elites, conflicto y narcotráfico en colombia - Otra Mirada del Conflicto

ELITES, CONFLICTO Y NARCOTRÁFICO EN
COLOMBIA
Resumen
1
Gina Paola Rodríguez 1
El presente artículo analiza el actual enfoque de
las políticas de seguridad colombiana y
norteamericana que tienen como premisa
fundamental la idea de que el narcotráfico
constituye el factor central a combatir con miras al
logro de la paz en Colombia, enfoque que ha
posibilitado dos políticas complementarias
concebidas a la luz de la diferenciación amigoenemigo.
De un lado, la confrontación y el
marginamiento, en tanto enemigo, de la guerrilla
(FARC – ELN) bajo la etiqueta de narcoterrorismo
imponiendo su periferización del marco políticoconstitucional.
De otra parte, la asimilación y
convalidación legal del paramilitarismo como
fenómeno concomitante con el narcotráfico, en
tanto amigo, permitiendo su inserción en el marco
político-constitucional y su reciclaje social de elites
regionales a elites “nacionales”, como parece
manifestarse en la actual Ley de “Justicia y Paz”.
Palabras clave: Narcotráfico, Conflicto armado,
Colombia, Ley de Justicia y Paz
1 Politóloga y candidata a Magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora de los
seminarios Ciudadanía y Multiculturalismo y Filosofía Política del Departamento de Ciencia Política de la
misma universidad. Este artículo hace parte de la investigación Capitalismo y narcotráfico: Nexos
estructurales dirigida por el profesor Oscar Mejía Quintana. Correo electrónico: gprodriguezm@unal.edu.co.

ELITES, CONFLICT AND DRUG TRAFFICKING IN
COLOMBIA
Abstract
The following article refers to the current approach
of the Colombian and North American security
policies which have as fundamental premise the
idea that drug trafficking constitutes the central
factor to fight against, all this with a sight toward
the achievement of peace in Colombia. Such a
focus has facilitated two complementary policies
conceived by the light of the friend-foe
differentiation. On one side, there is the
confrontation and the marginalization of the
guerrilla (FARC-ELN), as an enemy, under the
narcoterrorism label imposing its periferization of
the political-constitutional frame. On the other
hand, the assimilation and legal authentication of
the paramilitarism like concomitant phenomenon
with drug trafficking as a friend, allowing its insert
in the political-constitutional frame and its social
recycling of regional elites to "national" elites, as it
seems to pronounce in the current Justice and
Peace Law.
Key words: Drug trafficking, armed conflict,
Colombia, Justice and Peace Law
2

Introducción
Uno de los fenómenos surgidos a raíz de los procesos
de globalización y que afecta a la economía, la política
y seguridad nacionales e internacionales y a la
sociedad en general es el narcotráfico, industria que
ha aumentado considerablemente en América Latina a
partir de los años setenta.
En Colombia, el narcotráfico ha logrado insertarse de
forma relativamente exitosa en las esferas política y
económica. En el primer caso, gracias a la formación
de redes de apoyo social, militar y político que le han
permitido funcionalizar las estructuras jurídico-
políticas de acuerdo a sus necesidades; y en el
segundo, gracias a una especial adaptación de las
políticas de crecimiento orientado a la exportación,
que hacen del narcotráfico una empresa perfilada a la
demanda y la internacionalización, con una división
del trabajo muy estricta entre diferentes
localizaciones, capaz de ajustarse a las dinámicas de
la economía global.
3

El presente artículo quiere indagar en algunos de los
efectos que el narcotráfico ha tenido en la
configuración reciente del conflicto armado
colombiano, con el ánimo de determinar hasta qué
punto es acertada la postura según la cual i. este (el
narcotráfico) es la fuerza motriz de aquel (el
conflicto), de forma tal, que ii. la lucha contra la droga
y el narcotráfico deviene en si misma una condición
necesaria y suficiente para la resolución del conflicto.
El interés por avanzar en esta perspectiva viene dado
por el actual enfoque de las políticas de seguridad
colombiana y norteamericana que tienen como
premisa fundamental la idea de que el narcotráfico
constituye el factor central a combatir con miras al
logro de la paz en Colombia, enfoque que ha
posibilitado dos políticas complementarias concebidas
a la luz de la diferenciación amigo-enemigo. De un
lado, la confrontación y el marginamiento, en tanto
enemigo, de la guerrilla (FARC – ELN) bajo la etiqueta
de narcoterrorismo imponiendo su periferización del
4

marco político-constitucional. De otra parte, la
asimilación y convalidación legal del paramilitarismo
como fenómeno concomitante con el narcotráfico, en
tanto amigo, permitiendo su inserción en el marco
político-constitucional y su reciclaje social de elites
regionales a elites “nacionales”, como parece
manifestarse en la actual Ley de “Justicia y Paz”.
Lo que dichas políticas evidencian, es que la
narcotización del conflicto armado, patente en la
fusión de la política contrainsurgente y la política
antinarcóticos, supone serios problemas no solo para
el entendimiento de la situación colombiana -en tanto
simplifica de manera sustancial las dimensiones del
conflicto-, sino para su encauzamiento hacia una paz
sostenible y sustentable. De ahí que se requiera una
estrategia de seguridad efectiva que debilite las
opciones militares de los grupos armados, pero
también, un programa de desarrollo social y
económico de amplio alcance que menoscabe su
argumentación ideológica y, por ende, ayude a
generar un contexto en el que se pueda poner fin al
conflicto. Con lo anterior no se desconoce que las
5

posibilidades de poner fin al conflicto en Colombia
aumentarían considerablemente si se diera solución el
problema de la droga, solución que no se reduce a un
control de la oferta, como lo aducen las actuales
políticas antinarcóticos sino que debe enfocarse
también a la demanda creciente de drogas en los
grandes centros de consumo en Estados Unidos y
Europa.
Por otro lado, los obstáculos presentados en el actual
proceso con las AUC, deben servir de experiencia para
futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar
en claro que el narcotráfico, como los crímenes
atroces, no son materia de negociación, si es que se
quiere lograr un proceso apegado a los principios del
Estado de derecho. En segundo lugar, que debe darse
un debate que aclare las condiciones bajo las cuales
un grupo armado ilegal puede llegar a ser considerado
con estatus político, de tal forma que, ni se
desconozcan las reivindicaciones políticas e
ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la
formalización del paramilitarismo como actividad
política
6

