Magdalena Medio Santandereano - Movimiento de Víctimas de ...

TABLA DE CONTEDIDO
PAGINA
PRESENTACION 4
1-CONTEXTO GEOGRAFICO Y ECONOMICO 4
2-PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS 6
2.1-Grupos insurgentes en la región 6
2.2-Presencia militar 7
2.3-Presencia paramilitar 8
3-PANORAMA SOCIAL 11
3.1-El movimiento campesino 17
3.2-Los movimientos políticos de oposición 20
3.2.1-Partidos y movimientos políticos victimizados 21
4-RESPONSABLES DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
EN EL MAGDALENA MEDIO SANTANDEREANO ENTRE 1966-1998 22
4.1-Detención arbitraria, tortura y sindicacion entre 1972-1982 24
4.2- Represión Militar-Paramilitar de 1982 en adelante 38
5-SANTA HELENA DEL OPON 41
6- SIMACOTA 44
6.1-Masacre de la Rochela 53
6.2-Bombardeos, ametrallamientos y acciones paramilitares en Simacota 55
7-EL CARMEN DE CHUCURI 66
7.1-Crímenes contra miembros de organizaciones políticas
de oposición en el Carmen de Chucurí 69
1

8-SAN VICENTE DE CHUCURI 99
8.1-El paro del Nor-oriente 109
8.2-La masacre de la fortuna, llanacaliente y tres amigos 117
8.3-Represalias contra los marchantes 123
8.4-La fosa común de hoyo malo 127
8.5-La Brigada móvil # 2 principal responsable de CLH 147
8.6-El problema de los comerciantes de cacao 163
8.7-Corporación Chucureña para la defensa de los DDHH 180
8.8-La persecución a los personeros de San Vicente de Chucurí 184
8.9-La casa campesina de San Vicente de Chucurí 185
9-BETULIA 186
9.1-Militares, Paramilitares y desplazamiento 198
10-PUERTO PARRA 203
10.1-Persecución a la UP en Puerto Parra 205
10.2-La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare-ATCC 212
11-LANDAZURI 215
12-SABANA DE TORRES 216
12.1-Persecución contra la UP 218
12.2-Comité regional de DDHH de Sabana de Torres 228
12.3-Otros sectores victimizados en sabana de torres 228
12.4-El movimiento campesino obrero y popular de Sabana de Torres 261
2

13-PUERTO WILCHES 264
13.1-Persecución y muerte a los trabajadores y sindicalistas
de Puerto Wilches 280
13.1.1-SINTRAINAGRO 280
13.1.2-SINTRAPALMA 282
14-ZAPATOCA 283
3

MUNICIPIOS SANTANDEREANOS DEL MAGDALENA MEDIO
Nosotros no queremos armas
queremos una peinilla,
no como lo pasan diciendo,
que apoyamos la guerrilla.
(Copla compuesta por un campesino desplazado de la
vereda El Silencio de San Vicente)
PRESENTACION
En éste capítulo del Informe se presentaran los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos
entre 1966 y 1998 por el Estado y los grupos paramilitares que actúan con su anuencia, en
los municipios santandereanos que corresponden a la región del Magdalena Medio, donde
opera la V Brigada. Estos municipios son: Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, El
Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Puerto Parra, Landázuri, Santa
Helena del Opón, Simacota, Betulia y Zapatoca. Se excluye el municipio de Cimitarra, por
cuanto fue incluido en el Informe de la Zona XIV, mientras que Barrancabermeja se
presentará en un volumen a parte debido a la gran cantidad de crímenes cometidos en el
centro petrolero.
El informe da cuenta de la caracterización geográfica y económica de la región, la
presencia de los diferentes actores armados, un contexto social donde se puede
evidenciar como los pobladores y los diferentes sectores sociales fueron victimas de la
represión del estado, enunciado algunos beneficiarios. Y por ultimo la presentación de los
casos de Crímenes de Lesa Humanidad en cada municipio de la región del magdalena
Medio.
1 CONTEXTO GEOGRAFICO Y ECONOMICO
El Magdalena Medio Santandereano se encuentra ubicado en el centro del país, entre las
cordilleras central y oriental y tiene como eje la sección media del río Magdalena,
ubicándose a lo largo de aproximadamente 300 kilómetros de su ribera. Esta región está
atravesada por la autopista que comunica al interior del país con la costa y por el
ferrocarril que cumplió la misma función, lo que la constituye en una región con múltiples
vías de acceso tanto terrestre, fluvial y aéreo.
En la región se presentan diversas zonas de bosques: la parte norte, a ambos lados del río
Magdalena y en áreas pequeñas cercanas a Bucaramanga hay presencia de un bosque
seco tropical, con una temperatura media superior a los 24 o C y un promedio de lluvias
entre 1.000 y 2.000 mm. Aproximadamente el 80% de la región presenta bosque húmedo
tropical. El bosque muy húmedo tropical, ocupa la menor extensión en el área, se localiza
a lado y lado del río Magdalena, en una zona equidistante entre Puerto Berrío y
Barrancabermeja, dentro de la cual se encuentran la Ciénaga de Chucurí y las
poblaciones de El Carmen de Chucurí, San Vicente Chucurí, Puerto Carare y el
4

corregimiento las Montoyas. La región del Opón tiene una temperatura media superior a
24 o C y un promedio anual de lluvias entre 4.000 y 8.000 mm 1 .
La población estimada del Magdalena Medio es de 715.862 habitantes, que constituyen el
1.98% de la población colombiana. De estos 400.340 residen en zona rural (en centros
que tienen hasta 10 mil habitantes o como población dispersa) y 71.054 habitan en zona
semiurbana (centros entre 10.001 y 30.000). Las personas pobres, con necesidades
básicas insatisfechas es del 50.6% y acerca del 70% en pobreza por ingresos; en una
situación que tiende a perpetuarse en el corto y mediano plazo. Y en un contexto de
enorme violencia social.
“Se debe tener en cuenta que lo que hoy se conoce como El Carmen de Chucurí se
constituyó en municipio cuando se separó una parte del territorio de San Vicente de
Chucurí en 1986” 2 , de modo que muchos de los crímenes que ocurrieron en la región que
hoy conocemos como El Carmen se cometieron en San Vicente del Chucurí, en la
Inspección de Policía Tres Amigos o en las veredas de El Guamo y Los Olivos.
1
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Documento Central de Diagnóstico, Conclusiones y
Recomendaciones. Bogotá, mayo de 1996.
2
Decreto 703 del 4 de junio de 1986 de la Gobernación de Santander.
5

En términos generales, la región santandereana del Magdalena Medio se caracteriza por
su producción agrícola y por poseer importantes riquezas en el subsuelo, tales como
petróleo, carbón, gas natural, madera y oro, entre otros. Es justamente en esta zona
donde se halla el mayor complejo petrolero del país, además de ser centro de explotación
de nuevos recursos, entre los que como ya se anotó, se encuentran el gas natural y el
carbón. A esto se suma la construcción de hidroeléctricas (Betulia), de infraestructura vial
y la recuperación de la línea férrea y de la navegabilidad del río Magdalena, lo cual hace
de la región un polo estratégico para el desarrollo de la industria turística y lo constituye en
un centro neurálgico para el comercio, al ser un punto de tránsito entre el centro del país y
la costa atlántica.
La agroindustria de la palma aceitera, conocida como Monterrey, se desarrolló en Puerto
Wilches, caracterizándose por la inyección de grandes sumas de dinero provenientes de
sectores empresariales; por el desplazamiento de población campesina para apropiarse
de grandes extensiones de tierra; por la represión estatal contra los movimientos
sindicales acudiendo principalmente a la sindicación de pertenecer a grupos guerrilleros; y
por la utilización del asesinato y la desaparición forzada. En Puerto Wilches, además de la
agroindustria de la palma aceitera, existen yacimientos petroleros, lo que explica el alto
número de población rural, urbana y en particular de sindicalistas victimizados en esa
población.
En la región también se presentan cultivos de coca y laboratorios para su procesamiento,
principalmente en Puerto Parra, Landázuri y Puerto Wilches. Mientras Puerto Parra y
Cimitarra son municipios principalmente ganaderos. Landázuri se caracteriza por su
economía de subsistencia, es decir los cultivos de pancoger con los que sobreviven sus
habitantes. Sabana de Torres tiene una economía de enclave, debido a los yacimientos
petroleros de Campo Provincia principalmente. Este municipio es particularmente
importante por sus diversas vías de acceso, ya que se encuentra sobre la vía férrea y
posee pistas de aterrizaje para transporte aéreo y una importante red vial. El Carmen de
Chucurí es una población agrícola; sin embargo, se descubrieron a finales de los ochenta
yacimientos de carbón y esmeralda que actualmente son explotados. Puerto Parra es
también una población ganadera y por su ubicación es vital dentro de la red fluvial que
comunica los diversos municipios de la región, es un municipio rico en recursos
pesqueros. San Vicente de Chucurí se caracteriza por contener yacimientos petroleros en
el corregimiento de Yarima, recursos forestales, ganaderos y agrícolas, en especial, café,
caña, cacao y maíz.
Pese a la abundancia de posibilidades de desarrollo económico y social, la población
sobrevive en condiciones extremas de pobreza, lo cual ha generado una atmósfera de
inconformidad generalizada en la que han ido madurando conflictos agrarios y laborales
de gran importancia, que dieron origen a la presencia de organizaciones sociales, políticas
y procesos de resistencia armada popular, generando una dinámica de confrontación
social cada vez más radical.
2 PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS
6

2.1 Grupos Insurgentes en la Región.
La región del Magdalena Medio fue durante la época de la violencia, centro de acciones de
la guerrilla liberal de Rafael Rangel. Posteriormente, fue escenario del nacimiento del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964, en la zona de El Carmen de Chucurí
jurisdicción del corregimiento de San Vicente del Chucurí y Simacota, lo que explica que
de 1965 a 1981 en esta región se haya concentrado fuertemente la acción
contrainsurgente del Estado y en los años posteriores a 1982, la acción paramilitar. Esta
organización guerrillera, que ha sorteado distintos momentos de crisis, se convirtió en uno
de los movimientos insurgentes con mayor presencia en esta región.
El ELN, fue conformado principalmente por campesinos y ex combatientes de la guerrilla
liberal de Rangel, sectores del estudiantado movilizados a nivel regional a través de la
Asociación Universitaria de Santander (AUDESA), sectores obreros, pequeños
comerciantes y ex militantes del MRL; su presencia durante el transcurso de treinta años
en los municipios de Barrancabermeja, El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí,
Santa Helena del Opón, Bajo Simacota, San Pablo, Puerto Wilches, Sabana de Torres y
en el Municipio de Yondó hasta 1973.
7

Los frentes del ELN que operan en el Magdalena Medio Santandereano son: Manuel
Gustavo Chacón, Frente Urbano Resistencia Yariguíes, Capitán Parmenio, Luís Guillermo
Vásquez Bernal y la Compañía Comuneros.
Por otro lado, desde 1966 hacen presencia en la zona, guerrilleros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, cuyos hombres se ubican en la margen
occidental del Río Magdalena, consolidando el IV frente que opera entre los ríos Carare,
Opón, Minero y Ermitaño en el municipio de Cimitarra. 3 Otros frentes que actúan en la
región son el XXIV, XX, XII, XXX, XI, XXIII, XXXIV.
En menor proporción aparecieron en el Magdalena Medio Santandereano el M-19 y el EPL
a finales de la década del setenta, pero su influencia se concentró en algunos municipios
del sur de Santander que no se consideran en este informe. El M-19, fue importante en la
década del ochenta, por su cercanía con los movimientos organizativos estudiantiles y
campesinos, en particular con las Ligas Campesinas, Utrasan, Liga Asociación de
Aparceros y la ANUC-UR.. El Ejército Popular de Liberación (EPL) actúo en la región con
el frente Ramón Gilberto Barbosa.
A finales de los ochenta se desmovilizaron el M-19 y el sector de la Corriente de
Renovación Socialista, subgrupo perteneciente al ELN.
Los procesos de confrontación armada entre las fuerzas militares y los grupos insurgentes
se complejizaron con la irrupción de los grupos paramilitares y narcoparamilitares,
inspirados en las acciones contrainsurgentes de la Doctrina de la Seguridad Nacional y
auspiciados por los intereses económicos de los propietarios de la tierra, comerciantes,
empresarios petroleros y narcotraficantes.
2.2 PRENSENCIA MILITAR
En esta zona tienen jurisdicción el Batallón Antiaéreo de Artillería No. 2 “Nueva Granada”,
cuya sede es Barrancabermeja, aunque sus tropas se acantonan a su vez en Sabana de
Torres. También opera en la zona el Batallón de Infantería No. 40 “Luciano D’ Elhuyar” con
sede en San Vicente del Chucurí y bases en los corregimientos de Yarima, Albania y en el
municipio de El Carmen de Chucurí; el Batallón de Infantería No. 41 “Rafael Reyes” con
sede en Cimitarra. La Brigada Móvil No. 1 y 2 fueron otras de las unidades militares que
operaron en la región. Por otra parte, la Armada Nacional hace presencia a lo largo del río
Magdalena, La Brigada XIV, La Brigada del B-2, el Batallón de infantería Nº 14 “Ricaurte”,
el Batallón de contraguerrillas Nº 14 “palagua” el Batallón de ingenieros Nº 14 “batalla de
calibio”, Batallón contraguerrillas Nº 45 “héroes de majagual” y el Batallón de ingenieros Nº
5 “caldas”, han hecho presencia en la zona V en diferentes operativos militares.
3 Programa de desarrollo y paz para le Magdalena Medio. Unidad de Convivencia y Paz, p. 10
8

2.3 PRESENCIA PARAMILITAR
El modelo paramilitar en esta zona es particular, debido en gran parte al apoyo de la
Institución militar y terratenientes para la constitución y puesta en marcha de dichas
estructuras. El paramilitarismo logró expandirse en una zona tradicionalmente de
izquierda, llegando a sitiar a la ciudad de Barrancabermeja, capital del Magdalena Medio e
importante bastión de las luchas populares en Colombia. Una denuncia realizada en 1996
por miembros del Albergue Campesino de Barrancabermeja, expresó la situación de la
región cuando afirmaban:
9

“Barrancabermeja se encuentra sitiada por el paramilitarismo. Según
testimonios se nota un avance territorial por el norte, comprendido desde
los límites con el municipio de San Alberto, departamento del Cesar,
formando un triángulo con los municipios santandereanos de Puerto
Wilches, por el occidente y Sabana de Torres por el oriente. Este avance
territorial se extiende hasta los alrededores rurales de Barrancabermeja, en
particular al corregimiento El Centro y la presencia anónima de miembros
vinculados al paramilitarismo en los barrios nororientales. La red paramilitar
se acaba de tejer con el proyecto implementado desde hace varios años
con la ocupación de territorios de los municipios limítrofes con
Barrancabermeja: por el sur El Carmen y Cimitarra, por el sur occidente
Puerto Parra y por el sur oriente San Vicente de Chucurí y Simacota.”
Añade la denuncia que:
“Los grupos paramilitares han obligado a la disolución de las comunidades
campesinas, se han apropiado de sus fincas, han llevado a acabo
homicidios que por sus características rayan en la barbarie, y por medio de
hostigamientos, intimidaciones y amenazas de muerte han alterado la vida
cotidiana de los habitantes de la región”.
El modelo paramilitar se estructuró en el Magdalena Medio en 1982, implementado por la
Brigada XIV, unidad establecida inicialmente en Cimitarra y luego en Puerto Berrío
(Antioquia). Esta iniciativa fue liderada por el general Daniel García Echeverri y por el
alcalde militar de Puerto Boyacá, Capitán Oscar de Jesús Echandía. Con la creación de
los grupos paramilitares se buscaba implementar, además de una guerra política contra la
guerrilla, la consolidación del territorio para la implementación de grandes proyectos
económicos; en la medida en que se menguara la simpatía del campesinado hacia
aquella. De esta forma se conformaron en la región las primeras unidades que reclutaron
campesinos, denominadas “autodefensas”, estructuras que fueron bien vistas por las elites
locales, quienes veían amenazado su proyecto de exclusión económica, política y social
con la proliferación del ánimo organizativo y reivindicativo del campesinado y de los
sectores populares, sindicales y cívicos que pretendían participar activamente en la
determinación del modelo de desarrollo local. Así, terratenientes, gamonales,
narcotraficantes, contrabandistas o empresarios ilegales, unidos a los agentes estatales,
respaldaron y financiaron la conformación de estos grupos que se convirtieron en ejércitos
paramilitares ofensivos dedicados a adelantar una cruenta “guerra sucia”, contra los
diversos sectores sociales, particularmente contra aquellos que representaran una
amenaza para los feudos políticos y económicos de la oligarquía y la burguesía.
Entre los ganaderos que fomentaron el modelo paramilitar en el Magdalena Medio, están,
Nelson Lesmes, Gonzalo Pérez y Pablo Emilio Guarín, quienes utilizaron como fachada
para adelantar las actividades criminales la Asociación Campesina de Ganaderos y
Agricultores del Magdalena Medio, ACDEGAM, que apareció como una organización para
10

el apoyo del campesinado, inyectando fuertes sumas de dinero para financiar programas
de asistencia social, buscando con ello consolidar el apoyo popular a las instituciones
estatales y a los partidos tradicionales. Por tales razones, esta organización se convirtió en
el principal referente de la lucha anticomunista al organizar clandestinamente estructuras
paramilitares para golpear al campesinado, los líderes cívicos y políticos de izquierda.
En esta región, más que un modelo de autodefensa, el modelo paramilitar tiene un claro
sesgo contrainsurgente que se dirigió contra la llamada “base social de la guerrilla”, es
decir, contra la población que se encuentra en los territorios donde existe presencia de
grupos insurgentes y que no se pliegan dócilmente a las imposiciones de los grupos
política, económica y militarmente dominantes. Carlos Castaño, conocido paramilitar hoy
desaparecido, afirmó en 1990: “En guerra, un civil desarmado es un término relativo. Dos
11

tercios de la guerrilla son miembros desarmados que operan como población civil y
colaboran con la guerrilla” 4 .
Puede precisarse el despegue del proyecto paramilitar en la región del Magdalena Medio
Santandereano en 1981, en la Inspección de Policía de San Juan Bosco de La Verde,
ubicada en el municipio de Santa Helena del Opón, donde el inspector de policía Isidro
Carreño con el apoyo logístico y financiero del Comando Operativo No. 10 del ejército, con
sede en Cimitarra (Santander) y de los narcotraficantes, terratenientes y empresas
multinacionales con intereses en la región, dio curso a la creación de las primeras
estructuras paraestatales de la zona 5 . A lo largo de varios meses en 1982, algunos
habitantes de la región chucureña apoyados por las autoridades civiles y militares,
empezaron a reclutar hombres de la zona para que integraran el grupo paramilitar MAS
(Muerte A Secuestradores). Tal como fue establecido por la Comisión Intercongregacional
de Justicia y Paz: “en el mes de septiembre de 1982, se llevó a cabo una reunión de 25
hacendados con el Comandante del Comando Operativo No. 10 del Magdalena Medio
(con sede en Cimitarra), Coronel Ramón Emilio Gil Bermúdez, con el fin de convenir
medios para sostener al MAS. Allí el militar declaró también dar el apoyo militar a dicho
grupo por parte del ejército”. 6
Esta afirmación fue corroborada con las confesiones que reposan en los Anales del
Congreso de 1983, y principalmente con el informe del Procurador General de la Nación
del 20 de febrero de ese año, donde se señaló que 59 miembros activos de las fuerzas
militares estaban vinculados con el grupo paramilitar MAS, identificando entre ellos al
Oficial Gil Bermúdez como uno de los miembros del ejército más activos en la promoción
del paramilitarismo en la zona 7 .
Esta situación también fue confesada por los paramilitares capturados en el marco de la
investigación por la muerte de líder cívico ANIBAL CARREÑO, quienes afirmaron que
fueron liderados por Luis José Pardo, Marcos Blanco, el Inspector de Policía Isidro
Carreño y su hijo Isidro Carreño Estévez; quienes recibieron armas del coronel Gil
Bermúdez, antiguo comandante de la Base Militar de Cimitarra quien junto con los
Mayores Anzola y Vera, el Capitán Ariza, los tenientes Ramírez, Rosales y Ricardo, los
Sargentos Cristina Hernández y Celis, los Cabos Quintana y Ramón, los entrenaban en
bases militares aparentemente clandestinas, donde efectivos del ejército ingresaban
continuamente para proveerlos de armas y municiones, además de brindarles
entrenamiento, transportarlos en vehículos militares, hacerles el pago por los patrullajes y
presionar a la población civil para lograr el apoyo a los grupos paramilitares 8 .
4
CASTRO, Germán. Los Paramilitares, en Secreto. Ed. Planeta, Bogotá, 1996. Citado por ROMERO,
Mauricio. Democratización política y contra reforma paramilitar. p. 367.
5
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar en la Región de Chucurí. Agosto
de 1992. p.7.
6
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar..., Op. cit. p. 8
7
Banco de Datos de Violencia Política del CINEP. Deuda con la Humanidad. Paramilitarismo de Estado,
1988-2003. El modelo chucureño de paramilitarismo, Bogotá, Diciembre de 2004. p. 347.
8
Ibídem. p. 7
12

“De la región del Cimitarra y de Santa Helena del Opón, apoyados por la estrategia
expansiva que se realizó desde Puerto Boyacá y Puerto Berrío con estructuras armadas al
servicio de Víctor Carranza, los grupos paramilitares extendieron su influencia a las
veredas Angostura de los Andes, Santo Domingo del Ramo y Tres Amigos, en el Carmen
de Chucurí. Poco a poco su radio de acción, con ciertas diferencias en su despliegue, fue
abarcando más terreno, hasta incluir completamente la región chucureña (El Carmen y
San Vicente), Puerto Parra (inspecciones de Campo Capote y las Montoyas), Simacota
(inspección Departamental La Rochela, las veredas la Vizcaína Alta y Baja) y
Barrancabermeja (Inspección de Cienaga del Opón) 9 .
En el ámbito político, la consolidación del proyecto paramilitar se vio reflejada durante la
elección popular de alcaldes de 1988, donde el Movimiento Anticomunista del Magdalena
Medio liderado por Luis Alfredo Rubio, realizó proselitismo postulando sus candidatos para
ocho alcaldías municipales de la región, con las siguientes consecuencias: “El movimiento
que lidera Luis Alfredo Rubio Rojas empieza a crecer y tomar fuerza en el Magdalena
Medio. En las próximas elecciones esta organización política estará integrada por los
municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Parra, Puerto Salgar,
Cimitarra, Yacopí y Puerto Boyacá, con candidatos propios a las 8 alcaldías. Los
municipios mencionados, que tienen el mismo problema de la subversión, buscan
desterrar al comunismo de sus respectivos territorios con la inteligencia y voluntad de
servicio que tienen los futuros alcaldes... Nuestra fuerza política se extenderá a todos los
sectores que sufren el flagelo de la violencia subversiva; estaremos atentos con nuestras
manos de apoyo donde quiera que el cáncer (sic) del comunismo se quiera empotrar para
menoscabar la grandeza de nuestra querida patria.” 10
Los paramilitares se asentaron principalmente en las zonas planas de la región, donde se
encuentran las tierras más productivas y se concentra el latifundio, pues son las que
poseen infraestructura vial y de servicios; además allí se ubican las principales bases
militares. FEDELONJAS afirmó en 1988, que desde 1979 se habían invertido 5.500
millones de dólares del narcotráfico en la compra de tierras para la inversión en ganadería
en diferentes departamentos, especialmente en Antioquia, Córdoba, Sucre, Meta y
Magdalena Medio, lo cual se ve reflejado en el incremento en estas zonas de grupos
paramilitares y con éstos de masacres al campesinado 11 .
Uno de los efectos más dramáticos de la consolidación paramilitar en el Magdalena Medio
es el desplazamiento de miles de campesinos y el repoblamiento de las zonas por
personas que se identifican con los intereses de los paramilitares, quienes se constituyen
en la base social de estos grupos y son premiados por el Estado con programas de
concesión de créditos, construcción de escuelas, centros de salud, represas, etc. Con este
proceso lo que se consigue finalmente es la consolidación de un medio ideal para la
9 Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los pueblos, Seccional colombiana: El Camino de
la Niebla. Volumen III. Masacres en Colombia y su impunidad, Bogotá, 1990. p.379.
10 Puerto Rojo, Editorial de marzo de 1988. p.3. Citado por MEDINA GALLEGO, Carlos en: Autodefensas,
paramilitares y narcotráfico en Colombia. Ed. Documentos periodísticos, Medellín, 1990. p. 236.
11 MEDINA GALLEGO, Carlos. Autodefensas... Op. cit. p. 260.
13

expansión de la inversión capitalista nacional e internacional con el alto costo de pasar
sobre la sangre de miles de colombianos y el desplazamiento de otros tantos 12 .
PANORAMA SOCIAL
Como espacio social el Magdalena Medio se debe mirar a partir de dos subregiones:
“La subregión del sur, que comprende desde la Dorada (Caldas), Puerto Salgar
(Cundinamarca), hasta el eje de Barrancabermeja, donde su área es de una temprana
colonización de migrantes provenientes de la región andina, siendo la hacienda ganadera
su principal renglón económico, existe una mayor comunicación vial y una mayor
integración entre el mercado local y nacional, esta región es donde se da una mayor
presencia del narcotráfico, que invierte fundamentalmente en tierras. Culturalmente existe
una marcada influencia y presencia de lo andino, sus centros económicos y políticos son
la Dorada (Caldas) y Puerto Boyacá; políticamente existe una mayor presencia del
clientelismo y es el centro de origen y operación de los grupos paramilitares.
La subregión norte, comprende desde Barrancabermeja, Yondó (Antioquia) hasta el
municipio de Gamarra(Cesar) en el norte; su actividad económica principal es la industria
del petróleo, al lado de la agroindustria de la palma aceitera, ganadería extensiva y la
agricultura campesina; posee zonas de colonización activas donde la presencia del Estado
es baja, a su vez que la integración al mercado local; culturalmente existe una marcada
influencia de la cultura costeña, su centro económico y político es Barrancabermeja” 13 .
Esta subregionalización da cuenta cómo el Magdalena Medio a partir de su realidad
histórica y estructural de carácter homogéneo no existe, construyéndose la región a partir
de unas prácticas de un espacio continúo en construcción, donde sus actores en sus
relaciones, acciones y organizaciones, edifican subsistemas sociales que expresan una
profunda heterogeneidad estructural. El Magdalena Medio es una realidad diversa que se
estructura y construye a partir de una gran multiplicidad de imágenes y fragmentos, dentro
de los cuales se da un enfrentamiento permanente entre los actores sociales por la
construcción, siempre inestable de un orden deseado. (Lucha de clases)
Esta estructura heterogénea presenta, un conjunto de rasgos con hilos de pervivencia
histórica que nos permite caracterizar la región como un territorio donde se ha levantado
una sociedad de supervivencia, de resistencia y confrontación; un territorio disputado,
donde convergen diferentes intereses económicos, sociales y políticos.
Se puede afirmar, retomando la socióloga, Maria Teresa Uribe, que en la región del
Magdalena Medio, el sentido de la exclusión fue formando en los pobladores,
mentalidades distintas, sentidos comunes y practicas culturales diversas; interiorizaron y
reprodujeron la exclusión, asumieron la diferencia impuesta como principio de la propia
12 Ver: SARMIENTO ANZOLA, Libardo, Un modelo piloto de modernización autoritaria en Colombia.
Asimismo cfr. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Informe vol.1,
No.2, Barrancabermeja, 1996. p.33
13 ALONSO, Manuel Alberto Conflicto Armado y Configuración Regional. El caso del Magdalena Medio, ED.
U de A, marzo de 1997, Pág. 4 y 5
14

identidad y terminaron por pensarse a si mismos como los otros, expresándose a través
de formas culturales de resistencia y de supervivencia. 1415
Las expresiones de resistencia y confrontación de los pueblos del Magdalena Medio giran
alrededor de varios momentos históricos: en los siglos XVI al XIX, la oposición de los
pueblos aborígenes (Yariguíes, Carares y Opones) a la conquista y colonización española;
las luchas de los negros cimarrones que fundan palenques o comunidades de defensa en
zonas de la parte norte de la región; A lo largo del río Magdalena se convirtió en
asentamiento de ex combatientes de la guerra de los mil días a finales del siglo XIX y XX.
“durante la guerra de los mil días, las zonas rurales de Barrancabermeja, San Vicente de
Chucurí y Puerto Wilches, serán lugar de asentamiento de guerrillas conservadoras y
liberales” 16 “algunos destacamentos de Rafael Uribe Uribe, huyendo de palonegro y de la
cuchilla del ramo, se internaron por la región del Magdalena Medio Santandereano,
buscando la salida al río para unirse a otras tropas liberales en la costa. Uribe y su Estado
Mayor salieron por el río opón y llegaron a Puerto Santander. Otros bajando el Lebrija se
incorporaron a las tropas del general Duran que controlaban la zona del Playón. Los mas
guerreros y belicosos se refugiaron en un puerto de bogas llamado la Ceiba y durante el
resto del conflicto realizaron acciones guerrilleras sobre la región” 17
Un segundo momento de las expresiones de resistencia en la primera mitad del siglo XX,
se inscribe en el campo de las luchas resultantes de la relación capital – trabajo y de la
relación campesinos sin tierra y terratenientes. Un periodo donde los trabajadores
ferroviarios, los braceros (trabajadores temporales que emigraban a la región), los
asalariados petroleros y las ligas campesinas, estuvieron signadas por las luchas
sindicales, movilizaciones sociales y por la irrupción de organizaciones campesinas que
presionaban su derecho a la tierra.
Entre 1920 y hasta 1945, las movilizaciones sociales en la región estaban atravesadas por
la lucha de los primeros movimientos sindicales, que a través del mecanismo de la huelga
y bajo las ideas del Partido Socialista Revolucionario, del Partido Comunista y de la Unión
de Izquierdistas Revolucionarios, va conformando un escenario social y político en
permanente confrontación con el Estado. A su vez en el escenario campesino de la región
se comienzan a organizarse las ligas campesinas en Puerto Berrío, Puerto Salgar y San
Vicente de Chucurí.
Para la segunda mitad del siglo XX las expresiones, los ejes de la confrontación y
resistencia, giran alrededor de los movimientos nacionales de los trabajadores petroleros,
las guerrillas liberales de Rafael Rangel, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-
ANUC y el movimiento guerrillero revolucionario, donde la exclusión económica, social y
política en amplios sectores de la población, la ausencia política del Estado, o su
14 URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa: “la territorialidad” Pág.68)
16 VARGAS, Alejo, habla de la presencia, durante el periodo de la independencia, de las guerrillas populares de
Zapatoca, Simacota y el Hatillo, Magdalena Medio Santandereano. Colonización y conflicto armado, Santa Fe de Bogota:
Cinep 1992 Pág. 39-40)
17 MONCADA, Arturo: Las Colonizaciones en el Magdalena Santandereano (Provincia de Mares).Bucaramanga:
Universidad Industrial de Santander, Documento de trabajo, julio de 1993,Pág.44
15

presencia eminentemente represiva, convierten al Magdalena Medio en un escenario de
conflictos no resueltos que vinculan a mas actores sociales.
Es en este periodo donde los levantamientos populares y las movilizaciones generadas a
raíz de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, se crean las juntas de gobierno revolucionarias
en Puerto Berrío, Yondó, Puerto Wilches y San Pablo, ubicándose el centro de la
resistencia popular en Barrancabermeja.
Durante el periodo (1948-1953) las guerrillas liberales serán la expresión de la resistencia
popular y la confrontación regional, extendiendo su accionar desde Puerto Wilches hasta
La Dorada, pasando por las selvas del Carare y el Opón, es decir todo el Magdalena
Medio Santandereano.
En el contexto del frente nacional, con el surgimiento del Ejercito de Liberación Nacional-
ELN en el Carmen de Chucurí y Simicota 1964 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-FARC en la zona de Puerto Boyacá y Puerto Berrío, en el año de 1965, el
movimiento guerrillero, como forma de resistencia: “llega a ser el típico movimiento
guerrillero, no de autodefensas, soportado en un tejido de solidaridades y apoyos
regionales producto de profundos lazos de interpenetración con la memoria histórica de la
región, una memoria histórica asociada al rechazo de la presencia traumática del Estado y
con la tendencia a apoyar las manifestaciones irregulares y contestatarias..” 18
En la región del Magdalena Medio se comienza a consolidar paralelamente al movimiento
insurgente, la resistencia civil popular de los movimientos sindicales de la agroindustria y
la minería; las diversas formas de protesta cívica y popular, la organización de los
campesinos a través de la conformación de juntas de acción comunal, reivindicaciones
dirigidas en la reclamación principalmente en una mayor presencia del Estado y por el
derecho a la propiedad de la tierra. A partir de 1970, los campesinos se articulan alrededor
de la ANUC. ” En 1967 se crea por decreto la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos) en búsqueda de generar un referente gremial para el campesinado orientado
desde el Estado; la forma de asociación fue un carné por el cual el campesino era usuario
de las instituciones de desarrollo rural. Las organizaciones de base y las fuerzas políticas
de izquierda existentes comprendieron que este escenario podía aglutinar la mayoría del
campesinado en búsqueda de sus intereses y buscaron la forma de estar a su interior...” 19
“...Los sectores de Izquierda y las organizaciones de base al interior de la ANUC
asumieron posturas y acciones cada vez más consecuentes a su historia, intereses y
sueños, es así como plantean de nuevo la acciones de hecho, movilizaciones y tomas de
tierras como la estrategia a seguir para el beneficio del campesinado; la respuesta del
sector oficialista no se hizo esperar. De tal forma la ANUC quedo dividida por marcadas
18 VARGAS VELASQUEZ, Alejo. tres momentos de la violencia política en San Vicente de Chucurí. en análisis político
Nº 8,Bogota. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional, septiembre-diciembre de
1989,Pág. 43
19 ANUC-UR: Documento oficial
16

diferencias en dos “líneas” que llevaron el nombre de los sitios de reunión, a la oficialista
se le llamó “línea Armenia” y a la popular y de izquierda se le llamó “línea Sincelejo”. 20
El conflicto agrario en la región del Magdalena Medio se inscribe en la confrontación entre
terratenientes, el empresariado agrícola, el comerciante contra el campesino colono,
donde convergen como factores determinantes, la crisis de la economía campesina, la
monopolización de la tierra, los procesos de tecnificación y mecanización del agro y la
violencia.
Un conflicto que se debe entender, como el enfrentamiento de dos sectores sociales que
se disputan la posesión de la tierra, dentro de un ciclo de migración-colonización-conflictomigración.
De esta manera la ANUC “Línea Sincelejo”, irrumpe en la región, prestando asesoría a
campesinos de los municipios de Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, El Carmen
de Chucurí, Sabana de Torres, Yondó, Bajo Simacota, Puerto Wilches, San Pablo y la
zona de la Rochela; pero las formas de represión contra el movimiento campesino se
inscribieron dentro de la estrategia contrainsurgente adelantada por la Fuerzas Armadas,
manifestando así una política de Estado, que aborda el tema frente a la reforma agraria,
en una función regulativa y mediadora a la capacidad de acción de los actores del
conflicto.
El conflicto agrario se juega en un escenario marcado por la contraposición entre una
reforma agraria realizada desde arriba, cuyos frutos son la concentración de la propiedad
en las manos de latifundistas ganaderos y agroindustriales; es un proyecto de
contrarreforma agraria que desde abajo intenta proteger la economía campesina,
destacando así la incapacidad del Estado para encauzar conflictos agrarios, el bloqueo y
la represión a las organizaciones campesinas, permitiendo la expresión de estas
organizaciones mediante el desdoblamiento de la dimensión del conflicto a la dimensión
de la confrontación.
En esta disputa por la tierra, los campesinos se juegan algo más que la supervivencia
económica, es una lucha por el reconocimiento político y social de una población
históricamente excluida de la nación. Y es en esta lógica de inclusión y exclusión que el
enfrentamiento entre campesinos y terratenientes se va permeando por la presencia y la
confrontación de los paramilitares y las fuerzas regulares del ejército contra este sector
social.
El conflicto obrero-patronal en la región del Magdalena medio da cuenta de un movimiento
huelguístico reivindicando, mejorar las garantías laborales, es decir, solucionar las
condiciones laborales y sociales tan precarias por las que atraviesan los obreros: los bajos
salarios, las largas jornadas de trabajo, los tratos despóticos, la ausencia de toda
seguridad social, la precariedad de las viviendas.
20 ANUC-UR: Documento oficial
17

Este despertar de la agitación sindical desde principio del siglo XX, hasta nuestros días
ha estado atravesado por una política de represión preventiva con un discurso de armonía
entre el capital y trabajo, el endurecimiento de las políticas laborales, la ofensiva clerical
contra el sindicalismo, la creación de sindicatos patronales de base, generando
paralelismos entre los obreros, la criminalización de la protesta sindical y represión por
parte del Estado.
“hacia la década de los años 50 comenzó a cimentarse en la región un interesante
proceso de industrialización, teniendo en cuenta que se habían conformado empresas a la
expectativa del crecimiento que podría generar ECOPETROL y a la luz de la petrolera,
complementar un desarrollo basado en sus derivados y en industrias complementarias
como la metalurgia. Es a partir de este nuevo escenario en la región que los trabajadores
se fueron organizando, primero en los sindicatos de base, luego en las federaciones
regionales y después en centrales obreras de carácter nacional; para conquistar sus
derechos en áreas como la salud, la estabilidad, la extensión de las jornadas laborales y el
cubrimiento de otras necesidades básicas en el ámbito familiar. De allí surgió, entonces, la
idea de organizar sus propios mecanismos de autogestión para solventar las necesidades
del pequeño crédito, la vivienda, los enseres del hogar, la educación de sus hijos, la salud
y la recreación de la familia en la búsqueda de un mejoramiento en la calidad de vida de
sus integrantes” 21 .
“Los movimientos cívicos de protesta en el Magdalena Medio, presentan como
rasgo común la incapacidad del Estado para abrir espacios de negociación y por
tanto, las condiciones objetivas que hacen que en la región se desplace
rápidamente hacia la dimensión de la confrontación”.
21 Guerrero Rincón, Amado. Tristancho Gómez, Isaías. Cediel Rueda, Mario: HISTORIA ORAL DEL
SINDICALISMO EN SANTANDER, ED. Centro de Documentación e Investigación Histórica Regional UIS,
Agosto de 2005, Pág.13
18

La acción cívica en la región como formas alternas de protesta popular, se dan a raíz de
los avances de las formas capitalistas de producción, como la extensión del llamado sector
informal, el auge de la agroindustria, el rápido crecimiento de centros urbanos. A su vez
que la crisis de las entidades gubernamentales del nivel local y regional; y las diferencias
del estado para promover de bienes y servicios de consumo colectivo a la población, son
los factores determinantes en la irrupción de formas de protesta y organización cívica en el
Magdalena Medio.
Según Javier Giraldo, se pueden distinguir tres niveles fundamentales de acción cívica en
la región: “las luchas cívicas, que son aquellas presiones o demandas que ejercen
sectores sociales dispersos especialmente; los paros cívicos, que son acciones y
presiones ejercidas, por unidades de población a través de la parálisis de las actividades
en espacios geográficos determinados; y los movimientos cívicos que conforman el
19

conjunto de acciones colectivas espaciadas en un tiempo relativamente prolongado y son
coordinadas por un grupo dirigente estable “ 22
Con la llegada de campesinos a los cascos urbanos que abandonan sus parcelas, como
efecto de la grave situación de violación a los DDHH que experimenta la región;
municipios como, Puerto Wilches y San Vicente de Chucurí, enfrentan una grave
problemática urbana, ya que el incremento poblacional, los índices de pobreza y los
niveles de desempleo, conlleva a una baja cobertura de los servicios públicos,
encaminando a la proliferación de barrios de invasión, debido al agotamiento de la
capacidad y voluntad política de las diferentes localidades para responder a los
requerimientos de vivienda e infraestructura.
La consecuencia de esto es una masa de población desempleada, que no logra ser
absorbida por las empresas mineras y agrícolas. Conlleva a que en la región se conformen
varias asociaciones de desempleados que tiene como objeto presionar las plazas
laborales disponibles. Esta forma de organización creada en el municipio de Yondó se
extiende hacia los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barrancabermeja.
Durante el decenio de 1980, además de la reclamación en torno a la satisfacción de las
necesidades básicas, las movilizaciones regionales tiene como trasfondo la protesta
ciudadana contra los efectos que la guerra causa en las diferentes zonas rurales (La
descomposición de la economía campesina, la concentración de la propiedad en manos
de sectores terratenientes tradicionales o del gran capital).
Las comunidades urbanas y rurales han centrado sus movilizaciones en el rechazo a la
guerra sucia, la defensa del derecho a la vida y la desmilitarización de sus localidades. En
este sentido, el 18 de octubre de 1982 se realiza la marcha campesina del Magdalena
Medio por la paz, el pan y el trabajo; durante la marcha los párrocos de la región
denuncian las desapariciones y asesinatos que vienen cometiendo los grupos
paramilitares en la región.
Dentro de este contexto, las marchas cívicas se convierten en la herramienta a través de
la cual los sectores marginales toman presencia ante el Estado, en un escenario donde se
intenta expresar el derecho real y simbólico a la ciudadanía, expresar una forma de
resistencia de lo social a la marginalidad.
3.1 EL MOVIMIENTO CAMPESINO
Históricamente esta región ha sido una zona de resistencia frente al Estado. Desde 1928
se presentó lo que se dio a conocer como “La insurrección de los Bolcheviques”,
movimiento coordinado desde El Líbano (Tolima), y que tuvo enorme trascendencia y
apoyo en el Magdalena Medio Santandereano. En San Vicente se consolidó una próspera
producción agrícola y pecuaria y simultáneamente se dieron fuertes procesos de
colonización hacia las regiones de El Carmen y Barrancabermeja, cuyas tierras eran
consideradas como aptas para la producción agrícola, razón por la que se presentó allí un
22 Giraldo, Javier”la reivindicación urbana.1982-1986” .En: controversia. Nº 138-139.Bogota: Cinep,1987
20

proceso intrarregional de colonización realizada por agricultores originarios de Zapatoca,
Betulia, Socorro, Barichara, Cabrera y Galán 23 .
La fuerte represión hacia el movimiento campesino en la región del Magdalena Medio que
se presentó desde la época del Frente Nacional, buscó la destrucción de las
organizaciones gremiales campesinas así como el asesinato sistemático de sus dirigentes,
combinando para ello mecanismos legales y extralegales 24 . Los sindicatos agrícolas
fueron uno de los principales objetivos del Estado, tal y como fue documentado por
Villegas Arango. 25 En consecuencia, en mayo de 1963, el Sindicato Agrario de Provincia,
Santander, denunció varios allanamientos realizados por el ejército y las provocaciones
constantes en su sede sindical. En el mes de octubre de ese mismo año, fueron heridos
por los latifundistas dos miembros del sindicato Agrario de la Hacienda La Tigra,
Santander. La situación se agravó en noviembre con el asesinato de JOSÉ SANTOS
NÚÑEZ, miembro del Sindicato de Agricultores de La Línea del ferrocarril de Puerto
Wilches.
También fue afectado el Sindicato Agrícola de la Zona Petrolera de ECOPETROL,
SINAGRAPETROL. En noviembre de 1964, su Asamblea General denunció que: “en los
actuales momentos se vive un ambiente de continua incertidumbre motivada por la
insistente actividad de las fuerzas armadas que andan por carreteras, caminos,
sementeras, casas de familias, en los pueblos cercanos de nuestras regiones, exigiendo el
sometimiento de los campesinos a una serie de requisitos como salvo conductos y otras
obligaciones (...) mortificante movilización de la fuerza pública, de personal de detectives
encargado de denunciar a campesinos injustamente (...)” 26 .
En febrero de 1965 se denuncian detenciones, requisas y maltratos contra los campesinos
de Cimitarra. En mayo de 1965, SINAGRAPETROL denunció el riego sobre las parcelas
campesinas del químico DDT, usado por sujetos que se denominaban “malarios” y que
provocó la muerte de los animales.
Los hostigamientos contra el campesinado y los sindicatos agrícolas prosiguieron en julio
de 1966, cuando MARTÍN SILVA, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del
Carare, fue víctima de un atentado. En tanto, al mes siguiente, los dirigentes agrarios
JESÚS SEPÚLVEDA y JOSÉ MÁRQUEZ, fueron detenidos en Puerto Wilches.
En septiembre de 1966, el Sindicato Agrícola de la Zona Petrolera denunció una vez más
las detenciones contra muchos campesinos realizadas por el ejército. Los campesinos
narran así lo sucedido: “llegaron a nuestras casas a atropellarnos y preguntarnos por
23
FRIAS ARDILA, Álvaro. “Los Bolcheviques de 1929”. En: Hojas secas; VARGAS, Alejo. En: Análisis
Político No. 8. U.N. Bogotá. Sep-Dic. 1989.
24
VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Magdalena Medio Santandereano: Colonización y Conflicto Armado. CINEP,
Bogotá, 1992. p. 180.
25
VILLEGAS ARANGO, Jorge Orlando. El Libro Negro de la represión, 1959-1980. Bogotá, FICA, 1980. pp.
40-43.
26
VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Magdalena Medio Santandereano: Colonización... Op. cit. pp. 180-181.
Alejo Vargas destaca del testimonio citado, el uso del salvoconducto como mecanismo de control de la
población, usado ya para entones cuando todavía no había presencia de organizaciones guerrilleras, y que
se verá luego en la región como herramienta de la lucha contrainsurgente.
21

nuestros nombres colocándonos la bayoneta en el pescuezo, y para obligarnos a decir lo
que no conocemos utilizando la trompetilla del fusil colocada debajo de la tetilla” 27 .
Sobre la región del Carare se hizo sistemático el maltrato a los campesinos en el marco de
acciones contrainsurgentes. En junio de 1967, los campesinos de la región fueron objeto
de allanamientos, requisas, interrogatorios y torturas por patrullas militares en medio de
las maniobras que adelantaron 5.000 soldados.
En 1969, se realizó en San Vicente del Chucurí un paro cívico contra el alza de impuestos
liderado por dirigentes del partido político ANAPO, quienes también dirigían el periódico
“El Trópico” y fueron detenidos en su totalidad por miembros del ejército el día de la
protesta.
Para 1970, los pobladores del Magdalena Medio Santandereano apoyaron masivamente a
la ANAPO en las elecciones presidenciales, llevando al movimiento político a consolidarse
como fuerza política en Barrancabermeja, San Vicente del Chucurí, Betulia, Puerto
Wilches, Guacamayo, Galán, Vélez, Rionegro, Lebrija, La Paz, Hato y Girón 28 .
En 1971 nació en Puerto Wilches el Sindicato de Palmeros, lo cual conllevó a que se
efectuaran numerosos despidos y amenazas contra los trabajadores por parte de los
directivos de la empresa 29 ; situación que evidenció una vez más la persecución del Estado
y los poderes locales contra las organizaciones sindicales de la región
“Otra jornada de protesta cívica se desarrolló tres años después, en agosto de 1972;
también en esta ocasión fueron detenidos arbitrariamente los líderes de la movilización,
quienes además fueron sindicados y sometidos a un consejo verbal de guerra. Es
importante resaltar que para esta época San Vicente estaba regido por un alcalde militar,
el mayor del ejército Reynaldo Mateus” 30 .
“Tierra p’al que la trabaja”
En la década del setenta, la ANUC “Línea Sincelejo”, respaldó las tomas campesinas de
tierra generando importantes movimientos campesinos en Puerto Wilches, Sabana de
Torres, Betulia, Cimitarra, San Vicente, Lebrija y Barrancabermeja, actividad que fue vista
por los grupos guerrilleros como reformismo, pero que el Estado relacionó con actividades
subversivas, lo que llevó a una persecución de los campesinos vinculados a este
movimiento 31 . Es importante destacar las detenciones masivas violatorias de los derechos
fundamentales, como la ocurrida en 1972 cuando 20 campesinos fueron detenidos en San
Vicente del Chucurí y condenados en un consejo verbal de guerra por rebelión 32 .
27
VILLEGAS ARANGO, Jorge Orlando. El libro negro... Op. cit. p. 61.
28
Ibídem. p. 214
29
Ibídem. p. 171
30
Ibídem. p. 166
31
Programa de desarrollo y paz para el Magdalena Medio, Unidad de Convivencia y Paz. p. 17
32
VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Magdalena Medio Santandereano: Colonización... Op. cit. p. 181.
22

En total fueron seis la toma de tierras más importantes en esta década. Respecto a la
recuperación realizada en Puerto Wilches, uno de los líderes afirmó:
“unas 30 familias ocupamos el predio y fuimos reprimidos duramente por la policía y el
ejército, por órdenes del alcalde, que a la vez seguía las del presunto propietario de la
tierra. Nos encarcelaron y nos abrieron proceso por invasión de tierras.” 33
En los ochenta surgió la Asociación de Aparceros de Santander, liderada por el M-19 y la
Coordinadora Campesina del Magdalena Medio vinculada al Partido Comunista,
organismos que promovieron las marchas campesinas de 1985 y que en medio de nuevas
formas de explotación de la tierra y nuevas estrategias de apropiación de la misma, fueron
atacadas por grupos paramilitares que recurrieron principalmente al asesinato 34 .
3.2 LOS MOVIMIENTOS POLITICOS DE OPOSICION EN EL MAGDALENA MEDIO
SANTANDEREANO
La historia política del país se ha caracterizado por la hegemonía de los partidos políticos
Liberal y Conservador, lo cual ha conformado un orden corporativista, patrimonialista y
excluyente. Sin embrago son muchos los procesos de movimientos políticos alternativos
por los que Colombia y en particular la región del Magdalena Medio Santandereano a
desarrollado a través de su historia, una historia surcada por la persecución y eliminación
sistemática por parte del estado que ve en cualquier tipo de alternativa política de
oposición una amenaza para la permanencia de su régimen.
En el Magdalena Medio Santandereano los movimientos, partidos políticos de oposición y
la introducción de las ideas socialistas, se incubó en la región a partir de la revolución de
octubre de 1917 en la Unión Soviética, donde el partido Socialista Revolucionario, fundado
en 1926 a nivel Nacional, expresaba a través de la acciones huelguísticas y los
levantamientos populares de carácter regional el sentir de un pueblo y el de un movimiento
obrero que venia en ascenso. El PSR, se constituyo en un partido de masas de obreros y
campesinos, que veían en la revolución su única esperanza de liberación. Para 1930 se
funda el Partido Comunista Colombiano el cual marca una etapa en la izquierda regional.
En 1933 Jorge Eliécer Gaitán fundó la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria-UNIR,
que “contenía un plan de orientación tendiente al cambio económico y social del país con
una dirección avanzada, progresista, socializante, democrática, nacionalista y popular...
Un cambio social ordenado, con un criterio de izquierda democrática y popular, que
impulsaría una dinámica social previsible y profunda en términos de cambio hacia la
modernización democrática del país” (Valencia, Luis Emiro. El pensamiento económico en Jorge Eliécer
Gaitán, Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 1998, p.25)
33 Entrevista con dirigente agrario de la ANUC de Puerto Wilches, junio de 1992. Citado por ROMERO
MEDINA, Amanda. Magdalena Medio: Luchas sociales y violaciones a los derechos humanos 1980-1992,
Corporación AVRE, Bogotá, 1994.
34 VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Magdalena Medio Santandereano: Colonización... Op. cit. p. 274.
23

En medio de la violencia bipartidista a raíz del asesinato de Gaitán, la dictadura militar de
Rojas Pinilla y al constituirse el Frente Nacional, con el pacto de Sitgies (España), en la
región se dio el nacimiento de un nuevo periodo histórico de la izquierda, motivada por la
revolución cubana (1959).
El Frente Unido, liderado por el sacerdote Camilo Torres Restrepo, planteo una
“plataforma donde buscaba la reconciliación entre los pobres y las capas medias de la
población, entre los liberales y conservadores pregonaba además, la implementación de
algunos cambios moderados y graduales en el sistema económico y social imperante, lo
cual permitió generar un movimiento de grandes dimensiones, al unir a su alrededor, todas
las fuerzas progresistas del país”(Guerrero Rincón, Amado, Tristancho Gómez, Isaías, Cediel Rueda,
Mario. Historia oral del sindicalismo en Santander, Bucaramanga, 2005, p 29)
Camilo visito varias ciudades de la región tales como, San Gil, Socorro, Suaita, Barbosa,
Barrancabermeja y Sabana de Torres, donde se constituyeron los comités de unidad, con
la participación activa de todas las fuerzas progresistas de todas las tendencias.
La Unión Nacional de Oposición-UNO, fue otro movimiento representativo en la región,
logrando acceder a algunas corporaciones públicas durante las primeros años de 1960. La
Alianza nacional Popular, fue ganado adeptos en el Magdalena Medio Santandereano,
apoyando en las elecciones de 1970 a rojas Pinilla; en Barrancabermeja por ejemplo
votaron 16.000 por Rojas contra 2.000 para pastrana Borrero. Después de los hechos de
cierre de la registraduría Nacional y dar los resultados al día siguiente, donde las
elecciones las había ganado Misael Pastrana, “se empezó a trabajar en la fundación oficial
de un nuevo partido de corte socialista, hecho que se concreto en 1972…el nacimiento de
la Anapo Socialista y del M-19” (Guerrero Rincón, Amado, Tristancho Gómez, Isaías, Cediel Rueda,
Mario. Historia oral del sindicalismo en Santander, Bucaramanga, 2005, p 39)
Los Movimientos y partidos políticos con influencia en la región del Magdalena Medio
Santandereano durante el periodo abarcado en este informe (1966-1998) fueron:
Anapo
Alianza democrática M-19
Esperanza Paz y Libertad
Partido Comunista
Unión Patriótica
A Luchar
Partido Liberal
Partido Conservador
Frente Amplio del Magdalena Medio
Movimiento Obrero, Campesino y Popular de Sabana de Torres
Frente de Izquierda Liberal Auténtico FILA
Los integrantes de las diferentes corrientes políticas de oposición tuvieron que enfrentar la
persecución, el exterminio y genocidio, por parte del establecimiento y los grupos
paramilitares. Una violencia desatada a lo largo de la región contra cualquier tipo de
alternativa política de oposición, razón por la cual todos sus integrantes y simpatizantes
debían ser exterminados. En el siguiente recuadro se presentan los casos de CLH
24

perpetrados por los organismos paraestatales contra la oposición política en el Magdalena
Medio Santandereano entre 1966 y 1998:
3.2.1 PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS VICTIMIZADOS, 1966-1998
PARTIDO POLÍTICO
No.
Víctimas
A Luchar 10
FILA 5
Frente Popular 2
Movimiento Campesino, Obrero y Popular de
Sabana de Torres 17
Partido Comunista de Colombia 4
Partido Conservador 7
Partido Liberal 3
Sin Dato 29
Unión Patriótica UP 77
Total
Fuente Proyecto CNM, 2006
154
4 RESPONSABLES DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL MAGADALENA
MEDIO SANTANDEREANO ENTRE 1966 -1998
25

Es importante destacar que la mayoría de crímenes se cometieron en años en los que
hubo grandes movilizaciones y protestas por parte de los movimientos sociales, en
particular en los años 1972 y 1988. La aparición en escena de los paramilitares en 1982,
implicó el incremento de todas las modalidades de crimen, principalmente de los
asesinatos y las desapariciones forzadas.
Las principales modalidades de Crímenes de Lesa Humanidad entre 1966 y 1982 tienen
un carácter institucional por ser implementadas por organismos estatales, principalmente,
las fuerzas militares y de policía y los organismos de inteligencia del Estado, quienes
autorizados por normas de orden público expedidas en el marco del estado de sitio,
estaban legitimados para privar de la libertad a todo aquel que consideraran como
sospechoso y someter a la población a largos interrogatorios, creando así espacios
propicios para la comisión de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. La
sindicación de pertenecer a grupos guerrilleros fue otra de las modalidades para atacar a
los campesinos, líderes cívicos y sindicalistas, facilitando la realización de los juicios
verbales sumarios adelantados por las autoridades militares, donde el procesado era
condenado sin que se respetaran los derechos fundamentales consagrados por el derecho
procesal y las garantías para la justa defensa del sindicado y /o movimientos políticos de
oposición.
Además de lo anterior, en especial la población campesina debía soportar la restricción de
sus derechos fundamentales. Los trabajadores del campo comenzaron a ser obligados a
identificarse con un salvoconducto que debían obtener en las instalaciones de los
batallones para poder transitar de un municipio a otro e informar los motivos de situaciones
tan cotidianas como la visita de un familiar, la compra de cualquier medicamento de uso
doméstico o el envío o recepción de correspondencia. La vida de los campesinos estaba
26

marcada por las constantes amenazas contra ellos; situación enfrentada principalmente
contra la población cercana a las zonas de influencia guerrillera, lo que permitió vislumbrar
desde finales de los sesenta, un efecto social que ha marcado considerablemente el
entorno vital del campesinado colombiano: el desplazamiento forzado.
Las excesivas arbitrariedades que se cometían en los operativos militares se justificaban y
autorizaban por la lucha contra la subversión. El siguiente aparte del manual de
contrainsurgencia del ejército muestra cómo, la llamada población civil, pasa a ser parte
de la guerra y es entendida como un elemento más a ser atacado como forma de
desarticular a la insurgencia:
“Para extirpar la organización terrorista del seno de la población, ésta será duramente
atropellada, reunida, interrogada y requisada. Tanto en el día como en la noche, soldados
armados harán repentinas incursiones en las casas de habitantes pacíficos para proceder
a efectuar arrestos necesarios; se podrán producir hasta combates que tendrán que sufrir
todos los ciudadanos (…) Pero bajo ningún pretexto, un gobierno puede en este aspecto
dejar que surja una polémica contra las fuerzas del orden que solo favorecerá a nuestro
adversario (…) La operación policiva será por tanto una verdadera operación de guerra” 35
Las principales características de las agresiones por parte de las fuerzas militares y de
policía, en este período, son:
Los casos siempre estaban precedidos por una detención arbitraria, esto es, la
extralimitación de las facultades de policía o las acciones que se enmarcaban
en el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a las fuerzas armadas.
La detención arbitraria fue la principal agresión que además facilitó el escenario
para la comisión de otras violaciones a los derechos humanos; durante éstas,
las víctimas eran sometidas a prolongados períodos de aislamiento e
incomunicación, acompañadas de rotundas negaciones a los familiares y
amigos de las víctimas sobre su paradero, motivaciones y calidad de la
detención.
Las agresiones que acompañaban estas detenciones eran: malos tratos, como
insultos e injurias, amenazas, privación de alimentos y torturas como
interrogatorios prolongados, ahogamientos (tortura conocida como “submarino”),
picana (choques eléctricos), colgadas, ingestión de excrementos, golpes con
culata, plantón, entre otras modalidades, mientras que las mujeres detenidas
eran agredidas sexualmente.
Si el detenido resultaba muerto en medio de las torturas, la forma de encubrir el
crimen era presentándolo como guerrillero muerto en combate o
desapareciendo su cuerpo, mientras aseguraban que había sido dejado en
libertad.
35 Manual de Contrainsurgencia del Ejército Nacional, 1963. p. 50. Tomado de: Banco de Datos de
Violencia Política del CINEP. Deuda con la Humanidad... Op. cit. p. 20.
27

Con las torturas y el sometimiento a largos interrogatorios se extraían
confesiones que eran utilizadas por los victimarios para formular sindicaciones
penales contra las victimas, las cuales oscilaban desde el abigeato (robo de
ganado), usurpación de tierras hasta porte ilegal de armas, de modo que las
víctimas eran recluidas en cárceles indefinidamente.
Las estructuras responsables de estos crímenes fueron el ejército y la policía,
en particular los miembros del batallón Galán del Socorro, la Base Militar Dos
Santos, la V Brigada del ejército, la policía y el DAS.
A continuación podemos observar que los principales responsables de la comisión de CLH
en los municipios santandereanos del Magdalena Medio durante la década 1972-1982,
fueron los organismos estatales señalados, principalmente el ejército:
4.1 Detención Arbitraria, Tortura y Sindicación entre 1972 y 1982
Los casos de CLH perpetrados entre 1972 y 1982 que se presentan en este aparte,
comparten la falta de documentación sobre las circunstancias que rodearon las
arbitrariedades descritas y sobre los hechos posteriores a la comisión de los crímenes o
de la suerte de las víctimas sometidas a procesos judiciales, ya que en ese entonces no
se encontraba organizado el movimiento de defensa de derechos humanos 36 , por lo que
estos casos están recopilados como datos y redactados con información insuficiente. Aún
así, es posible rescatar rasgos fundamentales de la violencia de Estado durante este
periodo.
Uno de los casos que da cuenta de la represión estatal contra la población de la región es
el del profesor ADALBERTO TRIANA, habitante de la vereda Campo Capote de Puerto
Parra, quien, el 6 febrero de 1978, fue detenido junto con CORNELIO CRUZ, JORGE
ELIÉCER TORO y RICARDO TORO. Ese día, a las 4 p.m., “Los encapucharon, los tiraron
en un vehículo con bultos alrededor y encima. Iban agentes vestidos de civil, llegaron a
Barranca a las 7 de la noche, y allí dizque esperaban a tres altos mandos de las fuerzas
armadas colombianas. Luego los llevaron a Bucaramanga, donde los tuvieron catorce días
en el calabozo de la V Brigada y cuatro días en La Modelo. Los soltaron con la obligación
de presentarse todos los días. Les dijo el comandante en Campo Capote que si los veía a
la salida del pueblo los hacía matar. Después de un año de presentarse, se aburrieron de
verlos y terminó.” 37
De Cornelio Cruz, otro de los detenidos, los campesinos contaron que: “hace tres años lo
llevaron a Bucaramanga, encapuchado. A los 17 días lo soltaron, quince días después lo
apresaron y golpearon, le dijeron que tenía que decir lo que sabía. Lo soltaron para
36 Una de las primeras organizaciones sociales creadas para la protección y denuncia a las violaciones a
los derechos humanos fue el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH),
fundado en 1979 a iniciativa de varias personalidades académicas y políticas del país, entre quienes se
encontraban Alfredo Vásquez Carrizosa, Héctor Abad, Luis Carlos Galán, Eduardo Umaña Luna, Gerardo
Molina, Rodrigo Lara Bonilla, Gilberto Vieira, Gustavo Gallón, El maestro Arenas Betancur, Jorge Alí
Triana, Manuel Cepeda Vargas, Gelasio Cardona, entre muchos otros. Comité Permanente por la Defensa
de los Derechos Humanos. CPDH, Boletín no. 85. Bogotá, enero de 2002.
37 VILLEGAS ARANGO, Jorge Orlando. El Libro Negro... Op. cit., 1980.
28

presentarse tres veces al día. Luego, otro día le regó la provisión una patrulla, en el
camino a su casa.” 38
Las Fuerzas Militares mantenían en la mira a los campesinos. Se fijaban restricciones en
las zonas rurales demasiado onerosas para la vida modesta que se llevaba en el campo.
El campesino Reinaldo Cruz, de la vereda La Rochela, municipio de Simacota, en
Santander narró que:
“Fijan los militares horas de salida y llegada para que guarden las lanchas
en La Rochela. Todo dizque porque los motoristas movilizan los
guerrilleros, pero no hay un sólo caso concreto, con que los militares
puedan apoyar la medida arbitraria. Los motoristas tienen que llegar allí
obligatoriamente por orden militar. Si llegan allí a mediodía ya no pueden
salir hasta el día siguiente. La gente que llega y los motoristas, tienen que
permanecer allí. Después del primer viaje de los motoristas, dejan
paulatinamente sin transporte a los habitantes de la región y a los
motoristas en paro forzoso. La dormida vale cien pesos” 39 .
Las agresiones contra el campesinado por parte de la Fuerza pública también se
presentaron en San Vicente, como lo relata José Elpidio Delgado, quien fue detenido por el
ejército a finales de 1978:
“Fui detenido el domingo 26 de noviembre de 1978 a las 8 p.m. en el sitio
denominado Olaya Herrera de la vereda "Los Aljibes", municipio de San
Vicente, por una patrulla del ejército al mando de un teniente.
Seguidamente se me obligó a seguir con la unidad militar hacia la casa de
don Miguel Sarmiento, en donde los uniformados decomisaron varios libros
de estudio. Allí fue capturado un señor de nombre Aurelio. A continuación
fuimos llevados los detenidos en calidad de baquianos forzados, a las
habitaciones de los señores Juan de Dios-Gómez y Guillermo Ronderos.
Ambas residencias fueron allanadas por la tropa y sus moradores obligados
a levantarse en ropas de dormir. En la casa de Juan de Dios Gómez el
ejército decomisó revistas y otras publicaciones.
Regresamos, siempre bajo la custodia de la patrulla al sitio "Olaya Herrera"
y posteriormente al "Rubí", en donde se hallaba otro detenido de nombre
Domingo Peña. Allí nos separaron a los detenidos para interrogatorios
individuales. Se nos dieron 15 minutos para responder sobre lo que
supiéramos acerca de movimientos de gentes extrañas a la región. Al cabo
de los 15 minutos fui llevado junto a un árbol en cuyo gajo había colgado un
lazo y el teniente comenzó el interrogatorio preguntándome por nombres de
personas desconocidas para mí. Corno nada podía yo responder, puesto
que todo lo que se me averiguaba era ajeno a mi conocimiento, el teniente
38 Ibídem.
39 Testimonios tomados de: Ibídem.
29

ordenó que se me amarrara y colgara el árbol. Mis manos fueron atadas
por la espalda y mi cuerpo suspendido con la cuerda a unos cincuenta
centímetros del suelo. Mientras que permanecía "colgado" recibía golpes
de culata, puñetazos, puntapiés, jalones del cabello e insultos que se
sucedían a las preguntas que me formulaba el teniente.
Aún suspendido por la cuerda hicieron girar muchas veces mi cuerpo para
luego soltarme y dejarme, voltear vertiginosamente. Esto me produjo vómito
y perdí el conocimiento. Más tarde recobré el sentido y me hallaba tendido
bajo el mismo árbol, pero en esta oportunidad mi cuerpo no alcanzó a
colgar del todo. Este suplicio hubo de durar horas enteras, porque cuando
me llevaron al matadero de ganado de "Olaya Herrera" ya era de
madrugada. El día lunes 27 fui trasladado al puesto militar de "Sabanales" y
más tarde remitido a las instalaciones militares de "Yarima". El miércoles 29
me remitieron a Bucaramanga y en esta ciudad nuevamente fui interrogado
por militares. Después fui llevado al despacho del comandante del Batallón
Ricaurte, ante quien narré las torturas recibidas. El jueves 30 me
regresaron al puesto militar de "Yarima" y allí me dejaron en libertad el 1o
de diciembre” 40 .
Los militares ejercían un fuerte control sobre los alimentos y recursos que los campesinos
ingresaban a la zona; las familias pasaban hambre y enfermedades ante las restricciones
de intercambio básico. Otras veces, la tropa les exigía a los campesinos que les
entregaran la comida que tenían para sobrevivir; a Briselda Parra, en Pozo Nutrias, “le
quitaron la comida que tenía en la casa para los hijos y se la derramaron en el suelo.” Con
este tipo de acciones se vulneraba la dignidad y el trabajo de los pobladores del campo.
Por su parte, la campesina Dorotea Parra, habitante de La Putana del municipio, afirmó
que en mayo de 1979:
“entró el ejército a donde los aserradores y les dijo que no podían salir. Esto
ocurrió después de un encuentro con los guerrilleros. Luego el ejército recogió
a toda la gente hombres, mujeres y niños; los llevaron a Yarima, allí los dejaron
varios días aguantando hambre”.
Los campesinos de la vereda La Rochela, Simacota, eran obligados a asistir a reuniones
con los militares, a pagar cuotas y reportarse todos los días en las instalaciones militares,
todo esto en medio de amenazas y tratos insultantes. Avelino Mosquera, afirmó que “los
militares hacen reuniones y le exigen dinero a la gente. Obligan a los dueños de motores a
transportarlos a donde ellos quieren o tornan los motores directamente si el dueño no
quiere o no puede viajar.”
40 Ibídem.
30

El campesino Juan Holguín, otro habitante de La Rochela, fue cuatro veces detenido por
el ejército a finales de la década del setenta, y obligado a permanecer bajo el sol y el agua
en la pista del aeropuerto, durante seis días. Uno de los testigos de la detención comentó
que:
“Los obligan a estar de pie. La última vez ocurrió esto hace mes y medio.
Hace seis meses se le llevaron el motor sin permiso para un viaje. Al
soltarlo le dijeron que tenía que traer información buena sobre la guerrilla,
lo mandaron a la cárcel de Bucaramanga. Hace 2 meses el hermano suyo,
José Holguín, lo detuvieron, lo obligaron a marchar con ellos adelante por el
monte, por dos días, con un revólver, y a cargar un equipo de cuatro
arrobas”.
Como lo ponen de manifiesto los casos anteriores, los campos colombianos fueron
militarizados y los campesinos tuvieron que soportar innumerables restricciones militares.
Pedro Garcés, campesino del Magdalena Medio contó que:
“la consecuencia que acarrea el control militar de alimentos de tránsito de
lancha, es que la permanencia en La Rochela es costosa y desintegradora
de las familias. Han dicho que quienes den informes a la Comisión
Parlamentaria les irá muy mal” 41 .
El campesino Horacio Mesa Jaramillo confirma lo anterior y los señalamientos de los
militares que acusaron a varios pobladores de pertenecer a grupos guerrilleros, en
septiembre de 1979:
“Llegó una comisión de militares, como lo han hecho en su casa, y dijeron:
“usted no se me mueve de aquí hasta nueva orden”. Y esto dura 2 o 3 días,
la última vez ocurrió hace 25 días, esto ocurrió en la Militosa, finca de
Arquiro Rubio, les decían bandoleros a los trabajadores.”
Luis Tabares, de la finca La Habanita, describió las detenciones colectivas, llevadas a
cabo por el ejército en la época:
“han detenido a los trabajadores, llevaron 13 a San Vicente, hace 2 meses
los soltaron. Ocho días después detuvieron a un familiar en compañía de
otros 4 dueños de fincas, los dejaron aguantando hambre 2 días en el
campo de aterrizaje de San Vicente a la intemperie. Ahora él tiene que
presentarse constantemente al puesto de Campo Capote, a refrendar el
salvoconducto; en ese viaje gasta 2 días y $ 500.oo en cada viaje.”
Las presentaciones que debían hacer los agricultores para renovar los salvoconductos de
movilización los llevaban a vender sus animales y pertenencias para cumplir con esta
exigencia, además de otras molestias, así lo relatan los campesinos del Magdalena Medio:
41 Ibídem.
31

“Los campesinos tienen que ir en la fecha que ellos establecen, así se
retarden un día tienen que pagar la multa. Las cosechas se pierden porque
a quienes llegan de afuera los abusan y les impiden trabajar expulsándolos
o dejándolos detenidos. El sargento Gallo y el capitán Peña están
encargados de torturar, el Comandante del Batallón, coronel Torres, allí el
sábado, vendaron a todo el mundo, los uniformaron, les entregaron armas,
les fotografiaron: los dejaron ocho días sin comer, en pie de día y de noche.
Al presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Araujo le dio puños
el sargento Gallo en el día y la noche. Lo soltaron sin decirle nada.”
En septiembre de 1979, en Campo Capote, municipio de Puerto Parra, los militares
visitaron el mercado campesino y maltrataron a los lugareños, regaron el mercado por el
suelo. Todos estos hechos eran recurrentes en las zonas rurales; los campesinos tenían
todo un prontuario de las agresiones que les infligían. Luis Eduardo Yarce, campesino de
la región, cuenta que:
“Un domingo llegó a la casa de un lugareño una patrulla militar y le dijeron
que les ayudara. El dijo que era muy pobre, le dijeron que lo iban a colgar.
Lo golpearon en los hombros a culatazos, después de unos días lo
llamaron a Puerto Berrío en donde el teniente allí le dijo que era un
bandolero. Ha sufrido una serie interminable de atropellos, detenciones:
doce en cinco años”.
La población de Puerto Parra continuó sufriendo los hostigamientos de las tropas militares
en los años siguientes. Los testimonios de las víctimas y los casos denunciados en los
años siguientes, narran así el accionar de las tropas en 1981.
En la finca El Vaivén, ubicada en la vereda Caño Doradas del municipio de El Carmen, el
campesino IGNACIO LINARES DOMÍNGUEZ, fue detenido, torturado y sindicado por
miembros del ejército, el 31 de marzo. Los militares le pidieron cédula y salvo conducto, y
una vez lo identificaron, lo aislaron e incomunicaron para torturarlo. Los militares obligaron
a Ignacio a quitarse los zapatos y le amarraron las manos atrás, lo amenazaron de muerte
con el machete que él mismo usaba para trabajar; luego lo llevaron hacia un caño y le
dijeron: “aquí va a contar lo que sabe, o lo vamos a ahogar”. En ese momento un teniente
y cuatro soldados empezaron a golpearlo. Después lo llevaron hacia la carretera y lo
subieron en un carro que lo llevó hacia un sitio ubicado en la Inspección de Policía Yarima.
Desde las 2:00 a.m. lo amarraron a un palo y un Mayor lo interrogó, pero al no obtener
respuesta, lo siguió golpeando y ordenó sumergirlo en un tanque con agua durante todo el
día.
En la noche del tercer día de su detención, Ignacio fue obligado a salir por la montaña a
patrullar con la tropa, siempre con las manos amarradas, y los alimentos y bebidas
restringidas, durmiendo en la tierra. De esta inhumana manera permaneció durante una
semana, al cabo de la cual fue llevado de nuevo a Yarima, donde lo amarraron a la
intemperie con los ojos vendados durante tres días más. Después lo llevaron a dormir a un
32

ancho de palma, encima de unos palos ya que el piso estaba encharcado con aguas
sucias. El 20 de abril lo subieron a un camión que transportaba plátano y lo llevaron a la
sede de la V Brigada en Bucaramanga y lo metieron en un calabozo; allí estuvo durante
tres días, los soldados lo insultaban y le decían que estaba bueno para “hacer diana” (tirar
al blanco). Finalmente, el 24 de abril, sacaron a Ignacio amarrado y acostado boca abajo
en un carro con insignias del ejército a la cárcel Modelo de la ciudad donde lo ingresaron
como detenido y donde permaneció largo tiempo sin que se le resolviera su situación
jurídica.
El 29 de diciembre de 1981, los campesinos AMADEO VARGAS y LUIS CARLOS
VARGAS, padre e hijo, fueron detenidos y torturados en Puerto Parra durante un
allanamiento realizado por una patrulla del ejército. Toda la familia se encontraba en casa
cuando la patrulla del ejército penetró a la vivienda, rondó las habitaciones, causó
destrozos a enseres, y ordenó a la señora y los hijos salir para requisarlos. AMADEO y
LUIS CARLOS fueron llevados hasta un potrero donde por medio de golpes iniciaron el
interrogatorio para después conducirlos a la Base Militar de La Ye. El mismo día fueron
allanadas otras viviendas y detenidos otros campesinos que igualmente fueron conducidos
a la misma base.
Los siguientes testimonios corresponden a campesinos que fueron aprehendidos durante
operativos militares que se adelantaban casi simultáneamente en otros municipios del
Magdalena Medio. Todos fueron trasladados posteriormente a la Cárcel Modelo de
Bucaramanga donde sus denuncias fueron recogidas por el Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos 42 .
La denuncia de Norberto Ayala
“Desde la cárcel de Bucaramanga hago la siguiente denuncia del mal trato y torturas que
recibía por parte del ejército. Fui capturado el 8 de noviembre de 1981 en el puesto militar
de Agua Linda, en donde yo me encontraba sacando el tránsito libre que por allí nos
exigen a nosotros los campesinos, me agarraron con las manos atrás, colgado de un palo
del que me bajaban a ratos para preguntarme sobre los guerrilleros. Así estuve durante
ocho días aguantando hambre, sed y sueño, me taparon los ojos con una toalla y me
daban patadas y puños, me decían que contara donde estaba la guerrilla, me sacaron a
un potrero cerquita del puesto y me dijeron que allí era donde me iban a matar, si no les
decía que yo colaboraba con la guerrilla y como yo no se nada entonces me aporreaban
más, me pusieron una pistola en la cabeza para que “cantara” o de lo contrario me
mataban. Me trasladaron a Cimitarra, me recibió un coronel y dijo: “cayó el primer
guerrillero” me puso las esposas y allí fue lo mismo: patadas, puños y trasnochas, también
cada 20 minutos me interrogaba uno distinto y me pegaba, para que contara cosas que yo
no sabía.
42 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Comunicado de prensa y
radio No. 003. Bucaramanga, marzo 3 de 1982.
33

Desde el 8 de noviembre hasta el 4 de diciembre me dieron 6 comidas. Yo soy un
campesino trabajador y honrado que tengo un poco de hermanos y mi madre a la que
tengo que mantener porque mi padre se fue ya que el ejército le dijo que lo iban a matar;
quiero que me den la libertad para seguir viendo por mis hermanos que están aguantando
hambre por culpa de la persecución del ejército que llega a la casa a comerse las gallinas
y todo lo que encuentra sin pedir permiso”.
Una semana más tarde las tropas del ejército arremetieron contra los campesinos de
Santa Helena del opón donde además de intimidar a los habitantes, detuvieron y
sindicaron a uno de ellos. En la denuncia realizada por la víctima, esta relata los múltiples
vejámenes a los que fue sometido por las unidades militares y la persecución y exterminio
emprendida por estos contra otros miembros de su familia:
La denuncia de José Maria Santos
“Desde la cárcel modelo hago mi denuncia de como fui retenido el 15 de noviembre de
1981 por un grupo del ejército que llegó a mi finca situada en la vereda PLAN ALVAREZ,
municipio de Santa Helena, los que en allanamiento a mi habitación, me despojaron de la
suma de 14.700 pesos que aún no me han sido devueltos, habiéndole solicitado a la
Brigada que lo haga y no ha sido posible, lo mismo se llevaron mis armas y salvoconducto
que tenía para la defensa de mis propiedades y familia. El ejército llegó a mi finca
aproximadamente a las 10 a.m. y un teniente le dio la orden a los soldados de que -
mataran gallinas y pizcos, las que quisieran que era para hacer la comida sin haber yo
autorizado, ni mi esposa, para que lo hicieran, esto puede llamarse robo. Después que
comieron y bebieron lo que quisieron me obligaron a que caminara adelante de ellos hacia
el casino de Plan Álvarez a donde llegamos y en ese momento se encontraba un grupo de
campesinos comprando el mercado para la semana, fue allí donde hirieron de gravedad al
campesino JOSE DE JESUS MEDINA siendo este trabajador, conocido de la región;
después de esto llamaron al comandante de cimitarra para que les enviara un helicóptero
el cual llegó a las cinco p.m. con un coronel, que me colocó unas mortíferas esposas que
no me dejaban correr casi la sangre por mis venas, de lo apretadas que me quedaban.
De allí fui trasladado a Cimitarra con el campesino herido, allí me recibió un capitán que
me dijo que yo tenía que decirle donde estaban los guerrilleros, que ellos sabían que yo
era cómplice, auxiliar de guerrillas y yo les contesté que no lo era; que yo soy un humilde
campesino que trabajo para sostener mi familia.
Los militares me decían qué tenía que decirles quien les llevaba las armas y los
elementos, a lo cual yo no pude darles ninguna explicación pues no sabía nada. Entonces
se valieron de hacerme aguantar hambre y sed sin dejarme dormir ni de noche ni de día,
así permanecí durante nueve días en los cuales era interrogado cada 20 minutos por uno
distinto también fui obligado a firmarles un papel del buen trato que me habla dado el
ejército de Cimitarra, de allí me trasladaron a la cárcel modelo donde me encuentro triste
34

al saber que estando aquí preso, se han aprovechado para darle muerte a mi anciano
padre LUIS JOSE SANTOS, a un cuñado, un sobrino y otras personas más.
Mi angustia es saber que mi familia está desamparada y sin con que defenderse de
aquellos que asesinaron a mi padre”.
Otra de las víctimas del accionar represivo de las tropas militares en Santa Helena del
Opón fue el poblador José de Jesús Medina Díaz, quien por medio de su testimonio
expone los desmanes del ejército contra los habitantes de dicha localidad:
Testimonio de José de Jesús Medina Díaz
“Yo me llamo JOSE DE JESUS MEDINA DIAZ, estaba comprando carne en la vereda
Plan de Álvarez, un pueblito del municipio de Santa Helena del Opón, cuando llegó el
ejército disparando unos tiros, entonces salieron unos corriendo y yo pensé que le
estaban echando plomo a la pesa y salí a correr. Entonces me pegaron el tiro y cuando
llegó el comandante y preguntó: “¿quién le pego el tiro?” entonces un soldado dijo: “yo”.
Enseguida Bercely Gamez dijo: “a ese acábenlo de matar, para que dejan ese hijueputa
ahí”. Luego me agarraron de tiro y me pegaban, me sacaron a una casa de zinc y ahí me
dejaron como dos horas con un guardia. Enseguida me echaron al helicóptero y me
trajeron hasta Cimitarra; ahí me echaron alcohol en las narices para que contara algo de
la guerrilla.
Me enyesaron el brazo y me presentaron seis guardianes esa noche. Me decían que si
sabía algo de la guerrilla que les contara, que les colaborara; y como no sabía nada yo
que les iba a decir. El día lunes me trajeron para el hospital Ramón González Valencia de
Bucaramanga (eso fue el 16 de noviembre). En el hospital me decían que si no contaba
nada de la guerrilla me metían en un huevo que había ahí encima y que con una varilla
me daban en la cabeza.
Allá en la base militar de Cimitarra había un poco de gente detenida, unos eran conocidos
de la región como JOSE MARIA SANTOS, y en el hospital había otro herido que decía
que lo había herido el ejército. Cuando estaba en el hospital tenía mucho miedo porque
me decían que tan pronto tuviera mejoría me volvían a llevar para Cimitarra y que si no
contaba algo de la guerrilla entonces me iban a votar del helicóptero. Y un cabo decía:
“¿Porqué no botarían del helicóptero a este hijueputa?”. Que era una lástima lo que ellos
hablan gastado porque yo no les colaboraba en nada.
...por allí joden todo, el ejército mata mucha gente, ha matado mucha gente. Ellos llegan
echando plomo, o lo topan a uno trabajando y lo matan si no tiene el papel que ellos le
piden, porque entonces dicen que uno es guerrillero y le pegan y le quitan todo y le hacen
sacrificio. Ya les quitan los dedos, ya les chuzan los ojos, les hacen las miles de piruetas y
35

luego si los matan y les ponen vestidos de militar y fusil y cartucheras para pasarlos por
guerrilleros.
El ejército mata mucha gente y no deja trabajar el campesino. La gente se está saliendo y
está dejando las fincas solas; ya uno no puede estar trabajando porque dicen que es
guerrillero y lo matan y lo uniforman y dicen que es guerrillero. Además, en esa vereda
esta Bercely Gamez, que baja por allí con el ejército y el que no le cae al cuello pues dice
que, es guerrillero, o que era compañero de él para hacerlo matar. Y ese era un matrero y
el ejército lo cogió, entonces él para favorecerse y que no lo mataran dijo que era
guerrillero y que les iba a ayudar y ahora anda con el ejército por allá y el que no le cae al
cuello por la política, pues dice que es guerrillero y que era compañero de él y que él daba
plata y todo para que lo maten”.
Paralelamente, las operaciones militares se extendieron hasta Campo Capote, en el
municipio de Puerto Parra, como lo expresa la siguiente denuncia:
La denuncia de Gilberto Afanador Uribe
“Yo hago la denuncia sobre las torturas y trato que recibí por parte del ejército durante el
tiempo que permanecí con ellos, fui capturado el 17 de noviembre de 1981 en Campo
Capote municipio de Puerto Parra, por orden del puesto de policía de Campo, y la orden la
dio el capitán Grijalba comandante de la policía de Barranca. Fui trasladado en un carro
de mi propiedad hasta el puesto militar de Agua Linda donde inmediatamente fui amarrado
con un lazo de nylon y colgado de un árbol con las manos atrás. Esto lo hizo un cabo
segundo, por la noche llegó un sargento de apellido Córdoba quien me bajó del árbol y me
amarró con las manos adelante, procediendo luego a quitarme todas mis pertenencias,
incluso hasta un pedazo de pan que me habían pasado para comer con agua. Después fui
obligado a estar parado sin dormir, durante toda la noche y por la mañana me sacaron al
sol todo el día, dizque para que se aflojara la lengua, luego vinieron interrogatorios cada
15 minutos más o menos, siempre uno distinto los hacia, así la pase hasta el día 25 que
fui trasladado a la base militar de Cimitarra.
En Cimitarra nos recibió un capitán quien dijo cuando nos ponía las esposas: “llegó la
primera escuadra de las FARC y dio la orden de pasarnos a un médico que también era
capitán y que nos dijo: “llegaron los primeros para fusilar”. Nos hizo desvestir y dijo...
“están bien, llévenselo”. Nos metieron a un calabozo y a los 10 minutos nos sacaron, nos
fotografiaron de frente y de lado, enseguida me mostraron un álbum de varias fotografías
y me dijeron cual de esos guerrilleros conocía y como no conocía a ninguno porque de
eso no se nada entonces me dijeron que estaba montado en la hijueputa, porque ellos si
me iban a hacer cantar y que a ellos no se les mamaba gallo. Ellos me decían que
aceptara que si era auxiliar de la guerrilla, que yo los conocía, que yo los cargaba en el
carro, que aceptara para que no me pesara, que era para bien mío, también unos vecinos
de la misma región corrieron la misma suerte que yo. Los nombres de estos señores son:
JUAN HERNANDEZ, NESTOR CARRILLO, PEDRO LARROTA y otros que no recuerdo
los nombres.
36

También a mi familia la tienen amenazada diciéndole a mi esposa que ellos tienen que
saber algo y andan colocándole trabas para todo, incluso hasta para comprar el mercadito
para la casa. No la dejan trabajar y por esta razón mis cinco hijos y mi mujer se
encuentran desamparados hasta que se arregle mi situación. En Cimitarra me hicieron
firmar una declaración en la cual yo decía que el ejército me había tratado bien, siendo
que yo tenía las manos hinchadas por la presión de las esposas especialmente cuando
las revisaba un cabo de apellido Campo, que decían los soldados, en el puesto de
Cimitarra, es el experto en torturar porque yo oí decir lo que era capaz de hacer con los
que no cantaban.
En el tiempo de retención o sea desde el 17 de noviembre hasta el 4 de diciembre me
suministraron cuatro comidas y sólo me dejaron dormir tres noches. El cuatro de
diciembre me trasladaron a la cárcel modelo de Bucaramanga, donde estoy preso sin
saber, después de tres meses de detenido cual es mi situación jurídica. Mi buena
conducta y las pruebas de que no soy ningún guerrillero ni auxiliador de guerrillas, están
en las cartas que los vecinos de Capote mandaron a la V Brigada y a Vanguardia Liberal.
Soy un hombre trabajador que estoy ahora en situación difícil porque mis hijos y esposa
pasan hambre y miedo con las amenazas del ejército; por eso pido que se me resuelva mi
situación pronto para salir a lo de siempre: trabajar para mi familia.
En los primeros días del año de 1982 los operativos del ejército se desarrollaron en la
población de Simacota, donde se presentaron nuevas agresiones y hostigamientos contra
los campesinos. Los siguientes testimonios son una muestra de ello:
El Testimonio de Libardo Orjuela
“Fui detenido el 6 de enero de 1982 en la vereda la Muñeca del municipio de Simacota:
me colgaron a un árbol con los brazos atrás dándome puntapiés más de una hora y
media, tratándome con palabras de lo más absurdo que se puedan imaginar sin dejarme
comer, ni dormir durante 22 días. Después de la colgada a los dos días siguientes
llegando a un sitio de descanso de ellos, me dieron con la trompetilla del arma que
cargan, en el pecho y la cabeza y un puño en la cara, con las mismas frases me volvieron
a colgar a un árbol donde jugaban balón conmigo, donde yo no pensé vivir más. La
detención en la base militar de cimitarra fue de 22 días, luego me entregaron al juzgado
100 penal militar”.
El Testimonio de Licinio Rondón Arcila
37

“Fui detenido el 13 de enero de 1982 en la vereda Choncorales del municipio de
Simacota. Me cogieron en la casa y me llevaron al sitio en que estaban acampados. El
mismo comandante me colgó, con las manos atrás, a un árbol diciéndome que yo era un
guerrillero y que le entregara las armas, siendo que todo es falso, porque yo soy un
campesino labriego. Visto que yo no sabía nada de lo que ellos preguntaban, me siguieron
golpeando hasta sacarme un brazo, tratándome con las palabras más horrorosas;
después de estar colgado se me subió otro oficial encima poniéndome el pie en la nuca y
después me daban puntapiés como jugando con un balón, me bajaron de allí y me dieron
plan con la misma peinilla que yo tenía de mi trabajo. Me soltaron y luego me llevaron
hasta donde había agua, allí me tomaron del pelo sumergiéndome bajo del agua
pasándose encima y dándome patadas. Después de esto me obligaban a cargar un
equipo de ellos, el cual no pude cargar porque estaba enfermo con la descomposición del
brazo y además el hambre y la sed a las que fui sometido durante nueve días”.
En esos mismos días, entre el 6 y el 13 de enero de 1982, en Simacota, los campesinos
GABRIEL ANTONIO BERMUDEZ, OMAR ALBEIRO BERMUDEZ, IYEMID VALENCIA
MORALES, LUIS CARLOS HERNANDEZ, OMAIRA LUNA DE CASTILLO, RAFAELA
JIMENEZ, JAVIER VANAGAS GALLEGOS, WILLIAM JIMENEZ LOPEZ, LIBARDO
ORJUELA, PEDRO CAMPOS, HECTOR GARCIA, LICINIO RONDON ARCILA, SAMUEL
ANTONIO PULGARIN, JAIRO SERNA, VICTOR DUARTE CABALLERO, JOSE MIGUEL
MORALES, RAFAELA MORALES DE VALENCIA y HOLMES VALENCIA MORALES
fueron detenidos y torturados por el ejército durante un operativo militar. Los militares
torturaron a los campesinos colgándolos a un árbol con las manos atrás y dándoles
puntapiés; luego de varios días de torturas e interrogatorios fueron conducidos a la cárcel
de Cimitarra y al no responder a los interrogatorios fueron trasladados a la cárcel de
Bucaramanga 43 .
Seis meses más tarde, en San Vicente de Chucurí, el 12 de julio de 1982, los campesinos
ADOLFO MARIN y PEDRO BELARMINO PABON fueron detenidos, desaparecidos y
asesinados por miembros del ejército y un hombre de civil que llegaron en una patrulla, en
la Inspección Departamental La Putana. Después de pescar Pedro Belarmino fue a la casa
de un amigo a comprar unos camuros cuando una patrulla militar acompañada de un civil
lo sacó a la fuerza 44 . La esposa de Adolfo se dedicó a buscarlos en los diferentes sitios
donde estaba la patrulla que los había detenido y siempre le respondían con evasivas
diciéndole que se fuera para la casa que su marido llegaba allá. Luego, al ver la insistencia
de ella, un Teniente le dijo que Pedro se les había volado. A los 27 días aparecieron
enterrados en el Corregimiento La Putana de San Vicente. Pedro había sido detenido junto
con otros cuatro campesinos que más tarde fueron asesinados, y que luego en un boletín
del Ejército el crimen quedo registrado como bajas en combate.
A estos casos se suman los de las víctimas que aparecen a continuación, quienes
sufrieron todas detenciones arbitrarias, torturas y sindicación, a manos de las fuerzas
militares; algunos de ellos fueron asesinados*, otros desaparecidos** y otros tuvieron que
43 Ibídem.
44 El Espectador. “Revelaciones en Santander”. Enero 17 de 1983.
38

desplazarse forzadamente***. Entre los responsables se han identificado al Coronel
Carranza de la Base Militar de Campo Capote, municipio de Puerto Parra, y a los hombres
del Puesto Militar Dos Santos.
FECHA NOMBRE DE LA VICTIMA
SABANA DE TORRES
Dic-76 Roberto Mendoza Carreño
Dic-78 Carlos Francisco Lesmes
Carrasquilla*
Pedro Elías Barrera Rueda
Alfonso Abreo Pico
Pedro Elías Barrera Rueda
Jorge Vidal Márquez
Miguel Vence
Maria Delia Moyano De Luna
Sigifredo Vásquez González
Feb-16-80 José Becerra
Marco Tulio Silva
Ene-16-82 José Ángel Delgado
Oct-12-82 Hernán Pérez Alfonso
Feb-16-82 Otto Rios
DIC-81 Harold Antia Fotuche
LANDAZURI
Dic- 14 -76 Tobías Lamus
Mmay-76 Eustorgio Herreño
May- 28-78 Oliverio Amado
May-30-78 Roberto Amado*
Sep-27-80 Obundio Hereño*
SANTA HELENA DEL OPÓN
Oct- 72 Luis Hernández*
May-14-77 Aquileo Portela
Junio de 77 Virgilio Bernal***
Oct-28-80 Pedro Maria Beltrán***
Nov-28-80 Nevaldo Traslaviña
Manuel Cogollos
Luis Martín Benavides
Feb-27-81 Pedro Julio Gómez
Abr-15-81 Alfonso Moyano**
Mar-8-81 ADALBERTO GALINDO*
May-5-81 Luis Alberto Martínez*
May-11-81 Luis Ismael Quiroga*
Jesús Tirado Cañas*
PUERTO PARRA
74 Luis Eduardo Yarce
39

Abr- 75 Horacio Bautista
Feb- 77 Víctor Hernández
May-25-77 José Ramírez L.
2-Dic-77 Arnulfo Quintanilla
Nov- 78 Humberto Hernández
Jun-79 Gustavo Tolosa**
Ago-79 Rodrigo Cartagena
Feb-15-80 Jesús Sepúlveda
Abr-29-81 Hernán Álvarez**
Dic-29 81 Amadeo Vargas y su Hijo Luis Carlos
Vargas
Ene-28-82 Jose Ever Yate**
Ene-28-82 NN
Feb-25-82 Marcelino Gaviria Osorio*
Oct-6-82 José Silva Torres **
Roberto Antonio Jiménez **
Edison Trujillo**
SIMACOTA
Ago-79 José Holguín
Juan Holguín
Sep-79 Elías Flores
Gustavo González Horacio Mesa
Jaramillo
Oct-79 Alirio Muñoz
Jun-81 Tomas García*
Ene-5-82 Antonio Serna
Gilma Serna de Renteria
Daniel Serna
Dos hombres y una Mujer
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Ago-72 Marcelino Gaviria Osorio y 20
campesinos más
4-Sep-72 Reinaldo Castro
4-Sep-72 Antonio Sanjuán Paredes
Abel Silva Marín
José Antonio Supelano
Abdon Uscategui
Luis Enrique Vargas
Jorge Eliécer Elandia
Enrique Delgado, Rodolfo Oses
Víctor Manuel Pabón
Oliverio Prada
Benjamín Márquez Porras
Ariel Martínez Campos
Rosemberg Martínez
40

Hernando Corredor
Sep-72 Hernando Oses
Oct-7-74 Pedro Heli Gómez
Oct-9-74 Héctor Sánchez
Mario Gómez
Abraham Gómez
Roque Julio Nieves
Pedro Díaz
Jaime Ortiz
Mario Zúñiga
1978 Pedro Cabezas***
Miguel Camacho***
Gabriel Caballero***
Ago-78 Arquino Rubio
Nov-78 Maria Hernández
Nov-26-78 Guillermo Ronderos
Domingo Peña
José Elpidio Delgado
Juan De Dios Gómez
Dic-12-78 Juan Santos
Máximo Plata
1979 NN Giraldo*
Ago-79 Luis Tabares
Oct-9-79 Jorge Mojica
Nov-29-79 Miguel Sarmiento
1980 Cristóbal Calderón García
Rafael Calderón García
Pablo Calderón García
Feb-19-80 ISMENIA RAMOS
Mar-29-80 NN Fernández
Abr-80 Carlos Germán Martínez
Segundo Cuadros
NN López Galeano
May-80 Gerardo González
Dic-4-80 Rito Santos
Abr-1-81 Jorge Landazábal
Abr-9-81 Elio Francisco Pinzón
Pedro Antonio Pinzón
Víctor Julio Castro
Abr-13-81 Joaquín Landazabal Hernández*
Josaias Landazabal Hernández
Ana Lucia Ramos
Jun-81 Guillermo Ferrer
Ene-28-82 Miguel Alfonso Velásquez
41

Luis Antonio Peña
Rito Santos
May -82 Luis Silvestre Barbosa
Segundo Bareño
Juan Gaviria
May 28-82 Alfonso Mora González
Día de Jorge Beltrán, Pedro Ballén
elecciones
Lisandro Vásquez
Jesús Hernández
NN
Jul-12-82 Adolfo Marín**
Pedro Belarmino Pabón**
4.2 REPRESION MILITAR-PARAMILITAR DE1982 EN ADELANTE
“Es una falacia. En El Carmen y San
Vicente del Chucurí no hay grupos
paramilitares, la población es manipulada por
la subversión con base al (sic) terror inculcado
en la gente de que la fuerza pública comete
atropellos”
Brigadier General Ricardo Emilio Cifuentes
Ordóñez, Comandante V Brigada 45
Los crímenes cometidos en el Magdalena Medio santandereano después de 1982, se
caracterizan por la desproporción de las acciones militares frente al estado de desigualdad
e indefensión de los campesinos. Extensos territorios rurales eran bombardeados desde
helicópteros en operativos que se prolongaban durante horas, ante los cuales los
campesinos se resguardaban en sus ranchos y casas; entretanto, los militares recorrían
las veredas en compañía de paramilitares que conocían todos los rincones de esas tierras.
Los campesinos no tenían más remedio que esconderse y guardar silencio. Los primeros
operativos fueron enfocados a sitios muy específicos y a partir de 1989 se preparó una
arremetida generalizada y de mayores proporciones que abarcó todo el Magdalena Medio.
Los habitantes de las áreas rurales de diversos municipios de la zona V, se vieron
enfrentados a los constantes operativos adelantados por las tropas del ejército. El Estado
asumiendo como objetivo permanente “estrechar el cerco a las cuadrillas guerrilleras”,
incrementó de forma alarmante el pie de fuerza militar y con ello su campo de acción,
desplegando las denominadas operaciones “contraguerrilla” en los municipios de El
45 Vanguardia Liberal, Febrero 16 de 1992, p. 2 f.
42

Carmen, Puerto Parra, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, y el área rural del Bajo
Simacota, entre otros 46 . A lo anterior se sumaron las operaciones paramilitares realizadas
de manera conjunta entre estos grupos y unidades del Ejército, la Armada o la Fuerza
Aérea, efectuando amenazas contra los campesinos de forma sistemática y coordinada 47 .
El contexto en que fueron cometidos este tipo de crímenes conllevó otras consecuencias
graves para el tratamiento de los mismos: dado el control militar sobre estas zonas,
difícilmente los organismos judiciales podían establecer las reales condiciones en que
fueron cometidos, ya que el acceso a los municipios debía hacerse con autorizaciones de
los miembros de la fuerza pública. Además los militares hacían uso exclusivo de las
informaciones que permitieran individualizar victimarios y determinar responsabilidades.
Por otra parte, las víctimas o los cuerpos de las mismas eran trasladados a guarniciones
militares o puestos de salud por los uniformados, obstaculizando un verdadero análisis de
la situación que se vivía en la zona.
En los primeros años de 1990, los diálogos de paz no se vieron reflejados en la
disminución de las acciones militares; por el contrario, los operativos militares realizados
en la zona se convirtieron en el escenario propicio para la comisión sucesiva de CLH,
situación que forzó al desplazamiento de cientos de campesinos principalmente de los
municipios de Cimitarra, San Vicente y El Carmen de Chucurí. Según un estudio del
equipo de trabajo de la Diócesis de Barrancabermeja, en el Magdalena Medio, para
mediados de la década, por cada cien habitantes, diez eran desplazados de su región por
el conflicto armado. 48
A partir de 1991 el ejército cambió la estrategia represiva del ataque indiscriminado a
poblaciones enteras por la persecución de líderes a manos especialmente de las brigadas
móviles, lo que causó, ya no desplazamientos masivos, sino individuales. Otra
consecuencia la sufrieron las organizaciones no gubernamentales, humanitarias y de
derechos humanos que por acompañar a las comunidades campesinas durante las
incursiones militares enfrentaron grandes dificultades que entorpecieron su labor. Con
todo, la mayoría de los casos que reseñamos aquí fueron denunciados por estas
organizaciones y por campesinos que lograron abandonar la zona. Aunque las acciones
de las fuerzas armadas eran dadas a conocer a la opinión pública por los medios de
comunicación, difícilmente los atropellos que fueron cometidos por sus miembros fueron
conocidos.
La importancia estratégica del Magdalena Medio Santandereano se refleja en las palabras
del defensor del pueblo quien, en 1995 refiriéndose al Magdalena Medio afirmó: “Quien
vaya ganando la guerra en ésta región más o menos va ganado la guerra en el país...aquí
tienen cuna los grupos paramilitares, algunos grupos alzados en armas y fuertes unidades
46 Vanguardia Liberal. Bucaramanga, jueves 12 de octubre de 1989.
47 ROMERO MEDINA, Amanda. Magdalena Medio: luchas sociales... Op. cit. p. 128.
48 Diócesis de Barrancabermeja, estudio sobre el desplazamiento forzado en la región del Magdalena
Medio. Barrancabermeja, Marzo de 1996. Citado En: DUQUE ROJAS, Ubencel. Programa de desarrollo y
paz para el Magdalena Medio. Aproximación a la realidad del Magdalena Medio. p. 38.
43

militares, ninguno está dispuesto a dejarse desplazar del territorio y en lo político, quien
pierda esas posiciones creo que pierde bastante en el conjunto nacional.” 49
El montaje y manipulación de la información por parte de las autoridades
gubernamentales, permitió que la mayoría de las violaciones de derechos humanos
fueran calificadas por versiones oficiales y el poder ejecutivo como “efectos secundarios
de los combates”. En este aparte del informe se presentan las agresiones perpetradas en
medio de acciones conjuntas entre ejército y paramilitares, además de los casos de CLH
cometidos durante operativos de la fuerza pública, los cuales fueron ejecutados con la
ayuda conjunta de múltiples instituciones oficiales, tales como cuerpos técnicos judiciales
o Inspectores de Policía y con la colaboración de grupos paramilitares. La participación de
éstos últimos tiene trascendental importancia ya que los integrantes de estas estructuras
eran habitantes de la zona, lo que facilitaba su desplazamiento por la región.
Es importante destacar que es en medio de la excesiva militarización de la región, que el
paramilitarismo se consolidó y comenzó a operar apoyado por las fuerzas militares que
utilizaron este tipo de organizaciones para adelantar acciones que ellos no podían ejecutar
abiertamente como fuerza pública.
Bombardeos y ametrallamientos en el Magdalena Medio de 1989 a 1990
En el siguiente recuadro se recogen los casos de la ofensiva militar ejecutada en esta
región, durante la cual se presentaron la mayoría de los Crímenes de Lesa Humanidad
entre 1989 y 1990.
Enero de 1989
Se efectuó una ofensiva militar en La Rochela, La Plazuela y Caño Indio ubicados en el
municipio de Simacota y en San Vicente de Chucurí. Los campesinos José A, Jorge
Quiroga Ayala e Isaías Suescún resultaron muertos.
Febrero 25 de 1989
Puerto Nuevo en el municipio de Yondó, se causaron daños a la cooperativa campesina y
un menor resultó muerto.
Marzo 21 de 1989
La colorada, Tambo Redondo, La Fortuna, Aljibes, Barranco Amarillo, Centenario, Alto
Cascajales y Angostura en el municipio de San Vicente del Chucurí
Junio 10 de 1989
La Putana Alta y Pozo Nutría en el municipio de San Vicente del Chucurí, el campesino
Jorge Antonio Velasco de sesenta años resultó muerto.
Junio 22 de 1989
49 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Entrevista al Defensor
regional del Pueblo. Periódico CREDHOS No.6, 1995, p. 4.
44

Llana Fría, Llana Caliente, Alto Granda, Guacamaya, Porvenir, Pozo Nutría, Sabañón y
Caño Tigre en el municipio de San Vicente del Chucurí. Doce campesinos resultaron
heridos y cientos de familias fueron desplazadas.
Enero 9 de 1990
Ofensiva sobre el municipio de San Vicente del Chucurí. Juan y Eliseo Caballero fueron
asesinados y Antonio Garavito fue desaparecido por las tropas militares.
Febrero de 1990
Llana Fría en el municipio de San Vicente del Chucurí. Se desplazaron cientos de familias
hacia Barrancabermeja y Bucaramanga.
FUENTE: Human Rights Working Paper, ILSA, Bogotá, Vol.1 No.3 Abril de 1992.
5 SANTA HELENA DEL OPÓN
En este municipio se presentó una aparición temprana del paramilitarismo, pues fue
precisamente en Santa Helena del Opón donde se ubicó la principal base paramilitar del
Magdalena Medio, específicamente en la vereda de Juan Bosco de La Verde, localizada
entre Simacota y Santa Helena del Opón, desde donde se dio inicio a la toma paramilitar
al Magdalena Medio.
El modelo paramilitar que comenzó a implantarse en la vereda de San Juan Bosco de la
Verde, perseguía, además de hacerse al control social, político y económico de la región,
“autofinanciarse imponiendo contribuciones obligatorias a todos los pobladores” 50 . De tal
manera, el proyecto paramilitar de San Juan Bosco de la Verde comenzó a consolidarse
en mayo de 1981, con el apoyo del ejército nacional. Un ejemplo de ello fue la
participación del Comandante del Comando Operativo No. 10 del Magdalena Medio, el
entonces Coronel Ramón Emilio Gil Bermúdez, quien iba a dar entrenamiento a los
paramilitares de San Juan Bosco de la Verde en helicópteros militares, les llevaba armas y
les pagaba 51 . Las tropas paramilitares de Santa Helena del Opón, extendieron su
accionar a las poblaciones de El Carmen y San Vicente de Chucurí entre 1986 y 1995 e
incursionó en los últimos años en los municipios aledaños de Betulia, Simacota, Galán,
Zapatoca, Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches. Las características que
fue adquiriendo esta experiencia la convirtió en un “proyecto piloto para las fuerzas
armadas” 52 . Como lo denota el PDPMM, “el núcleo de San Juan Bosco de la Verde, que
crea la base paramilitar de El Carmen y San Vicente de Chucurí, tiene una relación
orgánica con los militares de estrategia contrainsurgente, crean una base social de apoyo
y repoblamiento en la región. Su influencia se extiende al bajo Simacota, Betulia, y
alrededores de Barrancabermeja. En la zona tienen característica de contención y control.
Se dice que de la base paramilitar surgen su escuadrones que por su capacidad de
50 Banco de Datos de Violencia Política del CINEP. Deuda con la Humanidad... Op. cit. p. 345.
51 Ibíd.
52 Ibíd.
45

eligerancia pasan a otros sitios de la región a hacer labores de hostigamiento, asesinatos
de líderes de organizaciones sociales y populares en campesinos en áreas como los
alrededores de Barrancabermeja (El corregimiento El Centro, y los que quedan alrededor
de la autopista vía a Bucaramanga), Barrancabermeja mismo, el corredor del río
Sogamoso, los corregimientos de Puerto Cayumba y Puente Sogamoso del municipio de
Puerto Wilches, Sabana de Torres y el Bajo Rionegro” 53 .
La arremetida paramilitar en Santa Helena del Opón se evidenció el 18 de abril de 1982,
cuando los campesinos JESUS PATARROYO, CAYETANO SILVA, LEONIDAS QUIROZ y
otro CAMPESINO fueron asesinados por una estructura paramilitar. En fecha no precisada
de ese mismo año, ERNESTO TIRADO fue detenido y torturado por el Teniente Ricardo
Méndez, el Sargento Primero Celis y varios soldados pertenecientes al batallón Ricaurte.
Ernesto fue maniatado y tomado del cabello y acto seguido, le sumergieron la cabeza en
un charco de agua, mientras le preguntaban dónde estaba la guerrilla. El Teniente Ricardo
Méndez y el Sargento hacían parte de los militares que crearon y armaron el grupo
paramilitar Los Grillos, que luego conformó la estructura conocida como Muerte a
Secuestradores (MAS).
A finales de 1982, prosiguieron las operaciones conjuntas entre de exterminio de las
tropas militares y paramilitares. El 5 de diciembre, asesinaron a los campesinos JOSE
DEL CARMEN GONZALEZ y EDILBERTO OLARTE.
Durante los meses de enero y febrero de 1983 se presentó una nueva arremetida contra la
población campesina por parte del ejército que en compañía de las tropas paramilitares,
realizó 2 masacres en las cuales perdieron la vida 19 personas, y otras tantas resultaron
heridas. La primera masacre tuvo lugar el 3 de enero, cuando
efectivos de una patrulla militar asesinaron a EVANGELISTA
TRASLAVIÑA, WALO ARENAS, HERMINIA ARENAS DE
TRASLAVIÑA, PROSPERO BERMUDEZ y WILSON
SANTAMARÍA e hirieron a ELIECER TRASLAVIÑA y JAIRO
TRASLAVIÑA. Un mes más tarde, el 8 de febrero de 1983, los
campesinos MIGUEL DIAZ, MARIA STELLA DIAZ, JESUS
MARTINEZ, GERARDO DIAZ, JOSEFINA MIRANDA, LUIS DIAZ
de 11 años, LIBARDO DIAZ de 1 año, GABRIEL MATEUS, JOSE
GOMEZ, FIDELIGNA GOMEZ, GUILLERMO LEON, VITELMINO
LEON, JAIME NIÑO y MARIO NIÑO fueron torturados y
GUILLERMO LEON.
asesinados por el grupo paramilitar Los Tiznados, cuyos hombres,
vestidos con prendas militares y con la cara tiznada, arribaron en
horas de la noche, quemaron sus ranchos y asesinaron a los campesinos. Esta masacre
se conoció como la masacre de Germania.
53 DUQUE ROJAS, Ubencel. Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio. Aproximación... Op.
cit. p. 28.
46

