five years, or both.
157 En principio, ya que las disposiciones correspondientes aluden con frecuencia a
formas de conducta que revelan la presencia de objetos jurídicos ajenos al que nos
ocupa. El estilo casuista y la extensión de estas leyes, impiden al dogmático acostumbrado
a la técnica codificadora moderna, desconocida en los países anglosajones,
fijar líneas sistemáticas de mayor precisión.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
sección 1.504, ídem); manifestaciones públicas, en las proximidades de
una corte o de la residencia de jueces, miembros del jurado o testigos, con
el propósito de interferir, obstruir o impedir la Administración de Justicia,
o de influir sobre jueces, jurados o testigos (picketing or parading; sección
1.507, ídem); amenazas o coacciones para influir sobre jueces, miembros
del jurado u otros funcionarios judiciales, daño en su persona o bienes,
como represalia por las decisiones que adoptaren, e impedimento u obstrucción
de la Justicia por amenazas o coacciones (influencing or injuring
officer or juror generally; sección 1.503, ídem); tentativa de grabar y grabación
de procedimientos del jurado, mientras éste delibera o resuelve
(recording, listening to, or observing proceedings of grand or petit juries
while deliberating or voting; sección 1.508, ídem 158 ); obstrucción de la
denuncia de delitos por medio del soborno (obstruction of criminal investigations;
sección 1.510, a, ídem); 159 en fin, conspiración para obstruir la
Justicia a través de la intimidación de partes, testigos o miembros del
jurado; 160 b’) por impedición del cumplimiento de resoluciones judicia-
158 El prurito de salvaguardar a cualquier precio el secreto de las deliberaciones del
jurado, explica que el artículo castige además a quien listens to or observes, or attempts
to listen to or observe, the proceedings of any grand or petit jury of which he is not a
member in any court of the United States while such jury is deliberating or voting. No
se nos apercibe cómo es dable reprimir, sin notoria perforación del principio de actividad,
el intento de escuchar o contemplar algo a oído u ojo desnudos y, en general,
meras indiscreciones reñidas con el apotegma nullum crimen sine iniuria.
159 En el apartado b de esta sección se describe actividades obstructivas que inciden en la
investigación de entidades financieras; la tentativa de obstruir, por medio del soborno,
tales investigaciones, viene descrita en la sección 1.517 del mismo capítulo 73, el
cual, al carecer de un concepto abstracto sobre la obstrucción de la Justicia, desgrana
nuevas variedades del delito de acuerdo con el tipo de investigación, judicial o administrativa,
de que se trate (cfr., por ejemplo, secciones 1.505, 1.516 y 1.518).
160 Es ésta una figura que resulta extraña para los ojos no familiarizados con los conceptos
jurídicos anglosajones. El apartado 2° de la sección 1.985, capítulo 21,
título 42, alude a ella diciendo: if two or more persons in any State or Territory
conspire to deter, by force, intimidation, or threat, any party or witness in any court of
the United States from attending such court, or from testifying to any matter pending
therein, freely, fully, and truthfully, or to injure such party or witness in his person or
property on account of his having so attended or testified, or to influence the veredict,
presentment, or indictment of any grand or petit juror in any such court, or to injure
87

88
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
les: atentado o resistencia contra funcionarios encargados de ejecutarlas
(assault on process server; sección 1.501, ídem); tentativa de obstruir o
impedir el cumplimiento de órdenes judiciales por medio de amenazas o
coacciones, y obstrucción o impedición efectivas (obstruction of court orders,
sección 1.509, ídem), y atentado o resistencia contra funcionarios
encargados de la extradición (resistence to extradition agent; sección 1.502,
ídem), y b) las que afectan principalmente bienes distintos de la Administración
de Justicia: matar o intentar matar a testigos u otras personas, para
evitar que declaren en juicio (tampering with a witness, victim, or an informant;
sección 1.512, ídem) o como represalia por sus declaraciones (retaliating
against a witness, victim, or an informant; sección 1.513, ídem), 161
such juror in his person or property on account of any veredict...; or if two or more
persons conspire for the purpose of impeding, hindering, obstructing, or defeating, in
any manner, the due course of justice in any State or Territory, with intent to deny to
any citizen the equal protection of the laws... La conspiracy procede del Common
law inglés (ahora regulada por la Criminal law Act de 1977, en la sección primera
del capítulo 45), y se da, según su modalidad estadounidense, cuando dos o más
personas acuerdan cometer un delito, o bien un acto en sí lícito, pero con medios
delictivos. Su peculiaridad reside en que no es una resolución manifestada —como
la conspiración de los Códigos españoles—, punible con carácter excepcional, “sino
un acto de delincuencia, con equivalencia de responsabilidad entre los partícipes,
cuando no un delito substantivo, un tipo autónomo” (Díaz Palos, en Berlin Stuchiner,
op. cit., pág. 49; de lo que se siguen, entre otras consecuencias generalmente
admitidas por la práctica judicial anglosajona, la irrelevancia del desistimiento de
los conspiradores, la admisibilidad de la conspiración “en cadena”, y hasta el reconocimiento
de un concurso ¡de delitos! entre la conspiración y la forma consumada
de aquel sobre el cual recayó el acuerdo; cfr. Politoff, La conspiración para cometer
delitos previstos en la ley sobre tráfico de estupefacientes, en la Revista Chilena de
Derecho, cit., vol. 24, número 3, septiembre-diciembre de 1997, págs. [447-458]
449-450), justo lo que acontece en la especie. No se crea, empero, que el iliberal y
peligroso instituto pase exento de críticas en Norteamérica. Sayre, en un estudio
considerado clásico (Criminal conspiracy, publicado en la Harvard Law Review, n.
35, 1922, pág. 393), objeta que “una doctrina tan vaga en sus contornos e incierta
en su naturaleza fundamental, como la conspiración criminal, no presta fuerza alguna
ni da gloria a la ley; es una verdadera arena movediza de opiniones cambiantes
y pensamientos irreflexivos”; y con atildada ironía, que da medio a medio en el
blanco, el juez Learned Hand la llama “the darling of the modern prosecutor’s nursery”.
LaFave, op. et ed. cits., cfr. pág. 596.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
y conspiración para obstruir la aplicación de las leyes relativas a juegos
prohibidos y facilitar éstos (obstruction of State or local law enforcement;
sección 1.511, ídem).
Al menosprecio de los tribunales se refiere primeramente la sección
401 (power of court) del capítulo 21, la que sienta una suerte de norma
prohibitiva general y establece tres especies de desacato a la autoridad de
aquéllos: por desórdenes cometidos en presencia de la corte y en términos
de obstruir la Administración de Justicia; por mal comportamiento de los
funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones, y por desobediencia
o resistencia a resoluciones, decretos u órdenes de los magistrados.
Estas conductas generan únicamente lo que podríamos llamar una responsabilidad
disciplinaria, y se sancionan, in conformity to the prevailing
usages at law, con multas o arrestos, a discreción del tribunal. El menosprecio
constitutivo de delito (contempts constituting crimes) estriba en la
desobediencia intencional de resoluciones judiciales que, a su turno, resulte
típica conforme a cualquier estatuto federal o estatal: any person,
corporation or association willfully disobeying any lawful writ, process, order,
rule, decree, or command of any district court [...], by doing any act or
thing therein, or thereby forbidden, if the act or thing so done be of such
character as to constitute also a criminal offense under any statute of the
United States or under the laws of any State in which the act was committed...
(sección 402, que se remite a la 3.691 del capítulo 233, donde
están las reglas procedimientales aplicables al caso).
Mencionemos, para terminar, que en el Model Penal Code, preparado
en 1962 por el American Law Institute, hay un intento, más o menos
logrado, de simplificar el cuadro inorgánico que el esquema precedente
sólo aboceta en sus aristas fundamentales. Si bien el perjury (véanse las
secciones 241.0 a 241.9: perjury an other falsification in official matters)
161 La propia entidad de las penas de estos delitos “de emprendimiento”“, que en el
caso de la forma tentada se empinan hasta veinte años de privación de la libertad, y
en la de consumación quedan asimiladas a las del murder in the first degree, o sea, la
capital o el presidio perpetuo del asesinato (sección 1.111, capítulo 51, título 18),
habla por sí sola de lo que aquí se ha querido preservar en primera línea, la vida del
paciente.
89

90
162 LaFave, op. et ed. cits., cfr. págs. 46-47.
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
desdibuja un tanto su silueta a causa de la proximidad de algunas falsedades
documentales, las llamadas de alarma falsas a la autoridad y la usurpación
de funciones públicas, y a pesar de que en el artículo 242, sobre
obstructing governmental operations y escapes, convivan delitos contra la
Aministración de Justicia, como el quebrantamiento de detención y la
evasión de detenidos, con otros que afectan a la Administración pública
—confusión por lo demás adelantada en el epígrafe común de las secciones
241-249 (offenses against public administration)—, el conjunto denota
algún éxito sistemático, luego favorecido por la indudable influencia de
este documento en los numerosos Estados de la Confederación que se han
dado Códigos nuevos en los últimos años. 162

CAPÍTULO IV
ESTOS DELITOS, EN LOS CÓDIGOS ARGENTINO,
CHILENO Y NICARAGÜENSE

1. El Código argentino: a) fuentes y plan legislativos.— El Código penal
argentino, de 1921, acomodó las infracciones contra la Administración
de Justicia conforme a un modelo de regulación no autónoma. Falta en él,
pues, un título específicamente consagrado a la materia que venimos trabajando.
No obstante, frente a esta constatación está la de que el conjunto de
aquellos delitos que leemos en su articulado y que en una estimación teleológica
resultan ofensivos de tal interés, quedaron agrupados y sucesivamente
ordenados al interior de un mismo título, el undécimo (delitos contra la Administración
pública) de su libro II (de los delitos), en los capítulos X (prevaricato),
XI (denegación y retardo de justicia), XII (falso testimonio), XIII
(encubrimiento) y XIV (evasión y quebrantamiento de pena), que en la actualidad
comprenden los artículos 269 a 281 bis. 163 Alguna salvedad a la
distribución anterior, es decir, el lugar asignado fuera de dichos capítulos a
ciertos ilícitos de incidencia jurisdiccional —que luego señalaremos—, no
basta para alterar el esquema fundamental, porque, en cualquier caso, figuran
los últimos asimismo dentro del mentado título. La relación antagónica
entre la adopción de un modelo, el cual, dentro de la perspectiva comparada
y en términos generales, estimula la dispersión y reducción de los tipos correspondientes,
y, por otra parte, la ordenación concentrada de éstos, que en
163 Que en estos capítulos plasmen delitos contra la Administración de Justicia, es de
antiguo reconocido en la doctrina. Véase, por todos, Soler, Derecho penal argentino. 5
vols. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, tomo V, 4ª ed., 1988, pág. 123.
93

94
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
significativo número concurren en el cuerpo punitivo que ahora abordamos,
no menos que el hecho de que, por su época y considerando el prolongado
período de gestación del Código, el sistema de regulación autónoma ya
existía a la sazón y era conocido del codificador argentino, hacen recomendable
repasar brevemente las fuentes del texto de 1921, con particular referencia
a las que fraguaron la estructura de su Parte especial, al efecto de
comprender mejor la substancia, las posibilidades y los límites de sus disposiciones
sobre el particular.
El texto que fue promulgado el 29 de octubre de 1921 hunde sus
raíces en el Proyecto de 1891, obra de los doctores Norberto Piñero,
Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo. En efecto, la posterior Ley de
reformas del año 1903, que alteró numerosos pasajes del Código entonces
en vigor, de 1886, era, en su mayor parte, una transcripción de aquél,
y, lo que cuenta más, el Proyecto de 1906, que andando los años serviría
de base al de 1916-1917 y, por consiguiente, al documento definitivo,
estaba por igual inspirado en el de Piñero, Rivarola y Matienzo. 164 Ahora
bien, “las fuentes en que bebieron los autores del Proyecto de 1891
están por ellos confesadas y aparecían, por lo demás, clarísimas. El Código
italiano de 1889 era un modelo por demás tentador. Moderno entonces
y de muy perfecta tendencia, fue seguido en lo esencial por Piñero,
Rivarola y Matienzo. También ejerció cierto influjo el Código holandés”. 165
164 Continuidad que ha sido reiteradas veces subrayada en la Argentina. “El proyecto
de 1891 es el de mayor importancia en la elaboración legislativa posterior al Código
de 1886”, afirma Zaffaroni (Tratado de Derecho penal. Parte general. 5 vols.
Ediar, Buenos Aires, tomo I, 1987, pág. 422). “Tiene mucha importancia para la
interpretación de los textos vigentes, pues el Código de 1922 —a través del Proyecto
de 1906— tomó la mayor parte de su articulado, del Proyecto de 1981”, dice
Jiménez de Asúa, op. et ed. cits., tomo I, pág. 1.029). Según Núñez, “representa
el modelo y el comienzo del desenvolvimiento que, pasando por los proyectos de
1906 y 1917, condujo al Código penal de 1921”, Derecho penal argentino. 7 vols.
Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, tomo I, 1964, pág. 75. Cfr.,
además, Fontán Balestra, Tratado de Derecho penal. 7 vols. Abeledo Perrot, Buenos
Aires, tomo I, 2ª ed., corregida y actualizada, 1990, pág 161 y ss.; Soler, op.
cit., tomo I, 5ª ed., 1987, págs. 121 y ss., y Creus, Derecho penal. Parte general.
Astrea, Buenos Aires, 1ª ed., 1988, págs. 39-40.
165 Jiménez de Asúa, op. et ed. cits., tomo I, pág. 1.029.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
Si a lo anterior añadimos que donde existe un mayor paralelismo entre el
Proyecto y el Código es justamente en la Parte especial, y que en ésta,
además, se abandonó “casi por completo la técnica que hasta entonces
había imperado en el país, a través de las leyes españolas, del Proyecto
Tejedor y del Código de 1886”. 166 para abrir paso al nuevo enfeudamiento
italiano, 167 no pueden sino llamar la atención el emplazamiento y
contenido de los delitos contra la Administración de Justicia en el vigente.
De las dos fuentes que señala la Exposición de motivos del Proyecto de
1891 para respaldar la aparición, hasta ese momento inédita en el país,
de unos delitos contra la Administración pública, 168 entreverando en su
seno aquellos que atacan la jurisdicción, o sea, los Códigos italiano y
holandés, el primero había formado dos grupos diferenciados para regularlos,
y el segundo sencillamente no conocía ninguna de las dos categorías
en el plano formal de sus rúbricas. Acaso la original solución del
codificador argentino fuese el resultado de una suerte de compromiso:
aceptar, por una parte, la sugerencia italiana de destinar un lugar autónomo
a los delitos contra la Administración pública, y, por otra, a la vista del
ejemplo de Holanda, no impulsar el talante innovador hasta el extremo de
desgajar de su seno los delitos contra la Administración de Justicia. 169
166 Ibídem. “El aporte más importante del Proyecto Piñero, Rivarola y Matienzo se
encuentra en la Parte especial, en que con toda claridad se divisa la estructura del
libro segundo del código penal de 1921”. Zaffaroni, op. et vol. cits., pág. 423. Del
último autor cfr., también, Trascendencia histórica del Código penal 1921/1922,
Presentación del volumen Teorías actuales en el Derecho penal. 75° aniversario del
Código penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, págs. (31-44) 36.
167 Cfr. Núñez, op. et vol. cits., pág. 75.
168 Que figuraban en el título X, libro II.
169 “La Comisión —léese en la Exposición de motivos— ha formado un solo grupo
con todos los delitos que, sin alcanzar la gravedad de la sedición y la rebelión,
perturban el funcionamiento regular de la administración pública en cualquiera de
sus ramas, sea que provengan de los particulares, sea que emanen de los mismos
funcionarios. Es el plan seguido por el Código holandés y por el italiano, tan metódicos
en la distribución de las materias que legislan. Quedan así comprendidos en
el título de los delitos contra la administración pública los que el Código argentino
llama delitos peculiares a los empleados públicos, los que denominan atentados y
desacato contra la autoridad y falso testimonio, como asimismo las disposiciones
95

96
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Un antecedente suplementario, de mayor peso, abona la conjetura e
introduce un nuevo elemento de juicio respecto de la matriz y el nervio del
título XI. Aunque en él la impronta del Código de Zanardelli resulte
innegable, y lo demuestra, en especial, la consideración del encubrimiento
como tipo independiente 170 —tanto el Código de Tejedor como el de
1886 lo situaban en la Parte general, como forma de participación, al
igual que la abrumadora mayoría de las legislaciones de entonces—, hay
una serie de diferencias de monta que distancian al Código argentino del
paradigma italiano. El delito de tutela arbitraria de las propias razones,
que en éste plasmó en los artículos 235 y 236, no hubo de pasar a aquél,
y el duelo, que en el sistema de los clásicos italianos tardíos (Pessina y,
sobre todo, Carrara) era delito contra la Administración de Justicia (artículos
237-245 del Codice de 1889), mantuvo en el diseño rioplatense la
ubicación inveterada, según las leyes punitivas de España, entre los delitos
contra las personas, del título I, segundo libro (arts. 97-103). Algo
parecido sucedió con la calunnia (arts. 211 y 212 del Código de 1899)
itálica, la cual conservó su calificación de delito contra el honor en el
artículo 109 del Código de 1921. Todavía más importantes son las divergencias
en el tema de la prevaricación. Sabido es que la codificación italiana
ha permanecido desde siempre apegada al perfil romano de este
delito, y, por tanto, se le concibe en los ceñidos términos del prevaricato
de abogados y procuradores, como el desdoblamiento súbdolo, en perjuicio
de sus clientes o representados, de estos auxiliares de la jurisdicción, 171
tal cual se observa en los artículos 222 (collusione del procuratore), 223
(patrocinio infedele in causa penale”) y 224 (“concussione del patrocinatore)
del texto de 1899. En cambio, el de la Argentina lo acuñó con trazos
mucho más dilatados, asociando a la prevaricación de abogados y mandatarios
judiciales, que también conoce (art. 272), disposiciones represivas
relativas al encubrimiento y las demás infracciones ofensivas de la administración de
justicia”. Recojo la cita de Eusebio Gómez, Tratado de Derecho penal. 5 vols.
Compañía Argentina de Editores, Buenos Aires, tomo V, 1941, pág. 461.
170 Véanse los artículos 225 del Código italiano de 1899, y 277 del argentino; transcribimos
el último, en su tenor actual, infra, dentro de este mismo capítulo.
171 Cfr. Jannitti-Piromallo, op. cit., págs. 13-15 y 279-284.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
para la prevaricación judicial (arts. 269, 270 y 273), especie que responde,
y bien lo observan los comentaristas argentinos, a una antigua “tradición
jurídica hispana”, 172 tradición que habían mantenido tanto el Código
de Tejedor como el de 1886. El sello español es particularmente visible
en la prevaricación judicial-denegación o retardo de la Justicia, no
menos que en la prevaricación políticoadministrativa-omisión de promover
la persecución y represión de delincuentes, de los artículos 273 y 274,
respectivamente, preceptos que mucho recuerdan las paralelas disposiciones
del Código peninsular de 1870. 173
Estas consideraciones mueven a concluir que en el título en cuestión
se funden fuentes distintas, que el codificador combinó con sus ideas personales,
como, por lo demás, evidencian el conjunto del plan y la substancia
del Código. Parafraseando a Zaffaroni, “no puede decirse que siga un
modelo en especial, pues es una obra original, pese a que sigue la línea
que había trazado Tejedor”. 174 Esto debe ser tenido en gran consideración
a la hora de su reconstrucción dogmática y en el manejo, que ha se
ser en extremo cuidadoso, de la bibliografía y jurisprudencia extranjeras;
además, explica las orientación que tomó el penalismo argentino en materia
del objeto jurídico de los delitos que nos interesan, según se verá a
continuación.
En efecto, al quedar éstos atrapados en una familia ajena, casi todas
las definiciones doctrinales del objeto jurídico “común” a los del título XI
procuran aferrar qué sea la Administración pública en materia penal, al
172 Fontán Balestra, op., et ed. cits., tomo VII, pág. 371. En efecto, se remonta a Las
Siete Partidas.
173 Cfr. Núñez, cit., tomo VII, págs. 155-159. De ahí la exactitud de Soler, cuando
dice que “nuestro Derecho, en materia de prevaricación, responde a la tradición
legislativa española”. Op. et ed. cits., tomo V, pág. 270.
174 Manual de Derecho penal. Parte general. Cárdenas, Editor y Distribuidor, México,
2ª ed., 1988, pág. 170. Véanse, además, el capítulo “La ascendencia del Código
penal” de la monografía de Sebastián Soler, Bases ideológicas de la reforma penal.
Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1966, págs. 16-18, y Donna,
Derecho penal. Parte especial. 3 vols. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos
Aires, t. III, 2003, pág. 16.
97

98
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
paso que no se emprende semejante tarea a propósito de una Administración
de Justicia inexistente en la nomenclatura empleada por el legislador.
Como era de esperar, la acumulación de delitos tan heterogéneos en el
mismo segmento legal repercute en ciertos conceptos latísimos de la primera,
que rebasan los contornos que posee en el correspondiente ordenamiento
primario (el Derecho administrativo) y a los que se provee de un
marcado sesgo funcional, que, en su neutralidad, antes atiende a la forma
de los actos, con entera prescindencia del poder estatal involucrado, que
al sentido teleológico de las distintas funciones públicas. Así, v. gr., para
Creus, el principal monografista del tema, “el objeto de protección del
título XI del Código Penal es la regularidad y eficiencia de la función
pública, concebida ésta en el sentido más lato posible”, o sea, como “el
gobierno del Estado totalmente integrado con los poderes que lo componen”,
por modo que su tutela “cubre, no sólo la regularidad y eficiencia
del acto administrativo, sino también la regularidad y eficiencia del acto
legislativo y del acto jurisdiccional. La protección penal se extiende, pues,
tanto sobre las funciones administrativas propiamente dichas, como sobre
las otras funciones del Estado”. 175 Dicha concepción está sumamente
arraigada entre los penalistas del país, y puede leerse, por ceñirnos a uno
de nuestros años y a otro más antiguo, en Ricardo Núñez y Eusebio
Gómez. 176 Con todo y eso, también existe conciencia de que “la amplitud
175 Delitos contra la Administración pública. Comentario de los artículos 237 a 281 del
Código penal. Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 4. Cfr., además, su Derecho
penal. Parte especial. 2 vols. Astrea, Buenos Aires, 2ª ed., actualizada, 1988,
tomo II, pág. 217.
176 Según aquél, “el objeto protegido en este título no son las funciones del P.E. como
poder administrador, sino el ejercicio de las funciones legislativas, ejecutivas o judiciales,
nacionales, provinciales o municipales, frente al comportamiento de sus titulares
o al de los terceros, destinatarios o no del acto funcional”. Manual de Derecho
penal. Parte especial. Lerner, Córdoba-Buenos Aires, 1976, pág. 441. Éste, de su
parte, siguiendo la autoritaria noción que en materia de Administración pública
animaba a Rocco, anota que comprendería, “no sólo la actividad administrativa, en
sentido estricto, técnico, sino también, la actividad legislativa y judicial”; de ahí que
para Gómez la Administración de justicia sea “una rama de la administración
pública” (op. et vol. cits., págs. 458 y 460), y que “los delitos previstos en el título
XI de nuestro código tienen una misma objetividad jurídica”. Leyes penales anotadas.
4 vols. Ediar, Buenos Aires, tomo IV, 1954, pág. 11.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
del bien jurídico tutelado y la diversidad de sujetos posibles, torna necesario
señalar en cada caso particular el contenido concreta y específicamente
tutelado por cada infracción y las demás exigencias de la figura”, 177 contenido
que, en lo que respecta a las de los capítulos X a XIV del título, se
hace coincidir con la Administración de Justicia, entendida, eso sí, como
“una rama de la administración pública”. 178
b) Visión panorámica y apreciación crítica de estos delitos.— Pongamos
ahora en contacto los rasgos más llamativos de la disciplina que acuerda
el Código a estas infracciones, con esos modos abstractos de atentar contra
la Administración de Justicia que estudiamos en el capítulo II, al efecto
de formular unos escuetos juicios de lege ferenda sobre aquél.
El texto carece de tipos que describan formas de autotutela, es decir,
le es desconocida la previsión de cualquier clase de arrogación violenta o
amenazadora, por parte del ciudadano privado, de potestades jurisdiccionales;
esto, a pesar de que el acto de hacerse justicia por mano propia se
contempló en el catálogo de figuras delictuosas de sus fuentes precipuas,
tanto la italiana de 1899, según se dijo, como —limitadamente, esta vez,
al apoderamiento violento o intimidatorio de cosas pertenecientes a su
deudor, para hacerse el sujeto pago con ellas— la española de 1870. 179
Este es un grave defecto del Código, porque las múltiples hipótesis de
realización arbitraria del propio derecho quedan, ora en la franca atipicidad,
lo que resquebraja una parte medular del muro que cautela la incolumidad
de la función jurisdiccional, máxime en los tiempos que vivimos,
harto propicios a las venganzas privadas y la autojusticia, 180 ora, al revés,
177 Fontán Balestra, op. et ed. cits., tomo VII, pág. 152, basándose en Soler, Derecho
penal argentino, ed. cit., tomo V, cfr. pág. 121.
178 Gómez, Tratado, vol. cit., pág. 460. Allí mismo anota: “contra la administración de
justicia específicamente son: el prevaricato, la denegación y retardo de justicia, el
falso testimonio, el encubrimiento y la evasión”. Del todo coincidente, Creus, Delitos
contra la Administración pública, cit., cfr. págs. 429, 457, 473-474, 530 y 573.
179 Ya se ha visto cómo el anacrónico duelo circula por otro paraje, a guisa de delito de
peligro o de lesión contra la vida y salud individual.
180 Cfr. Ruiz Funes, Actualidad de la venganza. (Tres ensayos de Criminología). Losada,
Buenos Aires, 1944, especialmente págs. 36 y ss.
99

