diag06

Número 6
El
Derecho
al
Trabajo
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dra. Alicia Beatríz Pierini
Venezuela 842 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: 4338-4900 - Línea directa: 0810-DEFENSORIA (333-3676)
Correo electrónico: consultas@defensoria.org.ar
Colección Diagnósticos - La Vigencia de los Derechos Humanos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la luz del Derecho Supranacional.
Número 6 El Derecho al Trabajo - Julio 2011
Editado por el Área de Comunicación y Publicaciones de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora Responsable: Dra. Alicia Beatriz Pierini
Coordinación Editorial: Lic. Pablo G. Fernández
Edición: Prof. Karina Casanova Pettigrew
Diseño: Lic. Martín Sgattoni - Lic. Luciana Garrido - Silvana Ferrary
Ilustraciones: Andrés Allocco
Fotografía: Valeria Niccolini - Julieta Panebianco
Es una publicación propiedad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Pierini, Alicia
Diagnósticos 6 : el derecho al trabajo . - 1a ed. - Buenos Aires : Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2011.
180 p. ; 29x21 cm.
ISBN 978-987-26683-1-0
1. Derechos Humanos. I. Título.
CDD 323

Colección Diagnósticos
El Derecho al Trabajo
La Vigencia de los Derechos Humanos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la luz del Derecho Supranacional
Elaboración: Área de Control Comunal y Gestión Urbana.
Responsable: Dr. Eduardo Fachal.
Coordinación de texto: Dra. Nerina Da Rin.
Revisión general: Dra. Alicia Beatriz Pierini.

ÍNDICE

Sobre la publicación ................................................................................................
Capítulo 1
Introducción .............................................................................................................
Capítulo 2
Contexto normativo ........................................................................................
Contexto normativo supranacional ..................................................................
Contexto normativo nacional aplicable al orden local ......................................
Contexto normativo local ................................................................................
Capítulo 3
Contexto institucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ...............................
Capítulo 4
Indicadores estadísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ..............................
Capítulo 5
Análisis de casos .............................................................................................. 59
Empleo Público .............................................................................................. 59
Empleo Docente ............................................................................................. 88
Concursos médicos ......................................................................................... 97
Higiene y seguridad laboral en establecimientos públicos ................................ 101
Políticas especiales de empleo .......................................................................... 105
Trabajo esclavo. Talleres clandestinos de confección de ropa ............................ 123
Capítulo 6
Conclusiones .............................................................................................................
Capítulo 7
Apéndice normativo y de fuentes ...............................................................................
Notas ........................................................................................................................
La Ciudad en números ............................................................................................ 171
6
9
13
13
18
37
47
51
135
139
142

Sobre la publicación
Elaborar un diagnóstico sobre la
vigencia de los derechos humanos
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la luz del derecho
supranacional es, desde la Defensoría
del Pueblo, un desafío
difícil y riesgoso.
Difícil, porque la necesaria desagregación
en capítulos conspira
contra nuestra concepción de
la integralidad humana y la
indivisibilidad de los derechos
fundamentales de las personas.
Su obvia interdependencia y la
de los problemas y las propuestas
para resolverlos no se corresponde
con la práctica de las instituciones
estatales, al encontrarse
éstas fragmentadas en decenas de
áreas y cientos de funcionarios.
Riesgoso, porque el trabajo
congela una realidad compleja y
dinámica, para hacer posible su
explicitación aquí y ahora. Pero
esa realidad es un proceso sociojurídico
que tiene un antes y un
después. Al antes muchas veces
podemos referenciarlo, pero no
ocurre lo mismo con el después.
Las circunstancias que rodean la
elaboración de un informe pueden
transformarse, por el devenir
de los acontecimientos, en una
realidad diferente al momento
de publicarlo y darlo a conocer a
la sociedad. Así, cada uno de los
fascículos que integran la colección
Diagnósticos es una fotografía
del presente, que sólo obtendrá
vida y movimiento cuando
sucesivos y posteriores trabajos
den cuenta de los cambios positivos
y negativos que se producen
con el correr del tiempo. Por
6
lo tanto, la instantánea no será
exacta, pero aspiramos a que sea
útil aún con sus imperfecciones.
Porque en materia de derechos
humanos siempre hay que considerar
toda la película, analizar
de dónde se viene y adónde se
arribó para trazar el rumbo a
seguir. Sólo así se podrá estudiar
y determinar la mejor forma de
continuar y los aspectos a consolidar,
mejorar o transformar.
Al cumplirse doce años de la
sanción de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, resulta imperioso iniciar
este trabajo de revisión sobre el
campo de los derechos humanos
y su vigencia en nuestra urbe.
Lo hicimos siguiendo al doctor
Germán Bidart Campos, cuando
distingue entre la vigencia normativa
y la vigencia sociológica,
es decir, la realidad social. Por
ello, en cada uno de los fascículos
que componen la colección
se mencionarán las leyes vigentes
en cada núcleo temático trabajado,
como dato previo a la
posterior descripción de situaciones
o casos que –a manera de
síntomas- delatan las falencias,
vulneraciones, incoherencias o
violaciones de los principios o
normas de derechos humanos
imperantes.
La brújula para nuestro método
de análisis es el derecho supranacional,
no sólo porque así lo
indica la actual pirámide jurídica,
sino también porque los últimos
25 años de democracia dan
cuenta de que el mayor consenso
axiológico de nuestro pueblo
se produce en relación con las
pautas de la doctrina universal
de los derechos humanos. Y la
documentación sobre las situaciones
o casos que denotaron
vulneraciones provienen mayoritariamente
de nuestro propio
acervo de reclamos y actuaciones
institucionales.
La cuestión de la autonomía,
transversal a todos los temas
Casi todos los temas que involucran
a la Ciudad conciernen
también a la Provincia de Buenos
Aires, a alguno de sus municipios
o a la Nación, sus entes
descentralizados o sus planes federales.
Y la toma de decisiones
en muchos de ellos no está en
manos de las autoridades locales
sino de las nacionales. Los porteños
representan apenas el 9,52%
del total de los votantes, un dato
que explica en parte por qué la
resolución de los problemas de
la Ciudad no es una cuestión
prioritaria para la administración
central del Estado Nacional.
A ello debe agregarse, en los últimos
años, el particular encono
demostrado contra el gobierno
porteño por los funcionarios nacionales,
que dificulta aún más la
situación que, desde la sanción
de la ley 24.588, transitan las sucesivas
administraciones locales.
La falta de autonomía no sólo
afecta al sistema de administración
de justicia, tornándolo
incoherente, sino también a la
prestación del servicio de segu-

idad y policía, la regulación de
matrículas profesionales de los
médicos y auxiliares de la medicina
que ejercen en la Ciudad,
el registro de la propiedad de
los inmuebles y el transporte y
los demás servicios públicos que
utilizan nuestros vecinos, quienes
pacientemente sufren sin que
puedan las autoridades locales
hacer nada para su mejora. El
agua, la electricidad, los trenes y
ómnibus y la telefonía fija y móvil
son administrados por entes
nacionales. Las tierras remanentes
del ferrocarril que están en la
Ciudad también: el Organismo
Nacional de Administración de
Bienes (ONABE) es el responsable
de esa tarea. En síntesis,
sin servicios esenciales propios
ni policía ni justicia cabalmente
locales, y con los servicios de
supervisión de salud también en
égido nacional, la Ciudad es un
estado cuyas autoridades carecen
de las atribuciones suficientes
para garantizar a sus habitantes
el pleno goce de sus derechos.
Igual de preocupante es la
dificultad para establecer una coordinación
metropolitana: por
diversas razones, al menos 24
municipios tienen contacto cotidiano
y permanente con nuestras
instituciones, ya sea por trabajo,
salud, estudios, esparcimiento o
transporte. La frontera entre la
Ciudad y el conurbano provincial
existe sólo en los mapas: la
población se desplaza constantemente
entre una y otro, y lo
mismo sucede con la circulación
de los bienes y residuos que produce.
Todos los problemas que
son comunes a ambas regiones
deberían haber encontrado un
cauce institucional de coordinación
metropolitana acordado
y permanente. Pero la realidad
indica que no es así, y las prácticas
cotidianas sólo se sostienen
por convenios parciales.
De esta forma, en cada fascículo
de la colección Diagnósticos podremos
ver la incidencia que la
falta de autonomía o de coordinación
metropolitana ocasionan
en perjuicio de nuestra ciudadanía
y de sus derechos.
Estructura de la obra
La colección Diagnósticos está
compuesta de cinco núcleos
temáticos, a saber:
1)La vida y su calidad: Abarca el
derecho a la salud, a la alimentación,
a la vivienda, al trabajo, a
la educación y al ambiente sano.
2)La democracia y sus libertades:
Abarca los derechos políticos y
de participación, el derecho a la
igualdad, la diversidad y la no
discriminación, el derecho de
acceso a la información, el derecho
a la libertad de expresión y a
la cultura y el derecho al espacio
público.
3)El sistema de justicia: Abarca
el derecho a acceder a la justicia
y el derecho a la integridad,
libertad y seguridad.
4)Los grupos vulnerables: Abarca
a quienes sufren las secuelas
de la última dictadura militar,
los excombatientes de la Guerra
de Malvinas, la infancia privada
de familia, la tercera edad, los
discapacitados, los indigentes,
los migrantes y refugiados y las
víctimas de la trata de personas.
5)Los derechos difusos: Abarca
el derecho a los servicios públicos
y los derechos de consumidores,
usuarios y administrados.
Dra. Alicia Pierini
Defensora del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CAPÍTULO
Una de las consecuencias
más relevantes de las dos
grandes guerras del siglo
pasado fue el impulso
que cobró el Derecho
Internacional de los
Derechos Humanos, que
incorporó el trabajo como
una categoría jurídica
vinculada a los derechos
humanos fundamentales:
libertad, igualdad y
dignidad, y entre los
derechos económicos
sociales y culturales, en
una especial relación
vinculada con el derecho
al desarrollo.
1
INTRODUCCIÓN
El trabajo es motor del desarrollo social e individual. El diagnóstico
sobre la calidad de vida individual y colectiva involucra inexorablemente
el análisis del universo del trabajo con sus modos de producción,
distribución y consumo y de los trabajadores como factor
económico y categoría jurídica, con vigencia normativa y sociológica.
En ese contexto emergen aspectos centrales como el acceso al
trabajo, las condiciones de su prestación, los aspectos referidos al
descanso y otras licencias, la protección contra el desempleo y las
políticas públicas de inclusión laboral y social.
Durante el siglo XX el trabajo ha sido objeto de reconocimiento
progresivo por la ciencia jurídica en foros internacionales que dieron
paso a la celebración de convenios internacionales y a su vigencia
normativa al ser ratificados por la Argentina.
Una de las consecuencias más relevantes de las dos grandes guerras
del siglo pasado fue el impulso que cobró el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, que incorporó el trabajo como una
categoría jurídica vinculada a los derechos humanos fundamentales:
libertad, igualdad y dignidad, y entre los derechos económicos sociales
y culturales, en una especial relación vinculada con el derecho al
desarrollo.
La comunidad internacional de posguerra impulsada por la necesidad
de establecer un orden internacional en condiciones de estabilidad,
bienestar e inclusión social, que permitiese las relaciones
pacíficas y amistosas entre las naciones valoró el trabajo como un derecho
inalienable de todo ser humano, incorporado en primer lugar
consuetudinariamente por toda la comunidad internacional, de tal
forma que resultó natural su inclusión en la Declaración Universal
de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.
El derecho al trabajo como derecho humano aparece así por primera
vez en el Derecho internacional con proyección universal 1 . A partir
de ese momento, se erige en paradigma para todos los Estados
miembros del sistema de las Naciones Unidas 2 , y así se ratifica en
los sucesivos tratados y convenciones en los que se incluye el trabajo
como derecho humano. Desde que goza de un estándar de respeto
jurídico universal junto a los derechos y libertades fundamentales, su
realización implica, de conformidad con el Art. 55 de la Carta de las
Naciones Unidas, la efectividad de tales derechos y libertades.
Esta nueva contextualización jurídica revaloriza -desde otra mirada-
el derecho al trabajo, que hasta ese momento había sido objeto
de especial atención por la Organización Internacional del Trabajo 3
como consecuencia de la lucha contra las injusticias laborales del
proceso de industrialización y la crisis económica mundial.
9

El derecho humano
al trabajo constituye
un concepto jurídico
complejo que abarca
no sólo los aspectos
vinculados con la libertad
-en tanto la posibilidad
de libre elección y
aceptación del trabajo y
la prohibición del trabajo
forzoso-, sino que también
incluye las condiciones
de su goce en términos de
igualdad y dignidad.
10
El derecho humano al trabajo constituye un concepto jurídico
complejo que abarca no sólo los aspectos vinculados con la libertad
-en tanto la posibilidad de libre elección y aceptación del trabajo y la
prohibición del trabajo forzoso-, sino que también incluye las condiciones
de su goce en términos de igualdad y dignidad.
En tal sentido, consagra expresamente que las condiciones generales
deben ser equitativas y satisfactorias, tanto respecto de la remuneración,
como de la seguridad e higiene en el trabajo, de la igualdad de
oportunidades, del descanso y el disfrute del tiempo libre, las horas
laborables, las vacaciones pagas y los días festivos remunerados, la
protección contra el desempleo, el derecho a la libertad de expresión
y creación artísticas, el derecho a la seguridad social, e inclusive, el
derecho de agremiación y de huelga.
El objeto del presente informe diagnóstico es brindar un panorama
sobre el grado de realización, en el contexto de la Ciudad de Buenos
Aires, del paradigma supranacional que plantea el derecho humano
al trabajo, tanto en su aspecto estrictamente normativo como en lo
institucional y en lo social, a través de los casos suscitados y de intervención
de la Defensoría del Pueblo, reconociendo las situaciones
generales planteadas en los indicadores estadísticos locales y las que
emergen de las investigaciones realizadas.

CAPÍTULO 2
El primer texto
normativo en que se
recepciona el “derecho
humano al trabajo” es la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos,
en su Art. 23 4 . Esta
Declaración es la piedra
angular de los derechos
humanos, y sus normas
han sido desarrolladas
posteriormente en otros
instrumentos vinculantes
del sistema de Naciones
Unidas y del sistema
regional.
CONTEXTO NORMATIvO
En este capítulo se analiza, en primer lugar, el contexto normativo
supranacional a fin de conocer la extensión del paradigma del
derecho humano al trabajo en su exacta dimensión normativa a
través de los distintos textos supranacionales de los que la República
Argentina es parte. En segundo lugar, se aborda el desarrollo
normativo nacional de aplicación local, a fin de evaluar el grado
de realización legislativa alcanzado en función del paradigma
supranacional. Por último, se analizará el contexto normativo local
con la misma finalidad.
Contexto normativo supranacional
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos incluye el
derecho humano al trabajo desde una doble perspectiva: individual
y social, ambas complementarias e interdependientes; lo enmarca en
los principios básicos de los derechos humanos: libertad, igualdad y
dignidad; y, en el aspecto colectivo, lo vincula estrechamente con el
derecho al desarrollo.
El primer texto normativo en que se recepciona el “derecho humano
al trabajo” es la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en su Art. 23. Esta declaración es la piedra angular de los derechos
humanos, y sus normas han sido desarrolladas posteriormente en
otros instrumentos vinculantes del sistema de Naciones Unidas y del
sistema regional.
Dieciocho 5 años después, en el foro de las Naciones Unidas se proclamó
y adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, que contiene en el Art. 6 la norma que consagra
el “derecho a trabajar”, y lo define como el derecho de toda persona
de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente
escogido o aceptado.
El paradigma supranacional se estructura como un concepto jurídico
complejo que se ocupa, no sólo de proclamar el derecho al
trabajo, sino también de las obligaciones de hacer que recaen sobre
los Estados partes como elementos necesarios para garantizar la realización
del derecho en las jurisdicciones nacionales comprometidas,
estableciéndose un estándar internacional común a todos los sujetos
estatales.
Los Estados quedan comprometidos a lograr la plena efectividad
del derecho con ocupación plena y productiva. Con este objetivo se
establecen tres ámbitos referidos a:
- orientación y formación técnico profesional
- programas
- normas y técnicas
El “derecho al trabajo” contempla también el goce de condiciones
13

El “derecho al trabajo”
contempla también el goce
de condiciones equitativas
y satisfactorias referidas
a: 1) la remuneración
(igual remuneración
por igual tarea -no
discriminación por
ninguna causa-, salario
que permita condiciones
de existencia dignas para
el/la trabajador/a y su
familia), 2) la seguridad
e higiene del trabajo, 3)
la promoción dentro del
trabajo por tiempo de
servicio y capacidad, 4)
el descanso, disfrute del
tiempo libre, limitación
de las horas de trabajo,
vacaciones periódicas
pagas, remuneración de
los días festivos.
14
equitativas y satisfactorias referidas a: 1) la remuneración (igual
remuneración por igual tarea -no discriminación por ninguna causa-,
salario que permita condiciones de existencia dignas para el/la
trabajador/a y su familia), 2) la seguridad e higiene del trabajo, 3) la
promoción dentro del trabajo por tiempo de servicio y capacidad, 4)
el descanso, disfrute del tiempo libre, limitación de las horas de trabajo,
vacaciones periódicas pagas, remuneración de los días festivos.
En cuanto al trabajo de los menores, el Art. 10 del mismo Pacto señala
la obligación de los Estados partes de establecer límites de edad
por debajo de los cuales la Ley de Empleo debe establecer sanciones
cuando se emplee a sueldo la mano de obra infantil.
Al respecto, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos
del Niño 6 contiene en el Art. 32 la obligación de protección contra
la explotación infantil y contra toda situación laboral que afecte la
posibilidad de estudio o sea nociva para la salud de los menores, así
también, la obligación de garantizar con medidas legislativas, administrativas,
educativas y sociales el ejercicio de este derecho, a cuyo
efecto deberá establecer una edad mínima para el trabajo, las condiciones
apropiadas y, en su caso, las sanciones que correspondan a las
conductas que infrinjan esta normativa.
En materia de discriminación por motivos de raza, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, del 21 de diciembre de 1965 7 , incluye en su Art. 5,
entre las obligaciones de no discriminación: la obligación de los Estados
de garantizar el derecho a igual remuneración por igual tarea, a
una remuneración satisfactoria y equitativa, a la libertad de elección
y aceptación, y de condiciones laborales equitativas y satisfactorias,
protección contra el desempleo y libertad sindical.
Desde la mirada del género, la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de
diciembre de 1979, continúa este desarrollo y preceptúa en su Art.
11 8 , que los Estados deberán garantizar la no discriminación de
la mujer y asegurar las mismas condiciones que los hombres en la
esfera laboral.
Esta convención consagra la inalienabilidad del derecho al trabajo
de todo ser humano; la libertad de elección del trabajo, la profesión
y empleo; las mismas oportunidades, los criterios de selección y las
condiciones de trabajo, el derecho al ascenso, a igual remuneración
por igual tarea, e igualdad de trato con relación a los criterios de
evaluación. Trata de manera específica los aspectos relativos al matrimonio
y la maternidad, y prohíbe el despido por embarazo o licencia
de maternidad y por el estado civil, así como la obligación de los
Estados de establecer sanciones en estos casos. Implanta la licencia
por maternidad con sueldo pago, la protección laboral durante el
embarazo para que no realice trabajos incompatibles con su condición;
el derecho a la protección de la salud y de los servicios sociales
para la madre y el niño, y la posibilidad de que la mujer combine sus

esponsabilidades del trabajo con
las responsabilidades para con su
familia.
La maternidad y el embarazo
ligadas al trabajo resultan una
circunstancia especialmente
contemplada tanto en esta convención
como en el Pacto de las
Naciones Unidas sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
que en su Art. 10. 2), señala
que hay obligación de brindar
protección a las mujeres que trabajen
y estén embarazadas, y esa
protección consiste en conceder
durante dicho periodo licencia
con remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad
social.
Con la perspectiva de la discapacidad,
el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos
aborda los aspectos laborales
vinculados en la Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, ratificada
por la República Argentina el 2
de septiembre de 2008, la cual
contiene específicas previsiones
en su Art. 27 9 . Reconoce el
derecho al trabajo de este grupo
en igualdad de condiciones con
las demás personas, y expresa el
derecho que tienen las personas
con discapacidad a ganarse la
vida en un trabajo libremente
elegido y en condiciones equitativas
y satisfactorias. Así, se
obliga a los Estados a promover
el ejercicio del derecho al
trabajo respecto de este grupo
vulnerable, y a generar políticas
inclusivas de acción positiva
para incorporarlas en el mercado
laboral. Se impone de esta forma
la obligación de emplear a estas
personas en el sector público.
El Derecho al Trabajo
Contexto normativo regional
del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
En el contexto normativo regional
-del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos- la
Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre,
del 2 de mayo de 1948,
reconoce en su Art. 14 10 el “derecho
al trabajo y a la retribución
justa, el derecho al descanso y a
su aprovechamiento, y el derecho
a la seguridad social” que lo
proteja contra las consecuencias
de la desocupación, la vejez y la
incapacidad sobreviniente que le
imposibilite obtener medios de
subsistencia.
En el mismo ámbito supranacional,
la Convención Americana
sobre Derechos Humanos,
Pacto de San José de Costa Rica,
del 22 de noviembre de 1969,
contiene la regla jurídica (Art.
6°) por la que se prohíbe la
esclavitud y la servidumbre. En
tanto, en el segundo párrafo de
la misma preceptúa que nadie
está constreñido a ejecutar un
trabajo forzoso u obligatorio, a
menos que esté relacionado con
el cumplimiento de una pena
impuesta por juez competente.
El desarrollo progresivo de la
protección jurídica al trabajo nos
sitúa en el Protocolo Adicional
del 17 de noviembre de 1988 a
la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en materia
de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, Protocolo
de San Salvador 11 , el que contiene
un extenso desarrollo sobre el
mismo.
En el Art. 6, sobre las condiciones
justas, equitativas y satisfac-
La maternidad de la
trabajadora se contempla
especialmente en el
Art. 25, inciso 2 de la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos,
reconociéndole cuidados y
asistencia especiales.
15

La trata afecta en gran
medida a los trabajadores
migrantes, que son
objeto de actividades de
explotación, tanto nacional
como transfronteriza, y en
especial recae sobre mujeres
y niñas que son obligadas
en una importante medida
a prostituirse, así como los
trabajadores reducidos a la
situación de servidumbre o
trabajos forzosos.
16
torias del trabajo, y en el Art. 7, sobre remuneración digna, salario
equitativo, promoción en el empleo, estabilidad, prohibición de
trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores
de 18 años, seguridad y salubridad. Consagra también los derechos
sindicales y de la seguridad social en normas específicas que no serán
analizadas en el presente contexto. La normativa descrita conecta el
trabajo con la posibilidad de la obtención de los medios para llevar
una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad
lícita, libremente escogida o aceptada.
A su vez, tanto el Art. 6 como el 7 establecen obligaciones a los Estados,
que están ordenadas a garantizar el ejercicio de estos derechos.
Derecho Humano al Trabajo en el Sistema Interamericano de
Medios de Protección de los Derechos Humanos
En consideración a que la Argentina es parte del sistema de medios
de protección del sistema interamericano, resultan relevantes las sentencias
y las opiniones consultivas que son el resultado de la aplicación
del sistema en la región, y brindan los criterios de aplicación de
las normas en casos concretos.
En materia del derecho al trabajo es ilustrativa la sentencia dictada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Baena
Ricardo y otros (270 trabajadores) vs. Panamá”, del 2 de febrero
de 2001. En dicha sentencia, después de reconocer las violaciones
de derechos de las que habían sido objeto los empleados públicos
en ocasión de su despido por el Estado demandado -Panamá-, y de
asentar el principio de reparación antes mencionado, se condenó a
este último, en primer lugar, a restablecer en sus cargos a las aludidas
víctimas 12
Trabajo forzoso
La inclusión del trabajo forzoso, que se vincula indudablemente con
aspectos penales transnacionales, se analiza en el presente diagnóstico
desde la perspectiva laboral y de la tutela del derecho humano al
trabajo.
La OIT estima que al menos 12,3 millones de personas están sometidas
a alguna forma de coerción laboral en la economía subterránea
e ilegal.
La coerción y la explotación económica caracterizan el trabajo forzoso
de nuestros días, situación que afecta a los grupos de personas
más vulnerables, en especial mujeres y niñas, migrantes sometidos
por la pobreza e ignorancia en muchos casos a la trata de personas
con fines de prostitución y al trabajo en condiciones de servidumbre.
Las formas actuales de trabajo forzoso no son nuevas. Hay, naturalmente,
grandes diferencias entre la esclavitud tradicional y el trabajo
forzoso actual, lo mismo que entre el comercio de esclavos trasatlántico
y la actual trata de personas, pero hay también semejanzas

importantes. Las nuevas formas
de esclavitud se producen en la
clandestinidad.
La trata afecta en gran medida a
los trabajadores migrantes, que
son objeto de actividades de explotación,
tanto nacional como
transfronteriza, y en especial
recae sobre mujeres y niñas que
son obligadas en una importante
medida a prostituirse, así
como los trabajadores reducidos
a la situación de servidumbre o
trabajos forzosos 13 .
Son situaciones moral y socialmente
inaceptables, desde
el punto de vista tanto de la
justicia y equidad, como en el
contexto de los valores democráticos
del estado social de derecho:
la libertad, la dignidad y la
igualdad de hombres y mujeres.
La Argentina es parte de varios
instrumentos internacionales
-tanto en el contexto específico
de la OIT, como en el universal
y regional- que constituyen un
marco de protección normativo
y con mecanismos internacionales
específicos para prevenir y
combatir estos flagelos.
Se encuentra en vigencia desde
el 22 de diciembre de 2000 el
Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la
Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Hasta
el presente ha sido ratificado
por 99 Estados, y la República
Argentina es parte desde el 20 de
marzo de 2007.
En el ámbito regional, la Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar
la violencia Contra la Mujer
-Convención De Belem Do
Para-, integra el sistema de protección
de derechos humanos 14
y define que el trabajo forzoso
en sí mismo es una violencia, en
este caso, contra la mujer.
La Organización Internacional
del Trabajo y los derechos
humanos
Las normas de la OIT se complementan
armónicamente con
los desarrollos normativos de
derechos humanos alcanzados en
el contexto universal y regional.
Ambos órdenes normativos
focalizan su objeto en el mismo
fenómeno: el trabajo. Podemos
sostener que desde la mirada de
los derechos humanos se apunta
a la naturaleza ontológica de la
relación con el trabajo, a ello
se agrega un foro especializado
donde se generan normas especializadas,
que se complementan
con el marco universal 15 .
En el contexto de la OIT, se
coincide en la amplia protección
del trabajo que brinda el Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos. En primer lugar,
señalamos el Convenio 111
relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación,
adoptado el 25 de junio de 1958
por la Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo 16 .
El Convenio 100 sobre igualdad
de remuneración, 1951, adoptado
por la Conferencia General
de la Organización Internacional
del Trabajo 17 , y en vigencia desde
el 23 de mayo de 1953, en el
que se hace especial referencia a
la no discriminación por sexo y
a la igualdad de remuneración
entre hombres y mujeres por un
trabajo del mismo valor.
El Convenio C105 relativo a
la abolición de trabajo forzoso,
adoptado el 25 de junio de 1957
por la Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo 18 . La norma expresa la
obligación de los Estados partes
de suprimir y no hacer uso de
trabajo forzoso.
El Convenio C156 sobre los
trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981, establece
diversas proposiciones relativas a
la igualdad de oportunidades y
de trato entre trabajadores y trabajadoras
con responsabilidades
familiares, que está estrechamente
vinculada a “la necesidad de
instaurar la igualdad efectiva de
oportunidades y de trato entre
los trabajadores de uno y otro
sexo con responsabilidades familiares,
al igual que entre éstos y
los demás trabajadores”.
El Convenio C159 sobre la
readaptación profesional y el
empleo (personas inválidas) de
1983 prescribe la obligación de
los Estados partes de generar
políticas y legislación ante “la
necesidad de asegurar, tanto en
las zonas rurales como urbanas,
la igualdad de oportunidades y
de trato a todas las categorías de
personas inválidas en materia de
empleo y de integración en la
comunidad” 19 , sin perjuicio de
evitar toda discriminación para
el resto de los trabajadores.
El Convenio 182 de la OIT 20 sobre
la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la
acción inmediata para su eliminación
(Recomendación 190 de
17

La Constitución Nacional
consagra, desde 1853, el
derecho al trabajo para
todos los habitantes en
el Art. 14, y en el 20
equipara a los extranjeros
con los mismos derechos
civiles que los nacionales
(...) En su Art. 16 se
reconoce, desde la
perspectiva de la igualdad,
el derecho de acceso al
empleo sin otra condición
que la idoneidad.
18
la OIT) considera como peores formas de trabajo infantil a:
Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la
condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio de niños para
utilizarlos en conflictos armados. La utilización, el reclutamiento o
la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía
o actuaciones pornográficas. La utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la realización de acciones ilícitas, en particular,
la producción y el tráfico de estupefacientes. El trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, dañe la salud,
la seguridad o la moral de los niños.
Contexto normativo nacional
Las normas laborales nacionales se contextualizan en el marco conceptual
del constitucionalismo social y democrático de derecho, el
que persigue obtener un orden más justo y de inclusión para aquellos
más vulnerables.
Las consecuencias del proceso económico mundial que sucedió
durante la primera mitad del siglo XX impulsaron en nuestro país
el proceso de industrialización por sustitución de importaciones,
el que, a su vez, indujo a una migración masiva interna del campo
hacia la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense 21 . Este
proceso económico y social impulsó la defensa de los derechos de los
trabajadores por la instalación de un orden social más justo.
Los artículos 14, 16, 20, 14 bis y 75, Inc. 22 de la Constitución
Nacional
La Constitución Nacional consagra, desde 1853, el derecho al trabajo
para todos los habitantes en el Art. 14, y en el 20 equipara a los
extranjeros con los mismos derechos civiles que los nacionales. A su
vez, en el Art. 16 se reconoce, desde la perspectiva de la igualdad, el
derecho de acceso al empleo sin otra condición que la idoneidad.
Por ese entonces, no se incluyó protección constitucional expresa al
universo laboral, puesto que aún no existía forjado el concepto de
protección del trabajador y del trabajo que aparece con el constitucionalismo
social en el siglo XX.
La Constitución de 1949 -no obstante haber sido derogada- rigió
durante 6 años y contribuyó a la conformación de una conciencia
social 22 ; dicho antecedente sumado al enorme cambio social y laboral
del siglo XX impactó también en el contexto normativo laboral
nacional y, en especial, en el Derecho constitucional donde se produce
la consagración de la protección constitucional del derecho al
trabajo, en el Art. 14 bis 23 , incluido en la reforma del 58.
Es oportuno recordar que recientemente la Corte Suprema de Justicia
de la Nación señaló en autos “Madorrán, Marta C. c. Administración
Nac. de Aduanas”, 03/05/2007, que:

4°)…la reforma de la Constitución Nacional
producida en 1957, mediante la
introducción del art. 14 bis, tuvo como
inequívoco propósito dar recepción en
el texto de 1853-1860, a los aportes y
experiencias que habían tenido lugar,
durante la primera mitad del siglo XX,
en el ámbito de lo que dio en llamarse
el constitucionalismo social (“Aquino”,
Fallos: 327:3753, 3770, 3788 y 3797).
El primer párrafo de la mencionada
norma pone de manifiesto, con toda
elocuencia, que el objeto y el sujeto
principalísimos sobre los que operó la
reforma fueron el universo del trabajo
y el trabajador. De tal suerte, bajo la
luz del principio protector (“El trabajo
en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes...”), asentaron
su plaza en la cúspide del ordenamiento
jurídico positivo diversos derechos
“inviolables”.
El Art. 14 bis contiene la protección
constitucional del
trabajo, y establece la obligación
del Congreso de legislar 24 con
tal finalidad, proclamando los
siguientes aspectos sujetos a esta
protección:
a) condiciones dignas y equitativas
de labor;
b) jornada limitada;
c) descanso y vacaciones pagados;
d) retribución justa;
e) salario mínimo vital y móvil;
f) igual remuneración por igual
tarea;
g) participación en las ganancias
de las empresas, con control de
la producción y colaboración en
la dirección;
h) protección contra el despido
arbitrario;
i) estabilidad del empleado
público;
j) organización sindical libre y
democrática, reconocida por la
simple inscripción en un registro
especial.
El Derecho al Trabajo
Posteriormente, en la reforma
constitucional de 1994, el Art.
75, inciso 22 CN, inserta en la
jerarquía constitucional el derecho
supranacional de los derechos
humanos 25 , el que incluye
al trabajo en su perspectiva de
derecho humano. De esta forma
se complementa la primera parte
de la Constitución Nacional referida
a los derechos y garantías
con el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos en las
condiciones establecidas en el
Art. 75, inciso 22. Se compatibiliza
el plexo normativo con el
constitucionalismo social 26 y el
estado social de derecho.
El Art. 14 bis se enriquece y
potencia con la normativa que lo
conecta al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
Además, como se establece la
jerarquía superior de los tratados
internacionales con respecto a
las leyes, se completa de forma
indubitable la vigencia normológica
del derecho al trabajo como
derecho humano con jerarquía
constitucional, y la superioridad
jerárquica de los convenios de la
OIT sobre las leyes internas.
La obligación de legislar acorde a
un orden positivo supranacional
integrado al federal emana de la
jerarquía superior de los tratados
por sobre las leyes internas. Conduce
a que la normativa interna
se deba adecuar a los compromisos
internacionales asumidos
por la República Argentina en
materia laboral. Estos quedan
incorporados a nuestro sistema
jurídico y sus obligaciones se
imponen en todos los órdenes
locales subordinados jerárquicamente
al orden federal. En este
19

El Art. 14 bis se enriquece
y potencia con la
normativa que lo conecta
al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
Además, como se establece
la jerarquía superior de los
tratados internacionales
con respecto a las leyes,
se completa de forma
indubitable la vigencia
normológica del derecho
al trabajo como derecho
humano con jerarquía
constitucional
20
mismo sentido se expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación
cuando señaló que un tratado internacional celebrado conforme el
procedimiento constitucional es orgánicamente federal 27 .
El Art. 14 bis de la Constitución Nacional queda entonces complementado
por el Art. 75, inciso 22, en tanto este último reconoce la
jerarquía constitucional del derecho humano al trabajo.
Adentrándonos en el contexto legal nacional debemos señalar que el
derecho humano al trabajo distingue dos órdenes normativos que se
agrupan en torno de dos grandes ejes: el empleo público y el empleo
privado
Desde esta perspectiva, se ha dicho que existe una tajante y excluyente diferenciación
entre el sector público y el privado en orden a la prestación de servicios
dependientes, pues ambos regímenes jurídicos actúan paralelamente sin colisionar
en diversos campos de aplicación material; y no puede habilitarse la irrupción del
derecho del trabajo en aquellos sectores en los cuales no medie expresión formal y
expresa de las personas públicas que dispongan la aplicación de la norma laboral a
sus empleados, ya sea por estipulaciones especiales o por haber suscripto un convenio
colectivo de trabajo 28 .
Régimen legal laboral argentino
El régimen laboral argentino, para los que no integran el sector de
empleo público, está regulado por las siguientes leyes en todo el
territorio nacional:
Ley nacional 25877 de Régimen Laboral
Se establece que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado,
excepto el referido en el Art. 96, se entenderá celebrado a prueba
durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. Cualquiera de las
partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de
causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero
con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231
y 232.
El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:
1. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de
una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará
de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de
prueba.
2. El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la
efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas
en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial,
se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare
sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de
trabajo de naturaleza permanente.
3. El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación
laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio
de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá
de pleno derecho que ha renunciado a dicho período.

4. Las partes tienen los derechos
y obligaciones propias de la relación
laboral, con las excepciones
que se establecen en este artículo.
Tal reconocimiento respecto
del trabajador incluye los derechos
sindicales.
5. Las partes están obligadas al
pago de los aportes y contribuciones
a la Seguridad Social.
6. El trabajador tiene derecho,
durante el período de prueba, a
las prestaciones por accidente o
enfermedad del trabajo. También
por accidente o enfermedad
inculpable, que perdurará
exclusivamente hasta la finalización
del período de prueba si el
empleador rescindiere el contrato
de trabajo durante ese lapso.
Queda excluida la aplicación de
lo prescripto en el cuarto párrafo
del Art. 212.
También se ocupa de la extinción
del contrato de trabajo, del
preaviso, de la indemnización
por despido sin justa causa, de
la promoción del empleo, de la
negociación colectiva -convenciones
colectivas-, el procedimiento
de la negociación colectiva,
los conflictos colectivos
de trabajo, medidas legítimas
de acción directa, y los servicios
considerados esenciales: servicios
sanitarios y hospitalarios,
la producción y distribución de
agua potable, energía eléctrica y
gas y el control del tráfico aéreo;
el balance social a cargo de las
empresas con más de trescientos
empleados; la administración del
trabajo en la que se implanta el
Sistema Integral de Inspección
del Trabajo y de la Seguridad
Social (SIDITYSS), a fin de garantizar
los derechos de los tra-
bajadores previstos en el Art. 14
bis de la Constitución Nacional,
y en los Convenios Internacionales
ratificados por la República
Argentina; eliminar el empleo
no registrado y las demás distorsiones
que el incumplimiento
de la normativa laboral y de la
seguridad social provoquen.
Está integrado por la autoridad
administrativa del trabajo y de
la seguridad social nacional y las
autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que actuarán bajo los
principios de corresponsabilidad,
coparticipación, cooperación y
coordinación para garantizar su
funcionamiento eficaz y homogéneo
en todo el territorio
nacional. La ley contiene una
norma específica para las cooperativas
de trabajo, a fin de
evitar el fraude laboral, en este
sentido, especialmente señala
que las cooperativas de trabajo
no podrán actuar como empresas
de provisión de servicios
eventuales, ni de temporada, ni
de cualquier otro modo brindar
servicios propios de las agencias
de colocación.
Ley nacional 20744 de Contrato
de Trabajo
Se aplica al contrato de trabajo
y a la relación de trabajo, y
se complementa con las leyes
y estatutos profesionales, con
convenciones colectivas o laudos
con fuerza de tales, con la voluntad
de las partes, con los usos y
costumbres. La vigencia de esta
ley quedará condicionada a que
la aplicación de sus disposiciones
resulte compatible con la
naturaleza y modalidades de la
La obligación de legislar
acorde a un orden positivo
supranacional integrado
al federal emana de la
jerarquía superior de los
tratados por sobre las leyes
internas. Conduce a que la
normativa interna se deba
adecuar a los compromisos
internacionales asumidos
por la República Argentina
en materia laboral. Estos
quedan incorporados a
nuestro sistema jurídico y
sus obligaciones se imponen
en todos los órdenes
locales subordinados
jerárquicamente al orden
federal.
21

La normativa sobre
contratos de trabajo es
de orden público, y se
aplica a todo contrato de
trabajo que se cumpla
en el territorio nacional,
aunque el contrato se haya
celebrado en el exterior, y
se aplica a todo lo relativo
a la validez, derechos y
obligaciones de las partes.
22
actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se
halle sujeta.
Las disposiciones de esta ley no se aplican 29 :
a) A los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial
o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la
misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.
b) A los trabajadores del servicio doméstico.
c) A los trabajadores agrarios.
La normativa sobre contratos de trabajo es de orden público, y se
aplica a todo contrato de trabajo que se cumpla en el territorio
nacional, aunque el contrato se haya celebrado en el exterior, y se
aplica a todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las
partes.
También se establece la irrenunciabilidad de los derechos previstos
en la ley laboral; a tal fin se prescribe que “será nula y sin valor toda
convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos
en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o
los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración
o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su
extinción” 30 .
Ley nacional 24013 de Protección del Trabajo 31
La Ley de Protección del Trabajo constituye el marco regulatorio de la
política de empleo entendida como conjunto de acciones del Poder Ejecutivo
dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la población.
En este orden, se establece un eje principal: la política de empleo,
entendido este eje como la situación social jurídicamente configurada.
Dicha política tiende a hacer operativo el derecho constitucional
a trabajar a través de los mecanismos previstos en esta ley, e integra
en forma coordinada las políticas económico-sociales.
La política de empleo comprende las acciones de prevención y sanción
del empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción
y defensa del empleo, de protección a trabajadores desempleados,
de formación y orientación profesional para el empleo y las demás
previstas en esta ley. Su formulación y ejecución es misión del Poder
Ejecutivo a través de la acción coordinada de sus distintos organismos.
La Ley de Protección del Trabajo establece:
El Sistema Único de Registro Laboral, donde se inscriben tanto el
empleador como la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de
Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y a la obra social
correspondiente; y los trabajadores beneficiarios del sistema integral
de prestaciones por desempleo.
El régimen de promoción y defensa del empleo: El Poder Ejecutivo
incorporará el criterio de la generación de empleo en el análisis y
diseño de las políticas nacionales que tengan una incidencia significativa
en el nivel y composición del empleo.

Modalidades del contrato de trabajo:
a) vigencia del principio de
indeterminación del plazo, como
modalidad principal del contrato
de trabajo; b) en materia de
contrato de trabajo eventual: se
prohíbe la contratación de trabajadores
bajo esta modalidad para
sustituir trabajadores que no
prestaran servicios normalmente
en virtud del ejercicio de medidas
legítimas de acción sindical.
Reestructuración productiva,
como mecanismo para empresas
en crisis y para evitar medidas
que afecten el empleo, en ese
caso, el Ministerio de Trabajo
convoca a la comisión negociadora
para negociar sobre las
siguientes materias: a) un programa
de gestión preventiva del
desempleo en el sector; b) las
consecuencias de la reestructuración
productiva en las condiciones
de trabajo y de empleo; c)
medidas de reconversión profesional
y de reinserción laboral de
los trabajadores afectados.
Procedimiento preventivo de crisis
de empresas
Programas de emergencia
ocupacional: La protección de
los trabajadores desempleados
que se instituye en este contexto
normativo regirá en todo el
territorio de la nación de conformidad
con sus disposiciones y
las normas reglamentarias que se
dicten. Estas serán de aplicación
a todos los trabajadores cuyo
contrato de trabajo se rija por la
Ley de Contrato de Trabajo (t.o.
1976). No será aplicable a los
trabajadores comprendidos en
el Régimen Nacional de Trabajo
Agrario, a los trabajadores del
El Derecho al Trabajo
servicio doméstico y a quienes
hayan dejado de prestar servicios
en la Administración Pública
nacional, provincial o municipal,
afectados por medidas de racionalización
administrativa.
Se crea, asimismo, el Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo,
vital y Móvil, con las siguientes
funciones:
a) Determinar periódicamente
el salario mínimo, vital y móvil
(garantizado por el Art. 14 bis
de la Constitución Nacional y
previsto por el Art. 116 de la
LCT, t.o. 1976);
b) Determinar periódicamente
los montos mínimos y máximos
y el porcentaje previsto en el Art.
118 correspondiente a los primeros
cuatro meses de la prestación
por desempleo;
c) Aprobar los lineamientos,
metodología, pautas y normas
para la definición de una canasta
básica que se convierta en un
elemento de referencia para la
determinación del salario mínimo,
vital y móvil;
d) Constituir, en su caso, las
comisiones técnicas tripartitas
sectoriales referidas en el Art. 97,
inciso a);
e) Fijar las pautas de delimitación
de actividades informales de
conformidad con el Art. 90 de
esta ley;
f) Formular recomendaciones
para la elaboración de políticas
y programas de empleo y formación
profesional;
g) Proponer medidas para
incrementar la producción y la
productividad.
La ley consagra el principio por
el cual todos los trabajadores
comprendidos en la Ley de
Contrato de Trabajo (t.o. 1976),
de la Administración Pública
nacional y de todas las entidades
y organismos en que el Estado
nacional actúe como empleador,
tendrán derecho a percibir una
remuneración no inferior al
salario mínimo, vital y móvil que
se establezca de conformidad a
lo preceptuado en esta ley.
En relación al financiamiento, se
crea el Fondo Nacional del Empleo
con el objeto de proveer al
financiamiento de los institutos,
programas, acciones, sistemas
y servicios contemplados en la
presente ley, integrado por:
1) Aportes y contribuciones: a)
1,5 punto porcentual de la contribución
a las cajas de subsidios
y asignaciones familiares según
lo establecido en el Art. 146 de
la presente ley. b) Una contribución
del 3 por ciento del total de
las remuneraciones pagadas por
las empresas de servicios eventuales,
a cargo de dichas empresas.
c) Los aportes personales de
los beneficiarios de prestaciones
previsionales que reingresen a la
actividad (punto incorporado
por Art. 5 de la Ley 24347 B.O.
29/6/1994).
2) Aportes del Estado: a) Las
partidas que asigne anualmente
la Ley de Presupuesto. b) Los recursos
que aporten las provincias
y, en su caso, los municipios, en
virtud de los convenios celebrados
para la instrumentación de
la presente ley.
Ley nacional 24557 de Riesgos de
Trabajo LRT
Los objetivos de la Ley son dos:
la prevención de riesgos y la
23

El sistema legal en análisis
atiende a situaciones y
riesgos producidos en
un ámbito específico
y diferenciado de los
restantes de la vida
contemporánea: el
del trabajo. Persigue
la previsión y el
resarcimiento de las
consecuencias dañosas
derivadas específicamente
de la situación laboral
conforme a parámetros
preestablecidos.
24
reparación de daños.
El sistema legal en análisis atiende a situaciones y riesgos producidos
en un ámbito específico y diferenciado de los restantes de la vida
contemporánea: el del trabajo. Persigue la previsión y el resarcimiento
de las consecuencias dañosas derivadas específicamente de la
situación laboral conforme a parámetros preestablecidos.
El resarcimiento al que el siniestrado puede acceder está sujeto a ampliaciones
y cambios tanto en lo atinente a los listados de enfermedades,
tablas de evaluación de las incapacidades, acciones de prevención,
etc., como al aumento de las prestaciones dinerarias (Art. 11),
el que podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
El ámbito de aplicación personal y espacial de la norma extiende sus
obligaciones a:
a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las
provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
b) los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;
c) las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.
Faculta al Poder Ejecutivo Nacional a incluir en el ámbito de la LRT a:
a) los trabajadores domésticos;
b) los trabajadores autónomos;
c) los trabajadores vinculados por relaciones no laborales;
d) los bomberos voluntarios.
La cuestión de la reparación integral en la LRT y en la jurisprudencia
de la Corte Suprema
Sin perjuicio de lo señalado, el sistema de resarcimiento establecido
por el Art. 39 Inc. 1, ha sido objeto de los reclamos de los trabajadores
por considerar insuficiente el monto del resarcimiento, en tanto
el artículo en cuestión impide percibir una indemnización integral.
Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en A.
2652. XXXvIII. RECURSO DE HECHO Aquino, Isacio c/ Cargo
Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688. 21 de septiembre
de 2004, que señala en el considerando 3°):
Que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el “principio general” que
“prohíbe a los ‘hombres’ perjudicar los derechos de un tercero”: alterum non laedere,
que se encuentra “entrañablemente vinculado a la idea de reparación”. A ello
se yuxtapone, que “la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Código
Civil sólo consagra el [citado] principio general”, de manera que la reglamentación
que hace dicho código en cuanto “a las personas y las responsabilidades
consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho
privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina
jurídica” (“Gunther c/ Estado Nacional”, Fallos: 308:1118, 1144, considerando
14; asimismo: Fallos: 308:1109).- En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal
cuenta con numerosos antecedentes que han profundizado la razón de ser de los
alcances reparadores integrales que establecen las mencionadas normas del Código
Civil las cuales, como ha sido visto, expresan el también citado “principio general”
enunciado en la Constitución. Cabe recordar, entonces, que el “valor de la vida
humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción
materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores

materiales y espirituales, unidos inescindiblemente
en la vida humana y a
cuya reparación debe, al menos, tender
la justicia. No se trata, pues, de medir
en términos monetarios la exclusiva
capacidad económica de las víctimas,
lo que vendría a instaurar una suerte
de justicia distributiva de las indemnizaciones
según el capital de aquéllas o
según su capacidad de producir bienes
económicos con el trabajo. Resulta
incuestionable que en tales aspectos no
se agota la significación de la vida de las
personas, pues las manifestaciones del
espíritu insusceptibles de medida económica
integran también aquel valor
vital de los hombres”. Es, lo transcripto,
la ratio decidendi expuesta ya para el
26 de agosto de 1975 (Fallos: 292:428,
435, considerando 16; asimismo:
Fallos: 303:820, 822, considerando 2°;
310:2103, 2111, considerando 10, y
312:1597, 1598, entre muchos otros),
y que el paso del tiempo y las condiciones
de vida que lo acompañaron no
han hecho más que robustecer, sobre
todo ante la amenaza de hacer del
hombre y la mujer, un esclavo de las
cosas, de los sistemas económicos, de la
producción y de sus propios productos
(Juan Pablo II, Redemptor hominis,
52).- En esta línea de ideas, la Corte
también tiene juzgado, dentro del antedicho
contexto del Código Civil y con
expresa referencia a un infortunio laboral,
que la reparación también habrá
de comprender, de haberse producido,
el “daño moral”. Más aún; la “incapacidad
debe ser objeto de reparación, al
margen de lo que pueda corresponder
por el menoscabo de [la] actividad
productiva y por el daño moral, pues
la integridad física en sí misma tiene
un valor indemnizable”. En el caso, fue
juzgado que “la pérdida casi total de
la audición sufrida por el actor, y sus
graves secuelas, sin duda producen un
serio perjuicio en su vida de relación, lo
que repercute en sus relaciones sociales,
deportivas, artísticas, etc.” (Fallos:
308:1109, 1115, considerando 7°). De
ahí, que “los porcentajes de incapacidad
estimados por los peritos médicos
-aunque elementos importantes que se
deben considerar- no conforman pautas
estrictas que el juzgador deba seguir
inevitablemente toda vez que no sólo
cabe justipreciar el aspecto laboral sino
también las consecuencias que afecten a
la víctima, tanto desde el punto de vista
individual como desde el social, lo que
le confiere un marco de valoración más
amplio” (Fallos: 310:1826, 1828/1829,
considerando 5°). En el ámbito del
trabajo, incluso corresponde indemnizar
la pérdida de “chance”, cuando
el accidente ha privado a la víctima de
la posibilidad futura de ascender en su
carrera (Fallos: 308:1109, 1117, considerando
9°).- Estos precedentes, por
lo demás, se corresponden, de manera
implícita pero inocultable, con los
principios humanísticos que, insertos
en la Constitución Nacional, han nutrido
la jurisprudencia constitucional
de la Corte. En primer lugar, el relativo
a que el “hombre es eje y centro de
todo el sistema jurídico y en tanto fin
en sí mismo -más allá de su naturaleza
trascendente- su persona es inviolable
y constituye valor fundamental con
respecto al cual los restantes valores
tienen siempre carácter instrumental”
(“Campodónico de Beviacqua c/
Ministerio de Salud y Acción Social”
Fallos: 323:3229, 3239, considerando
15 y su cita). En segundo término,
el referente a que el “trabajo humano
tiene características que imponen su
consideración con criterios propios que
obviamente exceden el marco del mero
mercado económico y que se apoyan en
principios de cooperación, solidaridad
y justicia, ... normativamente comprendidos
en la Constitución Nacional...Y
ello sustenta la obligación de los que
utilizan los servicios, en los términos de
las leyes respectivas, a la preservación
de quienes los prestan” (“S.A. de Seguros
‘El Comercio de Córdoba’ c/ Trust”
Fallos: 258:315, 321, considerando
10 y sus citas; en igual sentido Fallos:
304:415, 421, considerando 7°). El
Régimen de Contrato de Trabajo (ley
20.744) se inscribe en esta perspectiva,
cuando preceptúa que el “contrato de
trabajo tiene como principal objeto
la actividad productiva y creadora
del hombre en sí. Sólo después ha de
entenderse que media entre las partes
una relación de intercambio y un fin
económico...” (art. 4).- En breve, como
25

26
fue expresado hace varios siglos, no es la mano la que trabaja, sino el hombre
mediante la mano: homo per manum…
Insuficiencia de la tutela de derechos
Sobre la falta de adecuación a la Constitución Nacional, y la insuficiencia
de la tutela de los derechos, que ofrece la norma expuesta la
Corte consideró:
7°) Que, por ende, no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir
que la LRT, al excluir, sin reemplazarla con análogos alcances, la tutela de los arts.
1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales
antes expuestos, a pesar de haber proclamado que tiene entre sus “objetivos”, en lo
que interesa, “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales” (art. 1, inc. 2.b). Ha negado, a la hora de proteger la integridad
psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio
alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los imperativos
de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional y,
de consiguiente, por esta Corte, que no deben cubrirse sólo en apariencia (Fallos:
299:125, 126, considerando 1° y sus citas, entre muchos otros). Para el presente
caso, es de reiterar lo expresado en el considerando 1°, que llega firme a esta
instancia: por un lado, la falta imputable al empleador por no haber adoptado las
medidas de seguridad necesarias, y, por el otro, la insuficiencia de la reparación
prevista en la LRT.- En este orden de ideas, el Tribunal no advierte la existencia de
motivo alguno que pudiera justificar no ya el abandono sino la simple atenuación
de la doctrina constitucional de la que se ha hecho mérito; antes bien, las razones
que serán expuestas en el presente considerando, así como en los siguientes,
imponen un celoso seguimiento de aquélla.- En efecto, es manifiesto que el art.
14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo
hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir
lo que dio en llamarse el principio protectorio: “El trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de las leyes”, y al precisar que éstas “asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor”, la reforma constitucional
de 1957 se erige en una suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden
constitucional, por haber enriquecido el bagaje humanista del texto de 1853-1860
con los renovadores impulsos del constitucionalismo social desplegados, a escala
universal, en la primera mitad del siglo XX. Impulsos estos percibidos por la Corte
en temprana hora (1938), cuando juzgó válidas diversas reglamentaciones tutelares
de la relación de trabajo con base en que el legislador argentino, mediante ellas,
no hacía otra cosa que seguir “el ritmo universal de la justicia” (Fallos: 181:209,
213). Ritmo que, a su turno, la reforma de 1957 tradujo en deberes “inexcusables”
del Congreso a fin de “asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables”
(Fallos: 252:158, 161, considerando 3°). La “excepcional significación, dentro
de las relaciones económico-sociales existentes en la sociedad contemporánea,
hizo posible y justo” que a las materias sobre las que versó el art. 14 bis “se les
destinara la parte más relevante de una reforma constitucional” (ídem, pág. 163,
considerando 7° y sus citas).- Para el constituyente que la elaboró y sancionó, la
citada norma entrañaba, en palabras del miembro informante de la Comisión
Redactora, convencional Lavalle, una aspiración “a derrotar ... al ‘hombre tuerca’
... y soliviantar al ‘hombre criatura’ que, agrupado en su pueblo, en el estilo de la
libertad y en nombre de su humana condición, realiza, soñador y doliente, agredido
y esperanzado, con perspectiva de eternidad, su quehacer perecedero” (Diario
de sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año 1957, Buenos Aires,
Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II, pág. 1061).