En febrero de 1983, en Santa Helena del Opón aparece la banda paramilitar de ‘Los
Tiznados’ que no eran más que militares y policías con las caras tiznadas con carbón” 54 .
Desde ese momento, los paramilitares del MAS y Los Tiznados, asolaron la región con
múltiples asesinatos. Entre las víctimas del accionar paraestatal en el segundo semestre
del año se encuentran: la maestra ANA INES VELASCO DE DUARTE y el campesino
BAUDILIO JARAMILLO quienes fueron torturados y asesinados en julio de 1983 en el
corregimiento de San Cayetano. El mismo mes, el día 16, fueron asesinados los
campesinos MISAEL ARIZA, ANTONIO SANTOS y otro CAMPESINO.
La puesta en marcha de estructuras paramilitares de San Juan Bosco de la verde continuó
en los años siguientes. “Según testimonios de campesinos que vivieron en San Juan
Bosco de la Verde, entre 1983 y 1984 fueron entrenados los paramilitares por un oficial del
ejército, a quien llamaban teniente Bocanegra; se afirma que eran entrenados dos horas
diarias; que entre 1983 y 1985 adoptaron temporalmente el nombre de “Los Tiznados” y
“Los Grillos”
La acometida paraestatal que comenzó a comienzos de los ochenta en Santa Helena, se
reanudó a mediados de 1986 y esta vez se enfocó al exterminio de los militantes de
oposición que hacían presencia en la región. El 17 de agosto de ese año, los campesinos
y militantes de la UP, JOSE IGNACIO MEJIA y MESIAS CARDENAS fueron asesinados
por una patrulla militar en la vereda San Isidro. Los militares dispararon contra todos los
asistentes a una reunión de la UP que salían en ese momento. Todos ellos estaban
desarmados y rogaban a los militares cesar la balacera, súplicas que no fueron tenidas en
cuenta. Finalmente, los militares afirmaron que las victimas eran guerrilleros muertos
durante una emboscada.
Un mes más tarde, el 12 de septiembre de 1986, el campesino RICARDO FLOREZ
MENDOZA fue asesinado de 9 disparos por paramilitares del MAS en la vereda
Cométales.
Las estructuras paramilitares de San Juan Bosco de la Verde prosiguieron en 1987. En
fecha no precisada de ese año, los campesinos MOISES LEAL, SEVERO CASALLAS,
RAMIRO ALMANZA, ISIDRO MORALES y su ESPOSA fueron asesinados por miembros
del grupo paramilitar MAS en complicidad con el Inspector de Policía Isidro Carreño
Lizarazo, en esa misma inspección departamental.
La oleada criminal continuó el 9 de febrero de 1987, fecha en la que el campesino JUAN
SANTOS fue asesinado a disparos por integrantes del grupo paramilitar MAS en la vereda
Filipina. En el transcurso de ese mismo año las estructuras paramilitares incursionaron en
las veredas Cabeceras de Riosucio, Islanda y La Pitala 55 . En agosto del mismo año, “se
comprobó que paramilitares destacados desde San Juan Bosco de la Verde, coordinados
por altos mandos militares de la Segunda División del Ejército, estaban operando en la
jurisdicción de la V Brigada bajo sus ordenes inmediatas y con el auxilio de oficiales de
54 Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar... Op. cit. p. 9.
55 Ibídem. p. 8.
47

diferentes batallones, teniendo la misión de asesinar a personas vinculadas con
actividades políticas de organizaciones legales de oposición” 56 .
Al año siguiente, el 23 de enero de 1988, MARTIN QUIROGA fue asesinado en
circunstancias desconocidas. El 16 de febrero siguiente, los campesinos RAFAEL ACUÑA,
MARIO DELGADO, PROSPERO ARRIETA, ELIAS GARCIA, DEMETRIO ROJAS y otro
CAMPESINO fueron asesinados por un grupo paramilitar. Un año después, el 13 de
febrero de 1989, NOLBERTO SILVA SANABRIA de 20 años fue asesinado de 2 impactos
de bala de escopeta calibre 16, en la vereda Pozo Azul.
Los Crímenes de Lesa Humanidad en Santa Helena del Opón disminuyó sustancialmente
en la década del noventa, lo cual pone de manifiesto cómo, a través del terror y la sangre,
los grupos paramilitares lograron posicionarse en la población, fenómeno que se
desencadenó en el curso de la década del ochenta, por medio de modalidades criminales
como la masacre. Poco a poco la operatividad de los grupos paramilitares se fue
modificando; los asesinatos colectivos fueron cambiados por asesinatos selectivos,
mecanismo con el cual los paramilitares se aseguraban de erradicar a todo aquel que
cuestionara o se opusiera abiertamente al régimen impuesto por el paramilitarismo.
Otro de los blancos de la acción paramilitar, fueron los líderes cívicos del municipio. El 22
de enero de 1998 a las 3:00 a.m., el reconocido líder cívico de la región JAIME IGNACIO
DIAZ, fue desaparecido y su ESPOSA fue asesinada por paramilitares en la vereda Santa
Helenita. Los paramilitares encapuchados, armados y con lista en mano preguntaron por
Jaime y se lo llevaron, no sin antes asesinar a su esposa. Uno de los hijos de la pareja
debió abandonar el país por amenazas contra su vida.
6 SIMACOTA
“En el año de 1540, cuando llegó Martín Galeano a esta región, encontró una cantidad de
tribus que llamaban a la región “CAMACOTA” que en el dialecto Guane significaba: CA,
vallado, cerco, lugar, sitio, puesto, fortaleza, propiedad. MA, tu, ajeno, vuestro. COTA,
Desgreñado, crespo, encrespado.
Lo cual quiere decir “LUGAR AJENO Y ENCRESPADO”; los españoles luego lo llamaron
SISCOTA, pero con el tiempo, este nombre fue reemplazado por el actualmente conocido
de SIMACOTA.
La cabecera municipal se encuentra al 134 Km. de la capital Santandereana,
Bucaramanga, de los cuales 120 Km. hacen parte de la red vial principal del departamento
y 14 Km. de vía pavimentada que lo comunican con el Socorro.
El casco urbano se encuentra a 5 horas de Bucaramanga y a 7 horas de Barrancabermeja
DATOS HISTORICOS
56 Ibíd.
48

Simacota en tiempo de la conquista fue habitada por familias aborígenes conformada en
cinco tribus: Guamacaés, Yariguíes, Tolomeos, Arayas, Topoyos, o Topocoros.
La colonia se inicia con la llegada del Capitán Español, Martín Galeano quien en Julio de
1551 a través de Bartolomé Hernández de León, encomendero de Chanchón y subalterno
de Galeano, hace presencia con 30 soldados. Su establecimiento en la región duró más
de 60 años por la fuerte resistencia que pusieron los indígenas.
La formación de Simacota se inició el 17 de septiembre de 1703 y en el año de 1707 fue
fundada la cabecera Municipal con el gran regocijo de sus pobladores. El territorio que
corresponde a Simacota pertenecía civil y espiritualmente al pueblo de indios de
Chanchón quedaba comprendido entre la desembocadura de la quebrada Aroca y la
Macaligua, en cuya demarcación había 1.151 blancos, 103 esclavos y contaban con 16
trapiches.
Los indígenas eran de idénticas costumbres, trajes y lenguas; inteligentes, capaces y
valientes; defensores de la libertad hasta la muerte. Vivían de la caza, la pesca, y del
cultivo de maíz, millo, cacao, frutas, plátano y algodón.
De su territorio se desmembraron los siguientes municipios: Chima, El Palmar, Hato y
Santa Elena del Opón. El primer alcalde fue Don JOSE DE ARCHILA padre del prócer de
la Revolución de los Comuneros FRAY CIRIACO DE ARCHILA.
UBICASION Y EXTENCION
Está ubicado a 134 Kilómetros de Bucaramanga; a 14 Km. del Socorro, Capital de la
provincia Comunera; a 21 Km. del municipio de Chima; a 20 Km. del municipio del Palmar;
municipios con los cuales mantiene constante comunicación terrestre.
El Municipio de Simacota está demarcado por barreras naturales, algunas de las cuales
sirven como limites municipales. Por el Oriente (E) con el Municipio del Socorro, por medio
del Río Suárez. Al Occidente (W) con el Municipio de Barrancabermeja, por medio del Río
Opón. Al Norte (N) con los municipios de Hato y El Palmar, por medio de la quebrada
Cinco Mil, con el Municipio de El Carmen, por medio del Río La Colorada y al Sur (S) con
los municipios de Chima y Santa Helena del Opón.
El municipio de Simacota posee una extensión territorial de 1413 Km2 representando el
33% de la provincia comunera siendo esta una de las regiones más extensas en relación
con las demás posee 45 veredas en Total. Limita por el norte y longitudinalmente con los
municipios de Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, El Carmen, El Hato, El Palmar.
Por el Oriente, con el Socorro, Palmas del Socorro. Por el Sur, con Chima, Santa Helena
del Opón, Vélez, Puerto Parra, Por el Occidente con Barrancabermeja y el río Magdalena.
DIVISION POLITICA
49

Simacota se encuentra dividida por la Serranía de los Yariguíes, en dos grandes zonas,
las cuales reciben los nombres de Simacota Alto y Bajo.
Simacota Alto, cuenta con la menor extensión territorial se encuentra la cabecera
municipal, con los siguientes sectores: Altico, Santa Barba, La Paz, Jerusalén, La Unión,
Petaquera, Villa Smit, La Esmeralda. Posee 14 veredas: Guayabal, Santa Ana de Flores,
Santa Ana del Olvido, La Montuosa, El Salto, Alta Cruz, El Nauno, Altamira, San Pascual,
La llanita, Llano Grande, La Batalla, San Pedro, El Morro, Pedregales. 2 inspecciones de
policía, una en el Casco Urbano y otra en la vereda la Llanita. Se localiza al costado
oriental del Municipio y su mayor vínculo comercial y artesanal con el Socorro.
Simacota Bajo, se encuentra al margen occidental de la cordillera de los Yariguíes; cuenta
con la mayor extensión territorial. Posee 32 veredas: Caño viejo, Guayabal, Pull papel,
Vizcaína alta7 Vizcaína Baja, Puerto Opón, Aguas Blancas Alto, Aguas Blancas Bajo,
Puerto Nuevo, La Rochela, Marquetalia, la Colorada, Caño Limón, La sierra, Santa Ana,
Puerto Argilio, Zambranito, Cruz Roja, Danto Bajo, Cuatro Bocas, El Diviso, La Jovina,
Danto Alto, Atarraya, La Honda, La Aguada, Trocha del medio I y Trocha del Medio II. Una
inspección de policía en la vereda Puerto Nuevo, y sus vínculos tanto de gestión como
intercambio se realizan con Barrancabermeja”. (Pagina oficial del municipio de Simacota).
Simacota constituyó uno de los municipios del Magdalena Medio Santandereano más
asediados por la represión estatal. Inicialmente, las tropas militares dieron curso a una
estrategia contrainsurgente que abarcó tanto al municipio como a sus poblaciones
cercanas, todo ello con el fin de frenar el avance del Ejército de Liberación Nacional ELN,
movimiento insurgente que se originó en esta población en 1964. Desde mediados de la
década del sesenta, las tropas militares dieron curso a una ofensiva militar que afectó
indiscriminadamente a todos los habitantes de Simacota, situación que se agravó en las
dos décadas siguientes, periodo en el cual decenas de campesinos fueron detenidos,
torturados, sindicados y procesados por la fuerza pública, bajo la falsa acusación de ser
parte de la subversión. A los operativos militares se sumaron desde comienzos de 1982,
las filas paramilitares que incursionaron en la región, con el fin de socavar cualquier tipo
de proceso organizativo de la población e imponer su orden a toda costa.
Durante el mes de abril de 1982 se evidenció la acción conjunta entre militares y
paramilitares, mes en el que el campesino RITO MARIO PINZON RUEDA fue detenido y
torturado, en la Inspección de Policía El Guamo, por miembros de una patrulla del ejército
comandada por el Teniente Ramírez, acompañada de algunos paramilitares del grupo
MAS entre los que se encontraba el paramilitar José Ángel Moray y otro hombre conocido
como Silvio. Rito Mario fue detenido después de exigirle salvoconducto, luego fue llevado
a una finca de los paramilitares para ser amarrado y torturado. Así narra Rito Mario, las
circunstancias en las cuales fue agredido:
“Enseguida me colgaron y me golpearon preguntándome unas cosas de
las que yo no era sabedor, diciéndome que yo era un guerrillero. Me
quitaron la ropa y me pusieron un vestido camuflado de ellos mismos.
Mandaron a otro paramilitar, llamado Silvio, a que me tomara unas
50

fotos. Después me obligaron a que me cargara una maleta de ellos
mismos y me llevaron con un nylon como el que lleva a un animal.
Como a las 5 de la tarde del otro día, viendo que ya me iban a matar,
pues ya estaba hecho el hueco, me encomendé a la Virgen, logré
zafarme y salí corriendo por entre la montaña y no lograron pegarme ni
un tiro. Me tuve que ir huyendo para Suaita, por lo que mi mujer tuvo
que ponerse a trabajar y un día estando en esas, ella pisó una culebra y
el animal la mató” 57 .
Estos hechos obligaron a Rito Mario a abandonar la región. Buscando cómo regresar a su
finca se dirigió a la base militar de Suaita donde le dieron un salvo conducto para poder
movilizarse; pasados dos días de estar nuevamente en su casa, llegaron los paramilitares
de San Juan Bosco a preguntar por él, de modo que tuvo que salir forzadamente para
preservar su vida. 58
Tres meses más tarde, el 11 de julio de 1982, los militantes de izquierda LUIS
CONTRERAS y SILVESTRE BARBOSA fueron asesinados por paramilitares. Los
asesinos se identificaron como miembros del grupo ALPHA 82, afirmando que eran de
extrema derecha y finalmente amenazaron a la población diciéndole que asesinarían a
quien apoyara grupos comunistas.
Una nueva incursión paramilitar se registró el 9 de mayo de 1983 en la inspección de
policía La Rochela. Durante el operativo de las tropas paramilitares los campesinos
CELINA ARIAS DE HINCAPIE y JOSE ERMEL TANGARIFE fueron asesinados. Los
agresores se identificaron como integrantes del grupo paramilitar Los Tiznados. Dos
meses después, el 4 de julio de 1983, el dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANUC “Línea Sincelejo”) LUIS EDUARDO ROJAS, MANUEL ORTIZ y
MARIA DE ORTIZ fueron asesinados miembros del mismo grupo paramilitar en la misma
inspección departamental.
En 1984 únicamente se denunció la comisión de un crimen. El 13 de febrero de aquel año,
el campesino ARTURO CENTENO MELENDEZ fue detenido y desaparecido por
paramilitares en la vereda Río Blanco. Algunos testigos presumen que Arturo fue llevado a
las instalaciones de la XIV Brigada, donde negaron los militares tenerlo recluido.
Una situación similar se presentó durante 1985. El 13 de abril de 1985, los campesinos
ADONAI VEGA AMEZQUITA y CARLOS MORENO fueron asesinados por cinco hombres
en una cancha de tejo, en el corregimiento Agua Blanca. Uno de los hombres vestía de
civil y los otros tenían gorras militares y se transportaban en un campero Nissan, dieron
varias vueltas alrededor de la cancha de tejo donde se encontraban los campesinos y
luego de preguntarle al dueño de ésta su nombre, le dieron cuatro tiros en el pecho;
57 El Espectador. “Revelaciones en Santander”. Enero 17 de 1983; Comité Pro Defensa de los Derechos
Humanos. Declaración de Mario Pinzón Rueda. San Vicente de Chucurí. Julio 31 de 1982
58 Declaración rendida ante el Comité Cívico de Defensa de Derechos Humanos. San Vicente de Chucurí.
Julio 31 de 1982.
51

después dispararon contra los asistentes en el sitio. Dos de estos emprendieron la huida,
uno de ellos fue alcanzado y asesinado; posteriormente, los hombres regresaron a
confirmar que su primera victima estuviera muerta y manifestaron que “estén tranquilos
que sólo veníamos por esos dos y posteriormente volveremos por más”.
La escalada de violencia emprendida por los militares y paramilitares se incrementó en
1986. El 14 de abril de ese año, la campesina FLORALBA TORO JARAMILLO fue herida
durante un allanamiento y sindicada de pertenecer a un grupo guerrillero por unidades
militares. Los militares incursionaron en un predio en el cual, Floralba junto con su padre
de 62 años, limpiaba un sembrado de maíz. Floralba fue presentada públicamente como
herida en enfrentamiento con una columna guerrillera.
Un nuevo crimen tuvo lugar en el mes de junio. Según denuncias de la Procuraduría
General de la Nación, en junio de 1986, el campesino RAMON CALDERON fue
desaparecido por paramilitares.
Entre el 15 y el 22 de septiembre de 1986, los campesinos y lugareños JAIME GOMEZ,
SEGUNDO MARTINEZ, ERNESTO MARTINEZ, GUILLERMO ATUESTA MORENO,
RAMON CALDERON, JOSELITO BAQUIRO y su ESPOSA fueron desaparecidos por
paramilitares en la vereda Atarcaya. Una vez más la Procuraduría General de la Nación
denunció la comisión de los crímenes perpetrados por los paramilitares en la población.
1987
La oleada de violencia que comenzó a incrementarse en 1986 en Simacota continuó en
ascenso durante 1987. El 29 de marzo, los campesinos VICENTE ROBLES GOMEZ y
JAIME FORERO SUAREZ fueron asesinados por el grupo paramilitar Los Tiznados en la
vereda de San Pascual. Tres meses más tarde, el 3 de junio de 1987, los campesinos
JOSE VICENTE MURILLO GIRON y JULIO QUIROGA HERNANDEZ fueron asesinados
por paramilitares que los sacaron de sus viviendas ubicadas en las veredas Pascual y
Peñuela.
El lunes 16 de noviembre, los campesinos JORGE DÍAZ y ALVEIRO MEJÍA fueron
asesinados por paramilitares del MAS luego de una incursión a la Cienaga del Opón en
área rural del Bajo Simacota, colindante con el municipio de Barrancabermeja, en la
estación de tren conocida como Pulpapel. Los individuos del MAS se subieron al tren en
la estación Las Montoyas y se bajaron en La Vizcaína; de allí siguieron la línea férrea en
dirección a la carretera que conduce a la Ciénaga del Opón. Al llegar, se presentaron
como miembros del MAS, reunieron a los pobladores y preguntaron por Julián Cárdenas,
Luis Olarte y Mario Moreno, quienes según los paramilitares formaban parte de una lista
que ellos tenían en su poder e incluía a reconocidas personas de la zona.
Mientras esto ocurría, el ejército incursionaba por el sitio denominado Los Ñeques, cerca a
la Ciénaga; una vez terminada la reunión forzada, la tropa llegó a la Ciénaga y acampó en
52

una pista ubicada en los alrededores. Los testimonios recogidos por la ANUC-
Barrancabermeja señalan que al tener conocimiento de lo ocurrido, los militares no
hicieron por perseguir a los integrantes del MAS y por el contrario practicaron algunas
detenciones arbitrarias de campesinos para amedrentar más a la población. Los
paramilitares regresaron por el mismo camino por el que entraron y en su retirada
asesinaron a los jóvenes Jorge y Alveiro, atracaron una tienda de donde se robaron una
grabadora con dos parlantes y otros artículos, y además picaron las ollas y los enseres de
cocina y hurtaron el dinero correspondiente a las ventas 59 .
Los múltiples vejámenes a los que fue sometida la población de Simacota en el curso del
año motivaron a la ANUC - Barrancabermeja a realizar recurrentes denuncias ante
distintos estamentos gubernamentales. Denuncias en las que los campesinos expresaban
su indignación a propósito de los atropellos de los que eran victimas algunos sectores de
la comunidad campesina del Bajo Simacota, en particular por las estructuras paramilitares
como el MAS que actuaban por aquella época.
1988
En 1988 las modalidades criminales de las estructuras paraestatales, se modificaron. Los
grupos paramilitares que anteriormente actuaban de manera explícita, comenzaron a
cubrirse con el manto de la impunidad, por medio del accionar de “desconocidos”. El 14 de
febrero, la delegada de la Registraduría TERESA CAMACHO DE GONZALEZ fue
asesinada por autores no identificados. En fecha no precisada de ese mismo mes, los
campesinos JESUS ALFONSO CARDENAS RODRIGUEZ y SAIN TOLOZA, fueron
desaparecidos por desconocidos en la zona conocida como Bajo Simacota.
El 20 de marzo, sujetos no identificados asesinaron en la Inspección de Policía La Rochela
a un CAMPESINO de 30 años de edad. Igual suerte corrió el 7 de abril, el campesino
ALEXANDER GONZALEZ de 30 años, asesinado en circunstancias no precisadas, así
como el campesino ARIEL MARTINEZ, quien fue asesinado por desconocidos en la Finca
La Pradera, el 29 de abril.
Entretanto, las tropas del batallón Luciano D’Elhuyar desarrollaron una serie de operativos
en la población que comenzaron en el mes de enero y se prolongaron hasta finales de
marzo de 1988. Durante su estadía en la zona rural del municipio, los militares hostigaron
a los residentes de la zona y perpetraron varios crímenes.
La operatividad del Batallón Luciano D' Elhuyar
El 20 de enero de 1988, TRES HOMBRES fueron asesinados por efectivos del batallón de
Artillería No. 37 Luciano D'Elhuyar y presentados públicamente como guerrilleros, en la
Inspección Departamental La Rochela. Dos meses más tarde, el 24 de marzo de 1988,
59 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Carta a Víctor Enrique Navarro, Procurador
Seccional. Barrancabermeja, noviembre 24 de 1987
53

aproximadamente entre las 8:00 y 8:30 a.m., el campesino GERARDO GARRIDO
BERNAL y los aserradores ORLANDO NIÑO DUARTE y GUSTAVO CARVAJAL PEREZ
fueron detenidos y asesinados por tropas del Batallón Luciano D' Elhuyar a cargo del
Capitán Manuel Orlando Moreno Martínez y el Teniente William Fernando Rubio Moreno,
comandantes de los cuerpos contraguerrilla Cigarra No. 1 y No. 2 respectivamente, en la
quebrada Aguablanca cerca de la finca la Unión, ubicada en la vereda El Guayabal.
Ese día en horas de la mañana, la tropa de la contraguerrilla “Cigarra Dos” al mando del
Teniente Rubio Moreno se presentó en la finca donde se encontraba Gerardo junto con su
hijo Gilberto sembrando maíz. Los militares traían a los dos aserradores Orlando y
Gustavo, quienes se encontraban laborando en un predio vecino. A Gerardo lo llevaron
con los dos detenidos y a todos los llevaron como a cien metros, al lado de la quebrada
Aguablanca donde los asesinaron. El hijo del agricultor, al escuchar las balas salió
corriendo y se escondió en la casa de una vecina.
Luego, los militares fueron a la casa de una vecina llamada Nydia Cárdenas. A ella le
informaron que en el camino habían dejado a tres guerrilleros muertos, a lo cual la señora
respondió diciendo que los muertos no eran ningunos guerrilleros, sino que habían matado
a dos jóvenes aserradores y a don Gerardo Garrido. Entonces los militares requisaron la
casa y encontraron a los hijos de doña Nydia. Después volvieron a la casa de Gerardo y la
saquearon, robaron y destrozaron los enseres y algunas prendas de vestir, además de
matar algunos pollos y echarlos a la alberca del lugar.
Posteriormente, los uniformados se movilizaron y allanaron la casa de Rosa García,
ubicada en la misma vereda. En ese lugar detuvieron a tres personas: DOMINGO
BERNAL, RAMIRO PINZÓN y el menor de edad SAMUEL RUEDA. Luego los trasladaron
a la casa de la señora María del Rosario Pinzón donde detuvieron a ALFREDO PINZÓN
NIEVES y ELIBARDO MARIÑO PINZÓN. Una vez reunidos los cinco, como a las 2:00 de
la tarde, los detenidos fueron llevados al sitio donde se encontraban los cuerpos de los
campesinos recién asesinados y los obligaron a cavar con picas y palas una fosa para
enterrarlos. Los militares les dijeron que hicieran una pequeña fosa, pues tenían que “picar
los cuerpos con un machete para que cupieran los tres”; los campesinos se negaron a
hacerlo y decidieron cavar una fosa más grande, proporcional a la altura de don Gerardo,
que era el mas alto de los tres jornaleros.
Durante la excavación, los campesinos fueron humillados, insultados y golpeados. Alfredo
alegó que le dieron una bofetada, mientras que Samuel dijo que le pusieron la boquilla de
un fusil en su boca, le daban patadas por la espalda y le montaban una pierna en su
cuello; por su parte Ramiro afirmó que el Teniente Rubio lo golpeó injustificadamente.
Ninguno pudo reconocer a los campesinos porque sus cuerpos se encontraban
desfigurados. Mientras tanto, un grupo de soldados se quedó en la casa de doña María
para robarle $300.000 y algunos pollos que tenían, los cuales se comieron.
Alfredo Pinzón fue obligado a untar tinta en los dedos de las manos de los cuerpos para
que un soldado registrara sus huellas. Cuando echaron los cuerpos a la fosa, los militares
le dijeron que habían dado muerte a los tres individuos porque los habían atacado;
54

señalaron que Gerardo Garrido era “alias Albeiro”, un comandante de la guerrilla, mientras
que a los aserradores los tildaron también como guerrilleros. Al finalizar, aproximadamente
a las 6:00 p.m., los soldados les ordenaron irse porque sino los mataban, pues venían
grupos del MAS y ellos no podían asesinarlos en el momento porque estaban
uniformados, además de imponer a Alfredo y Elibardo la condición de presentarse el día
siguiente a las 6:30 de la mañana. Según Alfredo Pinzón Nieves, él escuchó que uno de
los comandantes de la tropa era el Capitán Moreno, y uno de los detenidos aseveró que
les hicieron firmar constancias de buen trato.
El día siguiente a los crímenes, la esposa de Gerardo, Evelia Quintero de Garrido, salió a
las 10:20 a.m. hacia Barrancabermeja a buscar al Inspector de Policía de la población de
El Centro, Hermes Rueda Rueda, y a avisarles a los familiares de su esposo y los suyos lo
sucedido para que la ayudaran a desenterrarlo. Al encontrar al inspector y dos hermanos,
Evelia volvió donde estaban los cuerpos y los desenterraron, viendo que su estado de
descomposición era avanzado, y localizando manchas de tinta en las manos y pies para
tomarles huellas, y rastros de ácido. El Inspector realizó el levantamiento y localizo
alrededor de la fosa bastantes balas de fusil; recogió aproximadamente 98 de ellas.
Posteriormente los cuerpos se trasladaron al cementerio municipal de Barrancabermeja.
Según la señora Quintero de Garrido, en el sector no operaba frente guerrillero alguno, lo
que fue confirmado por las declaraciones de los detenidos. Agregó también que el
supuesto enfrentamiento entre las víctimas y los militares alegado por estos nunca
sucedió, sino que fue un incidente entre las mismas filas de las tropas.
El diario Vanguardia Liberal en su edición del viernes 25 de marzo de 1988, informó que
en Simacota tres subversivos sin identificar, pertenecientes al XXIII Frente de las FARC
fueron dados de baja en combates entre la organización guerrillera y fuerzas del ejército
adscritas al Batallón Luciano D'Elhuyar, artículo que fue presentado como “Rudo Golpe a
la Subversión”. El mismo diario, en su ejemplar del día siguiente, sábado 26 de marzo,
informó que ocho campesinos, presuntamente miembros de las FARC fueron dados de
baja por tropas del ejército en diferentes sitios del Magdalena Medio. Entre ellos, tres
hombres fueron muertos en la vereda Aguas Blancas, jurisdicción del corregimiento de El
Centro, siendo identificado uno de los occisos como Gerardo Garrido Bernal, propietario
de la finca “Guayabal”.
En el ejemplar del lunes 28 de marzo del mismo año, el diario Vanguardia Liberal en su
resumen judicial publicó: “No cesa la violencia”, y afirmó que en otros preocupantes
hechos de sangre en el corregimiento de El Centro, jurisdicción de Simacota, fueron
ultimados Gerardo Garrido Bernal (45 años) y dos hombres sin identificar, de 30 y 25 años
aproximadamente. Finalmente en su edición del martes 29 de marzo, vanguardia Liberal
presentó un artículo titulado, “Eran campesinos y no guerrilleros”, donde se publicaron
apartes de las declaraciones de la señora Evelia Garrido, esposa de Gerardo Garrido,
señalando que nunca hubo enfrentamientos, y que los tres campesinos fueron asesinados
por el ejército.
Actuaciones judiciales
55

Mediante la resolución No. 025 del 11 de enero de 1990 la Procuraduría General de la
Nación sanciono con treinta (30) días de suspensión en el ejercicio del cargo al Capitán
Manuel Orlando Moreno Martínez por los allanamientos, registros y saqueos de las
viviendas de Rosa García y Gerardo Garrido, y la detención de Alfredo Pinzón, Ramiro
Pinzón, Samuel Rueda, Elibardo Mariño y Domingo Bernal. El mismo ente en la resolución
No. 248 del 15 de junio de 1990 decidió mantener la sanción al inculpado ante el recurso
de reposición interpuesto por este.
En la misma providencia al Teniente William Fernando Rubio Moreno la Procuraduría
decidió absolver al inculpado de la detención de Orlando Niño y Gustavo Carvajal, así
como del asesinato de estos y de Gerardo Garrido Bernal, porque no existe prueba alguna
directa e indirecta de su participación en los delitos señalados, y por tanto "debe dársele
aplicación al principio in dubio pro reo".
A comienzos del mes de mayo se reanudaron las operaciones del batallón Luciano D’
Elhuyar en el municipio. El 1 de mayo, el militante de la Unión Patriótica ELIECER
HERNANDEZ fue detenido y asesinado por efectivos de esa unidad militar en la vereda
Guayabal, donde meses antes habían sido asesinados tres campesinados y presentados
ante la opinión publica como “guerrilleros dados de baja en combate”. Los militares
obligaron a Eliécer a bajarse de un bus de la empresa COTRANSMAGDALENA en el que
se movilizaba y allí, en presencia de varios testigos fue fusilado.
Dos meses más tarde, el 12 de julio, DAVID PALOMINO GARCIA de 44 años fue
asesinado en circunstancias desconocidas en la vereda La Monda.
En el mes de agosto, en el Bajo Simacota, cerca de 600 familias abandonaron sus tierras
en las Veredas Rancho Chile, La Colorada, El Danto y La Plazuela como consecuencia de
los constantes hostigamientos, allanamientos e intimidaciones de que venían siendo
victimas, por parte del ejército y la policía, en los llamados patrullajes de rutina. Como si
los desplazamientos masivos no bastaran, el 30 de agosto, fue asesinado otro poblador;
se trataba de CESAR AUGUSTO PORRAS DIAZ de 36 años, quien fue asesinado en
circunstancias desconocidas en la finca La Alma.
Una semana más tarde, el 8 de septiembre, EDUARDO ALVAREZ RANGEL fue retenido y
asesinado por desconocidos en la vereda La Colorada. La acometida de los agentes
paraestatales continuó el 12 de septiembre, fecha en la que el campesino JESUS A.
CARDENAS RODRIGUEZ fue desaparecido por una patrulla de militares fuertemente
armados en la vereda Cruz Roja. Días después, el 16 de septiembre, el dirigente del
Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA) y presidente de la Junta de Acción Comunal
de la Inspección Departamental de Vizcaína Alta ELMER ARENAS fue asesinado por los
mismos agresores.
Al día siguiente, el 17 de septiembre, el campesino LUIS PARRA VILLAMIZAR, de 39
años, fue asesinado por dos hombres y una mujer que vestían prendas de color verde
56

oliva y usaban modernas armas en el sitio conocido con La Planada, zona rural de
Simacota.
El año culminó con el asesinato, el 24 de octubre, del campesino LUIS GUILLERMO
ARDILA MENDOZA, quien fue asesinado por desconocidos en la vereda San Benito.
1989
Durante 1989 se realizó una sistemática violación de los derechos humanos por parte del
ejército en contra de la población civil de los municipios de Simacota y El Carmen, lo que
ocasionó éxodos de los habitantes hacia otras regiones, en especial hacia
Barrancabermeja. Los atropellos se realizaron en compañía de miembros del grupo
paramilitar MAS, quienes pretendían obligar a la población a integrase a sus filas y/o
apoyarlos. En el mes de enero de ese año, se consolidó una sangrienta arremetida de las
estructuras paramilitares sobre la región del Bajo Simacota, una zona que para aquel
entonces estaba habitada por cerca de mil familias campesinas.
La barbarie paramilitar y la imposición de su orden unívoco e incuestionable se
evidenciaron a mediados del mes de enero de 1989, cuando los miembros de sus filas
masacraron en la vereda La Rochela a 13 funcionaros judiciales, que se habían
desplazado a la zona con el fin de investigar una serie de crímenes en las que estaban
implicados los paramilitares de la región.
6.1 Masacre de La Rochela
El 18 de enero de 1989, los funcionarios judiciales MARIELA MORALES CARO de 35
años, PABLO ANTONIO BELTRAN PALOMINO de 40 años, SAMUEL VARGAS PAEZ de
51 años, ARNULFO MEJIA DUARTE, VIRGILIO HERNANDEZ SERRANO, CARLOS
FERNANDO ZAPATA CASTILLO de 20 años, YUL GERMAN MONROY RAMIREZ de 28
años, ORLANDO MORALES CARDENAS de 24 años, BENHUR IVAN GUESCA
CASTILLO de 24 años, LUIS ORLANDO HERNANDEZ MUÑOZ de 29 años, CESAR
AUGUSTO MORALES CEPEDA de 25 años, GABRIEL ENRIQUE VESGA FONSECA de
25 años y DANIEL IVAN MORALES BENAL de 22 años, fueron asesinados por
paramilitares del grupo Los Masetos, con el patrocinio de mandos del ejército y la Armada
Nacional, entre ellos, el Brigadier General Farouk Yanine Díaz, Comandante de la II
División, en el sitio La Laguna de la vereda La Rochela.
Los funcionarios se desplazaron a la zona con el fin de recaudar una serie de pruebas
dentro de varias investigaciones, por 25 casos en los que estaban involucrados los grupos
paramilitares del Bajo Simacota y de Puerto Parra, así mismo investigaban el asesinato de
19 comerciantes en Cimitarra, ordenado por el Brigadier General Farouk Yanine Díaz y en
el que participaron miembros del Batallón Bárbula y paramilitares del grupo al mando de
Henry de Jesús Pérez Durán.
57

La comisión judicial llegó hacia las 8:00 a.m. a la vereda La Rochela. Tres miembros del
Cuerpo Técnico de Policía Judicial se desplazaron de allí a la Vereda Pueblo Nuevo y
cuando cruzaban el Río Opón fueron interceptados por un grupo de hombres fuertemente
armados, que se identificaron como miembros del XXIII Frente de las FARC. Uno de ellos
se identificó como el Comandante Ernesto, pero se trataba del paramilitar Julián Jaimes
Rodríguez, que les prometió valiosa ayuda e importantes testimonios; los funcionarios
creyeron en esas buenas intenciones y se devolvieron por los otros miembros de la
comisión.
Cuando ya estaban todos reunidos, los falsos guerrilleros les solicitaron amablemente que
les entregaran las armas que tenían y así lo hicieron. Luego llegaron los supuestos jefes
de los guerrilleros, a bordo de una campero Nissan extralargo, “elegantemente vestidos,
luciendo anillos, pulseras y relojes de oro y portando sombreros blancos con cintas de
colores”. El grupo era comandando por el jefe paramilitar Alonso de Jesús Baquero
Agudelo, que se identificó como el Comandante Vladimir, máximo líder del XXIII Frente de
las FARC.
Repentinamente, los falsos guerrilleros le dijeron a los miembros de la comisión que
habían movimientos militares en la zona, que era mejor buscar un sitio más seguro para la
importante conversación y les sugirieron que se dejaran amarrar, con el pretexto de que si
había contacto con los militares, sólo tenían que decir que las FARC los tenían como
rehenes, a lo cual también accedieron los funcionarios judiciales.
Luego, los subieron a los dos camperos en que se movilizaba la comisión y tomaron la vía
Panamericana hacia Barrancabermeja, donde alcanzaron a recorrer aproximadamente 5
kilómetros. Posteriormente, se detuvieron y dispararon contra los quince miembros de la
comisión; dos quedaron heridos, uno de ellos salió ileso al fingir estar muerto cuando un
compañero le cayó encima y las otras doce personas murieron en el hecho. Antes de
retirarse del lugar, los paramilitares escribieron con spray en los vehículos “FUERA EL
MAS-FUERA LOS PARAMILITARES”. También se llevaron consigo trece de los quince
expedientes que llevaba la comisión.
Antes de la masacre se habían llevado a cabo varias reuniones. Henry de Jesús Pérez
Durán y el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, habían conversado en una finca de
Rodríguez Gacha, a orillas del río Ermitaño. La reunión se llevó a cabo luego de que el
Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez llamara a Pérez Durán y le transmitiera un
mensaje del político liberal Tiberio Villareal Ramos según el cual “a esa comisión había
que desaparecerla”.
El 10 de enero de 1989, los jefes paramilitares Gonzalo Pérez, Henry de Jesús Pérez,
Ramón Isaza y Alonso de Jesús Baquero Agudelo, se reunieron en la finca La Palmera de
propiedad de Henry de Jesús Pérez, donde tomaron la decisión de acabar con los
miembros de la comisión y quitarles los expedientes. En la reunión estaban los miembros
de la Junta Directiva de ACDEGAM y del movimiento MORENA.
58

Para garantizar el éxito de la operación los paramilitares, coordinaron la ejecución de la
masacre con el Comandante del Batallón Nueva Granada, Coronel Rodrigo Rojas Guerra,
el Teniente Luis Enrique Andrade Ortiz del Batallón Rafael Reyes, el Capitán Juan Carlos
Álvarez de la Armada Nacional y el Mayor Comandante de la Policía de Barrancabermeja;
ellos se reunieron con los paramilitares Alonso de Jesús Baquero Agudelo y Jorge Iván
Galvis Brochero, finiquitando su plan.
Esa reunión se llevó a cabo, al parecer, en el club San Silvestre, donde llegaron los
oficiales a bordo de un carro azul de ECOPETROL. A los miembros de la Policía de la
Inspección de Policía El Centro de Barrancabermeja, les pagaron para que no escoltaran a
los miembros de la comisión judicial.
En la perpetración del crimen participaron aproximadamente 20 paramilitares, entre ellos:
Alonso de Jesús Baquero Agudelo, Julián Jaimes Rodríguez, Jairo Iván Galvis Brochero,
Héctor Jaimes Rodríguez, Jesús Emilio Jácome Vergara, Ricardo Antonio Ríos Avendaño,
Germán García Martínez, José Alirio Ulloa Triana, Otoniel Ríos Palacios, Ancízar Castaño
Buitrago, Efraín Bravo, Guillermo Isidro Carreño Estévez, Norberto de Jesús Sierra
Martínez, Gonzalo Armenta, Rafael Cataño Hernández, Luis Alberto Arrieta Morales, José
Alberto Parra y los alias Veintiocho, Pechuga y Paliza.
Otros militares que, al parecer, fueron vistos el día de los hechos con algunos de los
paramilitares que ejecutaron la masacre, fueron el Capitán Oscar Robayo Valencia del
Batallón Rafael Reyes y el Sargento Otoniel Hernández, Comandante de la Base Militar de
Las Montoyas. La munición utilizada fue entregada por el ejército. El pago a Alonso de
Jesús Vaquero lo envió personalmente el Mayor General Farouk Yanine Díaz, suma que
ascendía a los 200 millones de pesos.
6.2 Bombardeos, ametrallamientos y acciones paramilitares en Simacota
Siete días después de la masacre de La Rochela, el 25 de enero de 1989, se produjo un
enfrentamiento entre el ejército y un grupo guerrillero en la vereda Caño Indio, ubicada en
el Bajo Simacota, lo que motivó la reacción de las tropas de los batallones Luciano D’
Elhuyar y Nueva Granada, que bombardearon indiscriminadamente las veredas de La
Rochela, La Plazuela y Caño Indio, en jurisdicción de los municipios de Simacota y San
Vicente, donde cientos de campesinos se vieron obligados a desplazarse en busca de
refugio a Barrancabermeja.
En desarrollo de estas operaciones, en la semana del 25 al 31 de enero de 1989,
resultaron asesinados en la vereda La Plazuela, los campesinos JOSE ANGEL QUIROGA
AYALA, ISAIAS SUESCUN CARREÑO, JERONIMO VASQUEZ, ISIDORO NIÑO y
JORGE SAUL QUIROGA AYALA; los dos primeros habían prestado servicio militar y hasta
recibido honores del batallón Luciano D’ Elhuyar. Los cuerpos de los campesinos
aparecieron con señales de tortura y el cuerpo de Isaías fue encontrado decapitado el día
31, triturado con una pala-draga, y la cabeza encontrada enterrada a unos tres metros de
donde estaba el tronco Isaias era militante de la UP y había sido detenido el 28 de enero,
59

mientras que las otras personas eran jornaleros que también fueron detenidos cuando
trabajaban en sus parcelas.
Los bombardeos produjeron el desalojo masivo de unas 100 familias de las veredas Caño
Indio y La Plazuela, tras de lo cual el ejército ocupó estas veredas. 60 Posteriormente, en
abril y diciembre las tropas militares volvieron a militarizar la zona y se reanudaron los
atropellos y el terror contra la población, debido a las acciones violentas de los militares
contra los campesinos.
Por varios días se prolongó el desplazamiento de familias campesinas, algunas de las
cuales se dirigieron hacia Barrancabermeja. El día 26, llegaron a la sede del Albergue
Campesino ubicada en el puerto petrolero tres familias de la vereda La Plazuela, cinco
adultos y once niños, quienes informaron de la detención de varias personas de su vereda.
Las amenazas militares de extender los bombardeos a toda la zona comprendida por las
veredas Tienda Nueva, El Danto, La Colorada, Caño Indio, Rancho Chile y La Plazuela
provocaron más desplazamientos.
La mayoría de familias que se dirigieron hacia Barrancabermeja fueron detenidas en la
Base Militar de El Centro. Los campesinos de las familias que llegaron a la ciudad el día
28, confirmaron la masacre de 8 personas en La Plazuela, todas de una misma familia.
Por esos días, el 27 de enero, el ejército bombardeó la vereda Malanga, corregimiento de
La Fortuna acabando con las cosechas allí sembradas. Las detenciones y amenazas por
parte de las tropas del ejército que ocupó toda la zona del Bajo Simacota aumentaron el
número de familias que desalojaron la zona. El día 30, por ejemplo, llegó una más a la
sede de la ANUC Barranca, proveniente del Opón y Bajo Simacota. Los campesinos
desalojados hablaban de que en la población había cuerpos sin enterrar y de personas
heridas sin atender o sacar de la zona. 61
Ante la gravedad de la situación, la ANUC y CREDHOS, solicitaron una visita por parte de
la Procuraduría local de Barrancabermeja a la región del Bajo Simacota, pero los
funcionarios alegaron que no había garantías para su desplazamiento ante la presencia de
grupos paramilitares en la zona, temor que se fundamentaba en la reciente masacre de los
13 funcionarios judiciales en la vereda La Rochela.
El 8 de marzo se reanudaron las operaciones paramilitares en la población. Ese día, el
campesino LUIS MARIA SANABRIA de 49 años, fue asesinado de varios impactos de
bala. Luis María era testigo de la masacre de los funcionarios judiciales en la Inspección
Departamental de La Rochela y hacia poco tiempo había rendido indagatoria ante el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Al día siguiente, 9 de marzo fue
asesinado otro de los testigos de la masacre; se trataba del campesino BLAS ANTONIO
BARON PINILLA, quien fue asesinado por un grupo de 7 sujetos armados con fusiles R-15
que lo sacaron de su casa, lo atarlo a un árbol y le dispararon.
60 Asociación Municipal de Usuarios Campesinos AMUC. Informe sobre la violación de los derechos
humanos en el Magdalena Medio. Barrancabermeja, febrero 2 de 1989.
61 Ibíd.
60

El año finalizó con la comisión de más agresiones por parte de las tropas del batallón
Luciano D’ Elhuyar en compañía de las estructuras paramilitares. El 18 de diciembre de
1989, a las 9:30 a.m., los campesinos TEMISTOCLES LADINEZ, PEDRO JOSE OCHOA y
UN HOMBRE que se desempañaba como vendedor ambulante, fueron detenidos y
torturados por miembros del ejército adscritos al Batallón de Artillería No.40 Luciano
D'Elhuyar y a la Artillería Antiaérea Nueva Granada, en compañía de miembros del grupo
paramilitar MAS. Los militares y paramilitares golpearon a los campesinos y los torturaron
mediante ahogamientos e introducción de la cabeza en una bolsa plástica. También los
amenazaron diciéndoles que no estaban tratando solamente con el ejército o la policía,
sino con el MAS.
Ese día, los militares y paramilitares llegaron distribuyeron por las casas volantes
de propaganda del “Movimiento de Autodefensas Campesinas de Colombia”, que
obligaron a los campesinos a fijar en lugares visibles de sus viviendas, de lo
contrario, los amenazaron con represalias. Los pobladores reconocieron entre la
tropa a miembros del MAS que en otras ocasiones habían incursionado en la
vereda. Luego los agresores acamparon en el sitio y preguntaron por unas
personas que figuraban en unas listas que portaban; esto generó la huida de varias
personas debido al riesgo de ser torturadas, desaparecidas o asesinadas. Además,
se presentaron abusos contra las mujeres, sometieron a interrogatorio a niños de 9
a 14 años, saquearon varias casas, una tienda, y escribieron frases intimidatorias
contra la población.
Las operaciones militares a cargo de los batallones Luciano D'Elhuyar y Nueva Granada
se reanudaron en junio de 1990 y con ellas las irregularidades cometidas contra las
familias campesinas de las veredas La Plazuela, Tropezón, Caño Indio, El Danto, La
Colorada, Caño Limones, Vizcaína Alta y Guayabal, región del Bajo Simacota; situación
que generó un éxodo masivo de aproximadamente 120 personas entre hombres mujeres y
niños quienes se refugiaron en el albergue campesino ubicado en Barrancabermeja 62 .
1990
La comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en ese año comenzó el 5 de febrero, día
en el que el campesino GERMAN ARCHILA fue torturado y asesinado por 40 paramilitares
en la Inspección Departamental El Guamo. Los paramilitares sacaron a Germán de su
casa, lo amarraron y lo torturaron acusándolo de ser colaborador de la guerrilla.
Posteriormente, reunieron a los pobladores a quienes con insultos y amenazas les decían
que tenían que armarse y volverse paramilitares o irse de la región en 24 horas.
Cinco meses después de la incursión paramilitar, el 19 de julio, el joven campesino
ALFONSO PINZON de 16 años, fue detenido en la vereda La Colorada por habérsele
62 Carta a José Vicente Villamizar, Secretario de Gobierno Departamental, suscrita por los campesinos del
Bajo Simacota y del Magdalena Medio. Barrancabermeja, septiembre 21 de 1990.
61

encontrado un revolver calibre 32. Algunos días después Alfonso apareció muerto en el
anfiteatro de Barrancabermeja con señales de tortura.
Durante un simulacro de combate realizado por los militares el 20 de julio en la vereda Las
Atarrayas, fue asesinada la campesina y tendera LEONOR SARMIENTO de 35 años y
herido el campesino NELSON PINZON de 20 años, quien había sido detenido en la
vereda La Colorada.
Al mes siguiente, el 15 de agosto, aparecieron muertos los campesinos ENRIQUE
RONDÓN de 56 años y CARLOS GARCÍA de 57. Enrique fue detenido en la vereda
Rancho Chile el lunes 13 de agosto anterior y Carlos fue sindicado de pertenecer a las
FARC. Los cuerpos de los agricultores fueron presentados como los de guerrilleros dados
de baja en combate.
Los maltratos y amenazas durante las detenciones hechas por el ejército fueron comunes.
El 11 de agosto el campesino JORGE DURAN, fue detenido por el ejército en la vereda
Tenerife y sometido a torturas y malos tratos; en tanto que el día siguiente, otros
campesinos, LORENZO CALVETE de 40 años y LORENZO CALVETE de 18 y
HERIBERTO CALVO, fueron detenidos en la vereda El Danto. La misma suerte corrió la
campesina ISABEL RINCÓN de 23 años, quien fue detenida en la vereda Aguas Blancas
el día 18.
Con el paso de los días, las acciones criminales del ejército se tornaban más graves. El 20
de agosto de 1990, ANGEL ESCOBAR fue detenido por el ejército en la vereda Tenerife.
Ángel fue maniatado de pies y manos y torturado a garrotazos; en dicho procedimiento le
sacaron un ojo y luego fue degollado. Días después, el 24 de agosto, el campesino
ALBERTO MARTINEZ fue desaparecido en circunstancias desconocidas en la misma
vereda. Varias horas después de la desaparición de Alberto el ejército allanó su casa
buscando los documentos de identidad de la víctima. En la mayoría de hogares donde
llegaba el ejército, la tropa rompía platos, ollas, colchones; destruían a cuchillo los bultos
de maíz y len ocasiones mataban los animales.
Los campesinos denunciaron ante el Secretario de Gobierno Departamental cómo el
ejército en desarrollo de los operativos señalados, llevaba consigo listas de personas y
con ellas preguntaban por algunos dirigentes que se destacaban como miembros de las
Juntas de Acción Comunal. En tales listas figuraban los nombres de SAUL AYALA,
AQUILEO CALDERON y SERAFÍN PINZON, entre otros. De hecho, el 11 de septiembre
de 1990, en pleno centro de Barrancabermeja, SAUL AYALA fue victima de un atentado. 63
Las irregularidades en las operaciones del Batallón Nueva Granada, fueron corroboradas
por los testimonios y denuncias de los pobladores. Entre sus denuncias se encontraban
las de varios asesinatos, que incluyeron en algunos casos la práctica de presentar a los
trabajadores del campo como guerrilleros. Sobre este particular, Manuel García, uno de
los habitantes de la región perseguido por las tropas militares, cuenta que “para matarlos
63 Ibíd.
62

han hecho simulacros y aducen que han sido atacados por la guerrilla cuando todos
sabemos que esta patraña es completamente falsa”, y luego el testimonio señala que los
muertos han sido torturados y masacrados con sevicia. 64
En noviembre las tropas del batallón Nueva Granada detuvieron a los profesores
MARTINA CRUZ y ROBERTO GARCIA, así como al campesino EFRAIN PEREZ. Todos
fueron puestos posteriormente en libertad por la carencia de meritos para remitirlos a la
justicia y por la pronta acción de familiares y de organismos humanitarios. En el mismo
mes, la tropa allanó las casas del campesino JORGE GOMEZ y de ANTONIA
BETANCURT. Al llegar a las viviendas, los militares quemaron los bienes, consumieron
alimentos sin autorización y arrasaron cultivos.
1991
La oleada de violencia que se presentó en 1991, comenzó a manifestarse en el transcurso
del segundo trimestre del año. El 13 de mayo, JORGE QUINTANA de 54 años, fue
asesinado en la vereda La Atarraya, vía a la Rochela. El 20 de junio siguiente, en las
veredas Rancho Chile, La Plazuela, Caño Indio y Danto Bajo, una patrulla del Batallón
Nueva Granada en compañía, de algunos paramilitares, allanó varias casas de
campesinos. Los agresores pretendían que todos los jornaleros salieran de la zona y
decían que tenían que pagar con maíz lo que la guerrilla había quitado a los Masetos
ubicados en La Explanación y Los Olivos.
Durante la operación conjunta, el campesino miembro de la Asociación de Usuarios
Campesinos de Barrancabermeja, BENEDICTO CUBIDES, fue desaparecido y los
campesinos MARIA NELLY SANCHEZ (o SUAREZ, según el Boletín de 1991 de
CREDHOS), MARCOS ROJAS y TRINO CAMARGO (o ABAUNZA) fueron detenidos y
torturados por una patrulla del batallón de infantería No.37 Luciano D'Elhuyar. Entre los
paramilitares que participaron en el operativo se identificó a Antonio Gallego y Javier
Lopera. Los hechos ocurrieron en la vereda Rancho Chile, popularmente conocida como
Caño Limón, en la región del Bajo Simacota.
A María Nelly la detuvieron cuando se dirigía hacia la vereda Rancho Chile, la
desnudaron, golpearon, la intentaron violar y la acusaron de ser informante de la guerrilla.
Cuando ella se resistió la obligaron a portar armamento militar, la vistieron con ropa militar
y le tomaron fotos. Un miembro de la patrulla afirmó “la podemos matar y probar que es
guerrillera”. Más tarde fue dejada en libertad y la amenazaron de muerte si la volvían a
encontrar en la región.
La esposa de Benedicto, el líder campesino desaparecido, denunció que:
64 Carta de Manuel García a los Defensores de Derechos Humanos. Barrancabermeja, septiembre 9 de
1990.
63

“El día 20 de junio de 1991, siendo la una y media de la tarde, llegó a
mi casa ubicada en la vereda Caño Indio, jurisdicción de Bajo
Simacota una patrulla del ejército, ellos llegaron un poco violentos, me
registraron la casa, me preguntaron por la guerrilla, me dijeron y me
amenazaron que si no contaba la verdad me iban a colgar...entonces
dijo – cómo se llama su esposo-, entonces yo le dije que se llamaba
Benedicto Cubides, luego me preguntó que cuándo regresaba a la
casa, entonces yo le dije que lo estaba esperando esa tarde, entonces
él me dijo – sígalo esperando-, luego se fueron, se ubicaron en la
escuela de la vereda Caño Indio, ahí según los rastros acamparon esa
noche. Esa tarde mi esposo comió a las 5:30 p.m. en la casa de la
señora Adelina Martínez, ubicada en la entrada de la vereda, luego se
dirigió a la casa donde nunca llegó, y existe la posibilidad que haya
sido detenido por la patrulla del ejército que se encontraba en ese
trayecto. En vista de que él no llegaba salí a averiguar qué había
pasado con él, luego una señora que se encontraba cerca de la
vereda alcanzó a ver que con la patrulla llevaban a un hombre con la
cara tapada, el cual creo por las señas que me dieron puede ser mi
marido.” 65
Después, los militares amenazaron a los campesinos con volver a recoger lo de la
cosecha, como retaliación de un anterior decomiso de varias cargas de cacao realizado
por la guerrilla a los paramilitares del grupo los Masetos. Por otra parte, a Trino lo
torturaron y le robaron $ 150.000 pesos. Tres meses más tarde, el 17 de septiembre,
OMAR DUQUE fue detenido y desaparecido por miembros del Batallón Palagua durante
operativo en la finca La Habana, de Puerto Argelio.
Pocos días después, el 28 de septiembre, el campesino ARMANDO CARDENAS de 51
años fue detenido y desaparecido por un grupo de militares y paramilitares, entre ellos,
Danilo y otro con el alias de “El Cabezón”, en la vereda Danto Alto.
Los militares y paramilitares se movilizaban en un campero Nissan y en una tractomula.
Armando se encontraba sacando una carga de yuca cuando se lo llevaron. Unas horas
más tarde, los agresores fueron vistos sin Armando en el corregimiento Puerto Nuevo. El
campesino en los últimos seis años había recibido amenazas de miembros del ejército y
de paramilitares; además, su hijo Ramiro de 16 años fue asesinado el 4 de junio de 1987,
su yerno Gilberto Contreras fue desaparecido el 16 de enero de 1989 y su hijo José
Alfredo, de 28 años, había sido asesinado algunos meses antes, el 14 de enero de 1991.
Los responsables de este crimen hacían parte de un grupo que tenía como centro de
operaciones la Inspección de San Juan Bosco de La Verde, en el municipio de Santa
Helena del Opón. En la zona se venían realizando operativos militares del batallón de
Contrainsurgencia No. 14 Palagua, desde el 10 de septiembre de 1991.
65 Denuncia presentada por Mery Acero Sepúlveda ante la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja el
27 de junio de 1991.
64

1992
En 1992 los paramilitares hicieron presencia en la carretera panamericana, donde
comenzaron a atracar buses y disparar contra las casas de los campesinos,
principalmente en las veredas Nereda, Centenario, Olivos y El Guamo. El 20 de marzo, se
presentaron acompañados de militares del batallón Rafael Reyes, en el sector de Opón,
donde sostuvieron conjuntamente enfrentamientos contra la insurgencia.
Desde el 9 de mayo, los miembros del batallón Antiaéreo Nueva Granada (Base El Centro)
y del batallón Bomboná realizaron una serie de operativos contra la población de las
veredas Vizcaína Baja, Marquetalia, Cienaga del Opón, Pupapel, Guayabal y Los Ñeques,
donde detuvieron y desaparecieron a varios campesinos. Tal es el caso del menor ELKIN
CAMELO GUTIRREZ de 11 años, a quien se llevaron sin permitir a sus familiares conocer
su paradero. Ese mismo día, fueron detenidos y desaparecidos los campesinos EFRAIN
RINCON RAMIREZ y EFRAIN GUTIERREZ PINZON. Los familiares de los campesinos, las
organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja,
estuvieron en la base militar de El Centro preguntando por ellos, sin embargo, los militares
negaron tenerlos detenidos. Los militares patrullaban acompañados de paramilitares entre
los que se encontraban Enrique Flórez, alias Valluno, Héctor Flórez, alias Polvorita, y Jhon
Jairo Merchán. En la lista que los paramilitares usaban para identificar a sus víctimas
estaban registrados los nombres de varios líderes campesinos y comunales de la localidad.
El 24 de septiembre, el campesino menor de edad ALEXANDER HERNANDEZ OROZCO,
fue detenido por tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar, siendo posteriormente asesinado
por sus aprehensores. El cuerpo de Alexander apareció tres días después, el 27 de
septiembre. El crimen sucedió en la vereda Danto Bajo. En la ejecución tanto de la
detención como del asesinato, participaron los siguientes efectivos del ejército:
Subteniente Vicente Cortéz Benavides; Sargento Segundo Pablo Emilio Lancheros
González; los Soldados voluntarios Argemiro Moncada Sandoval y José Julio Salazar
Paredes. Al mando del operativo se encontraba el Capitán Vallejo del Batallón Luciano
D'Elhuyar.
Un paramilitar revela a los patrocinadores militares del grupo.
Estos agresores fueron posteriormente descubiertos por un paramilitar que testificó en su
contra, como lo pone de manifiesto el siguiente aparte:
“El capitán Vallejo colaboraba con los paramilitares con uniformes y comida, él pertenecía
al ejército, batallón D’Elhuyar. El Teniente Duque, del ejército también del mismo Batallón,
él se encargaba de entrenar muchachos, prestaba armamento, el señor mayor Naranjo,
asistía a reuniones, les daba órdenes a los comandantes paramilitares, cada vez que iba
la fiscalía él se encargaba de informarles a los paramilitares, el Sargento Cruz también del
mismo batallón también les colaboraba con comida y ropa y realizaba también patrullajes,
el Sargento Cañón también del batallón D'Elhuyar y también les colaboraba con
municiones, equipos y el cabo primero Villamil del batallón D' Elhuyar, el Cabo Segundo
65

Jiménez también realizaban patrullajes con los comandantes paramilitares. Muchas veces
estropeaban a la gente, el Teniente Acosta también del D'Elhuyar, también realizaban
patrullajes e iban y les decían a los comandantes de los paramilitares que les prestaran
uno o tres muchachos para guías, otro que se me olvidaba, el capitán Ibarra, él hacía las
reuniones con Helio Pacheco, alias El Rayo, es un comandante de los grupos
paramilitares.”
FUENTE: Ampliación de indagatoria de Alberto Granados ante la Fiscalía Regional 30
Delegada. Bucaramanga, mayo 10 de 1996.
1994
La arremetida contra los habitantes de Simacota pareció cesar durante el transcurso de
1993. Sin embargo, en el segundo semestre de 1994 los paramilitares y la fuerza pública
volvieron a sembrar el terror en la zona. El 27 de agosto, el campesino ORLANDO
SERRANO fue detenido, amenazado y torturado por militares del Batallón Luciano D'
Elhuyar, en la vereda Opón.
El 20 de septiembre de 1994, el Inspector de Policía de la Llanita, CLIMACO GONZALEZ
DIAZ fue asesinado por dos hombres, que lo interceptaron en el bus intermunicipal en el
que viajaba, lo bajaron y luego le propinaron siete impactos de bala calibre 9mm en
Simacota. La versión oficial sindicó del hecho a presuntos guerrilleros del Frente XLVI de
las FARC, que lo habrían amenazado de muerte si no salía de la región.
El 11 de octubre de 1994, los campesinos LUCILA CORDOBA CABANZO y ANIBAL
fueron asesinados y torturados por los paramilitares conocidos como “los señores Giraldo”,
en aguas del río Opón. El cuerpo de Lucia estaba decapitado. Estos paramilitares habían
actuado como testigos sin rostro en procesos contra miembros de la familia Córdoba
Cabanzo, que se encontraban detenidos en la cárcel municipal de Barrancabermeja,
sindicados de hechos cometidos por los paramilitares. Tres días más tarde, el 14 de
octubre, el campesino DOMINGO ANTONIO ROMERO QUECHO fue detenido, torturado y
herido por una patrulla del Batallón Luciano D' Elhuyar en la vereda Guamo. Uno de los
soldados golpeó a Domingo y cuando él trató de defenderse, le propinaron un disparo en
un brazo frente a otros jornaleros. Los militares trasladaron a Domingo en helicóptero al
hospital San Rafael, en Barrancabermeja y de allí al hospital Ramón González Valencia de
Bucaramanga.
Los operativos del ejército prosiguieron en noviembre al igual que la comisión de CLH por
parte de las unidades militares. El 26 de noviembre de 1994, los campesinos ALBERTO
CASTILLO LOPEZ, y ALEIXER OROZCO HERNÁNDEZ, de 16 años, fueron detenidos y
torturados, siendo éste último asesinado, por miembros del grupo contraguerrilla
Leopardo, adscrito al Batallón de Contraguerrillas No. 5 Los Guanes y comandado por el
Teniente Vicente Cortes Benavides, junto con efectivos del Batallón Luciano D' Elhuyar y
los paramilitares Javier Atehortúa Lopera, alías Palizada y Álvaro Mahecha Garzón alías
El Gato, en la vereda Danto Bajo. En estos hechos sería asesinado Aleixer.
66

La patrulla militar llegó en compañía de los paramilitares a la vereda hacia las 5:40 p.m.
del día 26, y detuvieron a Alberto y a Aleixer acusándolos de ser guerrilleros. A Alberto lo
interrogaron por armas y caletas de la guerrilla, lo tiraron al suelo, le hicieron desnudar, lo
pisaron, le dieron puntapiés, con toallas mojadas le cubrían la cara, le echaban agua por la
boca, los oídos y la nariz mientras él decía que no sabía nada sobre lo que interrogaban
hasta que perdió el conocimiento. Iguales tratos le fueron propinados a Aleixer. Las
torturas se extendieron hasta el día siguiente.
Posteriormente, Alberto no siguió siendo objeto de los malos tratos de los militares, dado
que el comandante de la patrulla, el Teniente Cortes, dijo que le respetaría su vida. No
ocurrió lo mismo con Aleixer, quien continúo siendo torturado. Entretanto, a Alberto le
hicieron firmar dos documentos en los que se daba constancia de buen trato por parte de
los militares y lo liberaron. Tiempo después, Alberto se dirigió al lugar de trabajo de su hijo
con cinco uniformados. Cuando regresaron todos, Aleixer no se encontraba en el lugar ni
ninguno de sus victimarios. Cuenta Alberto que un niño le comentó que al joven le habían
quitado la ropa de civil y le habían puesto un camuflado, llevándoselo a la vereda Danto
Alto. Por los tratos crueles y las torturas sufridas, Medicina Legal dictaminó que Alberto
Castillo ameritaba 6 días de incapacidad.
Al día siguiente, 27 de noviembre, hacia las 6 p.m, el mismo grupo llegó a la vivienda de
JESUS ANTONIO MATEO y encerraron a sus habitantes, para que no pudieran ver a
Aleixer cuando se lo llevaban detenido. Al rato simularon un enfrentamiento; un lugareño
que era suboficial retirado, narró que:
“desde la casa nuestra pudimos apreciar el tiroteo o simulacro que armaron
desde el cerro disparando hacia la carretera y los mismos militares que
estaban abajo, los que se habían quedado esperando, les contestaban los
disparos hacia el aire, todo eso para hacerlos creer que era la guerrilla”.
Luego los agresores volvieron a la casa, insultaron a Jesús Antonio porque no les había
avisado que los iban a emboscar, bebieron gaseosas sin pagarlas porque, según ellos, él
se las “regalaba a la subversión”; luego lo golpearon y antes de irse se llevaron costales y
caballos para cargar el cuerpo de Aleixer, que fue presentado como guerrillero dado de
baja. Uno de sus familiares cuenta que: “el joven fue asesinado en interiores y después
fue que le pusieron ropa de guerrillero... en medio de un simulacro de encuentro con la
guerrilla”. Luego obligaron a mucha gente a mirar el cuerpo destrozado, “para que vieran
cómo mataban ellos a los guerrilleros”. Finalmente, el cuerpo de Aleixer fue sepultado sin
autorización en la Inspección Departamental Yarima, jurisdicción de San Vicente de
Chucurí.
Desde el día anterior, el grupo contraguerrilla “Leopardo” se había asentado en el área de
Tierra Nueva, practicando requisas a los habitantes y reconociendo el terreno. En esta
67

egión los campesinos fueron reiteradamente señalados de ser guerrilleros o auxiliadores
de la guerrilla, recibiendo torturas físicas y psicológicas y saqueos de sus pertenencias.
1995
La comisión de CLH por parte de las tropas del ejército se reanudó a mediados del mes de
junio de 1995, después de un breve periodo de tensa calma. El 28 de junio, hacia las
11:00 a.m. en la vereda Danto Bajo ubicada en la zona conocida como Bajo Simacota,
ESTANISLAO CASTELLANOS GARCÍA fue detenido y torturado durante un allanamiento
realizado por miembros del ejército. Estanislao se encontraba con sus dos hermanos
menores de edad cuando llegaron los militares y se lo llevaron “...hacia bien abajo de un
caño que pasa cerca de la casa...(le) pegaron en la nuca, lo sumergieron en el agua varias
veces, lo hicieron golpear en la nariz con piedra como a la una de la tarde lo llevaron hacia
las veredas Caño Limones y La Vizcaína, allí lo hicieron tirar a otro caño...(le) hicieron
cargar un morral dizque llevaba dinamita” y en ese recorrido, “llegaron hasta la hacienda
del Doctor Roberto Jiménez..., entonces le preguntaron sobre las caletas de la guerrilla...
le dijeron que si no los llevaba (le) amarraban una piedra en el cuello a un estanque de
agua profunda...”. A las doce de la noche, antes de dejarlo en libertad, le exigieron que se
presentara a las siete de la mañana del día siguiente, y su señora madre Cristina García lo
reclamó a las diez de la mañana. 66
Un mes más tarde, el 29 de julio, LEONEL RAMIREZ RINCON de 35 años, fue asesinado
por varios hombres armados que le ataron las manos y le propinaron 4 disparos en la
cabeza y otro en el hombro derecho en la vereda Puerto Nuevo.
El 18 de octubre, hacia las 6:00 a.m., el campesino JORGE GÓMEZ fue detenido y
torturado durante varias horas por paramilitares, entre ellos Juvenal Muñoz. La operación
fue perpetrada en compañía de miembros del ejército pertenecientes al batallón Luciano
D'Elhuyar en la Vereda Vizcaína. El campesino fue abordado por paramilitares y militares,
que le taparon la boca y la nariz con cinta pegante, lo ataron a un árbol y simularon un
fusilamiento. Se tuvo conocimiento de que varios hombres armados interceptaron al
agricultor Gómez en inmediaciones de su domicilio para preguntarte “por la guerrilla” y
“donde estaban sus caletas”. Como Jorge “no sabía nada”, lo llevaron bajo un árbol de
toronja, le amarraron las manos “con un poliéster, le pegaron cinta de enmascarar en la
boca y nariz", cuando estaba al borde de asfixiarse se la despegaron un momento, luego
se la volvían a pegar, así lo mantuvieron cerca de veinte minutos; después lo condujeron
hasta su rancho y lo obligaron “a matarles y arreglarles una gallina para almorzar”. Por
último, antes de marcharse le dieron un mes para “desocupar la región”.
El 19 de octubre, JOSÉ VICENTE RUEDA fue torturado y posteriormente asesinado, por
parte del grupo paramilitar los Masetos. José Vicente fue secuestrado junto a otras
personas ese mismo día alrededor de las 8:30 de la mañana. Dos días antes de estos
66 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Informe Derechos
Humanos en Barrancabermeja y su Zona de Influencia en el Magdalena Medio, septiembre 1995- mayo
1996.
68

hechos José había sido victima de retención y tortura por 9 hombres vestidos con prendas
de uso privativo de las fuerzas armadas, bajo el mando de alias “Palizada” y alias “El
Gato”, quienes recorrían frecuentemente la zona en compañía de tropas del Batallón
Luciano D' Elhuyar.
Los paramilitares se identificaron como “Masetos”, interceptaron a José y a su hijo de 12
años cuando se dirigían a cortar madera; a José lo hicieron tender en el piso, boca abajo,
le amarraron los brazos, le obligaron a levantarse y caminar, lo acusaron de saber en
donde estaba “la guerrilla y las caletas”, después lo obligaron a tenderse sobre unas
raíces, pero en ese momento su señora esposa Matilde Pico Rueda los buscaba para
darles el almuerzo, llamándolos a gritos, ante esto los paramilitares le dijeron a José y a su
hijo que “no gritaran porque si no los degollaban”, obligándolos a caminar más rápido para
que no los vieran. Cuando llegaron a una casa, desataron a José previa advertencia de
que no se fuera a volar o los mataban; transcurridos algunos minutos llegaron a una finca
en donde los Masetos encerraron e intimidaron a los propietarios y a los trabajadores,
luego se trasladaron a la finca del señor Gabriel Muñoz, ocuparon la residencia,
encañonaron a su esposa y le ordenaron matar dos pollos y hacer un sancocho; una vez
saciada su hambre, éstos hombres tendieron hamacas y se acostaron hasta las cuatro de
la madrugada cuando se marcharon. José se fue para su domicilio transcurridos noventa
minutos temiendo por su vida pues sus captores le habían dicho que iban a hacer una
emboscada y que si lo encontraban en el camino lo mataban.
Éstos atropellos fueron denunciados por José el miércoles 18 en Barrancabermeja; al día
siguiente, alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando se encontraba en un
establecimiento público en compañía de sus dos hijos menores de edad, en inmediaciones
de la vereda Danto Bajo, llegaron los mismos hombres que lo habían detenido el martes
anterior, intimidando a las personas que se encontraban en el lugar, en ésta oportunidad
cerraron la tienda y con lista en mano, durante el transcurso del día, fueron dejando salir a
las personas, una a una, menos a José, quien alrededor de las cuatro de la tarde fue
asesinado con sevicia y su cuerpo arrojado a un potrero cercano. Antes del crimen, los
hijos de José fueron obligados a irse del lugar porque “si no, los mataban”
Las operaciones conjuntas del ejército y los paramilitares prosiguieron en el mes de
noviembre. El día 3 de ese mes, fueron detenidos y torturados SIETE CAMPESINOS por
paramilitares en compañía de miembros del ejército pertenecientes a los batallones
Luciano D'Elhuyar y Héroes de Majagual en distintas veredas. Los campesinos fueron
golpeados y luego hospitalizados durante varios días. Dos días más tarde, el 5 de
noviembre fue torturado un CAMPESINO por un grupo de 40 hombres, de los cuales 30
eran militares pertenecientes a los batallones Luciano D'Elhuyar y Héroes del Majagual y
10 eran paramilitares, entre ellos Álvaro Mahecha alias “El Gato” y Faber Lopera Gallego,
alias “Palizada” en la vereda Danto Alto. Eran aproximadamente las 10:00 p.m., cuando
llegaron a la residencia del campesino los paramilitares y militares que lo obligaron a
levantarse, lo amenazaron de muerte a él y a su familia y lo sometieron a interrogatorios.
Luego amenazaron a su esposa para que no denunciara en caso de que el campesino
falleciera. Finalmente, lo obligaron a firmar un documento que no pudo leer, le imprimieron
la huella con tinta de bolígrafo y luego intentaron desaparecerlo.
69

1996
A pesar de que la violencia paraestatal disminuyó ostensiblemente en 1996, a partir del
mes de julio las tropas del Batallón Luciano D’ Elhuyar arremetieron nuevamente contra la
población de Simacota, principalmente contra los habitantes de la zona baja. En fecha no
precisada de ese mes, en la zona conocida como Bajo Simacota, JAVIER MALDONADO
fue detenido y desaparecido por parte de miembros del ejército que “lo desvistieron y lo
uniformaron y se lo llevaron”, cuando varios habitantes “lo vieron pasar con el ejército,
estaba cortado y maltratado pero no ha regresado”.
El 24 de julio, en una finca de la vereda Guayabal ubicada también en el Bajo Simacota, el
campesino JORGE ELIECER ZARATE fue objeto de hostigamientos y amenazas por parte
de miembros del Batallón Luciano D' Elhuyar. Según sus familiares, el 22 de julio pasado
los soldados llegaron y registraron la finca sin hallar nada ilegal, sin embargo antes de
marcharse, uno de los militares que “le decían cabo” indagó por qué estaban en venta las
gallinas, el señor Zarate respondió que por el alto costo del maíz, entonces replicó el cabo
que si se iba a ir “que él tenía mujer y cinco hijos, que el podía posesionarse de eso,
porque él si lo necesitaba”.
Así mismo, después de marcharse los soldados, faltaba una cámara fotográfica que se
encontraba dentro del domicilio cuando se llevó a cabo el operativo de registro. Dos días
más tarde, el 24 de julio, regresaron los mismos soldados entre las 8 y 9 a.m.; en esta
ocasión Jorge Eliécer no se encontraba, entonces los militares le preguntaron a su hija
menor de edad por “armamento escondido”.
1998
El posicionamiento del paramilitarismo en la población de Simacota era ya una realidad en
1998. Esto se reflejó en la disminución de los casos de CLH que tuvo lugar a partir de
1996. El 23 de julio de 1998, a las 8:30 a.m., la Inspectora de Policía BEATRIZ
MONSALVE GONZALEZ fue asesinada por dos hombres que se movilizaban en
motocicleta. Los asesinos le dispararon cuando llegaba a su lugar de trabajo, en la vereda
Puerto Nuevo.
7 EL CARMEN DEL CHUCURÍ
El Carmen de Chucurí y San Vicente constituyeron el centro de una importante ofensiva
del Estado desde la década de los ochenta. Una parte integrante de esta ofensiva fue el
uso de fuerzas paramilitares para controlar a la población, amenazando y dando muerte a
los presuntos simpatizantes de la guerrilla y obligando a las personas que se negaban a
apoyar las actividades de contrainsurgencia, a abandonar la zona. Las autoridades civiles
también tomaron parte de alianzas con paramilitares. Ejemplo de esto fue el papel jugado
por el alcalde de El Carmen del Chucurí, Jairo Beltrán Duque, quien durante su gestión
negó la presencia de grupos paramilitares en su municipio, no obstante qué él mismo
70

participó en el cobro de impuestos para dichos grupos irregulares y en la organización de
patrullajes en medio de los cuales amenazó a los campesinos de la región por la muerte
de su hermano, el antiguo alcalde, Alirio Beltrán 67 .
Tras su aparición en 1986, provenientes de San Juan Bosco de La Verde, Inspección de
Policía de Santa Helena del Opón, la arremetida de los grupos paramilitares contra la
población de El Carmen se manifestó a partir de 1987, año en el que empezaron a hacer
presencia en la cabecera municipal; lo mismo ocurriría en San Vicente. La principal
estructura paramilitar existente en la zona eran Los Masetos comandados por Líder Marín
Pedraza, Marcos Martínez Pedraza y Gonzalo Fernández.
Cerca de El Carmen y San Vicente se instalaron bases de operaciones paramilitares que
los organismos oficiales nunca vieron. Desde ese momento el espectro del terror varió
notablemente en estas poblaciones que se convirtieron en pueblos donde cualquier
manifestación de denuncia era sancionada con la muerte y en el mejor de los casos con el
destierro. Las prácticas de persecución y amenaza se extendieron a los funcionarios
públicos y eclesiásticos, señalados de ser colaboradores de la guerrilla, al igual que los
demás pobladores de la región chucureña.
Entre 1987 y 1988 los paramilitares realizaron múltiples asesinatos contra la población
campesina de El Carmen, en momentos en los que la localidad se encontraba totalmente
militarizada. Los asesinatos ocurrían en retenes o en incursiones a las viviendas de los
campesinos, quienes eran bajados de los vehículos en que transitaban o sacados de sus
viviendas con nombre propio, lo cual indica que sus agresores manejaban lo que se ha
conocido como listas negras, las cuales eran proporcionadas por efectivos de inteligencia
militar para identificar a las víctimas. En otros casos se trataba de campesinos que se
negaban a colaborar con los paramilitares y por esto eran asesinados. La mayoría de las
veces eran asesinados con varios disparos de arma 9mm ó 7.65 mm.
Con ocasión de las numerosas movilizaciones campesinas y cívicas que se presentaron
desde mediados de los ochenta, como el paro de junio de 1987 y las marchas de mayo de
1988, los grupos paramilitares protagonizaron numerosos episodios de persecución contra
los campesinos manifestantes, para evitar el paso de los marchantes a las principales
capitales de la región nororiental del país. A partir de ese momento nuevas estructuras
paramilitares, como el Comando Coronel Correa Campos (CCCC, grupo que tomo esa
denominación en memoria de un coronel de ejército), iniciaron operaciones en la zona
chucureña para asesinar a los campesinos que participaron en las jornadas de protesta y
presionar a los campesinos que se mostraban renuentes a las condiciones que estos
grupos les imponían 68 . Su centro de operaciones era un sitio ubicado en la zona rural de
El Carmen denominado Los Olivos.
67
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credhos. Boletín: Abril, Mayo, Junio y
Julio de 1991
68
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar... Op. cit.
71

En el último año mencionado, 1988, los campesinos se vieron enfrentados a sucesivas
incursiones paramilitares y acciones conjuntas entre estos y las tropas del ejército, que
dejaron como saldo la comisión de 139 crímenes de lesa humanidad contra los
trabajadores del campo.
Los organismos de derechos humanos y los testimonios de los campesinos denunciaban
reiteradamente que los paramilitares presentaban tres posibilidades a los campesinos de
la región: sumarse a las filas de los grupos paramilitares, abandonar sus parcelas o morir.
Mientras los grupos paramilitares realizaban patrullajes y hostigamientos contra la
población campesina que se resistía a vincularse a ellas, en la región se desarrollaron
constantes enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla. Los campesinos de la
Asociación de El Carmen denunciaron que sus mercados eran destruidos por militares
diciéndoles que “son para la guerrilla” y que amenazaban con sacar a cualquier campesino
de la Asociación de allí. 69
El posicionamiento del paramilitarismo en la población continuó entre 1989 y 1991, periodo
en el cual la fuerza pública y las fuerzas irregulares promovieron la conformación de
nuevas estructuras y bases paramilitares, sometiendo por la fuerza a los pobladores para
que las integraran y eliminando a todo aquel que se opusiera abiertamente a ello; para lo
cual, las tropas regulares militarizaron reiteradamente la zona, bombardeando las áreas
rurales en reiteradas ocasiones. Hacia 1992, los grupos paramilitares lograron consolidar
permanentemente su dominio en la población y extendieron su accionar a la población de
San Vicente, donde desde finales de los ochenta ya se evidenciaba la barbarie
paraestatal.
1986
Las estructuras paramilitares provenientes de Santa Helena del Opón arribaron a la
población de El Carmen en los primeros meses de 1986. Su operatividad criminal en el
transcurso de ese año, consistió en el accionar de “desconocidos” que ultimaban a sus
víctimas de varios disparos. El 31 de enero, el Inspector MARIO HERNANDEZ fue
asesinado en su despacho por desconocidos, en la Inspección de Policía de El
Centenario. Nueve meses más tarde, el 21 de octubre, fueron asesinados NICANORA
NUÑEZ y ORLANDO CAMACHO NÚÑEZ, por desconocidos que incursionaron en la
Vereda El Tapón. Finalmente, el 12 de diciembre, el campesino LUIS GERENA TELLEZ
fue asesinado y BERNARDINO LEON fue herido por desconocidos en la vereda
Cascajales.
1987
En el mes de septiembre de 1987 se realizaron varias incursiones paramilitares sobre la
población de Cienaga del Opón, con la anuencia de las unidades militares acantonadas en
69 Carta de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC- al Procurador de Barrancabermeja.
Septiembre 3 de 1987.
72

la zona; en el mismo mes se tuvo conocimiento de una serie de amenazas sobre 16
campesinos del municipio de El Carmen, cuyos nombres fueron encontrados en una lista
que portaba un sicario que resultó muerto luego de atentar contra el alcalde de Sabana de
Torres 70 .
Otras de las víctimas de asesinato a manos de paramilitares en 1987 fueron:
Junio 6, HERIBERTO DIAZ
Junio 19, IGNACIO OLARTE QUIROGA
Julio 28, LUIS EMILIO CIPAGAUTA y PEDRO JOSE DIAZ DUARTE.
Agosto 3, MARIA OLINDA PEÑA
Agosto 12, ISIDRO TRASLAVIÑA CONTRERA
Agosto 26, JORGE ELIECER MARTINEZ
Septiembre 14, LUIS FELIPE RUEDA MARTINEZ
Octubre 10, BERNARDO CASTILLO AMADO y LEONOR ARANDA DE SUAREZ
Octubre 11, PABLO RAMÍREZ
Octubre 18, BERNARDO CALDERON PALACIOS
Noviembre 6, BERNANDO QUIROGA, ANA DURATIS y PEDRO AMADO
Noviembre 17 PABLO JOSE MARTINEZ PARRA
Noviembre 25, JOSE EDGAR MATEUS MORENO
Noviembre 29, PEDRO MOISES DURAN OLAYA
Diciembre 1, HERMOGENES GRANDA BONILLA
Diciembre 21, RODOLFO ORELLANA ALMEIDA
Diciembre 23, ALVARO CUSBA ESTÉVEZ
Diciembre 29, ELIECER DURAN AVILA
7.1 Crímenes contra miembros de organizaciones políticas de oposición en El
Carmen
La eliminación sistemática de los militantes de organizaciones políticas
de oposición en El Carmen se centró especialmente en los miembros de
la Unión Patriótica y de A Luchar. Así, en el segundo semestre de 1986,
el profesor JAIRO TAPIAS PINILLA dirigente de la UP y miembro activo
del Sindicato de Educadores de Santander SES, fue asesinado el 5 de
agosto, por paramilitares del grupo los Masetos en el perímetro urbano
de El Carmen. Jairo se encontraba conversando con un grupo de
militares, quienes no persiguieron a los responsables. El profesor
departamental tenía dos hijos que estaban en octavo y tercer grado de escolaridad. Antes
de su muerte había sido amenazado y detenido.
Durante el año de 1987, los paramilitares asesinaron a su antojo a pesar de la completa
militarización por parte del batallón Luciano D'Elhuyar. Entre las víctimas de la acometida
paramilitar se encontraba el militante de la UP ENRIQUE PRADA, quien fue asesinado el
70 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC – Barrancabermeja, mayo 19 de 1988
73

15 de abril de 1987, por miembros de un grupo paramilitar en la finca La Esperanza. Los
paramilitares sacaron a Enrique de su habitación, ubicada en la vereda Cascajales y luego
lo llevaron al patio de la casa para asesinarlo en presencia de sus familiares. Un mes
después, el 18 de mayo, fue asesinado también por paramilitares el campesino y militante
de A Luchar PABLO MENESES. A los pocos días, el 6 de junio, fue asesinado el Alcalde y
militante de la UP ROSENDO ACOSTA DUARTE cuando se encontraba en su casa. Estos
casos ponen en evidencia el exterminio sistemático de los militantes políticos de oposición
emprendida por las estructuras paramilitares en el curso del año; principalmente contra la
UP, movimiento de oposición que para la época, tenía un gran apoyo de los pobladores de
El Carmen.
1988
En 1988, la comisión de CLH en El Carmen se presentó a partir del 11 de febrero, cuando
varios pobladores alertados denunciaron la desaparición de más de 50 campesinos la
población en el transcurso de los dos primeros meses del año. Entre ellos se encontraba
CRISTOBAL CUERVO. Igualmente, en el transcurso de los operativos paramilitares fueron
golpeados y amenazados de muerte los hermanos GABRIEL y ALVARO POVEDA.
Durante el período comprendido entre abril y agosto, se ejecutaron una serie de
operativos en las veredas Cabeceras de Riosucio, Islanda, Angostura de los Andes, Santo
Domingo del Ramo y La Pitala 71 . El 3 de abril miembros del Batallón de Ingenieros No. 5
Caldas, al mando de un Teniente de la Base Militar de Palestina ubicada en la vereda
Cabeceras de Riosucio, conjuntamente con paramilitares del grupo Los Masetos,
detuvieron, torturaron y asesinaron al campesino de 19 años JUAN BAUTISTA VERDUGO
SANDOVAL en la vereda Filo de Oro. Los militares, una vez detuvieron a Juan Bautista en
una tienda de la vereda La Pitala, lo reportaron como capturado pero negaron el derecho a
sus familiares de verlo. Esa noche fue visto con vida en el matadero municipal del
municipio donde fue obligado a pasar la noche con otras dos personas detenidas.
Finalmente, al día siguiente el cuerpo de Juan Bautista fue hallado con 9 impactos de bala,
sin ojos y otros signos de tortura 72 .
Ante la alarmante cifra de asesinatos y desapariciones, se pronunció la educadora Isabel
Rodríguez Gamboa, de la escuela La Piragua, ubicada en la vereda El Porvenir de los
Andes, quien denunció que a partir del 19 de abril de 1988 se recrudeció la violencia, pues
ese día varios padres de familia fueron amenazados cuando se encontraban en el interior
de la escuela por paramilitares que se identificaron como el MAS y les advirtieron que
debían abandonar las fincas.
Debido a la ola de terror que se intensificó en 1988, aproximadamente 50 familias
campesinas fueron desplazadas del corregimiento Santo Domingo del Ramo. Los
71 Carta dirigida por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC –San Vicente de Chucurí al
Procurador General de la Nación. Bogotá, febrero 15 de 1988.
72 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Derechos Humanos CSPP (Seccional Santander).
Comunicado de prensa, Bucaramanga, abril 13 de 1988.
74

campesinos denunciaron las desapariciones forzadas, asesinatos y torturas a que fueron
sometidos por hombres pertenecientes a la base militar Ingenieros Palestina, adscrita al
batallón Luciano D'Elhuyar y que actuaba en la vereda La Victoria. Debido a estas
denuncias la base fue retirada; sin embargo, muchos campesinos no regresaron a sus
fincas; los pocos que lo hicieron continuaron siendo intimidados por paramilitares del
grupo los Masetos, conformado, por los mismos militares que operaban en la base y por
hombres trasladados desde San Juan Bosco de la Verde. Esta vecindad de la base
paramilitar y la amenaza que representaba para las vidas de los campesinos, influyó para
que muchos habitantes de La Pitala se entregaran a las exigencias del ejército.
En consecuencia, el sometimiento y represión de la población por parte de las tropas
militares continuaron en el segundo semestre del año. El 10 julio, LUIS EMILIO FANDIÑO
RUEDA y DANIEL URIBE CORREDOR, fueron detenidos y torturados por un grupo de
militares dirigidos por el Teniente Orlando Hernando Pulido Rojas. Después de la
detención fueron conducidos a la base militar de El Carmen. En su permanencia en las
instalaciones militares, los detenidos fueron torturados con amarradas durante 10 horas
sin darles agua y alimentos, coaccionándolos a abandonar la región bajo amenazas de
muerte.
Paralelamente a las agresiones de los militares se desencadenó el accionar criminal de las
tropas paramilitares, las cuales asesinaron el 22 de julio de 1988 a los campesinos
EUSEBIO ARGUELLO y ALVARO OSES.
Con el paso de los meses se agravó la situación de los campesinos de la zona. Entre el 28
de julio y 1 de agosto de 1988, SETENTA CAMPESINOS de la región fueron amenazados
y allanadas sus viviendas, bajo el calificativo de “alcahuetes de la guerrilla”; el operativo
estaba a cargo del Teniente Orlando Hernando Pulido Rojas, que para ese tiempo se
desempeñaba como Comandante de la base militar de El Carmen.
Un ejemplo de ello fue lo sucedido con BENJAMIN HERNANDEZ, quien poseía una finca
en el sitio La Explanación ubicada en la vereda Tres Amigos, de donde fue expulsado por
paramilitares. Tiempo después, a través de uno de los paramilitares llamado Gonzalo
Fernández, lo llamaron para que volviera a la zona y se integrara a estos grupos.
Efectivamente, Benjamín regresó pero rechazó la propuesta de colaborarles, motivo por el
cual él y su esposa CECILIA CORZO HERNANDEZ fueron vilmente asesinados el 31 de
julio de 1988.
El 5 de agosto, ANGEL MIGUEL PLAZAS VESGA fue detenido ilegalmente en la base
militar de El Carmen. Ángel Miguel fue arrestado hasta el 6 de agosto de 1988 y su
aprehensión fue efectuada sin que existiera orden de autoridad competente ni un hecho
que justificara la captura en flagrancia.
El 11 de agosto siguiente se presentó un doble asesinato en El Carmen. De un lado, el
campesino FRANCISCO GALEANO fue abaleado en la vereda Barro Amarillo y por otro,
MARCO FIDEL VELANDIA CARREÑO fue asesinado en la vereda San Carlos, ambos por
75

paramilitares que viajaban en un bus. Dos días después, el 13 de agosto, el campesino
ANGEL DE JESUS LOPEZ PARRA, fue detenido y torturado mediante golpes en una base
militar, por una patrulla del ejército adscrita al Batallón Luciano D' Elhuyar, al mando del
Teniente Orlando Pulido Rojas en la vereda La Fortuna.
El día 5 de septiembre de 1988, el campesino JUAN DE JESUS CRUZ CHAVARRO fue
sacado de su casa y luego asesinado por una patrulla adscrita al Batallón Luciano D’
Elhuyar, unidad militar que se encontraba en compañía de paramilitares del grupo Los
Masetos.
En los últimos meses del año, las prácticas criminales de Los Masetos se incrementaron
en toda la zona. El 6 de noviembre de 1988, los campesinos LUIS FRANCISCO
SANCHEZ y LUIS ANTONIO AMADO SÁNCHEZ, fueron asesinados por Helio Pacheco,
comandante del grupo paramilitar Los Masetos y otros integrantes, entre ellos, Anatolio
Pacheco, Francisco Pacheco, otro hermano Pacheco, Salvador Vargas, Marcos Camacho
y Florindo Sánchez en la vereda La Pitala. Los paramilitares obligaron a los dos
campesinos a tomar cerveza con ellos en una tienda, amedrentándolos con sus armas.
Luego abrieron fuego a quemarropa contra los campesinos , afirmando que las coplas que
estaba cantando Luis Antonio no les habían gustado.
Ese día en horas de la mañana, Luis Francisco salió con unas mulas cargadas con
productos agrícolas en compañía de Elías Chinchilla Layton, hacia La Pitala. Cuando
llegaron, los pocos habitantes de la vereda estaban bajo órdenes de los hermanos
Pacheco en una reunión; en horas de la tarde llegó desde San Vicente Luis Antonio y se
encontró con Luis Francisco. Elías trató de convencer a Luis Francisco para que
regresara a su casa, pero él le dijo que no porque era tarde y en el camino corría el riesgo
de ser atacado por los hermanos Pacheco. Al día siguiente, Rosa Elena Layton, esposa de
Luis Francisco emprendió camino hacia la vereda La Pitala, con su hijo Ceciliano Sánchez
y Elías, para buscarlo. Cuando estaban a mitad de camino les dijeron que Luis Francisco y
Luis Antonio habían sido asesinados.
Rosa Elena sabía que su esposo había sido amenazado un par de veces por los
hermanos Pacheco y los Carreño ya que por no haber asistido a unas reuniones, se le
acusaba de ser guerrillero. Ya le habían exigido que tomara las armas con ellos o se fuera
antes de que lo mataran. Antes, Luis Francisco había denunciado ante el Personero
Municipal que Marcos Camacho, Isidro Carreño (hijo), Salvador Vargas, Anatolio Pacheco,
Agustín Traslaviña y Jesús Leal eran integrantes de los grupos paramilitares.
Otras víctimas de asesinato a manos de los paramilitares en 1988, fueron:
Enero 6, LUIS DANILO VARGAS y TOBIAS VARGAS
Enero 11, PABLO EMILIO LOZADA
Enero 14, PEDRO VEGA CALDERON
Enero 19, ANGELICA VELASCO
Enero 28, LUCIO GALVIS BERMÚDEZ y JOSE ANGEL RAMIREZ SAAVEDRA
Enero 29, JOAQUIN MORA ULLOA y JOSE SANTOS GONZALES
76

Febrero 5, ISNARDO SEPULVEDA RAMIREZ
Febrero 8, JULIO DOMINGUEZ PLAZAS
Febrero 9, HERNANDO DIAZ PLATA
Febrero 15, JESUS ANTONIO ESTEVES ALDANA
Febrero 20, CRISTINA LEON QUIROGA y HERMELINDO RINCON MENDEZ,
Febrero 21, RICARDO AMAYA
Febrero 27, ALEXIS HERNANDEZ MORALES
Abril 1, JOSE ANGEL CARRERO y DANIEL CAMARGO
Abril 7, REBECA CALDERON MENESES
Abril 18, ROSAURA MEJIA SÁNCHEZ,
Abril 28 ARTURO TRASLAVIÑA AMADO
Mayo 5, JORGE ORTIZ CRUZ
Mayo 21, OVIDIO MEDINA FRANCO
Mayo 29, LUIS URIBE SUAREZ
Junio 2, ANGEL MIGUEL GONZÁLEZ
Junio 6, HUGO ARDILA OLARTE y ERNESTINA FLOREZ SARMIENTO
Julio 1, LUIS EDUARDO QUIROGA LEON
Julio 2, ANGEL ANTONIO HERNÁNDEZ
Julio 3, WILSON LEON QUIROGA
Julio 20, LUIS AURELIO PRADA HERNÁNDEZ
Julio 22, AURELIO PARADA HERNANDEZ
Julio 24, FABIO ORLANDO MARIN MORA
Julio 26, FABIO MARIN MEZA
Septiembre 6, JORGE ARIZA SANABRIA
Julio 31, ABEL ARGUELLO
Agosto 2, DULCELINA PUENTES
Agosto 5, BENITO CARREÑO PICO
Agosto 12, DIOSELINA ARGÜELLO y LUIS EDUARDO PEREZ
Septiembre 5, JOSELIN PORTILLA
Septiembre 6, JORGE ARIZA SANABRIA vereda La Pitala
Octubre 14, JAIME CEDIEL CAMARGO
Noviembre 3, REINALDO DIAZ SARMIENTO vereda Alto Cascajales
El año culminó con la comisión de un crimen en la carretera que conduce de Clavelinas a
La Reserva, donde una patrulla del ejército acompañada de paramilitares del grupo Los
Masetos, conformada por civiles armados vestidos con prendas militares, detuvo y asesinó
el 29 de diciembre de 1988, al campesino JUAN DE DIOS DULCEY RAMIREZ, cuyo
cuerpo fue encontrado posteriormente por sus familiares en avanzado estado de
descomposición.
1989
77

A partir de 1989 la lucha contraguerrillera adelantada en la región chucureña se
caracterizó por la implementación de dos procedimientos reiterados. En primer lugar, las
fuerzas militares bombardeaban desde aviones y ametrallaban desde helicópteros las
veredas, apoyados en tierra por las tropas del Batallón Luciano D’ Elhuyar, acciones que
llenaron de zozobra a los campesinos, que desesperados observaban por prolongados
días cómo con los sobrevuelos sus ranchos se destruían, los cultivos se echaban a perder
y los animales caían muertos por las explosiones. Lo único que les quedaba por hacer era
resguardarse en escuelas de otras veredas y tratar de proteger y reconstruir sus
pertenencias. En segundo lugar, el ejército incursionó en las veredas por tierra, en
desarrollo de operativos que la mayoría de veces eran realizados de forma conjunta entre
patrullas de los batallones Caldas, Nueva Granada, D’ Elhuyar o con la colaboración de
los grupos paramilitares de la zona.
Estos operativos ocasionaron el éxodo de campesinos hacia la cabecera municipal de San
Vicente, éxodo que fue verificado por comisiones gubernamentales y no gubernamentales,
que respondiendo al llamado de la población realizaron visitas a la zona, las cuales
también constataron los abusos permanentes cometidos por los uniformados.
El Brigadier General Carlos Julio Gil Colorado, comandante de la V Brigada en 1989, a
quien se le comprobó su participación en la creación y fomento de grupos paramilitares en
el Magdalena Medio durante la década de los ochenta, la desaparición de Sandra Vélez y
la masacre de dos jueces y diez miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial en La
Rochela, dirigía personalmente los operativos que se implementaron como una
sistemática violación de derechos humanos por parte del ejército. Desde los primeros días
de enero de 1989, en diferentes zonas del municipio de El Carmen, se establecieron
bases militares transitorias. Así por ejemplo, Santo Domingo del Ramo, Angostura de los
Andes, Honduras Alto, Honduras Bajo, La Pitala, Tres Amigos, La Explanación y La
Reserva, se convirtieron en lugares de paso de las tropas del ejército.
Entretanto, paramilitares al mando del comandante Parra asesinaron a los campesinos
ALVARO MARIN ARDILA y CARLOS JULIO PARRA de 61 años, el 15 y el 20 de enero
respectivamente. Carlos Julio había salido de la vereda El Porvenir de los Andes para
llevar una carga de cacao para el municipio de San Vicente, cuando el bus en el que iba
fue detenido por un retén paramilitar en la vereda La Piragua. Una vez los agresores
detuvieron el bus, los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo para revisar los
documentos de identidad. Cuando los paramilitares identificaron a Carlos Julio lo dejaron a
un lado de los demás pasajeros y le impidieron abordar nuevamente el bus; después una
pasajera le avisó a la esposa de Carlos Julio lo ocurrido. Tiempo después, se encontró el
cuerpo del campesino con impactos de bala en la cabeza y el pecho, signos de tortura en
los dedos de las manos y señales de haber estado amarrado. Mary Sofía, esposa de
Carlos Julio, está segura de que quienes lo asesinaron fueron paramilitares del grupo
conocido como los Masetos “por no colaborarles”. Además, los tres hijos de Carlos Julio,
Johel, Ezequiel y Edgar no pudieron ir al velorio ni al entierro por amenazas de los
paramilitares.
78

El 24 de enero, la campesina ANA LEONOR VERA LEON fue asesinada por paramilitares,
al igual que el campesino JOSE DE JESUS ALVAREZ. Cuatro días después, el 28 de
enero, apareció el cuerpo de un HOMBRE asesinado autores no identificados. Al día
siguiente, el 29 de enero, los paramilitares asesinaron al campesino MIGUEL VARGAS
MURILLO de 29 años, en la vereda Angostura de los Andes, de la misma manera que al
campesino JORGE ELIECER GOMEZ PARRA. Estos crímenes fueron perpetrados ante la
omisión de las unidades militares acantonadas en la base militar ubicada en esa vereda.
Para febrero de ese año, los paramilitares del MAS ocuparon la base militar situada en
Angostura de los Andes. Durante ese mes fueron asesinados varios campesinos
acusados de ser contactos de la guerrilla, mientras que otros eran agredidos por las
fuerzas militares. El 10 de febrero fueron víctimas de atropellos por parte de personal del
ejército, numerosas familias del caserío El Centenario y del sitio conocido como El Topón.
Los militares acostumbraban a que una vez se retiraban los paramilitares, ingresaban a las
parcelas de los campesinos, quienes eran nuevamente agredidos físicamente y
amenazados y los obligaban a cocinarles sacrificando los mejores animales. Finalmente,
estropeaban cultivos, mataban animales y se robaban enseres de trabajo. Esta reiterativa
manera de actuar no sólo afectaba la tranquilidad de los campesinos sino que los dejaba
en serios problemas para reanudar las labores de la tierra.
Durante el mes de febrero fueron asesinados campesinos de diferentes veredas por
paramilitares del grupo Los Masetos que patrullaban encapuchados y disparaban a los
campesinos con armas 9mm, acusándolos de ser “contactos de la guerrilla”. Entre las
víctimas se encontraban: ELIAS RIVERO ARIZA de 32 años y JOSE VICENTE MEDINA
de 26, asesinados el 12 de febrero; ANGELICA CASTELLANOS, el 14 del mismo mes,
JESUS ANGEL ZAPATA VILLA el día 16; al día siguiente, el 17 de febrero de 1989 fue
asesinado LUIS ALFREDO PEDRAZA; CAMPO ELIAS RIVEROS MESA y JUAN
VICENTE RIVEROS fueron ultimados el día 20 de febrero de 1989 en la vereda El Edén y
RAIMUNDO FORERO GUALDRON de 40 años, el 21 de febrero.
En marzo de 1989 las agresiones de los paramilitares contra los campesinos iniciaron el
día 5, cuando la campesina MARIA DEL CARMEN GOMEZ TORRES, de 29 años, fue
desaparecida y asesinada por integrantes del grupo los Masetos; días mas tarde su
cuerpo se halló en un paraje cercano a su residencia en la Inspección Vistahermosa de
Los Andes con cuatro impactos de bala.
En los meses siguientes los paramilitares asesinaron a los siguientes campesinos: en
marzo a PABLO FONSECA DIAZ el día 11; un día después, el 12, a PEDRO GARCIA
PARRA y finalmente, el día 14 el turno le correspondió a ANGEL DE JESUS NARANJO
SOLANO. Durante el mes de abril fueron asesinados, el día 21, JAIME ROMERO
SAAVEDRA y JUAN DE DIOS SOLANO; pocos días más tarde, el 29 de abril, cobraron la
vida de otro poblador, JOSE LIBARDO RAMIREZ SOLANO. El 5 de mayo, el campesino
NELSON RIVERA fue también asesinado.
Por otro lado, el 5 de abril, el campesino ABELARDO RUEDA GOMEZ, de 26 años, fue
detenido, desaparecido, torturado y asesinado cuando regresaba de su trabajo por una
79

patrulla del batallón Luciano D'Elhuyar compuesta aproximadamente por 50 hombres, al
mando del Teniente Iván Lacuture. El cuerpo de Abelardo fue enterrado en la vereda El
Toboso y luego exhumado por el alcalde de la población.
La barbarie paramilitar continuó el 25 de mayo de 1989, fecha en la
que el profesor MILTON MARQUEZ MONTANEZ, fue asesinado por
en la vereda La Piragua.
Meses después, el 14 de junio, DOS CAMPESINOS, uno de ellos de
65 años, fueron asesinados por integrantes del batallón Luciano
D'Elhuyar en el sitio conocido como Caño Dorado. La versión oficial
informaba que los hombres asesinados eran presuntos integrantes de las FARC y que
habían muerto en enfrentamientos con tropas militares. En el Foro Regional de Derechos
Humanos celebrado en Barrancabermeja, durante una denuncia se afirmó que eran
campesinos asesinados durante bombardeos efectuados por el Batallón de Artillería de
Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada.
Paralelamente al accionar de las unidades del Batallón Luciano D’ Elhuyar, los
paramilitares asesinaron en el transcurso del mes de junio a los campesinos MIGUEL
TRASLAVIÑA y MARINO GUARIN PAEZ el día 4; RODOLFO NARANJO, DARIO DIAZ y
JUAN VALENCIA el 11 en la vereda Piragua; JOSE ANTONIO VELASQUEZ el 21;
ALFONSO RODRIGUEZ MONSALVE, el día 24; dos días después, el 26 de junio, en la
Inspección Departamental de Angostura de los Andes, asesinaron a EVELIO OVALLE
CASTRO de 31 años y el 29 a LUIS ALBERTO BUSTOS.
En julio, las fuerzas militares dieron inicio a la operación Júpiter, bombardeando zonas del
municipio del Carmen. Fueron movilizados 800 soldados por diferentes veredas, utilizados
cinco helicópteros y un avión en esta operación. Tropas aerotransportadas fueron
descargadas en las veredas Diviso de Cirales y Honduras Alto. En esta ultima desde el
mes de mayo se habían establecido transitoriamente puestos militares.
En fecha no precisada de ese mes, el profesor WILSON JAIMES OSMA fue amenazado
de muerte y obligado a abandonar la región por paramilitares del grupo los Masetos. En un
muro de la escuela rural en la que trabajaba Wilson, apareció un letrero que decía: “profe
como tu ropa huele a guerrilla hay que matarlo”. El mes de junio anterior, Wilson se dirigió
desde la vereda Filo de Oro a El Carmen y fue abordado por dos señoras que le
preguntaron de dónde venía y a qué iba al pueblo, pues no lo conocían. Él les dijo que era
profesor y que iba a cobrar su sueldo. Ellas le dijeron que eran hermanas de “Roque”, y le
preguntaron que si él lo conocía, él dijo que si, que era uno que andaba armado, ellas le
contestaron que eso era falso, que “Roque” no portaba armas. Wilson afirmó que Roque
era un paramilitar que vestía ropa camuflada y permanecía armado con dos granadas y
siempre acompañado por 4 o 5 personas más, también armados.
El 9 de julio de 1989 el ejército intimidó a los pobladores de la vereda Cirales mediante
maniobras desde un helicóptero y tomando fotografías a los campesinos que se
80

encontraban en una reunión de la Junta de Acción Comunal. Ese mismo día, el campesino
LUIS HERNANDO GARNICA de 28 años fue detenido, torturado y asesinado y CARLOS
GUEVARA fue detenido y torturado, por una patrulla compuesta aproximadamente por 90
hombres, comandada por el Capitán Fernando Madrid. Los agresores ataron a los
campesinos de pies y manos, los arrojaron al piso, golpearon, vendaron e interrogaron
sobre una supuesta información que ellos conocían de la guerrilla, en la finca Tierra Fría,
de esa misma vereda. Las súplicas de los familiares de Carlos sirvieron para que él fuera
dejado en libertad, mientras que a Luis Hernando, quien era retrasado mental, los militares
lo desnudaron y lo colgaron de un árbol en donde lo torturaron y finalmente asesinaron. Al
día siguiente, el cuerpo de Luis Hernando apareció vestido con un uniforme militar y con
morral. Junto a su cuerpo fue puesto el de un guerrillero que ese mismo día había sido
asesinado por el ejército en esa misma zona; ambos fueron reportados oficialmente como
guerrilleros dados de baja durante un combate.
El 10 de julio, las unidades militares hurtaron de la vereda Cirales, los libros de la Junta de
Acción Comunal, allanaron y destrozaron los enseres de varias viviendas, insultaron a los
campesinos y estropearon sus cultivos. “Durante los días 10 a 18 de julio de 1989,
patrullaron conjuntamente las veredas Honduras Alto, Honduras Bajo, Diviso de Cirales y
Cirales tropas militares y un grupo paramilitar, integrado por campesinos de la región,
algunos de estos vestidos con prendas de uso privativo de Las Fuerzas Armadas y
portando armamento de uso exclusivo de éstas. Penetraron en varías viviendas, hurtaron
dinero y objetos personales, intimidaron a las familias obligándolas a permanecer
encerradas en las viviendas durante dos días. Como paramilitares son identificados por
habitantes de las veredas, tres de los hermanos Pacheco, Víctor Medina y dos de sus
hijos. Un Teniente N, que iba al mando de una de las patrullas, convocó mediante
amenazas a una reunión en la escuela de la vereda Honduras Bajo, en la cual anotó los
nombres, números de cédula, lugar de residencia y otros datos de los campesinos” 73 . Al
día siguiente, 11 de julio, fue asesinada ADA BERTHA SAAVEDRA DE MORENO en la
vereda Bajo Cascajales, Inspección El Centenario. Además del asesinato de Ada Berta,
los militares se llevaron los libros de registro de las organizaciones comunitarias.
A comienzos del mes de agosto, específicamente el día 4, aproximadamente 50
paramilitares pertenecientes al grupo Los Masetos, asesinaron a tres campesinos en la
Inspección El Centenario. Las víctimas fueron NELSON PEDROZA de 30 años, MARIA
SUPELANO y GLORIA AGUILAR de 45 años. Los victimarios llegaron preguntando por
ellos y al identificarlos procedieron a dispararles.
El 6 de septiembre de 1989, el campesino ULPIANO AMADOR MANCILLA fue asesinado
por paramilitares.
En el curso del mes de octubre, las fuerzas militares establecieron una base en el sitio “La
Estrella”; lugar desde el cual las estructuras paramilitares planificarían en los meses
siguientes las incursiones paramilitares en la zona, que se desarrollaron en el último
73 Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar..., Op. cit. p: 14.
81

trimestre del año. En ese mismo sitio fueron reunidos y amenazados en varias ocasiones,
los campesinos de la vereda al igual que los habitantes de Honduras Bajo, El Diviso de
Cirales, Cirales y la Victoria. Los campesinos fueron agredidos de manera reiterada y
señalados por los militares como “colaboradores de la guerrilla”. Durante las reuniones, los
mandos castrenses afirmaron darle una oportunidad a los campesinos consistente en la
organización de autodefensas, pues los campesinos las integran, se van o se mueren 74 .
En fecha no precisada de ese mismo mes, los miembros del equipo docente (EDOC) se
vieron obligados a abandonar el municipio. Uno de los docentes escribía refiriéndose a
ese día:
“En julio del 90 la situación se agudiza y las familias ya no salen al casco
urbano sino que abandonan el municipio. En octubre del mismo año, un
número considerable de animadores y casi todo el equipo coordinador de
las comunidades nos tocó abandonar la región (sic). Desde esa fecha no he
vuelto, pero pienso que algún día estaré nuevamente allí, en clase, en el
colegio, pero ya no con el tema de los derechos humanos como lo hacía
antes, sino llenándome de poesía, de risa, con la alegría de los colores del
arco iris, con los cantos jubilosos de un pueblo que ha recobrado la
DIGNIDAD” 75
El 2 de noviembre de 1989, los paramilitares dieron muerte a los campesinos MIGUEL
PRIETO y LUIS ALARCON. El mismo día fue detenido y torturado el campesino
HERNANDO BARON JAIMES por efectivos de una patrulla móvil del ejército, al mando de
un Capitán que se hacía llamar Enrique y un Teniente Luis que estaban acompañados por
un grupo de contraguerrilla adscrito a la V Brigada, en la vereda San Luis. Ese día a las
6:00 a.m., Hernando se dirigía a trabajar a una finca cuando fue detenido por la patrulla
móvil del ejército; una vez se identificó le dijeron que lo estaban buscando y lo obligaron a
devolverse para su casa con ellos para que les entregara un arma de fuego de su
propiedad. Después de entregar el arma lo torturaron mediante ahogamientos con una
toalla mojada. Esa misma tarde lo llevaron en helicóptero a Barrancabermeja y luego a las
instalaciones de la V Brigada en Bucaramanga. Antes de llevarlo de nuevo a la región,
según el testimonio de Hernando, pasó por manos de tres grupos de contraguerrilla del
ejército que lo torturaron, incluso enterrándolo desnudo en un hueco en la tierra y lo
amenazaron constantemente con asesinarlo si no les daba información sobre la guerrilla.
Después de 16 días de detención y torturas, Hernando tuvo un tiempo de recuperación,
luego fue entregado a un enfermero de la región y le hicieron firmar una constancia de
buen trato que no pudo leer.
Entretanto, en la vereda La Victoria fue fundada en esa misma fecha una estructura
paramilitar, “directamente promovida por el personal del ejército, establecido en la vereda
colindante Honduras Alto, e instalada en la primera semana de noviembre, en la escuela
74 Ibíd.
75 Documento del Albergue Campesino para refugiados de la guerra sucia del Magdalena Medio, febrero
27 de 1993.
82