Conforme a lo anterior la exposición se dividirá en
cuatro partes. En la primera, se hace una
reconstrucción no exhaustiva de los nexos históricos
entre los grupos armados (FARC, ELN y AUC) y el
narcotráfico tratando de establecer la situación actual
de esta relación. Para esto, resulta preponderante
volcar la vista sobre el tema de la financiación de
estos grupos y en particular, aquella derivada de su
participación en uno o varios eslabones de la cadena
productiva del tráfico de drogas, con el fin de evaluar
el peso de la economía del narcotráfico en los ingresos
de las guerrillas y los grupos paramilitares.
En la segunda parte, y a propósito del actual proceso
de negociación entre el gobierno nacional y algunos
sectores del paramilitarismo, se quiere resaltar cómo
el tratamiento jurídico y político de los delitos de
narcotráfico por parte del Estado colombiano, ocupa
un papel fundamental en el éxito o fracaso de los
procesos de paz actuales y futuros. Con lo anterior, se
pone de presente cómo el narcotráfico ha adquirido un
7

lugar cada vez más importante, aunque no
protagónico, en los procesos de negociación, que
logra desestabilizarlos y, no sabemos aún, si
reversarlos. Pero aún más importante, lo que revela la
actual negociación es un proceso de convalidación de
los grupos paramilitares en tres perspectivas: una
convalidación legal a través de la Ley de Justicia y
Paz, una convalidación económica reflejada en la
contrarreforma agraria y en la inmersión del dinero
ilegal del paramilitarismo en los sectores productivos,
y una convalidación política evidenciada en la
expansión su esfera de influencia en las élites
regionales y nacionales.
Paralelo a este proceso de legitimación forzada del
paramilitarismo, se registra una abierta confontación
y periferización de las guerrillas (FARC y ELN) en
tanto enemigos del actual gobierno. En el tercer
apartado, se verá como para la fecha de redacción de
la presente investigación apenas se han producido
débiles acercamientos entre el Gobierno Nacional y el
ELN, los cuales son vistos con escepticismo no solo
8

por algunos analistas, sino, fundamentalmente por la
dirigencia del ELN.
Finalmente, a manera de conclusión, se intentará
responder al interrogante inicial, mostrando cómo la
narcotización del conflicto armado, evidenciada en la
fusión de la política contrainsurgente y la política
antinarcóticos, supone serios problemas no solo para
el entendimiento de la situación colombiana -en tanto
simplifica de manera sustancial las dimensiones del
conflicto-, sino para su encauzamiento hacia una paz
sostenible y sustentable.
En los acápites enunciados se tratará de esbozar el rol
jugado por algunas elites, políticas, guerrilleras y
paramilitares en relación con las organizaciones
narcotraficantes por la vía de alianzas coyunturales.
La relación de estos grupos selectos con el
narcotráfico confirma una tesis ampliamente difundida
9

según la cual la industria de las drogas ilegales ha
penetrado la totalidad de la sociedad colombiana. 2
1. Narcotráfico y grupos armados
Es una opinión compartida que el negocio de las
drogas ilegales financia de forma importante a las
FARC y las Autodefensas y en menor medida al ELN,
situación que ha permitido el mantenimiento de sus
fuerzas y por lo mismo, agravado las condiciones del
conflicto armado. No obstante, en lo que existen
serias divergencias, es en la proporción reconocida a
la economía del narcotráfico en cada caso. Así, es
posible encontrar informes que parecen exagerar las
cifras de financiamiento proveniente de las drogas,
dramatizando hasta tal punto el papel jugado por
este, que logran desplazar la dimensión
originalmente política del conflicto por una reducida
percepción narcotizada. De esta suerte, se ha
2 THOUMI, Francisco. El Imperio de la droga. Narcotráfico, Economía y Sociedad en los Andes. Bogotá: Editorial Planeta,
2002.
10

desconocido la complejidad de una lucha desarrollada
por mas de cuatro décadas en aras del nuevo
postulado de la amenaza narcoterrorista, cuyos
efectos políticos ya conocemos.
A continuación daremos una breve mirada a los nexos
entre grupos armados y narcotráfico, los cuales, como
se verá, responden a un sistema de alianzas
coyunturales que han transformado su relación de una
conexión marginal con las organizaciones
narcotraficantes al dominio actual de varias etapas de
la producción.
1.1. Las FARC
Los nexos de las FARC con el narcotráfico se
remontan a los finales de la década del setenta. Pese
a su oposición inicial frente a la economía de las
drogas ilícitas, las FARC se vieron llevadas a admitir
paulatinamente su funcionamiento en los territorios
bajo su dominio a fin de evitar la erosión de sus
relaciones con la población de aquellas regiones que
veía en los cultivos ilícitos, auspiciados entonces por
el cartel de Medellín, su único medio de sustento. En
11

este periodo, la guerrilla no asumió un control directo
sobre los cultivos sino que autorizo el cobro de un
impuesto por parte de autodefensas.
Tras la VII Conferencia de las FARC en 1982, y vistos
los excesos cometidos por las autodefensas
delegadas, se regularizó el cobro de impuestos
directamente por la guerrilla, a partir de acuerdos
formales con las organizaciones de narcotraficantes.
Los vínculos con estas se interrumpieron hacia
mediados de los ochenta por la confrontación con
Gonzalo Rodríguez Gacha en el sur de Colombia,
situación que dio pie a la conformación de grupos
paramilitares agenciados por los narcotraficantes en el
Putumayo y el Magdalena Medio. Este proceso
conllevo a una asunción paulatina de los eslabones de
la cadena productiva por parte de las FARC en las
selvas colombianas. Se pasó así del cobro del
impuesto a cada kilo de pasta o base de coca
comprado por cada narcotraficante grande o pequeño
a los cultivadores, al gravamen de los mismos
cultivadores, raspachines y recolectores.
Adicionalmente, se inició el cobro de impuestos por
12

uso de pistas aéreas para el transporte de precursores
químicos y cocaína. Para 1998, las FARC ya han
asumido el control total del tráfico local en Putumayo
y Caquetá, imponiendo precios fijos para la base de
coca y obligando a los campesinos a vender
únicamente al frente local. En adición, inician el
almacenamiento y venta de grandes volúmenes de
coca a los representantes seleccionados de los
numerosos microcateles que reemplazaron a los
grandes tras la muerte de Pablo Escobar. 3
Para finales de la década del 90 se hace evidente la
expansión territorial de las FARC y su control de una
parte importante de las regiones cocaleras, hecho que
supuso para las autoridades colombianas, el inicio de
las actividades de refinamiento y tráfico de cocaína.
Sobre este hecho sin embargo no existe completa
certeza. Así, mientras para unas fuentes, el
refinamiento y el tráfico internacional del producto
acabado son evidentes, para otros analistas, las Farc
3 INTERNACIONAL Crisis Group. Guerra y Droga en Colombia. Informe sobre América Latina Nº 11 del 27 de
enero de 2005, pp. 9- 10.
13

