Estudio de caso de Guatemala 140610 traducido del ingles ... - Hivos

Evaluación conjunta sobre los pueblos
Documento 093258
Estudio de caso sobre Guatemala 140610
indígenas
Estudio de caso sobre el desarrollo de los
pueblos indígenas en Guatemala y el aporte
de Hivos
Joris van de Sandt y Rebecca Fries
ETC EcoCulture / ETC Foundation
14 de junio de 2010
1

Número de proyecto de ETC 083258
Número de proyecto del cliente:
Autor(es): Joris van de Sandt y Rebecca Fries
Fecha Junio de 2010
Documento 093258
Estudio de caso sobre Guatemala 140610
Dirección física: Kastanjelaan 5, Leusden
Dirección postal: Apdo. postal 64, 3830 AB Leusden
Países Bajos
Teléfono: +31 (0)33 4326000
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Nombre de archivo electrónico: Documento 093258 Estudio de caso de Guatemala 140610
Descargo de responsabilidad:
La naturaleza del trabajo de ETC puede suponer que los clientes soliciten a ETC que presente ideas innovadoras o
haga sugerencias para generar cambios. Como resultado, las sugerencias de ETC pueden referirse a cambios en las
reglas y regulaciones existentes. En tales casos, ETC hace un descargo total de responsabilidad por la forma en que
sus sugerencias sean implementadas; esto se considera la responsabilidad plena del cliente.
ii

Índice
Lista de siglas y abreviaturas....................................................................................... v
Agradecimientos .......................................................................................................... vii
Resumen ejecutivo ..................................................................................................... viii
1. Introducción ............................................................................................................. 1
1.1 Antecedentes y contexto del estudio........................................................... 1
1.2 Fase introductoria y elaboración del estudio de caso................................ 2
1.3 Metodología ..................................................................................................... 4
2. Política y estrategia de Hivos de apoyo a los pueblos indígenas en América
Latina/Guatemala ................................................................................................... 7
3. Cambios en las vidas de los pueblos indígenas y factores que contribuyen
a estos cambios ...................................................................................................... 9
3.1 Cambios en las políticas indígenas en Guatemala .................................... 9
3.2 Percepciones sobre los cambios en la situación de los pueblos
indígenas................................................................................................................ 14
3.2.1 Derechos políticos ............................................................................... 14
3.2.2 Medios de vida ..................................................................................... 21
3.2.3 Condición y derechos de las mujeres indígenas............................ 24
4. Valoración de los cambios .................................................................................. 27
4.1 Cosmovisiones, valores e identidad ........................................................... 27
4.2 Marginación e inclusión en el desarrollo .................................................... 27
4.3 Autodeterminación y representación .......................................................... 28
4.4 Posición de las mujeres indígenas.............................................................. 28
4.5 Asimilación e integración forzada................................................................ 29
5. Contribución de las intervenciones para generar los cambios...................... 29
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5.1 Alivio directo de la pobreza .......................................................................... 29
5.2 Fortalecimiento de la sociedad civil ............................................................ 31
5.3 Influencia en las políticas.............................................................................. 31
5.4 Efectos directos no buscados de las intervenciones ............................... 34
6. Sostenibilidad de los cambios ............................................................................ 36
7. Influencia de la modalidad de apoyo de Hivos ................................................ 37
7.1 Elección de las contrapartes ........................................................................ 39
7.2 Apoyo a la planificación, implementación, monitoreo y evaluación....... 39
7.3 Comunicación entre Hivos y las organizaciones de contraparte ........... 40
7.4 Papel de la red de contrapartes................................................................... 41
8. Conclusiones......................................................................................................... 42
8.1 Valoración del papel de Hivos para reducir la injusticia estructural entre
los PI....................................................................................................................... 43
8.2 Lecciones aprendidas ................................................................................... 43
8.3 Recomendaciones ......................................................................................... 45
Anexo 1. Términos de referencia: Evaluación conjunta de programas sobre los
pueblos indígenas........................................................................................................ 49
Anexo 2. Itinerario para el estudio de caso sobre Guatemala ............................. 60
Anexo 3. Personas consultadas................................................................................ 61
Anexo 4. Documentos consultados .......................................................................... 64