Deber de garantizar
En la misma sentencia, la Corte
contextualiza el objeto del reclamo
en el marco de las normas
supranacionales, así señala el
deber de garantizar con acciones
positivas estatales la protección
concreta e inviolable que demanda
el Art. 14 bis:
8°) Que la manda constitucional del
art. 14 bis, que tiene ya cumplidos 47
años, a su vez, se ha visto fortalecida y
agigantada por la singular protección
reconocida a toda persona trabajadora
en textos internacionales de derechos
humanos que, desde 1994, tienen jerarquía
constitucional (Constitución
Nacional, art. 75, inc. 22). El Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) es
asaz concluyente al respecto, pues su
art. 7 preceptúa: “Los Estados Partes en
el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al goce de condiciones
de trabajo equitativas y satisfactorias
que le aseguren en especial: ... a.ii)
Condiciones de existencia dignas para
ellos y para sus familias ...; b) La seguridad
y la higiene en el trabajo”. A ello se
suma el art. 12, relativo al derecho de
toda persona al “disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental”,
cuando en su inc. 2 dispone: “Entre las
medidas que deberán adoptar los
Estados Partes en el Pacto a fin de
asegurar este derecho, figurarán las
necesarias para ... b. El mejoramiento
en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo ...; c. La prevención y el
tratamiento de las enfermedades ...
profesionales”. El citado art. 7.b del
PIDESC, corresponde subrayarlo,
implica que, una vez establecida por los
estados la legislación apropiada en
materia de seguridad e higiene en el
trabajo, uno de los más cruciales
aspectos sea la reparación a que tengan
derecho los dañados (Craven, Matthew,
The International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights, Oxford,
Clarendom, 1998, pág. 242).- Añádense
a este listado de normas internacionales
con jerarquía constitucional, por
un lado, las relativas a la específica
El Derecho al Trabajo
protección de la mujer trabajadora
contenidas en la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, como
son, más allá de las previstas en cuanto
a la discriminación respecto del
trabajador masculino, vgr., el art. 11,
que impone la “salvaguardia de la
función de reproducción” (inc. 1.f), y
que obliga al Estado a prestar “protección
especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajos que
se haya probado pueden resultar
perjudiciales para ella” (inc. 2.d). Por el
otro, no puede ser pasada por alto la
protección especial del niño trabajador,
claramente dispuesta en el art. 32 de la
Convención sobre los Derechos del
Niño, y de manera general, en el art.
19 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.- En este orden de
ideas, cuadra poner de relieve la
actividad del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, por
cuanto constituye el intérprete
autorizado del PIDESC en el plano
internacional y actúa, bueno es
acentuarlo, en las condiciones de
vigencia de éste, por recordar los
términos del art. 75, inc. 22, de la
Constitución Nacional. Dicha actividad
es demostrativa de la gran importancia
que el PIDESC reconoce a la
protección del trabajador víctima de un
accidente laboral. Por ejemplo, no ha
faltado en el seno de ese órgano la
censura a la New Zealand Accident
Rehabilitation and Compensation
Insurance Act de 1992, en cuanto
ponía en cabeza del trabajador víctima
de un accidente una parte del costo del
tratamiento médico (Comisionado
Simma, Summary record of the 25th
meeting: New Zealand. 22/12/1993,
E/C.12/ 1993/SR. 25, párr. 17). A su
vez, las Directrices relativas a la Forma
y el Contenido de los Informes que
deben presentar los Estados Partes,
elaboradas por el citado Comité,
requieren que éstos den cuenta de las
disposiciones legales, administrativas o
de otro tipo, que prescriban condiciones
mínimas de seguridad e higiene
laborales, y proporcionen los datos
sobre el número, frecuencia y naturaleza
de accidentes (especialmente fatales)
La Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha
señalado en el fallo Aquino
que “el citado art. 7.b del
PIDESC, corresponde
subrayarlo, implica que,
una vez establecida por
los estados la legislación
apropiada en materia de
seguridad e higiene en el
trabajo, uno de los más
cruciales aspectos sea la
reparación a que tengan
derecho los dañados”.
27

28
o enfermedades en los últimos 10 y 5 años, comparándolos con los actuales (HRI/
GEN/2, 14-4-2000, párr. 16.a y b). Agrégase a ello, que no son escasas las
advertencias y recomendaciones del mencionado órgano internacional, dirigidas a
los países en los que las leyes de seguridad en el trabajo no se cumplen adecuadamente,
de lo que resulta un número relativamente elevado de accidentes laborales
tanto en el ámbito privado como en el público (vgr., Observaciones finales al
tercer informe periódico de Polonia, E/C.12/Add.26, 16-6-1998). Respecto de
nuestro país, el Comité mostró su inquietud con motivo de la “privatización de las
inspecciones laborales”, y por el hecho de que “a menudo las condiciones de
trabajo ... no reúnan las normas establecidas”. De tal suerte, lo instó “a mejorar la
eficacia de las medidas que ha tomado en la esfera de la seguridad y la higiene en
el trabajo ..., a hacer más para mejorar todos los aspectos de la higiene y la
seguridad ambientales e industriales, y a asegurar que la autoridad pública vigile e
inspeccione las condiciones de higiene y seguridad industriales” (Observaciones
finales al segundo informe periódico de la República Argentina, 1-12-1999,
E/C.12/1/Add.38, párrs. 22 y 37). Cabe acotar que, ya en las Observaciones que
aprobó el 8 de diciembre de 1994, este órgano había advertido a la Argentina “que
la higiene y la seguridad en el lugar de trabajo se encuentran frecuentemente por
debajo de las normas establecidas”, por lo que también había instado al Gobierno
“a que analice los motivos de la falta de eficacia de sus iniciativas de seguridad e
higiene en los lugares de trabajo y a que haga más esfuerzos para mejorar todos los
aspectos de la higiene y la seguridad medioambiental y laboral” (E/C.12/1994/
14, párrs. 18 y 21).- Desde otro punto de vista, el ya mencionado principio
protectorio del art. 14 bis guarda singular concierto con una de las tres obligaciones
que, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impone
el PIDESC al Estado ante todo derecho humano: la de “proteger”, por cuanto
requiere que este último “adopte medidas para velar que las empresas o los
particulares” no priven a las personas de los mentados derechos (v. Observación
General N° 12. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), 1999; N° 13. El
derecho a la educación (art. 13), 1999; N° 14. El derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud (art. 12), 2000, y N° 15. El derecho al agua (arts. 11 y 12),
2002, HRI/GEN/1/Rev.6, págs. 73 -párr. 15-, 89 -párr. 50-, 104 -párr. 35- y 123
-párrs. 23/24-, respectivamente).- En línea con lo antedicho, no huelga recordar
los más que numerosos antecedentes que registra el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos respecto de las llamadas “obligaciones positivas” de los
estados, que ponen en cabeza de éstos el deber de “garantizar el ejercicio y disfrute
de los derechos de los individuos en relación con el poder, y también en relación
con actuaciones de terceros particulares” (v., entre otros: Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Condición jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión
Consultiva OC-17/2002, 28-8-2002, Informe anual de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos 2002, San José, 2003, págs. 461/462, párr. 87 y sus
citas).- Más aún; en el terreno de las personas con discapacidad, en el que se
insertan, naturalmente, las víctimas de infortunios laborales, el PIDESC exige
“claramente que los gobiernos hagan mucho más que abstenerse sencillamente de
adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas” para dichas personas.
“En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste
en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar
trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los
objetivos de la plena realización e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas”,
máxime cuando la del empleo “es una de las esferas en las que la discriminación
por motivos de discapacidad ha sido tan preeminente como persistente. En la
mayor parte de los países la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad
es de dos a tres veces superior a la tasa de desempleo de las personas sin discapacidad”
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
General N° 5. Las personas con discapacidad, 1994, HRI/GEN/1/Rev.6, págs. 30
-párr. 9- y 33 -párr. 20).

Principios de progresividad y no
regresividad
En el considerando 10) se explaya
sobre la regresividad de la
norma, y señala que:
…Ahora bien, este retroceso legislativo
en el marco de protección, puesto
que así cuadra evaluar a la LRT según
lo que ha venido siendo expresado,
pone a ésta en grave conflicto con un
principio arquitectónico del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos
en general, y del PIDESC en
particular. En efecto, este último está
plenamente informado por el principio
de progresividad, según el cual, todo
Estado Parte se “compromete a adoptar
medidas ... para lograr progresivamente
... la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos” (art. 2.1). La norma,
por lo pronto, “debe interpretarse a la
luz del objetivo general, en realidad la
razón de ser, del Pacto, que es establecer
claras obligaciones para los Estados
Partes con respecto a la plena efectividad
de los derechos de que se trata... (el
resaltado es nuestro).
Y agrega: “12) Que el régimen
de la LRT cuestionado tampoco
se encuentra en armonía con
otro principio señero de nuestra
Constitución Nacional y del
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos: la justicia
social, que cobra relevante aplicación
en el ámbito del derecho
laboral…”.
Inconstitucionalidad
Finalmente la Corte declara
inconstitucional la norma del
Art. 39, Inc. 1, en los siguientes
términos:
14) Que desde antiguo, esta Corte ha
establecido que las leyes son susceptibles
de cuestionamiento constitucional
“cuando resultan irrazonables, o sea,
cuando los medios que arbitran no se
adecuan a los fines cuya realización
procuran o cuando consagren una ma-
nifiesta iniquidad” (Fallos: 299: 428,
430, considerando 5° y sus numerosas
citas).- En tales condiciones, por cuanto
ha sido expresado, el art. 39, inc.
1 de la LRT, a juicio de esta Corte, es
inconstitucional al eximir al empleador
de responsabilidad civil mediante la
prestación del art. 15, inc. 2, segundo
párrafo, de aquélla. Esta conclusión
torna inoficioso que el Tribunal se
pronuncie a la luz de otros principios,
valores y preceptos de la Constitución
Nacional.- Finalmente, se imponen dos
advertencias. En primer lugar, el desenlace
de este litigio no implica la censura
de todo régimen legal limitativo de la
reparación por daños, lo cual incluye
al propio de la LRT. Lo que sostiene la
presente sentencia radica en que, por
más ancho que fuese el margen que
consienta la Constitución Nacional
en orden a dichas limitaciones, resulta
poco menos que impensable que éstas
puedan obrar válidamente para impedir
que, siendo de aplicación el tantas
veces citado principio contenido en el
art. 19 de la Constitución Nacional: alterum
non laedere, resulte precisamente
el trabajador, sujeto de preferente
tutela constitucional, quien pueda verse
privado, en tanto que tal, de reclamar
a su empleador la justa indemnización
por los daños derivados de un accidente
o enfermedad laborales.-
En segundo término, la solución
alcanzada no acarrea la frustración de
los elevados propósitos de automaticidad
y celeridad del otorgamiento de las
prestaciones perseguidos por la LRT.
En efecto, es manifiesto que del hecho
de ser constitucionalmente inválido
que la mentada prestación de la LRT
origine la eximición de responsabilidad
civil del empleador (art. 39, inc. 1),
no se sigue que las Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo queden relevadas
de satisfacer las obligaciones que han
contraído en el marco de la citada ley.
De tal suerte, este pronunciamiento
no sólo deja intactos los mentados
propósitos del legislador, sino que, a la
par, posibilita que el empleador pueda
encontrar protección en la medida de
su aseguramiento.-”.
El fallo Aquino puso en crisis
el sistema de la LRT, y en la
búsqueda de una solución más
justa y acorde a la protección
del trabajo y la inviolabilidad
de los derechos contenidos en el
Art. 14 bis de la Constitución
Nacional, se habilitó al
trabajador a demandar a su
empleador, pero no se determinó
la responsabilidad de la ART.
También se puso en el tapete
las características regresivas del
sistema de riesgos del trabajo, y
el incumplimiento del Estado de
su deber de garante del derecho
humano al trabajo.
El Juzgado Nacional del Trabajo
37, en el Expte. 21021/04 en
Autos: “Asociación Panaderos de
Capital Federal Y Otro C/Poder
Ejecutivo Nacional Y Otro S/
Acción De Amparo”
Ante la crisis del sistema de
riesgos del trabajo, y luego de
fallo del más alto tribunal en
“Aquino”, la Asociación de Panaderos
y su presidente presentan
una acción de amparo contra
el Poder Ejecutivo Nacional, la
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo y/o demás organismos
que correspondan; con el
objeto de que se deje sin efecto
la obligación de los empleadores
que proviene de la Ley de
Riesgos del Trabajo 24.557, en
cuanto determina que deben
ser asegurados los riesgos del
trabajo de los trabajadores, en
forma exclusiva y excluyente, a
través de una ART con sujeción
a la citada norma; y en lo que
atañe a los establecimientos que
dicha asociación representa en la
Capital Federal, incluido el del
29

El fallo Aquino puso
en crisis el sistema de
la LRT y colocó en el
tapete las características
regresivas del sistema
de riesgos del trabajo,
y el incumplimiento
del Estado de su deber
de garante del derecho
humano al trabajo.
30
propio accionante. Asimismo, peticionan la declaración de inconstitucionalidad
e inaplicabilidad de las normas de dicha ley, en cuanto
a la obligación de contratar dicho seguro de riesgos en los términos y
condiciones allí expuestos y que por ende, impiden la contratación,
en su reemplazo o en forma adicional de otras coberturas, tanto sean
con una ART o con otras aseguradoras.
La Jueza decide, en el considerando III, que:
Despejada esta cuestión y en relación a la cautela peticionada, comparto el razonamiento
formulado por la Sra. Fiscal, en cuanto a que la petición de eximición
de mantener la cobertura de seguro impuesta por la ley 24557, constituiría en este
estado un anticipo jurisdiccional, que coincidiría con el objeto de la demanda,
lo que se encuentra vedado conforme reiterados pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, por resultar el objetivo final del presente proceso
y asimismo, ya específicamente en orden a los recaudos que deben reunirse
en materia de medidas cautelares, sin perjuicio de que su interpretación debe ser
efectuada en forma amplia, entiendo que prima-facie no se encuentra demostrado
cabalmente el requisito de verosimilitud del derecho invocado. Ello no obstaculiza,
al otorgamiento de una cautelar, aunque con diferentes alcances y en este
aspecto, considero acertado habilitar a las actoras para contratar una cobertura de
seguro adicional, suplementaria o complementaria de la establecida en el marco de
la afiliación dispuesta en su carácter de empleados en los términos de la ley 24557.
En otros términos, tal contratación, no implicará suplir o reemplazar en este
estado del proceso, a la impuesta por las normas legales vigentes. Tal conclusión
tiene como finalidad conjurar un eventual “peligro en la demora”, que pudiera
producirse con motivo de una hipotética reparación posterior, no susceptible de
ser afrontada por las accionantes, tomando como base, los argumentos que han
esgrimido en torno a su carácter de pequeñas empresas. En consecuencia, por
el presente resolutorio, es que habilitaré a los amparistas a contratar seguros que
contemplen las contingencias o infortunios laborales, ya sea, a través de las propias
aseguradoras de riesgos del trabajo creadas por la L. R. T. o bien a través de otras
compañías aseguradoras autorizadas a operar en esa materia, dado el criterio de
especialidad que debe primar en esta clase de indemnizaciones, sin eximición de la
obligación que les impone la ley 24557.
Finalmente, se resuelve además de admitir la contratación de otros
seguros complementarios, ordenar a las demandadas, incluida la
Superintendencia de Seguros de la Nación, que mientras se sustancie
este proceso, se suspendan los efectos de las eventualmente vigentes
directivas que le limiten o prohíban la contratación de seguros que
cubran indemnizaciones por daños laborales de conformidad con lo
dispuesto en el considerando cuarto al que me remito 32 .
Ley nacional 19587. Condiciones de Higiene y Seguridad Laboral
En todo el territorio de la nación se debe cumplir con la ley 19587 y
sus reglamentaciones, Dec. PEN 351/79, Dec. PEN 911/96, y normas
complementarias. Quedan sometidos al imperio de esta ley los
establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera
sean la naturaleza económica de las actividades, el medio
donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo
y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos
que se utilicen o adopten. Esta normativa es de aplicación

en la jurisdicción de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ley nacional 25013 de Reforma
Laboral
Esta normativa modifica algunos
aspectos de la LTC referidos al
contrato de trabajo de aprendices
33 y el plazo del periodo
de prueba que lo establece en
30 días 34 . Prescribe en el Art.
19 que todos los contratos de
trabajo, así como las pasantías,
deberán ser registrados ante los
organismos de seguridad social
y tributarios, en la misma forma
y oportunidad que los contratos
de trabajo por tiempo indeterminado.
Las normas constitucionales y el
régimen legal del empleo público
La relación de empleo público
está regulada por la Ley 25164
Marco de Regulación de Empleo
Público. Se establece el Sistema
Nacional de la Profesión
Administrativa, que sujeta los
convenios colectivos celebrados
en virtud de la Ley 24185 a los
presupuestos mínimos de la Ley
25164, los que no podrán ser
alterados por aquellos.
El Sistema Nacional de la
Profesión Administrativa desarrolla
en 4 variables la relación
de empleo del trabajador con
la Administración, a saber: a)
los empleados de planta permanente,
que gozan de estabilidad;
b) los empleados contratados
quienes se relacionan por contrato
de empleo público con la
Administración y no gozan de
estabilidad; c) el personal de
gabinete de las autoridades superiores;
y d) el personal designado
El Derecho al Trabajo
ad-honorem. La Ley de Empleo
Público se reglamenta por el
Decreto 1421/02.
Por Decreto 2098/2008 se homologó
el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del personal
del Sistema Nacional de Empleo
Público (SINEP) y el Acta
Acuerdo y su Anexo de fecha 5
de septiembre de 2008; el cual
se aplica a los trabajadores de
planta permanente del Sistema
Nacional de la Profesión Administrativa
establecido por Decreto
993/91, y a los que estuviesen
designados en plantas transitorias
y al que se encontrara bajo
el régimen de contrataciones
de conformidad con el Art. 9
del Anexo de la Ley 25164. Su
vigencia es de dos años, contados
a partir del 1° de diciembre
de 2008.
La estabilidad del empleo público
La estabilidad del empleo público
resulta un aspecto consagrado
en la norma constitucional del
Art. 14 bis. La concepción de la
estabilidad del empleado público
introducida en el texto del Art.
14 bis de la Constitución Nacional
implica la estabilidad en
sentido propio, la cual excluye,
por principio, la cesantía sin
causa justificada y debido proceso,
cuya violación trae consigo
la nulidad de ésta y consiguiente
reincorporación.
La jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
en torno a la aplicación del Art.
14 bis se ha encargado de restablecer
el justo equilibrio en las
situaciones llevadas a su conocimiento,
y ha señalado el sentido
del principio protectorio del
La relación de empleo
público está regulada por
la Ley 25164 Marco de
Regulación de Empleo
Público. Se establece el
Sistema Nacional de la
Profesión Administrativa,
que sujeta los convenios
colectivos celebrados en
virtud de la Ley 24185 a
los presupuestos mínimos
de la Ley 25164, los que
no podrán ser alterados
por aquellos.
31

Resulta sumamente
relevante la
contextualización del
derecho al trabajo de
empleo público y de la
estabilidad propia del
empleado público en
los principios y pautas
de interpretación del
Derecho Internacional
de los Derechos
Humanos que, en buena
medida implícitos en la
Constitución histórica,
han sido expresamente
incorporados a ésta por
vía del Art. 75.22, al dar
jerarquía constitucional a
los mayores instrumentos
internacionales en la
materia.
32
Art. 14 bis. Desde esta perspectiva, resulta aplicable como derecho
judicial a casos de las distintas administraciones, entre ellas, la de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el fallo “Madorrán, Marta C. c. Administración Nac. de Aduanas”,
03/05/2007, la CSJN analiza especialmente dos aspectos
centrales del derecho al trabajo en el contexto del empleo público:
“la protección contra el despido arbitrario” y la “estabilidad del empleado
público”.
Para la contextualización de los aspectos centrales del caso se señala
que el Art. 14 bis comprende al trabajo en sus diversas formas: al
empleo público y al empleo privado; por lo cual los dos conceptos
jurídicos señalados en el párrafo anterior son motivo de un tratamiento
acorde a sus particularidades.
En ocasión de la reforma constitucional de 1957, el convencional A.
Bravo sostuvo:
La estabilidad 35 , salvo pocas excepciones, está tipificada en el caso de los empleados
públicos, ya que puede ser considerada como un elemento natural de la relación
entre ellos y la administración. Esto por la naturaleza especial del servicio y de la
función pública, que es perenne y sujeta a mínimas variaciones ... En el campo de
las relaciones del derecho privado, la situación es distinta. El poder discrecional,
que constituye la excepción en la administración pública, representa en este campo
la regla. Resulta muy difícil obligar a un empleador a readmitir en el local de su
empresa, para reincorporarlo al empleo, al trabajador cuyos servicios desea no
utilizar más ... (Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año
1957, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II, p. 1226).
En tanto, la protección contra el despido arbitrario como principio
surge en la defensa del empleo privado y se incorpora en la Ley 11729.
Así, se afirmó que la estabilidad en sentido propio excluye por
principio a la cesantía sin causa justificada y sin el debido proceso, y
cuya violación trae consigo la nulidad de esa decisión y consiguiente
reincorporación, que posibilita retomar el curso de la carrera por el
agente separado ilegalmente, derecho a la carrera que, como se puso
de manifiesto en la discusión -en la citada Asamblea Constituyente-,
integra el concepto de estabilidad.
La Corte ratificó, en el caso “Madorran” su propia y decisiva doctrina
que asentó en el caso Berçaitz: “tiene categoría constitucional
el siguiente principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia
socialis”.
Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles
aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”,
esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a
la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad.
Más adelante se considera (7°) que, la llamada estabilidad propia
resulta el medio que guarda la mejor correspondencia con los propósitos
constitucionales últimamente recordados. Por lo que se afirma
que la reinstalación del agente, injustificada o incausadamente segregado,
no puede ser reemplazada por una indemnización. Sostiene

que esta práctica dejaría abierta
la posibilidad a la eventual
repetición de las prácticas que
la reforma de 1957 quiso evitar,
con sus notorios y contraproducentes
efectos, e introduciría, a la
vez, una evidente carga sobre la
bolsa estatal.
Así, señala la Corte que, la
estabilidad propia puesta como
contrapartida del ejercicio
injustificado o incausado del
poder de rescisión por parte de
las autoridades, responde acabadamente
a la protección del
derecho a la “estabilidad” y al
trabajo del agente en ocasión de
tamañas medidas. Y, al obrar de
tal modo, tutela, paralelamente
la dignidad, atributo inherente a
toda persona, además de centro
sobre el que gira la organización
de los derechos fundamentales
de nuestro orden constitucional
(Fallos: 314:424, 441/442, considerando
8°; “Aquino” -LA LEY,
2005-A, 16- cit., ps. 3777/3778)
y del orden internacional inserto
en éste (v., entre muchos otros:
Declaración Universal de Derechos
Humanos).
En cuanto a los efectos del
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, es también
oportuno agregar, finalmente,
dos circunstancias de no
escaso relieve. Primeramente,
y atento a lo que ha sido
señalado sobre la “carrera del
empleado público”, la relativa
a que el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales la contempla
“en especial” como una de
las condiciones de trabajo
“equitativas y satisfactorias” que
los Estados partes deben asegurar
(Art. 7.c). Seguidamente, se
señala que la reinstalación
prevista en el Art. 14 bis para
el sub lite guarda singular
coherencia con los principios
que rigen a las instancias
jurisdiccionales internacionales
en materia de derechos humanos
tendientes a la plena reparación
(restitutio in integrum) de los
daños irrogados por violaciones
de aquéllos reprochables a los
Estados.
En torno a la relatividad del
derecho a la estabilidad, la CSJN
consideró que tal como ocurre
con otros derechos constitucionales
-la relatividad- tiene como
finalidad esclarecer su contenido
en términos generales, a fin de
advertir que éste no comprende,
sin más, todo supuesto de separación
del agente de su cargo.
De no ser esto así, debería entenderse,
vgr., que el Art. 14 bis
protege incluso a los agentes que
fueran objeto de dicha medida
por causas razonables y justificadas
de incumplimiento de sus
deberes, conclusión sin duda
insostenible (v. Fallos: 270:69,
72, considerando 3°, y 275:544,
547, considerando 10)
En síntesis, importa destacar que
a juicio de la CSJN la norma
del Art. 14 bis y la estabilidad
del empleado público, significa
que nadie puede válidamente ser
segregado de su empleo sin invocación
de una causa justificada y
razonable.
La estabilidad y los contratos de
empleo público
Los contratos de empleo público
se encuentran previstos en la Ley
La Corte señala que la
estabilidad propia puesta
como contrapartida del
ejercicio injustificado o
incausado del poder de
rescisión por parte de las
autoridades, responde
acabadamente a la
protección del derecho a la
“estabilidad” y al trabajo
del agente en ocasión de
tamañas medidas.
33

La CSJN se expresa
terminantemente cuando
se refiere a la posibilidad de
reglamentación del texto
constitucional en cuestión:
Es sabido que la
Constitución Nacional
es una norma jurídica y
que, en cuanto reconoce
derechos, lo hace para que
éstos resulten efectivos
y no ilusorios, sobre
todo cuando (…) está
en discusión un derecho
humano, y la “estabilidad
del empleado público”
expresada por el art. 14
bis es cláusula operativa,
según ya lo entendió esta
Corte: “en su recto sentido
la norma proscribe la
ruptura discrecional del
vínculo de empleo público
y es, así, susceptible de
autónomo acatamiento
por las autoridades
administrativas”
(Fallos: 269:230, 234,
considerando 6°, y su cita).
34
25164 y en el Decreto reglamentario 1421/02 36 , como una modalidad
de empleo que posibilita al Estado nacional contar con personal
por períodos determinados a fin de cumplir con tareas estacionales
o transitorias que se requieran para complementar las tareas de los
agentes de planta permanente.
Se debe tener presente que este tipo de vínculos se hallan previstos
para cubrir funciones de tipo temporal y, por tal razón, finalizan
cuando ha fenecido el plazo previsto contractualmente sin generar
derecho alguno a indemnización.
Sin embargo, la experiencia demuestra que en ciertos casos las
administraciones públicas han abusado de esa figura designando a
trabajadores bajo ese ropaje jurídico pero para que realicen tareas
correspondientes a personal de planta permanente. De este
modo, el Estado se ha valido de la misma para: a) evitar y sortear los
problemas presupuestarios; b) tener la posibilidad de separar a dicha
especie de empleados sin la realización de un sumario previo; c)
evitar cualquier reclamo indemnizatorio posterior a la baja o al cese
con fundamento en el derecho laboral o privado y d) descartar un
eventual pedido de reincorporación.
En “Ramos” 37 (06/04/2010), la CSJN señaló que “a los fines
del reclamo indemnizatorio, configura desviación de poder el
comportamiento del Estado nacional, con aptitud para generar
en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral”, si el
demandado utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para
casos excepcionales, con el objetivo de “encubrir una designación
permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo
determinado”, pues, de su legajo personal resulta que las tareas
realizadas por 21 años carecían de la transitoriedad que supone el
régimen del Decreto 4381/73, en cuyo marco fue contratado -en
cuanto era calificado y evaluado en forma anual, se le reconocía la
antigüedad en el empleo y se beneficiaba con los servicios sociales
de su empleador-, a lo cual se une la violación de la limitación legal
de la posibilidad de renovación del contrato a un máximo de cinco
años. Aun cuando procede el reclamo indemnizatorio por la ruptura
del vínculo laboral a quien fue contratado por el Estado nacional
bajo el régimen del Decreto 4381/73, permaneciendo en sus tareas
por 21 años, “ello no significa que el mero transcurso del tiempo
haya modificado la situación irregular del actor, pues, si bien tiene
derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito
de la demandada, no podría solicitar su reincorporación al empleo ni
a la aplicación de un régimen laboral específico para el cálculo de la
indemnización que le corresponde, ya que esa conclusión vulneraría
el régimen legal de la función pública, y el principio constitucional
que prevé que corresponde al Congreso autorizar anualmente el
presupuesto general de gastos de la Administración nacional, y que
toda erogación que se aparte de estos límites resulta ilegítima (Art.
75, Inc. 8 de la Constitución Nacional y 29 de la Ley 24156)”.

El Art. 8 de la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público
Nacional 25164 38 sólo reconoce
estabilidad a quienes ingresen a
cargos pertenecientes al régimen
de carrera, y cuya financiación
esté prevista en la Ley de Presupuesto,
razón por la cual, si se
atribuyera estabilidad a quien
no ha sido incorporado con los
requisitos y medios de selección
previstos para el ingreso a la carrera
administrativa -en el caso,
a quien fue contratado por el
Estado Nacional bajo el régimen
del Decreto 4381/73-, no sólo
se estaría trastocando el régimen
previsto por la Ley 25164, sino
que también se estaría alterando
el monto autorizado por el
legislador, en forma diferenciada,
para financiar gastos correspondientes
al personal contratado y
al personal permanente.
Los contratos de locación de
servicios en la Administración y
la protección contra el despido
arbitrario
Es práctica de las administraciones
públicas la contratación de
personal por locación de servicios.
Las situaciones de ruptura
de la relación contractual han
puesto en evidencia un abuso de
este tipo de contrataciones, y la
dificultad en el encuadre jurídico
no priva de operatividad a la
protección constitucional contra
el despido arbitrario. Los precedentes
en la materia así lo han
ratificado:
1. Así lo sostuvo la Cámara
Nacional de Apelaciones del
Trabajo, Sala IX Collados, Paulina
c. Ministerio de Economía
y Producción - Estado Nacional
El Derecho al Trabajo
s/despido, el 19/05/2009, en
tanto determinó que, “Resulta
aplicable la Ley de Contrato
de Trabajo, y no el régimen de
empleo público, a la relación
habida entre el Ministerio de
Economía de la Nación y quien
suscribió con dicha entidad sucesivos
contratos de locación de
servicios pues, la ausencia de un
nombramiento administrativo
obsta a la aplicación del citado
régimen, y si se considerara
inaplicable la normativa laboral
privada, el trabajador quedaría al
margen de toda protección legal,
lo cual vulneraría las garantías
consagradas en el art. 14 bis de
la Constitución Nacional”.
2. A la misma conclusión arriba
la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Sala v, en
autos: Gutiérrez, Carlos Raúl c.
Estado Nacional MD, de fecha
22/06/2009, cuando resolvió
que procede otorgar una indemnización
por despido a un
trabajador de la Administración
que prestó servicios en forma
dependiente e ininterrumpida
bajo la figura de supuestos contratos
de locación de servicios,
ya que resulta prudente y razonable
aplicar analógicamente las
normas que reglamentan la protección
constitucional contra el
despido arbitrario y reconocerle
las indemnizaciones similares a
las que percibiría un trabajador
regido por la Ley de Contrato
de Trabajo en caso de despido
incausado e intempestivo.
3. Con absoluta nitidez la Cámara
Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Sala Iv, en autos
B., M. A. c. Universidad Tecnológica
Nacional, resuelve el
31/03/2009, que si el actor trabajó
en forma continua para la
universidad demandada y ésta lo
privó de la tutela que el Art. 14
bis de la Constitución Nacional
garantiza a todos los trabajadores
dependientes -en el caso, el trabajador
fue contratado en forma
irregular como profesor interino
cuando en realidad se desempeñó
como jefe del servicio médico
del rectorado- es contrario a la
Constitución Nacional que el
trabajador contratado quede al
margen de todo tipo de garantía
de estabilidad, por lo que resulta
equitativo -a fin de hacer prevalecer
la Ley Fundamental- aplicar
analógicamente las normas
que reglamentan la garantía
menos intensa de protección
contra el despido arbitrario, y
reconocerle al trabajador una indemnización
similar a la que un
trabajador privado en sus mismas
condiciones hubiera obtenido
al extinguirse sin su culpa, la
relación de trabajo.
4. En la misma línea jurisprudencial
transcurre el decisorio
de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, Sala
vII, en Newbery Greve, Guillermo
Eduardo c. Facultad
de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires,
del 19/03/2009 cuando resolvió
que procede concluir que entre
el ente autárquico accionado y el
actor que se desempeñaba como
contratado para aquél medió
una relación laboral y no una
locación de servicios, pues, se
ha demostrado que el reclamante
prestó servicios a favor del
emplazado, recibía órdenes de
sus superiores, tenía un régimen
35

La Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires
se inserta en el contexto
normativo federal y
supranacional, y en este
orden reconoce que en
su ámbito rigen todos los
derechos, declaraciones
y garantías de la
Constitución Nacional y,
por tanto, de los tratados
y las leyes.
36
horario y que todo ello lo realizaba a cambio de una suma de dinero.
Que el vínculo de naturaleza laboral que medió entre el actor y la
accionada no se ve alterado por la circunstancia que las partes hayan
suscripto instrumentos mediante los cuales se calificó de otro modo
a la relación, en tanto en materia laboral rige el principio de primacía
de la realidad y que, por lo tanto, resulta justo reconocer a quien
se desempeñó como contratado para la Administración Pública
una indemnización idéntica a la que un trabajador privado hubiera
recibido ante un despido arbitrario, pues, habiéndoselo privado de la
estabilidad que consagra el Art. 14 bis de la Constitución Nacional,
cabe aplicar analógicamente las normas de la Ley de Contrato de
Trabajo.
El empleo público y el derecho a la igualdad - Los artículos 14 bis y 16 39
de la Constitución Nacional
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del
12/08/2008, en autos: Mantecón valdés, Julio c. Estado Nacional -
Poder Judicial de la Nación - Corte Suprema de Justicia de la Nación,
consideró que:
…corresponde declarar la inconstitucionalidad de la resolución 1331/2004 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto, por remisión al Reglamento
para la Justicia Nacional (Adla, XIII-A, 931) -artículo 11-, impone el recaudo de
la nacionalidad argentina para concursar al cargo de auxiliar de la Biblioteca del
Tribunal, pues los extranjeros, en su carácter de habitantes de la Nación, están, en
principio, habilitados para el empleo público -conforme artículo 16 de la Constitución
Nacional-, y la demandada no acreditó los fines que intentaba resguardar
y los medios que había utilizado a tal efecto, al exigir la ciudadanía del país para
acceder al cargo en cuestión. (Del dictamen del Procurador General que la Corte,
por mayoría, hace suyo).
Contexto normativo local
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se inserta en el contexto
normativo federal y supranacional, y en este orden reconoce
que en su ámbito rigen todos los derechos, declaraciones y garantías
de la Constitución Nacional y, por tanto, de los tratados y las leyes.
Reafirma la vigencia sociológica de los derechos y garantías al proclamar
que estos no pueden ser negados ni limitados por la omisión
o insuficiencia de reglamentación y que esta no puede cercenarlos.
Establecido el contexto de principios jurídicos, en lo específico establece
la protección del trabajo en todas sus formas en el Art. 43 40 .
En este orden, en el Capítulo Decimocuarto “Trabajo y seguridad
social”, se asegura expresamente el cumplimiento de los derechos
contenidos en el Art. 14 bis y los convenios internacionales ratificados,
a lo que se agregan las recomendaciones de la OIT. La norma
constitucional no deja dudas sobre el compromiso asumido en toda
la dimensión jurídica del contexto normativo.

Empleo público
La Constitución de la Ciudad
se ocupa del empleo público en
dos de los párrafos del Art. 43,
donde se garantiza:
a) régimen de empleo público
basado en la idoneidad funcional;
b) la estabilidad y capacitación
de los agentes;
c) carreras y especialidad;
d) ingreso y promoción por
concurso público abierto;
e) cupo de 5% para personas con
necesidades especiales, también
en las concesiones de servicios
públicos;
f) derecho de negociación colectiva;
g) procedimientos imparciales en
la negociación de conflictos;
h) tratamiento e interpretación
de las leyes laborales conforme
a los principios del derecho del
trabajo.
El Art. 44, además de referirse a
la seguridad social para los empleados
públicos, en su segundo
párrafo establece:
- el ejercicio irrenunciable del
poder de policía laboral, y
- la intervención en la solución
de conflictos entre trabajadores y
empleadores.
Se establece el compromiso de
generar las políticas públicas
y los emprendimientos para la
generación de empleo, ello en
sintonía con los predicados de
la normativa supranacional, en
tanto resulta necesario para la
adecuada implementación del
derecho humano al trabajo que
el Estado local realice medidas
de acción positiva que permitan
su vigencia sociológica en el
estado social de derecho.
Consejo Económico y Social (Art.
45)
Está concebido como una herramienta
de máxima relevancia
y de carácter consultivo para el
Gobierno, con iniciativa parlamentaria.
Integrado por los
representantes de las organizaciones
sindicales, empresariales,
colegios profesionales y otras
instituciones representativas
de la vida económica y social.
Este órgano constitucional con
personería jurídica y autonomía
orgánica y funcional propia, fue
reglamentado por la Ley 3317,
sancionada el 28 de noviembre
de 2009.
Regulación de las Relaciones
Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Ley 471. Su
Reglamentación
La Ley 471 41 , contiene los
principios jurídicos laborales que
conforman el marco legal del
ejercicio del derecho y las garantías,
en armonía con las normas
supranacionales y con la Constitución
Nacional y el estatuto
constitucional de la Ciudad,
estos son:
Principios jurídicos laborales de la
ciudad de buenos aires. Ley 471
a. Ingreso por concurso público
abierto.
b. Transparencia en los procedimientos
de selección y promoción.
c. Igualdad de trato y no discriminación.
d. Asignación de funciones, adecuada
a los recursos disponibles.
e. Ejercicio de las funciones so-
37

La Ley 471, contiene
los principios jurídicos
laborales que conforman
el marco legal del ejercicio
del derecho y las garantías,
en armonía con las normas
supranacionales y con la
Constitución Nacional y el
estatuto constitucional de
la Ciudad.
38
bre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación
del servicio.
f. Calidad de atención al ciudadano.
g. Participación en el proceso de toma de decisiones.
h. Responsabilidad por el cumplimiento de las funciones.
i. Establecimiento de programas de capacitación laboral y profesional
integrales y específicos para la función.
j. Idoneidad funcional sujeta a evaluación permanente de la eficiencia,
eficacia, rendimiento y productividad laboral, conforme la
metodología que se establezca por una Comisión Mixta Evaluadora,
que incluirá la participación de las asociaciones sindicales de trabajadores
con personería gremial, con ámbito de actuación territorial y
personal en la Ciudad de Buenos Aires.
k. Un régimen de movilidad funcional que permita la mejor utilización
de los recursos humanos, sobre la base del respeto a la dignidad
personal de los trabajadores de la Ciudad, y en correlación con el
empleo de métodos sistemáticos y permanentes de formación profesional.
l. Establecimiento de un régimen remuneratorio que incentive la
mayor productividad y contracción a las tareas de los trabajadores de
la Ciudad, conformado por diversos componentes que tengan relación
con el nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente
desempeñada, la experiencia e idoneidad, y la productividad evidenciada
en el cumplimiento del trabajo.
m. Conformación de organismos paritarios encargados de prevenir
y solucionar los conflictos colectivos de trabajo en el ámbito de la
Administración, y garantizar la prestación de los servicios esenciales.
Los derechos de los/las trabajadores/as, en general, se reconocen en
el Art. 9 de la Ley 471 y conforman el siguiente bloque:
a. Condiciones dignas y equitativas de labor.
b. La libertad de expresión, política, sindical y religiosa y todas aquellas
garantizadas por la Constitución Nacional y la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. Desarrollar una carrera administrativa que le posibilite el desarrollo
personal y profesional, con un equipamiento conforme a la
tecnología moderna.
d. La igualdad de oportunidades en la carrera administrativa y a la
no discriminación por razones de sexo.
e. Una retribución justa conformada por distintos componentes
que tengan relación con el nivel escalafonario alcanzado, la función
efectivamente desempeñada y la productividad evidenciada en el
cumplimiento del trabajo.
f. Salud en el trabajo.
g. Un régimen de licencias de conformidad con lo establecido en la
presente ley y en los convenios colectivos de trabajo.
h. La participación en la reglamentación de sus condiciones de

empleo por vía de la negociación
colectiva a través de las asociaciones
sindicales de trabajadores
con personería gremial, con
ámbito de actuación territorial y
personal en la Ciudad de Buenos
Aires, de conformidad con las
leyes que reglamentan su reconocimiento
y ejercicio.
i. Participación en calidad de
veedores nominados por las
organizaciones sindicales representativas,
en los términos definidos
en el inciso anterior, en los
procedimientos de evaluación
de desempeño, calificaciones y
cuestiones disciplinarias, de conformidad
con lo que establezca
esta ley, su reglamentación y el
convenio colectivo de trabajo.
j. La capacitación técnica y profesional.
k. La provisión de uniformes,
elementos y equipos de trabajo
-en los casos que así corresponda-,
conforme lo que se determine
por vía reglamentaria o
por directivas emanadas de las
Comisiones Mixtas de Salud
Laboral que se establezcan por
convenciones colectivas de
trabajo.
l. Ejercitar su derecho de defensa,
en los términos previstos en
cada caso por el régimen disciplinario
respectivo.
m. Obtener la revisión judicial
de las decisiones adoptadas por
la Administración a través de las
acciones o recursos contenciosoadministrativos
reglados por la
legislación respectiva.
n. La percepción de compensaciones
en carácter de viáticos
o servicios extraordinarios y
otros adicionales, en los casos
y condiciones que determine la
El Derecho al Trabajo
reglamentación respectiva.
o. La estabilidad en el empleo,
en tanto se cumplan los requisitos
establecidos por la presente
ley para su reconocimiento y
conservación.
p. La libre agremiación.
La estabilidad del empleo público
en la Ciudad
La estabilidad propia en el
empleo público preside esta
relación laboral y se define como
el derecho a conservar el empleo
hasta la jubilación. Constituye
un atributo del trabajador en
planta permanente.
Esta protección está presente
tanto en la Constitución Nacional
como en la de la Ciudad. Al
mismo tiempo, ha sido consagrada
como una garantía contra
el despido arbitrario para los
trabajadores en los instrumentos
supranacionales señalados
supra, como el Protocolo de San
Salvador en su Art. 7, inciso d).
Las modalidades de la prestación
de servicios: trabajadores/as de
planta permanente y de planta
transitoria (los no incluidos en
la función propia de la carrera
administrativa), y modalidad de
trabajadores/as de gabinete, con
funciones de asesoramiento o de
asistencia administrativa, están
en directa relación con la actividad
de empleo público.
Los trabajadores estatales de planta
transitoria
La planta transitoria está prevista
en el Art. 39 de la Ley 471 como
una de las modalidades de prestación
de servicios en la Administración
pública de la Ciudad,
para la prestación de servicios de
39

Las modalidades de la
prestación de servicios:
trabajadores/as de
planta permanente y
de planta transitoria
(los no incluidos en la
función propia de la
carrera administrativa),
y modalidad de
trabajadores/as de
gabinete, con funciones
de asesoramiento o de
asistencia administrativa,
están en directa relación
con la actividad de empleo
público
40
carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias
del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente, ni integren la planta de gabinete.
Por Decreto 491/03 el Gobierno de la Ciudad incorporó en la planta
permanente a quienes revistaban en la planta transitoria 42 .
Posteriormente, por Decreto 948/05 se incorporó en la planta transitoria
a quienes tenían contratos de locación de servicios. El acto
del Poder Ejecutivo señala en sus considerandos que:
…resulta necesario, por tanto, a fin de equilibrar las responsabilidades administrativas
que asumen la totalidad de las personas que prestan servicios en la Administración,
efectuar una novación de aquellos contratos de locación de servicios vigentes
al 31 de diciembre de 2004, que hayan sido renovados durante el corriente
año y se encuentren en curso de ejecución, a fin de que se adecuen a los preceptos
del art. 39 de la Ley N° 471…
Dos años después y por Resolución 959-MHGC/07, la Dirección
General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas
que se desempeñaban en este Gobierno bajo el régimen de locación
de servicios, con contratos vigentes en ese momento y con fecha de
finalización al 31 de diciembre de 2007.
Por Acta de Negociación Colectiva 10/07, el Consejo Central para
la Negociación Colectiva, en el marco de lo dispuesto por el Decreto
465/04 (B.O. N° 1912), acordó adecuar los contratos de locación de
servicios celebrados con las personas censadas en virtud de la Resolución
959-MHGC/07, con vigencia en ese momento y fecha de finalización
al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera
parte del Art. 39 de la Ley 471, con excepción de las situaciones
enumeradas en el Art. 2 de la referida Resolución 959-MHGC/07.
La Resolución 1924/GCABA/MHGC/0 constituye el acto administrativo
por el cual se cumplimenta el pase a la planta transitoria
prevista en el Art. 39, primera parte, de la Ley 471.
En 2009, por Acta Paritaria 11/09, de fecha 29 de octubre de 2009,
en su artículo primero, se establece instrumentar el proceso administrativo
necesario para proceder a incorporar a la Planta Permanente
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al personal
bajo la modalidad encuadrada en el Decreto 948/05 y en la Resolución
1924-MHGC/07.
El Art. 3 de la aludida acta paritaria, establece que la incorporación
del personal abarcará a aquellos empleados que, habiendo sido evaluados
respecto de su desempeño anual, no hubieran sido calificados
con dos (2) o menos de dos (2).
El proceso evaluatorio
Esta instancia fue objeto de regulación por la Resolución 2818/
GCABA/MJGGC/09, la cual estableció cupos como modalidad
para evaluar a los trabajadores. Incorporándose el Art. 5º bis del
Anexo I de la Resolución 1788-MJGGC-MHGC/08, por el que se
realiza la distribución proporcionada de la dotación, disponiendo

que cuando la dotación total
a evaluar por cada evaluador
supere las 20 (veinte) personas,
incluido el personal que revista
en planta permanente y contratos
de empleo por tiempo
determinado, deberá consignarse
el siguiente cupo:
1 (insatisfactorio): 5% del personal
evaluado
2 (poco satisfactorio): 5% del
personal evaluado
3 (satisfactorio): 45% del personal
evaluado
4 (muy satisfactorio): 30% del
personal evaluado
5 (sobresaliente): 15% del personal
evaluado
Esta limitación impuesta por
la norma resultó cuestionada
argumentando que implica
el cercenamiento del derecho
al trabajo en las condiciones
establecidas en los mecanismos
legales de negociación colectiva.
Se predetermina en forma
forzosa la exclusión de un grupo
de trabajadores que, aún en la
situación de haber obtenido
la máxima calificación, se los
sancionará con una evaluación
insatisfactoria, no por capacidad,
sino por arbitrio de la norma reglamentaria,
frente a la primacía
de la ley. Lesión del derecho que
es aún mayor, pues en aplicación
del Art. 33 de la Ley 471, y en
función de lo dispuesto por el
Art. 57, Inc. b) de la citada ley,
quienes califiquen en forma
negativa por aplicación del cupo
se encontrarán comprendidos
en el régimen de disponibilidad,
importando ello una clara herramienta
encubierta, con el objeto
de empujar hacia la disponibilidad
al diez por ciento (10%) de
los trabajadores municipales y,
eventualmente, frente al cumplimiento
del plazo, su cesantía.
La situación planteada dio lugar
a la presentación de un amparo
y medida cautelar por parte de
SUTECBA ante la Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires 43 .
A fines de 2009, no habiéndose
implementado el Acta Acuerdo
11/09, y hasta tanto se dicte la
norma legal respectiva para proceder
a dar cumplimiento a lo
prescripto por la precitada acta,
y finalice el proceso de las evaluaciones
a que se hizo mención,
se dictó la Resolución 4203
con la finalidad de establecer la
continuidad -a partir del 01 de
enero de 2010- de los contratos
bajo la Modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo
Determinado, vigentes al 31 de
diciembre de 2009.
Los contratos de locación de
servicios
A partir del año 2000, con
el dictado del Decreto 2138,
se facultó a funcionarios del
GCABA para la contratación
de personas bajo el régimen de
locación de servicios y de obra 44 ,
derogándose los Decretos 2355-
GCABA-00, 03-GCABA-01 y
1094-GCABA-01.
Además de la planta transitoria
del Art. 39 de la Ley 471, la
Administración está autorizada
a suscribir contratos de locación
de servicios y de obra.
Las críticas a este sistema -que
facilitó situaciones de abusos-
impulsó la negociación colectiva
a fin de que la Administración
procediera a la inclusión, en
varias oportunidades, de los
trabajadores a la planta transi-
toria del Art. 39 de la Ley 471.
Aquí nos remitimos a la normativa
mencionada en los párrafos
anteriores al explicar la incorporación
a esa planta transitoria en
varias oportunidades.
En cuanto a las situaciones abusivas,
es pertinente recordar la
jurisprudencia que tuvo lugar en
ocasión de reclamos vinculados a
contratos de locaciones de servicios:
la CNAT, Sala vI en autos:
“Sutin Quiroga, Oscar Joaquín
c. Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires ObSBA” señaló:
…Ante todo, creo necesario aclarar
que, sin perjuicio del carácter de la demandada
en autos, (ObSBA), en modo
alguno puede considerarse exceptuada
del principio de legalidad, tal como lo
ha sostenido reiteradamente la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. En
consecuencia, las facultades que en
cada caso se atribuyan para llevar a
cabo contrataciones como la que se
analiza en estos actuados, deben ser
ejercidas dentro del marco legal vigente
y con especial respeto por las garantías
constitucionales y las normas de orden
público… En síntesis de las pruebas
reseñadas resulta que el actor fue contratado
por la demandada Obra Social
de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA)
entre marzo de 2004 y agosto de 2005
mediante la utilización fraudulenta
de sucesivos contratos de “locación de
servicios”, conforme el cuadro obrante
en la pericia contable (fs. 201), para
“asistir y colaborar en temas de asesoramiento
bajo la supervisión de la presidencia
con ‘honorarios’ previstos de $
2.400 mensual” (fs. 200 vta.). Por otro
lado del informe del Banco Ciudad de
Buenos Aires (fs. 74/9) se desprende
que se le acreditó periódicamente la
mencionada suma en la gran mayoría
de los meses de la relación habida entre
las partes. Dicha vinculación terminó
por decisión de la demandada quien le
comunicó a Sutín Quiroga mediante
carta documento que: “Por la presente
se le notifica la rescisión del convenio
suscripto el 01.04.04 cuyo objeto fue
41

42
su asesoramiento jurídico a la Presidencia del Instituto, cesando efectos a los 30
días de notificado...” (cfr. informe del Correo Argentino, fs. 185/186). Todo ello
lleva a concluir que el contrato de locación de servicios que se le hizo suscribir
al actor encubría una verdadera relación laboral, que la demandada pudo haber
efectivizado aplicando las normas que regirían el empleo público. Sin embargo, en
lugar de ello, actuó en fraude y en perjuicio de los derechos del actor…
Personas con necesidades especiales en el empleo público
La Ley 471 en su Art. 63 45 modificado por la Ley 1523, se refiere
a la obligación del Poder Ejecutivo de establecer los mecanismos
para cumplir con el cupo de ingreso de personas discapacitadas.
Se les garantiza a los/as trabajadores/as discapacitados/as la igualdad
de remuneraciones de estos con los/as demás trabajadores/as
que cumplan iguales funciones. El Art. 43 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires “asegura un cupo del cinco por ciento del
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación
gradual en la forma que la ley determine”. El Art. 4 de la Ley
1502 prevé que tal incorporación debía ser “gradual y progresiva”,
y completarse “en el plazo máximo e improrrogable de cinco años”
a partir de su sanción, en noviembre de 2004, cuyo cumplimiento,
“no parece que haya sido respetado por el GCABA”.
Se obliga al Poder Ejecutivo a establecer los mecanismos que requiere
la convocatoria, esta última debe contener la especificación de
labores y la unidad administrativa en la que se prestarán “a fin de
que en ningún caso tales derechos individuales que esta Ley garantiza
afecte la prestación de los servicios”. Finalmente, establece la
creación de un Registro en cada unidad administrativa que contenga
el listado de trabajadores/as con necesidades especiales y las tareas
que desempeña o pudiera desempeñar.
El derecho a la negociación colectiva en la Ley 471 de la Ciudad
La negociación colectiva está garantizada en el Art. 43 de la Constitución
de la Ciudad.
Su regulación se incluye en el Título II de Ley 471, y se plasma en
los convenios colectivos de trabajo, los que reglan las condiciones de
trabajo en el sector público del Gobierno de la Ciudad. Estas deben
ajustarse a los principios y garantías supranacionales, constitucionales
y legales.
La negociación colectiva comprende todos los aspectos que integran
la relación del empleo público, tanto las condiciones salariales como
las demás.
La norma del Art. 79 incluye como materia de negociación:
a. las condiciones de trabajo de los trabajadores;
b. la retribución de los trabajadores sobre la base de la mayor productividad
y contracción a las tareas;
c. el derecho de información y consulta para las asociaciones sindicales
signatarias del convenio colectivo de trabajo;

d. el establecimiento de las necesidades
básicas de capacitación;
e. la representación y la actuación
sindical en los lugares de
trabajo;
f. la articulación entre los diferentes
niveles de la negociación
colectiva de conformidad con lo
establecido en la presente ley;
g. jornada de trabajo;
h. movilidad;
i. la formación e integración
de comisiones mixtas de Salud
Laboral;
j. mecanismos de prevención y
solución de conflictos, particularmente
en los servicios esenciales;
k. el régimen de licencias, en los
términos y con los alcances previstos
en los dos últimos apartados
del Art. 16.
Los mecanismos de la negociación
colectiva previstos en la
normativa vigente son: la Comisión
Negociadora (Arts. 88, 89
y concordantes) y la comisión
paritaria de interpretación (Art.
93 y siguientes).
La Comisión Negociadora se
conforma con 4 representantes
del Estado y 4 representantes de
los trabajadores. Una vez celebrado
el convenio colectivo, es la
Comisión Paritaria la que realiza
la interpretación del mismo,
recae en esta, quien debe resolver
los reclamos individuales de los
trabajadores (Art. 94).
Violencia Laboral. Ley 1225
Esta norma tiene por objeto
prevenir y sancionar la violencia
laboral de los/las superiores
jerárquicos hacia el personal
dependiente de cualquier organismo
de los instituidos por los
El Derecho al Trabajo
títulos Tercero a Séptimo del
Libro Segundo de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En esta norma están comprendidos
los tres poderes del Estado
local y sus órganos constitucionales
de control. Incluye el
maltrato psíquico y moral, el
maltrato físico, el acoso y el
acoso sexual.
Carrera docente
El trabajo docente en la Ciudad
se encuentra regulado por el
Estatuto del Docente del Gobierno
de la Ciudad de Buenos
Aires, Ordenanza 40593 y sus
modificaciones, reglamentada
por Decreto 611/86 y sus modificaciones.
La norma considera docente -a
todos los efectos- con sujeción
a normas pedagógicas y reglamentarias
del estatuto a quien
imparte, guía, supervisa, orienta
y asiste técnica y profesionalmente
a la educación, así como a
quien colabora directamente en
esas funciones.
Este estatuto determina los
deberes 46 y derechos 47 del personal
docente que presta servicios
en los organismos dependientes
de la Secretaría de Educación
del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Los docentes adquieren estabilidad
en el empleo transcurridos
diez años de servicio docente en
la jurisdicción.
Poder de Policía del Trabajo. Ley
265 GCABA
El rol del Estado local, no ya
como empleador sino como
garante del cumplimiento de la
La Ley 471 en su Art.
63 modificado por la
Ley 1523, se refiere a
la obligación del Poder
Ejecutivo de establecer los
mecanismos para cumplir
con el cupo de ingreso de
personas discapacitadas.
Se les garantiza a
los/as trabajadores/
as discapacitados/
as la igualdad de
remuneraciones
de estos con los/as
demás trabajadores/
as que cumplan iguales
funciones.
43