apenas se encuentran en los niveles de producción y
venta de base de coca. 4
Según un Informe de la Junta de Inteligencia
Conjunta (JIC) de Febrero de 2005, el tráfico ilícito de
sustancias sicoactivas por parte de las FARC cubre las
actividades de producción, cultivo y comercialización
de hoja de coca y de amapola, producción de pasta y
clorhidrato de coca en laboratorios; cristalizaderos y
cobro de gramaje sobre la negociación de base de
coca, así como el alquiler de pistas de aterrizaje y
comercialización de los productos derivados de las
plantas anteriores. 5 El conjunto de estas actividades
representa el 45,8% del total de ingresos de las FARC
y ocupa el primer lugar, seguido de los ingresos
percibidos por extorsiones y secuestros. 6
Lo dicho en el informe de la JID, contrasta con lo
sostenido por el Internacional Crisis Group en su
4 Etapas del negocio de la droga: i. cultivo, ii. Cosecha, iii. producción de la primera pasta de coca, iv .producción
de la base de coca en cocinas, v. almacenamiento y venta de base de coca, vi. Refinamiento para transformación
en cocaína, vii. Transporte a puntos de trasbordo, viii. Transporte al exterior a puntos intermedios (México,
Antillas); ix. Destino Final (EU, Europa), x. venta en grandes volúmenes, xi. Venta en pequeñas cantidades, xi.
Consumo.
5 Informe de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC). República de Colombia. 24 de Febrero de 2005. pp. 7-8
6 Ibid, p. 12
14

informe sobre América Latina del año 2005. Según
este, “la evidencia sobre la participación de las FARC
en el refinamiento y tráfico de coca es menos clara”.
Esto porque, además de la dificultad en la veracidad
de las fuentes disponibles, “las cuales pueden estar
contaminadas por razones políticas o militares, no es
seguro que las FARC tengan la capacidad de traficar a
escala internacional solas, o incluso que manejen
algunas de las etapas posteriores del negocio, como
operar laboratorios de refinamiento de cocaína
propios, poseer plantaciones de coca, controlar rutas
de envío y mantener sus conexiones internacionales
para situar la droga en otros países”. 7
En una línea intermedia se encuentra la investigación
de Sergio Uribe, “Los cultivos ilícitos en Colombia”, la
cual da luces sobre la realización de procesos de
refinamiento en las áreas cercanas a los campos de
cultivo de la guerrilla. Sin embargo, el mismo autor
reconoce no encontrar evidencia de que las
organizaciones guerrilleras hayan desarrollado sus
7 INTERNACIONAL Crisis Group. Guerra y Droga en Colombia. Informe sobre América Latina Nº 11 del 27 de
enero de 2005, p. 11
15

propias redes de distribución en el extranjero, ni de
que hayan exportado directamente, aunque sí se
beneficiaban sustancialmente de la industria ilegal. 8
No obstante la imposibilidad de establecer de forma
definitiva el eslabón último de participación de las
FARC en la cadena de producción y trafico de drogas,
resulta claro el vínculo sostenido por estas con el
narcotráfico y el producto derivado de este que nutre
sus finanzas. Sea como la mera venta de pasta de
coca a microcrateles o como posible inicio de una red
internacional del tráfico de drogas, el nexo es
inminente.
1.2. El ELN
El Eln tiene una participación más bien marginal en el
negocio de la droga. Su actividad en zonas cocaleras
es menor que la de las FARC o las AUC, pero
mantiene presencia en regiones con cultivos de
amapola y coca. Según informa el Ministerio de
8 URIBE, Sergio. “Los cultivos ilícitos en Colombia. Evaluación: extensión, técnicas y tecnologías para la
producción y rendimientos y magnitud de la industria”, en Thoumi, Francisco (comp). Drogas Ilícitas en Colombia: su
impacto económico, político y social, Bogotá: Dirección Nacional de Estupefacientes, PNUD y Planeta, 1997.
16

Defensa, en el año 2000 sólo 7 frentes del ELN
estaban firmemente establecidos en zonas de cultivo
de drogas ilícitas. En el 2005, el ELN opera en cerca
de diez regiones con cultivos ilícitos: La Sierra Nevada
de Santa Marta, el Catatumbo, el sur de Bolívar, el
occidente del Cauca, Huila, Tolima y el centro de
Nariño. Todas estas regiones cuentan además con
presencia paramilitar y/o de las FARC.
No obstante su presencia en zonas cocaleras, la
relación del ELN con el narcotráfico es más compleja.
Aun cuando mantiene una condena oficial hacia
cualquier vínculo entre la causa revolucionaria y el
narcotráfico, en algunos casos, como el de la columna
móvil Cienfuegos en el Cauca, el ELN ha permitido el
ingreso selectivo de algunos narcotraficantes para la
compra de látex. Por otro lado, a partir de 2003, y
tras su expulsión de las zonas del sur de Bolívar por
parte de los paramilitares, varios frentes del ELN han
cobrado impuestos a los cultivadores de coca. De
esta forma, el narcotráfico ha entrado a ser un rubro
más del presupuesto del ELN, que según algunos
17

cálculos alcanza el 8% 9 . Así las cosas, es previsible un
aumento en su participación de la actividad ilegal a
futuro.
1.3. Las Autodefensas
Las relaciones entre Autodefensas y narcotráfico
surten un proceso inverso al producido con los
guerrillas. Vimos en 1.1. cómo las guerrillas llegaron
paulatinamente al negocio del narcotráfico, llegando
incluso a contradecir sus premisas ideológicas
originales. Las autodefensas en cambio, tienen desde
sus inicios un lazo indisociable con las organizaciones
de narcotraficantes en la década del 80 y comienzos
de los noventa y solo hasta ahora, tras convertirse en
una federación nacional de bloques armados y con
motivo del actual proceso de desmovilización, buscan
adquirir un estatus político.
En efecto, los paramilitares deben su origen a los
carteles de la droga y su expansión al combate contra
la guerrilla por el dominio de las regiones cocaleras.
9 RENSSEALER Lee II, “Colombia: Insurgency Inc., prepared for Internal Conflict 1998- 2005”, citado en
Thoumi, El Imperio de la Droga, Opcit.
18

Desde 1996, este proceso se ha intensificado,
incrementando los niveles de violencia y
desplazamiento en las zonas de enfrentamiento. Para
el año 2000, según informes del Ministerio de
defensa, siete bloques de las AUC operaban en
regiones de cultivos de coca y amapola 10 . Naciones
Unidas por su parte, calcula que la presencia
paramilitar llega a 86 de los 162 municipios donde se
cultiva coca, ubicando frentes en el Magdalena medio,
Santa Marta, la región sur de Bolívar, el valle del
Cauca, el norte de Antioquia, la región de Urabá,
Nariño, el noroccidente del Putumayo, el suroccidente
de Caquetá, Meta y Guaviare, regiones estas ultimas,
en disputa con los grupos guerrilleros. 11
Pese a lo extraordinario de su expansión, la extensión
de las zonas de cultivos de las autodefensas no es tan
grande como la de las FARC. Sin embargo, diversos
estudios parecen comprobar que la participación de
las AUC en el negocio de la droga es mucho más
10MINISTERIO de Defensa. El narcotráfico, una amenaza para la seguridad nacional, Bogotá: noviembre de 2000.
11 OFICINA de las Naciones Unidas contra la droga y el delito ( UNODC), Colombia: Coca Cultivation Survey 2003,
Viena: junio de 2004
19