Anexo 5: Preguntas guía para el trabajo de campo............................................... 68
Anexo 6. Documentación del proceso de evaluación............................................ 71
Anexo 7. Carta modelo para las contrapartes......................................................... 77
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Lista de siglas y abreviaturas
ACF Agencia de cofinanciamiento
ADRI Alianza para el Desarrollo Rural Integral
AIDPI Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los pueblos indígenas
AJR Asociación para la Justicia y la Reconciliación
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ASESA Acuerdo sobre los Aspectos Económicos y Sociales de la Situación
Agraria
AVANCSO Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales
AyC Arte y cultura
CACIF Cámara de Comercio de Guatemala
CALDH Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos
CEDAW Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer
CIDOB Confederación de pueblos indígenas de Bolivia
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
COCODES Comité de Desarrollo Comunitario
CODISRA Comisión contra la Discriminación y el Racismo
CONADUR Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
CONTIERRA Comisión sobre la Resolución de Conflictos sobre la Tierra
COPAE Comisión Pastoral Paz y Ecología
COPREDEH Comisión Presidencial de Derechos Humanos
Cordaid Catholic Organisation for Relief and Development Aid
DEMI Defensoría de la Mujer Indígena
DGIS Dirección de Cooperación Internacional de los Países Bajos
DHyD Derechos humanos y democratización
EE Evaluación externa
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FODIGUA Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
FONADES Fondo Nacional de Desarrollo
FONTIERRAS Fondo de Tierras
GMyD Género, Mujer y Desarrollo
Hivos Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo
HO Sede
ICCO Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo
IDEI Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación Integral
IGN Instituto Geográfico Nacional
IAN Informe anual narrativo
INAB Servicio Forestal Nacional
KIEM Tejiendo Redes contra la Impunidad (Proyecto)
MOSGUA Movimiento de Organizaciones Sociales de Guatemala
OI Organización indígena
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONG Organización no gubernamental
ONU-DPI Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas
OP Oficial de Programa
OR Oficina regional
OSC Organización de la sociedad civil
PI pueblos indígenas
PME Planificación, monitoreo y evaluación
PNR Programa Nacional de Resarcimiento
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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRODEPI Programa de Derechos de los pueblos indígenas
PS Producción sostenible
PVVS Personas que viven con el VIH/SIDA
RGP Registro General de la Propiedad
RIC Registro de Información Catastral
SEPREM Secretaría Presidencial para la Mujer
SFyDE Servicios Financieros y Desarrollo Empresarial
TdR Términos de Referencia
TICyM Tecnologías de información y comunicación y medios masivos
VO Valoración organizacional
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Agradecimientos
El presente estudio de caso sobre temas relacionados con el desarrollo de los pueblos
indígenas en Guatemala y el aporte de Hivos en el marco de la Evaluación Conjunta de
Programas sobre los pueblos indígenas no habrían sido posibles sin el apoyo de Karel
Chambille, Teyo van der Schoot, Dineke van den Oudenalder, Susana Rochna, Erika
Méndez y Julieta Hernández. La autora y el autor desean externarles su agradecimiento
por recopilar la información y documentos relevantes sobre las organizaciones de
contraparte y los proyectos, por su asesoría en cuanto al enfoque del estudio, sugerir a las
personas contacto y por hacer la introducción inicial ante las contrapartes que el equipo del
estudio deseaba conocer. Además, deseamos agradecer a todas las contrapartes de Hivos
y a otras fuentes externas de información (sus nombres figuran en lista en el Anexo 3) por
compartir con nosotros sus perspectivas, aportarnos información y darnos de su tiempo.
Por último, nuestro agradecimiento a Partos, en especial a Lisette Desain, por coordinar
esta evaluación de programas.
Joris van de Sandt y Rebecca Fries
Marzo de 2010
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Resumen ejecutivo
Antecedentes y metodología
Hivos y otras dos agencias de cofinanciamiento (ACF) holandesas, a saber Cordaid y el
ICCO, diseñaron una evaluación conjunta sobre el apoyo que prestan a los pueblos
indígenas (PI), centrándose en los derechos políticos y derechos a la tierra, los derechos
de las mujeres, medios de vida y la organización de los PI. La evaluación se centró en la
siguiente pregunta: "¿Hasta qué punto han contribuido las políticas, estrategias,
procedimientos y programas de las ACF y de sus organizaciones de contraparte a reducir
la injusticia estructural entre los PI? El estudio abarca el periodo 2003-08 y se desarrolló
en tres fases:
o la fase introductoria, en la que se analizaron las políticas de las ACF relativas a los
PI;
o los estudios de caso, en donde se analizó el trabajo apoyado por Hivos en Bolivia y
en Guatemala, el trabajo apoyado por Cordaid en Etiopía y en Kenia, y el trabajo
apoyado por ICCO en la India;
o la fase de síntesis, en donde se compararon y analizaron los hallazgos de los
estudios de caso y la revisión sobre las políticas de las ACF.
Un antropólogo y una socióloga llevaron a cabo el trabajo de campo para el estudio de
caso de Guatemala entre el 12 de noviembre y el 1. º de diciembre de 2009. El equipo
realizó una serie de entrevistas semiestructuradas y discusiones con grupos focales y
utilizó una serie de preguntas guía para entrevistar a las fuentes de información,
organizaciones de contraparte y personas indígenas.