La Victoria, en donde permanecieron además de las tropas del batallón Luciano D’ Elhuyar
asignadas a ese sector, civiles armados que habían sido alojados en la base militar de
Honduras Alto”. A este grupo paramilitar le correspondió como radio de influencia, el
territorio comprendido por las veredas La Victoria, Honduras Alto, Honduras Bajo, Diviso
de Cirales y Cirales” 76 .
El día 12 del mismo mes fueron asesinados por paramilitares los campesinos GILBERTO
REYES CARREÑO y MARIA IGUABITA LUNA.
Durante un operativo conjunto realizado el 12 de diciembre, los miembros del Batallón
Antiaéreo Nueva Granada y los paramilitares del grupo Los Masetos comandado por el
jefe paramilitar José Alberto Parra, alias El Canoso, asesinaron al campesino LUIS
ALBERTO SUAREZ VILLABONA de 26 años y detuvieron a MAXIMILIANO y DOS
CAMPESINOS más en la tienda de La Ye en la vereda Río Fuego. Ese día Luis Alberto se
encontraba con las otras tres personas lavando una alberca cerca de su casa y al terminar
salieron a la tienda de La Ye cuando fueron interceptados por un grupo de casi 100
hombres armados con fusil, que los obligaron a tenderse en el suelo y mostrar su
documentación; sólo Maximiliano tenía los papeles al día, entonces El Canoso le disparó a
Luis Alberto una ráfaga por la espalda y los demás se llevaron a los otros tres
acompañantes a un rancho y los liberaron más tarde. Los militares justificaron el asesinato
diciendo que el joven Luis Alberto “se había puesto nervioso” con la presencia del ejército.
Entre el 15 y 24 de diciembre se presentó un gran éxodo de familias de la vereda La
Victoria, ya que los campesinos que no querían armarse e integrar las tropas paramilitares
fueron reiteradamente amenazados por el ejército y los paramilitares. El ejército se retiró
por unos días y dejó a los campesinos armados cuidando la base, bajo la dirección de
Comandante Ciro, pero a los pocos días las unidades militares volvieron con más
refuerzos de Los Masetos. “A esta organización criminal se integraron algunos habitantes
de la Victoria, en donde fueron amenazados de muerte por el ejército los miembros de las
comunidades cristianas campesinas, siendo señalados por los paramilitares como
supuestos grupos de apoyo a la guerrilla” 77 ; poco tiempo después fueron obligados a
abandonar la zona.
En el desarrollo de las operaciones conjuntas, el 16 de diciembre, el campesino ANTONIO
GONZALEZ RODRIGUEZ, fue asesinado por paramilitares. Pocos días más tarde, el 22
de diciembre, los campesinos fueron obligados nuevamente a reunirse con el ejército,
cuyos efectivos agredieron a varios de los asistentes.
1990
76 Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar..., Op. cit p.15
77 Ibídem. p. 16.
83

Desde los primeros días del año, los paramilitares dieron inicio a la ocupación del área
rural del municipio y durante el primer trimestre del año realizaron varias incursiones,
sembrando el terror entre el campesinado. Mediante este tipo de accionar criminal, los
paramilitares dieron curso a una estrategia de exterminio de todo aquel que contraviniera o
se opusiera abiertamente a sus designios. Comenzando el año, el 3 de enero, fueron
desaparecidos el campesino JOSE JOAQUIN BAUTISTA FIGUEREDO y su hermana
HELENA BAUTISTA FIGUEREDO.
El 7 de febrero de 1990, los campesinos FILEMON CALA REYES y NORBERTO N., al
igual que la profesora FABIOLA LOPEZ, fueron amenazados por miembros del ejército y
un grupo de paramilitares. Ese día se efectuó una reunión con habitantes de las veredas
Cirales, Diviso de Cirales Honduras Alto y Bajo, Palo Blanco y otras en la base militar de
La Estrella, del municipio de San Vicente del Chucurí. Un Teniente amenazó a varios
pobladores, y estas amenazas fueron concretadas por el paramilitar Ciro Antonio Díaz
contra las víctimas, aunque la profesora y el señor Norberto no se encontraban en la
reunión. Por otro lado, el joven Filemón Cala fue amenazado por preguntarle a los
paramilitares sobre la ideología y programa de las autodefensas. Pocos días más tarde,
Filemón fue asesinado. Los campesinos reconocieron en esta reunión a los paramilitares
Vidal González y Donelio Gil.
El 3 de marzo, prosiguió la oleada de violencia. Ese día, varios desconocidos asesinaron
al campesino MIGUEL ANGEL DAZA AYALA de 29 años, en su propia residencia ubicada
en la Inspección Angostura. Al día siguiente, 4 de marzo, en la vereda Bajo Cascajales, fue
asesinado el campesino ANTONIO DELGADO DIAZ. Ese día llegaron un hombre y una
mujer pertenecientes al grupo paramilitar y se hicieron pasar por miembros de la guerrilla
para comprobar el trato que Antonio les daba y luego lo señalaron de ser colaborador de la
guerrilla. La víctima había sido en constantes ocasiones detenido, torturado y amenazado
por miembros del ejército ya que hacía un tiempo, después de un enfrentamiento entre el
ejército y la guerrilla, estos últimos pasaron por la finca de Antonio y se llevaron un caballo
para transportar un guerrillero herido. Este tipo de sucesos se convertía en motivo
suficiente para que los campesinos fueran sentenciados a muerte.
La barbarie paramilitar se evidenció una vez más pocos días mas tarde. El 15 de marzo de
1990 a las 5:00 p.m., el campesino FILEMON CALA REYES de 19 años fue retenido,
torturado y asesinado por paramilitares del grupo los Masetos al mando de Ciro Antonio
Díaz y José Vicente Cárdenas Cala a quien se le conoce como capitán Robinsón, además,
estaban también Julio Garcés y Ramón Girón..
Filemón fue detenido por el grupo de paramilitares que contaba con personas fuertemente
armadas, unos de civil y otros uniformados con prendas privativas de las fuerzas armadas.
El hermano menor de Filemón cuenta que todo el día fue torturado: lo tendieron boca
abajo, lo despojaron de sus objetos personales, le atravesaron una cuerda por el cuello y
los hombros, le ataron las manos y lo interrogaron mientras lo golpeaban. El campesino
sería torturado hasta la muerte. Su cuerpo mostraba heridas de arma corto punzante,
machetazos en los hombros y estaba degollado.
84

El cruel asesinato de Filemón reflejó la constante persecucón que Masetos y militares
tenían sobre la familia Cala Reyes. Desde 1988, en los patrullajes realizados por los
militares en la zona, estos entraban a la casa de los Cala y se llevaban ropa, dinero y otros
bienes; debido a este permanente hostigamiento el señor Cala tuvo que irse de nuevo
dejando a Filemón a cargo del trabajo del campo. Filemón había sido detenido en
septiembre de 1988 por personal del ejército al mando del Teniente Orlando Hernando
Pulido Rojas, en esa ocasión fue sometido a torturas en la base militar de El Carmen;
también fue amenazado en esa ocasión por el mismo teniente que le dijo que sería
eliminado, no por él, “pero sí por los de San Juan Bosco”.
Además, un mes antes del crimen, el 7 de febrero de 1990, Filemón asistiría a una reunión
programada por el ejército y los paramilitares, en la cual además de preguntarle por su
ideología y programa a los últimos, les había criticado algunas de sus acciones y les
indagó sobre sus verdaderas motivaciones. Los paramilitares le dijeron simplemente que:
“un día de estos le respondían”. Desde ese día, las amenazas y el hostigamiento tanto de
militares como de Masetos sobre la familia Cala, y en especial sobre Filemón, se
incrementaron al máximo. Así, el 10 de febrero, una patrulla del ejército al mando del
Teniente Orlando Hernando Pulido Rojas, lo detuvo en el casco urbano de El Carmen,
sometiéndolo a interrogatorios y amenazándolo de muerte a él y su familia; también sufrió
múltiples maltratos y torturas. Las agresiones eran de tal magnitud, que el padre de
Filemón nuevamente tuvo que refugiarse un tiempo en una ciudad, siendo obligado a su
regreso a presentarse 2 o 3 veces a la semana a la Base Militar de la Vereda Honduras
Alto. La constante persecución por las reclamaciones del joven campesino, quien
denunciaría estos hechos y la conformación de grupos paramilitares en la región en el
diario Vanguardia Liberal, sólo terminaría con su asesinato.
Después del crimen de Filemón, decenas de habitantes de la vereda Honduras tuvieron
que abandonar sus parcelas y se refugiaron en el centro urbano de la población , para
poder proteger sus vidas de la maquina de la muerte paramilitar.
El 5 de abril de 1990, una patrulla paramilitar del grupo Los Masetos integrada por once
hombres al mando de Isidro Carreño y José Alberto Parra y efectivos del ejército, detuvo,
torturó y asesinó al campesino GUMERSINDO FONTECHA ZEA de 21 años, en la vereda
Rancho Grande. Cuando los paramilitares retuvieron a Gumersindo lo ataron de pies y
manos, lo golpearon y torturaron en presencia de varios pobladores; luego lo llevaron a las
instalaciones de la base militar de la vereda Rancho Grande donde permaneció detenido
ilegalmente durante tres días. Después lo llevaron a la vereda Bajo Cascajales y a la base
paramilitar de El Centenario. Varios testigos afirmaron que miembros del ejército
manifestaron que Gumersindo había sido asesinado y aparentemente enterrado en la
vereda El Porvenir. Gumersindo y un hermano de él habían sido detenidos por el ejército
el 25 de diciembre de 1989 y tres semanas antes de ser desaparecido fue retenido por
militares que lo agredieron y le dispararon cerca al cuerpo a la altura de la cabeza.
Mientras patrullaban con la víctima, los militares dejaron propaganda alusiva al
“Movimiento de Autodefensas Campesinas de Colombia”.
85

A mediados del año se realizaron campañas para vincular al campesinado a los grupos
paramilitares, paralelamente sus filas dieron inicio a la ocupación del casco urbano del
municipio con el apoyo de la fuerza pública de la población. En el mes de julio, se hicieron
presentes paramilitares en la vereda Cirales citando a los campesinos a una reunión
obligatoria en casa del señor Ramiro Barrera. En esta reunión se invitó a los campesinos a
armarse y patrullar junto a los paramilitares y se les conminó a apoyar económicamente
este proyecto.
Paralelo a la acción paramilitar, las tropas regulares continuaban sus acciones violentas
contra el campesinado de El Carmen. En el mes de julio de 1990 fue detenido, torturado y
amenazado el campesino y líder de la Junta de Acción Comunal JOSE DEL CARMEN
PEÑA PEREZ. Un grupo de 30 hombres de la Brigada Móvil No. 1 realizó un allanamiento
a su residencia, lo sacaron a la fuerza bajo la amenaza de que si no lo hacía sería
asesinado y la casa bombardeada, lo llevaron hacia una plantación donde lo golpearon, lo
tiraron al suelo y lo interrogaron sobre un supuesto armamento que él le guardaba a la
guerrilla.
Uno de los militares llamado Alfredo trajo una camiseta y unas botas y se las pusieron a
José del Carmen; luego se lo llevaron hasta una plantación de cacao donde fue atado de
pies y manos, tendido en el suelo y pisoteado. Le amarraron una toalla mojada con aguas
sucias en la boca y continuó el interrogatorio. Más tarde fue obligado a vestir un uniforme
camuflado y a caminar con ellos varias horas hasta llegar a la hacienda de Gilberto
Mogollón y Pedro Motta donde fue colgado de las manos a un árbol, le quitaron el
pantalón y con una navaja amenazaban con cortarle los testículos si no les decía dónde
estaban las armas.
José del Carmen les decía que él no sabía nada y que si lo iban a matar que lo hiciera de
una vez porque él no sabía nada de armas. Durante toda la noche fue torturado y al otro
día lo obligaron a cargar con los víveres de los militares. También le dijeron que su esposa
y unos niños de la escuela lo fueron a preguntar a la Brigada Móvil, pero que no les habían
dado razón. Luego fue conducido a la hacienda San Cristóbal donde continuó el
interrogatorio durante toda la noche. Al día siguiente los militares cavaron un hueco con
forma de tumba y lo obligaron a ingresar allí. Luego comenzaron a rellenarlo con tierra
dejándole la cabeza cubierta con una toalla y lo rociaron con un líquido que lo dejó
inconsciente. Posteriormente lo sacaron y le manifestaron que había recuperado su
libertad y lo llevaron a un baño.
Para entregarle la cédula le hicieron firmar un documento y le dijeron que “cuidado con
denunciar”. A raíz de una denuncia de estos hechos y otros crímenes de los militares ante
la Procuraduría el 11 de noviembre de 1990, José fue amenazado de muerte una vez más
y obligado a salir de la región. Entre los militares se encontraban Luis Antonio Bonilla,
Marcos Barinas, Aldemar Plata y Luis Jaime Jiménez Ardila.
Entretanto, las tropas de los batallones Luciano D’ Elhuyar y Nueva Granada, realizaron
varios operativos en el área rural del municipio, acometiendo indiscriminadamente contra
la población. Los militares que actuaban al lado de los paramilitares asesinaron a la
86

campesina LEONOR SARMIENTO el 16 de julio en la vereda La Ye. Al día siguiente
detuvieron, torturaron y sindicaron de ser guerrillero al estudiante NELSON PINZON
GUEVARA. A pesar que Nelson fue detenido por los militares en presencia de numerosos
testigos, la versión oficial afirmó que era un guerrillero a quien se capturó en combate.
Durante el tiempo en que Nelson estuvo detenido se negó su detención a familiares y
amigos y finalmente fue conducido a Barrancabermeja bajo custodia militar.
Durante ese mismo mes se presentó una fuerte incursión paramilitar en la zona rural del
municipio, dejando como resultado un gran número de campesinos asesinados. Entre las
víctimas se encontraban los campesinos ANGEL M. SANTAMARIA GARCIA, asesinado el
día 5; dos días después fue asesinado también JAVIER FRANCISCO CARDONA y el 19
corrió la misma suerte ODILIA BRICEÑO. A Odilia la asesinaron cuando los paramilitares
llegaron preguntando por su esposo, a quien acusaban de ser colaborador de la guerrilla,
luego, el paramilitar Lider Marín disparó contra ella en un campo de ahuyama cercano. El
esposo de Odilia, al igual que sus hijos, lograron huir de la localidad. UN VECINO, a quien
habían pedido el favor de trasladar el cuerpo de Odilia a Barrancabermeja para enterrarla,
también fue asesinado. La denuncia fue interpuesta el 13 de mayo de 1992 ante la
Dirección Nacional de Instrucción Criminal por el esposo de Odilia bajo reserva de
identidad, pues aún se encontraba amenazado.
Un día después, el 20 de julio, fueron desaparecidos el campesino ALVARO TOLOSA de
40 años, su hijo EDGAR TOLOSA de 16, un hombre de apellido PINZON y DOS
CAMPESINOS más por cerca de 40 paramilitares armados y vestidos con prendas
militares. Los paramilitares se llevaron a Álvaro y Edgar junto con los demás campesinos
con rumbo desconocido. Aunque los agresores se identificaron como guerrilleros del ELN,
campesinos de la región afirmaron que eran paramilitares al servicio de Isidro Carreño y
que tenían sus bases de operaciones en la Inspección de Policía El Centenario y la
Inspección Departamental San Juan Bosco de la Verde en el municipio Santa Helena del
Opón. El 22 de julio, las víctimas fueron los campesinos JUAN TORRES y JOSELITO
RIVERA.
Desde el 18 de julio hasta el 22 de 1990, un grupo de 140 paramilitares vestidos de civil y
divididos en dos grupos ingresaron al casco urbano de El Carmen sin ser detenidosº por la
policía ni por el ejército. Allí, intimidaron a la población, a los funcionarios públicos y al
párroco Bernardo Marín. A su paso, los paramilitares enviaron panfletos como el siguiente
a algunos habitantes de la cabecera municipal:
Vieja sapa H.P. sólo queremos por medio de ésta advertirle que todo lo
que usted está realizando para traición del pueblo lo estamos sabiendo.
Sígale colaborando a esos H.P. bandoleros (FARC – ELN) y ese curita
Bernardo el “Guerrillero”, que nosotros con mucho gusto se lo vamos
87

agradecer, y para que no vayas a pensar que esto es mentira le vamos
a dar un regalito en su propia casa. Este será el primer anuncio, el
segundo será su regalito y el tercero verás tu sangre o la de tu hijo. Más
vale que salgan de este pueblo antes de que sea demasiado tarde...
Cordialmente F.R.P.C/MAS.
FUENTE: Violencia Política en Colombia. Mito y Realidad. Madrid:
EDAI. 1994. p.54.
Este tipo de intimidaciones hizo que se sembrara el terror generalizado entre la población,
quienes veían solamente en el desplazamiento la única forma de escape. Sin embargo, ni
el abandono de sus tierras permitía a los habitantes de El Carmen salir de la represión
estatal. En agosto de 1990, los campesinos LUIS FRANCISCO VASQUEZ y SOFIA
VASQUEZ GIRON, padres de 4 niños, tuvieron que salir desplazados hacia el puesto de
salud La Salina de El Carmen, cuando fueron torturados por la Brigada Móvil No. 2 que los
señalaba de ser colaboradores de la guerrilla. Luego estuvieron un tiempo en San Vicente,
pero hasta allí la Brigada Móvil los fue a buscar, razón que los llevo a marcharse hacia la
vereda El Cedro, del municipio de Girón, donde lograron acogerse a un programa de
parcelación del INCORA. La familia pudo tener 1 año de apacible estancia, hasta cuando
llegó la Brigada Móvil de nuevo. El 20 de agosto de 1993, la Brigada incursionó en la
vereda y dijo que esas tierras “eran guerrilleras”, al tiempo que amedrentaban a algunos
campesinos y preguntaron de nuevo por Luis Francisco, y que “si lo llegaban a encontrar
no lo dejaban vivo por ser guerrillero”.
Igualmente las estructuras paraestatales arremetían contra las personas que trataban de
huir de la región a las cuales interceptaban y daban muerte. Así ocurrió con ISRAEL NIÑO
TOLOSA, ALFONSO REYES MARIN, EUSEBIO MENDOZA, LUIS NEGRINES PATIÑO y
EDUARDO DIAZ LEON, asesinados el 22 de agosto cuando intentaban huir porque eran
testigos de las relaciones de los paramilitares con los militares.
La oleada criminal emprendida por los paramilitares se reanudó a mediados de
septiembre. El día 19, el campesino GABRIEL GAONA DELGADO fue desaparecido por
una tropa paramilitar. Un mes más tarde, el 14 de octubre, el campesino CESAR DARIO
JAIMES NEIRA fue asesinado en circunstancias desconocidas en la vereda El Centenario.
El 18 de diciembre, los campesinos JOSE MODESTO JIMENEZ y RITO ANTONIO RUIZ
ROA fueron asesinados por paramilitares; los cuerpos de los campesinos fueron dejados
en la vereda Rancho Grande. Sin embargo, los militares sindicaron al XII frente de las
FARC y señalaron que junto a los cuerpos se encontraron panfletos de dicha organización.
En el último trimestre del año continuaron los hostigamientos de las tropas paramilitares y
militares contra los pobladores del Carmen, principalmente en la vereda Cirales, ocupada
permanentemente por los paramilitares a finales del año.
1991
88

Las acciones guerrilleras, a pesar de ser ajenas a la voluntad de las gentes de este
municipio, venían a constituirse como el móvil principal de la violencia ejercida en su
contra por paramilitares que veían en cada campesino un subversivo disfrazado, por lo
que para ellos debía ser irremediablemente eliminado. Así, la mejor manera para estos de
responder a cada maniobra de la insurgencia era la muerte de cientos de campesinos
inocentes.
Durante el primer semestre de 1991 se realizaron intensos bombardeos en las veredas El
Toboso, El Cuarenta, Guamales, Tambo Redondo, La Colorada, Pamplona y El Filón.
Estos operativos fueron dirigidos por el Capitán Germán Pataquiva 78 , dejando un saldo de
167 campesinos desplazados, que se vieron conminados a abandonar sus veredas
refugiándose en el casco urbano del municipio de San Vicente. Las denuncias realizadas
por los campesinos afirman que en los campos de las veredas quedaban tendidos los
cuerpos de campesinos asesinados; sin embargo, es difícil establecer con claridad de
quienes se trataba, en vista de que cuerpos técnicos judiciales, Inspectores de Policía o
comisiones de la Procuraduría tenían vedado el acceso a la zona.
Por otro lado, en el transcurso del año los paramilitares conocidos como “Los Masetos” se
concentraron en la confrontación con el frente Capitán Parmenio del ELN, lo que arrojó
numerosas víctimas entre los campesinos, pobladores urbanos, líderes cívicos y
funcionarios públicos que eran acusados de ser colaboradores de la guerrilla 79 . En
especial, la llegada de los paramilitares a la vereda La Salina, donde además funcionaba
una base militar, causó el éxodo de varias familias, pues los paramilitares obligaban a los
campesinos a vincularse a su organización. Entre los paramilitares fueron identificados
Nilson Ávila Cordero, Luis Antonio Cárdenas y Eulises Ávila.
La lógica de la paranoia contrainsurgente y la implicación total de la población en esa
lucha, llevó a que los vecinos de la misma localidad dijeran que aquellos exiliados, por su
falta de colaboración contra la insurgencia eran auxiliadores de la misma; esto lo retrató el
testimonio del hermano de un ex alcalde de El Carmen: “Es nuestra misión comunicarle al
ejército donde está la guerrilla. Las personas que se fueron para Bucaramanga y otras
ciudades, eran colaboradores de la guerrilla. Ellos informaron en la capital que los
obligaron a patrullar en los grupos paramilitares, pero eso es falso.” 80
Las vereda La Bodega en El Carmen, así como las veredas Pamplona y Pamplonita de
San Vicente, eran el centro de operaciones del MAS y el ejército, quienes mantenían
amenazados de muerte a los campesinos si no colaboraban con la construcción de las
bases de los paramilitares, las que finalmente lograron instaurar el 20 de mayo de 1991. 81
78
Grupo de Trabajo Nororiental de Derechos Humanos. Bucaramanga. Enero 30 de 1992.
79
Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia. Nordeste antioqueño y Magdalena Medio, Bogotá,
1993. p. 113.
80
Vanguardia Liberal. “El problema es con la guerrilla”. Junio 6 de 1991.
81
Partido Comunista Colombiano-Regional Santander. Informe de la situación de San Vicente de Chucurí.
1992.
89

A partir de 1991, las fuerzas militares patrullaron descaradamente en compañía de
paramilitares y dieron curso a una intensa campaña para involucrar a la población en la
lucha contrainsurgente. Entre marzo y julio, se vendieron armas en la base militar de El
Carmen, cuyo precio oscilaba entre $270.000 y $500.000, y su uso, según los militares era
indispensable para “combatir a la guerrilla”; esta exigencia de que la población portara
permanentemente armas fue respaldada por el General Gil Colorado, Comandante de la V
Brigada y por el Coronel Nelson Rodríguez, Comandante del Batallón Luciano D' Elhuyar,
el 23 de marzo en un discurso dirigido a toda la población. 82
A raíz de la visita del Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia, el Comandante de las
Fuerzas Militares y el Gobernador de Santander al casco urbano de El Carmen, una mujer
campesina llamada MYRIAM fue desaparecida por miembros del ejército. Myriam se
atrevió a decir en público que “en El Carmen había policía, ejército, guerrilla y
paramilitares y que matan a la gente y que no se sabe quiénes serán”. Este caso fue dado
a conocer en una denuncia presentada por un testigo anónimo el 4 de mayo de 1991 en la
Dirección Nacional de Instrucción Criminal de Bogotá, quien dijo haber visto cuando el
capitán Avendaño le tomó varias fotografías y desde ese día la mujer desapareció.
Ese mismo año, en fecha sin precisar, el grupo paramilitar los Masetos en asocio con
militares y el alcalde de El Carmen, Jairo Luque, asesinaron al campesino PASTOR PITA
cuando venía de San Vicente en un bus intermunicipal. Los paramilitares lo detuvieron y lo
bajaron del bus, lo ataron de pies y manos y lo llevaron a una loma. Allí permaneció desde
las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. cuando llegó una camioneta enviada por el alcalde con
más de 15 personas a bordo, difícilmente identificables por la oscuridad. A Pastor lo
obligaron a subirse a la camioneta y al día siguiente su cuerpo apareció en la vereda El
Topón cerca a una base paramilitar con varios impactos de bala en todo el cuerpo. La
denuncia fue hecha ante la Dirección Nacional de Instrucción Criminal de Bogotá por un
soldado que había prestado servicio en la población y que mantiene reservada su
identidad.
Durante el mes de enero se realizaron varias operaciones conjuntas entre las tropas del
ejército y las estructuras paramilitares; el objetivo de estos patrullajes, durante los cuales
intimidaron a la población campesina era, según lo anunciaron, dar a conocer el proyecto
paramilitar y adherir a los campesinos a sus tropas. Ante la negativa de los campesinos, la
comisión de CLH por parte del ejército y las fuerzas irregulares no se hizo esperar. El 21
de enero, DOS CAMPESINOS fueron detenidos, torturados y amenazados por miembros
del ejército, entre ellos el cabo Gilberto Ávila, y paramilitares del grupo Los Masetos entre
los que se encontraban Isidro Carreño Estévez y Gabrielina Ariza. Los dos campesinos
fueron bajados del bus en que se movilizaban de El Carmen hacia Barrancabermeja y
conducidos a la base paramilitar de dicho grupo, ubicada a unos 50 metros de la base del
ejército. Allí fueron golpeados mientras que los insultaban y amenazaban. Luego los
obligaron a comprar un arma y unirse a los paramilitares, so pena de muerte.
82 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Boletín abril-julio de 1991,
Barrancabermeja. p. 2
90

Uno de los campesinos interpuso la demanda ante la Unidad Investigativa de Orden
Público de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal en la ciudad de Bucaramanga, en
la cual se acogió al procedimiento de la declaración con la reserva de identidad por el alto
riesgo que corría su vida. El campesino logró reconocer como responsables al cabo del
ejército Gilberto Ávila y los paramilitares Isidro Carreño Estévez y Gabrielina Ariza.
Durante la detención, el agricultor pudo apreciar el entrenamiento que los militares
proporcionaban a los niños del pueblo donde los obligaban a correr gritando consignas
contra la guerrilla.
Anteriormente el campesino había presenciado el momento en que un grupo de
paramilitares de los Masetos bajaba al pueblo trasportando un herido. Entre ellos se
encontraba Alejandro Muñoz, Israel Ruiz, Orlando Beltrán Luque y el alcalde de la
población Jairo Beltrán Luque. También era conocedor del asesinato del joven Filemón
Cala en manos de los paramilitares y de la utilización de la base militar del ejército como
cuartel general de los paramilitares hasta que ellos construyeran otra para su uso
exclusivo. El campesino constató el apoyo del Teniente Orlando Pulido y el capitán
Pataquiva con el grupo paramilitar; además reconoció al capitán Gilberto Ibarra Mendoza
que en compañía de Isidro Carreño presidía las reuniones y el coronel Gil Colorado que
ofrecía armas a los pobladores que se vincularon a la organización paramilitar.
El ejército colaboró directamente con los paramilitares realizando con ellos reuniones y
censos; “ante los resultados negativos (la casi nula adhesión al grupo), el personal militar y
Los Masetos optaron por citar en el caso urbano a los habitantes de estas veredas bajo
amenazas, afirmando que debían asistir y censarse con toda la familia o serían tratados
como delincuentes, pues si no lo hacían con esa actitud demostraban no querer nada con
el gobierno y las fuerzas armadas” 83 . El 3 de febrero, el Capitán Ibarra, comandante de la
base militar y el Teniente Coronel Néstor Rodríguez, comandante del batallón Luciano
D'Elhuyar reunieron en la escuela a los pobladores y campesinos del municipio y en medio
de amenazas y malos tratos los obligaron a censarse, mientras que los paramilitares del
grupo los Masetos, como Helio Pacheco y Zoilo Parra se paseaban por las calles con
plena tranquilidad 84 . Aquellos pobladores que no asistían a tales reuniones, eran visitados
en sus casas por el Capitán Ibarra personalmente, escoltado por paramilitares. Este tipo
de reuniones también se repitieron con los transportadores, para que estos se
comprometieran con el ejército a ser sus informantes y movilizaran militares 85 .
Dos semanas más tarde, el 14 de febrero, un CAMPESINO fue encontrado muerto. Luego,
el 21 de febrero, el campesino ALFONSO RUEDA de 55 años fue asesinado en la vereda
Nueva Granada, jurisdicción del Corregimiento El Tobo. Un día más tarde, el 22 de
febrero, otro CAMPESINO fue encontrado muerto. Poco a poco la violencia se incrementó
en la población lo que ocasionó mayores desplazamientos forzados. El 31 de marzo, un
CAMPESINO residente de la vereda Aljibes fue retenido y luego desaparecido por
83 Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar..., Op. cit. p. 24.
84 Carta dirigida a la Gobernadora de Santander Clara Elsa Villalba de Sandoval por algunos pobladores de
la región chucureña firmada por ANUC-Bca, ADUC, USO, SINTRAEMPOSAN, USITRAS CREDHOS, CSPP,
Albergue de Campesinos, AMUC-MM y Coordinadora Campesina. San Vicente, mayo 16 de 1991.
85 Comité Cívico por la Defensa de los Derechos Humanos. Febrero de 1991.
91

paramilitares cuando fue obligado a bajarse del bus en que viajaba, en la vía que conduce
a la vereda El Quinal. Pocos días más tarde, el 2 de abril, sería asesinado el campesino
JAIME CORTES LUNA, por 7 hombres fuertemente armados que llegaron a su vivienda
ubicada en la vereda El Aljibe. Posteriormente, el mismo grupo daría muerte a NELSON
SERRANO RANGEL en la vereda Rancho Grande-
En fecha no precisada de ese año, YOLANDA SAAVEDRA de 13 años y su hermana
OLGA SAAVEDRA de 10 años, fueron violadas por el paramilitar del grupo Los Masetos
Luis Antonio Cárdenas. Este tipo de crímenes se cometían con el fin de presionar a las
familias campesinas a colaborar con los paramilitares. 86
En los últimos días del mes de abril fueron obligadas a abandonar sus viviendas varias
familias del casco urbano del Carmen. “El día 27, familias de la vereda Delicias Alto salen
en éxodo ante la presencia de los paramilitares que exigieron el pago de impuestos y
ordenaron el reclutamiento de campesinos” 87 . Al mismo tiempo, las tropas del batallón
Silva Plazas con sede en Boyacá ocuparon la población.
A comienzos del mes de mayo los paramilitares obligaron a los habitantes de la zona rural
a pagar los impuestos que les habían exigido desde mediados del mes anterior, afirmando
que necesitaban una cuota de apoyo para la compra de armas. Desde 6 de mayo, las
tropas del Batallón Luciano D’ Elhuyar en compañía de la Brigada Móvil No 2. realizaron
varios ametrallamientos contra los campesinos en los sitios conocidos como “La Estrella” y
“La Punta” de la vereda Pamplonita 88 . El 6 de mayo de 1990, en la vereda La Bodega, el
guerrillero HUMBERTO HIGUERA AVILA fue asesinado por miembros del ejército y
paramilitares que iban al mando del Capitán Gilberto Ibarra Mendoza y el reconocido
paramilitar de la región Helio Pacheco. Humberto había manifestado que se rendía, pero
Pacheco expresó que “no le perdonaba la vida a ningún guerrillero” y le disparó.
El 19 de mayo de 1990, ANGELMIRO HERNANDEZ RIVERO y otros tres CAMPESINOS,
fueron detenidos y desaparecidos por un grupo paramilitar con la colaboración de
miembros del ejército pertenecientes al batallón Luciano D'Elhuyar en la Inspección de
Policía El Centenario.
Dos días después de la desaparición de los campesinos, el 18 de mayo, un grupo de
paramilitares pertenecientes a Los Masetos obligaron al campesino PABLO
COLMENARES CORDERO de 21 años a combatir junto a ellos en la vereda Pajuiles y a
conducirlos por los campos minados encabezando la tropa. Al estallar una mina Pablo
perdió una pierna y falleció posteriormente.
86 Denuncia presentada por un testigo anónimo ante la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Bogotá
D.C. Mayo 4 de 1991.
87 Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar... Op. cit.
88 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Boletín abril-julio de 1991,
Barrancabermeja. p. 5.
92

El mismo 18 de mayo se llevó a cabo el Foro por la Vida, la Paz y la Convivencia
Ciudadana, donde se denunciaron los crímenes cometidos por los hombres del batallón
Luciano D' Elhuyar. La arremetida de los agentes paraestatales contra los participantes del
Foro no se hizo esperar y en los días posteriores a su realización decenas de campesinos
fueron amenazados y obligados a abandonar el municipio.
El 24 de mayo, los pobladores de La Bodega denunciaron que en la escuela del lugar, de
35 niños que estudiaban sólo quedaban 6 debido a que Los Masetos le dijeron a la
profesora que los niños mayores de 12 años tenían que unírseles, esto llevó a los padres a
retirar a los niños de la institución. En la misma denuncia se anotó que a sólo media hora a
pie del campamento de Los Masetos, ubicado en la finca del señor José de la Cruz Silva,
se encontraba una patrulla del batallón Luciano D’ Elhuyar, acantonada en la finca de Eva
Meza. Además, se denunció que al campamento de ese grupo llegaban viajes de
helicópteros militares con hombres para engrosar sus filas. A todos los habitantes de la
región los tenían amenazados y les prohibieron contactar organismos defensores de los
derechos humanos.
El 9 de agosto de 1991, los residentes de la vereda Los Aljibes, fueron citados en horas de
la mañana por grupos paramilitares que les exigieron que los llamaran “Autodefensas
Campesinas”, bajo amenazas de muerte para quien no lo hiciera. En un potrero rodeado
por militares, los paramilitares insultaron a los pobladores y los llamaron “alcahuetes de la
guerrilla”. Les dijeron que si desde ese día en adelante les llegaba a pasar algo, el dueño
de la finca donde pasaran los hechos debía “responder por su muerte”, en caso de quedar
herido, debía costear los gastos médicos. Simultáneamente, ese día, en la base de El
Carmen, al mando del Capitán Ibarra, reunieron a los campesinos de la vereda La Salina,
en donde los Masetos les hicieron similares advertencias. 89
Los hostigamientos contra la población del Carmen se reanudaron en el mes de
septiembre. El día 6, los paramilitares llegaron hacia las 8 p.m. a la casa del campesino
JOSE DEL CARMEN LOPEZ ARIZA y su padre JOSÉ DEL CARMEN LOPEZ ZABALA, y
los obligaron a irse con ellos; padre e hijo permanecieron desaparecidos durante varios
días hasta que sus cuerpos, que tenían las manos atadas, fueron encontrados en el sitio
conocido como El Topón, a unos 15 kilómetros del casco urbano.
En ese mismo mes, la educadora de la escuela rural de la vereda Cuarenta, DEYANIRA
GONZALEZ URIBE, fue amenazada por efectivos del ejército, quienes además allanaron
su residencia. El 20 de septiembre del mismo año, el joven Ángel Gualdrón le comentó en
la escuela que la señora Paulina de Oviedo le había dicho que el alcalde Jairo Beltrán, la
directora del núcleo educativo Leonor Maldonado y su secretaria Clara, afirmaban que las
profesoras de la vereda eran guerrilleras y que por eso era mejor que se fueran.
A la semana siguiente Deyanira fue a la alcaldía y conversó sobre esos rumores con el
alcalde. Él lo negó todo y mandó llamar a la señora Paulina de Oviedo. Ella se retractó de
89 Corporación Chucureña para la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Julio de
1992.
93

lo dicho y afirmó que eso lo había escuchado no del alcalde ni de la señora Leonor, sino
de otras personas. Todo terminó como un malentendido, sin embargo pocos días fue
allanada su residencia. Durante el operativo le interrogaron a la profesora sobre la
guerrilla. Al final le advirtieron que se fuera. Deyanira terminó el año escolar y se trasladó a
Bucaramanga, donde recibió dos llamadas en las que le prohibían regresar a El Carmen.
Mientras tanto, los paramilitares comenzaron a exigir el pago de impuestos a los
comerciantes y pobladores del casco urbano del municipio, dinero que según ellos sería
asignado a la compra de fusiles para patrullar la zona.
A partir del jueves 14 de noviembre de 1991, día en que tropas del ejército pertenecientes
a la Brigada Móvil No. 2 ingresaron a las veredas El Toboso y El Cuarenta, los
campesinos empezaron a vivir mayores días de angustia y desasosiego en medio de los
enfrentamientos con fuerzas insurgentes. Los helicópteros ametrallaban potreros y
cultivos, mientras que los paramilitares instalaron un retén en la vía que conduce de San
Vicente a El Carmen. Los enfrentamientos continuaron y se intensificaron con el
desembarco de tropas el miércoles 21 en el cerro de Campo Hermoso; la mayoría de los
campesinos corrieron a refugiarse a la escuela de la vereda El Cuarenta, pasando
penurias sanitarias.
A finales del año, el 7 de diciembre, el campesino LORENZO SAAVEDRA GARAVITO fue
asesinado por paramilitares del grupo Los Masetos en la vereda La Laguna; la esposa e
hija de Lorenzo fueron violadas por los efectivos del ejército. El 28 de diciembre,
GILBERTO BARBOSA CASTILLO de 21 años y su hermano LUIS AMBROSIO BARBOSA
CASTILLO de 17, fueron sacados violentamente de su casa, ubicada en la finca Las
delicias, vereda El Centenario, por el jefe paramilitar “El Canoso Parra” del grupo los
Masetos, para llevarlos a El Carmen porque, según les dijeron, “debían ir a prestar
seguridad”, servicio que efectivamente prestaron en un sitio llamado El Porvenir, cerca al
casco urbano.
Unas semanas después, Ambrosio y Gilberto pidieron permiso para ir a visitar a su familia,
pero no volvieron a presentarse a la base donde los paramilitares se habían establecido,
de modo que el 12 de enero de 1992 varios paramilitares, entre ellos Helio Pacheco, Elías
Estrada y Pedro Castillo fueron a buscarlos y los encontraron en la vereda El Centenario,
donde sus padres tenían una finca llamada Las Delicias. Allí los subieron a un carro y
posteriormente los asesinaron. Gilberto ya había sido llevado en 1989 a patrullar con los
paramilitares en la vereda La Explanación. La denuncia por estos asesinatos fue
presentada por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz ante el juez 14 de Orden
Público de Cúcuta.
En la media noche del 31 de diciembre, la guerrilla del ELN voló cuatro puentes que
comunicaban a El Carmen con la capital santandereana, Barrancabermeja y San
Vicente 90 . Este hecho generó un bloqueo económico de casi dos meses, lo que impidió la
comercialización de los productos que se dan en el área con los perjuicios para la
90 Vanguardia Liberal. Bucaramanga. Enero 17 de 1992. p. 8A.
94

economía de cada una de las familias campesinas que perdieron sus cosechas y elevó
exageradamente los precios de aquellas mercancías que se llevaban al municipio, que un
mes después ya escaseaban en la localidad. Tras un pronunciamiento de la guerrilla, se
supo que este tipo de acciones lo que buscaban era evitar el aprovisionamiento de
alimentos a los grupos paramilitares que operaban en la zona rural, que durante los meses
siguientes tuvieron un revés tras la muerte de uno de sus mayores comandantes. 91
1992
“Nosotros no hacemos nada pero los que vienen detrás si hacen”.
Capitán Gilberto Ibarra Mendoza, Comandante Base Militar de El Carmen 1991-1992
A partir de 1992 la ofensiva paramilitar, bajo el pretexto de combatir a los movimientos
guerrilleros, implicó el exterminio del movimiento obrero, sindical y de derechos humanos,
acudiendo a las masacres, asesinatos selectivos, amenazas e incursiones donde se hacía
presencia y patrullajes constantes. 92
Las tropas de la Brigada Móvil No. 2 y los paramilitares de Los Masetos recorrieron la
zona limítrofe entre El Carmen y San Vicente de Chucurí llevando consigo listas de
miembros de la ANUC-UR, para asesinarlos. Luego de analizar algunas coincidencias, los
campesinos dedujeron que dicha lista fue elaborada a partir de las quejas, declaraciones y
denuncias que obraban en el Juzgado 130 Penal Militar adscrito al batallón Luciano
D'Elhuyar.
Los hostigamientos del paramilitarismo se incrementaron durante los meses de enero a
mayo de 1992, durante los cuales 270 personas de El Carmen y San Vicente salieron de
la región por el asedio paramilitar y la intensificación de la confrontación armada 93 . Incluso
estos desplazados acudieron a acciones como la toma de organismos públicos para llamar
nuevamente la atención del Estado sobre el avance del paramilitarismo y la situación
indefensa en que el campesinado se encontraba. 94
En el transcurso de enero, 40 familias campesinas abandonaron dos veredas de El
Carmen y se instalaron en la Casa Campesina de San Vicente, la mayoría eran niños y
personas ancianas. El éxodo comenzó debido a la presión grupos paramilitares. Mientras
tanto, el transporte hacia El Carmen se encontraba suspendido porque no había garantías
de seguridad.
91 Vanguardia Liberal. Bucaramanga. Enero 3 de 1992. p. 1A.
92 CINEP. Memorias: violencia política y alternativas de paz para el Magdalena Medio santandereano.
Barrancabermeja. p. 81 y 82. 1992.
93 Personería Municipal de San Vicente de Chucurí. Oficio No. 062. Lida Edme Rodríguez Rincón. Enero 27
de 1992.
94 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Barrancabermeja, agosto
de 1992. p. 8.
95

“Nos vinimos pa’ no empuñar las armas, porque si uno no quiere se lo llevan amarrao. Los
de eso son Los Masetos que vienen por allá del lado de arriba de Angosturas y San Juan
Bosco La Vereda (sic)”, narró un niño que llegó a la Casa Campesina. Voceros de la
Corporación Chucureña de Derechos Humanos, señalaron que en los sitios de El Toboso
y Berlín de El Carmen, el ejército instaló bases militares en fincas de varios campesinos y
en las escuelas de la localidad. También dieron a conocer el caso de Leonardo Osorio, un
anciano campesino de 80 años que se suicidó cortándose las venas, después de estar
muchos días en su finca sin que los paramilitares lo dejaran salir. 95
En algunas veredas se presentó el caso de campesinos que para no abandonar sus tierras
debían pagar considerables sumas de dinero como impuesto a los paramilitares; estos
ascendían para los jornaleros a 2.000 pesos mensuales; para pequeños propietarios de
fincas entre 5.000 y 20.000 pesos mensuales; cuando se trataba de finqueros con mayor
capacidad, les exigían sumas de hasta 200.000 pesos. Los paramilitares buscaban que
cada propietario comprara una carabina tiro a tiro con doscientos cartuchos por 280.000
pesos o una carabina de dos tiros con doscientos cartuchos por 500.000 pesos. 96 Las
veredas La Danta, El Toboso, El León y Los Aljibes para 1992 estaban casi desoladas.
En los primeros días de febrero las tropas de los batallones Luciano D’ Elhuyar, Nueva
Granada y la Brigada Móvil No. 2, militarizaron la población del Carmen. “Los centros
educativos tanto en el casco urbano como en las veredas, no iniciaron las labores
corrientes, ante la ausencia de personal docente y el desplazamiento forzado de decenas
de familias a otras regiones” 97 . La situación se agravó en los días siguientes, cuando
varios habitantes que se negaron a colaborar con Los Masetos tuvieron que abandonar el
municipio. Cansados del sometimiento al que fueron sometidos por los agentes
paraestatales varios campesinos denunciaron ante el Consejero Presidencial para Asuntos
de la Paz, Horacio Serpa Uribe, “la presencia de 14 bases paramilitares en los sitios de
Sabanales, El Topón, El Cuarenta, El Toboso, Hojarasca, El Quinal Alto y la Bodega,
instancia que ha sido expuesta a voceros militares sin hallar soluciones efectivas 98 .
El 1 de marzo, los campesinos BENJAMIN CASTRO y CARMEN CASTRO fueron
amenazados por tropas del ejército conjuntamente con paramilitares en la vereda Tambo
Redondo. Luego, desde el 11 de marzo. Los Masetos y las unidades militares de la
Brigada Móvil No.2 instalaron una base en la vereda La Salina, cerca de la escuela rural.
En los días siguientes una comisión internacional se desplazó a la vereda y constató la
presencia paramilitar. Cuando la delegación transitaba cerca de la base las tropas de
ejército les impidieron seguir avanzando. Entretanto, el ejército patrulló por la vereda
intimidando a los campesinos y prohibiéndoles que se entrevistaran con la comisión.
El 18 de marzo, pocos días después de la visita de los delegados internacionales, los
campesinos JORGE ELIECER CALA REYES de 17 años y su hermano LUIS FERNANDO
95 Vanguardia Liberal. Bucaramanga. Enero 15 de 1992. p. 10A y 1A.
96 Grupo de Trabajo Nororiental de Derechos Humanos. Bucaramanga, enero 30 de 1992.
97 Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El Proyecto Paramilitar... Op. cit.
98 Vanguardia Liberal. Bucaramanga, lunes 10 de febrero de 1992. p.2B.
96

CALA REYES tuvieron un altercado con un compañero de trabajo que los acusó ante el
alcalde del municipio de El Carmen Jairo Beltrán y éste los entregó al comandante de los
paramilitares Helio Pacheco, quien sancionó a Luis Fernando con tres meses y a Jorge
Eliécer con seis meses de patrullaje. En cumplimiento de la sanción murió Jorge Eliécer al
pisar una mina antipersonal. En este hecho también murieron un Teniente y un soldado del
ejército. Estos dos hermanos estaban al frente de la finca de su familia ya que sus padres
tuvieron que salir de la región por las continuas amenazas y hostigamientos que sufrieron
luego del asesinato de Filemón, un muchacho que hacía dos años había sido torturado
hasta la muerte por los paramilitares.
La hegemonía paramilitar en El Carmen
El domingo 29 de marzo de 1992, a las 11:00 a.m. se aproximaron al municipio El Carmen
de Chucurí cinco helicópteros que llevaban a bordo funcionarios judiciales, miembros del
DAS, Policía Judicial y Policía Elite para hacer efectivas 26 órdenes de captura proferidas
por la funcionaria instructora 5358, luego de que el padre Jesuita Javier Giraldo Moreno
formulara denuncia ante el juez de orden público radicado en Cúcuta y ante el Director de
Instrucción Criminal contra el alcalde Jairo Beltrán y otros dirigentes de la localidad.
Los helicópteros aterrizaron en la cancha de fútbol, cerca de la base militar y de las calles
principales. Los funcionarios acompañados de las demás autoridades judiciales
recorrieron el pueblo en los automóviles del municipio deteniendo a los sindicados de
conformación y apoyo a grupos paramilitares en la región. Mientras tanto, los familiares de
los detenidos y demás pobladores rodearon los helicópteros para ultrajar con cuchillos,
puños y patadas a los funcionarios judiciales, al tiempo que otros hombres vestidos de civil
mezclados entre la multitud amenazaban armados con fusiles con dispararles.
Las tropas militares acantonadas allí al mando del Capitán Avendaño, quien también se
encontraba en el lugar permanecieron inmóviles ante las acciones de la horda.
Finalmente, las personas que habían sido detenidas fueron arrebatadas del poder de los
funcionarios judiciales, quienes tuvieron que salir improvisadamente del lugar sin lograr
hacer efectiva ninguna orden de captura.
En este caso vemos como mecanismo de impunidad que los medios de comunicación,
específicamente el diario El Tiempo, unas semanas más tarde publicó un extenso artículo
que reseña la situación de El Carmen y hace referencia al operativo del 29 de marzo como
uno más de los casos montados para “empapelar a los oficiales del ejército en lo que se
ha dado en llamar el síndrome de la Procuraduría”. Esta versión confirmó el arribo al
pueblo de 5 helicópteros el domingo a las 11:00 a.m., día de mercado y señaló que los
habitantes del municipio “pensaron que se trataban de las brigadas de salud enviadas por
la Quinta Brigada desde Bucaramanga” por lo que la multitud se agolpó “alegremente” en
torno a los recién llegados. En el artículo también se afirmaba que un enjambre de
hombres salió apuntando con sus armas por donde pasaban acompañados de seis
hombres encapuchados o con la cara tiznada, provistos de grandes anteojos oscuros con
montura azul celestes que les servían de guías y que durante el operativo en el que se
97

mostraron “muy activos”; conocían de antemano cuáles eran las casas que visitarían para
hacer efectivas las ordenes de captura.
El diario señaló que los hombres detenidos y sacados de sus casas con las manos
esposadas eran conocidos por todos el pueblo; la detención que más sorprendió fue la del
alcalde Jairo Beltrán cuando un agente vestido de civil y un uniformado “le pusieron una
pistola en la nuca, lo esposaron y lo metieron como un vulgar reo en la camioneta del
municipio”.
El Tiempo anotó que los campesinos reaccionaron al reconocer entre los encapuchados
al padre Bernardo Marín y a los guerrilleros Orlando Rueda Argüello y Arsenio Solano que
fueron identificados por más de cinco personas, entre ellos el personero, que dijo que
había reconocido al padre por el cuerpo, la voz y la cabeza cuando se quito la gorra. El
diario afirmó que había certeza de que en la operación participaban guerrilleros, lo que
movió a cerca de dos mil personas a impedir que los enmascarados se llevaran a su
alcalde y los demás detenidos, excepto uno que ya estaba dentro de un helicóptero, pues
“se los arrebataron de las manos a los agentes, que no se atrevieron a usar sus armas.
Tampoco los enmascarados, que, al contrario, debieron llenarse de temor al ver la furia de
la multitud”. Luego de que los helicópteros despegaran no pudieron volver a aterrizar pues
la multitud llenaba la pista. Las tropas militares acantonadas allí no intervinieron porque
“están allí para proteger al pueblo de la guerrilla y no para ponerse a órdenes de esta
última, a través de guerrilleros enmascarados”.
La versión oficial del ejército manifestó que campesinos que reservan su identidad como
medida de seguridad han suministrado versiones ante el alcalde y el ejército que señalan
que fueron capturadas entre 20 y 25 personas de Tambo Redondo, Pamplona, La
Colorada, Salinas, El Filón y El Marcito por la guerrilla en el mes de febrero para que
denunciaran en contra de Jairo Beltrán y otras personas y que luego fueron trasladadas a
Barrancabermeja.
El alcalde se presentó ante el juez de orden público quien ordenó su detención. Jairo
Beltrán declaró que “la comunidad identificó a cuatro subversivos de la región que venían
enmascarados y uniformados, entre ellos, Orlando Argüello y el sacerdote Bernardo
Marín”. En cuanto a las personas que iban a ser detenidas, el alcalde indicó que se
encontraba Arnulfo Moreno a quien se habían llevado y cuyo paradero se desconocía.
El 2 de abril de 1992 la Diócesis de Barrancabermeja, en cabeza del Obispo Juan
Francisco Sarasti, envió un comunicado a la redacción del periódico Vanguardia Liberal
aclarando que el padre Bernardo Marín se encontraba fuera del país, ante las
declaraciones hechas públicamente por el alcalde Jairo Beltrán que señalaban al religioso,
antiguo párroco de la localidad, como uno de los encapuchados que había participado en
el operativo del 29 de marzo.
Igualmente la Compañía de Jesús, el 15 de noviembre de 1992 en una declaración a la
opinión pública firmada por el Superior Provincial José Adolfo González P., S..J. confirmó
que el padre Bernardo Marín a la fecha del operativo se encontraba fuera del país y
98

echazó las impugnaciones contra el padre Javier Giraldo Moreno de presentar
acusaciones y testimonios tendenciosos ante las autoridades judiciales.
Un campesino de la región declaró el 4 de mayo de 1992 ante la Dirección Nacional de
Instrucción Criminal en Bogotá D.C. que también presenció cuando el 29 de marzo de
1992 llegaron varios funcionarios judiciales en helicópteros que aterrizaron en la cancha
de fútbol para hacer detener a varios miembros del grupo los Masetos. El campesino
escuchó cuando un oficial del ejército, ante la detención de algunos paramilitares de ese
grupo, le decía a un soldado: “si le preguntan algo, diga que usted no sabe nada”. Mas
tarde, un “Maseto”, Ricardo Boada, invitó a la gente a reunirse en la cancha de fútbol para
evitar que se los llevaran. De modo que la gente se conglomeró y arrebataron a los
detenidos mientras que Tránsito Mejía y Fany Ruiz tomaban fotografías a los jueces. Al
mismo tiempo los militares le hacían señas a la gente para que se agolpara en la cancha
de fútbol con el resto de la multitud.
El campesino escuchó cuando Marina Rueda, esposa de Israel Ruiz, uno de los detenidos,
afirmó que le había dado golpes a una juez y vio cuando Mariano Rueda, otro miembro de
los Masetos iba a disparar y cómo otros hombres preparaban cuchillos. El campesino
cuenta que luego de que los funcionarios pudieran huir, Los Masetos hicieron un retén
para obligar a la gente a reunirse en la cancha de fútbol, allí obligaron a los pobladores a
firmar papeles para denunciar a algunas personas del pueblo. Fue en ese momento
cuando escuchó que la población debía afirmar que habían ido en el operativo con los
jueces el catequista Orlando Rueda y el párroco Bernardo Marín y quien dijera que no los
había visto era tildado de guerrillero. Cuenta que luego habló el capitán Avendaño y les
dijo que se había cometido un error, pero al recibir en respuesta silbidos, les dijo que no se
preocuparan, que el proyecto seguía adelante.
Otro campesino, refiriéndose a lo sucedido el 29 de marzo, dijo que los habitantes de la
población sabían desde 3 días antes que el operativo se llevaría a cabo, pues Danilo
Granados pasó por las casas invitando a esconder las armas. Además, cuando intentaron
capturar a los líderes paramilitares, los militares llamaban a la población para que se
acercaran a la cancha de fútbol y no dejaran llevar a los detenidos. Después de que se
fueron los funcionarios él escucho el rumor de que varias personas de El Carmen, entre
ellas el anterior párroco Bernardo Marín, el catequista Orlando Rueda y una religiosa suiza
que había trabajado allí iban disfrazados de policía con la comisión judicial.
FUENTES:
El Tiempo. “La increíble y triste historia de El Carmen”, noviembre de 1992 (fecha
probable)
Vanguardia Liberal, abril 7 de 1992. “Iglesia desmintió versión del alcalde”. Carlos A.
Suárez G.
CREDHOS. Boletín: Abril, Mayo, Junio y Julio de 1991.
Listado de Casos de El Carmen. p. 14
Los campesinos que se negaban a colaborar con los paramilitares eran asesinados. Las
órdenes de asesinato de ese año fueron impartidas por el paramilitar Gilberto Ávila, alias
99

“Sergio”. Entre los campesinos asesinados se encontraban: ROBERTO DIAZ MESA de 50
años, asesinado el 7 de abril en la vereda Rancho Grande e IGNACIO ORTIZ CASTILLO,
asesinado el 4 de junio en la vereda Filo de Oro.
El 10 de junio de 1992, el Comandante del puesto militar de la vereda Sabanales, citó a
una reunión a los pobladores de siete veredas a la cual asistieron unas 150 personas. En
dicha reunión, JUAN GÓMEZ protestó por una serie de atropellos cometidos hacía algunos
días por parte de un grupo paramilitar, pues habían entrado a su casa y le habían robado $
200.000. Juan presentó un memorial de protesta que había redactado donde también
denunciaba los atropellos a que estaba sometida la gente de la vereda Los Aljibes en San
Vicente. Posteriormente, el 20 de junio, Juan sería asesinado en la vereda Sabanales por
una patrulla mixta de Masetos y ejército, entre la que se encontraban los paramilitares
Emerson Fandiño Soto, Omar Rivero y Juan Carlos, protegidos por la base militar de
Rancho Grande, quienes le propinaron 6 disparos de fusil. Sobre su cuerpo pusieron una
banda con las siglas del ELN. Un día más tarde, el 21 de junio, el paramilitar Elí Franco,
perteneciente al grupo los Masetos, asesinó a DOS CAMPESINOS en la escuela Santo
Domingo de Tambo Redondo.
A pesar de los permanentes llamados de atención sobre el avance paramilitar con la
colaboración de las fuerzas militares que los campesinos expresaban a través de
organizaciones sociales y de denuncias ante instancias judiciales, los jornaleros debían
observar con gran dolor cómo aumentaban las amenazas, los asesinatos, las
desapariciones y los desplazamientos. Por ejemplo, en la semana del 14 al 20 de
septiembre de 1992, los campesinos NELSON MEJIA, CIRO PINZON y JORGE PINZON,
fueron amenazados por paramilitares del grupo Los Masetos al mando de Manuel Castro y
Carlos Ardila en las veredas Cascajales Bajo, El Edén, Rancho Grande y El Chucho. Los
paramilitares les dieron 48 horas para abandonar la región. Poco tiempo después, estos
paramilitares siguieron su recorrido finca por finca invitando a las reuniones que ellos
realizaban e intimidando a los campesinos para que compraran armas, patrullaran con
ellos y les pagaran impuestos que se tasaban según el trabajo y las pertenencias del
lugareño. 99
Durante el mes de agosto fueron establecidas bases paramilitares en las siguientes
veredas: San Luis, Tambo Redondo, La Colorada, Llana Caliente, Cantagallos y
Guamales. Los paramilitares reunieron a los campesinos y les dijeron que
obligatoriamente tenían que comprar armas, participar en patrullajes y pagar impuestos;
los miembros de la ANUC-UR fueron señalados de ser guerrilleros y constantemente eran
hostigados por los grupos paramilitares.
El 10 de octubre los paramilitares citaron a una reunión obligatoria a los campesinos de la
vereda Cascajales. Desde el 20 de octubre el ejército inició operativos que comprendieron
bombardeos, ametrallamientos y ataques con mortero de tanque cascabel en las veredas
99 Comunicado a la opinión pública del Albergue de Campesinos Damnificados por la Guerra Sucia en el
Magdalena Medio. Barrancabermeja. Octubre 7 de 1992.
100

San Luis, El Veintisiete, Alguibes y Salina afectando los cultivos, asesinando animales y
generando gran zozobra entre la población.
CLEMENTE DIAZ GOMEZ y su hermano FELIPE DIAZ GOMEZ, eran campesinos que
vivían como colonos, cada uno en su rancho en la vereda El Cuarenta. Inesperadamente,
el 19 de noviembre, Clemente desapareció y cinco días después apareció su cuerpo
semienterrado. Felipe fue asesinado el mismo día cuando preparaba sus herramientas
para irse a trabajar. Los paramilitares se presentaron en su vivienda encapuchados y le
dispararon. Días antes les habían dicho que se tenían que ir de allí porque les iban a
quitar todo. Al parecer Clemente había denunciado algo relacionado con las acciones de
los grupos paramilitares.
Antes de terminar el año, el 2 de diciembre, el campesino OMAR EDUARDO PINZON de
21 años fue asesinado de varios impactos de bala por paramilitares del grupo los Masetos,
en la vereda Cascajales.
1993
El control sobre la zona implementado por las tropas militares implicaba la restricción de
las libertades fundamentales de los pobladores, quienes debían presentarse a las
instalaciones del batallón para someterse a intensos interrogatorios, e incluso, a los
maltratos y ultrajes de los militares. Pero el radio que abarcaba el hostigamiento era más
amplio: partidos de oposición, medios de comunicación y demás sectores sociales también
se transformaron en objetivos de esta arremetida de violencia, lo cual fue denunciado y
dado a conocer a la opinión pública, mediante comunicados y convocatorias de protesta y
manifestaciones en defensa de la vida y de la paz 100 .
En 1993 los grupos paramilitares continuaron sometiendo al campesinado por medio de
amenazas y sanciones como el pago de cuotas en dinero o el reclutamiento de hijos de las
familias campesinas para que se sumaran a los fines de su organización.
Paralelamente, los efectivos del ejército desarrollaron varios operativos en la población,
durante los cuales agredieron y hostigaron a varios habitantes. El 13 de enero, el
campesino EXPEDITO JIMENEZ fue detenido, torturado y sindicado por militares de la
Brigada Móvil No. 2 en la vereda Tambo Redondo. Los militares llegaron a la vivienda de
Expedito, lo intimidaron, lo golpearon y lo acusaron de “ser un auxiliador de la guerrilla” 101 .
Ante un descuido de los militares el campesino logró escapar y estuvo oculto durante seis
horas, luego pidió protección y posteriormente se le abrió un proceso penal.
Dos meses más tarde, el 19 de marzo, el campesino SERAFIN CHAPARRO MARIN de 45
años fue encontrado asesinado de dos impactos de bala propinados con arma de fuego
de largo alcance.
100 Comité Coordinador del Paro Nacional por la Vida. Comunicado a la opinión pública, Bucaramanga 1987
101 Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 6, Número 1. Enero – Marzo 1993.
101

En abril de 1992, un habitante de la región, Jaime Jiménez, más conocido como
“Cachemóncoro”, poco apreciado por sus vecinos por ser un delincuente, se vinculó a la
organización paramilitar y empezó a señalar a todas las familias que no le simpatizaban
como guerrilleros, muchas de esas familias al enterarse de que aparecían en una de las
“listas negras”, abandonaron la región.
En el segundo semestre del año el accionar criminal de los paramilitares se modificó,
favoreciendo aún más su impunidad por medio de las practicas asesinas de los
“desconocidos”. El 18 de septiembre, el campesino RAUL MEJIA MONSALVE de 38 años
fue asesinado de cuatro disparos en circunstancias desconocidas en la vereda Filo de Oro.
El 17 de octubre, el turno le correspondió al campesino EULICES CASADO CALDERON
de 23 años, asesinado también por desconocidos en la vereda La Piragua. La misma surte
corrió el campesino BUITIGIO URIBE TRUJILLO de 48 años el 15 de noviembre, en la
quebrada Bombales.
1994
Con el posicionamiento y consolidación de las estructuras paramilitares en El Carmen, la
comisión de CLH disminuyó notablemente entre 1992 y 1993. Sin embargo, a finales del
mes de marzo de 1994 se registró un nuevo crimen. A las 9:00 p.m. de ese día, la
campesina FRANCELINA BELTRAL CARVAJAL fue asesinada por integrantes del grupo
paramilitar los Masetos, entre ellos el comandante Álvaro Mahecha, alias El Gato, Jairo
Iván Galvis Brochero, alias "Mediavida" y Otoniel Berrío, bajo órdenes de Faber Atehortúa
Lopera o Gallego Lopera, alias Palizada, en la vereda Rancho Chile.
Los paramilitares irrumpieron esa noche en la vivienda de Francelina, en la que se
encontraban once personas y los obligaron a salir, pararse en fila e identificarse.
Francelina era madre de un joven que se había ido para la guerrilla. Cuando fue el turno
de Francelina le dijeron que “era a la que estaban buscando”; de allí la llevaron a unos
cincuenta metros de la casa y la asesinaron frente a su esposo Mario Solano García. En
esa ocasión los paramilitares se identificaron como integrantes de la guerrilla, pero
habitantes de la zona afirmaron que en realidad hacían parte del grupo paramilitar Los
Masetos. Tres de los testigos fueron amenazados.
La violencia se manifestó una vez más a finales del mes de abril. El día 30, el campesino
ELI DUARTE GOMEZ fue encontrado asesinado en circunstancias desconocidas de dos
disparos de pistola calibre 9mm, en la vereda Angosturas, Inspección de Policía El
Centenario. Mes y medio más tarde, el 14 de julio, el campesino ANTONIO MARIA
DOMÍNGUEZ, de 55 años, fue asesinado por el paramilitar Antonio Castro en una cantina
en la que jugaba bolos, en la vereda La Laguna. Antonio Castro, al igual que la mayoría
de integrantes del grupo MAS, había sido entrenado en la vereda San Juan Bosco y luego
trasladado a la región chucureña.
102

El último crimen en ese año sería responsabilidad de paramilitares, quienes al mando de
Helio Pacheco, en el mes de noviembre de 1994 asesinaron al campesino GUSTAVO
DIAZ ARGUELLO,en el sitio Miradores.
1995
Durante el transcurso de 1995, se denunció la comisión de tres crímenes, uno de ellos
perpetrado por desconocidos y los otros dos por las tropas paramilitares que para la fecha
ya se habían posicionado definitivamente en la región. El 6 de marzo, en horas de la
madrugada, RAUL MORENO MORENO fue asesinado en circunstancias desconocidas.
Mientras que el 16 de septiembre un campesino de apellido ARIZA fue asesinado por
paramilitares, en los cuales se encontraba Misael Sánchez. El hecho sucedió en la vereda
Santo Domingo. Pocos días después, el 24 de septiembre, el campesino LUIS EDUARDO
ROJAS MARTINEZ fue asesinado también por paramilitares.
1998
En 1998 se registró la comisión de un doble crimen. El 4 de diciembre, los campesinos
LUIS ERNESTO JAIMES VESGA y ALEXANDER JAIMES VESGA fueron asesinados por
varios hombres armados en la vía entre Hoyo Malo y La Secreta, vereda Santa Rosa.
8 SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Las estructuras paramilitares se implementaron a San Vicente de Chucurí desde los
primeros días de 1982, provenientes de la vereda de San Juan Bosco de la Verde,
ubicada en la población de Santa Helena del Opón. A partir de ese momento la población
campesina, que en los años anteriores había enfrentado múltiples embates de la fuerza
pública, cuyos miembros los acusaban de formar parte de grupos insurgentes, tuvo que
someterse a la “guerra sucia”, implementada por el estado a partir de la puesta en marcha
de grupos paramilitares, los cuales en todo momento fueron apoyados e integrados por
los miembros de la fuerza pública que hacía presencia en la región.
Ya en 1983, el ejército y los grupos paramilitares desarrollaron varias acciones conjuntas.
Entre 1985 y 1986 los agentes paraestatales concentraron su accionar contra los
militantes políticos de oposición ensañándose particularmente contra los miembros de la
Unión Patriótica. Precisamente en 1986 se intensificaron los patrullajes de los grupos
paramilitares en toda la población, principalmente en el casco urbano.
La violencia paramilitar se intensificó alarmantemente en 1987, año en el que la oposición
política fue eliminada sistemáticamente, al igual que contra la mayoría de los pobladores
que participaron en el exitoso Paro Cívico del Nororiente que se desarrolló en junio y en el
cual San Vicente fue uno de los principales sitios de concentración de los manifestantes.
Sin embargo, fue en 1988 cuando se evidenció con mayor contundencia la arremetida de
los agentes paraestatales contra los habitantes de San Vicente de Chucurí, principalmente
contra el campesinado que participó en las marchas campesinas de mayo, como lo
demuestran las masacres de La Fortuna, Llana Caliente y Tres Amigos. En los meses
103

posteriores a la realización de las movilizaciones, el ejército y los paramilitares dieron
curso a la eliminación sistemática de los líderes y demás participantes de las
manifestaciones. A ello se sumó el elevado índice de desapariciones que tuvieron lugar en
el transcurso del año: tan solo durante el primer semestre, más de 50 habitantes de San
Vicente de Chucurí fueron desaparecidos; posteriormente sus cuerpos serían encontrados
en Hoyo Malo, una fosa común en la que los paramilitares y el ejército enterraban los
cuerpos de los pobladores que previamente desaparecían y asesinaban, favoreciendo de
tal manera la impunidad de sus crímenes.
La arremetida contra la población campesina continuó en el transcurso del 1989, año en el
cual se presentaron en la población varias operaciones conjuntas entre el ejército y los
grupos paramilitares que poco a poco se posicionaban en la vecina población de El
Carmen. Paralelamente los operativos de las unidades militares, principalmente del
Batallón Luciano D’ Elhuyar ocasionaron que gran parte de los pobladores del área rural
tuvieran que desplazarse a la casa campesina del casco urbano del municipio, ante la
alarmante oleada de violencia emprendida por sus efectivos, quienes acusaban a los
campesinos de pertenecer o apoyar a la subversión.
En la década del noventa el posicionamiento de los grupos paramilitares y las operaciones
de contraguerrilla del ejército se intensificaron considerablemente en el municipio de San
Vicente. El desolador panorama que comenzó a evidenciarse a finales de los ochenta, a
comienzos de los noventa cobró proporciones inusitadas. A las acciones conjuntas se
sumaron los constantes ametrallamientos y bombardeos de las tropas del ejército en las
áreas rurales, la aparición de listas negras de la muerte realizadas por los paramilitares y
la fuerza pública para eliminar a los líderes cívicos y comunales, y la aparición en escena
de las unidades de la Brigada Móvil No. 2, organismo que arremetió contra la población
campesina de veredas como El Filón y Alto Viento, cuyos habitantes tuvieron solo
encontrarían refugió en la Casa Campesina de San Vicente.
Durante 1991, se explicitó aún más la aquiescencia del ejército con las estructuras
paramilitares que establecieron varias bases permanentes en toda la región chucureña. La
situación se agravó aún más en el curso del mes de noviembre de 1991, mes en que los
grupos paramilitares comenzaron a operar abiertamente en el casco urbano del municipio;
mientras tanto, los efectivos de la Brigada Móvil No. 2 arremetieron contra los campesinos
de la región que aún se oponían a la implementación de la hegemonía paramilitar.
En el año de 1992 las tropas del ejército comenzaron a controlar las principales vías de
acceso al municipio; entretanto, las estructuras paramilitares establecieron varios retenes
a pocos metros de los sitios en los que se encontraban los efectivos del ejército.
Paralelamente continuaron los bombardeos y ametrallamientos tanto en la zona rural
como en el casco urbano de San Vicente. Las unidades militares implementaron los
bloqueos alimentarios como otro de sus mecanismos de control y dieron curso sobre la
población un sinnúmero de agresiones y crímenes de lesa humanidad.
Además de los constantes hostigamientos de los agentes paraestatales contra el
campesinado de la zona, los miembros de la Corporación Chucureña de Derechos
104

Humanos y los educadores se convirtieron en otro de los blancos de la arremetida
paraestatal. La permanente oleada de violencia, obligó a decenas de habitantes del campo
a resguardarse en la casa campesina, ubicada en el casco urbano, lugar hasta el cual
arribaron paramilitares y unidades del ejército, para seguir intimidando a la población e
impedir sus denuncias.
Otra de las características del accionar del ejército en el curso de ese año fue el desarrollo
de campañas cívico militares, con las cuales los mandos castrenses trataban de mitigar
ante los medios de comunicación el posicionamiento del paramilitarismo en la región y su
connivencia con este tipo de organismos irregulares.
La dramática situación a la que se enfrentaba la población chucureña prosiguió en los
años de 1993 y 1994, periodo en el cual los grupos paramilitares lograron posicionarse
definitivamente en la región, lo cual conllevó además de los múltiples desplazamientos
forzados, el confinamiento de campesinos y pobladores urbanos en sus hogares por varias
jornadas, debido al temor que les producía la bota paramilitar.
Entretanto, los paramilitares y el ejército siguieron haciendo uso de las listas negras de la
muerte para identificar fácilmente a sus víctimas y eliminarlas, lo cual facilitó la
persecución contra los miembros de la ANUC, los cuales fueron duramente perseguidos
por la Brigada Móvil No. 2 y los paramilitares a finales de 1993.
En 1994 se recrudeció el accionar paramilitar en San Vicente. Las filas paramilitares que
para entonces tenían varias bases de operaciones en el municipio desarrollaron en el
curso del año incursiones esporádicas en las zonas rurales con las cuales impusieron el
control a través del terror y la muerte.
En la segunda mitad de la década del noventa los agentes paraestatales lograron socavar
la fortaleza organizativa de los chucureños y emprendieron una nueva arremetida contra
los militantes políticos que se opusieron a su hegemonía. Paralelamente, incrementaron la
sevicia y barbarie con la cual daban muerte a sus víctimas, ocasionando nuevos
desplazamientos.
Entre 1996 y 1998 disminuyeron considerablemente los crímenes en todo el municipio, lo
cual puso de manifiesto la consolidación definitiva del paramilitarismo en la región y la
imposición de su hegemonía.
1982
En este año se identificarían algunos paramilitares que pertenecían al MAS, como Manuel
Niño Uribe, Darío Ortiz, Clodomiro Uribe Niño, además de que surgiría una de sus
ramificaciones denominada “Los Grillos”, grupo que fue integrado por Luis José Pardo,
Nicanor Leal y Ramiro Ramírez, quienes patrullaron las zonas rurales encapuchados.
105

Desde comienzos de enero y en el transcurso del año, integrantes del MAS y “Los Grillos”
asesinaron a:
El hacendado RAMON TOLEDO PLATA, el 21 de enero.
El campesino MARCO ANTONIO MANTILLA, el 10 de febrero.
El campesino ALFONSO DIAZ AMADO, el 26 de mayo, en la vereda Santo Domingo del
Ramo.
LUIS ROBERTO MARTINEZ y a FLORENTINO, en mayo, en la vereda El Guamo.
Al líder cívico ANIBAL CARREÑO, el 10 de julio 102 .
Los campesinos RAMIRO AMADO, JUAN GAVIRIA, SEGUNDO CACERES y dos
CAMPESINOS, el 21 de Julio, en la Inspección de Policía Tres Amigos y las veredas El
Guamo y Los Olivos.
El campesino CASIMIRO AMADO, el 31 julio de 1982, quien fue presentado por el Ejército
como guerrillero de las FARC muerto en combate, pero en realidad había sido asesinado
por el grupo paramilitar Los Grillos en la inspección Dos Santos.
ABRAHAM RODRIGUEZ y ORLANDO VILLAMIZAR, el 19 de noviembre.
Un hombre de apellido MEDINA y otro conocido como EL TUERTO FLORENTINO, en
mes sin precisar.
1983
Durante 1983, se presentaron en San Vicente repetidas acciones coordinadas entre el
ejército y los grupos paramilitares; operaciones en las cuales asesinaron a muchos lideres
populares, miembros de organizaciones de oposición y pobladores señalándolos de ser
colaboradores de la guerrilla. En el curso del año, además de “Los Grillos” aparecieron
otros comandos que se deslindaron del grupo paramilitar MAS y se hicieron llamar “Los
Tiznados” y “Justicieros del Mal”. Entre las víctimas de asesinato se encuentran:
El concejal comunista HIGINIO CALA SANCHEZ y el líder comunal URBANO CORREA, el
1 de febrero. En abril de 1980 Higinio Cala había sido víctima de amenazas y detenido por
miembros de la V Brigada del ejército.
El agricultor ALFONSO CAMACHO MARQUEZ, el 23 de abril de 1983.
Los hermanos JOSELIN, ANATOLIO, ISOLINE y ROSA MARIA RUEDA PLATA, cuya
madre resultó herida, el 23 de junio.
GILBERTO VARGAS MONCADA, el 3 de julio, quien había sido amenazado con
anterioridad
102 El Tiempo. “El Ejército desmiente vinculación con el MAS”, enero 12 de 1982.
106

Los campesinos AQUILES GONZALES, JOSE VICENTE RUEDA y PEDRO EMILIO
CASTELLANOS GARNICA, 13 de julio.
ONCE PERSONAS y el campesino SALVADOR RODRÍGUEZ, el 3 de septiembre de
1983, asesinados por miembros del grupo paramilitar Justicieros del Mal, que amenazaron
a más de CINCUENTA CAMPESINOS.
En la misma zona, el 8 de agosto fue desaparecido por miembros del ejército, JOSE
ELISEO PRIETO.
También fueron amenazados de muerte por miembros del grupo paramilitar Los Grillos
ANGEL MARIA TIRADO, EXCEHOMO ORTIZ, SERAFIN MEDINA y GIL BERMÚDEZ, el
29 de septiembre.
Uno de los principales líderes de San Vicente, quien motivó a los pobladores a resistirse y
enfrentar la violencia paramilitar, fue el padre BERNARDO LOPEZ ARROYABE, quien
además era abogado y que por medio del Comité de Defensa de Derechos Humanos
denunció los crímenes de los paramilitares, de los que incluso fueron víctimas cinco
catequistas de su parroquia. Justamente estos asesinatos, sumados a las continuas
amenazas del MAS en su contra y a dos atentados contra su vida, llevaron al Padre al
exilio, quien debió huir hacia El Salvador y luego hacia Nicaragua. A su regreso a
Colombia el padre Bernardo fue asesinado por dos individuos que le dispararon a
quemarropa en el municipio de Sincé en Sucre.
BERNARDO LOPEZ ARROYABE
Siendo párroco en Puerto Boyacá en 1970, Bernardo tuvo que
afrentar un allanamiento de la casa cural por miembros del ejército,
siendo obligado a permanecer allí detenido mientras realizaban las
investigaciones. Más adelante desconocidos le colocaron una bomba
en la casa cural, que al estallar destruyó gran parte de la edificación.
En 1978 fue trasladado al municipio de Cocorná, donde ayudó en la
creación de varias cooperativas para el mercadeo de los productos y
constituyó un grupo de catequistas que llevaban la buena nueva a los
campesinos. Esto originó amenazas e intentos de asesinato por parte
de terratenientes de la región y más adelante por el grupo paramilitar
MAS. Finalmente el padre Bernardo fue asesinado por sicarios el 25 de mayo de 1987 en
Sincé, Sucre.
Entre las agresiones contra el Padre encontramos un hostigamiento realizado por el grupo
paramilitar MAS el 17 de enero de 1983, quienes entraron en la iglesia de San Vicente y
destrozaron implementos litúrgicos regando las hostias. El sacerdote ya había salido ileso
de tres atentados ejecutados en su contra por el mismo grupo paramilitar. Él mismo narró
que:
107

“A los cuatro días (de haber tenido un enfrentamiento con un teniente
que lo acusó de guerrillero) recibí yo, bajando de la vereda, un
atentado con escopeta, pero por fortuna este fracasó. El asalto había
sido tan bien preparado que cuando yo bajé a los caseríos de Puerto
Triunfo, estación Cocorná y Puerto Perales, ya se tenía noticia de mi
muerte. Ante estas circunstancias... el Obispo me trasladó a San
Vicente”.
El Padre Bernardo permaneció en San Vicente entre 1982 y 1983, donde se le recuerda
por la defensa de las personas sin vivienda y por sus enérgicos sermones, que tuvo que
dejar atrás luego de recibir un atentado que le costó su traslado a Barrancabermeja, donde
continuó con su trabajo popular y en especial su labor evangelística en pro de los
marginados. Posteriormente, en el primer semestre de 1986, fue nuevamente amenazado
de muerte junto con otros profesores y obreros por paramilitares del grupo MAS en San
Vicente. El 24 de mayo de 1987 fue asesinado en la puerta de la casa cural de Sincé,
Sucre.
1984
En el transcurso de 1984 fueron corrientes las acciones coordinadas entre el ejército y los
grupos paramilitares y el asesinato de los líderes populares, los miembros de
organizaciones sociales y los campesinos que siguieron siendo señalados como
colaboradores de la guerrilla. Ante esto y debido a las reiteradas amenazas muchas de las
familias de campesinos, especialmente de la vereda Santo Domingo tuvieron que huir
hacia el casco urbano de San Vicente.
El 2 de febrero de 1984 las tropas bombardearon de forma indiscriminada el
corregimiento de La Punta. En inmediaciones del lugar de los bombardeos estaba ubicada
la finca de los campesinos FELIX GUARIN y su ESPOSA, quienes luego de que los
militares llegaran al lugar fueron torturados, golpeados y amarrados a un árbol, donde la
mujer fue sometida a tratamientos degradantes; finalmente ambos fueron amenazados.
También en 1984 apareció otra facción del MAS que se hacía llamar “Ejército de los
Pobres”. Las víctimas de asesinato durante este año fueron:
Los campesinos JAIRO BELTRAN FUENTES, ORLANDO DURAN CAMELO y RODRIGO
DURAN CAMELO, el 4 de mayo.
Los campesinos miembros de la misma familia SILVIA ANAYA, HECTOR AMAYA,
EFRAIN AMAYA ANAYA, HERNANDO AMAYA ANAYA, junto con los obreros CARLOS
QUITIAN CASTAÑEDA y WILLIAM VARGAS, el 11 de julio, en la Vereda el Tambo.
El ganadero JULIAN TRUJILLO MANZUR, el 19 de agosto, en la Inspección
Departamental Yarima.
108

Una vez se retiraban de la zona los paramilitares aparecía el ejército, que en medio de
combates con la guerrilla detuvo al campesino LUIS ESTEBAN ORTIZ CASTILLO el 30 de
agosto en la Vereda Cascajales.
1985
En 1985 los grupos paramilitares apoyados por hombres del Batallón Luciano D'Elhuyar,
bajo la comandancia del Teniente Coronel Rogelio Correa Campos, en conjunto con las
tropas regulares de la Brigada XIV, se tomaron la zona rural de San Vicente,
presentándose patrullajes constantes de grupos de más de veinte hombres y numerosas
acciones conjuntas. Por otra parte, apareció una nueva modalidad represiva que consistió
en amenazar de muerte a los dirigentes políticos de la región, especialmente a los
miembros de la UP, para obligarlos a abandonar el lugar. Algunas de las personas
asesinadas fueron:
Los campesinos NEMECIO LEON de 47 años, ISABEL PATIÑO DE LEON y ANTONIO
MARIA LEON PATIÑO de 48 años, el 22 de febrero, en la vereda la Plazuela.
El campesino JOSE ANTONIO MARTINEZ de 44 años, el 28 de febrero.
Los militantes de la UP JOSE JOAQUIN VELANDIA y CARLOS GARCIA VELANDIA, el
15 de junio.
El presidente municipal de la UP NELSON OTERO, fue amenazado el 19 de octubre,
mediante el envío de un sufragio donde lo conminaron a “abandonar la región en 15 días o
de lo contrario lo matarán” 103 .
1986
En este año se intensificaron los asesinatos, diferenciándose de los años anteriores en
tanto la violencia paramilitar empezó a penetrar en el casco urbano del municipio. Con la
irrupción de las filas paramilitares en la zona urbana apareció una nueva modalidad
criminal que se caracterizó por la aparición de los cuerpos de las víctimas en lugares
lejanos, presentando disparos de arma 9mm. Esto obedeció a la supuesta persecución
que el Estado inició, por lo menos desde las esferas nacionales que públicamente
afirmaron condenar este fenómeno y buscar la implementación de medidas legales para
contrarrestar su accionar, pero que al no ser políticas para un ámbito regional, lo único
que consiguieron fue depurar las formas de operar de los agentes paraestatales para
hacerlas más clandestinas.
103 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Comunicado de prensa y
radio No. 002. Bucaramanga, enero 24 de 1986.
109

En el mes de abril se presentó un aumento de los asesinatos en la zona rural, y en el mes
de junio se incrementó el número de víctimas asesinadas en la vía que conduce de San
Vicente a El Carmen, lo cual evidenció la libertad con que circulaban los paramilitares a lo
largo y ancho de las veredas, pues se movilizaban sin ningún tipo de restricción por parte
de la fuerza pública.
Durante este año fueron victimizados por paramilitares y tropas del ejército:
Los obreros JAIME GONZALEZ y EUCLIDES SÁNCHEZ y BRUNO VASQUEZ MENDEZ
amenazados de muerte en fecha no precisada.
Los campesinos TOMAS CARREÑO y CRISOSTOMO FUENTES BAYONA asesinados el
5 de febrero, en la inspección departamental Yarima.
El 28 de febrero de 1986, la dirigente cívica y militante de la UP GABRIELA FORERO DE
RAMIREZ, amenazada previamente de muerte por el grupo paramilitar MAS mediante una
carta.
Mientras ocurrían estos crímenes, los miembros del ejército, en lugar de perseguir a los
asesinos hacían presencia en la zona para coadyuvar la acción paramilitar, así, el 21 de
marzo, el campesino ORLANDO SANABRIA fue detenido y desaparecido por unidades
militares cuando se dirigía a una reunión de cultivadores de café en la vereda Tambo
Redondo.
El campesino, LUIS ALBERTO CORZO ARENAS, asesinado el 7 de abril.
El campesino PAULINO ALFONSO MARTINEZ, asesinado el 11 de abril de 1986, en la
Inspección departamental Llana Fría. A pesar de que Paulino logró huir y sus vecinos lo
trasladaron a un centro asistencial, al día siguiente, mientras estaba en el Hospital Local
de San Vicente fue asesinado por un paramilitar que le propinó tres disparos en la cabeza.
Paulino Alfonso había manifestado que él “sabía quiénes eran los responsables de la
racha de asesinatos que se vienen presentando en la región”.
El campesino FERNANDO PICO LEAL de 34 años de edad asesinado el 13 de abril, en la
vereda La Fortuna.
El veterinario SEGUNDO ARIZA QUIROGA y ARGEMIRO RODRIGUEZ CAÑAS, quienes
fueron desaparecidos el 19 de abril cuando viajaban en un campero Willys; dos días
después sus cuerpos fueron encontrados con varios disparos en la Inspección
Departamental Yarima, en el sitio conocido como Salinas.
TRES CAMPESINOS que fueron desaparecidos al ser obligados a abordar una lancha en
el río Magdalena a la altura de la vereda Las Vegas, el 21 de abril. En los mismos hechos
resultó herido el campesino JUAN REINALDO PESCA.
110

El campesino EDUARDO GARCIA MARIN de 33 años asesinado el 25 de abril, en la
Inspección Departamental Yarima.
Entretanto, el 30 de abril, las tropas militares detuvieron y torturaron al líder campesino y
dirigente de la UP OBDULIO SUAREZ, en las instalaciones del Batallón Luciano D'
Elhuyar. El 19 de agosto Obdulio continuaba detenido en las instalaciones de la unidad
militar.
El 23 de mayo de 1986, el profesor del Colegio Camilo Torres HUMBERTO MANTILLA,
fue amenazado de muerte mediante el envío del libro “Crónica de una Muerte Anunciada”
por desconocidos, en el Parque La Pola. El docente había denunciado las amenazas y
asesinatos de profesores en el área rural del departamento.
El 5 de junio se presentaron varias agresiones, pues fueron asesinados los campesinos
MANUEL MOJICA BALLESTEROS en la Inspección Departamental de Policía Llana Fría,
LUIS MARIA BELTRAN VELÁSQUEZ en la vereda Llana Caliente y MANUEL HERRERA
URIBE de 44 años en la vereda La Arruga. También fue asesinado ese mismo día, el
albañil MARIO ECELOS GALVIS de 39 años de edad, en el cementerio municipal.
El dirigente comunal y líder del Partido Conservador 104 GENARO ARENAS GARCIA ,
quien fue asesinado el 16 de junio por hombres que se hicieron pasar como integrantes
del ELN en la vereda Pamplonita.
El campesino AMADOR BALLESTEROS GARCIA de 22 años de edad, asesinado el 22 de
junio, en la vereda Las Nutrias.
El 6 de julio de 1986, un CAMPESINO que difundía el semanario Voz, fue amenazado por
unidades militares frente a más de 50 pobladores, en el parque principal de la población.
El campesino LUIS FERNANDO OCAÑA ALBARRACIN de 40 años, asesinado el 29 de
agosto.
Los Concejales de la UP, RAMON VICENTE SERRANO y GONZALO TOLOZA fueron
amenazados y perseguidos por paramilitares el 13 de septiembre. Ante la constante
amenaza y persecución, Ramón y Vicente se vieron obligados a dejar la región.
El campesino JOSE CHAVES URIBE de 29 años, fue asesinado el 12 de diciembre por
desconocidos en pleno centro del municipio.
1987
104 La persecución paramilitar a líderes políticos pertenecientes a los partidos tradicionales obedece a las
dinámicas propias de la región donde la guerrilla influenciaba la postulación de candidatos a cargos de
elección popular celebrando asambleas donde los pobladores decidían a cuál candidato apoyar, esto
llevaba a las elites locales a identificar a estas personas con los grupos subversivos y por ende ordenar su
asesinato.
111

1987 fue un año nefasto para los líderes políticos de izquierda, teniendo en cuenta que se
adelantó un proceso de paz entre el gobierno y las FARC y que en 1986 se expidió el
decreto que permitió la elección popular de alcaldes y su realización en marzo de 1988.
Esto llevó a diversos movimientos políticos a lanzarse a la contienda electoral, pero esta
iniciativa fue contrarrestada con asesinatos y desapariciones forzadas. Principalmente los
miembros de la UP y del movimiento A Luchar fueron amenazados, perseguidos y
asesinados por los paramilitares y el ejército; al mismo tiempo, también fueron
perseguidos activistas sindicales. Mientras se adelantaba el proceso de paz entre el
gobierno y las FARC se presentó en San Vicente una gran movilización campesina
pidiendo la desmilitarización de la región, y a su vez se desarrollaron operativos militares
que se podían entender como el rompimiento de la tregua por parte del gobierno.
La persecución paramilitar a líderes políticos pertenecientes a los partidos tradicionales
obedece a las dinámicas propias de la región donde la guerrilla influenciaba la postulación
de candidatos a cargos de elección popular celebrando asambleas donde los pobladores
decidían a cuál candidato apoyar. Esto llevaba a las elites locales a identificar estas
personas con los grupos subversivos y por ende ordenar su asesinato.
Los hostigamientos contra las organizaciones gremiales existentes en el municipio se
presentaron a partir del 1 de febrero, cuando varios desconocidos realizaron un atentado
contra la vida de MARIO MEJIA RINCÓN, campesino perteneciente a la ANUC-UR 105 .
En el mes de mayo de 1987, la fuerza pública y el paramilitarismo asesinaron a cuatro
militantes de A Luchar. Este crimen puso de manifiesto una vez más cómo en toda la
región chucureña, el estado implementó nuevas modalidades operativas con miras a
exterminar a la oposición política. En los primeros días del mes, el 8 de mayo, el activista
sindical, trabajador popular y profesor del Colegio Camilo Torres del municipio de San
Vicente de Chucurí, JOSE DEL CARMEN FIGUEREDO RUEDA, fue asesinado por dos
miembros contraguerrilla del ejército de apellidos Parra y Sierra, conjuntamente con la
policía. Además se señaló también la participación de miembros del batallón Luciano
D'Elhuyar. Días antes de este asesinato circuló en el municipio una lista con los nombres
de las personas que iban a ser asesinadas por su supuesta vinculación con la guerrilla. El
terrateniente Urbano Díaz Orejarena, financió y promovió el asesinato de las personas
mencionadas en la lista, entre los que se encontraba José Figueredo 106 . Una semana más
tarde, el 14 de mayo, los campesinos y militantes de A Luchar REINALDO RODRIGUEZ y
MARIA CASTRO, fueron asesinados por el grupo paramilitar La Mano Negra.
Durante ese mismo mes, unidades del Batallón Luciano D' Elhuyar se encontraban
acantonadas en el municipio; además de su anuencia en la comisión de los crímenes de
los paramilitares, también se mostraron como autores de algunas otras arbitrariedades y
vulneraciones a los derechos humanos. El 18 de mayo, los campesinos RODRIGO
105
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Carta al Procurador Municipal. Barrancabermeja,
marzo 24 de1987.
106
Denuncia de A Luchar ante la Procuraduría General de la Nación, Bogotá. Archivo Comisión de Justicia
y Paz. Carp. mm-040. Mayo 28 de 1994.
112

PEREZ y otras dos PERSONAS, fueron detenidas luego de un allanamiento realizado por
militares quienes inicialmente dispararon contra la casa de los campesinos, entraron a
detener a sus ocupantes y robaron $23.000, un reloj marca Orient, un anillo de oro, una
cámara fotográfica, una máquina de afeitar, una linterna y dos casetes. Después de
desocupar la casa, los militares golpearon a los detenidos dejándolos en libertad, no sin
antes imponerles presentaciones periódicas a la sede del batallón.
En el transcurso de 1987, aproximadamente 40 campesinos de la región que habitaban en
la cabecera de Río Sucio, salieron hacia la cabecera municipal de San Vicente y de la
vereda Quinal Alto y Rancho Grande, mientras que en El Carmen otros 20 campesinos
tuvieron que desplazarse del municipio, ante la alarmante oleada de violencia emprendida
por las fuerzas paraestatales.
8.1 El Paro del Nororiente Colombiano, 1987
Desde el 7 al 9 de junio de 1987, y como parte de la puesta en marcha del paro del
Nororiente convocado por la Coordinadora Popular del Nororiente, aproximadamente 7500
campesinos de más de 20 municipios de Santander se movilizaron pacíficamente hacia
San Vicente para exigir del Estado soluciones a sus necesidades 107 . Luego de una
prolongada negociación, los delegados de las marchas llegaron a un primer acuerdo con
el representante del gobierno de Santander que fue desaprobado por los campesinos 108 .
Un nuevo acuerdo entre el Gobernador Álvaro Beltrán Moreno y los delegados de los
campesinos concentrados en San Vicente sería pactado algunos días más tarde. El
gobierno departamental se comprometía a realizar una serie de obras públicas, como
carreteras y puentes, construir y dotar puestos de salud y concentraciones escolares,
otorgar garantías para la desmovilización del campesinado, investigar los crímenes
cometidos por miembros de las fuerzas armadas en la región y respetar la libre
organización y movilización de los campesinos. En muchos otros municipios de los
departamentos de Bolívar, Norte de Santander y Cesar, concentraciones campesinas con
reclamaciones similares se efectuaron entre el 7, 8 y 9 de junio de 1987.
¿Qué exigen los chucureños en el paro del Nororiente?
El periódico El Yariguí Chucureño de mayo de 1987, publicó el pliego de exigencias que
los pobladores de la región chucureña buscaban negociar con el gobierno nacional y
departamental en el Paro del Nororiente Colombiano celebrado entre el 7 y 9 de junio de
1987. Estas reclamaciones obedecían a necesidades que desde hace 25 años los
campesinos de la región venían reclamando por diferentes medios; entre ellas, la
pavimentación de la vía a Bucaramanga, la construcción y dotación del Hospital de El
Carmen, que hasta ese momento sólo contaba con un puesto de salud, la construcción de
una planta procesadora de cacao y de cítricos. Además, los chucureños creían que la
107 El Tiempo, junio 6 de .1987, p. 12A.
108 El Mundo, junio 13 de 1987, p. 8.
113

capacitación y la educación eran unas de las salidas al atraso de la región, por ello pedían
la creación de una facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad Industrial de
Santander y la reconstrucción de las instalaciones del colegio de El Carmen, al igual que
la implementación del bachillerato completo en la escuela rural José Antonio Galán.
Los campesinos se mostraban preocupados por el lento desarrollo de la construcción de la
carretera a Barrancabermeja que se le había otorgado a la firma Consas Sánchez
Ingenieros Ltda. y por la fallida promesa del INDERENA de crear el Parque Nacional
Natural Yariguíes que buscaba proteger los nacimientos de agua de la zona.
En cuanto a la presencia institucional, los habitantes, tanto de San Vicente como de El
Carmen, solicitaban la creación de una Procuraduría Seccional y la instalación de un
Juzgado de Menores.
“Inquietud en el gobierno por Paro”, así se tituló el artículo publicado por el diario El
Tiempo el 6 de junio de 1987, donde se expresó que el gobierno asumió el paro del
Nororiente colombiano como “eminentemente político” y distinto a los realizados en Chocó
y Nariño. De igual manera, la administración gubernamental, “señaló que entre los
organizadores de dicho movimiento estaban las FARC y el ELN, además de la Unión
Patriótica y otras agrupaciones regionales” 109 ; el artículo continuaba afirmando que, “entre
las peticiones contenidas en el extenso pliego que será entregado al gobierno figuran
puntos idénticos a los reclamados por el ELN en reciente declaración, como la eliminación
de los contratos de asociación para la explotación petrolífera” 110 . Relaciones como estas
pusieron en riesgo la vida de los participantes y organizadores de las marchas, quienes se
convirtieron en objetivo específico de los grupos paramilitares y de las mismas fuerzas
armadas que hacen presencia en la región.
Sumada a ésta afirmación el artículo presentó las peticiones de los manifestantes al
gobierno nacional:
“Entre las solicitudes que cursaron bajo el tema de derechos humanos, figuran el respeto a
la vida, la libre movilización, el cese de los asesinatos y desapariciones, así como el
esclarecimiento de los mismos, el levantamiento del estado de sitio, la no inversión de los
presupuestos municipales en actividades militares y el respeto a los acuerdos del gobierno
con organizaciones campesinas.”
En relación con los recursos naturales y la protección del medio ambiente, se solicitó “la
rehabilitación del río Magdalena, la recuperación del proyecto forestal Carare-Opón,
indemnización por los daños causados en la construcción de oleoductos y la abolición de
los contratos de asociación en la explotación petrolífera.”
En el campo laboral reclamaron, “el incremento del salario mínimo en un 40%, jornada
semanal de cuarenta horas, reducción del 15% en los intereses de los créditos,
109 El Tiempo. Junio 6 de 1987. p. 1 A
110 Ibíd.
114

condonación de las deudas por pérdida de cosechas, apertura de fuentes de empleo, y
ampliación y mejora de los servicios del seguro social.”
En cuanto a los servicios públicos pidieron “la congelación de las tarifas, construcción y
ampliación de acueductos y alcantarillado, extensión de la electrificación urbana y rural,
construcción y adecuación de carreteras y recuperación de ferrocarriles nacionales.” Los
marchantes reclamaron además “un incremento del 10% del presupuesto nacional
educativo, congelación de matrículas y pensiones, apertura de nuevas escuelas y creación
de múltiples plazas para profesores.”
En materia de salud el pliego contempló la atención gratuita a madres e infantes,
incremento del presupuesto y la creación de nuevos centro de atención médica.
Finalmente, en materia de vivienda pidieron la creación de planes populares con cuotas
mensuales no superiores al 15% del ingreso del beneficiario, legalización de las
ocupaciones ya efectuadas de hecho y congelación del impuesto predial para los sectores
menos pudientes” 111 .
Una mirada al Paro del Nororiente Colombiano
Tras el desarrollo del paro del Nororiente, A Luchar, como organización promotora del
mismo realizó un primer balance, dando cuenta del impacto de ésta movilización, entre los
puntos señalados encontramos:
• El paro del Nororiente colombiano es una de las expresiones de lucha de masas más
importantes en los últimos años. A pesar de ser un paro de tipo regional, la acción
adquirió una envergadura nacional y fue el tema obligado de todos los partidos
políticos, de ministros y gobernadores, editorializado por los diarios más importantes
del país y espacio privilegiado por los noticieros de mayor audiencia.
• La acción de las masas incorporó una importante región del territorio nacional, decenas
de municipios y ciudades y aunque su expresión más poderosa fue la movilización del
campesinado, también combinó componentes de lucha obrera y popular, en ciudades
como Barrancabermeja, Aguachica, Tibú y en menor medida Valledupar y Cúcuta. Un
cálculo inicial nos indica que más de cien mil campesinos marcharon entre el 3 y 14 de
junio de éste año, en desarrollo del paro regional. Tenemos que precisar además la
cantidad de establecimientos, comercios, empresas institucionales gubernamentales,
colegios, barrios, etc., que de una u otra forma participaron en el paro.
• No es un paro descontextualizado de la realidad nacional. Forma parte del ascenso en
las luchas y organización del movimiento obrero. Existían sobradas razones para que
los habitantes de ésta región apoyaran el paro; a la malintencionada pregunta de los
periodistas sobre “quién los había presionado a marchar”, las respuestas era la misma:
“las necesidades que padecemos por culpa del gobierno que preside Barco”. El
111 El Tiempo. Junio 6 de 1987. p. 12 A
115

contexto del paro del Nororiente, nos ha mostrado la justeza de la consigna del paro
nacional.
• El gobierno lo caracterizó desde un comienzo, como un “paro diferente”, distinto a los
de Nariño y Chocó. Era, según ellos, un paro de la guerrilla y no de la población. Como
en ningún otro paro, vimos pronunciamiento en contra por parte de la oligarquía; la
dirección nacional liberal prohibió a sus militantes la participación en él; sus sectores
más “democráticos” en la región como el FILA, de Serpa Uribe también se declararon
en contra, y desde el jueves antes de la semana del paro, los medios de comunicación
se dedicaron a contrainformar, (...) por otro lado, el partido conservador, entre burlón y
serio, salió a hablar demagogia de los paros cívicos, llamando a apoyarlos pero sólo
oralmente, buscando pescar en río revuelto con un afán clientelista y manzanillesco.
(...) El otro elemento, fue la intensa militarización de la zona, la proliferación de los
tanques cascabel en las calles de las ciudades más importantes de la región, el
desplazamiento de contingentes enteros del ejército a la zona del Arauca y Norte de
Santander, así como la utilización de miles de informantes y efectivos de civil. Pero
ésta vez la impresionante militarización fue incapaz de detener la movilización de las
masas.
• Nosotros también pensamos que éste fue un paro “diferente”, pero centralmente
porque la dirección no estuvo en manos de los partidos tradicionales, ni del
reformismo, sino mayoritariamente en las nuestras. Por consiguiente, nuestro interés
último no estaba en como negociar apresuradamente un acta que “legalizara” las
coordinadoras locales o regionales del paro. Nosotros luchábamos por conquistas
concretas para las masas, pero sobre todo para nosotros era una escuela de lucha y
organización (...) ¡El pueblo habla, el pueblo manda! Fue el lema de nuestra
campaña política, que se inauguró con la lucha en el Nororiente del país”. 112
La retaliación, como en movilizaciones realizadas en fechas anteriores, no se hizo esperar
y una vez terminadas las jornadas de paro, los paramilitares en su afán por aniquilar
cualquier expresión de inconformidad popular, desataron su acción homicida sobre los
obreros, campesinos y dirigentes que participaron en las marchas. Los campesinos de la
Asociación de El Carmen denunciaron que sus mercados fueron destruidos por militares
diciéndoles que “son para la guerrilla” y que amenazaron con sacar a cualquier campesino
de la Asociación de allí. 113
Los compromisos adquiridos por el gobierno en aquella ocasión no fueron cumplidos, por
lo que los campesinos organizaron nuevas movilizaciones hacia Barrancabermeja y
Bucaramanga en 1988, durante las cuales el ejército, apoyado por los grupos
paramilitares, cometió innumerables masacres. A partir de ese momento se desató una
generalizada violación de derechos de propiedad sobre la tierra y de amenazas y
112 A Luchar. Circular Nacional Número 44. Junio 18 de 1987.
113 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Carta al Procurador Provincial de
Barrancabermeja, septiembre 3 de 1987.
116

crímenes perpetrados por estructuras paramilitares que actuaron como “Masetos”, “Los
Grillos” y “Los Tiznados”.
En total, después del primer Paro Regional del Nororiente, 16 dirigentes de la
Coordinadora Popular, organización que convocó la realización del paro, fueron
asesinados por estructuras de operación regular o paramilitar. Esta situación condujo a
que las marchas del año siguiente pusieran en la cabeza de sus acciones la defensa de la
vida por encima de sus carencias regionales y sociales.
En el segundo semestre de 1987, hacia el mes de agosto, fueron asesinados por los
paramilitares el campesino y militante de la Unión Patriótica LUIS ISAAC SILVA
ACEVEDO, en la Vereda Islanda y el concejal por la misma organización, REMIGIO
LOPEZ RAMOS. El concejal se desplazaba por una calle periférica de la población en
busca de comida, cuando fue ultimado por un sicario que accionó su arma tres veces; un
impacto alcanzó la pierna de Remigio que inmediatamente fue trasladado al hospital de la
localidad donde minutos después murió. La versión oficial de tan lamentable crimen daba
cuenta de que el activista "se encontraba departiendo licor, y que su muerte fue a causa
de una riña", lo que fue completamente rechazado por la coordinadora departamental de
la UP en un comunicado del 1 de septiembre de 1987.
1988
La intensificación de la violencia paramilitar en este año está relacionada directamente con
el agitado movimiento social que se vivió en la región en el ámbito rural; en especial se
presentó una violenta represión contra los campesinos, sindicalistas y líderes políticos que
participaron de las marchas campesinas de mayo. Se deben resaltar las masacres de La
Fortuna, Llana Caliente y Tres amigos, además de decenas de campesinos asesinados en
el periodo posterior a la realización de las movilizaciones; quienes eran abordados en los
buses por caminos intermunicipales o masacrados en sus viviendas. Para el segundo
semestre de 1988, estas veredas eran parajes fantasmas donde los paramilitares
ostentaban el control absoluto.
Este año el grupo paramilitar MAS , conocido en la zona como Los Masetos, continuó con
sus acciones conjuntas con todpssd del batallón Luciano D'Elhuyar al mando del capitán
Germán Pataquiva, quienes hacían presencia en el casco urbano y en la zona rural. Entre
los Masetos se encontraban Rubiel Gallego, Antonio Gallego, Otoniel Gallego, Faber
Atehortúa y su tío y primos Porfirio Martínez, Gersón Martínez Pedraza y Marcos Martínez
Pedraza; entre los miembros del ejército que los ayudaban se encontraba el Suboficial del
ejército Luis Felipe Caballero Arenas.
La dinámica era la misma de años anteriores, en la zona rural las fuerzas irregulares
asesinaban a los campesinos sacándolos de sus casas o de sus lugares de trabajo para
luego abandonar sus cuerpos abaleados con arma calibre 9mm; por otra parte, en el
casco urbano incursionaban con el fin de asesinar selectivamente a los líderes políticos
utilizando una modalidad sicarial que garantizaba la indeterminación de los responsables.
117