El rol del Estado local,
no ya como empleador
sino como garante del
cumplimiento de la
normativa laboral de los
trabajadores en el ámbito
de la Ciudad de Buenos
Aires, ha sido establecido
en la Ley 265/99.
44
normativa laboral de los trabajadores en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, ha sido establecido en la Ley 265/99, cuya autoridad
de aplicación, la autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad
de Buenos Aires, tiene como objeto cumplir las siguientes funciones:
- Fiscalización, control y sanción por incumplimiento de las normas
relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la seguridad
social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos
de trabajo.
- Garantía de la tutela de los menores en el trabajo y hacer aplicación
estricta de las normas de prohibición del trabajo infantil.
Cuando los inspectores de trabajo en uso de sus facultades constaten
la utilización de trabajo infantil, deberán comunicar de inmediato
dicha circunstancia a la Secretaría de Promoción Social, a efectos de
tomar intervención para la protección de los menores involucrados.
- Autocomposición de los conflictos a través de los procedimientos
de conciliación y arbitraje voluntario. A tal fin, podrá dictar medidas
previas, precautorias, resoluciones y disposiciones de carácter obligatorio
en la materia, labrando las actuaciones correspondientes. Esta
facultad no podrá ser ejercida cuando los/las trabajadores/as involucrados/as
sean dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
- Registro de empleadores y rúbrica de documentación laboral.
- Diseño e instrumentación de los programas y proyectos tendientes
a dinamizar las relaciones laborales y promover la negociación
colectiva.
- Elaboración de políticas tendientes a la capacitación y recalificación
de los trabajadores, como así también, programas de incentivos
y promoción de empleo.
- Asesoramiento gratuito a los trabajadores en todo lo relativo al
trabajo y la seguridad social, y otorgamiento de patrocinio legal gratuito
para aquellos/as trabajadores/as que se sometan a la instancia
administrativa prevista en el Art. 36.
La norma establece las obligaciones del empleador para tener a sus
trabajadores registrados.
El empleador debe estar inscripto en el Régimen General o al monotributo,
como persona física o jurídica.
En el preciso momento que el empleador contrata empleados, tiene
los siguietes deberes:
- Gestionar el alta temprana en la página de la AFIP.
- Gestionar bajas: debe ingresar la información dentro de los cinco
días de producida la notificación fehaciente de la extinción laboral.
- Gestionar en forma inmediata ante una ART-Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (a su elección y criterio, en razón del costo y la
cobertura médica que ofrezca la misma) una póliza obligatoria para
cubrir contingencias vinculadas a accidentes de trabajo. El propósito
de la ley es disminuir el grado de siniestralidad. En caso de no cumplir
con esta obligación, se estará contraviniendo lo establecido en la

Ley 24557.
- Rúbricar la Planilla Horarios
-Ley 11544- para el caso de
trabajadoras mujeres y que no
tengan una pausa de descanso al
mediodía de 2 hs.
- Registrar en el Libro Especial
de Sueldos -Art. 52 de Ley
20774- los datos inherentes a la
relación laboral.
- Emitir mensualmente un
recibo de sueldos, conforme lo
establecido por el Art.140 de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Trabajadores de la salud
La normativa que regula la carrera
de los profesionales de la salud
está conformada por:
- La Ordenanza 41455/86 (B.M.
17.920)
- Su modificatoria, la Ordenanza
41783/87 (B.M. 17.958)
- Su reglamentación, el Decreto
2745/87 (B.M. 18.047)
- Y sus modificaciones posteriores:
. Ordenanza 42738/88 (B.M.
18.313)
. Decreto 3544/91 • SIMUPA
(B.M. 19.131)
. Decreto 1625/94 (NP)
. Decreto 282/96 (NP)
- Referencias a Ley 471 (BOCA-
BA Nº1.026/2000) Reglamentación
aprobada hasta la fecha:
Capítulo XII en Decreto 826 y
Capítulo vI en Decreto 827 -
BOCBA Nº 1.225/2001)
- Referencias Decreto 706/99
(BOCBA Nº 680/99) y Memo
462/DGAS/DC/99 (Área de
Investigación).
45

CAPÍTULO 3
Los Estados
comprometidos en el
cumplimiento de la
doctrina universal de los
derechos humanos tienen
el deber de organizar
todas las estructuras a
través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera
tal que sean capaces de
asegurar el libre y pleno
ejercicio de los derechos
humanos.
CONTEXTO INSTITUCIONAL EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Es deber de los Estados comprometidos en el cumplimiento de
la doctrina universal de los derechos humanos organizar todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos.
Esta obligación se expresa en la Ciudad de Buenos Aires en la Constitución
de la Ciudad, Art. 102, y en el Art. 104 -en especial respecto
del derecho humano al trabajo-, en los Incs. 2, 9, 11 y 12.
Además del Jefe de Gobierno, está involucrado en la aplicación de
las políticas públicas laborales y sus garantías el Jefe de Gabinete de
Ministros, quien debe asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente
a sus competencias y a todo lo que éste le delegue, de acuerdo con
los objetivos que se corresponden con los asuntos laborales seleccionados
que se enuncian a continuación:
- Coordinar la elaboración del programa de acción general de gobierno
y definir con cada ministerio los objetivos específicos de las
áreas respectivas, para ser elevados a la aprobación del Jefe de Gobierno.
Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento que asegure la
efectiva realización del plan mencionado.
- Diseñar, proponer y coordinar la política de transformación y modernización
del Estado, determinar los lineamientos estratégicos y la
propuesta de las normas reglamentarias en la materia.
- Diseñar e implementar los instrumentos para el monitoreo de los
planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de los
objetivos fijados en el Plan General de Acción de Gobierno.
- Supervisar la gestión de gobierno y requerir de los ministros y
demás funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad la
información necesaria para el cumplimiento de su función.
- Entender en las relaciones con todos los organismos de control, en
lo relativo al análisis y seguimiento de los informes que realicen.
- Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, las
políticas de recursos humanos tendientes al fortalecimiento de sus
capacidades y a la jerarquización de la carrera pública del Gobierno
de la Ciudad.
Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda asiste al Jefe de Gobierno en todo lo inherente
a sus competencias, y está vinculado con aspectos laborales,
de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:
- Diseñar e implementar las políticas de gestión y administración
de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
- Diseñar, implementar y supervisar la aplicación de la política salarial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
47

48
El principal objetivo de
gestión de la Dirección
General de Protección
del Trabajo radica
en la atención de las
necesidades planteadas
por la problemática
laboral en la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires.
- Participar en la negociación colectiva en coordinación con la Jefatura
de Gabinete de Ministros y con cada uno de los ministros de las
áreas involucradas.
- Entender en la planificación, ejecución y control de la política de
contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ministerio de Desarrollo Económico
El Ministerio de Desarrollo Económico asiste al Jefe de Gobierno en
lo inherente a sus competencias y está vinculado con aspectos laborales,
de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:
- Elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados
al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales,
industriales y de servicios con énfasis en la generación de empleo y
en la promoción de pequeñas y medianas empresas.
- Entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires.
- Participar en la formulación e implementar políticas de control de
las normas vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo
el poder de policía.
Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud asiste al Jefe de Gobierno en lo inherente a
sus competencias vinculado con aspectos laborales de acuerdo con
los objetivos que se enuncian a continuación:
- Planificar y administrar los recursos del sistema de salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Regular y controlar el ejercicio de todas las actividades desarrolladas
por los efectores de salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación asiste al Jefe de Gobierno en lo inherente
a sus competencias, y en relación a aspectos laborales, de acuerdo
con los objetivos que se enuncian a continuación:
- Planificar y administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Asegurar la formación y jerarquización profesional del personal
docente.
- Ejercer la autoridad de reconocimiento de institutos educativos
con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos
los niveles.
Dirección General de Protección del Trabajo
El principal objetivo de gestión de la Dirección General de
Protección del Trabajo radica en la atención de las necesidades

planteadas por la problemática
laboral en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
- Reorganización funcional y
procedimental del Área Relaciones
Laborales.
- Difusión pública del servicio
de asesoramiento jurídico gratuito
y conciliaciones laborales.
- Agilización del procedimiento
de resolución de sumarios,
previsto en la Ley 265 y Decreto
393-GCABA-2002.
- Incorporación de nuevas
herramientas tecnológicas al
acto inspectivo, maximizando
los controles inspectivos en
normativa laboral y seguridad
e higiene en establecimiento
y obras, trabajo a domicilio y
trabajo infantil y adolescente, en
el ámbito del GCABA.
- Reorganización, ampliación y
optimización del servicio de rúbrica
de documentación laboral,
puntualizando en la calidad de la
atención al público.
- Implementación y organización
del Registro de Dadores de
trabajo a domicilio y rúbrica de
documentación laboral.
En materia de trabajo infantil y
adolescente:
- Trabajo en espectáculos artísticos
de niños y niñas de 0 a
14 años, conforme lo normado
por la Resolución 367/SSt y
F/2002 48 .
- Trabajo de niños y niñas menores
de 14 años en las excepciones
dispuestas por la Ley de
Contrato de Trabajo (en empresa
familiar o cuando resulte necesario
para su subsistencia).
- Trabajo adolescente (de 14 a 18
años) en el supuesto que vivan
con sus padres.
- Extensión de jornada laboral:
comprende a adolescentes de 16
a 18 años. La extensión es de 6
horas diarias o 36 horas semanales.
- Jornada laboral continua: cuando
por la actividad de la empresa
se requiere que el adolescente
realice una jornada continua, sin
el descanso del mediodía previsto
por la Ley de Contrato de
Trabajo.
Coordinación de Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil
y Protección del Trabajo Adolescente
(Disposición 245/08)
- Supervisar la tarea inspectiva
en lo relativo a la prevención y
erradicación del trabajo infantil.
Supervisar la tarea inspectiva en
lo relativo al cumplimiento de
las obligaciones laborales en materia
de trabajo de adolescentes.
- Organizar operativos de
inspección en la unidad de su
incumbencia en función de las
denuncias recibidas y las directivas
impartidas por la Dirección
General y/o la Coordinación
General de Inspecciones.
- Llevar el control de las actas
asignadas a los inspectores bajo
su supervisión, disponiendo
el pase de las actuaciones para
la instrucción del sumario o el
archivo de las mismas según
corresponda.
- Coordinar la tarea administrativa
desde la recepción de
la denuncia hasta la salida del
expediente.
- Tramitación administrativa
de la autorización de trabajo
infantil y ampliación de jornada
laboral de trabajo adolescente.
49

CAPÍTULO 4
Los puestos de trabajo
registrados en la Ciudad de
Buenos Aires a diciembre
de 2008 eran 1.934.740,
de los cuales el sector
productor de bienes exhibe
333.545 puestos, en
contraste con 1.589.682
que pertenecen al sector
productor de servicios
en el cual se incluye
“administración pública,
defensa, seguridad social”,
“enseñanza, servicios
sociales y de salud”,
“actividades inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler”, comercio,
“hoteles y restaurantes”,
“actividades
financieras”, “transporte,
almacenamiento y
telecomunicaciones”,
“servicios sociales
comunitarios y
personales”.
INDICADORES ESTADÍSTICOS EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
La información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires da
cuenta de la cantidad de ocupación, subocupación y desocupación,
del tipo de actividades y de las zonas de la Ciudad donde sus habitantes
ejercen en mayor medida el derecho de acceso al trabajo, la
incidencia de la ocupación/subocupación/desocupación por sexo y
edad. Presentamos a continuación la evolución de dos indicadores
básicos en materia de trabajo, como son la “tasa de empleo” y la
“tasa de desempleo” desde 1990 a 2009. La tasa de empleo sube y
se aleja desde 2004 de manera pronunciada de la línea que indica el
desempleo en 2008, mientras ésta en sentido opuesto cae, en tanto
comienza un acercamiento leve de ambas en 2009. El desempleo
creció un 1,4% en 2009, alcanzando el 6,8%, respecto de 2008 en
que llegó a 5,4%.
Tasas de empleo y desocupación (pomedios anuales). Ciudad de
Buenos Aires. Años 1990 / 2009
Tasa de empleo (porcentaje)
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
43,4
4,8
13,8
41,9
45,3
9,1
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sector privado. Inserción laboral
En el Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires referido a
2008, se señala que
Tras un período de crecimiento significativo de la economía nacional, durante
2008 los indicadores económicos comienzan a experimentar señales de estancamiento,
situación que se ve agudizada por la crisis mundial (DGEyC, 2009a).
Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires mantiene, en un plano general, buenas
condiciones laborales, exhibiendo simultáneamente elevadas tasas de actividad
(62,6%) y de empleo (59,1%), y una baja tasa de desocupación (5,6%). Si bien
Año
14,9
Tasa de empleo Tasa de desocupación
6,8
5,4
Nota: a partir del 2003 se discontinúa la serie de EPH por cambios metodológicos,
pasando de un relevamiento puntual a otro de modalidad continua. Si bien las series no son
estrictamente comparables, permiten alcanzar una aproximación a la evolución de la tasa de
empleo y desempleo en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre
la base de datos de INDEC. EPH 1990 / 2009.
43,2
50,9
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
Tasa de desocupación (porcentaje)
51

52
es considerable la tasa de subocupación horaria (8,0%), éste es el único indicador
que mantiene el ritmo de mejoría de los últimos años, aunque con menor intensidad
que en los comienzos de la fase expansiva. Por el contrario, la tasa de desocupación
revierte la tendencia descendente de los últimos años. Cabe señalar que, en
2007, alcanzaba un nivel bajo para los estándares locales 49 .
La distribución geográfica de estos mismos indicadores muestra que la favorable
situación laboral de la Ciudad en su conjunto no se traduce en buenas condiciones
para todas las zonas. En efecto, el mapa laboral del sur presenta las peores
condiciones, a punto tal de combinar las más bajas tasas de actividad (58,2%) y
empleo (53,1%) con las más elevadas tasas de desocupación (8,8%) y subocupación
horaria (12,7%). En situación diametralmente opuesta se encuentran los residentes
de las zonas este, norte y centro, que presentan las tasas de desocupación
más bajas (4,6%, 5,0% y 5,1%, respectivamente) y elevadas tasas de actividad y
empleo 50 .
En 2009, los indicadores estadísticos corroboran la tendencia que
comienza a exhibir en 2008, la evolución de la desocupación.
veamos:
Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria (demandante y no demandante).
Ciudad de Buenos Aires. Mayo y octubre. Años 1990 - 1995 - 2000
Período
1990
Mayo
Octubre
1995
Mayo
Octubre
2000
Mayo
Octubre
Actividad
(% de
población)
45,6
45,6
49,0
48,2
49,5
51,0
Empleo
(% de
población)
43,2
43,6
42,0
41,8
44,0
45,7
Desocupación
(% de PEA)
5,2*
4,3
14,3
13,3
11,2
10,4
Tasa
Subocupación
horaria
(% de PEA)
*valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 10%).
7,6
7,8
9,6
8,9
Subocupación
horaria
demandante
(% de PEA)
-
-
6,4
5,4
Subocupación
horaria no
demandante
(% de PEA)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH
1990, 1995, 2000.
11,7
11,0
7,4
6,0
-
-
3,2
3,5
4,3
5,0

Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria (demandante y no demandante).
Ciudad de Buenos Aires. Primer trimestre 2004 / cuarto trimestre 2009.
Período
2004
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2005
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2006
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2007
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre1 4° Trimestre
2008
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2009
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
Actividad
(% de población)
52,8
56,2
53,0
52,5
53,2
55,6
54,7
54,4
53,3
54,7
55,2
53,2
54,5
55,5
-
55,1
55,2
53,7
53,7
54,1
55,1
54,1
53,2
54,1
Empleo
(% de población)
46,5
49,5
47,9
48,5
47,1
50,3
50,5
50,1
48,4
49,8
50,1
49,7
49,8
51,8
-
51,7
51,5
50,7
50,8
51,2
50,8
50,9
49,1
50,8
Desocupación
(% de PEA)
12,1
11,9
9,7
7,6*
11,6
9,6
7,7*
8,0
9,1
9,0
9,2
6,6*
8,7
6,5
-
6,1*
6,6
5,5
5,3
5,5
7,8
5,8
7,7
6,0
Tasa
Subocupación
horaria
(% de PEA)
*valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 10%).
1 No se relevó el Aglomerado GCBA, en el cual se incluye Ciudad de Buenos Aires.
12,3
11,7
12,3
12,2
9,7
9,1
8,8
9,4
9,8
10,6
9,5
8,7
7,2
8,3
-
7,7
6,1
7,2
7,3
8,1
Subocupación
horaria
demandante
(% de PEA)
7,0
6,0
6,7
6,5
5,2
6,3
5,0
5,5
6,0
5,7
5,3
5,6
4,9
4,8
-
4,2
4,0
5,2
4,0
5,0
Subocupación
horaria no
demandante
(% de PEA)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH
2004 / 2009.
Indicadores por sexo y edad
En tanto, en 2009 continúa la tendencia en cuestiones de género,
que indican que entre la población económicamente activa (PEA), la
fuerza de trabajo porteña masculina es mayor que la femenina.
8,1
8,8
6,2
8,2
4,7
4,7
2,9
5,3
5,3
5,7
5,6
5,7
4,5
2,8
3,8
3,9
3,8
5,0
4,2
3,1
2,3
3,5
-
3,5
2,1
2,0
3,3
3,1
3,4
4,0
3,3
2,9
53

54
Tasa de actividad de la población de 14 años y más por sexo.
Ciudad de Buenos Aires. Segundo trimestre 2004 / cuarto
trimestre 2009.
2004
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2005
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2006
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2007
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre1 4° Trimestre
2008
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
2009
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
Período
Sexo
Varón Mujer
75,5
72,8
73,9
75,1
75,9
76,0
74,4
75,0
76,4
75,6
74,5
77,1
56,4
-
75,0
73,8
72,5
73,3
75,4
75,0
74,6
76,2
76,0
58,6
56,4
53,6
52,5
56,5
55,5
56,2
53,9
55,7
57,6
54,9
55,1
65,2
-
55,9
56,6
56,9
55,7
54,5
55,8
55,1
54,9
56,9
1 No se relevó el Aglomerado GCBA, en el cual se incluye Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda
GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH 2004 / 2009.
Tendencia primer trimestre 2010
Estos datos deben cruzarse con el gráfico que -a continuación- indica
el crecimiento de población total por sexo, lugar de nacimiento y
grupo de edad, que efectivamente muestra la existencia de un mayor
número de población femenina en edad económicamente activa. Lo
que puede ser indicador de una falta de igualdad de oportunidades
que perjudicaría a las mujeres como grupo vulnerable, incumpliendo
la garantía consagrada en la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el Pacto

El Derecho al Trabajo
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art.
7, Inc. I).
Población total por sexo, lugar de nacimiento y grupo de edad.
Ciudad de Buenos Aires 1990 - 2000
Grupo de edad (años)
Grupo de edad (años)
80 y más
75 - 79
70 -74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 -24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
80 y más
75 - 79
70 -74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 -24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
1990
Varón Mujer
150.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 150.000
2000
Varón Mujer
150.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 150.000
Nativo No nativo
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).
Modelo CABA II. Año 2007.
55

56
Sectores de actividad
Conforme a la dinámica histórica del mercado porteño, cabe señalar
que es la prestación de servicios, y no la esfera productora de bienes,
la que principalmente representa a la población ocupada de la
Ciudad.
Por otra parte, los puestos de trabajo registrados en la Ciudad de
Buenos Aires a diciembre de 2008 eran 1.934.740, de los cuales el
sector productor de bienes exhibe 333.545 puestos, en contraste
con 1.589.682 que pertenecen al sector productor de servicios en el
cual se incluye “administración pública, defensa, seguridad social”,
“enseñanza, servicios sociales y de salud”, “actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler”, comercio, “hoteles y restaurantes”,
“actividades financieras”, “transporte, almacenamiento y telecomunicaciones”,
“servicios sociales comunitarios y personales”.
Sector público
En el sector público de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2009,
el número total de agentes fue de 121.966, incluyendo a los entes
descentralizados y autárquicos. Solo en la Administración central
trabajan 111.795 y 10.170 en entes autárquicos y descentralizados.
A continuación, se incorporan dos cuadros del Anuario Estadístico
de la Ciudad de Buenos Aires, que exhiben en relación a la Administración
central diferencias entre la cantidad de “agentes por planta
de pertenencia” y la “cantidad de cargos por planta de pertenencia”,
siendo mayor la cantidad de cargos que de agentes.
Esta situación es especialmente pronunciada cuando nos detenemos
a observar la partida de “docentes y hospitalarias”, que en 2009 tienen
44.433 agentes y los cargos para cubrir son 93.132.

Agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clasificados por planta de pertenencia.
Años 2000 - 2005 / 2009
Planta de pertenencia 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Total 98.938 110.990 112.403 127.465 125.619 121.966
Administración central 91.706 102.104 102.780 117.039 114.968 111.796
Autoridades superiores 278 343 427 217 603 675
Planta permanente (sin docentes titulares) 46.041 49.284 48.348 49.254 49.315 47.089
Planta transitoria 3.788 8.114 8.911 19.502 19.673 18.909
Partidas docentes y hospitalarias 41.259 44.030 44.823 48.050 44.732 44.433
Planta gabinete 340 333 271 16 645 690
Entes descentralizados y autárquicos 7.232 8.886 9.623 10.426 10.651 10.170
Autoridades superiores, planta permanente
y gabinete
6.235 7.489 7.895 8.156 8.833 8.214
Planta transitoria 997 1.397 1.728 2.270 1.818 1.956
1Incluye, partir de noviembre de 2005, al personal comprendido en el Decreto N° 948/2005; desde febrero de 2007, al programa
jefe/as de hogar (Ley N°2070/06), desde mayo de 2007 a celadores/as (no docentes transitorios) y a partir de septiembre
de 2007 a ex contratos de locación de servicio (Relación de dependencia Resolución N°959). Por Decreto N°2075/07 se
aprobó la estructura orgánico funcional del GCBA.
Nota: no incluye información de la Legislatura de la Ciudad. Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de
Hacienda. Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Dirección General de Administración.
Cargos del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires clasificados por planta de pertenencia.
Años 2000 - 2005 / 2009
Planta de pertenencia 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Total 129.932 158.509 163.154 181.411 178.651 176.924
Administración central 122.700 149.623 153.531 170.985 169.735 166.257
Autoridades superiores 280 343 427 217 603 676
Planta permanente (sin docentes titulares) 47.321 50.329 49.301 50.188 50.189 47.865
Planta transitoria 5.134 10.075 11.320 19.742 24.825 24.584
Partidas docentes y hospitalarias 69.625 88.543 92.212 100.822 93.473 93.132
Planta gabinete 340 333 271 16 645 690
Entes descentralizados y autárquicos 7.232 8.886 9.623 10.426 8.916 10.667
Autoridades superiores, planta permanente
y gabinete
6.235 7.489 7.895 8.156 8.833 8.216
Planta transitoria 997 1.397 1.728 2.270 1.818 1.956
1Incluye, partir de noviembre de 2005, al personal comprendido en el Decreto N° 948/2005; desde febrero de 2007, al programa
jefe/as de hogar (Ley N°2070/06), desde mayo de 2007 a celadores/as (no docentes transitorios) y a partir de septiembre
de 2007 a ex contratos de locación de servicio (Relación de dependencia Resolución N°959). Por Decreto N°2075/07 se
aprobó la estructura orgánico funcional del GCBA.
Nota: no incluye información de la Legislatura de la Ciudad. Datos a diciembre de cada año.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de
Hacienda. Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Dirección General de Administración.
57

CAPÍTULO 5
Todos los funcionarios
y representantes del
Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires deben informar, con
carácter de declaración
jurada, si poseen otro
empleo en relación de
dependencia o autónomo,
de carácter remunerado
o a título gratuito, en
cualquier dependencia
pública o privada, así
como el horario de dicha
prestación.
Empleo público
ANÁLISIS DE CASOS
Resolución 45/GCABA/SUBRH/09. Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos 51
Injerencias arbitrarias, principio de reserva, privacidad, intimidad.
Disminución de la garantía
Hechos
En el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
fecha 20 de agosto de 2009 fue publicada la Resolución 45/GCA-
BA/SUBRH/09, mediante la cual el Subsecretario de Gestión de
Recursos Humanos resuelve que todos los funcionarios y representantes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben
informar, con carácter de declaración jurada, si poseen otro empleo
en relación de dependencia o autónomo, de carácter remunerado
o a título gratuito, en cualquier dependencia pública o privada, así
como el horario de dicha prestación. Quedan comprendidos por esta
previsión todas las personas que se desempeñen en cualquier función
o cargo remunerado o relación contractual, con o sin relación de dependencia,
bajo cualquier modalidad. El falseamiento de la declaración
jurada o su falta de presentación en tiempo y forma constituirá,
según la norma, falta grave.
La valoración que se realiza en los considerandos indica que para
la Administración resulta necesario conocer la existencia de posible
pluriempleo de los agentes que prestan servicios en el Gobierno
local, a fin de apreciar situaciones que pudieran afectar el normal
desenvolvimiento de la prestación laboral en los términos de la Ley
471.
A tal fin, se debe completar una declaración jurada que es obrante
en el anexo de la norma en cuestión, en la cual se establecen tres opciones
relacionadas con otras actividades que desarrolle el trabajador
sobre las cuales debe brindar información:
A: Por la presente declaro bajo juramento no prestar servicios en
ninguna dependencia pública ni privada, a excepción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
B: Por la presente declaro bajo juramento prestar servicios para el
siguiente empleador.
C: Por la presente declaro bajo juramento desempeñar tareas de
carácter autónomo.
En esta última opción, se solicita se indique tipo de tarea, categoría
de monotributista o autónomo, y horario de trabajo.
Normas
La Ley local de Relaciones Laborales 471 establece un marco normativo
en el cual se inscriben las relaciones de empleo público, que nos
59

60
conduce a revisar también la coherencia de la resolución local con las
normas fundamentales y con las normas de jerarquía constitucional.
La Ley 471 establece condiciones de admisibilidad y obligaciones.
Las primeras se encuentran enumeradas en el Art. 7 de dicha norma,
en el que se establecía al tiempo de tramitarse la actuación referida
que no pueden ingresar:
a) quienes hubieran sido condenados por delito doloso o por delito contra la
Administración pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ni quienes hayan sido condenados por crímenes de guerra,
contra la paz o contra la humanidad; b) quienes se encuentren procesados por un
delito doloso en perjuicio de la Administración pública; c) quienes se encontraren
afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos;
d) quienes hubieran sido sancionados con exoneración en cualquier cargo
público, hasta tanto no sea dispuesta la rehabilitación; e) quienes hubieran sido
sancionados con cesantía conforme a lo que se establezca por vía reglamentaria; f)
quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel nacional,
provincial o municipal hasta después de transcurridos al menos 5 años de operada
la extinción de la relación de empleo por esta causa.
Entre las obligaciones que impone la ley a los trabajadores estatales
se encuentran:
a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma,
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma
individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades
del servicio, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y
productividad laboral; b) responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión
y del personal del área a su cargo; c) observar en el servicio una conducta correcta,
digna y decorosa acorde con su jerarquía y función; d) observar las órdenes
emanadas de sus superiores jerárquicos con competencia para impartirlas, que
reúnan las formalidades del caso y que sean propias de la función del trabajador;
h) someterse a los exámenes psicofísicos que se establezcan por vía reglamentaria;
i) someterse a las evaluaciones anuales de desempeño realizadas por la autoridad
competente; k) presentar una declaración jurada de bienes y otra de acumulación
de cargos, funciones y/o pasividades al momento de tomar posesión del cargo y
presentar otra declaración jurada de bienes al momento del cese de acuerdo con la
reglamentación que se dicte; l) llevar a conocimiento de la superioridad todo acto
o procedimiento que pudiere causar perjuicio al Estado o configurar un delito;
o) encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre acumulación e
incompatibilidad de cargos.
El mecanismo de la ley también prevé causales de apercibimiento y
suspensión enumeradas en la Ley 471, entre las que se encuentra la
de “incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las
prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la presente ley”
(Art. 47, Inc. e). Como causal de cesantía se contempla “el incumplimiento
grave de las obligaciones y quebrantamiento grave de las
prohibiciones establecidas en los artículos 11 y 12 de la presente ley
” (Art. 48, Inc. e).
Existen en la norma analizada prohibiciones e incompatibilidades
(Arts. 11 y 12) para los trabajadores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
a) patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros

que se vinculen con sus funciones hasta
un año después de su egreso; b) dirigir,
administrar, asesorar, patrocinar, representar
a personas de existencia visible
o jurídica, que gestionen o exploten
concesiones o privilegios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de la
Administración pública en el orden
nacional, provincial o municipal, o que
fueran sus proveedores o contratistas
hasta un año después de su egreso;
c) prestar servicios remunerados o adhonorem
a personas de existencia visible
o jurídica que exploten concesiones
o privilegios o sean proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta un año después de
su egreso;
d) recibir directa o indirectamente
beneficios originados en contratos,
concesiones o franquicias que celebre u
otorgue la Administración en el orden
nacional, provincial o municipal;
e) mantener vinculaciones que le signifiquen
beneficios u obligaciones con
entidades directamente fiscalizadas por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o comprometer servicios personales a
título oneroso con el área de la Administración
ajena a la de su revista bajo
cualquier forma contractual hasta un
año después de su egreso;
f) valerse directamente o indirectamente
de las facultades o prerrogativas
inherentes a sus funciones para fines
ajenos a dicha función o para realizar
proselitismo o acción política;
g) representar, patrocinar a litigantes o
intervenir en gestiones extrajudiciales
contra el Gobierno de la Ciudad hasta
un año después de su egreso;
h) utilizar personal, bienes o recursos
del Gobierno de la Ciudad con fines
particulares;
i) desarrollar toda acción u omisión
que suponga discriminación;
j) recibir dádivas, obsequios u otras
ventajas con motivo u ocasión del
desempeño de sus funciones o como
consecuencia de ellas;
k) las demás conductas no previstas en
esta ley pero contempladas expresamente
en la Convención Interamericana
contra la Corrupción (Art. 11).
El Derecho al Trabajo
Incompatibilidad. Condiciones
de admisibilidad
“El desempeño de un cargo en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es incompatible con el
ejercicio de cualquier otro remunerado
en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como en
el orden nacional, provincial o
municipal, salvo en los casos en
que el Poder Ejecutivo autorice
la acumulación por razones
fundadas” (Art. 12).
La Ley 471 establece taxativamente
las condiciones de admisibilidad,
las compatibilidades
e incompatibilidades, cuando
corresponde la acumulación de
cargos y cuáles son las tareas y/o
conductas que le son prohibidas
a los agentes que se desempeñan
en la Administración.
La Ley de Protección de Datos
Personales. Solicitud de datos
por el empleador
La Ley de Protección de Datos
Personales establece con relación
a la calidad de los datos solicitados:
Los datos personales que
se recojan a los efectos de su
tratamiento deben ser ciertos,
adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación al ámbito y
finalidad para los que se hubieren
obtenido. Más adelante, la
ley señala que “Los datos objeto
de tratamiento no pueden ser
utilizados para finalidades distintas
o incompatibles con aquellas
que motivaron su obtención”.
En el contexto leal transcripto,
la Administración tiene facultad
para solicitar información respecto
del ejercicio de otro cargo
en la Administración pública y
su jornada a fin de velar por el
La Ley de Protección de
Datos Personales establece
con relación a la calidad
de los datos solicitados
que se recojan a los efectos
de su tratamiento deben
ser ciertos, adecuados,
pertinentes y no excesivos
en relación al ámbito y
finalidad para los que se
hubieren obtenido.
61

La mera existencia de
otro empleo o actividad
no es indicador de un
mejor o peor desempeño
laboral. Por ejemplo, las
actividades recreativas o
de voluntariado pueden
llegar a mejorar la
calidad de vida de las
personas permitiéndoles
encontrar, muchas veces, la
satisfacción o gratificación
que no pueden obtener
en su trabajo, o bien otras
actividades autónomas que
mejorarían su calidad de
vida.
62
cumplimiento de los recaudos exigidos por la Ley de Relaciones Laborales.
También debe velar por el cumplimiento de leyes nacionales,
como las que regulan la jornada de trabajo, el sistema integrado
de jubilaciones y pensiones, los riesgos del trabajo y, en el caso local,
el régimen de asignaciones familiares. En función de ello, puede solicitar
información con relación a situaciones de pluriempleo.
De esta manera, las opciones A y B de la declaración jurada, no
configurarían un exceso por parte del empleador. No así en el caso
de la opción C, que parecería no tener justificativo ni sustento legal,
toda vez que un trabajador autónomo, en términos legales, no presta
servicios bajo la organización y dirección de un tercero, por cuenta
y a riesgo ajeno, sino que es su propio empleador y es responsable
frente al sistema único de seguridad social.
Doctrina de la Defensoría del Pueblo
Tanto en el contexto normativo supranacional como en el constitucional
federal se sostiene y se protege la existencia de una esfera
de privacidad de los individuos, y de no injerencia, que constituye
un derecho humano fundamental. En ese sentido, el inciso c) de la
declaración jurada Resolución 45/GCABA/SUBRH/09 es un avance
negativo sobre el derecho y una disminución de la garantía que se
debe brindar por parte del Estado local.
“Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada o en la de su familia” (Arts. 75, Inc. 22 C.N. y 11, Inc.
2, Pacto de S. J. de Costa Rica) y ello porque “Las acciones privadas
de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y
exentos de la autoridad de los magistrados” (Art. 19 Constitución
Nacional).
La Corte Suprema de Justicia, en el caso “Bahamondez” (LA LEY,
1993-D, 130), sostuvo al respecto: “El respeto por la persona humana
es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respecto
al cual los restantes valores tienen carácter instrumental”.
La Ley no establece la dedicación exclusiva de los agentes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, menos aún, puede
esperarse ello de quienes no se encuentran vinculados a la información
bajo relación de dependencia.
La mera existencia de otro empleo o actividad no es indicador de un
mejor o peor desempeño laboral. Por ejemplo, las actividades recreativas
o de voluntariado pueden llegar a mejorar la calidad de vida de
las personas permitiéndoles encontrar, muchas veces, la satisfacción
o gratificación que no pueden obtener en su trabajo, o bien otras
actividades autónomas que mejorarían su calidad de vida.
Corresponde mencionar que, con fecha 9 de septiembre de 2009,
y ante un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE), el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario 12 resolvió disponer la suspensión de

los efectos de la Resolución 45/
GCABA/SUBRH/09 hasta tanto
recaiga decisión definitiva y
firme en la presente acción.
Dicha resolución judicial -que
no resuelve sobre el fondo de la
cuestión- no resulta óbice para
que esta Defensoría del Pueblo
se expida sobre el particular, en
cumplimiento de sus facultades
constitucionales.
Acción de la Defensoría del
Pueblo
En esta tesitura, se resolvió recomendar
al señor Subsecretario de
Gestión de Recursos Humanos,
arbitre los medios pertinentes a
fin de dejar sin efecto la opción
C) del Anexo de la Resolución
45/GCABA/SUBRH/09, o, en
su defecto, aclarar que dicha
opción es de respuesta voluntaria,
por las causas expuestas en la
presente.
Acumulación y/o compatibilidad
de cargos, Ley 471 52
Hechos
Se inicia de oficio una investigación
para establecer si los criterios
utilizados por la entonces
Dirección General de Desarrollo
de Recursos Humanos de Salud
con relación a la acumulación
y/o compatibilidad de cargos
enumerada en la Ley 471
resultan lesivos de derechos y
garantías fundamentales. Ello en
virtud de las reiteradas denuncias
en las que los reclamantes manifiestan
que, habiendo ganado
concursos para poder ingresar a
trabajar en alguno de los hospitales
dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires,
son obligados (previo nombramiento)
a renunciar a sus cargos
docentes en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), pese a no
existir incompatibilidad alguna
en los términos de la normativa
vigente.
Análisis normativo del caso
La Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Ley 471, establece la
incompatibilidad del desempeño
de dos o más cargos dentro del
ámbito de la Administración
pública, cualquiera sea su jurisdicción;
pero determina expresamente
los casos en que éstos son
compatibles y/o acumulables.
En el Art. 13, referido a la compatibilidad
de cargos, señala dos
supuestos en donde se admite
compatibilidad:
a) el desempeño de un empleo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con el ejercicio de la docencia en cualquier
jurisdicción, nivel y modalidad,
siempre que no exista superposición
horaria,
b) el desempeño de un empleo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con la contratación para el ejercicio de
actividades artísticas o culturales en las
instituciones de la Ciudad, siempre que
no exista superposición horaria.
La norma es clara y taxativa, y se
complementa con el Art. 14 en
el cual se admite que el personal
docente y los trabajadores
médicos y paramédicos dependientes
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires pueden acumular
cargos en el marco de sus
propias actividades, sujeto esto
a dos condiciones: que no se
superpongan y que no se supere
la carga horaria máxima legal.
63

La actitud del Estado
local de denegación de
derechos reconocidos
judicialmente y de
naturaleza remuneratoria
-vale decir, alimentaria-
es de incumplimiento de
una sentencia cautelar y
constituye una denegación
de justicia, al tiempo
que se infringen normas
supranacionales, como
el derecho humano al
trabajo y la obligación de
garantizarlo que asume
el Estado, en este caso, el
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
64
Sin embargo, en la Actuación 3411/04 y, dos años después, en
Actuación 7318/06 se denuncian situaciones similares, en las que
resultaba de aplicación el Art. 14 señalado. Ahora bien, en ambos
casos se recibió un informe elaborado por la Directora Administración
de Personal (fs. 14 y 22) en el cual se señala que
...para dar curso a una designación en el ámbito de esta Comuna previamente se
consultan los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (AN-
SES) para verificar si la persona propuesta posee ya algún cargo, en caso positivo
deberá adjuntar una Declaración Jurada de Horarios del mencionado cargo a fin
de establecer que no supera la jornada máxima legal estipulada en la Ley Nacional
Nº 11.544, que establece 48 horas reloj semanales y que no exista superposición
horaria conforme lo establecido en el Artículo 13º de la Ley Nº 471...
En virtud de la respuesta brindada, se libró un nuevo oficio a la ex
Dirección General de Recursos Humanos preguntando entonces por
qué no habían prosperado los nombramientos.
La respuesta del Jefe de División de la Dirección Administración de
Personal señaló que: “...los nombramientos de los involucrados no se
hicieron efectivos, toda vez que se hallaban incursos en la incompatibilidad
establecida por el artículo 12º... a la fecha, no se cuenta con
norma reglamentaria o aclaratoria del artículo 14º... se deja constancia
que el Informe nº 29.372/DGRH-E/2007, en el que se alude al
artículo 13º de la precitada Ley 471, no guarda relación con el caso
que nos ocupa” (Actuación 1242/07, fs. 44).
Pese a que en los casos que se analizan corresponde la aplicación del
Art. 13, debe mencionarse que, a su vez, la norma contenida en el
Art. 14 tiene carácter operativo, sin que se requiera una reglamentación
especial.
Doctrina de la Defensoría del Pueblo
La acumulación es posible cuando los cargos se desempeñan en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y corresponden a
la misma actividad. En su mayoría, los médicos, y sobre todo, los
docentes, desempeñan más de un cargo (ya sea estos últimos por la
acumulación de dos cargos en escuelas de jornada simple o aquellos
que se dedican a la formación de adultos en el turno noche) en el
marco de esta solución legal.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Esta situación dio lugar a una recomendación por parte de la Defensoría
del Pueblo que fue dirigida a la señora Directora de Administración
de Recursos Humanos, para que “se revisen los criterios
utilizados en la interpretación de los arts. 12º, 13º y 14º de la Ley
nº 471 al momento de proceder a los nombramientos de personal,
a fin de no alterar el espíritu de la norma y garantizar los derechos
establecidos”.

Contratación: Rescición contractual
e incumplimiento de
medida cautelar 53
Se trata de varios casos similares
en que los afectados por la
no renovación de los contratos
recurrieron a la Justicia y obtuvieron
una decisión cautelar 54 ,
incumplida por el Gobierno de
la Ciudad. Los reclamantes, en
vigencia de la medida cautelar,
continuaron presentándose en
sus lugares de trabajo habituales,
pero no se les permitió retomar
sus tareas habituales, como tampoco
se les permitió en la mayoría
de los casos firmar planillas,
ni se les abonó sueldos.
Análisis normativo del caso
Según lo establece el Art. 181
del C.C.A. y T.: “ningún incidente
planteado por el/la destinatario
de la medida puede
detener su cumplimiento... El
recurso de apelación, en caso de
admitirse la medida, se concede
en efecto no suspensivo”.
Sin embargo, hasta tanto las
medidas precautorias fueran
revocadas por la Cámara del
Fuero, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires omitió ejecutarlas
incumpliendo la prescripción
antes transcripta.
Se advierte, entonces, que independientemente
de la posterior
revocación de la medida aludida,
durante su vigencia, los presentantes
pusieron a disposición
del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires su fuerza de trabajo
y no obtuvieron la compensación
remuneratoria que como
contrapartida ello implicaba,
que incluso a algunos, como B.
L. Q., E. E. C. O. y S. I. C., les
El Derecho al Trabajo
fueron otorgadas vacaciones.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
La actitud del Estado local de
denegación de derechos reconocidos
judicialmente y de naturaleza
remuneratoria -vale decir,
alimentaria- es de incumplimiento
de una sentencia cautelar
y constituye una denegación de
justicia, al tiempo que se infringen
normas supranacionales,
como el derecho humano al
trabajo y la obligación de garantizarlo
que asume el Estado,
en este caso, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Acción de la Defensoría del Pueblo
En este mismo orden de ideas,
la Defensoría del Pueblo recomendó
al Jefe de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a los
señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, y
al señor Presidente del Instituto
de vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, arbitren
los medios necesarios a fin de
que se inicie el procedimiento
de reconocimiento de servicios
en favor de los señores: R. D.
A. M., quien se desempeñaba
en el Instituto de vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; M. L. C., S. M. O, M. D.
P., J. C. A. G. y A. B. S., quienes
se desempeñaban en la Reserva
Ecológica Costanera Sur; N. J.
B., quien se desempeñaba en la
Dirección General de Música;
M. R. A. P., quien se desempeñaba
en el Centro de Gestión
y Participación Comunal 5; E.
E. C. O., B. L. Q. y S. I. C.,
quienes se desempeñaban en el
Teatro General San Martín, por
el período en el cual estuvieron
vigentes las medidas cautelares
señaladas.
Distracto laboral por no reunir
las condiciones de admisibilidad
establecidas por el Art. 7°, Inc.
a) de la Ley 471
55 56
Hechos
Se trata de dos situaciones que
vinculan el derecho humano al
trabajo y el derecho a la reinserción
social de quien fuera
condenado penalmente por
delito ajeno a la Administración
pública.
En ambos casos, los interesados
solicitan la intervención de esta
Defensoría del Pueblo a fin de
que se deje sin efecto la Resolución
25/MAYEPGC/2008, y
se disponga su reincorporación
a los cuadros de la Administración.
En el primero de ellos, el denunciante
relata que cumplía tareas
de mantenimiento en la Dirección
General de Cementerios
(Cementerio de Flores) desde
junio de 2007. Mediante Resolución
1924/MHGC/07 se adecuó
su contratación a lo previsto
en la primera parte del Art. 39
de la Ley 471. En abril de 2008
constató que los haberes no le
fueron depositados en su caja de
ahorros, por lo que con fecha 16
de abril de 2008, presentó una
nota a su superior solicitando
información al respecto. Fue notificado
del contenido de la Resolución
25/MAYEPGC/2008,
la cual disponía la rescisión de
su contratación por no reunir
las condiciones de admisibilidad
65

66
establecidas por la normativa. Puntualmente, el Inc. a) del Art. 7 de
la Ley 471, que dispone que no pueden ingresar “quienes hubieran
sido condenados por delito doloso o por delito contra la Administración
Pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ni quienes hayan sido condenados por
crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad”.
El reclamante interpone Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
Subsidio contra la Resolución 25/MAYEPGC/2008. En su recurso
refiere que fue condenado a la pena de tres años de prisión en
suspenso, y costas, por ser coautor penalmente responsable del delito
de robo doblemente agravado. Además, se le impuso por el lapso de
tres años, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: fijar
residencia, someterse al control de un patronato y adoptar un trabajo
estable (Art. 27 bis incs. 1º y 7º del Código Penal).
Análisis normativo del caso
La finalidad de la sanción penal en una sociedad democrática y dentro
del estado de derecho
El Art. 18 de la Constitución Nacional refleja el “Principio de Humanidad
de las Penas”, en tanto garantiza que las cárceles serán sanas
y limpias para seguridad y no para castigo de los presos detenidos en
ellas. Asimismo, y según entiende la doctrina, apunta a la Teoría de
la Prevención Especial, según la cual se asigna a la sanción penal la
finalidad de rehabilitación del condenado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos brinda un contexto
normativo superior al que deben adecuarse y proporcionarse las situaciones
jurídicas que se plantean en las soluciones legales de jerarquía
inferior. Dado que esta legalidad supranacional tiene jerarquía
constitucional 57 , las normas de orden local deben adecuarse a los
paradigmas supranacionales. Este es un imperativo de nuestro orden
jurídico que no puede ser soslayado por la normativa local.
El Protocolo de San Salvador en su Art. 5 proclama que: “Los
Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al
goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo
mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar
general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no
contradigan la razón y propósito de los mismos”.
En este sentido, el Art. 1 de la Ley 24660 señala que la ejecución
de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por
finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender
y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social,
promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.
Así, se sigue que la Administración local debe garantizar el derecho
humano al trabajo y la reinserción social del condenado o ex convicto,
para lo cual deberá compatibilizar su norma.
Cuando ya se ha cumplido la condena, o bien se trate de una

condena en suspenso, es la
obligación del Estado garantizar
la no estigmatización de
quienes deben reincorporarse
a la vida en sociedad, tanto
desde el imperativo judicial
de la sentencia, que prescribe
una norma particular para
cumplimiento del condenado,
como en el caso que nos ocupa,
como desde el imperativo
general de la ley, que obliga a
garantizar la reinserción social.
Las Reglas mínimas para el tratamiento
de los reclusos, adoptadas
por el Primer Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento
del Delincuente, celebrado en
Ginebra en 1955, y aprobadas
por el Consejo Económico y
Social en sus Resoluciones 663C
(XXIv) de 31 de julio de 1957
y 2076 (LXII) de 13 de mayo
de 1977, señalan: “64. El deber
de la sociedad no termina con la
liberación del recluso. Se deberá
disponer, por consiguiente,
de los servicios de organismos
gubernamentales o privados capaces
de prestar al recluso puesto
en libertad una ayuda postpenitenciaria
eficaz que tienda a
disminuir los prejuicios hacia
él y le permitan readaptarse a la
comunidad”.
Por el contrario, cuando la
Administración local decide una
medida como la inadmisibilidad
-por aplicación del Art. 7, Inc.
a) de la Ley 471- es claro que se
obstaculiza la resocialización del
condenado, estigmatizándolo y
sometiéndolo a un nuevo castigo,
no por lo que hizo sino por
lo que es.
Debe observarse que la aptitud
moral del Estado de castigar a
quien delinque se ve seriamente
afectada si, como contrapartida,
no se adoptan medidas que
viabilicen la reinserción social.
Resulta un contrasentido que el
Estado, por un lado, disponga
acciones tendientes a favorecer
la resocialización y, por el
otro, obstaculice dicho proceso
privando al sujeto condenado
de la posibilidad de acceder a un
empleo para el cual es idóneo,
por un hecho ajeno al servicio
y por el que ya fue juzgado y
condenado.
En conclusión, y teniendo en
cuenta los argumentos vertidos,
la Defensoría del Pueblo
recomendó al señor Ministro
correspondiente, que arbitre los
medios necesarios a fin de dejar
sin efecto la Resolución 25/
MAYEPGC/2008.
Irregularidades en traslados de
agentes al RAD
Caso del agente G. A. B.
Hechos 58
El presentante denunció que
mediante Disposición 00324/
DGAI/2007, le notificaron un
cambio de lugar y horario de
trabajo.
El señor G. A. B. se desempeñaba
en la Oficina de Atención al
Público cumpliendo el horario
de 7:30 a 13:30 horas y a partir
del dictado de la Disposición
citada fue trasladado a la Oficina
de Sistemas para cumplir el
horario de 13:00 a 19:00 horas,
situación que lo perjudicaba,
dado que por la tarde tenía
otra actividad lucrativa al mismo
tiempo que se dedicaba al
cuidado de sus hijos. Asimismo,
El Art. 18 de la
Constitución Nacional
refleja el “Principio de
Humanidad de las Penas”,
en tanto garantiza que
las cárceles serán sanas y
limpias para seguridad
y no para castigo de
los presos detenidos en
ellas. Asimismo, y según
entiende la doctrina,
apunta a la Teoría de
la Prevención Especial,
según la cual se asigna a la
sanción penal la finalidad
de rehabilitación del
condenado.
67

68
agregó que presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la Disposición 00324/DGAI/2007, el cual a la fecha
de su denuncia no había sido contestado.
Ante esta denuncia, la Defensoría del Pueblo se expidió a través de
la Resolución 1359/08 recomendando al señor Director General
correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, don
Hernán Pablo Gianni, que arbitrase lo necesario a fin de reubicar al
agente G. A. B. (F.C. 303.381) en el horario de 7:30 a 13:30 horas o
similar durante el turno matutino.
La respuesta a la recomendación indicó que la Disposición 00324/
DGAI/2007 había sido resuelta por las autoridades que se desempeñaron
hasta el 10 de diciembre de 2007. Además, agregó que el
agente G. A. B. había sido trasladado al Registro de Agentes en Disponibilidad
(R.A.D.) mediante Disposición 40/DGAI/2008 a raíz
de reiteradas ausencias a su puesto de trabajo sin previa autorización.
Por Disposición 93/DGARH/2008, de fecha 11 de marzo de 2008,
la Directora General de Administración de Recursos Humanos
transfirió al agente G. A. B. al R.A.D.
Por esta razón, el agente indicó que, efectivamente, había sido trasladado
al R.A.D. y en ese momento debía gestionar su pase hacia
alguna dependencia.
Ahora bien, el considerando de la Disposición 40/DGAI/08 sólo
menciona lo previsto en el Art. 3, Inc. d) del Decreto 2182/2003, y
a continuación se dispone el traslado del agente G.A.B. al R.A.D.
La cuestión planteada no resulta de poca importancia para el agente
presentante, atento que la permanencia en el Régimen de Disponibilidad
tiene un plazo máximo después del cual son dados de baja
como personal de la Administración.
Análisis normativo del caso
La Ley 471 prevé una situación de revista especial denominada “en
disponibilidad” (Art. 41, Inc. d). El Capítulo XIII de la mencionada
norma establece un régimen de disponibilidad de los trabajadores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendrá por objeto la
reubicación de los trabajadores que se encuentren comprendidos en
él (Art. 56). Los supuestos son tres: a) supresión de cargos o puestos
de trabajo por razones de reestructuración; b) agentes calificados
negativamente en la evaluación anual de desempeño; c) agentes con
suspensión preventiva o traslado con presunción de falta disciplinaria
conforme lo dispuesto en el Art. 52 (Art. 57).
El Art. 52 establece que el personal sumariado podrá ser suspendido
preventivamente o trasladado con carácter transitorio por la autoridad
competente cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento
de los hechos investigados o cuando su permanencia en
funciones fuere inconveniente, en la forma y términos que determine
la reglamentación.
El Decreto 2182/03 determina que los agentes que fueran

transferidos al R.A.D. deberán
presentarse en la Dirección
General de Administración
de Recursos Humanos dentro
de las veinticuatro horas de
notificados, la que dispondrá
la realización de un examen
psicofísico, el uso y goce de
la licencia anual ordinaria
no gozada o el inicio del
trámite jubilatorio en caso
que correspondiera, siendo
la Dirección General de
Administración de Recursos
Humanos la encargada de
proceder a la redistribución
de los agentes, conforme las
necesidades planteadas por las
reparticiones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Cuando el agente hubiera sido
transferido al R.A.D. como consecuencia
de un sumario administrativo,
la Dirección General
de Administración de Recursos
Humanos, previo acceder a su
transferencia, deberá dar intervención
a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la que se expedirá
indicando si el agente en cuestión
se encuentra en condiciones
de ser redistribuido y la tarea
o función que el agente podrá
desempeñar (Art. 7).
Sin embargo, recién mediante
Resolución 257/GCABA/
MJYSGC/08, de fecha 9 de abril
de 2008, el Ministro de Justicia
y Seguridad dispuso la instrucción
del sumario administrativo
seguido contra el reclamante y,
sin embargo, el pase al R.A.D.
con motivo de lo previsto en el
Art. 3 del Decreto 2182/2003
se efectuó el día 11 de marzo de
2008.
El Derecho al Trabajo
En el caso traído a estudio no
surge que se haya dispuesto
la transferencia al R.A.D. del
presentante en virtud de algunas
de las causales previstas en
la Ley 471. Por el contrario, se
decidió dicha transferencia con
un fundamento impropio. En
la disposición producida por el
Director General de Administración
de Infracciones se citó en
fundamento el Art. 3, Inc. d) del
Decreto 2182/03.
El Art. 3 del Decreto 2182/03
reglamenta el apartado a) del
Art. 57 (traslado al R.A.D. por
reestructuración) de la Ley 471.
El Inc. d) del mencionado Art.
3 del Decreto 2182/03 dispone,
sin embargo, que se entiende
como un caso de este apartado:
“d) cuando el agente desempeñara
una función específica dentro
de un organismo y por la actividad
desempeñada inherente a
su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario
administrativo, y siempre que así
lo determine en forma fundada
el órgano que tomó la medida”.
Por el Decreto 2182/03 el Jefe
de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en
uso de las atribuciones que le
confieren los Arts. 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, reglamentó
el Capítulo XIII -Del
Régimen de Disponibilidad de
Trabajadores- de la Ley 471. El
Art. 102 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece que el Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires “...promulga
las leyes y las hace publicar, las
reglamenta sin alterar su espíritu
69