profunda. Esto se evidencia, en la participación de
unidades paramilitares en el control de rutas claves
para el transporte de cocaína hacia el exterior,
precursores químicos y armas. Del mismo modo, los
paramilitares aparecen vinculados con laboratorios de
refinamiento y con decomisos de cocaína. En un
informe de la DEA del año 2001 se afirmo que “la
organización de Carlos Castaño (y posiblemente otros
grupos paramilitares) parecen estar directamente
involucrados en el procesamiento de cocaína”. Pero
sin lugar dudas, mas concluyente en este sentido es la
declaración efectuada por Carlos Castaño el 9 de junio
de 2002 en la que acusó a dos jefes del bloque central
Bolívar, Javier Montañez y Ernesto Báez, así como a
otros jefes paramilitares de “involucrarse
irresponsablemente en el negocio del narcotráfico” 12
En febrero de 2004, el embajador de Estados Unidos
en Colombia, William, Word, afirmó que las AUC
controlaban el 40% del tráfico ilegal de drogas en
Colombia. Lo anterior se compadece con la solicitud
12 CASTAÑO, Carlos. “La verdad de las AUC ante la comunidad internacional y los EEUU”, en Las verdaderas
intenciones de los paramilitares. Corporación Observatorio para la Paz, Bogotá: 2002 pp. 343- 348
20

en extradición de los Estados Unidos de cinco altos
jefes de las autodefensas (Mancuso, Fidel Castaño,
Jorge 40, Ramiro Vanoy y Juan Carlos Sierra) y la
introducción de doce paramilitares en la lista Tier II
de narcotraficantes extranjeros. Como en el caso de
las FARC, el nexo con el narcotráfico es evidente. Mas
adelante veremos cómo, en la actual negociación con
las AUC, se busca mimetizar este lazo con el
narcotráfico con los ropajes de un estatus político.
Según el Internacional Crisis Group, las AUC parecen
desempeñar un papel más importante en las etapas
más lucrativas del refinamiento y la exportación de
droga, por lo que percibe mayores ganancias. De allí
que se presente una suerte de contradicción el hecho
de que sus ingresos se presente en numerosos
informes como bastante inferiores a los de las FARC,
siendo que esta organización se mueve menos en el
trafico internacional y depende más de los primeros
eslabones de la cadena productiva, que,
coincidencialmente son los menos lucrativos. 13
13 Internacional Crisis Group. Op. Cit., p. 22
21

2. La asimilación y convalidación del
paramilitarismo
El 23 de diciembre de 2002 el presidente Álvaro Uribe
sancionó una ley mediante la cual quedó facultado
para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo
armado, así careciera de estatus político, abriendo la
compuerta para una negociación con los paramilitares.
Una semana después, el 29 de noviembre, las AUC
hicieron la primera declaratoria de cese unilateral de
hostilidades, y el 15 de julio de 2003 el gobierno y las
AUC firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito, por
medio del cual se comprometieron a desmovilizarse
gradualmente hasta desaparecer como grupo armado
en 2005.
Luego de más de dos años de negociaciones entre el
gobierno y el principal grupo paramilitar del país, se
han desmovilizado cerca de 5.000 de los combatientes
de las AUC. Sin embargo, pese a que era una
22

condición del presidente Uribe para negociar, los
paramilitares no han cumplido a cabalidad el cese del
fuego. Este incumplimiento unido a las pugnas
internas entre diferentes facciones de las AUC, que
llevaron incluso a la desaparición de su líder Carlos
Castaño, al asesinato de los comandantes 'Doble cero'
y Miguel Arroyave y de tres importantes políticos del
Meta, pusieron en peligro todo el proceso durante el
primer semestre del 2004.
Por su parte, la verificación de la OEA a cargo de
Sergio Caramagna ha sido vista con desconfianza. En
palabras de Human Rights Watch, “la Misión de la OEA
ha jugado un papel altamente cuestionable, puesto
que ha servido, principalmente para darles un sello de
aprobación a las acciones emprendidas por el
gobierno colombiano”, guardando estricto silencio
acerca de los problemas del proceso. Con esto, “la
Misión ha contribuido a dar al proceso una apariencia
de legitimidad internacional que no se merece.” 14
14 HUMAN RIGHTS WATCH. Las apariencias engañan. La desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia.
Agosto de 2005. Vol. 17, Nº3 ( B)
23

A continuación problematizaremos tres aspectos
fundamentales del proceso de convalidación del
paramilitarismo en Colombia. En primer lugar, las
deficiencias de la Ley de Justicia y Paz que, como han
señalado numerosos analistas y ONG´s nacionales e
internacionales, parece dejar intacta la estructura
paramilitar, sentando un precedente desastroso en
materia de verdad, justicia y reparación. De otro lado,
el problema de la concentración de la tierra desatado
por la compra de alrededor de un millón de hectáreas
por narcotraficantes y grupos armados ilegales en lo
que se ha denominado contrarreforma agraria y su
penetración en los negocios legales e ilegales y en el
monopolio de bandas criminales. Por último la
infiltración del paramilitarismo en la política regional y
nacional agenciando el reciclaje de las elites
paramilitares en las elites políticas.
2.1. La convalidación legal: la Ley de Justicia y
Paz
Desde abril de 2005 circularon varios proyectos de ley
que buscaban "verdad, justicia y reparación" en las
desmovilizaciones de los combatientes de grupos
24

armados, en especial de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC). Durante el debate así como en la
negociación, el punto central de discusión fue el
narcotráfico, y específicamente el futuro de los jefes
pedidos en extradición. Otros temas como la
reparación a las víctimas, el alcance de la confesión y
el tema del delito político fueron también importantes.
Las discusiones en el Congreso contaron con muy
poco quórum y se vieron enrarecidas con debates
sobre las inhabilidades para votar el proyecto de los
políticos que eventualmente se beneficiaron de un
proselitismo paramilitar para ser elegidos. 15
Finalmente, el 21 de junio fue aprobada la ley de
Justicia y Paz promovida por el Gobierno Nacional que
regula la investigación, procesamiento, sanción y
beneficios judiciales a miembros de grupos armados
que decidan desmovilizarse y contribuir decisivamente
a la reconciliación nacional. Entre otros puntos, la ley
destaca i. La posibilidad de que los desmovilizados de
15 Véase, LEY DE JUSTICIA, PAZ Y REPARACION, en Gaceta del Congreso. Año XIV, N° 390. Bogotá,
D.C., Martes 21 de junio de 2005. Disponible en formato electrónico en
http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=150. Fecha de consulta: Febrero 10 de 2006.
25