100
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
atrapadas en descripciones que nada tienen que hacer con dicha función,
como las del robo, las coacciones o los daños, que no permiten apreciar el
menor reproche que merece quien obró con el ánimo de hacer valer un
derecho subjetivo y cuya aplicación a estos casos determina un efecto agravatorio
que atenta contra el principio de proporcionalidad. 181 Este relativo
desinterés por asegurar adecuadamente la supremacía de la jurisdicción,
explica también la falta de un delito que castigue sin rodeos la usurpación
de atribuciones judiciales por funcionarios o autoridades administrativas.
Sólo se dispone de una usurpación genérica, para el funcionario
que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo, en el número 3 del
artículo 246, ubicado en el tercer capítulo (usurpación de autoridad, títulos
u honores) del título. Si bien la opinión prevaleciente considera que el
delito ataca el funcionamiento interno de la Administración pública en
general, “que requiere el regular y legal desempeño de su actividad según
las facultades de decisión o ejecución y, dentro de ellas, según la competencia
asignada por las leyes y reglamentos”, 182 y aunque —hasta donde
se nos alcanza— la doctrina no se plantea la posibilidad de que un funcionario
administrativo se arrogue, ejerciéndolas de facto, atribuciones
judiciales, creemos que entra perfectamente en el tipo de injusto del delito,
dada la vasta cabida del elemento normativo “otro cargo”. 183 A la
181 Aunque no apruebo la terminología, un tanto mística, que tocada parece por la atmósfera
de la doctrina de los tipos normativos de autor, convengo en esta idea que
Bajo Fernández recoge de Maurach: “el hecho de que el autor pretenda realizar su
derecho deberá de considerarse causa de atenuación, justificada porque, conforme a
la concepción jurídica popular, el autor aparece como merecedor de un menor reproche
de culpabilidad y el hecho produce una menor alarma social [...] la concepción
jurídica popular no considera como “ladrón” a quien toma cosa del deudor para
hacerse pago con ella”. Op. cit., pág. 82. Este no es un problema de personalidades
menos reprobadas, sino de móviles reflejados en el acto y que el Derecho, si bien no
puede tolerar, tampoco censura con la misma energía que cuadra a la actuación realizada
sin ellos.
182 Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., pág. 148. Cfr. también Fontán
Balestra, op. et ed. cits., tomo VII, pág. 240, y Soler, op. et ed. cits., tomo V,
págs. 169-170.
183 Parece admitirlo Creus, cuando, en un ejemplo (el de un juez de mayor jerarquía
que se inmiscuya en competencias de otro inferior), alude a la posibilidad de una

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
inversa, sí aparece legislada una forma de impedición del cumplimiento
de resoluciones judiciales por funcionario público. Pero de ello, a su momento.
Yendo a las vulneraciones de sus particulares deberes para con la Administración
de Justicia atribuibles a los órganos y sujetos de ella, la primera
que ha de comparecer ante nuestros ojos es la omisión de denuncia, siquiera
el delito yace semiextraviado dentro del precepto que se destina al encubrimiento,
como si de una de las formas de éste (el favorecimiento personal) se
tratase, en el artículo 277, inciso 1, d, para el que omitiere denunciar el
hecho estando obligado a hacerlo, pero con una impecable formulación liberal,
ajena al temple frenético que hoy pretende extender este deber a círculos
cada vez más amplios de individuos no cualificados. Se trata, por supuesto,
de un delito rigurosamente propio, 184 de forma que “sólo pueden
ser [...] autores las personas que por su profesión liberal o su empleo público,
están obligadas a denunciar los delitos de acción pública de que hayan
tenido noticia en su ejercicio profesional o funcional”. 185 Este es el tipo
básico, ya que existe uno especial calificado en el artículo 144, cuarto, 2,
para los funcionarios o médicos que tomasen conocimiento en razón de sus
funciones de la imposición de tormentos a personas privadas de su libertad,
y omitiesen denunciar el hecho dentro de veinticuatro horas.
Siempre en este terreno, el Código regula las tres clases de prevaricación:
judicial, políticoadministrativa y de abogados o procuradores. Es la
primera especie la que admite el número más crecido de modalidades. La
prevaricación judicial propiamente dicha está en el artículo 269, párrafo
primero: sufrirá multa de tres mil a setenta y cinco mil pesos e inhabilitación
absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley
expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas,
184 Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., cfr. pág. 543. Tras la reforma
incorporada por la Ley número 25.426, de 13 de abril de 2000, piensa Donna que
el favorecimiento personal a través de omisión de denuncia ha reforzado su carácter
de delito especial propio, en que “el obligado es solamente un funcionario público
competente para la persecución y represión de los delitos”. Op. et vol. cits., pág. 511.
185 Núñez, Manual de Derecho penal. Parte especial, cit., pág. 459, y Derecho penal
argentino, cit., tomo VII, pág. 187.
101

102
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
hechos o resoluciones falsas. De este tipo básico se deriva uno agravado,
en el segundo párrafo de la disposición, si la sentencia fuere condenatoria
en causa criminal, para el cual caso la pena se empina de tres a quince
años de reclusión o prisión, a más de la privativa de derechos ya indicada.
Dos son, en principio, los aspectos cuestionables de esta configuración:
primero, la impropiedad de ceñir el objeto de la prevaricación a la ley,
pues la ley no es la única fuente formal del Derecho que el juez debe
aplicar, ni éste se agota en ella; por lo demás, la communis opinio de
entenderla aquí en un sentido amplio, es decir, como toda disposición
legiferante, 186 no llega ni a paliativo del problema propuesto, que reclama
modificación. 187 En seguida, por más grave que resulte y efectivamente
sea prevaricar en una sentencia que condene al reo, parécenos que la
penalidad se desproporciona sin mesura respecto de la figura básica, haciendo,
de paso, imposible un concurso de delitos entre el que comentamos
y otro que, por ejemplo, vulnere la libertad ambulatoria del condenado.
188 Comete también prevaricación, el juez que decretare prisión preven-
186 Cfr. Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., pág. 431, y Donna, op. et
vol. cits., pág. 417.
187 Sobre el particular, cfr. García Arán, La prevaricación judicial, cit., págs. 106-118.
Respecto de la locución sentencia injusta, del artículo 351 del antiguo Código español
(el 446 del actual reza: sentencia o resolución injusta), la posición de la autora coincide,
en parte, con la que sustentamos: “el baremo de medición de la injusticia es, por
tanto, la ley, pero no entendida de un modo formalista y abstracto, sino integrada en
el sistema de fuentes y dotada de contenido material mediante el proceso de interpretación”
(pág. 117). El Código alemán ofrece un modelo mejor en su § 336, que se
refiere a la violación del Derecho (Beugung des Rechts). Por eso, “außer dem positiven
Recht kommen aber auch überpositive ungeschriebene Rechtsnormen im Betracht”
(Cramer, en Schönke y Schröder, op. et ed. cits., pág. 2.280; véase también Welzel,
op. et ed. cits., págs. 544-545), debiéndose precisar que las normas supra o extralegales
no por ello pertenecen al tópos oúránios de lo supra o meta jurídico, sino, precisamente,
al Derecho positivo (cfr., supra, la nota 31 del capítulo I).
188 “La razón de la gravedad de la pena, se explica por sí misma”, escribe con pluma
prieta Fontán Balestra (op. et ed. cits., tomo VII, pág. 378). Sin embargo, si se
piensa —parafraseando a Creus (Delitos contra la Administración pública, cit.,
pág. 441)— “que aquí no estamos en el capítulo de los delitos contra la libertad,
sino en presencia de un delito contra la administración de justicia”, por lo que
consumada queda la prevaricación con el mero hecho de dictarse la sentencia, y que

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
tiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión
preventiva que, computada en la forma establecida por el artículo 24, hubiere
agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el
delito imputado (art. 270). Pues bien, la que se asocia a esta variedad de
prevaricato, inferior a la forma elemental de la anteriormente estudiada,
ha cimentado el curioso temperamento de que la conducta descripta en
este artículo estaría reñida con el dolo, y que, al contrario, tendría que ser
culposa, 189 corolario recabado a vista y paciencia del numerus clausus con
que el Código acoge la culpa, de que, aun reconociendo el plus de injusto
—dada la importancia de la resolución correspondiente— que se da en
esta hipótesis frente a la del artículo 269, párrafo uno, por las contradicciones
intrínsecas del ordenamiento debe responder el legislador, y el jurista,
limitarse a denunciarlas, 190 y de que, sobre todo, acaso el demérito
principal del régimen argentino de la prevaricación radique justo en el
hecho de no haber cedido plaza a ninguna forma culposa, ni siquiera para
los casos de veras intolerables, en visible alejamiento de la fuente española
y con la dudosa aprobación de la doctrina. 191 Las restantes formas de la
prevaricación judicial versan en capítulo aparte, el undécimo, bajo la rúbrica
denegación o retardo de justicia, para el juez que se negare a juzgar so
las formas del secuestro que vendrían en causa para un eventual concurso de delitos
(cfr. los artículos 141, 142 y 144 bis) reciben penalidades harto más recatadas que
la de aquélla, dicha gravedad no se justifica y, al contrario, pone de manifiesto un
severo desbarajuste valorativo en el Código.189 La intepretación débese a Soler,
Derecho penal argentino, tomo V, ed. cit., cfr. págs. 278-279, al que siguen
Fontán Balestra (op. et ed. cits., tomo VII, cfr. pág. 381) y Núñez (Derecho penal
argentino, cit., tomo VII, cfr. pág. 151).
190 En el mismo sentido, Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., cfr. pág.
443. Con un alcance más general acerca de estas antinomias valorativas, que minimizan
la función de la Dogmática en cuanto actividad racional, cfr. Rivacoba, La
racionalidad del ordenamiento como presupuesto de la Dogmática jurídica en materia
penal, en su libro misceláneo Nueva crónica del crimen. Edeval, Valparaíso, 1981,
págs. (187-211) 190-192.
191 Llama la atención que el propio Soler sintetice el respaldo con frase lapidaria (“no
basta el descuido ni la negligencia: no hay prevaricato por culpa”; Derecho penal
argentino, ed. cit., tomo V, pág. 276), que, de iure condito, es, por cierto, correctísima.
103

104
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, o que retardare
maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las
partes y de vencidos los términos legales (art. 273). La crítica suele concentrarse
en la prevaricación-denegación de la Justicia, por lo ilusorio de
que un juez invoque expressis verbis los motivos de la denegación y dada
la atipicidad de pretextos distintos de los que menciona el tipo, 192 circunstancias
que convierten a la norma, y es verdad, en letra muerta; 193 pero,
que sepamos, descuida reparar en el marcado tinte civilístico (requerimiento
de las partes) de las exigencias legales en la prevaricación-retardo
de la Justicia, que hace al delito inapto respecto de los procedimientos en
los que el impulso procesal esté confiado al órgano jurisdiccional, hecho
que encrespa sus ribetes preocupantes vista la ausencia de una disposición
que castigue al juez que infrinja las leyes que reglan los trámites
esenciales de un procedimiento. Por otro lado, y aunque queda el saldo de
alguna nueva variedad de la prevaricación judicial en el Código, 194 echamos
de menos en su articulado, a más de las sobredichas, otras tantas que
apremiaría incluir o, al menos, destacar como supuestos particulares del
delito del artículo 249, 195 por ejemplo, la omisión de apertura de la averiguación
sumarial, y la de decretar la prisión preventiva de alguna persona,
cuando esta medida fuese procedente.
Considera la ley como prevaricación políticoadministrativa únicamente
la del funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
192 Cfr. Soler, loc. últ. cit., pág. 287; Fontán Balestra, op. et ed. cits., tomo VII, pág.
387; Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., págs. 459-460.
193 “Prácticamente inaplicable”, sentencia Molinario, Derecho penal. Buenos Aires,
1937, pág. 363.
194 Nos referimos a la del artículo 257 (el juez que aceptare promesa o dádiva para
dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su
competencia), que la ley trata como una especie de cohecho, a diferencia de otros
ordenamientos, y la del 144 cuarto, 3, a propósito del juez que, habiendo adquirido
noticia de la imposición de tormentos a un individuo privado de su libertad, no
instruyere sumario o no denunciare el hecho al juez competente dentro de las veinticuatro
horas.
195 Cuyo precepto reza: ... el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare o
retardare algún acto de su oficio.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
de promover la persecución y represión de los delincuentes [...], a menos
que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable (art.
274). La ciencia argentina ha intentado, con éxito relativo, morigerar los
efectos de la lamentable inversión, en desmedro del agente, de la carga de
la prueba; 196 además, si bien la figura está redactada con un trazo más
comprensivo que el del viejo Código español, de donde fue tomada y el
cual exigía un obrar malicioso en el sujeto activo, con la correspondiente
repulsa del dolo eventual, es claro que no cabe en ella la negligencia, lo
cual condice con la parquedad del Código en materia de crimina culposa,
mas puede discutirse desde el punto de vista políticocriminal. Como quiera
que sea, tal vez este particular sea menos importante que la radical falta
de tipo para esa especie de prevaricato de los funcionarios consistente en
dictar una resolución contraria a Derecho en un asunto administrativo de
que conociesen, según se leía en el tronco hispano (art. 358). En cambio,
el que comentamos mejoró a su modelo en materia de prevaricación de
abogados o procuradores. El artículo 271 reprime al abogado o mandatario
judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio,
simultánea o sucesivamente, o que de cualquier modo perjudicare deliberadamente
la causa que le estuviere confiada. Las ventajas van por dos
lados. Primero, debido a que el comportamiento desleal tiene que incidir
siempre en un juicio o causa, lo que excluye las gestiones extrajudiciales
197 —a su turno compatibles con las palabras cliente y negocio que
emplearon los artículos 360 y 361 del Código ibérico, 198 no obstante la
nula vinculación de este supuesto con el magisterio jurisdiccional del Estado—,
porque “la ley prescinde de toda otra consideración que no sea la
de asegurar el prestigio de la administración de justicia”. 199 Además, se
196 Véanse Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., pág. 472, y Núñez,
Derecho penal argentino, cit., tomo VII, pág. 160. Donna, op. et vol. cits., cfr. pág.
444, estima inconstitucional la cláusula.
197 Opinión unánime. Cfr. Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., págs.
450-451; Soler, Derecho penal argentino, ed. cit., tomo V, págs. 282-283; Fontán
Balestra, op. et ed. cits., tomo VII, pág. 382; Núñez, Derecho penal argentino, cit.,
tomo VII, págs. 152-153, y Donna, op. et vol. cits, pág. 430.
198 Cfr. Rodríguez Devesa, op. et ed. cits., págs. 1.140-1.141.
199 Gómez, Tratado de Derecho penal, vol. cit., pág. 582. Lo que nada quita al hecho
de que la víctima de este supuesto de prevaricato, o sea, el patrocinado o represen
105

106
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ha subrayado con acierto las dos posibilidades en la defensa o representación
infieles, que pueden darse simultánea o sucesivamente en el mismo
pleito. 200
En lo que concierne al quebrantamiento por las partes o terceros de
un pleito de las obligaciones especiales que los ligan al órgano jurisdiccional,
no se puede compartir el criterio que anima al artículo 243: será
reprimido con prisión de quince días a un mes, el que siendo legalmente
citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de
prestar la declaración o exposición respectiva, añadiéndose la pena accesoria
de inhabilitación especial de un mes a un año en el caso de peritos e
intérpretes. Todo es turbio en esta disposición, a la que la doctrina mayoritaria
bautizó como “violación de deberes procesales” o “desobediencia a
citación judicial”, no obstante que el injusto típico es bifronte: tanto pueden
verse afectadas la función jurisdiccional como la Administración pública:
los extremos de la alternativa dependen de la autoridad ante la cual
debió el recalcitrante comparecer y rendir la manifestación. 201 Por de pronto,
no se nos apercibe el fundamento de elevar a la categoría de delito
aquello que no sobrepasa la esfera de las infracciones disciplinarias o las
meras desobediencias, 202 pues una cosa es que un determinado bien jurídico
sea suceptible de tutela penal —cuestión innnegable en esta modalidad
ofensiva de la jurisdicción—, y otra, muy distinta, que la merezca y
tado, quedará perjudicada en sus intereses con la duplicidad de la conducta del
letrado, ni a que dicha merma, patrimonial o extrapatrimonial, marque el momento
consumativo en la segunda alternativa del tipo.
200 Cumple puntualizar que también en España se sostuvo, por la redacción del artículo
361 (el abogado o procurador que, habiendo llegado a tomar la defensa o representación
de una parte, defiendiere o representare después, sin su consentimiento, a la contraria
en el mismo negocio...) y el uso del adverbio después, la relevancia del patrocinio
simultáneo. Cfr., por ejemplo, Queralt Jiménez, op. et ed. cits., pág. 662.
201 En este sentido, Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., pág. 113, y
Gómez, Leyes penales anotadas, op. et vol. cits., págs. 28-29.
202 Una desobediencia impotente, la llama Soler, para hacerla sobresalir, como hipótesis
especial privilegiada, del delito de desobediencia del artículo 239 (Derecho penal
argentino, ed. cit., tomo V, cfr. pág. 156). Apuntemos de pasada que la deficiente
ubicación del delito, que no pertenece a los “atentados o resistencias contra la
autoridad”, conforme pretende el plan, bien lejos está de confundir al penalismo

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
necesite imperiosamente. 203 La propia entidad, modestísima, de la punición,
habla en contra de las bondades del artículo. Sin embargo, según es
sólito que acaezca cuando las ideas de proporción y mesura son burladas,
los efectos de la elección que las contraría tampoco hacen aguardar su
funesto cariz. Lo que pudo sancionarse tan sólo con el expediente menos
gravoso de unos arrestos o apremios, de mayor eficacia que una pena cuya
imposición, irremediable, 204 acaso torne definitiva la impenitencia del remiso
y frustre para siempre la pretensión del órgano que lo reclamó, ahora
se revela en pugna con las exigencias del non bis in idem, dado que aquéllos
podrán acumularse a ésta, 205 sin mencionar las restantes consecuencias
jurídicas de una condena a pena privativa de la libertad, que las
simples medidas de disciplina habrían ahorrado. Repárese por último en
que, a diferencia del rifiuto di uffici legalmente dovuti, en el artículo 366
del Código italiano, donde se exige que el agente se substraiga a sus obligaciones
empleando “medios fraudulentos”, el delito que comentamos es
de formulación libre, y la desvinculación de los medios ejecutivos no puede
menos que atraer hacia su férula cualquier incomparecencia o abstención,
corolario tan aberrante, que doctrina y jurisprudencia han procurado
eludir sus perniciosos efectos —pues, “si se aplicara esta cláusula a
todos los testigos, serían muy pocas las personas de nuestro país que no
argentino, cuyos máximos representantes lo diferencian con esmero del verdadero
delito de resistencia. Cfr., por todos, Núñez, Derecho penal argentino, cit., tomo
VII, pág. 35.
203 Mayer, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts. Carl Winters Universitätsbuchhandlung,
Heidelberg, 2ª ed., 1923 (que manejo en la reimpresión de Keip
Verlag, Goldbach, 1997), cfr. págs. 22-24.
204 Con su habitual perspicacia, Creus, Delitos contra la Administración pública, cit.,
pág. 115, comenta que “una vez consumado el delito, toda actividad propia o de
terceros destinada a que se cumpla el acto del cual se abstuvo el autor, carece de
relevancia a los fines de borrar la tipicidad de la omisión”204, cosa que ciertamente
no ha de suceder en los apremios, destinados a cesar apenas desaparece el motivo
que los originó.
205 Corolario inconcuso en la Argentina: “el delito del art. 243 es [...] compatible con
las sanciones diciplinarias que las leyes o reglamentos indican para corregir actos de
inconducta procesal”. Creus, ibídem, pág. 118; cfr., además, Soler, Derecho penal
argentino, ed. cit., tomo V, pág. 157.
107