En el transcurso del año se desencadenó una persecución generalizada contra el
campesinado y los dirigentes de la ANUC-UR, debido a su actividad organizativa del
movimiento campesino. La arremetida contra los trabajadores del campo comenzó el 23
de enero, fecha en la que los paramilitares asesinaron a un CAMPESINO de 19 años sin
identificar, en la Inspección Departamental Lizama.
La violencia se tomo las calles yde la cabecera municipal veredas de San Vicente desde
los primeros días de febrero. El 1 de ese mes, en un operativo adelantado por miembros
de la II División del ejército dirigido por el Coronel Correa vereda La Pradera, fueron
desaparecidos PEDRO DIAZ y ALVARO CALA, HECTOR GOMEZ de 46 años, PABLO
VICENTE GOMEZ HERRERA, MILTON CALDAS, PABLO GOMEZ, ERNESTO ARCHILA
MARTINEZ y JUAN ACOSTA. 114
El 4 de febrero en el barrio Villa Virginia miembros del batallón Luciano D'Elhuyar
asesinaron al niño JHOAN ALBERTO OLARTE SANCHEZ de 4 años, cuando lanzaron
tres granadas contra su casa. El niño murió ante la imposibilidad de ser atendido
médicamente porque el ejército no lo permitió; en la misma acción la MADRE del menor y
su ABUELA quedaron heridas. Los militares se excusaron diciendo que estaban
realizando un simulacro de toma guerrillera; sin embargo, en el muro de la escuela había
aparecido días antes un letrero que decía “el vecino es eleno el de la casa azul...acábelo,
mátelo: autodefensa chucureña”. La casa de Jhoan Alberto y su familia era de color azul,
la única de ese color en el sector. El padre de Jhoan llevaba 12 años como miembro y
directivo de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Comuneros. Al día siguiente, 5 de
febrero, el ejército asesinó a ABELARDO AGUDELO ROJAS de 53 años, a ELKIN FABIO
AGUDELO de 23 años y a RODRIGO DE JESUS GIL de 24 años de edad. Dos días
después el 7 de febrero, los paramilitares asesinaron 44411al Inspector de policía
MARCOS MILLAN.
Siete días más tarde, el 11 de febrero de 1988, el campesino ELISEO REYES PARRA fue
desaparecido y asesinado, mientras que MILTON CALDAS PINEDA de 26 años, HECTOR
GOMEZ HERRERA de 46, PABLO VICENTE GOMEZ HERRERA de 50 y ERNESTO
ARCHILA MARTINEZ de 38 fueron desaparecidos; al mismo tiempo, JUAN DE DIOS
ACOSTA ARIAS e ISNARDO GOMEZ URIBE, fueron detenidos y torturados por una
patrulla militar compuesta por miembros de los batallones Luciano D' Elhuyar y de
Ingenieros Caldas, en zona rural de San Vicente. Al mando de la escuadra del Batallón
Caldas se encontraba el Capitán Héctor Alirio Forero Quintero.
La noche anterior Héctor Gómez Herrera fue detenido por los miembros del ejército y
posteriormente dejado en un potrero, desde donde regresó a su casa ubicada en la vereda
La Pradera. A las cuatro de la tarde del día siguiente volvió el ejército a la casa de Héctor
y se lo llevó con rumbo desconocido. Los militares iban con la cara pintada, incluido el
Oficial Forero. La esposa de Héctor logró hablar días después con el militar, quien le dijo
114 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Secretaria de Derechos Humanos, San Vicente de
Chucurí. Diciembre de 1988.
118

que a su marido lo tenían en una misión en Tambo Redondo; ella habló también con
oficiales de la V Brigada y ellos se comprometieron a ayudarla a buscar a su esposo, sin
que se hiciera nada para encontrarlo. Cabe anotar que su hermano Pablo Vicente también
fue desaparecido.
El caso de Eliseo Reyes Parra se presentó cuando éste salía de la finca Maracaibo,
después de comprar unos cerdos, los cuales llevaba para donde su hermano que vivía en
la vereda Pozo Negro. Algunos de sus familiares se enteraron a las tres de la tarde que
Eliseo había sido detenido por el ejército y uno de sus hermanos que vivía en la vereda La
Primavera vio cuando los militares lo llevaban detenido. Meses después su cuerpo
apareció en el sitio Hoyo Malo.
A Ernesto Archila lo detuvieron cuando se dirigía de la finca Barconcitos a su casa en la
vereda La Esmeralda, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Iba acompañado por su
hijo de 7 años quien al ver que los soldados detuvieron a su padre fue hasta la casa por
los documentos de identidad y, al regresar al sitio donde lo tenían, un soldado le dijo que
se devolviera para la casa, que el papá iba más tarde. Al día siguiente su esposa se dirigió
a la base militar donde fue atendida por el Capitán Forero, quien le dijo que efectivamente
lo había detenido la tarde anterior pero que esa misma noche lo habían sacado para un
operativo. En vista de que su esposo no aparecía se dirigió al Batallón Luciano D' Elhuyar
y allí habló con el Coronel Correa Campos, el cual le manifestó que allí no tenían a ningún
detenido.
Milton Caldas fue detenido en la vereda Mérida, en un puesto militar que actuaba en la
quebrada San Antonia, al medio día del 8 de febrero. Éste se transportaba en una
camioneta que hacía la ruta San Vicente-La Pradera. Al mes volvieron al Batallón D'
Elhuyar los familiares de los desaparecidos a preguntar por ellos y la respuesta que les dio
el Coronel Correa Campos, fue que se dirigieran a preguntar a la quebrada San Antonia,
que allá les daban respuesta. Las familias de los otros desaparecidos también interrogaron
a Forero Quintero sobre el paradero de los suyos y la respuesta fue similar al afirmar que
las víctimas estaban en una misión y pronto regresarían.
En cuanto a las torturas infligidas a Juan de Dios Acosta, según el expediente disciplinario
llevado por estos hechos, los militares que participaron en la acción fueron los adscritos al
Batallón Caldas, quienes comenzaron a golpear al campesino cuando él se presentó
voluntariamente a las instalaciones de dicha unidad militar en San Vicente. Luego Juan de
Dios estuvo con el Capitán Forero, quien solo se limitó a alcanzarle una cobija y llamar a
un enfermero para que le atendiera sus heridas, sin preguntar por los sujetos que se las
ocasionaron ni tomar medida correctiva alguna.
Respecto a lo sucedido con Isnardo Gómez, se aduce que su detención se produjo en
una finca ubicada en zona rural de San Vicente, de donde lo llevaron a las instalaciones
del Batallón Caldas y después al Luciano D' Elhuyar, siendo torturado en este último.
Conforme a lo expuesto en el proceso disciplinario, Isnardo habría aceptado en
indagatoria rendida ante la jurisdicción penal ordinaria su participación en la emboscada
119

sufrida por militares del Batallón Caldas el 6 de febrero del mismo año hecha por
miembros del ELN. Es de anotar que tanto a él como a Juan De Dios Acosta se les abrió
un proceso en el Juzgado Séptimo de Instrucción Criminal de San Vicente por terrorismo,
para posteriormente ser puestos en libertad por no existir méritos para juzgarlos por el
delito que señalaban los militares.
A comienzos del mes de marzo se desencadenó la persecución contra los miembros de la
ANUC. El 6 de marzo, LUIS EDUARDO GALVIS, directivo municipal esa organización en
Barrancabermeja, fue detenido por la policía en el casco municipal de San Vicente.
En abril los paramilitares asesinaron al campesino PABLO EMILIO LOZADA PEREZ de 23
años. El 19 de ese mes desaparecieron a los campesinos ALCIBIADES RONCANCIO y
SAUL MEDINA, cuando los obligaron a bajar del vehículo donde viajaban. Al día
siguiente, 20 de abril, los campesinos ALEJANDRINO PUERTO de 48 años, TEOTISTA
FLOREZ DE PUERTO de 24 años, HENRY MARTINEZ ARDILA de 21 años y PEDRO
BENAVIDES MORENO de 20 años, fueron asesinados en la Vereda El Porvenir. Un
testigo bajo reserva de identidad declaró el 23 de octubre de 1991 ante la Unidad
Investigativa de Orden Público de la Dirección de Instrucción Criminal, que Los Masetos,
luego de asesinar a los campesinos, divulgaron que habían matado a unos guerrilleros.
El 28 de abril de 1988, los campesinos JOAQUIN MUÑOZ, ALBERTO TIRADO, JORGE
ORTIZ y JULIO PARRA, fueron asesinados por miembros del grupo paramilitar Los
Masetos en las veredas El Porvenir y Angostura del municipio de San Vicente. Un testigo
bajo reserva de identidad declaró ante una Unidad Investigativa de Orden Público de la
Dirección de Instrucción Criminal, que los Masetos asesinaron a todos los campesinos.
8.2 LAS MASACRES DE LA FORTUNA, LLANA CALIENTE Y TRES AMIGOS 115
Desde el domingo 22 de mayo de 1988, los campesinos de las veredas Santo Domingo de
los Ramos, Yarima, La Pradera, El Toboso, La Primavera y Treinta y Dos, de los
municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen se desplazaron hacia Llana Caliente
en alrededor de 100 a 140 vehículos, entre camiones, buses, busetas y camperos, para
comenzar una movilización con cientos de familias que irían a participar en las marchas de
protesta convocadas por organizaciones populares y campesinas con el objetivo de llegar
a Bucaramanga y exigir el cumplimiento de los pasados acuerdos pactados entre el
gobierno y los campesinos que, una vez se finalizaron las marchas, se desvanecieron tras
una intrincada red de escritorios de la burocracia estatal.
115 Este apartado se ha elaborado con fundamento en diversos testimonios y acciones urgentes. Asimismo
se sigue a Liga internacional por los derechos y la liberación de los pueblos Sección Colombiana. El
Camino de la Niebla, Volumen III. Masacres... Op. cit. pp. 251-262
120

Esta vez los campesinos exigían, entre otras cosas, además del cumplimiento de lo
pactado, la desmilitarización de las zonas, el cese de la guerra sucia y el desmonte de los
grupos paramilitares organizados por los militares. A este clamor se sumaban los
campesinos de Arauca, Córdoba, Antioquia, Sucre y Magdalena. En cada departamento
las organizaciones sociales, como la ANUC-UR, habían concertado diferentes sitios de
concentración de los campesinos, para iniciar las respectivas marchas hacia las capitales
para que los “nunca escuchados” hicieran resonar su voz. En el Magdalena Medio
Santandereano, la Coordinadora Popular del Nororiente y la ANUC-UR acordaron que el
día 23 de mayo los puntos de encuentro de quince mil campesinos serían Tienda Nueva,
en el municipio de Betulia, La Fortuna y Llana Caliente, en San Vicente de Chucurí. Sin
embargo, desde el 22 de mayo, ya empezaban a llegar los primeros grupos de
campesinos.
Desde que las marchas campesinas comenzaron, el gobierno nacional decidió detenerlas
e impedir que cada una de ellas llegara a su respectivo destino. Para ello, efectivos del
Batallón de Infantería No. 40 Luciano D' Elhuyar cerraron con 3 barricadas hechas cada
una con 7 cuerdas de alambre de púa, trincheras y parapetos ubicados estratégicamente
tanto sobre los cerros colindantes al puesto militar, como sobre aquellos pequeños montes
al otro lado del río Opón. Día tras día aumentaba la tensión con los disparos al aire y el
despliegue armamentístico realizado por los militares.
Sin embargo, los campesinos no dejaban de llegar de todas partes del departamento y
para el lunes 23 de mayo ya se habían reunido alrededor de 9.500 labriegos en Llana
Caliente. Como no podían pasar, los campesinos se organizaron para aminorar los rigores
de la concentración impuesta por los militares. Formaron una sola hilera de cientos de
metros con los vehículos. Así mismo, a lo largo de la vía ranchos y cambuches fueron
construidos con palos, ramas y hojas, por los marchistas, para poder resguardarse del sol,
la lluvia y del frío de la noche. Junto a un árbol gigante fue organizado un economato para
repartir los víveres acarreados por las organizaciones campesinas organizadoras de las
marchas. Diariamente se nombraban comisiones por veredas para las distintas labores,
como lavado de platos, consecución de leña, cocina, etc.; los campesinos construyeron
unas improvisadas letrinas y establecieron unos turnos por grupos, para poder asearse
diariamente en el río Opón.
Ese mismo día, varios camiones que transportaban campesinos fueron detenidos por el
ejército y sus ocupantes golpeados e insultados por los uniformados. En esa oportunidad
los militares despojaron a los marchistas de un camión lleno de legumbres, varias
hamacas y cauchos para construir toldos. A una de las barricadas de alambre de púa le
fue conectada electricidad y cada vez que los campesinos se acercaban hacia éstas, los
uniformados desaseguraban los fusiles y amenazaban con dispararle. Los miembros del
Luciano D' Elhuyar pusieron en las barricadas letreros de cartulina que decían: “peligro
explosivos”. Todas estas circunstancias hacían que a pesar de la organización de la
marcha, día tras día las condiciones de concentración a que estaban sometidos los
campesinos se hicieran más críticas.
121

El 24 de mayo, a las 4:30 p.m., los campesinos JOSE JOAQUIN LOZANO RODRIGUEZ,
de 24 años, JOSE DE LA CRUZ ARRIAGADA FLOREZ, de 40, HUGO PEREZ
ANGARITA, FRANCISCO LUIS LOPEZ, militantes del movimiento político A LUCHAR, y
los menores HUGO GARAVITO de 14 años, y una NIÑA de seis años sin identificar,
fueron asesinados. En la misma operación, JAVIER ARENAS, VICTOR NESTOR,
ANGELA MARIA VARGAS, LIBARDO LEON, JUAN SÁNCHEZ y BERNABE SAAVEDRA,
fueron desaparecidos y 200 PERSONAS más fueron detenidas por miembros del Batallón
Nueva Granada, comandado en ese entonces por el Teniente Coronel Luis Eduardo
Santos Quiñónez, que llegaron disparando indiscriminadamente contra la concentración
de más de 3000 personas que participaban de una protesta campesina en zona rural de
San Vicente del Chucurí. Los hechos ocurrieron en la Inspección de Policía Departamental
La Fortuna, jurisdicción del municipio mencionado.
Esa tarde, una patrulla de 12 soldados interrumpió la marcha de los campesinos con
insultos, abusos y acusaciones; los campesinos trataron de no responder a las agresiones
y lanzaron consignas contra los militares que después de un rato empezaron a retirarse.
De un momento a otro se escucharon disparos y cayeron muertos un soldado y un cabo.
De inmediato los militares dispararon indiscriminadamente contra los campesinos dejando
heridos a tres de ellos. Los demás marchantes trataron de recoger los cuerpos, pero los
militares no les permitieron recuperar dos, de quienes se escuchaban sus quejidos de
dolor.
Posteriormente, el comandante del grupo llamó por radio diciendo que había sufrido un
ataque guerrillero y que requería refuerzos. A las 5:30 p.m. llegaron desde
Barrancabermeja al mando del Capitán Jaramillo más tropas militares. De inmediato se
desató una balacera contra los campesinos. Los militares utilizaron desde granadas de
fragmentación hasta los machetes de los propios campesinos para degollarlos.
Varios testigos narraron que algunos campesinos fueron detenidos y obligados a
permanecer tendidos en el piso desde las 8:00 p.m. hasta las 3:00 a.m., varios de ellos,
sin que se haya podido precisar cuantos, fueron seleccionados, acusados de ser
guerrilleros, separados del grupo y desaparecidos. Luego los militares se robaron los
alimentos, enseres, animales y dinero de los marchantes y los habitantes del caserío.
Muchos campesinos trataron de huir, pero fueron capturados por los militares que luego
los entregaron al cuartel de policía de Barrancabermeja.
Tal como afirma uno de los sobrevivientes de la movilización“allí se produjo una espantosa
masacre, que según testimonios y declaración pública de la Coordinadora Popular del
Nororiente fue perpetrada por el ejército” 116 .
Como ya se anotó, los operativos del ejército se produjeron después de un supuesto
enfrentamiento entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas.
116 Ibíd.
122

En horas de la mañana del sábado 29 de mayo, una comisión del gobierno se hizo
presente en la vereda Llana Caliente y les solicitó a los marchistas enviar una comisión a
Bucaramanga para negociar el retiro de los campesinos. La delegación que pudo ingresar
a la Gobernación hacía las 2 de la tarde, le exigió a las autoridades del Gobierno
Departamental la continuación de la marcha, el levantamiento de las barricadas y el cese
de los hostigamientos realizados por los militares.
La prensa nacional deslegitimó desde sus páginas editoriales la protesta de los
campesinos. “Las marchas están prohibidas. Con la Constitución en la mano y con la
fuerza de la ley, se deben impedir... la plaga de las marchas debe cesar”, pedía El Tiempo
en uno de sus editoriales. En el editorial del 29 de mayo, día de la masacre, El Espectador
afirmó que todas las marchas que surcaban los campos de los departamentos de la costa
Atlántica, Antioquia, los Santanderes y Arauca, eran un plan de la subversión para hundir
al país en el más profundo caos. Por otra parte, la revista Semana, en un artículo titulado
El Marchismo Leninismo acusaba a las marchas de ser una réplica de la “Gran Marcha” de
Mao y señaló a varias organizaciones guerrilleras de ser las responsables de la
movilización campesina.
Por orden del gobierno nacional, los efectivos del Batallón de Infantería No. 40 Luciano D'
Elhuyar, debían impedir que la marcha de los campesinos llegara a la capital del
departamento. El Teniente Coronel Rogelio Correa Campos concentró 240 de sus
efectivos en la base militar de Llana Caliente donde estableció su puesto de mando y
donde contaba con las compañías de contraguerrilla Arpón 3, Arpón 4 y Baqueta 4 junto
con las comandadas por el Teniente Edgar Correa Copola y los dos Sargentos de
apellidos Vargas y Menjumea.
El sábado 29 de mayo, luego de que la delegación de campesinos partiera hacia
Bucaramanga, corrió el rumor en la marcha de que varios campesinos habían sido
detenidos por efectivos del Batallón Luciano D'Elhuyar. Una comisión de jornaleros pedía
subir al puesto de mando para hablar con el Comandante Correa Campos, mientras tanto,
la masa campesina coreaba "que los suelten, que los suelten". El Teniente Coronel Correa
Campos permanecía en Llana Caliente en compañía del Capitán Carlos Alfonso Morales
del Río, Oficial del S-2 (Inteligencia del Batallón), del Subteniente Fernando Plata Aldana,
Comandante de la base militar de Llana Caliente y de una escuadra de seguridad bajo el
mando de los cabos Mora y Rubiano. Los Mayores Fernández y Bustos y un capitán de
apellido Rodríguez frecuentemente eran vistos en la base militar.
Permanentemente, varios reconocidos paramilitares de la región vestidos con uniformes
militares y portando armas eran vistos al lado del Teniente Coronel Correa Campos, como
Luis de Jesús Uribe Suárez, alias Comandante Camilo, Jorge Elí Martínez Argüello, alias
Valdemar o el Francotirador, Alberto Parra, alias el Canoso y Luis Silvino Muñoz Neira,
alias Trapichero. Todos ellos eran ex guerrilleros que habían desertado de sus grupos
alzados en armas e ingresado a trabajar con el ejército.
Ese día, el Teniente Coronel Rogelio Correa Campos celebraba su 45 cumpleaños. En la
cocina de la casatienda de Lucía Gómez de Martínez se encontraban el Alcalde de San
123

Vicente de Chucurí, Hernán Obando, el Secretario de la Alcaldía, Gilberto Camargo
Luque, el Secretario de Circulación y Tránsito, José Acevedo y el Personero Municipal de
San Vicente, Ancízar de Jesús Salazar. Los mandatarios municipales se desplazaron a
Llana Caliente a solicitud de los marchistas, quienes preocupados por las actitudes
asumidas por el Comandante del Luciano D' Elhuyar, habían pedido la presencia de las
autoridades locales; sin embargo, una vez en el sitio, lo único que hicieron fue sumarse al
agasajo que se le preparaba al alto oficial.
Desde tempranas horas, el Oficial Correa Campos estaba ingiriendo licor y cerca al medio
día ya estaba ebrio. Cuando oyó el reclamo de los marchistas para que soltaran a los
cuatro campesinos detenidos arbitrariamente, el militar decidió enfrentarlos seguido por su
escuadra de seguridad, al mando del Sargento Pedro Beltrán y acompañado por el
Capitán Morales del Río, el Subteniente Plata y los desertores de la guerrilla e informantes
del ejército El Canoso, Comandante Camilo, Valdemar y Trapichero. En la carretera el
Coronel se paró sobre una inmensa piedra e insultó a la multitud, diciéndoles “si pasan la
barrera no respondo”.
A las 2:30 de la tarde, un campesino trató de pasar las barreras aprovechando las ramas
de un árbol colindante a éstas. El Teniente Coronel se enfureció y dio la orden de preparar
sus fusiles para disparar contra los marchantes. El soldado Luis Suárez Acevedo se negó
a hacerlo; entonces, el Coronel desenfundó su pistola, le apuntó a la sien izquierda y lo
asesinó. Luis Uribe Suárez, conocido como el Comandante Camilo, desertor de la guerrilla
y miembro de la escolta del Coronel, ofendido por este acto empuñó su Galil y disparó
contra Correa Campos, el Capitán Morales Del Río y los cabos Beltrán y Durán. “Hijueputa
Camilo suelte el arma”, “malparido Camilo entregue el arma”, le gritaron los demás
militares al desertor. “No la entrego, mátenme hijueputas”, les contestó el Comandante
Camilo. "Mátenlo, mátenlo, no lo dejen vivo" oyó gritar, dentro de los uniformados, el Cabo
Durán, quien herido en una pierna, trató de buscar refugio.
El Comandante Camilo recibió 25 impactos de arma de fuego que le destrozaron el brazo
izquierdo y la pierna derecha. Acto seguido, los uniformados, desde ambos lados de la
carretera dirigieron los cañones de sus armas hacia los campesinos, durante más de 45
minutos, tiempo en el cual más de 10.000 proyectiles fueron disparados asesinando e
hiriendo a un número indeterminado de personas.
Los campesinos corrían por doquier buscando resguardarse de las balas tras alguna roca
o un árbol, mientras que muchos se tiraban debajo del centenar de vehículos estacionados
a lo largo de la carretera. Finalmente, algunos campesinos con pañuelos y camisas
blandieron improvisadas banderas blancas. Los oficiales del Batallón Luciano D'Elhuyar
dieron la orden de cese al fuego, mientras que le ordenaban a los sobrevivientes salir con
las manos en alto y a los hombres despojarse de sus camisas. Un gran número de
campesinos era reunido al borde del río Opón, mientras que las personas de la cola de la
marcha trataban de huir despavoridos; en ese momento los militares detuvieron a
GUSTAVO LUNA, JAIRO AMORACHO e IVAN MADERO VERGEL. Luego el Teniente
Correa Copola organizó una comisión de cinco hombres para que retiraran de la vía a
algunos heridos y muertos.
124

La zona fue inmediatamente acordonada por el Mayor Fernández Mendoza que asumió el
comando de las tropas. A las autoridades civiles de San Vicente de Chucurí les impidieron
ir al sitio de la masacre hasta bien entrada la noche pero nunca permitieron a los familiares
de los campesinos muertos rescatar los cuerpos. El ejército utilizó los vehículos de la
Alcaldía para evacuar, además de los cuatro militares muertos y el paramilitar Camilo, a 8
campesinos muertos y 27 heridos. Uno de los campesinos heridos llegó muerto al centro
hospitalario y a varios de los sobrevivientes les serían amputadas las extremidades
inferiores.
Los campesinos sobrevivientes fueron retenidos durante dos días en medio de maltratos e
insultos; antes de dejarlos salir para sus sitios de origen fueron fotografiados por los
mismos militares y amenazados por un oficial de ejército.
Los militares sólo entregaron los cuerpos de los cuatro militares muertos, el del paramilitar
Camilo y los de 9 campesinos, entre los que se encontraban, ARNULFO RAMIREZ
IZAQUITA, NELSON OTERO MARTINEZ, ALFREDO RIOS BARRIOS, LUIS ENRIQUE
SANCHEZ MILLAN, LUIS JOSE ARCHILA PLATA, JOSE JOAQUIN ZAMBRANO
MOLINA, PABLO MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, ESPERANZA HERRERA VILLA,
JOSE NATIVIDAD VELANDIA PRADA, RAUL ANTONIO GOMEZ CHAPARRO, JOSE
MENDEZ, WILSON BOTERO y CLEMENTE QUIROGA. Sin embargo, el número de
campesinos asesinados sería superior, tal como lo denunció la ANUC-UR, que calculó en
más de 38 la cifra de campesinos asesinados ese día y cuyos cuerpos aunque nunca
aparecieron, sí fueron vistos por sus compañeros de marcha. Además, cerca de 50
CAMPESINOS fueron heridos, como lo expresa uno de los campesinos que sobrevivió a la
masacre: “la balacera duró aproximadamente una hora y media. Por eso la cantidad de
muertos y heridos es incalculable” 117 .
La persecución y asedio contra los manifestantes prosiguió en los días siguientes a la
realización de las masacres de La Fortuna y Llana Caliente. El testimonio de uno de los
campesinos que sobrevivió a los desmanes represivos del ejército presenta claramente la
crueldad con la que fueron tratados por las tropas militares:
Un recuerdo de Llana Caliente
“(...) Habíamos una cantidad de detenidos que no puedo decir qué tantos, porque nos
cogieron uno por uno. Nos sacaban, nos vendaban y nos dejaban distanciar el uno del
otro. Según ellos fue para que no nos pusiéramos de acuerdo para lo que íbamos a
hablar.
Nos reunió según ellos un coronel, y nos dijo: ¡los voy a soltar manada de hijueputas
guerrilleros, no los quiero matar, para mí es muy fácil matarlos y ninguno tiene pruebas de
que yo los dejé acá, para mí es muy fácil hacer un hueco arriba, llevar uno por uno,
pegarle un solo tiro, meterlo a un hueco, taparlo y ¿quién me comprueba a mi? Los que se
117 Ibíd.
125

fueron sí se dieron cuenta que los dejamos acá, pero yo puedo decir que los detuve y los
dejé ir y no se para donde se fueron; ¿Quién me va a venir a rondar?. Y después nos dijo:
Tranquilos, váyanse hijueputas que yo sé cómo me las arreglo, ustedes caen. Yo utilizo
mis métodos para poderme vengar de ustedes (...).
(...)De manera que el campesinado no tiene derecho a reclamar nada. Veníamos en una
protesta pacífica; a unos no soltaron y otros quedaron ahí; el decir de ellos era que los
llevaban a Puerto Berrío y que allá los arreglaban. Nosotros nos fuimos y no podemos
saber quienes quedaron allá. Así fue el relato de lo que pasó en Llana Caliente” 118 .
Versión y advertencias oficiales
La misma noche del sábado 29 de mayo, en las pantallas de televisión apareció el Ministro
de Gobierno y encargado de la Presidencia, César Gaviria afirmando que:
“...hoy en la vereda Llana Caliente del municipio de San Vicente de
Chucurí, se presentó un gravísimo enfrentamiento entre la fuerza
pública y grupos terroristas infiltrados en la marcha, cuando terroristas
dispararon varias ráfagas de armas automáticas en el momento en que
el Comandante del batallón trataba de calmar los ánimos”.
El Comandante General de la Segunda División del Ejército, Farouk Yanine Díaz, expresó
durante el sepelio del Teniente Coronel Correa Campos: “Si las Fuerzas Militares tienen
que seguir colocando la cuota de sangre para que haya paz en Colombia, seguiremos
ofrendando las vidas con honor y patriotismo”.
Esta fue la versión oficial de los hechos, la primera piedra puesta para erigir un muro de
impunidad. Al día siguiente la gran prensa recogió esta versión. Según El Tiempo, era el
ELN el autor de la muerte del Teniente Coronel Rogelio Correa Campos, mientras que El
Espectador se limitaba a reproducir la simple versión de que eran guerrilleros infiltrados en
la marcha. El diario regional Vanguardia Liberal corroboró tal información e inculpó al
frente Capitán Parmenio del ELN.
Dos días más tarde con ocasión de la posesión de los alcaldes elegidos en las elecciones
de marzo de 1988, el Ministro Delegatario afirmó refiriéndose a los hechos de Llana
Caliente que “el campesinado colombiano debe aprender una lección de esos hechos y
buscar canales regulares para hacer conocer del Gobierno sus reivindicaciones”.
8.3 Represalias contra los marchantes
118 Testimonio presentado por un campesino de San Vicente de Chucurí, sobre su participación en las
marchas, en la Jornada Internacional con Colombia, convocada por la CUT. En: Colombia Hoy Informa,
año IX, No. 58, Bogotá, 1988.
126

En toda la Zona V se desplegó un operativo coordinado por organismos del Estado y
ejecutado por paramilitares, que por medio del asesinato selectivo arrasaron con los
líderes de la marcha campesina.
El 14 de junio, en San Vicente fueron asesinados por sicarios TIMOLEON GOMEZ
PANTOJA de 27 años y PEDRO VICENTE GOMEZ de 42 años, militantes del Frente
Popular y miembros de la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio que lideró las
marchas campesinas.
El 19 de junio, el campesino dirigente de la junta de acción comunal de las veredas del
Bajo Simacota y secretario suplente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de
Barrancabermeja, ANUC, HERNANDO TAVERA CARREÑO, fue detenido y amenazado
por miembros del ejército al mando del sargento Restrepo de la base militar Yarima en ese
mismo corregimiento. Ese día, Hernando estaba en la vereda repartiendo algunos
presentes entre los campesinos cuando el sargento Restrepo lo insultó y le ordenó
presentarse en las instalaciones de la base militar Yarima ese mismo día a las 5:00 p.m..
Antes de las 5:00 p.m. Hernando fue detenido por dos soldados que lo llevaron a la
base. 119
Hernando relató después de su detención, que:
“Bueno, prácticamente que yo vengo siendo objeto de una
persecución por parte de los señores militares de la base Yarima, más
concreto por un sargento de apellido Restrepo. A mi se me acusa de
haber colocado unas pintas o letreros en las paredes de las casas de
Yarima. Dichos letreros estaban prácticamente a contra de ese evento
ya que fui invitado por el señor Luis Horacio Orquijo, delegado de
ECOPETROL de El Centro para organizar las fiestas del campesino
en Yarima; yo me presenté en el centro para asumir alguna tarea, fue
así como estuve al frente de la actividad que era repartir regalos a los
campesinos el día domingo 19. Estando ahí repartiendo los regalos se
presentó el sargento Restrepo y además de decirme algunas palabras
insultantes, me dijo que tenía que presentarme a las cinco de la tarde”.
“Analizo que pueden ser equivocaciones por parte de los militares,
pues hasta la presente no había tenido ningún problema ni civil ni
militar”. 120
El sargento Restrepo acusó a Hernando de ser promotor de las marchas campesinas, lo
interrogó y lo amenazó diciéndole que respondiera para poder salvar su vida. Finalmente,
el sargento obligó a Hernando a presentarse todos los días al batallón para ser
interrogado. Durante esos días fue constantemente amenazado. Hernando, reconocido
119
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Carta al Procurador Provincial de
Barrancabermeja. Junio 24 de 1988.
120
Declaración de Hernando Tavera Carreño ante la Procuraduría Regional de Barrancabermeja. Junio 25
de 1988.
127

líder campesino, demás de atender su finca, manifestó que como “como presidente de la
vereda es que estamos construyendo con toda la comunidad un puente, conseguir aportes
con ECOPETROL y el Departamento para este fin de terminar el puente”. 121
Dos días más tarde, en el casco urbano del municipio, el 21 de junio, fue asesinado en
San Vicente, por desconocidos el Vicepresidente del Concejo Municipal de El Playón
BENITO ANTONIO BERNAL de 55 años de edad, quien era de filiación conservadora. El
mismo día fue asesinado el concejal de El Playón, DOMINGO BENAVIDEZ, en la
inspección departamental La Aguada, lugar donde residía Benito Antonio.
El 2 de julio, dos paramilitares encapuchados asesinaron al campesino GUILLERMO
GALAN de 34 años con veinte impactos de bala calibre 9mm. Tres días después, el 5 de
julio, fue asesinado el campesino ALFONSO LOPEZ PINEDA de 47 años de edad, cuando
un grupo de hombres entraron hasta la finca donde se encontraba, en la vereda Guayacán
del corregimiento Albania.
El 20 de julio de 1988 el grupo paramilitar que adoptó el nombre de “Comando Coronel
Correa Campos”, dirigido por Isidro Carreño, alias Comanche, y el Teniente Orlando
Hernando Pulido Rojas, irrumpió a las 5:00 de la mañana en una finca de la vereda Tres
Amigos, Inspección Departamental Yarima y en medio de golpes y una explosión obligaron
a los campesinos que se encontraban durmiendo a salir de la casa, los hicieron formar una
fila para dispararles y luego le prendieron fuego a la casa.
Ángel Miguel Rincón Merchán, líder comunal de la zona, trabajaba en aquella finca desde
hacía 18 años junto con su familia y para la siniestra madrugada del 20 de julio se
encontraba en Barrancabermeja con dos de sus hijos realizando la compra de algunas
herramientas y materiales; sin embargo, tres de sus hijos, OSCAR RINCON RUBIO de 15
años, NUBIA RINCON RUBIO de 9 años y CECILIA RINCON RUBIO de 14 años, al igual
que su esposa ROSA RUBIO DE RINCÓN fueron asesinados.
Entre los ocupantes de la casa se encontraban el niño de 12 años GERARDO TORRES y
los campesinos y trabajadores de construcción WILSON MARTINEZ, NORBERTO PLATA,
ALFONSO RODRIGUEZ, ISANDRO ARGUELLO, WILMAR NIÑO, HELIODORO ARDILA,
LUIS VARGAS, MARIN MARIN ORLANDO, ALVARO OSSA PINZON y ALVARO
RODRÍGUEZ, a quienes los paramilitares y militares acusaron de “ser auxiliadores de la
guerrilla”. Varios de estos hombres habían llegado allí tan sólo hacía unos días contratados
por Ángel Miguel para efectuar unas reparaciones en la finca y no eran siquiera de la
región. Los demás campesinos habían participado en las marchas campesinas de mayo
de 1988, en las que una vez ocurrida la masacre de Llana Caliente, muchos de los
participantes y sobrevivientes fueron reseñados y fotografiados por el ejército.
Ángel Miguel nunca más pudo regresar a su finca y sólo tres días después algunos de sus
amigos acompañaron a una de sus hijas a ver cómo podían recuperar sus pertenencias. Al
llegar se percataron de que las cosas que no habían sido quemadas, habían sido robadas,
121 Ibídem. p. 2.
128

como ganado, animales, la planta eléctrica, fumigadoras, herramientas, etc. Él pudo
recoger algunas cosas de uso personal y las dejo al cuidado de una vecina amiga “para
después recogerlas en un carro”. Sin embargo esto nunca se pudo hacer porque los
paramilitares volvieron a la vereda a amenazar a sus habitantes e inmediatamente, 50
familias campesinas abandonaron la región. Los paramilitares también saquearon estas
casas y muchos campesinos afirmaron que las cosas eran llevadas a las bases
paramilitares cercanas a San Juan Bosco la Verde en la vereda Los Olivos.
Diez días después de la masacre de Tres Amigos, el 30 de julio, fue asesinado con
impactos de arma 9mm LUIS RUEDA de 48 años, conocido como “El Diablo”, en la
inspección departamental Cantarrana. Al día siguiente, 31 de julio, en la Inspección
Departamental Yarima, se encontraron los cuerpos sin vida de DOS HOMBRES.
En la semana del 4 de agosto de 1988, los miembros del ejército hostigaron a mas de 100
familias de la zona, entre ellos a los profesores PLINIO ORTEGA, MARITZA FLOREZ,
ARACELY FLOREZ, ISAIAS FLOREZ y GILBERTO LOPEZ. Los docentes recibieron
amenazas y fueron obligados a salir de la vereda Santo Domingo del Ramo. Anteriormente
en ese lugar se había instalado una base militar. Una semana más tarde, el 12 de agosto,
el campesino LUIS EDUARDO CRUZ de 38 años fue asesinado en la Vereda La Carolina,
al igual que JULIO HUMBERTO RUBIO RIOS, campesino asesinado el 18 del mismo mes
en la vereda Tres Amigos ubicada en la inspección departamental Yarima. De la misma
manera, el 23 de agosto, fue asesinado el campesino PRISCE ARDILA, de 23 años, en la
Vereda Primavera. El Comando de policía de Santander afirmó que el campesino tenía
escrito en su camisa un letrero que decía: Unión Camilista-ELN.
El 7 de septiembre, el conductor LAUREANO SERRANO GARCIA de 24 años y su
hermano LUIS RICARDO SERRANO GARCIA de 21 años, fueron asesinados por
paramilitares que actuaban en conjunto con los militares en la Inspección Departamental
de Yarima. Ese día Gerardo Vesga Chacón transportaba una carga de maíz en una
volqueta y se quedó varado, entonces contrató a Reynaldo Gelves junto con Luis Ricardo
y Laureano para sacar la carga. Más tarde llegó Zody, esposa de Ricardo a acompañarlos.
Después llegaron los paramilitares armados y pusieron a los dos hermanos con las manos
en la cabeza y luego les dispararon frente a algunos de sus familiares; luego, según
aseguraron algunos testigos, una patrulla del ejército apoyó la acción. Finalmente los
paramilitares le exigieron a Reynaldo, quien los acompañaba que subiera los cuerpos a un
camión. Zody Martínez, hermana y sobrina de algunos de los paramilitares que asesinaron
a Luis Ricardo y Laureano afirmó que cuando le preguntó a Caballero Arenas por qué lo
habían hecho, él le respondió que ellos eran “perros auxiliadores de la guerrilla”. Seis
meses después cuando acudía a una diligencia judicial relacionada con el crimen, ella fue
objeto de seguimientos y hostigamiento por parte de los militares. Los hermanos Serrano
habían sido testigos de la destrucción y quema de unas casas de campesinos.
Con frecuencia, los campesinos asesinados fueron encontrados en diferentes partes de la
zona rural del municipio y con impactos de bala 9mm. El 11 de septiembre fue encontrado
el cuerpo de un HOMBRE de unos 30 años en la Vereda La Pradera. El 22 de septiembre,
fue asesinado SILVINO MUÑOZ NEIRA de 30 años de edad. Tres días después, el 25 de
129

septiembre, fueron encontrados los cuerpos de DOS CAMPESINOS en la vereda El
Naranjo. El 9 de octubre, el campesino CELIO AMADO de 33 años de edad, fue asesinado
en la vereda Llana Caliente. El 16 de octubre fue asesinado JAIME FIDEL CAMARGO de
30 años de edad. Dos días después, el 18 de octubre, otros DOS CAMPESINOS entre los
30 y 32 años de edad, fueron asesinados en la vereda Campo Hermoso. De la misma
forma fue asesinado el 23 de octubre el comerciante ENRIQUE FLOREZ de 32 años. El
27 de octubre, en la finca El Diviso, ubicada en la vereda Guadual, se encontraron los
cuerpos sin vida de los campesinos DOMINGO ARGUELLO PARRA de 42 años y de
JAIRO TORO VALDES de 27 años.
Mientras esto ocurría, los asesinos se paseaban libremente por las zonas rurales bajo la
total impunidad y los hombres del batallón D'Elhuyar los apoyaban; de tal manera, el 22 de
octubre en la vereda La Colorada, el campesino MARTIN ELIECER IBARRA fue detenido,
torturado y asesinado cuando laboraba en su parcela por tropas de éste batallón que
patrullaban en compañía de paramilitares del grupo los Masetos. Días después, el 30 de
octubre, el campesino y pescador ALFREDO PAYARES NAVARRO desapareció a manos
de varios paramilitares cerca a la base militar de San Vicente.
Los paramilitares asesinaron el 6 de noviembre a JAIME RAMIREZ DIAS, de 20 años de
edad. Luego, el 17 de noviembre, a OMAR CARDENAS VEGA, de 24 años, en la finca
San Agustín, ubicada en la Vereda La Esmeralda. El 11 de diciembre fue muerto por estos
mismos agresores JORGE ENRIQUE VANEGAS de 27 años. El mismo día el campesino
ROBINSON BOHÓRQUEZ, de 20 años, fue asesinado en el estadero Maravilla. Siete días
más tarde, el 18 de diciembre, sería desaparecido el comerciante y finquero JOSE
ENRIQUE TORRES VALDERRAMA, en la vereda Monte de los Olivos. Su cuerpo fue
encontrado hasta el 14 de julio de 1989 enterrado en predios de la finca Versalles. El 20
de diciembre, se cometió el asesinato del campesino VICTOR JULIO PEDRAZA SANTOS
en la vereda Barrio Amarillo; y el 23 de diciembre fue asesinado el campesino y propietario
del depósito de café La Bonanza PEDRO CARREÑO de 30 años.
8.4 LA FOSA COMÚN DE HOYO MALO
Esta fosa natural de más de 50 metros está ubicada en la vereda Santa Rosa a 11
kilómetros de San Vicente, en la vía que conduce a El Carmen, más específicamente en la
finca de Ana Matilde González. El hallazgo de este siniestro lugar fue denunciado por la
ANUC con ocasión de la masacre de Llana Caliente y desde entonces se convirtió en un
símbolo de impunidad y ejemplo de la operatividad tanto de militares como de
paramilitares.
Después de las marchas campesinas de mayo de 1988, en el marco de las cuales
ocurrieron las masacres de Llana Caliente, La Fortuna y Tres Amigos, muchos de los
participantes y organizadores de las marchas y sobrevivientes de esos hechos fueron
reseñados por el ejército, tomándoles sus datos personales y fotografiándolos. Varios de
ellos luego serían asesinados posteriormente por militares, paramilitares o en acciones
130

conjuntas, y posteriormente sus cuerpos abandonados en Hoyo Malo. Tan macabro
hallazgo conmocionó al país entero. Las labores de búsqueda e identificación de los
cuerpos, de los cuales la mayoría nunca fueron plenamente identificados, recayeron sobre
más de 100 personas.
Allí, además de los cuerpos de decenas de personas asesinadas durante las masacres
cometidas en el desarrollo de las marchas campesinas y las desapariciones y asesinatos
posteriores a ellas, se encontraron fragmentos de cuerpos en todas las etapas de
descomposición, algunos con más de 10 años de estar allí. El casual descubrimiento de
esta fosa común creó grandes dificultades para los cuerpos técnicos de criminalística,
Procuraduría, Policía Judicial y DAS que se habían desplazado desde Bucaramanga y
Bogotá, debido a la inaccesibilidad del paraje, al cual se podía llegar por una carretera
destapada o por avioneta; y por falta de apoyo y seguridad en las labores de rescate del
ejército y policía que hacía temer a los funcionarios un posible ataque de los grupos
paramilitares para evitar el arribo al municipio.
Entre los cuerpos encontrados estaban los de los campesinos ALVARO CRISTANCHO
TOLOZA, ALVARO CRISTANCHO ARDILA y ELISEO REYES, militante de A Luchar,
quienes fueron desaparecidos en febrero de 1989 y posteriormente asesinados por
paramilitares del grupo los Masetos en colaboración con efectivos del ejército. Los
campesinos habían participado en las marchas campesinas de mayo de 1988 y habían
sido testigos de la masacre de Llana Caliente. Los agricultores salían de su casa rumbo al
trabajo en la hacienda La Gómez a las 11:00 a.m. cuando fueron interceptados por sus
agresores; uno de los trabajadores de la hacienda llegó hasta la casa de ellos y avisó a los
familiares que estos no habían ido a trabajar; desde ese momento comenzó la búsqueda
hasta que el 22 de abril de 1989 uno de los obreros informó a la familia que los
campesinos habían sido encontrados en Hoyo Malo.
Estas desapariciones se dieron después de una emboscada del ELN a tropas de la V
Brigada en San Vicente el día 6 de febrero, donde resultaron muertos 5 soldados y varios
heridos. Era claro que una vez detenidos y asesinados los militares y paramilitares, los
cuerpos de los campesinos eran abandonados en Hoyo Malo.
A finales del mes de abril de 1989, el día 29, SEIS PERSONAS fueron encontradas
asesinadas y en avanzado estado de descomposición en la fosa común. Para el 3 de
mayo, también se encontraron en esta fosa los cuerpos de NUEVE HOMBRES y el de
ALVARO RODRÍGUEZ.
El jueves 5 de mayo de 1989, las labores de rescate fueron suspendidas por el Juez 22 de
Instrucción Criminal, Jorge Humberto Vacca, al considerar que primero era necesario
solicitar a la Seccional de Instrucción Criminal y a Medicina Legal de Bucaramanga el
envío de una serie de elementos y equipos técnicos que permitieran recoger de manera
más completa y técnica cada uno de los fragmentos óseos, calculados de pertenecer a no
menos de 100 personas, esparcidos a lo largo del profundo socavón. 122 A partir de ese
122 El Espectador, viernes 5 de mayo de 1989. p. 11-A.
131

momento, los patrullajes conjuntos entre militares y paramilitares fueron el mecanismo
implementado para reafirmar el control en la región. Por medio de las operaciones
conjuntas, los agresores cometieron innumerables violaciones de derechos humanos.
Luego de que las labores de rescate e identificación de los cuerpos fueron suspendidas, el
17 de mayo de 1989, CINCO HOMBRES fueron encontrados asesinados en Hoyo Malo.
Un año más tarde, el 4 de febrero de 1990 aparecieron nuevamente los cuerpos de SEIS
HOMBRES en avanzado estado de descomposición en ese mismo lugar.
1989
En 1989 se observó la acción paramilitar en algunas zonas del municipio como la
inspección departamental Yarima, en las veredas Hojarasca, El Carmen, Caña Dorada y
Mérida; mientras tanto los militares arremetieron con artillería sobre las veredas que se
resistían a la incursión paramilitar, en especial en la inspección de policía Llana Fría. Los
paramilitares acudieron principalmente a la modalidad del asesinato selectivo, que se
implementaba por medio de retenes e incursiones en las viviendas y en establecimientos
públicos de donde desaparecían a las víctimas para asesinarlas con impactos de arma
9mm.
En el transcurso del año, la mayoría de responsables se registraron como autores
desconocidos, debido al miedo que cundía en la población y que los obligó a negar el
conocimiento de los autores de los crímenes y sólo denunciarlo como el accionar de
“hombres armados o desconocidos”. Esta dificultad para identificar a los responsables de
la alarmante oleada de violencia se vio agravada por el hecho de que los grupos
paramilitares que se posicionaron en el municipio ya no eran conformados por gente de la
zona sino por hombres venidos de otras regiones del país.
El 13 de enero, OMAR FREDDY CASTAÑEDA GONZALEZ de 21 años, fue asesinado
por paramilitares en el bar Los Vencedores, los cuales darían muerte también, el día 20 de
enero, al campesino LUIS DE JESUS PABON de 30 años, asesinado en la vereda
Tablarroja ubicada en la Inspección Departamental Yarima.
El 24 de enero de 1989, el conductor de una volqueta al servicio del municipio ELISEO
ARDILA ACOSTA de 32 años y el comerciante GUMERCINDO JIMÉNEZ de 34 años,
fueron asesinados por individuos que se movilizaban en un vehículo y les dispararon
cuando se encontraban en un establecimiento público ubicado a 800 metros de la sede del
Batallón Luciano D' Elhuyar.
Los asesinatos continuarían el 26 de enero con la muerte del campesino AVELINO
ROMERO ESTEVEZ de 30 años, ocurrida en la vereda La Cascajera, Inspección
Departamental Yarima. El día 30 del mismo mes con el campesino JORGE ELIECER
GOMEZ PRADA, de 29 años, asesinado en la vereda Hojarasca. Días mas tarde, el 19 de
febrero, otros dos campesinos, ALFREDO PEDRAZA de 18 años de edad, y JESUS
RAFAEL ZAPATA de 70, también serían asesinados en las veredas El Carmen y Caña
132

Dorada respectivamente. A finales de febrero, el día 21, el campesino JOSE DEL
CARMEN MORALES SÁNCHEZ, de 29 años, fue asesinado en la vereda Mérida.
El 2 de marzo, varios “desconocidos” que instalaron un retén en la vía al municipio de San
Vicente, retuvieron un bus de placas XK-1384 afiliado a la empresa
COOTRANSMAGDALENA, obligando a DOS CAMPESINOS que viajaban en él a bajarse,
y luego los asesinaron. Seis días después, el 8 de marzo, un grupo de hombres armados
sacaron de su residencia al finquero JOSE JOAQUIN ROMERO de 43 años, en la
Inspección Departamental de Yarima y posteriormente lo asesinaron.
Ese mismo mes, el 21 de marzo, las veredas del bajo San Vicente La Colorada, Tambo
Redondo, La Fortuna, Algibes, Barranco Amarillo, Centenario, Alto Cascajales y
Angosturas fueron bombardeadas indiscriminadamente por las fuerzas militares.
El 5 de abril, los campesinos JORGE ELIECER JIMENEZ de 24 años, LUIS URIBE de 55
años, DAVID CRUZ de 50 años, ADOLFO GUERRERO RANGEL de 40 años, ULISES
GRANADA de 18 años y DAVID CRUZ de 24 años, fueron asesinados en la Inspección
Departamental Yarima por un grupo de paramilitares conformado por 20 individuos que
vestían trajes militares y que llevaban las caras tiznadas, quienes reunieron a la población
llamando a los campesinos por sus nombres, los cuales estaban consignados en una lista.
Algunos días más tarde, el 11 de abril, un grupo de hombres desconocidos que llegaron a
una finca en el sitio conocido como La Canana, dispararon más de 40 balas sobre los
cuerpos del campesino ALFONSO VALERO AYALA de 41 años, su esposa MERCEDES
FIGUEROA DE VALERO de 40 años y su hija MIREYA VALERO FIGUEROA de sólo 14.
Mayo fue un mes en el cual los habitantes de San Vicente vivieron una “tensa calma”. Sin
embargo, a partir del 10 de junio, fueron bombardeadas por el ejército las veredas La
Putana Alta y Pozo Nutria Dos. Como consecuencia de los bombardeos resultó muerto el
campesino JORGE ANTONIO VELASCO de 60 años, quien trataba de huir de ellos. En los
últimos días de ese mes se reanudaron las incursiones paramilitares, operativos que se
sumaron a los bombardeos y agresiones del ejército. El 22 de junio, el campesino
ERASMO VERA PULIDO de 24 años fue asesinado por un grupo de 15 sujetos armados
en la finca La Piragua. Este crimen fue atribuido por las autoridades a miembros de las
FARC, pero según la versión recogida durante la celebración del Foro Regional de
Derechos Humanos en Barrancabermeja, los campesinos de esta región venían siendo
amenazados por el propietario de la finca, quien los acusaba “de ser comunistas”.
En el mes de julio continuaron los asesinatos selectivos a manos de los paramilitares. El
16 fue asesinado HERNANDO GOMEZ RINCÓN conocido como Pambelé. Dos días
después, el 18, sería asesinado en la vereda Pamplonita el campesino FABIAN RANGEL
GARCIA, de 18 años. El 21, el campesino CRISTOBAL SARMIENTO AMAYA de 22 años
de edad, fue asesinado de un impacto de bala en el cuello en la vereda Maravillas.
133

El 4 de septiembre, RODRIGO ALMEIDA BERMEO fue asesinado de dos impactos de
bala 9mm por desconocidos que vestían prendas militares cuando interceptaron el bus
XK-9812 donde Rodrigo se movilizaba hacia la ciudad de Bucaramanga. En los últimos
días del mes de octubre unidades paramilitares arribaron al casco urbano de la población.
El 25 de octubre, el vendedor ambulante ALVARO ORTIZ ROJAS de 30 años fue
asesinado en la calle 11 con carrera 13 del barrio El Centro.
La arremetida paramilitar continuó durante los meses de noviembre y diciembre en el área
rural del municipio. El 13 de noviembre, un CAMPESINO fue asesinado en la Inspección
Departamental Guamales. El 21 de noviembre, el campesino JOAQUIN MENDOZA
JIMÉNEZ, de 20 años, fue asesinado por 6 paramilitares que portaban armas de largo
alcance y se vestían como policías, entre quienes se encontraba Lorenzo Lizarazo Reyes.
El 4 de diciembre fue asesinado el carpintero HUGO GUERRERO VILLAREAL.
Finalmente, el 21 de diciembre en la finca El Divino, ubicada en la vereda Santa Rosa,
asesinaron al campesino FELIX ANTONIO RIVERA, de 30 años.
1990
A lo largo de 1990 se convirtió en práctica común que, tras los operativos de bombardeo,
las unidades militares incursionaran en el campo para efectuar “operaciones rastrillo”.
Estas operaciones consistían en una avanzada terrestre a través de las veredas,
realizando allanamientos, detenciones, interrogatorios, asesinatos y torturas a los
campesinos. Durante estas operaciones, los militares se hacían acompañar, la mayoría de
veces, por paramilitares para que los guiaran en la región; a consecuencia de ello, los
campesinos permanecían sin comunicación en las veredas, ante las restricciones de
circulación impuestas por los militares y el miedo de caer en uno de los campos minados.
La movilización de tropas infundía en los campesinos prevenciones a la hora de
emprender sus tareas, ya que los casos de campesinos detenidos y obligados a patrullar
con ellos eran frecuentes.
Desde los primeros días del año, las tropas del ejército comenzaron a bombardear la zona
rural del municipio. En el mes de febrero, los campesinos de las veredas Piedra Negra,
Quinales, Mirabel, Campo Alegre, El Borneo, Altogrande y Agua Dulce del corregimiento
de Llana Fría, respaldados por los representantes de las Juntas de Acción Comunal, el
Comité de Salud y el Comité de Mercadeo de Mirabel denunciaron los atropellos de las
tropas del Batallón Luciano D' Elhuyar durante los bombardeos realizados contra los
campesinos, utilizando helicópteros artillados y aviones que sobrevolaban los ranchos
arrasando cultivos, animales y viviendas. También denunciaron los saqueos a que eran
sometidos por las tropas, el amedrentamiento psicológico, la obligación de servirles de
guías y la obstrucción en el desplazamiento de la población, además de las dificultades
en el transporte de cargas y pasajeros y el normal funcionamiento de las escuelas, pues
muy cerca de la escuela de Altogrande se presentaron bombardeos que pusieron en
peligro la vida de los niños. 123
123 Denuncia pública de los habitantes de Llana Fría. San Vicente de Chucurí. Febrero 13 de 1990.
134

La detonación intencional por parte de personal de la fuerza armada de explosivos en el
casco urbano del municipio, simulando una incursión guerrillera, se presentó como una
situación que iba en una doble vía: en primer lugar, infundir el miedo, pues las
explosiones se realizaban en zonas residenciales, las cuales afectaban especialmente a
niños y mujeres, y en segundo lugar, crear confusión entre los habitantes para captar
cualquier posible reacción de “guerrilleros mimetizados” entre la población.
El 6 de febrero de 1990 en El Carmen y San Vicente, se desarrollaron nuevos operativos
militares, los cuales tuvieron lugar como parte de una supuesta acción contraguerrillera
con tropas adscritas a los batallones Luciano D’ Elhuyar y Nueva Granada que efectuaron
un desembarco aerotransportado en el corregimiento Llana Fría de San Vicente. El 7 de
febrero de 1990, un día después de la llegada de las tropas, los campesinos FILEMON
CALA REYES y NORBERTO N., al igual que la profesora FABIOLA LOPEZ, fueron
amenazados por miembros del ejército y un grupo de paramilitares, en una reunión llevada
a cabo en la Base Militar de La Estrella, ubicada en el mismo municipio.
El 9 de febrero fueron bombardeadas las siguientes veredas de San Vicente: Alto Grande,
Guayaquil, Pozo 16, Pozo 17, Pozo Nutria, La Tempestuosa, El Reposo, Agua Dulce,
Vizcaína Alta, y Piedras Negras. En el despliegue de estas maniobras, los campesinos
CARLOS GARAVITO de 30 años y LUIS EMEL MARTINEZ fueron detenidos en la vereda
Vizcaína Alta. Luis fue dejado en libertad mientras que Carlos fue obligado a subir a un
helicóptero. Desde ese momento no se volvió a saber nada sobre su paradero hasta el 20
de febrero siguiente, fecha en la cual se encontró su cuerpo con visibles huellas de tortura;
estaba en tal estado, que se hizo necesario sacarlo en baldes de plástico. 124
Ese mismo día, un CAMPESINO habitante de la vereda La Tempestuosa fue detenido y
amarrado a un árbol durante un día y una noche; luego quisieron obligarlo a caminar
descalzo, pero al negarse lo golpearon en la cara obligándolo a avanzar con ellos hasta
que lo dejaron en libertad en medio de una vereda lejana. Varios testigos afirmaron que
durante el operativo un teniente de apellido Martínez llevaba una lista donde figuraban
todos los miembros de la acción comunal de la vereda La Tempestuosa y que
preguntaban por ellos en forma amenazante, porque los acusaban de ser guerrilleros.
En el desarrollo del operativo aviones y helicópteros bombardearon y ametrallaron varias
veredas de San Vicente de Chucurí, entre las que se encuentran El Cerro de la Aurora,
Altogrande, Mirabel, La Tempestuosa, Vizcaína Alta y Aguadulce.
Al otro día 10 de febrero de 1990, prosiguieron los bombardeos y ametrallamientos.
Durante su recorrido los militares mataron ganado, destruyeron cercas, saquearon casas y
amenazaron a varias familias con volar las casas y violar a las mujeres. Ese día, los
bombardeos fueron efectuados desde un avión A-37 y los ametrallamientos desde cuatro
helicópteros en los cuales la fuerza pública arribo a las veredas mencionadas del
corregimiento de Llana Fría. A medida que patrullaban por el corregimiento, los militares
124 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Violaciones de los
Derechos Humanos en la Región, Barrancabermeja, abril de 1990
135

impidieron el funcionamiento de las escuelas, no permitieron la libre movilización de las
personas y obligaron a algunos campesinos a servirles de guía mientras transitaban por la
zona; en total, estas acciones afectaron a aproximadamente 1400 familias.
En el desarrollo de estas operaciones, fueron detenidos, torturados y asesinados dentro
de su vivienda, por tropas del Batallón Luciano D' Elhuyar en la vereda Alto Grande, los
hermanos y campesinos JUAN y ELISEO CABALLERO, ambos con 50 años de edad y
sordomudos cuando estaban en su casa 125 . La Comisión de Derechos Humanos que se
desplazó a esa zona observó el cuarto ensangrentado, la cama llena de perforaciones de
proyectil y el sitio donde los semi enterraron. Al final del operativo los informes oficiales del
ejército los presentaron como guerrilleros muertos en combate.
Un día más tarde, el 11 de febrero, el ejército saqueó la cooperativa ASOPROLLANA, en
el corregimiento de Llana Fría, de la cual se llevaron mercancías por un valor de $
1'486.485. Algunos meses antes, en junio de 1989, las unidades del ejército le habían
robado a la cooperativa un radioteléfono que nunca devolvieron.
El 12 y 13 de febrero de 1990, nuevamente fue bombardeada y ametrallada la zona de
Llana Fría, lo que ocasionó el éxodo de sus pobladores hacia la cabecera municipal de
San Vicente del Chucurí. Ese mismo día fueron asesinados los campesinos GILBERTO
PEÑALOZA y NOE QUINTERO, en su parcela ubicada en la vereda Vizcaína Alta, y hasta
el día 15 de ese mismo mes fueron encontrados sus cuerpos con señales de tortura.
El 12 de febrero, también fueron victimizados los campesinos GILBERTO CABALLERO e
ISIDRO CEPEDA, quienes fueron sacados de su residencia para ser detenidos y luego
desaparecidos.
Desde el día 16 de febrero, todas las actividades económicas y administrativas de San
Vicente se paralizaron; muchos de los pobladores se movilizaron a la cabecera municipal y
realizaron actos cívicos que tenían como exigencia principal el respeto por la vida. Durante
una de esas manifestaciones, en la mañana de ese mismo día, los soldados del batallón
Luciano D'Elhuyar, detuvieron arbitrariamente a los campesinos y estudiantes
HERNANDO GOMEZ, LUIS ANGARITA, ENRIQUE TORRES y EDUARDO ARDILA a
quienes recluyeron en las instalaciones del batallón.
Es preciso señalar que en el transcurso o después de los operativos, la población
campesina era agredida y desaparecida “en circunstancias desconocidas” o “por hombres
desconocidos”; no obstante, mucho tiempo después, eran encontrados sus cuerpos
torturados y asesinados, tal como sucedió el 21 de febrero de 1990, en la vereda Agua
Dulce, donde fue hallado por una comisión de organismos de derechos humanos el cuerpo
del médico rural JUAN FERNANDO PORRAS MARTINEZ, en avanzado estado de
descomposición y con varios impactos de bala 9mm en el cráneo, las manos quemadas y
125 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC- San Vicente de Chucurí y Asociación Municipal de
Usuarios Campesinos AMUC- Barrancabermeja. Acción Urgente. Febrero 19 de 1990.
136

los pies atados con cuerdas. En el sitio fueron halladas bolsas negras plásticas con
membrete del ejército. Más tarde se supo que Juan Fernando había sido detenido el 5 de
febrero anterior en Bucaramanga, siendo torturado y desaparecido. Militares al mando del
Brigadier General Carlos Julio Gil Colorado lo asesinaron en San Vicente en el marco de
la gigantesca operación de bombardeos y registros militares que realizaban por esos días
en el municipio. 126
En marzo de 1990 la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad corrió por cuenta de
paramilitares. Los pobladores asesinados en el transcurso del mes fueron: el campesino
LUIS AMBROSIO GONZALEZ de 48 años, muerto el 3 de marzo de 7 impactos de bala
9mm por sujetos no identificados que llegaron hasta su casa en la vereda El Marcito. El
campesino CARLOS ARTURO ROJAS LADINEZ de 23 años, ultimado con arma de fuego
calibre 16 en el caserío La Tempestuosa, el 15 de marzo.
Durante el mes de abril las tropas del Batallón D’ Elhuyar llegaron con lista en mano a la
vereda La Tempestuosa, buscando a algunos campesinos para asesinarlos. 127 Esto
coincidió con el hallazgo del cuerpo sin vida del campesino ARNULFO MORENO SIERRA,
en la inspección departamental La Pradera, el 9 de abril, y con la detención y tortura de los
campesinos HORACIO ACEVEDO y JUAN DE DIOS LIZARAZO en abril 25, a manos de
efectivos del batallón de Infantería No. 40 Luciano D’Elhuyar.
A pesar del estricto control que mantenía el ejército sobre la población civil y de las
numerosas bases y retenes militares instalados en la zona, en la primera semana de mayo
de 1990, se convocó a una reunión a la cual debían asistir comerciantes, campesinos,
peseros y demás gremios de San Vicente o “irían por ellos”, según afirmaron los
paramilitares que obligaron a la población a asistir a la reunión. Esta se cumplió el 16 del
mismo mes y fue presidida por el inspector de policía Isidro Carreño, quien les informó que
de ahí en adelante debían pagar millonarias sumas de dinero argumentando que
necesitaban armarse para “una limpieza de la guerrilla” de aquella población. Es así como
se indicó que los campesinos debían reunir 20 millones de pesos, los comerciantes 22
millones y los ganaderos 50 millones de pesos 128 .
En los siguientes días del mes, los paramilitares -entre los que se encontraban el hijo de
Isidro Carreño (“Comanche”), Elio Pacheco, Ovidio Rincón y Luis Gil-, incursionaron en las
veredas de la zona para exigir el apoyo a su organización; a los campesinos que se
negaron los asesinaron 129 .
Entretanto, el hallazgo de cuerpos en las zonas rurales continuaba presentándose. El 30
de mayo, en el sitio conocido como Guayacanes de la vereda Los Medios, se halló el
126
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos
ASFADDES, Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General. Comunicado No. 002.
Bucaramanga, febrero 26 de 1990.
127
Albergue de Campesinos Damnificados por la guerra sucia en el Magdalena Medio. Comunicado No.
017, Barrancabermeja, mayo 18 de 1990.
128
Vanguardia Liberal. Bucaramanga. Viernes 15 de junio de 1990.
129
Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia. Nordeste antioqueño... Op. cit. p. 113.
137

cuerpo del campesino HECTOR BOHORQUEZ OLIVEROS de 38 años, asesinado de 9
impactos de bala. Durante el mes de junio de ese año se presentaron operaciones
militares en la zona que cubre las veredas la Tempestuosa hasta Pozo Nutría.
Desde principios de julio de 1990, se realizaron varios operativos militares indiscriminados
por tropas de la contraguerrilla de los batallones Luciano D'Elhuyar y Antiaéreo Nueva
Granada, en la región denominada Bajo Simacota y sus veredas aledañas, quedando
comprendidas también algunas zonas de El Carmen y San Vicente. En el
desenvolvimiento de estos intensos operativos de control, los cuerpos militares patrullaron
continuamente con grupos paramilitares, llevando listas de nombres de campesinos a
quienes buscaban para asesinar, tal como se lo hicieron saber a los pobladores. En los
sitios La Explanación, La Colorada, Las Atarrayas, Honduras, Rancho Grande, El Guamo,
La Ye, Santo Domingo del Ramo y Yarima se presentaron incursiones de paramilitares
acompañadas de miembros del ejército, en las cuales saquearon las viviendas y
amenazaron a los campesinos. Ante dicha situación, los habitantes del campo se vieron
forzados a desplazarse masivamente a otras zonas. Los militares y paramilitares
respondieron trivialmente a los continuos desplazamientos, aduciendo que si los
campesinos huían “es porque algo debían”; además, a medida que las familias
campesinas salían de la zona, sus nombres y demás datos eran anotados por militares.
El 3 de julio de 1990, el campesino DANIEL MORO ACASIO, de 28 años, fue asesinado en
una finca de la vereda Barrio Amarillo. El día 16 del mismo mes, otro campesino sería
victimizado por miembros del ejército: ALFONSO PINZON GUEVARA, quien fue detenido,
torturado y asesinado por una patrulla militar en el caserío La Colorada. Los militares
reportaron oficialmente que Alfonso era un guerrillero muerto en combate. Acabando el
mes, el día 24, el campesino OLINO GARCIA CRUZ, de 41 años, fue muerto por un
impacto de bala en la cabeza en el corregimiento La Plazuela.
El domingo 22 de julio de 1990, cuando el padre BERNARDO MARIN celebraba la fiesta
de La Virgen del Carmen y el Corpus Christi para las comunidades del corregimiento El
Centenario, los paramilitares cercaron el lugar donde los campesinos estaban reunidos y
se hizo presente el paramilitar Isidro Carreño, quien hacía algún tiempo había establecido
su comando general cerca de allí. El domingo siguiente el padre fue detenido en un retén
paramilitar y obligado a responder preguntas cuando se dirigía a celebrar una misa en la
vereda Porvenir de los Andes.
Bernardo Marín, un sacerdote comprometido
Desde 1988, con la extensión de las prácticas de persecución y amenazas a
funcionarios públicos, un sinnúmero de miembros de la Iglesia fueron
señalados de ser “colaboradores de la guerrilla”. Un campesino relató que
en una ocasión el párroco del pueblo, padre BERNARDO MARÍN, fue
cercado por los paramilitares mientras oficiaba una ceremonia en zona rural
del municipio. Los paramilitares tomaron la palabra y obligaron a la gente a
escuchar sus exigencias. Cuando el padre Marín protestó, lo calificaron de
138

guerrillero y desde entonces se desató una persecución contra él y constantemente recibía cartas
de amenazas firmadas por el comando Rogelio Correa Campos.
En un testimonio que salió a la luz pública en enero de 1991, un suboficial de la policía confesó
que se negó a secundar un plan para asesinar al padre Bernardo, al igual que al personero
PEDRO AGUSTÍN CÉSPEDES JAIMES, al Tesorero RODRIGO TOLOSA JIMÉNEZ y a
ORLANDO RUEDA en El Carmen. Tal suceso movió a la Procuraduría a investigar las
operaciones del grupo MAS en esta región. El suboficial que en ese entonces se desempeñaba
como comandante del puesto local, dijo ante funcionarios del Ministerio Público que el jueves 4 de
octubre de 1990 impidió que dos sicarios dieran muerte en el billar del pueblo al personero y el
tesorero, seleccionados como las primeras victimas de un “operativo de limpieza organizado por
paramilitares”. El cabo aseguró que tenía conocimiento del plan porque días antes fue citado a una
reunión en la Base Militar donde le pidieron cooperar con el aniquilamiento de presuntos
colaboradores de la guerrilla en la zona.
El 8 de octubre de 1990, el padre Bernardo dejó la Parroquia de El Carmen donde había ejercido
su ministerio sacerdotal desde el 2 de febrero de 1986. Durante esos 4 años y 8 meses participó
en el movimiento cívico de carmeleños que reclamaban la transformación de ese corregimiento en
municipio y acompañó a la administración municipal en su constitución y desarrollo inicial, como un
Chucureño más, ya que era su pueblo natal. El padre Bernardo observó que todos los domingos
llegaban a El Carmen de caminos lejanos, carros repletos de los campesinos de la región para
comercializar sus productos, pero difícilmente podían asistir a misa. Ante esto, el sacerdote decidió
recorrer frecuentemente las veredas para hacer una pastoral itinerante con celebraciones en los
campos y propuso la creación de las Comunidades Cristianas Carmeleñas, que se reunían cada
ocho días a buscar la unidad de la comunidad veredal en torno a Jesucristo.
Esta iniciativa tuvo gran acogida entre los campesinos y se alcanzaron a formar trece
Comunidades, apoyadas por una cadena de animadores y catequistas capacitados por el padre
Bernardo. También desarrolló proyectos como la ampliación de la capilla junto con la comunidad.
No sólo apoyó y fortaleció comunidades como expresión eclesial sino también toda actividad
comunal como expresión civil y junto con la alcaldía amplió y embelleció el cementerio y la
construcción del anfiteatro, además de instalar una pequeña biblioteca pública en la casa cural.
Los chucureños lo recuerdan siempre con cariño y lo consideran uno de sus hijos mas preciados.
FUENTE: Periódico El Yariguí Chucureño. Voz y Fuerza de un Pueblo. San Vicente. Mayo
de 1987.p. 7.
Comisión Justicia y Paz. Listado de casos de El Carmen. p. 3-4.
El Tiempo. “Procuraduría investiga el regreso del MAS”. Sección Judicial. Enero 3 de
1991.
Para la época, ya era claro para los habitantes de la región que la connivencia entre
militares y paramilitares no era un hecho aislado, sino una práctica sistemática y
generalizada que se extendió durante todo el año de 1990 y aún hasta el momento actual.
En agosto continuaron los crímenes realizados por los militares y paramilitares en toda la
región. El campesino y miembro de la ANUC-UR, ISIDORO SANDOVAL de 44 años, fue
amenazado de muerte por miembros de la Brigada Móvil No. 2 y paramilitares del grupo
Los Masetos en la vereda La Colorada en San Vicente de Chucurí, en fecha no precisada
139

de ese mes. Con anterioridad, el 11 de julio en la finca de Isidro, ubicada en la vereda
Tambo Redondo, cayeron cinco morteros, uno de los cuales hizo blanco cerca de la
vivienda que dejo aturdidos a todos sus habitantes y con trastornos a dos menores de
edad. 130
El 9 de agosto, en el sitio llamado Cerro Nutibara, se hallaron los cuerpos sin vida del
campesino AMBROSIO SANCHEZ AFANADOR, de 42 años, y de otra PERSONA; los
cadáveres de los jornaleros estaban amordazados y atados de pies y manos. Seis días
más tarde, el 15 de agosto, fueron asesinados los campesinos y militantes de la UP,
CARLOS GARCIA de 55 años y PROSPERO ENRIQUE RONDON de 56 años. Este
último murió a causa de múltiples impactos de bala que le propinaron los efectivos del
ejército en la calle 51 con carrera 52, del casco urbano del municipio.
Desde comienzos del mes de octubre de 1990, se desencadenó un amplio operativo
militar que adelantaron principalmente la Brigada Móvil No. 2 y el Batallón Luciano
D'Elhuyar, que estaban al mando de los Subtenientes Luis Eduardo Bejarano y Rodolfo
Lizcano quienes comandaron la realización de operaciones de contraguerrilla en Taguales,
San Luis y Arrugas, los cuales se prolongaron hasta el 27 del mismo mes en algunas
veredas de El Carmen. Varios campesinos fueron detenidos arbitrariamente, maltratados
y/o torturados. También fueron saqueadas numerosas viviendas y afectados muchos de
los cultivos.
La población de San Vicente, venía siendo hostigada sistemáticamente por parte de las
tropas pertenecientes al Batallón Luciano D'Elhuyar, acantonadas en este municipio desde
los primeros meses del año. Los testimonios de los habitantes del pueblo corroboraron
desde finales de 1987 que las unidades militares de ese batallón salían a las calles con
uniformes de combate, con la cara pintada, pañuelos tapándolos y cintillas en la cabeza
estilo “Rambo”, simulando defensas sorpresivas de la localidad. Lo que los pobladores de
San Vicente presenciaban era la propaganda con la cual el ejército y sus fuerzas
irregulares buscaban hacerles sentir el poderío militar sobre la zona.
La población atemorizada esperaba lo peor, ya que este mismo procedimiento fue utilizado
por el ejército en Segovia (Antioquia), antes de la masacre de noviembre de 1988 131 .
Inquietos con esta actitud los chucureños acudieron al Personero Municipal y a los
Concejales, quienes se trasladaron a las instalaciones del batallón, donde el Comandante
los despachó argumentando que esos actos y atuendos estaban contemplados dentro del
reglamento del ejército. De esta manera continuó el proceso intimidatorio contra la
población, con la aparición de letreros amenazantes contra el cura párroco y otras
personalidades democráticas que desarrollaban trabajo comunitario en la región.
130
Corporación Chucureña de Defensa, Promoción y Protección de los derechos Humanos. Acción urgente
San Vicente de Chucurí. Julio 23 de 1992.
131
Cfr. Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, seccional colombiana: El
Camino de la Niebla, Volumen III: Masacres... Op. cit. pp. 301-374.
140

Las tropas militares recorrían la región con el imperativo de asesinar a todos aquellos de
quienes se sospechara que podrían tener relación con grupos insurgentes. El caso de los
niños campesinos de una escuela rural de San Vicente refleja los extremos a que llegó la
fuerza pública “en búsqueda de su enemigo”. El 19 de octubre de 1990, miembros del
ejército realizaron operaciones de contraguerrilla cerca de una escuela rural donde los
niños se encontraban haciendo educación física; los militares llegaron y comenzaron a
disparar, por lo que CARLOS HERNANDO VERA ARGUELLO de 11 años y otros DOS
NIÑOS salieron a correr hacia la parte alta de la escuela, con el fin de ponerse a salvo de
las balas.
Cuando terminó la balacera quedaron tres cuerpos en el campo, uno de ellos era el de
Carlos Hernando que había recibido un disparo en la espalda. El ejército dijo que el niño
era guerrillero y que cuando le dispararon tenía una granada en la mano. Una vez llegó el
papá del niño a la escuela le negaron que estuviera allí y que mejor lo buscara en la casa;
el señor se fue, pero al ver que el niño no llegaba volvió hasta la escuela y una de las
alumnas le dijo que Carlos estaba muerto; por tal motivo, su padre fue a mirar y los
militares le dijeron que allí no había ningún niño, que había tres bandoleros que habían
muerto en el enfrentamiento. El padre insistió y reconoció el cuerpo de su hijo, que sólo le
entregaron horas más tarde en las instalaciones del batallón. Ese día había sido
organizada una reunión de la Junta de Acción Comunal en la escuela; cuando estaban ahí
algunos de los asistentes, llegaron unos hombres armados y uniformados, al parecer
guerrilleros, a preguntar si se iba a hacer la reunión o no. Debido a la poca gente que
había para la misma, se decidió aplazar la reunión y los asistentes se fueron a sus
quehaceres. Los hombres armados permanecieron en la escuela hasta la hora que
ocurrieron los hechos.
A partir de octubre de 1990, se realizaron bombardeos y operaciones rastrillo en las
veredas San Cristóbal, Arrugas, El Filón, Aguablanca y El Cuarenta, entre otras, las cuales
dejaron como saldo desapariciones de campesinos, torturas y saqueos. El 27 de octubre,
miembros de la Brigada Móvil No. 2 torturaron a los campesinos RAFAEL SALAMANCA,
EVARISTO JAIMES, JUANA PLATA, MANUEL PLATA y HERMES NIÑO, y detuvieron y
desaparecieron a GUSTAVO RUIZ HERNANDEZ y HERNANDO BARON JAIMES,
durante los bombardeos que se desarrollaban en las veredas San Luis, Taguales y San
Cristóbal.
Posteriormente, el 5 de noviembre de 1990, un CAMPESINO de 24 años fue detenido,
torturado y desaparecido por miembros de la Brigada Móvil del ejército, en desarrollo de
operativos de contraguerrilla en la zona rural. Antes de llevárselo del frente de su vivienda
lo interrogaron por el paradero de un guerrillero llamado Manolo y luego lo golpearon, lo
tendieron en el piso y le rompieron una ceja con la punta de un fusil; varias veces le
taparon la boca con una toalla con agua mientras le echaban agua por la nariz y lo
amenazaron con violar a su esposa delante de él y con castrarlo si no decía donde estaba
la guerrilla.
El campesino HUGO MACIAS CARDOSO, también fue detenido y desaparecido el 5 de
noviembre junto con su esposa MARIELA SOLANO GRANADOS de 20 años que además
141

de ser detenida, fue torturada y amenazada por efectivos de la Brigada Móvil No. 2 en el
sitio conocido como El Trianón. Los militares llegaron hasta la casa de la pareja y su niño
de 4 meses y comenzaron a maltratarlos. Los campesinos fueron golpeados mientras les
preguntaban por la guerrilla. Al no obtener ninguna respuesta satisfactoria los uniformados
decidieron, por orden del oficial al mando, ultrajar sexualmente a Hugo introduciéndole en
el ano el cañón del fusil. Luego accedieron carnalmente a Mariela mientras el niño era
tenido por los soldados quienes lo hacían llorar. Más tarde procedieron a llevarse a Hugo
hacia un sitio desconocido y dejaron encerrada a Mariela, amenazándola diciéndole que si
ponía algún tipo de queja por lo sucedido la asesinaban. El 16 de noviembre Hugo fue
dejado en libertad. La campesina relató posteriormente: “ellos me pagaron en la cara, me
dijeron que me desnudara y que contara lo que sabíamos de la guerrilla. Yo les dije que no
sabía nada. Entonces me dijeron que qué prefería, si la vida de mi hijo o que me mataran
(...) Yo escuchaba al niño llorar y no vi a mi esposo..., entonces, dije de por Dios que me
llevaran para la casa y que no me dejaran morir a mi hijo que era inocente de todo... me
hicieron desnudar otra vez y un soldado me tiraba los senos... me amenazaron con
meterme un cañón por la parte vaginal y yo les decía que no y que no, entonces me tumbó
y hizo uso de mí...”.
Las torturas terminaron a las 6:00 p.m. de ese día y desde entonces Mariela no volvió a
ver a su esposo. En protesta por estos hechos, unos 100 campesinos de varias veredas
se desplazaron hacia el casco urbano, exigiendo respeto para sus vidas, mujeres y bienes.
Otras de las víctimas del ejército ese mismo día fueron RAQUEL NOVA, WILSON NOVA,
RICAURTE LUNA y RAMIRO PINTO, quienes fueron detenidos arbitrariamente. El día 6,
fueron detenidos GUSTAVO RUÍZ HERNÁNDEZ, HERNANDO BARON y JOSÉ PEÑA,
por tropas de la Brigada Móvil y del batallón Luciano D’ Elhuyar.
Desde el 8 de noviembre de 1990, los campesinos de las veredas San Cristóbal, Las
Salinas, Marcito, Versalles y El Filón, se desplazaron hasta la cabecera municipal para
protestar y dar a conocer a los organismos de derechos humanos los atropellos de que
eran víctimas. Desde que iniciaron los operativos en la zona, los campesinos denunciaron
haber sido víctimas de maltratos por parte de hombres que...“iban con vestidos
americanos, ellos dijeron que no tenían ninguna ley, que ellos eran el gobierno, que eran
de la Brigada Móvil, dijeron que habían estado también en Urabá y en Yondó”. También
denunciaron el constante ametrallamiento de las viviendas de los pobladores, y que según
les decían los militares, lo hacían “para que pagaran las consecuencias de la guerra”. 132
1991
Durante el primer semestre de 1991 continuó la arremetida militar sobre la población,
ocasionando múltiples éxodos, siete en total, de los habitantes de las zonas rurales e
incluso del municipio vecino de El Carmen hacia el casco urbano de San Vicente, donde
se encontraba organizada la casa campesina desde 1989, lugar que sirvió en reiteradas
ocasiones para dar refugio a cientos de desplazados.
132 Partido Comunista Colombiano-Regional Santander. Informe de la situación de San Vicente de Chucurí.
1992.
142

El proyecto paramilitar en la región chucureña continuaba su marcha de modo
exacerbado. Tanto en El Carmen como en San Vicente, para financiar armas y equipos de
comunicaciones, los paramilitares cobraron impuestos a los productos de consumo
cotidiano, como la gaseosa, la cerveza, comida, etc., además de las cuotas semanales
que debían pagar rigurosamente los lugareños, las cuales oscilaban entre 3.000 y 35.000
pesos, sin contar las vacunas que eventualmente el ejército imponía. Otro requerimiento
imperativo era que todo hombre debía realizar patrullajes y colaborar en la construcción de
las bases paramilitares semanalmente.
Impuesto paramilitar
Pues eso piden según lo que uno aporte, por lo menos uno puede decir, les doy mil pesos
o dos mil pesos y si ellos ven que es poquito entonces dicen “No, toca tanto”. [A mí] por
aporte, me exigían que yo tenía que darles dos o tres jornales para hacer trincheras y
campamentos pa' ellos. Me tenía que comprar una macoca que valía 60 mil pesos y por
aparte...
-¿Cuál es esa escopeta?
-No no sé si será escopeta, o será que arma, por que yo no entiendo qué será eso, sé que
es un arma porque ellos le dicen que tiene que uno tiene que comprar la munición por
aparte.
-¿Por qué le pedían el dinero?
Porque es una ley que ellos traen para todos, o sea es un bono para un presupuesto de
ellos, para de ahí ellos comer o yo no sé para qué será, en todo caso, dicen que es para
ellos.
-¿Ud. pagó ese bono?
No, no, ahí quedamos de que yo no le aceptaba las condiciones, entonces yo me vi
humillado, yo le pedí cacao, yo le pedí que no, que porqué hacia eso él conmigo, que yo
no hacía esas cosas, que yo no era un hombre malo que no me acogía a esas
condiciones. Dijo que no, que eso era ley para todos que así fuera la misma madre de él,
que a él le tocaba hacer cumplir las leyes y debido a eso me dio 24 horas para que me
perdiera y entonces qué más hacía yo, pues desalojar de donde estaba y perderme. No le
dejan sacar a uno sino una muda de ropa pa' que se vaya.
FUENTE: PROYECTO CNM: Testimonio de un campesino tomado el 6 de febrero 1992,
número 05110002.
La comisión de CLH en el curso de 1991 se evidenció desde los primeros días del año. El
2 de enero, en zona rural de San Vicente, se encontró el cuerpo sin vida de MERCEDES
ROJAS ARTUNDUAGA, quien además presentaba signos de tortura. Anteriormente,
Mercedes había desaparecido con un hermano de Iván Márquez, Comandante del Frente
Sur de las FARC.
143

A finales del mes, el 27 de enero, fueron asesinados ANTONIO MEJIA MILLAN y
MARLENE AMAYA RUIZ, por efectivos del ejército adscritos al Batallón Luciano D'
Elhuyar en la cabecera municipal de San Vicente; Antonio había estado detenido en las
instalaciones del batallón en ocasiones pasadas y desde entonces era objeto de
seguimientos por parte de los militares.
En el mes de febrero, aproximadamente 115 campesinos tuvieron que refugiarse en el
centro Comunitario Familiar CENCOFAM de San Vicente, en estado crítico de
hacinamiento, salubridad y alimentación. Estas cifras no contemplan a aquellos
campesinos que lograban encontrar hospedaje en casas de amigos o que arrendaban
viviendas. Tampoco se calculó el número preciso de campesinos que se refugiaron en
algunas escuelas veredales a la espera de que cesaran los bombardeos y los
enfrentamientos. También salieron de la vereda La Tempestuosa 15 familias 133 y de marzo
a diciembre de 1991 se desplazaron forzosamente más de 95 familias.
En los últimos días del mes de marzo los patrullajes de las filas paramilitares se
extendieron hasta el casco urbano del municipio. El 24 de marzo, RAMIRO SOLERO
BOSTO de 18 años fue asesinado con disparos de arma 9mm por varios desconocidos
cuando transitaba por la carrera 14 con calle 10.
Después del asesinato de Isidro Carreño, alias El Comanche y del alcalde Alirio Beltrán,
principales coordinadores de los grupos paramilitares de la región, los desplazamientos
aumentaron, debido a que las agresiones de estas estructuras se incrementaron. Así,
desde marzo hasta julio de 1991, 256 personas arribaron a San Vicente provenientes de
El Carmen. De igual forma, de algunas veredas de San Vicente y El Carmen, como Tambo
Redondo, Guamales y La Colorada, salieron aproximadamente 50 familias campesinas,
abandonando su tierra, trabajo y pertenencias personales; aquellos que quisieran llevarse
algo debían pagar una multa de 200.000 pesos. 134 En esa ocasión el General Gil Colorado
declaró en un diario de circulación regional que “las personas que se fueron para
Bucaramanga y otras ciudades eran colaboradores de la guerrilla.” 135 Este tipo de
declaraciones (pocas veces rectificadas) dificultaba mucho más la precaria situación de los
desplazados que como agravante de su situación tenían que soportar el estigma de ser
auxiliadores de grupos insurgentes.
El 13 de mayo, una patrulla del ejército adscrita al Batallón Luciano D' Elhuyar comandada
por el Capitán Gilberto Ibarra Mendoza y un Teniente de apellido Canales, detuvo, torturó
y asesinó al campesino JOSE ANGEL GOMEZ ORTIZ de 28 años; también detuvo al
acompañante de este, RODRIGO ARIZA, conductor de oficio, en el momento en que se
movilizaban por el sitio conocido como La Punta, en la vereda Pamplona. José Ángel y
Rodrigo iban en el carro transportando víveres para la parcela cuando fueron detenidos
aduciendo que llevaban mercado para la guerrilla. El conductor fue liberado horas más
133 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC- San Vicente de Chucurí y Asociación Municipal de
Usuarios Campesinos AMUC- Barrancabermeja. Acción urgente, febrero 19 de 1990.
134 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Boletín abril a julio de
1991, Barrancabermeja.
135 Vanguardia Liberal, junio 3 y junio 17 de 1991. p. 3A.
144

tarde, después de firmar una constancia de buen trato y comprometerse a presentarse al
batallón cuando llegara al pueblo mientras que José Ángel continuó detenido hasta que lo
asesinaron. Su cuerpo presentaba señales de tortura en los brazos y estaba castrado, a
tal punto que se pudo reconocer solamente por el perfil de su rostro.
Al día siguiente, se escucharon disparos y al medio día llegaron dos jueces en un
helicóptero militar y llevaron a cabo el levantamiento de un cuerpo que correspondía a
José Ángel Gómez. Los militares impidieron que los pobladores de la vereda hablaran con
los jueces, presentándose incluso el caso de un paramilitar del MAS que venía con la
tropa que pidió ser escondido en una casa para no ser capturado por los jueces. Al otro
día de la detención el conductor del carro fue al batallón a cumplir con una presentación
ante un juez, quien al atenderlo le dijo que al compañero de él lo habían matado porque se
iba a volar.
El 18 de mayo de 1991 se celebró el “Encuentro por la Paz y la Convivencia y el Respeto
a los Derechos Humanos” en el Salón Cultural de la Casa Cural de San Vicente. Dicho
evento contó con la presencia de delegados de El Carmen, Zapatoca, Betulia, Galán y
otras zonas que vivían situaciones signadas por las violaciones a los derechos humanos y
la comisión de crímenes de lesa humanidad. San Vicente se convirtió en un foro en donde
campesinos y pobladores a la par con senadores, representantes, diputados, alcaldes,
concejales y representantes de la comunidad eclesiástica compartieron puntos de vista
para dar soluciones a los graves desmanes de la fuerza pública y la persecución que
tenían que enfrentar los habitantes de toda la zona; también se cumplió con el objetivo de
exponer de manera clara y real la situación de las violaciones de Derechos Humanos. 136
Dos días después de la realización del Foro, el 20 de mayo, la Personera Delegada en lo
Penal y para los Derechos Humanos, realizó una visita a la Casa Campesina, dirigida en
aquel entonces por Ángel Álvarez, representante de la Coordinación Regional de
Derechos Humanos. Esa semana había cuatro familias (19 personas) que manifestaron
que los Masetos habían pasado por las veredas El Quinal y La Bodega y patrullaron por
Pamplona, Pamplonita, Guamales, La Colorada y Tambo Redondo, por lo que tuvieron
que dejar sus casas, ya que querían obligar a los hombres a irse con ellos.
La Personera señaló en el acta: “Estas personas llegaron desde el pasado jueves, pero
hay motivos para creer que van a llegar más campesinos de la región porque no desean
que existan paramilitares en la zona.” 137 La situación de desplazamiento fue tan grave, que
de los treinta y cinco estudiantes de la escuela de la vereda La Bodega, en El Carmen,
quedaban tan solo seis, porque los mayores de 12 años debían patrullar con los
paramilitares, razón por la cual, la mayoría de los padres sacaron a sus hijos de la vereda.
“Por el retorno con dignidad”
136 Vanguardia Liberal. Bucaramanga. Mayo 4 de 1991. p. 3B.
137 Acta de visita especial practicada en la casa campesina de San Vicente por la Personera Delegada para
lo Penal y los Derechos Humanos, Lida Edme Rodríguez Rincón. 20 de mayo de 1991.
145

Una campesina desplazada afirmó que: “el miércoles que pasó mandé a una niña mía de
catorce años y otra niña que iban acompañándola a traer unas cajas a donde un vecino,
entonces ellos la vieron que iba cruzando por la loma y dijeron que eran guerrilleras y les
dieron plomo que casi me las matan, luego salieron todos en carrera y llegaron a la casa y
nos rodearon, y entonces yo salí con todos mis niños que son ocho, y el mayor tiene 17
años, entonces ellos me dijeron que ahí estaba la guerrilla, entonces yo les dije que si eso
era así que fueran y la buscaran, entonces uno de ellos entró hasta la cocina y revisó todo
y dijeron que habían encontrado rastros, entonces yo les expliqué que esos los habíamos
dejado nosotros trayendo leña y les mostré las botas. Entonces ellos me preguntaron si los
distinguía, que ellos eran los grupos paramilitares, que se llamaban Masetos y que iban a
patrullar por ahí, que eran campesinos igual que nosotros, entonces se fueron de ahí..
Nosotros perdimos la finca, porque quién va a volver allá”.
Otro campesino manifestó: “A nosotros nos tienen amenazados, que a la casa tienen que
llegar y nos robaban; nos dieron plazo hasta hoy, y que si hoy mi marido iba hasta allá,
entonces hacían borrón y cuenta nueva, y que si no, venían y acababan con la familia”
“Nos hicieron una reunión ayer hace ocho días, nos tocó ir al Carmen y allá nos atendió un
Teniente del ejército, nos tocó traer mercado de allá hasta La Punta. Hoy hace ocho días
nos tocó ir a hacer unas trincheras en el campamento que están haciendo en la finca de
José de la Cruz Silva en La Bodega (Un helicóptero militar realizó el 24 de mayo de 1991,
más de cinco viajes a esta finca; los campesinos dicen que en cada aterrizaje, los militares
los abastecían de armas, municiones, herramientas y dotación militar. Denuncia pública de
CONADHEGS. San Vicente, mayo de 1991.)
Nos dijeron que teníamos que estar allá a as 7 de la mañana y nos daban almuerzo, pero
no nos dieron nada, hasta las 4 de la tarde que nos soltaron. Nos tocaban grupos de
veinte personas, a mí me tocó trabajar lunes y martes de la semana pasada y nos decían
que el que no fuera lo buscaban en la casa y se los llevaban amarrados. Hoy me tocaba
irme a presentar otra vez, y esta vez es para prestarle seguridad a los otros, o sea, cargar
escopeta; había niños de trece años que los obligaban a eso allá”.
FUENTE: Testimonios declarados durante una visita especial practicada en la Casa
Campesina de San Vicente por la Personera Delegada para lo Penal y los Derechos
Humanos, Lida Edme Rodríguez Rincón el 20 de mayo de 1991.
Reportaje de un desplazamiento
Los campesinos de la vereda Alto Viento caminaban hasta cinco horas desde sus veredas
para lograr llegar a la Casa Campesina de San Vicente. “Nos vinimos por muchas
sospechas de que el ejército iba a bombardear entre hoy y mañana las fincas.” Añadió un
campesino que aseguró que en su casa vieron la salida durante una semana, de seis
familias que sumaban 50 personas, debido a la situación de inseguridad y que aseguró
que “aquí vamos a pedir auxilio para que nos arreglen la situación y podamos volver
146

tranquilos... uno tiene que contarles lo que uno no sabe, y por eso le pegan y torturan.”
Los campesinos aseguraron que la situación de violencia en la zona rural de El Carmen se
recrudeció hace aproximadamente dos meses, cuando comenzaron los bombardeos y los
campos minados. Voceros de los campesinos solicitaron la desmilitarización de la zona,
una Comisión que investigue, apoyo económico para las familias y garantías para regresar
a sus tierras; afirmaron que si no encontraban una respuesta pronto convocarían la
solidaridad de los habitantes de otras veredas, porque “están cansados de denunciar, sin
que se impongan las respectivas sanciones”, declaró Ángel Álvarez, miembro de la
Corporación Chucureña y director de la Casa Campesina.
Ante los desplazamientos de los campesinos, las autoridades militares, como el coronel
Néstor Rodríguez Portela, Comandante del Batallón Luciano D' Elhuyar en San Vicente,
dijo no conocerlos: “lo único que se sabe es que la guerrilla está presionando a los
campesinos para que se vengan a este pueblo”. Explicó que no conoció quejas que
reposaran en el Batallón por violación de Derechos Humanos, porque: “al que pone
denuncias se le pone atención y se investiga” y frente a las acusaciones de los
campesinos sobre maltratos dijo que ellos debían hacer esos reclamos de manera clara y
concreta, porque “nosotros sólo cumplimos con buscar a la guerrilla y combatirla.” En
noviembre del año pasado (1990), ya se había presentado una movilización muy similar a
esta, originada por los abusos de la Brigada Móvil No. 2.
FUENTE: Vanguardia Liberal, jueves 28 de noviembre de 1991. Bucaramanga. “Éxodo de
campesinos a San Vicente”.
Otra de las medidas tomadas por los campesinos para denunciar la grave situación de la
región, fue realizar una toma pacífica a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja al
tiempo que una delegación de líderes veredales se trasladaba a Bucaramanga para
entrevistarse con el entonces Gobernador de Santander, Juan Carlos Duarte Torres y
denunciar la presencia de grupos paramilitares en El Carmen y San Vicente de Chucurí.
En la segunda semana de mayo de 1992 terminó la toma de los campesinos a las
instituciones gubernamentales. El propósito de conformar una Comisión de carácter
nacional con participación de organismos internacionales fue el acuerdo que permitió que
cientos de campesinos regresaran a sus tierras en compañía de funcionarios de la
Personería, Procuraduría y administración municipal. En estas charlas, los campesinos
denunciaron una vez más la presencia de grupos paramilitares que se paseaban sin
ningún escrúpulo por las veredas y cascos municipales. También se acordó investigar
algunas quejas presentadas ante la Procuraduría por incumplimiento de 26 ordenes de
captura proferidas por un juez de Cúcuta. 138
En medio de la movilización campesina los asesinos continuaron con su accionar criminal.
El 6 de junio de 1991, un HOMBRE de 28 años fue encontrado asesinado en el sitio
conocido como Brisas de Arenales, Inspección Departamental Puente Murcia. El mismo
138 Vanguardia Liberal. “Sorteada toma a la Procuraduría”. Bucaramanga. Mayo 15 de 1992.
147

mes, ELICEO GOMEZ de 19 años, fue desaparecido por paramilitares del grupo Los
Masetos cuando se movilizaba en una moto por la carretera entre Campo 50 y Yarima.
Del 11 al 13 de julio de 1991, en medio de operativos adelantados por la Brigada Móvil No.
2 fueron detenidos DOCE CAMPESINOS, entre ellos JOSÉ ANTONIO, esposo de
Yazmina Sanabria, con quien tenía varios hijos y una niña de seis meses de nacida. Cerca
de las 5 de la tarde, Yazmina preocupada porque uno de sus hijos no llegaba de sus
clases para terminar el bachillerato en la escuela de Tambo Redondo, que quedaba a
medio kilómetro de su casa, fue prevenida por su anciano padre, José Vicente Sanabria
Estévez, un campesino de 72 años, quien le dijo que desde muy temprano “el ejército
estaba pasando” y que era mejor ver qué pasaba.
Inmediatamente ella salió con la niña en brazos y cruzó algunas cuadras hasta que
encontró a su hijo, pero le dijeron que a su esposo “se lo llevó el ejército”. Ella habló con
unos soldados y les dijo que el hombre que se habían llevado era el padre de la niña, a lo
que ellos contestaron: “puede irlo a reclamar, nosotros no llevamos hombres
comprometidos, llevamos hombres libres”. Yazmina siguió bajando por la vereda hasta
que llegó, siendo ya de noche, a los límites con la vereda La Colorada. En el camino Luis
José Sanabria, un niño de 11 años quiso acompañarla, pero cuando llegaron a un tramo
de la carretera empezó una balacera; ellos lograron esconderse y pudieron ver que los
militares se llevaban a su marido junto con otros once campesinos de la vereda. Los
militares estaban respondiendo al fuego y una vez ya había pasado, se levantaron para
continuar la marcha; el niño Luis José corrió y se arrodilló a los pies del militar que iba al
mando y suplicaba con llanto que los dejara regresar, Yazmina se adhirió a los ruegos y
tras algunos minutos los doce aprehendidos, incluido José Antonio, fueron dejados en
libertad. Esa noche los campesinos muy asustados por lo que había pasado y por las
explosiones y ráfagas que se escuchaban pidieron posada en la finca de Eduardo
Franco 139 .
Durante esa misma semana, el 13 de julio, en la vereda Nuevo Mundo, se encontró el
cuerpo sin vida de un HOMBRE de 40 años de edad.
Desde el 23 de julio se presentó un nuevo éxodo de los campesinos de la región hacia
San Vicente. Entre 80 y 90 campesinos se refugiaron en la Casa Campesina. Al día
siguiente, miembros del batallón Luciano D' Elhuyar allanaron la casa, les tomaron
fotografías a los campesinos y les exigieron identificarse. Una comisión de cinco de ellos
fue a las instalaciones del batallón donde el Coronel Tamayo los presionó para que
regresaran a sus tierras. Los campesinos de esa región fueron citados el 30 de agosto por
paramilitares y la Brigada Móvil No. 2 en el sitio conocido como “Estación Santa Martha”,
en la vereda Tambo Redondo, allí les dijeron que tenían que colaborar con los
paramilitares, comprar armas, patrullar con ellos y aportar dinero según la extensión de
sus fincas.
139 Queja presentada por José Vicente Sanabria Estévez ante el Personero Delegado en lo Penal y en
Derechos Humanos. San Vicente, 24 de julio de 1992.
148

Algunos días más tarde, el 30 de julio, el lustrabotas MIGUEL ANGEL FELISOLA LOPEZ,
de 32 años, fue asesinado de 9 impactos de bala en circunstancias desconocidas; sin
embargo, las autoridades militares sindicaron del hecho a presuntos guerrilleros.
La profesora Ana Sofía Reyes Gómez, de la escuela rural de la vereda La Fortuna en la
región de El Toboso, denunció que el 25 de octubre de 1991, en horas de la madrugada
llegaron tropas militares con tanques de guerra y bombardearon la zona; luego, algunos
militares se acantonaron en la escuela y en la casa de la profesora. Las personas que
vivían por allí tuvieron que salir hacia el monte 140 . Estos combates se prolongaron varios
días hasta que el ejército se retiró y la escuela quedó semidestruida. La situación para los
maestros cada vez era más crítica, generalmente debieron trasladarse provisionalmente a
otros lugares, pero cuando las amenazas seguían debían suspender las actividades
escolares o abandonar definitivamente la región.
La Secretaría de Educación, mediante una Comisión conformada por el Ministerio de
Educación, el Magisterio y la Procuraduría verificó cada caso y los valoraba, pero en este
procedimiento no se recurrió a fuentes directas y confiables, por lo que en muchos casos
injustamente se determinó que no había peligro inminente en volver a las actividades
escolares; bajo estas razones, la Secretaría de Educación les advirtió a los maestros que
si no se presentaban a trabajar los declararía insubsistentes y les adelantaría procesos
disciplinarios ya que para ellos los enfrentamientos eran una situación transitoria. El
Presidente de la Corporación de Derechos Humanos, Ángel Álvarez, el 15 de noviembre
de 1991, solicitó a la Personería Municipal que se congelara la decisión de que más de 40
profesores de El Carmen y San Vicente retornaran a sus escuelas a más tardar el 30 de
noviembre para segur con sus actividades, debido a las constantes amenazas y la
persecución que habían venido soportando. 141 Sin embargo, los educadores fueron
acusados de prestar la escuela para las reuniones de la guerrilla y de ser favorecidos por
ella cuando viajaban a El Carmen a cobrar el sueldo.
Los maestros explicaron que recibían amenazas de todos los mandos armados; debido a
la expresión de las injusticias a las que estaban siendo sometidos, el número de
profesores victimizados en el segundo semestre de 1991 aumentó en toda la región
chucureña: PEDRO ELIAS GRASS APARICIO, LILIA PEDRAZA RUEDA, DIOSELINA
SANDOVAL DELGADO, MARIA EUGENIA CHAPARRO BELLESTEROS, MYRIAM
MONTES RUBIANO, IRMA ACEROS BARBOSAS, DEYSI TORRES MOTTA y ANTONIO
MARIA VILLAMIZAR ROJAS 142 fueron intimidados por los agentes paraestatales, por lo
que el 13 de julio de 1992 se suspendieron definitivamente las actividades escolares y los
educadores tuvieron que abandonar la zona.
Desde noviembre de 1991, se registraron en el casco urbano de San Vicente patrullajes
conjuntos ejército-paramilitares, cuyos rasgos característicos fueron: amenazas a la
140 Testimonio dado a la Comisión de Justicia y Paz, en Base de Datos Santander.
141 Corporación de Derechos Humanos de San Vicente de Chucurí. Derecho de petición la ante la
Personería Municipal de San Vicente de Chucurí. Noviembre 15 de 1991.
142 Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Bogotá junio 20 de 1995.
149

población, acusaciones indiscriminadas de colaboración con la guerrilla, chantaje de
protección a cambio de cooperación y militancia, detenciones arbitrarias y prohibición de
las reuniones de más de cinco personas, entre otras cosas.
El jueves 28 de noviembre de 1991, se desplazaron a la casa campesina de San Vicente
60 campesinos de las veredas San Luis y La Salina, acompañados solidariamente por
habitantes de las veredas La Fortuna y El Cuarenta. Estos campesinos habían sido
afectados desde el 14 de noviembre por los combates que el ejército y los paramilitares
conjuntamente adelantaron en la zona.
Durante una visita realizada por funcionarios de Saneamiento Ambiental del Hospital
Regional San Juan de Dios a la Casa Campesina de San Vicente, se constató la situación
de hacinamiento a la que tenía que enfrentarse la población al establecer que contaba
con tan sólo 2 inodoros, 1 lavamanos y 2 duchas, para 62 personas. 143
A mediados del mes de diciembre, el día 18, los campesinos JUAN ARIZA y LUIS
CABALLERO fueron detenidos y torturados por miembros del ejército en San Vicente. Los
campesinos, uno de ellos con problemas mentales, fueron golpeados y obligados a tomar
agua de cañería. La Corporación de Derechos Humanos denunció los crímenes cometidos
por integrantes de la fuerza pública y la intimidación de que eran víctimas los campesinos
de la región. Generalmente, los campesinos, ante hechos como el anterior abandonaban
su ganado y las cosechas y se desplazaban hacia Barrancabermeja u otros municipios del
departamento. La Corporación de Derechos Humanos de San Vicente presentó una
denuncia pública por los hechos presentados. Una semana más tarde, el 25 de diciembre
de 1991, ORLANDO AVENDAÑO BENAVIDES, un joven campesino de 18 años residente
de la vereda Campo Hermoso, fue detenido por miembros de la Brigada Móvil No. 2,
quienes además de aprehenderlo le decían, “usted es guerrillero, y cuando nos
encontremos nos vamos a dar una mano de candela”. En mayo de 1992, lo volvieron a
detener y lo interrogaron sobre las cosas que hacía y al lugar donde se dirigía, lo
molestaron un rato, pero lo dejaron ir. Cuatro días después, un Oficial lo detuvo y le exigió
la cédula, una vez la observó sacó una lista con nombres donde aparecía el nombre de
Orlando, entonces le dijo: “usted es guerrillero” y en medio de insultos lo golpeó, hasta que
otros soldados intervinieron para que no le pegara más. Entonces el militar le dijo que
tenía que irse de la región ese mismo día, o si no, él iba a su casa a matarlo; Orlando
temiendo por su vida no tuvo más remedio que irse a la mañana siguiente de la vereda 144 .
8.5 La Brigada Móvil No. 2: responsable de CLH
Debido a las constantes denuncias que realizaron los campesinos de San Vicente y El
Carmen, una Comisión Humanitaria conformada por la Personera Delegada para lo Penal
y los Derechos Humanos, el Secretario municipal, algunos concejales, el juez Primero
143
Acta de visita No. 329 suscrito por el funcionario de Saneamiento Ambiental del Hospital Regional San
Juan de Dios. San Vicente. Diciembre 3 de 1991.
144
Queja presentada ante la Personería Delegada en lo Penal y Derechos Humanos. San Vicente de
Chucurí, agosto 27 de 1992.
150