los grupos armados puedan disfrutar de los beneficios
de ley sin importar que hayan participado en
actividades del narcotráfico antes del ingreso al grupo,
ii. La confesión de los delitos cometidos por los
miembros de los grupos armados en versión libre ante
un fiscal delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías
de Justicia y Paz, iii. El establecimiento de un plazo de
sesenta días para que la UNF para la Justicia y Paz,
junto con la policía judicial, adelante las labores de
investigación y verificación de los hechos admitidos
por los imputados, iv. La imposición de penas
alternativas a los confesores consistentes en privación
de la libertad por un periodo mínimo de cinco años y
no superior a ocho, tasada de acuerdo con la
gravedad de los delitos y el grado de colaboración con
la justicia, v. La rebaja de hasta una décima parte de
las condenas de las personas que se acojan a la ley
(jubileo), y vi. La calificación de las actividades de las
autodefensas como delito de sedición.
Una vez aprobada, el gobierno Nacional se ha
dedicado a promover la Ley dentro de la comunidad
internacional. En Estados Unidos, fue bien recibida por
26

la Casa Blanca pero ha propiciado críticas en el
Congreso y en los organismos defensores de los
Derechos Humanos. Así por ejemplo, en su informe de
agosto de 2005, Human Rights Watch señala que “la
ley no asegura que los paramilitares confiesen sus
crímenes, divulguen información acerca de cómo
operan los grupos, ni entreguen sus fortunas
ilegalmente adquiridas”. 16
En otro informe la misma ONG afirma: “El proyecto
actual hace poco más que servir a los intereses de los
líderes paramilitares: no toca sus redes mafiosas ni el
poder económico que alimenta las actividades de sus
grupos (…) Es un mal arreglo tanto para los
colombianos como para la comunidad internacional, y
sienta un precedente desastroso parar negociaciones
futuras con otros grupos armados.” 17
En el mismo sentido se han pronunciado los críticos de
la ley en Colombia. Un análisis de la Fundación Ideas
para la Paz, expone los desafíos que supone la
16 HUMAN RIGHTS WATCH. Las apariencias engañan. La desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia.
Agosto de 2005. Vol. 17, Nº3 (B).
17 HUMAN RIGHTS WATCH. Proyecto deja intactas las estructuras paramilitares. Junio 15 de 2005.
27

implementación de la ley. Muchas de las debilidades
de esta persisten, sobre todo en materia de
investigación, verificación y reparación: “Sin duda el
texto deja mucho que desear; y sin duda en la
negociación se perdió una oportunidad única para
obligar el desmonte de aparatos coercitivos ilegales e
institucionalizar las regiones. Más que un ejercicio de
construcción, fue una transacción entre las partes”. 18
Además del articulado de la ley de Justicia y Paz, el
proceso con los paramilitares ha sido objeto de
fuertes críticas por la excesiva conducta discrecional
del Gobierno Nacional a lo largo de las negociaciones.
Las filtraciones publicadas el 25 de septiembre por la
revista SEMANA sobre cómo negocia el gobierno con
las autodefensas revelaron cómo la mafia se estaba
adueñando del paramilitarismo en Colombia. En el
artículo Revelaciones Explosivas, la revista divulga
unas grabaciones en las que el presidente Álvaro
Uribe ofrece a las autodefensas usar la facultad
discrecional para evitar la extradición y que sean
18 FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana. Número 18, Junio 24 de
2005.
28

juzgados por la Corte Penal Internacional. Además,
quedan en evidencia los graves problemas por las
deserciones de mandos medios y combatientes rasos
y la creciente infiltración de la mafia de la droga en
todas las estructuras de los paramilitares. 19
Así las cosas, la desmovilización del paramilitarismo
afronta serios retos. En primer lugar, la clara
identificación de los desmovilizados, vistas las
numerosas franquicias paramilitares compradas por
narcotraficantes que buscan evitar su extradición a
Estados Unidos. La advertencia sobre la mimesis de
los narcotraficantes, ha sido ya efectuada por el
Internacional Crisis Group en su más reciente
informe:
“una propuesta que circula entre los paramilitares y
los capos del narcotráfico sugiere que estos últimos
podrían pagar para volverse miembros de los
primeros con el fin de beneficiarse de las
conversaciones con el gobierno y blanquear su
pasado. Se cree, aunque no está confirmado, que
Gordo Lindo, Mejía Sierra, Arroyabe, Macaco, Don
19 Véase, “Revelaciones explosivas”, en Revista Semana, Nº 25 de septiembre de 2005.
29

Berna, Vanoy y otros de los participantes en las
conversaciones con el gobierno son narcotraficantes
que se convirtieron en paramilitares pagando
grandes sumas a las AUC por esta licencia. Así por
ejemplo, Don Berna, que era desconocido en 2001
cuando Castaño dejó su cargo por primera vez, se
presentó como inspector general de las AUC en
2002, justo cuando se iniciaron las negociaciones
con el gobierno.” 20
A la vez, varios congresistas y analistas aseguran que
la ley de "justicia y paz", contiene un "narco mico", es
decir, una fisura legal que facilita que los
narcotraficantes se presenten como paramilitares y
obtengan los beneficios que busca la ley para los
combatientes que se desmovilicen. Según los críticos,
esto está dado por la posibilidad de incluir al
paramilitarismo como un delito político y gozar de los
beneficios como rebaja de penas e indulto, lo que
podría llevar a tomar al narcotráfico como delito
conexo al paramilitarismo. En este sentido, ha
resultado fundamental la discusión tendiente a definir
qué es un delito político, de manera que al hacerlo
20 INTERNATIONAL Crisis Group. Op. Cit, p.20
30

conexo, al hacer aplicable la ley, no se llegue a la
impunidad ni se utilice la definición de delito político
para eximirse de pena en virtud del narcotráfico.
De la mano de la identificación de los desmovilizados,
se encuentra la necesidad de que la ley asegure que
los paramilitares confiesen la totalidad de sus
crímenes, divulguen información sobre la operación de
los grupos y entreguen sus fortunas ilegales.
El segundo desafío es asegurar el futuro de las zonas
abandonadas por los paramilitares, frente a dos
riesgos inminentes. De un lado, la persistencia de la
influencia paramilitar (ahora desmovilizada) y de otro,
la ocupación por parte de las FARC aprovechando el
vacío institucional. El tercero se refiere al futuro de los
desmovilizados. En este punto resulta fundamental
tomar con precaución propuestas como la de de
involucrarlos en el Ejército. Por otra parte, ya se han
hecho evidentes las deficiencias del programa de
reinserción del gobierno a la hora de reincorporarlos a
la vida civil sin que esto redunde en una absoluta
31

impunidad ni en el retorno de los desmovilizados a la
vida criminal.
El cuarto desafío, y quizá el más complejo, es el
desmonte definitivo del paramilitarismo, más allá de
la desmovilización simbólica de los ejércitos. Como ha
sido demostrado por diversas investigaciones, los
miembros de las AUC han penetrado la política
nacional y regional y la economía legal e ilegal. 21
Gran parte de los defectos de la ley de Justicia y Paz,
consisten en el mantenimiento del poder económico y
político de los paramilitares. De ahí que resulte
preponderante un tipo de desmovilización que
garantice el desmantelamiento definitivo del poder y
estructura criminal de estos grupos, a partir de
medidas como el hallazgo y confiscación de sus
fortunas, la investigación de sus fuentes de
financiamiento y el castigo de delitos como la
extorsión y el soborno. Sobre este punto volveremos
más adelante.
21 Sobre éste punto véase la investigación de Gustavo Duncan, investigador del CEDE de la Universidad de
los Andes titulada Los señores de la Guerra. Documento Cede, Universidad de los Andes. ENERO DE 2005.
Edición electrónica http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf. Consultado
el 12 de Octubre de 2005. Ver también: El poder paramilitar, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia,
2005.
32

