Volumen nº 10 Diciembre 2008 - InterNatura

EDITORIAL
En el anterior número de Toll Negre intentábamos mostrar cómo estaba evolucionando la
legislación en materia de medio ambiente, y avanzábamos la conclusión de que este aumento
desmesurado de normativa no era condición necesaria ni suficiente para una mejor gestión de
nuestro territorio. Pues bien, un año después los hechos parecen indicar que la tendencia no sólo no
ha cambiado, sino que cada vez es más difícil encajar todas las disposiciones legales que se van
aprobando en los diferentes estamentos (Unión Europea, Reino de España y Comunidades
Autónomas).
Por ejemplo, en enero de este año el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó un Decreto que
regula la circulación de vehículos por terrenos forestales; que viene a prohibir el tránsito de
cualquier vehículo a motor por todas las pistas forestales de la Comunitat Valenciana. Es decir,
salvo las servidumbres de paso a que hubiera lugar, ningún vehículo a motor debería circular por
ninguna pista forestal. Además, el Decreto prohíbe expresamente la circulación nocturna por las
pistas forestales -salvo excepciones-, y prohíbe completamente el tránsito de algunos tipos de
vehículos (por ejemplo, quads), en este caso sin excepciones.
Sin entrar a discutir la pertinencia de estas prohibiciones, todo el que haya salido al campo en
cualquier lugar de la Comunitat Valenciana desde enero, habrá podido comprobar la nula aplicación
de éstas. Pero es que este Decreto del Consell lo que hace es desarrollar la Ley 43/2003 de Montes
(que es una norma básica estatal), y copia íntegramente su artículo 54 bis, en su punto 2: “La
circulación con vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras
quedará limitada a las servidumbres de paso que hubiera lugar, la gestión agroforestal y las
labores de vigilancia y extinción de las Administraciones Públicas competentes. Excepcionalmente,
podrá autorizarse por la Administración Forestal el tránsito abierto motorizado cuando se
compruebe la adecuación del vial, la correcta señalización del acceso, la aceptación por los
titulares, la asunción del mantenimiento y de la responsabilidad civil.” No conocemos con certeza
las repercusiones que ha tenido en otras comunidades autónomas este artículo de la Ley de Montes,
pero hasta donde nosotros sabemos no se ha aplicado en ningún lugar de la geografía estatal.
Ciertamente, no es el que nos ocupa un problema limitado a los temas relacionados con el medio
ambiente, aunque tal vez en este ámbito el ritmo al que aparecen nuevas leyes sea mayor que en
otros, y su grado de cumplimiento menor. Ya decía en 1640 Diego Saavedra Fajardo en su “Idea
de un príncipe político cristiano representada en cien empresas” que las leyes, cuando son muchas,
no causan sino complejidades y trastornos. Regirse por muchas leyes que cambian a menudo, hacen
que en algún momento cualquier ciudadano esté fuera de la ley. Por ejemplo, un amante de la
naturaleza que circule ahora mismo por una pista forestal, está infringiendo la normativa creada
para proteger esa naturaleza que él/ella piensa que respeta.
El problema se complica si añadimos otras variables, como la manera en que la Administración
difunde las nuevas normas y las modificaciones de las existentes, la falta de un criterio unificado en
los encargados de su aplicación, etc. Pensemos que algunas estadísticas hablan de 2500 nuevas
disposiciones anuales en los estados miembros de la UE, ya sean las emanadas directamente de la
propia UE o las trasposiciones obligatorias para cada estado.
El legislador, sin duda, intenta que la sociedad sea cada vez mejor y más justa. Sin embargo,
esta manera de legislar lleva al desprecio a las leyes, el despilfarro de recursos públicos y privados,
la aparición de un sentimiento de rencor contra la Administración, y la confusión y la angustia de
muchas personas al descubrir que son infractores.
4