108
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
tuvieren una condena” 206 —, siquiera forzando la voluntad de la ley hasta
el extremo de hacerle decir lo que, por desgracia, no dice. 207
A su turno, y aunque no deje de presentar ciertas deficiencias e imperfecciones,
está mucho más lograda la factura del testimonio, la pericia
o interpretación falsos. Hay un tipo básico y dos calificados. El primero
consta en el artículo 275, párrafo uno: será reprimido con prisión de un
mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o
negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe,
traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Cabe aquí
discrepar únicamente de la inclusión de la reticencia entre las modalidades
de la acción delictuosa; mas dado que, a propósito del Código español
de 1995, ya dijimos que la reticencia es una invención atrabiliaria
para dar man forte a los jueces perezosos, no insistiremos sobre este molesto
particular. 208 Tampoco atribuye la ley efecto desincriminante o atenuatorio
a la retractación tempestiva del manifestante infiel, como los
Códigos italiano, alemán y otros. 209 La agravación del falso testimonio en
causa criminal y en perjuico del inculpado, del párrafo 2 de la disposición,
no se compadece con la indeterminación relativa de la pena, que va
de uno a diez años de reclusión o prisión, ni con lo desproporcionado de su
límite superior, máxime si la ley “no requiere que el falso testimonio resul-
206 Fontán Balestra, op. et ed. cits., tomo VII, pág. 216, citando a Molinario.
207 Por ejemplo, que se requeriría, bien una incomparecencia reiterada (Fontán Balestra,
ibídem, cfr. págs. 216-217), bien la omisión intencional (Núñez, Derecho penal
argentino, cit., tomo VII, cfr. pág. 37), y que sólo así estarían colmadas las
exigencias de la figura. Aunque ninguna de estas interpretaciones sea de recibo, al
menos demuestran la apremiante necesidad de reformar el delito... o suprimirlo.208
Cfr. supra, capítulo III, texto y nota 43.
208 Cfr. supra, capítulo III, texto y nota 43.
209 “En nuestro Código —duélese Soler— se han descuidado siempre los casos de
arrepentimiento eficaz, de manera que en un comportamiento de esta clase no puede
reconocerse más que una causa de atenuación” (Derecho penal argentino, ed.
cit., tomo V, pág. 310); más certero, Creus, cuando escribe que si bien la retractación
tempestiva “no elimina el tipo ni tiene influencia alguna sobre la punibilidad”,
sede sistemática en que incidiría la excusa absolutoria, ausente en el texto que comentamos,
“sí puede tenerla sobre la individualización de la pena”. Delitos contra
la Administración pública, cit., pág. 484.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
te efectivamente perjudicial para el inculpado en la causa”. 210 El otro caso
agravado se presenta cuando la declaración fuere prestada mediante cohecho;
aquí la pena privativa de la libertad va asociada a una multa, al paso
que el sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso. La presencia de
esta figura tiende una zancadilla a los epifenómenos del falso testimonio,
por cuanto restringe las formas de participación a la exclusiva hipótesis de
inducción mediante soborno. 211 Por lo demás, limitaciones semejantes son
el efecto inadvertido del artificio de convertir formas accesorias de intervención
en un delito en tipos independientes. 212 Por último, mientras es
un mérito del Código haber dejado en la atipicidad el perjurio, no se
puede prestar aquiescencia a la preterición del delito de presentar pruebas
falsas en juicio, donde se funden las variedades más insoportables del
quebrantamiento por las partes de sus obligaciones particulares para con
el órgano jurisdiccional.
Pasando a la modalidad ofensiva de provocar indebidamente la incoación
de un proceso penal, o desnaturalizar procedimientos y procesos
civiles, digamos que tras la supresión, por la Ley 23.077 —dada en julio
de 1984 para dejar “sin efecto la casi totalidad de las normas penales
promulgadas durante el gobierno militar del período 1976-1983” 213 —,
de tres infracciones que, por lo demás, no existían en el tejido original del
Código, a saber, el fraude procesal, la denuncia y querella calumniosas, la
denominada calumnia real y la simulación de delito (los antiguos artículos
240 bis, 276 bis y 276 ter), sólo queda en la actualidad una figura, emplazada
en el capítulo II del título en palabra y que corre con el nombre de
éste, o sea, como “falsa denuncia”, a pesar de que parece más bien una
hipótesis de simulación de delito: se impondrá prisión de dos meses a un
210 Núñez, Derecho penal argentino, cit., tomo VII, pág. 169.
211 Agudamente, en este sentido, Soler, Derecho penal argentino, ed. cit., tomo V, cfr.
págs. 314-315; en contra, Núñez, Derecho penal argentino, cit., tomo VII, cfr. pág.
172.
212 Véase mi Objeto jurídico y accidentes del delito de asociaciones ilícitas. En la Revista
de Derecho penal y Criminología, cit., 2ª época, número 2, julio de 1998, págs.
(153-207) 194-200.
213 Soler, Derecho penal argentino, ed. cit., tomo I, pág. 131.
109

110
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
año o multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, al que
denunciare falsamente un delito ante la autoridad. 214 Naturalmente, aquí
no está en juego la atribución del delito a personas determinadas, “ya que
si ello se da, se podrá estar en un supuesto de calumnia judicial”, 215 es
decir, caeríamos de lleno en la esfera de los delitos contra el honor, a
menos que, según piensa Soler, la denuncia materialice una autoinculpación
falsa, supuesto que el desaparecido profesor de Córdoba incluyó en
la simulación de delito a la luz de estimaciones teleológicas. 216
Que al género de los embarazos puestos a la recta marcha de la
jurisdicción criminal, aun antes de la existencia de una notitia criminis,
pertenezca con pleno derecho el encubrimiento, no parece dudoso a los
especialistas. 217 Mas lo de veras notable del régimen argentino del encubrimiento
son, por una parte, los dilatados contornos dentro de los cuales
fue diseñado y que permiten atrapar todas las formas de este delito “de
conexión”, 218 y, por otra, la original bondad de alguna de las manifestaciones
concretas de esta disciplina. El favorecimiento personal se describe
en el artículo 277, 1, letra a, respecto de quien, tras la comisión de un
delito ejecutado por otro en el que no hubiere participado, ayudare a
214 “La denominación “simulación de delito” refleja mejor que la de “falsa denuncia”
lo que realmente es el delito reprimido en el artículo 245”, apunta con razón Ricardo
Núñez (si bien la aclaración se remonta a Ernesto Gavier, en su artículo El
delito de falsa denuncia, aparecido en el Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, de Córdoba, año XII, julio-diciembre de 1958, números 3-4, págs.
[317 y ss.] 333), luego de informar que el antecedente inmediato del precepto se
encontraría en el artículo 347 del Proyecto de reforma total eleborado en 1937 por
Jorge Coll y Eusebio Gómez. Derecho penal argentino, cit., tomo VII, págs. 48 y
49. Obsérvese, empero, que la redacción deja mucho que desear, ya que lo falso no
es la denuncia, sino el hecho que se comunica a la autoridad, y recuérdese lo que
escrito quedó, supra, en la nota 52 del tercer capítulo de esta obra.
215 Creus, Manual de Derecho penal. Parte especial, ed. cit., tomo II, pág. 245.
216 Derecho penal argentino, ed. cit., tomo V, cfr. págs. 329-330.
217 Cfr. Soler, ibídem, pág. 328, y Núñez, Derecho penal argentino, cit., tomo VII,
pág. 175.
218 Maurach, Gössel y Zipf, Derecho penal. Parte general. 2 vols. Traducción de Enrique
Aimone Gibson y Jorge Bofill Genzsch, supervisada por Edgardo Alberto
Donna. Astrea, Buenos Aires, 1994-1995, tomo II, págs. 406-409.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción
de ésta. A su vez, la Ley 25.426 disoció del favorecimiento real aquella
actividad que en la doctrina y jurisprudencia españolas se ha dado en
denominar “complemento”: 219 ahora figuran por separado en el artículo
277 el que ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o
instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos
o hacerlos desaparecer (inciso 1, b), o sea, el favorecimiento real en
sentido estricto, y el que asegurara o ayudare al autor o partícipe a asegurar
el producto o el provecho del delito (inciso 1, e). Mérito sobresaliente
del Código es la seguida inclusión, dentro del propio capítulo décimotercero,
del crimen receptatorum, en drástico apartamiento de la fuente italiana
y el criterio dominante así en las legislaciones como en la ciencia. Lo
comete el individuo que adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o
efectos provenientes de un delito (art. 277, inciso 1, c). Y es que, frente a
la communis opinio que discierne en el acto del receptador un ataque
contra derechos patrimoniales, 220 según propone la difundida teoría del
mantenimiento, se alza la objeción a que hemos aludido en otro lugar, a
saber, que, “toda vez que se configure el delito que nos ocupa en conexión
con otro cualquiera, incluyendo, por ende, aquellos que ofenden bienes
jurídicos distintos, que nada tienen que ver con la propiedad (piénsese en
una falsificación de documento público), los méritos de la teoría se eclipsan.
Por eso es mejor, de lege ferenda, que se regule la receptación como
219 Así, Conde-Pumpido Ferreiro, Encubrimiento y receptación. (Ley de 9 de mayo de
1950). Bosch, Barcelona, 1955, cfr. pág. 15; “auxilio complementario”, prefiere
decir Gonzalo Rodríguez Mourullo, en Córdoba Roda y Rodríguez Mourullo,
Comentarios al Código penal, tomo I (artículos 1-22). Ariel, Barcelona, 1972 (reimpresión,
1976), cfr. págs. 913-914.
220 Tesis que postuló Binding: die der Begünstigung angeblich wesentliche Beihülfe gewinnt
ihre Strafbarkeit nur durch ihre Zwecke. Dieser aber sind zwei: den Verbrecher der
Strafe zu entziehen oder ihm die Vortaile der Tat zu sichern”; y, habida cuenta de
esta última finalidad, la receptación sería “ihrem Wesen nach reines Vermögensdelikt,
und man könte für sie den althergebrachten Namen der Hehlerei gut weiter verwenden.
Op. et ed. cits., tomo II, págs. 642-643; del mismo autor, Compendio di Diritto
penale (Parte generale). Prefazione, note e traduzione sulla ottava edizione tedesca,
di Adelmo Borettini. Athenaeum, Roma, MCMXXVII, cfr. pág. 315. Además,
Rodríguez Devesa, Encubrimiento, cit., cfr. págs. 458 y 466-467.
111

112
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
un delito que ofende la Administración de Justicia, al igual que el favorecimiento,
pues, indudablemente, es tarea del Estado, a través de sus tribunales,
recuperar el objeto material de los delitos, no sólo para entregarlos,
si es el caso, a sus dueños, sino, principalmente, por su valor procesal;
y, como lo vio Antolisei, con su conducta el receptador crea un nada
desdeñable obstáculo a la autoridad en su deber de establecer los delitos y
castigar a sus responsables”. 221 A este criterio responde el Código que
comentamos y entiende la doctrina que lo estudia. 222 La cual, empero,
desmerece en su silencio —y la omisión, habida cuenta de la calidad del
penalismo argentino y el esmero con que suele abordar las instituciones y
preceptos del país, no puede menos que interpretarse como aceptación
tácita— ante la agravación prevista para quienes se dediquen habitualmente
a hechos de encubrimiento, norma incongruente con la economía
de un texto en general respetuoso del principio nullum crimen sine actione.
223 En cambio, digna de elogio es la exención de responsabilidad cri-
221 Luz y sombras en la nueva disciplina de la receptación en el Código penal chileno,
cit., pág. 80, nota 27.
222 “La presente disposición no considera los producta sceleris como objetos lucrativos
o de valor, sino como elementos de prueba, con el mismo criterio con que se aprecian
los rastros y todas las cosas y documentos que sirven para acreditar la existencia
del delito o las circunstancias de su comisión”. Soler, Derecho penal argentino,
ed. cit., tomo V, pág. 246. Idéntico, Fontán Balestra, op. et ed. cits., tomo VII,
pág. 459. Una eventual ofensa de la propiedad aparece sólo indirectamente en la
tutela, opina Donna, op. et vol. cits., cfr. pág. 496.
223 La reforma de 2000 suprimió una forma de habitualidad contenida en la adquisición
incauta del artículo 278 (el que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero,
cosas o efectos que de acuerdo con las circunstancias debía sospechar provenientes de
un delito, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello
una actividad habitual, la pena se elevará al doble), pero la reprodujo en el delito que
dejó en su lugar, el lavado de dinero: Será reprimido con prisión de dos a diez años y
multa de dos a diez veces el monto de la operación el que convirtiere, transfiriere,
administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de
bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia
posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un
origen lícito… El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el
autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda
formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Un fino análisis
crítico de esta lamentable disposición, en Donna, op. et vol. cits., págs. 527-544.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
minal de los favorecedores que hubiesen obrado en favor del cónyuge, de
un pariente cuyo vínculo no excediere el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese
especial gratitud (art. 277, 3). No vamos a explayarnos aquí sobre la vía
exculpante por la que transita quien encubrió a su cónyuge o sus parientes
más cercanos —el instituto es demasiado conocido y existe en la inmensa
mayoría de los Códigos—, porque lo que interesa es la mención de esos
amigos íntimos y personas a que el autor debiese especial gratitud, referencia
más amplia y certera que las fórmulas que se ha excogitado en otros
ordenamientos para abarcar individuos ajenos al círculo de la familia, mas
con los cuales el encubridor está estrechamente vinculado —acaso más
que a sus parientes— 224 y que hace cabal justicia a la inexigibilidad del
comportamiento adecuado a la norma jurídica y la ausencia de reproche
personal en quien actuó al impulso de afectos que el Derecho no podría
reprobar. 225
Por último, en el terreno de los entorpecimientos de la ejecución de
resoluciones judiciales, el Código ofrece un delito de peligro y varios de
lesión. A aquél lo describe el artículo 251, ubicado dentro del capítulo VI
(abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públi-
224 V. gr., la del artículo 454 del Código español vigente (18 del derogado) respecto de
los encubridores de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma
estable por análoga relación de afectividad. Parece inoficioso advertir que esas relaciones
de afecto que el codificador hispano supone entre los cónyuges, de hecho
pueden faltar y, de Derecho, no tienen por qué darse. Asimismo, al predicarlas a
continuación del concubinato, la ley excluye a un cúmulo de personas acaso más
importantes para el encubridor que sus allegados legales. Muy superior, el artículo
406 del Código peruano, que exime de responsabilidad al encubridor, si “sus relaciones
con la persona favorecida son tan estrechas como para excusar su conducta”.
225 Por lo mismo, llama sobremanera la atención que la doctrina califique la eximente
como una excusa absolutoria (cfr., Soler, Derecho penal argentino, ed. cit., tomo V,
pág. 334; Creus, Delitos contra la Administración pública, cit., pág. 570; Fontán
Balestra, op. et ed. cits., tomo VII, pág. 474; Núñez, Derecho penal argentino, cit.,
tomo VII, pág. 189; Donna, op. et vol. cits., págs. 520-521). Esta inteligencia del
problema se amolda mejor a los Códigos que no requieren la prueba del lazo afectivo
como requisito de la dispensa de pena. Así, Bajo Fernández divisa en la liberación
de responsabilidad del encubridor de parientes según el Código español una
113

114
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
cos), siempre en el título undécimo: será reprimido con prisión de un mes a
cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público
que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de
[...] sentencias o de mandatos judiciales. Con raras salvedades, la doctrina
conviene en que el delito se consuma con el mero requerimiento, no siendo,
pues, “necesario que se obtenga el concurso de la fuerza pública, y
menos aún que la oposición llegue a tener lugar o que se haya logrado
impedir la ejecución”. 226 De ahí, también, la índole meramente riesgosa
del ilícito. Creus lo admite en su autorizado estudio de estos delitos, y si
bien deja sin aclarar la especie de peligro que el requerimiento tiende
sobre el objeto jurídico, de sus palabras cabe deducir que se trata de uno
abstracto. 227 De su parte, los delitos de lesión figuran en el capítulo XIV,
el último del título, bajo un epígrafe que mienta de imperfecta manera el
contenido prescriptivo: evasión y quebrantamiento de pena. Desde luego,
el artículo 280, que reprime a quien hallándose legalmente detenido se
evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas, no se
ciñe al quebrantamiento de condena propiamente dicho, pues el protagonista
de la acción es el detenido, “la persona que está privada de su libertad
personal, con o sin encierro, como condenada [...], procesada, impu-
excusa absolutoria, no una causa de inculpabilidad fundada en una motivación
disculpada, conclusión que juzga compatible con el principio de inexigibilidad, que
el legislador habría sopesado al otorgar la excusa, pero cuya demostración “subjetiva”,
en el caso concreto, no demanda. Cfr. El parentesco en el Derecho penal. Prólogo
de Gonzalo Rodríguez Mourullo. Bosch, Barcelona, 1973, págs. 174-175 y
208-213 (en las que aplica la conocida tesis de Heinrich Henkel sobre la exigibilidad
como principio regulativo, de emplazamiento ubicuo dentro de la teoría del
delito).
226 Fontán Balestra, op. et ed. cits., tomo VI, pág. 270; en el mismo sentido, Soler,
Derecho penal argentino, ed. cit., tomo V, cfr. pág. 193, y Donna, op. et vol. cits.,
cfr. pág. 182.
227 Porque “es un delito de peligro que no necesita, para perfeccionarse, ni que la
fuerza pública responda al requerimiento, ni que haya prestado el concurso que se
le solicitaba”, y en el que la ley sólo tiene en cuenta “el abuso de la competencia del
funcionario” que impartió la orden, no resultando indispensable que la hostilidad
del empleado se dirija contra una resolución firme. Delitos contra la Administración
pública, cit., págs. 223-224.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
tada, sospechada o arrestada o detenida en otra calidad, por una autoridad
competente”. 228 El abanico de resoluciones judiciales protegidas en
la disposición excede con mucho las sentencias penales condenatorias,
por lo que la designación que convendría más al maleficio es quebrantamiento
de detención. 229 En consecuencia, la evasión de detenidos, es decir,
el restante delito de lesión (art. 281), representa invariablemente una
forma de participación elevada a tipo autónomo en el acto típicamente
antijurídico del detenido o preso que se evaden; ontológicamente hablando,
es un cómplice quien favoreciere la evasión de algún detenido o condenado.
Cuando quien exime al preso es un funcionario público, las penas
se agravan y le alcanza también una variante culposa, por negligencia.
2. El Código chileno: a) fuentes y plan legislativos.— El Código
penal sancionado en noviembre de 1874 y vigente desde el primero de
marzo de 1875 reconoce su fuente principal en el español de 1848-1850,
que sobre él ejerció “una influencia casi única y constante”. 230 En estas
circunstancias, no puede mover a extrañeza que adopte la regulación no
autónoma de los textos hispanos del siglo XIX, con el asistematismo y las
insuficiencias ingénitos a aquella técnica.
La gravitación del Código peninsular, si fue importante y a menudo
decisiva en casi todas las materias, aparece con particular nitidez en la
presente categoría de infracciones, comenzando por su distribución. Dos de
ellas figuran todavía, con paladina impropiedad, en el libro I: el encubrimiento,
regulado como forma de participación en el título II (de las personas
responsables de los delitos), artículo 17, y el quebrantamiento de condena,
que quedó como artículo inicial (90) del título IV (de las penas en que
incurren los que quebrantan las sentencias y los que durante una condena
delinquen de nuevo). Lo mismo sucedía en el Código español, en sus artículos
14 y 124, también situados entre las disposiciones generales aplicables
228 Núñez, Derecho penal argentino, cit., tomo VII, pág. 192.
229 Mucho mejor orientado en el sentido de la vulneración de las obligaciones impuestas
por una condena, es el quebrantamiento de la pena de inhabilitación, del artículo
281 bis, añadido al Código por la Ley 15.567, de 12 de enero de 1968.
230 Rivacoba, Evolución histórica del Derecho penal chileno. Edeval, Valparaíso, 1991,
pág. 47.
115

116
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
a todos los delitos, sus responsables y sus penas. El influjo y la técnica
ibéricos se reiteran en el libro II del vástago americano. El Código de 1848
había diseminado los delitos relativos a la Administración de Justicia a lo
largo de diversos capítulos de los títulos IV (de las falsedades), VIII (de los
delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos) y XIII (delitos
contra la libertad y la seguridad). El falso testimonio, la denuncia o querella
calumniosas y la presentación de pruebas falsas en juicio, quedaron en el
capítulo VI del título IV (arts. 241-249); la prevaricación, la evasión de
detenidos 231 y la usurpación de atribuciones judiciales, en los capítulos I, II
y X del título VIII (arts. 269-274, 276-277 y 308), y la realización arbitraria
del propio derecho, en el capítulo VI del título XIII (art. 421). A su
turno, en el Código chileno el primero de estos grupos pasó al séptimo
parágrafo (del falso testimonio y del perjurio) del título IV (de los crímenes y
simples delitos contra la fe pública, de las falsificaciones, del falso tesimonio y
del perjurio), artículos 206-212; la usurpación de atribuciones judiciales y
la prevaricación, a los parágrafos tercero y cuarto, homónimos, del título V
(de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el
desempeño de sus cargos), arts. 222 y 223-232, respectivamente; la evasión
de detenidos, al parágrafo duodécimo, rubricado como ella, del título VI
(de los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos
cometidos por particulares), y la realización arbitraria del propio derecho,
nada menos que al título I (de las faltas) del libro III, artículo 494, número
20°. Los epígrafes de los parágrafos y títulos del Código chileno donde
versan estas infracciones, rótulos que difieren de los correspondientes del
paradigma español, no deben mover a engaño. Las diferencias en el plan
de uno y otro 232 sólo tienen el alcance que apuntaremos dentro de poco,
231 Sólo uno de los casos de la evasión de detenidos, esto es, la substracción de éstos de
la cárcel o el establecimiento en que se hallaren, quedó escindido de los restantes y
ubicado en el tercer capítulo del título III (delitos contra la seguridad interior del Estado
y el orden público), entre los atentados y desacatos contra la autoridad, y [...] otros
desórdenes públicos, artículo 204, al no ser delito cometido por funcionarios.
232 En la ordenación del libro II del texto chileno hubo de prevalecer, sobre el ejemplo
español, el Código belga, de 1867 (cfr. Rivacoba, Evolución histórica del Derecho
penal chileno, cit., págs. 47 y 65), salpicada por ciertas soluciones originales de la
Comisión que lo redactó, a menudo basadas en combinaciones o compresiones de
las rúbricas de entrambas fuentes europeas.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
mas no prejuzgan en absoluto la cuestión del contenido de los preceptos,
que es substancialmente idéntico en ambos, incluso a propósito de dos contravenciones
que el codificador chileno prohijó de la redacción española, en
el libro III, las de los números 9° y 20° del artículo 494. Sin embargo, sería
incorrecto afirmar que la tutela penal de la Administración de Justicia sea
en Chile un calco de la fraguada un cuarto de siglo antes para España.
Aunque por lo común sean cuestiones de detalle, la Comisión Redactora
se apartó en ocasiones de la fuente, complementando o rectificando sus
disposiciones. Dado que indicaremos más adelante, cada vez que corresponda,
las innovaciones del Código, limitémonos por ahora a dejar constancia
de la más significativa, es decir, la situación del perjurio, delito inexistente
en el español e introducido ex novo durante su proceso de gestación al
de 1874. 233
El asistematismo que éste exhibe en el asunto resulta todavía más
marcado que en la España decimonónica. De los pasajes que los alojaron
en el libro II del Código de 1848, estos delitos fueron en Chile ulteriormente
disgregados en títulos de substancia asaz heterogénea, sobre todo
el quinto234 y sexto. 235 Agrava esta condición el relativo desinterés de la
233 Más precisamente, con motivo de la discusión del régimen del falso testimonio,
cuando “manifestó el señor Reyes [Alejandro] que con el castigo de la falsa declaración
en materia criminal i civil no se comprendía toda la materia de este párrafo,
quedando sin castigo los perjurios cometidos en materia no contenciosa, por ejemplo,
en una información de vita et moribus, en los juramentos que se exijen para el
desempeño de ciertas profesiones u oficios, etc., etc., etc.— Siendo necesario en
tales casos dar garantías para la fidelidad de esas declaraciones o compromisos,
debe imponerse una pena a los que las infrinjan. Aceptada esta opinión, se acordó
castigar el perjurio que se preste en materia no contencionsa ante la autoridad pública
o sus ajentes, con reclusión menor i multa en sus grados medio i mínimo”.
Código penal de la República de Chile y Actas de las sesiones de la Comisión Redactora
del Código penal chileno. Edición crítica con motivo de su centenario. Preparada
bajo la dirección y con un Estudio preliminar del profesor Manuel de Rivacoba
y Rivacoba. Edeval, Valparaíso, 1974, pág. 337. Cfr., además, Lazo, Código penal.
Orígenes, concordancias, jurisprudencia. Poblete Cruzat Hnos., Editores,
Santiago de Chile, 1915, pág. 184.
234 Acerca de él, véase nuestro artículo Tres problemas del sistema chileno de los delitos
contra la Administración pública, en el Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad de Antofagasta, 1997, págs. (1-15) 3-4.
117