Penal Municipal, el Contralor Municipal y la Directora de Información y Prensa, realizó una
visita especial el 25 Noviembre de 1991 a las veredas El Filón y Alto Viento de San
Vicente.
Al llegar al lugar, luego de tres retenes militares, la delegación lo encontró todo casi
abandonado; con cierta incertidumbre decidieron esperar un rato, hasta que llegó un
campesino de la vereda Alto Viento, que aliviado por las intenciones de los visitantes se
sintió lo suficientemente tranquilo para contarles que varias familias se escondían muy
cerca de allí, dado que tenían temor de que les volviera a pasar lo que había sucedido
hacía tres días a las 3:00 p.m., cuando 100 hombres del ejército acompañados por 4
helicópteros, ametrallaron y golpearon, amenazaron y encañonaron a 20 de sus
habitantes; 145 . Casi todos los campesinos se fueron, pero algunas familias decidieron
esconderse hasta que los operativos y bombardeos cesaran. Un campesino aceptó llevar a
la comisión al escondite y allí, está encontró un cuadro desolador: una casucha escondida
entre la vegetación casi en ruinas, todavía con las marcas de impactos de bala, de mal
aspecto y algunos animales domésticos rondando a su alrededor. Una vez adentro
comprobaron que se encontraban en ese lugar 6 familias campesinas, que entre niños,
ancianos, hombres y mujeres suman 50 personas. 146
A continuación presentamos los casos recolectados durante esta visita, historias de
represión y violencia que se remontan a varios meses atrás.
Para la familia Pinto Nocua todo empezó el 21 de noviembre de 1991, cuando llegaron
varios integrantes de la Brigada Móvil No. 2 a la casa y preguntaron a la señora ZOILA
NIÑO sobre su esposo HERNANDO PINTO NOCUA. La esposa de Hernando relató que
“el jueves a las 3 de la tarde llegó la patrulla a mi casa y preguntaron por la guerrilla, yo les
dije que ellos si habían estado por ahí por esos lados pero ya se habían ido el martes
anterior, por la tarde y no sabía para qué lado habían cogido. Luego dijeron que nos
entráramos y traían a Germán y a Alfonso Jaimes y nos echaron para la pieza y dijeron
que para que no sufriéramos nosotros ni la familia, que les contáramos dónde estaban los
minados, entonces yo les dije que ellos nos habían dicho que por el filo no subiéramos
porque era peligroso y me agarraban de los brazos y me decían que soltara al niño que
tenía en brazos o que se lo diera a otra china, una hermana mía; me querían quitar el niño,
luego llegó otro soldado y entonces me dejaron quieta. Luego me preguntaron por mi
esposo, entonces yo les dije que estaba en el pueblo haciendo mercado.”
A Hernando lo detuvieron y torturaron miembros de la Brigada Móvil No. 2 al mando del
Teniente Francisco Javier Corrales Larrarte. Hernando se dirigía con un mercado para la
tienda donde vivía desde San Vicente, cuando el bus en el que viajaba fue parado por
orden de un retén militar levantado por los soldados, quienes preguntaron por el
campesino. Una vez se identificó, los militares lo bajaron e inmediatamente lo agredieron a
puños y patadas, le pusieron un cuchillo en el cuello y le decían que lo iban a matar; le
145 Vanguardia Liberal. “Respeto a la Población Civil”. Bucaramanga. Noviembre 30 de 1991.
146 Acta de la visita especial, Noviembre 25 de 1991.
151

preguntaban qué era lo que hacía, y si el mercado era para la guerrilla. El simplemente
respondió que trabajaba en la cooperativa y por eso era que llevaba el mercado.
A pesar de la respuesta, los soldados no le creyeron a Hernando; por el contrario, lo
alejaron como a unos 100 metros del bus y de los pasajeros. Nuevamente, los militares
insistieron para que dijera dónde estaba la guerrilla, dónde llegaban y quienes eran sus
integrantes para que no le pasara nada o de lo contrario lo iban a matar. Hernando
simplemente les dijo que “a toda la gente de civil les tocaba trabajar con la guerrilla si
pasaba por las veredas y casas, además de darles bebida y comida si así lo solicitaban”.
Los militares, no contentos con la respuesta, procedieron a torturarlo con maniobras de
ahogamiento en forma interrumpida, obligándolo a pararse o sentarse según le dijeran,
mientras que dos de ellos se montaban sobre su cuerpo y lo golpeaban.
Debido a la constante e interrumpida tortura a la que estaba siendo sometido, Hernando
perdió el conocimiento. Cuando despertó, los soldados lo llevaron a una pila de agua
donde lo lavaron y le limpiaron el barro que tenía. Después, le ordenaron sentarse y como
por espacio de media hora no lo volvieron a agredir, hasta que llegó al lugar el Teniente
Corrales Larrarte, quien comenzó a amenazarlo con su fusil diciéndole que como no había
dicho nada de lo que sabía de la guerrilla se tenía que morir. Luego el Oficial llamó a dos
soldados y les dijo que mataran a Hernando; ellos le pusieron un fusil en la boca y otro en
el oído, obligándolo a contar hasta 10 para dispararle, y ante la negativa de él se retiraron,
pero enseguida volvió el Teniente quien comenzó a golpearlo en diversas partes del
cuerpo con puños, patadas y la culata del fusil.
Los hechos ocurrieron al frente de la casa de Ulpiano Silva, quien en el momento no se
encontraba allí, pero sí otras personas que la habitaban, entre ellos Ernesto Figueroa y
dos trabajadores: Argemiro Bravo y Ovidio Quintanilla. Todos ellos se dieron cuenta de
las acciones que fueron cometidas por los militares contra Hernando Pinto, pero ninguno
podía musitar palabra alguna.
Al día siguiente de la detención y torturas contra Hernando, 17 soldados de la Brigada
Móvil No. 2, pasaron por su casa y lo mandaron a llamar con su mujer, la señora Zoila
Niño. Al levantarse y atender a los militares (todavía mal herido por las lesiones en su
cuerpo del día anterior), estos le ordenaron que siguiera con ellos, pero Hernando se
negó, lo cual propició que lo comenzaran a insultar y amenazar. Al ver que la situación se
complicaba aún mas, Hernando accedió a acatar la orden sólo si salía con un hijo suyo de
cuatro años, a quien cargó en brazos. Los militares aceptaron y lo metieron en medio de la
tropa con el niño; su mujer también se unió a la marcha cargando su bebé de cuatro
meses. En el camino, los militares lo acusaban de ser guerrillero y lo presionaban para
que les diera información acerca de la guerrilla, pues si no les colaboraba, iba a correr
peligro y la única forma de evitarlo era abandonando la región.
Anteriormente, en una reunión convocada por el batallón Luciano D' Elhuyar en el
municipio de El Carmen, el 3 de febrero de 1991, HERNANDO PINTO NOCUA había sido
amenazado por el ejército. Al día siguiente, Hernando fue detenido por el Teniente
Corrales Larrarte, quien lo señaló como guerrillero y le dijo que apoyaba las reuniones de
152

la guerrilla y reclutaba gente para ellos a la fuerza; acusaciones hechas ante varios
pobladores quienes nunca avalaron lo dicho por el militar. Por esa razón, Hernando puso
una denuncia ante la Personería Municipal, lo cual produjo como consecuencia que en
junio tanto el Oficial Corrales Larrarte como el Capitán Gilberto Ibarra Mendoza fueran a la
casa de sus padres y los presionaran para que afirmaran que él era guerrillero; además
Hernando fue amenazado de muerte por el Teniente Corrales en caso de que este
supiera de algún nexo con la guerrilla.
Un mes después, en septiembre de 1991, un grupo paramilitar amenazó al campesino
para que fuera a la base militar a hablar con el Capitán Ibarra (quien se encontraba en las
instalaciones de El Carmen). Efectivamente aquel fue, acompañado de su familia. Al
hablar con el Capitán, él le respondió que los paramilitares lo buscaban con el fin de dar
información acerca de la guerrilla; y además de advertirle que tenía muchos problemas
con el ejército y que la única manera de evitarlos era entrar a trabajar con los paramilitares
aportando información detallada de la subversión, teniendo protección en la base si tenía
inconvenientes, pues si no decía nada corría el peligro de ser asesinado. Hernando no
aceptó, entonces el militar le dijo que no podía salir a otras veredas, que se pusiera a
trabajar nada más, que se presentara a la base cada 8 días y que a San Vicente solo
podía ir a mercar mensualmente.
Bajo estas restricciones, Hernando salió de la región. En la queja que interpuso
posteriormente 147 por las numerosas agresiones en su contra, afirmó que el Capitán Ibarra
integraba patrullas conformadas con paramilitares, los cuales se identificaban como
mando del grupo paramilitar “Parra”. Hernando Pinto Nocua era el director de la
cooperativa de El Filón, la cual tuvo que ser cerrada, perjudicando a todos los campesinos
que se abastecían en ella.
Otro de los afectados por la incursión a las veredas de El Filón y Alto Viento, desarrollada
por la Brigada Móvil No. 2, fue el campesino HERNANDO CASTAÑO de 26 años de edad
y padre de cuatro niños, a quien el 22 de noviembre los militares detuvieron y torturaron,
dejándolo finalmente en libertad. En varias ocasiones sus agresores lo habían obligado a
asistir a las reuniones con los paramilitares, al igual que a los demás habitantes de las
veredas aledañas 148 .
Asimismo, el campesino ALFONSO JAIMES DUARTE, fue agredido el 24 de noviembre
(tres días después de la entrada de los militares). Alfonso fue detenido y recibió malos
tratos y torturas por parte de miembros de la Brigada Móvil No. 2, quienes después lo
liberaron. Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja abrió
indagación preliminar bajo el radicado 062-06303. Mediante providencia del 24 de octubre
de 1995 archivó las diligencias al sostener que no era procedente la investigación por no
poder verificar la ocurrencia de los hechos.
147 Queja ante la Procuraduría General de la Nación el 21 de enero de 1993.
148 Corporación Chucureña para la Defensa de los Derechos Humanos. Boletín de prensa, San Vicente de
Chucurí, noviembre 23 de 1991.
153

Los métodos de la Brigada Móvil No. 2
Otros testimonios de los crímenes cometidos por la Brigada Móvil No. 2 en las veredas El
Filón y Alto Viento durante el mes de noviembre son:
GERMAN CORDÓN, campesino de la región agredido por el ejército narró que: “...yo
estaba en la casa con mi esposa, un obrero y mi hija, como entre 6 o 7 soldados me
sacaron, me golpearon, me tenían acostado con los brazos abiertos, cada soldado me
tenía de un brazo o de una pierna y otro se me sentó encima del estomago y si gritaba me
golpeaba con un pie, para que dijera donde estaba escondida la guerrilla y a lo que iba a
respirar, me echaban agua por la cara; después que dejaron de maltratarme me hicieron
caminar un poco y luego me dejaron salir como a las 6 de la tarde. Luego, el domingo, o
sea ayer, fui por la carne a Alto Viento y venía con la señora y la niña, eran como las 11 de
la mañana, me quitaron la carne y la cogieron para ellos y me llevaron hasta una loma
donde me amarraron y me tumbaron sobre una charca de aguas sucias y me dieron pata y
garrote; me tuvieron amarrado de las manos, bocabajo contra el potrero como hasta las 2
de la tarde. A mi señora la devolvieron para una casa y no dejaban que nadie se me
acercara. Mientras yo estaba detenido el domingo también tenían ahí a FAUSTINO
VELANDIA, de 35 años, RICAURTE DUARTE, de 21 años, AURELIO FIGUEROA de 43
años, yo supe que los tenían a ellos también porque nos soltaron al mismo tiempo y nos
llevaron hasta la tienda”.
AURELIO FIGUEROA, de aproximadamente 45 años de edad, afirmó que: “El domingo
pasado, como a las once de la mañana me cogieron los de la tropa y me mandaron contra
un pozo de agua sucia y luego me sacaron y me dijeron que mirara para arriba donde
estaba un soldado para ver si lo conocía y cuando dije que no, me tendieron en una
sabana y echaron agua embarrada sobre un trapo y me lo pusieron en la cara, para que
hablara y otros me tenían la boca y la nariz para que no me moviera y cuando, ya no podía
más me dejaban respirar. Luego llamaron a otro soldado para que me vendara y yo estaba
con los ojos vendados y le preguntaron a uno que, si era él, refiriéndose a mí y él dijo que
si, que era yo, entonces mandaron a otro a que hiciera una fosa y dijeron que me iban a
matar, luego me llevaron contra un palo y me hicieron abrazarlo y me hicieron tres tiros, yo
sentí que pasaron como por entre las piernas.
De ahí me llevaron para una loma y me quitaron la lanilla con que me tenían vendados los
ojos y me hicieron tender boca abajo y que no volviera a mirar para donde ellos estaban y
que si me movía me mataban, ahí me tuvieron como hasta las dos y media de la tarde y
cuando eso estaba lloviznando; yo escuché cuando llevaban a GERMAN y le decían que si
veía los muertos, mostrándonos a nosotros. A mí me dejaron salir como a las 6 de la tarde
y desde las dos y media hasta esa hora nos tuvieron en la tienda.”
RAUL RAMÍREZ DAZA, de aproximadamente 20 años, cuenta que: "el jueves pasado
llegué a donde GERMAN, que era donde estaba trabajando y estaba el ejército y me puso
154

a cargar un equipo hasta una casa que queda al borde de la carretera, yo iba con PEDRO
MARTINEZ; luego el que nos llevó le dijo a otro que fuera y nos deba agüita y ahí nos
separaron en la casa; a mí me llevaron a una planada y me hicieron quitar el pantalón y la
camisa y llevaron un balde de pintuco lleno de agua; yo llevaba una paloma o sea, una
lanilla y me hicieron quitar el puente y me acostaron boca abajo y en cada pie y mano se
me paró un soldado; enseguida me pusieron un trapo en la boca y me echaron el agua
encima para que les dijera donde estaba la guerrilla; así me tuvieron como desde las 5
hasta las 6:30 de la tarde."
REYNALDO RAMIREZ DAZA, refirió sobre su detención: “A mí me sacaron de la casa, me
llevaron hasta una lana y me tendieron en el suelo, me pegaron con la boquilla del fusil,
me quitaron la camisa y me dieron unos planazos para que contara o sea que tenía que
decirles donde estaba la guerrilla; luego me llevaron para la escuela del Filón y de ahí me
llevaron con GERMAN para una loma donde don ULPIANO N. y allá nos tuvieron como
hasta las 6:30 de la tarde; eso fue el jueves pasado.”
La Señora EVELIA, una de las mujeres campesinas que se refugiaron en la humilde
vivienda visitada por la Comisión Humanitaria, le dijo a ésta que:“a mi esposo, JOSE
VICENTE MEZA, que tiene 41 años, se lo trajeron de la tienda y lo sacaron a la loma, le
hicieron quitar la camisa y botarse de buche contra el suelo, en medio de una mata de
plátano, se le pararon encima de las paletas y le dijeron que tenía que recorrer con otro
señor, MIGUEL N., los sitios donde estaban los minados, que decían que estaban en el filo
y luego lo trajeron al pie de un árbol y le pegaron unos boquillazos con el fusil por la
espalda y un puño por el pecho y se lo trajeron y lo llevaron hasta la escuela; todo eso
pasó el jueves pasado entre las tres 3 y las 5 de la tarde.”
PASTOR RAMÍREZ, anotó que:“la patrulla llegó a mi casa, me prendieron y me
preguntaron que qué armas tenía y como yo tenía una carabina 20 y otra 16, me llamaron
y me cogieron y me llevaron de la casa para abajo, me pusieron unos fusiles en la nuca,
me tendieron contra el suelo y se me pararon encima y me decían que contara donde
estaba la guerrilla y los minados, que si no les contaba y alguno de ellos fracasaba, todos
nosotros debíamos pagar por eso; yo les dije que decían que por ahí estaba minado, pero
que yo no sabía más, entonces uno de ellos se arrechó y me pegó un culatazo, me cogió
del pelo y arrancaron para el filo conmigo y de ahí ya me dejaron libre. Eso sucedió el
jueves de 4 a 5:30 de la tarde.”*
* Estos testimonios, así como el de la señora Zoila Niño, han sido tomados en parte de:
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz: El Proyecto Paramilitar... Op. cit. pp. 37-38
Finalmente, la Comisión constató el atentado contra CUATRO TRABAJADORES del
Comité de Cafeteros que se encontraban en la misma zona, cuando recibieron una ráfaga
de metralleta mientras estaban trabajando a las 9:00 a.m. cerca al sitio conocido como
155

“Berlín”. A unos pocos metros de allí una patrulla del ejército se encontraba realizando un
retén. 149
1992
A comienzos de 1992 y durante mayo y junio de ese año, periodo en el que se
suspendieron los diálogos en México entre la insurgencia y el gobierno nacional, los
operativos militares se extremaron en fuerza y número en San Vicente, El Carmen, Bajo
Simacota, Sur de Bolívar, Yondó y Barrancabermeja, por entonces escenarios de la lucha
contrainsurgente adelantada por el Estado 150 . Una lectura al el índice de las acciones
violentas contra la población colombiana demuestra que aunque haya una constante en
las violaciones a los derechos humanos, éstas se han intensificado en los períodos críticos
de los procesos de paz entre las insurgencias y el Estado. También durante el segundo
semestre de 1992 fue particularmente agudo el enfrentamiento en zonas rurales entre
grupos insurgentes y la tropa regular, especialmente en la zona chucureña. En medio de
esta situación, los campesinos de la zona fueron castigados por el uso del “hambre como
arma de guerra”, pues sufrieron el bloqueo de mercados, cosechas y productos básicos,
por parte de ambos sectores, que por un lado amenazaban a los trasportadores y por otro
minaban campos y vías. 151
En un informe solicitado a la Unidad Seccional de Fiscalía No. 39, de San Vicente por la
Personería Municipal, se comunicó que durante 1992 se presentaron 286 casos de delitos
en San Vicente entre homicidios y amenazas a pobladores. Además, los campesinos
denunciaron que desde noviembre de 1991 se registraron patrullajes conjuntos entre el
ejército y los paramilitares en el casco urbano de San Vicente 152 . Los habitantes de San
Vicente estaban sometidos a todo tipo de arbitrariedades. Por ejemplo, el Capitán Gilberto
Ibarra frecuentó durante 1992 y 1994, las oficinas de agencias de correo como
ADPOSTAL, COOTRANSMAGDALENA y COPETRAN para revisar la correspondencia de
los pobladores.
En el sector rural de la vereda Nuevo Mundo, el batallón Luciano D’ Elhuyar instaló una
base militar en la escuela y el jardín infantil desde mediados de septiembre y con ello se
afectó a más de 70 niños que no pudieron asistir a clases y terminar el año escolar 153 . Ese
año, en la vereda Pamplona, ARSENIO SANABRIA ALDANA, un campesino que además
tenía una tienda en el sitio conocido como La Punta, que abastecía a todos los lugareños,
fue constantemente visitado por efectivos de la Brigada Móvil No. 2 para amenazarlo de
muerte. Uno de los muchachos de las veredas que habían ingresado a las filas de los
149
Acta de visita especial practicada a las veredas El Filón y Alto Viento de San Vicente de Chucurí por
una Comisión conformada por la Personera Delegada para lo Penal y los Derechos Humanos, el Secretario
Municipal, algunos concejales, entre otros. Noviembre 25 de 1991.
150
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Barrancabermeja, agosto
de 1992, No. 1. p. 8.
151
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Barrancabermeja, enero
de 1993, No. 2. p.7
152
CONADHEGS. Acción Urgente. Bogotá, febrero 5 de 1992.
153
Personería Municipal de San Vicente de Chucurí, noviembre 23 de 1992.
156

paramilitares lo acusó de vender víveres para guerrilleros y lo incluyeron en una de las
listas “de colaboradores” que iban a ser asesinados. Arsenio, temeroso por su vida,
prefería pasar los días en el pueblo, tratando de resguardarse de los militares, pero esto lo
llevó a una grave situación económica, al dejar abandonado su negocio. 154
La unión estratégica de militares y paramilitares permitió la comisión de numerosos
crímenes durante 1992. Uno de ellos fue el del campesino WILSON OSES SÁNCHEZ,
quien fue asesinado por el Teniente Parra, en la vereda Llana Fría. El 8 de enero, el
campesino RODOLFO RONDON URIBE, habitante de la vereda La Colorada, fue detenido
por el batallón Luciano D’ Elhuyar bajo las acusaciones lanzadas por un vigilante que era
desertor de la guerrilla. A las 8:30 a.m. lo llamó un soldado de la Brigada Móvil, lo sentaron
en una tabla, lo insultaron y le dijeron que él era guerrillero. Luego lo llevaron a una oficina
donde fueron reseñados todos sus datos y lo interrogaron sobre los fusiles, las caletas y lo
sindicaron de haber asesinado a una persona en el río Chucurí, otra en la vereda
Pamplonita y una tercera en Puente Murcia. El interrogatorio inició a las 9:30 a.m. y
finalizó a las 5:30 p.m. en la sede del batallón y una vez finalizado, Rodolfo tuvo que firmar
una constancia de buen trato y lo pusieron a disposición de la Fiscalía. Hasta las 9:30 p.m.
lo dejaron en libertad, una vez firmó una acta de compromiso para reportarse de nuevo al
batallón.
Dos días después, el 10 de enero de 1992, a las 1 p.m., Harold Bedoya, Comandante de
la II División del ejército; el General Ramón Emilio Cifuentes Ordóñez, Comandante de la
V Brigada y el Teniente Coronel Selis Alberto Tamayo, Comandante del Batallón D’
Elhuyar, se reunieron en la casa cural de San Vicente y luego se dirigieron públicamente a
la población para sostener que “este año va a ser el año del sacudón para la guerrilla” y
que “el ejército es el real defensor de los derechos humanos” 155 . Los hechos mostraban
otra cosa. Durante ese mes la vía El Carmen-San Vicente permaneció militarizada por
fuerzas especiales del Batallón Colombia dirigidas desde la V Brigada y acompañadas por
tropas regulares del Luciano D’ Elhuyar, mientras en esa misma vía, en la quebrada
Consuelo, de la vereda El Treinta y cinco, permanecía instalado un retén de
paramilitares 156 .
El 20 de enero de 1992, el campesino HECTOR MARIA CACERES PINTO de 30 años fue
detenido, desaparecido, torturado y asesinado por tres miembros del ejército en el sitio
conocido como Berlín. 157 Cuatro días después, el 24 de enero, fue encontrado el cuerpo
de Héctor María en el sitio conocido como Los Monos, en la vía al municipio de El
Carmen, según el testimonio de un hijo. En esa misma fecha, SIETE CAMPESINOS
fueron detenidos y torturados por miembros del pelotón Cóndor del ejército en la vereda El
Filón.
154
Denuncia ante la Personería Delegada en lo Penal y Derechos Humanos. San Vicente mayo de 1992.
155
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. S.O.S. El Carmen y San
Vicente de Chucurí. Barrancabermeja, enero 16 de 1992.
156
Corporación Chucureña para la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos y
CONADHEGS-Magdalena Medio. San Vicente de Chucurí, enero 25 de 1992.
157
Ibíd.
157

Ante los recurrentes bombardeos en la zona, el cierre de la guerrilla de la vía a El Carmen,
la utilización de los campesinos por los militares para abrir paso entre campos minados y
debido a que durante los combates entre ejército y guerrilla, los campesinos fueran
presionados por el ejército para que formaran grupos armados, que se presentaban
públicamente como “autodefensas”, los campesinos de las veredas La Fortuna y El
Cuarenta, tuvieron que abandonar sus parcelas el 25 de enero. En total, se desplazaron
51 familias
De tal manera, en el transcurso del mes, 20 campesinos de las veredas El Toboso, El
Cuarenta y La Fortuna de San Vicente se refugiaron en la Casa Campesina de San
Vicente. Debido a que los campesinos llegaron tan sólo con las prendas que tenían
puestas terminaron vagando por las calles ofreciéndose a hacer cualquier oficio para
conseguir con qué comer. 158 La difícil problemática que tuvieron que enfrentar se expresa
en el siguiente testimonio de un anciano de 76 años, quien con su esposa, hijos y nietos
abandonaron su finca:
“De La Fortuna nos vinimos casi todos, la vereda quedo casi sola, porque hay muchos
problemas con Los Masetos. Una cosa como la de ahora nunca la había visto; yo chupé
mucho durante “la violencia” porque fui liberal, pero no tanto como ahora. Eso con tantos
cuerpos armados si uno atiende al uno queda mal al otro. Nosotros ya no comíamos no
dormíamos, porque en la noche las tropas pasaban, la gente armada echaba plomo, se
armaban tiroteos y uno corra a esconderse.” 159
Una vez los campesinos abandonaban sus parcelas, estas tierras eran ocupadas por
personas que los paramilitares trasladaban a la zona para repoblar las veredas. Por otro
lado, más de 107 campesinos se refugiaron en el Albergue Campesino de
Barrancabermeja en enero de 1992. 160 Desde ese momento la situación de los
campesinos que aún insistían en quedarse fue más critica y debían cancelar el 20% como
impuestos sobre sus cosechas de cacao; además de una cuota adicional si no querían
que sus hijos fueran reclutados. 161
NOSOTROS LOS CAMPESINOS DE SAN VICENTE Y EL CARMEN DE CHUCURI
DENUNCIAMOS
1. Que la zona viene siendo azotada por grupos PARAMILITARES, llamados allí
“MASETOS”, quienes son apoyados por el batallón LUCIANO D’ELHUYAR de San
Vicente.
158 “Desplazados chucureños dispersos por Colombia”. Enero 19 de 1991.
159 Vanguardia Liberal. Bucaramanga, 13 de enero de 1992. p. 10A.
160 Comunicado a la opinión pública elaborado por campesinos de San Vicente de Chucurí. Noviembre 30
de 1991.
161 El Nuevo Siglo. Febrero 21 de 1992. p. 8A.
158

2. Estos grupos nos obligan a patrullar bajo la condición de que “se arman, se van o se
mueren”. Todo hombre está obligado a patrullar desde los 12 años de edad en
adelante.
3. Los “masetos”, imponen el sistema de cobro de bonos o impuestos obligatorios con el
fin de comprar armas.
4. El ejército y masetos llevan listas con nombres de campesinos de la región donde se
les amenaza de muerte.
5. Ametrallamientos y bombardeos indiscriminados contra la población civil.
POR LA VIDA DIGNA
FUERA PARAMILITARES DEL MAGDALENA MEDIO
EL PUEBLO CHUCUREÑO CREATIVO Y SOÑADOR TIENE DERECHO A VIVIR
Mayo 12 de 1992
A pesar de que los pobladores de la región denunciaban constantemente los desmanes y
el posicionamiento del imperio paramilitar bajo la anuencia de las autoridades militares y
civiles, los crímenes y agresiones no daban tregua. El 26 de febrero, el campesino
SERGIO PEREA de 45 años fue asesinado por militares y paramilitares del grupo Los
Masetos en su casa, ubicada en la vereda El Silencio. El asesinato se perpetró luego de
un enfrentamiento entre ejército y guerrilla; la versión oficial responsabilizó al ELN por la
muerte del campesino.
La oleada criminal continuó el 6 de marzo, fecha en la que JAIME RAMIREZ TRUJILLO
de 30 años fue encontrado asesinado en circunstancias desconocidas de 5 impactos de
bala y heridas con arma blanca, en la Inspección de Policía Departamental Puente Murcia.
El 11 de marzo en la vereda La salina se efectuó una reunión dirigida por el paramilitar
Helio Pacheco, alias El Rayo, acompañado por varios hombres y protegidos por la Brigada
Móvil No. 2, comandada por el Subteniente Ortiz. En esta reunión los paramilitares y el
ejército presionaron a los campesinos para que se unieran a los grupos paramilitares.
Ese mismo día se instaló una base paramilitar permanente en la escuela de la vereda La
Salina. Ante la visita realizada el 14 de marzo por una comisión de organizaciones
internacionales defensoras de los Derechos Humanos a La Salina, los hombres de la
Brigada Móvil No.2 protegieron a los paramilitares para que se ocultaran y amenazaran a
los campesinos para que estos últimos no denunciaran nada a la comisión. 162 Estos
hechos constataron la avanzada de los grupos paramilitares provenientes de El Carmen
hacia San Vicente en especial en las veredas La Salina, Taguales, Aljibes, Guayacán,
Filón y San Cristóbal; donde la población se encontraba acorralada y sin ninguna
posibilidad de abandonar la región.
162 Albergue Campesino de Barrancabermeja. Comunicado No. 2, marzo 18 de 1992.
159

Los paramilitares realizaron constantes patrullajes con una lista en la mano con los
nombres de los campesinos de la región a quienes iban preguntando mientras los
amenazaban y trataron mal a todas las personas a su paso. Las personas refugiadas en el
Albergue de Campesinos damnificados por la guerra sucia en el Magdalena Medio,
cansados de los desmanes del ejército y los paramilitares, iniciaron la campaña “Clamor
Chucureño por la Represión”, para ayudar a los campesinos que eran perseguidos por el
paramilitarismo a salir de sus tierras y así poder salvar su vida.
El 17 de marzo de 1992, llegó al Albergue Campesino de Barrancabermeja un
CAMPESINO de la vereda San Cristóbal e informó que el grupo paramilitar MAS había
incursionado en esta vereda acompañado de hombres de la Brigada Móvil No. 2, quienes
llevaron una lista de campesinos sentenciados a muerte entre los cuales se encontraba
él. Tres días más tarde, el 20 de marzo, PEDRO ELIAS PEREIRA JIMENEZ fue asesinado
en circunstancias desconocidas, de múltiples impactos de bala en la vereda Palmira. Ese
mismo día comenzó el Foro Petrolero y Agrario en medio de una fuerte campaña cívico
militar adelantada por la V Brigada donde el ejército, acantonado en el casco urbano
adelantó una serie de eventos culturales con contenido ideológico dirigido principalmente
hacia la población infantil y en las cuales se registró con cámaras a los asistentes a los
eventos. El ejército también asistió a escuelas e iglesias con el pretexto de ofrecer
servicios de medicina y registraron a aquellas personas que se negaron a recibir los
servicios. En las zonas rurales se presentaron regalando mercados pretendiendo con ello
la vinculación de la población.
En el mes de abril se reanudaron los hostigamientos de las tropas militares contra los
habitantes de San Vicente. El 19 de abril de 1992, el ama de casa campesina TULIA
OSORIO, fue detenida durante un allanamiento a su vivienda, torturada y amenazada por
una patrulla del batallón Nueva Granada en la vereda La Rasquiñosa. Los militares llegaron
a su vivienda, le amarraron las manos, le pasaron un lazo por el cuello intentando ahogarla
mientras la interrogaban acerca de unas “supuestas armas de la guerrilla”. Luego hurtaron
dinero y objetos personales y destruyeron algunas de las pertenencias de la familia. Ese
mismo día fue incendiada la vivienda de una finca cercana y fueron bombardeadas las
veredas La Rasquiñosa y El Pueblito.
El 13 de mayo, sesenta campesinos desplazados de la región chucureña se tomaron
pacíficamente las instalaciones de la Procuraduría Regional de Barrancabermeja,
desesperados ante la escalada paramilitar y los constantes hostigamientos perpetrados
por el ejército tanto en el campo como en el casco urbano del municipio.
Durante los primeros días de junio arribó a la vereda Yarima un grupo de 70 paramilitares
provenientes de la vereda Santo Domingo, de El Carmen. Los paramilitares repartieron
papeles entre los campesinos invitándolos a formar parte de su grupo armado.
Entretanto, los efectivos del ejército siguieron hostigando a la población. El 13 de junio, la
promotora de salud y madre de dos niños, de ocho meses y tres años, BLANCA
160

CARREÑO SUAREZ y los campesinos CLODOMIRO RUIZ de la finca La Esmeralda y
LUCIO GOMEZ, hombre de avanzada edad, fueron detenidos por el ejército y luego
sindicados de ser guerrilleros. Blanca fue detenida en un retén militar en la vía que de
Bucaramanga conduce a San Vicente cuando viajaba en un bus de
COOTRANSMAGDALENA; los militares revisaron el bolso donde llevaba medicamentos y
nombres de personas enfermas y la acusaron de ser de la guerrilla. Posteriormente, los
días 13 y 14 de junio la forzaron a ponerse uniforme camuflado y a patrullar junto con el
ejército. El 15 de junio, en las instalaciones del batallón Nueva Granada, le tomaron fotos
frente a medios de comunicación con elementos incautados en momentos y sitios
diferentes a su detención; así mismo, en contra de su voluntad y bajo amenaza, firmó
documentos que la vinculaban con grupos insurgentes; también fue llevada a rendir
indagatoria ante el juez 15 de instrucción criminal. Finalmente, el 7 de julio la dejaron en
libertad, pero al salir un militar le dijo, “con el papel que nos firmó la podemos hacer
desaparecer y nadie se da cuenta”.
En junio 21 de 1992, cerca de 70 hombres, miembros de grupos paramilitares que venían
de Santo Domingo del Ramo, ocuparon el corregimiento de Yarima y repartieron papeles
por debajo de las puertas invitando a sus ocupantes a ingresar a sus filas. Durante el
segundo semestre de 1992 fue particularmente agudo el enfrentamiento en zonas rurales
entre grupos insurgentes y la tropa regular, especialmente en la zona Chucureña de El
Carmen y San Vicente. En medio de esta situación, los campesinos de la zona se vieron
castigados por el uso del hambre “como arma de guerra” pues sufrieron el bloqueo de
mercados, cosechas y productos básicos, por parte de ambos sectores. Los insurgentes
amenazaron a los transportadores y continuaron con los campos minados en algunas de
regiones 163 .
A comienzos del mes de julio fueron hallados los cuerpos de dos campesinos en zona rural
del municipio. Los hechos ocurrieron el 5 de julio, fecha en la cual los campesinos
FRANKLIN GARCIA OLARTE y EDGAR DE JESUS GALEANO MARIN, fueron
encontrados asesinados y con señales de tortura e impactos de pistola 9 mm en la
Inspección Departamental La Fortuna. Los habitantes denunciaron que el crimen era
responsabilidad de Los Masetos.
En el transcurso de ese mes, las unidades de la Brigada Móvil No 2, volvieron a hacer
presencia en la población. El 11 de julio, en la finca de propiedad de Isidro Sandoval, un
dirigente de la ANUC-UR, cayeron cinco morteros detonados por ese organismo militar,
que destruyeron cultivos de café, uno de los cuales hizo blanco cerca de la vivienda,
dejando aturdidos a todos sus habitantes y con trastornos a MARIA MONICA MORALES
de 4 años y a HUBER SOTERO MORALES, de dos, hijos del encargado de la finca 164 .
163
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Barrancabermeja, enero
de 1993, No. 2. p.7
164
Corporación Chucureña de Defensa, Promoción y Protección de los derechos Humanos. Acción urgente,
San Vicente de Chucurí, julio 23 de 1992.
161

Unos minutos antes, efectivos de la Brigada habían allanado la casa y sustraído todos los
objetos de valor 165 .
Durante el 11 y 13 de julio, la Brigada Móvil No. 2 en compañía de las estructuras
paramilitares, realizaron bombardeos y patrullajes en las veredas Tambo Redondo, La
Colorada, La Bodega, Pamplona y Pamplonita; daños graves fueron causados a las fincas
y perturbaciones a la tranquilidad de los campesinos, incluyendo a aquellos que fueron
agredidos. Estos operativos fueron denunciados ante el Personero Delegado para lo Penal
y los Derechos Humanos de San Vicente.
Los abusos por parte de la fuerza pública continuaron el 16 de julio a las 2:00 a.m., cuando
el campesino LUIS RAMOS TOLOSA, fue asesinado por efectivos del ejército
pertenecientes a la Brigada Móvil No. 2, en la vereda Peroles. Esa noche, Luis se
encontraba en casa de un vecino, cuando a la hora en que sucedieron los hechos, llegó
una patrulla militar. Un Teniente llamó al vecino y en ese momento encañonaron a Luis en
el patio y lo pusieron boca abajo. Se lo llevaron y momentos después se oyeron disparos.
El cuerpo apareció al día siguiente a un kilómetro de distancia, con varios disparos en la
cabeza y los dedos de las manos y los pies cortados.
El 19 de julio, el campesino administrador de la finca del Concejal Amilkar Galindo, PABLO
LEON fue detenido, torturado y amenazado de muerte por miembros de la Brigada Móvil
No. 2 del ejército en la vereda El Marfil. Los habitantes denunciaron el crimen ante una
comisión compuesta por varios organismos de derechos humanos, el alcalde, el personero
y algunos concejales que sindicaron del hecho al grupo paramilitar Los Masetos.
El 25 de julio de 1992, el campesino ALVARO RIOS, fue detenido por militares de la
Brigada Móvil No. 2 en el sitio conocido como Yondó en la vereda Pamplonita de San
Vicente 166 .
En medio de los bombardeos que se presentaban, las parcelas sufrieron muchos daños
además del terror entre la comunidad que se vio forzada a desplazarse a la casa
Campesina de San Vicente, a más de 3 horas de recorrido a pie. 167 Esta vez la
administración municipal, estuvo presta a asistir a los campesinos con comida y enseres
para dormir y aseo. Los campesinos manifestaron haberse sentido “molestos” por los
golpes y culatazos que soldados del Batallón Luciano D' Elhuyar le dieron a la Casa
Campesina en la noche del jueves 23 de julio. A la mañana siguiente, el Personero y
algunos delegados de la Corporación de Derechos Humanos dialogaron con los militares y
acordaron el ingreso no violento de los soldados; sin embargo, los militares prohibieron la
165
Queja presentado ante la Personería delegada en lo Penal y en Derechos Humanos. San Vicente de
Chucurí, julio 24 de 1992.
166
Corporación Chucureña De Derechos Humanos. San Vicente de Chucurí, julio 26 de 1992.
167 Corporación Chucureña para la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos. San
Vicente de Chucurí, julio 23 de 1992.
162

entrada y salida libre de los campesinos de la Casa, tomaron fotografías y se llevaron un
grupo de campesinos para que le explicaran a un Coronel los “supuestos actos abusivos”
de la Brigada. 168
Para entonces, los alrededores de la Casa permanecían militarizados y fue instalada una
base militar a 50 metros de allí, es decir en el perímetro urbano, justo en el Coliseo de
Ferias Sacramento Tristrancho, que estaba ubicado en un sector residencial de San
Vicente, junto a la escuela El Bosque, en la que 540 niños asistían diariamente a clases y
que además era el único recinto cerrado de la localidad. Esta situación no sólo afectaba la
seguridad de los pobladores, sino que también puso en una situación complicada a los
ganaderos y comerciantes que tenían como punto de encuentro el coliseo para convenir
sus negocios. 169
Innumerables acontecimientos que ponían en peligro la seguridad de los habitantes
sucedieron desde ese día. Por ejemplo, un niño de siete años se encontró una granada y
por fortuna le fue retirada antes de explotar. Los soldados limpiaban sus armas frente a los
niños en sus horas de recreo escolar. En más de una ocasión se sorprendió a éstos
enseñándole a unos niños cómo abrir y cerrar un fusil y a varias niñas se les encontraron
papelitos y dulces que “les regalaban” los soldados. 170
El hecho más grave ocurrió en una madrugada del jueves 24 de abril de 1992, cuando dos
granadas fueron lanzadas al Coliseo junto con ráfagas de fusil, por más de media hora.
Ante tal situación, los padres de familia de la Escuela El Bosque y los habitantes del sector
realizaron un cese de actividades para lograr el dialogo con los militares sobre los riesgos
que les generaba a los pobladores su permanencia allí. 171
Los habitantes de San Vicente se encontraban a tal grado de zozobra, que uno de sus
habitantes cuenta que un día a la 1:30 p.m. un ruido ensordecedor retumbó en todos los
rincones de las casas de la localidad. Ante esto, todos sus habitantes corrieron a
esconderse debajo de las camas, el ejército se atrincheró en el Coliseo y los agentes de
policía salieron corriendo a “responder el fuego”. Sin embargo se trataba de un trueno que
anunciaba una fuerte tormenta. Por ello, nadie podía negar el miedo y la angustia en que
se había convertido la vida en San Vicente, lo cual aumentó considerablemente desde que
los tropas del Batallón Luciano D' Elhuyar se instalaron allí, junto a la escuela El Bosque, a
la que no volvieron los niños porque sus padres “temían que podían caer entre las balas”.
El 9 de agosto de 1992, varios hombres armados atentaron contra la vida de un
LABRIEGO apodado “Bazuco”, quien padecía un retardo mental. Al día siguiente, 10 de
agosto, varios hombres del batallón Luciano D’Elhuyar patrullaron la zona en compañía de
168 Informe de desplazados a la Casa Campesina. San Vicente, julio 25 de 1992.
169 Personería Municipal, San Vicente de Chucurí. Noviembre 3 de 1992.
170 Vanguardia Liberal. Bucaramanga. Abril 30 de 1992.
171 Corporación Chucureña de Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos. San Vicente,
abril 23 de 1992.
163

paramilitares del grupo Los Masetos y pintaron en las paredes “Autodefensas Campesinas”
“No al ELN” 172 .
La profesora de Biología del Colegio Camilo Torres, SARA MARIA ALVAREZ GARCIA,
hermana de Ángel Álvarez, quien ya había tenido que desplazarse de la localidad cuando
se desempeñaba como presidente de la Corporación Chucureña de Derechos Humanos,
denunció ante el Director de Fiscalías Regionales en Cúcuta, que el 20 de agosto durante
el lapso de un racionamiento eléctrico, recibió amenazas y señalamientos realizados por
medio de panfletos donde se le acusaba a ella y a otros profesores de pertenecer a grupos
guerrilleros. El responsable de las amenazas fue el grupo paramilitar “Comité
Democrático Chucureño”. Sus nombres aparecieron en ese volante junto al del Alcalde y
el Personero Delegado 173 .
En los días siguientes continuaron los hostigamientos contra los profesores, que pasaron
de las intimidaciones a los asesinatos. El 30 de agosto, la educadora CLARA VECINO,
GERMAN HERNANDEZ MORALES, CARLOS MONSALVE HERNANDEZ y otro
HOMBRE fueron asesinados por sujetos no identificados en el casco urbano. Los hechos
se dieron en medio de una militarización completa de la población. La denuncia fue
presentada ante una comisión humanitaria conformada por el Personero, concejales y
miembros de comités de derechos humanos.
Además de la militarización total del casco urbano, en el campo continuaron los patrullajes
del ejército y en consecuencia las agresiones contra el campesinado. El 22 de septiembre,
el joven campesino JOHN RAUL RODAS fue detenido y asesinado por efectivos de una
patrulla militar en la vereda El Marcito. 174 El padre de John era mecánico y cuando los
militares preguntaron abiertamente quién podía hacer prender un carro que habían dejado
abandonado en el lugar, él se ofreció. John condujo el carro hasta un sitio donde había otra
patrulla del ejército y pocos metros adelante el carro explotó. 175
En octubre fue nuevamente militarizada la zona y varias personas y campesinos bajo
amenazas de muerte dejaron sus parcelas; los agricultores eran afiliados a la ANUC,
organización que se encargó de denunciar los atropellos de la Brigada Móvil No. 2. A
comienzos del mes, el 1 de octubre, CARLOS BERNARDO RODRIGUEZ de 23 años fue
encontrado asesinado después de que miembros de la Brigada Móvil No. 2 le propinaran
dos disparos de pistola 9mm cuando se encontraba en la vía que de Bucaramanga
172
Comunicado de la comunidad de Llana Caliente y La Tempestuosa, agosto 19 de 1992.
173
Carta enviada a Augusto Pardo Cuervo, Director de Fiscalías Regionales. San Vicente, agosto 27 de
1992.
174
Violaciones de los Derechos Humanos en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí.
Archivo: Comisión de Justicia y Paz. Junio 30 de 1993.
175 Queja presentada ante la Personería Delegada en lo Penal y Derechos Humanos. San Vicente de
Chucurí, 28 de septiembre de 1992.
164

conduce a San Vicente Chucurí. Seis días después, el 7 de octubre, ANA MARIA
SANTOS, fue asesinada por miembros del ejército en la vereda La Colorada.
El accionar de los agentes paraestatales se modificó en el mes de noviembre, pues los
principales victimarios de la población comenzaron a ser “autores no identificados”, que en
realidad eran paramilitares mimetizados en la impunidad de los crímenes y el temor de la
comunidad para denunciarlos. El cambio comenzó a perfilarse en el transcurso del mes de
noviembre. El día 3, el campesino MAURICIO RODRIGUEZ GOMEZ de 27 años fue
asesinado por sujetos no identificados que le dispararon en varias ocasiones con pistolas
calibre 9mm, en su finca ubicada en la vereda Palmira. Días después, el 9 de noviembre,
el señor CUSTODIO RODRIGUEZ MATTA y TRES PERSONAS más fueron asesinadas
en circunstancias desconocidas. Los campesinos fueron presentados por los medios como
guerrilleros muertos en combate.
El 12 de noviembre los paramilitares citaron a los pobladores del corregimiento Yarima a
una reunión en el parque central, donde conminaron a la población a unirse a sus filas so
pena de tener que abandonar la región.
Ese mismo día, 12 de noviembre de 1992, a la 1:00 p.m., la educadora BERTHA DEL
PILAR HERNANDEZ ALDANA, de 21 años, fue detenida, sindicada y luego desaparecida
en compañía de otra EDUCADORA que fue detenida y golpeada por militares de la
Brigada Móvil No. 2 en la Inspección Departamental Llana Fría. Los militares llegaron a la
casa de Jaime Bustamante preguntando por Bertha del Pilar, quien se encontraba en ese
sitio esperando transporte para dirigirse al casco urbano de municipio. Bertha del Pilar y su
compañera se dirigieron a la escuela rural, donde las esperaba el ejército 176 . El educador
LUIS ALBERTO VILLAMIZAR BERMUDEZ fue amenazado mediante llamadas telefónicas
para que abandonara la zona por paramilitares del grupo Los Masetos ese mismo 12 de
noviembre 177 . Las llamadas las recibió en varias ocasiones durante una semana en las
instalaciones de la escuela El Bosque, en las cuales lo insultaban y le decían que “lo
queremos fuera de San Vicente” 178
Por otra parte, Bertha y la otra educadora fueron detenidas en medio de insultos,
acusaciones y maltratos. Un uniformado que estaba enmascarado le ordenaba a Bertha
que se callara mientras las goleaba a las dos. A las 5:00 p.m. Bertha fue separada de la
otra profesora y la subieron a un helicóptero con los ojos vendados, y fue trasladada al
Batallón Nueva Granada, de Barrancabermeja y luego presentada ante la Fiscalía bajo la
acusación de "portar un arma en el momento de su detención". Finalmente, nunca se
volvió a saber de ella 179 .
176
Corporación Chucureña De Derechos Humanos y Personería Municipal. San Vicente de Chucurí.
Noviembre 19 de 1992.
177
Violaciones de los Derechos Humanos en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí.
178
Queja presentada ante la Personería Municipal de San Vicente, noviembre 13 de 1992.
179
Personería Municipal de San Vicente de Chucurí, noviembre 29 de 1992.
165

El 13 de noviembre de 1992, se realizó un baile al aire libre en el casco urbano de San
Vicente y sorpresivamente fue suspendido el fluido eléctrico; en ese momento, los
militares de la base, en compañía de Los Masetos incursionaron en la población y
después de disparar indiscriminadamente contra el edificio de la alcaldía, se fueron. Por
otro lado, los policías de la localidad empezaron a maltratar a la gente que estaba en la
calle y dispararon contra algunos de ellos.
“Ya nada es igual desde que el ejército se tomó el coliseo”, afirmaron los lugareños que
veían desconsoladamente cómo las gradas que se llenaban para animar los campeonatos,
ahora eran las camas de los soldados. Armas de toda clase, equipos de comunicación y
uniformes ocuparon todos los rincones del lugar que la comunidad sólo pudo disfrutar un
año desde su construcción. Los pobladores exigieron que la Brigada, que en un principio
se afirmaba que era Móvil y se asentó allí por más de tres meses, se fuera del lugar. Sin
embargo, durante aquellos meses la repuesta fue la instalación de otra base militar en la
plaza de ferias y se tenía previsto instalar otras tres, una de las cuales funcionaría en el
colegio Camilo Torres.
La propuesta de trasladar la unidad móvil al Coliseo fue una iniciativa del comandante de
la II División Harold Bedoya Pizarro, quien ante las denuncias de los habitantes dijo en una
entrevista a un diario regional que “los riesgos para la población se acabarán el día en que
no haya bandoleros” e indicó que el propósito de la guerrilla era que el pueblo no estuviera
en contacto con el ejército, “ven que la gente se les está saliendo de las manos y a ellos
les ha dolido que estemos ahí porque San Vicente estaba plagado de bandidos... si yo me
voy de allá se le está haciendo el juego a la guerrilla”. Finalmente agregó que, “los que
cometen los crímenes son ellos, los grupos terroristas”.
A pesar de tales afirmaciones, la población insistió y el alcalde Graciliano Lizarazo
denunció públicamente que las vidas de los pobladores de San Vicente corrían peligro y
pidió a las autoridades militares la reubicación de las bases en donde no corrieran peligro
los habitantes. 180
No obstante la expresión de la inconformidad de los habitantes de la población ante la
ocupación militar del casco urbano y la oleada de violencia emprendida por sus efectivos,
sus acciones criminales no cesaron. El 14 de noviembre, JOSE VICENTE BUSTAMANTE
fue detenido y sindicado por efectivos de la Brigada Móvil No 2 en la vereda Alto Viento.
José Vicente fue solicitado por un teniente por transportar en un vehículo de su propiedad
objetos supuestamente dejados allí por la guerrilla. Una vez en el lugar, fue interceptado
por otra patrulla y obligado a abordar un helicóptero, con los ojos vendados y trasladado a
Barrancabermeja, donde fue sindicado de ser auxiliador de la guerrilla 181 .
180 Vanguardia Liberal. Bucaramanga, mayo 15 de 1992.
181 Personería Municipal de San Vicente de Chucurí, noviembre 19 de 1992.
166

Desde el 15 de noviembre hasta el 29 del mismo mes, los pobladores de San Vicente
vieron llegar convoyes militares provenientes de El Carmen, que transportaban civiles
armados, que muchos lograron reconocer como Los Masetos, entre quienes se
encontraban José Cano, José Trino Montañés y Helio Pacheco, “Palizada”, quienes
ingresaron a las instalaciones del Batallón y al día siguiente permanecieron en la localidad,
patrullando con sus armas.
Un día después de la llegada de los paramilitares, el 16 de noviembre, los campesinos
HERNANDO FIGUEROA MORALES y ARMANDO DIAZ CUADROS fueron asesinados en
circunstancias desconocidas. Un mes mas tarde, el 20 de diciembre, el campesino de 38
años JOSE MARIA MENDOZA AVILA, fue asesinado de varios disparos por sujetos no
identificados, al igual que el campesino ABELARDO ABELLO DIAZ, muerto en
circunstancias desconocidas en el sitio La Plazuela del municipio.
8.6 El problema de los comerciantes del cacao
El 19 de noviembre de 1992, los soldados del Batallón Luciano D' Elhuyar y el
Comandante de policía de San Vicente, convocaron a reunión a los comerciantes de
cacao del pueblo para obligarlos a comprar el cacao de El Carmen. Les dijeron que era
una orden de la V Brigada y que quien no lo hiciera tendría que cerrar su negocio. Un
hombre que estaba armado y se encontraba entre los pobladores se puso de pie y
manifestó que el objetivo era que el pueblo se armara como los de El Carmen y que a
quien no le gustara era mejor que cogiera sus cosas y se fuera.
¡A comprar el cacao de El Carmen!
“El día 17 de noviembre, un Capitán del ejército, quien era el encargado de la base militar
de la Plaza de Ferias y el mayor de la policía, José Claret Cuello Díaz, pasaron por cada
una de las compras de cacao diciendo que teníamos que asistir a una reunión que se
llevaría a cabo en la Plaza de Ferias, el día jueves 19 de este mes a las 8:30 de la
mañana. El día señalado, soldados del D’ Elhuyar pasaron negocio por negocio
recogiendo a la gente y dirigiéndola al sitio de reunión. Estando todos allí reunidos se
procedió a decir cuál era el motivo de la reunión, que consistía en obligar a todos los
comerciantes a comprar el cacao que habían traído del Carmen. Los compradores
manifestamos el temor por lo que había sucedido en días pasados con el cacao que había
comprado alguno de nosotros, pues cuando lo transportaban a Bucaramanga la guerrilla
se lo quitó y lo quemó; por esto el mayor Cuello Díaz nos amenazó diciendo que si no lo
comprábamos nos cerraba el negocio y teníamos cinco años de cárcel, ya que las nuevas
leyes dictadas por el presidente así lo disponían. Nosotros propusimos que por qué no lo
167

llevaban ellos mismos custodiado hasta Bucaramanga para evitarnos ser blanco de la
guerrilla, que así como lo trajeron guardado hasta San Vicente, podían llevarlo a la
capital.”
FUENTE: Acta de reunión de comerciantes de cacao en las instalaciones del Consejo
Municipal con el Alcalde Saúl Pico, el Personero Municipal Humberto Geovo y los
concejales José Joaquín Herrera, Hernando San Miguel y Gilberto Camargo Luque. San
Vicente, noviembre 21 de 1992.
En medio de la militarización de la región, el 21 de noviembre, LUIS FRANCISCO JAIME
CACERES de 31 años fue asesinado por paramilitares de varios impactos de pistola
calibre 9mm en el sitio Santa Inés, vereda el Canclón.
A raíz de la proliferación de los asesinatos y desapariciones en la región chucureña, los
Organismos de Derechos Humanos y la Alcaldía denunciaron el accionar criminal de
grupos paramilitares como Los Masetos, que realizaron varias incursiones en la cabecera
municipal, y que para 1991 ya dominaban un gran número de veredas dentro de la
jurisdicción tanto de El Carmen como de San Vicente. Estas incursiones consistían en
largos recorridos a través de las veredas y fincas durante los cuales los paramilitares
llegaban a las parcelas y se llevaban a los campesinos, quienes después eran
encontrados asesinados con disparos de armas 9mm.
Muchos de los asesinatos cometidos por “autores no identificados” durante 1992 fueron
denunciados por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Seccional Santander,
que señaló que a la par de estos hechos también los integrantes de organismos de
derechos humanos eran objeto de amenazas y agresiones por parte de altos mandos
militares. 182
En el mes de diciembre de 1992, en la vereda de San Cristóbal, también se vio reducida la
población campesina de 60 a 12 familias. Mientras tanto, los operativos militares
continuaron en el área rural y urbana. El 2 de diciembre, DOS HOMBRES más fueron
asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja por el ejército en el caserío La
Tempestuosa. Dos días más tarde, el 4 de diciembre a las 8:45 p.m., el empleado de la
oficina de correos RICARDO URIBE fue objeto de un atentado en su casa por parte del
grupo paramilitar Los Masetos en el casco urbano 183 . Al parecer, el móvil del atentado fue
su amistad y colaboración con el alcalde municipal, SAÚL PICO, quien era ya víctima de
persistentes amenazas de muerte por parte de los paramilitares. Saúl había solicitado en
agosto de 1992 una audiencia con el Ministerio de Gobierno para exponer la problemática
de orden político y social que afectabas la región y denunciar las amenazas que estaban
recibiendo los funcionarios de la alcaldía por parte del grupo paramilitar que se
182
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Bucaramanga, febrero de
1992.
183
Violaciones de los Derechos Humanos en los Municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí.
Archivo: Comisión de Justicia y Paz. junio 30 de 1993.
168

autodenominaba “Comité Democrático Chucureño” 184 . En agosto de 1993, Harold Bedoya,
el entonces comandante de II División del ejército, adelantó ante la Fiscalía Regional de
Bucaramanga y Cúcuta, procesos que señalaban a Saúl Pico como miembro de la red de
apoyo al ELN 185 .
La semana siguiente, el 14 de diciembre, CIRO ANTONIO COLMENARES, de 38 años,
fue asesinado de varios impactos de bala por autores estatales no identificados. Seis días
más tarde, el 20 de diciembre de 1992, GENARO JIMENEZ fue detenido, amenazado de
muerte y torturado por miembros de la Brigada Móvil No. 2 que lo interrogaron por unas
caletas y lo obligaron a firmar una constancia de buen trato, en una base militar provisional
ubicada en el sitio El Boquerón de la vereda Tambo Redondo.
El año culminó con un nuevo crimen el 30 de diciembre, fecha en la que el campesino
MARIO SANABRIA ROJAS fue asesinado en circunstancias desconocidas en la vereda La
Esmeralda.
1993
Reiteradamente los pobladores de la región, así como las organizaciones populares y de
Derechos Humanos de la zona, constataron que para 1993 la mayor parte de los
municipios de El Carmen y San Vicente se encontraban bajo el control o la influencia de
grupos paramilitares. Igualmente se denunciaron las continuas amenazas de los grupos
paramilitares a los campesinos que se negaban a “colaborar” con ellos, a quienes se les
conminó a unirse a su proyecto, so pena de tener que abandonar la zona o ser
asesinados.
Las organizaciones sociales también denunciaron los enfrentamientos que se presentaban
entre el ejército y la guerrilla, durante los cuales la fuerza pública cometía numerosos
desmanes contra la población campesina, a quien sin distingos la consideraban como
directa colaboradora de la subversión.
En el transcurso del mes de enero de 1993 fueron agredidos gran cantidad de pobladores
del casco urbano de San Vicente. El 6 de enero, EFRAIN TORRES SUAREZ fue
asesinado en circunstancias desconocidas en el sitio Pomarrosa, vereda Guayacán. El 9
de enero, JOSE MANUEL PRADA ARDILA fue asesinado en circunstancias desconocidas
en el perímetro urbano del municipio. El día 15 de ese mismo mes, ANDRES ALFONSO
CORREA GOMEZ fue objeto de un atentado del cual salió ileso. Andrés había recibido
anteriormente amenazas de los grupos paramilitares que operaban en la zona.
El 23 de enero de 1993, hacía las 5:00 a.m., OSCAR RIOS RODRIGUEZ fue asesinado
por miembros del ejército adscritos al Batallón Luciano D' Elhuyar, entre ellos el Capitán
Carlos Javier Hernández Pineda y el Soldado José Raúl Guerrero Sánchez, quienes
dispararon repentinamente contra el vehículo en el que se movilizaba por la vía al
184 Ministerio de Gobierno, oficio No. 530. Santa Fé de Bogotá D.C. 4 de septiembre de 1992.
185 El Tiempo, “Un absurdo”, 6 de agosto de 1993.
169

municipio de Zapatoca, a la altura de la vereda Santa Inés. Según la declaración del padre
de Oscar, él en ningún momento vio las señales de pare al vehículo en el que viajaba junto
con su esposa e hijo de 19 meses.
El 28 de enero de 1993, aproximadamente 30 hombres pertenecientes al grupo paramilitar
los Masetos vestidos con uniformes del ejército, entre quienes estaban Faber Lopera, alias
Palizada y Luis Jaime Jiménez, alias "Cachemoncoro", retuvieron, torturaron y asesinaron
a los campesinos LEONARDO RANGEL, de 22 años, e ISNARDO GARCIA CARREÑO,
de 25, y torturaron a JORGE PACHECO y su ESPOSA en el sitio Las Arrugas, vereda San
Cristóbal. Ese día Leonardo e Isnardo fueron sacados a la fuerza de sus casas, por los
paramilitares que se los llevaron al sitio llamado El Puente de Las Arrugas donde los
torturaron y luego les dispararon con armas de diferentes calibres. Al día siguiente, hacia
las 7 de la mañana, los cuerpos fueron arrojados a la quebrada; los nombres de Leonardo
e Isnardo figuraban en una lista de personas que los paramilitares irían a ejecutar. 186
El lugar donde se efectuaron las torturas y ocurrió el asesinato se encuentra a un kilómetro
de la base militar de la vereda Veintisiete de El Carmen, adscrita al Batallón de Infantería
No. 40 Luciano D'Elhuyar. Leonardo, junto con otros cinco campesinos de la región, había
sido amenazado por el grupo paramilitar “por negarse a participar en operaciones contra la
guerrilla”. Además los jornaleros iban a participar en una reunión con una misión extranjera
de carácter humanitario, compuesta por varios representantes de iglesias de Canadá,
donde se trataría lo referente a la reapertura del Albergue Campesino localizado en
Barrancabermeja, sitio de refugio para los desplazados por el conflicto armado vivido en la
región. 187
Este crimen hizo parte de varios acontecimientos sucedidos en enero en Barrancabermeja
y San Vicente, donde tres personas fueron desaparecidas y otras dos asesinadas; además
varias amenazas fueron enviadas al Personero, al Alcalde y a otras personas de San
Vicente, como un Concejal de Barrancabermeja y otras personas relacionadas con la
denuncia y la defensa de los Derechos Humanos en el Magdalena Medio. Posteriormente,
la familia García, proveniente de la región chucureña debido a la arremetida paramilitar y
militar que se manifestó desde comienzos de los noventa, denunció que tuvo que
abandonar su residencia en la ciudad de Barrancabermeja debido a la presencia en su
barrio de Luis Jaime Jiménez, quien el día 23 de febrero de 1994 se presentó con militares
del Batallón Nueva Granada, vestido con armamento y uniforme militar y al ver una niña de
la familia comprando leche en una tienda, procedió a seguirla hasta su residencia en
compañía de varios soldados los cuales permanecieron por varias horas frente a su casa.
La comisión reiterativa de CLH por parte de los grupos paramilitares con la anuencia de la
fuerza pública, se siguió evidenciando por la acción u omisión de ésta frente a los cruentos
acontecimientos sucedidos durante el mes de enero en San Vicente. Es claro que las
186
Albergue de Campesinos Damnificados por la Guerra Sucia en el Magdalena Medio. Comunicado a la
opinión pública, Barrancabermeja, enero 31 de 1993.
187
Albergue de Campesinos Damnificados por la Guerra Sucia en el Magdalena Medio; Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos, ANUC Barrancabermeja. Octubre 22 de 1992.
170

personas que de alguna manera estaban relacionadas con la denuncia de las violaciones
a los derechos humanos de la que eran objeto los campesinos, fueron los siguientes en
estar en la mira de los grupos paramilitares. Debido a la creciente situación de violencia
contra la población y la inexistencia de una política oficial para detener el paramilitarismo,
varios líderes campesinos y defensores de derechos humanos salieron forzadamente bajo
amenazas al igual que varias familias campesinas de la región, pues de lo contrario, como
le sucedió a Leonardo Rangel, Isnardo García Carreño y Jorge Pacheco, serían víctimas
de los crímenes de los paramilitares, los cuales repercutieron fuertemente en el proceder
de los campesinos, ya que para complacer a los paramilitares y salvaguardar su vida,
debieron ceder a todos sus requerimientos.
El 2 de febrero de 1993, EUCLIDES PEÑALOZA GALVIS, EFRAIN ALDANA MORENO y
el comerciante LUIS CARLOS LOPERA LONDOÑO fueron asesinados por paramilitares
en el sitio conocido como Tienda Nueva, vereda La Esmeralda. Algunas horas mas tarde,
el vendedor de chance y lotería LUIS ANGEL PATIÑO fue asesinado por dos integrantes
del grupo paramilitar los Masetos entre quienes se encontraban Antonio Malagón y
Eduardo alias “El Diablo”. El crimen ocurrió en la carrera 12 A con calle 14, frente a la
plaza de ferias del pueblo. Los paramilitares acusaron a Luis de ser guerrillero; según sus
familiares él “no había recibido amenazas, pero con frecuencia el ejército lo estaba
requisando...”. Una hija de él, de 18 años, también había sido acusada de ser guerrillera y
en repetidas ocasiones había sido amenazada por los paramilitares.
La escalada paramilitar en la vereda La Esmeralda continuó el 3 de febrero, día en el que
un HOMBRE de 25 años fue encontrado asesinado en circunstancias desconocidas y
presentaba cuatro disparos de arma calibre 9mm. Cuatro días más tarde, el 7 de febrero,
fueron obligados a abandonar la región el conductor de una camioneta del municipio
AUGUSTO VELÁSQUEZ, BELISARIO TORRES FARFAN, alférez del municipio y el
empleado de la administración HERMOGENES FRIAS, por las constantes amenazas
contra sus vidas provenientes de grupos paramilitares.
El siguiente blanco de las acciones paramilitares fueron los líderes de la ANUC-UR,
quienes anteriormente ya habían sido asediados por los agentes paramilitares. El 16 de
febrero de 1993, los dirigentes de la ANUC-UR, OCTAVIO SIERRA y RODOLFO
CARREÑO CHAPARRO de 39 años, fueron asesinados por paramilitares del grupo Los
Masetos en colaboración con efectivos del ejército de la Brigada Móvil No.2, en la vereda
Pamplona. Un Teniente de la Brigada Móvil No.2 citó a Octavio a la base militar, le tomó
fotografías, lo amenazó de muerte y le dio un plazo de 5 días para abandonar la región.
Cuando Octavio abandonaba la vereda en días posteriores fue interceptado en el bus por
varios paramilitares de los Masetos, que lo encerraron y le dijeron “No lo matamos aquí
porque va mucha gente.”
Estos hechos ocurrieron algunos meses antes de su muerte, el 5 de octubre de 1992,
tiempo en el que Octavio denunció ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la
Procuraduría, que había sido sacado de su casa por 8 militares uniformados, adscritos a la
Base Militar de La Punta, quienes le tomaron varias fotografías y lo obligaron a
171

desplazarse hasta la base militar donde un Teniente le dijo que tenía 5 días para irse de la
región. Octavio fue asesinado cuando regresó por algunas de sus pertenencias cuatro
meses más tarde, el 16 de febrero de 1993.
El 20 de febrero de 1993, CARLOS ALBERTO MARQUEZ SOLANO fue asesinado por
tropas del Batallón Luciano D' Elhuyar en la vereda Santa Inés, en la vía que conduce a
Zapatoca desde San Vicente. Un parte oficial aseguraba que Carlos Alberto portaba una
pistola y 15 cartuchos, pero los campesinos desmintieron esa versión. Un día después, el
21 de febrero, el campesino FRANCISCO OCHOA NIÑO de 60 años fue asesinado por
tres paramilitares en la vereda Campo Hermoso. Los paramilitares lo sacaron a la fuerza
de su vivienda y le dispararon porque según sus vecinos, los agresores afirmaron que
Francisco no asistía a sus reuniones.
La acometida del ejército y los paramilitares contra los habitantes de San Vicente se
incrementó desde los primeros días del mes de marzo. El día 3, HECTOR JULIO
CARDENAS RAMIREZ, fue amenazado de muerte por paramilitares del grupo los
Masetos. Al día siguiente, 4 de marzo, DOS HOMBRES fueron detenidos y torturados por
efectivos del ejército en el sector El Rubí, vía Bucaramanga, zona rural del municipio. Tres
días más tarde, el 7 de marzo el secretario municipal de educación ARTURO PARRA
PADILLA fue amenazado por paramilitares. Las agresiones de dichas estructuras se
agravaron al día siguiente, 8 de marzo, fecha en la que RUBEN ARDILA PINZON y JAIME
PINEDA CORZO fueron asesinados por paramilitares en la vereda Campo Veintisiete.
En los días siguientes las tropas paramilitares concentraron su accionar en el casco
urbano del municipio. EL 11 de marzo, NELSON NOVA y MOISES DIAZ MEZA de 57
años fueron asesinados por paramilitares frente al parque principal del Municipio, lugar
donde se encuentra ubicado el comando de policía. Un día después, el 12 de marzo, el
monitor de deportes del municipio GERARDO GOMEZ RODRIGUEZ fue amenazado por
paramilitares y obligado a abandonar la región.
En las paredes del casco urbano de San Vicente, en la mañana del 14 de marzo,
aparecieron letreros que decían: “MUERTE AL ALCALDE Y A SUS COLABORADORES”,
“MUERTE A LOS COLABORADORES DE LA GUERRILLA”, “APOYO A LAS
AUTODEFENSAS” y “MUERTE A SAUL”. Además, las instalaciones de la sede donde
trabajaban los funcionarios de la Alcaldía y el despacho del alcalde fueron allanados ese
mismo año por el ejército bajo ordenes del Capitán Ibarra.
El 15 de marzo, el hacendado HORACIO RUEDA CASTELLANOS de 34 años fue
asesinado por varios paramilitares que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas
Militares al mando de Eduardo Carreño alias El Diablo, en la vereda Palmira. Horacio se
dirigía hacia la finca en su camioneta Ford en compañía de sus padres cuando fue
interceptado por los paramilitares, que lo obligaron a bajarse y le propinaron cinco
disparos de pistola 9mm.
172

El 16 de marzo, el campesino ORLANDO RUEDA ARGUELLO fue detenido y torturado por
miembros del Batallón Luciano D’ Elhuyar y agentes de la SIJIN. Los militares lo llevaron a
San Vicente y lo entregaron a la SIJIN. Allí los agentes lo torturaron mediante
ahogamientos y pulsaciones con una toalla que le introducían en la boca y le empujaban
con un palo; luego le envolvían la cabeza en bolsas plásticas y las llenaban de agua
mientras le introducían agujas entre las uñas de las manos para que confesara que él era
“sastre de la guerrilla” y “sacristán del cura Bernardo Marín”. Después, Orlando fue
trasladado a la cárcel Modelo de Bucaramanga, lugar donde permaneció recluido mientras
se le adelantaba un proceso penal por rebelión, hurto y terrorismo (transporte de dinamita),
donde se define su situación jurídica a pesar de que Marina Rueda de Ruiz, denunciante y
esposa de un paramilitar, no lo reconoce entre la fila de presos. La víctima fue confundida
con Orlando Rueda, antiguo promotor de comunidades eclesiales de base de la parroquia
de El Carmen, sobre quien pesaba una orden de captura emitida por un Fiscal de Cúcuta
sustentada en un infundado señalamiento hecho por Rueda de Ruiz, esposa de un
paramilitar. Éste además prestó colaboración a funcionarios de la Dirección Nacional de
Instrucción Criminal en marzo de 1992 para ayudar a identificar paramilitares responsables
de crímenes perpetrados en la región a los cuales se había expedido orden de captura.
La oleada de violencia prosiguió el 20 de marzo, cuando el gerente de la Caja de Previsión
Municipal HELI RUIZ, fue amenazado por el comandante de la policía José Claret Cuello.
A causa de las amenazas, Helí se vio obligado a renunciar a su cargo. Cuatro días
después, el 24 de marzo, el director de la plaza de mercado ALONSO DUARTE PITA fue
amenazado por paramilitares y obligado a abandonar San Vicente. Al día siguiente, 25 de
marzo, el comerciante MARTIN EMILIO ARDILA de 20 años fue encontrado asesinado de
siete disparos en circunstancias desconocidas en el sitio conocido como Cantagallo,
vereda El Centro.
El 27 de marzo, el campesino UBALDO ROMERO SANCHEZ de 32 años fue encontrado
asesinado de cuatro impactos de bala ocasionados con fusil R-15 calibre 5.56 en la vereda
La Pradera. Ubaldo se encontraba en su vivienda cuando sujetos no identificados le
dispararon. Este tipo de casos se presentaba a pesar de las reiteradas ocasiones en que
se había denunciado el accionar en la región del Magdalena Medio de grupos
paramilitares. El mes culminó con la comisión de un crimen más el 31 de marzo, fecha en
la que la campesina MARIA EMILIA RIOS fue asesinada en circunstancias no precisadas
en el sitio pozo 24, ubicado en la vereda El Tesoro.
Durante los primeros días del mes de abril, específicamente el día 3, varias familias de la
vereda El Marcito se vieron obligadas a abandonar sus parcelas debido a las amenazas
de los paramilitares.
El 7 de abril, LUIS EDUARDO ARCINEGAS, de 28 años, fue asesinado por paramilitares
de Los Masetos, comandados por Faber Atehortúa Gallego conocido como “Palizada” en
la Vereda los Aljibes. En 1990 Luis Eduardo había tenido que abandonar la región ante las
frecuentes amenazas contra su vida por parte de los paramilitares; según un testimonio,
“pero hacía pocos meses había recibido una carta de uno de los comandantes de dicho
173

grupo alias “Palizada”, donde le decía que podía regresar y que le respetarían la vida”. A
los 15 días de su regreso, Luis Eduardo fue asesinado. A finales de ese mismo mes, el 26
de abril, LUZ MARINA RAMIREZ DURAN de 29 años fue asesinada de varios disparos por
desconocidos cuando se encontraba en el establecimiento público Hong Kong.
En las dos primeras semanas de mayo, continuarían los crímenes en los que no se logró
identificar a los responsables. El 7 de mayo, el ingeniero, administrador y socio de la finca
La Granja, ANTONIO MARIA FORERO NAVAS de 36 años fue torturado y asesinado de
20 impactos de bala de armas de diferentes calibres en la finca mencionada. Luego de la
emboscada de una columna guerrillera a una patrulla policial en ese mismo lugar, en la
que murieron 4 agentes y otros 4 resultaron heridos, Antonio María fue visitado por
personas sin identificar que en varias ocasiones que lo amenazaron por su supuesta
participación en el hecho y el posible apoyo a los guerrilleros que realizaron la acción.
Diez días más tarde, el 17 de mayo, RAMIRO PINTO LADINO de 56 años, fue
desaparecido por paramilitares del grupo los Masetos, entre ellos Gabriel Ortega quien
actuó con la complicidad del Capitán Gilberto Ibarra. Los paramilitares instalaron un retén
móvil cerca de la estación Arenales; allí obligaron a Ramiro a descender de un vehículo
de transporte interdepartamental y se lo llevaron.
Gracias a los indicios suministrados por campesinos y caminantes, el cuerpo de Ramiro
fue encontrado en el sitio conocido como Hoyo Malo. Ramiro y su familia habían sido
reiteradamente amenazados por los paramilitares y por algunos militares, entre ellos el
Capitán Gilberto Ibarra. Anteriormente, su esposa fue ultrajada y amenazada por este
Capitán cuando era Comandante de la base militar del municipio de El Carmen, quien le
dijo en una oportunidad: “nosotros no hacemos nada pero los que vienen detrás si hacen”.
En 1991, miembros de la Brigada Móvil No. 2 estuvieron averiguando por el hijo de
Ramiro, Hernando Pinto, a quien lo sindicaban de ser guerrillero. Por esta razón lo
detuvieron junto con su esposa un día completo en medio de malos tratos; su casa
también fue allanada y varios de sus hijos habían sido también retenidos, torturados y
amenazados.
En tales circunstancias toda la familia tuvo que abandonar la región meses antes, pero
Ramiro “visitaba su finca y permanecía allí por períodos para cuidar los sembrados”. La
víctima había denunciado repetidamente los hostigamientos de los que fue víctima en
múltiples ocasiones por parte del ejército acantonado en la región. En la Jurisdicción de
Orden Público de Cúcuta, dentro de una investigación que allí se desarrollaba, se dictó el
24 de junio de 1992 orden de captura contra un Ramiro o Argemiro Pinto, por el delito de
terrorismo.
El 21 de mayo, el hacendado GALINDO CARDENAS CALA, de 73 años, fue encontrado
asesinado de varios impactos de arma en el cráneo en la vereda Montelíbano.
Desde los primeros días de julio los crímenes retornaron a las calles y veredas del
municipio. El 3 de julio, el campesino WILSON GUERRA DIAZ, de 25 años de edad, fue
asesinado por ocho hombres que portaban armas de largo alcance y le propinaron tres
disparos calibre 7.62 en la cabeza en el sitio conocido como La Tuza, ubicado en la vía
174

Panamericana. Una semana después, el 10 de julio, la campesina FLOR MARIA DUARTE
ORTEGA de 44 años, fue asesinada de dos disparos de arma calibre 9mm en la cabeza
por desconocidos, en el sitio conocido como La Lejía.
En el transcurso de los días siguientes los autores no identificados continuaron con la
arremetida contra la población. El 11 de julio, GUILLERMO GAMEZ SUAREZ, de 39
años, fue encontrado asesinado en circunstancias desconocidas de un disparo en la nuca,
en zona urbana del municipio. El 17 de julio, fue encontrado asesinado un HOMBRE sin
identificar, de tez morena, contextura delgada y de unos 30 años, en la vereda Guarumo,
Inspección Departamental Lizama. El cuerpo presentaba un disparo de arma calibre 9mm
en el cuello.
Paralelamente al accionar de los agentes no identificados, las unidades del ejército
desarrollaron varias operaciones en la vereda Tambo Redondo durante las cuales
hostigaron y amedrentaron a sus habitantes. El 23 de julio de 1993, NUEVE
CAMPESINOS fueron detenidos ilegalmente por efectivos de la Brigada Móvil No. 2, en el
lugar señalado. Los militares utilizaron a los jornaleros como punta de avanzada para
patrullar zonas minadas. Algunos días más tarde, el 28 de julio, MIGUEL DULCEY
MURILLO, de 30 años, fue encontrado asesinado en circunstancias desconocidas a causa
de un disparo de arma calibre 7.62 mm en la cabeza. El crimen se produjo en el sitio La
Batea, vereda Alto Viento.
En los primeros días de agosto de 1993, fueron encontrados dos cuerpos sin vida en la
inspección departamental Yarima, lugar asediado constantemente por las tropas
paramilitares. Los hechos ocurrieron el 8 de agosto, cuando se encontraron los cuerpos sin
vida de los campesinos JOSELIN GONZALEZ de 61 años y EVELIO PINTO PEREZ;
ambos presentaban disparos de pistola calibre 9mm.
En la segunda semana del mes de agosto, decenas de familias habitantes de la zona rural
de San Vicente debieron permanecer encerradas en sus casas por varios días por temor a
caer asesinadas en los enfrentamientos armados y para eludir la acción de las patrullas
paramilitares. Entretanto, la comisión de CLH seguía presentándose. El 24 de agosto, el
campesino WILSON PIMIENTO BANDERAS de 21 años fue asesinado por sujetos no
identificados que vestían prendas militares, en la vereda Chanchón. Dos días después, el
26 de agosto, otro campesino, LUCAS SANTOS RODRIGUEZ de 39 años fue asesinado
por varios hombres armados en la vereda Marcito.
En fecha no precisada de agosto de 1993, el campesino LUIS ALFONSO AMAYA
MORALES, de 25 años, fue desaparecido y asesinado por un grupo de militares y policías
en la vereda Versalles. El cuerpo de Luis Alfonso fue encontrado en la vereda Tianón con
tres impactos de bala calibre 9mm que le fueron propinados en el cráneo. Los vecinos del
sector aseguraron que sin mediar palabra él fue sacado de su casa por los uniformados.
La arremetida de los paramilitares continuó el 30 de septiembre, fecha en la que ANDRES
URIBE RODRIGUEZ fue encontrado asesinado en circunstancias desconocidas, en la
175

vereda Changón Bajo. En las mismas circunstancias fue asesinado el 16 de octubre, el
campesino GERSON DIAZ RUEDA de 18 años. Nueve días más tarde, el 25 de octubre,
el campesino GUSTAVO DIAZ ARGUELLO de 36 años fue encontrado asesinado en
circunstancias desconocidas con un disparo en la cabeza en la vereda Miraflores. A
finales del mismo mes se registró la comisión de un crimen más: el 29 de octubre,
FLANKLIN EMILIO AVILA BECERRA de 16 años fue asesinado en circunstancias
desconocidas de un disparo en el abdomen en la vereda Oponcito, inspección
departamental Yarima.
En noviembre, un campesino llamado JOSE ANTONIO fue detenido y torturado por
miembros del batallón No. 5 Los Guanes, en la Inspección Departamental Vizcaína Alta.
Los militares lo obligaron a quitarse la camisa y las botas presionándolo para que les dijera
la ubicación de unas supuestas caletas de la guerrilla; cuando lo liberaron le hicieron
formar una constancia de buen trato. También en ese mes, el día 15, el campesino
HUMBERTO LOPEZ BADILLO de 45 años fue asesinado en circunstancias desconocidas
en la vereda La Tempestad. Una semana más tarde, el 24 de noviembre, fue asesinado el
campesino CARLOS JULIO NEIRA, en las finca Las Palmas.
A mediados de diciembre se desarrollaron varias incursiones paramilitares en el municipio
simultáneos a los operativos militares del Batallón Luciano D' Elhuyar. El 12 de diciembre,
JUAN MONTOYA fue detenido y torturado por miembros del ejército. Un día más tarde, el
13 de diciembre, los campesinos HELENA MEJIA RODRIGUEZ de 17 años y BENJAMIN
REINA BAUTISTA de 34 años fueron asesinados con arma de fuego en circunstancias
desconocidas en la inspección departamental Llana Fría.
El 17 de diciembre de 1993, los campesinos JORGE CEDIEL TELLO y BENJAMIN
CEDIEL TELLO fueron detenidos y torturados por miembros de una patrulla contraguerrilla
adscrita al batallón de Infantería Luciano D' Elhuyar, al mando del Teniente Javier
Cárdenas Arenas. Jorge se encontraba pernoctando en la residencia de un amigo suyo,
Eliécer Riaño, cuando a las 2 de la madrugada irrumpieron hombres de la patrulla en el
lugar preguntando por aquel. Acto seguido procedieron a detenerlo para conducirlo a la
casa de su hermano Benjamín, a quien también aprehendieron de forma irregular pues en
ninguno de los dos casos había orden judicial alguna. Posteriormente los hermanos Cediel
fueron torturados por las tropas, quienes les preguntaban insistentemente sobre la
subversión.
1994
En los últimos meses de 1993 y durante todo 1994 se recrudeció en la zona el accionar de
los grupos paramilitares en San Vicente. Según denuncias de las organizaciones de
derechos humanos y los pobladores del municipio, estos grupos actuaban bajo la total
complicidad de los miembros de las fuerzas armadas. Frecuentemente se presentaban
enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública durante los cuales los militares se
176

hacían pasar por civiles o se despojaban de sus emblemas oficiales para detener, torturar,
asesinar y desaparecer a los campesinos con la finalidad de obtener información.
Los hostigamientos contra la población comenzaron a mediados de enero. El 19 de ese
mes un HOMBRE de aproximadamente 22 años, fue asesinado de impactos de bala en
circunstancias desconocidas, en la vereda Versalles. El hombre era de tez blanca, cabello
negro, ojos cafés y 1.70 de estatura. Cinco días después, el 24 de enero, FELIX
MAURICIO ESPARZA de 23 años fue desaparecido cuando se desplazaba hacia
Bucaramanga desde San Vicente.
La oleada de violencia prosiguió el 12 de febrero, fecha en la que el campesino
HUMBERTO REYES MARTINEZ, de 36 años, fue asesinado por desconocidos que le
propinaron 7 disparos. Dos días después, el 14 de febrero, el campesino PEDRO JOSE
NIÑO fue torturado y amenazado por Álvaro Mahecha, alias El Gato, Otoniel Berrío y
Faber Atehortúa Gallego alias “Palizada”, integrantes del grupo paramilitar Los Masetos.
Los hechos tuvieron lugar en la vereda Tierra Nueva.
Pedro José fue retenido cuando transportaba en mula unas cargas de yuca. Los
paramilitares lo interrogaron sobre el paradero de los guerrilleros, suponiendo que él venía
de una zona de influencia insurgente. Pedro José les explicó que él no sabía nada porque
los guerrilleros se desplazaban constantemente y nunca decían hacia donde se dirigían.
Los paramilitares hacían creer a las víctimas que les serían practicadas torturas más
dolorosas que las que estaban soportando. En ese momento, “Palizada” golpeó a Pedro
José con un machete y le dijo que “si no hablaba lo iban a quemar con agua hirviendo que
tenían calentando en un perol.
Los paramilitares venían de la vereda Danto Bajo, Simacota, en donde habían entrado en
la casa de un lugareño llamado Vicente a quien buscaban para matarlo y “volverlo picadito
por ser colaborador de la guerrilla”; como el campesino no estaba, los paramilitares
requisaron la casa y se robaron algunas pertenencias. Luego se detuvieron en una tienda
de propiedad de una señora llamada Aminta. Allí comieron, bebieron y no pagaron porque
“si hay para la guerrilla, así mismo para ellos.” Luego pasaron por la casa de un hombre
inválido que permanecía en silla de ruedas y le robaron unas joyas y una escopeta de
dardos que utilizaba para trabajar como atracción los domingos en la plaza del pueblo.
También se detuvieron en la casa del señor Chepe Torres a quien lo obligaron a
cocinarles sin pagarle. Finalmente, llegaron a la vereda Tierra Nueva y retuvieron en su
camino a Pedro José.
Dos días después de la incursión paramilitar en la vereda Tierra Nueva, el 14 de marzo de
1993, el campesino CLEMENTE RODRIGUEZ SUAREZ de 27 años fue desaparecido por
seis paramilitares vestidos de civil que portaban pistolas e incursionaron en la Inspección
Departamental La Pradera.
La arremetida paramilitar continuó el 7 de abril, cuando el campesino JOSE DIONISIO
DAVILA ALFONSO, de 36 años, fue sacado a la fuerza de su vivienda por los hombres no
identificados que lo mantuvieron desaparecido hasta el 9 de abril, cuando lo encontraron
177

asesinado con 4 disparos en su cuerpo en la zona rural conocida como la Virginia. Al día
siguiente, el 8 de abril, el campesino JOSE EVELIO RIVERA CACERES de 22 años fue
desaparecido y asesinado en circunstancias desconocidas en el sitio conocido como La
Germania. Cuatro días después, el cuerpo de José Evelio fue encontrado con un disparo
de revólver en la cabeza.
El 9 de abril, el campesino JAIRO BELTRAN y otra PERSONA fueron asesinados por
paramilitares en la finca La Fortuna, ubicada en la vereda San Carlos. Anteriormente, en
enero del mismo año llegó a dicha finca de propiedad de Jairo el grupo paramilitar Los
Masetos, quienes lo intimidaron para que la abandonara. El día de su homicidio Jairo
había regresado a su finca con otra persona que la iba a comprar y una vez allí los dos
fueron asesinados.
Un mes más tarde, el 2 de mayo, en la vereda El Pueblito, ubicada en la inspección
departamental La Fortuna de Lizama, fue asesinado BENITO RUEDA NAVARRA,
campesino de 65 años, en circunstancias desconocidas. El 10 de mayo, EDUARDO
ABREA ALVARADO un campesino de 21 años, fue desaparecido por dos hombres
armados que se lo llevaron a la fuerza, cuando departía en un bar ubicado en la zona de
tolerancia de San Vicente. Al día siguiente, el 11 de mayo, el campesino JOSE ANTONIO
CONTRERAS fue detenido y torturado por militares del batallón Luciano D'Elhuyar, al
mando del sargento Echavarría y el Teniente Ortiz, que lo sacaron de la finca Portugal, en
la inspección departamental Llana Fría. José Antonio había sido presionado durante
meses para que conformara los grupos paramilitares y fue amenazado de muerte por
algunos comandantes paramilitares al negarse a hacerlo.
La barbarie paramilitar no respetaba ni edad ni sexo. El 8 de junio, UNA MENOR de 16
años fue encontrada asesinada en avanzado estado de descomposición, en el sitio El
Boquerón, vía a Zapatoca; presentaba un disparo en la nuca. Dos días después, el 10 de
junio, un grupo de hombres fuertemente armados asesinó al campesino ANGEL MIGUEL
PEREA VASQUEZ de 37 años en el sitio El Boquerón.
El 18 de julio, el campesino LIBARDO FERREIRA, de 29 años de edad, fue encontrado
asesinado de cuatro disparos en la vereda Versalles. Al día siguiente, el campesino JAIRO
CAMACHO QUINTERO de 26 años fue asesinado por varios hombres armados sin
identificar, que le dispararon en cuatro oportunidades en la cabeza en una finca de la
Inspección Departamental Llana Fría. Dos días más tarde, el 20 de julio, un HOMBRE de
20 años que tenía grabado en el hombro derecho un tatuaje con el nombre de Charly fue
encontrado asesinado en el sitio conocido como Peña de Oro.
Hacia las 7:00 p.m. del 20 de julio de 1994, el campesino DOMINGO SANCHEZ
ENRIQUEZ, de 63 años, fue asesinado por paramilitares del grupo los Masetos entre
quienes se encontraba alias “Mediavida” a orillas del río Cascajales, bajo el puente La
Llana en la inspección departamental Yarima.
178

El cuerpo de Domingo estaba sin cabeza; un campesino que lo vio cuenta que “le abrieron
el estómago y le extrajeron los intestinos, el hígado, páncreas, estaba atado, mostraba
cortadas de arma blanca en todo el cuerpo, tenía piedras amarradas para hundirlo en el
río y que no flotara”. El día anterior, Domingo había sido retenido de manera violenta por
dos hombres vestidos de civil, uno de ellos apodado “Mediavida”, reconocido integrante
del grupo paramilitar Los Masetos; estos individuos lo llevaron hasta la casa de un hombre
de nombre Miguel Grandas y luego lo trasladaron a una base militar, donde lo presentaron
a los militares y otros paramilitares allí presentes.
En junio de 1993, Domingo había sido interrogado por el paramilitar Benito Vargas sobre
sus hijos, acusándolos de ser guerrilleros, uno de los cuales tuvo que trasladarse a
Barrancabermeja como consecuencia de las amenazas contra su vida. En 1994 Domingo
fue amenazado por Mediavida y por Benito Vargas, quienes le dijeron que “tenía que irse
del pueblo o sino lo mataban”; el campesino se quejó ante el Teniente de la Base Militar
de la inspección departamental Yarima, quien le dijo que no se preocupara, que ellos (los
paramilitares) no lo podrían obligar a irse.
En tres ocasiones anteriores el comandante paramilitar conocido como Palizada lo había
amenazado de muerte si no salía de la región. Según testigos del hecho, los asesinos de
Domingo, son los mismos que el 24 de marzo de 1994 habían asesinado a Francelina
Beltrán.
El 28 de agosto, el campesino JOSE JOAQUIN AMAYA VELÁSQUEZ, de 43 años, fue
asesinado por paramilitares que le propinaron un disparo de escopeta en la cabeza, en la
finca Las Delicias. Un día después, el 29 de agosto, CARLOS EDUARDO DELGADO
MARTINEZ, quien trabajaba como repartidor de leche, fue retenido y asesinado por
paramilitares en la vereda Clavelinas. Los agresores lo interceptaron en el camino que
conduce de la vereda La Reserva hacia Yarima; luego lo llevaron a la casa de José
Pabón donde funciona la base paramilitar y allí le dispararon.
El 30 de octubre, el campesino LUIS EMILIO MEJIA SUAREZ de 43 años, fue asesinado
por tres hombres y una mujer vestidos con prendas de la policía en la vereda Campo
Alegre. Los desconocidos llegaron a la vivienda de Luis Emilio preguntando por él. Al salir
en compañía de su pequeña hija, uno de los individuos se le acercó y sin mediar palabra le
disparó varias veces en la cabeza y el tórax con una pistola calibre 9 mm. Al día siguiente,
el 31 de octubre en horas de la madrugada, los campesinos NELSON ALBINO QUECHO
y CARLOS ALFONSO ALBINO QUECHO, de 20 y 17 años de edad respectivamente,
fueron asesinados por un grupo de hombres que portaban fusiles y pistolas y vestían
prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares, en el sitio conocido como Piedra Sapo,
ubicado en el caserío La Tempestuosa. Los victimarios sacaron a Nelson y Carlos de las
parcelas donde laboraban y los asesinaron en presencia de varias personas.
Durante el mes de noviembre fueron perpetrados dos crímenes más. El 11 de noviembre,
la campesina HILDA DURAN BELTRAN fue asesinada por varios hombres armados que le
propinaron 3 disparos. Los hechos ocurrieron en la finca El Recuerdo, inspección
departamental Cantarrana. Diez días más tarde, el 21 de noviembre, UN MENOR de 15
años fue encontrado asesinado con dos disparos en la cabeza y con las manos atadas a la
179

espalda. El pasado 17 de noviembre había sido sacado por varios hombres armados de la
finca donde vivía en San Gil.
1995
En 1995, los paramilitares actuaron con la complacencia de miembros del ejército
continuaron con la comisión de asesinatos, homicidios, amenazas de muerte,
intimidaciones, hostigamientos y destrucción de bienes de habitantes del municipio, en
especial de las veredas Albania y Las Marías, y la Inspección Departamental Yarima.
Desde los primeros días del año se inició la persecución contra los militantes de los
partidos políticos que criticaban la situación en la que vivía el municipio. El 9 de febrero,
hacia las 9:10 p.m., la concejal de filiación liberal ETELVIA NAVARRO MILLAN fue
asesinada y herido su CONDUCTOR. Los crímenes fueron realizados por paramilitares en
la vía que de la inspección departamental Puente Murcia conduce al casco urbano del
municipio. Cuando Etelvia descendió del vehículo en que se movilizaba para apartar una
piedras del camino, dos desconocidos le propinaron disparos de pistola y de fusil. La
concejal había tenido varias discusiones con los militares porque denunció en una ocasión
las violaciones a los derechos humanos y la presencia de los Masetos en la región. Etelvia
había salido esa noche de una reunión del Consejo e iba rumbo a su finca, no sin antes
pasar por un retén militar que tradicionalmente se ubicaba cerca de su propiedad.
El mismo día, ARNULFO RUIZ, militante de la UP, fue asesinado por paramilitares que
irrumpieron en la vivienda de un amigo donde estaba de visita, en la vereda Cantagallo.
Ese día Arnulfo transportaba productos de los campesinos de la región en una camioneta
de su propiedad; cuando estaba descansando en la casa de su amigo los paramilitares lo
sacaron y lo llevaron hasta las cercanías de un puente donde le dispararon. Sus familiares
afirmaron que Arnulfo “había sido obligado a desplazarse por amenazas de los
paramilitares; luego se ubicó en Bucaramanga, desde donde hacía sus viajes”.
Algunos días más tarde, el 16 de febrero, la campesina TERESA IZAQUITA fue asesinada
por tropas pertenecientes al Batallón de Contraguerrilla No. 5 Los Guanes. Además, en el
hecho un HIJO de ella fue gravemente herido, siendo trasladado a un hospital de Lebrija.
Los sucesos tuvieron lugar en la vereda El Tablazo.
En el mes de marzo prosiguió la oleada de violencia. El 2 de marzo, DOS CAMPESINOS
fueron encontrados asesinados en avanzado estado de descomposición y con varios
disparos de armas de distinto calibre en el sitio Alto Grande. Efectivos policiales y de la
Fiscalía se trasladaron al lugar por los informes de los campesinos 188 . Cuatro días más
tarde, el 6 de marzo, los campesinos LUIS ENRIQUE GAMBOA de 32 años y CARLOS
ENRIQUE GAMBOA, de 38, fueron asesinados por siete encapuchados pertenecientes al
grupo paramilitar los Masetos en la finca La Pita, vereda Guarumo, Inspección
Departamental La Fortuna de Lizama. Los paramilitares llegaron a la finca y después de
llamar a lista a los presentes, ordenaron a Luis Enrique y Carlos Enrique hacerse a un lado
y luego les dispararon a la cabeza. Posteriormente, voceros del Batallón Nueva Granada
188 Vanguardia Liberal. Marzo 7 de 1995.
180

sindicaron a la UC-ELN, indicando que el grupo guerrillero “estaría cambiando de
estrategia y ahora se harían pasar por paramilitares en la región del Magdalena Medio.”
En el segundo semestre de 1995, disminuyó considerablemente la comisión de crímenes,
lo cual puso de manifiesto la consolidación del paramilitarismo en la región y por ende el
socavamiento de la lucha campesina y cívico popular de la zona. El 27 de julio, el
campesino JOSELIN GUERRERA GAMBOA de 24 años fue asesinado por desconocidos
que le propinaron varios disparos en la inspección departamental Yarima. Varios días
después, el 4 de agosto, el electricista HECTOR MANUEL DUQUE LAMBRANO de 31
años fue asesinado en circunstancias desconocidas en el kilómetro 12 sobre la vía de San
Vicente.
El 8 de agosto, hacia las 8:30 a.m., NICANOR SEPULVEDA de 62 años, quien había sido
concejal de San Vicente durante el período 1992-1994 por el Partido Liberal, fue
asesinado por varios hombres armados en la Inspección Departamental Yarima. Los
desconocidos interceptaron el vehículo en el que se transportaba y le propinaron 4
disparos de arma calibre 9mm en diferentes partes del cuerpo. Nicanor era además
ganadero y comerciante. Semanas más tarde, el 29 de agosto en horas de la tarde, el
campesino BENJAMIN RUEDA PINTO de 33 años fue retenido por cuatro hombres
armados que lo sacaron a la fuerza de su residencia ubicada en la finca Primavera,
posteriormente, hacia las 8:30 de la noche, lo asesinaron.
A mediados del mes de septiembre los paramilitares incursionaron una vez más en la
Inspección Departamental Yarima, sembrando el terror y la muerte. El 16 de septiembre en
horas de la madrugada, los campesinos ELISEO MANTILLA LOZADA de 28 años, OLIVA
OLARTE BELTRAN de 17 años y el niño de 2 años EMERSON DIAZ OLARTE fueron
asesinados por varios hombres en la finca El Silencio ubicada en la vereda Versalles. Los
desconocidos incursionaron en donde se encontraba la familia y los acribillaron con varios
impactos de fusil. Eliseo presentaba dos disparos en la cabeza, dos en el tórax y dos en
las piernas; a Oliva le propinaron dos disparos en la cabeza y dos en el tórax, mientras que
al niño lo asesinaron de dos disparos de fusil en el abdomen. Un día después, el 17 de
septiembre, los jóvenes LUIS ALFREDO QUINTERO y FERNANDO VELASQUEZ fueron
torturados y asesinados por miembros del grupo paramilitar Los Masetos al mando de
Helio Pacheco, alias Comandante Rayo, en un tramo de la carretera Panamericana.
Momentos antes de la llegada de los paramilitares, unidades del Batallón Luciano D'
Elhuyar que vigilaban la zona, se marcharon por órdenes de un Teniente que les dijo:
“Váyanse a dormir que ya llegó la máquina”; luego pasaron los paramilitares en un
campero rojo sin placas. Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados unos días
después con cortes de machete.
Al tiempo que aparecían campesinos asesinados o se establecía su desaparición a manos
de autores no identificados, durante el mes de septiembre de 1995, en las veredas Llana
Caliente, Caño de Tigre, Primavera, Versalles, el Toboso, El Marcito, Llano Cascajales de
San Vicente, y Santo Domingo del Ramo, El Cuarenta, Pamplona y Tambo Redondo de El
Carmen, se enfrentaban fuerzas militares, una célula del ELN, el XX Frente de las FARC y
los grupos paramilitares, éstos últimos para entonces ya se hacían llamar Autodefensas.
181

El 6 de octubre, el campesino VICTOR JULIO GOMEZ fue asesinado por un grupo
paramilitar comandado por alias John, que actuó bajo custodia del Batallón Luciano D'
Elhuyar en la vereda Las Marías. A Víctor lo sacaron a la fuerza del lugar donde se
encontraba y fue asesinado en presencia de toda la comunidad.
En el mes de noviembre los paramilitares arremetieron contra otro sector social de la
población: el de los comerciantes. El 8 de noviembre, LIBARDO AMAYA ANGARITA de 41
años, JOSE EUCLIDES PINZON PEREZ de 36 años, HUMBERTO ROBLES BERNAL de
34 años y SAMUEL TORRES VARGAS de 39 años fueron asesinados y AVELINO fue
desaparecido por un grupo de unos 50 hombres fuertemente armados y vestidos de civil
en la finca La Tusa, vereda La Lejía. Los 50 hombres incursionaron en el lugar donde se
encontraban Libardo, José, Samuel y Humberto y después de hacerles acusaciones y
realizarles un breve interrogatorio, les dispararon y luego los decapitaron y se llevaron las
cabezas mutiladas. Los cuerpos de los comerciantes fueron encontrados el día 11 de
noviembre. Los habitantes del municipio afirmaban que en Lebrija había aparecido el
cuerpo perteneciente a Avelino, pero esto nunca se confirmó.
1996
En la segunda mitad de la década del noventa, las estructuras paramilitares lograron
consolidarse permanentemente en toda la región chucureña. Para entonces, centenares
de habitantes de El Carmen y San Vicente habían perdido su vida a consecuencia de los
embates de los agentes paraestatales, y cientos más se vieron forzados a abandonar sus
lugares de origen. Durante 1996 únicamente se tiene registro de la comisión de un crimen
en San Vicente. El 30 de abril hacia las 7:30 p.m. desconocidos llegaron a la casa de un
campesino ubicada en la finca El Amparo, vereda Los Medios, preguntando por un hombre
de nombre Vicente; cuando él se dio cuenta de que los visitantes, que vestían trajes
verdes y pañoletas rojas en sus cabezas sacaban armas de fuego, se agachó y fueron
sus DOS NIÑAS, una de 2 años y otra de 11 años, las que recibieron múltiples impactos
de arma de fuego que les ocasionaron la muerte de forma inmediata.
1997
Los desmanes de las tropas paramilitares en ese año, dejaron como saldo en el último
trimestre del año la muerte de dos campesinos. El 31 de octubre, en horas de la noche, los
campesinos GERMAN y ANTONIO ARGUELLO CARREÑO, de 36 y 32 años
respectivamente, fueron asesinados por un grupo de 20 hombres fuertemente armados que
vestían prendas del ejército e incursionaron en la inspección departamental Yarima. Los
victimarios sacaron a Antonio del sitio conocido como La Colorada y le propinaron varios
disparos de pistola automática. Luego, los hombres armados llegaron al caserío El Carmen
y sacaron a la fuerza a Germán y le propinaron varios disparos en la cabeza, abandonando
su cuerpo a un kilómetro de distancia de la vivienda. La vereda donde se dieron los hechos
es vecina de la vereda La Plazuela, en ésta durante el mes de diciembre se presentaron
atropellos como amenazas, torturas, casas saqueadas, etc., los cuales generaron un gran
182

éxodo de la población, en especial hacia la ciudad de Barrancabermeja. En ésta vereda se
presentaron dos incursiones más durante 1997, produciendo en cada oportunidad éxodos
masivos de los habitantes. En 1998 se desplazaron 17 familias campesinas de la vereda La
Victoria, de El Carmen, cercana a la vereda La Plazuela.
1998
La responsabilidad de los crímenes perpetrados durante ese año corrió por cuenta de los
efectivos del ejército y las unidades paramilitares, quienes para ese año ya
sereferenciaban como estructuras pertenecientes a las Autodefensas del Magdalena
Medio. El 6 de febrero, OLIVERIO VEGA fue asesinado por miembros del ejército en La
vereda la Fortuna. Ocho meses después, el 4 de octubre, los motociclistas MARTIN
BEDOYA, GENEREY VIÑARRUEL, FERNANDO ANTONIO DIAZ y ALEXANDER
SUAREZ fueron desaparecidos, torturados y asesinados por un grupo paramilitar auto
denominado “Los Pájaros” perteneciente a las Autodefensas de Magdalena Medio en el
sitio La Lejía, a la altura del kilómetro 22. Martín, Generey, Fernando y Alexander fueron
interceptados por los paramilitares a la altura de la inspección de policía Puerto Araujo,
municipio de Cimitarra, cuando junto con otro grupo de motocicletas regresaban del
municipio de Puerto Boyacá en donde habían participado en una competencia de
motociclismo. Los cuerpos de los cuatro deportistas aparecieron el 8 de octubre atados
entre sí, sin camisas, sin zapatos y con los ojos vendados y signos de tortura e impactos
de bala en la cabeza con arma de largo alcance.
8.7 CORPORACIÓN CHUCUREÑA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS 189
“Quizá para que no cese el errante silencio del río
189 Este apartado se construyo de las siguientes fuentes:
Yariguí Chucureño, Voz y Fuerza de un Pueblo. San Vicente de Chucurí, Mayo de 1987, p. 6
Acción Urgente firmada por el Grupo de Trabajo Internacional integrado por CONADHEGS, ILSA, Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos, Justicia y Paz, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CINEP y Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos. Bogotá, 4 de febrero de 1992.
Corporación Chucureña de Defensa, Protección y Promoción de Derechos Humanos. San Vicente de Chucurí, julio 23
de 1992 y octubre 28 de 1992.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Damnificados y Refugiados de Colombia, CONADHEGS. Carta Abierta
al Brigadier General Ricardo Emilio Cifuentes Ordóñez. Bogotá 4 de febrero de 1992.
El Espectador. “Hablan miembros del MAS”. Enero 12 de 1983.
Comunicado a la Opinión Pública del Comité Democrático Chucureño. San Vicente de Chucurí, 30 de julio de 1992.
Vanguardia Liberal, enero 28 de 1992. P. 7 B. Por Juan C. Sierra A. “No nos cruzaremos de brazos”.
183

y el silencio de los pájaros encienda los árboles despiertos,
quizás para que el silencio
de las horas haga más vasto el tiempo,
el día y el silencio del miedo no niegue las voces.
Un hombre alza su voz de sangre amenazada,
Grita su silencio entre asesinos”
La Corporación Chucureña para la Defensa de los Derechos
Humanos fue una iniciativa que surgió a comienzos de los años
noventa, debido a la necesidad de denunciar la alarmante
oleada de violencia contra la población de dicha región que se
desencadenó a partir de la implementación del paramilitarismo
en los municipios de El Carmen y posteriormente en San
Vicente, en el departamento santandereano. Esta organización
tiene como antecedente al Comité Local de Derechos Humanos de San Vicente de
Chucurí, iniciativa que surgió a comienzos de los años ochenta.
La persecución contra los defensores de derechos humanos que emprendieron y lideraron
la lucha por la dignidad humana y la vida en la región chucureña, son una muestra más de
las apremiantes situaciones que sufrieron los movimientos sociales durante los embates
de la fuerza pública y el paramilitarismo, que buscaban su desintegración en el
Magdalena Medio Santandereano a través del sucesivo y atroz aniquilamiento de sus
líderes y voceros. Los crímenes perpetrados contra los miembros de la corporación
chucureña, frenaron en múltiples casos los esfuerzos de esta organización por mantener
al campesinado unido por medio de sueños y proyectos colectivos.
Simultáneamente a la ANUC-UR, los miembros de la Corporación Chucureña para la
Defensa de los Derechos Humanos fueron obligados a abandonar la región, luego de
múltiples amenazas y fallidos intentos de asesinato. De esta manera, las organizaciones
sociales con labores de mayor importancia quedaron exterminadas. En consecuencia, la
zona quedó desprovista de cualquier tipo o forma de organización no gubernamental de
defensa de los Derechos Humanos.
Durante el primer semestre de 1992 en el área urbana y rural de San Vicente circularon
comunicados dirigidos por el Comité Democrático Chucureño, estructura resultante de la
articulación entre paramilitares y altos mandos del Batallón Luciano D'Elhuyar cuyo fin era
“ajusticiar a los inescrupulosos bandoleros y sus colaboradores”, en los cuales le exigían a
184

los pobladores que no denunciaran a los guerrilleros ante la Alcaldía o la Corporación
Chucureña de Derechos Humanos, a la cual señalaban como una organización amparada
e infiltrada por la subversión que toleraba la destrucción del sector productivo de la región
y la extorsión y amenazas a los campesinos para que abandonaran sus parcelas.” 190
El Comité Democrático Chucureño hizo su aparición a mediados de 1992 como un frente
paramilitar urbano del Comando Armado Clara Vecino (CACVE), el cual concentraba sus
acciones contra los funcionarios de la Alcaldía de San Vicente y representantes políticos
regionales y en general a todo aquel que consideraban “guerrillero infiltrado”. En las
instituciones gubernamentales, los funcionarios públicos también eran acusados por dicho
grupo paramilitar como “derrochadores del erario público” y de “una actitud soterrada y
permisiva, brindando protección colaboración y apoyo a los enemigos de nuestra anhelada
tranquilidad”. Desde allí en adelante, numerosos comunicados circularon entre los
pobladores en los cuales le exigían a estos que no denunciaran a los guerrilleros ante la
Alcaldía o la Corporación Chucureña de Derechos Humanos, a la cual señalaban como
una organización amparada por la subversión.
El 28 de enero de 1992, el comandante de la V Brigada, general Ricardo Emilio Cifuentes
Ordóñez, formuló declaraciones al diario Vanguardia Liberal 191 de Bucaramanga, en las
cuales sindicaba a uno de los defensores de derechos humanos del comité, de ser “el
principal foco de perturbación de la zona”. 192
Los siguientes Crímenes de Lesa Humanidad reconstruyen las apremiantes situaciones
que sufrieron los movimientos sociales durante los embates de la fuerza pública que
buscaban su desintegración en los municipios santandereanos del Magdalena Medio a
través del sucesivo y atroz aniquilamiento de los líderes y voceros. En una entrevista
realizada a un paramilitar en 1983, este afirmaba: “¿Qué razones tienen ellos para afirmar
que tienen que matar a los miembros del comité de San Vicente? Ellos dicen que hay que
matarlos porque dizque son colaboradores de las guerrillas y hay que matarlos por eso.
Porque ellos dicen que no quieren ver guerrilla en esa área ni en ninguna. No quieren el
comunismo en esta nación.” Y respecto de un defensor de derechos humanos
amenazado por ellos mismos dicen que lo intimidaban porque: “lo acusan que es el
comandante de la guerrilla que hay, de grupos subversivos.”
Las agresiones contra los defensores y activistas de derechos humanos comenzaron el 1
de octubre de 1982, cuando el abogado, concejal de filiación liberal e integrante del
Comité local de Derechos Humanos LUIS JOSE ARENAS PRADA, fue amenazado de
muerte por paramilitares del MAS en San Vicente. Casi un año después, el 21 de agosto
de 1983, se dieron a conocer nuevas amenazas contra el dirigente, según denuncias tanto
del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, regional Santander,
como de organizaciones sindicales y cívicas de la región; las amenazas también
190
Comunicado a la Opinión Pública del Comité Democrático Chucureño. San Vicente de Chucurí, julio 30
de 1992.
191
Vanguardia Liberal, enero 28 de 1992. P. 7 B. Por Juan C. Sierra A. “No nos cruzaremos de brazos”.
192
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Damnificados y Refugiados de Colombia, CONADHEGS.
Carta abierta al Brigadier General Ricardo Emilio Cifuentes Ordóñez. Bogotá, febrero 4 de 1992.
185

estuvieron dirigidas contra muchos otros habitantes del Magdalena Medio. Posteriormente,
en mayo de 1983, Luis José, también defensor de presos políticos, junto con otros
colegas, fue amenazado de muerte mediante notas enviadas por el grupo paramilitar MAS
en Bucaramanga.
Luis José Arenas Prada, fue un dirigente que vivió las veinticuatro horas del día al
servicio del pueblo desde la Confederación Liberal de Santander y por desempeñarse
como diputado departamental, donde siempre identificó su trabajo con los problemas de
San Vicente y en especial con los del campesino para lograr que las agrestes y fértiles
tierras Chucureñas ingresaran a la saga del progreso. Como diputado consiguió la
designación de presupuesto para el desarrollo del Plan de Acción Social del Municipio que
incluía la pavimentación de algunas calles de San Vicente y de las carreteras Mérida-La
Pradera, Palestina-Barrio Amarillo Primavera-Guamales-Pamplona, entre otras; por otro
lado, se incluyó el mejoramiento del acueducto municipal y la construcción de la
Concentración de Desarrollo Rural José Antonio Galán.
GABRIEL FLOREZ OVIEDO también hizo parte de la Corporación Chucureña de
Derechos Humanos y se desempeñó como presidente de la ANUC en San Vicente de
Chucurí. El 9 de septiembre de 1990 y el 22 de junio de 1992 fue detenido y torturado por
miembros del Batallón de Infantería No. 40 Luciano D'Elhuyar, primero en el sitio La Lajita
en San Vicente de Chucurí y luego en el municipio de Betulia.
El 28 de enero de 1992, el comandante de la V Brigada, general Ricardo Emilio Cifuentes
Ordóñez, formuló declaraciones al diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, en las
cuales sindicaba al defensor de derechos humanos ANGEL ALVAREZ, de ser “el principal
foco de perturbación de la zona”.
Ángel Álvarez, abnegado defensor de los derechos humanos en el Magdalena Medio
Santandereano, venía dedicando gran parte de su vida a la promoción de los derechos
políticos y civiles, sociales, económicos y culturales de las comunidades campesinas y
urbanas de esta región. Para ello promovió la organización de las comunidades afectadas
por el conflicto armado y la guerra sucia de los grupos paramilitares. También se
desempeñó como representante de CONADHEGS, desde el momento mismo de su
fundación y a través de ésta fue miembro de la comisión de la Procuraduría Provincial de
Barrancabermeja. Su compromiso con la verdad alrededor de las violaciones a los
derechos humanos sufridas especialmente por las personas más humildes de la región, le
mereció en más de una oportunidad peligrosos señalamientos en su contra y amenazas;
cuando se desempeñaba como director de la Corporación Chucureña de Derechos
Humanos recibió amenazas por los comandantes de la V Brigada, pero aún a costa de su
propia seguridad continuó con la rectitud moral que lo caracterizaba, su valentía y su
profundo sentimiento solidario con las familias vilipendiadas por la guerra, denunciando los
Crímenes de Lesa Humanidad cometidos o tolerados por los agentes estatales.
A causa de los enfrentamientos que se presentaron desde el 11 de julio de 1992 entre
ejército y guerrilla en las veredas Pamplona, Pamplonita, Guamales y La Colorada de San
186