2.2. La convalidación económica: contrarreforma
agraria
Además de la convalidación legal agenciada por la
Ley de Justicia y Paz, el paramilitarismo ha logrado
mantener e incluso acrecentar sus activos mediante el
trafico de drogas, los dedicadas al cultivo de coca o al
uso como corredores estratégicos para la movilización
de armas, drogas y precursores químicos.
Como señala Carlos Medina Gallego, la contrareforma
agraria del narcoparamilitarismo surge a partir de la
necesidad de efectuar un "lavado de las grandes
cantidades de dinero" a partir del "boom" cocainero
del narcotráfico colombiano, de la prospección de
grandes yacimientos petrolíferos en diferentes
regiones del país y de la necesidad por parte del
capital de implementar megaproyectos que
permitieran articular geográfica y económicamente al
país. 22
22MEDINA Gallego, Carlos. El neoliberalismo, la cuestión agraria y el conflicto social y armado en Colombia
febrero 2001. http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/neolib.htm . Consultado Octubre 12 de
2005
33

Según cálculos del Incora, los narcotraficantes poseen
el 48% de las mejores tierras del país, mientras que
el 68% de los propietarios (pequeños campesinos)
sólo posee el 5,2% del área. Por su parte, el PNUD y
el DNE estiman que los narcotraficantes compraron
tierras en 409 de los 1.039 municipios del país y con
un especial énfasis en los Departamentos del Valle,
Córdoba, Quindío, Risaralda y Antioquia.
Del mismo modo, un documento de la Contraloría
titulado "La gestión de la Reforma Agraria y el proceso
de Incautación y Extinción de Bienes Rurales",
sostiene que la compra de tierras por parte de los
narcotraficantes bordea el millón de hectáreas,
equivalente a casi el 3% del territorio nacional y a un
5% de las tierras potencialmente explotables. 23
En efecto, "la concentración de tierras con recursos
ilícitos o mediante medios violentos ha contribuido a
la crisis agrícola y social del campo, a más de
agudizar desde el punto de vista político, el carácter
23 CONTRALORÍA DELEGADA para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad La Gestión de la Reforma Agraria
y el proceso de incautación y extinción de bienes rurales.
http://semana2.terra.com.co/imagesSemana/documentos/Bienesruralesforofinal11_20050614.doc. Consultada el
12 de Octubre de 2005
34

señorial y dominante de la gran propiedad rural". Se
trata según Flórez Enciso, vicecontralor delegado, de
"una de las más grandes operaciones de lavado de
dineros del narcotráfico, y posiblemente del secuestro
y la extorsión.”
Según advierte el informe, de no contenerse este
fenómeno mediante una acelerada extensión del
dominio, el mapa político del país se orientará hacia
una estructura autoritaria en los niveles locales y
regionales, que se reflejará más temprano que tarde
en el nivel nacional. Sin embargo, pese a la
precariedad del panorama descrito, el Estado ha sido
incapaz de utilizar la figura de la extinción de dominio
para compensar la concentración de la propiedad de la
tierra agrícola. De las 150.000 hectáreas que se
propuso entregar este gobierno a los campesinos -110
de las cuales provendrían de la extinción de dominio-,
sólo se han adjudicado 5.000, esto es, menos del 5%
de la meta propuesta
Mediante la compra ilegal de tierras, el sometimiento
de las comunidades campesinas y la cooptación de las
35

élites locales en buena parte del país, el narcotráfico
ha conseguido debilitar las instituciones y cooptar sus
propósitos de interés general y beneficio público; en
una mimesis paramilitar que se ve legitimada por los
actuales procesos de desmovilización.
Con todo esto, como afirma Mauricio García, “en
muchas regiones del país nos dirigimos hacia la
consolidación de un proyecto de sociedad gansteril
nunca antes visto. Un proyecto enquistado y difícil de
exterminar, ideado por una combinación oscura y
poderosa de hacendados, paramilitares,
narcotraficantes y políticos locales, todos ellos
envalentonados por un discurso presidencial anti-
guerrillero.” 24
2.3. La convalidación política: la cooptación de
las élites
24 GARCÍA Villegas, Mauricio Contrarreforma Agraria, en Revista Semana, Bogotá, Julio 03 de 2005.
36

El concepto de elite se ha transformado a lo largo de
la historia adquiriendo diversas acepciones. Los
teóricos clásicos de las elites, Mosca, Pareto y Michels,
compartían una visión caracterizada por el
cuestionamiento al Estado democrático ( y aún el
socialista) como garante de la igualdad social, hecho
que hacía posible la imposición del poder de una
pequeña minoría sobre el resto de la sociedad. Se
configura así la oposición entre elites dirigentes y
masas dirigidas como presupuesto para el análisis de
las relaciones sociales y políticas.
La dicotomía elite gobernante- masa dirigida expuesta
por Pareto y Mosca no exteriorizaba sin embargo la
diferenciación de la sociedad en toda su dimensión,
hecho que ha generado el que en las últimas décadas
se haya extendido toda una controversia sobre la
configuración de la estructura de poder en las
sociedades industriales modernas. Como tema central
de la polémica está el saber si dichas sociedades
están regidas por una elite dominante que controla los
principales mecanismos de poder o por una pluralidad
37

de elites, cuyo poder e influencia están en
competencia. El debate contemporáneo se definirá así
entre los partidarios de la “elite en el poder” y el
establishment y los teóricos del “pluralismo político” y
el equilibrio de poderes.
En la actualidad los estudios en teorías de elites se
encuentran orientados al análisis de las redes de
relaciones que existen entre sus miembros. De allí
que el concepto de estructura ocupe un lugar
fundamental, al indicar cómo el accionar de estos
miembros se desarrolla en relación directa con las
instituciones cumpliendo funciones de integración,
dominación y representación de los intereses sociales.
Amparándose en el Estado y la sociedad, las elites se
manifiestan como expresión de una estructura de
poder con una duración determinada y no como
objetos aislados que ejercen el poder desde el vacío.
En este trabajo tendremos presente la importancia de
considerar la intersección de relaciones entre
diferentes posiciones de elites así como la movilidad
que tiene lugar al interior de cada una de estas, como
38