118
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
doctrina nacional por ofrecer una construcción del tema a partir de un
aislamiento circunstanciado de su objeto jurídico genérico y las modalidades
específicas que lo desarrollan. Hay que reconocer, con todo, que la
materia misma no ayuda. Diversos ejemplos demuestran las dificultades
que plantea a la inteligencia sistemática de esta familia delictuosa la dispersión
de sus miembros singulares en el Código. Por eso, si se capta a la
perfección que el falso testimonio y el perjurio no ofenden la fe pública, ni
la evasión de detenidos el orden o la seguridad colectivos —como pretende
el plan—, sino la Administración de Justicia, luego se asocia la única
forma de autojusticia que conoce el Código al hurto de posesión y, por
tanto, a delitos de acento patrimonial. 236 Es también ostensible la reluctancia
de los autores a separar las formas de prevaricación del amplísimo
concepto de Administración pública que manejan, 237 y a subordinarlas al
bien jurídico que en verdad menoscaban, la función jurisdiccional del
Estado. 238 Con todo, el emplazamiento de las figuras delictivas en la dis-
235 Efectivamente, éste recogió una denominación belga que “en nada contribuye a
aclarar el contenido prescriptivo que yace bajo ella. Lo comprueba la circunstancia
de que a la hora de criticarse la ordenación de la Parte especial del Código, la
doctrina chilena ha convertido en un verdadero lugar común el vituperar la heterogeneidad
de contenido del mencionado título, ejemplo del desacierto de que aquél
hace frecuente y parva gala en materia de denominaciones ordenadoras del plan”.
Guzmán Dalbora, El delito de amenazas, cit., págs. 87-88.
236 Así, Etcheberry Orthusteguy, Derecho penal. 4 vols. Editorial Jurídica de Chile,
Santiago de Chile, 3ª ed., revisada y actualizada, 1998 (según la cubierta, 1997),
tomo IV, págs. 134, 136, 267 y 348.
237 Que recuerda el utilizado por los penalistas argentinos y al que nos referimos supra,
en este mismo capítulo, 1, a, in fine.
238 Una dilatada noción de la Administración pública aparece una y otra vez entre los
penalistas chilenos. Entre otros, Del Río, Derecho penal. 3 vols. Editorial Nascimento,
Santiago de Chile, 1935, tomo III, cfr. págs. 168-169; Labatut Glena,
Derecho penal. 2 vols. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, tomo II,
Parte especial, séptima edición, actualizada por el profesor Julio Zenteno Vargas,
1983, cfr. pág. 69, y Etcheberry Orthusteguy, op., ed. et vol. cits., cfr. págs. 203-
204. Nosotros tenemos escrito al respecto que si el Código “no permite trabajar con
una noción estricta de la Administración pública, entendiendo por tal la actividad
ejecutiva subordinada a la satisfacción del bienestar de la colectividad”, porque lo
que de ella transparentan sus disposiciones “coincide con el complejo de activida-

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
tribución legal no ha impedido a la doctrina hacerse cargo de las complicaciones
principales de la falta de sistema, v. gr., a propósito de la inserción
del quebrantamiento de condena en la Parte general239 y la prolongada
crítica que hace blanco en el régimen del encubrimiento. 240
Otra cosa son las deficiencias intrínsecas y ayunos extrínsecos de la
tutela. Al describir los tipos cede el Código con frecuencia a un casuismo
que martiriza la interpretación y estropea la lectura conceptual de sus
diposiciones. La jerarquización valorativa de los distintos atentados contra
la Administración de Justicia deja a veces que desear, por más que
reina sobre el conjunto un espíritu liberal relativamente a la posición jurídica
del ciudadano frente al Estado y sus requerimientos. Además, la
Comisión Redactora tanto acierta como yerra en las innovaciones que
introdujo al molde español, conforme iremos descubriendo. El casuismo
delatado por la factura de determinados delitos tampoco es índice de una
protección cuidadosa que abrace cada uno de los aspectos de este bien
jurídico. Numerosos e importantes ataques contra la Administración de
Justicia siguen en franca atipicidad, algo difícil de entender tras ciento
des funcionales del Estado”, hay que excluir de éstas, empero, dos esferas, “a saber,
aquellas condiciones de las que dependen la subsistencia y estructura de la entidad
estatal como organización política, porque para este efecto están los delitos contra
su seguridad, y las funciones de liso y llano corte jurisdiccional, ya estén confiadas a
la judicatura o, excepcionalmente, a la propia Administración, que son protegidas
por los delitos que comprometen la Administración de Justicia” Tres problemas del
sistema chileno de los delitos contra la Administración pública, cit., pág. 6. Tal lugar
compete a la prevaricación.
Recientemente, Luis Rodríguez Collao ha alumbrado un estudio sistemático de estos
delitos, en el que distingue cuidadosamente la Administración de Justicia en el concierto
de las demás funciones estatales protegidas por el Código. Sus apreciaciones
coinciden ampliamente con las nuestras. Cfr. Sobre la tutela penal de la función
jurisdiccional, en la Revista de Derecho, de Valparaíso, vol. XXIV, 2003, págs.
423-439.
239 Véanse Labatut Glena, op., ed. et vol. cits., pág. 114, y Etcheberry Orthusteguy,
op., ed. et vol. cits., págs. 269.
240 Cfr., por todos, Novoa Monreal, Curso de Derecho penal chileno. Parte general. 2
vols. Ediar-ConoSur, Santiago de Chile, 1985, tomo II, págs. 213-214.
119

120
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
treinta años de vigencia del Código y a cuya solución no han contribuido
ciertamente sus escasas y desdichadas reformas. De todo ello nos ocupamos
a continuación.
b) Visión panorámica y apreciación crítica de estos delitos.— De las
múltiples modalidades de atentar los justiciables contra la supremacía de
la jurisdicción haciéndose justicia por mano propia, el Código rescató
apenas una, en el artículo 494, número 20°, que en la actualidad reprime
con multa al que con violencia se apoderare de una cosa perteneciente a su
deudor para hacerse pago con ella.
Ya se dijo que el precepto desciende del Código español de 1848,
que lo regulaba en idénticos términos, pero a renglón seguido de las amenazas
y las coacciones, entre los delitos contra la libertad y la seguridad.
241 Por razones que no se nos han conservado la Comisión Redactora
decidió ubicarlo en el libro donde luce todavía, como una modesta
falta, trivializando así su entidad, lo que solicitó la temprana crítica de
algún comentarista. 242 Es más, la que tratamos hubo de correr en la doc-
241 Reproducido por los Códigos de 1870, 1928 y 1932, la reforma de 1944 le consagra
un capítulo especial dentro del título de los delitos contra la Administración
de Justicia, y añade la intimidación como medio alternativo a la violencia. Cfr.
Jiménez de Asúa, Tratado, ed. cit., tomo IV, págs. 559-560, y Quintano Ripollés,
Comentarios al Código penal, ed. cit., pág. 671. El Código que rige hoy en España
ha transformado radicalmente la infracción.
242 “Estos hechos debieron haberse castigado como tales simples delitos, lo mismo que
en los Códigos de España, Nápoles y Brasil”, censuró Alejandro Fuenzalida, Concordancias
i comentarios del Código penal chileno. 3 vols. Imprenta Comercial, Lima,
1883, tomo III, pág. 279. En cambio, Pedro Javier Fernández, Código penal de la
República de Chile. Esplicado i concordado por... 2 vols. Imprenta Barcelona,
Santiago de Chile, 2ª ed., tomo II, pág. 315, y Robustiano Vera, Código penal de
la República de Chile. Comentado por... Imprenta de P. Cadot y Cía, Santiago de
Chile, 1883, pág. 728, se limitaron a observar, el primero, que la falta “tal vez” fue
tomada del artículo 421 del Código español, “que es exactamente análogo”, y, el
segundo, que, para poder quitar a otro lo suyo, “es necesario que la autoridad lo
decrete, porque nadie puede hacerse justicia por sí mismo”. Hace algunos años
conjeturamos que la decisión de la Comisión Redactora fue tan solo un reflejo de lo
que ya había resuelto respecto de las coacciones —también degradadas al plano de
las faltas (art. 494, número 16°)—, que en el modelo español iban inmediatamente
antes que el delito que comentamos. Véase, con más detalles, El delito de amenazas,
cit., pág. 65, nota 114.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
trina posterior la lamentable suerte que toca a casi todas las contravenciones
del Código, a las que se concede poca o ninguna atención. Únicamente
se menciona este supuesto de realización arbitraria del propio derecho
a propósito de un problema general relativo a la justificación, a saber,
la legitimidad o ilicitud del empleo de vías de hecho. No obstante, el
punto ofrece interés con miras a una mejor precisión de la modalidad
abstracta de ofender la Administración de Justicia a que responde esta
especie de autoayuda.
Efectivamente, con raras excepciones creen los autores que el acreedor
que se apodera sin violencia de una cosa perteneciente a su deudor
realiza un acto atípico, pero antijurídico. 243 Ahondando en ello, se argumenta
que la falta de procedimientos coactivos en la aplicación de cualquiera
vía de hecho —entendiendo por tales, la antítesis de las vías jurisdiccionales244
—, no desleiría el signo injusto de lo obrado, salvo que asista
al hechor alguna causa de justificación, porque “nuestro régimen jurídico
parte de la base de que debe acudirse a los tribunales de justicia para
solicitar y obtener amparo contra el desconocimiento de los derechos pro-
243 Cfr. Novoa Monreal, op. cit., tomo I, pág. 422; Cury Urzúa, Derecho penal. Parte
general. 2 vols. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1982-1985, tomo I,
págs. 334-335; Náquira Riveros, Derecho penal. Teoría del delito, I. Mc. Graw-
Hill, Santiago de Chile, 1998, pág. 296. Sólo Etcheberry Orthusteguy opina que
el acreedor cometería hurto, “aunque tal conclusión choca profundamente con la
paradójica circunstancia de que si emplea violencia en vez de clandestinidad, su
acción resulta menos grave, pues en vez de ser considerada robo, es una mera falta”
(op. et ed. cits., tomo I, pág. 246). Nosotros entendemos que la conducta es sin
ambages atípica, ya porque, con la communis opinio en España (cfr. Rodríguez
Devesa, Derecho penal español. Parte especial, ed. cit., págs. 410 y 419, y González
Rus, en Manual de Derecho penal [Parte especial]. Dirigido por Manuel Cobo
del Rosal. 4 vols. Editorial Revista de Derecho Privado [Editoriales de Derecho
Reunidas], Madrid, 1994, tomo IV, pág. 63), falta el ánimo de lucro en quien sólo
aspira a hacerse pago con el objeto del que se apodera, ya se piense que, no obstante
ser el ánimo de hacerse pago una especie del ánimo de lucro, su presencia excluye
el lucro ilícito que el agente ha de buscar en el hurto. Cfr. Bajo Fernández y Lozano
Miralles, La realización arbitraria del propio derecho, en Delitos contra la Administración
de Justicia, cit., págs. (279-301) 292 y ss.
244 Cousiño Mac Iver, Derecho penal chileno. Parte general. Publicados, 3 vols. Editorial
Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1975-1982, tomo II, pág. 495.
121

122
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
pios”. 245 Mas parece discutible que las vías de hecho a que sea extraña la
violencia, medios que la doctrina chilena incluye en su concepto de la
autotutela, 246 sean antijurídicas, cuando menos en el sentido de que constituyan
una vulneración de la Administración de Justicia, que es lo postulado
aquí como base de la apreciación del comportamiento. Pues si lo
distintivo del magisterio jurisdiccional del Estado, aquello que define la
pertenencia de esta función pública a la soberanía y somete a los justiciables
a la superioridad característica de la jurisdicción, es el poder coactivo
de que ésta se servirá llegado el caso en su misión de declarar el Derecho
a supuestos determinados, entonces mal podría ofender a la Administración
de Justicia quien satisfizo sus pretensiones sin amenaza o fuerza física,
quien, en otras palabras, no puso en marcha el contenido material de
alguno de los mecanismos coercitivos cuyo uso el Estado se reserva para sí
y despliega a través de sus tribunales. Parafraseando una nota sentencia
de Carrara, 247 la verdadera forma de la jurisdicción no es la demanda,
sino la declaración irrebatible y compulsiva del derecho alegado en ella.
Que el acreedor que se apodera de cosas de su deudor aprovechando un
descuido de éste o engañándole, invadiría atribuciones que sólo competen
a los jueces, es un aserto basado en la suposición falsa de que los tribunales
pudieran obrar clandestinamente en la ejecución de sus resoluciones.
Pero la declaración del Derecho es un acto público, notificado a quienes
empece, y públicos son también los actos coactivos que materializan lo
declarado. Si la realización no violenta y arbitraria del propio derecho ha
de merecer el calificativo de antijurídica es por otra razón, la de que lesiona
intereses de titularidad individual; en el ejemplo que venimos manejan-
245 Novoa Monreal, op. cit., tomo I, pág. 422. En el mismo sentido, Garrido Montt,
Derecho penal. Parte general. 2 vols. Editorial Jurídica de Chile, 1997, tomo II, cfr.
pág. 153; implícitamente, Cury Urzúa, op. et vol. cits., cfr. pág. 335.
246 Así, por ejemplo, Cousiño Mac Iver, op., vol. et loc. cits., y Náquira Riveros, op. et
loc. cits.: toda conducta que, sobre la base de un medio o recurso no-jurisdiccional,
violento (v.gr. fuerza o intimidación) o no-violento (v.gr. simulación, engaño o descuido),
se lleva a cabo como una forma de ejercer o recuperar un derecho que se reclama.
247 “El delito no está en haber violado la justicia en su substancia, sino en haberla
violado en la forma”. Op. et ed. cits., tomo VII, pág. 432 (§ 2849).

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
do, un derecho patrimonial bien concreto, el dominio constituido sobre
cosas muebles. 248
Al margen de este aspecto, la parvedad del artículo en palabra es
evidente, y la situación, de lege lata, exactamente igual al varias veces
deplorado régimen de la autotutela en el antiguo Código español. Basta
pensar en que de las múltiples posibilidades de realización arbitraria del
propio derecho ni siquiera se contempla todas las de ejecución violenta
del derecho al pago. Ahora, de cómo resolver este problema decía Bajo
Fernandez en 1976 que “no es la vía de incriminación marcada por el
Código penal italiano la que nos parece más adecuada. La profusa bibliografía
que en este país existe sobre el tema es prueba de que la ley no ha
conseguido la clarificación deseable”, y por eso subscribió la indicación
de Antolisei de ser suficiente contemplar como circunstancia de atenuación
en algunos delitos el haber actuado con la finalidad de ejercer un
derecho. 249 No ha dado razón al monografista español el Código de 1995,
cuyo artículo 455. 1 (el que, para realizar un derecho propio, actuando
fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las
cosas, será castigado...), si representa un perfeccionamiento de la fórmula
italiana al exigir realidad y, por consiguiente, exigibilidad en el derecho
248 Corrobora lo expuesto el artículo 471, número 1°, que sitúa entre las defraudaciones,
como delito “contra la propiedad”, el furtum possessionis. En efecto, el dueño
de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con
perjuicio de éste o de un tercero, lesiona la posesión ajena. En idéntica línea marcha
este pasaje que Fiandaca y Musco toman de un fallo de la Corte di Cassazione, a
propósito de la autoayuda según el Código italiano: il reato in esame presuppone che
vi sia perfetta equivalenza di risultati concreti tra il farsi giustizia da sé e l’attuazione
giudiziale del diritto: ove il giudice non possa garantire la realizzazione coattiva del
diritto contestato [el caso es el de un sujeto que hace regresar por la fuerza al domicilio
conyugal a su mujer, que lo había abandonado]... ciò che viene a mancare è
quella illegittima sostituzione del mezzo di attuazione privato a quello pubblico, nella
quale risiede la vera essenza del reato di ragion fattasi. Diritto penale. Parte speciale,
tomo I, pág. 319. Prescindiendo de un posible error de prohibición, el marido
comete secuestro.
249 La realización arbitraria del propio derecho, cit., pág. 81.
123

124
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
que se invoca, 250 la perjudica al adelantar con exceso la consumación251 y
al dar entrada a actuaciones de las que no correspondería conocer a los
tribunales de justicia. 252 En todo caso, las dificultades para hallar en Chile
una descripción apropiada y general de la autotutela no tienen por qué
avalar la opinión de pasarla en silencio en las tareas de lege ferenda, derogando
incluso la falta del artículo 494, número 20. 253
También la disposición relativa a la usurpación de atribuciones judiciales
ha permanecido fiel a su redacción primitiva. El párrafo segundo
del artículo 222 establece: todo empleado del orden administrativo que se
arrogare atribuciones judiciales o impidiere la ejecución de una providencia
dictada por tribunal competente, incurrirá en la pena de suspensión del
empleo en su grado medio. La formulación mixta alternativa del tipo,
tomada textualmente del Código hispano, revela dos formas diferentes de
lesión a la Administración de Justicia, de las cuales la segunda pertenece
en verdad al género de los actos que embarazan o frustran el cumplimiento
de resoluciones judiciales. De ahí que sólo afecte a la genuina usurpación
de atribuciones (“arrogarse”) esa restricción introducida por la Comisión
Redactora del Código en el inciso tercero, relativa a que el funcionario
comete el delito cuando, entablada la cuestión de competencia y
resuelta por la autoridad que señale la ley, continuare procediendo indebi-
250 No basta la finalidad de ejercer un derecho putativo, como en el Código de Rocco
(arts. 392 y 393). Esta cláusula del preteso diritto se remonta a Carrara, y mereció
la fundada crítica de Jiménez de Asúa: “el ejercicio de un derecho “imaginario”
más plantearía el supuesto de error, que el de una causa de justificación, o la existencia
de un delito concreto”. Tratado, ed. cit., tomo VI, pág. 556.
251 El resultado cortado determina que el momento consumativo pase, desde la realización
efectiva del derecho, al mero empleo de los medios ejecutivos. Cfr. González
Rus, en Curso de Derecho penal español. Parte especial, cit., tomo II, pág. 489.
252 Obrar “fuera de las vías legales” es más vasto que la cláusula italiana “poder recurrir
al juez”. En lo primero caben también los asuntos cuya resolución corresponde
a la Administración pública. Cfr. Serrano Gómez, op. et ed. cits., pág. 852.
253 Es lo que pretenden Soto Piñeiro, en la Revista de Ciencias penales, de Santiago
de Chile, t. XXXIX, número 2 (1981-1989), págs. 90 y ss., y Bascuñán Rodríguez,
El robo como coacción, en la Revista de Estudios de la Justicia, de Santiago
de Chile, número 1, 2002, págs. (55-125) 97.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
damente. 254 No fue feliz la añadidura, ni parece proporcionado a la gravedad
del acto lo exiguo de la punición. 255 Por otra parte, las dos hipótesis
plantean sendas relaciones concursales. La modalidad de arrogarse
funciones tiene como conocido límite el “ejercicio de la facultad judicial
punitiva”, 256 o sea, que el funcionario imponga un castigo equivalente a
pena corporal o pecuniaria; pero la insistencia de las doctrinas española y
chilena en que los vínculos de este delito con el de punición irregular
(artículos 151-154) darían pie a un concurso de leyes por especialidad, 257
proviene de la concepción, ya cuestionada por nosotros, que hace depender
el télos de la usurpación de atribuciones judiciales del principio de
división de poderes del Estado. 258 Menos nota es la lógicamente concebible
forma omisiva en la impedición del cumplimiento de resoluciones judiciales,
que se yuxtapone a los dilatados términos con que el Código regula
la denegación de auxilio, 259 en una relación de subsidiaridad tácita, y,
dada su penalidad, más alta, ha de prevalecer sobre ésta: nueva muestra
de los defectos sistemáticos del texto legal. Esto aparte, el Código deja
254 “Notándose que los términos jenerales en que estaba concebido el art. [...] podían
prestarse abusos en su aplicación, propuso el señor Reyes, i se aceptó la idea, de
agregarle un inciso final para limitar el castigo al caso en que después de entablada
i resuelta la competencia por la autoridad correspondiente, continuase conociendo
el funcionario declarado incompetente”. Código penal de la República de Chile y
Actas, etc., cit., pág. 342.
255 Bien advertía Groizard, criticando la modesta entidad de la pena, que “las autoridades
gubernativas son propensas a mandar en lo propio y en lo ajeno”. El Código
penal de 1870, concordado y comentado. 8 vols. Madrid, tomo IV, 1891, pág. 208.
256 Polaino Navarrete, en Manual de Derecho penal (Parte especial), op. et vol. cits.,
pág. 346.
257 Así, por ejemplo, Polaino Navarrete, ibídem, y, en Chile, Etcheberry Orthusteguy,
op. et ed. cits., tomo IV, cfr. pág. 224.
258 Cfr., supra, capítulo I, 3. La tesis de que la usurpación de atribuciones judiciales
ofende este principio está sumamente arraigada en Chile, y ya podía leerse en Raimundo
del Río (op. et vol. cits., cfr. pág. 174). Huelga decir que, a nuestro juicio,
la punición irregular consume el delito del artículo 222.
259 Artículo 253. El empleado público del orden civil o militar que, requerido por autoridad
competente, no prestare, en el ejercicio de su ministerio, la debida cooperación
para la administración de justicia u otro servicio público, será penado...
125

126
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
hasta aquí el tema de la usurpación de atribuciones, es decir, se abstiene
de extender la intervención punitiva para que abrace formas de mera puesta
en riesgo del bien jurídico, como las intimaciones dirigidas por funcionarios
públicos a autoridades judiciales y concernientes a asuntos de la exclusiva
competencia de éstas. Habida cuenta del modo en que ha cuajado
este ilícito en España, el silencio del codificador chileno puede ser considerado
como un acierto de prudencia legislativa. 260
Dos delitos traducen una infracción de sus deberes especiales para
con la Administración de Justicia por los órganos que la componen y los
sujetos que deben prestarle auxilio. En primer lugar, la omisión de denuncia.
El Código le dio una acogida muy limitada, como falta, en el artículo
494, número 9°, para el facultativo que, notando en una persona o en un
cadáver señales de envenenamiento o de otro delito grave, no diere parte a
la autoridad oportunamente. 261 Tuvieron que ser los Códigos de procedimientos
los que concederían a este delito “de silencio” la esfera de sujetos
activos conveniente a las exigencias del impulso procesal en materia criminal,
ampliando la muy restringida de 1874. En el Código de procedimiento
penal, de 1906, se sancionó a los empleados públicos que omiten
denunciar los crímenes y simples delitos de que tomen conocimiento en el
ejercicio de sus funciones (artículos 84, 3°, y 86), con la pena señalada en
el artículo 494 del Código substantivo. En vigente Código procesal penal
(arts. 175 a 177), que substituyó al anterior y ha empezado a regir gra-
260 En efecto. Si en el viejo Código español (artículo 380) se estaba frente a un delito
de peligro abstracto, el resultado que describe el de 1995 (art. 508. 2: la autoridad
o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los
Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden
o intimación relativas a causas o actuaciones de que estén conociendo) abre
desmedidamente el tipo.
261 Traicionan la dependencia de este artículo respecto del 485, 10°, del Código español,
el no haberse reparado al redactarlo en que, a diferencia de éste (artículo 6°),
el texto chileno desconoce una clase de delitos “graves” —su sistema es tripartito
(crímenes, simples delitos y faltas, según el artículo 3°) y carece de ulteriores subdivisiones—,
y la también inadvertida mención del envenenamiento, que ninguno de
los dos contempló como el delito autónomo que era en el ejemplo francés (art. 302
del Code de 1810).