El poder reglamentario
se da para hacer posible
la ejecución de la ley, por
donde resulta evidente que
todo intento de reglamentar
lo que no ha sido materia
de ley constituye una pura
y simple usurpación de
atribuciones legislativas.
70
y las ejecuta en igual modo...”.
La doctrina mayoritaria resalta lo que el constituyente de la Ciudad
plasmó textualmente: los reglamentos no deben alterar el espíritu
de la ley, es decir, deben adecuarse tanto a los motivos, a los medios,
como a la finalidad de la ley.
La ley fija la prescripción normativa (obliga, prohíbe o permite) y el
decreto sólo debe fijar las condiciones de la aplicación de la ley para
hacerla viable. Si, en cambio, ampliase o restringiese la prescripción
normativa contenida en la ley, el decreto es inconstitucional 59 .
Efectivamente, el poder reglamentario se da para hacer posible la
ejecución de la ley, por donde resulta evidente que todo intento de
reglamentar lo que no ha sido materia de ley constituye una pura y
simple usurpación de atribuciones legislativas 60 .
Así, el Inc. d) del Art. 3 del Decreto 2182/03 implica un exceso
reglamentario porque regula una situación que no se encuentra prevista
en la ley. En consecuencia, es un exceso reglamentario entender
por supresión de cargos, funciones u organismos, los casos en que se
disponga la instrucción de un sumario administrativo de un agente
por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea. Insistimos,
se trata de dos órbitas bien diferenciadas y que el Poder Ejecutivo
ha confundido. Una órbita es la organización administrativa de
las reparticiones y otra es la conducta de sus agentes.
Cuando un agente comete una falta, se investiga y, en su caso, se
lo sanciona. Y si se lo suspende preventivamente o traslada de su
puesto de trabajo en el marco de un sumario, se lo podrá trasladar
al R.A.D. aplicando el apartado c) del Art. 57 de la Ley 471,
cumpliendo, para ello, con el procedimiento previsto en el Decreto
826/01 (esto es, una resolución dictada por el Secretario del Área
-ahora Ministro- y previo dictamen de la Procuración General).
El apartado a) del Art. 57 de la Ley 471 no se refiere a cuestiones
disciplinarias.
En el caso particular de G. A. B., cabe, además, mencionar lo siguiente:
a) El Director General de Administración de Infracciones dispuso
el traslado del agente G. A. B. al R.A.D. con fundamento en el Art.
3, Inc. d) del Decreto 2182/03 cuando el agente ni siquiera estaba
comprendido en la situación allí descripta.
b) La Disposición 40-DGAI-2008 del Director General de Administración
de Infracciones que dispuso el pase al R.A.D. del agente es
nula porque no fue dictada por autoridad competente para decidir
dicha transferencia, carece de causa por no sustentarse en el derecho
aplicable (Ley 471) y no se encuentra debidamente motivada.
c) Es necesario recordar que las relaciones de empleo público están
regidas por procedimientos y normas que necesariamente deben
cumplirse. Lo contrario implica la lisa violación de los derechos de
los trabajadores. Y en el presente caso se violaron las normas y el
procedimiento vigentes.

d) En consecuencia, los actos
administrativos mencionados
que dispusieron ilegítimamente
el traslado del agente G. A. B. al
R.A.D. deben ser revocados.
Acción de la Defensoría del Pueblo
En este orden se encaminó la acción
de la Defensoría del Pueblo,
que emitió una recomendación
dirigida al Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que evalúe la pertinencia
y oportunidad para derogar
el apartado d) del Art. 3 del
Decreto 2182/03 (B.O.C.B.A.
nº 1818). Al mismo tiempo, recomendó
al Ministro de Justicia
y Seguridad revea la disposición
mediante la cual se dispuso el
pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad (R.A.D.) del
agente G. A. B. (F.M. 303.381).
Finalmente, recomendar a la
Dirección General evite transferir
al Registro de Agentes en
Disponibilidad a los agentes
del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires sin causal legal que
así lo permita.
Agencia Gubernamental de
Control y traslado masivo al
RAD 61
Hechos
El denunciante F. O. D. relata
que por la Resolución 04/
AGC/08 una extensa nómina
de agentes fueron trasladados al
R.A.D. con motivo del Art. 57,
Inc. a) de la Ley 471 -trabajadores
cuyos cargos o funciones u
organismos en los que se desempeñen
hubiesen sido suprimidos
por razones de reestructuración-.
Señala que, posteriormente, y
como resultado de un acuer-
do con el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires (SU-
TECBA), se confeccionó un
listado de trabajadores que serían
reincorporados a sus puestos y él
fue excluido del mismo a último
momento. Mientras tanto,
concurre al Instituto Superior de
la Carrera Administrativa donde
supuestamente debería cumplir
con un plan de capacitación
para su reubicación. Refiere que
al momento de ser notificado
de su inclusión en el R.A.D. se
desempeñaba como responsable
de firma de Certificaciones,
revistando en el agrupamiento
administrativo, tramo B, nivel
04, función 225.
Se solicitaron informes a la
Agencia Gubernamental de
Control que respondió:
a) Con fecha 3 de julio del 2008 se
aprobó, mediante la Resolución nº
296/AGC/08, la estructura correspondiente
a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, donde
se establecieron modificaciones a su
antigua estructura. b) Los criterios
de conducción que motivaron ambas
resoluciones se basaron, tal como surge
de sus considerandos, en lo dispuesto
por el artículo 57 inciso a) de la Ley
nº 471. c) Los criterios utilizados,
vinculados con el nuevo carácter
autárquico que se impuso al organismo
encargado del poder de policía en la
Ciudad, tienen que ver con la eficiencia,
transparencia y honestidad que
intenta incorporar como paradigmas a
la gestión de esta organización, además
de tener en cuenta la desaparición de
funciones, competencias y organismos
que fueron determinados por el
nuevo orden legal. Estas circunstancias
y lo previsto por el Art. 57, inc. a) y
el Decreto 2182, fueron los sustratos
fácticos que motivaron la declaración
en disponibilidad del agente mencionado.
d) Algunos de los agentes
que fueron trasladados al R.A.D. han
sido reincorporados. En una primera
instancia, a través de la Resolución nº
271/AGC/2008... Luego, se dispuso la
reincorporación de otros 20 agentes en
virtud de lo estipulado con SUTECBA
mediante el Acta Acuerdo nº 8... Estos
últimos agentes fueron reincorporados
a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria...
Análisis normativo del caso
La Ley 2624 crea la Agencia
Gubernamental de Control
y transfiere a ella las distintas
Direcciones y Direcciones
Generales preexistentes. Ningún
organismo fue disuelto, como así
tampoco fueron desconcentradas
o descentralizadas las misiones y
funciones de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos.
La Ley 2624 le otorgó al Director
Ejecutivo seis meses, contados
a partir de su asunción,
para aprobar la estructura de los
niveles inferiores.
La estructura orgánico funcional
de la Agencia Gubernamental
fue aprobada mediante Resolución
296/AGC/08, publicada en
el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires nº 2999 del
día 25 de agosto de 2008, por
lo que no se puede considerar
el supuesto de eliminación de
cargos cuando se dispuso la
masiva transferencia de agentes
al R.A.D. con anterioridad, en
enero de 2008.
Cuando se le preguntó al Director
Ejecutivo puntualmente por
la situación del agente reclamante,
éste citó nuevamente el
Art. 57, Inc. a) de la Ley 471 y
el Decreto 2182/03, sin mayor
fundamentación.
Entonces, si la Dirección
71

La consagración de
la protección jurídica
de la trabajadora
embarazada obliga a
todo empleador. En
consecuencia, el Estado se
encuentra comprometido
doblemente por su rol de
empleador y por su rol de
garante de los derechos
humanos y demás
derechos fundamentales e
intereses.
72
General de Habilitaciones y Permisos no fue disuelta, ni
descentralizadas sus funciones al momento del dictado de la
Resolución 04/AGC/08, la decisión de transferencia al R.A.D.
del agente no puede fundamentarse conforme el Art. 57, Inc. a)
de la Ley 471 y el Decreto 2182/03; en consecuencia, el acto que
dispuso la transferencia del denunciante carece de causa y objeto
en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo local,
resultando nulo de nulidad absoluta.
Por otra parte, se advierte que la Resolución 04/AGC/08 fue dictada
con fecha 3 de enero de 2008 y la Ley 2624 que referencia,
publicada al día siguiente (B.O.C.B.A. nº 2843 del día 4 de enero
de 2008). Esta irregularidad evidencia la arbitrariedad de la decisión
tomada por el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control, quién apartó de sus puestos de trabajo a una gran cantidad
de agentes, sin que mediaran razones objetivas u operativas reales y
sin evaluar los antecedentes laborales de los mismos, lo cual no hace
más que reafirmar lo expuesto en el párrafo precedente.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Como consecuencia de los extremos analizados y las conclusiones
arribadas por la Defensoría del Pueblo, se efectuó una recomendación
al Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control,
a fin de que restituya al agente F. O. D. (F.M. 287.317) al cargo
que desempeñara con anterioridad al dictado de la Resolución 04/
AGC/08, y en caso de que el mismo hubiera sido suprimido o
modificado por la nueva estructura orgánico funcional, proceda a
evaluar al agente a fin de reasignarlo a un nuevo puesto de trabajo
conforme su formación, antecedentes y situación escalafonaria.
Descuento de haberes a agente en situación de reposo por
embarazo 62
Hechos
La agente P. v. B. S. se encuentra vinculada con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires bajo la modalidad establecida por el Decreto
948/GCABA/05, encontrándose desde el día 7 de junio de 2008
usufructuando la licencia por maternidad.
Señala que debió guardar reposo desde el comienzo de su embarazo
y que debido a su modalidad contractual, durante 2007 sólo
le justificaron cuarenta y cinco (45) días, descontándosele el resto.
Según le fuera informado, durante 2008 se justificarían 45 días con
goce íntegro de haberes (más el período de licencia ordinaria) y a
partir de ese momento se bloquearían los mismos hasta el momento
de iniciar la licencia por maternidad. Percibió los haberes de enero,
febrero, marzo y abril, y le informaron que no cobraría mayo, junio
ni julio, situación que le genera un perjuicio económico y la preocupa
enormemente por su incidencia en la cobertura médica, justo al
momento del alumbramiento.

Durante los meses de mayo y
junio se le acreditó el sueldo por
un monto de pesos determinado
y al mes siguiente (30 de junio
de 2008) la suma acreditada
fue diferente, desconociendo la
interesada la composición del
descuento, no pudiéndose determinar
el origen de las sumas
acreditadas a la reclamante en
concepto de sueldo durante los
meses de mayo y junio de 2008.
Análisis normativo del caso
La Ley 471, que rige las relaciones
de empleo público en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
en su Capítulo vI, reconoce las
siguientes licencias: a) descanso
anual remunerado; b) afecciones
comunes; c) enfermedad de
familiar a cargo; d) enfermedad
de largo tratamiento; e) maternidad
y adopción; f) exámenes; g)
nacimiento de hijo; h) matrimonio;
i) fallecimiento del cónyuge
o de la persona con la cual estuviese
en pareja conviviente, de
hijos, de padres y de hermanos,
de nietos; j) cargos electivos; k)
designación en cargos de mayor
jerarquía sin goce de haberes; l)
donación de sangre.
En los supuestos de enfermedades
de largo tratamiento, el
trabajador tiene derecho a una
licencia de dos (2) años con goce
de haberes. vencido este plazo,
el trabajador tiene derecho a una
licencia de un año adicional,
durante el cual percibirá el 75%
de sus haberes (Art. 21).
Mediante Decreto GCABA
1716/05, este artículo fue reglamentado.
Se define la enfermedad
de largo tratamiento como
aquellas afecciones que inhabili-
El Derecho al Trabajo
tan al agente para el desempeño
del trabajo o por motivos que
aconsejen su internación o alejamiento
por razones de profilaxis
y seguridad. En estos casos se
concede hasta dos (2) años de
licencia, en forma continua o
discontinua, para una misma o
distinta afección, con percepción
íntegra de haberes. vencido este
plazo, si subsiste la causal que
determinó el inicio de la licencia,
se amplía por el término
de un (1) año, durante el cual
el agente percibirá el setenta y
cinco por ciento (75%) de su
remuneración. Cumplido este
último plazo, se realiza un nuevo
reconocimiento médico por
intermedio del área pertinente
de la entonces Dirección General
de Recursos Humanos y, en
atención a su capacidad laboral,
se determinará: a) si existen
funciones que puedan ser desempeñadas
por el agente; o b) si
le corresponde acogerse a algún
beneficio previsional por razones
de invalidez.
Por el Decreto GCABA 948/05,
el Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
estableció que los contratos de
locación de servicios serían adecuados
al régimen establecido en
la primera parte del Art. 39 de la
Ley 471.
Posteriomente, a través de la
Resolución 3206/SHYF/05 se
reglamentó que, a los efectos
de la relación laboral, son de
aplicación las normas previstas
en los Arts. 7 y 8 (contenidas
en el Capítulo III: Del Ingreso);
9, incs. a, b, f, g, k, m y o; 10,
incs. a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m,
n, ñ y o; 11; 12; 13 (contenidas
73

El descuento efectuado
en los haberes de la
trabajadora embarazada,
en situación de licencia
por una afección en el
embarazo, implican una
falta de protección por
parte del Estado local y
un incumplimiento del
paradigma del Derecho
Internacional de los
Derechos Humanos cuya
protección se proyecta a
todo el embarazo y a la
maternidad.
74
en el Capítulo Iv: Derechos y Obligaciones); 16, incs. a, b, c, e, f,
g, h, i, l, ll y m; 19; 20; 20 bis; 22; 22 bis; 23; 24; 24 bis; 25; 26;
27; 28; 30; 30 bis (contenidas en el Capítulo vI: Del Régimen de
Licencias) y 38 (contenidas en el Capítulo X: De las modalidades de
la prestación de servicios) de la Ley 471 (B.O. nº 1.026) y modificatorias,
la Ley 360 (B.O. nº 942) y modificatorias, la Ley 1208 (B.O.
nº 1.973) y modificatorias y las Leyes nacionales 24241 y 24557.
Asimismo, a los fines de la licencia ordinaria, los contratados tendrían
catorce (14) días corridos al año a ser usufructuados durante
la vigencia de la relación contractual. Este plazo será reducido en la
proporción de los días que comprendan la vigencia del contrato en
un año calendario.
Las licencias excluidas para el personal alcanzado por el régimen del
Decreto GCABA 948/05 están relacionadas con la permanencia del
agente en los cuadros de la Administración. Esto resulta razonable
en tanto los contratos de empleo público son contratos a plazo (un
año) y las licencias enumeradas en los incs. d), j) y k) tienen un plazo
incierto que puede exceder la vigencia de la relación laboral.
Sin embargo, nada impide que dichas licencias sean otorgadas
durante la vigencia del contrato. En otras palabras, si el agente en
cuestión sufre una afección que lo inhabilita temporalmente para
el desempeño del trabajo y necesita cumplimentar un tratamiento
para poder reincorporarse en óptimas condiciones nuevamente a su
puesto laboral, corresponde que dicho período sea justificado en el
marco del Art. 21 de la Ley 471, siempre que la relación se encuentre
vigente resultando un exceso y una medida más que arbitraria el
bloqueo de los haberes.
Se contempla, además, la protección especial que la legislación
nacional e internacional brinda a las mujeres embarazadas. Normas
aplicables a la situación que se analiza, de las que la Ciudad no se
puede apartar, y tiene obligación de garantizar.
Una serie de previsiones legales enfocan el respeto de los derechos
de las mujeres, como un medio para la protección de la maternidad
y el cuidado de los/as hijos/as. Asimismo, la contribución social de
las mujeres a través de la maternidad es reconocida en numerosos
documentos sobre derechos humanos 63 .
El marco normativo supranacional con jerarquía constitucional contempla
la protección de la trabajadora embarazada y la maternidad.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, establece que:
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes
tomarán medidas adecuadas para:
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia
de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios
sociales;…

El Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en
el Art. 10, 2) establece la obligación
de brindar una protección
especial antes y después
del parto, y agrega que durante
el embarazo a las madres se
les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social.
En este sentido, la Ley 554 local,
en su Art. 3 considera trato discriminatorio
y nulo de nulidad
absoluta e insanable la rescisión
del contrato o la no renovación
de la situación de revista en
planta transitoria de mujeres embarazadas
o que estén gozando
de licencia por maternidad. Es
decir que, desde el momento de
la notificación de su embarazo
en el año 2007, la reclamante
tiene garantizada la renovación
de su contrato de empleo público
por lo que perfectamente
se puede aplicar el Art. 21 de la
Ley 471, a fin de justificar sus
inasistencias.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
El descuento efectuado en los
haberes de la trabajadora embarazada,
en situación de licencia
por una afección en el embarazo,
implican una falta de protección
por parte del Estado local y un
incumplimiento del paradigma
del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos cuya protección
se proyecta a todo el embarazo
y a la maternidad.
La consagración de la protección
jurídica de la trabajadora embarazada
obliga a todo empleador.
En consecuencia, el Estado se
encuentra comprometido doble-
mente por su rol de empleador y
por su rol de garante de los derechos
humanos y demás derechos
fundamentales e intereses.
Tanto desde la perspectiva del
derecho humano al trabajo
como desde la perspectiva del
derecho humano a la salud, a la
no discriminación de la mujer,
del derecho humano de la mujer
a gozar de protección del Estado,
de los derechos de protección
de los niños y de la familia, la
situación denunciada reclama
que el Estado local le brinde a
la trabajadora embarazada la
protección legal abonando los
salarios descontados y justificando
su inasistencia, conforme la
normativa local y federal supranacional.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Se dictó la Resolución 2916/08
por la que se recomendó al Ministro
correspondiente, imparta
las instrucciones pertinentes para
normalizar la situación salarial
de la agente P. v. B. S. con carácter
de excepción; asignándole
licencia por largo tratamiento
por el período que debió guardar
reposo absoluto con motivo de
su embarazo y hasta tanto iniciara
la licencia prevista en el Inc.
e) del Art. 16 de la Ley 471 y, en
consecuencia, se le reintegren las
sumas descontadas en concepto
de inasistencias (código 538).
violencia laboral: Denuncia de
persecusión laboral en un hospital
público 64
Hechos
La reclamante, por nota de fecha
29 de junio de 2007, puso en
conocimiento de la superioridad
75

La norma sanciona toda
acción ejercida sobre un/
una trabajador/a por
personal jerárquico que
atente contra la dignidad,
integridad física, sexual,
psicológica o social de
aquél/aquélla mediante
amenaza, intimidación,
abuso de poder, acoso,
acoso sexual, maltrato
físico o psicológico, social
u ofensa ejercida sobre un/a
trabajador/a.
76
la situación de maltrato de la que es víctima en su ámbito laboral.
Entre otros puntos, relata que su superior inmediato amenazó con
trasladarla a otro hospital. Afirma que denunció la situación por
notas que nunca fueron respondidas, y desconoce qué trámite se le
dio a las mismas. Agrega que la situación de maltrato se mantiene en
el tiempo.
La Jefatura de Departamento correspondiente se negó a recibirle
las notas a través de las cuales ponía en conocimiento la situación y
solicitaba medidas, razón por la cual debió dirigirlas a la Dirección
del nosocomio.
Acompañó copia de un certificado médico en el cual se expresa (con
relación a la señora N. B.) que “Se indica reposo por t. de adaptación
debido a conflictos laborales con su superior jerárquico inmediato”.
Las autoridades del Hospital Gral. de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”
manifestaron que la reclamante, en virtud de su patología y
conforme lo indicado por el cuerpo médico de la Dirección Medicina
del Trabajo; solamente puede realizar “...tareas de escasa responsabilidad
y no debe relacionarse con pacientes y medicamentos...” y
a continuación se detalla una serie de tareas posibles: colaboración
con superiores, control y archivo, reposición de material, entrega
de pedidos, etc. Esta lista de tareas le fue notificada a la presentante
con fecha 18 de mayo de 2007. Se indica que, de esta forma, se dio
respuesta a notas presentadas por la señora N. B., de tenor similar a
la de fecha 29 de junio de 2007 que diera origen a esta actuación.
Informó el entonces Director de Medicina del Trabajo que “...en
base a la patología crónica que presenta la agente de referencia se le
aconseja tareas de tipo administrativas...”.
De las respuestas cursadas por las autoridades del Hospital Gral. de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández” surge que se informó a la presentante
acerca de cuáles son las tareas que puede realizar; pero que no
se dio trámite alguno a su denuncia acerca de hechos de violencia
laboral presuntamente llevados a cabo por su superior jerárquico.
Análisis normativo del caso
La Ciudad ha legislado sobre la violencia laboral y se encuentra en
vigencia la Ley 1225, que tiene por objeto prevenir y sancionar la
violencia laboral de los/las superiores jerárquicos/as hacia el personal
dependiente de cualquier organismo de los instituidos por los títulos
Tercero a Séptimo del Libro Segundo de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La norma sanciona toda acción ejercida sobre un/una trabajador/a
por personal jerárquico que atente contra la dignidad, integridad
física, sexual, psicológica o social de aquél/aquélla mediante amenaza,
intimidación, abuso de poder, acoso, acoso sexual, maltrato físico
o psicológico, social u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a. Las
conductas se definen en los artículos 3 a 6 de la norma y, el damni-

ficado debe informar al superior
jerárquico o al superior inmediato
de éste, según sea la presunta
comisión del ilícito.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Atento la conducta de hostigamiento
que denuncia la interesada
y que la sitúa en la indefensión,
se recomendó al señor
Director del hospital ya mencionado
que disponga los medios
del caso a fin de dar inicio al
procedimiento previsto por la
Ley 1225, en razón de la situación
que denunciara la señora
N. B. a través de nota cuya copia
certificada se acompañó en sobre
cerrado.
Régimen de asignaciones familiares
aplicable al personal de
la Administración Pública del
GCABA 65
Hechos
La presentante expresa que
es docente, empleada de una
escuela pública y una privada.
Al tramitar cobro de asignación
prenatal, le informan que
percibirá 30 pesos, y se agravia,
pues el ANSES establece 135
pesos. Además, cobra 100 por
hijo, vuelve a agraviarse pues
el ANSES establece 135. Al ser
informada que se rige por un
régimen aparte, considera que es
un caso de discriminación.
Análisis normativo del caso
Coexisten en este caso dos regímenes
de asignaciones familiares
diferentes, uno para la actividad
privada y otro para la Administración
Pública del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El Derecho al Trabajo
La normativa local es la Ley
1208 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con sus modificatorias,
la cual establece que si
una persona se desempeña en el
ámbito privado y en el ámbito
del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, corresponde
aplicar el régimen para
la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La interesada, según su actividad
docente está sujeta a dos regímenes:
a) Régimen de Asignaciones
Familiares aplicable a trabajadores
en relación de dependencia
en la actividad privada; b) Ley
24714, cualquiera sea la modalidad
de contratación laboral,
beneficiarios de la Ley sobre
Riesgos de Trabajo y beneficiarios
del Seguro de Desempleo
(Art.1). En el Art. 3, el citado
cuerpo legal dispone los topes
mínimo y máximo de remuneraciones
a percibir a efectos del
cobro de las asignaciones familiares.
A su vez, el Art.4 establece
que:
…los límites que condicionan el
otorgamiento de las asignaciones
familiares o la cuantía de las mismas,
se calcularán, en cada caso, en función
de la totalidad de las remuneraciones y
prestaciones dinerarias y asignación por
maternidad o prestación por desempleo
o haberes previsionales correspondientes
al período que se liquide, excluyéndose
las horas extras y el sueldo anual
complementario...
El Consejo Gremial de
Enseñanza Privada, mediante
la Resolución 664/96 establece
el régimen de las asignaciones
familiares para el personal
que presta servicios en los
institutos de enseñanza privada
enumerados en el Art. 2 de
la Ley 13047, adecuándolo
a la Ley 24714 y su decreto
reglamentario. El Art. 2 de la
resolución citada -modificada
por la Resolución 08/2008
del Consejo Gremial de
Enseñanza Privada- dispone
que: “A partir del 1 de
septiembre de 2008, quedan
excluidos de las prestaciones
referidas precedentemente, con
excepción de las asignaciones
por maternidad e hijos con
discapacidad, los trabajadores
que perciban una remuneración
superior a pesos cuatro mil
ochocientos ($4.800)”. El
Art. 18 de la citada resolución
establece los montos escalonados
de cada una de las asignaciones
familiares, disponiendo de
acuerdo al ingreso lo siguiente,
a partir del día 1º de septiembre
de 2008:
Asignación por hijo: la suma de pesos
ciento treinta y cinco ($135.-) para los
trabajadores que perciban remuneraciones
de hasta pesos dos mil cuatrocientos
($2.400.-); la suma de pesos ciento
dos ($102.-) para los que perciban
remuneraciones de pesos dos mil cuatrocientos
con un centavo ($2.400,01)
hasta pesos tres mil seiscientos
($3.600.-); y la suma de pesos sesenta
y ocho ($68.-) para los que perciban
remuneraciones desde pesos tres mil
seiscientos con un centavo ($3.600,01)
... Asignación prenatal: una suma igual
a la correspondiente por asignación por
hijo.
Modo de percepción de las
prestaciones: el Art. 21 de la Ley
24714 establece que “Cuando
el trabajador se desempeñare
en más de un empleo tendrá
derecho a la percepción de
las prestaciones de la presente
ley en el que acredite mayor
77

La Ley 1208 de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprueba el
Régimen de Asignaciones
Familiares para el personal
de la Administración
pública del Gobierno
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
dependiente del Poder
Ejecutivo, establecido
en el Anexo I del citado
cuerpo legal y los montos
correspondientes a las
asignaciones familiares
contenidas en esta ley que,
como Anexo II, forma
parte de la misma.
78
antigüedad, a excepción de la asignación por maternidad, que será
percibida en cada uno de ellos”.
Explicacion del Régimen de Asignaciones Familiares aplicable al
personal de la administración pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
La Ley 1208 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprueba el
Régimen de Asignaciones Familiares para el personal de la Administración
pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dependiente del Poder Ejecutivo, establecido en el Anexo I del
citado cuerpo legal y los montos correspondientes a las asignaciones
familiares contenidas en esta ley que, como Anexo II, forma parte de
la misma.
En el Anexo I se establece la asignación prenatal consistente en el
pago mensual de una suma de dinero al agente en estado de embarazo,
o al agente cuyo cónyuge o conviviente esté embarazada y no
la perciba por sí misma. La asignación en caso de embarazo de la
conviviente se percibe cuando el agente haya convivido por cinco
(5) años continuos. Se percibe a partir del día en que se declara el
estado de embarazo, por un lapso de nueve (9) meses que preceden a
la fecha calculada del parto. La asignación prenatal correspondiente
al mes del parto se percibe siempre que su total no exceda de nueve
(9) mensualidades, y es compatible en su caso con la percepción de
la asignación por hijo.
La regla a aplicar indica que “Las asignaciones familiares, cuando el
agente se desempeñe en más de un organismo se perciben en el que
registre mayor antigüedad. Si se desempeña además en relación de
dependencia en el ámbito privado las asignaciones se perciben en el
organismo en el cual presta servicios el agente”.
Por otra parte, el Anexo II de la citada ley, en su redacción original
fijó los montos de la asignación prenatal en $20.- y de la asignación
por hijo en $20.-; es decir, el mismo monto para ambas.
La Ley 1791 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modifica a
partir del 1º de agosto de 2005 los montos de la asignación prenatal
y de la asignación por hijo, quedando establecidos en $30.-; nuevamente
el criterio es el de la igualdad de importe para ambos. El Art.
3 de la mencionada ley faculta al Poder Ejecutivo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a actualizar los montos de las
asignaciones familiares enunciadas en el Anexo II de la Ley 1208.
- A partir del 1º de marzo de 2008: asignación por hijo $60.-
- A partir del 1º de enero de 2009: asignación por hijo $100.-
- No establece ninguna modificación con relación al monto de la
asignación prenatal, quedando por tanto en treinta pesos ($30.-).
Por lo tanto, en el caso bajo análisis, a la docente le correspondería
percibir las asignaciones familiares conforme la Ley 1208 y modificatorias.
Es decir, la suma de $30.- en concepto de asignación prenatal
y de $100.- en el caso de asignación por hijo. No se corroboró la

discriminación planteada por la
interesada.
Sin embargo, el planteo conduce
a observar la posibilidad de
mejorar la asignación prenatal y
equipararla a la asignación por
hijo. En ese sentido, se dictó
una resolución a fin de solicitar
al señor Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tenga a bien evaluar
la posibilidad de equiparar la
suma en concepto de asignación
prenatal a la suma de asignación
por hijo (conforme las facultades
delegadas por el Art. 3 de la Ley
1791 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), y en caso afirmativo,
disponer las medidas al
respecto.
Médica del Hospital Materno-
Infantil “Dr. Ramón Sarda”.
Solicitud de desafectación de
Área Urgencias 66
Hechos
La denunciante S. M. C. se
desempeña como profesional de
guardia médica interna titular,
con 30 horas semanales en el
Hospital Materno-Infantil “Dr.
Ramón Sardá” desde 1992. Solicitó
(conforme el Art. 6.6.2 de la
Ordenanza 41455 y su Decreto
reglamentario 2745/87) ser desafectada
de su función en el Área
de Urgencias (guardia), a través
de la Nota Interna 312 presentada
con fecha 14 de octubre de
2008. La presentante agrega que
su cambio automático a la planta
sería viable debido a que existen
vacantes. Al efecto, señala que el
centro asistencial llamó a concurso
en el mes de junio de 2009
para cubrir los cargos vacantes
en la planta del mismo, situa-
ción que denota la existencia de
vacantes para efectivizar su petición.
Igualmente, refiere que se
presentó al concurso. Asimismo,
se destaca que la misma cumple
con los requisitos de antigüedad
y horas semanales.
Análisis normativo del caso
El Art. 6.6.2 de la Ordenanza
41455 (que regula la Carrera
Municipal de Profesionales de la
Salud) dispone, de acuerdo con
la reglamentación por Decreto
2745/87, que “Los profesionales
titulares del sector de urgencia
podrán solicitar ser desafectados
de su función en el mismo, al
alcanzar una antigüedad mínima
de quince (15) años de desempeño
en el sector; de ser aceptado
el pedido conservará su grado
de revista”. Asimismo, indica
que los profesionales del Área
de Urgencias que no estuvieran
revistando en planta a la vez,
“...podrán ser reubicados en su
respectiva profesión y/o especialidad”.
La norma parece razonable y
tiene que ver con la valoración
de las características específicas
del trabajo en el Área de Urgencias,
que requieren un especial
cuidado de la salud de los profesionales
que allí se desempeñan;
el stress y el agotamiento psicofísico
que genera la actividad
médica son aún peores en el
sector de emergencias. Más aún,
existiendo vacantes, parecería
que se hubiera desconocido la
operatividad de la normativa
transcripta y que resulta aplicable
al caso.
En tal sentido, corresponde
que la autoridad cumpla con la
79

El Art. 43 de la
Constitución local, en
consonancia con el Art.
10 de la misma y las
normas supranacionales
de derechos humanos en
materia laboral, aseguran
una protección especial
en el ámbito de la Ciudad:
la garantía de un cupo
del 5% de empleos para
trabajadores/as con
discapacidad. A su vez,
la Ley 1502 establece la
obligación de cumplir un
cupo del 5%.
80
garantía del derecho que le asiste a la interesada.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Por tales motivos, la Defensoría del Pueblo resolvió recomendar a la
señora Directora del Hospital Materno-Infantil “Dr. Ramón Sardá”,
arbitre los medios a su alcance a fin de dar solución a la solicitud
planteada por la señora S. M. C. en cuanto a obtener su transferencia
a la planta del hospital, teniendo en cuenta el tiempo durante el
cual se desempeña en el Área de Urgencias.
Cupo de personas con discapacidad en el empleo público:
- Solicitud de inclusión como Técnica Radióloga en el Hospital
Gral. de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” en virtud del cupo laboral
reservado a personas con necesidades especiales 67
Hechos
La interesada, recibida como Técnica Radióloga -Matrícula 14.544-
en el año 2007, desempeñó tareas relacionadas con esa profesión
en forma ad honorem en el Hospital Gral. de Agudos “Dr. Juan A
Fernández”, con el objeto de realizar prácticas que incrementaran su
capacitación.
Realizó gestiones ante el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires -mediante Nota 14384-, y ante la Dirección
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, a fin de
ser incluida en la planta de personal de ese establecimiento donde
acreditó la idoneidad exigida por la normativa vigente que regula el
cupo legal invocado, en el mes de noviembre de 2007.
Presentó una ampliación de su reclamo. En él informó que a partir
de cumplir gestiones para ser incluida como parte del cupo laboral
reservado, se la excluyó del lugar donde se desempeñaba ad honorem
desde abril de 2006 (época en que concluyeron las prácticas oficiales)
hasta marzo de 2008.
Análisis normativo del caso
El Art. 43 de la Constitución local, en consonancia con el Art. 10
de la misma y las normas supranacionales de derechos humanos en
materia laboral, aseguran una protección especial en el ámbito de la
Ciudad: la garantía de un cupo del 5% de empleos para trabajadores/as
con discapacidad. A su vez, la Ley 1502 establece la obligación
de cumplir un cupo del 5%.
Doctrina de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha sostenido, en un caso similar 68 , que “...
no se puede dejar de considerar que la situación a la que la actuante
está expuesta constituye una flagrante violación a sus derechos
humanos, en tanto son las autoridades competentes para efectivizar
su designación las mismas que se benefician con su quehacer profesional
en una relación laboral absolutamente irregular, privándola

de obtener una remuneración
acorde con su grado de capacitación
y de ejercer todos los derechos
que la normativa aplicable
reconoce a cualquier trabajador;
situación que debe ser saneada
sin dilaciones”.
Se constata una modalidad laboral
abusiva desarrollada en el ámbito
del Estado local y puesta en
evidencia en los hechos presentados,
se reitera en otras denuncias
que afectan a trabajadores/as
discapacitados/as ad honorem,
todas las cuales se conjugan con
el incumplimiento persistente
del cupo obligatorio del 5% para
personas con necesidades diferentes
que tanto la Constitución
de la Ciudad en su Art. 43 como
la Ley 1502 especialmente garantizan,
con las normas laborales
locales incorporadas en la Ley
120 y la Ley 471 69 .
En virtud de la situación manifestada,
se recomendó al organismo
competente que dictase
el acto administrativo pertinente,
a fin de dar satisfacción al
requerimiento formulado por la
actuante, conforme la legislación
vigente.
- Cupo laboral de la Ley
nacional 25689 y del Art. 43 de
la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires y la Ley local
1502 70
Hechos
En 2004, F. C. P. -integrante
de la Red por los Derechos de
las Personas con Discapacidad
(REDI)- solicita a la Defensoría
del Pueblo que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires informe
la situación relativa al tenor
que nos ocupa, en los diferentes
El Derecho al Trabajo
pliegos de licitación de servicios
públicos, y solicita se cursen
pedidos de informes sobre el
cupo laboral del cuatro por
ciento que corresponde reservar
para personas con discapacidad
a las empresas concesionarias de
servicios públicos privatizadas.
El reclamo motivó que la Defensoría
del Pueblo efectuara
una serie de pedidos de informes
dirigidos a diversas áreas y organismos
del Gobierno local.
Las respuestas de los organismos
estatales señalaron:
- La (entonces) Secretaría de
Justicia y Seguridad Urbana
informó que no existían contratos
de concesión de servicios o
transferencia de actividades al
sector privado.
- La Secretaría de Salud señaló
que no es competencia de la
Dirección General Desarrollo
de Recursos Humanos de Salud
efectuar ese tipo de contrataciones.
Asimismo, se hizo saber
que se ha verificado la inclusión
de las previsiones del Art. 43 de
la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en:
los pliegos que rigen el Servicio
de Elaboración y Distribución
de Comida en Hospitales
Públicos (Arts. 31, 32, 33 y 34
del Pliego de Cláusulas Particulares);
pliego que rige la próxima
Licitación Pública por el Servicio
de Recolección, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos
Patogénicos (Art. 5); y pliegos
que rigen el llamado a Licitación
Pública por el Servicio de
Limpieza en Hospitales (Art.
6). Remite, en consecuencia,
copia de los artículos referidos,
aunque no hace alusión alguna
Se constata una modalidad
laboral abusiva desarrollada
en el ámbito del Estado
local y puesta en evidencia
en los hechos presentados,
se reitera en otras denuncias
que afectan a trabajadores/
as discapacitados/as
ad honorem, todas las
cuales se conjugan con el
incumplimiento persistente
del cupo obligatorio del
5% para personas con
necesidades diferentes.
81

82
a mecanismos de contralor implementados para determinar si el
adjudicatario procede al efectivo cumplimiento de la incorporación
del porcentaje correspondiente. La Dirección General de Recursos
Humanos remite el pedido de informes a la Comisión para la Plena
Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales,
la que remite, a su vez, el Listado de Inscriptos en el Registro
de Aspirantes creado por Decreto 3649/88, el que arroja un total de
quinientos cincuenta personas interesadas, cuyos datos están siendo
verificados para su pertinente inclusión en el Registro Único creado
por Ley 1502.
- La Dirección General Adjunta Administrativa y Legal de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Secretaría de Infraestructura
y Planeamiento manifiesta que en esa jurisdicción no constan
antecedentes sobre contratos de concesión de servicios o de transferencias
de actividades al sector privado.
- La Secretaría de Desarrollo Social señaló que no forma parte de las
responsabilidades del Área la confección de los contratos de que se
trata.
- La Secretaría de Cultura informó que las distintas dependencias
correspondientes a su jurisdicción no tramitan contratos de concesión
de servicios o de transferencias de actividades al sector privado,
salvo lo señalado por Memorandum 1659-DGM-2004 (fs. 154),
por el que la Dirección General de Museos informó que efectuó
una contratación directa con la empresa Telefónica Data para la
provisión e instalación de ADSL mediante Expte. 35832-2004, y
otro con la empresa Fischetti y Cía. por el servicio de agua potable
(Expte. 65369-2004), aclarando que esos contratos no incluyen en
las Cláusulas Particulares el Art. 43 de la Constitución local, por las
características de los servicios contratados, y en el caso de las Cláusulas
Generales, éstas no se deben modificar por estar normadas por la
Secretaría de Hacienda y Finanzas. Acompaña modelo de Contrato
de Locación de Servicios Personales, que suscribe la Dirección Planetario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Galileo Galilei”,
en el que el tema en cuestión tampoco está previsto.
- La Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable
acompañó por Informe 9542-DGCTAPTDS-04 copia del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación
Pública Nacional e Internacional para Contratar la Prestación del
Servicio Público de Higiene Urbana para Cinco Zonas de la Ciudad
de Buenos Aires, de la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento
Urbano, en cuyas cláusulas no se registra mención alguna
respecto a la obligatoriedad de dar cumplimiento al cupo laboral que
nos ocupa, según lo previsto por el Art. 43 de la Constitución local.
- La Secretaría de Hacienda y Finanzas remitió el requerimiento a la Dirección
General de Concesiones y Privatizaciones, la que por Informe
1879/DGCyP/2004 -reiterado a fs. 128 (Informe 2010/DGCyP/2004)
y a fs. 134 (Informe 1951/DGCyP/2004)- expresó que:

...esta Dirección General tiene como
responsabilidad primaria, entre otras, la
de “Administrar el Centro de Exposiciones
y los espacios públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entregados en concesión, permisos o
autorizaciones de uso a terceros no
prestadores de un servicio público”
(Decreto 2696-GCABA/2003), esta
Unidad de Organización no cuenta
entre sus facultades el intervenir en la
tramitación, administración, ejecución
o control sobre Contratos de Concesión
de Servicios o de transferencia de
actividades al sector privado...
Agrega el informe de fs. 38 que
en relación a la temática vinculada
a las personas con necesidades
especiales, esa Dirección
General se aboca a la aplicación
del marco normativo establecido
por la Ley 24308, el Decreto
795-PEN-94, y el Decreto
1553-GCABA-97, que prevé el
otorgamiento de Permisos de
Ocupación, Uso y Explotación
de espacios dentro de reparticiones
públicas para la instalación
de pequeños comercios.
- La Escribanía General indica
que interviene únicamente en la
suscripción de contratos relacionados
con inmuebles.
Las respuestas de las empresas de
servicios públicos señalaron:
- Telecom S.A. informó que: al
día 30 de septiembre de 2004,
registra un total de once mil
ochocientos diecinueve (11.819)
empleados anexando datos del
personal con discapacidad, que
asciende a doce personas.
- Edesur S.A. manifestó que: en
varias oportunidades, había dado
respuesta a requerimientos similares
formulados por la Unidad
para Personas con Discapacidad
y Grupos vulnerables del Ministerio
de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación,
vinculado con la aplicación de la
Ley nacional 22431 modificada
por Ley 25689, entendiendo
que no pueden responder todos
los requerimientos y sobre todo
aquellos que impliquen brindar
información confidencial de su
organización y sus trabajadores.
La citada unidad, por Nota
UPPCDYGv 176/05, indicó en
su respuesta que Edesur S.A. no
había cursado información alguna
al respecto. Por tal motivo, la
misma unidad cursó un requerimiento
a esa empresa para que
proceda a proporcionarla.
• Aerolíneas Argentinas S.A.
señala que: cuenta con cinco mil
ochocientos veintiún (5.821)
empleados, y un total de nueve
personas, incorporadas todas
ellas a la compañía con una discapacidad
preexistente.
Análisis normativo del caso
El Art. 43 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en su parte pertinente,
garantiza el cupo del 5% del
personal para las personas con
necesidades especiales: “Asegura
un cupo del cinco por ciento
del personal para las personas
con necesidades especiales, con
incorporación gradual en la
forma que la ley determine. En
todo contrato de concesión de
servicios o de transferencia de
actividades al sector privado, se
preverá la aplicación estricta de
esta disposición”.
El Art. 2 de la Ley 1502,
sancionada en consecuencia
de lo dispuesto por el Art.
43 citado, establece que la
incorporación de personas con
El Artículo 43 de la
Constitución de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en su parte
pertinente, garantiza el
cupo del 5% del personal
para las personas con
necesidades especiales.
83

Para todo contrato que
implique la concesión
de un servicio a cargo
de un agente privado
por transferencia que
haga el Estado de lo que
originariamente estaba a
su cargo (en beneficio de
la explotación privada),
la obligación de cumplir
con lo preceptuado por el
Art. 43 de la Constitución
local debe estar inserta en
el Pliego de Condiciones
Particulares que en
cada caso suscriban las
pertinentes reparticiones,
en tanto el mismo
precepto prevé su
aplicación estricta.
84
necesidades especiales es obligatoria en el caso que se deban cubrir
cargos tanto en:
- La Planta Permanente en el Sector Público de la Ciudad de Buenos
Aires: el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
las comunas.
- Los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos
de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales
donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones societarias, siempre que
no se cumpla con el cupo del cinco (5) por ciento.
- Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria
en el capital o en la formación de las decisiones societarias ,
el cupo del cinco (5) por ciento para las personas con necesidades especiales
deberá cumplirse respecto de la participación que la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tenga en ellas.
- Todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades
del Estado al sector privado, o de renovación y/o modificación
de los vigentes, deberá establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento
y modalidad de control de la presente ley.
En el orden nacional, es el Art. 8 de la Ley 22431, modificada por
Ley 25689, el que regula la especie y dispone:
Sujetos obligados:
“El Estado nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo
constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes
públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos- está obligado a ocupar personas
con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el
cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la
totalidad de su personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Operatividad del derecho:
“... los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno
derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito”.
Establece sanciones para el caso de incumplimiento:
Para “Los responsables de los entes en los que se verifique dicha
situación, se considerará que incurren en incumplimiento de los
deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción
para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de
las empresas privadas concesionarias de servicios públicos”.
Establece la obligación de fiscalización/control y garantía:
“El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen
las condiciones establecidas en el presente artículo, y proveerá
las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación

necesarios para una efectiva
integración de las personas con
discapacidad a sus puestos de
trabajo”.
Conclusión
El cupo laboral reservado por la
legislación vigente para personas
con discapacidad -Ley nacional
22431, modificada por Ley
25689 y Art. 43 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, reglamentado por
Ley 1502, Decreto 812/2005-
no ha sido debidamente atendido
por las autoridades, tanto en
el ámbito nacional como en el
local, lo que arroja un índice de
desocupación tal del sector que,
obviamente, promueve la exclusión
y la marginación, en lugar
de promover la equiparación de
oportunidades que señala el Art.
75, Inc. 23 de la Constitución
Nacional, y que es el justificativo
de tanta normativa. Tal situación
promueve la necesidad de
acordar beneficios no contributivos
o subsidios hacia personas
que podrían estar insertas en el
circuito productivo, dando lugar
al dispendio de recursos públicos
y aumentando situaciones de
dependencia y marginación.
La información suministrada
por las empresas prestadoras
de servicios públicos,
oportunamente privatizadas
-Telecom S.A. y Aerolíneas
Argentinas S.A.- demuestra
que el cupo laboral de marras
sólo se cumple parcialmente,
más inspirado en una política
empresaria voluntarista que en el
cumplimiento de la legislación
vigente, ya que ambas empresas
declaran contar con el 0,1%,
El Derecho al Trabajo
aproximadamente, de personal
con discapacidad.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
Para todo contrato que implique
la concesión de un servicio a
cargo de un agente privado por
transferencia que haga el Estado
de lo que originariamente estaba
a su cargo (en beneficio de la explotación
privada), la obligación
de cumplir con lo preceptuado
por el Art. 43 de la Constitución
local debe estar inserta en el
Pliego de Condiciones Particulares
que en cada caso suscriban
las pertinentes reparticiones, en
tanto el mismo precepto prevé
su aplicación estricta.
- El cupo laboral en la contratación
de Subterráneos E, F y H
de Transporte Subterráneo de
Buenos Aires
Hechos
Continuando con la investigación
sobre el cumplimiento de
los cupos establecidos en el Art.
43 de la Constitución local y la
Ley 1502, Decreto 812/2005,
y ante un nuevo planteo de la
Comisión Directiva de la REDI
-sita en Av. Cabildo 2720, Piso
5º, Dpto. “D”, de esta Ciudad-
sobre el grado de cumplimiento
de la ley de cupo laboral
comprendido en la Ley nacional
25689, y del Art. 43 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los
pliegos licitatorios, contratos de
concesión y demás documentos
relacionados con la realización
de las obras proyectadas para las
líneas E, F y H.
Los requerimientos efectuados
85

A partir de la autonomía
de la Ciudad de Buenos
Aires, por imperio
constitucional, el cupo
señalado -que ya le
correspondía cubrir a la
ex-Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires
en un 4% como mínimo-
se aumentó al cinco por
ciento (5%), tanto en el
ámbito de la Ciudad como
en las empresas privadas a
las que el Gobierno local
le transfiere actividades
propias del sector público,
de las que el transporte
subterráneo es un ejemplo
significativo.
86
a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
(S.B.A.S.E.) arrojan la siguiente información:
- La licitación para la construcción de la línea E de subterráneos,
que incluye la elaboración del Proyecto Ejecutivo, está a cargo de la
Secretaría de Transporte de la Nación.
- La licitación para la construcción de la línea F: S.B.A.S.E. manifiesta
no haber intervenido y expresa que su proyecto está incluido
en los alcances de la Ley 670 de Nuevas Líneas, que involucra al
Gobierno de la Ciudad.
- La obra de la línea H: S.B.A.S.E., en principio, advierte que las
obras proyectadas en la línea H no encuadran en contratos de concesión
como reza la normativa, sino que se ejecutan mediante contratos
de locación de obra.
- Esa Sociedad ha recibido con fecha 9 de noviembre de 2006,
mediante Nota 6075-MPYOPGC-2006, memorando recordatorio
remitido por intermedio de la entonces Dirección General de Recursos
Humanos. Lo que le permite indicar que ha tomado acabado
conocimiento de los extremos normativos y que, si bien no se han
producido vacantes que involucren el ingreso de personas discapacitadas
, se tendrá en cuenta para el caso que ello suceda, a efectos de
dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley respectiva. Informa que
en el plantel de revista actual se registra un agente con necesidades
especiales (Legajo 11.742), personal de planta permanente que se
desempeña como Asistente Contable de la Coordinación de Tesorería
de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
- Del cruce de información con la entonces Dirección General de
Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
fin de que informe si S.B.A.S.E. ha remitido las últimas estadísticas
con los porcentajes de cumplimiento del cupo reservado por ley,
cuya respuesta fue remitida por Registro 12.845-MGEYA-2: surge
que los Memorandos 49.002/06 y 46.406/06 no comprenden a
S.B.A.S.E. Tanto las comunicaciones aludidas, como la normativa
emanada de esa ex Dirección General son como consecuencia de la
competencia asignada en la reglamentación de la Ley 1502, la que
se limita a la administración centralizada. En consecuencia, queda
excluido del marco de actuación de esa repartición lo relativo tanto
a los entes autárquicos como a las empresas y sociedades del Estado,
entre otros.
Se aclara, al mismo tiempo, que a los fines de la competencia y la
información de esa ex Dirección General, S.B.A.S.E. tiene el mismo
tratamiento que el Poder Judicial y la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o esta misma Defensoría del Pueblo; entidades
éstas para las que se aplica el Art. 3 de la ley, siendo autoridad de
aplicación la máxima autoridad en recursos humanos de cada una de
esas jurisdicciones y entidades.
Todo lo dicho implica una responsabilidad directa de S.B.A.S.E.
sobre el cumplimiento de la norma de cupo. Por lo sostenido por la

misma sociedad, la comunicación
operó como un recordatorio
de sus obligaciones legales,
vigentes desde 1981, en una
proporción de 4% 71 .
Análisis normativo del caso
La obligación constitucional
local establece que el ámbito
de aplicación del Art. 43 es “...
todo contrato de concesión de
servicios o de transferencia de
actividades al sector privado...”,
lo cual comprende los contratos
de locación de obra.
Con relación a la Ley 25689,
debe comprenderse la concesión
como una extensión de género a
especie en cuanto al contrato administrativo.
Estas son variables
jurídicas que obedecen a razones
de conveniencia y oportunidad
que sin duda no eximen de las
obligaciones fundamentales que
debe realizar el Estado como
garante del cumplimiento del
cupo, conforme lo establecido
por el estatuto constitucional de
la Ciudad, que se inserta en un
orden superior federal y supranacional.
Debe destacarse que a la empresa
Subterráneos de Buenos
Aires (S.B.A.) -creada en 1963
para operar la red subterránea
en la órbita de la Secretaría de
Transporte de la Nación-, en
1977 el gobierno le asignó el
carácter de una empresa con
amplia autonomía: Subterráneos
de Buenos Aires Sociedad del
Estado (S.B.A.S.E.) cuyo paquete
accionario fue transferido en
1979 a la ex-Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires. En
relación con ello, cabe señalar
que en 1981 -época en que se
sancionó la legislación vigente
relativa al cupo laboral de que
se trata- S.B.A.S.E. pertenecía a
la órbita nacional, hasta que en
1996 se declaró la autonomía de
la Ciudad de Buenos Aires, cuya
Constitución aumentó el cupo al
cinco por ciento.
A pesar de todas las previsiones
legales reseñadas, el cupo laboral
jamás fue cumplido, lo que motivó
que en el orden nacional, en
el año 2003 se sancionara la Ley
nacional 25689, que sustituyó el
Art. 8 de la Ley nacional 22431
por el siguiente texto:
El Estado nacional -entendiéndose por
tal los tres poderes que lo constituyen,
sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado y
las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos- están obligados
a ocupar personas con discapacidad
que reúnan condiciones de idoneidad
para el cargo en una proporción no
inferior al cuatro por ciento (4%) de
la totalidad de su personal y a establecer
reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por
ellas. El porcentaje determinado en el
párrafo anterior será de cumplimiento
obligatorio para el personal de planta
efectiva, para los contratados cualquiera
sea la modalidad de contratación
y para todas aquellas situaciones en
que hubiere tercerización de servicios.
Asimismo, y a los fines de un efectivo
cumplimiento de dicho 4% las vacantes
que se produzcan dentro de las
distintas modalidades de contratación
en los entes arriba indicados deberán
prioritariamente reservarse a las personas
con discapacidad que acrediten las
condiciones para puesto o cargo que
deba cubrirse. Dichas vacantes deberán
obligatoriamente ser informadas junto
a una descripción del perfil del puesto
a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Formación de Recursos Humanos
quien actuará, con la participación
de la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas,
como veedor de los concursos.
En caso de que el ente que efectúa una
convocatoria para cubrir puestos de trabajo
no tenga relevados y actualizados
sus datos sobre la cantidad de cargos
cubiertos con personas con discapacidad,
se considerará que incumplen el
4% y los postulantes con discapacidad
podrán hacer valer de pleno derecho
su prioridad de ingreso a igualdad de
mérito. Los responsables de los entes en
los que se verifique dicha situación se
considerará que incurren en incumplimiento
de los deberes de funcionario
público, correspondiendo idéntica
sanción para los funcionarios de los
organismos de regulación y contralor
de las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos. El Estado
asegurará que los sistemas de selección
de personal garanticen las condiciones
establecidas en el presente artículo y
proveerá las ayudas técnicas y los programas
de capacitación y adaptación
necesarios para una efectiva integración
de las personas con discapacidad a sus
puestos de trabajo (Boletín Oficial del
día 3 de enero de 2003).
A partir de la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires, por
imperio constitucional, el cupo
señalado -que ya le correspondía
cubrir a la ex-Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires en un
4% como mínimo- se aumentó
al cinco por ciento (5%), tanto
en el ámbito de la Ciudad como
en las empresas privadas a las
que el Gobierno local le transfiere
actividades propias del sector
público, de las que el transporte
subterráneo es un ejemplo significativo.
Sin embargo, en ninguna de las
Licitaciones y/o contrataciones
celebradas desde 1996 para la
construcción o prolongación de
las líneas A, B y H (Licitaciones
Públicas 125/2006, 130/2006,
87