paso primordial para la evaluación de su influencia en
la configuración institucional y la toma de decisiones
públicamente relevantes.
Gran parte del mantenimiento del negocio del
narcotráfico tiene su base en la realización de alianzas
coyunturales con las elites políticas, económicas y
armadas (ilegales). La industria ilegal requiere tanto
la participación de “campesinos, químicos, varios tipos
de proveedores, vendedores e intermediarios, pilotos,
abogados, asesores financieros y fiscales, capataces,
guardaespaldas, testaferros y contrabandistas; como
el apoyo de redes que incluyen a “políticos, policías,
guerrilleros, paramilitares, miembros del ejército,
empleados oficiales, banqueros, parientes leales,
compañeros de infancia y otros; los cuales se
benefician de la industria, la toleran o dan protección
a sus miembros pero no forman parte directa de ella”.
Se trata, en el caso de estas ultimas de un fenómeno
que auspicia el que la industria ilegal penetre y
corrompa las instituciones políticas y sociales, en las
formas que ya conocemos, permitiendo que los
ingresos ilegales se distribuyan e irriguen hacia el
39

esto de la sociedad formando lazos de la lealtad entre
esta y las organizaciones narcotraficantes. 25
La relación entre paramilitarismo y narcotráfico es un
tema ya tratado en diferentes trabajos. En Los
Señores de la Guerra, Gustavo Duncan sostiene que
“la irrupción masiva de redes mafiosas en las ciudades
sólo ha sido posible por el apoyo logístico, militar y
financiero recibido por los jefes de las autodefensas
desde el campo.” Durante la última década, los
ejércitos paramilitares han sufrido una expansión
geográfica sin precedentes que los ha llevado a
convertirse en parte importante de la estructura de
poder político en las zonas semiurbanas y rurales del
país. “En los municipios de Colombia donde ejercen su
dominio, los jefes de las autodefensas regulan y
extraen tributos a las transacciones económicas,
amenazan y protegen a las comunidades, moldean la
justicia y el orden político de acuerdo a su
25 THOUMI, Francisco. El Imperio de la Droga. Op. Cit., pp. 125-126
40

conveniencia, y poseen el control, y por consiguiente
las mayores ganancias, del tráfico de drogas.” 26
Existe un segundo fenómeno alrededor del narco-
paramilitarismo. Se trata de la infiltración de redes
mafiosas desde las zonas semiurbanas y rurales de las
autodefensas hacia las ciudades más grandes de
Colombia, y como logro de un nivel superior, la
apropiación del poder político en las ciudades. La
infiltración de los cargos de elección popular (alcaldías
y concejos) genera enormes ganancias producto de la
corrupción en la contratación pública, la impunidad
frente a las instituciones del Estado y la capacidad de
crear una red clientelista propia.
Las causas de esta creciente infiltración paramilitar
son las mismas de la mayoría de males del país: la
debilidad del Estado, la democracia deslegitimada por
un sistema político clientelista que termina sirviendo a
los intereses de unos pocos y la eterna impunidad
reinante. El clientelismo armado es el método usado
26 DUNCAN, Gustavo. Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra. Documento
Cede, Universidad de los Andes. ENERO DE 2005. Edición electrónica
http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf. Consultado el 12 de Octubre de
2005.
41

por los paramilitares para acceder al poder político
regional. Paradójicamente, anuncia Duncan, “es la
debilidad económica de la clase política tradicional una
de las principales causas de la infiltración de las redes
mafiosas en las ciudades. Bajo un grado mínimo de
modernización del sistema económico de una ciudad y
de un tamaño de población con acceso a servicios del
Estado sin necesidad de mediación clientelista, la
mayor riqueza de los políticos locales para financiar
unacampaña electoral incidirá en un menor riesgo de
infiltración mafiosa en el gobierno.”
Según Duncan, “tras los intereses de una nueva élite
de señores de la guerra está la tensión entre fuerzas
urbanas que pretenden construir una sociedad regida
por principios democráticos con un capitalismo
moderno versus fuerzas rurales que quieren dispersar
el poder del Estado para construir gobiernos
regionales basados en la inmunidad de empresas
criminales. En el nuevo contexto de la disputa por la
configuración del Estado, la connotación de lo del
campo deja de estar vinculada a la imagen tradicional
42

de economías y sociedades campesinas. Ahora se
trata de las áreas de influencia de municipios e incluso
ciudades intermedias que de la mano de su historia
rural han experimentado procesos de urbanización y
terciarización de la economía, en gran parte gracias a
los excedentes del narcotráfico.”
Los paramilitares se están infiltrando en la política
regional, en negocios legales e ilegales y están
monopolizando bandas criminales. El mismo
Ernesto Báez, comandante de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), lo declaró recientemente
en la cadena Super: "En un acto de honestidad con el
pueblo colombiano, quiero decir que las AUC
intervienen directamente en política". Jorge Cuarenta,
otro poderoso jefe paramilitar, ha reconocido también
públicamente que la alcaldía de Riohacha le desviaba
recursos oficiales de las Aseguradoras de Riesgo en
Salud (ARS), el régimen subsidiado de salud de los
más pobres. Y en Medellín hay grafitos en las paredes
que agradecen a Adolfo Paz, otro de los hombres
fuertes de Ralito, la nueva paz de Medellín.
43

El principal objetivo del proyecto urbano de los
'señores de la guerra' es "producir fortunas sin
precedentes que puedan trasladarse en líquido hasta
las zonas rurales" y a la vez "construir gobiernos
regionales basados en la inmunidad de empresas
criminales". El grado de infiltración de estos señores
de la guerra varía de ciudad a ciudad y puede ir desde
el control de las bandas criminales hasta la incursión
en la política nacional, pasando por la regulación de
ciertas actividades económicas.
Su entrada a las ciudades se da por lo general a
través de los barrios marginales, donde la presencia
del Estado es endeble y la prestación de los servicios
públicos es insuficiente.
Con esto las autodefensas ganan la legitimidad
suficiente para organizar a las comunidades: dan
directrices políticas a algunos líderes de acción
comunal, conforman grupos de vigilancia con jóvenes,
deciden pleitos, regulan ciertos aspectos morales del
barrio.
44

Para lavar el dinero también han incursionado en la
economía lícita. Sobre todo cómo árbitros de aquellos
sectores que por estar entre lo legal y lo informal
necesitan de alguien fuerte que haga cumplir los
contratos. El máximo nivel de infiltración en las
ciudades aparece cuando logran corromper a algunos
funcionarios judiciales, de seguridad o del gobierno
local. Llegando al corazón del poder 'los señores de la
guerra' garantizan impunidad para sus negocios,
información de primera mano útil para su protección e
influencia sobre decisiones políticas que los afecten.
Esta penetración no es fácil. Pero la han ido logrando
-por lo menos en las localidades y crecientemente a
nivel regional- al mejor estilo de los barones
electorales tradicionales, pero apoyándose en el poder
de intimidación que les dan las armas.
Colombia está sufriendo un silencioso revolcón
político. Las élites tradicionales de varias regiones
vienen siendo reemplazadas desde hace unos cinco
años por nuevos barones electorales respaldados por
las autodefensas. "Los señores de la guerra, como
45