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
dualmente desde finales de 2000, reprime con idéntica pena, o la señalada
en disposiciones especiales, a un número más vasto de sujetos cualificados.
262 Sin embargo, habría sido ajena a las tradiciones chilenas una extensión
todavía mayor del deber de denunciar. En verdad, el alcance de la
omisión de denuncia ofrece una privilegiada atalaya para medir el pulso
político de un país y apreciar el quilate de sus prácticas democráticas.
Cada reforma orientada a atrapar al ciudadano privado en las redes de
ese deber y del delito en cuestión, ha sido siempre marchamo de regímenes
ultraconservadores o francamente autoritarios. El espíritu liberal que
en esto muestra la legislación chilena resplandece en la historia fidedigna
del Código penal 263 y, muy especialmente, en el sobrio tenor del artículo
83 del de procedimiento penal: Todo el que tenga conocimiento de un
hecho punible puede denunciarlo. También el Código procesal penal da a
entender que la denuncia de los delitos es una facultad del particular. 264
262 Son: los miembros de la policía, de Prisiones y el personal uniformado, por los
delitos que presenciaren o llegaren a su noticia; los fiscales y demás empleados
públicos, por los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones;
los jefes de puertos o estaciones de medios de locomoción, los conductores y capitanes
de vehículos de transporte público, por los delitos que se cometan en el recinto,
a bordo de la nave o durante el viaje; los jefes de establecimientos clínicos, los
profesionales de la salud y sus auxiliares, cuando noten en una persona o en un
cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y los directores, inspectores y
profesores de establecimientos educacionales, por los delitos que afectaren a los
alumnos o que hubieren ocurrido en el establecimiento. El mismo artículo 175
determina que la denuncia realizada por alguno de los obligados exime al resto, y el
177 otorga una causa de inculpabilidad, por no exigibilidad de otra conducta, al
omitente que arriesga con la denuncia la persecución penal propia o contra su cónyuge,
“conviviente” (impropiedad lingüística con que se alude en el país a quienes
viven en concubinato), sus ascendientes, descendientes o hermanos.
263 Para la configuración del artículo 494, 9°, fue decisiva la intervención de uno de los
miembros de la Comisión Redactora, don José Clemente Fabres, en cuyo “concepto,
no es obligatorio por regla jeneral el denuncio sino a la autoridad encargada de
velar por la seguridad pública: en los demás casos, para que exista la obligación, es
necesario que la lei espresamente la imponga, como sucede en el caso actual”. Código
penal de la República de Chile y Actas, etc., cit., pág. 449.
264 El artículo 173 expresa que cualquiera persona puede comunicar directamente al
ministerio público, a la policía o los tribunales con competencia criminal, hechos
que conozca y que revistan caracteres de delito.
127

128
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La excrecencia normativa que entenebrece este clima de ideas y principios,
en el artículo 295 bis del Código penal, que castiga a aquellos que,
habiendo tenido noticias verosímiles de los planes o las actividades de los
miembros de una asociación ilícita, omitan ponerlas oportunamente en
conocimiento de la autoridad, es, por su parte, hija de otra época y ha
quedado en el Código como recuerdo del aparato de poder que la engendró
con un decreto-ley en abril de 1979.
El segundo delito corresponde al grupo de la prevaricación, de la
que se contempla sus tres especies. Sin perjuicio de que la influencia española
resulta patente en todas, salta a la vista la tendencia del Código a
apartarse de ella, ora dilatando, ora restringiendo la cabida de sus disposiciones.
El ejemplo más claro lo suministra la prevaricación judicial, que
difiere de la española por el sujeto activo, las modalidades típicas y el
criterio que informa a las penas. No sólo cometen el delito los miembros de
los tribunales de justicia colegiados o unipersonales y los fiscales judiciales
(artículo 223, párrafo primero), 265 sino también los individuos que sirvan
por ministerio de la ley los cargos de miembros de los tribunales de justicia
colegiados o unipersonales y los compromisarios, peritos y otras personas
que, ejerciendo atribuciones análogas, derivadas de la ley, del tribunal o del
nombramiento de las partes, se hallaren en idénticos casos (art. 227, 1° y
3°). La ampliación legal del sujeto activo superó la que contenía el Código
de 1848 (asesores, árbitros, arbitradores y peritos) y, desde luego, fue
demasiado lejos. No en lo que atañe a quienes por el ministerio de la ley
—esto es, como subrogantes, suplentes, interinos o integrantes— desempeñen
funciones jurisdiccionales, ni respecto de los compromisarios, porque
tales órganos, en sus respectivos casos, fallan, declaran el Derecho.
265 La explícita mención de los tribunales colegiados hace comprensible que en Chile
jamás se haya planteado el debate habido en España acerca de si el giro “el juez
que...” limita o no el sujeto agente a los magistrados de tribunales unipersonales.
Cfr. Rodríguez Devesa, Derecho penal español. Parte especial, ed. cit., pág. 1134,
y García Arán, La prevaricación judicial, cit., págs. 97-99. Sobre la cláusula “el
juez o magistrado”, que emplea el Código actual (arts. 446 y ss.), dice Serrano
Gómez que incluye a los miembros de tribunales colegiados, “que aun obligados a
firmar sentencia, pueden salvar su responsabilidad mediante un voto particular”
(op. et ed. cits., pág. 836) —o de minoría, en el lenguaje forense de Chile—.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
El problema está en la indicación de los peritos y esas “otras personas”
que ejerzan “atribuciones análogas”. “Como todos ellos por sus fallos,
dictámenes o reconocimientos periciales, pueden influir en que la justicia
se tuerza, deben también hallarse sometidos a una pena si abusan del
cargo que desempeñan”, postuló don Alejandro Reyes, en el seno de la
Comisión Redactora, 266 para cohonestar la previsión. Sin embargo, suscita
ésta un doble cuestionamiento, primero, porque los peritos nada resuelven:
su actividad los pone forzosamente en la periferia de la prevaricación,
y “los dictamenes que emiten no obligan al juez en la resolución del
asunto litigioso”; 267 segundo, porque con tan quebradizo punto de apoyo
la cláusula siguiente, que reclama una interpretación analógica, queda
desprovista de substancia. 268 Puesto que las leyes desafortunadas son pródigas
en interpretaciones peregrinas, no ha faltado quien aplique la cláusula
analógica nada menos que a los receptores judiciales. 269 En realidad,
la grave cuestión de las falsedades cometidas por peritos, intérpretes o
traductores en sus respectivos dictamenes o relaciones, que debió ser regulada
a propósito del falso testimonio, es un caso de atipicidad clamorosa
en el Derecho penal del país.
En las modalidades de prevaricación judicial el Código se entrega a
un casuismo incontenible. Por lo pronto, las disgrega en cuatro disposiciones,
los artículos 223, 224, 225 y 226. La prevaricación judicial propiamente
dicha admite tanto la forma dolosa (art. 223, 1°) como la culposa
(arts. 224, 1°, y 225, 1°), si bien en los períodos cuando a sabiendas
fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil y por negligencia
o ignorancia inexcusables dictaren sentencia manifiestamente injusta
existe una marcada asimetría. Mientras se puede pasar por alto la diver-
266 Código penal de la República de Chile y Actas, etc., cit., págs. 319-320.
267 Labatut Glena, op., ed. et vol. cits., pág. 76.
268 Para los intérpretes y traductores, que son quienes ejercen esas funciones análogas,
vale el mismo reparo que el expresado sobre los peritos. La doctrina procesal equipara
la condición de intérpretes y traductores, como órganos de prueba, a la situación
de los peritos en el juicio. Florian, De las pruebas penales. 2 vols. Traducción
de Jorge Guerrero. Temis, Bogotá, 3ª ed., 2002, t. I, cfr. pág. 221.
269 Así, Robustiano Vera, op. cit., cfr. pág. 418.
129

130
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
gencia de los verbos que indican la actividad delictiva —a fin de cuentas,
se trata siempre de emitir una sentencia—, no es dable hacer otro tanto
con el disímil contenido típico del fallo prevaricador, que en un caso contradice
ley expresa y vigente y, en el otro, lo es por su manifiesta injusticia.
La doctrina no acierta a resolver el problema. Para algunos, la palabra
“injusticia” daría entrada en la prevaricación culposa a la vulneración de
fuentes formales distintas de la ley propiamente dicha, a la cual se sujetaría
el ámbito de aplicación de la forma dolosa. 270 Pero esto trae aparejado
que para la conducta más grave quedarían consideradas menos posibilidades
de torcer la voluntad del Derecho, frente a las abundantes exigencias
cuya desatención se pena en el juez lerdo o ignorante. La contradicción
valorativa del ordenamiento sería entonces mayúscula. Para otros, el
objeto del fallo prevaricador tiene el mismo tema en las dos hipótesis: la
ley. 271 Pensamos que una interpretación atenta al sentido de la función
judicial y a la necesaria coherencia logicosistemática de las dos manifestaciones
que articulan el prototipo del prevaricato de jueces, debe buscar un
común denominador objetivo para ambas, porque las diferencias en el
plano de la culpabilidad son sólo accidentales. El núcleo compartido no
radica en que el sentenciador resuelva injustamente, ya que está fuera de
su tarea conocer y aplicar la justicia, 272 o en que proceda contra legem. Lo
justo y lo legal pueden ser aquí sintetizados en un mismo principio: el
Derecho y su entero sistema de fuentes. La actividad típica consiste, pues,
en fallar contra ius, bien negando el Derecho aplicable, bien falseándolo
por modo de declarar como Derecho aquello que no es la voluntad del
ordenamiento. 273
270 Etcheberry Orthusteguy, op. et ed. cits., tomo IV, cfr. págs. 215-216.
271 Labatut Glena, op., ed. et vol. cits., pág. 75: “La injusticia manifiesta supone la
violación notoria, clara de los preceptos legales, y no es de aquellas que pudieran
explicarse por una interpretación razonable de la ley”. Parecido, Politoff Lifschitz,
Matus Acuña y Ramírez Guzmán, Lecciones de Derecho penal chileno. Parte especial.
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2004, cfr. pág. 508.
272 “La justicia es en sí misma un principio demasiado vago como para proporcionar
por sí sola una decisión adecuada”. Engisch, Introducción al pensamiento jurídico.
Traducción de Ernesto Garzón Valdés, revisada y adaptada al Derecho español
por Luis García San Miguel. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1967, pág. 165.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
Tres de las restantes clases de prevaricación judicial particularizan
infracciones ya descritas por el Código para la generalidad de los funcionarios
públicos. Son la prevaricación-cohecho (art. 223, 2°: cuando por sí
o por interpuesta persona admitan o convengan en admitir dádiva o regalo
por hacer o dejar de hacer algún acto de su cargo), la prevaricación-abuso
(art. 223, 3°: cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose
del poder que éste les da, seduzcan o soliciten a persona procesada o que
litigue ante ellos) y la prevaricación-desobediencia (art. 226: en las mismas
penas incurrirán cuando no cumplan las órdenes que legalmente se les
comuniquen por las autoridades superiores competentes, a menos de ser
evidentemente contrarias a las leyes, o que haya motivo fundado para dudar
de su autenticidad, o que aparezca que se han obtenido por engaño o se
tema con razón que de su ejecución resulten graves males que el superior no
pudo prever). Tienen como contrapartida el cohecho pasivo de los artículos
248 y 248 bis, el abuso contra la libertad sexual del artículo 258, y los
delitos de resistencia y desobediencia del artículo 252, respectivamente.
La superposición genera enojosos concursos. 274 En seguida, la prevaricación-implicancia
(art. 224, 7°: cuando con manifiesta implicancia, que les
sea conocida y sin haberla hecho saber previamente a las partes, fallaren en
causa criminal o civil) y la prevaricación-revelación de los secretos del
juicio, y auxilio o consejo a alguna de las partes (art. 224, 6°: cuando
revelen los secretos del juicio o den auxilio o consejo a cualquiera de las
partes interesadas en él, en perjuicio de la contraria) representan especies
del prevaricato consistente en quebrantar la legislación procesal (art. 224,
2°: cuando a sabiendas contravinieren a las leyes que reglan la substanciación
de los juicios, en términos de producir nulidad en todo o en parte
273 La traición del juez al Derecho —escribió Binding— puede asumir dos formas: “el
juez puede negar la ley relativa al caso particular, no aplicando a éste el Derecho
existente, o puede falsear la ley, y entonces aquello que no es Derecho recibe, por su
intervención, autoridad de ley para ese caso particular”. Lehrbuch des Gemeinen
Deutschen Strafrechts, ed. cit., tomo II, segunda parte, pág. 554.
274 Por ejemplo, el de a qué título ha de responder el particular que soborna al juez, si
como partícipe de la prevaricación-cohecho que éste perpetra o bien como autor de
cohecho común (art. 250).
131

132
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
substancial; la forma culposa, en el art. 225, 2°). La validez de las actuaciones
procesales y, en particular, de las resoluciones que a lo largo del
juicio pronuncia el juez, descansa en la absoluta imparcialidad del magistrado,
cualidad que pierde cuando está implicado o incurre en un comportamiento
indiscreto o desleal. Falta entonces a reglas elementales de la
substanciación de los juicios, o lo que es igual, aniquila una garantía básica
del contradictorio. 275 Sería, pues, recomendable simplificar estos supuestos
de prevaricación. En cambio, la muy hispánica prevaricacióndenegación
o retardo de justicia (art. 224, 3°: cuando maliciosamente
nieguen o retarden la administración de justicia y el auxilio o protección que
legalmente se les pida; la forma culposa, en el art. 225, 3°) no configura
una mera reiteración del delito del artículo 256 276 y, sobre todo, corrige
un defecto que en España recién se pudo subsanar con el Código de
1995. En la denegación activa de administrar justicia los motivos que
invoque o silencie el juez, supuesta su competencia para intervenir en el
asunto, son indiferentes. 277 Cosa distinta sería la conveniencia políticocriminal
de que la descripción añada de iure condendo determinadas motivaciones
en la denegación pasiva que existe tras el retardo del juzgador, a fin
de que no abarque cualesquiera atrasos ni desdibuje los límites entre las
responsabilidades penal y disciplinaria. 278 Asimismo, el Derecho venidero
podría suprimir la forma culposa del retardo, que está de sobra por las
275 Concuerda con nuestro punto de vista la circunstancia de que el Derecho procesal
chileno contempla entre los errores in procedendo que autorizan los recursos de
casación y de nulidad, el haber sido dictada la sentencia por un juez legalmente
implicado (artículos 768, 2ª, del Código de procedimiento civil, y 374, a, del Código
procesal penal).
276 Que cometen los empleados públicos del orden administrativo. De otra opinión,
Etcheberry Orthusteguy, op. et ed. cits., tomo IV, cfr. pág. 218.
277 Recuérdese lo señalado supra, en este mismo capítulo, texto y notas 30 y 31, a propósito
del Código argentino. Los huecos de atipicidad que dejaba la frase se negare a
juzgar, so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, tan criticada en la
Argentina como en España (véase, por todos, Rodríguez Devesa, Derecho penal
español. Parte especial, ed. cit., pág. 1.137) y oriunda del Código de 1848, fueron
colmados en el de 1995, cuyo artículo 448 castiga al juez que se negase a juzgar sin
alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
sanciones administrativas que el ordenamiento provee para corregir los
descuidos inexcusables del juzgador. En fin, tiene razón Labatut cuando
nota que la prevaricación-omisión, dolosa y culposa, de decretar la prisión
de alguna persona, y de llevar a efecto la ya decretada (arts. 224, 4°, y
225, 4°) “es sólo una modalidad especial de la denegación de justicia”. 279
Mucho más grave es la que consiste en retener, dolosa o culposamente, en
calidad de preso a un individuo que debiera ser puesto en libertad con
arreglo a la ley (arts. 224, 5°, y 225, 5°), porque al atentado contra la
Administración de Justicia se acopla una lesión de la libertad ambulatoria
del detenido. Así y todo, la pena es la misma en ambas. 280 Y ya que de
penas se ha hablado, representa un mérito del Código el no haber impuesto
a ninguna de sus formas de prevaricar puniciones talionales, de luengo
arraigo en la historia de este delito. 281
278 En el mismo sentido, González Rus, en Curso de Derecho penal español. Parte
especial, cit., tomo II, pág. 465. El Código vigente en España contiene una interpretación
auténtica contextual del retardo malicioso. Sólo es tal, el provocado para
conseguir cualquier finalidad ilegítima (art. 449. 2). Es decir, se atribuye a la voz
malicia un significado distinto que su habitual sentido sistemático de ajustar el dolo
al dolo directo, como sucedía antes en la prevaricación española (García Arán, La
prevaricación judicial, cit., cfr. pág. 180) y ocurre aún hoy en Chile. Nosotros
preferiríamos una indicación más precisa que esas inciertas finalidades ilegítimas,
aunque no tan estrecha como la de obrar a favor o en perjuicio de una de las partes,
en el § 336 del Código alemán —el juez también podría demorar la resolución del
negocio para favorecer a un tercero o a sí mismo—.
279 Op., ed. et vol. cits., pág. 75.
280 En verdad, en todas. Críticos, también, Politoff Lifschitz, Matus Acuña y Ramírez
Guzmán, op. cit., cfr. pág. 508. Y los problemas no terminan aquí. Por la tenue
penalidad de las detenciones ilegales perpetradas por funcionarios públicos (art.
148) —un deplorable defecto del Código—, esta última forma de prevaricación no
puede dar pábulo a un concurso de delitos.
281 Los comisionados chilenos no cedieron al duro planteamiento de Pacheco: “¿Admitiremos
esa pena del talión, que en varios casos se impone, ora inflexible, ora
mitigada? El crimen es ciertamente de lo más grave que se puede concebir, sobre
todo en las sentencias condenatorias [...] No tengamos lástima de los que tal acción
cometen. Si la ley es dura, convengamos en que debe serlo”. El Código penal concordado
y comentado. Estudio preliminar y anotaciones de Abel Téllez Aguilera.
Edisofer, Madrid, 2000, pág. 849. Lejano eco de tamaña severidad se percibe en
133

134
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La prevaricación políticoadministrativa tiene como figura central la
cometida por el que, desempeñando un empleo público no perteneciente al
orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente
injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo,
o la diere por negligencia o ignorancia inexcusables (art. 228). El vínculo
de este delito con la Administración de Justicia fue en España fuertemente
contrastado por la doctrina, que lo veía más próximo a la Administración
pública, no menos que a los intereses del administrado al que la
resolución prevaricadora pudiese comprometer. 282 Esta apreciación, que
si en el tipo español resulta difícil de rebatir, visto que el funcionario decide
en asuntos meramente administrativos, asume en Chile un peso todavía
mayor, toda vez que en el país no existen órganos diputados especialmente
para conocer los negocios contenciosoadministrativos, los que están
en manos de los tribunales de justicia y, por ende, son de incumbencia
de las antes repasadas disposiciones sobre la prevaricación judicial. De
suerte que, reserva hecha de las contadas hipótesis en que órganos de la
propia Administración sean los llamados a intervenir en tales asuntos, 283
Quintano Ripollés: “La refundición de 1944 ha vuelto, en cierto modo, por los
fueros del “talión”, nunca más justificado que en estos casos y reforzado por una
tradición milenaria, que sólo el Código de 1932 osó romper”. Comentarios al Código
penal, ed. cit., págs. 695-696. Fruto de una organización política republicana
y liberal, no es de extrañar que el Código de 1932 se atreviese a aquella “osadía”.
282 Cfr. Polaino Navarrete, en Manual de Derecho penal (Parte especial), op. et vol.
cits., pág. 266, y Octavio de Toledo y Ubieto, La prevaricación del funcionario
público. Cívitas, Madrid, 1979, págs. 317 y ss. De hecho, como delito contra la
Administración pública se prevé en el Código de 1995 (art. 404).
283 P. ej., el reclamo derivado del avalúo administrativo de un inmueble al que se refiere
el Código tributario, las causas de que conocen los tribunales de Aduanas y ciertos
juicios de cuentas. Cfr. Silva Cimma, Derecho administrativo chileno y comparado.
El control público. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1994, pág. 194.
En el fondo, informa al ordenamiento chileno un principio liberal de pura cepa, el
de que sólo compete al Poder judicial la resolución de toda clase de contiendas
jurídicamente relevantes, sin importar su naturaleza. En cambio, “la invención francesa
de la jurisdicción administrativa separada de la jurisdicción judicial, no es sino
uno de los muchos disfraces del despotismo cuando extiende su aplicación a las
cuestiones jurídicas”. Carrara, op. et ed. cits., tomo VII, pág. 19 (§ 2477).