88
131/2006, 135/2007 y 136/2007; Licitaciones Privadas 104/2006,
105/2006, 304/2006, 305/2006 y 306/2007, conforme lo publicado
en la página web www.sbase.com.ar) se previó la obligación de
que las empresas contratadas dieran cumplimiento al cupo citado,
en tanto en ninguno de sus contenidos se hace referencia a la ley
respectiva. En relación con la temática de discapacidad, sólo se prevé
el cumplimiento de las Leyes nacionales 22431 -sólo respecto a los
Arts. 20, 21 y 22- y 24314, Decreto reglamentario 914/97 (relativas
todas ellas a las medidas de accesibilidad física destinadas a personas
con movilidad reducida) y la Ley 962 de esta Ciudad.
Ante el incumplimiento de las normas supranacionales de derechos
humanos consagradas en el orden constitucional federal y en el
orden constitucional local, y de las normas legales inferiores de aplicación
directa, se emitió una resolución con la recomendación que
en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares relativas a las
próximas obras que se liciten en materia de transporte subterráneo
se incluya la Ley 1502 de esta Ciudad, en el listado de la normativa
a respetar, en la medida que son obras que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires transfiere al sector privado (Art. 43 de la Constitución
local) 72 .
El tema que nos ocupa -la inclusión laboral de las personas con
necesidades especiales-, resulta de vital importancia para la plena
participación e integración social del sector afectado. Mucho ha
dificultado esa posibilidad la inacción pública de los organismos
estatales directamente obligados al cumplimiento del cupo, convalidándose
en el tiempo una multiplicidad de transgresiones o
distorsionándose la aplicación de normas vigentes de operatividad
inmediata, por tratarse de directivas hacia los órganos de poder con
competencia y responsabilidad en la aplicación y/o en la reglamentación
para su aplicación (conforme “Usabel, Héctor y otros contra
GCABA ESE/ Amparo”, Expte. 3540/04, punto 3). De lo expuesto,
se advierte que la conducta asumida por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires respecto a aplicar la normativa constitucional en los
Pliegos de Condiciones Generales y Particulares en ocasión de transferir
servicios propios del sector público a la esfera de la actividad
privada es un dejar de hacer inconstitucional e ilegal, en la medida
que -tal como se señalara precedentemente- lo cuestionable es que
no se halla prevista en los instrumentos licitatorios y contractuales
la incorporación estricta del Art. 43 in fine de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en oportunidad del llamado a
las respectivas licitaciones.
Empleo docente:
- Demora en la entrega de recibos de sueldo a docentes 73
Hechos
Denunciantes manifiestan que no les han entregado los recibos de
sueldo correspondientes a los meses de marzo y abril de 2009 por los

servicios prestados en el Colegio
16 del Distrito Escolar 15º.
El Secretario General y la Secretaria
Gremial, respectivamente,
de la Unión de Trabajadores de
la Educación (UTE) expresaron
ante la Defensoría del Pueblo:
…la falta de entrega, en tiempo y
forma, de los originales de recibos de
haberes del personal docente dependiente
del mismo, ya sean afiliados o
no al Sindicato que representamos,
por causarle a los mismos gravamen y
perjuicio económico irreparable, toda
vez que el incumplimiento indicado
se viene efectuando en forma total,
continua e indiscriminada desde el mes
de marzo de 2009, sin perjuicio de
que en los meses anteriores tal entrega
también se ha configurado en forma
defectuosa. O sea que al sector docente
de esta jurisdicción no le ha sido entregado
conforme a derecho su recibo de
haberes correspondiente a los salarios
de marzo y abril de 2009, entendiendo
que de continuar tal negligente
actitud, la misma situación de orfandad
instrumental ocurrirá con la constancia
del salario de mayo del corriente año,
lo que solicitamos tenga expresamente
presente. Hacémosle saber, asimismo,
que tal obligación de modo alguno se
cumple con la visualización de la liquidación
de haberes del personal docente
en la página web del G.C.B.A…
y más adelante manifiesta:
El incumplimiento mencionado causa
un gravamen al sector que representamos,
de tal magnitud que se le impide
poder cotejar en tiempo y forma cómo
se compone su salario del mes, viéndose
privados de controlar la efectiva
liquidación de asignaciones (sueldo
básico, adicionales, antigüedad, presentismo,
sumas remunerativas y bonificables,
FO.NA.IN.DO., asignaciones
familiares, etc.), así como también los
descuentos (aportes jubilatorios, obra
social, fondo compensador, seguros,
cajas complementarias, etc.), y de formular
los pertinentes reclamos en caso
de defectuosas liquidaciones...
El Derecho al Trabajo
En otro caso, A. M. M. expresa
que: “Hace más de 35 años que
trabajo en el Hospital de Rehabilitación
Manuel Rocca como
docente del área de Pedagogía
asistencial, escuela de sordos.
Siempre he recibido regularmente
mis recibos de haberes, pero
aún no tengo los de abril (aunque
los vi por Internet). Se me
acreditó el sueldo de mayo, pero
no figura éste en el sitio de Internet.
Me gustaría saber por qué
no los recibimos, aún cuando en
mi establecimiento de trabajo
no hemos realizado ningún paro
docente”.
Análisis normativo del caso
El marco local dado por el Art.
43 de la Constitución local implica
que el derecho al trabajo y
su garantía conlleva una correcta
instrumentación del pago del
sueldo, en este caso, el otorgamiento
del correspondiente
recibo con la descripción de las
imputaciones y descuentos sobre
los haberes.
El recibo como instrumento
legal tiene determinadas virtualidades
que permiten, a su vez,
el ejercicio de otros derechos
por parte del trabajador, como
se expuso en la presentación
efectuada por el Secretario del
sindicato.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
La no emisión y la denegación
de los recibos de sueldo son en sí
mismas acciones obstaculizadoras
para el ejercicio de derechos
del trabajador y vulneran la
seguridad jurídica de la relación
de empleo. La no entrega del
El tema que nos ocupa -la
inclusión laboral de las
personas con necesidades
especiales-, resulta de
vital importancia para
la plena participación
e integración social
del sector afectado. Y
mucho ha dificultado esa
posibilidad la inacción
pública de los organismos
estatales directamente
obligados al cumplimiento
del cupo.
89

En tanto la
Administración pública
recibe sus prestaciones
de servicio, sus agentes se
encuentran legitimados
por esos créditos salariales
y, en un todo, amparados
por la normativa propia
del Derecho del Trabajo y
la Seguridad Social.
El circuito de la
determinación de haberes
tiene como punto final el
ingreso de las obligaciones
de los recursos de la
seguridad social, es decir,
conceptos previsionales
y conceptos que
corresponden al seguro de
salud y al Régimen de la
Ley de Riesgo de Trabajo.
90
recibo de sueldo significa un menoscabo del ejercicio de derechos
para el trabajador en su calidad de tal, que surge de una falta de
cumplimiento de los deberes del empleador y garante, en este caso,
el Estado local que está doblemente obligado por tal carácter.
La jurisprudencia ha señalado en este sentido que: “La negativa del
empleador de entregar a su dependiente copia de los recibos salariales
configura injuria a los intereses de éste que lo autoriza a considerarse
en situación de despido (C.N.A.Tr., Sala v, 18/4/74, “T.y
S.S.”, 1974-1011)”.
Acción de la Defensoría del Pueblo
La situación planteada ameritó que la DPCABA dictara una resolución
con sendas recomendaciones a los funcionarios responsables,
a fin de que se regularice la liquidación y pago de los haberes adeudados
al personal docente y, en lo sucesivo, se liquiden y abonen los
mismos en tiempo y forma; disponer lo necesario a efectos de que se
proceda a la entrega en tiempo y forma de los recibos de haberes al
personal docente 74 .
- Demora en los depósitos del GCABA correspondientes a los aportes
y contribuciones de la seguridad social 75
Hechos
Con relación a las Actuaciones 2713/09 y 2771/09, las señoras M.
C. P. y M. G. C. manifiestan que la Administración no habría depositado
los aportes en concepto de jubilación y obra social descontados
de sus haberes docentes, correspondientes a los meses de marzo
y abril de 2009, y que los correspondientes al mes de febrero habrían
sido depositados en forma parcial.
En la Actuación 3952/09, la señora M. S. G. señala que:
He recibido el ‘Informe Periódico de Aportes de Enero 2008 a Abril 2009’ de
ANSES, como docente de la CABA, y leo que en los períodos 02/09, 03/09 y
04/09 el empleador, en este caso el Gob. de la CABA, presentó la declaración
jurada, pero no depositó los aportes (movimientos DJ0 y DJ1). Reclamo entonces
a mi empleador realizar los aportes correspondientes a dichos períodos, y a los
posteriores por mí trabajados (05/09, 06/09 y 07/09). Asimismo, nos deben los
recibos de haberes correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2009…
En el mismo sentido se expresa la señora M. E. G.: “Me desempeño
como docente en escuelas dependientes del Ministerio de Educación
del Gobierno de la CABA. Según el Informe Periódico de Aportes
que me enviara la ANSES ... el último aporte realizado por mi
empleador corresponde al mes de enero del presente año aunque se
han efectuado los descuentos en todos los haberes mensuales según
consta en mis recibos de sueldo...”.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), informó que: “El
29 de Junio del corriente (sic, 2009), Eduardo López, en su carácter
de Secretario General de UTE, se presentó en el Juzgado Penal
Tributario Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

denunciar al Jefe de Gobierno,
quien habría omitido hacer los
aportes y contribuciones al Sistema
Jubilatorio...” 76 .
La Defensoría del Pueblo solicitó
los informes correspondientes.
La ANSES indicó que
se requiriera a la AFIP “…
siendo el organismo encargado
de la recaudación y fiscalización
de los aportes de la Seguridad
Social…”.
La respuesta de la Dirección de
Operaciones con Instituciones
de la Seguridad Social, dependiente
de la AFIP, señala que
el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ha solicitado ante
la dependencia que le corresponde
la adhesión a planes de
facilidades de pago (pfp), en
los que incluye períodos desde
el 02/2008 hasta 04/2009, los
cuales fueron otorgados y se
encuentran vigentes 77 .
Análisis normativo del caso
El derecho al trabajo es un derecho
fundamental consagrado en
la Constitución Nacional y que,
a su vez, está inescindiblemente
vinculado con el derecho a la seguridad
social; jurídicamente se
complementan ambas categorías
y así surge de las normas fundamentales
y supranacionales de
derechos humanos (artículos 14,
14 bis, 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional; Declaración
Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre: “Derecho
a la seguridad social”, Art. XvI;
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
Art. 9).
La Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires esta-
blece en su Art. 43 la protección
del derecho al trabajo, y en el
Art. 44, la protección del derecho
a la seguridad social.
En lo específico, el Art. 7 del
Estatuto del Docente establece
que: “Son derechos del personal
docente: j) El uso de servicios sociales,
cualquiera sea su situación
de revista, para todos aquellos
que efectivicen los correspondientes
aportes. k) El ejercicio de
todos los derechos establecidos
en la Constitución Nacional...”.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
En tanto la Administración
pública recibe sus prestaciones
de servicio, sus agentes se
encuentran legitimados por esos
créditos salariales y, en un todo,
amparados por la normativa
propia del Derecho del Trabajo y
la Seguridad Social.
El circuito de la determinación
de haberes tiene como punto
final el ingreso de las obligaciones
de los recursos de la seguridad
social, es decir, conceptos
previsionales y conceptos que
corresponden al seguro de salud
y al Régimen de la Ley de Riesgo
de Trabajo.
Acción de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría emitió un extensa
recomendación contenida en la
Resolución 3424/09 dirigida al
Subsecretario de Gestión Económico
Financiera y Administración
de Recursos del Ministerio
de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y al Subsecretario de
Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda del
91

De las actuaciones
tramitadas en la
Defensoría del Pueblo
se observa que las
conducciones escolares
vienen solicitando desde
hace años se incremente
la dotación de personal
auxiliar de portería, a fin
de garantizar adecuadas
y suficientes condiciones
de limpieza en los
edificios escolares bajo su
dirección. Sin embargo,
las respuestas de las áreas
competentes se demoran
y el servicio de higiene y
limpieza se ve seriamente
afectado.
92
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se
regularice el depósito de los aportes y contribuciones en concepto
de jubilación y obra social correspondientes a los haberes del personal
docente, y en lo sucesivo se depositen los mismos en tiempo y
forma 78 .
- Dotación insuficiente del personal de portería de escuelas en todos
los niveles educativos
Hechos
Las denuncias de los padres de los alumnos por la falta de higiene en
varios establecimientos de jardín de infantes de gestión pública de la
Ciudad condujeron a que quede en evidencia la falta de personal en
la planta de trabajadores de portería y, por ende, la falta de acción de
las autoridades administrativas competentes.
La información recolectada -proveniente de fuente gubernamental 79
sostuvo que al mes de octubre de 2006 se registraba una dotación de
auxiliares de portería de 4.634 agentes. “...De entre ellos, 315 con
tareas livianas y 255 con licencia por enfermedad de largo tratamiento,
lo que deja trabajando en óptimas condiciones un total de 4.370
agentes... 5. Se estima por tanto que con 1.100 agentes adicionales
los establecimientos del GCABA estarían en buenas condiciones de
limpieza...”.
Posteriores reclamos por falta de limpieza de los edificios escolares
recibidos en este organismo (consignados en los Informes Anuales
2006, 2007 y 2008 presentados ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) dan cuenta de que la situación permaneció
irresuelta a lo largo de las gestiones educativas.
En 2009 se reiteró el reclamo y se obtuvieron respuestas del establecimiento
educativo de cuya comunidad emanó y luego de la supervisión:
1) La Directora del Jardín de Infantes Integral 1 del Distrito
Escolar 16º informó acerca de la situación y las acciones realizadas.
Se observa lo consignado por la señora Directora:
Cabe aclarar que la Conducción organizó seis reuniones con el personal auxiliar
desde el mes de marzo hasta la fecha, con el objeto de reorganizar la distribución
de tareas en función de los horarios de trabajo, a los efectos de optimizar los
recursos disponibles. En virtud de la falta de celeridad en las respuestas esperadas
de parte del departamento de RRHH, los padres acercaron a esta Dirección copia
de la nota, que por iniciativa propia, presentaron ante la Defensoría del Pueblo,
elevada a esa Supervisión, con fecha 22 de mayo...
2) La Supervisora Escolar Grupo vIII D.E. 16º y 17º, informó
(Informe 541) que:
2.- Esta Supervisión deja constancia que con fecha 13-04-2009 por Nota Nº
225.095 se han elevado solicitud de personal auxiliar para la Institución del
motivo. 3.- Asimismo, el día 15 de abril de 2009 la Supervisora Escolar y la
Supervisora Adjunta se han dirigido personalmente a mantener una reunión con
el responsable de personal auxiliar no docente. 4.- En dicha reunión se comunicó
que no hay reemplazos o suplentes de auxiliares y que no habrá nuevos ingresos de
personal auxiliar por el momento.

Análisis normativo del caso
En el presente caso la situación
laboral del personal auxiliar
de portería afectó aspectos del
derecho a la educación y a la
salud, conflictiva que permite
visualizar la interdependencia
de los derechos humanos. De
las actuaciones tramitadas en la
Defensoría del Pueblo se observa
que las conducciones escolares
vienen solicitando desde hace
años se incremente la dotación
de personal auxiliar de portería,
a fin de garantizar adecuadas
y suficientes condiciones de
limpieza en los edificios escolares
bajo su dirección. Sin embargo,
las respuestas de las áreas competentes
se demoran y el servicio
de higiene y limpieza se ve
seriamente afectado.
El reconocimiento de este déficit
lo realiza la propia Administración,
cuando informa una carencia
de 1.100 agentes. La elevada
edad promedio de las/os auxiliares
de portería explica el motivo
por el que muchas/os agentes
que revistan en la planta permanente
o transitoria como personal
no docente del Ministerio
de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se encuentren actualmente
en situación de jubilación, en
uso de licencia por enfermedades
de largo tratamiento, o les hayan
sido asignadas tareas livianas.
Acción de la Defensoría del Pueblo
En tal sentido, se resolvió realizar
un recomendación que cubre
los distintos aspectos vinculados
en el reclamo 80 : entre otras
cosas, se solicitó al Secretario de
Gestión Económica Financiera
El Derecho al Trabajo
y Administración de Recursos
del Ministerio de Educación del
GCABA y al Ministro de Educación,
se incremente la dotación
de personal auxiliar de portería,
a fin de subsanar las deficiencias
en materia de higiene y limpieza.
- violencia laboral en el ámbito
docente 81
Hechos
La reclamante, docente del Distrito
Escolar 19º, denuncia ser
víctima de violencia laboral por
distintas circunstancias.
Explica que la vicedirectora
del C.E.R.I. del D.E. 19º de
Educación Especial la dejo sin
funciones, al reintegrarse de una
licencia por fractura.
También acompaña denuncia
que realizara ante el Ministerio
de Educación a la Dirección del
Área de Educación Primaria y a
la Dirección del Área de Educación
Especial, por la cual refiere
haber sido víctima de presuntos
hechos de violencia laboral por
parte de la vicedirectora del
C.E.R.I. del D.E. 19º, dependiente
de la Dirección del Área
de Educación Especial.
Análisis normativo del caso
Los informes solicitados al Ministerio
de Educación dan cuenta
de varios descargos efectuados
por los denunciados, donde no
se menciona el cumplimiento de
los requisitos procedimentales
de la Ley 1225 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que
establece en su Art. 8 el procedimiento
aplicable en casos de
violencia y/o maltrato laboral:
1. Comunicación del hecho por
la victima a su superior jerárqui-
co, o al funcionario superior.
2. Recepción de la denuncia y
notificación al área de sumarios
correspondiente.
3. Instruccion de la actuación
sumarial.
4. Sanciones disciplinarias: rige
el procedimiento establecido por
el Art. 51 y subsiguientes de la
Ley 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
5. Cuando existiere un órgano
de colegiación o disciplina que
regule el ejercicio de la profesión
del/la denunciado/a, debe notificársele
la denuncia.
El concepto de maltrato y
violencia laboral contenido
en el Art. 2 de la misma ley
establece la sanción de la/s
conducta/s “... ejercida sobre un/
una trabajador/a por personal
jerárquico que atente contra
la dignidad, integridad física,
sexual, psicológica o social de
aquél/aquélla mediante amenaza,
intimidación, abuso de poder,
acoso, acoso sexual, maltrato físico
o psicológico, social u ofensa
ejercida sobre un/a trabajador/a”.
El Art. 10 determina la responsabilidad
prioritaria de cada
organismo de establecer un procedimiento
interno, adecuado y
efectivo en cumplimiento de esta
ley, facilitar y difundir su conocimiento,
y establecer servicios
de orientación a la víctima.
La Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
consagra la protección del
trabajo en todas sus formas
en su Art. 43 y en materia
de educación, en el Art. 23
expresa que la Ciudad reconoce
93

94
y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la
libertad, la ética y la solidaridad.
El Estatuto del Docente -Ordenanza 40593 y modif.- en su Art. 6
establece como deberes del personal docente, sin perjuicio de los
que, particularmente, imponen las leyes, ordenanzas, decretos y
resoluciones especiales: “c) observar una conducta acorde con los
principios de la moral y las buenas costumbres y con las normas de
la ética en el comportamiento social; ch) desempeñar digna, eficaz y
lealmente las funciones inherentes a su cargo...”.
Conclusiones
El caso bajo análisis pone en evidencia una situación de presunta
violencia laboral que no ha tenido el tratamiento que la ley prescribe
para dilucidar los hechos y, eventualmente, sancionar las conductas.
El procedimiento tiene la virtualidad de brindar seguridad jurídica y
transparencia al ejercicio de los derechos involucrados en el conflicto
denunciado.
Acción de la Defensoría del Pueblo
En este orden, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución con
una recomendación al Ministro de Educación para que informe si se
ha instruido sumario administrativo previsto en el Art. 8 de la Ley
1225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a investigar
los hechos que denuncia la profesora S. S., a fin de atribuir y/o
deslindar las responsabilidades del caso; y si se han establecido los
servicios de orientación a la víctima establecidos en el Art. 10 de la
misma ley, y en caso contrario, los motivos de la omisión 82 .
- Descuentos a docentes por participar en medidas de fuerza 83
Hechos
Se recibe en la Defensoría del Pueblo un correo electrónico por el
que se denunciaba la Nota 400046 del Director General de Personal
Docente y No Docente del Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que informaba al personal
sobre descuento salarial en caso de adhesión al paro docente y la
pérdida del adicional salarial mensual.
Simultáneamente, se recibieron otras denuncias de docentes a los
que se les habían descontado los días de paro, aun sin haberse adherido
al mismo.
“Soy docente, no ejercí mi derecho Constitucional al paro, los cuales
no fueron ilegales y ante mi sorpresa el Jefe de Gobierno procedió a
descontar todos los días de paro a todos los docentes lo hayan hecho
o no. También se dio el caso de descuento a gente que estaba con
licencia. O a otros compañeros que no trabajaban esos días. Por las
dudas a todos. Como nos entregan los recibos con mucho retraso no
sabemos nunca qué cobramos ni qué nos descuentan...” 84 .
El reclamo sindical referido a la devolución de los salarios docentes

fue respondido por el Ministerio
de Educación señalando que no
era procedente la devolución de
los salarios en todos los casos,
y que sólo se devolverían: 1) A
quienes concurrieron a su lugar
de trabajo los días cuestionados.
2) A los que se encontraban bajo
licencia en cualquiera de sus
modalidades. 3) A quienes no les
correspondía asistir esos días.
Las entidades gremiales aceptaron
la devolución de los descuentos
erróneos sin perjuicio
de mantener el reclamo por los
descuentos efectuados por los
días de huelga.
El Ministerio implementó un
sistema de planillas a llenar bajo
la modalidad de declaración
jurada con la firma de los Directores
de las escuelas. El comunicado
del Ministerio instruyó al
respecto el texto siguiente:
Delegaciones Administrativas. A
efectos de tramitar el reintegro de los
descuentos erróneamente practicados
en concepto de inasistencias por paro, a
aquellos que no se adhirieron al mismo
o lo hicieron parcialmente, se solicita
con carácter de muy urgente trámite
que cada establecimiento confeccione
una planilla con los siguientes datos:
APELLIDO Y NOMBRE - CUIL -
CARGO U HORAS - CANTIDAD
DÍAS A REINTEGRAR
La Nota debe dirigirse a: UNIDAD
DE GESTION DE RECURSOS
HUMANOS - DIRECCIÓN LIQUI-
DACIÓN DE HABERES (DEPAR-
TAMENTO DOCENTE)
Las Delegaciones Administrativas
recibirán las planillas mencionadas con
la firma del Director del establecimiento,
que tendrá carácter de declaración
jurada, a las que se le otorgará número
de nota. Dichas Delegaciones en el
día, harán llegar las mismas al Departamento
Delegaciones Administrativas
de la Dirección de Recursos Humanos
Docentes.
Ahora bien, la cuestión planteada
respecto de los descuentos
a los docentes que ejercen
su derecho constitucional a la
huelga no es nueva en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ha sido objeto de análisis en
anteriores oportunidades por
denuncias ante esta Defensoría
del Pueblo 85 .
Análisis normativo del caso
Confluyen en el marco normativo
las normas fundamentales
de la Constitución Nacional,
Arts. 14; 14 bis; 75, Inc. 22, los
tratados de derechos humanos
con jerarquía constitucional: el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
Arts. 6, 7 y 8, Inc. 1. d). Los
demás tratados internacionales
-con jerarquía superior a las leyes-
: el Protocolo de San Salvador,
Art. 7, Inc. h), y los convenios
internacionales 87 y 98
suscriptos en el marco de la OIT.
Las Leyes nacionales 23551 de
Asociaciones Sindicales y 26206
de Educación Nacional.
En el orden local, la Constitución
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Arts. 10, 23, 24 y
43; la Ordenanza 40593, Arts.
7, la Ley 471 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Arts. 1,
69, 70, 78 y 82.
Es obligación del Estado y sus
agentes garantizar en el ámbito
educativo el cumplimiento de
los fines y objetivos de la política
educativa, entre ellos, el respeto
de los derechos de los docentes y
de los niños, niñas y adolescentes
establecidos en la Ley 26061,
así como también, el logro de las
metas educativas, entre ellas, la
Es obligación del Estado
y sus agentes garantizar
en el ámbito educativo
el cumplimiento de los
fines y objetivos de la
política educativa, entre
ellos, el respeto de los
derechos de los docentes
y de los niños, niñas y
adolescentes establecidos
en la Ley 26061, así como
también, el logro de las
metas educativas, entre
ellas, la cantidad mínima
de días de clase y de horas
cátedra consensuadas en el
marco del Consejo Federal
de Educación.
95

El derecho de huelga
constituye un derecho
social esencial y natural,
para ser ejercido
colectivamente, cuyos
efectos sobre el contrato
de trabajo no son los
de extinguirlo sino
suspenderlo para ser
ejecutado en mejores
condiciones para el futuro,
es decir, constituye un
medio válido de presión,
de coacción y de defensa
de intereses, del cual son
titulares los gremios.
96
cantidad mínima de días de clase y de horas cátedra consensuadas en
el marco del Consejo Federal de Educación.
Resulta fundamental en cada caso analizar el marco de legalidad en
el que se desarrolla la medida de fuerza y, en este, hallándose judicializada
la cuestión, cabe esperar el pronunciamiento correspondiente.
Doctrina de la Defensoría del Pueblo
Con relación a si resulta ajustado a derecho el descuento de salarios
con motivo de las jornadas de huelga docente, esta Defensoría del
Pueblo ya ha expresado en otras oportunidades su opinión contraria
a los descuentos 86 .
El derecho de huelga constituye un derecho social esencial y natural,
para ser ejercido colectivamente, cuyos efectos sobre el contrato de
trabajo no son los de extinguirlo sino suspenderlo para ser ejecutado
en mejores condiciones para el futuro, es decir, constituye un medio
válido de presión, de coacción y de defensa de intereses, del cual son
titulares los gremios.
Instalado el conflicto laboral, el recurso extremo de los gremios que
representan a los trabajadores, a fin de obtener respuesta a su reclamo,
es el de disponer la realización de una huelga. Recurso final,
última ratio del enfrentamiento o confrontación en pos de la defensa
u obtención de reivindicaciones o conquistas de los trabajadores.
Más aún, el hecho de pretender que se mantengan abiertas las
escuelas, colocando en cabeza de los docentes la responsabilidad por
el cuidado y el bienestar de los alumnos, es absolutamente abusiva y
contraria a derecho 87 .
El descuento de los días en que los docentes ejercieron su derecho
constitucional de huelga configura violación al plexo normativo por
parte del Estado, que bajo la excusa de tutelar el derecho de aprender,
lesiona la libertad sindical de los gremios y de los trabajadores.
Acción de la Defensoría del Pueblo
La situación pone en evidencia un conflicto de derechos e intereses
que reclama una solución responsable donde se respeten tanto el
derecho a las condiciones dignas y equitativas de trabajo, el derecho
a huelga y el derecho a la educación. Por ello, se estimó que correspondía
recomendar a los Ministros de Educación y de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subsanasen las
irregularidades detectadas y procediesen a reintegrar a los profesionales
de la educación las sumas indebidamente retenidas, recordando
el carácter alimentario del salario, que es propiedad de los trabajadores
y no del Estado o los particulares, conforme la interpretación
jurisprudencial del derecho de propiedad.
También se recomendó al Ministro de Educación garantizase el
ejercicio del derecho constitucional de huelga de los docentes, preservando
la identidad e intimidad de todos los docentes, hayan o no
adherido a la medida de fuerza, y evitando el descuento de los días

de ausencia originados en tal
motivo.
En los considerandos de la
Resolución DPCABA 1966/9 se
reconocen las legítimas reivindicaciones
de los docentes, que son
las del conjunto de la sociedad
que valora y reivindica a quienes
confía la educación de sus hijos/
as, y sabe que el compartido
objetivo de garantizar el derecho
a una educación de calidad para
todos/as está estrechamente vinculado
con las posibilidades de
mejorar las condiciones materiales
y simbólicas de los profesionales
de la educación, y se apela,
al mismo tiempo, a la responsabilidad
de los sindicatos del
sector a fin de ejercer en forma
prudente y razonable el derecho
constitucional de huelga.
Ello, a fin de tratar de evitar
situaciones de conflicto de derechos
de raigambre constitucional,
como los que amparan tanto desde
el ámbito laboral y educativo a
los trabajadores profesionales de
la educación, como en el ámbito
educativo, a los niños, niñas y
adolescentes en su condición de
alumnos/as de las escuelas, de
recibir una educación igualitaria e
integral en términos de calidad y
cantidad.
Concursos médicos:
- Demoras en los trámites correspondientes
a nombramientos en
los cargos ganados por concurso
para prestar servicios en hospitales
de la Ciudad 88
Hechos
Distintos profesionales denunciaron
que no se han hecho efectivos
los nombramientos para
ocupar los cargos que concur-
El Derecho al Trabajo
saran y fueran oportunamente
seleccionados. Se trata, en todos
los casos, de profesionales de la
salud que concursaron cargos
en efectores de salud del sistema
público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Hospital Gral. de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”:
La señora P. F. B. denunció que
en 2005 ganó una selección
efectuada en el Hospital Gral.
de Agudos “Donación Francisco
Santojanni” para cubrir un cargo
de obstétrica de guardia. Indicó
que, a fin de gestionarse su
nombramiento, se dio inicio al
Expte. 65.451/05, en el que a la
fecha y, pese al tiempo transcurrido,
no ha tenido resolución.
Por su parte, la señora C. M. indicó
que en diciembre de 2006
ganó la selección para cubrir un
cargo de psicóloga en el Hospital
Gral. de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dándose
inicio al Expte. 16.783/07,
pero a la fecha tampoco ha sido
nombrada. Idéntica denuncia
formuló la señora G. P. C., indicando
que su expediente es el
16.777/07.
Hospital Gral. de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”:
Las señoras C. B. M. y M. A. S.
F. denunciaron que en diciembre
de 2006 resultaron ganadoras
de la selección efectuada en el
Hospital Gral. de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández” a fin de
cubrir cargos de trabajadores
sociales en los términos del
Decreto 1551/GCABA/06,
que incorpora profesionales
a las dotaciones diarias de las
El descuento de los días
en que los docentes
ejercieron su derecho
constitucional de huelga
configura violación al
plexo normativo por
parte del Estado, que
bajo la excusa de tutelar
el derecho de aprender,
lesiona la libertad sindical
de los gremios y de los
trabajadores.
97

98
Áreas de Urgencia de hospitales dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los expedientes
de nombramiento son 19.652/07 y 19.647/07, y a la fecha no
se proveyeron los respectivos nombramientos. Idéntica denuncia
formuló la señora v. B. C., agregando que su expediente es el
19.651/07.
Hospital Gral. de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”:
En la mencionada actuación, la señora C. B. B. denunció que en
abril de 2005 resultó ganadora de una selección para cubrir el cargo
de médica de planta en la sección Medicina Nuclear del Hospital
Gral. de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, pero que a la fecha no ha
sido nombrada. Expresó que el expediente a través del cual tramita
su nombramiento es el 30.597/05.
Hospital Gral. de Agudos “Dr. Carlos Durand”:
La señora D. G. expresó que en noviembre de 2005 resultó ganadora
de la selección efectuada en el ámbito del Hospital Gral. de
Agudos “Dr. Carlos Durand” a fin de cubrir un cargo de farmacéutica
de planta (aclara que con 24 horas semanales, toda vez que aún
no existía la normativa que establece las 30 horas semanales). Indicó
que su nombramiento tramita a través del Expte. 44.306/06, pero
que no se ha proveído al mismo.
Hospital Gral. de Agudos “Dr. Cosme Argerich”:
La señora M. C. E. T. refirió que en mayo de 2005 resultó ganadora
de la selección efectuada en el mencionado hospital, a fin de cubrir
un cargo de obstétrica, pero que a la fecha, pese al tiempo transcurrido,
no ha sido nombrada. Su designación se tramita por el Expte.
64.702/05.
La selección de la que participó se llevó a cabo a raíz de la Disposición
70/HGACA/05, en la cual se indica que el concurso se
efectúa a fin de dar cobertura a la vacante existente en el Departamento
Materno-Infantil -cargo de obstétrica de guardia con
24 horas semanales- a raíz de la jubilación de la agente O. G. La
partida presupuestaria a la que se imputaría el nombramiento es la
4022.0500.D.03.951.
Con fecha 14 de septiembre de 2005 las autoridades del Hospital
Gral. de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, a través de la Nota 6010/
HGACA/2005, elevaron a la entonces Secretaría de Salud la solicitud
de designación de la reclamante.
Posteriormente, en el Informe 21.985/DGRH-E/2006, fechado el
13 de febrero de 2006, el entonces Director General de Recursos
Humanos considera que, toda vez que se estaban llevando a
cabo negociaciones a fin de reformular la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud, se estima necesario que previo a todo
trámite “...se definieran las pautas para el nuevo reencasillamiento

del personal involucrado,
con motivo de evitar futuras
complicaciones que impedirían
llegar a una definición ágil
de cada gestión, relacionada
con las citadas negociaciones,
que se halla en espera de una
resolución rápida y mediante
la correspondiente norma
legal que avale la modificación
pertinente...”.
El 2 de junio de 2006, y toda
vez que ya se habían producido
las reformas indicadas (Resolución
375/SSySHyF/06), el entonces
Subsecretario de Servicios
de Salud remitió nuevamente a
la entonces Dirección General
de Recursos Humanos la solicitud
de designación de la presentante.
A fs. 38 se agregó copia
de la valorización presupuestaria
correspondiente, siendo remitida
a través del Informe 30.848/
DGRH-E/2006 (junio de 2006)
a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Ese fue el último
movimiento que ha tenido el
expediente, pese a la solicitud
de pronto despacho efectuada
por la reclamante con fecha 4 de
julio de 2007, y reiterada el 14
de agosto de 2007.
Hospital Gral. de Agudos “Dr.
José María Penna”:
La señora v. D. B. denunció que
en enero de 2007 resultó una
de las ganadoras de la selección
efectuada en el Hospital Gral.
de Agudos “Dr. José María
Penna” a fin de cubrir cargos de
trabajador social en los términos
del Decreto 1551/GCABA/06;
que se dio inicio al Expediente
16.962/07, pero que a la fecha
de 2008 no ha sido nombrada.
Tampoco fue respondido el
pronto despacho que presentó
sobre ese expediente.
Hospital Gral. de Agudos “Dr.
Dalmacio vélez Sársfield”:
La señora C. G. indicó que
en septiembre de 2005 resultó
ganadora de un concurso efectuado
en ese hospital para cubrir
un cargo de odontólogo en el
CeSAC 36. Denunció que, a fin
de gestionarse su nombramiento,
se dio inicio al Expte. 74.695/05
y que a la fecha (enero de 2008)
no ha sido nombrada.
Hospital Gral. de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”:
La denuncia de la señora M.
C. C. indicó que en febrero de
2006 resultó ganadora de la
selección efectuada en el hospital
para cubrir un cargo de farmacéutica.
A fin de gestionarse el
nombramiento, se dio inicio al
Expte. 17.714/06, pero no ha
tenido respuesta.
En el Informe 02-7531/
DGOGPP/2006, las autoridades
de la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto informan que el
Expte. 17.714/06 no se encuentra
incluido en los listados de
designaciones priorizadas por el
Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos
Aires.
Hospital Gral. de Infecciosas
“Dr. Francisco J. Muñiz”:
La denuncia del señor J. J. R.
señala que, habiendo ganado en
diciembre de 2008 una selección
interna efectuada por el Hospital
Gral. de Infecciosas “Dr. Francisco
J. Muñiz” a fin de cubrir un
cargo de médico infectólogo de
planta con 30 horas semanales,
se dio inicio al Expte. 69.143/08
que no ha sido resuelto, pese a
encontrarse ampliamente agotado
el plazo fijado para ello por la
reglamentación vigente.
Análisis normativo del caso
En el presente se encuentran
involucrados varios derechos
que resultan desprotegidos y
afectados por el Estado local de
manera sistemática: el derecho al
trabajo y el derecho a la salud.
El Art. 10. 6 del Decreto
2745/87 (que reglamenta la
Ordenanza 41455) establece
que luego de efectuada la selección
de profesionales, y una
vez finalizadas las instancias de
impugnación por parte de los
participantes, “... la designación
del profesional se formalizará
dentro de los noventa (90) días
hábiles siguientes...”. En el caso
objeto de análisis, se ha excedido
ampliamente el plazo establecido
por la reglamentación.
En los casos en que han concursado
en los términos del Decreto
1551/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
nº 2.539), que incorpora profesionales
a las dotaciones diarias
de las Áreas de Urgencia de hospitales
dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, cabe
señalar que el Art. 4 del citado
decreto indica que: “El gasto
que demande la presente gestión
encuentra imputación en el presupuesto
vigente, de la Jurisdicción
40 ‘Ministerio de Salud’,
Inciso 1 ‘Gastos de personal’ en
99

La disfuncionalidad
sistemática de la
Administración lesiona
derechos y afecta intereses
legítimos, en este caso,
de los trabajadores de
la salud que ganaran
oportunamente concursos
conforme a derecho.
100
el programa correspondiente”.
Muchos de los otros denunciantes han participado en selecciones
por cargos que se encontraban vacantes (es decir, existían al
momento de la selección en carácter de vacante por jubilación,
fallecimiento, etc.), con lo cual la partida presupuestaria existía al
momento de llamarse a la selección.
Se ha constatado, a través de muchas otras denuncias tramitadas por
esta Defensoría del Pueblo en temas similares, que no es la primera
vez que se concursan cargos que muchas veces no cuentan con
financiación presupuestaria, generando la consiguiente expectativa
de designación respecto de los que resultan finalmente seleccionados
y propuestos.
También se ha observado en muchos casos que la propuesta de
designación se efectúa luego de producida una vacante, pero demora
tanto el trámite que, cuando llega el momento de indicar si existe
presupuesto a tal efecto, ya ha pasado más de un año, por lo que esas
horas financiadas por la vacante referida ya no existen por estar vigente
un nuevo presupuesto. Las autoridades del hoy Ministerio de
Salud continuamente informan que elaboran el presupuesto tomando
en cuenta la planta efectivamente ocupada al día 31 de julio de
cada año, con lo cual, si antes de esa fecha no se efectuó la designación,
no se financia más ese puesto. Es decir, no tienen en cuenta los
nombramientos pendientes a la hora de elaborar los presupuestos.
Dicho inconveniente se solucionaría con la inclusión de los nombramientos
pendientes en el presupuesto plurianual. De esta manera, el
Ministerio de Salud informaría al Ministerio de Hacienda las vacantes
pasibles de ser concursadas o ya concursadas, a fin de que sean
incluidas en el presupuesto plurianual (con lo que tendrían cinco
años de vigencia). Así, si se realiza una selección en un cargo que
se encuentra financiado, las posibles demoras en la tramitación no
impedirían presupuestariamente el nombramiento ya que se encontraría
previsto para un período de cinco años.
La herramienta del presupuesto plurianual por lo general es utilizada
para la proyección presupuestaria de la obra pública (entre otros) ya
que es útil para financiar en los casos en que la ejecución demorara
más que el año calendario previsto en el presupuesto ordinario.
La disfuncionalidad sistemática de la Administración lesiona derechos
y afecta intereses legítimos, en este caso, de los trabajadores de
la salud que ganaran oportunamente concursos conforme a derecho.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Se emitió una resolución con recomendaciones dirigidas a los
Ministros de Salud y Hacienda de la Ciudad para que se: a) arbitren
los medios a su alcance a fin de proceder al nombramiento de
los profesionales individualizados; b) informe a esta Defensoría del
Pueblo, de ser posible, cuál fue el destino otorgado a las partidas
presupuestarias mencionadas en los considerandos de la presente; c)

dispongan los medios del caso a
fin de incluir los cargos vacantes
y pendientes de nombramiento
dentro del presupuesto plurianual.
Se puso en conocimiento del
señor Síndico General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Higiene y seguridad laboral en
establecimientos públicos
Área Técnica de la Dirección
General de Música 89
Hechos
En el reclamo por cuestiones
de higiene y seguridad que se
produjeron en 2005, los trabajadores
estatales pertenecientes
al Área Técnica de la Dirección
General de Música manifestaron
su preocupación ante el inminente
traslado del personal e
instalaciones hacia el inmueble
sito en la calle José Aarón Salmún
Feijoo 555 de la Ciudad de
Buenos Aires, entendiendo que
el mismo no reuniría las condiciones
mínimas de habitabilidad
y seguridad. El 1 de agosto de
2005, el señor Emilio Badra,
invocando el carácter de Delegado
General de la Junta Interna
de Delegados ATE-CTA de la
Dirección General de Música,
formuló una ampliación a la
denuncia inicial, acompañando
copia de un memorando suscripto
por el señor Secretario de
Cultura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, fechado el
30 de junio de 2005, dirigido al
personal de la Dirección de Producción
Técnica de la Dirección
General de Música mediante el
cual se comunica el traslado del
equipamiento y personal hacia
El Derecho al Trabajo
el inmueble sito en la calle José
Aarón Salmún Feijoo 555.
Análisis normativo del caso
Entre los derechos fundamentales,
el Art. 14 bis de la Constitución
Nacional consagra
el derecho a las “condiciones
dignas y equitativas de labor”,
y posteriormente, el Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos incorporado con jerarquía
constitucional lo ratifica en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Art. 23,
refiriéndose al derecho al trabajo
y a las condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo, que
recoge el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en su Art. 7, Inc.
b): el derecho a la seguridad e
higiene en el trabajo.
La Constitución de la Ciudad,
en el Art. 43, asegura al trabajador
los derechos establecidos
en la Constitución Nacional. En
materia de higiene y seguridad
en el trabajo, la Ley 265 establece
que la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad de
Buenos Aires tiene como objeto
cumplir, entre otras, las siguientes
funciones: fiscalización,
control y sanción por incumplimiento
de las normas relativas
al trabajo, la salud, higiene y
seguridad en el trabajo.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
Recae sobre la Administración
el deber de resguardar la
integridad física del personal a
su cargo y los bienes afectados
a la prestación del servicio.
La Administración como
101

Recae sobre la
Administración el
deber de resguardar la
integridad física del
personal a su cargo y
los bienes afectados a la
prestación del servicio.
La Administración como
empleadora está obligada
a proporcionar los medios
e implementar las acciones
que garanticen las
condiciones de seguridad
en el ámbito de trabajo y
la custodia de los bienes
afectados al mismo.
102
empleadora está obligada a proporcionar los medios e implementar
las acciones que garanticen las condiciones de seguridad en el
ámbito de trabajo y la custodia de los bienes afectados al mismo.
Acción de la Defensoría del Pueblo
verificaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo
Concurrencia de personal de la Oficina de verificación de la Defensoría
del Pueblo a fin de verificar las características constructivas del
inmueble y de los accesos, estado de conservación externo e interno
y condiciones de higiene y seguridad.
En dos oportunidades durante 2005, personal de la Oficina de
verificación de este organismo concurrió al edificio, siendo atendido
por el personal de la Policía Federal Argentina y el vigilador de la
empresa de seguridad privada “Previniendo”. En ambas oportunidades
no permitieron el ingreso de los funcionarios de la Defensoría
del Pueblo y, en consecuencia, informaron que para ingresar debería
presentarse una nota de la autoridad de la Defensoría dirigida al
Ministerio de Economía, organismo a cargo; y la segunda vez, que
para ingresar resultaba necesario contar con la autorización del señor
Presidente del Correo Argentino. Aclararon en ambas ocasiones que
el estado del edificio no reunía condiciones para su utilización.
Tampoco se logró respuesta a sendos pedidos de informes dirigidos
al Correo Oficial de la República Argentina y al Organismo Nacional
de Administración de Bienes.
Posteriormente, se contactó al Director General de Música del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para acordar una fecha para
concurrir al inmueble y verificar el estado de higiene y seguridad.
El funcionario informó que dicho pedido debía tramitarse directamente
ante la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Finalmente, se recibió una nota por la que el Director General de
Música informó que, “…de conformidad con lo ordenado por el
Sr. Secretario de Cultura mediante Nota 6097-SC-05, se dispuso el
traslado del Área Escenotécnica de esta Dirección General de Música
a una nueva sede, sita en Salmún Feijoo 555 de esta Capital”. “…
Motiva esta decisión la realización del plan de obras de recuperación
del Parque Centenario encaradas por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires…”. (C. Registro 21448-MGEYA-05 fechada el 24
de agosto de 2005 y remitida a la Defensoría del Pueblo el 12 de
septiembre de 2005).
Se advierte que, entonces, a la fecha de la segunda de las verificaciones
dispuesta por esta Defensoría del Pueblo, el traslado se había
perfeccionado; aunque esta situación no pudo ser comprobada ante
la negativa del personal de seguridad de permitir el ingreso.
Tercer intento de verificación: el 14 de septiembre de 2005 personal
de esta Defensoría del Pueblo concurrió al inmueble sito en la
calle José Aarón Salmún Feijoo 555, junto con empleados de dicha

Dirección General.
En esa ocasión, el ingreso fue
impedido por un agente de
seguridad privada perteneciente
a “Previniendo S.A.” quien
manifestó que no se encontraba
permitido el ingreso al edificio.
En atención a ello, se le explicó
al vigilador el contenido de la
Ley 3, quien previa anotación de
los datos identificatorios de los
presentes, se dirigió hacia una
oficina para efectuar consultas
telefónicas. Cabe señalar que el
vigilador no presentaba placa
identificadora, de manera tal que
se le solicitó que informara su
nombre y apellido, a lo que se
negó en un primer momento, si
bien, finalmente, proporcionó
sus datos.
Consecuentemente, se informó
que se permitiría recorrer las
instalaciones ocupadas por el
personal de la Dirección General
de Música, integrado por treinta
personas.
Durante la verificación realizada,
se detectaron serias falencias
edilicias que afectaban el lugar
que no reunía las condiciones
mínimas de higiene y seguridad.
Recorrida por las instalaciones
Anomalías detectadas:
1) A la entrada principal se llega
por escaleras y montacargas; hay
también un ascensor en aparente
estado de desuso. Se destaca que
la salida del montacargas es extremadamente
peligrosa ya que
linda con el vacío y la baranda
protectora está rota.
2) Existen conductores eléctricos
que permanecen “sueltos”, sin
cañerías que los contengan y
con empalmes deficientes en las
uniones. En los tableros eléctricos
verificados se observó la falta
de protecciones (disyuntores
diferenciales) y la existencia de
empalmes realizados en forma
deficiente. No se observa existencia
de líneas de 380 voltios.
3) Los dos recintos sanitarios
que se disponen en la planta observan
la falta de revestimientos
en algunos sectores, y la exposición
de revoques que permanecen
abiertos, en otros. Existe
un termotanque eléctrico en el
interior del baño de caballeros,
cuya alimentación la compone
un conductor “tipo taller” que
egresa (suelto por el solado) del
local señalado, ingresando al
local contiguo.
4) Parte de los extintores de
incendios no presentan las fechas
de renovación y vencimiento
de sus cargas. Con la intención
de verificar el funcionamiento
del sistema de hidrantes contra
incendios del piso, fueron
realizados intentos en torno al
accionamiento de uno de sus
componentes. El atascamiento
de la válvula tipo teatro impidió
la realización de la verificación
aludida. El hidrante de marras
se ubica en el pasillo del sector
asignado a la Dirección General
de Música, lindero a la escalera
principal.
5) Los equipos calefactores que
se disponen en planta son alimentados
por garrafas de 45 kg
contraviniendo la normativa en
vigencia (Resolución 124/2001
S.E.) respecto de la ubicación
de los cilindros “en lugares bien
ventilados (patios, jardines, etc.)
alejados de toda abertura de edificio
(puertas, piletas de desagüe,
103

Recae sobre la
Administración el
deber de resguardar la
integridad física del
personal a su cargo y
los bienes afectados a la
prestación del servicio.
La Administración
empleadora está obligada
a proporcionar los medios
e implementar las acciones
que garanticen las
condiciones de seguridad
en el ámbito de trabajo y
la custodia de los bienes
afectados al mismo.
104
etc.)...”. Existen pantallas infrarrojas ubicadas en diferentes locales,
instaladas de forma precaria. Se ignora el funcionamiento de las mismas,
pero, una de ellas, se dispone inmediatamente por debajo de la
cañería de alimentación de gas irradiando calor sobre la misma.
Recomendaciones de la Defensoria del Pueblo
El contexto normativo señala que el Estado local es empleador y, a
su vez, garante del cumplimiento de los derechos que, en el caso, se
observan incumplidos.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su magistratura
emitió una resolución conteniendo sendas recomendaciones
dirigidas a:
1) El Secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para que arbitre las medidas que estime pertinentes
a fin de que se adecuen las condiciones de higiene y seguridad del
inmueble sito en la calle José Aarón Salmún Feijoo 555 de la Ciudad
de Buenos Aires. En tal sentido, se recomendó reubicar transitoriamente
al personal que se desempeñaba en el inmueble mencionado
hasta tanto se verificase el efectivo cumplimiento de las condiciones
de higiene y seguridad en el establecimiento afectado a la prestación
del servicio. Se asegurara el depósito en condiciones de seguridad de
los materiales, muebles, útiles e instalaciones afectadas a la prestación
del servicio.
2) El Director General de Servicios de Seguridad Privada de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente de la Secretaría de
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que se
verificase el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 118 por parte
de “Previniendo S.A.”.
3) Se solicitó la intervención del señor Director General de Protección
del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos
de verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo previstas
por la normativa en vigor.
Museo Municipal del Cine “Pablo C. Ducros Hicken” dependiente
de la Dirección General de Museos 90
Hechos
Se denuncia el deficiente estado constructivo del inmueble que
resulta un ámbito inapropiado para el depósito y/o manejo de los
materiales de cineteca del Museo Municipal del Cine “Pablo C.
Ducros Hicken”, dependiente de la Dirección General de Museos.
En particular, se expresa la preocupación sobre el estado de conservación
del archivo fílmico alojado en la dependencia, y con relación
a la ausencia de los elementos mínimos indispensables para la
manipulación de los materiales tóxicos utilizados y el control de las
emanaciones originadas por esas tareas.
El denunciante aporta -en copia simple- un Informe de Asistencia

producido por el Instituto
Nacional de Tecnología
Industrial, fechado el 29 de
abril de 2005, en el que se
especifican las condiciones
atinentes al sistema de
protección indispensable para
el personal en contacto con
materiales de cineteca; y a las
características constructivas
de los ámbitos destinados al
manejo y/o conservación de
este tipo de materiales (INTI.
Extensión y Desarrollo.
Informe de Asistencia. Informe
Tipo: único. Cliente Nº
0005. Fecha: 29-04-2005).
El Suplemento de Informe
-de la misma fecha- reseña los
resultados de las observaciones
efectuadas previamente al
traslado del Museo Municipal
del Cine “Pablo C. Ducros
Hicken” respecto del estado de
conservación de las colecciones,
las características ambientales,
condiciones de almacenamiento
y seguridad del espacio físico.
Se formulan además diversas
recomendaciones atinentes al
lugar de depósito y al manejo
de los materiales (INTI.
Textiles. Informe de Asistencia.
Suplemento de Informe. SOT
Nº 05991. Informe Tipo: único.
Cliente Nº 0005. Fecha 29-04-
2005).
El resultado de la verificación
efectuada por el personal de
la Defensoría del Pueblo puso
en evidencia que el estado del
ámbito físico asignado a la
operatoria de las dependencias
del Museo Municipal del Cine
“Pablo C. Ducros Hicken” no
era adecuado para el desempeño
del personal y para el cumpli-
El Derecho al Trabajo
miento mismo de las funciones
de la unidad administrativa, por
lo que correspondía adoptar con
carácter inmediato las acciones
preventivas pertinentes, así como
las medidas correctivas tendientes
a subsanar las anomalías
relevadas 91 .
Análisis normativo del caso
Coincide con el análisis anterior,
ya que se trata del mismo
inmueble sito en la calle José
Aarón Salmún Feijoo 555 donde
funciona el Área Escenotécnica
de la Dirección General de Música
del Gobierno de la Ciudad.
Sin embargo, la diferencia en el
presente la hace el tiempo transcurrido
entre la recomendación
emitida por Resolución 3061/05
y esta denuncia.
Por otra parte, se agrega que se
trata también de la preservación
de bienes culturales que se
encuentran a cargo del Estado
local.
En este aspecto, la Constitución
de la Ciudad en el Art.
32 “garantiza la preservación,
recuperación, y difusión del
patrimonio cultural, cualquiera
sea su régimen jurídico y titularidad,
la memoria y la historia
de la Ciudad y sus barrios”, ello
en consonancia con el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales,
Art. 15, inciso 2; con jerarquía
constitucional conf. Art., 75,
Inc. 22 C.N.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
Recae sobre la Administración el
deber de resguardar la integridad
física del personal a su cargo y
los bienes afectados a la prestación
del servicio. La Administración
empleadora está obligada
a proporcionar los medios e
implementar las acciones que
garanticen las condiciones de
seguridad en el ámbito de trabajo
y la custodia de los bienes
afectados al mismo.
Conclusión
Es evidente que el estado actual
del ámbito físico asignado a la
operatoria de las dependencias
del Museo Municipal del Cine
“Pablo C. Ducros Hicken” es
inadecuado para el desempeño
del personal y para el cumplimiento
mismo de las funciones
de la unidad administrativa, por
lo que corresponde adoptar con
carácter inmediato las acciones
preventivas pertinentes, así como
las medidas correctivas tendientes
a subsanar las anomalías
relevadas.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Se resolvió recomendar 92 la
subsanación de la situación y
la intervención de la Directora
General de Protección del
Trabajo, a los efectos de verificar
el cumplimiento de las condiciones
de trabajo previstas por la
normativa en vigor respecto del
personal que revista en el Museo
Municipal del Cine “Pablo C.
Ducros Hicken”.
Políticas especiales de empleo
Espacios para pequeños
comercios para personas con
discapacidad 93
Hechos
La denuncia efectuada por J. O.
105

106
L. en 2007 sostuvo que en su calidad de discapacitado solicitó en
varias oportunidades por escrito la explotación comercial en la línea
H, preferentemente en la estación Once, teniendo en cuenta la Ley
899 de “Espacios para personas con necesidades especiales”.
La empresa Metrovías respondió el 01/10/2007, y se indicó que
dicha estación no había sido habilitada para el servicio público de
pasajeros y, por tal motivo, no podía dar curso la solicitud.
Reiteró el pedido el día 23/10/2007, y el día 26/12/2007 amplió
el escrito sosteniendo que, debido a la reciente inauguración de un
tramo de la línea H, incluyendo la estación Once, que se tuviera en
cuenta su solicitud expuesta con anterioridad.
La nueva respuesta del 28/02/2008 le informó que no había explotación
de locales comerciales en la línea H y que “SBASE no posee
locales comerciales propios”.
Análisis normativo del caso
La autoridad de aplicación de la Ley 899 es la Dirección General
de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos. Tiene a su
cargo el Registro de Lugares Disponibles en todas las estaciones de
subterráneo habilitadas y/o a habilitarse, y los lugares efectivamente
concesionados en virtud de la legislación citada y la posibilidad de
permisionar al requirente a esos efectos.
Por otra parte, la Comisión para la Plena Participación e Integración
de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE) del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, en la que funciona un Registro Laboral
Único de Aspirantes con Necesidades Especiales señaló que el
Registro de Aspirantes para la concesión de pequeños comercios no
se encontraba radicado en esa dependencia, entendiendo que correspondía
a la Dirección General de Concesiones 94 .
- Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (S.B.A.S.E.)
Respondió que por Notas 795 (del 1º de octubre de 2007) y 159
(del 28 de febrero de 2008) se informó al interesado que S.B.A.S.E.
no posee ni explota actualmente locales comerciales en la Línea H.
- Empresa Metrovías
Informó que la concesión a cargo de Metrovías S.A. posee un carácter
netamente nacional, siendo el Estado nacional quien goza del
título de concedente, por lo cual Metrovías S.A. no se encontraría
incluida en el Art. 11 de la Ley 899. Asimismo, agregó que dicha
ley fue sancionada con fecha posterior a la licitación, adjudicación y
firma del contrato de concesión.
- Dirección General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
La Dirección General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, por medio del Informe 1620/DGConc/2008, notificó
a la empresa Metrovías S.A., concesionaria de las líneas de transporte
subterráneo de pasajeros, que no había procedido a efectuar el relevamiento
ni a presentar la información estipulada por el Art. 1 del