Vicente y Tambo Redondo y La Bodega de El Carmen, 120 campesinos empezaron
desde el 23 de julio, a abandonar la zona para asentarse en el casco urbano de San
Vicente. La Corporación Chucureña para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la
magnitud de la crisis de las comunidades atrapadas en medio del conflicto, adelantaba no
sólo labores de asistencia a los desplazados, sino que también se convirtió en
denunciante infatigable de los atropellos contra la población campesina.
Los hostigamientos contra los miembros de la Corporación prosiguieron el 31 de diciembre
de 1992, fecha en la que la coordinadora de la Corporación Chucureña de Derechos
Humanos y funcionaria del municipio ALBA LUCERO LOPEZ HERRERA, resultó ilesa
cuando estaba en compañía del sastre y alférez JOSE DEL CARMEN DIAZ quien fue
asesinado durante un atentado perpetrado por dos paramilitares, entre ellos Eduardo
Carreño alias El Diablo, que les dispararon en el parque principal de San Vicente de
Chucurí. Alba Lucero ya había recibido varias amenazas telefónicamente durante los
meses de marzo y abril de ese año, en las que la instaban a abandonar la localidad.
En los días siguientes al atentado, los miembros de la Corporación Chucureña para la
Defensa de los Derechos Humanos, desalojaron su oficina y el trabajo adelantado allí.La
persecución a los trabajadores de derechos humanos se caracterizó por presentarse en
dos momentos: 1. amenazas, hostigamientos y señalamientos durante largos períodos
enfocados a la organización en general (de seis meses atrás hasta dos años
consecutivos) y un segundo momento en que las agresiones fueron de carácter personal y
familiar o lo que es más grave aún, se hicieron efectivas.
8.8 La persecución a los Personeros en San Vicente.
El Personero Municipal y miembro de la Corporación Chucureña para Defensa, Protección
y Promoción de los Derechos Humanos, JHONNY WITHMAN IBARRA PAÑALOZA,
recibió amenazas telefónicas el 12 de octubre de 1991 a las 8:00 a.m., en las que lo
intimidaban diciéndole que si no abandonaba San Vicente sería asesinado 193 . El caso de
Jhonny fue denunciado por la Corporación, que lo consideró “un acto de extrema bajeza y
que va en contra de las aspiraciones de convivencia pacífica y desarrollo social que
interpretamos de la población”.
JAVIER DELGADO JIMÉNEZ, Personero Delegado para lo Penal y Derechos Humanos
de San Vicente de Chucurí, en agosto de 1992 pidió a la Dirección Regional de Fiscalías
que se investigara la procedencia de un volante que circuló en el casco urbano el 20 de
agosto de 1992, en horas de la noche durante los racionamientos eléctricos, firmado por
193 Vanguardia Liberal. Bucaramanga, octubre 13 de 1991.
187

una organización paramilitar que se autodenominó “Comité Democrático Chucureño”,
volante que acusaba de ser derrochadores del erario público e integrantes de la guerrilla al
personero al igual que a LUCERO LOPEZ, Secretaria del Departamento de Extensión
Cultural y Artística de la Alcaldía, MIGUEL MIÑOZ, Secretario Privado de la Alcaldía
Municipal, SAUL PICO, Alcalde, OSCAR HUMBERTO RODRÍGUEZ LEON, Personero
Municipal, EDUARDO BUITRAGO, funcionario de la Alcaldía, CLAUDIO JOSÉ LUENGAS,
asesor jurídico, RAMON GOMEZ que se desempeñaba como Secretario de Obras
Públicas, los Concejales HERNANDO SANMIGUEL y JOSÉ JOAQUIN HERRERA y el
director de Tránsito JOSÉ MARIA MARTINEZ.
El 28 de enero de 1993, el Personero de San Vicente de Chucurí, HUMBERTO GEOVO
ALMANZA, fue amenazado de muerte por los paramilitares, mediante un sobre con un
sufragio. Al día siguiente él viajó a Bogotá a exponer su situación y a pedir protección
oficial para su seguridad que nunca recibió 194 . El 26 de febrero de 1993, los familiares de
Humberto recibieron nuevamente amenazas mediante llamadas telefónicas. Este
funcionario había estado desarrollando actividades de protección de derechos humanos,
además de denunciar a los paramilitares y sus colaboradores en la región y de participar
en la Misión Internacional en una visita al municipio, realizada tres días antes de recibir las
amenazas.
FUENTE. Corporación Chucureña para Defensa, Protección y Promoción de los Derechos
Humanos. San Vicente, octubre 13 de 1991.
Actualización del Informe sobre la situación de violencia en la región del Chucurí, debida a la
Acción de grupos paramilitares. Realizado por el Consejo Municipal de San Vicente. Presidente
Etelvina Navarro. Agosto de 1992. Oficio enviado por la Personería Municipal de San Vicente de
Chucurí a la Dirección Nacional de Fiscalías en Cúcuta. Agosto 21 de 1992.
Comunicado del Comando paramilitar Clara Vecino. San Vicente de Chucurí, Agosto de 1993.
8.9 LA CASA CAMPESINA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
La Casa Campesina, la cual se erigió como la iniciativa más importante de asistencia
humanitaria y como un compromiso con las labores de atención a los desplazados llevada
a cabo por la ANUC-UR en San Vicente, ante la desatención gubernamental frente al
éxodo masivo de los campesinos de las veredas de San Vicente y El Carmen. Cabe
anotar que esta Casa Campesina no sólo se fue un lugar de resguardo y alimentación
para cientos de campesinos desplazados, sino también el epicentro de coordinación con
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para denunciar los
desmanes de la fuerza pública y el avance paramilitar en esta región. 195
Desde esta Casa Campesina también se dispusieron espacios de diálogo con instituciones
gubernamentales para darle salidas de emergencia al desplazamiento de los campesinos,
194
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares. Oficio No. 0440 enviado al Mayor General Harold
Bedoya Pizarro, Bogotá, febrero 5 de 1993.
195
Albergue de Campesinos Damnificados por la Guerra Sucia del Magdalena Medio. Comunicado a la
opinión pública, Barrancabermeja, julio 10 de 1992.
188

muchos de los cuales debían desplazarse por segunda vez al Albergue de Campesinos
Damnificados por la Guerra Sucia del Magdalena Medio en Barrancabermeja. Entre los
tres últimos meses de 1992 y el primer bimestre de 1993, la Casa Campesina albergó a
130 campesinos de las veredas Tambo Redondo y La Colorada, de El Carmen, y
Pamplona y Guamales, de San Vicente, que se desplazaron acosados por los
hostigamientos y amenazas de los paramilitares de la zona, coadyuvados por la
complacencia y colaboración de la Brigada Móvil No. 2, que el 13 de julio de 1992
obligaron a NUEVE CAMPESINOS a patrullar delante de la tropa a través de un campo
minado. La Casa Campesina fue allanada ilegalmente por miembros del Batallón Luciano
D' Elhuyar, al mando del Teniente José de la Cruz Bustamante y otro de apellido Vanegas,
que además impidieron el ingreso de alimentos a los campesinos que ya tenían varios
meses de estar alojados allí. 196
El presidente de la ANUC-UR, ROBERTO GÓMEZ, quien denunció estos hechos junto
con OLIVA BAYONA, AVELINO DOMINGUEZ, OCTAVIO SIERRA y ROBERTO GOMEZ y
otros campesinos, que rindieron declaraciones en un Juzgado Penal Militar, fueron
amenazados por paramilitares del grupo los Masetos y efectivos de la Brigada Móvil No. 2.
Los trabajadores del campo que se refugiaban en la Casa Campesina al regresar a sus
veredas fueron visitados en sus casas por miembros de la Brigada Móvil No 2 y por
paramilitares, que los intimidaron conminándolos a abandonar la región. Además fueron
objeto por algún tiempo de múltiples amenazas y atropellos. Oliva, quien denunció que
uno de sus hijos, menor de edad fue obligado a prestarles servicios de patrullaje a los
Masetos y que algunas veces disparaban ráfagas de metralletas para asustar a la gente y
“ahuyentar a la guerrilla”, era seguida constantemente por el maseto Cruz Durán, quien un
día la citó a una tienda donde la esperaba Eduardo Carreño, un comandante alias “brazo
de perro” y otro comandante alias “Avispa” que de nuevo la amenazaron.
Oliva relató que frente a su casa se instaló una base paramilitar y que permanentemente
los amenazaban de muerte “para que se los comieran los chulos”, por trabajar en
derechos humanos. En los meses siguientes, Oliva y los demás campesinos tuvieron que
abandonar la región.
Los campesinos acudieron a la Procuraduría y a la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos para denunciar los hechos y solicitar al gobierno medidas urgentes de
protección a los campesinos. El entonces Consejero Presidencial para los Derechos
Humanos escribió a grupos humanitarios del exterior, afirmando que la Consejería estaba
en permanente contacto con la Personería local para protegerlos, asistencia que nunca
fue brindada.
En octubre de 1992, bajo las amenazas de muerte proferidas por los paramilitares,
Roberto Gómez, presidente de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de San
Vicente de Chucurí, fue obligado a abandonar la región, así como los últimos directivos de
196 Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de San Vicente de Chucurí AMUC. Bogotá, noviembre 4
de 1992.
189

la ANUC-UR. Igualmente, fueron forzados a abandonar la región, los miembros de la
Corporación Chucureña para la Defensa de los Derechos Humanos, que era la última
organización no gubernamental de defensa de los Derechos Humanos presente en la
zona.
La Casa Campesina tuvo que ser clausurada a mediados de 1992, debido a las amenazas
y hostigamientos del ejército y los paramilitares. 197 Los integrantes de esta organización
empezaron a ser perseguidos por su trabajo y las denuncias que realizaban 198 .
9 BETULIA
La presencia del paramilitarismo en Betulia se evidenció durante el segundo semestre de
1984. Al igual que en gran parte del Magdalena Medio, la población campesina fue la más
afectada por los embates de los agentes paraestatales que a partir del año mencionado,
dieron curso a la persecución de los habitantes del municipio que consideraran “enemigos
del sistema” o simpatizantes de la izquierda. El 4 de agosto de 1984, el campesino
ROSENDO ANGARITA MARIN fue asesinado por tres hombres vestidos de azul que se
hicieron pasar por guerrilleros.
Ante el masivo apoyo de los habitantes de Betulia a las corrientes políticas de oposición
que participaron en la contienda electoral de 1986, las filas paramilitares incursionaron
nuevamente en el municipio, ensañándose contra los miembros de la Unión Patriótica y el
FILA, movimientos con una amplia acogida en la zona. El 3 de julio de 1986, los
campesinos y miembros de la UP NELLY FLOREZ URIBE y EDGAR FLOREZ URIBE
fueron asesinados y TERESA URIBE, ROBINSON PEREZ, TERESA GUERRA y NORA
VARGAS fueron heridos por paramilitares en la Inspección Departamental La Putana. Los
paramilitares les dispararon ráfagas de ametralladora a los campesinos. Días antes del
crimen, unidades militares habían allanado sus residencias, lo cual evidenció la
aquiescencia del ejército y las tropas paramilitares en la persecución contra los
trabajadores del campo. Tres meses más tarde, los paramilitares dieron muerte a otro
activista político. El 24 de octubre, el dirigente popular y activista del movimiento político
Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA) JOSE MARIA BARRERA GALAN, fue
torturado y asesinado.
Con el paso de los últimos años de la década del ochenta y desde comienzos de la
década del noventa, los paramilitares del grupo Los Masetos, provenientes de la región
chucureña y apoyados por las tropas de los batallones Caldas y Luciano D' Elhuyar, se
posicionaron en la población concentrando su accionar en zonas rurales como la
Inspección Departamental La Putana, donde las operaciones conjuntas del ejército y los
197
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Periódico,
Barrancabermeja, enero de 1993. p. 7.
198
Queja presentada por Avelino Domínguez Ferreira ante el Personero Delegado en los Penal y Derechos
Humanos. San Vicente de Chucurí, julio 24 de 1992.
190

paramilitares conllevaron al desplazamiento de decenas de campesinos que tuvieron que
resguardarse en el Albergue campesino de Barrancabermeja.
Además de posicionarse paulatinamente en el municipio, los paramilitares, favoreciendo
los intereses del terrateniente de la región Carlos Higuero, sometieron a los habitantes de
la vereda La Leal, infligiéndoles malos tratos y torturas y presionándolos para venderle a
aquél a costos irrisorios sus tierras (las cuales habían sido concedidas por el INCORA a
los campesinos) o en su defecto a abandonarlas si no querían perder la vida. Estos
hostigamientos fueron promovidos a su vez por el ejército el cual efectuó varias
detenciones y allanamientos con el fin de favorecer los intereses de los poderes locales.
En el periodo comprendido entre 1996 y 1998 no se registró la comisión de CLH en esta
población, lo cual pone de manifiesto como para dicho periodo las estructuras
paramilitares lograron posicionarse tanto en la región chucureña como en sus localidades
vecinas, como en el caso de Betulia.
1988
El lapso de tiempo que va de 1988 a 1993 se caracterizó por el incremento del terror por
parte del ejército, y más aún, por la implantación de la combinación de fuerzas de
diferentes Brigadas con el paramilitarismo. En diversos sitios del sector rural del municipio
de Betulia, se presentó la cooperación de miembros del Batallón Caldas adscritos a las
Brigadas Móviles y del Batallón Luciano D' Elhuyar con los grupos paramilitares
provenientes de San Juan Bosco de la Verde y la región chucureña, aledaña al municipio.
El primer crimen que se presentó ese año tuvo lugar el 16 de abril de 1988, fecha en la
que el comerciante QUITIN ARMANDO HURTADO GOMEZ fue desaparecido por
hombres armados que se lo llevaron amarrado.
Retaliación por las marchas campesinas de mayo de 1988
Entre el 17 y 21 de junio, miembros del Batallón de Artillería Antiaérea Nueva Granada al
mando de un Teniente de apellido Gómez, irrumpieron en La Putana y Aguamieluda,
zonas del municipio de Betulia aledañas a Barrancabermeja, que estaban en completa
normalidad, con el fin de hostigar a los campesinos que habían participadoparticiparon en
las marcha campesinas de mayo de mayo. Con listas en mano los militares comenzaron a
preguntar con nombre propio por personas, desconociéndose el origen de ese listado. Los
hostigamientos dejaron como resultado desapariciones, detenciones y maltratos
generalizados contra los habitantes de Betulia. En el desarrollo de los operativos, el
ejército no solo bloqueó la comercialización de productos agrícolas hacia la ciudad de
191

Barrancabermeja, sino que los carros con legumbres no pudieron entrar víveres a la zona,
algunos de ellos fueron detenidos en La Putana 199 .
El 21 de junio, los militares allanaron la residencia de LEONILDE RINCÓN, de 30 años, a
quien detuvieron y luego torturaron y sindicaron. Igualmente, los militares detuvieron y
torturaron a OLGA LILIANA RINCÓN de 2 años y medio, ALFONSO GOMEZ y
GILBERTO. Ese mismo día desaparecieron también a JUAN ORTIZ y su esposa MARIA
ELENA MEJIA, durante un allanamiento a su residencia, y detuvieron y desaparecieron a
EUGENIO PACHECO; por último, allanaron la residencia de HERNANDO RIOS
MELGAREJO. Los hechos sucedieron en la vereda Aguamieluda, Inspección de Policía
Departamental La Putana. 200
En la fecha señalada, los militares llegaron hasta la tienda de propiedad de Alfonso
Gómez, lo sacaron y lo obligaron a vestirse con prendas de uso militar; luego los soldados
saquearon la tienda por un valor de $400.000 argumentando que la guerrilla mercaba allí.
Posteriormente, le metieron a Alfonso una camisa en la boca, le propinaron golpes, puños
y patadas en todo el cuerpo que le produjeron hemorragias internas e inflamaciones, le
tumbaron varios dientes y le quemaron los ojos con cigarrillos. De esta manera
permaneció Alfonso durante diez días; uno de esos días le propinaron un golpe en la
espalda con un fusil que le desgarró unos tendones que le impidieron volver a trabajar
normalmente.
A las 10:00 p.m. las tropas ingresaron a la vivienda de Juan y Maria Elena y los
desaparecieron junto con Eugenio, que ya había sido detenido en el trascurso del día.
Gilberto, que era sordo, fue detenido por los militares, que le hacían preguntas y ante su
silencio, lo golpeaban.
Alfonso llegó a su casa hacia las 12:30 del día 30 de junio y la encontró revolcada y los
abarrotes de su tienda saqueados; uno de los cuartos donde funcionaba la tienda,
llamada “El Mirador” estaba destruido. Cuando fue detenido, Alfonso venía de participar en
la marcha campesina. A continuación transcribimos su testimonio:
Alfonso Gómez
El día veinte de junio en horas de la noche, aproximadamente a las nueve, llegaron los
militares y me llamaron y me sacaron para la cocina, me sentaron en la banca y me
echaron a preguntar por la guerrilla diciéndome que yo era de la guerrilla, que tenía que
llegarles donde ellos estaban. Yo les dije que no sabía dónde estaban, que por aquí
pasaban a veces; me aseguraban que yo sabía donde estaban ellos, yo les negaba que
no sabía dónde estaban. Entonces me pusieron una linterna en los ojos, luego me quitaron
la linterna y me pusieron un cigarrillo en la vista casi para quemarme. Me dijeron que me
daban cinco minutos de plazo para que pensara y les dijera donde estaban o sino me
199 Quejas de la Anuc-Barrancabermeja ante el Procurador Regional Jaime Troconis Santodomingo.
Barrancabermeja, del 21 y 22 de junio de 1988 y Denuncia de la Asociación Departamental de usuarios
campesinos, ADUC. Junio 23 de 1988.
200 ANUC. Secretaría de Derechos Humanos. Carta enviada al Procurador General de la Nación, Bogotá,
junio 28 de 1988.
192

llevaban detenido; yo les dije: bien puedan. En ese momento vieron una olla grande que
tenía que me habían dado a guardar, no recuerdo si era la Junta Comunal, luego me
dijeron que esa olla era de la guerrilla, yo les dije que no sabía de quien era. Luego me
sacaron, me dijeron que yo tenía que seguir con ellos; entonces me prendieron de los
brazos y me llevaron hasta allí al pie de la otra tienda; allá me dijo el cabo Pérez que tenía
que acostarme en el suelo, me quitaron la camisa y que me iban a comenzar a torturar.”
Luego me metieron la camisa en la boca, me amarraron de las manos atrás y de los pies;
empezaron a pegarme por el estómago y a darme puños. Yo le suplicaba al cabo Pérez
que no me pegara, que yo era inocente, que yo simplemente era un campesino que
estaba tal y como me veía en la casa con mi mujer y mis hijos; él me decía que eran
mentiras. Luego agarró la camisa que me había quitado y me la metió en la boca, luego
llamó un soldado que le largara una cantimplorada de agua para ahogarme y echó a
echarme agua por la boca y con las narices tapadas; yo, al verme totalmente ahogado,
maniado(sic) de patas y manos, me retorcía, me le esquivaba un poco la boca y podía
respirar. Luego, que yo tenía que decir donde estaba Leonilde Rincón. Yo le dije que ella
vive arriba en una casa con sus hijos; me dijo que ella era la que me traía mensajes aquí
para que yo le entregara a la guerrilla; yo le dije que una vez en cuando me ha traído
cartas para llevarle a los familiares a Bucaramanga, le dije no nada mas, que tenía que
seguir con ellos donde se encontraba ella.”
Esa noche la pasé amarrado a un poste hasta que amaneció. A lo que ya echó a aclarar
me soltaron de donde me tenían amarrado; me dijeron “tiene que empelotarse aquí”, yo
me quité la ropa, me largaron ropa de ellos, cachucha, toalla, de todo me dieron, y me
hacharon hasta por allá abajo a un potrero. Por ahí me tuvieron hasta horas de la tarde y
luego me llevaron más adelante hasta llegar casi a la casa de la señora Leonilde Rincón,
ahí nos quedamos. Al otro día me echaron más para arriba, allá nos quedamos en la
Escuela La Coloreña, de ahí me bajaron por la montaña hacia el otro lado de la quebrada
Pailitas, luego regresamos de para abajo, llegamos otra vuelta donde la señora Leonilde,
ahí nos quedamos. Al otro día, nos vinimos para abajo, llegamos y nos quedamos al borde
de la carretera. Al otro día me trajeron a la casa del compadre Víctor Julio Mendoza, ahí
dormimos dos noches.”
A la siguiente noche, nos fuimos más o menos una hora de ocho y media de la noche para
el lado de la Escuela La Golodrina o sea, donde José Escobar, ahí nos quedamos.
Anoche, a las siete de la noche, me llamó el teniente Mario Gómez y me dijo: "¿Usted
quiere irse para su casa a ver a su mujer y sus hijos? Yo le dije que si, que quería
venirme; me preguntó: ¿Usted se atreve a irse ahora? Yo le dije a esta hora pues
realmente puede haber peligro por qué no me manda por la mañana. Hoy por la mañana
me dijo: Entregue toda la dotación que se le ha dado, que era el fusil, las cartucheras, el
equipo y dos cananas, yo le entregué todo. De la ración que me habían dado, yo no había
comido nada, me la dio, yo se la entregué. Luego me trajeron a la casa de donde José
Escobar; estaba la señora y el hijo, firmaron un papel haciendo constar de que me
entregaban vivo y sin ninguna herida, yo también me toco firmar esos papeles, me
tomaron huellas de los dedos, del pulgar derecho; luego me dijeron vístanse y váyase. Yo
193

me vine, me tocaba descalzo, el hijo de José Escobar me prestó unas botas para poderme
venir, yo me vine y llegué aquí a la casa, eso es todo” 201 .
A continuación transcribimos el testimonio de Leonilde Rincón, quien narró lo sucedido
cuando las tropas militares llegaron a su rancho hacia las 4:00 p.m.:
Leonilde Rincón
“Yo estaba lavando, cuando a las 4 de la tarde llegó el ejército a mi casa y de una vez me
humillaron, me encañonaron y me sacaron de la casa pa’ abajo. Me pegaron, me
amarraron con las manos atrás. Luego me botaron un lazo por el cuello. Con el mismo
que me amarraron las manos me lo pasaron por el cuello. Unos me sacaron a mí, los
otros se quedaron en la casa. A mí me abrieron la boca y me metieron una toalla. Cuando
yo sentía que ya me ahogaba, ellos llegaron y llevaron esta niña ahí donde estaba yo y
enseguida me dejaron a mí y colgaron la niña.
Amarraron la niña del pescuecito y la colgaron a un árbol para que yo mirara, otro llegó y
la niña tenía un vestidito nuevo, que en realidad era el único que tenía porque el papá se
lo había mandado y el que le cortó un pedazo por la manga dijo “a mi me encanta hacer
eso, le voy a cortar es ella. Los niños míos lloraban mucho y reclamaban que me soltaran
y porque ellos lloraban, unos los insultaban y los amenazaban con un cuchillo y lo otro,
que ellos se comieron la comidita que yo tenía para mis siete chinitos. Y de ahí de la casa
no me dejaron salir, me cortaron el alambre del potrerito y un marranito que tenía lo
apuñalaron, no lo mataron. Revolcaron la casa, la ropa la botaron toda al suelo. Esos
hechos sucedieron de las 4 de la tarde para abajo y sucedieron el martes 21 de junio.
Al otro día me tomaron, me reseñaron el dedo de la mano, me tomaron el número de la
cédula y el nombre de la finca, y entonces me sacaron y me llevaron a una montaña y ahí
me soltaron. Los últimos que me llevaron ya no me trataron tan mal, ni trataron mal a los
niños. Yo tengo miedo de volver allá, ellos me dijeron que no saliera, decían: nosotros no
queremos saber que usted salga diciendo que el niño se le enfermó, cuidadito la boca.
A mí me da miedo volver a la finca porque ellos me amenazaron mucho. Ellos me
acusaban de ser yo subversiva, yo no, yo sólo vivo con mis niños. Cuando ellos se fueron
me vine para acá. Ahora estoy en la ANUC-UR. Ellos están haciendo estragos en esa
vereda.
...ellos iban vestidos de militar, con ropas artilladas, con ropas atigradas, con manchas.
Unos dicen que el teniente Gómez, no me di cuenta, pero ellos iban de aquí a Barranca,
ellos hablaban de Barranca. Yo les escuche decir que del Batallón de Barranca.
Nombraba que había un coronel, no sé si sería cierto o no, y un teniente y un cabo que
llegó de último, que fue el que me soltó y me dejo ir para la casa. Eso fueron como unos
15, iban bastantes. De 15 a 20 llegaron ahí. El que más me ultrajó es uno alto, negro,
201 Declaración ante el abogado visitador de la Procuraduría regional de Barrancabermeja. Junio 30 de
1988.
194

acuerpado. Yo vivo sola en mi casa con mis siete niños. Ellos preguntaban por la guerrilla.
Decían que por ahí andaba la guerrilla, que nosotros auxiliamos a la guerrilla. Decían que
“todos estos hijueputas todos son guerrilleros”. Preguntaban por los comandantes de la
guerrilla. Me acusaron porque me acusaron que el día antes había estado yo con la
guerrilla, llevándoles razón de que el ejército iba, y yo había era estado desyerbando maíz
con la niña” 202 .
En medio de la retaliación por las protestas campesinas fue desaparecido, el 26 de julio de
1988 el vicepresidente de la ANUC-UR de Betulia HIPOLITO LEON. Él había sido
detenido durante un allanamiento efectuado por miembros del ejército a su residencia
ubicada en zona rural.
A raíz de estos atropellos se organizó un éxodo hacia Barrancabermeja, en el cual cerca
de 100 campesinos se tomaron la Procuraduría; 203 el Procurador General Horacio Serpa
Uribe, fue a Barrancabermeja y habló con el Coronel del batallón Nueva Granada, y se
organizó una comisión para garantizar la devolución de Alfonso Gómez quien a la fecha
seguía en poder del ejército; de esta manera fue posible que lo trasladaran hacía
Barrancabermeja, donde fue hospitalizado y los gastos sufragados por la Alcaldía. La
Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Barrancabermeja interpuso denuncia
por estos hechos ante la Procuraduría Regional de Santander y la Procuraduría General
de la Nación y los medios de comunicación. A finales de 1993 los militares volvieron, le
dieron una nueva golpiza a Alfonso y le quitaron una escopeta.
1989
En 1989 continuó la persecución contra los miembros de la ANUC-UR. El 1 de marzo
fueron detenidos arbitrariamente por tropas del batallón Luciano D’ Elhuyar de San
Vicente, los dirigentes de la agremiación campesina, HÉCTOR HERNÁNDEZ,
FORTUNATO PATIÑO Y FELIPE TOLOZA, quienes cumplían tareas gremiales en la zona
de La Putana.
1990
Desde los primeros días de mayo se manifestó una cruenta oleada de violencia
emprendida por tropas paramilitares que ocuparon la población de Betulia. El domingo 6
de mayo, efectivos del ejército ingresaron al sitio de recuperación de tierras “25 de Agosto”
y allanaron las modestas viviendas de varios campesinos. Acto seguido, separaron del
resto de los habitantes a MARTHA LOPEZ, campesina encargada del botiquín comunal,
LUIS MARIN SALAZAR, ANTONIO MARIA GUEVARA, JAIME PEÑA y NORBERTO
QUINTERO a quien le hicieron cortaduras con un machete en el cuerpo. A todos ellos los
reseñaron tomándoles el número de la cédula, nombres y una foto frente a su rancho, al
tiempo que los acusaban de ser guerrilleros y de haber ayudado a un guerrillero herido.
Finalmente, todos ellos fueron citados el 8 de mayo a las 10:00 a.m. en las instalaciones
202
Declaración de Leonilde Rincón ante el abogado visitador de la Procuraduría Regional de
Barrancabermeja, 24 de junio de 1988.
203
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Denuncia Pública, Barrancabermeja, junio 24 de
1988.
195

del batallón Luciano D' Elhuyar en San Vicente. La presencia de los militares en la zona se
debía a que desde hacía dos días se presentaban enfrentamientos entre tropas del
batallón y la guerrilla en el límite de Betulia y Zapatoca, en la finca Peña Negra. 204
El 14 de mayo se adelantó una operación relámpago del ejército en la vereda La Leal,
donde cinco helicópteros artillados descargaron tropas a la orilla del río Sogamoso a las
2:30 p.m.; luego patrullaron la zona, amedrentando a los campesinos y allanando las
viviendas. En el desarrollo de tales operaciones, los militares detuvieron a GUSTAVO
CORREA FRANCO, de 22 años, que en ese momento llegaba al caserío y a JOSE
MIGUEL JIMÉNEZ, que estaba trabajando. Mientras a los demás pobladores les eran
reseñados sus nombres, número de cédula, oficio y composición familiar con fotografías,
separados por grupos, los dos campesinos fueron apartados y señalados en los medios de
comunicación como miembros del ELN que portaban cinco escopetas, un uniforme
camuflado y un equipo de campaña. Durante el aterrizaje de los helicópteros se destruyó
una hectárea y media de un cultivo comunitario de las mujeres de la vereda; además los
soldados se robaron $11.900 pesos del Comité de Salud de la vereda y despojaron a otra
campesina de $5.000 pesos. Durante las denuncias públicas los campesinos dijeron no
entender lo que estaba pasando ya que, al contrario de las acusaciones de que allí se
asentaba un grupo guerrillero, los campesinos adelantaban un proceso institucional de
autoorganización. 205
En el segundo semestre del año prosiguieron los patrullajes de las tropas militares, y por
ende, los hostigamientos de estos contra los campesinos. El 15 de agosto, OCTAVIO
MURILLO RUEDA y su esposa ADRIANA BARAJAS TORRES fueron desaparecidos en
circunstancias desconocidas en la vereda La Putana. Estas desapariciones coincidieron
con operativos militares realizados en la vereda Montebello, cuando una patrulla militar
incursionó atacando a la población de esta vereda, mientras un helicóptero lanzó cuatro
bombas y ametralló sobre unos bosques de propiedad comunitaria y reserva forestal.
Durante la incursión militar hurtaron enseres y prendas personales en la Hacienda
Montebello mientras amenazaban a la mujer que se encontraba en la hacienda con matar
al mayordomo si lo encontraban. También quemaron algunas viviendas insistiendo que la
zona estaba llena de “hijueputas alcahuetes de la guerrilla”. Los militares allanaron
ilegalmente varias viviendas, entre ellas la de OMAR SALAMANCA, a quien además
detuvieron. Omar narró su difícil experiencia así:
“Me echaron delante de ellos amenazando que si la guerrilla hacía un tiro yo sería el
primer muerto, me obligaron a conducirlos por el camino hacia el Cerro de La Paz, sobre
el cual hicimos un receso, a unos 500 metros. De mi casa, donde un oficial me quitó la
macheta y procedió a amenazar con quitarme la oreja mientras me preguntaba por la
204
Carta enviada al Procurador Regional por habitantes de la recuperación “25 de Agosto”. Betulia, mayo
8 de 1990.
205
Albergue de Campesinos Damnificados por la guerra sucia en el Magdalena Medio. Comunicado No.
017, Barrancabermeja, mayo 18 de 1990.
196

guerrilla, a lo cual no podía responder por desconocimiento, me alcanzaron a cortar y me
untaron sangre en la cara con frases sarcásticas.
Más tarde me obligaron a internarnos en la montaña, cerca de una siembra de maíz,
repitieron las preguntas, agregaron que se les había agotado la paciencia y que ahí me
matarían, siempre respondí con la verdad y con respeto pero ellos no comprenden eso,
allí me dieron unas patadas en las piernas y un planazo en la espalda con mi macheta,
seguidamente un oficial pidió un lazo, me amarraron con las manos atrás y me colgaron a
un palo, luego de lo cual repitieron las preguntas, como no respondía lo que ellos querían
escuchar, pues un trabajador nada de esto sabe; me pusieron una toalla en la cara, al
tiempo que me apretaban duro la boca y la nariz (todavía resentidas), tras lo cual me
dejaron colgado veinte minutos” 206 .
Otros campesinos agredidos durante esta incursión fueron JORGE TORRES, ISLACIO
TORRES y su esposa ISAURA CASTILLO, quien fue arrastrada del pelo por negarse a
entrar a una pieza con un soldado. A FLORINDA SARMIENTO la amenazaron junto con
su ESPOSO diciéndole que si no se iba de la región la próxima vez bombardearían su
casa, además un soldado trató de interrogar a una de sus hijas que tenía sólo 8 años y
ante la protesta de Florinda, esta fue golpeada.
El 9 de septiembre de 1990, el presidente de la ANUC-UR en San Vicente de Chucurí y
miembro de la Corporación Chucureña de Derechos Humanos, GABRIEL FLOREZ
OVIEDO fue detenido y torturado por miembros del batallón de Infantería No. 40 Luciano
D'Elhuyar en el sitio La Lajita, de Betulia.
Gabriel se transportaba en un bus a las 8:30 a.m. cuando en un retén el ejército hizo bajar
a los pasajeros, separándolo para decirle que lo enviaban en otro bus. Los militares lo
empezaron a señalar como guerrillero, diciéndole que dónde había dejado el arma y el
equipo y que dijera dónde estaban los otros guerrilleros. Le pusieron una bolsa blanca
quitándole la respiración y amarrándolo luego, mientras lo torturaban sicológicamente
durante toda la noche al decirle constantemente que lo iban a matar y a enterrar y que
iban a hacer que su muerte pareciera en combate. Al día siguiente fue golpeado en el
pecho contra una pared y fue amenazado con un cuchillo, bañado con agua y obligado a
recibir ceniza. Por último, fue dejado en libertad cuando lo montaron en un bus, pero
obligado a firmar una constancia en la que declaraba que había recibido buen trato de
parte de los militares.
1992
A partir del segundo semestre de 1992 las tropas paramilitares comenzaron a incursionar
en Betulia acompañadas de unidades del ejército. En uno de estos operativos conjuntos,
en el mes de junio de 1992, fueron detenidos, torturados y amenazados en diferentes
hechos en el sitio conocido como parcelación Corintios de la vereda Montebello, los
campesinos GABRIEL MARTINEZ y ELICEO BELTRAN, a quien los militares obligaron a
206 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Denuncia, Barrancabermeja, septiembre 8 de
1990.
197

patrullar adelante de la tropa vestido con uniforme militar; mientras tanto, los hermanos
GILBERTO URREA y URBANO URREA fueron interrogados sobre la ubicación de la
guerrilla y los amenazaron constantemente de muerte mientras colgaban una granada
entre los dos. Luego le pusieron la granada a Gilberto y le dijeron que lo iban a amarrar y
“a echar a botes por la peña abajo”. Les gritaban que no tenían manos de trabajadores
sino de guerrilleros, les preguntaban a qué bloque pertenecían, que si no querían contar a
las buenas les iban a dar una agüita y que se iban a arrepentir. Finalmente, pusieron una
granada a un fusil y se la pusieron a Urbano en un oído.
Este tipo de acciones criminales no se limitaron a los campesinos adultos. El niño JOSE
EFRAIN MORENO CASTRO de 9 años, fue detenido y torturado manteniéndolo durante
largo tiempo con una toalla en la cara en fecha no precisada del mismo mes de junio.
Por otra parte, la persecución contra los miembros de la ANUC se reiteró a finales de
junio. El día 22, dirigentes regionales de la ANUC y miembros de la Corporación
Chucureña de Derechos Humanos GABRIEL FLOREZ OVIEDO, SALOMON N. y PEDRO
CARVAJAL fueron detenidos y torturados en la vía que conduce a Montebello por una
Tropa Combinada de la Brigada Móvil del batallón Caldas y del batallón Luciano
D'Elhuyar. Los defensores campesinos y de derechos humanos fueron obligados a vestir
uniformes camuflados, los llevaron a registrar supuestos campamentos guerrilleros y
fueron golpeados.
El mismo día los militares allanaron la vivienda de TEMESIO PIMIENTO y detuvieron y
torturaron a LUIS MARIN. Los militares portaban balacas en sus cabezas y llegaron en
dos camiones hasta la casa de Luis donde lo sacaron luego de llamarlo, acto seguido lo
interrogaron acerca de una base guerrillera y le dijeron que ellos venían con un guerrillero
que habían capturado en Lebrija y que iban a rescatar a un secuestrado.
Posteriormente obligaron a Luis con golpes a vestirse con prendas militares y a patrullar
delante de la tropa. Luis afirmó posteriormente que entre los militares había un Teniente al
que llamaban Hernando, que tenía bigote, era alto, trigueño y acuerpado. Además
describió a un Mayor como un hombre de cabello rubio, acuerpado y vestido con
camisetas. Al otro día, hacia las 12:00 m., cuando llegaron a la parcelación Corintios, los
militares dejaron ir a Luis, luego de firmar un documento.
Dos días más tarde, el 24 de junio de 1992, una comisión integrada por Ramón Arenas,
concejal de Betulia, María Eugenia Rueda, secretaria de la Corporación de Derechos
Humanos de San Vicente, Elcida Macias, escribiente de la personería Municipal, Javier
Delgado Jiménez, Personero Delegado en lo Penal y Derechos Humanos, Alberto Flórez,
Hernando Díaz, y otros habitantes del municipio, se desplazó al lugar con el fin de
constatar la mayoría de estos casos 207 . Mientras la comisión realizaba la verificación, el
campesino CARLOS AVILA DUARTE de 21 años fue asesinado por un grupo de hombres
207 Personería Municipal de San Vicente. Acta de visita especial a la vereda Montebello del Municipio de
Betulia, junio 26 de 1992.
198

armados en la vereda El Tabalazo. Esta era una zona de confrontación entre el grupo
paramilitar los Masetos y el Frente Capitán Parmenio del ELN.
1993
La acometida de los agentes paraestatales se reanudó desde el segundo semestre de
1993. El 1 de julio, el campesino JESUS CORZO fue detenido y torturado por una patrulla
del ejército adscrita al Batallón de Infantería No. 40 Luciano D' Elhuyar, proveniente de la
base militar El Rubí al mando del sargento Vivas y del cabo Miguel Urréa en la vereda
Montebello. Los militares reunieron a los pobladores de la parte baja de la vereda, donde
detuvieron a Jesús; luego se lo llevaron a las afueras del caserío ultrajándolo y
amenazándolo. Además, le advirtieron a toda la población que por orden del coronel Javier
Alfonso Riates, todos tenían que “carnetizarse” y que debían colaborarles a las buenas o
que les iba a ir muy mal, además le exigieron a unos campesinos que tenían que guiarlos
en los patrullajes por la zona.
Por si fuera poco, les dijeron que tenían que terminar con la tienda comunal, porque no
tenían permiso; el administrador fue al batallón a solicitar el permiso pero se lo negaron y
además lo amenazaron, le quitaron una escopeta que tenía para defenderse y le exigieron
que se carnetizara, diciéndole que “si no, le tocará perderse, por aquí volveremos a
buscarlo”. La carnetización consistía en solicitar un salvoconducto exigido a los
campesinos por parte los militares, el texto del carnet que entregaban los ratificaba como
guerrilleros entregados al ejército.
Otra patrulla fue a la parte alta de la vereda, llamada Corinto, llegaron a la casa de un
habitante y le preguntaron por su hijo, a quien habían visto trabajando en un cultivo. Le
dijeron que el hijo era guerrillero y que tenía que entregarlo, que si no aparecían ni él ni el
hijo, se llevarían a otro de sus hijos que estaban en el colegio. Finalmente advirtieron a
toda la población que si no colaboraban, les traerían “a la gente del Carmen” para
obligarlos.
El 22 de septiembre de 1993, los campesinos DEMESIO PIMIENTO JAIMES, DAVID
RINCON, JOSE EDUARDO MONSALVE, LEONOR FLOREZ OVIEDO, un NIÑO de
apellido PIMIENTO y PEDRO CARVAJAL, fueron detenidos y maltratados física y
verbalmente por una patrulla militar adscrita al batallón de Infantería No. 40 Luciano D'
Elhuyar, al mando del Subteniente Carlos Alberto Acosta Tarazona, el Cabo Primero Tulio
Jiménez y el Sargento Segundo Álvaro Oviedo Samudio, en hechos ocurridos en el
Caserío Montebello. Al día siguiente, en la carretera que conduce a San Vicente del
Chucurí aparecería el cuerpo sin vida de Pedro Carvajal.
Según denuncia de pobladores también detenidos pero liberados posteriormente, los
militares que iban acompañados de paramilitares que decían provenir de las Autodefensas
de ELl Carmen de Chucurí, incursionaron desde la madrugada en la vereda Montebello,
buscando supuestos guerrilleros. El grupo se dirigió primero a la casa de Demesio a las
6:00 de la mañana, obligándolo a salir de su parcela e informar sobre el paradero de la
guerrilla y unas supuestas caletas que él tenía escondidas; al mismo tiempo a su hijo le
preguntaban sobre la localización de una caleta bajo amenazas de los uniformados.
199

Momentos después, ambos fueron forzados a patrullar. El menor fue puesto a la cabeza
de la fila de militares, para que, según ellos, si los atacaba la guerrilla él fuera el primero
en caer y no uno de los uniformados. Algo similar ocurrió con José Eduardo, quien debió
recibir a los militares cuando llegaron a su casa. Estos inmediatamente lo agredieron
físicamente y lo obligaron a vestirse para continuar con ellos.
Dos horas después, hacia las 8:30 a.m., Pedro fue detenido cuando se dirigía a su parcela
a trabajar; los militares lo abordaron y lo acusaron inmediatamente de ser guerrillero y lo
reunieron con los otros aprehendidos. En idénticas circunstancias la patrulla aprehendió a
David Rincón, detenido cuando le preguntaron por su nombre, siendo maltratado verbal y
físicamente. En el transcurso del día también tuvo lugar la aprehensión de Leonor.
Después de las detenciones, todos los aprehendidos fueron concentrados en la
residencia de Demesio. Allí, hacia las 2:00 p.m., llegó otro grupo de militares en el que
venía el Cabo Jiménez que amenazó a Pedro simulando un fusilamiento; algunos
soldados le pusieron una puñaleta en el cuello a él y lo insultaron. Hacia las 4:00 p.m. la
tropa decidió retirarse, llevándose consigo únicamente a Pedro y dejando en libertad al
resto de personas; él quiso entregar un dinero que tenía a uno de los liberados para que
se lo guardara, pero los militares no lo permitieron. Aproximadamente a las 6:00 p.m.,
Pedro fue visto por unos campesinos rodeado de militares, pero ya no llevaba sus ropas
sino un uniforme militar, luego se escucharon unos disparos por los lados de Montebello y
La Canana, en el sitio donde se toma la carretera que de Bucaramanga conduce a San
Vicente de Chucurí. Al día siguiente en la radio se dio una noticia, según la cual, “habían
dado de baja a un guerrillero entre Montebello y La Canana”, refiriéndose al asesinato de
Pedro; esta versión fue entregada a los medios de comunicación por el mismo ejército.
Ese día fue llevado el cuerpo al anfiteatro de San Vicente del Chucurí. El dinero que
llevaba consigo nunca apareció.
Durante el operativo los militares preguntaron por varias personas, entre estas dos
hombres llamados Ariel y Hernán alias “El Chiquitín”; y además les exigieron que les
dijeran dónde estaban las caletas de la guerrilla. Se asegura que entre la patrulla del
Ejército, había un hombre con el alias de “El Fríjol”, que decía pertenecer al grupo
paramilitar Los Masetos y le decía a los campesinos que se organizaran con armas “para
darle plomo a la guerrilla”. Asimismo los campesinos detenidos fueron obligados a recorrer
varios predios, amenazados constantemente y luego dejados libres bajo la advertencia de
no denunciar los atropellos de que fueron víctimas. Posteriormente, en abril de 1995,
enmarcado en varios hechos de violencia militar y paramilitar en la vereda Montebello
relacionados con un problema de tierras, el cabo Jiménez mandó llamar a varios de los
testigos de la muerte de Pedro Carvajal, tres de ellos fueron al Batallón, y éste les mostró
el expediente donde ellos figuraban como denunciantes preguntando el porque lo habían
denunciado y los amenazó diciéndoles que si a él lo apretaban, pedía la baja y “se iba
para el otro lado”.
La militarización de la vereda La Aguamieluda, en el municipio de Betulia, fue un proceso
que durante años se gestó poco a poco con el desarrollo de operativos en los que las
violaciones de derechos humanos eran frecuentes, incluyendo casos de torturas
200

practicadas con extrema sevicia. Después de unos años de relativa calma, a partir del mes
de diciembre de 1993 los habitantes de la zona fueron nuevamente hostigados por el
ejército, esta vez acompañado por miembros de grupos paramilitares que operaban en
zonas vecinas, quienes manifestaron su intención decidida de instalar allí bases
paramilitares. En el mes de diciembre de 1993, los militares allanaron varias viviendas
campesinas golpeando a sus habitantes e intimidándolos.
1994
Las agresiones de la fuerza pública contra los campesinos y demás habitantes de Betulia
prosiguieron en el primer trimestre de 1994. El 6 de marzo, los campesinos WILSON
PLATA SANTAMARÍA y JOSE PLATA SANTAMARÍA fueron torturados y amenazados por
un grupo de la Unidad Antiextorsión y Secuestro UNASE del ejército. Los dos campesinos
fueron sacados de la finca El Paraíso y llevados al puente de la quebrada la Putana. Allí
fueron golpeados y descolgados en repetidas ocasiones, luego llevados a un sitio
desconocido donde continuaron con las torturas. Finalmente los devolvieron a su casa y
les obligaron a firmar un documento donde constaba que les habían dado buen trato. Al
día siguiente, el señor José Plata trató de salir de la finca en busca de ayuda médica
debido al mal estado en que se encontraba a causa de las torturas, pero las tropas del
ejército lo obligaron a devolverse y lo amenazaron si intentaba salir nuevamente.
En junio de 1994, se desencadenó una nueva arremetida del ejército contra la población.
En fecha no precisada de ese mes, el campesino ROGELIO RINCON SANDOVAL, de 24
años de edad, fue torturado por miembros del ejército. Los militares le aplicaron a Rogelio
limón con sal en los ojos, le taparon la boca con una toalla y le echaron agua por la nariz
para impedirle que respirara. Mientras tanto era interrogado sobre otros habitantes de este
lugar a quienes Rogelio afirmaba conocer y estaban en una lista. Luego esa lista fue
llevada a algunas viviendas por un paramilitar, quien afirmaba que esas personas habían
sido delatadas como guerrilleros por Rogelio y que eso se lo debían comunicar a la
guerrilla para que asesinaran a Rogelio por “sapo”. Anteriormente, en tres ocasiones,
Rogelio fue víctima de amenazas y torturas por parte de miembros del ejército. Entre los
meses de junio y julio de 1994, fueron torturadas y amenazadas varias personas por
miembros del ejército en esta vereda.
El 23 de junio de 1994, hacia las 4:00 a.m., el campesino ABRAHAM ALVARADO, su
ESPOSA y dos de sus HIJOS fueron torturados y amenazados por aproximadamente 30
soldados, quienes tocaron la puerta de la casa de Abraham diciendo que era “de parte de
los compas”. Luego Abraham fue sacado a la fuerza arrastrado del cabello y amenazado
de que lo iban a matar. Le preguntaron sobre un señor llamado Camilo, le pusieron una
toalla en la boca para impedir que gritara y de nuevo le preguntaban por “el campamento”.
Después de esto Abraham quedó con varias cicatrices en la cara. Los militares le dijeron a
la esposa de Abraham que les indicara dónde estaba “la caleta”. Uno de los 14 hijos de
Abraham fue también golpeado y a una de sus hijas “un teniente la obligó a sentarse en
las piernas de él”. Abraham fue a denunciar el hecho ante el Cuerpo Técnico de
Investigaciones (CTI); de allí lo remitieron a las Fiscalías de la V Brigada, donde le dijeron
que para qué le recibían la denuncia si después llamaban a testigos y desaparecían.
Finalmente la denuncia fue recibida por el CTI.
201

9.1 Militares, paramilitares y desplazamiento
El 23 de julio de 1994, un sargento del ejército de apellido Serpa, pasó por la quebrada La
Lajita en el municipio de Betulia y acusó a algunas personas de pertenecer a la guerrilla,
afirmando que eso les iba a costar la vida, al mismo tiempo anunció que en los días
siguientes llegaría “Roque”. Pocos días después llegó Roque, un paramilitar que venía
acompañado de otros y comenzó a anunciar que los que no trabajaran con ellos, debían
abandonar la región o se morían. Hacía varios días que la gente de la región había
comenzado a observar a este grupo de paramilitares que se movilizaban con miembros
del ejército, particularmente con un cabo de apellido Jiménez, un teniente de apellido
Acosta y el Sargento de apellido Serpa. El 25 de julio de 1994, el sargento Serpa convocó
a cerca de 80 campesinos y les explicó las reglas de juego que regirían en adelante:
“todos los campesinos tendrán que armarse y comenzar a pagar cuotas para el
sostenimiento del grupo paramilitar; el que no se someta deberá abandonar la zona”.
El 4 de agosto de 1994, militares y paramilitares convocaron a una nueva reunión en la
Inspección de Policía Municipal de La Aguamieluda, a la cual asistieron obligadas más de
cien personas. Allí las alternativas ofrecidas a los campesinos fueron más apremiantes: “o
colaboran con nosotros, o se van, o se mueren”. En conversaciones informales, los
paramilitares anunciaron la construcción de una base paramilitar en la zona e hicieron las
preguntas que permitieron deducir que en pocos días tomarían posesión de varias
viviendas, cuyos propietarios deberían irse de la región.
Como consecuencia de la violencia ejercida contra esta comunidad, en 1989 ya habían
abandonado la zona 10 familias. En 1994 más familias empezaron a buscar sitios a donde
huir, ante la inminencia de la implantación del proyecto paramilitar. Fue suficientemente
conocido por los pobladores de la región el poder de destrucción que ese tipo de
proyectos traía consigo. Los municipios del El Carmen y San Vicente de Chucurí, aledaños
al municipio de Betulia, habían caído bajo el dominio de los Masetos (nombre dado a los
paramilitares que allí operaban), dejando como consecuencia varias personas asesinadas,
desaparecidas, miles de familias desplazadas y un ambiente generalizado de terror.
Ante la constante persecución, los campesinos se desplazaron hacia la Sede Campesina
de la ANUC en Barrancabermeja. Los militares afirmaron que “aquellos que han salido de
la zona son subversivos, instigadores de éxodos y marchas y que a su regreso lo pagan
muy caro”. A partir de la última incursión militar el pie de fuerza se incrementó en la región
de La Putana.
Poco tiempo después de la llegada y posicionamiento de Los Masetos en el municipio, el
26 de agosto de 1994, la campesina CLARISA VELEZ CARDOZO fue detenida durante un
allanamiento y torturada por miembros del Batallón Luciano D' Elhuyar, al mando de un
teniente de apellido Jiménez y otro teniente de apellido Acosta que la amenazaron
202

constantemente de muerte conjuntamente con integrantes del grupo paramilitar Los
Masetos, en hechos ocurridos en la Inspección Departamental La Putana. Los militares y
paramilitares irrumpieron en la vivienda de Clarisa y le dijeron que “tenía que entregar a la
guerrilla”. Al responderles que no sabía, el teniente Jiménez le dijo que ella “tenía que
saber”. Luego la obligaron a introducir la cabeza en un recipiente con agua y 4 kilos de sal
y cuando estaba a punto de perder el conocimiento, un paramilitar le pegó una cachetada.
Después la hicieron vestirse con uniformes militares y la obligaron a calzar unas botas del
esposo y se la llevaron a patrullar por la localidad durante tres horas.
Al regresar a la vivienda, la obligaron a registrar todos los alrededores para demostrarles
que no había armas enterradas. Luego saquearon la casa y se llevaron comida, cinco
gallinas, ropa, herramientas, un radio y rompieron la mayoría de enseres de la familia. El
teniente Jiménez la volvió a amenazar con matarla si no les decía el lugar donde se
encontraba la guerrilla, Clarisa le respondió que hiciera lo que quisiera, pues “si por eso
me va a matar, pues yo muero inocentemente”. El oficial hizo dos disparos al aire y según
Clarisa, no fue asesinada gracias a la intervención del teniente Acosta, así que fue
transportada a las instalaciones del batallón, donde la interrogaron y la dejaron en libertad
al día siguiente. Cuando salía de la sede militar, el Teniente Jiménez se le acercó y le dijo
que donde la encontrara la mataría; por ello, Clarisa abandonó la zona.
Conforme al auto de indagación preliminar de la Procuraduría Provincial de
Barrancabermeja, expedido para esclarecer lo sucedido, se obtuvo una comunicación
emitida por el Comandante del Batallón Luciano D' Elhuyar en la que se sostiene que para
la fecha de los hechos, en el sitio Aguamieluda, jurisdicción de Betulia, fue retenida la
señora Clariza Vélez Cardozo como presunta sospechosa de la comisión del delito de
Rebelión y puesta a disposición de la Fiscalía 33 con sede en San Vicente del Chucurí,
siendo capturada por una patrulla del ejército al mando del Subteniente Carlos Alberto
Acosta Tarazona.
Las tropas del Batallón Luciano D' Elhuyar reanudaron sus operaciones en la zona a
mediados del mes de septiembre, acompañados por las filas paramilitares de Los
Masetos. El día 12 de ese mes, el campesino FREDDY HUMBERTO BARBOSA fue
detenido, torturado y amenazado por miembros de esa unidad militar en conjunto con el
grupo paramilitar de los Masetos al mando de Jorge López y Álvaro Gómez en la vereda
La Celoreña, inspección departamental La Putana. Los paramilitares llegaron a la vivienda
de Freddy para requisarla, sobre las agresiones que sufrió en ese operativo el cuenta que
“... y posteriormente me llevaron junto con ellos a patrullar y me pusieron el equipo del
cabo... me echaron por delante y me decían que si no les decía donde estaban los
campamentos de la guerrilla, me tocaban 15 años de cárcel”. Tras las peticiones de la
familia y la comunidad Freddy fue dejado en libertad, no sin que antes los dos
paramilitares le dijeran “que si no me iba de ahí me mataban o que trabajara con ellos,
entonces yo en vista de eso me tocó abandonar la parcela”.
Unos días antes, el 4 de septiembre, el profesor de la vereda La Putana, escribió una nota
al Albergue Campesino de Barrancabermeja advirtiendo que, “Es de suma preocupación la
ofenciaba(sic) militar y paramilitar en el corregimiento de La Putana municipio Betulia.
203

Donde vienen torturando y golpeando gente, pero como si fuera poco la corren de la zona
y que no responden si la vuelven a encontrar en la vereda. Es el caso de los señores
Freddy Humberto Barbosa y José Luis Ríos C, que tienen que desocupar la región y no
pueden vender las tierritas y salen como llegaron solo con compromisos” 208 .
La arremetida contra los habitantes de la Inspección Departamental de La Putana continuó
el 3 de noviembre, fecha en la que la campesina LEONOR FLOREZ OVIEDO y otro
CAMPESINO fueron detenidos, torturados y amenazados de muerte por militares. Los
militares incursionaron en la parcela de Leonor y la del otro campesino. El hombre fue
atado, golpeado, le colocaron una toalla mojada con agua y sal en la boca y la nariz,
mientras le exigían que confesara que era guerrillero. Luego, fue obligado a firmar un
documento en el que constaba que había recibido buen trato. A los 8 días fue torturado
nuevamente; por ello los campesinos tuvieron que abandonar la parcela.
1995
Durante el transcurso de 1995 el ejército concentró algunas de sus incursiones en la
vereda Montebello y La Leal, del municipio de Betulia. La vereda La Leal fue fundada el 10
de agosto de 1987 por un grupo de 27 familias que ocuparon un terreno baldío. El nombre
obedeció a la simpatía del campesino al candidato presidencial Jaime Pardo Leal,
asesinado una semana antes de la deliberación sobre el nombre de la vereda. Esta
recuperación fue orientada y apoyada por la ANUC de Barrancabermeja. El asedio de
militares y paramilitares hacia los habitantes de la misma ocasionó el desplazamiento de
más de diez familias que temían por su vida y abandonaron sus hogares como ultima
salida para poder salvaguardarla.
El 2 de mayo un grupo de aproximadamente 30 paramilitares uniformados y con
armamento militar llegaron al caserío La Leal, kilómetro 3 de la vía Bucaramanga-
Barrancabermeja. Allí retuvieron, torturaron y amenazaron de muerte a los campesinos
CRISANTO APARICIO, ISIDORO APARICIO, WENCESLAO GALLO y LUIS EDUARDO
NEIRA.
Los paramilitares insultaron, amenazaron de muerte y golpearon con machetes a los
campesinos y obligaron a todos los pobladores a reunirse en una escuela. Una vez allí, los
paramilitares se identificaron como “Autodefensas Campesinas” y dijeron a los
campesinos que tenían que ayudar obligatoriamente a combatir la guerrilla; también les
pidieron “una cuota que en 15 días se la harían saber o de lo contrario su retiro de la zona
bajo la amenaza de muerte”. Luego, obligaron a Crisanto, Isidoro, Wenceslao y Luis
Eduardo a permanecer en la escuela. A ellos los insultaron, amenazaron y golpearon. Los
paramilitares permanecieron durante la noche en el sitio, insultando constantemente a la
población; al día siguiente se marcharon, y advirtieron que regresarían en una o dos
semanas.
208 Albergue de Campesinos Damnificados por la guerra sucia en el Magdalena Medio. Documento
autónomo, Barrancabermeja, septiembre 4 de 1994.
204

Dos días después de la incursión paramilitar, el 4 de mayo, llegó al mismo caserío una
patrulla del ejército por el mismo camino por donde habían ingresado los paramilitares y se
fueron por la misma ruta por la que estos habían abandonado el caserío, sin mostrar
ningún interés por las denuncias realizadas por los pobladores. Los pobladores afirmaron
que muchos de los paramilitares eran antes miembros del ejército, pues recordaban sus
rostros de una incursión que había realizado el ejército en 1989.
La incursión paramilitar de los primeros días del año, causó el desplazamiento hacia
Barrancabermeja de 15 familias conformadas por 20 niños y 33 adultos, en busca de
protección y ayuda, dejando atrás sus tierras, enseres y animales. Varios jornaleros
denunciaron ante Organismos de Derechos Humanos que haciendo parte de los
paramilitares estaban varios desconocidos que en 1989 llegaron al sitio y torturaron y
amenazaron a varios pobladores. A los dos días y como ya se mencionó, llegaron varios
militares, pero a pesar de ser informados sobre la reciente incursión de los paramilitares,
no mostraron interés alguno por averiguar sobre el hecho. Sólo preguntaron por algunas
familias y les insinuaron que deberían irse de allí.
El 11 de mayo de 1995 hacia el medio día, el campesino JAIRO GARAVITO TIRADO, sus
DOS PADRES, ANA ROSA TIRADO y un NIÑO campesino fueron detenidos, torturados y
amenazados por 6 paramilitares al mando del Comandante Roque y alias Tayson que
actuaron bajo el patrocinio de Carlos Higuera Escalante y con la complicidad del Batallón
de Infantería No. 40 Luciano D' Elhuyar, en la vereda Montebello. Los paramilitares
llegaron a la casa de Jairo para retenerlo, le propinaron aproximadamente 38 golpes con
un palo, lo acostaron boca arriba con las manos amarradas, le echaron agua sal con una
toalla en la nariz y le chuzaron una uña. Mientras lo torturaban durante una hora y media,
le exigían entregar una supuesta caleta de la guerrilla.
Luego se llevaron a Jairo a la vez que encerraron a la fuerza a sus padres en una
habitación; la madre al ver que se lo llevaban intervino pero fue golpeada en los senos;
posteriormente, rompiendo la puerta de la habitación lograron salir. Jairo fue conducido
por Tayson, quien al parecer era desertor de la guerrilla y señaló a Jairo de ser
colaborador de la guerrilla, a un lugar localizado a 10 minutos de la vivienda, según ellos
allí “tenía una caleta cuando era guerrillero”. Después lo obligaron a sacarla, pero como se
resistió a hacerlo, lo siguieron torturando. Tayson lo obligó a tomar la supuesta caleta para
entregársela al grupo paramilitar. Después de esto lo llevaron nuevamente a la casa y lo
siguieron torturando para que les dijera el lugar donde se encontraba otra caleta, así que
lo trasladaron a otro sitio y como no encontraron nada, los paramilitares afirmaron “que ya
la habían sacado los guerrilleros”.
Al dejar en libertad a Jairo, los paramilitares le advirtieron que si seguía colaborándole a la
guerrilla lo matarían. Roque también amenazó a la familia de Jairo con que si no le
pagaban a Carlos Higuera, dueño de la hacienda Montebello a $300.000 la hectárea de
tierra, matarían a cuatro para que el resto de la comunidad se fuera de la zona y que él
tenía que arreglar ese problema muy pronto. Finalmente también les advirtió que si
denunciaban el hecho los mataría. Jairo denunció el hecho ante la Fiscalía de
Bucaramanga, en donde le dijeron que lo mejor era que se callara “porque si no corría
205

peligro... por poner la denuncia”. También afirmaron que mandarían la denuncia a la
Fiscalía de San Vicente de Chucurí.
Jairo relató que, “En la Fiscalía de Bucaramanga me recepcionaron la denuncia, en donde
yo poseía absoluta reserva de mi nombre y lo único que me dijeron en la fiscalía era que
tenía que callarme porque si no corría peligro mi vida por poner la denuncia...”
Todas estas violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el ejército contra la
población campesina se hacían con el fin de presionar a los campesinos para que
negociaran sus tierras con un terrateniente de la zona llamado Carlos Higuero Escalante.
Ante esto, los campesinos eran obligados a abandonar sus fincas. El grupo paramilitar que
acompañaba a los efectivos del Batallón Luciano D' Elhuyar, era dirigido por alias
“Comandante Roque”, quien en la hacienda La Fe ubicada en la vía de San Vicente a La
Renta, a unos 70 minutos del casco urbano de San Vicente de Chucurí, ubicó su base de
operaciones.
El 6 de julio, llegaron a las veredas Corinto y Montebello cinco hombres armados y
uniformados que se identificaron como paramilitares y citaron a toda la comunidad a una
reunión para el 8 de julio en el sitio El Diamante. Una vez llegó la fecha, aproximadamente
15 hombres armados, con insignias del Batallón D' Elhuyar al mando de Ramón y Michael,
reunieron a los habitantes de las dos veredas para decirles que arreglaran el asunto de la
tierra con el doctor Carlos Higuero Escalante porque de lo contrario iban a tener
problemas y añadieron que no se confiaran en que el INCORA les iba a solucionar el
problema. Además, advirtieron que ellos ya sabían quienes había solicitado la presencia
del ejército, al igual que quienes habían presentado denuncias ante la fiscalía. Finalmente,
los amenazaron diciendo que apenas el ejército se retirara, vendría otra gente para ajustar
cuentas. Los militares se retiraron en dos camionetas, una de marca LUV de color rojo y
una de color amarillo de placas XK077 afiliada a COOTRANS Chucureña.
10 PUERTO PARRA
El caso de Puerto Parra, exactamente en la Inspección Campo Capote que se encuentra
bajo su jurisdicción, es el más significativo a partir de 1986. Fue precisamente en este
municipio donde se construyó un emporio paramilitar con total anuencia y patrocinio
militar, en particular con la colaboración de la XIV Brigada y su batallón de Infantería
Rafael Reyes (con sede en Cimitarra) y el Luciano D’ Elhuyar, que antes de 1988 estaba
adscrito a esta unidad y luego fue incluido dentro de la V Brigada. Otras bases de apoyo
para la consolidación del paramilitarismo en Puerto Parra, fueron las autoridades civiles,
como Gonzalo de Jesús Pérez, Alcalde de Puerto Parra elegido en 1988, además de otros
concejales del municipio e importantes políticos, entre los que se contó al parlamentario
Tiberio Villareal. También fueron apoyados logística y financieramente por los grupos
paramilitares de Puerto Boyacá que funcionaban bajo la fachada de ACDEGAM, siendo
206

Alonso de Jesús Baquero, mejor conocido como “Vladimir”, uno de los principales enlaces
entre los paramilitares de Puerto Boyacá y Puerto Parra 209 .
Una característica particular del paramilitarismo en Puerto Parra y la zona del Bajo
Simacota, fue que sus integrantes en su gran mayoría eran ex guerrilleros de las FARC
que posteriormente fueron reclutados por el ejército y que trabajaban como informantes o
“guías” del mismo, colaborando directamente con la inteligencia militar; la información que
ellos aportaban iba a parar al B-2 de la XIV Brigada (como en el caso de Julián Jaimes,
reconocido paramilitar y autor material de la masacre La Rochela). Se puede afirmar
entonces que grupos como Los Masetos, además de desempeñarse y constituirse como
estructuras paramilitares, tenían la función de ser soporte en las tareas de inteligencia de
los militares, perfectamente compatible y acorde con el despliegue de operaciones
conjuntas 210 .
Los principales blancos de la represión parainsititucional en la década del ochenta en
Puerto Parra, fueron los campesinos, educadores y los militantes de alternativas políticas
como la UP, movimiento que tuvo una amplia acogida en el municipio, a pesar de las
constantes incursiones paramilitares y la connivencia del ejército con dichas estructuras.
En los primeros cinco años de la década del noventa, el ejército y los paramilitares
consolidaron su dominio en el área rural de Campo Capote y establecieron allí su centro
de operaciones, dada la permanencia de una base militar en dicha zona.
Con el transcurso de la segunda mitad de los años noventa, disminuyó la comisión de
Crímenes de Lesa Humanidad en el municipio, no sin que antes fueran exterminados
todos los militantes políticos de oposición. Tal es el caso de los activistas del FILA,
quienes años atrás integraban en su mayoría la Unión Patriótica, pero que con la
arremetida de la fuerza pública y los paramilitares contra los miembros de esa opción
tuvieron que refugiarse en otros espacios de participación, lo que no impidió que casi diez
años más tarde fueran asesinados. Entre 1996 y 1998 la hegemonía paramilitar logró
posicionarse permanentemente en el municipio. Por tal razón el índice de crímenes contra
la población se atenuó considerablemente.
El 8 de agosto de 1983, se perpetró el primer crimen por parte de las estructuras
paramilitares contra los habitantes de Puerto Parra. Ese día, el rector de la escuela de
Campo Capote y otros educadores, como LUIS FREDO RIOS, ESPERANZA BELTRAN,
CARMEN IRIARTE, EDILMA RESTREPO, CARIDAD DE AYALA, ROGELIO VASQUEZ y
ANA MARQUEZ fueron amenazados por el grupo paramilitar MAS, primera denominación
que se dieron las estructuras irregulares que hicieron presencia en el municipio.
A raíz de las amenazas contra los educadores fue necesario que todos los profesores se
fueran de la región, ya que la Secretaría de Educación de Barrancabermeja cerró todas las
escuelas y llamó a todos los profesores porque corrían peligro de muerte. Un mes más
209 Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los pueblos, Seccional colombiana: El Camino de
la Niebla. Volumen III. Masacres... Op. cit. pp: 383-384
210 Ibídem. pp.: 380-381
207

tarde, el 6 de septiembre de 1983, el campesino ALONSO CARVAJAL fue asesinado por
el grupo paramilitar “Los Tiznados”.
Las incursiones de los paramilitares prosiguieron en los primeros meses de 1984, e
implementaron la desaparición como mecanismo para victimizar a la población. El 14 de
febrero de ese año, OCHO CAMPESINOS de la Inspección Departamental Bocas del
Carare fueron desaparecidos por paramilitares, en el sitio conocido como Puerto Carare.
Ese mismo año, el 1 de marzo de 1984, un CAMPESINO fue detenido y desaparecido por
miembros del MAS en la misma inspección. Cientos de familias campesinas tuvieron que
salir de la región debido a las continuas detenciones y desapariciones de ciudadanos a
manos del MAS.
Además de la persecución contra el sector social campesino, la oposición política se
convirtió en otro de los blancos de los agentes paraestatales. El 12 de junio de 1984, el
campesino activista del grupo liberal FILA, OVIDIO VARGAS fue asesinado en la IPD
Campo Capote. Cinco meses más tarde, el 14 de noviembre de 1984, unidades militares
de la Brigada XIV y del batallón General Rafael Reyes realizaron una requisa minuciosa
en busca de armas, entraron casa por casa en la Inspección de Policía Campo Capote y
detuvieron a ALVARO SUAREZ y FREDDY AFANADOR junto con varias personas más.
A mediados de 1985 se reanudaron las incursiones de las estructuras paramilitares y con
ellas la victimización contra la población de Puerto Parra. El 23 de junio de 1985, un
campesino llamado JAIME fue asesinado por paramilitares en la Inspección de Policía Las
Montoyas.
Una vez finalizó el proceso electoral de 1986, en el cual la oposición política logró un
amplio apoyo de los colombianos, los grupos paramilitares, bajo la connivencia del
ejército, reanudaron la persecución contra los habitantes de Puerto Parra, principalmente
contra los miembros de la UP, partido político alternativo que a pesar del terror infundido
por los paramilitares logró un importante apoyo en esta población. El 20 de septiembre de
1986, el campesino JESUS MARIA SARMIENTO fue retenido por paramilitares
pertenecientes al grupo los Masetos, bajo el mando de un Capitán del ejército de apellido
Parra, y luego desaparecido y asesinado, en hechos ocurridos en la vereda La Aurora.
Jesús María se encontraba desgranando maíz en la finca de un señor llamado Melecio
Chacón en el momento en que lo retuvieron los Masetos. Luego fue llevado a la base
militar de Campo Capote y allí fue desaparecido. Tres días después, su cuerpo acribillado
se encontró en predios de otra finca de propiedad de Libardo Aldana.
10.1 Persecución a la Unión Patriótica en Puerto Parra
208

El 5 de marzo de 1986, GUSTAVO TOLOZA, JESUS EDUARDO BARRERA, ROSENDO
ALQUIVER OSORIO, SERAFIN EVELIO AVILA, LEONARDO ALVAREZ, HERNAN
MONTOYA, TOMAS CARREÑO y CRISÓSTOMO FUENTES fueron asesinados; y
MIGUEL HERNANDEZ, GILBERTO AFANADOR, ARISTOBULO ALONSO, ARBEY
LONDOÑO, TITO, LUIS ALBERTO CORTES, ALEJANDRO GUTIERREZ, ALEJANDRO
GUTIERREZ, y FERNANDO CORREA fueron desaparecidos; y LILI DE ALQUIVER,
PEDRO PABLO VILLEGAS, RODRIGO ARANGO, DUPERLY RIOS e ISMAEL
CORDOBA resultaron heridos, víctimas del accionar de una patrulla de aproximadamente
60 paramilitares del MAS, acompañada por unidades militares, quienes incursionaron en la
inspección departamental de policía Campo Capote, donde torturaron, desaparecieron y
asesinaron a los miembros de la UP; además hirieron a cinco personas, entre ellos un
menor de edad y quemaron dos camiones de propiedad de un activista de la UP.
Posteriormente los paramilitares se dirigieron al sitio Pueblo Nuevo donde asesinaron a
tres personas y se llevaron consigo a otros campesinos. Los cuerpos de Tomás y
Crisóstomo fueron encontrados el 1 de marzo siguiente y ocho permanecen
desaparecidos. Tres año antes, en de julio de 1983, Gilberto Afanador había sido buscado
por un teniente de la base militar de Campo Capote, y junto con algunos trabajadores del
Proyecto Maderero Carare-Opón fue amenazado por el grupo paramilitar MAS, que los
tenía incluidos en una lista negra.
La oleada criminal contra la UP continuó el 24 de agosto de 1986, día en el que el militante
de la UP DIMAS RIOS fue asesinado por miembros del grupo paramilitar MAS. El mismo
día, el campesino y activista de la UP WILSON RANGEL RAMIREZ fue herido por
miembros de una patrulla militar adscritos al batallón Nueva Granada. La patrulla se hizo
presente en el sitio en que se desarrollaba un bazar organizado por las Juntas de Acción
Comunal y por la UP, al que asistieron además funcionarios municipales y concejales. Los
militares llegaron dando voces de alto y disparando sus armas, causando heridas a Wilson,
quien fue llevado al hospital y de allí a la sede del batallón Nueva Granada. Nueve meses
más tarde, el 5 de mayo de 1987, el campesino y militante de la UP, VICTOR MOLANO
RONDON fue asesinado de dos disparos propinados por paramilitares que llegaron hasta
la Finca Grano de Oro ubicada en el corregimiento Opón.
1987
En 1987 las filas paramilitares siguieron sembrando el terror tanto en el área rural como en
el casco urbano de Puerto Parra. El 20 de marzo de 1987, el campesino FERNANDO
MARIÑO DIAZ fue asesinado por varios de los miembros de una estructura irregular. Tres
meses después, el 13 de junio 1987, el campesino OLAN MARTINEZ fue asesinado por
un sicario que lo acribilló con ráfagas de ametralladora, en momentos en que caminaba
por el parque principal del pueblo.
A mediados del mes de agosto los paramilitares desarrollaron varios patrullajes en la
Inspección departamental Las Montoyas, agrediendo a varios pobladores. Un ejemplo de
ello fue lo sucedido el 21 de agosto de 1987, fecha en la que el campesino JOSE RAMIRO
RAMIREZ MEDINA, quien trabajaba en talados de bosques para la Geophysical Service
209

Incorporated, fue retenido por miembros del grupo paramilitar los Masetos en su
residencia. Posteriormente, los paramilitares entregaron al campesino al Teniente José
Gabriel Castrillón García, Comandante de la base militar establecida en la inspección;
desde entonces José Ramiro está desaparecido.
1988
En 1988 se incrementó la comisión de CLH en Puerto Parra. Desde los primeros días del
año, agentes no identificados dieron curso a una oleada de violencia que se manifestó a lo
largo del año y que se ensañó inicialmente contra los militantes políticos. Un ejemplo de
ello tuvo lugar el 14 de febrero de 1988, día en el que el comerciante y militante del Frente
de Izquierda Liberal Auténtico (FILA), AGUSTIN LAMUS BORRERO fue asesinado por
desconocidos. Días más tarde, el 21 de febrero, CESAR VASQUEZ, GUILLERMO y el
profesor ISNARDO, fueron desaparecidos y asesinados en las mismas circunstancias. 211
Además de arremeter contra los campesinos y la oposición política, otro de los objetivos
de la acción paramilitar fueron los comerciantes. El 17 de agosto, DARIO PEREZ,
BERNARDO HERNANDEZ OSPINA y su hermana GLORIA HERNANDEZ OSPINA, todos
comerciantes, fueron asesinados por desconocidos que atacaron el vehículo en que se
movilizaban por la vía que conduce de Puerto Parra a la población de Puerto Triunfo
(Antioquia).
Desde los primeros días de octubre los paramilitares del grupo Los Masetos, hicieron
presencia en la población. Una de la señales de la llegada de estos organismos se
presentó el 10 de octubre, fecha en la que masacraron a 5 campesinos. Las victimas
fueron los campesinos ESPERANZA MURALLA GOMEZ, de 30 años, ROQUELINO
MOSQUERA PALACIOS, de 46, MAURICIO ANTONIO MEDINA MORENO, de 40,
ORLANDO CONTRERAS DIAZ, de 24 y RICARDO FONTECHA NOVOA, asesinados por
miembros de ese grupo paramilitar en la vereda Puerto Nuevo. Los victimarios, luego de
llegar hasta ese lugar, acribillaron a quemarropa a los campesinos, entre ellos a la
enfermera del puesto de salud de la vereda. Pocos días después, el 20 de octubre de
1988, la dirigente del sindicato SINTRAPOL y militante de la UP- HERMELINDA LOPEZ,
de 40 años, fue asesinada en presencia de sus 8 hijos por miembros del grupo paramilitar
MAS en la Inspección departamental de Campo Capote.
El 22 de septiembre de 1988, se presentó un crimen que desató fuertes consecuencias en
la población del municipio. Ese día se celebraba en el pueblo una asamblea general
sindical y hacía las 3:00 p.m. el profesor del colegio Alfonso López de Campo Capote, y
miembro del Frente de Izquierda Liberal Auténtico, JAIRO ANTONIO RENTERIA RAMOS
de 38 años, salió acompañado de su amigo JULIO LEMUS GONZALEZ a cumplir una cita
en el Juzgado Penal Municipal donde habían declarado en un proceso adelantado por el
profesor contra la empresa de transportes COOTRANSMAGDALENA después de un
accidente de tránsito ocurrido meses atrás. Hacia las 5:00 p.m., cuando regresaban a
Campo Capote, fueron desaparecidos por el ejército.
211 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Crisis Humanitaria y de
Derechos Humanos. II Informe agosto-diciembre de 2001. Barrancabermeja.
210

En su búsqueda se desplazó una comitiva encabezada por el Inspector de Policía,
profesores y directivos del Proyecto Forestal del Carare, hasta la finca de los hermanos
Galvis, que aparentemente estaba abandonada, pero al llegar allí se encontraron un grupo
de hombres con armas cortas y largas, vistiendo uniformes privativos del ejército y la
policía. Este grupo armado intimidó a las personas durante cinco minutos, y negaron tener
en su poder a las personas que se estaban buscando. Muchas de los miembros de la
comitiva lograron reconocer entre los sujetos armados a los paramilitares que patrullaban
la región.
Esta finca estaba ubicada a cinco kilómetros de la base militar de Puerto Parra y a 17 de la
base militar de Campo Capote. El comandante del ejército de Puerto Parra les comentó a
algunas personas que precisamente cerca a la finca de los Galvis tenía unos grupos de
contraguerrilla. Sin embargo, las versiones de los militares tanto acantonados en Puerto
Parra y su zona rural como del comando de la XIV Brigada de Puerto Berrío, coincidieron
en señalar que fue el frente XXIII de las FARC el que ejecutó los crímenes.
La comunidad de Campo Capote, conmocionada por la desaparición de dos de sus
habitantes más enérgicos envió una comunicación al Procurador General de la Nación,
Horacio Serpa Uribe, firmada por más de 120 de los pobladores, en la que decían: “Dada
la gravedad de los hechos y lo que esto significa para la Educación, el desarrollo de
Campo Capote, y del Carare - Opón, sentamos nuestra voz de protesta, y reclamamos su
intervención con la prontitud que le es característica”.
Durante las declaraciones en la Procuraduría, Hermelinda Castro Gamboa, empleada del
Proyecto Carare y ex presidente de la UP, hizo las siguientes afirmaciones:
“según los comentarios es que tienen (el ejército), es que tienen o que
de haber cierto vinculo o roce con los sicarios, pues siempre que han
ocurrido las masacres, secuestros y esas cosas en el corregimiento, el
ejército nunca ha estado en el corregimiento, salen en comisión, o son
trasladados y mientras viene el relevo es que vienen los sicarios al
poblado. Según lo que me comentó una vez un teniente, eso fue antes
de la masacre del señor Granja, de que a él le habían venido a decirle
estos señores sicarios de que los dejaran patrullar el pueblo y él les
había dicho que no, que para eso están ellos del ejército, que hicieran el
favor de irse que para eso estaban ellos para patrullar y ellos se fueron
y no pudieron hacer nada esa noche, yo no lo vi. Después de este
comentario, como a los tres días trasladaron al teniente y lo cambiaron,
cuando ya vino el reemplazo de ese teniente, el teniente que llegó salió
y entraron a matar al señor Granja cuando el ejército no estaba”.
El FILA, movimiento político del que hacía parte Jairo Antonio Rentería, estaba
conformado, en su mayoría, por ex integrantes de la UP que se habían retirado de este
movimiento luego del asesinato de Gustavo Tolosa y Eduardo Barrera el 5 de marzo de
211

1986 y de las múltiples amenazas del grupo MAS. Para 1987, no había ninguna persona
en el corregimiento que perteneciera a la Unión Patriótica.
La acometida contra los residentes de Campo Capote continuó el 22 de octubre, cuando
el agricultor JORGE RAMIREZ fue asesinado por una patrulla combinada de miembros del
ejército y paramilitares pertenecientes al grupo los Masetos, en la finca La Estrella. Según
testigos presenciales del crimen, el Teniente Luis Enrique Andrade Ortiz, comandante de
la base militar acantonada en Campo Capote, dirigía la patrulla y personalmente dio la
orden de aprehender y fusilar al agricultor. Además del militar, también se identificó a los
paramilitares Julián Jaimes y Héctor Jaimes.
En los últimos meses del año los paramilitares y el ejército siguieron hostigando a los
habitantes de Campo Capote. El 28 de noviembre, el líder campesino JOSE SANCHEZ,
fue asesinado por una patrulla conjunta de militares y paramilitares pertenecientes a los
Masetos, en la vereda La Militosa. Cuando la patrulla ingresó a la vereda y asesinó a José,
sus integrantes saquearon la casa de este llevándose consigo toda la documentación de la
Junta de Acción Comunal de la vereda. El cuerpo del campesino fue llevado a la base
militar de Campo Capote donde fue arrastrado y exhibido públicamente ante los
pobladores de la zona por los uniformados y paramilitares. En el hecho participó personal
al mando del Teniente Luis Enrique Andrade Ortiz, comandante de la unidad militar
señalada y los paramilitares Norberto Sierra Martínez y Julián Jaimes.
1989
Durante el año de 1989 fueron asesinados 5 habitantes de Puerto Parra a manos de los
agentes paraestatales. El primer crimen se registró el 23 de febrero, fecha en la que el
campesino VICTOR MANUEL TAPASCO fue asesinado por sujetos no identificados en la
Inspección Departamental Campo Capote. Meses después, el 29 de julio de 1989 y
también con participación de agentes no identificados, el campesino LEONARDO JOSE
MELO BELTRAN de 21 años fue asesinado cuando lo interceptaron en el casco urbano.
El 18 de septiembre de 1989, el Inspector de Policía JOSE IGNACIO CASTAÑO de 31
años de edad, fue asesinado por el agente de la policía Saúl Arguello Velasco. Por estos
hechos, el juzgado promiscuo municipal de Puerto Parra consideró que el inculpado debía
dejarse en libertad, porque el juez de instrucción criminal no valoró de manera correcta las
pruebas. Por otro lado la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja realizó investigación
bajo el radicado No. 062-006447. El 4 de junio de 1993, el caso fue archivado por pruebas
incongruentes, que impidieron imputarle el hecho al disciplinado. Cabe anotar que según
el expediente disciplinario no se volvió a saber de la persona que denunció los hechos
luego de su ratificación, y además se afirmó que esta no había aportado documento
alguno al proceso.
El año culminó con el hallazgo de los cuerpos de dos pobladores en zona rural de Puerto
Parra. El 31 de octubre de 1989, ARTURO DE JESUS MERARTE de 33 años y JOSE
ALBERTO LOPEZ AGUDELO de 30 años, fueron hallados con varios impactos de bala y
dos heridas de arma blanca, sobre la vía férrea que conduce al municipio de Puerto
Berrío.
212

1990
En 1990 los paramilitares continuaron con la imposición de su dominio en toda la zona. A
lo largo del año, dichas estructuras dieron curso a la eliminación sistemática de todo aquel
que se opusiera a sus disposiciones y mandatos. El 2 de febrero, los hermanos FREDY
PEREZ MAZO de 24 años, JUAN ANTONIO PEREZ MAZO de 30 años y MARIA EDITH
AGUILAR, fueron asesinados de disparos de pistola calibre 9mm propinados por
paramilitares que vestían prendas militares en la pista de aterrizaje del municipio. De
acuerdo a la información dada por un habitante del lugar, en los últimos meses se produjo
la muerte de quienes se mostraban en desacuerdo con las ideas que trataban de imponer
en esta región los grupos paramilitares.
Quince días después, el 18 de febrero, los campesinos AQUILEO PORTELA y SALOMON
MAHECHA, fueron desaparecidos en circunstancias desconocidas. Ese mismo mes, el día
22, los campesinos JOSE VICENTE CRUZ, de 77 años, y JOSE IGNACIO LOZANO, de
23, fueron encontrados asesinados en la Inspección Departamental de Campo Capote.
José Ignacio estaba degollado y con impactos de bala después de haber sido sacado de
su vivienda por un grupo de sujetos armados con fusiles automáticos.
Las agresiones de los paramilitares prosiguieron en el mes de abril de 1990, como lo pone
de manifiesto María Bautilia Marulanda en el siguiente testimonio, en el cual relata los
vejámenes a los que fue sometida:
“El 3 de abril de 1990 a las 5 de la tarde se presentaron en mi casa unos hombres
vestidos de pintado pero yo sé que son los del MAS, puesto que estaban ahí reconocidos
por mí: José Zúñiga (alias Charapo), Luis Alfonso (Alias Arandú) un hombre llamado por
ellos el Yiyo y José Luis, quienes son del grupo MAS, comandado por Norberto Sierra y un
hombre que se hace llamar el llanero.”
“En esta visita los hombres se llevaron a mi esposo LUIS MARIA MEJIA y le hicieron unas
preguntas y otros me hacían preguntas a mí -¿Usted ha visto la guerrilla?, no lo niegue
porque si lo niega la matamos y les quemamos la casa con todo lo que hay adentro. Yo
les dije lo que sabia, que hacía 15 días habían pasado y no sabia más. Luego me dijeron
que se iban a llevar a mi esposo, a lo que yo les dije ¿por qué se lo van a llevar si él no
debe nada?. A lo que dijeron –es que él no ha hablado nada, entonces es usted la que
nos tiene que decir dónde están las armas de la guerrilla. Me dijeron que yo era
auxiliadora de la guerrilla, que un guerrillero se los había dicho.”
“Como yo no decía nada cogieron a mi marido de donde lo tenían sentado al lado de un
árbol, él llorando me pedía que lo acompañara. Yo le dije que no podía dejar los niños
solos, entonces el hombre Arandú le dijo –Yo me lo llevo a usted sólo y cuando necesite
hablar con ella vengo aquí por ella- y me dijo que al día siguiente me lo llevaría a la casa
porque él no lo iba a matar. Se fueron con él, tres del grupo iban adelante, él en medio y
otros atrás. A eso de las 11 de la noche oí un tiro cerca de la casa y a las 6 de la mañana
213

llegaron de nuevo, me dijeron levántese y salga para afuera que necesito hablar con
usted.
Me preguntaron por mi marido, a lo que dije –ustedes son lo que deben saber de él-,
entonces me dijeron –Ese señor se voló parece que algo si debía ya que se mostraba
confundido y llorando, si no lo encontramos durante esta semana a quien nos vamos a
llevar es a usted, díganos cosas sobre él y sus contactos con la guerrilla, lo buscamos
toda la noche y ahora es usted la que tiene que pagar, les dije –con perdón suyo, para
ustedes todos nosotros los campesinos somos de la guerrilla. A lo que dijeron que no me
rebotara, luego me metieron a las piezas y lo requisaron todo y después me injuriaron.”
1991
La mayoría de los crímenes perpetrados en 1991 en Puerto Parra corrieron por cuenta de
la fuerza pública. Entre las estructuras directamente implicadas en la victimización de los
habitantes del municipio podemos mencionar al Batallón Palagua, el Batallón Reyes y la
Brigada Móvil No 2 que hizo presencia en la localidad a partir del segundo semestre del
año. El 25 de enero, el campesino DIOMER ALBERTO GARCIA POSADA fue
desaparecido y tres días después fue encontrado asesinado en aguas del río Carare, a la
altura de la vereda La Ladera.
Desde finales de agosto, las unidades militares ocuparon la zona rural del municipio,
prolongando sus operaciones durante el mes de septiembre. El 27 de agosto, el joven
trabajador informal RAUL PINTO ROBLES, fue asesinado por miembros del batallón
Palagua en el sitio llamado Zambranito. Posteriormente, las versiones de los militares
informaron que el 28 de agosto se habían presentado enfrentamientos con insurgentes de
las FARC en los cuales se había dado de baja a alias Aldemar, se había capturado a
Libardo López, alias Rogelio y herido a otro insurgente sin identificar. Entre tanto, el
Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos de Barrancabermeja y los
familiares de Raúl, manifestaron que él había salido el 27 de agosto a las 6:00 a.m. de su
casa en Barranca junto con su hermano y el conductor de una camión para recoger una
carga de madera y “cuando venía de regreso, una patrulla de contraguerrilla los hizo
detener el camión y sin pedir papeles ni hacer preguntas le dijeron este hijueputa...está
bueno es para matarlo” y dispararon causándole la muerte. 212
El 10 de septiembre 1991, fueron detenidos arbitrariamente en la vereda La Aurora, los
campesinos LIBARDO ORTEGA ALDANA y JOSÉ ASPRILLA por miembros de la Brigada
Móvil No. 2. Una vez detenidos, los agricultores fueron obligados a servir de guías 213 .
Posteriormente, Libardo y José fueron desaparecidos. Ese mismo día, ERNESTO
SUAREZ CARRILLO, RUBIELA SARMIENTO y ELISEO SARMIENTO, militante de la
agrupación política A Luchar, fueron detenidos y desaparecidos por miembros del batallón
Reyes de Cimitarra en la misma vereda.
212 Vanguardia Liberal. Bucaramanga, Noviembre 9 de 1991.
213 El informe de la Comisión Andina de Juristas reseña a propósito de este caso, que “(d)e acuerdo con
un boletín de información de un organismo de derechos humanos, hasta diciembre de ese año (1991) los
campesinos no habían regresado a su hogar”. Cfr. Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia.
Nordeste Antioqueño... Op. cit. p. 104.
214

Las agresiones de los efectivos del Batallón Palagua continuaron el 25 de octubre de
1991, día en el que fue detenido arbitrariamente EVARISTO RODRÍGUEZ CARREÑO por
un oficial de nombre Oscar, en la vereda Río Blanco. Evaristo fue obligado a transportar el
cuerpo de un guerrillero y posteriormente enterrarlo. Luego fue amenazado de muerte y
obligado a servir de guía. Ante la intervención de organismos de derechos humanos, una
semana después fue puesto a disposición de un juzgado de Orden Público de Cúcuta.
Este despacho lo dejó en libertad al no hallar mérito para su detención 214 .
1992
A partir del inicio de la década del noventa disminuyó la oleada de violencia en Puerto
Parra, lo cual evidenció el posicionamiento del paramilitarismo en la población y por ende
el exterminio total de aquellos que se oponían a los designios de estos grupos. El primer
caso de Crímenes de Lesa Humanidad del año se presentó el 30 de junio, cuando un
HOMBRE, fue encontrado asesinado en el Corregimiento las Montoyas, zona de dominio
del grupo paramilitar los Masetos. A la víctima le fueron mutiladas las piernas, los brazos y
la cabeza y luego fue arrollado con una locomotora.
1996
En 1996 únicamente se denunció la comisión de un crimen que tuvo lugar a finales del año
como resultado de una incursión paramilitar en la Inspección Departamental de Campo
Capote. El 15 de diciembre de 1996, el comerciante LIBARDO POSADA de 45 años, fue
desaparecido por quince paramilitares que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas
militares y portaban armas de corto alcance, quienes lo sacaron por la fuerza de su
vivienda.
1998
En 1998, se tiene registró de un caso de CLH. El 22 de abril de 1998 hacia las 5:30 p.m.,
el ex-candidato a la alcaldía y ex-alcalde encargado JUAN MEJIA GARCIA, fue asesinado
por dos desconocidos, en el cementerio cuando asistía al funeral del comerciante Luis
Alberto Pérez en la IPD, Las Montoyas.
10.2 LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC-
A mediados de los años 60, por iniciativa de la Embajada Alemana, el estado colombiano
emprendió la implementación del Proyecto Forestal Carare-Opón de Enseñanza
Maderera, con el propósito de establecer una industria forestal, investigar sobre el bosque
de la región, y crear un centro de fomento forestal. En un principio, bajo la dirección de un
alemán de apellido Karker, se buscaba la recuperación de especies en vía de extinción y
la promoción de un proyecto de explotación industrial del bosque tropical, que cubría un
área de reserva natural de 42.000 hectáreas entre los corregimientos de Las Montoyas y
Campo Capote 215 .
214 Ibíd.
215 VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Magdalena Medio Santandereano: Colonización... Op. cit. p. 211.
215

En 1970 se dio inició a la explotación maderera, a través de la cual se llegó a contratar
aproximadamente a 420 personas, para quienes “el salario era poquito pero seguro” 216. .
En 1972, durante la puesta en marcha de la empresa PULPAPEL se presentó un fallido
intento de secuestro a ingenieros extranjeros por parte del ELN que propició el abandono
del proyecto por parte de los alemanes.
Tendrían que pasar 15 años para que el Proyecto fuera entregado bajo la dirección del
INDERENA, lapso en el que los trabajadores fueron liquidados poco a poco. En su nueva
época, la Asociación se propuso ganar un espacio de autonomía frente a los distintos
sectores armados y constituirse en expresión de la población en búsqueda del desarrollo
autogestionado. Sin embargo, ya en 1984 se denunciaba que “se están perdiendo más de
mil millones de pesos por descuido nacional... No sólo la situación laboral de este proyecto
es dramática, sino la de su población que carece de los elementos básicos como el agua,
la luz, puesto de salud y asistencia médica” 217 .
Pero los problemas administrativos serían los menos graves que tendrían que enfrentar
los trabajadores del Proyecto. A pesar del nutrido apoyo institucional, los hechos de
violencia contra los trabajadores empañarían la pretensión de estos de marginarse del
conflicto. El 29 de abril de 1985 las Comisiones Campesinas de la zona rural de Vuelta
Acuña, Campo Capote, Pozo Nutria, El Poblado y La Tempestuosa denunciaron ante el
Concejo Municipal que paramilitares del MAS visitaron sus casas averiguando por
dirigentes sindicales, comunales o simples trabajadores del Proyecto. Los paramilitares los
amenazaron y les decían “que los inspectores de policía tendrían que redoblar esfuerzos
haciendo levantamientos de cadáveres especiales”. Los habitantes de la zona
denunciaron el bloqueo de alimentos y las amenazas a los motoristas de las lanchas para
que no llevaran alimentos a la región.
El 5 de marzo de 1986, 22 campesinos militantes de la Unión Patriótica fueron agredidos
por aproximadamente 60 paramilitares del MAS, acompañados por unidades militares,
quienes incursionaron en la inspección departamental de policía Campo Capote. Ocho
fueron asesinados, nueve fueron desaparecidos mientras que otras cinco fueron heridos.
Posteriormente los paramilitares se dirigieron al sitio Pueblo Nuevo donde asesinaron a
tres personas y se llevaron consigo a otros campesinos. Anteriormente, en el mes de julio
de 1983, Gilberto Afanador, uno de los desaparecidos, había sido buscado por un teniente
de la base militar de Campo Capote, y junto con algunos trabajadores del Proyecto
Maderero Carare-Opón había sido amenazado por el grupo paramilitar MAS, que los tenía
incluidos en una lista negra. Otra de las victimas del Proyecto Maderero en 1986, fue el
trabajador MARCOS A. PINZON, quien fue desaparecido por paramilitares.
A pesar de la persecución sistemática contra sus miembros, para 1987 la Asociación de
trabajadores campesinos del Carare (ATCC), contaba con 1.500 afiliados. Ese año no se
registró la comisión de crímenes contra los trabajadores del Carare; sin embargo, el 14 de
216 ARENAS OBREGON, Martha. Cerrando Fronteras. PDPMM, Barrancabermeja, 1999. p. 38.
217 QUINTERO MARIÑO, Roberto y otros. La realidad del “sí se puede”. CSPP, Bogotá, 1984. p. 179.
216

abril de 1988 se reanudaron. Ese día, el empleado del Proyecto Maderero Carare-Opón,
militante de la Unión Patriótica y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda La
India, JOSE ARISTIDES GRANJA, fue asesinado por el grupo paramilitar MAS. Once
hombres que se identificaron como miembros de ese grupo, entraron al pueblo donde
asesinaron a José. Los hombres buscaban además a otros dos trabajadores del mismo
proyecto. Antes de este asesinato los paramilitares habían ido al pueblo a decirle al
Teniente Alejandro que comandaba la base militar de la población, que los dejara patrullar
y éste se negó diciéndoles que para eso estaba el ejército. Tres días después este Oficial
fue relevado por otro que sí salió con la tropa al pueblo, y fue entonces cuando ocurrió el
asesinato.
Dentro de la investigación adelantada por el asesinato de Silvia Margarita Duzán Sáenz y
tres líderes más de la Asociación, el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra, el Juzgado 8º de
Instrucción Criminal y de la Seccional de Orden Público en Cúcuta logró identificar a
Alejandro Ardila y Oscar Hermógenes Mosquera como integrantes de grupos paramilitares
y autores de los crímenes, 218 sin embargo, hasta ese momento no se había detenido a
ninguno de los dos 219 . Para 1991 el accionar de los grupos paramilitares se extendió hasta
la Inspección de La India (Cimitarra) y en 1998 un grupo de aproximadamente 200
paramilitares controlaban la zona y prestaban “servicios” a los ganaderos del
corregimiento Las Montoyas.
Los grupos paramilitares tenían como asentamiento Las Montoyas y Puerto Parra, cerca
de bases militares y en presencia de la policía. Generalmente, antes de ingresar a otros
municipios no había ejército o había relevo de la tropa, de modo que el ejército salía y
entraban los paramilitares quienes podían cometer los crímenes con toda tranquilidad.
Desde hacía algún tiempo se había dado una reunión promovida por el comandante de la
base militar de ese entonces, donde se le dijo a la población que ese tenía que ser un
pueblo como Puerto Boyacá, que se tenían que unir para acabar con los comunistas y que
eso se lograba informándole y colaborándole al ejército sobre las actividades de la
guerrilla; agregaron que a la próxima reunión ya no serían invitados sino que se les
sacaría de la casa. Los trabajadores de las instalaciones del Proyecto Carare-Opón
fueron víctimas de permanentes hostigamientos e incursiones a la sede de la empresa por
parte de los paramilitares.
Uno de los principales objetivos de las estructuras paramilitar era socavar el proceso
organizativo del Proyecto Maderero del Carare Opón. Por tal motivo, en la década del
noventa se dio curso a una estrategia de exterminio que inicialmente se ensaño contra los
principales líderes y dirigentes del Proyecto. El 12 de marzo de 1991, el presidente de la
Junta de Acción Comunal de la Inspección y jefe de personal del proyecto maderero
Carare-Opón, ARMANDO MORENO, fue encontrado sin vida en el sitio llamado Puerto
Nuevo, en la inspección departamental de Campo Capote.
218 Americas Watch. La “guerra” contra las drogas. En: La Violencia Continúa. 1992. p.41.
219 MELO, Jorge Orlando. Consejero presidencial para los derechos humanos, carta a Americas Watch, 12
de agosto de 1991. En: La Violencia Continúa. 1992. p. 41.
217

218

11 LANDAZURI
Si bien la violencia paramilitar apareció en Landázuri desde comienzos de los años
ochenta, la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en esta zona del Magdalena Medio
Santandereano no ha sido tan sistemática como en los municipios de la región chucureña
y las demás poblaciones aledañas a Santa Helena del Opón y San Juan Bosco de la
Verde, zona en la que comenzaron a gestarse las estructuras paramilitares que poco a
poco se posicionaron en la región. El primer crimen perpetrado por los paramilitares tuvo
lugar el 24 de febrero de 1983, fecha en la que la anciana EVANGELINA DIAZ fue
asesinada por un grupo de 10 hombres armados. El 29 de agosto del mismo año fue
desaparecido el campesino ENRIQUE AMADO MEDINA, quien fue retenido durante ocho
días y luego asesinado por un grupo paramilitar.
La escalada paramilitar continuó en 1984. El 13 de febrero de ese año, los campesinos
ALFONSO CASTILLO, ABRAHAM CARDENAS, REINALDO BAUTISTA, HUMBERTO
VELASCO y OTRO campesino de 20 años, fueron asesinados por un grupo paramilitar en
el corregimiento Plan de Armas.
En la segunda mitad de la década de los ochenta los paramilitares modificaron su
operatividad criminal. Desde el segundo semestre de 1986 autores no identificados fueron
los principales responsables de la persecución contra la población de Landázuri. Sin
embargo, cabe aclarar que sus modalidades criminales son similares a las de los grupos
paramilitares, lo cual conlleva a pensar que fueron estos mismos agresores quienes
arremetieron contra la población, solo que ahora no develaban sus identidades,
favoreciéndose con el manto de la impunidad. El 11 de septiembre de 1986, el campesino
JOSE ARMANDO JIMENEZ ORTIZ de 30 años fue desaparecido y asesinado por
desconocidos. El cuerpo de José Armando fue encontrado el día 26 de septiembre en
avanzado estado de descomposición en la vereda Morales.
En el curso del año 1988 fueron asesinados por sujetos sin identificar tres pobladores
más. El 19 de enero de 1988, el inspector de policía de la Inspección Departamental San
Ignacio del Opón, JESUS MONSALVE de 30 años. Ocho meses más tarde, el 16 de
septiembre de 1988, el campesino MILCIADES CASTRO HERNÁNDEZ, de 22 años, fue
encontrado asesinado de varios impactos de bala y en avanzado estado de
descomposición. Apenas un mes y medio después, el 31 de octubre de 1988, el
campesino ABRAHAM VELASCO MOSQUERA de 22 años fue desaparecido y asesinado
en circunstancias desconocidas en la vereda Aguablanca. El 7 de noviembre de 1988
Abraham fue encontrado muerto en la vereda Morales.
En 1989 se denunció la comisión de un crimen, el cual ocurrió el 10 de octubre de 1989,
cuando el profesor de la escuela de la vereda Santa Cecilia JOSE ALIRIO GONZÁLEZ, de
22 años, fue asesinado por varios sujetos sin identificar que lo esperaban en
inmediaciones de la vereda El Estanquillo.
En la década del noventa las tropas paramilitares realizaron varios patrullajes esporádicos
en la población que siempre dejaban como resultado la muerte de uno o más pobladores.
219

Este tipo de operativos se realizó principalmente en la zona rural del municipio. El 2 de
junio de 1991, el comerciante TRINO MIRANDA CAMACHO fue asesinado por un grupo
de hombres fuertemente armados, en el momento en que ingresaba a su residencia, en la
Inspección Departamental Bajo Jordán. Tres años más tarde, el 24 de agosto de 1994, el
campesino JOAQUIN CAÑO SALAZAR, de 33 años, fue desaparecido, asesinado y
torturado en la Inspección Departamental Choroló. Posteriormente, el 27 de agosto de
1994, fue encontrado su cuerpo. El 5 de diciembre del mismo año, CARLOS DARIO
BENAVIDEZ ROJAS fue encontrado asesinado, en circunstancias desconocidas en la
vereda El Porvenir. Carlos presentaba una herida en la cabeza y un dedo de la mano
derecha amputado.
Entre 1997 y 1998, estructuras paramilitares que se presentaron como “Autodefensas
Campesinas de Santander y Sur del Cesar”, comenzaron a hacer presencia en la
población, posicionándose rápidamente en la misma, por medio de métodos criminales
como las desapariciones, los asesinatos y las amenazas contra la población. El 13 de
septiembre de 1997, el campesino ORLANDO DUARTE MOSQUERA de 35 años, fue
asesinado por un grupo de hombres armados y vestidos con prendas de uso privativo del
ejército, que lo sacaron de su casa en la Inspección Departamental de Choroló.
Casi un año más tarde, el 5 de julio de 1998, un joven CAMPESINO fue torturado y otro
CAMPESINO torturado y desaparecido por paramilitares de las “Autodefensas de
Santander y Sur del Cesar” en la vereda Santa Rosa. Los campesinos fueron amarrados a
un árbol y torturados para que dieran información sobre los habitantes de las veredas
Santa Rosa y Choroló, donde las filas paramilitares habían desarrollado varios patrullajes
desde mediados del año anterior. Uno de ellos fue liberado y el otro desaparecido. Los
paramilitares amenazaron a los pobladores, dándoles pocas horas para abandonar la
región. El alcalde de la localidad había advertido al comando de la XIV Brigada del
ejército, acantonada en Antioquia y al comando del batallón Rafael Reyes, de la
inminencia de estos hechos, sin que las autoridades militares tomaran medida alguna.
Como consecuencia de este hecho, más de 100 familias abandonaron la población.
12 SABANA DE TORRES
Uno de los factores generadores de la violencia en el Municipio de Sabana de Torres, ha
sido el aspecto de la tenencia de la tierra, la cual se ha acelerado en los tres primeros
años de la carretera panamericana o también la llamada “la troncal del Magdalena Medio”,
que ha conllevado a la fraticida y voraz rapiña de la tierra por parte de terratenientes,
ganaderos, narcotraficantes venidos de otras partes del país, para apoderarse de terrenos,
predios, fincas, parcelas de campesinos aledaños de la troncal y de la región mas rica del
municipio, como lo es ; Magará, Aguas negras, Rosablanca, Caño Peruétano, Las Lajas,
Poza, Cuatro, Mata de Plátano y el distrito de Riego, haciéndolo de una forma que
mediante la amenaza y la intimidación, dejen las parcelas por un lado y por otro, venden
sus predios a muy bajos costos.
220