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
la prevaricación del artículo 228 tiene como exclusivo campo de validez
aquellos de puro contenido administrativo, y no habiendo en ellos litis,
tampoco puede el funcionario que los decide comprometer el magisterio
jurisdiccional del Estado. En su lugar, lesionan sin ninguna duda este
último bien jurídico los empleados del orden administrativo que, por malicia
o negligencia inexcusables y faltando a las obligaciones de su oficio, no
procedieren a la persecución o aprehensión de los delincuentes después de
requerimiento o denuncia formal hecha por escrito (art. 229). La forma
culposa de la infracción, que ni existió ni existe en España, da vida a un
curioso y rarísimo delito “de olvido”. 284
Por último, la prevaricación de abogados y procuradores consta en
dos preceptos. Uno, para el abogado o procurador que, con abuso malicioso
de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos, y el otro,
para el abogado que, teniendo la defensa actual de un pleito, patrocinare a
la vez a la parte contraria en el mismo negocio (arts. 231 y 232). Que en
estos delitos se conserve la forma prístina de la prevaricación, según los
inicios del decurso de ésta en el Derecho romano, 285 no ha sido obstáculo
para que la doctrina contemporánea cuestione abiertamente el atentado
que supondrían contra la Administración de Justicia. La crítica se centra
sobre todo en el mencionado en primer lugar, desde el momento en que el
tipo no incluye entre sus elementos que el perjuicio del cliente o el descubrimiento
de sus secretos se produzca intra muros de los tribunales, o sea,
en el marco de un proceso judicial, lo que revelaría la intención de la ley
de reprimir tan sólo un acto de deslealtad del letrado o procurador en el
284 Lo ha advertido Politoff Lifschitz, Derecho penal. Publicado, I vol. Editorial Jurídica
ConoSur, Ltda., Santiago de Chile, 1997, pág. 308. Véase nuestra recensión
de este libro en Gaceta Jurídica, cit., número 206, agosto de 1997, págs. 239-244.
En cuanto al sujeto activo, la legislación procesal lo circunscribe a los miembros de
la policía judicial, en su deber de aprehender físicamente a los sospechosos; “pero
están obligados a su persecución jurídica tanto los jueces con jurisdicción criminal
como los fiscales adjuntos del Ministerio Público”. Politoff Lifschitz, Matus Acuña
y Ramírez Guzmán, op. cit., pág. 513. En todo caso, la omisión supone un requerimiento
o denuncia previos, lo mismo si se trata de policías que de jueces o representantes
del ministerio fiscal.
285 Cfr. el famoso pasaje de Ulpiano, en Dig., 50, 16.
135

136
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ejercicio de sus profesiones, 286 al margen de que la conducta ocurra en
una gestión judicial o extrajudicial. Cierto es que el argumento perdería
sus bondades de cara a aquellos Códigos que reprimen la actuación infiel
sólo si ésta se produce ante los tribunales —en este sentido, los artículos
380 y 381 del Código italiano suministran una prueba terminante—,
pero no en Chile. El apoyo que brinda el abogado a la Administración de
Justicia y que lo convierte en su auxiliar, como garante de una jurisdicción
recta, es la cooperación públicamente prestada dentro de un proceso. 287
Sólo en esta medida el delito del artículo 231 ofende la Administración
de Justicia. En lo demás, esto es, para el prevaricato cometido en la asistencia
jurídica extrajudicial, también comprendido en el artículo, son los
intereses particulares del cliente los que entran en consideración. En cambio,
no es de recibo que el patrocinio simultáneo al que alude el artículo
232 deje de tomar la Administración de Justicia como bien jurídico prevaleciente,
según pretende aquella doctrina que atribuye eficacia desincriminante
al consentimiento de los patrocinados 288 y, sobre todo, prescriben
los Códigos que estampan la falta de aquiescencia de las partes como
requisito típico negativo, cual el propio texto expañol 289 y el italiano. 290
286 Así, González Rus, en Curso de Derecho penal español. Parte especial, cit., tomo
II, cfr. pág. 544, y Quintero Olivares, en Comentarios al nuevo Código penal, cit.,
cfr. pág. 1.990.
287 Por eso el artículo 3º de la Ley número 18.120, de 18 de mayo de 1982, sobre
Comparecencia en juicio, castiga al que, sin ser abogado o procurador habilitado,
ejecute cualquiera de los actos a que ella se refiere, todos los cuales suponen el
patrocinio o la representación en gestiones judiciales.
288 Para Robustiano Vera, sólo cabe castigar el patrocinio simultáneo cuando el “defendido
ignore esta circunstancia i que se le esté engañando; pero si no hai esa
ignorancia i léjos de ello ambos litigantes así lo quieren i lo han solicitado ¿qué
culpa tiene el abogado i quién podría hacerle cargos por lo que acuerdan personas
que tienen capacidad para resolver sobre sus intereses?” (op. cit., pág. 423).
289 Tanto el vigente (art.467) como el anterior (art. 361), que se corresponden con el
art. 274 del Código de 1848.
290 Mas sólo respecto del patrocinio sucesivo, en el mismo proceso, de partes con intereses
contrapuestos. Sobre el particular, cfr. Fiandaca y Musco, op. cit., tomo I, pág.
303.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
El hecho de que la actuación letrada tenga como presupuesto la existencia
de un juicio —conforme revelan los substantivos “pleito” y “parte”— no
sólo excluye las gestiones extrajudiciales, 291 sino es ratio cognoscendi de
que aquí entran en liza intereses públicos, indicio ratificado por la calidad
del sujeto activo, el cual, sin pertenecer a la categoría de los funcionarios,
queda asimilado a éstos, atendida la inserción del delito en la ordenación
del Código y por la importancia de su investidura para la Administración
de Justicia. 292 De lo que parece legítimo concluir que la prevaricación del
patrocinante, “junto al deber de lealtad frente al que comete el encargo,
protege, ante todo, la confianza en la integridad de la Administración de
Justicia, especialmente respecto de la asistencia letrada”, 293 y que, en consecuencia,
el eventual consentimiento de las partes con intereses contra-
291 De otra opinión, Etcheberry Orthusteguy, op. et ed. cits., tomo IV, pág. 222:
“Nuestra ley no habla de “juicio”, como hacen otras, sino de “negocio”, expresión
de alcance más amplio”. El apego de este influyente criminalista chileno a los comentarios
de Sebastián Soler (op. et ed. cits., t. V, cfr. pág. 282) le juega aquí una
mala pasada. En la economía lógica y el arte gramatical de la disposición, el término
“negocio” fue utilizado para evitar la cacofonía de reiterar la palabra “pleito”,
que a su vez significa juicio, como en el Código argentino. Además, la individualidad
del “patrocinio”, institución ingénita a los juicios e inconcebible al margen de
ellos, lo destaca dentro del género de la defensa (Cód. español de 1848, art. 274)
o la defensa o representación (Cód. español actual, art. 467. 1), que sí pueden
ejercerse en gestiones extrajudiciales. Por esta tesis se pronuncian, también, Politoff
Lifschitz, Matus Acuña y Ramírez Guzmán, op. cit., cfr. pág. 513: patrocinio
formal o propiamente dicho.
292 El tratamiento del prevaricato de abogados dentro de los delitos cometidos por
funcionarios tiene rancio linaje, no sólo en el país de donde fue tomada esta disposición,
sino en otros de Europa. Frank explica la ubicación del § 356 (Parteiverrat,
o traición a la parte) del Código alemán, como “una reminiscencia de antiguos
Derechos particulares, en los que abogados y asistentes jurídicos fueron de hecho
tratados como funcionarios”. Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. Mohr,
Tübingen, 16ª ed., 1926, pág. 734.
293 Lackner y Kühl, Strafgesetzbuch. Mit Erläuterungen. C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung,
München, 23ª ed., 1999, pág. 1.624. O, si se quiere, “el prestigio de
la abogacía como órgano importante de la Administración de Justicia”. Dreher y
Tröndle, Strafgesetzbuch. C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 48ª
ed., 1997, pág. 1.719.
137

138
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
puestos carece de importancia. 294 Esto aparte, convendría mejorar la formulación
del sujeto agente de este delito propio, porque, tal como está
redactado, no es sencillo reconstruir la responsabilidad del intraneus que
realice la actividad típica mediante una persona interpuesta. Las disposiciones
sobre la instigación que prevé el Código son inadecuadas para
captar la índole de semejante intervención súbdola, que, bien mirado, es
de autoría. 295 Urge también ampliar la referencia ocasional del acto delictuoso,
ya que esa “peligrosa salvedad” 296 que a instancias de un comentario
de Pacheco hizo la Comisión Redactora para excluir el patrocinio
sucesivo, 297 no tiene razón de ser. Al igual que el simultáneo, el patrocinio
sucesivo cubre con una nube negra la realidad y los presupuestos
procesales del litigio, el prestigio de la Administración de Justicia y la
seriedad de la abogacía.
Cumple ahora hacer una reseña de los delitos que consisten en quebrantar
las partes o los terceros de un pleito las obligaciones especiales que
los ligan al órgano jurisdiccional, que en el Código son el falso testimonio, el
perjurio y la presentación de pruebas falsas en juicio. El primero está diseñado
al hilo de la vieja distinción española de la índole penal o civil del
proceso en que se rinde la manifestación mendaz y, tratándose de causas
criminales, según la dirección de ésta, en contra o a favor del reo. Regulan
el falso testimonio en materia penal los artículos 206 y 207, 298 cuya redac-
294 Lackner y Kühl, op. et ed. cits., cfr. pág. 1.628. A menos que la intervención del
abogado esté al servicio de un interés común de los litigantes, por ejemplo, producir
una conciliación (en el mismo sentido, Lackner y Kühl, pág. 1.627, Frank, op. et ed.
cits., pág. 735, y la generalidad de los autores alemanes). En estos casos el acto es
atípico porque el abogado, al ajustar el acuerdo, ya no patrocina partes contrarias.
295 El artículo 381 del Código italiano pudiese servir como modelo para estos efectos.
296 Fernández, op. et ed. cits., tomo I, pág. 380.
297 Cfr. Código penal de la República de Chile y Actas, etc., cit., pág. 343, y Pacheco,
op. cit., pág. 857.
298 Artículo 206. El que en causa criminal diere ante el juez falso testimonio a favor del
imputado o acusado, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo
y multa de dieciséis a veinte sueldos vitales, si la causa fuere por crimen; con
presidio menor en su grado medio y multa de once a quince sueldos vitales, si fuere por
simple delito, y con presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez sueldos
vitales, cuando fuere por falta”. “Artículo 207. El que en causa criminal diere ante el

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
ción condena inexplicablemente a una laguna legal el testimonio falso que
no beneficie ni perjudique al encartado, 299 vacío tanto más incomprensible
cuanto que cabe perfectamente reprimir al testigo que sin declarar a favor o
en contra de las partes afecte con su impostura el thema probandum de una
causa civil. 300 Un vestigio talional hiere al lector en el artículo 208 (si en
virtud del falso testimonio se hubiere impuesto al acusado una pena respectivamente
mayor que las determinadas en el artículo precedente, se aplicará la
misma al testigo falso). Por lo demás, faltan en el plexo del régimen chileno
del falso testimonio una disposición que asigne efecto eximente a la retractación
tempestiva del testigo y otra que sancione a los peritos, intérpretes y
traductores por sus informes y declaraciones infieles. La opinión de la Comisión
Redactora de que quienes, “por la naturaleza especial de la declaración,
como los médicos, farmacéuticos i peritos de toda clase, que en materia
criminal examinan los hechos e informan sobre sus causas, naturaleza o
consecuencias”, o “en materia civil [...] informan acerca de los hechos sometidos
a su examen”, debían considerarse enmarcados por las normas en
cuestión, 301 no disfruta de simpatías en la doctrina chilena, y con razón. 302
juez falso testimonio en contra del imputado o acusado, sufrirá las penas de presidio
mayor en su grado mínimo y multa de veintiuno a veinticinco sueldos vitales, si la
causa fuere por crimen; de presidio menor en su grado máximo y multa de once a
veinte sueldos vitales si la causa fuere por simple delito, y de presidio menor en su
grado medio y multa de seis a diez sueldos vitales e inhabilitación absoluta perpetua
para derechos políticos y por el tiempo de la condena para cargos y oficios públicos,
cuando fuere por falta.
299 “No debe creerse que un falso testimonio de esta índole resulte en todo caso inocuo a
la recta administración de la justicia, pues aun sin influir en la condena o absolución,
puede originar consecuencias en orden a otras declaraciones de la misma sentencia,
con las que se perjudiquen otros bienes jurídicos”. Ferrer Sama, Comentarios al Código
penal. 4 vols. Sucesores de Nogués, Murcia, tomo III, 1948, pág. 421.
300 Artículo 209 [párrafo primero]. El falso testimonio en causa civil será castigado con
presidio menor en su grado medio y multa de once a veinte sueldos vitales. El falso
testimonio en los negocios civiles de carácter no contencioso está contemplado, junto
al perjurio, en el artículo 210.
301 Código penal de la República de Chile y Actas, etc., cit., pág. 337. Pacheco, tan
gravitante sobre los comisionados, pensaba que los peritos eran una especie de
testigos (op. cit., cfr. pág. 797), idea que seguramente influyó en aquéllos, al desestimar
para al texto que preparaban la disposición que en España reprimió expressis
verbis a los primeros.
139

140
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Es más, relativamente a los peritos el vacío adopta ribetes absurdos, por el
contrasentido de que la ley, al paso que les libra de pena si mienten en sus
dictamenes, no deja de castigarles cuando se niegan a cumplir su cometido.
303 El problema, por último, repercute en el perjurio, toda vez que los
peritos resultan ajenos, además, a la cláusula el que ante la autoridad o sus
agentes perjurare..., del artículo 210, la cual, en consecuencia, sólo tiene
como sujetos activos a individuos que declaran bajo juramento impuesto por
la ley ante las autoridades administrativas, en calidad de interesados o testigos
intrumentales. En semejantes circunstancias, la de suyo discutible necesidad
políticocriminal de castigar el perjurio recibe un golpe suplementario,
pues tampoco puede ser enumerado entre los delitos contra la Administración
de Justicia. 304 Menos reparos amerita el del artículo 212 (el que a
sabiendas presentare en juicio criminal o civil testigos o documentos falsos);
en verdad, sólo uno, que la ley se ha quedado corta en el objeto material, al
que debe darse la extensión suficiente para que abrace todos los elementos
302 Cfr. Fernández, op. et ed. cits., tomo I, pág. 342; Labatut Glena, op. et ed. cits.,
tomo II, pág. 64; Etcheberry Orthusteguy, op. et ed. cits., tomo IV, págs. 186-
187; Politoff Lifschitz, Matus Acuña y Ramírez Guzmán, op. cit., págs. 515-516.
303 En efecto, el perito que rehúsa prestar declaración en juicio oral comete el delito del
artículo 319 del Código procesal penal, que ha derogado tácita y parcialmente la
falta del artículo 494, número 12, del Código substantivo. Por su parte, el artículo
299 del Código de procedimientos somete a pena al testigo que se negare sin justa
causa a declarar, un soberano despropósito legislativo análogo al perpetrado últimamente
en España. El testigo recalcitrante es aleccionado de mejor manera con la
amenaza de apremios por su indisciplina, como ocurría antaño. Penarle sólo conseguirá
sellar para siempre sus labios. Esta no es manera de tutelar la Administración
de Justicia.
304 Al menos, en Chile. Con una formulación distinta, p. ej., la del § 154 (Meineid) del
Código alemán, donde se castiga a quienes juran en falso ante un tribunal u otro ente
competente para tomar juramentos, o sea, las partes de un proceso civil, ciertos testigos
y los peritos, es lícito concluir que el perjurio ofende la Administración de Justicia
(cfr., Lenckner, en Schönke y Schröder, op. et ed. cits., pág. 1.197). La afirmación
de Maurach, de que no afecta a esta tesis la posibilidad de que el perjurio se produzca
ante una autoridad administrativa, “ya que la Administración de Justicia y sus órganos
representan el ámbito principal de aplicación para las declaraciones con mérito
probatorio” (op. et ed. cits., pág. 636), resulta inaplicable a un ordenamiento que
limite el delito precisamente a la intervención de tales autoridades.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
probatorios —v. gr., soportes materiales que contengan imágenes, hechos o
manifestaciones de pensamiento— hoy admitidos en el Derecho procesal.
Muy parco e insuficiente se muestra el Código en la tutela del impulso
que debe dar origen al proceso penal. Sólo existe la decimonónica denuncia
y querella calumniosas, en el artículo 211 (la acusación o denuncia que
hubiere sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada, será castigada...,
graduándose el castigo según el tema de la imputación, crimen, simple
delito o falta), con el conocido inconveniente de la demasiado estrecha
vinculación que la frase “hubiere sido declarada calumniosa” traza entre
esta delito y la calumnia, que en el Código está a su turno concebida como
lesión del honor del calumniado. Aunque cumpliría recomendar aquí una
reforma que se oriente a destacar lo falso de la acusación, antes que su
sentido calumnioso, es aún más imperioso regular la simulación de delito,
porque los casos en que se denuncian hechos penales que no han ocurrido
y sin atribuirlos a alguien en particular, y aquellos en que se aparenta ser
responsable o paciente de alguno que sí tuvo lugar, por mucho que pongan
inútilmente en movimiento o distraigan a la Administración de Justicia,
permanecen hoy en imperturbable impunidad. Es también grande la necesidad
de una disposición que reprima el fraude procesal, como el atentado
que es contra el bien jurídico de que tratamos. 305
Yendo a los actos de entorpecimiento a la jurisdicción, ya sabemos
que, “con una vieja técnica condenable, el Código chileno se refiere a los
encubridores en el artículo 17, entre las personas responsables de los delitos,
a continuación de los autores y de los cómplices, y como una catego-
305 No satisfacen este requerimiento una serie de delitos equiparados a la estafa y las
defraudaciones en general, a saber, la destrucción fradulenta de cosa embargada
(art. 469, número 6°), el cometido por el depositario infiel y el retiro de especies
reembargadas (artículos 444 y 528 del Código de procedimiento civil, respectivamente),
pues lo que en ellos cuenta primordialmente es el ataque contra intereses
patrimoniales. Politoff Lifschitz, Matus Acuña y Ramírez Guzman, op. cit., cfr.
pág. 530, consideran el delito del depositario infiel como forma de obstrucción a la
Justicia, en lo que pasan por alto, empero, que el consentimiento del demandante
funciona como causa de atipicidad, ya que entonces el deudor no “substrae” los
bienes embargados que quedaron en su poder, y que el Código de procedimientos
civiles remite para la punición a la sanción que el penal asigna al hurto de posesión.
141

142
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ría de participación”. 306 Por si no bastara, los ripios y las limitaciones
inherentes a esta técnica, repudiada unánimemente por la doctrina, se
han visto acrecentados a raíz de reformas recientes y en todas las formas
de encubrimiento punible que consulta el Código.
De la receptación trata el artículo 17, número 1°: son los encubridores
que intervienen aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes
medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple
delito. Pues bien, la ley número 19.413, de 20 de septiembre de 1995,
concedió especiosa autonomía a la receptación de objetos hurtados o robados,
desprendiéndola del tronco común y llevándola a la Parte especial,
en el artículo 456 bis A; pero, con sus miras alicortas, la reforma no pudo
menos que dejar subsistentes en el artículo 17, bajo la vieja fórmula legal,
los actos receptadores relativos a otros delitos, distintos del hurto y del
robo, con cuyos productos criminosos también es posible traficar. Esta
“doble vida” de la receptación, más obscura y retorcida que la que en su
hora establecieron las reformas española de 1950 y francesa de 1915 —
cuando, al decir de Quintano Ripollés, “quedó [...] el recusable y peligroso
sistema mixto de incriminación [...] de la codelincuencia y del delito
relativamente autónomo, que de tan poco favor gozaba en la doctrina y
que tantos malos resultados había acreditado en la práctica” 307 —, fenecidas
con los nuevos Códigos correspondientes, desdibuja la independencia
que quiso atribuirse a la receptación de hurtos y robos, y provoca una
aguda irregularidad entre ella y las formas del delito que continúan atrapadas
en el terreno de la participación. 308 Con visos asimismo inquietantes
se presenta hoy el panorama del favorecimiento real, en el segundo
número del artículo 17 (ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o
306 Peña Wasaff, Autoría y participación en el delito, en Revista de ciencias jurídicas,
Editorial Jurídica de Chile, Valparaíso, número 3, diciembre de 1972, págs. (85-
128) 105.
307 Tratado de la Parte especial del Derecho penal. Publicados, 4 vols. Editorial Revista
de Derecho Privado, Madrid, tomo III, 2ª ed., puesta al día por Carlos García
Valdés, 1978, pág. 353.
308 Sobre todo esto, cfr. nuestro trabajo, ya citado, Luz y sombras en la nueva disciplina
de la receptación, etc., págs. 78 y ss.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento).
La doctrina chilena, en su totalidad, coincide en que del elemento subjetivo
de lo injusto con que termina el período, se desprende que “el ocultamiento
de rastros u objetos que permitirían identificar al delincuente, ejecutado
después de que ya se descubrió el delito, no configura esta forma
de encubrimiento”. 309 No obstante, queda en segundo plano el esencial
problema de cuándo debe considerarse “descubierto” el delito que se encubre,
momento a partir del cual la actividad del favorecedor resulta irrelevante.
De las dos posibilidades abiertas al intérprete, es decir, la simple
noticia de la comisión del delito y el conocimiento de sus circunstancias y
elementos 310 —o, lo que es igual, la prueba materializada y directa de la
existencia de la infracción—, parécenos que ha habido siempre que inclinarse
por la segunda, más consonante con la índole del bien protegido y
que incluye en su seno la primera. En este sentido, descubrimiento del
delito equivale tanto a notitia criminis como a su cumplida comprobación
procesal. Sin embargo, no parece haberlo entendido así la Ley número
19.077, de 28 de agosto de 1991, otra que de nuevo eleva en el Código
a tipo de sedicente independencia una de las especies del encubrimiento,
a cargo de quien, con posterioridad a su descubrimiento, destruya, oculte o
inutilice el cuerpo, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito
(art. 269 bis). Por modo que la apreciación sistemática de las dos disposiciones
constriñe a sostener que entre este “favorecimiento del delito” y el
favorecimiento real que la ley modificativa mantuvo en pie en el artículo
17, no media otra diferencia que la diversidad de significados en que uno
y otro aplican la vieja locución, idea avalada por la igualdad de las penalidades,
en ambos casos, variables, esto es, dependientes de la que amenaza
al ilícito encubierto: 311 en síntesis, que mientras es forma de participar
309 Cury Urzúa, op. cit., tomo II, pág. 264. Véanse, además, Novoa Monreal, op.
cit., tomo II, pág. 236; Etcheberry Orthusteguy, op. et ed. cits., tomo I, pág. 104;
Labatut Glena, op. et ed. cits., tomo II, pág. 197; Garrido Montt, op. cit., t. II,
pág. 326.
310 Rodríguez Mourullo, en Córdoba Roda y Rodríguez Mourullo, op. et vol. cits.,
cfr. pág. 929.
311 Cfr., Etcheberry Orthusteguy, op. et ed. cits., tomo II, pág. 104.
143

144
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
en un delito ajeno eliminar sus pruebas para que de él no sepan las autoridades
competentes, hacerlo para impedir la comprobación de un delito
del que ellas ya están al corriente, constituye infracción autónoma. Quien
se asombre de este enrevesado criterio delimitador, oriundo de una técnica
legislativa zigzagueante e incapaz de dar un tratamiento unitario a
situaciones homogéneas, mayor estupefacción experimentará al constatar
que el párrafo segundo del artículo 269 bis acuerda a los autores del
favorecimiento que en éste se contempla, una eximente especial negada a
312 313
los encubridores del artículo 17.
312 En efecto, están exentas de las penas que establece este artículo las personas a que se
refieren el inciso final del artículo 17 de este Código y los artículos 302 y 303 del
Código procesal penal. La última disposición libera del deber de declarar en juicio
como testigos, a aquellas personas que por su estado, profesión o función legal, como
el abogado, médico o confesor, tienen el deber de guardar el secreto que se les haya
confiado, pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto. Que la obligación de
conservar el secreto no faculta a tales individuos para eliminar las pruebas que
conozcan del delito, ni que a ello pueda extenderse jamás la presente causa de
justificación, apenas merece consignarse. Sucede que el artículo 269 bis, bajo el
nombre de “obstrucción a la justicia”, reprime, en el mismo párrafo en que yace el
favorecimiento del delito y con las penas de éste, al que se rehusare a proporcionar a
los tribunales de justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder y que
permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en él. Evidentemente,
es esta infracción la amparada por la justificante —no así el favorecimiento
del delito—. Ahora bien, conocido de nosotros el régimen del falso testimonio y
de la omisión de denuncia, hay que concluir, primero, que en la genuina obstrucción
de la Justicia caben sólo manifestaciones comisivas, pues la acción supone
rechazar un requerimiento que ha de haber sido previamente formulado al sujeto, y,
segundo, que este último sólo puede ser un funcionario público o sujeto cualificado.
Se trata de un delito propio, cuya esencia estriba en que entorpece la jurisdicción
quien, por su cargo o profesión, ha debido colaborar con ella. Pensar otra cosa haría
de la denuncia de los delitos una obligación general... y de la vida en común, ¡algo
poco digno de ser vivido! Politoff Lifschizt, Matus Acuña y Ramírez Guzmán, op.
cit., cfr. pág. 526, afirman, en opinión que no podemos subscribir, que esta obstrucción
de la Justicia permitiría castigar el falso testimonio por omisión. Una cosa es la
reticencia, silenciar hechos sabidos, y otra negarse el testigo a declarar ante el tribunal
que lo solicita.
313 A contar de mayo de 2002 hay una nueva variante autónoma del favorecimiento
real, la cometida por los fiscales del ministerio público que a sabiendas oculten,
alteren o destruyan cualquier antecedente, objeto o documento que permita estable-