Decreto 462/05 95 .
Cabe destacar que la empresa
Metrovías S.A. inició acción de
amparo ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario 8,
el que rechazó in limine la acción
impetrada, confirmando la Cámara
la sentencia de primera instancia.
La Sala I de la Cámara en
lo Contencioso Administrativo y
Tributario consideró que la causa
versa sobre la impugnación de
un acto administrativo emanado
de una autoridad administrativa
del Estado local, por lo que
rechazó el planteo de incompetencia.
Contra esa decisión, Metrovías
S.A. promovió el recurso
de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Superior de Justicia, el
cual fue denegado por la Cámara
por considerar que la apelante
no demostró que la resolución
le ocasione un perjuicio irreparable.
También Metrovías S.A.
dedujo recurso de queja previsto
en el Art. 33 de la Ley 402, el
cual fue rechazado.
Las medidas equiparadoras surgen
como la garantía del derecho
consagrado en las declaraciones,
convenciones, pactos y protocolos
internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional
y con rango superior a
las leyes (Art. 75, Inc. 22 de la
C.N.) ya expuestos en el capítulo
referido al contexto normativo
del presente diagnóstico 96 .
Corresponde señalar que la Ley
nacional 24308 obliga al Estado
a acordar espacios para la explotación
de pequeños comercios,
en toda sede administrativa de
organismos públicos y de las
empresas privadas que brin-
dan servicios públicos, con un
promedio de ingreso de trescientas
personas diarias, a cargo de
personas con discapacidad que se
hallen inscriptos en el respectivo
Registro de Aspirantes.
Dicha ley en su Art. 5 establece
que “Cuando se disponga la
privatización de empresas prestadoras
de servicios públicos, el
pliego respectivo incluirá la obligación
del adquirente de respetar
los términos de la presente ley”.
Es importante destacar lo dispuesto
por el Art. 7 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: “El Estado de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es sucesor de los derechos
y obligaciones legítimas de la
Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, y del Estado
Nacional en las competencias,
poderes y atribuciones que se le
transfieren por los artículos 129
y concordantes de la Constitución
Nacional y de la ley de garantía
de los intereses del Estado
Federal, como toda otra que se le
transfiera en el futuro”.
En concordancia con lo expuesto,
en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la
temática también se encuentra
regulada por el Decreto
1553/97, cuya normativa estipula
que: “Créase en la Secretaría
de Promoción Social el Registro
de Aspirantes a Explotar los
Espacios para Pequeños Comercios
referidos en el Art. 1º de la
Ley Nº 24.308, con ámbito de
aplicación en la Administración
del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires”.
El Art. 2 dispone que: “La
Dirección de Concesiones y
Corresponde señalar
que la Ley nacional
24308 obliga al Estado
a acordar espacios
para la explotación de
pequeños comercios, en
toda sede administrativa
de organismos públicos
y de las empresas
privadas que brindan
servicios públicos, con
un promedio de ingreso
de trescientas personas
diarias, a cargo de
personas con discapacidad
que se hallen inscriptos en
el respectivo Registro de
Aspirantes.
107

La mera inscripción en
el registro no cumple
la función de insertar
laboralmente a los
aspirantes en forma
automática, se requiere
una actividad estatal
tendiente a incrementar
los lugares disponibles de
modo de garantizar que
se cumplan los objetivos
perseguidos por la
normativa citada.
108
Privatizaciones llevará un registro de dependencias pertenecientes al
dominio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
cumplan con las condiciones requeridas por el artículo 1º del Decreto
P.E.N. Nº 795/94”.
A su vez, el Art. 3 establece: “Instrúyase a las Secretarías y organismos
autárquicos dependientes del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a que en el término de veinte (20) días remitan a la
Dirección de Concesiones y Privatizaciones un listado de dependencias
que contengan espacios para la explotación de pequeños comercios
con indicación precisa de uso tentativo. Deberán, asimismo,
informar en dicho término qué espacios se encuentran ocupados en
los establecimientos alcanzados por el artículo precedente”.
El Art. 4 autoriza “...a la Dirección de Concesiones y Privatizaciones
a suscribir los respectivos contratos de concesión para la explotación
comercial de espacios para los pequeños comercios determinados en
el presente decreto”.
Asimismo, se estipuló en el Artículo 6º que: La asignación de los
espacios para pequeños comercios se realizará de acuerdo al siguiente
orden de preferencia: 1) las solicitudes pendientes de resolución, que
se adecuen a esta reglamentación; 2) las solicitudes que se presenten
en lo sucesivo serán otorgadas conforme al orden de antigüedad en
la anotación en el registro creado por el presente decreto hasta cubrir
la totalidad de los espacios que surjan del listado que se confeccionará
conforme al Artículo 2º.
En tanto el Artículo 7º: Podrán acceder a la suscripción de estos
convenios aquellos discapacitados que:a) hayan acreditado su discapacidad,
estableciéndose prioridad para ciegos o disminuidos visuales;
b) estén inscriptos en el registro creado por el Artículo 1º del
presente decreto.
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinó por Dictamen PG 047636 que la firma Metrovías S.A. se
encuentra obligada a reasignar a favor de las personas con discapacidad
las concesiones que, por períodos no determinados, se encontraren
otorgadas a quienes no fueren discapacitados, para la explotación
de pequeños comercios en sus sedes; en cuanto a las concesiones
otorgadas por un tiempo cierto, la norma en estudio establece que,
vencido el plazo de las concesiones, el cumplimiento de la obligación
legal es ineludible, bajo pena de nulidad de las concesiones
acordadas en violación de ella (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala I,
1-09-98, “Alonso, Carlos y otro c/ Universidad de Buenos Aires/Facultad
de Filosofía y Letras s/ Amparo).
Doctrina de la Defensoría del Pueblo
El juego armónico de las normas confirma la obligación del Estado,
tanto en el ámbito nacional como en el orden local, de contribuir
con las acciones necesarias para aumentar la inserción laboral de un
colectivo sistemáticamente excluido de las actividades productivas,

impidiendo así su posibilidad de
satisfacer necesidades básicas a
través de sus propios ingresos.
La mera inscripción en el registro
no cumple la función
de insertar laboralmente a los
aspirantes en forma automática,
se requiere una actividad
estatal tendiente a incrementar
los lugares disponibles de modo
de garantizar que se cumplan
los objetivos perseguidos por la
normativa citada.
Conclusión
En el caso se pone en evidencia
la falta de garantía de los derechos
de las personas con discapacidad
y su derecho de acceso
al trabajo, y el incumplimiento
por parte de la Empresa Metrovías
de las normas tutelares. Esta
situación permitió establecer
fehacientemente la necesidad de
arbitrar las medidas conducentes
a dar cumplimiento a la Ley
899, reglamentada por Decreto
462/2005, procediendo a reservar
los espacios en las estaciones
de transporte subterráneo, para
ser otorgados teniendo en cuenta
el orden de inscripción en el respectivo
Registro de Aspirantes,
haciéndole saber a J. O. L. que
deberá proceder a inscribirse en
el mismo de no haberlo hecho
hasta ahora 97 .
Actividades laborales en el
espacio público:
Permisos para actividades
artísticas 98
Hechos
La presentante M.C.A. firmó el
reclamo juntamente con otros
vecinos autodenominándose
“Asamblea de vecinos de villa
El Derecho al Trabajo
Mitre y Santa Rita”. Se trata
de un colectivo que reclamó en
relación a la negativa del Estado
local a autorizar la realización
de actividades culturales en la
Plaza Roque Sáenz Peña, sita en
la intersección de la Av. Juan B.
Justo y Boyacá.
Originalmente, la Dirección
General de Ferias y Mercados les
había otorgado un permiso para
instalar una feria de artesanos
denominada “El Ceibo”, la que
funcionaba en la plaza señalada
los domingos con todo tipo de
actividades culturales, incluyendo
conjuntos de folklore, tango,
salsa y rock.
La Dirección General de Ordenamiento
del Espacio Público
denegó la autorización para el
uso del predio mediante Disposición
4247/08 y, posteriormente,
emitió la Disposición
5462/08. Resolvió denegar la solicitud,
ya que se entendió que el
uso en ese espacio público produciría
un efecto negativo sobre
los peatones y vecinos invocando
el Art. 26 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el que prescribe que el
ambiente es patrimonio común
y se deben imponer restricciones
con la finalidad de garantizar
a los vecinos un mínimo de
tranquilidad y bienestar, además
de señalar la falta de personería
jurídica, falta de identificación
de los presentantes y de domicilio
constituido.
Por otra parte, surge la existencia
de un conflicto con los vecinos
y, en consecuencia, la existencia
de una causa contravencional
que tramitó por ante el Juzgado
Contravencional, Penal y de
109

La normativa local
expresa jurídicamente el
compromiso de garantizar
el trabajo de aquellos
que lo hacen a través del
desarrollo de actividades
culturales y que utilizan
el espacio público en el
desarrollo de su actividad.
110
Faltas 31, en la que la señora M. C. A. habría resultado imputada
por la presunta comisión de la contravención por ruidos molestos
provocado principalmente por: “...música de alto volumen... que
proviene de la plaza, por las Bandas de Música que tocan en el
lugar...” 99 , y en la que se arribara a un acuerdo de mediación con el
vecino denunciante; lo que permite inferir que las actividades que
se están llevando a cabo en la plaza han devenido en problemas
vecinales por la invasión de ruidos en fincas linderas.
Análisis normativo del caso
En el presente caso se debe considerar el Art. 43 de la Constitución
de la Ciudad por el cual la Ciudad protege el trabajo en todas su formas;
el 32, por el que la Ciudad distingue y promueve las actividades
artísticas; y el Art. 17, por el cual se establece el compromiso de
desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las condiciones
de pobreza y exclusión, todos ellos en armonía con las normas vigentes
referidas a la contaminación ambiental sonora.
Esta normativa local expresa jurídicamente el compromiso de garantizar
el trabajo de aquellos que lo hacen a través del desarrollo de
actividades culturales y que utilizan el espacio público en el desarrollo
de su actividad.
Por otra parte, resulta insoslayable advertir que el objetivo central
del Plan Urbano Ambiental ha sido el de servir para mejorar la
calidad de vida de la población y tender a que todos los ciudadanos
habiten en áreas libres de contaminación sonora y en la práctica,
tanto el Decreto 1239/93 como la Ley 1540 prohíben la ampliación
de sonidos por medios electrónicos en actividades artísticas o colocación
de sistemas electroacústicos de propagación de sonidos en la vía
pública ya sea para difusión de música como de anuncios publicitarios
y propaganda.
Ahora bien, de la lectura minuciosa de las actividades que la “Asamblea
de vecinos” solicita llevar a cabo, se encuentran las teatrales,
títeres, talleres de dibujo, plástica, literatura y biblioteca cuya autorización
se encontraría prevista en los alcances del Decreto 1239/93,
reitérese, siempre que no se produzcan deterioros en los espacios o
impacto negativo, debiendo excluirse la intervención de conjuntos y
bandas de música, las que precisamente han sido mencionadas en el
fallo judicial como las causantes del conflicto vecinal.
Doctrina de la Defensoría del Pueblo
No puede dejar de señalarse que el permiso se solicita para momentos
en los que el descanso y la tranquilidad deben ser prioridad;
vale decir, sábados, domingos y feriados, por lo que resultaría una
imposición indebida al resto del vecindario y provocaría, tal los antecedentes
agregados, conflictos de convivencia.
Con esa excepción, nada obstaría a que se propicie la autorización de
las actividades culturales referidas a teatro, títeres, talleres de dibujo,

plástica, literatura y biblioteca
que no produzcan ruidos molestos
ni alteren el descanso y la
tranquilidad del vecindario.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Se emitió una resolución en la
que efectúan una recomendación
al Subsecretario de Mantenimiento
de Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de que
se considere la posibilidad de
otorgar a la “Asamblea de vecinos
de villa Mitre y Santa Rita”
el permiso para las actividades
culturales de teatro, circo titiritero,
talleres de dibujo, plástica,
literatura e historia barrial, con
la prohibición de ampliación de
sonidos por medios electrónicos
o colocación de sistemas electroacústicos
de propagación de
sonidos, conforme la Ley 1540.
- Ferias de la Ciudad.
Permisionarios. Puestos 100
Hechos
Existen en la Ciudad de Buenos
Aires las denominadas “ferias” de
artesanos, numismática, filatelia,
libros usados y de abastecimientos
101 .
Las ferias de artesanos son
emprendimientos laborales que
surgieron en la vía pública, amparados
en un marco normativo
local y que surgen como parte de
un movimiento contracultural
desarrollado en la década del 60,
asumiendo las peculiaridades del
mismo.
La actividad como tal siempre
conservó características de este
movimiento original, las que
sumadas al trabajo particularmente
individual, le dieron una
impronta un tanto anárquica en
cuanto al desarrollo de las ferias
en su conjunto, que luego se fue
institucionalizando y regularizando
con el tiempo.
Las ferias de artesanos fueron
motivo de denuncias en esta
Defensoría del Pueblo por parte
de permisionarios que vieron
seriamente dificultado su acceso
al trabajo en las mismas. Se
refieren al incumplimiento de
diversos aspectos de la normativa
prevista.
1) Pases de feria y su relación
con la fiscalización previa.
2) Quejas sobre inconvenientes
en las fiscalizaciones, en tanto el
sistema de fiscalización repercute
directamente en la posibilidad
del desarrollo de la actividad de
los artesanos.
3) Incumplimiento del Art. 20
de la Ordenanza 46075/92, en
tanto prevé reuniones mensuales
entre la autoridad de aplicación
y la Comisión de Delegados de
Interferias para, precisamente,
coordinar las políticas relativas al
funcionamiento de las ferias.
Análisis normativo del caso
Estas actividades están reguladas
por el marco normativo de la
Ordenanza 46075/92, sus Decretos
Reglamentarios 435/02 y
662/03, y las ferias, previstas en
la Ordenanza 47046 (manualidades,
compra y venta de revistas
y libros usados, antigüedades,
cassettes y discos usados, objetos
de filatelia y numismática).
En 2007 entró en vigencia
la Ley 2301, que modificó la
Ordenanza 47046 en su Art. 7,
y establece “El Poder Ejecutivo
otorgará los correspondientes
permisos que serán de carácter
eminentemente precario, personal,
intransferible y gratuito,
exigiendo, entre otros requisitos,
la inscripción de los permisionarios
en los tributos impositivos y
previsionales correspondientes.
Los permisos tendrán una duración
anual y serán renovables”.
Por Decreto 2075/07 se aprobó
la estructura orgánico- funcional
del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
creándose la entonces Subsecretaría
de Uso del Espacio Público,
dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y bajo su órbita a
la Dirección General de Ferias y
Mercados.
La Dirección General de Ferias y
Mercados es la autoridad de aplicación
de las Ordenanzas 46075/
MCBA/02 y 47046/CjD/93, y
el Decreto 92/GCABA/04.
El Art. 5 de la Ordenanza
46075/MCBA/92 y el Art. 2
del Decreto 435/GCABA/02
establecen los siguientes emplazamientos
para las ferias artesanales
Plazoleta Santa Fe, vuelta
de Rocha I y II, Plaza Intendente
Alvear, Parque Centenario,
Plaza Manuel Belgrano, Parque
Lezama y Plaza Doctor Bernardo
Houssay.
La Ley 2301 a partir de 2007
incorporó en su Art. 1 a la Plaza
Julio Cortázar a las ferias de
manualidades reguladas por la
Ordenanza 47046/CJD/93.
El Art. 2 de la Ordenanza
47046/CJD/93 establece como
emplazamiento autorizado para
la venta de manualidades a las
ferias de Parque los Andes y
Parque de los Patricios.
111

Del marco que establece la
normativa no se desprende
que deba realizarse una
fiscalización previa al
pase. Sin embargo, en la
práctica éstas se efectúan
para acceder (o no)
a tales pases.
112
El Decreto 92/GCABA/04 incluye a las denominadas Paseo Recoleta,
Humberto 1°, Alberdi, Saavedra, Avellaneda, Centenario, Lezama,
El Retiro y Palermo viejo.
Pases de feria y su relación con la fiscalización previa
De acuerdo con la Ordenanza 46075 y sus decretos reglamentarios,
los permisionarios pueden solicitar el pase de feria a la autoridad de
aplicación. Dichos pases se producen en los meses de mayo y noviembre
de cada año, otorgándose de acuerdo con el siguiente orden
de prelación:
a) los que cuentan con mayor permanencia en la feria de la cual
solicitan el pase;
b) antigüedad de ingreso al sistema.
Del marco que establece la normativa no se desprende que deba
realizarse una fiscalización previa al pase. Sin embargo, en la práctica
éstas se efectúan para acceder (o no) a tales pases.
Las denuncias recibidas permiten inferir la existencia de presiones
y manipulación de pases mediante la aplicación del Art. 16, Inc.
h), que utilizan los delegados y la autoridad de aplicación, lo que
en la práctica se traduce en el otorgamiento de facultades extraordinarias
a la Comisión Técnica Interferias (C.T.I.) que culminan
en la frustración de pases y asignación arbitraria de lugares a otros
permisionarios del sistema. Ello permite concluir que es ineludible
la fiscalización periódica que establece la normativa, la que debe ser
independiente de la solicitud de pase. Por otra parte, es relevante
al momento de la fiscalización que la totalidad de las exigencias del
Art. 13 del Decreto reglamentario 435/02 son de carácter objetivo
(permanencia y antigüedad), evitando la valoración subjetiva que es
la que genera las arbitrariedades.
Pases a sectores que algunos permisionarios entienden que existen
vacantes
Esto surge ante comentarios sobre puestos sin ocupar en diferentes
ferias, lo cual genera expectativas en permisionarios de otras que
desean el pase. La Procuración General emitió el Dictamen 43294,
que establece que, conforme el Art. 10 de la Ordenanza 46075, la
autoridad de aplicación -antes de 2007 era la Dirección General de
Promoción Cultural y, a partir de 2007, con el Decreto 2075/07
es la Dirección General de Ferias y Mercados- es la que determina
los nuevos ingresos, pases, etc., previo informe del Cuerpo o de la
Comisión de Delegados Interferias, según correspondiere.
Inconvenientes en las fiscalizaciones
Algunos artesanos que se sienten disconformes con las fiscalizaciones
realizadas o el resultado de las mismas presentaron planteos.
El sistema de fiscalización repercute directamente en la posibilidad
del desarrollo de la actividad de los artesanos, por lo que deben
extremarse los recaudos para evitar que existan situaciones cuestiona-

les o manejos espurios.
Para garantizar la imparcialidad
de las evaluaciones, es necesario
que las fiscalizaciones se lleven a
cabo mediante el nombramiento
de fiscales del sistema que
no hayan sido impugnados en
forma fundada y aceptada esa
impugnación por la autoridad
de aplicación. Por otra parte, las
fichas técnicas deben contar con
la intervención necesaria de tres
fiscales del mismo rubro, ya que
la llamada “Fiscalización en Comisión”
(en la que intervienen
tres fiscales de distintos rubros)
contraría el Art. 16, Inc. b) del
decreto reglamentario, imponiéndose
que un veedor suscriba
el acta 102 .
Reuniones mensuales
Los delegados de los emplazamientos
feriales sujetos a la Ordenanza
46075 han denunciado
tanto el incumplimiento sobre
diversos aspectos relacionados
con el sistema de pases bajo la
modalidad de intercambio y la
fiscalización de ingresos, como
el incumplimiento del Art. 20
de la ordenanza, en tanto prevé
reuniones mensuales entre
la autoridad de aplicación y
la Comisión de Delegados de
Interferias para, precisamente,
coordinar las políticas relativas
al funcionamiento de las ferias.
La intervención de la Defensoría
del Pueblo permitió la reanudación
del diálogo 103 .
Control sobre emplazamientos
Los inconvenientes planteados
en la Feria Manuel Belgrano con
motivo del comienzo de obras
de remodelación en la plaza del
El Derecho al Trabajo
mismo nombre ha permitido
observar que los permisionarios
se encuentran trabajando
en precarias condiciones y en
situaciones de riesgo (escapes de
gas, entre otros), lo cual permite
concluir que hubiera sido deseable
una actitud más activa del
Ministerio de Cultura en materia
de reubicaciones en tiempo y
forma, de acuerdo a la envergadura
de la obra que comenzaba.
No se adoptaron las previsiones
que las circunstancias exigían ya
que, de acuerdo a las denuncias
recibidas, la feria quedó sujeta
a las decisiones, primero, del
Ministerio de Espacio Público
y, luego, del Director del Centro
de Gestión y Participación
Comunal 13. vale decir, cabe
una participación más activa de
la autoridad de aplicación ya que
las condiciones actuales de trabajo
resultan sumamente precarias.
A los reclamos efectuados y
las situaciones descritas -las
que grafican la difícil situación
social y laboral que padecen los
feriantes- se le suma la prescindente
actitud de los organismos
estatales bajo cuya órbita recae
el control de las actividades en
cuestión.
Ante esta situación, la aplicación
estricta de la normativa vigente,
más allá de las interpretaciones
caprichosas de la Administración
que no puede generar derechos
con actos administrativos que
se alejan de la normativa, es la
única posibilidad de ordenar o
al menos acotar las deficiencias
del sistema, ya que el permitir
que las ferias tiendan en la
práctica a ser autogestionarias
en la evaluación de criterios
El sistema de fiscalización
repercute directamente
en la posibilidad del
desarrollo de la actividad
de los artesanos, por lo
que deben extremarse
los recaudos para evitar
que existan situaciones
cuestionables o manejos
espurios.
113

Resulta necesario
implementar un sistema
prístino y transparente
para evitar la proliferación
de conflictos, que permita
conocer las posibilidades
reales de vacantes.
114
que son absolutamente subjetivos y que están dentro de un
entramado particular de intereses antagónicos, concluye en que las
arbitrariedades se multiplican, generándose los reclamos que hemos
visto en las actuaciones.
Conclusión
Se concluyó que resulta necesario implementar un sistema prístino
y transparente para evitar la proliferación de conflictos, que permita
conocer las posibilidades reales de vacantes. De tal forma que correspondería
que la autoridad de aplicación publique cuáles son las
vacantes que efectivamente hay en la Feria Intendente Alvear, ya que
en mayo de 2007 no se formalizaron los pases.
En cuanto al sistema de fiscalización, repercute directamente en la
posibilidad del desarrollo de la actividad de los artesanos, por lo que
deben extremarse los recaudos para evitar que existan situaciones
cuestionables o manejos espurios. Puede concluirse que la implementación
de una modalidad de doble instancia se impone para
otorgarle objetividad y transparencia al sistema.
Al margen de los problemas generados en el desenvolvimiento diario
de los distintos emplazamientos feriales y que han sido esbozados
con el tratamiento sobre determinados aspectos, tales como la necesidad
de fiscalizaciones, doble instancia y la necesidad de una autoridad
presente en el seguimiento y control, se adviertio una situación
de desorden, ocupación desmedida del espacio público o superposición
de organismos gubernamentales competentes en el otorgamiento
de los permisos.
En la práctica, ello se traduce en un ambiente cada vez más conflictivo
en el ámbito de los distintos emplazamientos, en tanto cada autoridad
de aplicación pugna por instalar cada vez más puestos ocupando
desmesuradamente el espacio público -cada vez más escaso- que
queda en la Ciudad y donde se entremezclan artículos no permitidos
y de reventa.
Por otra parte, entre los propios permisionarios de ambos sistemas
104 se producen sentimientos de recelo y preocupación -e incluso
enfrentamientos entre permisionarios sujetos a distintas normativas-
ante lo que ellos consideran un avance de cada uno sobre su propio
terreno.
Lo expuesto permite concluir que sería conveniente que el sistema se
unificara en una sola normativa que abarque la totalidad y tipos de
emplazamientos, utilizando un criterio racional en el uso del espacio
público.
En este sentido, se efectuó una Recomendacion a la autoridad de
aplicación por Resolución 2759/07 105 .

Decreto 92/04. Irregularidades
cometidas en el ámbito de los
emplazamientos feriales
Hechos
Se denuncian distintas irregularidades
cometidas en el ámbito
de los nuevos emplazamientos
feriales instalados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al
amparo del Decreto 92/04.
La mayor problemática se
relaciona con la tercerización
en la administración del espacio
público, dadas las irregularidades
y arbitrariedades resultantes de
la actuación de entidades de bien
público que, de alguna manera,
pasaron a asumir el control de
las ferias referidas.
El Decreto 92/04 tuvo su origen
en la inquietud gubernamental
de generar nuevas fuentes de trabajo,
lo que ha culminado con la
instalación de distintos predios
feriales en plazas, parques y
paseos de la Ciudad.
Si bien ha sido loable tratar de
favorecer a entidades de bien
público, esto no puede hacerse
en desmedro de los trabajadores
de las ferias, los que han sido
sometidos a situaciones disímiles
y perjudiciales detalladas en las
innumerables actuaciones abiertas
con motivo de las denuncias
recibidas.
Lo que ha provocado este perjuicio
es el desentendimiento
y la ausencia del Estado en la
regulación, control e inspección
sobre las ferias, las que quedaron
libradas a una suerte de
experiencia autogestionaria y en
manos de una asociación civil o
una mutual que pueden instrumentarlas
en beneficio propio,
contrariando el sentido buscado
por el legislador al pautar este
sistema. Máxime, cuando la
mayoría de estas asociaciones no
cuentan con la correspondiente
inscripción en la Inspección
General de Justicia, y el requisito
para su funcionamiento es la
mera inscripción en el Registro
de Organizaciones de Acción
Comunitaria (R.O.A.C.) 106 organismo
perteneciente al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
que no está facultado para controlar
los fondos de reserva de las
asociaciones. En este sentido, se
impone que la autoridad de aplicación
verifique el destino de los
fondos, el estado de los balances,
la emisión de recibos que cumplan
con las formalidades legales
y, especialmente, la verificación
del fondo de reserva 107 .
Al respecto, cabe señalar que el
10 de noviembre de 2006 se le
requirió a la Dirección General
del Ordenamiento del Espacio
Público en el marco de la Actuación
4465/05, informara el
monto del fondo de reserva de
la Feria Plaza Francia correspondiente
a las Plazas Intendente
Alvear, J. J. de Urquiza y Dante
en el lapso en que se le otorgó
el uso mancomunado de ese
espacio del dominio público a la
Fundación Porteña, de conformidad
al Convenio de Tenencia
Precaria suscripto el día 26 de
agosto de 2005 (fs. 290/295).
Inclusive, esa fundación había
iniciado sus tareas sin convenio
firmado con las autoridades.
Se advierte la necesidad de un
mejoramiento estético en los
puestos armados en las ferias
regidas por el Decreto 92/04,
y la previsión de iluminación
115

La reglamentación no ha
previsto un sistema de
impugnación, presencia
de veedores, fiscalización,
refiscalización e instancias
de revisión para los
permisionarios que se
desenvuelven en el ámbito
de competencia de la
Dirección General de
Defensa y Protección al
Consumidor.
116
adecuada para evitar las instalaciones eléctricas precarias que puedan
ocasionar riesgos, tanto para los permisionarios como para el público
en general.
La reglamentación no ha previsto un sistema de impugnación,
presencia de veedores, fiscalización, refiscalización e instancias de
revisión para los permisionarios que se desenvuelven en el ámbito
de competencia de la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor 108 .
Acción de la Defensoría del Pueblo
Cabe señalar especialmente que, en los predios feriales regidos por
esta normativa, se observa una ocupación desmedida así como la
venta de artículos no permitidos y de reventa.
Esta realidad permite propiciar desde este organismo que se imponga
un criterio racional en el uso del espacio público.
En consecuencia se dictó una resolución conteniendo una recomendación
dirigida al Ministerio de Producción del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en los siguientes términos:
a) Se arbitren los medios a fin de publicar en la página web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires el listado de los permisionarios
de los distintos predios feriales y de los puestos vacantes en todas las
ferias, manteniendo dicha información en forma actualizada;
b) se dicte una normativa para los distintos emplazamientos feriales
sujetos a su competencia, que prevea la aplicación de los criterios de
fiscalización, refiscalización, medios de impugnación y doble instancia;
c) arbitre las medidas necesarias para mejorar el aspecto estético de
las ferias, así como el control de las mercaderías expuestas.
Asimismo, se remitió copia certificada de la Actuación 4465/05 a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
efectos que estime corresponder.
Plaza Cortázar 109
Hechos
Ante la ocupación de la vía pública por parte de artesanos, manualistas
y vendedores que desarrollan sus actividades tanto en la plaza
señalada como en sus alrededores, se generó una problemática que
atravesó diversas alternativas, agudizada por las circunstancias económicas
y sociales. En un principio, se llamó “Feria de Manualidades
y Diseño de la Plazoleta Julio Cortázar”.
A comienzos de 2007, las autoridades de la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor llevaron a cabo un censo de
artesanos y manualistas de la Plazoleta Julio Cortázar para reubicarlos
finalmente en el llamado “Paseo Darwin”, reubicación que no
obtuvo los resultados esperados debido a la distancia que la separaba
del polo turístico 110 .
La demora en el otorgamiento de los permisos que habían sido

previstos en la Ley 2301 agudizó
el conflicto, que culminó
el 14 de julio de 2008 con un
amplio operativo policial y
judicial de desalojo del espacio
público y decomiso de mercaderías
111 , que diera origen a la
Causa 21.142/08 caratulada
“GRECZANIK, Severo Federico
Fernando S/ Inf. Art. 83 C.C.”
que tramitara ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contravencional
y de Faltas 16 por
infracción al Art. 83 de la Ley
1472.
Análisis normativo del caso
En un principio, la llamada “Feria
de Manualidades y Diseño
de la Plazoleta Julio Cortázar”
se rigió por las disposiciones del
Decreto 92/04, sancionándose
posteriormente la Ley 1677 y
sucesivas prórrogas que autorizaron
las actividades feriales en el
área y crearon comisiones ad-hoc
para proponer normas que regularan
las actividades artesanales y
feriales 112 .
Por último, la Ley 2301 modificó
parcialmente la Ordenanza
47046 e incorporó a la Plazoleta
Julio Cortázar, añadiéndola en el
punto 10 del Art. 2 del mentado
cuerpo normativo, a fin de que
el Poder Ejecutivo otorgara en
el predio permisos de carácter
precario, personales, intransferibles,
anuales y renovables para la
actividad de manualidades.
Mediación entre las partes en
conflicto
A instancias de la Fiscalía, que
instó la realización de una
mediación entre las partes en
conflicto con el objeto de arribar
a un acuerdo tendiente a resolver
El Derecho al Trabajo
el problema en forma eficaz y
definitiva, se celebró un acuerdo
de mediación con intervención
de los artesanos, vendedores y
manualistas, representantes del
Ministerio Público Fiscal y de la
Defensa, de la Oficina de Acceso
a Justicia y Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos
del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de
la Dirección General del Centro
de Gestión y Participación
Comunal zonal, de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, de la
Dirección General de Tránsito y
de la Dirección General Ferias y
Mercados y representantes de los
vecinos y comerciantes 113 .
De los términos del acuerdo
surge que la instalación de los
nuevos puestos de trabajo en las
adyacencias de la Plazoleta Julio
Cortázar reviste el carácter de
medida experimental sujeta a la
intervención de un Comité de
Seguimiento, quien será, en definitiva,
el que evaluará la marcha
del acuerdo en orden a propiciar
el diálogo entre las partes.
A la fecha el Comité de Seguimiento
continúa las reuniones
previstas en el punto III de
la cláusula novena del citado
acuerdo y no se han producido
nuevos conflictos.
- Situación de vendedores de
tarjetas blancas y azules como
sistema de estacionamiento
medido “trapitos”. Cuida-coches
Proyecto de ley 114
Hechos
Existe en la ciudad de Buenos
Aires un sistema de estacionamiento
en la vía pública, que
consiste en la venta de tarjetas
identificadoras azules, sistema
establecido por la Ordenanza
36261.
Esta actividad es desempeñada
por jubilados y por personas con
discapacidad que encuentran en
el sistema de venta de tarjetas
para estacionamiento un medio
de vida digno. Por tal motivo,
ante los fuertes indicios que en
el año 2008 hacían presumir
que el sistema como tal podía
ser derogado para dar paso a la
concesión por licitación pública
del servicio público de control
de estacionamiento indebido
de vehículos y estacionamiento
tarifado en la vía pública
por Ticketeras -equipamiento,
operación del servicio y mantenimiento
de las instalaciones-,
se denunció ante la Defensoría
del Pueblo que el Gobierno de la
Ciudad había avanzado colocando
Ticketeras y carteles de
“prohibido estacionar” sin previo
aviso, y sin reubicar a las personas
que realizaban la venta de
tarjetas para estacionamiento en
la vía pública.
La actividad de venta de estas
tarjetas azules y blancas se encuentra
permitida en perímetros
especificados por la autoridad
local e identificados para ello.
De manera que quien desea
incorporarse a este sistema debe
estar previamente autorizado
para ello, se lo incluye en un
registro especial y se le da una
identificación que debe exhibir
en la porción de vía pública y
durante el tiempo en que corresponde
que venda las tarjetas.
Al mismo tiempo, estos vendedores
compran las tarjetas al
Gobierno de la Ciudad en la
117

118
Dirección General de Rentas, las venden en su sector de vía pública
y tienen un margen de ganancia que depende de la cantidad que
vendan, ya que el margen de ganancia por unidad es siempre el
mismo. Es decir que gana el Estado local con la venta de tarjetas y
también el vendedor de tarjetas que, al mismo tiempo, contribuye al
ordenamiento del tránsito y al control de infracciones ya que debe
confeccionar una planilla donde las informa a la autoridad vial.
Ante la novedad de que el Gobierno de la Ciudad estaba por licitar
todo el sistema de estacionamiento de la Ciudad y entregarlo por
licitación 115 a una empresa privada, se produjeron fuertes reclamos
por parte del colectivo de vendedores de tarjetas azules y blancas,
que se encuentra integrado por 412 vendedores registrados, conforme
la información de la Direccion General de Rentas (referencia: a
fs. 24/32 de la Actuación 6040/08).
La Resolución SSTransporte 48/08 impulsó la instalación de once
(11) máquinas tickeadoras, dejando a 22 vendedores sin trabajo.
Acciones de la Defensoría del Pueblo
Se iniciaron las respectivas actuaciones, en cuyo marco se solicitaron
informes y se desarrolló una actividad de protección del derecho al
trabajo de vendedores de tarjetas azules y blancas.
Se solicitó a la Dirección General de Rentas que indicara si la venta
de las tarjetas se efectuaba de conformidad con la Ley 2148 de la
Ciudad de Buenos Aires. La respuesta de ese organismo señaló que:
- La cantidad de tarjetas identificadoras de los vendedores de tarjetas
azules (Ordenanza 36261) firmadas durante 2008 fue de 350 renovaciones,
más 48 habilitaciones nuevas a raíz de bajas producidas
(fallecimiento, enfermedad o abandono de la tarea).
- La venta de tarjetas azules ha sido autorizada de conformidad al
inciso c) del Art. 7.1.17 de la Ley 2148, y en tanto no se apruebe
un nuevo régimen (estacionamiento medido) serán de aplicación las
normas que así se establecieron para su funcionamiento.
- Las zonas habilitadas están situadas en Belgrano, Palermo, Barrio
Norte, Once, Caballito, Colegiales, Flores, Liniers, San Cristóbal,
villa Urquiza, Warnes y villa del Parque.
La gestión directa de la Defensoría del Pueblo facilitó la remoción
de los parquímetros y tickeadoras en los Barrio de Recoleta, Balvanera
y San Telmo, ya que el gobierno indicó que estos parquímetros
se habían instalado a título de prueba por sólo 90 días, y que se
estaba trabajando en un proyecto de ley a enviarse a la Legislatura.
Asimismo, durante 2009 se reinstalaron algunos carteles de estacionamiento
en la calle Mansilla, se reimplantó la entrega inmediata de
tarjetas.
Posteriomente¸ en los primeros meses de 2010, desde la DPCABA
se realizaron gestiones ante el Subsecretario de Transporte, quien se
comprometió a relevar las zonas en que se aplica el sistema de las
Ordenanzas 35097, 34478 y 36373 y ampliarlo a otras zonas.

“Trapitos”
En este contexto, con motivo
de la emisión del Programa
“La Cornisa”, del 4/4/2010,
se incorpora la cuestión de los
cuida-coches espontáneos a las
Ordenanzas 35097, 34478 y
36373 en un proyecto de ley que
la Defensoría del Pueblo gira a la
Legislatura de la Ciudad.
El proyecto presentado en su
Art. 2 señala “Entiéndese por
actividad de cuida coches, la
cooperación con el automovilista
o motociclista para ubicar su
vehículo en la zona permitida,
la permanencia en las proximidades
de dicho estacionamiento
para impedir daños a los vehículos
y el compromiso de solicitar
auxilio de la fuerza pública en
caso de observar riesgo de delito
en la zona de su actividad”.
Audiencia pública del 15 de julio
de 2010
En esta audiencia el Subsecretario
de Transporte señaló que “…
estamos haciendo una licitación…
a los señores que trabajan
con las tarjetas azules les digo
que este pliego que estamos presentando
no interfiere en nada
con las tarjetas azules…”.
Conclusión
El reclamo de los vendedores en
defensa de su fuente laboral articulado
desde la Defensoría del
Pueblo tiene a la fecha una perspectiva
de resolución favorable,
en tanto las autoridades se han
mostrado permeables a sostener
el sistema de tarjetas azules, en
forma simultánea con el sistema
que se encuentra en licitación.
- vendedores ambulantes. Ley
1166 116
Hechos
La venta en la vía pública ha
planteado diferentes reclamos
sobre cuestiones relacionadas
con la ocupación del espacio
público en la Ciudad de Buenos
Aires por parte de vendedores
ambulantes.
Esta Defensoría ha recibido numerosas
denuncias en las que se
hace mención a inconvenientes
vinculados a la venta callejera de
diversos elementos, habiéndose
emitido recomendaciones, como
las incluidas en la Resolución
3592/02.
Del análisis de las actuaciones
iniciadas en esta Defensoría,
surgen diferentes situaciones que
pueden resumirse de la siguiente
manera:
- vecinos que denuncian la
presencia de vendedores callejeros,
quienes se suelen instalar
en las aceras que corresponden
a sus viviendas con las molestias
que ello genera (ruidos, suciedad
e inconvenientes para el paso
peatonal, etc.) 117 .
- Comerciantes que denuncian
la competencia desleal generada
por este tipo de actividad precaria
118 .
- vendedores callejeros que
solicitan un permiso para realizar
las tareas y evitar su situación
de precariedad que los expone a
aceptar prácticas ilegítimas para
poder mantener su fuente de
ingresos 119 .
- vendedores callejeros que
manifiestan ser perseguidos
por agentes gubernamentales o
policiales, mientras que algunos
La venta en la vía pública
ha planteado diferentes
reclamos sobre cuestiones
relacionadas con la
ocupación del espacio
público en la Ciudad de
Buenos Aires por parte de
vendedores ambulantes.
119

Explícitamente nos
oponemos a la teoría de
las contravenciones como
conductas predelictuales
porque ésta incorpora
una presunción de
sospecha delictiva en la
conducta contravencional
absolutamente violatoria
del sistema de garantías.
120
de sus colegas trabajan sin inconveniente alguno 120 .
Análisis de la situación al año 2004
La precariedad en la situación de los vendedores ambulantes genera
episodios de corrupción, persecución e injusticia, sumado a la
falta de permisos que hacía imposible, por parte de los organismos
competentes, realizar controles sobre los puesteros y las mercaderías
comercializadas.
Mientras tanto, la Ciudad se ve invadida en su espacio público por
personas que, en su mayoría, intentan sobrevivir en un país con una
fuerte crisis socio-económica.
Los propios vendedores sostienen que son víctimas de persecuciones
por parte de agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o
de la Policía Federal Argentina y, en caso de no aceptar determinados
e ilegales tratos económicos, son erradicados de la vía pública.
Todo habitante de la Ciudad de Buenos Aires fácilmente puede
constatar que existen zonas donde los puestos callejeros se han
constituido en parte de la panorámica urbana. Los sectores aledaños
a grandes estaciones ferroviarias son típicamente utilizados para la
instalación de esta clase de puestos. Constitución, Retiro, Liniers,
Once se unen en la problemática a zonas comerciales, como Caballito
o Flores.
A la indefensión de quienes venden en la vía pública se le agrega la
anárquica ocupación del espacio público, lo cual conlleva en muchas
ocasiones a situaciones de competencia desleal.
Además, deben agregarse los problemas que se ocasionan por la
venta ambulante en las plazas y parques de la Ciudad, como Plaza
Miserere, Parque Lezama, Parque Centenario, El Rosedal, Parque
Saavedra, etc.
En cuanto al control de la venta en la vía pública, debe ser encarada
por agentes de la Unidad Polivalente de Inspecciones y la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, ya que se trata de violación
de normas locales. Sin embargo, en la práctica suele intervenir
la Policía Federal Argentina pese a que no existe convenio alguno
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dicha
fuerza de seguridad.
Existen normativas para sancionar la ocupación indebida del espacio
público (Código de Faltas) y otra diferente para castigar la obstrucción
de la vía pública (Código Contravencional).
Atendiendo a su diferencia ontológica, se entiende que debe dejarse
de lado la prolongada discusión entre la política contravencional y
de faltas y la política criminal.
Como ya se ha señalado en oportunidad de la discusión sobre la
reforma al Código Contravencional, está bien que no se confunda
entre regulación del espacio público y medidas de seguridad o prevención
del delito.
Siempre se sostuvo la opinión contraria a que se mezclen las políticas

de seguridad cuyo contexto es
el crimen y su texto el Código
Penal Nacional, con el sistema
contravencional cuyo fundamento
es el ejercicio del poder de
policía municipal y su finalidad,
la convivencia armónica en el
espacio público.
Por otra parte, el ejercicio del
poder de policía local que implica
el sistema contravencional,
y cuyo texto es el Código de
Convivencia, tutela los siguientes
bienes jurídicos: orden en la
vía pública, lugares públicos y
espectáculos públicos, la convivencia
vecinal, funcionamiento
de los servicios públicos, la
higiene pública, la protección a
personas vulnerables, etc.
Nada tienen que ver en este
debate sobre el sistema contravencional
los argumentos acerca
de la seguridad, el delito, el
aumento de la delincuencia, el
terrorismo, los secuestros.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
Explícitamente nos oponemos a
la teoría de las contravenciones
como conductas predelictuales
porque ésta incorpora una
presunción de sospecha delictiva
en la conducta contravencional
absolutamente violatoria del
sistema de garantías.
Conclusión
Resulta llamativo que instituciones
que avalan el concepto
del control de las actividades
“predelictivas” como finalidad
del Código Contravencional,
utilicen tal normativa para
sancionar a personas cuya única
irregularidad consiste en trabajar
El Derecho al Trabajo
sin permiso.
Evidentemente, estamos ante la
presencia de trabajadores informales
que intentan ganarse el
sustento de la única manera que
pueden. Siguiendo la discutible
lógica de las “actividades predelictivas”,
podemos concluir
que lo realmente predelictivo es
quitarle a la gente la posibilidad
de trabajar.
Obviamente, esta no es la intención
de la Policía Federal Argentina
ni de los Fiscales Contravencionales,
pero es importante
hacer notar que si una persona
trabaja en el espacio público
sin obstruir el paso peatonal ni
vehicular, ni genera molestias a
los vecinos, se encuentra en una
situación de precariedad laboral
y comete faltas, pero no contravenciones.
Por ello, la constante
acción policial y contravencional
contra los vendedores callejeros
debe cesar.
El intento de aplicar el Código
Contravencional a personas que
simplemente intentan ganar el
sustento diario puede ser considerado
como un hecho lindante
con lo persecutorio, ya que no
existe argumento alguno para
“castigar”, de hecho, a quienes
ocupan la vía pública sin autorización.
Decimos castigar, ya
que, si bien las sanciones suelen
no aplicarse (ya que los Jueces
entienden que no se trata de
contravenciones), el secuestro
de la mercadería y la imposibilidad
de trabajar constituye un
real castigo para quien vive de lo
ganado en el día.
Acción de la Defensoría del Pueblo
En este contexto, se dictó una
El intento de aplicar el
Código Contravencional a
personas que simplemente
intentan ganar el
sustento diario puede
ser considerado como
un hecho lindante con lo
persecutorio, ya que no
existe argumento alguno
para “castigar”, de hecho,
a quienes ocupan la vía
pública sin autorización.
Decimos castigar, ya que,
si bien las sanciones suelen
no aplicarse (ya que los
Jueces entienden que no se
trata de contravenciones), el
secuestro de la mercadería
y la imposibilidad de
trabajar constituye un real
castigo para quien vive de lo
ganado en el día.
121

Los permisos son
precarios, por lo que el
Gobierno puede revocarlos
en cualquier momento.
Sin embargo, dicha
precariedad no implica
que se le brinde al Estado
la posibilidad de revocarlo
de manera arbitraria.
122
resolución, en la que se exhortó al Fiscal General de la Ciudad de
Buenos Aires, instruyese a las Fiscalías Contravencionales a su cargo,
sobre la correcta aplicación del Art. 41 del Código Contravencional,
tal como se menciona en los considerandos.
Asimismo, se recomendó al señor Subsecretario de Seguridad Urbana
que sugiera a la Policía Federal Argentina la utilización de un
mismo criterio ante la aplicación del Art. 41 del Código Contravencional,
en lo atinente a que “ocupación de la vía pública” no implica
“obstrucción” de la misma.
Al mismo tiempo, se recomendó al señor Director General de Higiene
y Seguridad Alimentaria disponga controles bromatológicos
periódicos y permanentes en todos los puestos de venta ambulante.
Finalmente, se comunicó a la Unidad Polivalente de Inspecciones el
listado de lugares donde, según denuncias recibidas en esta Defensoría
del Pueblo, se constata la ocupación indebida de la vía pública
por parte de vendedores informales, a los efectos que estime corresponder.
- Permisionarios de puestos de venta de alimentos en la vía pública.
Disposición 0668-DGHYSA-05 emitida por la Dirección General
Higiene y Seguridad Alimentaria 121
Hechos
Los denunciantes manifestaron que, al cumplir con los requisitos
necesarios establecidos por la Ley 1166 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y su Decreto reglamentario 612, les otorgaron los
permisos para llevar a cabo la actividad de venta de alimentos en la
vía pública en determinados lugares.
Después de un tiempo -aproximadamente 6 meses- de encontrarse
establecidos en su lugar de trabajo, y luego de efectuar una inversión
para la compra del escaparate y demás elementos necesarios para el
normal funcionamiento del puesto, 42 permisos fueron revocados
mediante Disposición 0668/DGHySA/05 122 , ya que los lugares de
emplazamiento de los puestos no se encontraban autorizados en el
Anexo I de la Ley 1166.
Cabe aclarar que a esa fecha se habían otorgado un total de 384
permisos, de los cuales 42 fueron dados de baja por un error en el
otorgamiento. Es decir que por una falencia de la propia Administración,
un 11% de los permisos estaban mal otorgados. El Gobierno
“solucionó” el error dando de baja a los 42 mal otorgados, sin
considerar los perjuicios ocasionados a los permisionarios.
Análisis normativo del caso
La Disposición 0668/DGHySA/05 dice en sus considerandos que
“...procede revocar los permisos otorgados irregularmente por un
error involuntario... de modo tal que no existen óbices para el
ejercicio de la potestad revocatoria que tiene, respecto de ellos, la
autoridad de aplicación del régimen, máxime cuando obedece a

azones de legitimidad...”.
En el Art. 2, la misma disposición
establece que “Los titulares
de los permisos de uso revocados,
en tanto cumplan los requisitos
establecidos en la Ley 1166,
podrán solicitar su reubicación
en espacios autorizados por esta
última, debiendo a tal efecto,
presentarse ante la Dirección
General de Higiene y Seguridad
Alimentaria”.
Doctrina de la Defensoría del
Pueblo
Los permisos son precarios, por
lo que el Gobierno puede revocarlos
en cualquier momento.
Sin embargo, dicha precariedad
no implica que se le brinde al
Estado la posibilidad de revocarlo
de manera arbitraria.
Esta potestad constituye una
herramienta para el manejo de la
vía pública y la administración
del espacio común. Las modificaciones
de la Ciudad requieren
de la posibilidad de cambios en
las ubicaciones de los puestos y,
en caso extremo, de su erradicación.
Evidentemente, la potestad de
dar de baja un puesto debe ser
ejercida de manera cuidadosa
y para casos puntuales. En el
presente caso fue utilizada para
solucionar una irregularidad administrativa
surgida del propio
Gobierno. Los permisionarios
resultan ser simples víctimas
de una situación cuyo origen
les es ajeno. La Administración
debe hacerse responsable de sus
propios errores y no transferir el
problema a quienes no cuentan
con mecanismos para solucionarlos.
Acción de la Defensoría del Pueblo
Esta Defensoría del Pueblo
solicitó por nota una solución
integral a los 42 permisionarios
afectados. Asimismo, se citó al
funcionario responsable del área
de venta ambulante de alimentos
para el día 27 de junio de 2005.
En la respuesta de fecha 11 de
abril de 2006 de la Dirección
General Higiene y Seguridad
Alimentaria, respecto de los lugares
dice que “...los lugares que
esta Dirección General ofrece
para la reubicación a aquellos
permisionarios, cuyos permisos
han sido revocados por la
Disposición 0668/DGHySA/05,
son los parques y plazas habilitadas
por Ley 1166/GCABA en
los cuales haya cupo disponible.
Es menester destacar que dicho
cupo va siendo modificado, de
acuerdo a la depuración que se
realiza conforme van venciendo
los permisos y, los respectivos
permisionarios no solicitan la
renovación en tiempo y forma,
o se dan de baja por los motivos
estipulados en la mencionada
normativa...” 123 .
Cuando los permisionarios concurrieron
a la Dirección General
Higiene y Seguridad Alimentaria
a fin de solicitar la reubicación,
los lugares que les ofrecieron (tomando
en cuenta que la mayoría
de los permisos se otorgaron en
el período noviembre/diciembre
de 2004) eran los de menor
rentabilidad.
Reunión
En la reunión mantenida el 16
de agosto de 2006 en esta Defensoría
del Pueblo con personal
de la Dirección General Higiene
y Seguridad Alimentaria con el
fin de abordar las problemáticas
relacionadas con la tramitación
de permisos para venta de alimentos
en la vía pública 124 , surge
que en la actualidad se encuentra
abierta la inscripción en el registro
de postulantes para la obtención
de este tipo de permisos.
En dicha reunión, el fnncionario
por entonces encargado de la
temática informó que los lugares
asignados a los permisos revocados
fueron establecidos oportunamente
por la Subsecretaría de
Control Comunal.
Recomendación
En este contexto, se dictó una
resolucion recomendando a la
señora Directora General de
Higiene y Seguridad Alimentaria
arbitre los medios necesarios a
efectos de otorgar nuevos permisos
a quienes fueron afectados
por la Disposición 0668/
DGHySA/2005, intentando
brindar lugares de similar rentabilidad
de la que tenían antes de
emitida la citada disposición.
Trabajo esclavo. Talleres
clandestinos de confección de
ropa 125
Hechos
Desde hace más de diez años
se vienen denunciando en la
Defensoría del Pueblo una serie
de circunstancias y situaciones
cuya descripción constituye un
panorama de trata de personas y
de trabajo esclavo, producido en
la Ciudad de Buenos Aires, que
afecta a trabajadores extranjeros
y exhibe una cadena de
123

124
explotación que violenta los derechos humanos de los trabajadores,
esclavizados en talleres de costura.
El 30 de junio de 2006, estas situaciones emergen mediáticamente
con el incendio del taller de costura de la calle Luis viale 1269, en
el que fallecieron seis personas. Al tomar estado público, el entonces
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce públicamente
y señala que “hay que dar una pelea frontal, de cuajo contra
estas prácticas salvajes e inhumanas” que refleja que “en lugares,
como a la vuelta de la esquina, se trata a la gente como animales con
redes de reclutamiento de idéntico salvajismo que el de la prostitución”.
Ahora bien, siete años antes del incendio, en 1999, se da inicio en la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a una investigación
de oficio motivada por la gran cantidad de denuncias de abusos
cometidos por la contraparte en la relación laboral, que no tenían
la canalización debida, y la falta de acción de las autoridades locales
y nacionales al respecto. Indica el memorándum de iniciación de la
actuación que: “En atención a que la Policía de Trabajo es un organismo
de competencia local estimo indispensable que se tenga en
cuenta lo verificado tanto en materia de reducción a la servidumbre
(situaciones lindantes con la esclavitud con personas indocumentadas)
y como también, respecto a los obreros de la construcción
(donde está en juego la vida)”. Esta actuación culmina en el dictado
de la Resolución 1283/99 por la anterior Defensora del Pueblo, Dra.
Oliveira. En esta resolución se expone:
La existencia de situaciones abusivas por parte de algún sector de inescrupulosos
empresarios que en circunstancias tales como lo habitualmente detectable en la
conocida esquina de Cobo y Curapaligüe, donde se centraliza la acción tendiente
a someter a trabajadores -en su mayoría indocumentados- a situación cuasi servil,
circunstancia verificada por el Defensor Adjunto, Dr. Alejandro M. Nató… Los
hechos y circunstancias… revelan la necesidad de acentuar la presencia del control
por parte de los organismos del Estado, así como la imperiosa necesidad de establecer
los mecanismos administrativos imprescindibles para la efectivización de las
potestades públicas en aquellas actividades en que, como en lo relativo a la policía
del trabajo, los hechos demuestran lo perentorio de la exigencia de la presencia
ordenadora del poder estatal… lo descripto, puede interpretarse la existencia de
una inadmisible omisión por parte de la Administración Pública local que amerita
la intervención de este organismo de control de Estado, en el ejercicio de las facultades
que la ley le confiere…
Posteriormente, en 2004 se forma la Actuación 1124/04 como
consecuencia de las denuncias de dos trabajadores de nacionalidad
boliviana. El común denominador de estas y las anteriores y subsiguientes
denuncias es el modus operandi coincidente en que estas
personas fueron introducidas en el país -muchas veces el grupo
familiar sucesiva o simultáneamente-, sin las tramitaciones legales
necesarias y sobornando al personal encargado de la vigilancia de
los cruces fronterizos. Una vez en la Ciudad de Buenos Aires, eran y
son obligados a trabajar en violación a todas las normas del derecho

