Trata de seres 2012

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Defensor del Pueblo
Ante casos de duda
sobre la edad, la
primera medida a
adoptar es su
determinación
No hay datos fiables
sobre menores
extranjeros no
acompañados en
España
La atención
inmediata ha de ser
paralela al
procedimiento de
determinación de la
edad
5. La comunidad científica insiste en la necesidad de tener en cuenta en la reali­
zación de cualquier estudio de estimación de la edad, la influencia que factores
patológicos específicos, nutricionales, higiénico­sanitarios y de actividad física
tienen en la cronología de las secuencias de cambios morfológicos. Sin em­
bargo, la relevancia de los factores étnicos continúa siendo una cuestión de­
batida.
6. Los márgenes de error que presentan las técnicas médicas, a las que se ha
aludido, han suscitado la propuesta de avanzar hacia un método que se deno­
mina holístico. Sin embargo, no existe consenso sobre los elementos que debe
contemplar ese método holístico, si bien se apunta que los exámenes médicos
debieran ceder su protagonismo a favor de exámenes psicosociales.
7. La inoperancia del Registro de Menores no Acompañados, pieza fundamental
para asegurar la identidad de estos menores en España, compromete grave­
mente el control de los procedimientos de determinación de edad realizados,
la individualización de los interesados, el seguimiento de la situación y de la
movilidad de los mismos, así como la adopción de las medidas de coordinación
que resultan imprescindibles, a la vista de la diversidad de organismos con
competencias concurrentes en este ámbito. Adicionalmente, esta situación
impide la existencia de estadísticas fiables sobre los menores extranjeros no
acompañados en España, lo que condiciona la toma de decisiones.
8. La generalidad de los términos con los que el artículo 35.3 de la Ley Orgáni­
ca 4/2000, de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, alude a la colaboración de las instituciones sanitarias
oportunas y a la realización de las pruebas necesarias con vistas a la deter­
minación de la edad, ha provocado una amplia diversidad de prácticas en el
conjunto del territorio nacional. La Fiscalía General del Estado ha prestado
atención a este asunto a través de diversos documentos, si bien dicha situa­
ción no puede considerarse superada, y continúan sin resolverse cuestiones
muy relevantes que corresponde abordar a la Fiscalía, dado su especial
protagonismo en estos procedimientos. La necesaria coordinación de todas
las instituciones y administraciones afectadas, que el Reglamento de desa­
rrollo de la Ley 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, difiere a un
protocolo marco, no puede sustituir ni condicionar el papel director del Minis­
terio Fiscal en este ámbito.
9. La ley establece: «En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no
pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes
de protección de menores la atención inmediata que precise..., poniéndose el
hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la deter­
minación de su edad...». En términos legales la prestación de la atención inme­