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
El favorecimiento personal reconoce dos formas. La primera se comete
albergando, ocultando o proporcionando la fuga al culpable (art. 17,
3°). Hasta la Ley 19.077 este ocultamiento ocasional estaba sometido,
como en España, a la limitación de que debía intervenir abuso de funciones
públicas por parte del encubridor, o bien ser el individuo encubierto
reo de un número circunscrito de delitos graves. En los demás casos el
favorecimiento era atípico, “porque la ley no ha podido desentenderse del
sentimiento de conmiseración que inspiran individuos perseguidos por la
justicia”, 314 argumento de constante invocación en el penalismo hispano
desde Pacheco. 315 316 Por lo mismo, los límites de la punibilidad en el
ocultamiento ocasional suplían en parte la falta de una eximente que disculpe
a todo encubridor que favorezca a una persona a él propincua por
fuertes lazos de afecto. Este sistema, empero, fue literalmente aniquilado
por la ley modificativa, que hizo punible el favorecimiento respecto de
cualquier delito y sin importar la calidad del encubridor. A su vez, el
ocultamiento habitual, en el art. 17, 4° (acogiendo, receptando o protegiendo
habitualmente a los malhechores, sabiendo que lo son, aun sin conocimiento
de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometi-
cer la existencia de un delito, la participación punible en él o la determinación de la
pena (art. 269 ter del Código).
314 Labatut Glena, op. et ed. cits., tomo I, pág. 198. Idéntico, Cury Urzúa, op. cit.,
tomo II, cfr. pág. 265.
315 “¡Honor al Código que respeta de esa suerte los sentimientos de delicadeza y de
humanidad!”. Op. cit., pág. 283.
316 Tales sentimientos no fueron suficientemente destacados al interior de la causa de
inculpabilidad por no exigibilidad de otra conducta del párrafo final del artículo 17
(están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge
o de sus parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral
hasta el segundo grado inclusive, con sólo la excepción de los que se hallaren en el
número 1° de este artículo, o sea, los receptadores), también procedente del modelo
español y a la que continúa martirizando la “excesiva formalización” de que se duele
Politoff Lifschitz, op. et vol. cits., pág. 657. Es más, que la eximente opere aun
cuando no se den en los hechos los lazos sentimentales que la ley supone existir entre
parientes o cónyuges, lleva a un sector minoritario a revivir la teoría de ser aquélla una
excusa absolutoria. Cfr. Náquira Riveros, op. et vol. cits., pág. 446, y Garrido Montt,
op. et vol. cits., pág. 327. Confróntese también la nota 63 de este capítulo.
145

146
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
do, o facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o
suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven),
permanece intacto desde la entrada en vigencia del Código, en medio
del silencio de la doctrina, a pesar de que aguarda presta supresión
dada su visible incompatibilidad con un Derecho penal de acto, cual es el
chileno. 317
Concluiremos la presente revisión de los delitos contra la Administración
de Justicia en el Código con una sucinta referencia a aquellos que
retratan una obstaculización o impedición del cumplimiento de resoluciones
judiciales. Por lo pronto, el texto no se ocupa para nada de los fallos
en lo civil. 318 Sólo regula el quebrantamiento de condena y la evasión de
detenidos. 319 El primero figura, “con una técnica defectuosa”, 320 en la
Parte general, y el artículo que lo contempla fija sus consecuencias minuciosamente,
de acuerdo con la naturaleza de la pena quebrantada, bien
agravando con alguna accesoria la originalmente impuesta, bien substituyéndola
con otra de naturaleza distinta. 321 Así y todo, los autores están
317 Únicamente Cury Urzúa lo califica como “una exclusividad no demasiado feliz de
nuestro texto legal”. Op. cit., tomo II, pág. 267.
318 La autoridad de estas resoluciones queda protegida por un tipo peligrosamente
abierto, en el Código de procedimiento civil, artículo 240: Cumplida una resolución,
el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto
todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado.— El que quebrante lo ordenado
cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.
319 Existe, en realidad, un tercer ilícito que habría que comprender en el grupo. Lo
perpetra el empleado de una oficina telegráfica que, habiendo transmitido órdenes
encaminadas a la persecución o aprehensión de delincuentes o para que se practiquen
diligencias dirigidas a una averiguación judicial o gubernativa, transmitiere avisos o
prevenciones que hagan ilusorias dichas órdenes, o que maliciosamente frustrare las
medidas de la autoridad en tales casos con una transmisión o traducción infiel (art.
338). La disposición fue tomada de una ley anterior a la vigencia del Código, la de
10 de noviembre de 1852, relativa al Servicio de Telégrafos (cfr. Lazo, op. cit., págs.
268-270). Ha perdido actualidad con los modernos medios de comunicación.
320 Cury Urzúa, op. cit., tomo II, pág. 409.
321 Artículo 90. Los sentenciados que quebrantaren su condena serán castigados con las
penas que respectivamente se designan en los números siguientes: 1° Los condenados
a presidio, reclusión o prisión sufrirán la pena de incomunicación con personas extrañas
al establecimiento penal por un tiempo que, atendidas las circunstancias, podrá

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
contestes en que se trata de un título autónomo de imputación, cuyo emplazamiento
en el libro I del Código no desdice su carácter de atentado
contra la Admistración de Justicia 322 —de lo cual, por lo demás, no deja
dudas la frase que encabeza la disposición—. El punto tiene importancia.
Plantea una cuestión que ya hubo de sopesar Pacheco en sus Comentarios,
323 a saber, que si el quebrantamiento de condena es delito, no una
simple infracción disciplinaria, y son penas las que lo amenazan, entonces
el establecimiento de aquél y la irrogación de éstas requieren declaración
judicial, aun en los casos de quebrantamiento de penas privativas de la
libertad. Esto aparte, es deplorable que la autoliberación origine responsabilidad
criminal —se pena incluso si no hubo desórdenes ni violencias
extenderse hasta tres meses, quedando durante el mismo tiempo sujetos al régimen
más estricto del establecimiento. 2° Los reincidentes en el quebrantamiento de tales
condenas, a más de las penas de la regla anterior, sufrirán la pena de incomunicación
con personas extrañas al establecimiento penal por un tiempo prudencial, que no
podrá exceder de seis meses... 4° Los condenados a confinamiento, extrañamiento,
relegación o destierro, sufrirán las penas de presidio, reclusión o prisión, según las
reglas siguientes [...] 5° El inhabilitado para cargos y oficios públicos, derechos políticos
y profesiones titulares o para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos
educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad que los ejerciere, cuando el hecho no constituya un delito especial, sufrirá la
pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte sueldos vitales.
En caso de reincidencia se doblará esta pena. 6° El suspenso de cargo u oficio público
o profesión titular que los ejerciere, sufrirá un recargo por igual tiempo al de su primitiva
condena. En caso de reincidencia sufrirá la pena de reclusión menor en su grado
mínimo o multa de seis a veinte sueldos vitales. 7° El sometido a la vigilancia de la
autoridad que faltare a las reglas que debe observar, sufrirá la pena de reclusión menor
en sus grados mínimo a medio. 8° El condenado en proceso por crimen o simple delito
a la pena de retiro o suspensión del carnet, permiso o autorización que lo faculta para
conducir vehículos o embarcaciones, o a sanción de inhabilidad perpetua para conducirlos,
sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo.
322 Cfr. Cury Urzúa, op. cit., tomo II, pág. 409; Labatut Glena, op. et ed. cits., tomo
II, págs. 113-114; Etcheberry Orthusteguy, op. et ed. cits., tomo IV, pág. 269.
323 Nuestro Código [...] decreta castigos que tienen diferentes grados, y en que por consiguiente
cabe mayor o menor severidad, según las circunstancias. ¿No indica todo esto
que se han de formar procesos, y que han de ser los tribunales comunes los que impongan
estas agravaciones de penas?. Op. cit., pág. 493.
147

148
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
por parte de los evadidos, que es lo que demandan otros ordenamientos
para reprimirla. 324
Ahora bien, el detenido y el sujeto a prisión preventiva que se evaden
no cometen delito alguno, 325 pero sí quienes se hacen culpables de connivencia
en la evasión de detenidos, presos o condenados, los substraen de
donde se hallaren o facilitan su liberación. Gustavo Labatut resume de
modo muy preciso los preceptos del Código sobre el particular (artículos
299-304), que reprimen “al empleado público culpable de connivencia
en la evasión de un preso o detenido cuya conducción o custodia le estuviere
confiada; al particular culpable del mismo hecho respecto de un
preso o detenido de cuya conducción o custodia estuviere encargado [...];
a los que extrajeren de las cárceles o establecimientos penales a alguna
persona presa o detenida en ellos o les proporcionaren la evasión; a los
que fuera de los establecimientos penales substrajeren o facilitaren la fuga
de presos o detenidos violentando [...] o sorprendiendo a los encargados
de conducirlos o custodiarlos; y a los guardianes, sean o no empleados
públicos, cuando la evasión se efetúa por su descuido culpable”. 326 En el
fondo, este sistema refleja cabalmente los criterios clásicos. 327 De sus pe-
324 El Decreto 518, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de 21 de
agosto de 1998, que contiene el Reglamento de establecimientos penitenciarios,
reputa infracción grave el intento, la colaboración o la consumación de la fuga, y la
sanción puede consistir en el encierro en celda solitaria por un período no superior
a quince días, o de hasta cuatro fines de semana, o bien en la privación de toda
visita o correspondencia durante un mes (arts. 78, d, y 81, párrafo final). Afortunadamente,
la jurisprudencia no admite la acumulación del castigo disciplinario a
la pena de incomunicación, y abona aquél a ésta.
Para España, véase la paralela crítica de Muñoz Conde, Derecho penal. Parte especial,
8ª ed., cit., pág. 730.
325 Conformes, Labatut Glena, op. et ed. cits., tomo II, pág. 113, y Etcheberry Orthusteguy,
op. et ed. cits., tomo IV, pág. 267. Antiguamente, el quebrantamiento de la
orden de arraigo por un detenido o procesado que gocen de libertad provisional, era
considerado delito, en el artículo 305 bis D del Código de procedimiento penal.
326 Op. et ed. cits., tomo II, pág. 113.
327 Carrara, basado en los prácticos del Derecho común, empleó los términos eximir,
que significa liberar, y eximición para referirse al delito en que incurre el que arrebata
a la justicia una persona sobre la cual ésta había puesto sus manos, que puede

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
culiaridades, es criticable el régimen de las penas principales, que se gradúan
conforme a la que esté cumpliendo el sentenciado o la que correspondería
al preso o detenido, rebajándose en dos o más grados. El afán
de proporcionar las puniciones “según la criminalidad de aquel a quien se
favorece” —en el ditirambo de Pacheco a la anticuada técnica 328 —, si
obedece a la concepción de ser éstas, en general, actividades de participación
en actos ajenos, compromete la autonomía del delito y lo asocia al
régimen del encubrimiento, a pesar de que desde el punto de vista de la
Administración de Justicia y la eficacia de sus pronunciamientos, da exactamente
lo mismo la entidad del ilícito cometido por el sujeto cuya evasión
se procura. Aquí sólo cuenta la necesidad de discriminar las penalidades
conforme a la importancia de la resolución cuya autoridad queda burlada
con la fuga (sentencias condenatorias, por un lado, y simples mandatos de
detención o prisión, por el otro). En lo demás, el régimen de la evasión de
detenidos suscita una serie de interesantes cuestiones sistemáticas y concursales,
que por comodidad expositiva remitimos a una nota. 329
valer como noción preliminar de este espectro de ilicitudes. Op. cit., t. V, 1993, cfr.
pág. 388. Binding, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, ed. cit., t. II,
segunda parte, cfr. pág. 588, completó la noción al distinguir las formas genéricas
de quebrantar el estado de preso, a saber: a) procediendo con la voluntad de quienes
custodian al detenido, o b) actuando contra o sin la voluntad de aquellos a los
que se ha confiado dicha custodia. A la primera pertenecen, en Chile, la connivencia
de los guardianes en la evasión (artículo 299) y el descuido culpable de los
custodios que da lugar a la fuga (art. 302), que son delitos propios. A la segunda,
una pareja de delitos comunes: la extracción de condenados o presos de los establecimientos
penales en que se hallen, o facilitamiento de su evasión (art. 301, párrafo
uno), que evoca la effractio carceris de que discurrieron los autores del pasado, y la
substracción o fuga facilitada en otros lugares, que se corresponde con la eximición
propiamente dicha de Carrara (art. 301, párrafo dos).
328 Op. cit., pág. 862.
329 Para reducir la eximición al lugar que le es congruente en el sistema del Derecho
penal y, con esto, aislar su objeto jurídico y su sujeto pasivo, es imperioso establecer
el presupuesto básico del delito, o sea, la situación jurídica del sujeto al que se
liberta. Mas hay que tener presentes, también, las eventuales y autónomas responsabilidades
del evadido, ya que eximición y evasión pueden figuran alternativamente
como fenómenos principales o bien como epifenómenos de una actuación ajena.
El mérito de haber fijado aquel presupuesto corresponde de nuevo a los clásicos del
siglo XIX. Todos los casos de quebrantamiento de la prisión —escribió Binding— se
149

150
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
3. Sinopsis de la protección penal de la Administración de Justicia en
el Código nicaragüense.— “En Nicaragua, como en todos los países de
Hispanoamérica, la tradición española se dejó sentir con fuerza en sus
subordinan a dos exigencias previas. Primero, la real existencia de una detención, lo
que implica que el órgano público tiene que haberse enseñoreado de una persona, en
el sentido de mantener efectivamente limitada su libertad ambulatoria. De ello se
desprenden varias consecuencias: 1) la detención de un delincuente flagrante por un
particular no basta, por cuanto éste “obra como negotiorum gestor del Estado; tiene
la facultad de detener, pero no la capacidad de generar un derecho estatal de detención”
(Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, ed. cit, t. II, segunda parte,
pág. 585); 2) hasta el instante en que se constituya ese real estado de detención, la
empresa encaminada a procurar la fuga de un sospechoso tampoco satisface las condiciones
de procedencia de este delito, sino las del favorecimiento personal, que en
Chile se pune como una participación en el delito que perpetró el autor (artículo 17,
números 3º y 4º). Por modo que evasión de detenidos y favorecimiento personal se
comportan entre sí como dos círculos tangentes. Los bordes de sus campos de aplicación
se tocan sin cruzarse, lo que determina que entre ellos se verifique, no una relación
de especialidad (como piensan, entre otros, Rodríguez Devesa, Encubrimiento,
en loc. et vol. cits., cfr. pág. 466, y Welzel, op. et ed. cits., cfr. pág. 597), sino una
relación de exclusión; 3) durante el procedimiento de detención, esto es, mientras ésta
no termine con el aseguramiento del detenido, tampoco habrá evasión, sino los delitos
de atentado o de resistencia contra la autoridad (art. 261, número 2º) en quienes
pretendan con violencia o intimidación arrebatar al detenido de la mano de los agentes
públicos (así, también, Antolisei, op. et ed. cits., t. II, cfr. pág. 949); 4) la subsistencia
del estado de prisión no está definida por una cuestión espacial, sino por otra de
carácter jurídico: la custodia. Estar preso no implica necesariamente permanecer encerrado
entre cuatro paredes; y así, la llamada prisión móvil, esto es, la del individuo
al que se conduce custodiado fuera del establecimiento penal, para que comparezca en
juicio, se le atienda en un hospital o por otro motivo, es nada más que una expresión
fáctica del estado jurídico de detención (cfr. Eser, en Schönke y Schröder, op. et ed.
cits., pág. 1.054), y 5) viceversa, la posibilidad de cometer el delito de evasión de
detenidos desaparece cuando el condenado goza de un beneficio penitenciario o la
libertad condicional, puesto que en estas y otras situaciones de prisión abierta no hay
ya una custodia efectiva sobre él, y el que confía en su libertad, o sea, la Administración
penitenciaria, tiene que correr el riesgo correspondiente.
La segunda exigencia se refiere a la licitud de la detención, y es uno de esos aspectos
en que resplandece el espíritu liberal de los Códigos y penalistas decimonónicos.
Enseña Binding que el estado de detención tiene que representar la realización de
un derecho a instituirlo. Si es inadmisible sostener que toda captura contraria a

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
primeras leyes”. 330 Los Códigos de 1879 y 1891 reproducen, en general,
las disposiciones del español de 1870, cuyos prestigio y difusión en los
países americanos fueron en su momento ingentes. 331 Con ello, Nicaragua
quedó adscrita al sistema de regulación no autónoma de los delitos
contra la función jurisdiccional del Estado, en la versión hispánica que
nos es conocida. Los Proyectos de reforma total de 1943 y 1951 perseveraron
en la orientación clásica, sobre todo el último, que precisamente por
su anacronismo dio motivo a un severo juicio de Jiménez de Asúa. 332
Cuando Costa Rica encabezó la reforma penal centroamericana con su
Código de 1971, Nicaragua no tardó en seguir al vecino país, dándose
uno nuevo en reemplazo del decimonónico. Pero el texto sancionado por
la Asamblea Nacional Constituyente el 16 de enero de 1974 tampoco
representa una ruptura de la tradición. La influencia ibérica sigue siendo
perceptible en él, particularmente a propósito del tema que nos ocupa.
Sólo la Ley número 419, aprobada el 11 de junio de 2002, vino a introducir
una modificación de envergadura, al trasladar al libro II, y, por
tanto, a la Parte especial, el encubrimiento, como luego se dirá.
Derecho sea incapaz de cimentar un derecho de detención, ya que para éste es
suficiente la legalidad formal del acto —no así, además, su legitimidad intrínseca—
, tanto más intolerable sería la afirmación de que la policía puede detener a quien
quiera que sea, y cómo y cuándo le plazca. La detención de una persona bajo todo
punto inocente, o sin sujetarse quienes le apresan a las formalidades que prescribe
la ley, “configura una agresión antijurídica contra el detenido y le faculta para la
legítima defensa en toda la extensión de este derecho”, tanto más cuanto que aquí
están en tela de juicio un secuestro o, en su caso, una detención arbitraria (artículos
141 y 148, respectivamente, del Código). Por idéntica razón, liberarle de una
detención meramente fáctica, desprovista de sustento jurídico formal, empleando
en la medida adecuada los medios para conseguir la evasión, jamás será delictiva
(op., ed. et vol. cits., cfr. pág. 586; así, también, Carrara, op. et vol. cits., cfr. pág.
393: el encerrado sin orden legítima, por abuso de algún funcionario público, no
debe ser castigado si se evade, como tampoco sería conveniente castigar a quienes le
ayuden en la fuga).
330 Jiménez de Asúa, op. et ed. cits., t. I, pág. 1.183.
331 Cfr. Zaffaroni, Los Códigos penales de Latinoamérica, en el volumen homónimo
editado por la Suprema Corte de Justicia de México y el Instituto Latinoamericano
de las Naciones Unidas para la Prevención del delito y el Tratamiento del delincuente.
México, 2000, págs. (15-132) 57.
151

152
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Hay que consignar, empero, que el Código destina una rúbrica a los
delitos contra la Administración de Justicia, que corresponde al capítulo
II, título VII, del libro II. La designación general acordada al título VII
reza: “delitos contra la Administración pública”. Queda así sugerida la
dependencia de la primera categoría respecto de la última en la mente de
los redactores y, posiblemente, la influencia del Código argentino, que ya
se había dejado sentir en los anteriores proyectos nicaragüenses. Por lo
demás, esta sedicente autonomía de los delitos contra la Administración
de Justicia tampoco es prenda de rigor sistemático. Aquellos que el Código
subordina a la última denominación, en los artículos 351-365, giran
en torno al falso testimonio, el perjurio, la denuncia o acusación falsas,
algunas hipótesis de evasión de detenidos y, ahora, el encubrimiento. Diversos
atentados contra la jurisdicción moran en otros pasajes, sobre todo
el título VIII (delitos peculiares de los funcionarios y empleados públicos),
333 e incluso al interior del capítulo en palabra hay delitos mal emplazados:
la violación de sellos (art. 351) y la violación de prerrogativas (art.
364), que ofenden el funcionamiento de la Administración en general y
la libertad de procesamiento, respectivamente.
El apoderamiento violento o conminatorio de una cosa perteneciente
a su deudor para hacerse el acreedor pago con ella, constituye en Nicaragua
una contravención (art. 556, número 1°), que en la economía del
libro III aparece rotulada como falta contra la propiedad. Es la única
descripción típica de ejercicio arbitrario de las propias razones, como en
Chile. El régimen de la usurpación de atribuciones judiciales también
está calcado de la matriz española, en el artículo 367, con redacción,
problemas y limitaciones idénticos a los que consignamos acerca del Código
chileno. Más nutrido es el número de los delitos consistentes en in-
332 “Este proyecto es una desafortunada síntesis del Código penal de España y del de
la Argentina, sin la menor muestra de novedad [...] En la parte nueva la redacción
es inelegante. Y la obra no merece aprecio alguno”. Op. et ed. cits., t. I, pág.
1.185.
333 El epígrafe y contenido de este título, confrontado con el séptimo, manifiestan en la
estructura del Código una disociación poco justificada de la Administración pública
como objeto de tutela, así como la supervivencia, de raíz hispánica, de unos
delitos sistematizados según la investidura oficial del sujeto activo.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
fringir órganos y sujetos de la jurisdicción sus deberes particulares hacia
ella. Aparte de la omisión punible en que incurren los facultativos que,
notando en una persona o un cadáver señales de envenenamiento o delito,
no dieren cuenta del hecho a la autoridad competente (art. 558, 7°), que
es tradicional, solicita interés la contravención del artículo 562, que lleva
el titulillo de “morosidad o negligencia” y de la que responden los empleados
fiscales, representantes del Ministerio Público, o defensores de oficio
que no interpongan las apelaciones o recursos legales, no pidan o presenten
las pruebas pertinentes, no hagan uso de derechos de recusar o tachar testigos,
no acusen los delitos que les corresponda acusar, no se presenten en los
jurados para alegar y omitan cualquier trámite que pueda perjudicar a su
representado. Se trata de una variante privilegiada de la prevaricación,
siendo dudosa su incompatibilidad con el dolo —como parece desprenderse
del rótulo— y aún más la vaporosa apertura con que concluye el
período. 334 El prevaricato como delito, a su turno, reconoce múltiples
especies, en el capítulo II del título VIII, pero las hay adicionales que
yacen escondidas bajo otros títulos de imputación: el abuso de autoridad
(art. 369), la morosidad y negligencia de los empleados públicos (art.
383) y los delitos en la secuela y decisión de los juicios (arts. 385 y 386).
La prevaricación judicial propiamente dicha asume dos modalidades,
dolosa y culposa, en los artículos 371, número 1° (el magistrado o juez
que conoce, juzga o resuelve contra ley expresa, por soborno, interés personal
o afecto o desafecto a alguna persona o corporación), y 385 (cuando,
sin malicia, diere sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva,
contra ley expresa y terminante, causando ejecutoria). 335 Las demás
especies de prevaricación judicial requieren dolo, para el juez que impone
penas sin precedente juicio, hace sufrir penas diferentes a las designadas
334 En todo caso, servirán de límite al “indicio” de injusto, como causas de justificación,
las necesidades de la defensa, en el sentido del legítimo ejercicio de un oficio o
cargo y de la omisión por causa legítima, eximentes contempladas en el artículo 28,
números 9° y 11°.
335 No parece propio de un Código penal el precepto siguiente, en el artículo 386, que
ordena al superior del juez que procedió o falló contra Derecho en casos dudosos y
por puro error de apreciación, amonestarle o multarle. Es más, esta responsabilidad
disciplinaria tampoco exige claramente una culpa reprochable en el sentenciador.
153