El Derecho al Trabajo
del trabajo y aún más menoscabándolos en su dignidad, libertad,
propiedad y sobre exigiéndolos al límite de sus fuerzas. Nunca se les
habría entregado dinero alguno en concepto de remuneración, ni
de ninguna otra clase, y tampoco les era permitido salir, eran subalimentados
y viven en el taller donde trabajan.
Denuncia del 29 de septiembre de 2005. Talleres clandestinos
G. v. envió a la Defensoría del Pueblo un e-mail 126 conteniendo una
denuncia acerca del funcionamiento de los talleres clandestinos del
sudoeste de la Ciudad. Según el señor G. v. “En los barrios del sudoeste
de la Capital (desde Flores a Liniers) existe una gran cantidad
de talleres clandestinos donde los dueños se llevan fortunas mientras
cientos de trabajadores son salvajemente explotados como si fueran
esclavos y no se les reconoce ningún derecho laboral…”.
Señaló el lugar donde se producen los hechos: “En la zona relevada
que abarca Eva Perón, San Pedrito, Directorio y Lacarra hay
aproximadamente 40 talleres clandestinos, a un promedio de uno
o dos por manzana y la mayoría trabaja para fabricantes coreanos,
argentinos, bolivianos o judíos instalados en comercios sobre la calle
Avellaneda. Una simple recorrida por la zona comercial de esa avenida
nos permitirá encontrar carteles que dicen ‘Se necesita tallerista’,
eufemismo para establecer el contacto con el fabricante...”.
Indicó, asimismo, la modalidad y las características en que se desarrolla
la actividad en estos sitios:
En este tipo de talleres los dueños no pagan aguinaldo, jubilación,
obra social, escolaridad, vacaciones, ni indemnizaciones y obligan
a sus obreros a trabajar con prácticas esclavistas similares a la de los
inicios del capitalismo...
La mayoría de los empleados de estos talleres no tienen documentos
argentinos... fueron traídos desde países limítrofes (mayoritariamente
de Bolivia) con falsas promesas de trabajo estable y salarios en dólares...
Mediante avisos radiales y en diarios de Bolivia se enteran de
las ‘ofertas laborales’ en la Argentina... Quienes los contratan allí les
pagan el pasaje, que luego le cobran aquí descontándolo de su trabajo...
Se los suele traer en grupos de 6 ó 7, preferentemente solos...
Quien va a buscarlos es el propio dueño del taller en la Argentina
o algún familiar directo vinculado al mismo... Cuando llegan acá...
deben trabajar en jornadas que van desde las 6 u 8 de la mañana
hasta las 24 ó 01 de la madrugada con cuatro pequeños intervalos
para desayunar, almorzar, merendar y cenar. Cobran un porcentaje
de las ventas (30 a 40%) lo que les da un promedio salarial de
$400... Duermen en los propios talleres, en pequeñas piezas hechas
con tabiques o camas marineras. Solamente salen los domingos en
la franja horaria de 10 a 19 hs. aproximadamente. Algunos participan
de campeonatos de fútbol, por ejemplo, muy numerosos en el
Polideportivo de Parque Avellaneda, que suelen ser organizados por
los propios dueños que también estimulan el consumo de alcohol
Desde hace más de
diez años se vienen
denunciando en la
Defensoría del Pueblo una
serie de circunstancias
y situaciones cuya
descripción constituye
un panorama de trata
de personas y de trabajo
esclavo, producido en la
Ciudad de Buenos Aires,
que afecta a trabajadores
extranjeros y exhibe una
cadena de explotación
que violenta los
derechos humanos de los
trabajadores, esclavizados
en talleres de costura.
125

En el marco de las
investigaciones se
produjeron declaraciones
testimoniales de vecinos
y de trabajadores de estos
talleres de costura que
corroboraron la dramática
situación y el contexto de
servidumbre que impera
en estos talleres en la
Ciudad de Buenos Aires,
que dan cuenta de una
situación de larga data.
126
durante lo que resta de la única jornada de “descanso”... La comida
de los talleres es muy precaria: algunas verduras y mucho arroz,
fideos, pan, té y mate cocido. Se les suele descontar de su magro
salario en algunos casos también el uso de las piezas a $100 o $200...
Cuando hay quejas de los empleados, se los amenaza con la policía.
Se les dice que no tienen ningún derecho en la Argentina, que nadie
hará nada por ellos y que si molestan el propio dueño llamará a la
policía... Agentes de policía pasan mensualmente por estos talleres
a cobrar “peaje”... También suele haber porcentajes o cuotas aparte
para miembros del sindicato de obreros del vestido, aunque esto suele
ser más esporádicamente... Cuando llegan inspectores, la mayoría
de los empleados es escondida y se aduce que son familiares. Cabe
señalar que la fachada externa de estos talleres es una casa común,
aparentemente familiar... Cada dos o tres años suelen mudarse,
presumiblemente al término del contrato de alquiler. Existen inmobiliarias
que saben perfectamente cuál es el destino de la locación
y cobran un precio “diferencial” por el “riesgo”. Las garantías son
obviamente compradas y existen grupos de paisanos que las publicitan
a menudo por los medios de la colectividad como, por ejemplo,
la estación radial frecuencia latina... Cuando los empleados se hartan
de la superexplotación y se vuelven “quejosos”, algo que ocurre cíclicamente
cada cuatro o seis meses, los patrones los echan a la calle sin
dinero y sin documentos y van a Bolivia a buscar una nueva camada...
La paga suele ser semanal, quincenal, mensual y hasta anual, si
les pagan, porque se conocen muchos casos en que luego de haber
sido súper explotados algunos meses, luego los echaron sin pagarles
un centavo...
Denuncia del 11 de octubre de 2005 sobre el funcionamiento de dos
talleres textiles 127
Se denuncian los talleres ubicados en la calle Eugenio Garzón 3853
y Laguna 940 del barrio de Parque Avellaneda de esta Ciudad, pertenecientes
al señor Juan Carlos Salazar Nina.
También se expresa que se somete a los empleados a jornadas laborales
que van desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, interrumpida
por pequeños lapsos para desayunar, almorzar, merendar
y cenar por un salario aproximado de trescientos pesos mensuales.
Según el texto de la denuncia “Diversos testimonios de ex empleados
y vecinos aledaños aseguran que agentes de la comisaría 40 periódicamente
cobran coimas que oscilan entre los $200 y $300, normalmente
los sábados a la tarde o en la madrugada cuando se organizan
fiestas en el taller de Laguna. Por otra parte, el propio Salazar Nina
se jacta delante de sus empleados y a viva voz de tener protección
de la policía...”. Los denunciantes agregaron que “El taller de Laguna
fue clausurado hace algunos meses por la AFIP. No obstante se
rompió la faja de clausura y se continuó trabajando como si nada
hubiera ocurrido. Ex empleados y vecinos aseguran haber visto

mudar máquinas del taller de
Garzón al de Laguna o viceversa
cada vez que era inminente una
inspección...”.
Acción de la Defensoría del Pueblo
a) Investigación del caso 128
La primera etapa de esta compleja
investigación se inicia
de oficio en el año 1999; en
esa oportunidad se arriba a las
conclusiones señaladas previamente
en el inicio de este tema
y culmina con una resolución
recomendando al entonces
Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que
a través del área competente de
la Administración pública local,
proceda a organizar y establecer
la Policía del Trabajo en el orden
local, fijándole las pautas de
funcionamiento y ordenando las
inspecciones correspondientes
al ejercicio de sus competencias.
La recomendación fue también
comunicada a la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires (Resolución
1283/99).
b) Declaraciones testimoniales
En el marco de las investigaciones
se produjeron declaraciones
testimoniales de vecinos y de
trabajadores de estos talleres de
costura que corroboraron la dramática
situación y el contexto de
servidumbre que impera en estos
talleres en la Ciudad de Buenos
Aires, que dan cuenta de una
situación de larga data 129 . Testimonios
todos ellos concordantes
que confirman lo sostenido por
los denunciantes, acerca del
modus operandi de los talleres
de costura en los que se sometería
a un régimen de explotación
laboral contrario a las leyes a
personas de origen boliviano que
habrían sido traídas a la República
Argentina para desempeñarse
como obreros en dichos lugares.
Inspección
En 2004, se efectuó una inspección
al taller de la calle Campana
192, de esta ciudad. La
inspección fue llevada a cabo por
personal de la Defensoría del
Pueblo, conjuntamente con el
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, y
la Subsecretaría de Justicia y Trabajo
del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, que se desplazó
al local de la calle Campana 129
para realizar una inspección.
Sobre el resultado de la misma
se puede señalar que: En el lugar
atendió la puerta una persona
extranjera de nacionalidad
boliviana, aparentemente con
la residencia en nuestro país
en trámite, y se pudo observar
las condiciones miserables, de
suciedad y desorden del lugar
donde habitaban varias personas:
mujeres, niños y adolescentes.
“En el patio había una puerta de
metal, pintada de color marrón,
con llave que presuntamente
daba a una dependencia que
serviría de depósito a los bienes
de un tal Riveros quien sería el
‘dueño’. El señor… manifestó
que carecía de la llave de ese
local y que no tenía el número
de teléfono del dueño...” 130 .
Funcionamiento del ejercicio del
control de las autoridades administrativas
competentes. Convenio
entre Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la
Nación y las autoridades locales.
127

No hay explicación
jurídica posible a la
decisión del Gobierno
de la Ciudad de haber
acordado año a año
a partir de 2001 con
el Gobierno Nacional
la postergación de la
transferencia del poder
de policía de trabajo
en materia del llamado
“Trabajo a domicilio”
128
Ley 1033 de la Ciudad de Buenos Aires
El 28 de agosto de 2001, entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se firmó el Convenio de Entendimiento
y Acciones Conjuntas en materia de Inspección del Trabajo
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo
entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ratificado por Ley 1033 de la Ciudad.
Este convenio dispuso el cese del poder de policía de la autoridad
nacional y la asunción de éste por las autoridades locales, conforme
la Constitución de la Ciudad. Es decir que el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación, en virtud
de la potestad del ejercicio del poder de policía en materia laboral
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que otorga la legislación
vigente y la Constitución de la Ciudad Autónoma, cesaba a partir
de la fecha de firma de este instrumento en las funciones inspectivas,
y el Gobierno de la Ciudad asumía plenamente dichas funciones
en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cláusula
primera). Según el referido convenio, estas acciones inspectivas se
venían desarrollando en forma conjunta y concurrente hasta la fecha
de la firma del convenio.
Renuncia de las autoridades locales al ejercicio del poder de policía en el
régimen de trabajo a domicilio. Incumplimiento de la Ley 265 y de los
artículos 43 y 44 de la Constitución local.
Sin embargo, estos propósitos enunciados no se llevarían a cabo en
lo relacionado con el régimen de trabajo a domicilio contemplado
en la Ley 12713. En efecto, en primer lugar, no hubo transferencia
de competencias en materia de policía del trabajo en lo relativo a la
cuestión de los talleres, en razón de que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación suscribieron el 28 de febrero de 2001 el “Protocolo
Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas en
materia de Inspección del Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa del Trabajo”.
Este protocolo adicional establecía en su cláusula segunda que el Ministerio
de Trabajo de la Nación continuaría ejerciendo las facultades
de autoridad de aplicación en lo que respecta al régimen especial
previsto en la Ley 12713 para los trabajadores a domicilio, contempladas
en el Art. 15 de la referida ley por el plazo de un año. Este
protocolo, a su vez, fue prorrogado a su vencimiento sin solución de
continuidad hasta 2006.
Resultan relevantes dos circunstancias:
1) Tampoco se realizaron las inspecciones conjuntas previstas en
la cláusula primera del convenio ratificado por la Ley 1033. En
este sentido, tanto el Gobierno de la Ciudad como el Ministerio

de Trabajo de la Nación
reconocieron en sendos informes
que no se realizaron inspecciones
conjuntas con el objeto de
verificar el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley 12713
(Trabajo a domicilio).
2) Asimismo, ambas agencias
gubernamentales negaron haber
recibido denuncias referidas a
la explotación de trabajadores
extranjeros indocumentados
y su familia en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ver fs. 17, 25, 31/36 de la
Actuación 1277/04).
Esto significó que:
• no existía una adecuada protección
de los trabajadores;
• no existía un mecanismo de
inspecciones que vigilara su
cumplimiento.
El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la
Nación no tenía organizado un
cuerpo de inspectores que pudiera
hacer frente al fenómeno de
los talleres clandestinos, como lo
había acreditado la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad en la
Actuación 1267/99.
El Gobierno de la Ciudad, por
su parte, pese a la sanción de
la Ley 265, suscribió acuerdos
con la Nación mediante los
cuales mantuvo sin cambios la
situación relativa a las inspecciones
de los talleres sometidos al
régimen de trabajo a domicilio.
Estos acuerdos estaban en contra
de lo dispuesto en el Art. 44 de
la Constitución de la Ciudad.
En efecto, de acuerdo con el Art.
44 de la Constitución porteña,
la Ciudad “Ejerce el poder
de policía de trabajo en forma
irrenunciable, e interviene en la
El Derecho al Trabajo
solución de los conflictos entre
trabajadores y empleadores”.
Por lo demás, el Art. 6 de la
Constitución porteña determina
que las autoridades constituidas
tienen mandato expreso, permanente
e irrenunciable del Pueblo
de la Ciudad, para que en su
nombre y representación agoten
en derecho las instancias políticas
y judiciales para preservar
la autonomía y para cuestionar
cualquier norma que limite la
establecida en los Arts. 129 y
concordantes de la Constitución
Nacional.
En consecuencia, no hay explicación
jurídica posible a la decisión
del Gobierno de la Ciudad
de haber acordado año a año a
partir de 2001 con el Gobierno
Nacional la postergación de la
transferencia del poder de policía
de trabajo en materia del llamado
“Trabajo a domicilio” (Ley
12713), máxime sabiendo que el
Ministerio de Trabajo de la Nación
carecía de los medios materiales
y de la voluntad política de
llevar a cabo adecuadamente esta
delicada función.
De manera tal que, cuando se
realiza la inspección conjunta a
instancias de la Defensoría del
Pueblo con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social,
las copias de los informes elaborados
en función del procedimiento
labrado bajo número de
acta 16175/04 no fueron remitidos
a la Defensoría del Pueblo.
Direccion General de Protección
del Trabajo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires
Síntesis del informe firmado por
el Director General de Protec-
ción del Trabajo del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires:
- Las inspecciones que tengan
por objeto la verificación del
cumplimiento de las disposiciones
de la Ley 12713 (Trabajo
a domicilio) no son realizadas
conjuntamente con funcionarios
del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social,
siendo el organismo nacional
citado el encargado de efectuarlas.
Excepcionalmente, cuando
existen dudas razonables de la
situación que se pueda constatar,
se realizan en forma conjunta los
actos inspectivos actuando cada
organismo dentro del marco de
su competencia.
- No se había confeccionado el
Registro de Infractores contemplado
en la cláusula séptima del
“Convenio de Entendimiento
y Acciones Conjuntas en materia
de Inspección del Trabajo
y Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa del Trabajo
entre el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Formación de Recursos
Humanos de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” (Ley 1033
Anexo Convenio 44/01, cláusula
primera). Sólo se había conformado
un “Registro de Infractores
en esa Dirección General,
encontrándose en ese momento
en tratativas con el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
a los efectos de la confección
de un registro definitivo”.
- Con relación a si se habían
recibido denuncias en el curso
de los tres últimos años por
la explotación de trabajadores
extranjeros indocumentados y
su familia, susceptibles de ser
129

En el caso concreto, la
lectura de la denuncia
y los testimonios
recolectados condujeron a
inferir que, más allá de la
infracción a la normativa
relativa al régimen de
trabajo a domicilio (Ley
12713) y a la infracción
a la Ley de Migraciones
(Ley 25871), existe en las
conductas denunciadas
“un plus insoslayable que
concierne a la afectación
de los bienes jurídicos
de la libertad y dignidad
humanas, a los derechos
humanos de las personas
que trabajan en estas
condiciones”.
130
enmarcados en las disposiciones de la Convención Suplementaria
sobre Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las
Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de la Organización
de las Naciones Unidas, el funcionario dijo que “...en cuanto a
las denuncias recibidas en el curso de los últimos tres años por la
explotación de trabajadores extranjeros indocumentados, lamento
informarle que consultados los registros informáticos de la Dirección
General a mi cargo no resulta posible dar respuesta a lo solicitado
por cuanto no existe información sobre el particular” 131 .
Dirección Nacional de Relaciones Federales del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación: Síntesis del informe:
- No se realizan inspecciones conjuntamente con funcionarios de
la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, que tengan por objeto la verificación
del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 12713 (Trabajo a
domicilio).
- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
continuaba ejerciendo en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires las facultades de autoridad de aplicación que le
otorga el Art. 15 de la Ley 12713, para los trabajadores a domicilio
hasta el día 31 de marzo de 2005, fecha a partir de la cual se haría
cargo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- No había recepción de denuncias referidas a la explotación de
trabajadores extranjeros indocumentados y su familia en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El funcionario firmante
expresó que “...Se deja aclarado que de las inspecciones realizadas en
Trabajo a Domicilio como las del Plan Nacional Regulación del Empleo,
alguna vez se han detectado trabajadores extranjeros indocumentados,
en esos casos se puso en conocimiento a la Dirección de
Control Migratorio (dependiente del Ministerio del Interior), como
así también a la AFIP...”.
b) Denuncia penal. Causa 15.803/05 del Juzgado en lo Criminal y
Correccional 10, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini
La acción penal se encuentra fundamentada en el Art. 34 de la Ley
3, que establece que cuando el Defensor o Defensora del Pueblo, en
razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo tome conocimiento
de hechos presumiblemente delictivos de acción pública,
debe denunciarlo de inmediato al juez competente. Sobre esta base y
habiendo practicado las diligencias mínimas que reclama la elemental
prudencia en esta materia y, en virtud también de lo establecido
en el Art. 174, Inc. 1 del Código Procesal Penal de la Nación, se
evaluó que resultaba ajustado a derecho formular las correspondientes
denuncias penales, sin perjuicio de continuar la investigación
del caso por las vías establecidas en los Arts. 31 y concordantes de la
referida Ley 3.

En el caso concreto, la lectura
de la denuncia y los testimonios
recolectados condujeron a inferir
que, más allá de la infracción a la
normativa relativa al régimen de
trabajo a domicilio (Ley 12713)
y a la infracción a la Ley de Migraciones
(Ley 25871), existe en
las conductas denunciadas “un
plus insoslayable que concierne
a la afectación de los bienes jurídicos
de la libertad y dignidad
humanas, a los derechos humanos
de las personas que trabajan
en estas condiciones”.
En efecto, las terribles condiciones
de alojamiento, alimentación
y trato al que habían
sido sometidas esas personas y
sus familias, unidas a la intimidación
permanente, ya sea por
amenazas, hechos de violencia o
la real o supuesta relación con la
autoridad policial, excede toda
consideración en torno a la temática
estrictamente laboral o de
política migratoria nacional.
En estos casos aparece claramente
que los trabajadores extranjeros
cuya situación de residencia
los hacía vulnerables habían sido
traídos al país contrayendo de
esta manera deudas en concepto
de pasajes, alojamiento y comida,
y que presuntamente debían
saldarlas con su trabajo personal
en estos talleres. También surge
de esos elementos de juicio que
los servicios que debían prestar
no habrían estado claramente
definidos por cuanto ni las
condiciones de trabajo, ni los
descansos, ni la remuneración,
ni las tareas estaban claramente
delimitadas, por cuanto el
patrono las cambiaba de acuerdo
a sus intereses. Tampoco esta-
ba delimitada la duración del
servicio, ni la forma en que se
imputaba el servicio al pago de
las deudas, las que presuntamente
eran incrementadas mediante
técnicas de embrutecimiento,
como la imposición del consumo
de alcohol o la reducción también
arbitraria de las remuneraciones o
directamente su no pago. De esta
manera, los trabajadores y sus familias
habrían quedado atrapados
en un círculo opresivo del que
no podían salir. Por otra parte,
la presunta práctica de retener la
documentación para evitar que se
fueran del lugar, unidas al encierro
en los talleres y la exhibición
de una presunta relación de complicidad
con funcionarios policiales
son mecanismos aparentemente
idóneos para atentar contra la
libertad de esas personas.
En esos términos, se consideró
también prudente formular la
correspondiente denuncia por el
delito previsto y reprimido en el
Art. 140 C.P. (reducción a servidumbre).
Petición de medidas concretas de
protección a las victimas
La denuncia penal fue
necesariamente acompañada de
la petición de medidas concretas
de protección y asistencia social
de las presuntas víctimas de esos
delitos, que afectan a un número
considerable de personas,
incluyendo niños pequeños,
los que pueden ser privados
del lugar en que viven y de sus
escasos medios de subsistencia,
si no se adoptan los recaudos
necesarios con la urgencia que
el caso amerita para impedir
que se vean en una situación de
desamparo generada a partir de
131

La CIDH señaló
recientemente que
la prohibición de la
esclavitud y prácticas
similares forman parte
del derecho internacional
consuetudinario y del jus
cogens. La protección
contra la esclavitud es
una obligación erga
omnes y de obligado
cumplimiento por parte
de los Estados, que
emana de las normativas
internacionales de
derechos humanos.
132
la intervención de la Justicia. En ese sentido, corresponde exigirle
al Estado que se haga cargo de la protección de esas personas en
los términos de los Arts. 6, 7, 8 y 9 del Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, ratificada por Ley 25632 132 . De acuerdo
con el referido protocolo el Estado tiene el deber de prestar en estos
casos la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y
social, de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos
a situaciones extremas o al riesgo de una re-victimización.
Ampliaciones de la denuncia penal
Con la investigación abierta, se continuaron recibiendo denuncias
en la Defensoría del Pueblo que impulsaron sucesivas ampliaciones
de la denuncia penal. Hasta la elaboración del presente informe se
produjeron cuatro ampliaciones; la última, en 2009 133 .
Análisis normativo del caso en el marco del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
Por la naturaleza de los bienes jurídicos en cuestión, ya que se encuentran
vulnerados los derechos a la libertad, a la dignidad y a no
ser objeto de explotación, todos estos componentes básicos y fundantes
del derecho humano al trabajo en todos sus aspectos, como
también en razón de los actores involucrados es que resulta ser una
cuestión de Derechos Humanos que exige un tratamiento específico
y el seguimiento estrecho y permanente de la Defensoría del Pueblo.
En primer lugar, hay que decir que, efectivamente, el derecho
nacional e internacional reconoce explícitamente los mencionados
derechos.
El reconocimiento explícito de esos derechos contiene, además, un
programa detallado de acción que el Estado debe realizar bajo apercibimiento
de incurrir en responsabilidad internacional e interna.
Esto es fácilmente comprobable a través de la lectura de los instrumentos
internacionales incorporados al texto de la Ley Fundamental
a partir de la reforma de 1994 (Art. 75, Inc. 22 C.N.).
- Declaración Universal de Derechos Humanos, Arts. 1, 2, 3y 4, 23,
24 y 25.
- Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Arts. 1, 2, 14
, 15 y 16.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 8.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, Arts. 6 y 21.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Arts. 6, 7, 8, 9 y 10.
- Protocolo Adicional de 17 de noviembre de 1988 a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”,
artículos 6, 7 y 9.

- Convención Suplementaria
sobre la Abolición de la Esclavitud,
la Trata de Esclavos y las
Instituciones y Prácticas Análogas
a la Esclavitud de Naciones
Unidas 134 .
- OIT Convenio C29, relativo a
la abolición de trabajo forzoso,
1930 135 .
La CIDH 136 señaló recientemente
que:
La prohibición de la esclavitud y
prácticas similares forman parte
del derecho internacional consuetudinario
y del jus cogens. La
protección contra la esclavitud
es una obligación erga omnes y
de obligado cumplimiento por
parte de los Estados, que emana
de las normativas internacionales
de derechos humanos.
Asimismo, la esclavitud y el
trabajo forzoso practicados, por
funcionarios públicos o particulares,
en contra de cualquier
persona, constituyen no solo una
violación de los derechos humanos,
sino también representan
un delito penal internacional
independientemente de que un
Estado haya ratificado o no las
convenciones internacionales
que prohíben estas prácticas.
La opinion de la Comision
Interamericana resulta aplicable
mutatis mutandi al caso de los
talleres clandestinos de la Ciudad
de Buenos Aires.
Conclusión
1) Existe incumplimiento por
parte del Estado nacional de sus
responsabilidades en el marco
de los compromisos internacionales
de derechos humanos con
jerarquía constitucional en la
El Derecho al Trabajo
situación descripta; circunstancia
que, de no encontrar una solución
en el ámbito interno, habilitaría
la posibilidad de instar los
mecanismos internacionales de
derechos humanos.
El relato de los hechos pone seriamente
en duda que el Estado
local, tanto como el nacional,
hayan sabido actuar con la diligencia
que reclama esta normativa
en lo concerniente al respeto
y protección de los derechos de
las personas que habrían resultado
víctimas de las conductas
denunciadas.
2) El fenómeno no se reduce a
casos puntuales sino que tendría
amplias ramificaciones insospechadas.
3) Investigación sistémica: Se
plantea la necesidad de proceder
de conformidad con lo dispuesto
en los Arts. 23 y 24 de la Ley
3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires realizando una
investigación sistémica relativa
a la existencia de formas contemporáneas
de esclavitud en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La esclavitud y el trabajo
forzoso, practicados por
funcionarios públicos o
particulares, en contra
de cualquier persona,
constituyen no solo una
violación de los derechos
humanos, sino también
representan un delito
penal internacional
independientemente de que
un Estado haya ratificado
o no las convenciones
internacionales que
prohíben estas prácticas.
133

CAPÍTULO 6
El trabajo forzoso en
talleres de costura
clandestinos se erige como
la cuestión de mayor
gravedad en relación al
incumplimiento de las
garantías del derecho
humano al trabajo.
En materia de
discapacidad e igualdad de
oportunidades laborales,
la brecha entre el
paradigma supranacional
y la real creación de
oportunidades e igualdad
de trato es muy grande.
Se observa un escaso
cumplimiento normativo.
CONCLUSIONES
Planteamos al incio de este diagnóstico que su objeto es presentar un
panorama sobre el grado de cumplimiento del paradigma supranacional
que plantea el derecho humano al trabajo, tanto en su vigencia
normativa como en su realización sociológica.
Así, debemos referirnos a los distintos contextos y cuestiones por
separado y señalar las conclusiones según cada uno de ellos. Se ha
puesto en evidencia que existen diversos grados de incumplimiento
y de violaciones de menor y mayor intensidad.
En este orden de pensamiento, cabe señalar que existe una brecha
entre el desarrollo normativo y la realización del derecho en el plano
individual y colectivo.
Así, en materia de empleo público esta situación puede observarse
respecto de las contrataciones en el marco del empleo publico.
Es en este contexto contractual donde se verifica mayor vulnerabilidad,
no por la contratación en sí misma o por su naturaleza transitoria,
sino por la forma en que se la utiliza; es decir, cuando el contrato
de locación de servicios y la transitoriedad se convierten en situaciones
permanentes manteniendo el estatus de transitorio, esto vulnera
derechos, en especial, genera una situación de desigualdad y se lesiona
el principio por el cual los trabajadores deben gozar de condiciones
justas equitativas y satisfactorias de trabajo. Esta circunstancia es
vulneratoria del derecho humano al trabajo. Es el Estado local quien
debe establecer y gestionar mecanismos transparentes de ingreso.
Otro aspecto donde el Estado local debe gestionar y fiscalizar, para
garantizar el ejercicio de derechos, es en materia de uso racional
del espacio público y trabajo. En este contexto se presentan varias
cuestiones de las que emergen conflictos en los que se pone en juego
el derecho al trabajo y en evidencia la necesidad de adoptar, sostener
y profundizar políticas sociales progresivas y no regresivas, y
que impacten positivamente en el derecho humano al trabajo de los
sectores de población con mayor vulnerabilidad.
Tal es el caso de los cuida coches y de los vendedores de tarjetas azules
y blancas; de las ferias y artesanos; de los vendedores ambulantes.
En materia de discapacidad e igualdad de oportunidades laborales, la
brecha entre el paradigma supranacional y la real creación de oportunidades
e igualdad de trato es muy grande. Se observa un escaso
cumplimiento normativo. En esta materia, el juego armónico de las
normas confirma la necesidad de mayores acciones del Estado nacional
y local -como garante del cumplimiento de los instrumentos
supranacionales con jerarquía constitucional e infraconstitucional,
pero superior a las leyes- de contribuir con las acciones necesarias
para aumentar la inserción laboral de un colectivo sistemáticamente
excluido de las actividades productivas, impidiendo así su posibilidad
de satisfacer necesidades básicas a través de sus propios ingresos.
El trabajo forzoso en talleres de costura clandestinos se erige como
135

La existencia del trabajo
forzoso en talleres de
costura clandestinos,
moderna forma de
esclavitud característica de
la explotación económica,
está especialmente
contemplada como delito
penal internacional.
136
la cuestión de mayor gravedad en relación al incumplimiento de las
garantías del derecho humano al trabajo; lo constituyen las denuncias
sobre trabajo forzoso o esclavo en talleres textiles que desarrollan
su actividad en abierta violación al derecho humano al trabajo.
Al respecto, se corroboró la falta de ejercicio del poder de policía
del Estado local, quien tiene el deber de garantizar el cumplimiento
de las leyes laborales, dentro del marco de las normas de derechos
humanos.
La existencia de esta moderna forma de esclavitud, característica de
la explotación económica, está especialmente contemplada como
delito penal internacional.
Considerando que la situación expuesta exhibe la abierta violación a
los derechos humanos fundamentales de estos trabajadores ilegales,
y que se trata de una situación de violación sistemática en el orden
local que se produce ante la falta de control de las autoridades, de
su inacción y muchas veces de la complicidad, se reúnen circunstancias
que le imprimen a la cuestión los elementos necesarios -ante
el agotamiento de los medios internos- para activar los mecanismos
internacionales de protección y defensa de los derechos humanos,
que la República Argentina ha ratificado y se encuentran en vigencia
con jerarquía constitucional.

137

CAPÍTULO 7
APéNDICE NORMATIvO
Y DE FUENTES
Derecho humano al trabajo
Normativa supranacional:
- Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 4, 23 y 24.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
artículos 6, 7 y 10.
- Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, Art.
32.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, Art. 5.
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, Art. 11.
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratificada por la República Argentina el 2 de septiembre de 2008,
Art. 27.
- Declaración Americana de los Derechos del Hombre, artículos 14
y 15.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San
José de Costa Rica, Art. 6.
- Protocolo Adicional de 17 de noviembre de 1988 a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador, artículos
6 y 7.
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
violencia Contra la Mujer - Convención De Belem Do Para.
Organización Internacional del Trabajo y los derechos humanos:
- Convenio C111, relativo a la discriminación en materia de empleo
y ocupación, 1958.
- Convenio C100, sobre igualdad de remuneración, 1951.
- Convenio C29, sobre el trabajo forzoso, 1930.
- Convenio C105, relativo a la abolición de trabajo forzoso, 1957.
- Convenio C156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares,
1981.
- Convenio C159, sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas), 1983.
- Convenio C182, en el cual se determinan y prohíben las peores
formas de trabajo infantil, 1999.
- Convenio C87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948.
- Convenio C98, sobre el derecho de sindicación y de negociación
139

140
colectiva, 1949.
Normativa nacional:
- Constitución Nacional: Arts. 14, 14 bis, 16, 20 y 75, Inc. 22.
- Ley de Régimen Laboral 25877.
- Ley de Contrato de Trabajo 20744.
- Ley de Protección del Trabajo 24013.
- Condiciones de Higiene y Seguridad Laboral. Ley 19587.
- Ley de Riesgos de Trabajo LRT. 24557.
- Ley de Reforma Laboral 25013.
Normativa de la Ciudad de Buenos Aires:
- Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: Art. 43, 44 y 45.
Normas laborales generales:
- violencia Laboral. Ley 1225.
- Poder de Policía del Trabajo. Ley 265.
- Espacios para personas con necesidades especiales. Ley 899.
- Decreto 1553/97.
- Administración centralizada: Art.104, Inc. 9 CCABA, Ley 471
y decretos reglamentarios 826/01, 827/01 (reglamenta régimen licencias),
2183/03 (régimen de disponibilidad), 465/04 (reglamenta
título II), 986/04 (Escalafón Gral. para el Personal de Planta Permanente
de la Adm. del GCABA), 1716/05 (reglamenta licencias por
largo tratamiento) y estatutos especiales. Relaciones (Art.5 y 66, Ley
471).
- Incorporación de personas con necesidades especiales al Sector
Público de la Ciudad. Ley 1502.
Docentes:
- Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Ordenanza 40593 y sus modificaciones, reglamentada por Decreto
611/86 y sus modificaciones.
Trabajadores de la salud. Carrera médica:
- Ordenanza 41455/86 (B.M. 17.920).
- Su modificatoria, la Ordenanza 41783/87 (B.M. 17.958).
- Su reglamentación, el Decreto 2745/87 (B.M. 18.047).
- Modificaciones posteriores:
- Ordenanza 42738/88 (B.M. 18.313).
- Decreto 3544/91 • SIMUPA (B.M. 19.131).
- Decreto 1625/94 (NP).
- Decreto 282/96 (NP).
- Referencias a Ley 471 (BOCBA Nº 1.026/2000) Reglamentación
aprobada hasta la fecha: Capítulo XII en Decreto 826 y Capítulo vI
en Decreto 827 - BOCBA Nº 1.225/ 2001).
- Referencias Decreto 706/99 (BOCBA Nº 680/99) y Memo 462/

DGAS/DC/99 (Área de Investigación).
- Poder Legislativo: Arts. 75
y 76 CCABA, Decreto 87/
LCABA/04.
- Poder Judicial: Art.116, Inc. 5
CCABA, reglamentos del Consejo
de la Magistratura, Art. 114
CCABA y reglamento, Tribunal
Superior.
Organismos de control:
- Sindicatura General, Art. 133
CCABA y Ley 70/SG; Procuración
General, Art. 134 CCABA
y Ley 1218/PG.
- Auditoría General, Art. 135
CCABA y Ley 70 y 325/AG.
- Defensoría del Pueblo, Art.137
CCABA y Ley 3/DP.
- Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos, Art. 138
CCABA y 210/ER.
- Consejo Económico y Social,
Art. 45 CCABA, Ley 3317.
Casos especiales:
- ObSBA. Ley 472, Arts. 26 y
36.
- Banco Ciudad. Ley 1779, Art.
43.
- Instituto Juegos de Apuestas.
- Ley 916, Art.5, Inc. h.
Ferias de la Ciudad.
Permisionarios. Puestos.
- Ordenanza 46.075.
- Ordenanza 47046.
- Decretos Reglamentarios
435/02 y 662/03.
- Decreto 2075/07 y sus modificatorios
132/GCABA/08 y
1017/GCABA/09 establecen
que la Dirección General de
Ferias y Mercados es autoridad
de aplicación de las Ordenanzas
46075/MCBA/02 y 47046/
CjD/93.
- Decreto 92/GCABA/04.
- Disposición 539
-DGFYME/10 (BOCBA Nº
3460 del 14/07/2010).
- Disposición 682/
DGFYME/2010. Ferias Itinerantes
de Abastecimiento Barrial
(FIAB).
- Ley 2301 Plaza Julio Cortázar.
Actividad: Manualidades.
- Ley 1.166 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y su
Decreto reglamentario 612. Permisionarios
de puestos de venta
de alimentos.
Apéndice de fuentes
- Informes Anuales 2004-2005-
2006-2007-2008-2009 de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- Actuaciones de la DPCABA
citadas en cada problemática.
- Anuarios Estadísticos de la
Ciudad de Buenos Aires 2008 y
2007.
- Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Informe s/
Comunidades cautivas: Situación
del Pueblo Indígena Guaraní
y Formas Contemporáneas
de Esclavitud en el Chaco de
Bolivia.
- Bidart Campos, G. Manual de
la Constitución Reformada, T II
(1) CAP XX.
- Germani, Gino. Sociedad y Estado
en América Latina, Cap. vI.
- Report on bonded labour by the
Special Rapporteur on contemporary
forms of slavery. http://
www2.ohchr.org/english/issues/
slavery/rapporteur/index.htm
- Jurisprudencia:
. Corte Suprema de Justicia de
la Nación en A. 2652. XXXvIII.
RECURSO DE HECHO
Aquino, Isacio c/Cargo Servicios
Industriales S.A. s/accidentes ley
9688. 21/09/ 2004.
. Corte Suprema de Justicia de
la Nación de “Ekmekdjian c/
Sofovich”.
. Corte Suprema de Justicia de la
Nación “Madorrán, Marta C. c/
Administración Nac. de Aduanas”,
03/05/2007.
Corte Suprema de Justicia de la
Nación “Ramos, José Luis c/Estado
Nacional (Min. de Defensa
- A.R.A.)”.
. CNAT, Sala II, 21-7-95,
“Tolck, Patricia y otro c/Inst. de
Obra Social del Ministerio de
Economía”.D.T. 1995, B, pág.
1628.
. Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo 37 Expte.
21.021/2004 Autos: “Asociación
Panaderos de Capital Federal y
otro c/Poder Ejecutivo Nacional
y otro s/ Amparo”. Sentencia
Interlocutoria Simple: 900/04.
Buenos Aires, 13 de octubre de
2004.
141

142
Notas
1 Declaración Universal de Derechos Humanos, articulo 23.
2 192 estados miembros de UN.
3 OIT, fundada en 1919, en 1946 se convierte en la primera agencia especializada
de las Naciones Unidas.
4 CUDH, Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre,
a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.
5 PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, del
16 de diciembre de 1966.
“Art. 6 Derecho al trabajo
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar,
que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse
la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas
adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes
en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar
la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas
y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural
constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las
libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
Artículo 7: Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren
en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones
de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme
a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo,
a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores
de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las
horas de trabajo y las
variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días
festivos.”

6 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación
por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de
1989 Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el Art. 49.
“Art. 32. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para
su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas,
sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese
propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos
internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones
de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar
la aplicación efectiva del presente artículo….”.
7 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación Racial.
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en
su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965.Entrada en vigor: 4 de
enero de 1969, de conformidad con el Art. 19.
“Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo
2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir
y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de
toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional
o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual
salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria;
ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse...”.
8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer.
Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea
General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor:
3 de septiembre de 1981, de conformidad con el Art. 27.
“Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar
a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en
particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación
de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso,
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de
servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el
aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad
de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con
respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como
el derecho a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condicio-
143

144
nes de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo
o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del
estado civil;
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los
beneficios sociales;
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios
para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños;
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos
de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas
en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos
científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda”.
9 Convención sobre las personas con discapacidad: “Artículo 27: Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho
a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos
y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán
y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes,
incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a
todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones
de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción
profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular
a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a
condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso,
y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos
laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a
programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y
formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de
las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda,
obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia,
de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas;
i) velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad
en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia
laboral en el mercado de trabajo abierto;

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional,
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no
sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
10 Declaración Americana de los Derechos Humanos, art XIv Derecho al Trabajo
y a una justa retribución. “Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones
dignas y a seguir su vocación en cuanto lo permitan las oportunidades existentes
de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración
que en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente
para sí y para su familia.”
11 Protocolo de San Salvador “Artículo 6
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad
de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen
plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del
pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación
técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos.
Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas
que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer
pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Artículo 7: Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al
trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo
en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la
actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo
con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo
para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y
tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación.
En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización
o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la
legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas
a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en
peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la
jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria
y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar
o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como
semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos,
insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así
como la remuneración de los días feriados nacionales”.
145

146
12 (Serie C N° 72, párr. 202/203) El 2 de febrero de 2001 la Corte dictó la Sentencia
sobre el Fondo y las Reparaciones y Costas, en la cual, por unanimidad:
1. declar[ó] que el Estado violó los principios de legalidad y de irretroactividad
consagrados en el Art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la
[…] Sentencia.
2. declar[ó] que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a
la protección judicial consagrados en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados
en el párrafo 4 de la […] Sentencia.
3. declar[ó] que el Estado no violó el derecho de reunión consagrado en
el Art. 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de
los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia.
4. declar[ó] que el Estado violó el derecho a la libertad de asociación
consagrado en el Art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia.
5. declar[ó] que el Estado incumplió las obligaciones generales de los
artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos
resolutivos anteriores de la […] Sentencia.
6. decid[ió] que el Estado debe pagar a los 270 trabajadores mencionados
en el párrafo 4 de la […] Sentencia, los montos correspondientes a los salarios
caídos y demás derechos laborales que les correspondan según su legislación, pago
que, en el caso de los trabajadores que hubiesen fallecido, deberá hacerse a sus
derechohabientes. El Estado procederá a fijar, siguiendo los trámites nacionales
pertinentes, los montos indemnizatorios respectivos, a fin de que las víctimas y en
su caso sus derechohabientes los reciban en un plazo máximo de 12 meses contados
a partir de la notificación de la […] Sentencia.
7. decid[ió] que el Estado debe reintegrar en sus cargos a los 270 trabajadores
mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia y, si esto no fuera
posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios
y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos. En caso de no ser
tampoco posible esto último, el Estado deberá proceder al pago de la indemnización
que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo, de conformidad
con el derecho laboral interno. De la misma manera, a los derechohabientes de las
víctimas que hayan fallecido el Estado les brindará las retribuciones por concepto
de pensión o retiro que les corresponda. El Estado deb[ía] proceder a cumplir con
lo establecido en el presente punto resolutivo en un plazo máximo de 12 meses
contados a partir de la notificación de la […] Sentencia.
8. decid[ió], por equidad, que el Estado debe pagar a cada uno de los
270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia, la suma de
US$ 3.000 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de
daño moral. El Estado deb[ía] proceder a cumplir con lo establecido en el presente
punto resolutivo en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la notificación
de la […] Sentencia.
9. decid[ió], por equidad, que el Estado debe pagar al conjunto de los
270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia, la suma de
US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) como reintegro
de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes,
y la suma de US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América)
como reintegro de costas, causados en los procesos internos y en el proceso
internacional ante el sistema interamericano de protección. Estas sumas se pagarán
por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
10. decid[ió] que supervisará el cumplimiento de [la] Sentencia y sólo
después dará por concluido el caso.

13 ver Report on bonded labour by the Special Rapporteur on contemporary
forms of slavery. http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/index.
htm
14 Convención de Belem Do Para, Artículo 3: Toda mujer tiene derecho a una vida
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio
y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos
comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se
proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias
dentro de la ley, y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país
y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”
15 La OIT se convirtió en la primera agencia especializada de la Naciones Unidas
en 1946.
16 OIT C 111 “Artículo 1
1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación;
b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación
que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.
3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen
tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el
empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo…”
17 OIT C100 “Artículo 1
A los efectos del presente Convenio:
a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario,
básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados
por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo
de este último;
b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina
y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de
remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.
Artículo 2
1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos
vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea
compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores
del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la
147

148
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de:
a) la legislación nacional;
b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o
reconocido por la legislación;
c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o
d) la acción conjunta de estos diversos medios….”
18 OIT, C105 “Artículo 1
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique
el presente Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma
de trabajo forzoso u obligatorio:
a) como medio de coerción o de educación políticas o como castigo
por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición
ideológica al orden político, social o económico establecido;
b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con
fines de fomento económico;
c) como medida de disciplina en el trabajo;
d) como castigo por haber participado en huelgas;
e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.
Artículo 2
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique
el presente Convenio se obliga a tomar medidas eficaces para la abolición
inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio, según se describe en el
artículo 1 de este Convenio…”.
19 C 159 “Artículo 2
De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales,
todo Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional
sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.
Artículo 3
Dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas
de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas
y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado
regular del empleo.
Artículo 4
Dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades
entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la
igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos.
Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva
de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores
no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos”.
20 El 1° de junio de 1999 la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio N° 182 de la OIT, en el cual se determinan
y prohíben las peores formas de trabajo infantil. Nuestro país aprobó dicho
convenio mediante la Ley N° 25.255, promulgada por el Decreto 609/00. La
ratificación (sin reserva) se instrumentó el 6 de febrero de 2001 y entró en vigor el
6 de febrero de 2002.
21 Gino Germani, “Sociedad y Estado en América Latina.” Cap. vI: “El surgimiento
del peronismo. El rol de los obreros y de los migrantes internos.”, Ed. Biblos.
La historia de nuestro país registra que entre 1939 y 1946 la producción industrial
aumento un 45%, y la mano de obra aumentó un 66%.
22 CONSTITUCIÓN ARGENTINA Sancionada el 11 de Marzo de 1949:…
Art. 37 - Declárense los siguientes derechos especiales: I. Del trabajador
1. Derecho de trabajar - El trabajo es el medio indispensable para satisfacer
las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la
causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad
general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad,

considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo
necesite.
2. Derecho a una retribución justa - Siendo la riqueza, la renta y el
interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad deber
organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar
al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales
y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado.
3. Derecho a la capacitación - El mejoramiento de la condición humana
y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la
elevación de la cultura y la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias
puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe
a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que,
en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender
y perfeccionarse.
4. Derecho a condiciones dignas de trabajo - La consideración debida al
ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto
recíproco entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho
de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su
actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los
preceptos que las instituyen y reglamentan.
5. Derecho a la preservación de la salud - El cuidad de la salud física y
moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la
sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna requisitos
adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del
esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo.
6. Derecho al bienestar - El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya
expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria
y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de
su familia en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de
preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales,
impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos
directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico.
7. Derecho a la seguridad social - El derecho de los individuos a ser amparados
en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para
el trabajo promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su
cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua
obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o
inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de infortunios
provenientes de riesgos eventuales.
8. Derecho a la protección de su familia - La protección de la familia
responde a un natural designio de individuo, desde que en ella generan sus más
elevados sentimientos efectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe
ser estimulado y favorecido por la comunidad como el modo más indicado de
propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios
espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social.
9. Derecho al mejoramiento económico - La capacidad productora y el
empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento
económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas
de los individuos tendientes a ese fin, y estimular la formación y utilización de
capitales, en cuanto constituyen elementos activos de la producción y contribuyan
a la prosperidad general.
10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales - El derecho de
agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la
defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los
trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio
y reprimiendo todo acto que pueda dificultarle o impedirlo.
149

150
23 Constitución Nacional “Artículo 14 bis: El trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y
equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación
en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en
la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público;
organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción
en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios
colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga.
Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento
de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio,
que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin
que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la
protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
24 Bidart Campos, G. J. Manual de la Constitución Reformada T II (1) Cap XX --
III. 26. “Por la forma gramatical que reviste el artículo, agregamos que el congreso
tiene el deber inmediato de legislar. Que el trabajo “gozará” de la protección legal,
y que las leyes “asegurarán” tales y cuales cosas, denota una imperatividad insoslayable.
No hay opción para que el congreso legisle o no legisle; ni para que legisle
cuando le parezca oportuno: debe legislar ya, ahora. Esto significa que la demora
o la omisión en legislar, es inconstitucional: hay inconstitucionalidad por omisión.
Desde 1957 hasta la actualidad, esa inconstitucionalidad se ha consumado
en todos los aspectos del Art. 14 bis sobre los cuales la falta de ley razonable o la
vigencia de ley inconstitucional frustra, bloquea o aminora el goce de los derechos
en él enumerados y protegidos”.
25 CN Articulo 75 inc. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás
naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa
Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal
de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones
de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno
de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de
los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su
caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones
sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán
del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de la jerarquía constitucional.
26 Bidart Campos, G. Manual de la Constitución Reformada T II (1) Cap XX
1. 6)—“Lo social va muy unido a lo económico en la concepción que estamos
analizando. El constitucionalismo social considera que el estado debe estructurar y
promover un orden económico justo, que permita el acceso de todos los hombres
a las fuentes de trabajo y de producción, y que haga posible una distribución
equitativa de la riqueza y de los bienes de producción y de consumo. De allí las
pautas constitucionales sobre el derecho de propiedad. Todas las referencias a la

promoción y la planificación social y económica, a la integración, al desarrollo,
etc., se orientan en esta línea, siempre que encuadren en un espacio suficiente de
libertad.”
27 CSJN “Ekmekdjian c/Sofovich”.
28 CNAT, Sala II, 21-7-95, “Tolck, Patricia y otro c/Inst. de Obra Social del Ministerio
de Economía”, D.T. 1995, B, pág.1628.
29 Ley 20744 Art.2°.
30 Ley 20744 art 12.
31 Ley 24.013 “…ARTICULO 2— Son objetivos de esta ley:
a) Promover la creación del empleo productivo a través de las distintas
acciones e instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional,
así como a través de programas y medidas específicas de fomento del empleo;
b) Prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión
productiva y de reforma estructural sobre el empleo, sin perjuicio de salvaguardar
los objetivos esenciales de dichos procesos;
c) Inducir la transferencia de las personas ocupadas en actividades
urbanas o rurales de baja productividad e ingresos, a otras actividades de mayor
productividad;
d) Fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan
mayores dificultades de inserción laboral;
e) Incorporar la formación profesional como componente básico de las
políticas y programas de empleo;
f) Promover el desarrollo de políticas tendientes a incrementar la producción
y la productividad;
g) Atender la movilidad sectorial y geográfica de la mano de obra, de
modo de contribuir a una mayor adecuación entre la disponibilidad de mano
de obra y la generación de puestos de trabajo; h) Organizar un sistema eficaz de
protección a los trabajadores desocupados;
i) Establecer mecanismos adecuados para la operatoria del régimen del
salario mínimo, vital y móvil;
j) Promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando las
prácticas evasoras;
k) Implementar mecanismos de participación tripartita y federal en el nivel de
toma de decisiones, y de federalización y descentralización municipal en el nivel
de ejecución y gestión.
ARTICULO 3° — La política de empleo comprende las acciones de prevención
y sanción del empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción
y defensa del empleo, de protección a trabajadores desempleados, de formación y
orientación profesional para el empleo y las demás previstas en esta ley. Su formulación
y ejecución es misión del Poder Ejecutivo a través de la acción coordinada
de sus distintos organismos….”
32 JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO
NRO.37 EXPTE NRO. 21.021/2004 AUTOS: “ASOCIACIÓN PANADEROS
DE CAPITAL FEDERAL Y OTRO C. PODER EJECUTIvO NACIONAL
Y OTRO S. AMPARO.” Sentencia Interlocutoria Simple Nro: 900/04. Buenos
Aires, 13 de octubre de 2004
“…Por ello, citas legales invocadas y dictamen fiscal que comparto, RE-
SUELvO: 1) Declarar procedente el trámite de amparo intentado en su aspecto
formal, (Art. 43 de la Constitución Nacional y Ley 16.986). 2) Integrar a la litis
en el carácter de demandad a la Superintendencia de Seguros de la Nación (Art.
67 de la Ley 20.091 y 36 inc. 2° de la Ley 24.557). 3) De conformidad con lo dispuesto
en el Art. 8 de la Ley de amparo 16.986 requiérase a las demandas: Poder
Ejecutivo Nacional, Superintendencia de Riesgos de Trabajo y Superintendencia
de Seguros de la Nación, que en el plazo de cinco días, produzcan el informe
previsto en la citada norma, oportunidad en la que deberán ofrecer la totalidad de
la prueba de la que intenten valerse, rigiendo en forma supletoria lo dispuesto en
151

152
el Art. 498 del CPCCN. Líbrense oficios de estilo, cuya confección y diligenciamiento
pónese a cargo de las amparista. 4) Otorgar la cautelar peticionada aunque
con diferente alcance, razón por la cual, habilitaré a las amparistas a contratar
seguros que contemplen las contingencias o infortunios laborales, ya sea a través
de las propias aseguradoras de riesgos del trabajo creada por la L. R. T. o bien, a
través de otras compañías aseguradoras autorizadas a operar en esa materia, sin
que ello implique eximición de la cobertura que les compete, de conformidad con
lo dispuesto en la ley 24.557. 5) Ordenar a las demandas, incluida la Superintendencia
de Seguros de la Nación, que mientras se sustancie este proceso, suspendan
los efectos de las eventualmente vigentes directivas que le limiten o prohíban la
contratación de seguros que cubran indemnizaciones por daños laborales de conformidad
con lo dispuesto en el considerando cuarto al que me remito. Regístrese,
notifíquese y líbrense los oficios ordenados.DRA. DELIA MARIA RUIZ DE
GALARRETA.Juez Nacional.”
33 Ley N°25013 modificada por la Ley N° 26930 “… ARTICULO 1º- Contrato
de trabajo de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá finalidad formativa
teórico-práctica, la que será descripta con precisión en un programa adecuado al
plazo de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre un empleador y un
joven sin empleo, de entre dieciséis (16) y veintiocho (28) años.
Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y
una máxima de un (1) año.
A la finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz
un certificado suscripto por el responsable legal de la empresa, que acredite la
experiencia o especialidad adquirida.
La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las cuarenta
(40) horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica.
Respecto de las personas entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad se
aplicarán las disposiciones relativas a la jornada de trabajo de los mismos.
No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido
una relación laboral previa con el mismo empleador. Agotado su plazo máximo,
no podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje respecto del mismo aprendiz.
El número total de aprendices contratados no podrá superar el diez por
ciento (10%) de los contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento
de que se trate. Cuando dicho total no supere los diez (10) trabajadores será admitido
un aprendiz. El empresario que no tuviere personal en relación de dependencia,
también podrá contratar un aprendiz.
El empleador deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la
terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes
de sueldo.
El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo pactado; en este
supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. En los demás supuestos
regirá el artículo 7º y concordantes de la presente ley.
Si el empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley el
contrato se convertirá a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado.
Las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales no
podrán hacer uso de este contrato…”.
34 Misma ley, “Articulo 3°: Sustitúyese el artículo 92 bis del Régimen de Contrato
de Trabajo (Ley 20.744 t.o. 1976), por el siguiente texto:
“Artículo 92 bis: (Período de prueba). El contrato de trabajo por tiempo
indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros treinta (30)
días. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin
expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.
El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:
1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado a prueba, por el mismo

empleador, más de una vez.
2. El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libre especial
del Art. 52 de esta ley o, en su caso, en el previsto por el Art. 84 de la Ley Nº
24.467.
3. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y
obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, incluidos
los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.
4. Durante los primeros TREINTA (30) días el empleador y el trabajador
estarán obligados al pago de los aportes y contribuciones para las obras sociales,
asignaciones familiares y cuota correspondiente al régimen vigente de riesgo
del trabajo y, exentos de los correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de
Empleo.”
5. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones
por accidente o enfermedad de trabajo, incluidos los derechos establecidos
para el caso de accidente o enfermedad inculpable, con excepción de lo prescripto
en el cuarto párrafo del Art. 212 de esta ley.
6. Si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará
como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.
Podrá ampliarse el período de prueba hasta seis (6) meses por convenio
colectivo debidamente homologado.
Si se dispusiere la extensión convencional del período de prueba deberán
realizarse, a partir del segundo mes, todos los aportes y contribuciones legales y
convencionales, rigiendo las normas generales en materia de indemnización y
preaviso.
La disponibilidad colectiva de las indemnizaciones por falta de preaviso
y por antigüedad en el despido incausado será de hasta el cincuenta por ciento
(50%) del régimen general.
35 CSJN “Madorran”: “…Dicha estabilidad, importa destacarlo, tendía a eliminar,
a juicio del constituyente, una práctica que merecía su reprobación: “Siempre el
empleado público ha estado sujeto a las cesantías en masa en ocasión de los cambios
de gobierno. Ahora ya no podrá ningún partido político que conquiste el gobierno
disponer de los puestos administrativos como botín de guerra. Entendemos
que este principio constitucional entrará a regir simultáneamente con la vigencia
de las reformas y en adelante ningún empleado público podrá ser dejado cesante
sin causa justificada y sin previo sumario administrativo” (convencional Peña,
Diario de sesiones..., cit., t. II, p. 1254; v. asimismo: convencionales Martella y
Mercado, J.A., ídem, t. II, ps. 1243 y 1337/1338, respectivamente)…”
36 Decreto 1421/02: Articulo 9º — El régimen de contrataciones comprende la
contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias y
estará sujeto a las siguientes previsiones:
a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades
de carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar el
ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad
descentralizada.
Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de
servicios, asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo integral
de programas de trabajo y/o proyectos especiales o para atender incrementos no
permanentes de tareas.
En los supuestos de programas de trabajo o proyectos, especiales se
requerirá un informe y certificación del funcionario propiciante acerca de la justificación
de los objetivos y el cronograma del programa o proyecto, la cantidad y
perfil de requisitos a exigir a las personas requeridas, el gasto total demandado y el
financiamiento previsto.
Las actividades de carácter estacional responden a tareas que se realizan
periódicamente y sólo en determinada época del año. En estos casos el personal
153