nuevas élites locales, suplantaron a la figura de los
terratenientes y caciques políticos tradicionales".
3. La confrontación y marginamiento de la
guerrilla bajo la etiqueta del narcoterrorismo
Con los ataques del 11 de septiembre se ha producido
un giro en el discurso de las políticas de seguridad de
Estados Unidos y Colombia en clave de lucha
antiterrorista. La estrategia que combina política de
seguridad y política antinarcóticos adelantada por
Uribe, sigue esta perspectiva y profundiza lo
emprendido en el gobierno Pastrana a través del Plan
Colombia para fortalecer las fuerzas armadas y la
policía y lanzar un ambicioso programa de fumigación
aérea de las plantaciones de coca. Esto ha redundado
en una explicación de la situación colombiana en
términos de “una amenaza narco-terrorista contra un
Estado democrático”. 27
La simbiosis narcotráfico- terrorismo se basa en dos
supuestos fundamentales. En primer lugar, que el
27 Véase el discurso ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington el 25 de marzo de 2004.
46

control de la oferta, esto es, de los cultivos ilícitos, es
el medio más efectivo para acabar con el narcotráfico:
“si no hay cultivos de drogas para cosechar, no
podrán ingresar ni cocaína ni heroína a la cadena de
distribución”. 28 En segundo lugar, que como los
grupos armados dependen importantemente del
negocio de la droga, si se lucha contra este y se
elimina, las finanzas de estos grupos se verían
mermadas y con esto su pie de fuerza, condición que
facilitaría una eventual negociación.
Si bien desde 1997, las FARC y el ELN figuran dentro
del listado de organizaciones terroristas
internacionales del Departamento de Estado
norteamericano, y el 10 de septiembre de 2001
fueron incluidos los paramilitares, el nuevo enfoque de
la política de seguridad simplifica peligrosamente las
dimensiones de un conflicto de mas de cuarenta años
y obstaculiza sus posibles salidas.
Este desconocimiento del conflicto ha sido visto con
problemas en la comunidad internacional, tal como lo
28 Internacional Narcotics Control Strategy Report, 2003. Bureau for Internacional narcotics and Law
enforcement Affaires. Departamento de Estado de los Estados Unidos. Washington marzo de 2004.
47

eseñó el Informe de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia de
2004: "Esta nueva caracterización de la problemática
existente desde hace varias décadas en el país puede
prestarse a confusiones y problemas en varios
campos, desde los datos estadísticos hasta las
políticas públicas, incluyendo la aplicación con rigor
del derecho internacional humanitario", señala el
informe. La diferencia de términos utilizada por el
gobierno aumentó las críticas, pues pocos entienden
cómo el gobierno intenta convertir al paramilitarismo
en delito político, mientras niega la existencia del
"conflicto".
Los acercamientos entre el Gobierno nacional y el ELN
han estado hasta el momento marcados por la
incertidumbre y la inestabilidad. Si bien el ELN ha
mantenido contactos persistentes con los últimos tres
gobiernos, hasta el momento no se ha logrado
formalizar un proceso de diálogo con ninguno de ellos.
Por ello, pareciera haber la sensación de que con el
ELN se han hecho muchas negociaciones que nunca
han dado ningún resultado: la realidad es que nunca
48

se ha dado un proceso de diálogo formal entre
Gobierno Nacional y ELN, a diferencia de otras
organizaciones guerrilleras que sí han tenido varias
experiencias en ese sentido. 29
Por lo anterior, podríamos decir que si las cosas
funcionan en estos nuevos acercamientos, por
primera vez tendríamos la experiencia de tener al ELN
sentado en una mesa de conversaciones con una
delegación del Gobierno Nacional. No obstante una
atmósfera de escepticismo rodea no solo a analistas y
ciudadanos sino también a la dirigencia del ELN.
El ELN ha expuesto en dos documentos los obstáculos
que impiden llegar a un proceso de paz con el actual
gobierno, y la importancia de adelantar un proceso de
consultas con sectores de la sociedad colombiana a
propósito de los mismos. Entre estos destacan
(completar)
CONCLUSION
29 La única vez que el ELN estuvo en una mesa de conversaciones formalmente fue en Caracas y Tlaxcala (1991-
92), pero como parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que en ese momento dialogaba con el
gobierno de César Gaviria
49

La relación entre conflicto y narcotráfico merece ser
estimada en el contexto amplio de un conflicto
armado histórico y no en los términos simplistas de
una amenaza narcoterrorista. Así, la situación deja de
resolverse en los términos propuestos por la actual
administración si se tiene en cuenta que, tanto en el
caso de las FARC como en el del ELN, el dinero
obtenido por la droga todavía parece ser más un
medio para conseguir un fin y no un fin en si mismo.
La ideología política, si bien más débil y ambigua que
antes, define las metas estratégicas del ELN y
probablemente también las de las FARC, por
consiguiente, incluso si se les cortan los altos ingresos
por droga del pasado, todo parece indicar que el
conflicto puede seguir. La estrategia de Bogotá y
Washington de combatir los grupos armados como
narcoterroristas, por útil que sea para fines
propagandísticos, simplifica en exceso la situación y
propicia un enfoque tan autolimitante que se vuelve
contraproducente. Se requiere una estrategia de
seguridad efectiva que debilite las opciones militares
de los grupos armados, pero también se necesita un
50

programa de desarrollo social y económico de amplio
alcance que menoscabe su argumentación ideológica
y, por ende, ayude a generar un contexto en el que se
puedas poner fin al conflicto.
Con lo anterior no desconocemos que las posibilidades
de poner fin al conflicto en Colombia aumentarían
considerablemente si se diera solución el problema de
la droga, solución que en nuestro concepto no se
reduce a un control de la oferta, como lo aducen las
actuales políticas antinarcóticos sino que debe
enfocarse también a la demanda creciente de drogas
en los grandes centros de consumo en Estados Unidos
y Europa.
Los obstáculos presentados en el actual proceso con
las AUC, deben servir de experiencia para futuras
desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en
claro que el narcotráfico, como los crímenes atroces,
no es materia de negociación, si es que se quiere
lograr un proceso apegado a los principios del Estado
de derecho. En segundo lugar, que debe darse un
debate que aclare las condiciones bajo las cuales un
51

grupo armado ilegal puede llegar a ser considerado
con estatus político, de tal forma que, ni se
desconozcan las reivindicaciones políticas e
ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la
formalización del paramilitarismo como actividad
política
Con respecto a la relación entre elites y narcotráfico
baste decir en este escrito que gran parte del
mantenimiento y perpetuación del fenómeno del
narcotráfico en Colombia se explica en su posibilidad
de obtener el respaldo y/o agenciamiento de algunas
elites políticas, armadas y sociales cuya naturaleza es
preciso describir en un trabajo futuro. Pero además
merece la pena preguntarse si las dinámicas
subyacentes a las organizaciones narcotraficantes, y
las cúpulas guerrilleras y paramilitares, su capacidad
para hacer resonancia en el sistema político,
transmitir, integrar y representar intereses, no puede
hacerlos susceptibles de ser analizados como élites o,
siguiendo la lógica del establisment, como
contraélites.
52

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