154
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
por la ley o no otorga la libertad que debió decretar a un detenido o preso
(art. 369, números 2°, 3° y 4°); conoce en causa que patrocinó como
abogado, da consejo a alguno de los que litigan ante él sobre negocios
pendientes en su tribunal, 336 se niega a juzgar so pretexto de obscuridad o
insuficiencia de la ley, o entra en relaciones carnales o amorosas con alguna
de las partes del juicio o sus consanguíneos directos (art. 371, números 2°,
3°, 4° y 5°). A su vez, la prevaricación políticoadministrativa atañe a los
funcionarios competentes que, por malicia o negligencia inexcusables, y faltando
a las obligaciones de su oficio, teniendo noticia de que en su jurisdicción
existen malhechores, no tomaren inmediatamente las disposiciones que
estuvieren en sus atribuciones para que se les persiga, o no procediesen a la
persecución o aprehensión de los delincuentes, después de requerimiento o
denuncia formal hecha por escrito o de palabra (art. 383). En fin, prevarican
los abogados, procuradores o defensores que aconsejen, representen o
defiendan simultánea o sucesivamente a partes contrarias de una causa, y el
abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio perjudiquen a
su cliente o descubran sus secretos (arts. 373, numero 1°, y 376).
Nicaragua está libre de las restricciones chilenas del testimonio falso.
Son sujetos activos de la infracción los testigos, peritos, intérpretes y traductores
que afirmen una falsedad u oculten en todo o en parte la verdad (art.
353). En cambio, no son felices la punición talional del falso testimonio
rendido en causas criminales, el castigo de quien intenta sin éxito corromper
al testigo337 y que se persista en sancionar el perjurio (art. 365). 338 La
protección del impulso procesal deja tanto que desear como en Chile. No
hay huella en el Código de la simulación de delito y el fraude procesal. Sólo
336 Interesante es que el artículo 373 considere prevaricato que un secretario judicial
defienda o aconseje a alguno de los litigantes.
337 Con arreglo al artículo 354, el que ofrezca una dádiva o ventaja para que otro
cometa falso testimonio, sufre pena también cuando éste declinó la oferta o, aceptándola,
no mintió en su declaración. Estas son inducciones fracasadas —a las que
hay que añadir el soborno de miembros del jurado, en el art. 360—. El Código
reprime incluso al que se “ocupare” de ofrecer testigos falsos (art. 355), en lo que
cabe divisar, antes que una actuación aislada, un tipo de autor.
338 La tenue penalidad del perjurio —arresto de dos a seis meses— demuestra la mala
conciencia del legislador al respecto.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
conoce la acusación o denuncia falsas, cuyas condiciones de procedencia
están reguladas con lujo de detalles (artículos 356-359).
En los entorpecimientos a la judicatura el Código se muestra remozado
merced a la modificación de 2002, que venció finalmente el noli me
tángere del encubrimiento, a la sazón enclavado en la Parte general. El
encubridor abandona su papel de partícipe en el delito encubierto. Es de
notar, sin embargo, que el tenor del antiguo artículo 22 no fue lisa y
llanamente vaciado en el actual artículo 352 bis. Por lo pronto, el favorecimiento
personal mejora la fórmula anterior. Consiste en ayudar a los
presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad
o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, no siendo necesario
que intervenga abuso de funciones públicas por parte del encubridor ni
ser el individuo encubierto reo habitual de delitos graves, como antes sucedía.
El favorecimiento real, por quien oculte, altere o inutilice los bienes,
efectos o instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento,
no se solapa con una modalidad de obstrucción a la Justicia que la reforma
mantuvo en pie. 339 Los problemas van más bien por el lado de la
receptación. El artículo 22 se refería a ella al modo español, encapsulando
tanto la receptación propiamente dicha como el complemento. Sólo el
último aparece ahora como tipo independiente, en el sentido de auxiliar a
los autores o partícipes para que se beneficien del provecho, producto o
precio del delito. Inexplicablemente, falta toda referencia al genuino receptador,
como no sea el artículo 278, que se contrae a los compradores de
cosas hurtadas o robadas. Además, si el artículo 22 se cuidó de no extender
a la receptación, propia o ajena, la eximente de encubrir a parientes
próximos o al cónyuge, el artículo 352 bis la hace aplicable a todo encubridor,
340 a pesar de que los motivos que impulsan al que apoya el prove-
339 En ella se substrae, oculta o destruye objetos destinados a comprobar el delito (art.
352), como pueden ser una preparación química, una muestra de sangre o un
protocolo médico forense. O sea, el objeto material de la infracción no son pruebas
directas del maleficio, como en el favorecimiento real.
340 El apartado 6 expresa: Los encubridores de su cónyuge o de personas a quien [sic] se
hallen ligados en unión de hecho estable, de sus ascendientes, descendientes, hermanos
y hermanas [¿no era suficiente decir: hermanos?] están exentos de responsabilidad
criminal.
155

156
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
cho económico de la persona encubierta son indignos de la excusa. Estas
observaciones bastan para precaver al lector de los ripios técnicos que
maculan la ley modificativa.
Finalmente, los actos que obstaculizan o impiden el cumplimiento de
las resoluciones judiciales. El quebrantamiento de condena o detención
está escindido entre las Partes general y especial del Código. Los artículos
93 y 94, en el libro I, sancionan al reo que se fuga durante el cumplimiento
de la pena con la agravación de ésta en una tercera o cuarta parte.
Esto resulta desproporcionado, máxime considerando que los medios de
ejecución empleados por el evadido son irrelevantes en la figura legal y
que, por el contrario, el simple detenido tiene que fugarse usando violencia,
fractura o escalando el edificio para responder del delito del artículo
95. Mientras es un acierto del codificador nicaragüense haber previsto,
allí mismo, una excusa absolutoria para el detenido o condenado que se
presenten voluntariamente en cualquier momento posterior a la evasión
—reserva hecha de las penas que merezcan por los actos de violencia
verificados con el quebrantamiento—, luego el artículo 361, en pleno
libro II, impone pena menor a una situación en su esencia igual a la descrita
en el artículo 95, generando así una antinomia lógica y axiológica en
verdad absurda. De su lado, la evasión de detenidos se subordina en la
Parte especial a un régimen bifronte, según la calidad del tercero que los
libera o permite la fuga, funcionario o mero particular. En el plan del
Código, delinque contra la Administración de Justicia el particular que
favorece la evasión de detenidos o condenados, aunque acto seguido se
eleve la pena cuando los hechores sean funcionarios (art. 362) y se castigue
la evasión producida por “descuido, negligencia o culpa” de éstos (art.
363). La “infidelidad en la custodia de los presos”, en el capítulo VII del
título VIII, delito peculiar de los empleados públicos, tiene como agentes
a los alcaides y demás personas encargadas de la guarda de presos, detenidos
o sentenciados, que faciliten, toleren o disimulen su fuga o la introducción
de armas o instrumentos para que la evasión se perpetre (art.
390). 341 Parejamente al Código chileno, la punición de la connivencia de
341 Hay una modalidad culposa, pero sólo para el favorecimiento de la evasión.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
los celadores se gradúa con arreglo a la pena que sufre o sufriría el fugitivo
(arts. 391 y 393). Si en ello pulsan reminiscencias del pasado, que sería
menester erradicar de una vez por todas, más cuestionable todavía nos
parece el mandato de la ley en orden a que el funcionario que facilitó la
fuga —incluso culposamente— deba además responder como deudor
solidario de todas las condenaciones pecuniarias a que esté o deba estar
sujeto el prófugo (art. 395). Esto ningún vínculo tiene con las responsabilidades
civiles nacidas del delito encubierto, hace tabla rasa del sentido de
la tutela, que es proteger la autoridad de las resoluciones en lo penal, no
los intereses pecuniarios del ofendido, y mucho se parece a una forma
aberrante de imputación. 342
342 La insólita gravedad de esta sanción accesoria se acrecienta teniendo presente que
puede afectar también al particular encargado de la conducción o custodia del preso,
que le libera o favorece su evasión (art. 394).
157

158
A) TESIS
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
OBRAS DEL AUTOR
1. El delito de amenazas en los Derechos español y chileno y en el
Derecho comparado. Tesis doctoral, calificada de APTA CUM LAUDE POR
UNANIMIDAD, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
Madrid, 1997.
2. Riflessioni sulla Criminologia critica in Italia. Tesis de especialización
en Derecho penal y Criminología, calificada de SUMMA CUM LAUDE,
por la Universidad La Sapienza, de Roma, 1991.
B) LIBROS
3. Contrabando y fraude aduanero. Edeval, Valparaíso, 1998. 118
páginas.
4. El delito de amenazas. Editorial Jurídica ConoSur, Santiago de
Chile, 1999. VI + 538 páginas.
5. Introducción a los delitos contra la Administración de Justicia. (Objeto,
sistema y panorama comparativo). Área de publicación del Instituto
Centroamericano de Estudios Penales de la Universidad Politécnica de
Nicaragua (APICEP), Managua, 2005. 166 páginas.
C) PROGRAMAS
6. Programa analítico del curso de Introducción al Derecho. Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, Antofagasta,
1994. 17 páginas.
7. Programa analítico de Derecho penal, del prof. Dr. Manuel de
Rivacoba y Rivacoba. Cuarta edición, revisada y actualizada por el prof.
Dr. José Luis Guzmán Dalbora. Edeval, Valparaíso, 1997. 268 páginas.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
8. Programa analítico de Filosofía del Derecho. Edeval, Valparaíso,
1997. 17 páginas.
D) COLABORACIONES EN LIBROS COLECTIVOS Y DE HOMENAJE
9. Consideraciones críticas sobre el Reglamento penitenciario chileno.
En el volumen De las penas, Homenaje al profesor Isidoro de Benedetti,
Depalma, Buenos Aires, 1997, págs. 271-279. Antes, en la revista Gaceta
Jurídica, de Santiago de Chile, número 168, junio de 1994, págs. 12-17.
10. De la extinción de la responsabilidad penal. En el volumen Texto
y comentario del Código penal chileno. Tomo I (único publicado), Editorial
Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2002, págs. 433-487.
11. El delito de maltrato de animales. En el volumen La ciencia del
Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor don
José Cerezo Mir, Tecnos, Madrid, 2002, págs. 1.319-1.349, y en la Revista
de Derecho penal, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo,
número 13 (Número especial en homenaje a Adela Reta), diciembre
de 2002, págs. 85-110.
12. La actividad libre de valoración jurídica y el sistema de las causas
de justificación en el Derecho penal. En el volumen El penalista liberal.
Controversias nacionales e internacionales en Derecho penal, procesal
penal y Criminología. Homenaje a Manuel de Rivacoba y Rivacoba.
Hammurabi, Buenos Aires, 2004, págs. 441-455.
13. La Administración de justicia como objeto de protección jurídica.
(Observaciones preliminares a los delitos que la ofenden). En el volumen
Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam. 2 vols. Ediciones
de las Universidades de Castilla-La Mancha y de Salamanca, Cuenca,
2001, t. II, págs. 229-250; antes, en el volumen La Administración
de justicia en los albores del tercer milenio, Editorial Universidad, Buenos
Aires, 2001, págs. 113-139.
14. La insignificancia: especificación y reducción valorativas en el
ámbito de lo injusto típico. En el volumen Modernas tendencias del Derecho
en América latina, Grijley, Lima, 1997, págs. 563-622. Antes, en la
Revista de Derecho penal y Criminología, de Madrid, número 5, 1995,
págs. 491-543, y en la Revista brasileira de ciências criminais, de São
Paulo, año 4, número 14, abril-junio de 1996, págs. 41 y ss.
159

160
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
15. La teoría de los tipos abiertos y el delito de amenazas. En el
volumen Homenaje al profesor Dr. Jorge Frías Caballero, Colegio de Abogados
del Departamento Judicial de La Plata, La Plata, Argentina, 1998,
págs. 179-226.
16. Persecución penal nacional de crímenes internacionales en Chile.
En el volumen Persecución penal nacional de crímenes internacionales en
América latina y España. Prólogo de Albin Eser y Helmut Kreicker.
Edición de Kai Ambos y Ezequiel Malarino, Konrad-Adenauer-Stiftung,
Montevideo, 2003, págs. 163-200.
17. Política criminal y reforma penal en Chile (1991-1995). En el
volumen Política criminal y reforma penal, Editorial Jurídica ConoSur,
Ltda., Santiago de Chile, 1996, págs. 43-65.
18. Un ejemplo de coherencia: Manuel de Rivacoba y Rivacoba. En
El penalista liberal, cit., págs. 47-52.
E) FOLLETOS
19. El problema de la reeducación del condenado en el Estado contemporáneo.
Prelusión leída en el Acto de Inauguración del Año Académico
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta,
Antofagasta, 1993. 21 páginas.
F) ARTÍCULOS EN REVISTAS Y DIARIOS
20. Acerca de la necesidad de jurisdiccionalizar el régimen penitenciario
chileno. En el diario El Mercurio, de Antofagasa (Chile), el día 5 de
junio de 1995.
21. Apreciación y reprobación de la reforma de los delitos contra la
honestidad en Chile, en el Anuario de Derecho penal, de Lima, 1999-
2002, págs. 201-244, y en el Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad de Antofagasta, 2000, págs. 127-172.
22. Bien jurídico y norma de cultura: revisión de la teoría de Max
Ernst Mayer. En la Revista de Derecho penal y Criminología, cit., número
3, 1993, págs. 227-240.
23. Crisis y pervivencia de las exigencias humanizadoras del Derecho
penal en la cuestión de los menores, en la revista Gaceta Jurídica, cit.,
número 239, mayo de 2000, págs. 10-20.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
24. Del bien jurídico a la necesidad de la pena en los delitos de asociaciones
ilícitas y lavado de dinero, en la Revista brasileira de ciências criminais,
cit., año 8, número 30, abril-junio de 2000, págs. 11-30.
25. Del concepto a la función de la pena en el pensamiento de Manuel
de Rivacoba y Rivacoba, en la revista Cuadernos de Criminología, de
Santiago de Chile, número 11, 2002, págs. 77-88, y en el Anuario de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, cit.,
2001, págs. 137-149.
26. Diagnóstico y perspectivas del binomio judicialización-jurisdiccionalización
en el cumplimiento de las penas privativas de la libertad. En la
Revista brasileira de ciências criminais, cit., año 6, número 22, abril-junio
de 1998, págs. 347-359. Antes, en la revista Gaceta Jurídica, cit., número
212, febrero de 1998, págs. 83-93.
27. Dignidad humana y moderatio en la legítima defensa. (Notas
sobre una interpretación restrictiva de la institución). En la Revista de
Derecho penal y Criminología, cit., número 4, 1994, págs. 359-396.
28. El derecho al ocio. En el diario El Mercurio, cit., el día 27 de
diciembre de 1993.
29. El Derecho penal chileno ante el contagio de enfermedades de
transmisión sexual. En la revista Gaceta Jurídica, cit., número 180, junio
de 1995, págs. 7-12.
30. El nuevo Código penal del Paraguay (1997). En la revista Direito
e cidadania, de Praia, Cabo Verde, año 2, número 4, julio-octubre de
1998, págs. 53-90, y la Revista de Derecho penal y Criminología, cit., 2ª
época, número 4, julio de 1999, págs. 621-660.
31. El nuevo Código penal del Perú (1991). En la revista Doctrina
penal, de Buenos Aires, año 14, números 55-56, junio-diciembre de 1991,
págs. 631-731.
32. El robo por sorpresa y la actividad del carterista, en la revista
Gaceta Jurídica, cit., número 236, febrero de 2000, págs. 108-113.
33. Exposición y crítica de una reducción del Derecho penal. En el
Anuario de Filosofía Jurídica y Social, publicación de la Sociedad Chilena
de Filosofía Jurídica y Social, número 11, 1993, págs. 209-228.
161

162
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
34. Jurisdicción penal para crímenes internacionales en América Latina,
en colaboración con Kai Ambos y otros. En la Revista penal, publicación
de las Universidades de Huelva, Salamanca, Pablo de Olavide y
Castilla-La Mancha, número 10, julio de 2002, págs. 130-160.
35. La Filosofía del Derecho y el Derecho penal. En la revista Ho no
rinon (Teoría del Derecho), de Tokyo, número 16, 1996, págs. 373-375.
36. La violencia, como insidia. En el diario El Mercurio, cit., el día
primero de julio de 1993.
37. Luz y sombras en la nueva disciplina de la receptación en el Código
penal chileno. En la revista Gaceta Jurídica, cit., número 188, febrero
de 1996, págs. 73-87.
38. Noción, punibilidad y crítica del denominado ‘acoso sexual’. En
la revista Gaceta Jurídica, cit., número 218, agosto de 1998, págs. 34-42.
39. Nuevos substitutivos de las penas cortas de privación y de restricción
de la libertad en Chile. En la revista Doctrina penal, cit., año 7,
número 27, julio-septiembre de 1984, págs. 583-594.
40. Objeto jurídico y accidentes del delito de asociaciones ilícitas. En
la Revista de Derecho penal y Criminología, cit., 2ª época, número 2,
julio de 1998, págs. 153-207.
41. Orientaciones político-criminales y reforma constitucional. En el
Anuario de Derecho constitucional latinoamericano, de Montevideo, Konrad-Adenauer-Stiftung,
año 10, 2004, 2 vols., t. II, págs. 801-813.
42. Percepción social de la criminalidad. En el diario El Mercurio,
cit., el día 5 de octubre de 1993.
43. Plena capacidad para los menores adultos. Ibídem, el día 10 de
junio de 1993.
44. ¿Por qué la vida universitaria? Esbozo de una respuesta personal.
En Impronta Académica, publicación de la Dirección de Docencia de la
Universidad de Antofagasta, Antofagasta, 2003, págs. 18-23.
45. Problemas penales de la tutela jurídica del acervo de cultura de la
comunidad, en la revista Direito e cidadania, cit., año 3, número 9, marzo-junio
de 2000, págs. 47-67, y en Derecho, Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa,
nueva era, año 2, número 2, noviembre de 2000, págs. 231-245.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
46. ¿Punto final o de suspenso? En el diario El Mercurio, cit., el día
17 de junio de 1993.
47. Relaciones del Derecho penal con el Derecho constitucional, y su
concreción en la Constitución política chilena (1980). En el Anuario de
Filosofía Jurídica y Social, cit., número 12, 1994, págs. 165-199.
48. Supresión de viejos delitos. En el diario El Mercurio, cit., el día 8
de julio de 1993.
49. Tendencias actuales de la Criminología en Italia. En la revista
Cuadernos de Criminología, cit., número 1, septiembre de 1993, págs.
23-35.
50. Tres problemas del sistema chileno de los delitos contra la Administración
pública, en el Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad de Antofagasta, cit., 1997, págs. 1-15.
51. Una especial versión del autoritarismo penal en sus rasgos fundamentales:
la ‘doctrina’ de la seguridad ciudadana. En Revista brasileira
de ciências criminais, cit., año 11, enero-marzo de 2003, págs. 66-
78. Adelantado en Direito e cidadania, cit., año V, número 15, mayo
de 2002, págs. 9-22, y en Gaceta Jurídica, cit., número 265, julio de
2002, págs. 7-17.
52. Una reforma penal para Chile. En el diario El Mercurio, cit., el
día 27 de octubre de 1993.
G) ESTUDIOS PRELIMINARES, PRÓLOGOS Y EPÍLOGOS
53. Epílogo a la obra de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Hacia
una nueva concepción de la pena. Grijley, Lima, 1995.
54. Estudio preliminar al Discurso sobre las penas de Manuel de
Lardizábal y Uribe: Manuel de Lardizábal o el pensamiento ilustrado en
Derecho penal, por Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Con la colaboración
de José Luis Guzmán Dalbora. Ararteko, Vitoria-Gasteiz, 2001.
55. Prólogo: La teoría de las normas de cultura en la vida del autor y
en la ciencia penal de hoy, a la obra de Max Ernst Mayer, Normas jurídicas
y normas de cultura. Hammurabi, Buenos Aires, 2000.
163

164
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
56. Prólogo a la obra de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Violencia
y justicia. Textos escogidos por sus alumnos. Epílogo de Eugenio Raúl
Zaffaroni. Editorial de la Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 2002.
57. Prólogo a la 4ª edición de la obra de Raúl Peña Cabrera, Código
penal comentado y leyes complementarias. Editorial San Marcos, Lima,
1995.
58. Prólogo a la obra de Joel Rojas Araya y Marcelo Bravo Valenzuela,
Actividad y elementos típicos del delito de abusos sexuales. Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, Serie Tesis de
grado, número 1, Antofagasta, 2002.
59. Prólogo a la obra de Berthold Freudenthal, Culpabilidad y reproche
en el Derecho penal. Editorial I. B. de F., Montevideo-Buenos Aires,
2003.
H) RECENSIONES
60 a 78. En Doctrina penal, cit., Gaceta Jurídica, cit., Revista de
ciencias penales, de Corrientes, y el diario La Ley, de Buenos Aires.
I) TRADUCCIONES
I.Del alemán:
79. Culpabilidad y reproche en el Derecho penal, por Berthold Freudenthal.
Traducción y Prólogo, cit.
80. La aceptación por el abogado defensor de honorarios ‘maculados’:
¿Lavado de dinero? (Intentos de restricción del tipo penal de lavado —
blanqueo— de dinero a la luz de los Derechos internacional y extranjero),
por Kai Ambos. Traducido en colaboración con Dino Carlos Caro Coria,
en El penalista liberal, cit., págs. 55-94.
81. La posición juridicopública del preso, por Berthold Freudenthal.
En la Revista peruana de ciencias penales, de Lima, número 13, 2003,
págs. 351-360.
82. Los fundamentos de la responsabilidad criminal en la reforma
del Código penal checo, por Adolf Dolenský. En el Anuario de la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, cit., 1998,
págs. 15-23.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
83. Normas jurídicas y normas de cultura, por Max Ernst Mayer.
Traducción y Prólogo, cit.
84. Problemas actuales de la legislación penal propia de un Estado de
Derecho, por Hans Joachim Hirsch. En El penalista liberal, cit., págs.
129-146.
85. Sobre el ejercicio abusivo de los derechos, por Winfried Hassemer.
En El penalista liberal, cit., págs. 111-127.
II. Del italiano:
86. El hecho desincriminante, por Fabrizio Ramacci. En El penalista
liberal, cit., págs. 921-930.
87. El problema penal, por Giuseppe Bettiol. Hammurabi, Buenos
Aires, 1995.
88. La estructura del ‘dolus eventualis’. (Distinción entre dolo eventual
y culpa consciente de cara a las nuevas fenomenologías de riesgo), por
Stefano Canestrari. En El penalista liberal, cit., págs. 863-904.
89. Pensamientos sobre la Política criminal, por Luciano Pettoello-
Mantovani. En El penalista liberal, cit., págs. 905- 919.
III. Del portugués:
90. De los delitos y de las penas en la obra de Gaetano Filangieri, por
Luiz Luisi. En El penalista liberal, cit., págs. 317-329.
91. El principio de intervención mínima, por Luiz Luisi. En el volumen
Política criminal y reforma penal, cit., págs. 7-24.
92. La figura de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, por Luiz Luisi.
En El penalista liberal, cit., págs. 39-41.
93. Norma penal, bien jurídico, principio de ofensividad y lineamientos
de la teoría constitucional del delito, por Luiz Flávio Gomes. En El
penalista liberal, cit., págs. 297-316.
94. Teoría de la imputación objetiva del resultado: una aproximación
crítica, por Luiz Regis Prado. En El penalista liberal, cit., págs. 331-
349.
165