154
puede ser incorporado a una planta transitoria con designación a término, cuyas
características serán reguladas por la autoridad de aplicación.
b) Con carácter previo a la contratación, se deberán establecer los perfiles
necesarios y los requisitos que deberán acreditar los contratados para la prestación
del servicio de que se trate, conforme el régimen que establezca la autoridad de
aplicación. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo prescripto en los
artículos 4º y 5º de la presente reglamentación.
c) Los contratos deberán contener como mínimo:
I) Las funciones objeto de la contratación, resultados a obtener o estándares
a cumplir, en su caso, modalidad y lugar de prestación de los servicios.
II) La equiparación escalafonaria que corresponda según los requisitos
mínimos establecidos para cada nivel o posición escalafonaria.
III) El plazo de duración del contrato.
Iv) Cláusula referida al patentamiento de los resultados de los estudios
o investigaciones a nombre del Estado Nacional, sin perjuicio del reconocimiento
de que el contratado figure como autor del trabajo realizado y en el supuesto de
corresponder, las eventuales compensaciones económicas que se pactaren.
v) Cláusula de rescisión a favor de la Administración Pública Nacional.
d) El personal sujeto al régimen de contrataciones y el incorporado a
plantas transitorias, carecen de estabilidad y su contrato puede ser rescindido o la
designación en la planta transitoria cancelada en cualquier momento.
e) Las contrataciones, de personal por tiempo determinado y las designaciones
en plantas transitorias cuando así corresponda, serán dispuestas por las
autoridades competentes, de conformidad con la normativa vigente.
f) El señor Jefe de Gabinete de Ministros dictará las disposiciones complementarias
que resulten necesarias para la aplicación del presente régimen.
Asimismo, podrá autorizar excepciones al punto II del inciso c) precedente
mediante decisión fundada y a requerimiento del titular de la jurisdicción u
organismo descentralizado, en los casos de funciones que posean una especialidad
crítica en el mercado laboral.
37 Corte Suprema de Justicia de la Nación “Ramos, José Luis c. Estado Nacional
(Min. de Defensa - A.R.A.)” Publicado en: LA LEY 14/04/2010.
38 NATURALEZA DE LA RELACION DE EMPLEO
ARTICULO 7º — La autoridad facultada, de conformidad con la
normativa vigente, podrá designar personal ad-honorem para la prestación de servicios
de asesoramiento en la jurisdicción y organismo descentralizado pertinente,
sin percepción de contraprestación alguna en concepto de retribución, salvo el
derecho a que se le reintegren los gastos efectivamente ocasionados mediante las
correspondientes rendiciones de cuentas, en los términos de las normas pertinentes
en la materia, por el desempeño de las funciones encomendadas.
Para la designación del referido personal deberá darse cumplimiento a lo
establecido en los artículos 4º y 5º del presente, con excepción del inciso f) de éste
último, en virtud de las características propias de la naturaleza de la relación.
Se le aplicarán las previsiones referidas a los deberes del Art. 23 del
Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente, excepto las contenidas en el
inciso c), y con relación al n), sólo regirá respecto de las incompatibilidades éticas
y horarias. Asimismo le alcanzan las prohibiciones prescriptas en el Art. 24 del
Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente.
ARTICULO 8º — Los mecanismos generales de selección para garantizar
el principio de idoneidad como base para el ingreso, la promoción en la carrera
administrativa y la asignación de funciones de jefatura serán establecidos por la
autoridad de aplicación y, en forma conjunta, con los titulares de los organismos
descentralizados que tengan asignadas dichas facultades por la ley de creación. Los
mecanismos generales de selección deberán ajustarse a los principios del sistema de
concursos.
Asimismo, establecerá los requisitos mínimos a exigir para la cobertura

de cargos pertenecientes al régimen de carrera, de naturaleza funcional similar o
equivalente, que tengan por objeto comprobar un conjunto básico de conocimientos,
habilidades y aptitudes; determinará los sistemas de evaluación de desempeño
que correspondan, como así también las pautas para el diseño, certificación y evaluación
de la capacitación requerida para el desarrollo de la carrera de los agentes.
Las normas que se dicten de conformidad con lo establecido en los
párrafos precedentes de este artículo, garantizarán la aplicación de los principios
de igualdad de oportunidades, transparencia y publicidad en los procedimientos,
sin perjuicio de otras exigencias acordadas en el marco de la negociación colectiva,
cuando corresponda.
La designación de personal ingresante en la Administración Pública
nacional en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección previstos
por los escalafones vigentes, no reviste en ningún caso carácter de permanente, ni
genera derecho a la incorporación al régimen de estabilidad.
39 CN Articulo 16 La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de
nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes
son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
40 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. CAPÍTULO DECIMOCUARTO
- TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 43.- La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas.
Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se
atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural
de los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información
y consulta. Garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y
organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona
por concurso público abierto. Asegura un cupo del cinco por ciento del
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual
en la forma que la ley determine. En todo contrato de concesión de servicios o de
transferencia de actividades al sector privado, se preverá la aplicación estricta de
esta disposición. Reconoce a los trabajadores estatales el derecho de negociación
colectiva y procedimientos imparciales de solución de conflictos, todo según las
normas que los regulen.
El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse
conforme a los principios del derecho del trabajo.
ARTÍCULO 44.- La Ciudad reafirma los principios y derechos de la seguridad
social de la Constitución Nacional y puede crear organismos de seguridad
social para los empleados públicos. La ley no contempla regímenes de privilegio.
Ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable, e interviene en la
solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores.
Genera políticas y emprendimientos destinados a la creación de empleo,
teniendo en cuenta la capacitación y promoción profesional con respeto de los
derechos y demás garantías de los trabajadores.
ARTÍCULO 45.- El Consejo Económico y Social, integrado por asociaciones
sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios profesionales
y otras instituciones representativas de la vida económica y social, presidido
por un representante del Poder Ejecutivo, debe ser reglamentado por ley. Tiene
iniciativa parlamentaria.
41 Conf. artículos 1° y 2° de la Ley 471.
42 Decreto 491/03 “Artículo 2: El personal designado en las Plantas Transitorias no
docentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con anterioridad
al 1° de marzo de 2002 y que continúe en la actualidad en tal carácter, quedará
comprendido a partir del 1° de abril de 2003 dentro de los alcances establecidos
en la Ley N° 471 para el personal de Planta Permanente de esta Administración
155

156
Central, según se nomina en el adjunto Anexo Iv, el que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente, en el modo y forma que allí se señala.
Artículo 3: El personal designado en las Plantas Transitorias no docentes
a partir del 1° de marzo de 2002 inclusive, continuará revistando, desde el 1° de
abril del corriente año, en forma interina hasta la provisión de su titularidad por
concurso, según se detalla en el adjunto Anexo v, que a todos sus efectos forma
parte del presente.
Artículo 4: Establécese la disolución de todas las Plantas Transitorias no
docentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1° de
abril de 2003...”.
43 Expediente N° 37088/0 de trámite ante el Juzgado 1ra INST. EN LO CON-
TENCIOSO ADM. Y TRIB. N 6, Sec. 12. SUTECBA CONTRA GCABA
SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA).
44 Decreto N°2138/01, “Artículo 1°: Facúltase al/la titular de la vicejefetura de
Gobierno, a los señores Secretarios del Poder Ejecutivo y Jefe de Gabinete, así
como a los funcionarios con rango equivalente, y a los Subsecretarios con dependencia
directa del Jefe de Gobierno y funcionarios con rango equivalente dentro
de dicha jurisdicción, a autorizar la contratación de personas bajo los regímenes de
locación de servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y
hasta un monto máximo de pesos tres mil ($ 3.000) mensuales por contrato.”
45 Ley 471 , Artículo 63: “El Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos y condiciones
a los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto para las personas
con necesidades especiales de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo asegurarse
además la igualdad de remuneraciones de estos trabajadores con los trabajadores
que cumplan iguales funciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La convocatoria de las personas con necesidades especiales deberá hacerse de
manera tal que queden claramente establecidas las labores que se realizarán en la
unidad administrativa que corresponda a fin de que en ningún caso tales derechos
individuales que esta Ley garantiza afecte la prestación de los servicios. A tales
fines se elaborará un registro por unidad administrativa que contenga el listado
de trabajadores con necesidades especiales y las labores que desempeñan o que
pudieran desempeñar.”
46 Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires CAPÍTULO
III DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES
“ARTÍCULO 6: Son deberes del personal docente, sin perjuicio de los
que, particularmente, imponen las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales:
a) sustentar y educar a los alumnos en los principios democráticos y en
la forma de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional(8) y en las leyes
dictadas en su consecuencia, con absoluta prescindencia partidaria y religiosa;
b) respetar y hacer respetar los símbolos nacionales y desarrollar en los
alumnos un acendrado amor a la
Patria, inculcándoles el respeto por los derechos humanos y el sentido de
la justicia;
c) observar una conducta acorde con los principios de la moral y las
buenas costumbres y con las normas
de la ética en el comportamiento social;
ch) desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su
cargo;
d) reconocer la jurisdicción técnico-administrativa y la disciplinaria, así
como la vía jerárquica;
e) ampliar su cultura, mantener su actualización docente y perfeccionar
su preparación técnica y/o
pedagógica;
f) cumplir los horarios que correspondan a las funciones asignadas;

g) velar por la conservación y el uso debido de los bienes puestos a su
disposición;
h) concurrir a reconocimientos médicos psicofísicos preventivos cada
cinco años, sin perjuicio del que deba efectuar cuando presuma o se presuma la
existencia de disminución o pérdida de su capacidad psicofísica que le impida
cumplir, adecuadamente, las obligaciones inherentes a su cargo. En caso que de
los exámenes previstos en el presente inciso resulte que el docente carece de dicha
capacidad, o que la misma se encuentra disminuida, el afectado podrá solicitar la
formación de junta médica, la que expedirá dictamen definitivo;
i) emitir su voto para la elección de los miembros de las juntas que se
crean en este estatuto, en los casos xpresamente determinados.
Reglamentación del Artículo 6
c) La conducta y la moralidad inherentes a la función educativa no son
compatibles con:
1. Haber sufrido condena por hechos delictivos dolosos.
2. Tener pendiente proceso criminal.
3. Haber sido declarado cesante o exonerado de la Administración Pública
nacional, provincial
o municipal, excepto que hubiere sido rehabilitado.
e) La Secretaría de Educación determinará las actividades obligatorias
que deberá cumplir el personal docente a los fines de su capacitación continua y
las dará a conocer con suficiente antelación. La no realización de las mismas por
parte del personal que aquéllas alcanzan, será considerada falta administrativa y
pasible de las sanciones establecidas en los incisos a) y b) del Art. 36 de la Ordenanza
N° 40.593 (B.M. N° 17.590).(Inciso incorporado por el Art.1 del Decreto
266/06, BOCBA Nº 2408)
f) Cuando cualquiera de los docentes enumerados con las letras a), b)
y c) en el Art. 65 del Estatuto del Docente faltare injustificadamente al trabajo
durante CINCO (5) días continuos o QUINCE (15) discontinuos en el año,
operará su cese administrativo en el cargo u horas de clase en que inasistiere. El
superior inmediato intimará fehacientemente al docente en tal situación para que
efectúe el descargo correspondiente en CUARENTA Y OCHO (48) horas, elevando
las actuaciones dentro de los CINCO (5) días de notificado éste, a la Junta
de Disciplina, que resolverá en el perentorio plazo de DIEZ (10) días.
Simultáneamente, informará mediante copias certificadas de igual tenor,
a la supervisión escolar y a la dirección del área respectiva. La Dirección Administrativa
Docente hará efectivo el cese administrativo cuando correspondiere,
confeccionando un registro de los casos que se produzcan, toda vez que el docente
que reincidiera será pasible de la sanción contenida en el Art. 36, Inc. f) de la
ordenanza N.º 40.593, mediante el procedimiento establecido en el Art. 39 del
mismo cuerpo legal. (Incorporado por el Art. 1 del decreto 2299/98, BOCBA Nº
568).
h) 1. Los exámenes periódicos deberán ser realizados por la Dirección
Medicina del Trabajo(9). La dirección del establecimiento y/o el superior jerárquico
podrán solicitar, de manera fundada, que se someta a reconocimiento médico al
docente que, presuntamente, se encuentra en la situación que cita el inc. h) de este
artículo. Si la Secretaría de Educación considerara pertinente la medida, notificará
al docente en cuestión en forma inmediata, quien deberá iniciar el reconocimiento
médico dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al de la notificación.
2. La negativa del docente a someterse al reconocimiento; su no presentación
al mismo en el término convenido o su ausencia para proseguir el examen
médico serán consideradas faltas a los efectos de la aplicación del artículo 36.
i) El incumplimiento de esta responsabilidad sin causa justificada será
sancionado según lo establecido en el Art. 36 inc. b) de este estatuto.
En caso de reincidencia, será de aplicación lo determinado por el inc. c)
del citado artículo.
157

158
IMPORTANTE: Asimismo deberán considerarse las resoluciones que a
continuación se detallan, las cuales reglamentan, en lo que respecta a la tarea de
los preceptores, el Art.6 inc. f) así como el Art. 9 del Estatuto del Docente.
Preceptores: Resolución Nº 3302/GCABA/SED/05 (BO 2299) y Resolución
Nº 1331/GCABA/MEGC/06 (BO 2488)”
47 ARTÍCULO 7 Son derechos del personal docente, sin perjuicio de los que,
particularmente, imponen las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales:
a) La estabilidad en el cargo, jerarquía y ubicación que sólo podrá modificarse
en virtud de resolución adoptada de acuerdo con las disposiciones de este
estatuto.
b) El goce de una remuneración justa y actualizada, establecida con el
asesoramiento de una Comisión Salarial formada por representantes gremiales y
las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
c) El ascenso de cargo, el aumento de clases semanales o acumulación
de cargos, la concentración de tareas, el traslado, la permuta y la readmisión de
acuerdo con sus antecedentes, con los resultados de los concursos que se realicen y
demás requisitos establecidos en cada área de la educación en el presente estatuto.
ch) El cambio de función, sin merma en la retribución, cuando sea destinado
a tareas auxiliares por disminución o pérdida de aptitudes. Este derecho se
extingue al alcanzar el docente las condiciones necesarias para obtener la jubilación,
de acuerdo con lo normado en este estatuto. En este caso, el docente cesará
automáticamente sin derecho a solicitar su permanencia en actividad.
d) El conocimiento de los antecedentes de los aspirantes y el de las nóminas
confeccionadas según el orden de mérito, para los ingresos, ascensos, aumento
de clases semanales o acumulación de cargos o traslados, en que se hubiere inscripto
de conformidad con lo que establezca la reglamentación respectiva.
e) El ejercicio de su función en las mejores condiciones pedagógicas
posibles respecto a local, higiene,
material didáctico y número de alumnos.
f) El goce de licencias, justificaciones y franquicias de acuerdo con las
disposiciones de este estatuto.
g) La libre agremiación para el estudio de los problemas educativos y la
defensa de sus intereses laborales,
conforme a las disposiciones que reglamentan esta materia.
h) La participación en el gobierno escolar y en las juntas de clasificación
y disciplina. i) La defensa de sus derechos e intereses legítimos, mediante las acciones
y cursos(10) administrativos y
judiciales pertinentes.
j) El uso de servicios sociales, cualquiera sea su situación de revista, para
todos aquellos que efectivicen los
correspondientes aportes.
k) El ejercicio de todos los derechos establecidos en la Constitución
Nacional.
l) El uso de los jardines maternales gratuitos para los hijos de los docentes
en actividad, que progresivamente instale la autoridad competente.
Reglamentación del Art. 7
ch)
1. Este derecho se adquiere a los DIEZ (10) años de servicios docentes
en la jurisdicción y se extingue al alcanzar el docente las condiciones necesarias
para obtener la jubilación ordinaria o por invalidez. Los años exigidos podrán
acreditarse con los servicios prestados en las escuelas transferidas por las leyes N.°
21.810, 22.368, 24.049 y actas complementarias. (Conforme texto Art. 2 del
Decreto 2299/98, BOCBA N° 568).
2. El pedido de asignación de funciones auxiliares podrá hacerlo el interesado
o, de manera fundada, la autoridad respectiva. (El punto 2 del inc. ch) del
Art. 7 fue sustituido por el Art. 1 del decreto N.° 123/94, BM 19.754).

3. El reconocimiento médico de los docentes será practicado por la
Dirección Medicina del Trabajo (11), la que deberá expedirse sobre el cambio de
función y tareas que pudiera cumplir el afectado, y si reúne las condiciones para
obtener la jubilación por invalidez. La asignación de tareas auxiliares por disminución
o pérdida de aptitudes no implicará una reducción de la carga horaria, salvo
expresa indicación de la Dirección Medicina del Trabajo. (Conforme texto Art. 2
del decreto N.° 2299/98, BOCBA N° 568).
4. La Secretaría de Educación podrá asignar al personal docente en
tareas auxiliares por disminución o pérdida de aptitudes el cumplimiento de tareas
administrativas o de interés comunitario vinculados a su formación docente,
respetando su carga horaria, salvo expresa indicación en contrario de la Dirección
Medicina del Trabajo. Las tareas podrán ser desarrolladas en todo el ámbito del
Gobierno de la Ciudad, tomando en cuenta la facilidad de acceso al mismo por
parte del agente; a tal efecto la Administración se compromete a ofrecer al menos
tres destinos alternativos de los cuales el docente deberá necesariamente seleccionar
alguno en un plazo no mayor de CINCO (5) días hábiles. En todos los
casos, deberá contarse con la conformidad del secretario(*) del área que recibe al
docente. (Conforme texto Art. 2 del decreto N.° 2299/98, BOCBA Nº 568). (*)
O ministro.
5. El personal docente en tareas pasivas que fuere dado de alta por el
servicio médico durante el transcurso de los dos últimos meses del período lectivo,
seguirá afectado en este lapso a las funciones y destino que oportunamente le
hubiere sido asignado, por lo que se reintegrará al servicio activo al comienzo del
período escolar del año siguiente. (Incorporado por el Art. 1 del Decreto 123/94,
BM 19.754).”
48 Resolución N° 367/SSt y F/2002, Artículo 6: La jornada de trabajo deberá ser
diurna, es decir, la comprendida entre las 6 horas y las 20 horas. La misma no
podrá exceder de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales. Sólo por
excepción se autorizará el trabajo nocturno cuando la naturaleza del espectáculo
así lo justifique y aún así, no se ponga en juego la salud psicofísica del menor.
49 Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2008, Tomo Cualitativo,
Capitulo 9, págs.136/137.
50 Ídem.
51 DPCABA Resolución N° 3740/09, recaida en Actuación nº 4384/09, iniciada
de oficio por esta Defensoría del Pueblo a efectos de evaluar los alcances de la
Resolución 45/GCABA/SUBRH/09.
52 Actuación 1242/07, iniciada de oficio por esta Defensoría del Pueblo a fin de
investigar los criterios utilizados por la entonces Dirección General de Desarrollo
de Recursos Humanos de Salud con relación a la acumulación y/o compatibilidad
de cargos enumerada en la Ley 471. RESOLUCION 203-08.
53 DPCABA, Actuaciones 1165/08, 1614/08, 1644/08, 1650/08 y 1679/08,
referidas al incumplimiento de las medidas cautelares dictadas en los Expedientes
caratulados “Asoc. Trab. del Estado c/G.C.B.A. s/ medida cautelar (Art. 14º
C.C.A.B.A.)” Expediente nº 28.352/01 y “SUTECBA c/G.C.B.A. s/ AMPARO
(Art. 14º C.C.A.B.A.)” Expediente nº 28.367. RESOLUCION N° 2183/08.
54 En el Expediente caratulado “Asoc. Trab. del Estado c/G.C.B.A s/ medida
cautelar (Art. 14º C.C.A.B.A.)” Expediente nº 28.352/01, con fecha 17 de enero
de 2008, se resolvió “1. Ordenar el mantenimiento de la prestación de servicios
del personal “contratado” de la Ciudad de Buenos Aires -en sus diversas modalidades-
al 31.12.07, con la asignación de idénticas tareas normales y habituales que
ese personal desarrollaba hasta esa fecha y el correspondiente pago de las remuneraciones
pertinentes, hasta tanto se resuelva en definitiva; 2. Se brinde a dichos
trabajadores la posibilidad de ser incluidos en el Censo a realizarse en el mes de
marzo de 2008”.
Por su parte, en el Expediente caratulado “SUTECBA c/G.C.B.A s/
AMPARO (Art. 14º C.C.A.B.A.)” Expediente nº 28.367, con fecha 22 de enero
159

160
de 2008, se resolvió, en relación con la no renovación de los contratos, “...3. Ordenar
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en forma inmediata proceda
a la reincorporación del personal contratado perteneciente a la planta transitoria
incluido en dicho listado... 7. Establecer que todos los beneficiarios por la presente
resolución gozan, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los presentes actuados,
de su derecho remuneratorio...”.
55 DPCABA, Actuación 3227/08, iniciada por el señor Walter Daniel Farías,
quien solicita la intervención de esta Defensoría del Pueblo a fin que se deje sin
efecto la Resolución 25/MAYEPGC/2008, y se disponga su reincorporación a los
cuadros de la administración. RESOLUCION N° 1459/09.
DPCABA, Actuación 207/08, iniciada por la señora Marta América
Rojas, quien solicita la intervención de esta Defensoría del Pueblo a fin que se deje
sin efecto la Resolución 25/MDSGC/2008, y se disponga su reincorporación a los
cuadros de la administración. RESOLUCION N° 1468/09.
56 Artículo 7: CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
No pueden ingresar:
Quienes hubieran sido condenados o se encuentren procesados con auto
de procesamiento firme situación procesal equivalente por delito contra la Administración
Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o estuvieren afectados por inhabilitación administrativa o judicial
para ejercer cargos públicos.
Quienes hubieran sido condenados o estuvieren procesados con auto
de procesamiento firme o situación procesal equivalente como autores, partícipes
en cualquier grado, instigadores o encubridores por delitos considerados como
imprescriptibles en el ordenamiento jurídico vigente.
Las personas que hayan ejercido los cargos de titulares de los diferentes
poderes ejecutivos, ministros, secretarios, subsecretarios o equivalentes en cualquier
dependencia del Estado nacional, provincial o municipal, en períodos de
interrupción del orden institucional y democrático.
Quienes hubieran sido sancionados con exoneración en cualquier cargo
público, hasta tanto no sea dispuesta la rehabilitación.
Quienes hubieran sido sancionados con cesantía firme conforme a lo que
se establezca por vía reglamentaria.
Quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel
nacional, provincial o municipal hasta después de transcurridos al menos cinco (5)
años de operada la extinción de la relación de empleo por esta causa.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.386, BOCBA Nº 3355 del
04/02/2010)
57 CN articulo 75 inciso 22.
58 Actuación 7149/07, iniciada por el señor G. A. B., en la que recayeran las Reso-
luciones nº 1359/08 y 2767/08.
59 Lavié, Benedetti, Cenicacelaya Op.cit.
60 Dictamen del Procurador General en “Mouviel, Raúl Oscar y Otros” C.S.J.N.
17/05/57.
61 Actuación 4541/08, iniciada por el señor F O D , quien denuncia que arbitrariamente
fue desafectado de su función en la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos y trasladado al Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.).
RESOLUCION N° 3807/08.
62 Actuación 3571/08, iniciada por la señora P. v. B. S., quien se desempeña en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y
denuncia el excesivo descuento que se efectúa sobre sus haberes. RESOLUCION
2916/08.
63 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Resolución 1838/04.
64 Actuación 4255/07, iniciada por N.B., agente del Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, quien denunció situaciones de persecución laboral en su
contra. RESOLUCION 431/08.

65 Actuación 2000/09, iniciada por la señora A. C. por presunta discriminación en
el pago de la asignación por hijo y prenatal. Resolución 1865/09.
66 Actuación 3314/09, iniciada por S. M. C. , médica del Area de Urgencias del
Hospital Materno Infantil “Dr. Ramón Sardá”, quien denuncia que no se le otorga
el pase a la planta del hospital, pese a cumplir con los requisitos exigidos para ello.
RESOLUCION N 3043/09.
67 Actuación 8275/07, iniciada por la señora M. v. A., quien solicita ser incluida
como Técnica Radióloga en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
en virtud del cupo laboral reservado para personas con necesidades especiales
por el Art. 43º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Ley 1502 (Decreto 802/05). ver por la misma situación la Actuación 2471/07,
iniciada por la señora Bárbara D’Hers, a fin de agilizar su incorporación a la planta
de personal de la administración pública, en virtud del cupo laboral reservado
por el Art. 43º de la Constitución local y la Ley 1502.
68 Resolución 262/08.
69 Ley 120 Art. 1° y Ley 471, Arts. 6, 9, 15, 63 y 67.
70 Actuación 2496/06, iniciada por la Red por los Derechos de las Personas con
Discapacidad (REDI), a fin de requerir informes a las correspondientes dependencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado nacional sobre
el cumplimiento del cupo laboral comprendido en la Ley nacional 25689 y la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las licitaciones y/o
contratos que se realizan en las líneas “E”, “F” y “H” de transporte subterráneo.
RESOLUCION N° 968-08.
Actuaciones 5422/04 y 5426/04, iniciadas por el señor F. C.P. -integrante
de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)-, relacionadas
ambas con el cumplimiento del cupo laboral reservado para Personas con
Necesidades Especiales, según lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. RESOLUCION 3424-05.
71 Por imperio de la Ley nacional 22431, cuyo Art. 8º disponía que: “El Estado
nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de
idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%)
de la totalidad de su personal”.
72 Resolución 968/08.
73 Actuación 2278/09, iniciada por la señora M. L. L. ; Actuación 2707/09,
iniciada por el señor Eduardo Marcelo López y la señora Graciela Moyano en su
carácter de Secretario General y Secretaria Gremial, respectivamente, de la Unión
de Trabajadores de la Educación (U.T.E.), quienes denuncian la falta de entrega
en tiempo y forma de los originales de los recibos de haberes del personal docente,
como así también el incumplimiento en el pago de haberes en tiempo y forma
de docentes ante el ingreso a nuevos cargos; Actuación 2810/09, iniciada por la
señora A. M. M., quien manifiesta que no le han entregado los recibos de sueldo
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2009, por los servicios docentes
prestados en la Escuela de Sordos que funciona en el Hospital de Rehabilitación
“Dr. Manuel Rocca”.
74 RESOLUCION 2565/09: “…POR TODO ELLO: LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES R E S U E L
v E :
1) Solicitar al señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Andrés Horacio Ibarra, tenga a bien:
a) disponer lo necesario a fin que se regularice la liquidación y pago de
los haberes adeudados al personal docente, y en lo sucesivo se liquiden y abonen
los mismos en tiempo y forma;
b) disponer lo necesario a efectos que se proceda a la entrega en tiempo y
161

162
forma de los recibos de haberes al personal docente;
c) informar a esta Defensoría del Pueblo los motivos por los cuales la
administración ha incurrido en los incumplimientos mencionados en los puntos
a) y b).
2) Solicitar al señor Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tenga a bien:
a) disponer lo necesario a fin que se regularice la liquidación y pago de
los haberes adeudados al personal docente, y en lo sucesivo se liquiden y abonen
los mismos en tiempo y forma;
b) disponer lo necesario a efectos que se proceda a la entrega en tiempo y
forma de los recibos de haberes al personal docente;
c) informar a esta Defensoría del Pueblo los motivos por los cuales la
administración ha incurrido en los incumplimientos mencionados en los puntos
a) y b)…”.
75 Actuaciones 2713/09, 2771/09, 2886/09 y 3952/09. Resolución 3424/09.
76 Actuación 2713/09, fs. 4 y 5.
77 ver fs. 22 de la Actuación 2713/09, se agrega copia de la Nota 41/09 (DI OISS)
fechada el día 18 de junio de 2009 emitida por la Dirección de Operaciones con
Instituciones de la Seguridad Social dependiente de la AFIP “...con respecto a
los montos que debiera ingresar en concepto de aportes y contribuciones de la
Seguridad Social a favor de los trabajadores, el GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES ha solicitado ante la Dependencia que le corresponde, la
adhesión a Planes de Facilidades de Pago (PFP), en los que incluye períodos desde
el 02/2008 hasta 04/2009.
Finalmente, se informa que a la fecha los planes de facilidades se encuentran
aceptados y continúan vigentes”.
78 RESOLUCION 3424/09: “…POR TODO ELLO: LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES R E S U E
L v E : 1) Recomendar al señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Andrés Horacio Ibarra:
a) disponga lo necesario a fin que se regularice el depósito de los aportes
y contribuciones en concepto de jubilación y obra social correspondientes a los
haberes del personal docente, y en lo sucesivo se depositen los mismos en tiempo
y forma;
b) informe a esta Defensoría del Pueblo si los aportes y contribuciones
en concepto de Seguridad Social correspondientes a los períodos mayo, junio y
julio de 2009 han sido depositados en tiempo y forma, acompañando la documentación
respaldatoria pertinente.
2) Recomendar al señor Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, doctor Alejandro Speroni:
a) disponga lo necesario a fin que se regularice el depósito de los aportes
y contribuciones en concepto de jubilación y obra social correspondientes a los
haberes del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en
lo sucesivo se depositen los mismos en tiempo y forma;
b) informe a esta Defensoría del Pueblo si los aportes y contribuciones
en concepto de Seguridad Social correspondientes a los períodos mayo, junio y
julio de 2009 han sido depositados en tiempo y forma, acompañando la documentación
respaldatoria pertinente.
3) Poner en conocimiento de la presente Resolución, a los efectos de
su intervención, al señor Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Trabajo del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, doctor Miguel Angel De virgilis, remitiendo a esta Defensoría del
Pueblo informe acerca de lo actuado.

4) Poner en conocimiento de la presente Resolución al señor Secretario
General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE - CTERA), en su
domicilio de Bartolomé Mitre 1984 de esta Ciudad….”.
79 Actuación 2422/09, “iniciada por la señora C. T., por presunta falta de limpieza
e insuficiente personal auxiliar de portería para realizar esta función en el Jardín
de Infantes Integral nº 1 del Distrito Escolar 16º “Prof. Luis Sixto Clara”, sito
en la calle Cuenca 5049 de esta Ciudad”, fs. 117/118 respuesta de la Dirección
General de Coordinación Financiera y Contable del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Resolución 3150/06.
80 Resolución DPCABA 2711/09: “…POR TODO ELLO: LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES R E S
U E L v E : 1) Poner la presente Resolución en conocimiento del señor Ministro
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor
Mariano Narodowski, y por su intermedio al señor Director General de Personal
Docente y No Docente dependiente del Ministerio a su cargo, doctor Carlos
Alberto Lelio, a efectos que con la inmediatez del caso se incremente la dotación
de personal auxiliar de portería a fin de subsanar las deficiencias en materia de
higiene y limpieza en el Jardín de Infantes Integral nº 1 del Distrito Escolar 16º
“Prof. Luis Sixto Clara”.
2) Solicitar al señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Andrés Horacio Ibarra, tenga a bien:
a) garantizar óptimas condiciones de higiene y limpieza en el Jardín de
Infantes Integral nº 1 del Distrito Escolar 16º, sito en la calle Cuenca 5049 de
esta Ciudad, como asimismo en todos los edificios escolares de la jurisdicción, en
todos los niveles, modalidades y turnos;
b) informar a esta Defensoría del Pueblo, con relación al personal auxiliar
de portería que presta servicios en los establecimientos educativos de gestión
estatal, la dotación de personal según establecimiento, nivel, turno, situación
laboral (planta permanente, planta transitoria o contratado), personal en tareas
livianas, en uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento, en situación de
jubilación, etc. y dotación faltante estimada en todas las unidades educativas de
gestión estatal;
c) informar a esta Defensoría del Pueblo si el Ministerio de Educación
ha realizado una evaluación acerca de la cantidad de nuevos cargos de auxiliares de
portería que se requieren.
3) Poner en conocimiento de la presente Resolución a la señora Directora
del Jardín de Infantes Integral nº 1 del Distrito Escolar 16º, sito en la calle
Cuenca 5049 de esta Ciudad y, por su intermedio, a esa comunidad
81 Actuación 4586/08, iniciada por la señora S. S.
82 RESOLUCION Nº 0798/09.
83 Actuaciones DPCABA 3759/09, 3951/09, 3953/09, 3583/09, 4356/09,
5492/08, 2310/09, 2335/09, 2398/09, 2399/09, 2437/09, 2465/09, 2667/09,
2708/09, 2733/09, 2743/09 y 2744/09, referidas a los descuentos salariales practicados
por la administración en razón de las medidas de fuerza declaradas por un
grupo de gremios docentes y Resolución 1996/09.
84 Actuación 2310/09 fs. 12.
85 Actuación 4400/06, iniciada de oficio a partir de un correo electrónico enviado
por la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), denunciando
que el Ministerio de Educación habría solicitado a los establecimientos
educativos la remisión de la nómina de los docentes que adhirieron al paro del
día 27 de junio de 2006, violando de esta manera su derecho constitucional de
huelga. Resolución 3200/07.
86 Resoluciones DPCABA 3200/07 y 4336/08.
87 Resolución DPCABA 3200/07.
88 Actuaciones 1957/07, 6365/07, 6480/07, 6597/07, 6650/07, 6684/07,
163

164
6714/07, 6760/07, 6809/07, 7042/07, 7084/07 y 7183/07, iniciadas por distintos
profesionales que denunciaron las demoras en los trámites de los nombramientos
de los cargos que ganaran por concurso para prestar tareas en hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
RESOLUCION DPCABA 2468/09.
89 Actuación 3554/05 iniciada por la señora F. A. L. y la ampliación formulada
por el señor Emilio Badra en representación de la Junta Interna de Delegados
ATE-CTA de la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, referida a presuntas condiciones de inseguridad e inadecuación del
inmueble sito en la calle José Aarón Salmún Feijoo 555 de la Ciudad de Buenos
Aires para el desarrollo de actividades laborales. Resolución n° 3061/05.
90 Actuación 4395/06, relativa a presuntas condiciones de inseguridad e inadecuación
del inmueble sito en la calle José Aarón Salmún Feijoo 555 de esta Ciudad
para el desarrollo de actividades laborales por parte del personal del Museo Municipal
del Cine “Pablo C. Ducros Hicken” dependiente de la Dirección General de
Museos.
91 Actuación 4395/06, fs. 23, se agrega el respectivo Informe de verificación, en el
que se indica: “...Atendido por... informó ...El museo está funcionando de lunes
a viernes de 9 a 18 hs. ... Acá... sólo está funcionando parte de la Dirección...
Secretaría, Oficina de Personal, Montaje, Cineteca y la otra parte está funcionando
en el edificio de La Prensa... Recorrido el lugar que se encuentra emplazado en
el sector posterior del predio a nivel del 2do. piso cuenta con acceso por escalera
de material, sin pasamanos, bandas antideslizantes ni iluminación eléctrica. El
servicio de ascensor y montacargas, al momento de la verificación, estaba fuera
de funcionamiento... Otros ámbitos: oficina, secretaría de dirección, oficina de
personal, montaje, cineteca, depósito, se observa presencia de humedad, revoques
deteriorados, pintura descascarada. Se observa acumulación de polvo en general
sobre los distintos mobiliarios distribuidos. Los mismos no cuentan con climatización
central frío-calor... Dijo el Sr. Giménez: ...sólo hay extractores funcionando
de hace poco en los depósitos donde se encuentran las cintas, que igualmente se
están degradando por el ácido acético que tienen las películas... se notó presencia
de fuertes olores, particularmente de algún origen químico y presencia de polvillo
blanco en pisos... Matafuegos: se observaron distribuidos 10, no cuentan con
obleas que indiquen fecha de vencimiento de carga... Mangas contra incendio: se
observaron distribuidas 4, ...no creo que funcionen... manifestó Giménez. Luces
de emergencia: No se observaron. Cartelería de salida: se observó... en algunos
sectores y tramos de escalera principal. Salida de emergencia: se observó puertas
dobles de salida de emergencia no señalizada y cerrada con candado... Plan de
evacuación... no se observó cartelería de evacuación... Seguridad: no se observó
sistema de prevención de incendios...”.
92 Resolución n° 3565/06, : “…POR TODO ELLO: LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES R E S U E L v E :
1) Recomendar a la señora Ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, arquitecta Silvia Fajre, que:
a) suministre informe actualizado respecto de las acciones arbitradas
con motivo de las recomendaciones formuladas por esta Defensoría del Pueblo
mediante la Resolución 3061/05; remitiendo los antecedentes relativos a la situación
dominial del inmueble sito en la calle José Aarón Salmún Feijoo 555 de esta
Ciudad;
b) adopte las medidas que estime pertinentes a fin de adecuar las condiciones
de higiene y seguridad de las áreas afectadas a la prestación del servicio en el
inmueble sito en la calle José Aarón Salmún Feijoo 555 de esta Ciudad;
c) disponga la reubicación transitoria del personal que se desempeña
en el inmueble mencionado hasta tanto se verifique el efectivo cumplimiento de
las condiciones de higiene y seguridad; e implemente las medidas necesarias para
asegurar el depósito en condiciones de seguridad de los materiales, muebles, útiles

e instalaciones afectadas a la prestación del servicio.
2) Solicitar la intervención de la señora Directora General de Protección
del Trabajo, doctora Laura Fabiana Rua, a los efectos de verificar el cumplimiento
de las condiciones de trabajo previstas por la normativa en vigor respecto del personal
que revista en el Museo Municipal del Cine “Pablo C. Ducros Hicken”….”.
93 Actuación 3021/08, iniciada por el señor J. O. L., quien solicita se le conceda
un espacio para la instalación y explotación de un pequeño comercio en la estación
de transporte subterráneo “Once” de la Línea “H”, de acuerdo a las previsiones
legales de la Ley 899, reglamentada por Decreto 462/05. Resolución 4447/08.
94 Información suministrada a fs. 16 de la actuación 3021/08 (Informe nº 607-
COPINE-08, C.RE. nº 13.666-MGEYA-2008).
95 Decreto 462/05, Art. 1º “Apruébase la reglamentación de la Ley N° 899 y
el modelo de contrato de permiso precario de ocupación, uso y explotación, a
suscribirse con las personas con necesidades especiales, para el emplazamiento de
pequeños comercios en los espacios existentes dentro de las estaciones de subterráneos
de todas las líneas habilitadas y a habilitarse, que como Anexos I y II
respectivamente, forman parte integrante del presente”.
96 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ratificada
por Ley nacional 26378- establece en el Art. 27º, que: “Trabajo y empleo. 1. Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar,
en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles
a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán
el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran
una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la
promulgación de legislación, entre ellas: a) Prohibir la discriminación por motivos
de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de
empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad
en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras
y saludables; b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y
en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual
valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra
el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; c) Asegurar que las personas con
discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de
condiciones con las demás; d) Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua; e) Alentar las oportunidades de
empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado
laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo
y retorno al mismo; f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por
cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; g)
Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo
de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras
medidas; i) velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad
en el lugar de trabajo; j) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto; k) Promover
programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo
y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 2. Los Estados
Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud
ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás,
contra el trabajo forzoso u obligatorio” (el subrayado nos pertenece).
97 RESOLUCION DPCABA 4447/08: “….POR TODO ELLO:LA DEFENSO-
RIA DEL PUEBLODE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES RE S U E L v E :
165

166
1) Recomendar al señor Director General de Concesiones del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, inste el otorgamiento de concesiones a favor de
personas con necesidades especiales que se encuentran inscriptas en el Registro de
Aspirantes a Explotar los Espacios para Pequeños Comercios para personas con
discapacidad, en cumplimiento de la Ley nº 899. Asimismo, se solicita remisión
en copia certificada del Registro de Lugares Disponibles para la explotación de
pequeños comercios a cargo de personas con necesidades especiales. 2) Solicitar a
la señora Presidenta de la Comisión para la Plena Participación e Integración de
las Personas con Necesidades Especiales (COPINE), , la remisión en copia certificada
del Registro de Aspirantes a Explotar los Espacios para Pequeños Comercios,
creado por Decreto nº 1553/97.
3) Recomendar al señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tome la intervención
que le corresponda en el caso, en base a lo dispuesto por el Art. 138º de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4) Recomendar al señor Presidente de la empresa Subterráneos de Buenos
Aires Sociedad del Estado (S.B.A.S.E.), imparta las instrucciones que sean
pertinentes para dar cumplimiento a la Ley nº 899 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
5) Recomendar al señor Interventor de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (C.N.R.T.), tome la intervención que le corresponda en el
tema expuesto, a fin de dar cumplimiento a la Ley nº 899…”.
98 Actuación 2926/09, iniciada por la señora M. C. A., mediante una presentación
con la firma conjunta de otros vecinos que se autodenominan “Asamblea
de vecinos de villa Mitre y Santa Rita”, en la que solicita la intervención de este
organismo frente a la negativa de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público para otorgarle permiso de realización de actividades culturales en la
Plaza Roque Sáenz Peña, sita en la intersección de Avdas. Juan B. Justo y Boyacá.
Resolución DPCABA 3433/09.
99 Considerando I- de la Resolución de la Causa nº 19.538/08 caratulada “A., M.
C. s/ Infracción Art. 82 del Código Contravencional”.
100 Actuaciones 017/04, 2144/04, 2513/04, 2671/04, 3539/04, 5251/04,
6158/04, 6467/04, 950/05, 1216/05, 1341/05, 3215/05, 3307/05, 4399/05,
5103/05, 5590/05, 6057/05, 6215/05, 6426/05, 6713/05, 1860/06, 2305/06,
5219/06, 5713/06, 5897/06, 5899/06, 7509/06, 1662/07, 2513/07 y 2605/07 .
101 Manualidades y antigüedades. -Sábados, Domingos y Feriados-.
Paseo Recoleta . Pueyrredón y Libertador.
Paseo Humberto 1° . Humberto 1° y Defensa.
Paseo Alberdi. Lisandro de la Torre y Directorio.
Paseo Saavedra. García del Río y Roque Pérez.
Paseo Avellaneda. Directorio y Lacarra.
Paseo Centenario. Patricias Argentina y Machado.
Paseo Lezama. Av. Martín García y Av. Paseo Colón.
Paseo El Retiro Av. Calabria y Julieta Lanteri.
Paseo Palerno viejo. Malabia y Costa Rica.
Paseo Cortázar. Honduras y Serrano.
Paseo Parque Patricios. A. Caseros y Almafuerte.
Paseo Manuel Belgrano. Av. Juramento y Cuba.
Paseo vuelta de Rocha. Av. Pedro de Mendoza y Del valle Iberlucea.
Parque Los Andes. Corrientes y Dorrego.
Libros usados. -Martes a Domingo-.
Plazoleta Santa Fé. Av. Santa Fé y Thames.
Plaza Houssay.Av. Córdoba y Junín.
Plazoleta Tango. Corrientes y Rosales.
Parque Centenario. Pasaje Lillo y Leopoldo Marechal.
Plazoleta 1° Junta Rivadavia y Del Barco Centenera.

Parque de los Patricios. Av. Caseros y Monteagudo.
Plaza Lavalle Lavalle y Talcahuano.
Libros usados, antigüedades, filatelia y numismática. Martes a Domingo.
Parque Rivadavia Rivadavia y Beauchef.
Antigüedades. Martes a Domingo.
Mercado de las Pulgas .Dorrego y Concepción Arena
102 Actuación 6426/05.
103 Según informe del día 14 de junio de 2006 que consta en la Actuación
5590/05 (fs. 81).
104 Las ferias de “Cultura” (Ordenanzas 46075/92 y 47046/93) y las “paralelas”
regularizadas por Decreto 92/04. Con el Decreto 2075/07 es la Dirección General
de Ferias y Mercados, Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires la autoridad de aplicación única a la que asiste un
Representante del Ministerio de Cultura.
105 Resolución n° 2759/07: “….POR TODO ELLO: LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES R E S U E L v E : 1) Recomendar
al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Producción del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que arbitren los medios a fin de publicar en la página
web del Gobierno de la Ciudad el listado de los permisionarios de las ferias (de
artesanías, manualidades, libreros, filatelia, etc.) y de los puestos vacantes en todas
las ferias, manteniendo dicha información en forma actualizada.
2) Recomendar al Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que:
a) se abstenga de realizar fiscalizaciones (o refiscalizaciones) previas a los
pases de feriantes, ya que los únicos requisitos exigibles según lo dispuesto en el
Art. 13º (Decreto 435/02) son la antigüedad y la permanencia;
b) las fiscalizaciones prevean la posibilidad de impugnaciones fundadas
(las que deberán ser analizadas por la autoridad de aplicación, aprobándolas o no)
y en tal caso, la revisión de la evaluación en una segunda instancia, mediante una
nueva evaluación por expertos designados por la autoridad de aplicación.
106 Actuación 6449/05.
107 Actuación 4465/05.
108 Actuación 6439/05.
109 Actuaciones N° 2254/05, 3105/05, 4474/05, 2085/07, 1488/07, 5370/07,
4925/07. RESOLUCION Nº 3091/09.
110 Según antecedentes agregados en la Actuación 1488/7.
111 Actuación 4925/7.
112 Actuaciones 2254/5, 3105/5, 4474/5.
113 Actuación 5370/7, fs. 11/15.
114 Actuaciones 6040/08 y 3153/10. “…Ciudacoches. Permisos. Requisitos. Se le
informe los permisos que necesita para poder obtener un permiso para trabajar
de ciudacoches”, y “Cooperativa Coventare, continuidad laboral- Renovación de
contratos. Por la preocupación que genera en los empleados la falta de certeza de
su continuidad laboral.”
115 En el marco de la licitación se realizó la audiencia pública del 15 de julio de
2010.
116 Actuaciones 2596/03, 3068/03, 3824/03, 5135/03, 5323/03, 5325/03,
5463/03, 5984/03, 8616/03, 9080/03, 9440/03, 10006/03, 10356/03,
10472/03, 10575/03, 10849/03, 10920/03, 052/04, 204/04, 560/04, 899/04,
1430/04, 1637/04; 1787/04 y 2532/04, y actuación 542/04, “iniciada de oficio
a fin de solicitar al señor Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires disponga lo necesario para que se dicte el Decreto Reglamentario de la Ley
nº 1166”. RESOLUCIÓN 3025/04 .
Actuaciones 609/99, 1820/99, 2237/99, 2492/99, 2800/99, 2957/99,
3626/99, 346/00, 397/00, 480/00, 1749/00, 2628/00, 2938/00, 3284/00,
4841/00, 4843/00, 560/01, 720/01, 1263/01, 1855/01, 2993/01, 3331/01,
167

168
4912/01, 5971/01, 6991/01, 7179/01, 7623/01, 7846/01, 10860/01, 12079/01,
631/02, 1970/02, 2438/02, 2666/02, 2756/02, 4281/02, 4418/02, 4570/02 y
4902/02. RESOLUCIÓN 3592/02.
Actuaciones 5674/04, 6834/04, 803/05, 806/05, 1281/05, 1421/05,
1435/05, 1438/05, 1543/05, 1731/05, 1738/05, 1836/05, 1864/05, 2133/05,
2853/05, 3128/05, 3976/05, 4306/05, 4972/05, 5582/05, 6029/05, 6532/05,
357/06, 3442/06, 4011/06, 4548/06, 5901/06, 6578/06 y 525/07 iniciadas ante
esta Defensoría del Pueblo con el fin de consultar acerca de la tramitación a realizar
para la obtención de permisos de venta en la vía pública.
117 Actuaciones 2596/03, 3824/03, 8616/03, 9080/03, 10356/03, 10575/03,
10849/03, 052/04, 204/04, 560/04, 1637/04 y 2532/04.
118 Actuación 10006/03.
119 Actuaciones 899/04, 9440/03 y 5135/03.
120 Actuaciones 10920/03, 5984/03, 5463/03, 5323/03, 5325/03 y 3068/03.
121 Actuaciones 3104/05, 3181/05, 4000/06 y 4472/06.
122 A fs. 3 de la actuación 3181/05.
123 A fs. 36 de la Actuación 3104/05.
124 Resolución 1609/05 que recayó en la actuación 77/05 y otras.
125 Actuación 1277/04, iniciada por personas de nacionalidad boliviana, en razón
de haber sido traídos con engaño de su país de origen para ser objeto de explotación
laboral en un taller de costura y solicitaron una mediación que les permita
cobrar lo adeudado por el patrón y costear el retorno a su tierra.
Actuación 1267/99, se Inició de oficio en la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad, “en averiguación del cumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad
de lo dispuesto en el Título Segundo: ”Políticas Especiales”, Capítulo decimocuarto:
Trabajo y Seguridad Social, de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, particularmente lo estatuido en los artículos 43 ab-initio y 44,
segundo párrafo, del mencionado estatuto organizativo”.
Actuación 5601/05.
126 ver fs. 46/47 de la Actuación 1277/04.
127 Misma actuación, a fs. 49/50.
128 Conforme a lo dispuesto en el Art. 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y 2º de la Ley 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
129 Actuación 1277/04: a fs. 53/54 testimonial el señor B.C.O, a fs. 64 testimonial
de J.E.G.H, a fs. 65/67 testimonial de A.H.R., a fs. 68/69 testimonial
de F.N.M.B., a fs. 71/72 testimonial de v.L.H.L., a fs. 73/74 testimonial de
J.J.O.B., a fs. 75/76 testimonial de M.F.M.. Actuación n° 5601/05, fs. 23 testimonial
de R.C.A.; fs. 24 declara C.Q.; fs. 25 declara P.CH.C.; fs. 26 declara
S.L.L.; fs. 27/28 declara G.R.A.R; fs. 29 declara J. L. R. C.; fs. 30 declara L.
M. P. A.; fs. 103 declara P. Q. N. Y.; fs. 105 declara S. Q. v.; fs. 106 declara Y.
E. Q. N; fs. 107 declara G. A. Q. N.;a fs. 108 declara R. A. R.; fs. 109 declara
A. A. T.; M. H L declara a fs. 484, S. L. C. v. declara a fs.436, denuncia de C.
A.S. fs.431, M. H. L. declara a fs. 484, M. G. S. declara a fs. 486; G. A. H. Ch.
declara a fs. 489/90; G. S. S. M. declara a fs. 491/492 vta.; R. M. O. declara a fs.
498; E. Ch. R. declara a fs. 499; L.M.C declara a fs. 506; A.A.R. declara a fs. 507;
H.M.B. declara a fs. 508.
130 Misma Actuación, mismas fojas.
131 ver Resolución 3301/05.
132 Artículo 6: Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno,
cada
Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la
trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de
las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.
2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo
interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata

de personas, cuando proceda:
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones
se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra
los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa;
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas
destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la
trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad
civil, y en particular mediante el suministro de:
a) Alojamiento adecuado;
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus
derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan
comprender;
c) Asistencia médica, sicológica y material; y
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. presente artículo,
la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas,
en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento,
la educación y el cuidado adecuados.
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las
víctimas
de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.
6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno
prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de
obtener indemnización por los daños sufridos.
Artículo 7
Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado
receptor
1. Además de adoptar las medidas previstas en el Art. 6 del presente Protocolo,
cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas
u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas
permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo,
cada Estado Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y
personales.
Artículo 8
Repatriación de las víctimas de la trata de personas
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas
o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de
su entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora
indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente
en cuenta su seguridad.
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de
la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el
que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en
el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice
teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado
de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es
una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido
verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de
personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su
territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor.
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas
que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea
169

170
nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de
su entrada en el territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa
solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro
tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar
en 5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas
de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor.
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o
arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación
de las víctimas de la trata de personas.
Artículo 9
Prevención de la trata de personas
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de
carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres
y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades
de investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas
sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de
conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación
con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros
sectores de la sociedad civil.
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes,
recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar
factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas
que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la
trata.
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como
medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular
a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia
cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y
niños”.
133 Se encuentran publicadas en la página web de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires www.defensoria.org.ar
134 La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos
y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de Naciones Unidas, define como
prácticas análogas a la esclavitud “la servidumbre por deudas” y “la servidumbre de la gleba,
o sea, la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un
acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta,
mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar
su condición”.
135 Artículo 1.- 1.Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique
el presente Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo
forzoso u obligatorio en todas sus formas. Artículo 4
1. Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga
el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas
jurídicas de carácter privado.
2. Si existiera tal forma de trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares,
de compañías o de personas jurídicas de carácter privado, en la fecha en que el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo haya registrado la ratificación de este
Convenio por un Miembro, este Miembro deberá suprimir completamente dicho trabajo
forzoso u obligatorio desde la fecha en que para él entre en vigor el presente Convenio.
136 CIDH, informe s/COMUNIDADES CAUTIvAS: SITUACIÓN DEL PUEBLO
INDÍGENA GUARANÍ Y FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAvITUD
EN EL CHACO DE BOLIvIA.

La Ciudad en números
Población total: 3.042.581 (1.403.522 varones, 1.639.059 mujeres)
Superficie total: 203,2 km2.
Densidad: 14.973 habitantes/km2.
Distribución porcentual de la población según tipo de vivienda
Tipo de vivienda %
Casa 27,8
Departamento 67
vivienda precaria* 5,2
* Inquilinato, un conventillo, un hotel o pensión, una construcción no destinada a vivienda, un rancho o una casilla.
Distribución porcentual de hogares y población por condición de pobreza
Hogares %
No hacinados 90,3
Hacinados* 9,7
Con hacinamiento crítico 1,6
* En las Comunas 4 y 8 (de la zona sur), los hogares hacinados superan al promedio de la Ciudad, con el 19 y el 24,4
% respectivamente. Las Comunas más afectadas son la 4, la 3 y la 1, con porcentajes muy por encima del promeido
de la Ciudad (5,1%). En la Comuna 4, el porcentaje de viviendas precarias asciende a 13,7. Por otro lado, en las
Comunas 11, 2 y 6 este indicador no supera el 1,4 %
Máximo nivel de instrucción alcanzado por la población mayor de 25 años que reside en la
Ciudad (Encuesta Anual de Hogares 2008)
Hasta Primario Primario Secundario Secundario Superior Superior Completo /
Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Posgrado Incompleto
4,7 % 14,9 % 11,6 % 20,6 % 17,8 % 30,4 %
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Año 2008.
171

Colección Diagnósticos
La colección Diagnósticos está compuesta de cinco núcleos
temáticos, a saber:
1)La vida y su calidad: Abarca el derecho a la salud, a la
alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación y a un
ambiente sano.
2)La democracia y sus libertades: Abarca los derechos políticos
y de participación, el derecho a la igualdad, la diversidad y la
no discriminación, el derecho de acceso a la información, el
derecho a la libertad de expresión y a la cultura y el derecho al
espacio público.
3)El sistema de justicia: Abarca el derecho a acceder a la
justicia y el derecho a la integridad, libertad y seguridad.
4)Los grupos vulnerables: Abarca a quienes sufren las secuelas
de la última dictadura militar, los excombatientes de la Guerra
de Malvinas, la infancia privada de familia, la tercera edad, los
discapacitados, los indigentes, los migrantes y refugiados y las
víctimas de la trata de personas.
5)Los derechos difusos: Abarca el derecho a los servicios
públicos y los derechos de consumidores, usuarios y
administrados.
Próximo fascículo: El Derecho a la Democracia.