La Región de Sabana de Torres por quienes se vienen apoderando de ella, pretenden
convertirla en una prospera y desarrollada economía, donde al parecer los miles de
millones proyectados en configurar un gran proyecto económico que unirá al sur de Cesar,
el Magdalena medio, Bucaramanga, la Costa Atlántica y Venezuela como un corredor
económico en donde se generarían una serie de Macro y Micro proyectos como la
ganadería extensiva, una moderna estación de gasolina, la construcción de un aeropuerto
internacional, un complejo Centro Comercial y Recreacional, la construcción de la
carretera que une Sabana con Bucaramanga(antigua vía férrea), la masificación de los
narcóticos y una serie de proyectos agroindustriales todos estos alrededor de la troncal,
con proyecciones económicas no muy claras para los habitantes de la región. El desarrollo
es muy importante para cualquier región y cualquier economía, pero, debe ir de la mano
de sus más directos beneficiarios como son los habitantes del Municipio.
En la región de Sabana de Torres hacen presencia los grupos guerrilleros de las FARC,
ELN y EPL, como también los grupos paramilitares o AUTODEFENSAS CAPESINAS DE
COLOMBIA-ACC a su vez se encuentra la Base Militar del Batallón Ricaurte de la Quinta
Brigada en el Ferrocarril y otra Base en Poyoa. De una forma mas o menos constante
llegan las Unidades de Contraguerrilla “Bravo 4” y “Cobra” de la V Brigada (unidades
móviles), también hace presencia el Batallón Contraguerrilla ROGELIO CORREA
CAMPOS # 27 de la segunda división del Ejercito. A su vez, se encuentra el 11 Distrito de
la Policía Nacional en la parte urbana.
Desde la formación del municipio se presentó un gran proceso de migración en el cual
intervinieron muchos factores, entre los que se destacan: la atracción por las riquezas
petroleras y auríferas, al igual que el gran auge que tuvo la pesca en el río Lebrija y los
grandes niveles de fertilidad de los suelos del municipio. Gran cantidad de pobladores de
Sabana es proveniente del pacífico y de departamentos como el Cauca, Antioquia, Tolima,
así como del altiplano cundiboyacense y Santander del Sur. Una de las migraciones más
importante al territorio sabanero fue la reubicación de 50 familias procedentes de
municipios finqueros de Santander en la vereda de San Rafael de Payoa, en un área
aproximada de 2500 hectáreas; este proceso fue liderado por dirigentes de los
movimientos del El Común y Sepas con sede en San Gil. Infortunadamente, el proceso
histórico del municipio se ha caracterizado por un desarrollo desigual de los sectores rural
y urbano ocasionado por el manejo de gobernantes de una sola línea política o
pertenencia departamental (la mayoría de ellos proviene específicamente del Santander
del Sur y el altiplano cundiboyacense) 220 .
El municipio de Sabana de Torres se ha caracterizado por un gran número de
movilizaciones políticas y sociales en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus
pobladores. Éstas han sido lideradas en un gran número de casos por el proletariado
industrial y la USO. Además de estos, las movilizaciones populares que comenzaron a
220 Informe sobre el desplazamiento forzoso en Sabana de Torres, Santander, Magdalena Medio
colombiano. Diagnóstico para el plan de Desarrollo Municipal de Sabana de Torres. Alcaldía de Sabana de
Torres. 1992.
221

gestarse desde comienzos de los años setenta fueron lideradas por organizaciones
políticas de la izquierda como la ANAPO y la UNO.
El número de campesinos agredidos por la fuerza pública en el transcurso de la década
del setenta y comienzos de los ochenta no fue muy numeroso, o por lo menos no se
dispone de registros al respecto. Solamente se señalan dos casos, uno de ellos explicita la
ejecución de un asesinato y el otro una tortura acompañada de sindicación en la
Inspección de Sabaneta. En efecto, en octubre de 1974 el campesino HUGO SANCHEZ
fue asesinado por miembros de la policía.
La oleada de violencia que se desencadenó en Sabana de Torres por parte de los grupos
paramilitares se manifestó a finales de 1982 y se prolongó en el transcurso de la década.
El 8 de octubre de 1982, el obrero ERNESTO RAMIREZ DIAZ fue asesinado por un
agente de la policía. Cuatro meses más tarde arribaron los paramilitares al municipio y
desde su llegada comenzaron a sembrar el terror, tiñendo de sangre la población
sabanera. El 10 de febrero de 1983, los campesinos GILBERTO GUERRERO, LUIS
QUIROGA, TEOFILO VESGA, ANTONIO GARAVITO, ANTONIO BRAVO y SEIS
PERSONAS más fueron asesinados por una patrulla paramilitar. El 16 de agosto del
mismo año, RODRIGO CARREÑO fue detenido arbitrariamente por militares que
patrullaban la zona.
Persecución contra la Unión Patriótica
A mediados de la década del ochenta, la alianza Unión Patriótica-Frente Amplio del
Magdalena Medio (FAMM), obtuvo un representante a la Cámara, un diputado a la
Asamblea Departamental y 45 concejales en 23 municipios santandereanos. Pero el
municipio donde esta situación era más patente era el de Sabana de Torres, donde 5 de
los ediles del Cabildo Municipal eran miembros de la Unión Patriótica. Por estas
circunstancias el avance electoral logrado por la Unión Patriótica en ese periodo electoral
sería asumido por muchos sectores tradicionales como un ataque a sus viejos privilegios y
como una victoria del “Comunismo Internacional”. Muchos candidatos a corporaciones
públicas, concejales, y militantes caerían asesinados o serían desaparecidos
posteriormente. En 1985, nada más, 101 militantes de la Unión Patriótica fueron
asesinados. La cifra en 1986 era ya superior a 151. La mayoría de estos crímenes fueron
adjudicados o reivindicados por grupos paramilitares. Sin embargo, las distintas
investigaciones adelantadas demostraron que no eran simples sicarios los que actuaban y
que en estos crímenes resultaban comprometidos una y otra vez, militares de alto rango.
En 1985 la Unión Patriótica recibió el apoyo político de los guerrilleros de las FARC que se
encontraban en tregua, lo que activó los mecanismos represivos contra todo aquel que
decidiera apoyar esta iniciativa y particularmente contra los guerrilleros desmovilizados.
Tal es el caso de LUIS EDUARDO BADILLO de 22 años de edad, militante de las Fuerzas
Revolucionarias de Colombia -FARC-EP-, quien fue detenido por agentes de policía en
Sabana de Torres el 25 de junio de 1985, a pesar de que esta organización se encontraba
en tregua.
222

Sabana de Torres fue uno de los municipios con mayor presencia paramilitar en el país a
partir de los años 1982–1983. Las acciones paramilitares tanto en este municipio como en
todo el Magdalena Medio comenzaron a cobrar forma respaldadas por instituciones de la
fuerza pública como la policía, el DAS y el ejército. A partir de allí comenzaron a verse
cada vez más fenómenos como la aparición de “listas de la muerte” elaboradas por
militares y paramilitares, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos que con el devenir
de los años se percibieron lamentablemente, como el pan de cada día. Los campesinos
fueron uno de los sectores más afectados con la irrupción de este tipo de violencia. Los
habitantes de veredas como San Rafael de Payoa y Magará poco a poco tuvieron que
acostumbrarse a ver diezmada su población, al igual que los pobladores urbanos del
municipio.
Un número considerable de miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron
victimizados a manos de grupos paramilitares y del ejército y la policía, ya que estos
consideraban a la Unión Patriótica como “una organización guerrillera” y como tal debía
ser exterminada. Durante este período, la represión estatal se vio reforzada por la
creciente criminalización de los movimientos sociales y las iniciativas de supresión de
cualquier tipo de organización cuyos fundamentos fuesen izquierdistas o “comunistas”,
según expresiones de los mismos funcionarios gubernamentales.
El exterminio de los simpatizantes de las corrientes de oposición política en el municipio de
Sabana de Torres comenzó el 26 de mayo de 1984 con el asesinato a manos de
paramilitares del MAS del concejal comunista JESUS EDUARDO VASCO HINCAPIE y su
esposa ADELFA CAMPO, quien hacía parte de la Unión de Mujeres Demócratas. Jesús
Eduardo había llegado esa mañana por transporte terrestre desde Bucaramanga, ciudad
donde residía y había trabajado toda la mañana como asesor jurídico. Cerca de las 3:00
de la tarde subió con su esposa por la calle principal del pueblo, entraron a una cafetería y
allí los abordaron unos sicarios, quienes les dispararon y luego salieron corriendo.
Los cuatro tiros que le propinaron a Jesús Eduardo y los dos que recibió Adelfa les
segaron la vida en el acto. La cafetería en que fue abaleado el matrimonio Vasco Campo
estaba ubicada a 25 metros del Cuartel de la Policía y media hora antes de efectuarse el
crimen el ejército había hecho una redada en la que patrulló las calles y requisó a los
transeúntes que caminaban por ésta misma vía. Los esposos Vasco Campo habían
denunciado en varias oportunidades los abusos cometidos contra los campesinos y las
amenazas de muerte de las que eran objeto por parte de grupos Paramilitares como el
MAS.
La persecución contra los dirigentes e integrantes de grupos y movimientos políticos cuyas
concepciones divergían de los partidos tradicionales colombianos (liberal y conservador),
fue en la década del ochenta un suceso que cotidianamente cobraba más fuerza.
Cualquier opositor al régimen y orden imperante en el municipio debía atenerse a las
consecuencias, es decir, a las acciones que contra su convicción política y su propia
integridad física podían emprender grupos paramilitares como el MAS y los ya conocidos
de la fuerza pública como la Brigada Móvil No.2 y la base militar de Dos Santos.
223

Jesús Eduardo Vasco Hincapié, primera víctima del genocidio contra la UP en
Sabana de Torres
Abogado, primer concejal comunista del municipio, asesinado en 1984, una semana
después de ser decretada la tregua entre el gobierno y dicho movimiento político en la
Uribe. Jesús, quien participó en los diálogos de la Uribe, fue un reconocido dirigente
comunista en Barrancabermeja en los años sesenta. Posteriormente, se desempeñó en
Bucaramanga como dirigente regional, y en Sabana de Torres formó el “Frente
Democrático”; además, fue el cofundador del Sindicato Municipal. Su asesinato tuvo lugar
cuando apenas iniciaba su labor social, en compañía de su esposa ADELFA CAMPO,
quien hacia parte de la Unión de Mujeres Demócratas.
FUENTE: CNM. Entrevista realizada el, 11 de junio de 2004.
El 24 de mayo de 1986, miembros de inteligencia militar realizaron un atentado contra los
concejales de la Unión Patriótica en Sabana de Torres, que sembró el terror generalizado
entre la población, principalmente entre los simpatizantes y activistas de dicha opción
política. Ese día, el dirigente sindical y concejal por la UP HERNANDO RUIZ y los obreros
NESTOR RIOS y ALEIDA SEPULVEDA, fueron heridos en un atentado que según la
versión oficial fue perpetrado por paramilitares del MAS quienes activaron una bomba en
la sede del Sindicato Agrario y posteriormente pintaron consignas alusivas a ese grupo
paramilitar. Sin embargo otras versiones responsabilizaron del hecho a las fuerzas de
seguridad del estado.
Un año más tarde, el 31 de enero de 1987, el concejal por la UP NESTOR ARTURO RIOS
y otro HOMBRE fueron detenidos y torturados por miembros del ejército, entre ellos un
capitán de apellido Villalba, en el sitio denominado La Provincia. Néstor Arturo y la
persona que lo acompañaba, se transportaban en una motocicleta por el sitio denominado
La Provincia, cuando una patrulla del ejército los detuvo y posteriormente fueron llevados
al puesto de policía donde permanecieron escoltados, hasta que un suboficial los separó
para proponerles que colaboraran con el ejército, de lo contrario él los hundiría. Horas más
tarde fueron trasladados a la base militar de Los Santos, en camiones militares diferentes.
Durante el recorrido un capitán que se subió al camión donde llevaban al concejal, tomó la
libreta de apuntes que le habían quitado y comenzó a indagar por cada una de las
anotaciones y los nombres.
En la base militar, el concejal fue puesto cerca de una barricada mientras que a su
compañero lo dejaron a la entrada de ella: interrogados y acusados de ser guerrilleros, en
una ocasión hicieron parar al frente del concejal a un pelotón de soldados que hicieron
sonar sus armas con ademán de fusilarlo, al tiempo que el suboficial le decía que había
probado que era guerrillero pues su compañero había confesado. Aproximadamente a las
4:00 los llevaron a un barranco les colocaron gorras militares y mochilas para fotografiarlos
con esos atuendos. Nuevamente el capitán de apellido Villalba les hizo preguntas; ordenó
la libertad del concejal obligándolo a firmar constancia de buen trato, pero dejó detenido al
224

ciudadano que lo acompañaba insinuándole que debía colaborar con el ejército si quería
salir pronto.
A finales de 1987, continuó la persecución contra la Unión Patriótica. El Presidente del
Concejo municipal y militante de la UP HERNANDO RUIZ, fue amenazado de muerte por
paramilitares mediante varios mensajes por paramilitares. Uno de los mensajes, dice:
"HERNANDO RUIZ, morirás igual que el alcalde Álvaro Garcés Parra y que todos los de la
UP (Unión Patriótica)".
Durante los constantes operativos del ejército no estaban a salvo los miembros de los
sindicatos o los activistas comunitarios y mucho menos los dirigentes o militantes de la UP.
A estos se les señaló con el reiterado argumento de ser simpatizantes de la guerrilla.
En 1989 se desarrolló un nuevo crimen contra los miembros de la UP en Sabana de
Torres, específicamente el 7 de febrero de 1989 con el asesinato del concejal de la
coalición UP y el Frente Unido Liberal Sabanero (FULSA) SAUL FRANCO DIAZ de 33
años, cuya muerte fue ocasionada por 2 desconocidos que lo interceptaron en la
Inspección Departamental de Puerto Santos.
Durante la década del noventa se desencadenó una nueva arremetida contra los militantes
de la UP. El 4 de febrero de 1991 a la 1:00 a.m., los campesinos y militantes de la UP LUIS
OTONIEL CRISTANCHO SALAS de 32 años y su padrastro SANTOS ARDILA SOLANO,
de 49, fueron asesinados junto con FLOR MARIA PARRA CARREÑO y su hijo de 18
meses JOHN JAIRO CRISTANCHO PARRA. Los hechos fueron perpetrados por dos
hombres armados con fusiles que se movilizaban en una moto en el barrio Las Ferias.
El sábado 27 de julio de 1991, llegó un grupo militar (al parecer el batallón Guanes) a
Sabana de Torres, en donde sus integrantes insultaron y golpearon al concejal de la UP
JOSÉ ANTONIO SUAREZ, al igual que al campesino ALVARO SANDOVAL. También fue
ultrajada la señora GLADIS MORENO, propietaria de una finca, la cual fue obligada a
desnudarse. Además de ellos, la señora ALEJANDRINA HERRERA, dueña de una tienda,
tuvo que soportar las amenazas de los militares quienes le dijeron que darían muerte a sus
dos hijos menores si ella no les informaba donde estaba la guerrilla. La acometida contra
los militantes de la UP prosiguió en los días siguientes; el 29 de julio de 1991, a las 8 a.m.,
el campesino dirigente cívico, Secretario de la Junta de Acción Comunal y Concejal por la
UP ALONSO LARA MARTINEZ y su esposa LUZ MARINA VILLABONA, también militante
de la UP y Secretaria de la Inspección de Policía de Sabaneta, fueron detenidos,
torturados y asesinados por una patrulla del batallón Los Guanes en el sitio conocido como
Caño del Muerto en el corregimiento Sabaneta. En las horas de la mañana hizo presencia
en el caserío la tropa militar y procedió a requisar casas ultrajando verbalmente a los
habitantes, hasta llegar a la residencia de los esposos Lara Villabona, quienes se
encontraban desayunando.
La Brigada Móvil No.2 tuvo igualmente responsabilidad en dicha acción. Un campesino de
la región les dijo a los defensores de los derechos humanos que la pareja había sido
225

encañonada y obligada a salir de su casa, atada, torturada durante una hora en la carrilera
del tren, asesinada y luego fotografiada con radios y armas colocados por los soldados
cerca de los cuerpos. Ambos fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos
en combate. Otras versiones afirman que en un paraje cercano a su vivienda, los dos
esposos fueron torturados durante toda la mañana, es decir, mucho más de una hora y
fueron luego asesinados hacia las 3 de la tarde en el sitio denominado Peralonso.
El informe oficial los reportó como guerrilleros muertos en enfrentamiento. Los cuerpos
presentaban impactos de arma de fuego, además de una gran cantidad de señales de
tortura y estaban vestidos con prendas militares. La Brigada Móvil No. 2 también fue la
encargada de publicar los reportes de Alonso y Luz Marina como guerrilleros dados de
baja en combate, y según el boletín de prensa de la V Brigada, en el acta de levantamiento
“se dejo constancia de la no existencia de secuelas de tortura o abusos”. La Coordinadora
Departamental de la UP mediante un comunicado informó que habían desaparecido dos
días antes, cuando miembros de la Brigada Móvil No. 2 habían sido los primeros en
intimidarlos y sacarlos de su casa, en la mencionada Inspección. Otra campesina de la
región fue testigo de la forma como fueron torturados sobre los rieles del ferrocarril, de
cómo les pegaban con los fusiles y les daban patadas y puños, y cómo después de
muertos les colocaron armas y radios de comunicaciones en las manos. Luz Marina y su
esposo fueron asesinados simulando un enfrentamiento entre ellos y los militares, por lo
que estos últimos tirotearon al aire. Después, un gran número de pobladores de la vereda
tuvo que desplazarse de sus hogares, ya que los militares los amenazaban con “volver
para acabar con los que según ellos se les habían volado y estaban en las listas negras
que ellos cargaban”.
La oleada criminal contra la UP en el municipio culminó el 30 de abril de 1.993, cuando el
campesino, obrero, dirigente del Movimiento Campesino Obrero y Popular de Sabana de
Torres y expresidente del Concejo Municipal y militante de la Unión Patriótica, SAUL
AVAREZ de 53 años, fue asesinado por paramilitares en el taller en que laboraba. Saúl
trabajaba en un taller de talabartería de su propiedad llamado "Carpas y Talabartería EL
BALÓN", ubicada en la carrera 12 con avenida 20 de Julio cuando llegaron varios hombres
que fueron identificados como paramilitares quienes le propinaron ocho disparos de pistola
calibre 9 mm.
Saúl en su calidad de dirigente de organizaciones campesinas, obreras y populares, había
sido objeto de amenazas y en 1992 víctima de un atentado con granada en su taller. Su
nombre aparecía en una lista de personas amenazadas de muerte que circuló en la
población a mediados del mes de diciembre de 1992. Otras tres personas cuyos nombres
figuraban en la lista mencionada, también fueron asesinadas quince días antes, el 15 de
marzo de 1993. Después del asesinato de Saúl, su esposa fue amenazada
constantemente. Varias denuncias indican que desde el pasado 10 de octubre anterior,
fecha en que fueron detenidas 16 personas acusadas de auxiliar a la UC-ELN, las
amenazas aumentaron contra otros dirigentes políticos de la agremiación; desde entonces,
las autoridades militares y policiales catalogaron a todos los sectores políticos como
auxiliadores de la guerrilla.
226

El exterminio de los integrantes de la UP en estos años fue considerado por muchos
habitantes del municipio y sectores aledaños, como una acción que no solamente era obra
de los grupos paramilitares, sino también de la ya antes mencionada Brigada Móvil No. 2,
famosa por ser una de las instituciones cuyos objetivos principales eran el exterminar y
desaparecer dicho movimiento político.
El asesinato de Álvaro Garcés Parra
El 14 de agosto de 1987, la UP planteaba marginarse de las elecciones de alcaldes
populares por el alto número de asesinatos y desapariciones de sus miembros que
comenzó desde su aparición en el panorama político nacional. Ese mismo día, había sido
asesinado el congresista de ese movimiento, Pedro Luis Valencia Giraldo y menos de 48
horas después cayó asesinado Álvaro Garcés Parra.
El 16 de agosto de 1987, hacia las 3:45 a.m., el abogado ALVARO GARCES PARRA, de
34 años, Alcalde de Sabana de Torres por la UP, el agente de policía JOHN JAIRO
LOAIZA PAVA, quien le servía como escolta al Alcalde; el militante de la UP CARLOS
GAMBOA RODRIGUEZ de 28 años, quien se desempeñaba como escolta del concejal de
Lebrija por la UP, Jaime Castrillón y ELIDA ROCIO ANAYA DUARTE, ama de casa de 24
años, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del ejército, la
policía y paramilitares en Sabana de Torres.
En el mismo hecho fue herida MYRIAM CASTRO DE ALVAREZ y otra PERSONA más. El
alcalde se encontraba departiendo con su familia y amigos en la caseta ganadera,
instalada con ocasión de las fiestas del pueblo, cuando le dispararon. Los escoltas del
alcalde alcanzaron a responder el ataque, dando muerte a uno de los agresores e hiriendo
a otros dos. La policía había estado prestando vigilancia en la mencionada caseta, pero
poco antes del múltiple homicidio se retiraron del lugar.
El crimen fue planeado en las instalaciones del S-2 del batallón Ricaurte en Bucaramanga,
con el propósito de acabar con la vida del alcalde. Según declaración del Mayor del
ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez, quien participó en la planeación del crimen,
“esto fue coordinado con la policía de Sabana de Torres y después se pusieron los
policías bravos porque mataron a uno de los agentes”. En un bolsillo del agente muerto se
encontró un permiso especial para portar armas firmado por el Capitán Luis Orlando Ardila
Orjuela y con el sello del S-2 del Batallón Ricaurte, expedido el día anterior a nombre de
Raúl Bermúdez Alcántara, a quien la Procuraduría en 1983 denunció como miembro del
grupo paramilitar Los Grillos, que operaba en el municipio de Santa Helena del Opón.
Las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria y la Procuraduría permitieron
establecer la participación en la planeación y realización del operativo de los miembros del
ejército: Tenientes Coroneles Luis Bernardo Urbina Sánchez y Rogelio Correa Campos;
Mayores José Vicente Pérez Berrocal, Luis Arsenio Bohórquez Montoya, Oscar de Jesús
Echandía Sánchez y Jaime Alberto Gamboa Villamizar; Capitán Luis Orlando Ardila
Orjuela; Sargento Viceprimero Jorge Eliécer Cardona Corrales; Sargento Segundo Pedro
Chaparro Niño; Suboficial Frank Moreno Rubio; Cabo Plinio Sandoval Toscano y soldados
227

Gerardo Ortega Barrera, Reynel Landazabal y Yesid Cansino Vargas; también pudieron
ser identificados los miembros del grupo paramilitar Los Grillos: Isidro Carreño Estévez,
Luis Horacio Traslaviña, Servilio Cepeda Quiroga y Luis Francisco Roa Mendoza.
El alcalde había sido hostigado desde la misma gobernación de Santander, que lo
sancionó por no despedir a los trabajadores de la salud que habían participado en un paro.
Así mismo el concejal Orlando Bretón del Frente de Izquierda Liberal Auténtico FILA, lo
había denunciado penalmente para inhabilitarlo en la elección popular de alcaldes de 1988
a la que iba a presentarse. El Concejal, también del FILA, José Dolores Alvarado, lo había
amenazado siendo alcalde local, el también militante del FILA, Jaime Rueda Daza,
contactó a dos sicarios conocidos como “Pajarito” y “El Colmillo”, para que atentaran
contra la vida de Álvaro Garcés Parra, como efectivamente lo hicieron el 24 de mayo de
1986, mediante un artefacto explosivo, resultando lesionados algunos concejales de la
localidad. También había recibido en su oficina llamadas amenazantes de las que se
sindicó a un médico de apellido Rocho y a Hernando Palomino Berrío, quien fue visto con
los paramilitares que perpetraron el crimen.
Garcés Parra también fue públicamente amenazado por el comandante del puesto de
policía de la localidad, un cabo de apellido Ramírez. De igual forma, él y los demás
miembros de la UP de Sabana de Torres fueron amenazados públicamente por el capitán
Luis Orlando Ardila Orjuela del S-2 del Batallón Ricaurte y por el Teniente Coronel José
Vicente Pérez Berrocal, para entonces Subcomandante del batallón Ricaurte. El 22 de
septiembre de 1986, el alcalde y Jesús Espitia Rincón, tesorero municipal, resultaron
heridos con arma de fuego en confusos hechos, ante lo cual el suboficial Frank Moreno
Rubio del Batallón Ricaurte les había dicho en tono amenazante “cuídense mucho”.
ALVARO GARCÉS PARRA
Desde que la UP consiguió en 1986 la mayoría en el Concejo Municipal y
fue nombrado Alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra estaba
convencido de la certeza y proximidad de su muerte. Su memorando
personal se volvió, para él, como una especie de diario personal, donde
apuntaba las amenazas que recibía, los seguimientos de que era objeto y
los hostigamientos de que era víctima. Por razones de seguridad había
evacuado toda su familia hacia Bucaramanga. La esposa de Álvaro, Luz Mar caballero,
además de su madre, Doña Rosa y sus dos hermanas Miriam y Yolanda Garcés Parra, lo
visitaban frecuentemente, viajando desde Bucaramanga, lugar que Álvaro consideraba
conveniente para salvaguardar la vida de su familia, después de las amenazas sufridas
durante todo el transcurso de su administración como alcalde. Sus parientes venían a
menudo a Sabana de Torres cuando él no podía subir a la capital. Sus dos hijos lo
extrañaban mucho ya que no podían verlo muy seguido y Oscar y William, sus hermanos,
lo apoyaban y cuidaban continuamente.
En no pocas ocasiones Álvaro tuvo fuertes enfrentamientos con las autoridades militares y
la policía acantonadas en su municipio. En una oportunidad el cabo Ramírez, cuando era
comandante del Puesto de Policía de Sabana de Torres, lo amenazó públicamente y le
228

gritó: “alcalde guerrillero”. El concejal Orlando Bretón y el doctor Amado del Movimiento
Liberal FILA, lo habían denunciado penalmente para inhabilitarlo para la elección popular
de alcaldes, pues Álvaro Garcés decidió renunciar a sus ocupaciones para presentarse
como candidato en 1988 en esa contienda electoral. En varias oportunidades, otro
miembro del FILA, el concejal José Dolores Alvarado, lo había amenazado.
Frecuentemente recibía cartas y llamadas de amenazas de muerte: tras investigar él
mismo sobre la identidad de sus autores, llegó a la conclusión de que el doctor Amorocho
estaba detrás de ese hostigamiento, y así lo dejó anotado en su memorando personal.
Este doctor Amorocho era frecuentemente visto, en compañía de Hernando Palomino
Berrío, contratista del Idema en Sabana de Torres.
Álvaro, al igual que la mayoría de los miembros de la UP del municipio, había decidido
armarse con un revólver para protegerse de los agentes paraestatales. La población
misma se convirtió en ojos y oídos que vigilaban atentos para descubrir cualquier
movimiento sospechoso que indicara que algo se intentaba contra el burgomaestre. Desde
la misma Gobernación de Santander se le hostigaba; tres o cuatro investigaciones fueron
adelantadas por diferentes motivos contra él. La única que había concluido con sanción,
era por haber apoyado el paro de los trabajadores de la salud y negarse a despedirlos. En
esa oportunidad, el Gobernador lo suspendió en el ejercicio del cargo de alcalde, pero el
inmediato y prolongado paro cívico en el que se lanzó la población de Sabana de Torres,
en respaldo a su alcalde, hizo que el Jefe Administrativo de Santander echara pie atrás en
la decisión.
“Los túneles Secretos del Paramilitarismo” 221
El viernes 15 de agosto de 1987, todo el mundo en Sabana de Torres se estaba
preparando para las fiestas ganaderas de ese municipio, que tendrían lugar ese fin de
semana. Ese mismo día ingresaban a la Sección Segunda (S-2), o Inteligencia Militar del
batallón de Infantería No. 14 Ricaurte, acantonado en Sabana de Torres, Luis Medina
Tirado, Luis Horacio Traslaviña, Luis Francisco Roa Mendoza e Isidro Carreño Estévez.
Según lo anotado en el libro de registro del batallón, el último en salir de las instalaciones
militares fue Carreño Estévez, que se marchó a las 11: 50 a.m.
En la fecha señalada, varías personas vieron en la feria a cinco forasteros: dos vestidos de
negro y dos de café, y a otro con la mano izquierda defectuosa. En la feria, horas más
tarde, se presentaría un extraño incidente: cuando Álvaro Garcés Parra con un grupo de
personas de la alcaldía se prestaban a hacer un recorrido para ver como se adelantaban
las actividades de la feria, un hombre, en aparente estado de embriaguez se coló entre la
comitiva; ofrecía refrescos, brindaba licor, invitaba a comer helados, posaba para
fotografías junto al alcalde. El sujeto, desconocido por todos, en un momento dado insistió
para que Álvaro le recibiera un sombrero blanco con una pluma como obsequio y se lo
pusiera. La insistencia era inusual y hasta los integrantes de la comitiva municipal lo
221 Caso reconstruido a partir de: Liga Internacional por los derechos y la liberación de los
pueblos. El Camino de la Niebla. Volumen II. El asesinato político en Colombia y su impunidad.
Capitulo V “Los túneles secretos del paramilitarismo”. Bogotá, abril de 1990. pp.: 176-230
229

advirtieron; todos lo identificaron posteriormente como “El Indio” o Dagoberto Bustamante,
participante directo del crimen de Álvaro Garcés. Desde la tarde, hasta avanzadas las
horas de la noche, fueron vistos cerca de la caseta ganadera los cuatro extraños sujetos y
el hombre de la mano defectuosa, “mano de ñeque” por varios conocidos de la victima. El
Indio o Dagoberto Bustamante, Luis Francisco Roa, mano de ñeque, Fabio Guzmán
Rodríguez y Asdrúbal Centeno Rodríguez, fueron reconocidos por los testigos como estos
extraños sujetos. También Isidro Carreño Estévez fue identificado como otra de las
personas sospechosas que rondaba cerca de la caseta ganadera.
En la noche del sábado 16 de agosto de 1987, todo era fiesta y feria en Sabana de
Torres, las personas acudían a la caseta ganadera a bailar. Hacia las 10:00 p.m. llegó
Álvaro Garcés con su familia y sus escoltas. Hacia las 3 de la madrugada dejaron libre la
entrada de la caseta. En ese momento los acompañantes de Álvaro vieron ubicarse en
una mesa cercana a dos hombres jóvenes con aspecto campesino, mirando
sospechosamente hacia él. Ambos vestían de negro y extrañamente solamente tomaban
gaseosa; no dejaban de mirar a Álvaro, anotaban sus hermanas. Uno de ellos era “El
Indio”. Eran aproximadamente las 3:45 de la madrugada cuando alguien le dedicó una
canción a Yolanda Garcés Parra, los ocupantes de la mesa del alcalde salieron a bailar y
sólo quedaron con él doña Rosa, su madre y su hermano Oscar. No acabaron de
escucharse los acordes musicales cuando se oyó un primer disparo. Myriam desde la pista
de baile vio a un hombre con la mano enfundada que acercándose a su hermano levantó
la mano: en ese momento oyó la detonación. El proyectil disparado contra Álvaro Garcés
Parra se alojó directamente en su cabeza, sin orificio de salida; la muerte de este que
contaba tan solo con 34 años de edad, fue casi instantánea, después de la agresión dio
inicio una balacera entre los escoltas de Álvaro y aquellos que fraguaron su asesinato.
Junto al alcalde caían personas, entre ellas uno de los sicarios que momentos antes
había atentado contra él.
El ejército negó tener cualquier relación con el caso. Sin embargo, la Justicia Ordinaria y la
Procuraduría establecieron que un día antes del asesinato del Alcalde de Sabana de
Torres, habían ingresado a las dependencias del S-2 del Batallón Ricaurte, cuyo jefe era el
capitán Ardila, Isidro Carreño Estévez, y tres hombres más (entre ellos Luis Francisco Roa
Mendoza) reconocidos miembros de grupos paramilitares de la región. Varios testigos
detectaron la presencia de Carreño Estévez y Roa Mendoza en la feria ganadera de
Sabana de Torres ese 16 de agosto. Posteriormente se comprobó que Roa Mendoza
había ingresado a una clínica particular en Bucaramanga, por herida de bala. El mayor
Oscar de Jesús Echandía Sánchez, oficial S-3 0 Ejecutivo del batallón Ricaurte, fue la
persona que lo llevó al centro asistencial y canceló, a nombre de la "intendencia local"
(Ejército), la cuenta por servicios y gastos hospitalarios. Este mismo oficial fue señalado
por la Procuraduría General de la Nación en 1983 como miembro del grupo paramilitar
MAS, cuando se desempeñaba como Capitán del batallón Bárbula, acantonado en Puerto
Boyacá y era alcalde militar de esa localidad. Simultáneamente con estos
descubrimientos, un reservista del Ejército que venía trabajando con el B-2 Gonzalo
Ortega Parada, se entregaba a la Procuraduría y confesaba que había recibido
instrucciones por parte de altos oficiales de inteligencia militar, para asesinar a Álvaro
Garcés Parra. Así mismo, afirmó haber realizado varias ejecuciones extrajudiciales con
230

otros miembros de inteligencia militar, bajo las órdenes del Comandante del B-2 de la V
Brigada, el coronel Urbina Sánchez. El juez que inició la investigación y el Procurador
Regional que lo acompañó en esta búsqueda, fueron amenazados de muerte: el primero
optó por salir del país y el segundo por irse de la región.
En septiembre 22 de 1986, a raíz de un incidente en el cual Álvaro Garcés Parra y Jesús
Espitia, Tesorero Municipal, resultaron heridos, el suboficial Juan Moreno Rubio, orgánico
del Batallón Ricaurte les dijo en tono amenazante: "cuídense mucho”. Pocos meses
después, cuando estaba de Subcomandante del Batallón Ricaurte y de Comandante de
las Bases Militares Los Santos y Payoa, el mayor José Vicente Pérez Berrocal amenazo
públicamente de muerte a varios concejales de la Unión Patriótica de Sabana de Torres.
Uno de los amenazados era el concejal Francisco Hillera. Otro concejal, Hernando Ruiz,
ya había sufrido un atentado con un petardo que le había sido lanzado. En sus últimos viajes
a Bucaramanga, un campero Suzuki con placas IC-6898 seguía asiduamente al
alcalde Álvaro Garcés. Posteriormente, Álvaro Garcés Parra encontraría esa misma placa
IC-6898 en un carro Renault estacionado en el Comando de Policía de la capital
santandereana.
Los únicos implicados que eran del lugar donde se cometió el crimen fueron los miembros
de la policía de Sabana de Torres que se retiraron del lugar para facilitar la acción de los
criminales; sin embargo no fueron investigados. La SIJIN–F-2 de Bucaramanga emitió un
informe sobre las personas que murieron en los hechos, incluido el sicario, en el cual se
expresaba que el único que tenía antecedentes era Álvaro Garcés Parra. Al Mayor Oscar
de Jesús Echandía Sánchez y al Capitán Luis Orlando Ardila Orjuela, les dieron la baja
antes de que apareciera el fallo emitido por la Procuraduría. El Comandante del Batallón
Ricaurte, quien participó en la planeación del crimen, fue ascendido posteriormente. El
principal testigo que trabajaba para el Ejército, Gonzalo Ortega Parada, luego de que se
negará a participar en el operativo, fue amenazado y al parecer, planeaban asesinarlo o
desaparecerlo, pero él logró escaparse, en ese momento. Sin embargo, poco después fue
asesinado por orden del Comandante del Batallón Ricaurte (quien estaba implicado en el
crimen) y fue presentado como guerrillero del ELN muerto en combate. El Juez que inició
la investigación y el Procurador Regional que lo acompañó en esta búsqueda, fueron
amenazados de muerte, teniendo que abandonar la región.
Las investigaciones fueron orientadas a establecer la responsabilidad únicamente de dos
militares, pero no de sus superiores, ni de los demás miembros del S-2 del batallón
Ricaurte que también participaron del hecho. Sólo en 1999 (doce años después) se
vinculó en la investigación por el homicidio al Comandante del batallón Ricaurte. Pero,
pese a existir pruebas de su participación, la Fiscalía decretó cesación de procedimiento
en su favor poco después. La Justicia Penal Militar, exoneró de responsabilidad a los
militares implicados inicialmente, pese a la cantidad de pruebas recaudadas por ordinaria
y la Procuraduría. Aunque tanto el testimonio de Ortega Parada como el de Echandía
Sánchez, aportaban información sobre la estrecha relación entre miembros del batallón
Ricaurte, paramilitares y políticos, esto no fue investigado. La información solicitada por el
Juzgado 11 de Instrucción Criminal de Bucaramanga a la Brigada V y al Batallón Ricaurte
para ubicar a los militares implicados se demoró en ser entregada, impidiendo que fueran
indagados. En el caso hubo ruptura de la unidad procesal, pues algunos de los militares
231

que inicialmente fueron investigados, fueron absueltos por la Justicia Penal Militar,
mientras la justicia ordinaria inició la investigación de los paramilitares. La Fiscalía también
adelantó un proceso contra el Comandante del Batallón Ricaurte. Pero, tanto la justicia
ordinaria como la penal militar en sus actuaciones favorecieron a los victimarios y por tanto
a la impunidad. Se expidió finalmente, orden de captura contra tres paramilitares
implicados en el múltiple homicidio, sin embargo, después fue revocada, las autoridades
con funciones de policía judicial nunca detuvieron a los implicados.
12.2 COMITÉ REGIONAL DE DDHH DE SABANA DE TORRES
El Comité de DDHH de Sabana de Torres, nació de una necesidad sentida por la
población sabanera ante la situación de violencia que se estaba viviendo a finales de la
década de los ochenta. Para mediados de 1988, las diferentes organizaciones sociales de
la región (sindicatos, juntas de acción comunal rurales y urbanas, estudiantes, etc) el clero
las Hermanas Hija de Jesús y los maestros como principales gestores fueron cuajando la
idea de creación de un ente que tuviera la función de cuidar, velar y proteger los derechos
fundamentales de la población civil no combatiente, que para entonces, sufría los efectos
del conflicto armado en la región.
Con el respaldo de CREDHOS, Barrancabermeja y el acompañamiento de ILSA(Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales y Alternativos de Bogota) se empiezan a desarrollar
los primeros pinitos en esta labor de la defensa y protección de los Derechos Humanos.
El objetivo general del comité es educación, capacitación, defensa y protección de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a la población del municipio
de Sabana de Torres y sus alrededores para la búsqueda de la convivencia, el respeto a la
dignidad humana, la democracia, la paz y la justicia social.
El Comité de DDHH desde 1990 viene teniendo unos pequeños aportes economicos por
parte de la Administración Municipal respectiva, pero a mediados del año de 1996 la
situación vendría a cambiar en cuanto a este tratamiento producto de la intransigencia de
la personera del municipio, quien entro a recortar los aportes asignados para el comite a
partir de agosto de 1996 con la distitución de la secretaria del comité, suspensión de
fotocopias, útiles de aseo, de oficina, etc, conllevando al cierre parcial de la oficina que se
ha mantenido por la indoblegable actitud de miembros del comité que vemos el papel
fundamental que desarrolla el Comité de DDDHH en la vida Sabanera.
FUENTE: documento oficial del comité de DDHH de Sabana de Torres
12.3 Otros Sectores victimizados en Sabana de Torres
1986
Además de la persecución contra la oposición política que se intensificó en el curso de ese
año por parte de la fuerza pública y los paramilitares, estos últimos extendieron su
accionar contra la población urbana y el campesinado de la zona. El 30 de marzo, tres
HOMBRES, fueron asesinados por paramilitares en el sitio conocido como Boca de Tigre.
Tres meses y medio después, el 14 de agosto, los campesinos y hermanos ORLANDO
JIMENEZ GUTIERREZ de 19 años de edad y ARTURO JIMENEZ GUTIERREZ de 18
232

años de edad, fueron sacados de sus casas y llevados a una zona montañosa en donde
fueron asesinados por 3 hombres que vestían prendas militares. Tanto Orlando como
Arturo eran conocidos por sus vecinos como dos jóvenes agricultores, buenas personas,
responsables y sin enemigos, por lo que no se explican los motivos de su asesinato.
1987
Entre 1987 y 1988 la arremetida paramilitar estuvo relacionada directamente con la
organización cívica del municipio que llevó a realizar tres manifestaciones, la primera el 9
de marzo de 1987, la otra el 18 de agosto del mismo año y una más el 21 de septiembre
de 1988.
Los funcionarios públicos también se convirtieron en otro de los blancos de la arremetida
para estatal. El 8 de febrero, CARLOS ENRIQUE CONTRERAS SANABRIA, supervisor
del INCORA, fue asesinado y el empleado de la misma institución ALFONSO DE JESUS
PARRA, fue herido por paramilitares a 5 kilómetros de Sabana de Torres. Los funcionarios
iban a inspeccionar una finca cuando fueron interceptados por los paramilitares que se
movilizaban en una motocicleta.
A ello se sumó la persecución sistemática contra los profesores del municipio, que
comenzó a manifestarse en el segundo trimestre del año. El 7 de mayo de 1987, la
profesora de la escuela de la vereda Las Lajas, MARLENE MEDINA GOMEZ, de 25 años,
quien había sido desaparecida por paramilitares del MAS que se movilizaban en una moto,
fue encontrada asesinada. Marlene vivía con sus dos hijas de 6 y 4 años y con su madre
de 60 años.
1988
En 1988 se incrementaron alarmantemente las acciones criminales contra los pobladores
de Sabana de Torres. Además de los paramilitares y la fuerza pública, en el curso del año,
sujetos sin identificar se encargaron de arremeter contra los campesinos y demás
pobladores de la localidad. El 24 de marzo, un CAMPESINO de 40 años, fue asesinado de
dos disparos de arma calibre 9mm en la vereda Tarquí.
Dos meses después, en pleno desarrollo de las marchas campesinas RENAN ALFONSO
GALINDO, de 29 años, fue asesinado de varios disparos de arma calibre 9mm propinados
por autores no identificados. Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 1988. En el
momento del levantamiento del cuerpo fue arrojada una granada de fragmentación, la cual
afortunadamente no explotó.
Los líderes cívicos y populares constituyeron uno de los principales “blancos a exterminar”
de los grupos paramilitares, ya que en reiteradas ocasiones eran vistos por estos como
auxiliadores de la guerrilla. Los crímenes conocidos al respecto comenzaron el 16 de junio
de 1988, con la muerte violenta del líder cívico VICTOR MANUEL ANGARITA de 63 años,
asesinado de disparos propinados en compañía de un HOMBRE que lo secundaba y que
resulto herido por un grupo de individuos que los atacaron en el centro urbano. Dos
semanas más tarde, el 26 de junio de 1988, apareció asesinado el campesino
233

HERIBERTO PINERES. Su muerte fue ocasionada por cuatro disparos en la cabeza
propinados por sujetos no identificados en la vereda Mata de Plátano.
En el segundo semestre del año los desconocidos siguieron sembrando el terror entre la
población. El 21 de julio, un hombre conocido como RAFAEL de 29 años de edad, fue
asesinado de varios disparos. Cuatro días después, HECTOR LOPEZ de 36 años,
DANIEL GARCIA NEGRON de 23 años e IVAN PEÑA HERNANDEZ de 24 años, fueron
asesinados de disparos de arma calibre 38.
Durante los meses de agosto y septiembre fueron asesinados dos pobladores más. El 13
de agosto, en el sitio conocido como kilómetro 5, se encontraron los cuerpos de ALVARO
ROBLEDO URIBE de 25 años y JULIO CELIS VARGAS de 24 años. Ambos fueron
asesinados de un disparo de revolver calibre 38 en el cráneo. El 26 de septiembre, los
campesinos JOSE DEL CARMEN PIRATEQUE SANCHEZ de 58 años y GUILLERMO
BETANCUR de 36 años, fueron asesinados con arma calibre 9mm por sujetos no
identificados en la vereda Aguas Claras.
Mes y medio más tarde, el 1 de noviembre, JUAN MANUEL VERGARA fue asesinado de
5 disparos de arma calibre 9mm. A los cuatro días, el 5 de noviembre, en la Inspección
Departamental Sabaneta, se encontraron los cuerpos sin vida de CARLOS MOZO
PINILLA y CARLOS MOZO HERNANDEZ, los cuales estaban en avanzado estado de
descomposición. Para el mismo mes, el día 19, el campesino OMAR FARFAN de 24 años
fue asesinado de 2 disparos de fusil G-3 en la Inspección Departamental de Sabaneta.
La época decembrina de ese año no estuvo exenta de crímenes. El 10 de diciembre fue
asesinado el campesino EVELINO CIFUENTES LOPEZ de 38 años. Su muerte, al igual
que la del campesino asesinado en el mes de marzo, se debió a los disparos propinados
en su cuerpo con un arma calibre 9mm, en la Inspección Departamental de Payoa.
1989
Una de las principales organizaciones que comenzó a brindar apoyo a las victimas de los
crímenes perpetrados en manos de los paramilitares y la fuerza pública y a denunciar su
proceder, fue el Comité Regional de Derechos Humanos de este municipio, que comenzó
a funcionar desde 1989 222 .
A comienzos del año, el 7 de enero a las 7:30 p.m., el Inspector de Policía JORGE
CARDENAS BALLESTEROS, de 32 años, y el ex-presidente de la Junta de Acción
Comunal local, ARIEL CARDENAS de 30, fueron asesinados. Ariel recibió tres impactos
de bala calibre 9mm por sujetos no identificados en la Inspección Departamental
Provincia.
222 Carta dirigida por el Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres a Yolanda Villareal,
Procuradora Departamental de Bucaramanga, el 12 de noviembre de 1996.
234

Pocas semanas más tarde, fueron asesinados dos campesinos más. El 27 de enero de
1989 fueron encontrados los cuerpos de ANDELFO CORZO SANCHEZ de 28 años y
VICENTE CARRIZALES SANCHEZ de 29 años. Se presume la responsabilidad en los
crímenes de paramilitares.
El mes terminó con la comisión de una masacre a manos de paramilitares. El 29 de enero
de 1989 hacia las 8:30 a.m., el comerciante VICTOR FONSECA RODRIGUEZ de 41 años,
el hacendado SANTIAGO NIETO CUADRO, el obrero WILLIAM ARANGO BASTIDAS, de
31 y el campesino PEDRO MORALES GARCIA de 58, fueron asesinados de disparos en
la cabeza propinados por un grupo de 6 sujetos vestidos con prendas militares en la
inspección departamental de Vijagual. Los sujetos llegaron a la inspección de Vijagual y
luego de sacar a los 4 hombres de la casa procedieron a ubicarlos en el kiosco de la
Acción Comunal para asesinarlos.
Los desmanes de las tropas paramilitares prosiguieron en los meses siguientes. El 18 de
febrero, MARCO FIDEL SUAREZ SOLANO de 30 años, fue asesinado de 4 impactos de
bala 7.65 mm propinados por desconocidos. El 23 del mismo mes, hacia las 10:30 a.m.,
ORLANDO AREVALO VILLARREAL de 39 años, fue asesinado cuando se encontraba
viendo la televisión en su casa. Posteriormente, el 25 de abril del mismo año, MARTIN
HERNANDEZ CANISALEZ de 27 años, fue asesinado de 5 disparos por los mismos
agresores. La misma suerte corrió CARMELINO DUQUE ZUÑIGA, asesinado de 3
disparos en la cabeza y 1 en la mano derecha en la vereda la Sorda, el 7 de mayo de
1989.
La familia Salazar, de Bocas de Satinga, fue cruelmente perseguida por un grupo
paramilitar. El 14 de mayo de 1989, el campesino ALFONSO SALAZAR, de 56 años, fue
desaparecido y tres CAMPESINOS más, entre los que se encontraban dos de sus hijos,
fueron asesinados cuando un grupo paramilitar incursionó en Bocas de Satinga. La
persecución contra los miembros de este núcleo familiar continuó el 12 de mayo de 1989,
fecha en la que el empleado del HIMAT, MANUEL ANTONIO SALAZAR de 23 años, LUIS
ALBERTO SALAZAR de 20 años y el campesino CARLOS ANTONIO BAUTISTA NINO
de 20 años, fueron asesinados por efectivos de la II División del ejército en circunstancias
desconocidas en la vereda Llano grande de la Inspección Departamental de Payoa.
En la tercera semana de mayo se intensificó el accionar de los desconocidos en el área
rural de Sabana de Torres. El 21 de mayo de 1989, el mensajero de la empresa Henao
Castrillón & Cia. Ltda. HENRY PULIDO de 16 años, fue asesinado de 6 disparos de
pistola calibre 9mm, propinados por dos sujetos que lo esperaban a la salida de su trabajo.
Tres días después, el 26 de mayo de 1989, los campesinos OMAR GARCIA PEÑARANDA
de 28 años, su hermano JAIME GARCIA PEÑARANDA de 25 años, HECTOR SANABRIA
y PABLO ANTONIO VEGA, fueron muertos por sujetos sin identificar que llegaron hasta la
Hacienda Monterrojo. La policía presumió la autoría del ELN, aunque al igual que en el
caso de la familia Salazar los residentes del sector no descartaron la responsabilidad de
un grupo paramilitar. El 29 de mayo, el campesino JUAN PIÑERES, colonizador de la
zona y miembro de la Cooperativa de Agricultores fue asesinado por 5 hombres miembros
235

de un grupo paramilitar, que incursionaron hasta el sitio denominado Los Gómez, en zona
rural de la localidad santandereana mencionada. Los victimarios también indagaron por el
paradero de sus tres hijos.
El 6 de junio, en horas de la tarde, el empleado de la Secretaría Departamental de Obras
Públicas JESUS MARIA BRAVO, fue desaparecido en circunstancias desconocidas.
Semanas más tarde, el 23 de junio, en horas de la noche, el campesino HECTOR
MANUEL DELGADO DORADO de 23 años, fue asesinado mientras se desplazaba por el
barrio Los Comuneros. Héctor murió a causa de 4 impactos de bala de revolver calibre 32.
La barbarie paramilitar se manifestó tanto en las calles y principales veredas del municipio
como en las propias viviendas de las víctimas, hasta donde llegaban los agresores para
darles muerte. El 5 de julio, HUGO FERNEY MEJIA de 24 años, fue asesinado de 9
impactos de bala propinados por varios sujetos que vestían prendas de colores azul y
negro, e ingresaron a su residencia para dejar una granada de fragmentación. Tres
meses después, en el sitio conocido como Las Minas, zona rural, se hallaron los cuerpos
sin vida de FRANCISCO ARIAS de 23 años y un HOMBRE, los cuales presentaban varios
impactos de bala calibre 9mm. Dos semanas después, el 16 de julio, el campesino
PEDRO RICO GALVES de 43 años, fue asesinado de 4 impactos de bala de revolver en la
Inspección departamental de Puerto Santos.
Septiembre de 1989 fue uno de los meses con más numero de crímenes de campesinos.
El día 19, un CAMPESINO no identificado, que vestía pantalón negro y camiseta, de 25
años de edad, fue encontrado asesinado de 3 impactos de bala. El 25 de septiembre, otro
campesino, RIQUELME SIERRA, de 28 años, fue asesinado en circunstancias
desconocidas en la Inspección Departamental La Gómez. El día siguiente, el campesino
AURELIO BAUTISTA RICO de 32 años de edad, fue asesinado de disparos propinados
por 4 sujetos encapuchados que llegaron hasta la finca La Meseta en la Inspección
Departamental de Honduras. Igualmente, ese día el celador ALVARO URIBE MILLAN, de
52 años de edad, fue asesinado de disparos propinados por sujetos sin identificar, luego
de haber sido obligado a salir de su sitio de trabajo en la vereda Villanueva.
Durante el mes de octubre fueron victimizados dos pobladores más. El 7 de octubre, el
campesino MANUEL CHINCHILLA, fue asesinado de disparos propinados por 5
desconocidos, en el sitio denominado Dique de los Santos, zona rural del municipio.
Algunos días más tarde, el 18 de octubre, ALFONSO CARDENAS RODRIGUEZ, fue
encontrado asesinado en una zona rural no precisada. El pasado 15 de octubre, Alfonso
había sido desaparecido cuando se encontraba en uno de los campamentos de
construcción de la vía panamericana.
El último crimen que tuvo lugar ese año se produjo el 17 de noviembre, cuando el
empleado de los Ferrocarriles Nacionales ABELARDO BAUTISTA MARTINEZ de 28 años,
fue asesinado en el sitio Conchal.
1990
236

La situación de las violaciones de derechos humanos y en consecuencia, la comisión de
CLH varió notablemente a partir del año 1990, pues la crisis en la que se sumergió la
población a nivel social y económico se agudizó a raíz del Foro Petrolero que se realizó en
febrero del mismo año. 223
Este foro fue realizado con el fin de concienciar a la población sobre la importancia que
representa el petróleo para la zona y como era totalmente necesario que este recurso
fuera devuelto a ECOPETROL, ya que para la fecha estaba en manos de las
multinacionales ESSO y OXY y el contrato con ellas solamente se vencía hasta el 92; ante
lo cual en el foro se manifestaba que las multinacionales no querían entregarle a la nación
el recurso al finalizar la fecha del contrato, sino por el contrario seguir en la zona; por que
para ellos representaba una renta demasiado importante como para dejarla en manos del
municipio o de la Nación. Por este motivo, las multinacionales recurrieron a la represión
por medio del apoyo y fomento de grupos paramilitares, que comenzaron a operar en la
región conjuntamente con el ejército realizando operaciones intimidatorias como pintas en
las paredes alusivas al MAS, asesinatos de lideres populares, amedrantamiento a líderes
sindicales que trabajaron en pro de la reversión, destrucción de lugares públicos y golpes
en las puertas de los señalados y perseguidos a altas horas de la noche 224 .
Después de un período de seis meses de relativa calma, se reanudaron los asesinatos en
abril de 1990. El 4 de abril, apareció del cuerpo del campesino ALDEMAR DE LA CRUZ
V., asesinado de un disparo propinado por desconocidos en la vereda La Unión. El 20 de
ese mismo mes, el campesino BENJAMIN VARGAS CAMACHO fue asesinado por
desconocidos de dos disparos en zona rural de la localidad.
El 8 de mayo, el comerciante ANTONIO YEPES de 35 años, fue asesinado de 7 impactos
de bala de pistola calibre 9mm. Pasados dos días, JUAN RAMON SARMIENTO PINZON
de 39 años, fue asesinado de 7 disparos de escopeta, en el sitio llamado Balneario.
Posteriormente murió en el hospital local.
Para el 22 de julio del mismo año, un HOMBRE, fue asesinado de varios disparos en el
sitio La Quebrada zona rural de Sabana de Torres. El 17 de octubre, el pescador
ALEJANDRO MENDOZA de 30 años, fue asesinado de un disparo en el cráneo propinado
por dos sujetos que llegaron hasta su vivienda en la Inspección Departamental
Providencia. Hacía dos meses había salido de la cárcel, después de pagar una condena
por asesinato.
En los últimos meses del 90 la violencia paramilitar aterrorizó a la población de Sabana de
Torres, estableciendo un ambiente de toque de queda y terror. El asesinato de una
persona, detenida por el ejército en la vía del ferrocarril, quien no portaba documentos de
identidad, desapareciéndolo en ese momento, y siendo encontrado más tarde
223 Comité por la Defensa y Protección de los Derechos Humanos. Sabana de Torres. Balance de los tres
últimos años en violación a los Derechos Humanos, 1993.
224 Ibíd.
237

descuartizado en la vía del ferrocarril hacia Bucaramanga, fue una muestra palpable de la
cada vez más fuerte situación de violencia estatal y paraestatal en la región.
El caso omiso que hacían los administradores municipales de turno a cuanto sucedía en el
municipio convirtió a estos actores en responsables indirectos de la gran cantidad de
crímenes que ocurrieron durante este período. Los movimientos populares se
pronunciaron ante esta problemática por medio de boletines, denunciando las agresiones
sufridas por los habitantes del municipio ante el comité de derechos Humanos y la
Procuraduría General de la Nación. Agregado a lo anterior, la situación de violencia en el
municipio se incrementó con el aumento de la confrontación entre la fuerza pública y la
subversión, donde la ofensiva de la Brigada Móvil No.2 al mando del General Agustín
Ardil, fue un claro ejemplo de ello, afectando la población de Sabana ajena al conflicto; y la
irrupción posterior de grupos paramilitares que se conocieron como las AUSAC
(Autodefensas de Santander y del Sur del Cesar), comandadas por los hermanos Braulio y
Camilo Morantes. Tal fenómeno, evidencio a comienzos de la década del noventa el
acrecentamiento de muertes selectivas, masacres en sitios rurales y un vandalismo
inusitado. 225
1991
Durante el año de 1991 se presentaron 25 casos de asesinatos, 2 desapariciones y 7
familias desplazadas del corregimiento de Sabaneta y del kilómetro 36, además de 6 niños
huérfanos por causa de la guerra sucia, 226 manifestando además una nueva modalidad de
agresión e intimidación utilizada y conocida como “Terrorismo Psicológico”, cuyas
acciones se expresaban en los continuos apagones del fluido eléctrico, acompañados del
sonido de fusiles por parte de los agentes de policía del municipio 227 . Esta clase de hechos
se repitió periódicamente cada mes, lo que fomentó la situación de temor generalizado
que experimentaban cotidianamente los pobladores de Sabana. El 27 de noviembre,
varias organizaciones cívicas y sociales auspiciadas por el alcalde organizaron un concejo
de seguridad llamado “Análisis de la situación”, cuyo apoyo por parte de la mayoría de los
habitantes de la región incluyó a algunos miembros de la fuerza pública. De tal iniciativa,
surgió el “Primer festival por la vida y el retorno a Sabana” que se llevó a cabo los días 20,
21 y 22 de diciembre, y cuyas demandas se basaban en la defensa a la vida y el posible
retorno de los desplazados.
Una vez que el paramilitarismo “formalizó” su presencia en Sabana de Torres hacia marzo
de 1991 bajo la sigla del MAS, el Comité de Derechos Humanos de la ciudad se convirtió
en uno de sus principales objetivos junto al Movimiento Campesino Obrero y Popular. Los
testimonios de los pobladores señalaron al personal de la empresa ESSO, a los miembros
de policía local y a gentes venidas de Barrancabermeja como los integrantes de estas
unidades paramilitares, que desde entonces señalaron a los dirigentes como guerrilleros y
los condenaban a muerte a través de consignas pintadas en las calles.
225 PROYECTO CNM. Entrevista realizada a Francisco Campos, el 11 de junio de 2004.
226 Comité por la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, Sabana de Torres. Balance del Año
1991
227 Ibíd.
238

Paramilitarismo y multinacionales
“Durante esos días se vivió un verdadero toque de queda, nadie salía después de las
nueve de la noche. Los miembros del Comité de derechos humanos fueron hostigados
permanentemente. Estos hechos tuvieron gran despliegue en los medios de comunicación
pero poca atención entre las autoridades regionales y nacionales. El Comité de derechos
humanos de Sabana de Torres denunció el hecho y acusó a la multinacional Esso de
permitir que miembros de su personal de seguridad patrullaran por el pueblo y utilizaran
los vehículos de la empresa. Los dirigentes populares piensan que la aparición del MAS
está vinculada con el proceso de reversión al Estado Colombiano de los campos
petroleros que explota la ESSO (Campo Provincia), cuya concesión se vence en 1992. Ha
existido gran presión popular por evitar una prórroga o un contrato de administración, ya
que la gente quiere es que la explotación la asuma directamente Ecopetrol”.
El 1 de enero, el lustrabotas MARCO AURELIO BURITICA quien al parecer sufría de
trastornos mentales y una MUJER de 26 años de edad, fueron hallados asesinados en el
kilómetro 43 de la vía férrea que conduce a Barrancabermeja. Estos asesinatos
respondieron, presumiblemente a jornadas de “limpieza social” llevadas a cabo por los
paramilitares que cobraron la vida de un gran número de personas entre los años 1991–
1998.
El 3 de enero, en el kilómetro 43 de la vía que lleva de Sabana de Torres a
Barrancabermeja, se hallaron los cuerpos de DOS HOMBRES, los cuales presentaban
varios impactos de bala. En las mismas circunstancias, pero en la vía que conduce a la
Inspección Departamental de San Rafael de Payoa, el 24 de abril se encontraron los
cuerpos sin vida de otros DOS HOMBRES.
Además de las mal llamadas jornadas de “limpieza social”, los efectivos de la Brigada
Móvil No. 2 continuaron con sus operativos y desmanes represivos en el municipio. El 28
de enero de 1991, el campesino ALEJANDRO LASERMA R., fue detenido y desaparecido
por miembros del ejército que lo hicieron bajar del tren en el que se movilizaba desde el
corregimiento Provincia, hacia Bucaramanga, en el sitio denominado 'Angosturas'. En esta
ocasión se conocieron los verdaderos responsables del hecho, aunque no hay datos
disponibles sobre los responsables directos a cargo de la operación.
El 21 de febrero, el campesino VICENTE BADILLO HERNÁNDEZ, de 34 años, fue
asesinado en circunstancias desconocidas. Mes y medio más tarde, el 1 de abril, los
campesinos JULIO CESAR JAIMES y HERNANDO CARVAJAL, fueron encontrados
asesinados en la finca Las Lajas, donde residían, ubicada en la inspección departamental
Mágara. Cinco días más tarde, el 6 de abril, en la Inspección Departamental La Gómez,
zona rural, fue encontrado asesinado de 9 disparos un HOMBRE de 55 años. En este
mismo lugar, el 8 de mayo, se descubrieron los cuerpos sin vida de ALBERTO
HERNANDEZ PINTO y SAUL GOMEZ CALDERON de 39 años, cuyos cuerpos se
encontraban en avanzado estado de descomposición y exhibían varios impactos de bala.
239

Para el día 19, ENRIQUE RUEDA de 30 años, fue asesinado de 6 disparos en
circunstancias desconocidas en el barrio Gaitán.
Durante los meses de julio y agosto la comisión de CLH corrió por cuenta de los
desconocidos y las unidades del ejército. El 1 de julio, el campesino JAVIER HERNANDEZ
de 30 años, fue encontrado asesinado con un disparo en la cabeza en la vereda Villa de
Leyva. El 5 de agosto de 1991, el joven ABRAHAM MENDOZA RINCÓN, fue
desaparecido tras su detención por tropas de la brigada móvil del ejército.
El ultimo crimen del que se tuvo conocimiento en el año, ocurrió el 21 de diciembre, fecha
en la que el secretario ASENCIO BRICEÑO de 30 años y el campesino JORGE RAUL
MARTIN de 39 años, fueron asesinados por un grupo de sujetos no identificados de la
Inspección Departamental de Provincia. Los hombres fueron obligados a salir de la
inspección y posteriormente aparecieron muertos. Fuentes militares informaron que cerca
de los cuerpos fueron hallados "panfletos del ELN".
1992
En 1992 fueron asesinadas 42 personas y desaparecidas 6, según el balance efectuado
por el Comité por la Defensa y Protección de los Derechos Humanos de Sabana de
Torres. Probablemente estos datos no sean muy precisos, ya que dicho balance no fue
efectuado al finalizar el año; sin embargo, se imposibilita la precisión de la información
debido en gran parte, a que las familias temían poner sus quejas y ser asesinadas o
desaparecidas. Con la reversión de los pozos petroleros de El Roble, El Conchal y El
Limón ubicados en el corregimiento de Provincia, además de la movilización de los
campesinos en contra de los desalojos anunciados por la Caja Agraria, empezó a
manifestarse un desplazamiento forzoso de habitantes de las veredas hacia el casco
urbano, debido en parte a la penalización de las protestas, dando como resultado el
señalamiento y la persecución de líderes campesinos, sindicalistas y obreros en general,
que terminaron concentrándose en Bucaramanga y Barrancabermeja.
La oleada criminal se manifestó desde los primeros días del año. El 7 de enero fue
asesinado LUIS ARTURO GOMEZ SALAMANCA. La misma suerte corrió ISAÍAS
GUERRERO LOZANO, el día 20. JAIRO ROJAS fue asesinado el 10 de febrero del mismo
año. WILLIAM MOSQUERA y JUAN EMIRO CHAVERRA murieron violentamente el 17 de
febrero.
El 8 de marzo miembros del ejército allanaron sin orden judicial y con base en supuestas
informaciones, la residencia de MARIA DEL CARMEN RINCON, quien fue detenida al
igual que JOSE EVELIO PRADA y GUILLERMO RODRÍGUEZ, siendo este último herido
por los militares en la acción. La vivienda se encontraba ubicada en el corregimiento
Provincia. Cuatro días más tarde, el 12 de marzo, MARCO ANTONIO CARREÑO fue
asesinado y un HOMBRE que no pudo ser identificado fue asesinado el día 16 228 .
228 Comité por la Defensa y Protección de los Derechos Humanos. Sabana de Torres. Balance de los tres
últimos años en violación a los Derechos Humanos, 1993.
240

Mayo de 1992 registró seis asesinatos y una desaparición. OLAYO ALVAREZ, GUSTAVO
ANTONIO TRUJILLO y ORLANDO PARADA MORGADO, fueron asesinados el 18 de
mayo. ARTURO GOMEZ fue asesinado un día después, el 19 de mayo, al igual que
MISAEL N. y ERNESTINA ALONSO 229 . El 26 de mayo fue desaparecido EFRAIN
LOZANO SUAREZ, quien fue sacado forzosamente de su casa en horas de la mañana.
A lo largo del primer semestre de 1992 fueron múltiples las agresiones sufridas por los
habitantes por parte de los miembros del puesto de policía del municipio. Desde el 10 de
junio el subteniente Ramiro Iván Pérez Manzano, comandante del puesto de policía en
Sabana de Torres, junto con el agente William Garcés, le exigió a los concejales y
miembros de las organizaciones sociales, que entregaran reseñas con nombres y
direcciones de los militantes y dirigentes de la región. El mismo subteniente con otros
agentes encapuchados, allanaron el matadero municipal, hicieron arrodillar a los peseros y
con armas los intimidaron para que les dijeran los nombres de los expendedores de carne,
pues según los policías, la mitad de las reses sacrificadas eran para la guerrilla 230 .
Posteriormente, allanaron la sede de la Asociación de Desempleados y se llevaron todos
sus archivos. Las instalaciones del Hospital fueron allanadas en varias ocasiones y los
empleados fueron acusados de atender a guerrilleros. Así mismo, estos agentes
detuvieron carros, motos y allanaron casas, incluso menores de edad fueron recluidos en
las inspecciones durante horas bajo acusaciones de ser guerrilleros. Los agentes llegaban
a los establecimientos públicos con maltratos y palabras agresivas requisando a los
pobladores; toda esta situación tenía desesperados a los habitantes de la cabecera
municipal de Sabana. 231
En medio de los hostigamientos de la fuerza pública contra la población, el profesor de la
escuela Diamante LUIS ANTONIO AGUILAR apareció muerto el 3 de junio, en el casco
urbano del municipio. Al día siguiente apareció muerto en similares circunstancias JOSÉ
ANTONIO AYALA y el 12 de junio fue asesinado SALVADOR GOMEZ GOMEZ.
En el segundo semestre de 1992 la Brigada Móvil No.2 y el comando operativo No.6 al
mando del Coronel Urbina del ejército, arremetieron contra los pobladores urbanos de
Sabana de Torres, iniciando jornadas continuas de señalamientos, sindicaciones y
asesinatos que en la mayor parte de los casos eran injustificados. Los organismos de
Derechos Humanos denunciaron una creciente actividad de hostigamiento a las
organizaciones comunitarias, campesinas y políticas, frente al control de los miembros de
la Brigada Móvil No.2, así como el constante accionar de las bandas paramilitares.
229
Ibid.
230
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Boletín No. 2,
Barrancabermeja, enero de 1993.
231
Denuncia Pública de la Comunidad de Sabana de Torres. junio 29 de 1992.
241

En el mes de agosto operó una vez más en la región la Brigada Móvil No. 2. A su llegada
empezó a hacer una serie de actividades como un censo por todo el pueblo y la parte
rural; practicando polígonos por la noche a las afueras del casco urbano, generando a su
vez zozobra y desesperación en la población.” 232 Pocos días después de la ocupación
militar de la zona, el 6 de agosto, DARIO SUAREZ SANDOVAL, fue desaparecido por
efectivos de la Armada en el casco urbano.
Un mes más tarde, el 1 de septiembre, fue hallado un HOMBRE, presunto guerrillero
asesinado por una patrulla militar en la vereda El Caribe. Un campesino se movilizaba en
una moto, cuando la víctima le pidió que lo llevara en la parrilla, poco después se
encontraron con una patrulla del ejército que los detuvo. En el momento en que el
presunto guerrillero se disponía a bajarse de la moto fue baleado por los militares. El
campesino fue detenido y reportado como guerrillero capturado en un enfrentamiento, lo
sindicaron de porte ilegal de armas y fue llevado a la cárcel de Barrancabermeja. Los
desmanes del ejército continuaron pocas semanas después. El 11 de septiembre, una
patrulla del ejército disparó contra una Chevrolet Luv en la que se desplazaba RAFAEL
ANTONIO SUAREZ DIAZ, trabajador petrolero de contrato de la Empresa Triton Inc
Colombia, quien resultó gravemente herido con bala de fusil puesto que le fue perforado el
higado, el colón, el riñon izquierdo y el pulmón derecho. Junto a él estaba LUIS OLIVO
PINTO, trabajador de la misma empresa quein también salió herido en la acción aunque
en forma mas leve. Ambos fueron conducidos a la Clínica de la Merced. Los hechos
sucedieron en un retén militar ubicado en el sitio conocido como la Loma de Los Perros,
en la vía que conduce al Corregimiento Provincia. 233
En octubre los dirigentes municipales se quejaron ante la Procuraduría por los
hostigamientos de la Brigada Móvil No. 2, que durante dos meses interrumpieron eventos
comunitarios como los mercados de pulgas y las fiestas locales. “Allí realizaban requisas,
detenciones arbitrarias y creaban “pánico y ansiedad” entre la población”. 234
El 7 de noviembre de 1992, MANUEL SILVA SUAREZ de 39 años, fue asesinado de un
disparo de fusil en el ojo izquierdo en circunstancias desconocidas, en la calle 14 con
carrera 14. Para esa fecha la localidad se encontraba completamente militarizada, lo que
facilitó la operatividad de la Brigada Móvil No.2; ya que en los últimos meses este
municipio del Magdalena Medio había sido sitio de enfrentamientos entre el ejército y la
coordinadora guerrillera.
Ese mismo día, hacia la 1:30 a.m., los campesinos LUIS FERNANDO MARTINEZ,
SENOBIA PINZON y MARCELA BECERRA PINZON, de 2 años, hija de Luis Fernando y
Senobia, fueron detenidos y torturados durante un allanamiento a su vivienda, por cinco
efectivos adscritos a la Brigada No. 2 en la Inspección departamental de Sabaneta. Los
soldados irrumpieron en la vivienda de los campesinos, afirmando que iban a buscar
232
Carta dirigida al Comité de Fondo para desplazados, Consejería para refugiados de Latinoamérica por
el Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres, octubre 14 de 1992. p. 1.
233
Carta dirigida al Procurador Provincial Luis González León por el Personero Municipal de Sabana de
Torres, Gilberto Sandoval Sandoval, noviembre 13 de 1992.
234
AMERICAS WATCH. Estado de guerra. Violencia política y contrainsurgencia en Colombia, p.96
242

armas. Luis Fernando fue encañonado por uno de los soldados, mientras sus compañeros
registraban la casa y se dirigían al cuarto donde Senobia dormía con sus hijos e intentaron
violarla, pero ella opuso resistencia. Entre tanto, Luis Fernando les pidió que la dejaran en
paz, pero los soldados amenazaron con matarlo si Senobia no dejaba de oponerse a ser
violada. Poco tiempo después de esto, Luis Fernando fue sacado de la vivienda y el
soldado que lo acompañaba hizo un disparo al aire mientras que otros dos soldados
abandonaron la casa en dirección a la base del ejército; los otros dos amenazaron con
matarlo y el soldado que lo custodiaba lo empujó para que los acompañara mientras lo
insultaba y amenazaba por el camino.
Cuando pasaron frente a la casa de la madre de Luis Fernando, él gritó pidiendo ayuda,
pero el soldado lo golpeó y amenazó con dispararle. Sin embargo, la madre salió y gracias
a sus súplicas lo dejaron, pero no sin antes advertirle que no volviera a su casa, porque le
dispararían. Entre tanto, uno de los soldados que se quedó en la casa, quien parecía estar
drogado o bebido, condujo a Senobia al patio, con su hijo de tres años, allí la violaron
mientras la amenazaban con matar al esposo si no se entregaba; luego la mujer oyó los
gritos de su hija Marcela, de dos años, que se encontraba en otra habitación con su
hermano de 8 meses, pero no le permitieron ir a verla. Senobia fue violada nuevamente,
esta vez por el soldado que se había llevado a Luis Fernando y que acababa de regresar.
Cuando los soldados regresaron a la otra habitación en busca de una pistola olvidada,
Senobia los siguió y encontró a su hija Marcela semiinconsciente, pues había sido violada
por el otro soldado, que se había quedado dormido en la cama de la niña. Poco después,
los victimarios se marcharon.
1993
Este año se caracterizó porque los asesinatos aumentaron en gran medida en relación con
los cometidos en el año anterior y el paramilitarismo cobró un mayor auge; en el
transcurso del año el paramilitarismo adoptó nombres como los Motosierra y La Sombra
Negra, cuyos objetivos fueron principalmente los campesinos. Por tales razones, se
originó un éxodo masivo de pobladores y cientos de desplazados engrosaron los
cinturones de miseria de ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja, Aguachica y
Lebrija 235 .
Paralelamente, las tropas del ejército continuaron con las agresiones contra la población.
El 23 de febrero de 1993, un HOMBRE conocido como “Arturo” y una MUJER conocida
como “Diana”, fueron asesinados en el desarrollo de operativos realizados por tropas del
batallón Luciano D'Elhuyar en la zona rural. El presunto guerrillero conocido como “Arturo”,
del frente Capitán Parmenio y “Diana”, fueron presentados como guerrilleros muertos en
combate; sin embargo, los habitantes de la región aseguraron que fueron ejecutados.
“Arturo” fue baleado a quemarropa y “Diana” fue torturada, le quitaron las uñas de las
manos y finalmente fue asesinada. Los cuerpos fueron dejados en el sitio conocido como
Puerto Cayumba, donde funcionarios municipales los recogieron y llevaron al casco
urbano para proceder a sepultarlos. Un mes después, un grupo paramilitar hizo circular
235 Comité de Derechos Humanos Sabana de Torres. Cartilla Educativa No.2: “La violencia se nutre con tu
silencio, ¡No nos quedemos callados!”, enero de 1994.
243

panfletos en los que se amenazaba a quienes tuvieron que ver con el sepelio del hombre y
la mujer, entre ellos al Alcalde municipal, un comerciante y otros funcionarios.
Días mas tarde en la Inspección Departamental Mayará, el 9 de marzo, se encontró el
cuerpo sin vida de un HOMBRE, de 40 años de edad, tez trigueña y contextura delgada.
Su cuerpo presentaba un disparo calibre 9mm en la cabeza.
En 1993 fueron asesinados varios funcionarios públicos con cargos en la administración
municipal. El 28 de marzo, fueron asesinados el Secretario de Planeación NELSON
ARDILA TORRES de 45 años y el Economista JUAN ANTONIO ROSALES ROBAYO, de
34, los dos simpatizantes del partido liberal, resultando un HOMBRE herido a causa de
varios disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza propinados por sujetos no
identificados. Los dos funcionarios se encontraban departiendo con otros amigos y
familiares en un lugar ubicado a dos cuadras del Comando de Policía local, cuando
llegaron los dos hombres y luego de dispararles caminaron unos 80 metros para abordar
un campero que los esperaba para huir en dirección a la Inspección Departamental La
Gómez. Juan Antonio y Nelson aparecían en una lista en la que se amenazaba de muerte
a 10 habitantes de la población, la cual circuló desde el 15 de diciembre de 1992; el 17 de
diciembre había sido asesinado un militante liberal que también aparecía en esa lista.
Durante ese mismo año los grupos paramilitares se dieron a conocer con nombre propio
en toda la región sabanera y sus acciones intimidatorias comenzaron a cobrar cada vez
más fuerza. El 5 de abril, el comerciante MIGUEL JAIMES BAUTISTA de 27 años, fue
encontrado asesinado con quince disparos en diferentes partes del cuerpo, en la
inspección departamental La Gómez. Algunos días después, el 18 de abril de 1993, los
campesinos OLINTO REINA de 39 años y LUCILA ORTEGA CAMPO de 38 años, fueron
asesinados de un disparo de escopeta en el cráneo y un impacto de revólver en el tórax
respectivamente propinado por paramilitares en la Inspección Departamental Payoa.
El 23 de mayo, un HOMBRE de tez trigueña, 1.70 metros de estatura y 22 años de edad,
fue encontrado asesinado de ocho disparos, en el sitio conocido como Villa Rica.
Mientras los paramilitares se posicionaban el la zona, la fuerza pública continuaba con los
hostigamientos contra la población. El 15 de junio de 1993, dos HOMBRES, fueron
asesinados en una incursión del ejército en una granja de la vereda Las Lajas. La versión
de la policía mencionó que los agricultores fueron presentados como presuntos
guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de la UC-ELN, y muertos en combate con
tropas del Batallón Los Guanes. Los jornaleros fueron sorprendidos junto con otros ocho
compañeros cuidando una granja, sin embargo, la V Brigada del Ejército desmintió esta
versión afirmando que dicho Batallón se retiró desde mediados del mes de mayo de la
zona de Sabana de Torres, pese a que casi todos los habitantes del municipio daban fe de
la falsedad de las declaraciones de los integrantes de la fuerza pública, pues la presencia
militar en la zona todavía estaba ocasionándoles temor y muerte.
244

El 22 de julio de 1993, los paramilitares asesinaron a los campesinos y familiares
LORENZO CABALLERO, de 29 años, y HERMES CABALLERO, de 32, de varios disparos
en la cabeza. Se tiene conocimiento del nombre bajo el que se denominaba uno de los
organismos paramilitares de la región. Cerca de los cuerpos fue encontrada una cartulina
que tenía una mano dibujada y un letrero que decía “vuelve La Mano Negra”. Los
pobladores de la región no asistieron al sepelio de los campesinos, ya que “casi todo el
mundo está asustado y prefirieron quedarse en sus casas”. Al día siguiente, el 23 de julio
en el sitio Campamento, sobre la Troncal de la Paz, fueron encontrados los cuerpos de
otros DOS CAMPESINOS, también asesinados con disparos en la cabeza.
Un mes después, el 29 de septiembre, fue amenazado y sindicado como colaborador de la
guerrilla el concejal de Sabana de Torres ALVARO BARRERA, cuando se encontraba
colaborándole a un conductor que requería que le tramitaran un permiso para conducir.
Álvaro fue abordado en reiteradas ocasiones por el comandante de policía Luis Eduardo
García Herreros y otros individuos vinculados al ejército con carácter civil, de nombres
Reynaldo Orduz Amaya y Felipe Contreras 236 , quienes además de vincularlo con la
guerrilla, amenazaron con quitarle la vida, ya que el ejército ofrecía $400.000 por su
cabeza.
El 20 de noviembre de 1993, la población le envió al alcalde del municipio de entonces,
Jorge Centeno Parra un documento que manifestaba la “oposición de la sociedad en
general, respecto a la nueva ubicación del Segundo Distrito de la Policía en el área urbana
del municipio de Sabana” debido al temor generalizado por posibles represalias de este
organismo y de otros grupos armados que no se atrevían a mencionar a titulo personal” 237 .
El terror de la población, basado en gran medida en los hechos ocurridos un año antes,
en el mes de diciembre de 1992, cuando una bomba acabó con el puesto de policía 238 ,
generó un rechazo masivo hacia la reconstrucción de esta en las zonas residenciales,
puesto que la incidencia de los grupos paramilitares o guerrilleros en tal acción era clara
para muchos y probablemente reincidente, promoviendo mayores daños para los
habitantes del casco urbano.
En suma, ante los reiterados asesinatos y desapariciones, los desplazamientos forzados
de los habitantes de Sabana de Torres hacia otras urbes y pueblos con el pasar de los
días se intensificaban más. Los casos de jóvenes asesinados también se hacían más
frecuentes con el pasar del tiempo. Durante el mes de noviembre, algunas organizaciones
cívicas de la región denunciaron el incremento de la violencia en la región que generó el
desplazamiento de gran parte de la población: 35 % en la zona urbana y 57% en la rural,
aproximadamente. El 13 de noviembre, dos asesinatos conllevarían a que esta situación
de temor y desplazamiento se agravara. Ese día LUIS FERNANDO TARAZONA
VILLAMIZAR, fue encontrado asesinado de varios disparos en diferentes partes del
236
Queja presentada por Álvaro Barrera a la personería Municipal de Sabana de Torres, el 2 de noviembre
de 1993.
237
Carta dirigida a Aquileo Calderón, Presidente del Concejo Municipal de Sabana de Torres por la
comunidad Sabanera, el 21 de noviembre de 1993.
238
Carta dirigida al Alcalde de Sabana de Torres Jorge Centeno Parra por la Comunidad de Sabana de
Torres, a comienzos del mes de noviembre de 1993.
245

cuerpo, en la carrera 3b, calle 73 del barrio San Pedro junto con JOSE ANGEL WALDRON
LOZANO de 17 años de edad, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza.
A finales de ese mismo mes, el 28 de noviembre, CARLOS ALBERTO JIMENEZ
BEDOYA, de 18 años, y JOSE GARCIA SUAREZ, de 20, fueron asesinados de varios
disparos de pistola calibre 9mm propinados mientras conversaban en el sitio La
Humareda. Al parecer García Suárez hasta hace un año había pertenecido a un frente
guerrillero y”desde esa fecha se había dedicado a actividades ilícitas”; tenía una orden de
captura en su contra por hurto.
Las acciones de los desconocidos se prolongaron hasta el mes de diciembre. El 16 de ese
mes, GUILLERMO CAMARGO TELLEZ de 35 años, fue asesinado de varios impactos de
bala calibre 9mm por desconocidos. Al día siguiente, EDGAR VILLEGAS de 25 años y
RICARDO GAMBOA de 24, fueron encontrados asesinados de varios disparos, en la
Vereda La Retirada. El último crimen del año fue perpetrado el 21 de diciembre, fecha en
la que BERNARDO EMILIO SEPULVEDA de 24 años de edad, fue asesinado de cinco
disparos de pistola calibre 9mm en la inspección de policía Magará. Los grupos de
Derechos Humanos denunciaron el accionar de grupos paramilitares en la región,
alertando a la población sabanera sobre el peligroso proceder de tales grupos.
1994
En la zona se reiteraron las denuncias sobre abusos por parte de militares de la Brigada
Móvil No. 2 y del accionar de grupos paramilitares, en concreto, las Autodefensas
Campesinas de Colombia, cuyos miembros patrullaban el área rural de la localidad,
uniformados y encapuchados. En los primeros cuatro meses de 1994, más de 10 personas
fueron asesinadas en similares circunstancias. Los allanamientos recurrentes a las
viviendas de los jornaleros manifiestan la arbitrariedad de las acciones militares y el temor
generalizado sufrido por los habitantes del sector. El testimonio de un campesino permite
dar cuenta de ello:
“soy un hombre de 62 años de edad y soy campesino desde mi niñez, los
señores del ejército han llegado a mi parcela y en momentos en que yo
no estaba trataron mal a mi esposa y preguntaron por mí con nombre
propio y con notable insistencia preguntaron por uno de mis hijos en
especial. Nos allanaron la casa buscando armas y dijeron que ellos
trabajaban unificando ideas con los Masetos y que ellos si mataban al que
fuera, que incluso en ese momento iban cuatro de ellos en ese comando.
Me niego a ingresar en la vereda pues temo que me asesinen o me
desaparezcan” 239 .
Además de la persecución contra el campesinado, los comerciantes fueron otro sector
social duramente golpeado por la represión paraestatal en el curso del año. El 23 de
febrero de 1994, los comerciantes EMILSO PATIÑO GARCES de 25 años y
239 Comité Regional de Derechos Humanos Sabana de Torres. Denuncia pública, enero 13 de 1995. p. 1.
246

EMEREGILDO PATIÑO GARCES de 31 años, fueron asesinados en circunstancias
desconocidas por miembros del ejército. Los dos trabajadores fueron presentados como
guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL, muertos en enfrentamiento con
tropas del Batallón de Infantería No. 14 Ricaurte.
Cuatro meses después, el 6 de junio, el campesino JOSE GREGORIO CAMPOS de 27
años fue asesinado de varios disparos de pistola calibre 9mm en la inspección
departamental Kilómetro 80. Pocos días después, el 8 de junio, el comerciante JOSE
ALVARO LOZANO de 52 años de edad, fue encontrado asesinado de varios disparos en
el sitio conocido como Puerto Limón. Desde el día 4 del mismo mes no se sabía del
paradero de José Álvaro; en esa fecha fue llevado a la fuerza por varios desconocidos,
quienes además le hurtaron $400.000 que llevaba en efectivo. Su desaparición se produjo
en momentos en los que se enfrentaban el ejército y la guerrilla en la región.
El 22 de junio, los campesinos MAURICIO PEÑA, de 25 años, y EMILIO GARZON, de 23,
fueron encontrados asesinados de varios disparos de armas de diversos calibres y sus
cuerpos estaban atados de pies y manos, en la vereda Llano Grande. El día 30 del mismo
mes, un HOMBRE de 25 años, fue encontrado asesinado en la inspección departamental
kilómetro 80. Presentaba un disparo en la cara y su cuerpo estaba en avanzado estado de
descomposición.
En el mes de julio, a raíz de la desaparición de TRES CAMPESINOS, el Concejo
municipal expidió un enérgico pronunciamiento exigiendo respeto a la dignidad de los
campesinos de la región y denunciando atropellos cometidos por miembros del ejército y
de la policía, los cuales hasta la fecha venían realizando allanamientos sin orden judicial
y sin identificación por lo que la población campesina se encontraba atemorizada y
acorralada por el pánico y las consecuencias que les podía acarrear este tipo de
diligencias fuera de la ley y la forma cómo se adelantaban. Por estos hechos, el cabildo
municipal elevó queja ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
En el mes de agosto, el día 3, el campesino EDWIN CASTILLO PIÑA, de 20 años, fue
asesinado y un CAMPESINO resultó herido por un grupo de 15 hombres armados,
algunos de los cuales vestían prendas militares, que irrumpieron en la finca La Argelia,
vereda Mata de Plátano. Los hombres irrumpieron en la vivienda, amenazaron a los
presentes y se apropiaron de una gran cantidad de dinero, posteriormente exigieron a
Edwin su documento de identidad y cuando se disponía a presentarlo, le propinaron dos
disparos. Una hermana del campesino fue encontrada asesinada en noviembre de 1993,
en jurisdicción de Lebrija, después de haber sido desaparecida cuando se dirigía a la sede
de la SIJIN en Bucaramanga. En septiembre del mismo año habían sido asesinados otros
dos familiares del joven. La familia Piña comenzó a ser hostigada en 1988, cuando una
unidad militar allanó la finca sin orden judicial y amenazó a toda la familia, acusando a sus
integrantes de ser auxiliadores de la guerrilla. Luego del asesinato de Edwin y ante las
constantes amenazas de muerte, otros 5 integrantes de la familia tuvieron que abandonar
la finca.
247

Durante el mes de noviembre se presentaron enfrentamientos entre la guerrilla y el
ejército; de igual forma fue denunciada públicamente la presencia de grupos paramilitares
por los campesinos agredidos de las veredas; los paramilitares en los últimos meses de
1994 recrudecieron sus acciones, especialmente contra la población campesina. En la
región comenzaron a presentarse enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla,
además de la actuación de varios grupos paramilitares, entre los que figuraban Los
Tiznados y el Comando Rogelio Correa Campos, entre otros. El día 5 de ese mes, el
campesino MARIO CASTRO CAMACHO, fue asesinado en la inspección departamental
kilómetro 80.
El 19 de noviembre, los campesinos CARLOS ALBERTO MARTINEZ, ARGEIDIS
CACERES ARCINIEGAS de 14 años, JOSE OCTAVIO RUIZ SANCHEZ de 12 años,
JERONIMO HERNANDEZ, SANDRA MILENA SALAS MORENO, GUILLERMO LEON,
LUDWING JOSE ALFONSO ARDILA, NELCY GUERRERO de 16 años, ARNULFO
GUERRERO y un CAMPESINO, fueron torturados por miembros del batallón de
Contraguerrilla No. 5 Los Guanes, adscrito a la Brigada Móvil No. 2, cuyos miembros
incursionaron en la vereda Caño Peruétano. A Carlos Alberto lo interrogaron y lo
golpearon con fusil mientras insistían en que “debía decirles donde se encontraba el
comandante de la guerrilla”. Lo amenazaban diciéndole que “lo iban a uniformar y a pelar”,
al liberarlo le dijeron, “esta vez te salvaste, pero la próxima, los de la motosierra no te la
perdonarán”. De acuerdo a los militares, “los de la motosierra” son los mismos del grupo
paramilitar los Masetos. 240 A Argeidis Cáceres lo llamaron del corral donde se encontraba
trabajando, lo empujaron a éste, lo pusieron firme y lo empujaron contra la pared;
preguntándole por “el comandante de la guerrilla” y que si no les decía nada lo mataban; el
muchacho, que era recién llegado a la vereda nada pudo contestar, por lo cual fue
pateado y botado a un charco y golpeado con un fusil en la cabeza; después le colocaron
un tábano eléctrico en los brazos y lo presionaron para que les contara lo sucedido en un
bazar. Al niño José Octavio Ruiz Sánchez lo hicieron caer de su cicla y golpearse contra el
suelo, preguntándole también por la guerrilla, además de amenazarlo diciéndole que si no
encontraban a la guerrilla se lo llevaban. 241
Al día siguiente, 20 de noviembre, en horas de la noche, un CAMPESINO de 25 años, fue
asesinado de 2 disparos de calibre 9mm propinados por varios hombres en el cruce de la
vía Panamericana con el río Lebrija. En los últimos días del mes de noviembre, el domingo
27, un avión de la Fuerza Aérea estuvo sobrevolando las inmediaciones del municipio de
Sabana de Torres desde las 7:00 a.m. y luego llegaron tres helicópteros como a las 9.15.
a.m. y empezaron a ametrallar el sitio ubicado entre el caserío del corregimiento de Puerto
Cayumba y la recuperación de tierras La Victoria, provocando terror, traumas y zozobra
entre la comunidad. 242 Los ametrallamientos y bombardeos duraron más de una hora.
Además de estas acciones llegaron más de 100 soldados que se desplazaron por la zona
240
Denuncia pública realizada por los habitantes de Caño Peruetano al Comité Regional de Derechos
Humanos de Sabana de Torres, noviembre 25 de 1994.
241
Ibíd.
242
Carta dirigida al alcalde municipal de Puerto Wilches Lino Bohórquez Afanador por las juntas de acción
comunal y demás comités de la zona afectada. Noviembre 29 de 1994.
248

sin encontrar nada. Estos llegaron a la escuela La Victoria y forzaron las puertas dejando
letreros escritos en el tablero, sacaron los pupitres y los dejaron afuera.
Los primeros días del mes de diciembre fueron de aparente tranquilidad y por un momento
los agricultores de Sabana de Torres y sus allegados creyeron que la oleada de violencia
ya había finalizado. Pero tal consideración quedó solamente en una aspiración después
del 20 de diciembre, fecha en la que el campesino DAVID CARDOZO ARDILA, de 21
años, fue encontrado asesinado de 2 disparos en el sitio Villa Eva, a orillas del río Lebrija.
David había sido llevado a la fuerza por dos hombres que lo sacaron de una finca en la
que laboraba, ubicada en la vereda Casa Nueva, también perteneciente a la zona de
enfrentamientos entre guerrilla y ejército. La situación tomaría tintes más alarmantes
durante el transcurso del año siguiente.
1995
Los combates desarrollados en enero de 1995 en las veredas de Caño Peruétano, Las
Lajas y La Magdalena, suscitaron una serie de denuncias de los campesinos por
atropellos por parte de los efectivos del batallón Contraguerrilla Los Guanes, comandado
por el Sargento Hernández y el cabo Rodríguez 243 , contabilizándose gran número de
denuncias contra este organismo armado y contra los grupos paramilitares. Con todo, las
censuras hechas no sirvieron ni motivaron acción alguna para que se detuvieran los
ataques hacia la población campesina del municipio.
La comisión de CLH contra los agricultores de la zona se manifestó a partir del 8 de enero,
cuando el campesino JAVIER PICO RUEDA, de 27 años, fue asesinado en circunstancias
desconocidas. Tres días más tarde, el 11 de enero, a las 6:30 de la mañana, una buseta
que se dirigía desde Caño Peruétano al casco urbano de Sabana de Torres fue abordada
por 20 miembros del ejército a la altura de La Cristalina, quienes la interceptaron y
detuvieron y con palabras soeces agredieron a sus ocupantes, tratándolos de guerrilleros,
auxiliadores y cómplices de la guerrilla, procediendo a subirse al vehículo, después de lo
cual cambiaron su ruta llevándolos hacia la hacienda La Magdalena, sitio donde se
desarrollaba un enfrentamiento armado 244 .
Los integrantes de la USO residentes en Sabana de Torres no fueron ajenos a los
crímenes perpetrados por los militares y paramilitares en contra de ellos en todo el
Magdalena medio. El 9 de enero de 1995 hacia las 2:00 p.m., el operario de la estación
petrolera La Cristalina, y sindicalista de la USO, CARLOS PRADO PINZON de 35 años,
fue asesinado de 5 disparos de pistola 9mm propinados por desconocidos en el lugar
conocido como Pozo Tres. Al día siguiente se tenía proyectado el inicio de las
negociaciones entre la USO y Ecopetrol para definir la nueva Convención Colectiva. En
señal de protesta, los compañeros de Carlos, quien se desempeñó como presidente de la
USO en el Distrito de Cantagallo, realizaron una operación de 'brazos caídos' durante
doce horas.
243 Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Denuncia pública, enero de 1995.
244 Comité Regional de derechos Humanos Sabana de Torres. Denuncia pública, enero 11 de 1995.
249

El jueves 12 de enero, a las 5.00 de la mañana llegó el ejército (cerca de 20 uniformados),
al rancho de propiedad de GUILLERMO LEÓN CRUZ, situado en la vereda Caño
Peruétano, en momentos en que colocaba una olla para hacer un caldo y uno de ellos lo
golpeó con la trompetilla de un fusil en el pecho diciéndole “¡Hable Viejo!”, y afirmando que
Guillermo “se estaba haciendo el marica, ya que a él le habían dicho que en la casa del
campesino habían amanecido cinco guerrilleros armados” 245 . En el momento en el que los
soldados llegaron a la vivienda de Guillermo, llevaban detenidos a dos pescadores y al pie
del rancho, los dejaron libres. Luego el militar amenazó a Guillermo diciéndole, “usted
tiene que llevarnos a la casa de Machalanga (Machalanga es un vecino esposo de la
señora Dora Inés Sánchez), sino usted ya sabe lo que le puede pasar” 246 . Después de
esto, el campesino se fue con ellos y lo dejaron en una cerca antes de llegar a la casa, en
compañía de 4 soldados y los demás lo presionaban comentando entre ellos que iban a
allanar la casa de los señores Machalanga. Durante algunas horas los militares torturaron
a Dora Inés Sánchez, vecina de los Machalanga y a Guillermo, quienes se encontraban
ya en muy avanzada edad.
En el casco urbano del municipio, el 1 febrero, la empleada del servicio doméstico, LUZ
MARINA PAIPILLA, fue asesinada en la cancha de fútbol.
Otro indicio de los crímenes ejecutados por los miembros del batallón de Contraguerrilla
No. 5, Los Guanes tuvo lugar el sábado 4 de febrero de 1995 a las 5:30 a.m., con la
detención del campesino LEONIDAS BASTOS GOYENECHE a quien además propinaron
amenazas de muerte y torturas los soldados de ese batallón. Leonidas fue aprehendido
en su vivienda por un grupo de 30 soldados quienes le preguntaron, “¿Pero como es que
le dicen a usted?”, a lo que él respondió que “le decían COCO” y ellos respondieron -“Ah..
por fin supimos donde vivía este HP”-; después lo obligaron a salir de su casa atado de las
manos y varios militares se le pararon sobre el estómago, le taparon la boca con una toalla
y le echaron agua con sal por la nariz. Le interrogaron por la guerrilla, lo obligaron a
patrullar descalzo durante una hora, luego le introdujeron la cabeza en un río hasta casi
ahogarlo; después de torturarlo un soldado le dijo, poniéndole un fusil en la oreja “Eso
usted no da un brinco, ¿de que calibre quiere el tiro?”. 247 Por último, anotaron su nombre
y número de cédula y le hicieron firmar un papel. Posteriormente el día 18 de febrero
regresaron a buscarlo a su vivienda.
Pocos días después, el 6 de febrero de 1995, incursionó en las horas de la noche un
grupo paramilitar conformado por cerca de 60 hombres vestidos de civil y bien armados
que se identificaron como miembros de las Autodefensas Campesinas de Colombia
(ACC); según las denuncias que fueron formuladas por los campesinos, los paramilitares
245
Denuncia realizada por Guillermo León Cruz, ante el Comité Regional de Derechos Humanos Sabana de
Torres, enero 25 de 1995.
246
Ibídem. p. 1.
247
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Carta dirigida al Comandante de la V
Brigada de Bucaramanga, Fiscalía Regional de Bucaramanga, Defensoría del Pueblo de Bucaramanga,
Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, Defensoría del pueblo de
Barrancabermeja, Oficina de Derechos Humanos de Sabana de Torres y la Diócesis de Barrancabermeja.
250

censaron a la población y los amenazaron. Ante tales denuncias “el parte militar explicó
que en esta zona efectivamente actuaban bandoleros Camilistas, del Ejército de
Liberación Nacional, y como evidencia se demuestra el hecho de haber dado de baja a
doce de ellos, vestidos y armados; entonces por lo tanto ellos han realizado actividades de
inteligencia operacional, que al parecer esto ha disgustado a los habitantes de la
región” 248 .
Las amenazas y arbitrariedades del ejército en la zona rural de Sabana de Torres
continuaron y sus alianzas con los grupos paramilitares se hicieron cada vez más
evidentes. El 11 de febrero de 1995, llegó un grupo de 20 hombres fuertemente armados,
uniformados, a la vivienda de GUSTAVO GOMEZ. Después de esto, lo aprehendieron y lo
llevaron a un potrero lejos de su casa, donde lo golpearon con la culata de un fusil y le
colocaron una toalla con amoniaco en la nariz, indagando constantemente para que
Gustavo les diera información sobre la guerrilla, específicamente sobre los comandantes
Eduardo y Lucho; pese a las agresiones, Gustavo les contestó que no sabía nada de ellos,
“que esa era una zona guerrillera y por allí pasaban con frecuencia pues en ese lugar se
hacían reuniones y que los campesinos no podían evitar esas cosas”. 249 Después los
militares amenazaron a Gustavo diciéndole que si reportaba lo sucedido ante los
defensores de Derechos Humanos, lo mataban. Ante su desaparición, algunos vecinos y
pobladores del sector fueron a reclamarle a los miembros del ejército sobre el paradero de
Gustavo, y estos últimos se lo mostraron a sus allegados diciéndoles: “miren a este HP
como lo dejamos, ustedes ya saben porque, y eso no es nada, después de este siguen
como 20 más, nosotros no somos ejército ni guerrilla, ni un HP, nosotros somos
autodefensas campesinas”. 250 Ese mismo día amenazaron a un señor del caserío y le
dieron 24 horas para que se fuera. A la par con esto, la vivienda de Gustavo fue allanada y
le fue hurtado un dinero de su trabajo.
Un día después de los sucesos señalados, el 12 de febrero, el campesino ARTURO
DUARTE VELANDIA, de 15 años, fue asesinado por desconocidos en la Inspección
Departamental Provincia. Por la misma época, las tropas del ejército arribaron a la región
del bajo Rionegro, limitante entre Sabana de Torres y ese municipio, donde agredieron y
torturaron a varios campesinos.
Un sinnúmero de veredas aledañas al municipio de Sabana de Torres, al igual que el
corregimiento de San Rafael del municipio de Rionegro, ubicadas en una zona conocida
como Bajo Rionegro, fueron epicentro de gran cantidad de crímenes y atropellos que con
el correr de los días fueron conocidos por la opinión publica nacional e internacional. En
general, toda la zona del Magdalena Medio comenzó a verse afectada por agresiones
cometidas por los grupos paramilitares y las fuerzas militares, “quienes los intimidan,
torturan, desaparecen y matan”. Según los campesinos, los militares que se encontraban
248 Carta dirigida a Jorge Piñeros Navas Alcalde Municipal de Sabana de Torres con fecha 19 de enero de
1995. Dirigida por Gilberto Sandoval, personero municipal del municipio.
249 Denuncia realizada por Gustavo Gómez Infante ante el Comité Regional de Derechos Humanos Sabana
de Torres el 20 de febrero de 1995.
250 Ibíd.
251

en el perímetro urbano eran los mismos, que vestidos de civil se dirigían a agredir a los
campesinos que estaban en sus parcelas.
Tanto las agresiones del ejército como la ofensiva paramilitar comenzaron en el mes de
enero del año 1995 y se recrudecieron con el correr de los días. El 7 de enero de 1995 los
campesinos LIBARDO OREJANERA, ALBERTO GUERRERO, WILSON HERNÁNDEZ y
DORA INES SÁNCHEZ fueron detenidos, torturados y amenazados por miembros del
batallón Contraguerrilla No. 5 de Los Guanes. A Libardo Orejanera lo detuvieron cuando
descendía de una canoa, en el sitio Paturia, cerca al caño Peruétano, cuando iba en busca
de un ganado que estaba al otro lado del caño en predios de ese corregimiento, le
preguntaron por el sitio donde vivía y cuando les respondió, le dijeron: “usted que va a vivir
allí, usted es un guerrillero, de nosotros no gusta pero de la guerrilla sí”. Luego lo
condujeron monte adentro; lo desnudaron, y con su camisa le amarraron las manos a la
espalda, y según su testimonio, lo tiraron al suelo con la cara hacia arriba, le pusieron una
toalla en la cara y le echaban agua por la boca y la nariz, se paraban encima del
estomago, y lo amenazaron de muerte para que dijera donde estaba el campamento de la
guerrilla ante lo cual él les respondió: “Ustedes son los que tienen que buscar, nosotros los
campesinos no podemos saber nada de eso”. El campesino denunció que “un soldado se
me paró en el estómago y me hacía presión muy duro y me volvía a hacer la misma
pregunta. Después me apretaron el cuello con las manos hasta que quedaba asfixiado y
debido a esto se me inflamó la garganta”. Finalmente lo liberaron, advirtiéndole “váyase
para donde iba y si se encuentra con la guerrilla viene y nos dice”. Antes de irse los
militares le aseguraron que contabilizarían el tiempo que debía demorar y que “a las 11 de
la mañana debía reunirme de nuevo con ellos, pero cuando yo regresé ya no estaban por
ahí”.
A los campesinos Alberto y Wilson los detuvieron en un retén militar del Batallón de
Contraguerrilla No. 5 Los Guanes cuando se movilizaban en una motocicleta. Los
requisaron y a Alberto Guerrero le dijeron "HP, a usted era al que estábamos buscando”;
luego le hicieron quitar la ropa y le colocaron un uniforme camuflado y una capucha negra.
A Wilson lo dejaron en el sitio donde los detuvieron, junto con otros soldados y dos
encapuchados; allí lo tuvieron todo el día, sin alimentos, y le preguntaron por varios
campesinos. También le advirtieron que si no colaboraba, lo iban a torturar. Entretanto, a
Alberto lo llevaron en compañía de 7 soldados, en dirección a la vereda La Cristalina, y
hacia las 5 de la tarde lo trajeron de regreso y le hicieron cambiar el uniforme camuflado
por su ropa; según testimonio de Wilson, tenía los ojos enrojecidos e hinchados, así como
los brazos raspados. Los militares le insistieron a Guerrero para que se fuera a
Bucaramanga a trabajar con el Ejército y que “no le colaborara más a la guerrilla”.
Al momento de liberarlos, los obligaron a firmar un papel en blanco y les tomaron las
huellas dactilares sobre las firmas, luego les entregaron las cédulas y los dejaron ir. A la
campesina Dora Inés, los militares la detuvieron en su vivienda a las 6:30 a.m., ubicada en
la vereda Caño Peruétano y primero le solicitaron que los embalsara en una canoa, a lo
cual ella respondió que no sabia tirar el canalete. Después le dijeron que tenía que “dar
razón de la guerrilla”, pues debía “ser una guerrillera”; le exigieron que les mostrara lo que
tenía de la guerrilla “porque usted les guarda cosas”. Uno de los soldados entró a la casa y
252

sacó una colchoneta y una toalla. La acostaron a la fuerza en la colchoneta y le colocaron
la toalla en la cara, mientras dos soldados la sostenían sobre el rostro haciendo presión
sobre nariz y boca. Después la cogieron de las piernas parándola sobre la cabeza y le
echaron agua con un balde por la boca y la nariz. Luego de esto, riéndose afirmaban “Hay
abuelita, eso no llore, vaya cámbiese o sino la volvemos a bañar”. También la amenazaron
diciéndole “agradezca que su marido no estaba, o sino la cosa habría sido diferente”,
preguntándole por un vecino de nombre Carmito Flórez.
Finalmente, indagaron por un radio de comunicaciones y cavaron un hueco de un metro
de profundidad detrás de la puerta de la casa, según ellos, buscando caletas. Al irse le
advirtieron: “Vieja HP si cuenta venimos y la matamos, así sea de noche o de día” 251 .
Las quejas y testimonios recurrentes de los habitantes de las veredas, denunciando los
malos tratos de los miembros del ejército, aún con niños pequeños presionándolos para
que dieran informes sobre la guerrilla sin saber nada, según ellos porque “como
habitantes permanentes de la región ellos deben saberlo” 252 , pusieron en entredicho la
veracidad de las declaraciones del ejército, sobre su supuesta función de “salvaguardar la
seguridad de la población”. En otro testimonio una campesina afirmó: “Ellos... (los del
ejército) dicen que los campesinos somos guerrilleros y los campesinos somos el futuro de
nuestra patria” 253 .
El 26 de febrero siguiente, el vendedor de limones DILIO DE JESUS COLORADO, de 40
años, fue encontrado asesinado, con dos disparos en la cabeza y atado de pies y manos,
en el puente sobre la quebrada Santos Gutiérrez, en la carretera troncal de la Paz. Pocos
días después, el 2 de marzo, un HOMBRE, de 27 años, con aspecto de campesino, de piel
trigueña, cabellos negros y bigote, fue encontrado asesinado; su cuerpo presentaba 2
disparos en la cabeza en la inspección departamental La Gómez. Otro HOMBRE, de 29
años, 1.75 m de estatura, cabello negro lacio, ojos oscuros y cejas pobladas, cuya
identidad no fue posible establecer, fue encontrado asesinado con dos disparos en la
cabeza entre unos matorrales, cerca a la vía Panamericana el 5 de marzo.
En el mes de abril se realizó una avanzada de los grupos paramilitares que se ensañó
contra los campesinos del sector de Caño Peruétano, Mata de Plátano, Las Lajas, El
Tropezón, La Bahía y Rosablanca. Las amenazas y presiones permanentes sufridas por la
población campesina generaron un desplazamiento de aproximadamente 15 familias
provenientes de las veredas aledañas al casco urbano de Sabana o a Bucaramanga. Por
251 Este caso ha sido reconstruido a partir de los siguientes documentos:
Carta dirigida a ILSA por el Comité regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres, 9 de diciembre
de 1994.
Denuncia Pública realizada por Wilson Hernández Fuentes, acompañante de Alberto Guerrero, ante el
Comité Regional de Derechos Humanos Sabana de Torres, 20 de enero de 1995.
Denuncia realizada por Libardo Orejarena y Dora Inés Sánchez ante el comité Regional de Derechos
Humanos de Sabana de Torres, 22 de enero de 1995.
252 Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Denuncia Pública, enero de 1995.
253 Testimonios obtenidos en la vereda caño Peruetano en visita del miércoles 18 de enero de 1995,
recopilados por el Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres y el Personero Municipal
Gilberto Sandoval.
253

tales motivos, a mediados del mes de abril se hizo efectivo el traslado a la vereda El
Tropezón de una comisión de verificación con miembros de Brigadas Internacionales de
Paz (BIP) con el fin de constatar la masacre de una familia compuesta por un matrimonio y
sus cuatro hijas. Según los testimonios, se trataría de una actuación del grupo paramilitar
Autodefensas Campesinas de Colombia, que venían operando durante los últimos meses
en la zona, ya que el padre de familia había recibido amenazas por parte de ese grupo 254 .
También en el mes de abril, el día 6, el ayudante de un vehículo de la comercializadora de
leche Lechesan, BERNARDO BOTTIAS RIOS, de 22 años, fue asesinado de 3 impactos
de bala en diferentes partes del cuerpo en la vereda Las Lajas. Durante una reunión
celebrada en la población el 11 de abril, a la que asistieron autoridades civiles y militares,
pobladores y representantes de organizaciones de derechos humanos, los campesinos
denunciaron la creciente presencia de grupos paramilitares que se presentaban como Los
Masetos o Autodefensas Campesinas. También se expusieron los asesinatos, torturas,
intimidaciones, zozobra e inseguridad constante a la que estaban sometidos los
pobladores. Se denunció además la desaparición del dirigente cívico Wilson José Cáceres
González y el asesinato de Bernardo Bottías Ríos, el desplazamiento de familias del
campo al casco urbano de la población, producto de amenazas de grupos paramilitares y
el maltrato de tropas del batallón Los Guanes a la población campesina de varias veredas.
Se exigió, entre otras cosas, declarar a la población en Asamblea Permanente, mayor
presencia del Estado en las zonas más afectadas por la violencia, convocar a un
encuentro regional por la vida y a la población para que denunciara cualquier situación
violatoria de los derechos humanos. El comandante de policía de Santander, coronel Uriel
Salazar, manifestó en relación con la presencia de paramilitares en la zona que “Los
grupos paramilitares... no podemos desconocer que hay muchas informaciones sobre su
presencia en la zona; pero ustedes saben que la aparición de autodefensas, ha sido
consecuencia de la presencia subversiva. El día que la subversión abandone las armas,
ese día desaparecerán todos los factores de violencia”.
Pese a las múltiples denuncias de la población, la comisión de CLH se reinició a mediados
del mes de abril. El día 18, el campesino ABIMAEL PEREZ GUERRERO, de 50 años, fue
asesinado en presencia de su esposa e hijo de 9 años, de varios disparos de armas de
diferente calibre propinados por tres paramilitares que estaban encapuchados, en la
inspección departamental Corregimiento de Sabaneta. A finales de mes, el 26 de abril, el
campesino ENRIQUE ALFONSO CALDERON fue desaparecido en circunstancias
desconocidas en el barrio Argelia. No se precisaron los detalles de su desaparición, pero
se supo que en el mismo barrio dos días antes fueron asesinados dos hombres, cuyos
nombres se desconocen al igual que los mecanismos de su asesinato. El mismo día, el
embolador JULIAN GALVIS ORTIZ, de 17 años, y el vendedor MARIO ARIZA
GONZALEZ, fueron asesinados en circunstancias desconocidas en el mismo barrio. Estos
múltiples crímenes fueron cometidos por paramilitares, que dieron curso a varias acciones
de limpieza social que involucraron a los trabajadores informales y de la calle.
254 Carta dirigida al alcalde del Municipio de sabana de Torres por Nicole Mainguy, miembro del la Brigada
de Paz Internacional de Paz, el 10 de abril de 1995.
254

Dos meses después, el día 17 de junio, los grupos paramilitares que actuaban entre
Sabana de Torres, Puerto Wilches y otros municipios, convocaron bajo la intimidación y el
terror a una reunión en el corregimiento de San Rafael (Bajo Rionegro, Santander)
amenazando a las comunidades campesinas 255 . La comunidad sabanera se pronunció al
respecto ante las organizaciones y comités defensores de Derechos Humanos nacionales
e internacionales, con el fin de evitar la tan temida reunión. Pese a tales demandas, ésta
finalmente se llevó a cabo y los paramilitares terminaron intimidando aún más a la
población con listas cuyos nombres llevaban consigo la muerte y el asesinato. En la
mayoría de las ocasiones estos grupos cobraban a la comunidad una “cuota o impuesto
sobre sus tierras y también eran los encargados de llevar información malintencionada
para que atropellen y hostiguen permanentemente a las familias que habitan en este
sector”. 256 Los trabajadores del campo identificaron claramente a quienes comandaban los
grupos y de una u otra forma perturbaban su paz y tranquilidad: alias Camilo,
perteneciente al batallón Luciano D'Elhuyar y el comandante Braulio, este último a la vez
perteneciente a grupos paramilitares de Puerto Boyacá 257 . Además de ellos, algunos
terratenientes del sector apoyaban y refugiaban a los integrantes de grupos paramilitares
como los Motosierra o SOMBRA NEGRA, prestándoles sus predios para establecer
asentamientos y bases permanentes, con miras al control de los campesinos de veredas
como El Tropezón y Campo Alegre.
Al día siguiente, el 18 de junio, los campesinos PEDRO NEL VILLABONA, de 30 años, y
ARMANDO VILLABONA, de 22, fueron asesinados de 3 impactos de pistola 9mm
propinados a cada uno de ellos por aproximadamente 8 hombres armados en La Finca
kilómetro 28, Inspección Departamental La Gómez. Los hombres llegaron al predio donde
estaban reunidos unos catorce campesinos, algunos con sus familias y después de
identificarlos, los hicieron a un lado tras una breve recriminación y acusación; paso
seguido, los acribillaron de tres impactos de pistola calibre 9mm a cada uno. Los
campesinos reunidos explicaban el alcance de la charla que habían sostenido la semana
anterior en Papayal, durante el encuentro regional con las autoridades civiles, militares y
con voceros de los gremios económicos del departamento. A finales de la semana
siguiente, el 26 de junio de 1995, los campesinos que laboraban en la finca La Aurora,
NELSON de 14 años y ALBERTO SOTO SEPULVEDA de 22 años, fueron encontrados
asesinados de varios disparos de pistola calibre 9mm en la cabeza, en el kilómetro 15 en
la vía a Barrancabermeja.
La oleada de asesinatos continuó el 28 de junio entre las 11:30 y las 12:00 p.m. cuando
HERIBERTO HURTADO PIÑA fue agredido mientras se encontraba durmiendo junto con
tres niños (2 hermanos y un sobrino), en su residencia ubicada en zona rural de Sabana
de Torres. En ese momento llegaron dos hombres y tocaron la puerta, que fue abierta por
su hermana Aminta. Los dos hombres preguntaron por “pachito”, (apodo con el que era
255
Instituto Latinoamericano de Servicios legales Alternativos ILSA. Carta dirigida al Consejero
presidencial Carlos Vicente de Roux, junio de 1995.
256
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Denuncia pública, diciembre 9 de 1994
257 Ibíd.
255

conocido Heriberto) afirmando que querían hablar con él y se lo llevaron. Posteriormente,
lo hicieron caminar en busca de un “comandante” y cuando había recorrido unos dos
metros le dispararon con un arma pequeña. Después de los disparos entraron a la casa y
“pacho” se refugió en un potrero cercano; su familia lo buscó por espacio de seis horas
hasta que logró encontrarlo. 258 El temor de los campesinos de Sabana de Torres cada vez
era mayor; los desplazamientos forzados se acentuaron y las listas de la muerte cada vez
involucraban a más agricultores y pobladores rurales, sin distinciones de sexo o edad.
El 24 de julio, el campesino JULIO ROSAS realizó una denuncia que explicitó la
persecución generalizada sufrida por el sector campesino en manos de organismos del
ejército y grupos paramilitares. Su relato dio cuenta también de las amenazas y
prevención que indirectamente tenían estos actores frente a las labores adelantadas por el
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres que continuaría siendo
criminalizado durante el transcurso del año 96, dejando de recibir el apoyo gubernamental,
del que anteriormente gozaba 259 :
¡Portándose mal!
“Hace como cinco meses llegaron por primera vez a mi casa parcela la India, como 11
hombres; fuertemente armados uniformados de color verde oliva preguntando por mí. En
ese instante, yo salí por que me encontraba dentro de la casa, me sacaron como a unos
20 metros de la casa y me dijeron que tenían que arreglar conmigo y yo les pregunte que
si era que yo tenía problemas o si tenia que irme, pero ellos me contestaron que no había
problema y que podía seguir trabajando. 3 meses después me los encontré en una tienda
que se llama pozo 4, como a un kilómetro de la casa mía, y el primer saludo que me
dieron fue: ¡Portándose mal!, me pegaron unos puños y unas patadas mientras decían: Un
sapo de la guerrilla y que le lambiera (sic) a los HP de los Derechos Humanos, que un día
de estos los agarro uno por uno”, luego me dijeron que me fuera, después tuve que huir
del lugar, en estos momentos mi parcela se encuentra sola y tengo que salir de ella”. 260
Un mes después, el 15 de agosto, JOSE CASTELLANOS NIÑO, de 21 años e ISRAEL
HERNANDEZ MEDINA, de 30, fueron encontrados muertos con dos disparos en la cabeza
y señales de tortura en la finca La Aurora en cercanías de la quebrada Los Santos
Gutiérrez, ubicada en la inspección departamental Magará. Quince días más tarde, el 31
de agosto, HERIBERTO HURTADO MARTINEZ de 54 años, fue asesinado de un disparo
de revólver, que le fue propinado a la altura del ojo izquierdo, cuando trabajaba en su
finca.
258
Denuncia realizada por las hermanas de la victima, Aminta y Edith Hurtado, ante el Comité Regional de
Derechos Humanos de Sabana de Torres, el 7 de julio de 1995.
259
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Carta dirigida a la doctora Yolanda
Villareal, noviembre 12 de 1996.
260
Denuncia realizada por Julio rosas ante el Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de
Torres. Julio 24 de 1995.
256

A comienzos del mes de septiembre se realizó una Semana por la Paz que contempló la
realización de una serie de actividades encabezadas por el Comité Regional de Derechos
Humanos y la Arquidiócesis de Barrancabermeja, con miras a un pronunciamiento sobre
los asesinatos de innumerables campesinos y pobladores urbanos de la región. Los
objetivos de esta movilización eran además, los de rechazo generalizado frente a la guerra
sucia y las proclamas por el cese de esta. 261 Sin embargo, y a pesar de la inconformidad
generalizada de la población, la comisión de CLH continuaría presentándose. El domingo
3 de septiembre, el fotógrafo y trabajador informal JORGE RAMIREZ GOMEZ fue
desaparecido luego de haber salido de su casa en una bicicleta llevando su equipo de
fotografía junto con dos “desconocidos que vinieron a buscarlo para hacer una fotos en
una fiesta que supuestamente se celebraba esa tarde por los lados del Dique de los
Santos”. 262 Uno de los individuos que se lo llevó entró a la casa y fue visto y descrito por
sus familiares, al reportar la desaparición con las autoridades.
En el transcurso del mes de octubre se siguieron presentando crímenes contra la
población de Sabana de Torres tanto en el casco urbano como en toda el área rural. El 8
de octubre, la familia Castillo Vargas salía a hacer el mercado del día domingo
desplazándose desde su casa ubicada en la finca Vereda Mata de Plátano hasta el casco
urbano de Sabana de Torres y al llegar al pueblo fue desaparecido HUMBERTO
CASTILLO VARGAS de 27 años, por autores no identificados 263 . Humberto, quien vivía
junto con su familia en la finca Gloria, ese día llevaba un dinero dado por sus padres para
que fuera al pueblo a hacer el mercado en Cajasan, pero nunca se volvió a saber algo de
él. el 24 de octubre de 1995, JUAN CARLOS LIZARAZO SANCHEZ de 17 años, y
ALVARO RICO HERRERA, de 32, fueron asesinados de 4 y7 disparos respectivamente
propinados por desconocidos cuando se movilizaban en una moto en el sitio El Cerrito,
sobre la vía que conduce a la vereda Mata de Plátano. “Estos asesinatos se llevaron a
cabo a 1 kilómetro de donde se encuentra ubicada una unidad del ejército que estaba
protegiendo el tendido de Gasoducto que instaló la empresa Teching”. 264 El mes culminó
con un crimen más; el 28 de octubre, hacia las 5:50 a.m., el expendedor de carne y
miembro de la Asociación de Expendedores de Carne GEOVANNY BARRIENTOS
HERRERA de 29 años, fue asesinado de dos disparos de fusil propinados por hombres
armados que pidieron papeles a los presentes con lista en mano cuando incursionaron en
la vereda El Caribe; uno de los proyectiles le destrozó la cara a Geovanny. Tanto Álvaro
Rico como Geovanny se encontraban amenazados por los grupos paramilitares presentes
en la región.
261
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Cronograma de la semana por la paz del
3 al 9 de septiembre de 1995.
262
Denuncia realizada por Daniel Ramírez, hijo de la víctima, ante el Comité Regional de Derechos
Humanos de Sabana de Torres. 5 de septiembre de 1995.
263
Denuncia realizada por los familiares de Humberto Castillo ante el Comité Regional de derechos
Humanos de Sabana de Torres, el 9 de octubre de 1995. Entre estos familiares se encontraba Rosa Janeth
Noriega, su esposa, además de sus padres Torcoroma Vargas y José de Jesús Castillo Ayala.
264
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Informe sobre la ola de violencia vivida
en el municipio de Sabana de Torres, octubre 30 de 1995.
257

La persecución contra los funcionarios públicos se presentó una vez más en noviembre. El
9 de ese mes, hacia las 5:30 p.m., el conductor de la alcaldía y miembro del Sindicato de
Trabajadores Oficiales de Sabana de Torres SINTRAOFISAT, ORLANDO AMAYA
ÁLVAREZ, de 45 años, fue asesinado de seis disparos propinados por paramilitares que lo
interceptaron cuando se movilizaba en una volqueta de la alcaldía, procedente de la
vereda Caño Peruétano. El asesinato de ORLANDO y los comentarios sobre las
supuestas listas de las que hacían parte otros trabajadores creó un precedente grave
entre el gremio sindical de Sabana de Torres, que implicó gran cantidad de prejuicios para
la comunidad sabanera 265 . Después de la muerte de los sindicalistas, los sobrevivientes
del Sindicato de Trabajadores Oficiales pactaron con la alcaldía la disolución del
organismo en el año 1996 y la liquidación de los trabajadores, a los cuales nunca les
fueron pagados ni las indemnizaciones ni las liquidaciones. 266
Con el devenir de los días se intensificaron los desmanes de las filas paramilitares. El 3 de
diciembre de 1995 fue incendiada la casa de la campesina BARBARA GOMEZ, ubicada
en la parcela Villa Luz, vereda San Pedro. La señora Bárbara se fue de la parcela Villa Luz
al casco urbano desde un mes antes, por amenazas del grupo paramilitar los Masetos. 267
Pese a las medidas que tomó para evitar la persecución, los Masetos, que sabían
exactamente cuales eran sus movimientos, terminaron incendiando su hogar.
Como reacción frente a la arremetida paramilitar contra los campesinos, surgió como
iniciativa de estos últimos la “Asociación de Familias Desplazadas de Sabana de
Torres” 268 , cuyo fin principal fue el de evitar el desplazamiento y acabar con el desarraigo;
organización que contó con el apoyo de las organizaciones defensoras de derechos
humanos del país y las de índole internacional; pero el que los campesinos se organizaran
no significó que los grupos paramilitares dejaran de violentarlos, por el contrario, su
ofensiva cada vez cobró más fuerza.
El 16 de diciembre, GUILLERMO SAAVEDRA FIGUEROA fue desaparecido y asesinado
por sujetos no identificados. Su cuerpo, que presentaba signos de descomposición y en la
mano izquierda tenía atada una cuerda de nylon, fue encontrado tres días después, en la
Inspección Departamental Mata de Palo, en la vía que de la localidad conduce a los sitios
conocidos como Uribe Uribe y La Azufrada. Dos días después de la desaparición de
Guillermo, el 18 de diciembre, el campesino e inspector de policía de Paturia JESÚS
GOMEZ SALCEDO, de 39 años, fue asesinado presumiblemente por paramilitares; su
cuerpo presentaba cuatro impactos de bala cuando fue encontrado entre la inspección de
policía y la vereda Campo Alegre.
265
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Comunicado a la opinión pública,
noviembre de 1995.
266
PROYECTO CNM. Entrevista realizada a Francisco Campos cofundador del Comité regional de Derechos
Humanos de Sabana de Torres, junio 11 de 2004.
267
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Informe del año 1995.
268
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Informe sobre el desplazamiento forzoso
en Sabana de Torres (Santander, Magdalena Medio colombiano), 1996.
258

1996
En 1996 el paramilitarismo siguió posicionándose en la población de Sabana de Torres,
actuando paralelamente en el casco urbano y las zonas rurales. Además de intimidar y
perseguir a los gremios sindicales, comunitarios y a la oposición política, y una vez
lograron hacerse al control de la vereda LA Azufrada y la Inspección Departamental San
Rafael de Payoa, los agentes paraestatales extendieron su accionar a la Inspección de la
Provincia. El 21 de enero, JOSE DILMO CHACON RODRIGUEZ de 45 años, fue
asesinado de 11 disparos en el sitio El Tropezón de la Inspección mencionada.
Durante ese mismo año, los crímenes contra los trabajadores tendieron a incrementarse.
El 29 de mayo, el conductor afiliado a la Cooperativa de Transportadores
COOTRASABANA, ALFONSO MANTILLA HORTUA de 35 años y EDINSON MANTILLA
de 16 años, fueron asesinados por paramilitares que interceptaron el vehículo en que se
movilizaban por la vía al sitio Mata de Plátano. Los cuerpos fueron encontrados
posteriormente con graves signos de tortura, degollados y con quemaduras en el rostro
hechas con ácido. También presentaban impactos de arma de fuego.
Pocos días después, el 7 de junio de 1996, el vendedor de quesos ERNESTO JIMENEZ
RANGEL, de 23 años, fue desaparecido cuando tres paramilitares del grupo los Masetos a
la cabeza del Comandante Camilo, que iban encapuchados lo bajaron de un bus
intermunicipal afiliado a la empresa COOTRANSMAGDALENA, en inmediaciones de la
Vereda Puerto Limón en la vía de San Rafael a Sabana de Torres. Un familiar de Ernesto
responsabilizó al grupo paramilitar Los Masetos: “... me dijeron que tenían que matar a mi
hijo”, expresó la mujer. Ernesto había salido de San Rafael hacia las 6 de la mañana y
hacia las 7 fue cometido el crimen y “a las nueve me informaron que lo habían bajado del
bus cerca a Puerto Limón”.
La comisión de Crímenes de Lesa Humanidad aumentó en el segundo semestre del año.
El 16 de agosto de 1996, JORGE ENRIQUE CAMPILLO, de 31 años, el mecánico
ERNESTO GOMEZ, de 34; y los campesinos LUIS PEDRAZA y WILSON JIMÉNEZ, de 19
años y 25 años de edad respectivamente, fueron asesinados de 3 impactos de bala cada
uno en circunstancias desconocidas; sus cuerpos fueron hallados en el sitio conocido
como kilómetro 15, ubicado a 20 minutos del casco urbano. Días después, el 23 de
agosto, el comerciante BENEDICTO MORANTES, fue asesinado de 6 disparos
propinados por paramilitares cuando se encontraba en un almacén. Benedicto falleció
cuando era trasladado al hospital de Barrancabermeja.
El 14 de septiembre una tropa compuesta de soldados profesionales llegó a la vereda
Payoa Corazones a las 6:00 a.m., acercándose a la parcela La Alegría donde se
encontraba ANDRES OLARTE, con su cuñada Mariela y dos trabajadores aserradores
que para ese día iban a aserrar una madera que tenían por encargo. “Después de que uno
de ellos llegó a la casa le dijo a Andrés que lo acompañara a donde se hallaba el grupo de
soldados. Estos le dijeron a Andrés que colocará las manos atrás y fue cuando lo ataron y
lo pusieron en el piso bocarriba; entonces uno de los soldados pidió un baldado de agua
en la casa y le echaron con un trapo agua por la boca, apretándole también la garganta,
259

mientras que otros dos le tenían los pies” 269 . Posteriormente, el soldado que lo tenía por la
garganta lo golpeó en la cara y otros soldados se sumaron a este golpeando también a
Andrés, diciéndole que encabezara la marcha para que los condujera a la salida a la
Carretera Panamericana. Poco tiempo antes de llegar a la carretera lo soltaron.
El 27 de septiembre, hacia las 9:30 a.m., el campesino JESUS DAVID MOLINA de 45
años, fue asesinado en presencia de sus tres hijos, de tres disparos en la cabeza
propinados por paramilitares, quienes incursionaron en su vivienda ubicada en la
inspección departamental La Gómez, a cinco minutos del casco urbano.
En diciembre de 1996, los comerciantes de mercancías HUGO ALVEAR MENDOZA y
JAVIER HUMBERTO HERRERA BAYTER de 27 años, fueron interceptados y
desaparecidos por paramilitares. Los comerciantes habían llegado al casco urbano
procedentes de la Inspección Departamental Puente Sogamoso, en jurisdicción del
municipio de Puerto Wilches, a bordo de una motocicleta DT-125, de color negro y placas
DVO-17. Ese mismo mes, el día 8, el conductor JOSE LUIS MEDINA GALINDO de 27
años, fue desaparecido desde el momento en que seis paramilitares que se movilizaban
en una camioneta Mazda color verde y azul, lo sacaron de un establecimiento público
ubicado en el parque principal en presencia de varias personas durante las ferias
ganaderas. La familia de la víctima se vio obligada a salir del municipio debido a presiones
de los paramilitares. José Luis era un trabajador desplazado de la vereda Rosablanca
debido a las amenazas contra su vida realizadas el 2 de octubre de 1995.
1997
La situación de los moradores de Sabana se agravó a partir del mes de febrero de ese
año. A comienzos de ese mes, los campesinos de toda la región del Rionegro le
informaron nuevamente a las organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la
citación hecha por los grupos de autodefensas A.C.C. a una reunión obligatoria en el
INAT, vereda Llano Grande a las 8:00 a.m. Las presiones de las autodefensas para la
asistencia obligatoria a la reunión no se hicieron esperar y para ello se hizo uso de la
intimidación con multas y destierros 270 . Las listas de la muerte crearon el pánico colectivo
una vez más, dando a pie a desapariciones y asesinatos durante el último tercio del año.
La represión sistemática contra los lideres cívicos y comunales se reestableció a mediados
del mes de marzo. El día 16, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección
Departamental Mata de Piña, CRISTOBAL PEREZ, fue asesinado por miembros de un
grupo armado. Al día siguiente, a las 11:35 p.m., la empleada YOLANDA RINCON, el
veterinario CARLOS EDUARDO REYES y el candidato WILSON CELY SILVA, fueron
asesinados y los empleados WOTHMAN ENRIQUE MENA, EDGAR LUGO, ERNESTO
SARMIENTO, LUZ ACEVEDO y MARIA EDITH TARAZONA de 33 años, YESSICA
269
Denuncia realizada por Arcángel Olarte, hermano de la victima, ante el Comité Regional de Derechos
Humanos de Sabana de Torres. Septiembre 16 de 1996.
270
Instituto Latinoamericano de Servicios legales Alternativos (ILSA). Carta del dirigida al ministro de
Defensa Guillermo Alberto González, febrero 13 de 1997.
260

RIVERA de 20, MERLY CHAVEZ de 34, la abogada BEATRIZ EUGENIA CALDERON, el
juez EDGAR OLIVARES, el policía OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN, el empleado
oficial PEDRO NEL TORRES, la médico ADRIANA ARDILA de 29 años y la veterinaria
AHALIA MARIA FERREIRA CARO de 25, resultaron heridos luego de un atentado
perpetrado por paramilitares que irrumpieron en una vivienda del Barrio 20 de julio, en
momentos en que se realizaba una fiesta para despedir al Juez Promiscuo Municipal,
Edgar Olivares, quien había recibido su traslado.
Los paramilitares se dirigieron directamente al ex-personero Wilson Cely Silva a quien le
dispararon en múltiples ocasiones, luego lanzaron dos granadas al interior de la vivienda y
dispararon indiscriminadamente sobre las personas que allí se encontraban. Tres días
más tarde, el 20 de marzo, el contratista de la empresa Ecopetrol JAIME VELANDIA, de
31 años, fue asesinado por cuatro hombres armados, vestidos con prendas militares, en el
sitio Curva El Llanero. La misma suerte corrió el 23 de marzo, el director de la cárcel local,
ex militante de la UP y del Frente de Unión Liberal de Sabana de Torres LUDWING RUIZ,
quien fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en su vivienda ubicada en el
barrio Carvajal del mismo municipio. Algunas semanas más tarde, el 2 de abril, el
profesor ABEL INFANTE HERRERA de 49 años, fue desaparecido al ser interceptado
cuando se dirigía a su vivienda, por un grupo de hombres armados que se movilizaban en
un campero verde por la carretera Troncal del Magdalena Medio, Vereda La Raya.
Desde comienzos de los años noventa se hizo explícita una contrarreforma laboral
paramilitar y militar de hecho, que se consolidó algunos años después. Pese a las
numerosas iniciativas paramilitares por eliminar a cualquier tipo de organización sindical,
actualmente existen comunidades sindicales que velan por el cumplimiento de los
Derechos Humanos en el municipio, como el Sindicato de la Salud, ANTHOC, y la Pastoral
Social de la Diócesis de Barrancabermeja con Monseñor Prieto, además del Laboratorio
de Paz. Estas organizaciones, tienen que sobrevivir marginalmente en vista de la
represión a la que son sometidos 271 .
Otra organización sindical victimizada fue el Sindicato de Trabajadores de la Salud del
municipio de Sabana de Torres. Para eliminarlo los entes gubernamentales afirmaban que
“el Sindicato impedía al Hospital que destinara sus recursos a las comunidades” 272 .
La persecución estatal y paramilitar contra los sectores sociales organizados fue
prácticamente inaguantable durante 1997; entre las víctimas se encontraban los
integrantes del sindicato Agrario: sus integrantes fueron asesinados y perseguidos, lo que
condujo finalmente al cierre de la acción del Sindicato cuya trayectoria se remontaba a los
años setenta, con las luchas por la municipalidad. Pese a la barbarie, se intentó continuar
con las iniciativas de este tipo. 273 Un ejemplo de la represión contra las iniciativas
271 PROYECTO CNM. Entrevista realizada a Francisco Campos cofundador del Comité regional de Derechos
Humanos de Sabana de Torres, cofundador del Comité regional de Derechos Humanos de Sabana de
Torres, junio 11 de 2004.
272 Ibídem.
273 Ibídem.
261

organizativas del municipio tuvo lugar el 31 de julio a las 9:30 p.m., cuando el promotor
de Salud, HENRY MARQUEZ y el comerciante DIMAS ARANDA PUENTES, fueron
desaparecidos por militares adscritos al batallón de contraguerrilla No. 45 Héroes de
Majagual, que irrumpieron en la vivienda y sede de Telecom, en la Inspección
departamental del corregimiento de Sabaneta.
Como si no bastara con la creciente oleada de terror a la que tenía que enfrentarse la
población del municipio cotidianamente, a mediados de agosto se desencadenó la
persecución contra los defensores de derechos humanos. El día 8 de ese mes, el
abogado, Personero Municipal de San Alberto y defensor de derechos humanos en el
Magdalena Medio GUSTAVO HERNANDO NUÑEZ MARTINEZ de 46 años, fue asesinado
por paramilitares en el sitio Don Moisa. Los paramilitares detuvieron el autobús en el que
se transportaba, lo obligaron a descender y tenderse en el suelo, lo golpearon y lo
sindicaron de ser colaborador de la guerrilla y posteriormente lo llevaron a una zona
boscosa en donde le dispararon en la cabeza con una pistola 9mm. Desde 1995, los
grupos paramilitares tenían como objetivo la eliminación de todas y cada una de las
personas que promovieran la defensa de los derechos humanos del municipio, según el
testimonio dado por un campesino que fue amenazado por uno de aquellos grupos 274.
El 17 de septiembre, los dirigentes agrarios MARCO ANTONIO GALVIS VARGAS, de 28
años, y MAURICIO ORLANDO CAICEDO BARRERA, de 35, uno de ellos presidente de la
Junta de Acción Comunal y candidatos en los renglones tercero y cuarto de una lista para
el Concejo Municipal, fueron asesinados por paramilitares que incursionaron en la vereda
Cristales, de la inspección departamental Payoa. A causa de éstos crímenes, varias
familias se desplazaron forzadamente hacia el casco urbano del municipio.
En los últimos días de octubre se desencadenó una nueva arremetida paramilitar. El 28 de
octubre, el campesino JAIRO RODRIGUEZ, fue asesinado por paramilitares con una
nueva denominación: las Convivir. Un día después, DOS CAMPESINOS, fueron
desaparecidos presuntamente por el mismo grupo de paramilitares en la vereda La Raya.
El mismo 29 de octubre, retuvieron y asesinaron al campesino ESTEBAN OJEDA a quien
torturaron; su cuerpo fue hallado en la misma vereda en la que hallaron los cuerpos de los
dos campesinos. El 31 de octubre, los campesinos GERMAN ANTONIO GARCIA
VELASQUEZ de 37 años y ROLDAN GARZON RUIZ de 40 años, fueron asesinados por
6 paramilitares encapuchados que los obligaron a salir de su vivienda la noche anterior.
Sus cuerpos fueron encontrados en la vereda Payoa 5, Inspección Departamental Payoa.
Días después, el 11 de noviembre, el dirigente campesino ISAIAS VARGAS fue detenido y
desaparecido por paramilitares durante un retén que realizaron en el puente El Angosto,
ubicado en la vereda Puerto Limón.
274 Denuncia realizada por Julio rosas ante el Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de
Torres, el 24 de julio de 1995
262

Finalmente, el año culminó con el crimen, el 16 de diciembre de 1996, de la campesina
FANNY GONZALEZ de 27 años, quien fue desaparecida por paramilitares en la
Inspección Departamental Mata de Piña.
1998
En 1998 disminuyó considerablemente la comisión de CLH en Sabana de Torres. Esto
obedeció en gran parte al posicionamiento permanente que para entonces habían
alcanzado las estructuras paramilitares en el municipio y sus zonas aledañas.
Paralelamente, la fuerza pública desarrolló varias operaciones en la región desde los
primeros días del año. En el avance de tales operaciones el 16 de enero de 1998,
miembros del ejército de Sabana de Torres ejecutaron al ex concejal JOSÉ ANIBAL
GUERRERO.
José Aníbal Guerrero
José Aníbal Guerrero se desempeñó como cofundador del Movimiento Campesino, Obrero
y Popular de Sabana de Torres, en compañía del también asesinado Jairo Pimiento. Nació
en Guapi y realizó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de Colombia con
sede en Bogotá. Se estableció en el municipio de Sabana de Torres después de llevar a
cabo en el municipio su año rural, instalándose en la cabecera municipal de Sabana para
servir generalmente a campesinos y obreros. No estaba adherido a un partido especifico y
acompañó la acción del Sindicato de la Salud.
En 1984 fue encarcelado y judicializado y en 1994 se lanzó a las acciones de concejo
municipales, quedando electo. Su deseo de permanecer siempre en Sabana y morir de
viejo allí se vio frustrado en 1996, al ser asesinado por paramilitares.
FUENTE: CNM. Entrevista realizada a Francisco Campos, cofundador del Comité
Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. 11 de junio de 2004
Con el devenir de los meses las tropas paramilitares se concentraron en liquidar a todo
aquel poblador del municipio que siguiera implicado en cualquier tipo de lucha o protesta
popular y reivindicativa. El 1 de abril de 1998 hacia la 1:30 p.m., el Jefe de personal del
Sindicato de Trabajadores del municipio HERMES QUIROGA NIÑO, resultó herido en un
atentado en el que le fueron propinados 6 disparos por dos hombres que se movilizaban
en moto en la carrera 11 con calle 18 del barrio Carvajal. JOSE ANTONIO NÚÑEZ, otro
afiliado al sindicato fue obligado por paramilitares a desplazarse forzadamente. Cinco
meses después, el 11 de septiembre, JAIRO PIMIENTO, revisor Fiscal del Sindicato de
Trabajadores del Municipio, fue asesinado en presencia de su esposa por dos hombres
armados que llegaron hasta su residencia. La eminente persecución a los integrantes del
Sindicato de Trabajadores del municipio, conllevó al desplazamiento forzado de muchos
de sus miembros a otras ciudades del departamento y el país. Poco después del asesinato
263

de Jairo aparecieron nuevamente comunicados que solicitaron a los integrantes de todas
las organizaciones sindicales su renuncia y desorganización 275 .
Jairo Pimiento
Jairo Pimiento fue conocido en el municipio como un dirigente sindical integro, dedicado a
la autoformación y a la construcción de un proyecto social en condiciones permanentes de
movilización y participación de toda la población. Se vinculó a la esfera del movimiento
político alternativo con el Movimiento Campesino Obrero y Popular. Tenía una fuerte
convicción en la construcción de la democracia, y sus allegados lo describían como una
persona transparente, y reconocida por organismos como USITRAS y la CUT. Jairo fue un
referente importante para el movimiento social de carácter contestatario y alternativo.
FUENTE: CNM. Entrevista realizada a Francisco Campos, cofundador del Comité
Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. 11 de junio de 2004.
El 14 de julio de 1998 hacia las 9:00 pm, el secretario de Cultura y Recreación de la
Subdirectiva de la Unión Sindical Obrera USO ALEXANDER CARDONA PADILLA, fue
desaparecido por paramilitares que lo obligaron a salir de un establecimiento público,
ubicado en el casco urbano del municipio.
A finales del año fueron perpetrados cuatro crímenes más. El 1 de octubre, los esposos
ALIRIO PALOMINO FONTECHA y ELDA GUERRERO ROBLES, fueron asesinados de
varios disparos propinados por paramilitares en el sitio conocido como El Carrizal en la
Inspección de Policía La Gómez. Un mes más tarde, el 3 de noviembre, el profesor
URBANO ACEVEDO PARRA, fue asesinado por hombres armados que se movilizaban en
una motocicleta. Dos días después, el 5 de noviembre, fue asesinado JORGE CENTENO
PARRA, ex alcalde de Sabana de Torres, de 7 disparos propinados por hombres armados
en momentos en que abordaba un vehículo de su propiedad en el barrio El Centro. Jorge
fue uno de los principales promotores del cese de la guerra sucia y las jornadas en
Defensa de los Derechos Humanos de 1993 y 1994. Jorge Centeno Parra era conocido
como “el gamonal” en el municipio. Era un campesino chucureño con una considerable
fortuna. Se dedicó en cuerpo y alma a su labor como alcalde y regente de Sabana, desde
finales de la década de los ochenta hasta su asesinato en 1997. Controló el movimiento
guerrillero por medio del uso de diálogos y pactos con sus dirigentes en la zona. Muchos
afirmaban que la guerrilla seguía todas sus sugerencias. Al llegar el paramilitarismo a
Sabana trató de someterlo a sus mandatos ante lo cual, Jorge enfrentó a la familia
Morantes, principal dirigente del paramilitarismo de Sabana. 276
275
Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Comunicado a la opinión pública,
noviembre de 1995.
276
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep & Justicia y Paz. Noche y Niebla
No.10, octubre-diciembre de 1998,.
264

12.4 El Movimiento Campesino, Obrero y Popular de Sabana de Torres 277
El municipio de Sabana de Torres se caracterizó por un gran número de movilizaciones
políticas y sociales en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus pobladores.
Éstas han sido lideradas en un gran numero de casos por el proletariado industrial y la
USO. Por otra parte, el sector campesino y la población urbana han articulado sus
propuestas, demandas y reivindicaciones sociales a las del sector obrero, creando
espacios organizativos tan importantes como el Movimiento Campesino, Obrero y Popular,
el cual apoyó desde su conformación las propuestas políticas realizadas por la Unión
Patriótica en toda la región sabanera.
La reacción a la configuración de la organización cívica y popular en Sabana de Torres fue
la irrupción del paramilitarismo en marzo de 1991 con el MAS. Aquel mes en las paredes
del pueblo aparecieron pintadas con consignas que acusaban a varias personas de ser
guerrilleros y los condenaban a muerte. Las personas escogidas para ese señalamiento
eran dirigentes del Movimiento Campesino Obrero y Popular que en 1990 realizó un paro
agrario y en febrero de 1991 un foro petrolero, y miembros del Comité de derechos
humanos de la localidad. A propósito de la composición de los grupos paramilitares que
entraron a atemorizar la población de Sabana, se comentó por testigos de es época que
se trataba de personal de la empresa ESSO, miembros de la policía local y de gentes
venidas de Barrancabermeja.
El Movimiento Campesino, Obrero y Popular, Sabana de Torres, principal orientador y
difusor del proceso de reversión del petróleo al país por parte de las multinacionales cuya
concesión vencía en el año de 1992, se sintió victorioso por la gran fuerza y acogida que
tuvieron sus demandas en el municipio. Por tal motivo, sus principales miembros se
lanzaron a las elecciones por la Alcaldía y el Concejo en el mes de marzo de 1992, sin
ninguna experiencia electoral. Ante la inminencia de su derrota, la camarilla del poder
dirigida por Jorge Centeno Parra, comenzó a difundir la falsa noticia de que sus
integrantes eran “elenos”. Sin embargo, tales rumores no impidieron que el Movimiento
ganara en las urnas, aunque fue derrotado en la registraduría, por medio de un fraude
electoral basado en el trasteo de votantes de otros municipios y la intervención del ejército
a favor de la candidatura de Jorge Centeno Parra, haciendo finalmente, que este último
ganará las elecciones. Empero, el Movimiento consiguió que cuatro de los concejales
electos fueran de su organización.
El procesamiento y judicialización de los activistas y dirigentes sindicales promotores del
Movimiento Campesino, Obrero y Popular era una situación que se veía venir desde hacía
277 Este apartado se construyo con base en las siguientes fuentes:
• Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Comunicado a la opinión pública, 11
de abril de 1995.
• Comisión Andina de Juristas. Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio, pp.147-148.
• Proyecto CNM. Entrevista realizada a Francisco campos. Junio 11 de 2004.
• Human Rights Watch Americas. Carta dirigida al Presidente de la República Ernesto Samper
Pizano, 25 de abril de 1995.
• Comité Regional de derechos Humanos Sabana de Torres. Comunicado a la población de
Barrancabermeja, 9 de abril de 1995.
265

tiempo, dada la recurrente acción represiva de las fuerzas gubernamentales ante cualquier
tipo de actividad opositora que manifestara las necesidades de los campesinos y las
asociaciones de desempleados y pobladores de la cabecera municipal del municipio de
Sabana de Torres. Para fortalecer la decisión final en el problema de la reversión petrolera
se lanzó en mayo un paro cívico total. En sus quince días de duración se garantizó el
petróleo para Colombia y se logró que los gobiernos de la Nación y el Departamento se
comprometieran a realizar obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la región, además del compromiso del gobierno de solucionar el problema
de las deudas a numerosos campesinos. La Brigada Móvil No.2 del ejército llegó a la zona
en los primeros días de agosto, ofreciendo sumas importantes a quien informara sobre la
existencia de guerrilleros en Sabana de Torres, en un episodio más de la criminalización
de las luchas populares y la protesta social.
En el segundo semestre de 1992 de la citada Brigada y el comando operativo No.6
arremetieron contra los pobladores urbanos de Sabana de Torres, iniciando jornadas
continuas de señalamientos, sindicaciones y asesinatos injustificados. Los organismos de
Derechos Humanos denunciaron una creciente actividad de hostigamiento a las
organizaciones comunitarias, campesinas y políticas, frente al control de los miembros de
la Brigada Móvil No.2, así como el constante accionar de las bandas paramilitares.
El sábado 10 de octubre de 1992 fue un día consagrado a las detenciones masivas. Sin
que mediara flagrancia de ninguna clase, sin que hubiesen cometido violaciones de ley,
varios ciudadanos fueron detenidos en sus residencias o en sus sitios de trabajo por la
Brigada Móvil No. 2 a solicitud de la Fiscalía Regional de Cúcuta. Los detenidos fueron:
PEDRO CASTELLANOS, trabajador de la ESSO Colombiana, MILLER CHAVEZ,
SOLVER CHAVEZ, JAVIER MARTINEZ, trabajadores petroleros temporales; JESÚS
MARTINEZ, DARIO GRISALES, JOSÉ AGUSTÍN ZAFRA, agricultores; HISNARDO
MARTINEZ, OSCAR GONZALEZ, BENEDICTO MORANTES, comerciantes; FLEIMAN
VELANDIA, empleado; JOSÉ ANIBAL GUERRERO, médico. Todos los detenidos eran
militantes del Movimiento Campesino, Obrero y Popular de Sabana de Torres. Uno de los
motivos para justificar la detención fue la sindicación de que las victimas tenían nexos con
las organizaciones insurgentes. Gran parte de las ordenes de captura tenía supuestos
alias y descripciones físicas de las personas detenidas. Una semana después fueron
detenidos ORLANDO PATIÑO, trabajador de la ESSO Colombiana y los comerciantes
ORLANDO NAVAS y CRISANTO VILLABONA.
Como respuesta a las injusticias cometidas por el gobierno, los detenidos se pronunciaron
en una carta dirigida al director del periódico El Tiempo señalando que “no existen ni
podrán existir pruebas limpias y legalmente allegadas al proceso que nos puedan
comprometer con delito alguno, pues no hemos delinquido. Somos padres de familia,
campesinos y obreros honrados (....) todos queremos la paz, pero no se consigue
persiguiendo trabajadores”.
En noviembre de 1992, un mes después de las detenciones, Ecopetrol recibió los campos
petroleros que durante 30 años había tenido en su poder la multinacional Intercol–ESSO.
Utilizando las formas legales de protesta y organización social, los habitantes del
266

municipio bajo la orientación del Movimiento Campesino, Obrero y Popular se enfocaron
hacia la reversión. Sabana de Torres abrió el camino a Neiva, Tibú, Cicuco, Campo
Velásquez y Cocorná. El fin de las protestas era el de demostrar que “es posible la
soberanía de la Nación sobre sus recursos naturales a condición de que se trabaje sin
prisa pero sin pausa para triunfar. Dichas demandas que acarrearon la persecución
gubernamental y la favorabilidad asidua de este hacia las multinacionales. Pese a que los
grandes ingresos presupuestales que manejaba para la época la administración de
Sabana de Torres (aproximadamente 30.000 millones de pesos entre 1982–1992), la
población manifestaba su descontento general ante el eminente atraso del municipio. Pero
la expresión de dicho descontento les acarrearía posteriormente demasiados problemas,
que en muchas ocasiones le costarían la vida a un gran número de personas.
En el apogeo de estas detenciones, muchos habitantes de Sabana
de Torres huyeron al enterarse que iban a ser injustamente
detenidos, cientos abandonaron sus casas en el casco urbano. El
viernes 30 de abril de 1993 fue asesinado SAÚL ALVAREZ LEÓN,
importante dirigente del Movimiento Campesino, Obrero y Popular,
ex presidente del Concejo Municipal y militante de la Unión
Patriótica. Minutos antes, su taller de talabartería llamado “Carpas y
Talabartería El Balón” ubicado en la carrera 12 con avenida 20 de
Julio y la cuadra vecina, había sido objeto de requisas por parte del
ejército. A éste lugar llegaron varios hombres que fueron identificados como paramilitares
y le propinaron ocho disparos de pistola calibre 9 mm.
Solamente hasta el 19 de abril de 1994, después de 20 meses de cautiverio, la Fiscalía
Regional de Cúcuta puso en libertad a los sabaneros detenidos. No hubo razones
judiciales para efectuar las detenciones, ni para las medidas de aseguramiento que se
efectuaron contra ellos. Sin embargo, durante los meses de marzo y junio de 1993
mientras se hacía lo posible por solucionar la situación de los detenidos, fueron
asesinados dos trabajadores petroleros, que de una u otra manera habían participado en
las jornadas orientadas por el Movimiento Campesino, Obrero y Popular. El 24 de marzo
de 1993, el obrero LUIS MARIA RONDON LAMUS, fue encontrado asesinado; su cuerpo
presentaba dos disparos de arma calibre 9mm y fue hallado en el barrio El Progreso. El
26 de junio del mismo año, el obrero de una empresa petrolera EDUARDO UREÑA, de 28
años, fue asesinado de disparos propinados por varios hombres vestidos con prendas
militares, quienes interceptaron el vehículo en el que se movilizaba por la zona rural.
Fue así como el Movimiento Campesino, Obrero y Popular fue objeto de la represión de la
fuerza pública y los grupos paramilitares que para la época se posicionaban en la región.
13 de los militantes fueron recluidos en la cárcel de Bucaramanga. Las recurrentes
justificaciones del establecimiento se basaban en que los pobladores eran la expresión
política del ELN, y que habían cometido rebelión; lo cual conllevaba a sindicar a todos los
267

miembros del movimiento – los cerca de 2000 militantes serían auxiliadores de la
guerrilla 278 .
El 6 de abril de 1995 hacia las 5:00 p.m., el concejal WILSON JOSE CACERES
GONZALEZ de 43 años, fue desaparecido por paramilitares en el sector conocido como
Mata de Plátano, en la vía a Lebrija. El Concejal de la población Wilson José, se
encontraba en su residencia ubicada en el casco urbano cuando a las 5:00 p.m. llegaron
los paramilitares en dos vehículos, y se lo llevaron a la fuerza. Wilson José permaneció
con los paramilitares, en el sector conocido como Mata de Plátano hasta pasadas las 7:00
p.m.; minutos después, fue visto conduciendo una motocicleta Suzuki-125, de placas PEX-
06, por la vía a San Rafael de Lebrija, se movilizaba sin camisa y en medio de los dos
vehículos llenos de sujetos armados. Aparentemente, dichos hombres estaban
identificados con brazaletes de letras “A.C.C”, sigla empleada por las Autodefensas
Campesinas de Colombia. Desde entonces no se conoce el paradero del dirigente cívico y
político. Wilson José fue concejal y candidato a la alcaldía municipal por el Movimiento
Obrero y Campesino de Sabana de Torres; hasta hacía pocos meses se desempeñaba
como gerente de la Cooperativa Lechera APRISA. Con este caso se dio a conocer la lista
de personas manejada por los paramilitares, y que buscaban para ser asesinadas.
Simultáneamente se incrementaron los casos de torturas y atropellos. Las personas que
no hicieron efectivas sus denuncias por temor a ser asesinados. Después de su
desaparición, la comunidad del municipio organizó una marcha del silencio por la vida y
por el reintegro de Wilson sano y salvo a su hogar.
Wilson José Cáceres González, nació en La Cristalina, municipio de Puerto Wilches, pero
de muy joven se vino a vivir a Sabana de Torres. Fue un importante líder cívico y popular
del Movimiento Campesino, Obrero y Popular del municipio y un año antes de su muerte,
fue candidato a la alcaldía por el mismo movimiento. Sus rasgos físicos característicos en
el momento de su desaparición, bigote, cabello color castaño corto, y ojos color marrón,
fueron un factor clave a la hora de iniciar la campaña en pro de su búsqueda. Gran parte
de la población sabanera se solidarizó con su esposa, Graciela Marín de Cáceres, a la
hora de hacer la denuncia pública de su desaparición y solicitar la ayuda de las
organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales
13 PUERTO WILCHES
La población de Puerto Wilches limita por el norte con los departamentos de Bolívar y
Cesar, por el este con el departamento de Cesar, Rionegro y Sabana de Torres, por el sur
con Barrancabermeja y por el oeste con los departamentos de Antioquia y Boyacá.
Debido a su ubicación geoestratégica como eje de comunicación con el principal centro
petrolero de Barrancabermeja y otras poblaciones del municipio de vital importancia
económica como Sabana de Torres y Rionegro, hicieron de esta población uno de los
278 MISIÓN SETA. Misión de identificación de derechos humanos en Colombia, Bogotá, mayo de 1993. p.
19.
268

focos de interés principales para las estructuras paraestatales que desde comienzos de
los años ochenta comenzaron a irrumpir en la zona.
Paralelamente los grandes terratenientes de la región dieron curso a la implantación de
grandes agroindustrias entre las que se destaca la de la palma africana. A medida que los
grandes poderes locales imponían su dominio y establecían sus grandes emporios
económicos, la población campesina era sometida a los embates de la fuerza pública, los
grandes gamonales y poderes locales y los grupos paramilitares que poco a poco se
consolidaron en la zona.
La creciente oleada de violencia que con el devenir de los años se manifestó en la
población, se incrementó alarmantemente entre 1988 y 1989. Uno de los lugares más
afectados por la acometida paraestatal en el transcurso de esos años fue la Inspección
Departamental Puente Sogamoso, lugar en el que los paramilitares cobraron varias
víctimas.
Tanto la fuerza pública como las estructuras paramilitares hicieron uso de las listas de la
muerte para identificar a sus víctimas, entre las que se encontraban campesinos, lideres
cívicos y comunales, trabajadores, profesores, funcionarios públicos y comerciantes de la
zona. La persecución contra estos sectores sociales prosiguió en los primeros años de la
década del noventa a manos de los efectivos del ejército y los organismos paramilitares.
A pesar de la cruenta persecución del ejército y los paramilitares contra la población, su
fortaleza organizativa seguía vigente a mediados de los años noventa; a esto se sumo el
apoyo de un sinnúmero de pobladores al movimiento de la Unión Patriótica, el cual logró la
alcaldía del municipio. No obstante, la acogida electoral hacia esa opción política se vio
empañada por la persecución sistemática que emprendieron las fuerzas irregulares y
regulares contra el alcalde y varios funcionarios públicos en 1994. En el curso de ese año,
las tropas de la Brigada Móvil No.2 arremetieron contra el campesinado del municipio
cobrando varias víctimas.
En 1997 las estructuras paramilitares acometieron duramente contra los habitantes de las
Inspecciones departamentales que aún no habían sido totalmente controladas. Tal es el
caso de la Inspección departamental Vijagual cuyos miembros fueron victimizados en el
transcurso del año. Los líderes cívicos y comunales se convirtieron en otro de los blancos
de las fuerzas paraestatales que para 1998 lograron consolidar su dominio permanente en
la población.
1982
En 1982 únicamente se registró la comisión de un crimen que tuvo lugar el 10 de
diciembre, cuando TRES CAMPESINOS fueron asesinados por paramilitares del MAS,
grupo que arribo a la población desde finales de ese año.
1985
A partir de 1985 se evidenció la incursión de las estructuras paramilitares en el municipio.
Al mismo tiempo, las tropas del ejército comenzaron a patrullar constantemente en la
269

población agrediendo y hostigando a los habitantes de la localidad. El 15 de febrero, el
comerciante ELIECER PORRAS CARVAJAL, de 33 años, fue asesinado de 5 impactos de
bala propinados por dos miembros del B-2 de la V Brigada en la vereda Cristalina.
Tres meses más tarde se desencadenó la represión parainstitucional en Puerto Wilches.
El 8 de mayo, los campesinos LUIS FRANCISCO PAMPLONA, de 49 años, padre de
familia, fue asesinado; y sus dos hijos JOEL PAMPLONA REY, de 20 años, y RUBEN
DARIO PAMPLONA REY de 25, desaparecidos por sujetos no identificados en la finca
Quino, ubicada en la vereda Cristalina. La familia se encontraba trabajando en la finca,
cuyo propietario era el oftalmólogo Rafael Varón Romero. El día 16 apareció el cuerpo del
padre semienterrado, con una pierna cercenada, las uñas arrancadas, el cuerpo ceñido
con sogas, las manos dislocadas, un balazo en el pecho y una puñalada en el ombligo;
sus hijos continúan desaparecidos. Una semana antes de su asesinato, el señor
Pamplona había sido seguido por dos individuos cuando se encontraba realizando algunas
diligencias en la ciudad de Bucaramanga. Los familiares de las víctimas a pesar de
solicitar una investigación al respecto ante las autoridades judiciales de Puerto Wilches y
la V Brigada del ejército, no fueron informados con repuesta alguna; igual sucedió con el
propietario de la finca. Como último recurso, en procura de encontrar a los responsables
de este crimen, interpuso demanda ante el Procurador General de la Nación, Carlos
Jiménez Gómez. 279
A mediados del año se intensificaron las acciones criminales de los paramilitares, con la
colaboración de los terratenientes de la región. El 23 de junio, el campesino MIGUEL
ALBERTO ZAFRA, de 60 años, fue asesinado en la finca Altoviento, ubicada en la
Inspección de Policía Departamental kilómetro 8. Un mes más tarde, el 27 de julio, el
campesino y miembro de la ANUC MIGUEL ACUÑA LORA, fue asesinado por un individuo
de nombre Cesar Navarro, el cual había sido contratado por los terratenientes de la región
para que asesinara a los campesinos que se oponían a sus proyectos.
1987
Este año se registró la comisión de un crimen que tuvo lugar el 8 de marzo, cuando los
campesinos ORLANDO OJEDA y ORLANDO RODRIGUEZ fueron desaparecidos por
cuatro miembros de un grupo paramilitar que entraron a la vereda Uruntas. Ese mismo
día, dos pescadores que laboraban en el río Magdalena, ADIT RODRIGUEZ TORRES y
BENJAMIN ERIDA, fueron asesinados por miembros del grupo paramilitar Escuadrones
de la Muerte en la vereda Uruntas.
1988
Durante 1988 se incrementó alarmantemente la represión contra los pobladores de Puerto
Wilches. El 31 de enero, los cuerpos de SEIS HOMBRES y TRES MUJERES fueron
encontrados asesinados con varios impactos de bala; seis de ellos en la Inspección
Departamental Puente Sogamoso.
279 Denuncia ante Procuraduría General de la Nación presentada por Elcida Pamplona de Gualdrón.
Bucaramanga. Septiembre 9 de 1985.
270

Con el pasar de los días los hostigamientos y asesinatos se presentaban más
periódicamente tanto en el área rural como en la zona urbana. El 20 de marzo, se
encontró el cuerpo sin vida del agrónomo ORLANDO OLARTE CARDENAS, en zona rural
del municipio. Orlando había sido desaparecido el día 18 del mismo mes. El 16 de mayo
siguiente, el señor SIMON MENDEZ DUARTE de 42 años, fue asesinado de disparos
propinados por dos sujetos que lo interceptaron. Una semana más tarde, el 23 de mayo
de 1988, el supervisor de una compañía del municipio AGUSTIN GOMEZ LIZARAZO de
24 años de edad, fue asesinado de un impacto de arma 9mm en el cráneo y otro del
mismo calibre en el tórax, por 10 hombres que portaban armas de corto y largo alcance.
En el mes de junio fueron asesinados otros dos pobladores. El día 3, un HOMBRE de 26
años, fue encontrado asesinado en la vía que conduce a Barrancabermeja; estaba
decapitado y mutilados sus miembros superiores y presentaba heridas en diferentes
partes del cuerpo. Dos semanas más tarde, el 14 de junio, ORLANDO HERNANDEZ
CASTRO fue encontrado muerto con varios impactos de bala 9mm en la Inspección
Departamental Puente Sogamoso.
Durante agosto y septiembre fueron asesinados cuatro habitantes. El 1 de agosto, JOSE
ALFREDO BELTRAN fue asesinado de un disparo en la Inspección Departamental Puente
Sogamoso. A finales de mes, el 29 de agosto, un HOMBRE, de 40 años, fue encontrado
asesinado en la vía que conduce de Puerto Wilches a Barrancabermeja; presentaba tres
impactos de bala calibre 9mm. La misma suerte corrió el trabajador informal ANDRES
PINZON GIRON de 79 años, quien fue asesinado por desconocidos en la Inspección
Departamental de Puente Sogamoso, el 25 de septiembre. Tres días después, el 28 de
septiembre, un CAMPESINO administrador de la finca Bellavista de 45 años, fue
asesinado de cuatro impactos de bala 9mm en la vereda Las Pampas.
El 2 de octubre, fue asesinado otro poblador cuya identidad no pudo ser precisada. Ese
día, un HOMBRE de 25 años, fue muerto de 4 impactos de revolver. Junto a su cuerpo se
halló un fusil R-15 con 30 cartuchos y una caja de municiones para la misma arma. El 19
de octubre el campesino JOSE DE LA CRUZ FREIJA SAAVEDRA, de 50 años de edad,
fue muerto de varios impactos de bala calibre 9mm en la vereda Campoduro.
El 17 de noviembre, los campesinos trabajadores de la finca El Astillero, TEODORO
CAMPOS MORALES y ALEXIS GONZALEZ fueron asesinados por desconocidos en ese
lugar, los cuales, tres días mas tarde, el 20 de noviembre, asesinaron con impactos de
bala calibre 9mm al campesino OMAR VALENCIA, de 30 años, en inmediaciones de la
finca El Hato, en la vereda Ciénaga Paredes.
A finales del año los paramilitares dieron curso a una estrategia de exterminio más
selectiva. El 7 de diciembre a las 7:00 a.m., HERNAN CAMARGO JIMÉNEZ, ex alcalde de
este municipio, de filiación conservadora, fue asesinado por un grupo de 4 sujetos que le
dispararon en el momento en que esperaba bus para dirigirse a la ciudad de
Barrancabermeja. El mismo día fue asesinado el ex inspector de policía de filiación liberal
GILBERTO GONZALES por dos sujetos que irrumpieron en su residencia. El último crimen
del año se registró el 11 de diciembre, fecha en la que el campesino GUSTAVO CORAO
271

MONTOYA de 32 años, fue asesinado de varios impactos de bala 9mm en la Inspección
kilómetro 8. En el hecho resultó herida una PERSONA.
1989
El accionar de los agentes paraestatales en el curso de 1989 continuó en ascenso y se
incrementó considerablemente en el segundo semestre del año. El 10 de abril, OCTAVIO
PRADA CAMACHO de 18 años, fue asesinado de varios disparos cuando asistía a los
funerales de un familiar en la Inspección Departamental de El Pedral.
El 24 de junio, LUIS JOSE BOHADA BERNAL, abogado, miembro del Comité Cívico del
municipio de Socorro, quien habían nombrado como asesor jurídico de la alcaldía, y de
filiación conservadora, de 35 años, fue encontrado asesinado de varios disparos en el sitio
conocido como La Primavera. El cuerpo presentaba señales de tortura; tenía además el
cráneo destrozado y cercenadas las piernas. Algunas semanas más tarde, el 8 de julio, el
profesor del Instituto Técnico Industrial 20 de julio y miembro del Sindicato de Educadores
de Santander (SES) GUILLERMO PASSOS LASCARRO de 39 años, fue asesinado
después de un incidente con la policía por dos individuos vestidos de civil en el perímetro
urbano del municipio. El 5 de julio pasado habían sido detenidos dos estudiantes
miembros del equipo de fútbol del colegio en que trabajaba Guillermo por la policía, de
modo que el 8 se dirigió a las instalaciones de la comandancia de la policía a mediar por la
liberación de los muchachos. Guillermo se sentó, tal como lo contó posteriormente uno de
sus familiares, en un escritorio cerca al del Comandante de policía y observó una lista de
nombres de personas que habían sido asesinadas en esos días en circunstancias
desconocidas y los de otras más que luego correrían con la misma suerte.
El comandante al darse cuenta de que Guillermo había visto casualmente la lista lo
ofendió diciéndole que era un comunista y que se saliera del despacho. Luego, Guillermo
se dirigió a la farmacia del pueblo llamada La Magdalena, que pertenecía a unos familiares
suyos, se sentó en un taburete a leer la prensa cuando llegaron los dos individuos vestidos
de civil con armas de corto alcance y le propinaron 15 disparos que le produjeron
instantáneamente la muerte. Los dos hombres se fueron caminando hacia la comandancia
de policía que estaba a una cuadra de la droguería; sólo una hora después del asesinato
se hicieron presentes algunos uniformados.
El levantamiento del cuerpo lo hizo el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches y la
instrucción la inició el Juzgado 2 de instrucción Criminal de Bucaramanga. Nadie declaró
sobre el asesinato, ni siquiera el familiar de Guillermo a quien le había contado del
incidente en las instalaciones de la comandancia por temor a sus vidas, ya que los testigos
eran seguidos, fotografiados y sus teléfonos interceptados. Finalmente, el expediente fue
trasladado al Cuerpo Técnico de la policía judicial para recoger pruebas y el caso fue
puesto en conocimiento de la Procuraduría Segunda Delegada para los Derechos
Humanos. Al día siguiente el Comandante de la policía fue trasladado y reemplazado por
otro funcionario. El profesor Guillermo Elías Passos Lascarro estaba afiliado al SES y no
había recibido ninguna amenaza por parte de grupos armados. Tenía esposa y cinco hijos.
272

Con su esposa Tulia López Manrique tenía cuatro hijos: Erica Johana, Heibys de Lourdes,
Guillermo Elías y Marlon Eliécer. El mismo día del asesinato, el SES denunció los hechos
en el ámbito nacional e internacional, condenando este crimen y exigiendo la investigación
correspondiente; además instó al gobierno nacional para que proporcionara las garantías
necesarias para trabajar y ejercer la actividad sindical en un ambiente de tranquilidad y
tolerancia. 280
GUILLERMO PASSOS
LASCARRO
FAMILIA DE
GUILLERMO PASSOS
LASCARRO
El 8 de agosto de 1989, el campesino EDGAR SIERRA CAMACHO, de 23 años, fue
asesinado de 4 impactos de bala en circunstancias desconocidas. Una semana después,
el 16 de agosto, el comerciante SERAFIN VERDUGO ARGUELLO, de 29 años, fue
desaparecido por sujetos no identificados que lo sacaron de una tienda ubicada en la
Inspección Departamental de Puente Sogamoso.
El último crimen del año se registró el de septiembre, en aguas del río Magdalena. Ese día
aparecieron los cuerpos sin vida de los campesinos DANIEL SAENZ, de 34 años,
HERNANDO GUZMÁN, también de 34, TEOBALDINO GOMEZ, de 55, y ALVARO YEPES
de 23, quienes presentaban impactos de bala y señales de tortura. Anteriormente habían
sido abordados por 10 sujetos desconocidos.
1990
280 Sindicato de Educadores de Santander SES, Comité Ejecutivo. Denuncia Urgente, Bucaramanga, julio 8
de 1989.
273

La década del noventa no estuvo exenta de los desmanes y crímenes perpetrados por las
fuerzas paramilitares. Desde los primeros días de 1990, las unidades militares ocuparon la
población, dando curso a una nueva oleada de terror. El 3 de enero de 1990, el celador
GERMAN NEIRA MENDOZA fue detenido, amenazado y torturado y CARLOS SIERRA
fue detenido y amenazado por miembros de un grupo de contraguerrilla adscrito al
batallón Nueva Granada comandado por el oficial Julio Alberto Trujillo Moncaleano. Los
hechos ocurrieron en el kilómetro 8.
Los militares hicieron arrodillar a los pobladores y les gritaban que rezaran lo que
quisieran por que los iban a matar, posteriormente fueron obligados a abordar un vehículo,
golpeándolos con la trompetilla de los fusiles en la espalda y los brazos y amenazándolos
de muerte. Luego los militares cavaron una fosa donde introdujeron a Germán, reiterando
las amenazas, atándolo luego a un tronco para dejarlo a la intemperie durante varias
horas. Hacia las 4:00 a.m. lo obligaron a cargar equipo militar hasta una finca llamada
Yariguí, donde lo mantuvieron escondido en un establo hasta las 5:30 a.m., luego fue
conducido a la estación de policía de la localidad. Al día siguiente fue trasladado en
helicóptero hasta Barrancabermeja, donde al llegar un teniente quiso obligarlo a cargar un
fusil. El día 6, Germán fue trasladado a la sede del batallón Nueva Granada, donde fue
despojado de su ropa, interrogado, torturado y obligado a declarar en contra de ciertas
personas y de su supuesta posesión de armas, los hombres que lo interrogaban le
ofrecían hasta $200.000 por cada arma que fuese encontrada gracias a su colaboración.
También le hicieron declarar ante el Procurador regional que estaba siendo bien tratado.
Otro de los blancos de la arremetida paraestatal de ese año fue el sector de los obreros y
trabajadores. El 5 de agosto, el obrero MARBI ALONSO FORONDA JIMENEZ, fue
asesinado en circunstancias desconocidas. El 8 de septiembre siguiente, el comerciante
NORBERTO ALVAREZ MANTILLA fue desaparecido cuando regresaba de
Barrancabermeja por militares que lo retuvieron en un retén, a la altura de la Inspección
Departamental de Sogamoso.
1991
Los pobladores de Puerto Wilches vivieron un periodo de tensa calma en los primeros
meses de 1991. No obstante esta se rompió el 21 de abril, cuando ANGEL OSMAN
PABON, fue asesinado de 5 disparos propinados por desconocidos en la inspección
departamental Puente Sogamoso. El mismo día, en un billar ubicado en la calle 5 con
carrera 2 fue asesinado de 4 disparos propinados por dos hombres OSCAR PAYARES.
La acometida contra los pobladores se incrementó aceleradamente desde las primeras
semanas del mes de mayo, El día 7, el comerciante GERARDO SALAZAR SANCHEZ de
36 años, fue asesinado por desconocidos, en el granero El Dorado de su propiedad. Un
día después, El 8 de mayo, la campesina LUZ AMPARO OCHOA de 22 años, madre de
dos hijos, fue desaparecida al día siguiente de denunciar las amenazadas y golpes
recibidos por un soldado de la base militar de Puente Sogamoso (vía a Bucaramanga)
274

adscrita al batallón Nueva Granada, cuando ella se negó a sus peticiones sexuales. Luz
Amparo se trasladó hasta Barrancabermeja, al batallón Nueva Granada a denunciar la
agresión y regresó a su casa en la Inspección Puente Sogamoso hacia las 2:00 p.m.
Luego, hacia las 6:20 p.m., como era su costumbre, se dirigió a recoger a su madre al sitio
de trabajo (un recorrido que dura 15 minutos) pero en el transcurso fue retenida por
hombres que se movilizaban en un taxi, sin que se haya sabido nada más de ella.
Otro de los sectores sociales perseguidos en el municipio fue el de los trabajadores de la
salud. El 12 de mayo de 1991, DIEGO MACMAHON SALA, de 32 años y secretario
general del hospital local fue asesinado en el barrio La Libertad. Un mes más tarde, el 15
de junio, fueron detenidos PEDRO PABLO CADAVID CASTAÑO y PABLO ELIAS
GARCIA FIGUEROA, por efectivos del Distrito IV de la policía, en el barrio Arenales. Estas
personas, durante su detención fueron amarradas de pies y manos, golpeados, sometidos
a ahogamientos y choque eléctricos antes de dejarlos en libertad. 281 El 28 de junio
siguiente, EMIRO CASTILLO fue asesinado y una PERSONA fue herida por 8 hombres
encapuchados, quienes vestían uniformes militares y se movilizaban en un campero
Nissan en la vereda San Claver.
Una patrulla del batallón de Los Guanes, acantonada en Sabaneta, llegó a La Cristalina el
20 de julio, realizando allanamientos violentos en varias casas de campesinos; los
militares con lista en mano llamaron a varios habitantes, incluso a la inspectora de policía
MARIA TERESA RIZO, a quien amenazaron y a su hermano, FERNANDO RIZO, a quien
detuvieron y amenazaron de muerte. 282 El mismo día, ALCIDEZ VASQUES (sic) fue
detenido y torturado por efectivos del batallón Nueva Granada en la Inspección Puente
Sogamoso. Durante el tiempo de su detención, Alcidez fue golpeado brutalmente,
enterrado en arena a la intemperie durante medio día y obligado a envolver alambre con el
fin de que se cortara las manos. Finalmente fue puesto en libertad.
El 21 de julio de 1991, en el corregimiento El Pedral, aproximadamente nueve hombres
que se movilizaban en un carro rojo, un Toyota verde y una moto blanca, detuvieron a
ARQUIMEDES QUINTERO, administrador de una finca y al campesino BENJAMIN
MEDINA. Los agresores acusaron a los pobladores de cooperar con la guerrilla y los
amenazaron de muerte. Varios campesinos pudieron observar que dentro del carro rojo,
tenían a una persona que presentaba signos graves de tortura. Se trataba de RAFAEL
ALBERTO BARRETO, trabajador temporal de Ecopetrol, quien había sido detenido el 19
de julio a las 6:00 p.m. en el asadero MAC POLLO de Barrancabermeja, por varios
agentes del B-2 que se desplazaban en el mismo carro rojo. Finalmente Alberto fue
devuelto a sus familiares el 20 de julio en un deplorable estado de salud. 283 Dos días más
tarde, el 23 de julio de 1991, ALFONSO BLANCO RODRIGUEZ fue detenido y torturado
por miembros del batallón Antiaéreo Nueva Granada.
281 Ibídem. p. 4.
282 Vanguardia Liberal. Noviembre 9 de 1991. p. 6.
283 Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Boletín abril-julio de 1991,
Barrancabermeja. p. 4.
275

1992
El numero de crímenes perpetrados por las fuerzas paraestatales en el curso de ese año
disminuyó considerablemente en comparación a años anteriores. Solamente se denunció
la comisión de un crimen perpetrado el 22 de julio. En la fecha señalada, RAUL MENDEZ
DELGADO, fue desaparecido en circunstancias desconocidas por miembros del ejército.
Gladys, hermana de Raúl interpuso la denuncia ante la Procuraduría Provincial de
Barrancabermeja. La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja en el proceso radicado
con el No. 00232/92 y expediente No. 654, ordenó mediante providencia del 27 octubre de
1992, archivar la investigación por no probarse participación alguna de funcionario público
en la desaparición de la víctima. Finalmente, remitió el archivo al Juzgado Promiscuo
Municipal de Puerto Wilches
1993
Contrario a lo que pensaban los habitantes de Puerto Wilches, la violencia se tomó
nuevamente las calles y veredas del municipio desde los primeros meses del año. El 24 de
febrero, el obrero operador de una retroexcavadora ALVARO SANTAMARIA fue
asesinado por desconocidos cuando trabajaba en el arreglo de la vía en la Inspección
Departamental kilómetro 8. La Unión Sindical de Trabajadores de Santander rechazó el
hecho. Pocos días más tarde, el 6 de marzo de 1993, el empleado de la Alcaldía
municipal ALVARO SANTAMARIA, fue asesinado en circunstancias desconocidas. Los
siguientes días, 11 y 13, fueron asesinadas dos personas y amenazadas otras dos.
El 11 de marzo, FELICIDAD HERNANDEZ VARGAS y su hija una JOVEN de 18 años,
fueron asesinadas en hechos no precisados. El día 6 había sido asesinado el funcionario
de la Alcaldía local y días después, otras dos personas tuvieron que huir debido a
amenazas de muerte. Por la misma época fue secuestrado el gerente de la empresa
Palmas Bucarelia. Por lo anterior, el día 18 de marzo, aproximadamente 600 trabajadores
y funcionarios de las empresas procesadoras de palma africana y de la Alcaldía,
realizaron una marcha pacífica en protesta por la ola de violencia que afectaba a la
población. Como consecuencia del doble homicidio, tres niños de 10 y 7 años y otro de
sólo cinco meses quedaron huérfanos.
Durante los meses de abril y mayo de 1993, fueron asesinados dos pobladores más. El 25
de abril, ALBERTO PRADO NAVARRO de 23 años, fue asesinado de varios disparos
calibre 9mm. Un mes después, el 24 de mayo, el campesino y trabajador de la empresa
Promociones Agropecuarias Monterrey FERNANDO PEREZ GONZALEZ, fue asesinado
de siete disparos propinados por desconocidos que lo interceptaron cuando se dirigía
hacia su trabajo en el kilómetro 3 de la vía a Barrancabermeja.
La tercera semana de julio fue trágica para los habitantes del municipio. El 21 de julio de
1993, JAIME MUÑOZ VELEÑO de 24 años, fue asesinado de seis disparos propinados
por desconocidos, cuando transitaba por una calle del barrio Yarima. Días después, el 25
de julio, el pescador RONALDO CARVAJAL DE LOS SANTOS fue detenido y torturado
276

por 4 soldados adscritos al batallón Nueva Granada quienes lo abordaron cuando se
disponía a mandar arreglar un motor fuera de borda. Los militares lo llevaron a la
inspección de policía del municipio y luego al sitio conocido como El Polvillo, ubicado en
las afueras de la población donde lo hundieron en barro para obligarlo a hablar, le
preguntaban por la guerrilla, pateándolo y tratándolo de “triple h.p. y de guerrillero”. Al no
saber responder, continuaron golpeándolo brutalmente. Luego fue conducido al batallón
Nueva Granada, donde le aplicaron corriente eléctrica “por la boca y por todo el cuerpo”, y
seguían golpeándolo. La víctima declaró que “como a las 2 de la tarde llegó el doctor de la
Fiscalía, y me preguntó que qué me había pasado y yo no puede responder porque el
Teniente me había amenazado que si yo respondía me mataban y me tiraban al agua”.
Hacia las 5 de la tarde fue trasladado a la cárcel, hacia la 1:00 de la madrugada del día 26
de julio lo obligaron a firmar unos documentos cuyo contenido no pudo conocer porque le
habían vendado los ojos. El mismo día, RUMUALDO CARVAJAL DE LOS SANTOS fue
detenido sin orden judicial alguna por el Sargento Segundo Esaú Ríos Gallego, quien lo
señaló del delito de rebelión y de pertenecer al ELN. Posteriormente, la Fiscalía Regional
de Cúcuta dejó en libertad a Rumaldo al observar que no había prueba alguna para la
procedencia de la aprehensión ni orden de autoridad competente.
El ultimo caso de CLH del año tuvo lugar el 4 de agosto, cuando el campesino MANUEL
ANTONIO MACIAS MEJIA de 42 años, fue sacado de la hacienda El Hato -donde
trabajaba-, por varios desconocidos que vestían prendas militares, quienes incursionaron
en el predio pidiendo a los trabajadores sus documentos de identidad. Los sujetos al ver
los documentos de Manuel Mejía dijeron “ese es el que buscamos. Vámonos rápido”.
Desde entonces se desconoce su paradero. El mismo día, el poblador CRISTOBAL
OSPINA CORPAS fue detenido y torturado por segunda vez por miembros de la Brigada
Móvil No.2.
1994
A medida que transcurrían los años noventa, las tropas paramilitares se encargaban de
incrementar el terror entre los pobladores, y ejercían el control paulatino de toda la región,
coadyuvados por los miembros de la Brigada Móvil No. 2. El 8 de enero se manifestó el
primer crimen del año. Ese día, ANTONIO RUGER ESCUDERO TELLEZ de 33 años, fue
asesinado de 7 impactos de bala y un NIÑO de 3 años, resulto herido de un disparo de
revólver en el tobillo del pie izquierdo. Semanas después, el 24 de enero de 1994, el
contratista de obras públicas del municipio EDGAR SANDOVAL, fue desaparecido por
paramilitares luego de haber ido a cumplir una cita a las afueras de Puerto Wilches. Edgar
se desplazó en una camioneta de propiedad del municipio a encontrarse con unos
desconocidos que lo llamaron por teléfono. El vehículo fue encontrado incinerado. “El
hecho fue interpretado como una advertencia intimidatoria contra el alcalde de este
municipio, Lino Bohórquez, militante de la UP, quien ha recibido varias amenazas, por
parte de paramilitares que actúan en la región”.
El 15 de marzo, la campesina ZORAIDA CAMARGO CACERES de 40 años, fue
asesinada por miembros de la Brigada Móvil No. 2 en el sitio Caño Grande, ubicado en la
inspección departamental Vijagual. La fuente oficial la presentó como guerrillera muerta en
combate. La tropa llegó al amanecer del día 15 y detuvo a Zoraida, quien se encontraba
277

con sus dos hijos de 11 y 9 años respectivamente, a quienes los soldados les dijeron que
los llevaran a donde la mamá guardaba las cosas, mientras los niños les suplicaban que
no le hicieran daño. Zoraida estuvo detenida en la base militar y permaneció amarrada, su
esposo narró así los acontecimientos:
“Si colaboraba con ellos la dejaban libre”
“El 16 de marzo yo me tranquilicé porque yo nada debo, sólo que yo le tengo mucho
miedo a los militares, fui a las 8:00 a.m. con los niños y le llevé un caldito y me dejaron
hablar con ella, yo le pregunté que para donde se la iban a llevar y ella me dijo que para la
fiscalía, le pregunté cómo la habían tratado, y ella me dijo que muy mal de palabra y que la
amarraban de noche para dormir, y sí, efectivamente tenía muestras en sus manos de que
la habían amarrado, las tenía hinchadas, sobre todo la mano derecha. Cuando yo estaba
ahí con ella se acercaron dos soldados y la arrinconaron lejos de mí, yo no escuché lo que
le dijeron, después ella me contó que ellos le habían dicho que el comandante dijo que si
ella colaboraba con ellos la dejaban libre, que si no lo hacía le salía por 10 o 12 años de
prisión por lo que le habían encontrado, ella me dijo que si era así ella colaboraba con
ellos, entonces ellos le trajeron ropa militar para que se quitara la ropa de civil y le
pusieron botas de caucho y una cachucha militar y le dijeron que con un fusil que
entregara a ella la dejaban libre, ella les dijo que los iba a llevar a donde había un fusil
enterrado. Hasta ahí se yo, porque me fui a hacer el almuerzo para los niños.”
“El mismo día como a las 5:00 p.m. llegó el sargento buscando al inspector de policía para
que fuera al levantamiento de un cuerpo que estaba por los lados de Caño Grande, ese
sargento, que no le sé su nombre llegó a buscarme a la casa y me dijo que me vistiera yo
y los niños para que me fuera con el inspector al levantamiento de un cuerpo, yo me fui
con el inspector para la base y ellos hablaron con el inspector, él estaba enfermo de un
brazo y era ya muy tarde, entonces dijo que podía ir, entonces nombró una comisión de la
defensa civil, yo dije que por qué tenemos que ir nosotros con el inspector, el sargento me
contestó que a mi me dijeron que los niños sabían el camino que iba para Caño Grande,
pero al fin no fuimos, cuando el sargento le dio la orden a un soldado para que me
entregara el bolso con la ropa que yo le había llevado a mi señora, yo empecé a
sospechar que algo malo había pasado con ella, yo me fui con el bolso y mis hijos para la
casa muy triste, sin embargo la comisión de la defensa civil decidió ir esa misma noche
porque el sargento decía que estaba a 15 minutos del borde de la carretera y me fui con
ellos, anduvimos 35 minutos y no encontramos nada, nos regresamos cuando íbamos
llegando a Vijagual y nos encontramos una patrulla que venía saliendo a la carretera, nos
pararon y nos preguntaron de dónde veníamos, el comandante de la brigada Henry
Lozano Buitrago, nos llamó y nos dijo que mi señora se había ido con ellos a entregarles
una caleta, entonces dijo que no había ninguna caleta y que la guerrilla les había tendido
una emboscada a ellos y como ella iba adelante le habían dado unos tiros.”
278

“El otro día, el 17 de marzo, fue la comisión a las 7:00 a.m. regresando con el cuerpo a las
12 del día, ella estaba en estado de descomposición, pero dolorosamente los tiros a mi
señora se los dieron por la espalda, no como dijo el comandante, tenía ella el estomago
destrozado y presentaba muestras de tortura en su brazo izquierdo, lo tenía partido en
varias partes, estaba todo sueltecito y en la clavícula del brazo derecho tenía un hueco y
en la manita del mismo brazo tenía remangado el pellejo con todo y carne” 284 .
El periódico Vanguardia Liberal tituló en su edición del 18 de marzo de 1994 “En combate
perece un soldado y un guerrillero” afirmando que “El informe castrense señala que a las
4:45 de la mañana en el sitio Caño Grande del corregimiento Vijagual, tropas de la Brigada
Móvil No.2 contactaron con un destacamento del frente Luis José Solano Sepúlveda del
ELN, resultando muertos el soldado voluntario Jairo Manuel Sailache Naranjo y la
insurgente Zoraida Cáceres. La rebelde abatida portaba una pistola calibre 7.65
milímetros, un revolver Smith & Wesson calibre 32 corto, una granada de fusil, dos
granadas de mano, 165 cartuchos de diversos calibres, dos equipos de campaña, dos
uniformes de la policía nacional y una caja en la que se hallaban materiales para fabricar
explosivos y material de intendencia.” Algunos días después de la muerte de Zoraida, el
22 de marzo, el poblador ELEODORO VELASQUEZ y sus HIJOS fueron detenidos y
torturados, por militares del batallón Antiaéreo Nueva Granada.
Dos meses después se presentaron nuevamente las operaciones de la fuerza pública,
sobretodo en el área rural de la localidad. El 3 de mayo el comerciante CARLOS SMITH
ALCONCER de 35 años fue detenido, amenazado y torturado. Además, fue allanada la
residencia familiar donde resultaron amenazados tres miembros de la familia: EMIRO
ALCONCER, JANUARIA ALCONCER PEÑA y VICTOR ALCONCER. Los hechos fueron
perpetrados por 30 efectivos de la Armada Nacional en el Corregimiento de Bocas del
Rosario.
Los miembros de la Armada se movilizaban en 4 botes, llegaron a la casa de la familia
Alconcer y obligaron a Carlos Smith, jefe de la familia, a ponerse una escopeta al hombro
y un teniente procedió a tomarle varias fotos frente a la casa, luego interrogaron a los
demás miembros de la familia sobre el sitio donde se encontraba la guerrilla y preguntaron
por Víctor Alconcer. Al no tener respuesta procedieron a llevarse al señor Carlos Smith, lo
ataron de pies y manos y lo llevaron encapuchado por el río inicialmente hasta la
inspección departamental Badillo y luego a Barrancabermeja donde lo pusieron a órdenes
de la Fiscalía, presentándolo como uno de los comandantes del Frente Héroes de Santa
Rosa del ELN.
Diez días después (13 de mayo) algunos miembros de la Armada Nacional volvieron a la
casa de la familia Alconcer y obligaron a EMIRO ALCONCER GONZALEZ a cargar un
saco de plomo y lo amenazaron de que pasaría ocho años o más en la cárcel, le
preguntaron por un familiar que se desempeñaba como inspector y le dijeron que habían
pasado una carta a la Gobernación de Santander para que lo destituyeran del cargo,
284 Declaración rendida por el Esposo de Zoraida ante el Comité regional para la Defensa de los Derechos
Humanos CREDHOS. Abril 4 de 1994.
279

“porque la familia Alcoser eran unos criminales que tenían jodido al pueblo y que iban a
acabar con ellos”. También le ofrecieron a la familia un millón de pesos si informaban
dónde estaba la guerrilla o el señor Víctor Alconcer. La familia Alconcer hasta mayo de
1994 había sufrido 4 allanamientos, todos sin orden judicial, realizados por personas
encapuchadas.
Las tropas del Batallón Luciano D' Elhuyar también fueron responsables de la persecución
contra el campesinado. El 17 de mayo, ALIX CASTILLO ARDILA fue maltratada,
amenazada y allanada su vivienda por miembros del batallón Luciano D'Elhuyar, quienes
llegaron a una finca ubicada en la inspección departamental Kilómetro 16. Al incursionar
en la finca procedieron a disparar indiscriminadamente durante media hora, luego
irrumpieron en la vivienda de la mujer con la finalidad de obligarla “a entregar armas
supuestamente de los guerrilleros”; posteriormente, allanaron ilegalmente la vivienda, se
comieron los víveres y se robaron dos dijes de oro. Una semana después, el 25 de mayo,
FEDERICO ROBLES CONTRERAS de 20 años y NELSON CHINCHILLA de 22 años,
fueron encontrados asesinados con varios disparos en la cabeza, en el barrio Arenales, a
orillas del río Magdalena.
1995
Una de las estructuras militares directamente implicada en la persecución sistemática
contra el campesinado de Puerto Wilches fue el batallón Antiaéreo Nueva Granada, cuyos
miembros arribaron al municipio desde los primeros meses del año.
Torturas y robos en los procedimientos
El 9 de febrero de 1995, el campesino GUSTAVO GOMEZ INFANTE, fue detenido y
sometido a torturas y allanada su casa, por parte de militares del batallón Nueva Granada,
quienes llegaron a su vivienda, ubicada en la vereda La Cristalina. En dos camionetas y un
camión con placas oficiales se movilizaban unos 60 uniformados y un hombre vestido de
civil (pantaloneta y camiseta esqueleto), quien ingresó a la vivienda y sacó a Gustavo a la
fuerza hasta un sitio cercano, donde lo golpearon, lo tiraron al piso, boca abajo, se le
paraban encima y le pusieron un fusil en la cabeza, mientras reiteradamente le
preguntaban “dónde estaba la guerrilla”.
Al parecer, dentro de una de las camionetas tenían a un hombre y a una mujer, pero
cuando trató de mirar, uno de los hombres le increpó diciéndole “a usted no le importa lo
que hay allá”. Lo subieron a una de las camionetas y lo llevaron hasta una finca “porque,
según ellos, allí había una caleta que iban a sacar”. Cuando llegaron al lugar, lo esposaron
a la carrocería de la camioneta, mientras allanaban la vivienda de la finca. De allí sacaron
una escopeta, un “chispún” y un pavo real. Luego le vendaron los ojos y escuchó a un
militar decir que “había unos tendidos nuevos, que los echaran al carro”.
Más tarde regresaron al caserío y en el camino la víctima le pidió a un soldado que le
“diera permiso de orinar, y me bajó del carro y me pegó con la culata del fusil en un ojo,
me soltaron y me dijeron que me tenía que ir”. Cuando regresó a su vivienda notó que los
280

militares se habían llevado los papeles de una motocicleta de su propiedad y los de los
electrodomésticos de su hogar, así como los registros civiles de sus hijas, cien mil pesos
en efectivo, un anillo avaluado en cien mil pesos y una grabadora.
FUENTE: Boletín informativo Justicia y Paz, volumen 8, No. 1.
Paralelamente, los efectivos del batallón Los Guanes, hicieron presencia en la región y
continuaron con los hostigamientos contra los habitantes de Puerto Wilches. El 21 de
febrero, el contratista de empresas petroleras EULOGIO GONZALEZ HERNANDEZ de 29
años, fue torturado por militares de esa jurisdicción, quienes lo detuvieron en el sitio San
José cuando se dirigía hacia a su trabajo. Testigos afirmaron que “le dieron pata y puño, le
dejaron la cara morada y vomitaba sangre, el estómago se podía tocar por los golpes que
le habían dado”. Luego lo subieron a un carro y continuaron golpeándolo mientras lo
amenazaban con amarrarlo al carro y arrastrarlo “como si llevaran a un perro”, mientras le
preguntaban por la ubicación de la vereda El Porvenir. Los campesinos de la región
denunciaron reiteradas amenazas, hostigamientos y ultrajes por parte de los militares. El
mismo día otros cuatro pobladores fueron torturados por militares que se desplazaban en
seis camiones 350. Se trataba de WILSON HERNANDEZ de 14 años, DIMAS de 75 años,
DANIEL de 18 años y NUBIA RODRIGUEZ, quienes fueron detenidos y torturados por
militares adscritos al batallón de Contraguerrilla No.5, que se movilizaban en seis
camiones en la Vereda la Cristalina.
Las torturas fueron diversas con el objetivo de conseguir información sobre la guerrilla; a
Wilson le amarraron las manos a la espalda y lo interrogaron, a Dimas le ataron las manos
a la espalda y el anciano les gritó “mejor me matan pero no me vayan a pegar”, finalmente
desistieron en su intención de maltratarlo. Daniel también fue atado de manos y le
obligaron a tomar agua de caño y Nubia quien tenía 3 o 4 meses de embarazo, fue
brutalmente agredida, “se pararon en su estómago dizque para sacarle al chino”, uno de
los soldados se quitó la reata y le pegaba en la espalda, además fue obligada a tomar
agua de caño mientras era interrogada sobre la guerrilla.
Dos semanas después, el 8 de marzo, LUIS ENRIQUE PRADA GOMEZ fue detenido,
amenazado de muerte y torturado por militares de los batallones Nueva Granada y
Ricaurte en la Inspección Departamental Puente Sogamoso. Los militares lo amarraron de
las manos y lo interrogaron preguntándole por la guerrilla. Ante su respuesta negativa, le
introdujeron la cabeza en un balde lleno de agua con sal, durante una hora lo torturaron y
luego le hicieron firmar una hoja de buen trato. También lo obligaron a colocarse un
uniforme militar camuflado y una capucha para que patrullara con los soldados, señalara a
algunas personas, o de lo contrario “le repetirían la dosis”. Al marcharse le dijeron que
“después venimos otra vez a hacer una limpieza así como después pasó en San Rafael,
ustedes ya saben quienes somos”. Cuatro días después hacia las 9 de la noche “4
hombres vestidos de civil y armados con pistolas buscaron al señor Prada en su domicilio,
pero no lo encontraron y se marcharon sin decir nada”.
281

La oleada criminal disminuyó en el segundo semestre del año. Sin embargo, el 26 de
diciembre, los agentes paraestatales reanudaron sus prácticas criminales, por medio de
una masacre. Ese día, el comerciante, propietario de un salón de billares y de un bar
JUAN ORDUZ ORTIZ de 50 años, el comerciante JAIRO RODRIGUEZ CARVAJAL de 35
años y las niñas YANETH ORDUZ MARTINEZ de 15 años y MARLING YURLEY
RODRIGUEZ ORDUZ de 4 años, fueron asesinados por varios desconocidos que
irrumpieron en la vivienda de la familia Orduz en la Inspección Departamental El Pedral.
Los sujetos dispararon contra los habitantes y luego estallaron un cilindro de gas de 100
libras, causando la destrucción total de la casa. La misma fuente presentó otra versión,
según la cual, “la acción fue cometida incendiando una llanta, la cual fue lanzada al interior
de la vivienda causando la conflagración y posteriores detonaciones provocadas por la
pólvora que tenían almacenada en la casa para su comercialización en esta época
navideña”. En los últimos meses la comunidad denunció una vez más la presencia de
grupos paramilitares.
1996
En 1996 se acentuó el accionar criminal de los agentes paraestatales. Sin embargo, los
organismos paramilitares y la fuerza pública no dejaron de agredir y someter a los
lugareños. El 16 de abril hacia las 7:00 p.m., los campesinos MAXILIANO PRASCA y
ABSALON RAMIREZ, fueron asesinados por seis paramilitares que incursionaron en la
Inspección Departamental El Pedral. El grupo de paramilitares llegó hasta la vivienda de
Absalón, “obligaron a salir a sus habitantes los hicieron tenderse boca abajo contra el
suelo, luego, con lista en mano empezaron a preguntar por ellos, en ese momento no se
encontraban en el lugar”. Cuando llegaron y los paramilitares los identificaron, “se los
llevaron, no sin antes identificarse ante las familias como funcionarios del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS. Para apaciguar el ambiente sonrieron e indicaron que
no se preocuparan y que al día siguiente los fueran a reclamar en la Fiscalía de
Barrancabermeja”. Los agricultores fueron encontrados acribillados en la vía que conduce
a la vereda La Lucha. Agregó la fuente que, “testigos atribuyeron el doble asesinato a
grupos de autodefensas que operan en la zona, por el armamento que llevaban y porque
acusaron a los habitantes de El Pedral, de guerrilleros”.
Cinco meses más tarde, el 26 de septiembre, en el barrio Provivienda, RICARDO
ANTONIO RIOS CODEZZO fue objeto de maltratos, intimidaciones y hostigamientos por
parte de miembros de la policía y el batallón Los Guanes del ejército. Sus familiares
afirmaron que Ricardo hacía parte de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de
la empresa de palma africana Monterey y que los policías buscaban en su domicilio un
hombre herido y las pistolas. Ante de irse, a otro familiar de él, lo detuvieron también para
interrogarle sobre las actividades y vida de Ricardo.
1997
Durante el año de 1997 las estructuras paramilitares reanudaron sus patrullajes en toda la
población, esta vez con mayor contundencia y sevicia. El 19 de febrero hacia las 8:00
a.m., el campesino LUIS ALEJANDRO GELVEZ de 45 años, fue asesinado por
paramilitares que incursionaron en la Inspección de Policía Departamental Vijagual. El 22
282

de febrero siguiente, DOS CAMPESINOS y ALFONSO CALLEJAS ROBLES, fueron
asesinados por veinte paramilitares armados y encapuchados que incursionaron en la
vereda Platanales de la Inspección Departamental Paturia. Pocos días después, el 15 de
marzo, el inspector de Policía OSCAR ORLANDO SANDOVAL LARA de 23 años y
POMPILIO ENRIQUE MENDOZA RINCON de 33 años, fueron asesinados por un grupo
de hombres armados y encapuchados que incursionaron en la inspección departamental
Vijagual. Luego de llegar a la población procedieron a sacarlos de su vivienda, primero a
Oscar y luego a Pompilio y los llevaron a la orilla del río Magdalena donde les propinaron
varios disparos de fusil. Posteriormente los encapuchados abordaron la embarcación y
abandonaron la población.
Desde mediados del año, los paramilitares dieron curso al control de las principales vías
de acceso a la región. El 14 de julio, el camionero ABELINO PARRA MARTINEZ,
poblador del municipio de Santa Rosa del Sur, fue retenido y asesinado por paramilitares
en el sitio La Curumuta (o Churumita). Abelino viajaba de Santa Rosa del sur hacia
Barrancabermeja. Aproximadamente a las 11 de la mañana, después de pasar el ferry en
el municipio de Puerto Wilches, a unos 500 metros del puesto denominado Curumuta (o
Churumita), el vehículo en el que se transportaba fue interceptado por paramilitares,
quienes tras requisar el vehículo, lo retuvieron y posteriormente asesinaron.
El día 15 de agosto de 1997, el propietario de una tienda TEOVALDO CARFAMO
FLORIANI y WILSON ALCONCER, fueron asesinados por paramilitares en la Inspección
Departamental Bocas de Rosario. Los paramilitares llegaron a la fonda, sindicaron al
dueño de venderle trago a la guerrilla, lo sacaron a él y a un cliente que de manera casual
se encontraba allí, y los asesinaron. Un gran número de familias se desplazó de la zona
por las continuas incursiones de los paramilitares, quienes antes de este crimen habían
asesinado, en San José de los Chorros, a un promotor de acción comunal. Ese mismo
mes, el día 25, el líder cívico y comunitario de la región, ex empleado de la personería
MIGUEL CASTRO FLOREZ, fue asesinado por un grupo de hombres armados que
irrumpieron en el barrio Arenales. Al llegar a la vivienda golpearon en la puerta de su
vivienda haciéndose pasar por miembros del ejército, una vez abrieron la puerta,
intentaron llevárselo por la fuerza, pero al oponer resistencia le propinaron disparos.
Miguel se encontraba adelantando varios proyectos de paz en asocio con la Pastoral
Social de éste municipio.
El último crimen que se llevó a cabo ese año tuvo lugar el 16 de septiembre, cuando el
adolescente MILCIADES MANOSALVA MANTILLA de 17 años, fue asesinado por
miembros del ejército, en una calle del barrio Colombia. Miliciades salió de su casa para ir
al médico pero en el camino se vio envuelto en un operativo de contraguerrillas que
realizaban los militares, por lo que decidió refugiarse en una casa en la que irrumpieron los
miembros del ejército que le exigieron identificarse y permanecer allí, sentado en el piso.
Creyendo que los militares se habían ido, Miliciades salió a la calle donde recibió un
disparo de fusil en la espalda. Aún con vida pidió auxilio pero los militares se lo negaron y,
en cambio, llegaron con una granada y un arma que le colocaron en la mano y junto al
283

cuerpo para luego tomarle varias fotografías y hacerlo pasar como un guerrillero abatido
en combate. Cuando por fin vino la ambulancia, Milciades había muerto.
1998
El posicionamiento de los paramilitares en la población era para 1998 una realidad. Ello se
evidencia en la disminución tajante de los CLH. En el año en mención solo se denunció un
caso: El 23 de septiembre, ARTURO SANTANA TRIGO de 32 años, fue asesinado de
varios disparos propinados por desconocidos.
13.1 Persecución y muerte a los trabajadores y sindicalistas en Puerto Wilches
Los principales gremios sindicales victimizados por los agentes paraestatales en Puerto
Wilches fueron los de los trabajadores de las agroindustrias de la Palma, quienes ante las
precarias condiciones laborales a las que eran sometidos por los grandes industriales de
la región, se vieron en la necesidad de crear procesos organizativos mediante los cuales
sus demandas y reivindicaciones pudieran ser escuchadas y atendidas.
13.1.1Trabajadores de Las Palmeras y afiliados a SINTRAINAGRO
La persecución contra los trabajadores de La Palma comenzó a mediados de la década
del ochenta y se prolongó hasta comienzos de la década del noventa. Tanto la fuerza
pública como los paramilitares fueron los responsables de la eliminación de los
trabajadores de Sintrainagro. El 10 de marzo de 1985, el concejal y presidente del
Sindicato de Trabajadores de la Palma JAIRO BOHORQUEZ fue detenido, amenazado y
torturado por el cabo de apellido Restrepo. A Jairo le fueron decomisadas varias
publicaciones del semanario VOZ y otras del Partido Comunista.
Tres años después, se registró otro crimen contra los trabajadores de la palma afiliados a
Sintrainagro. El 24 de agosto de 1988, los Técnicos al servicio de la empresa Palmas
Oleaginosas BUCARELIA JESUS LATORRE y LUIS GUILLERMO MARTINEZ fueron
asesinados por desconocidos que les dispararon desde una chalupa, cuando se
encontraban en las instalaciones de Telecom en la Inspección Departamental El Pedral.
El último crimen contra los trabajadores agremiados de Las Palmeras, tuvo lugar el 17 de
julio de 1990 hacia las 6:30 a.m., cuando el obrero de la Empresa de palma africana
BUCARELIA, miembro de los sindicatos SINTRAINAGRO y USITRAS, AGUSTIN RAMON
HERNANDEZ, y el campesino FREDY ENRIQUE MEJIA BULLOZA, fueron asesinados
por miembros de un grupo paramilitar que llegó a la Inspección Departamental de El
Pedral. Los paramilitares portaban una lista para la identificación de Freddy y Agustín. Sus
cuerpos fueron encontrados en las afueras de la Inspección.
Trabajadores de la empresa Oleaginosas Las Brisas - SINTRAINAGRO
Los trabajadores agremiados de la empresa Oleaginosas Las Brisas, fueron uno de los
sectores más perseguidos por la represión parainstitucional desde comienzos de los años
284

noventa. El 23 de mayo de 1991, ROBERT VALET FUENTES de 27 años y padre de 2
hijos, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
SINTRAINAGRO y RODRIGO NAVARRO PINTO de 34 años, ex presidente del mismo
sindicato, ambos trabajadores de la Empresa Oleaginosas Las Brisas S.A., fueron
desaparecidos en Puente Sogamoso (vía al Llanito-Puerto Wilches). Robert y Rodrigo
salieron de Puente Sogamoso hacia Barranca el jueves 23 a las 7 p.m. desplazándose en
una motocicleta Susuki de color negro y en el recorrido fueron desaparecidos. Ese día, en
horas de la tarde y de la noche se realizaron intensos operativos militares. Unos 3000
trabajadores de la industria de la palma africana en el municipio de Puerto Wilches,
paralizaron labores el día 29 en protesta por la desaparición de los compañeros. Mes y
medio más tarde, el 7 de julio de 1991, los hermanos EVERT y NELSON GARRIDO,
trabajadores de la empresa palmera Las Brisas y miembros de su sindicato, fueron
encontrados asesinados en un paraje de la vía que comunica a la Inspección
Departamental Puerto Sogamoso con el municipio de Puerto Wilches. Ambos habían
desaparecido el mes anterior.
Los hostigamientos contra los sindicalistas de Las Brisas continuaron el 3 de febrero de
1992, fecha en la que los trabajadores FRANCISCO CAMAÑO FLOREZ y HORACIO
CARDENAS CARDENAS, fueron torturados física y sicológicamente por varios sujetos
que se identificaron como miembros de la organización paramilitar MAS.
Los sindicalistas fueron interceptados cuando se movilizaban en motocicletas, una de las
cuales fue dañada y a la otra le extrajeron la gasolina. El hecho ocurrió en inmediaciones
de un retén militar y fue denunciado por USITRAS. Integrantes del Sindicato denunciaron
el hecho ocurrido en el sitio denominado Atahualpa de propiedad de la empresa. Sus
compañeros de trabajo en vista de la ausencia en sus puestos de trabajo, decidieron salir
a buscarlos, cuando aproximadamente a las 4:30 p.m. encontraron la camioneta Chevrolet
C-30 junto a la moto Suzuki 125 que conducía Francisco. Al interior de la camioneta se
encontraron una lata de fríjoles del Ministerio de Defensa, dos papeletas de colcafé, una
pastilla de caldo rico, tres bolsas plásticas con el distintivo del ejército y ollas de diferentes
tamaños. Cerca de las 5:30 p.m. apareció Francisco en la población de Puente Sogamoso
afectado emocionalmente. Apenas si pudo narrar las torturas a las que fue sometido por
hombres armados y con prendas militares que le amarraron las manos y los pies y le
pusieron una soga en el cuello. Los militares bajo amenazas de muerte le exigían que le
diera todos los nombres y direcciones de los dirigentes sindicales, los integrantes del
cartel de la gasolina y la guerrilla. Una hora después llegó Horacio con los mismos signos
de tortura y contando que lo habían obligado a decir el nombre del conductor de una
camioneta roja de la empresa. Los militares habían instalado desde enero de 1992 un
retén en un puente de Puente Sogamoso, por el cual todos los trabajadores debían
transitar.
285

Oleaginosas Monterrey
A pesar de que la persecución contra los trabajadores de Oleaginosas Monterrey no fue
tan sistemática como la de los demás trabajadores de la industria de la palma. El ejército
agredió a tres de sus miembros en el curso de los años noventa. El 22 de junio de 1991, el
ex trabajador de la empresa Oleaginosas Monterrey, EDUARDO TOM ARIAS de 28 años
y MARTIN ALVAREZ, mecánico de 32 años, fueron capturados, torturados y ejecutados
por unidades del batallón Nueva Granada. Eduardo y Martín fueron detenidos en la
plantación Palmas Oleaginosas Monterrey, lote 2A.1 y trasladados al sitio conocido como
Puente Angustias, en donde fueron asesinados presentándolos posteriormente como
guerrilleros muertos en enfrentamiento. Cinco años después, el 26 de septiembre de
1996, cerca de las 10:30 p.m. en el barrio Provivienda, RICARDO ANTONIO RIOS
CODEZZO fue objeto de maltratos, intimidaciones y hostigamientos por parte de miembros
de la policía y el batallón Los Guanes del ejército. Sus familiares afirmaron que Ricardo
hacía parte de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la empresa de palma
africana Monterrey y que los policías buscaban en su domicilio un hombre herido y las
pistolas. Ante de irse, a otro familiar de él, lo detuvieron también para interrogarle sobre
las actividades y vida de Ricardo.
Agrícolas del Norte
El 19 de octubre de 1992, el trabajador y sindicalista de la empresa Agrícolas del norte,
LIBARDO OLAYA, fue víctima de un atentado contra su vida perpetrado por dos hombres
armados, uno de ellos fue identificado por uno de los testigos como José del Carmen
Contreras Torres, miembro del batallón Nueva Granada, cuando Libardo se encontraba en
su casa en Puente Sogamoso. Libardo había sido víctima de otro atentado el 21 de agosto
del mismo año, cuando se desplazaba en un bus de COOTRANSMAGDALENA de
Barrancabermeja a Puente Sogamoso. El sicario que atento contra su vida fue capturado y
denunciado por dirigentes de la USO, quienes posteriormente fueron amenazados
telefónicamente.
13.1.2 SINTRAPALMA
Los hostigamientos contra los trabajadores de Sintrapalma en Puerto Wilches se
desencadenaron a partir del segundo semestre de 1997. El 12 de agosto de ese año,
hacia las 5:30 a.m., el obrero de la palma africana y miembro del sindicato de la empresa
MISAEL PINZON GRANADOS, fue desaparecido por integrantes de un grupo paramilitar,
en la inspección de policía Puente Sogamoso. Cuando incursionaron en la población los
agresores detuvieron ocho vehículos en los que se transportan obreros de la empresa de
palma africana y luego de obligarlos a descender, con lista en mano, se llevaron a Misael
esposado, indicando a los demás que de ellos dependía la vida de la víctima, cuyo
paradero es desconocido.
Al otro día, en momentos en que los obreros de esta empresa de palma africana,
realizaban un mitin por la desaparición de su compañero de labores, incursionó un grupo
de paramilitares quienes tras acabar con la actividad, procedieron a indicarles a los
286

obreros que deberían, en el corto plazo, dejar de ser sindicato filial de la CUT (Central
Unitaria de Trabajadores) y convertirse en una cooperativa bajo la dirección de éstos. Allí
mismo amenazaron a dos dirigentes de SINTRAPALMA, los hermanos RAMIRO y EDGAR
VASQUEZ LOPEZ.
14 ZAPATOCA
La represión paraestatal en Zapatoca se evidenció en el primer semestre de 1984. desde
ese momento, la fuerza pública y los grupos paramilitares dieron curso a la persecución y
eliminación sistemática de todo aquel que representara un peligro para la imposición y
permanencia de su hegemonía. El 29 de mayo de 1984, el sacerdote BENJAMIN PELAYO
LIZARAZO y CATORCE CAMPESINOS más fueron detenidos y sindicados por agentes
de policía. Contra ellos fue dictado un auto de detención por tomarse la iglesia para
protestar por el desalojo violento de 15 familias de la Hacienda Piamonte y haberles
quemado sus ranchos; se les sindicó de hurto e invasión de tierras. El 3 de Junio fueron
puestos en libertad bajo fianza juratoria y con presentación periódica de 8 días al juzgado.
Un año después, los escuadrones del MAS hicieron su aparición en la población. El 10 de
julio de 1985, ROSO ANTONIO RODRIGUEZ y sus hijos JULIO RODRIGUEZ, MARIO
RODRIGUEZ y ERNESTO RODRIGUEZ fueron asesinados por 25 hombres que hacían
parte del grupo paramilitar MAS, en la vereda Chanchó Bajo. Los paramilitares, finalmente
huyeron hacia San Vicente de Chucurí.
Uno de los sectores más perseguidos tanto en Zapatoca como en el
resto del Magdalena Medio en el curso de la década del ochenta fue
el de los educadores. El 10 de noviembre de 1987 en horas de la
noche, el profesor FROILAN BUITRAGO FORERO fue asesinado
por dos desconocidos. Según la declaración de su esposa, los dos
hombres llegaron a la residencia de Froilán y le pidieron que los
acompañaran a ver una vaca, ya que él era tecnólogo agropecuario.
Froilán les dijo que iría al otro día, entonces los hombres sacaron
las armas y le dispararon. Froilán trató de entrar a la casa ante la
mirada de su hija de 6 años y su esposa, pero fue perseguido por los hombres. Froilán
Buitrago había nacido en Gambita el 4 de mayo de 1952 y al momento de su asesinato
convivía con Margarita Rojas con quien tenía dos hijos: Iván Javier de 10 años y Laura
Juliana de 6 años. Froilán trabajaba en el Colegio Seminario de Zapatoca 285 . Poco tiempo
después de su muerte el Comandante de la Policía fue detenido en compañía de 3
agentes y más tarde condenados por el homicidio de una persona de la población y
también sindicados de hurto al Banco del pueblo. Luego de la detención del agente
cesaron el boleteo y los homicidios realizados por desconocidos.
285 Certificado del Rector del Colegio Seminario de Zapatoca. Diciembre 9 de 1987.
287

En 1988 los paramilitares realizaron varias incursiones en el municipio, victimizando a tres
de sus habitantes. El 5 de febrero de 1988, el campesino HERMINIO ACAVEDO GOMEZ
fue asesinado por desconocidos en la zona rural del municipio de Zapatoca. Mes y medio
después, el 21 de marzo de 1988, el campesino JOSUE RUEDA SERRANO fue
asesinado y TRES CAMPESINOS fueron heridos por un grupo de seis encapuchados en
la vereda San Javier. El último crimen de ese año tuvo lugar el 6 de abril de 1988, cuando
el concejal por el Partido Conservador PABLO GALAN LEON de 54 años fue asesinado
por desconocidos.
En 1990 el ejército y los paramilitares asesinaron aun trabajador y dos funcionarios
públicos. El 4 de mayo de 1990, el mecánico ARIEL VARGAS ARDILA fue asesinado
desde un helicóptero militar en el sitio conocido como Montebello, en la vía que conduce
de Zapatoca a la localidad de Betulia. El cuerpo de la víctima apareció con impactos de
proyectil en la cabeza y la espalda. Al momento del ataque se encontraba reparando un
vehículo con su hermano. Cinco meses después, el 11 de octubre de 1990, el alcalde
municipal del movimiento único de renovación conservadora, licenciado en Teología y ex
concejal del partido conservador EFRAIN DURAN BOHÓRQUEZ, de 53 años, fue
asesinado de dos disparos cuando conversaba en la puerta de su casa con dos
funcionarios de obras públicas municipales en la Cl.19 No. 9-73. El año terminó con el
asesinato del concejal conservador SABINO SERRANO HERNANDEZ de 67 años, quien
fue retenido y posteriormente asesinado. Su HIJO también fue retenido por varios
individuos que los sacaron de su casa. Sabino fue obligado a abordar un carro Nissan de
su propiedad donde fue asesinado y luego quemado el vehículo. Posteriormente su hijo
fue liberado. Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 1990.
La oleada criminal de los paramilitares prosiguió en el segundo semestre de 1992. El 7 de
julio, el joven PEDRO VICENTE FERNANDEZ QUINTERO de 17 años con problemas
mentales fue asesinado de 8 disparos de arma calibre 9 mm por desconocidos en
Zapatoca. Según las autoridades municipales, en varias oportunidades Pedro había sido
detenido por hurto. Un mes después, el 5 de agosto de 1992, los delincuentes ALBERTO
DIAZ PEÑA de 22 años y su hermano ALFONSO DIAZ PEÑA de 24 años fueron
asesinados por tres hombres que llegaron a su residencia, en el barrio Raíces y
aprovechando el racionamiento de luz eléctrica les dispararon. El 12 de diciembre de ese
año, un HOMBRE fue encontrado asesinado en la quebrada La Zapatoca con varios
impactos de bala calibre 9mm.
Durante 1993 se registró la comisión de tres crímenes. En zona rural, el 4 de febrero de
1993, se encontró el cuerpo sin vida de un HOMBRE de 40 años, el cual presentaba cinco
disparos de pistola calibre 9mm. Dos meses más tarde, el 15 de abril de 1993 a las 8:00
p.m., el gerente de la sucursal de la Caja Agraria ISMAEL ALBINO MEJIA, fue asesinado
en el interior de una papelería de su propiedad por un desconocido le disparó en cinco
oportunidades con un revólver calibre 38. el último crimen del año tuvo lugar el 3 de
diciembre de 1993, fecha en la que el licenciado en Química JAIME PIMIENTO
TRASLAVIÑA de 47 años, que se desempeñaba como Rector de la Normal Integrada, fue
288

asesinado por desconocidos que le dispararon con revólver calibre 38 en el sector de la
Esmeralda.
En la segunda mitad de la década los paramilitares hicieron público su accionar y dejaron
de actuar como “desconocidos”. Durante el curso de los años 1995 a 1995, los
escuadrones de la muerte se encargaron de eliminar a los militantes políticos de
oposición, campesinos, funcionarios públicos, y en suma contra todo aquel que se
opusiera a sus designios. El 27 de marzo de 1995, el concejal y militante de la UP ELIAS
BLANCO PORRAS de 28 años fue asesinado por integrantes del grupo paramilitar los
Masetos en el sitio conocido como Cuchilla de Ramos. Los 6 paramilitares portaban
capuchas e interceptaron el bus de la empresa COOTRANSMAGDALENA, en el que Elías
se dirigía hacia San Vicente de Chucurí, lo bajaron y le propinaron tres disparos de fusil en
la cara, en la espalda y cerca de la oreja izquierda. Elías era el último concejal de la UP en
el departamento de Santander.
Entre 1996 y 1998 fueron asesinados por los paramilitares tres habitantes de Zapatoca. El
4 de abril de 1996 a las 6:00 a.m., el campesino ALFONSO ACEVEDO DIAZ de 21 años
fue asesinado por desconocidos que lo sacaron de su vivienda y le dispararon en cuatro
oportunidades en la vereda Montenegro. Un año más tarde, el 31 de marzo de 1997, el
alcalde CESAR AUGUSTO RAMIREZ GARRIDO fue herido por hombres armados que se
movilizaban en una camioneta y le propinaron varios impactos de bala, en momentos en
que Cesar se dirigía hacia Bucaramanga.
El ultimo crimen conocido por el Proyecto CNM en Zapatoca fue perpetrado el 27 de junio
de 1998, fecha en la que los campesinos ALEXANDER CARREÑO RUEDA y NESTOR
RAUL CARREÑO fueron asesinados por paramilitares en la vereda Las Flores. Los
campesinos fueron acusados de pertenecer al Frente Capitán Parmenio del ELN.
289