El equipo realizó visitas de campo a las áreas en las que operan las organizaciones de
contraparte que trabajan con los pueblos Chortí, Q’eqchí, Kaqchikel, Quiché, Mam y
Tz’utujil. En el terreno, el equipo obtuvo los puntos de vista de las personas entrevistadas
sobre los cambios en la situación de los PI durante los últimos 10-15 años desde diversas
perspectivas: 1) la perspectiva endógena (“desde adentro”), (es decir, hombres, mujeres y
jóvenes indígenas), personas provenientes de grupos étnicos indígenas que trabajan en
organizaciones locales de la sociedad civil y expertos y analistas indígenas; y 2) la
perspectiva exógena (“desde afuera”) es decir, la de personas no indígenas que trabajan
con ONG intermediarias que fungen como contrapartes de Hivos, así como otros actores
de la sociedad civil y del Gobierno involucrados en actividades para promover los
derechos, intereses y la posición de los PI guatemaltecos. El equipo se reunió con
personal y con socios de las siguientes organizaciones que reciben o han recibido apoyo
de Hivos: el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); la Coordinadora
Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); la Coordinadora Nacional Indígena y
Campesina (CONIC); Ajb'atz' Enlace Quiché (Enlace Quiché); la Asociación de
Investigación, Desarrollo y Educación Integral (IDEI); el Grupo de Mujeres Mayas Kaq’la
(Kaq’la); Colectivo Ecologista Madre Selva (Madre Selva); la Asociación Política de
Mujeres Mayas Moloj (Moloj); así como la organización Manos Campesinas.
Hallazgos en cuanto a los cambios en la posición de los pueblos indígenas
En Guatemala, la población indígena constituye entre 50–60% (dependiendo del censo) de
los aproximadamente 11 millones de habitantes del país y conforma 23 grupos étnicos
diferentes de ascendencia maya o de algún otro pueblo indígena. Debido al legado del
conflicto interno (1960–96), el movimiento indígena en el país es todavía bastante reciente
–al igual que el resto de la sociedad civil– y se encuentra fragmentado.
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Cambios en las políticas indígenas en Guatemala. Muchas de las políticas y leyes
recientemente promulgadas que tienen alguna relación con la situación de los PI son un
efecto de los Acuerdos de Paz de 1996.
De particular relevancia a este respecto son el Acuerdo de Identidad y Derechos de los
pueblos indígenas (AIDPI) y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria (ASESA); este último no está específicamente dirigido a los PI, mas sin embargo
contiene muchas disposiciones relativas a ellos. En el siguiente panorama general se
presentan las políticas adoptadas poco tiempo antes o durante el periodo que cubre esta
evaluación.
o Fondo de Tierras FONTIERRAS (1999): “Programa de reforma agraria asistido por
el mercado; mediante la ampliación de préstamos a largo plazo, los grupos de
familias campesinas (indígenas) pueden adquirir tierras ofrecidas para la venta por
otros propietarios.
o Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) (1999): atiende la situación particular de
vulnerabilidad y discriminación de las mujeres indígenas.
o Política Nacional de Promoción del Desarrollo de la Mujer Guatemalteca y Plan de
Igualdad de Oportunidades (2001, 2008): política desarrollada por la Secretaría
Presidencial de la Mujer (SEPREM) (2000); varias de las actividades propuestas
por esta dependencia hacen referencia a la situación particular de las mujeres
indígenas.
o Ley sobre Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Código Municipal (2002):
política de descentralización que condujo al establecimiento de consejos de
desarrollo local, municipal y departamental, también en las zonas indígenas;
o Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los pueblos
indígenas (CODISRA) (2002).
o Programa Nacional de Resarcimiento (2003): creado para poner en marcha
medidas de reparación para las víctimas del conflicto armado interno, muchas de
las cuales son mujeres indígenas.
o Política de Incorporación de la Educación Bilingüe Intercultural (2003): esta política
reconoce las lenguas indígenas como primeras lenguas dentro de la educación en
zonas que tienen un elevado porcentaje de población indígena.
o Ley del Registro de Información Catastral (2005): entre otras cosas, esta ley
supervisa la demarcación y registro de las tierras comunales indígenas, con la
posibilidad de dar mayor seguridad en la tenencia de tierras a las comunidades
indígenas.
o Programa de Desarrollo Rural ProRural y Programa Mi Familia Progresa (2008):
programas de inversión social para las poblaciones pobres, muchas de ellas
indígenas, adoptados por la Administración del presidente Colom (2008–).
o Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer (2008): ofrece
un mecanismo de acceso a la justicia para las mujeres en general, además de
medidas disuasivas contra actos futuros de violencia de género, aunque no están
específicamente dirigidas a la población indígena.
Derechos políticos. Desde la firma de los Acuerdos de Paz y la ratificación por parte del
Estado guatemalteco del C169 de la OIT (1996), los cuales contienen la promesa del
reconocimiento del multiculturalismo y de los derechos de los PI, el desarrollo de una
nueva institucionalidad del Estado para la aplicación de tales derechos ha sido un proceso
lento. Pese a la creación de varias instituciones y dependencias gubernamentales que
deben abordar la situación indígena, además de una serie de designaciones de
funcionarios indígenas, cuestiones como presupuestos limitados, la ineficiencia y la
corrupción han limitado el impacto positivo de estos cambios en tal situación. Además, no
no se evidencian cambios en las prácticas judiciales, que no toman en cuenta las
diferencias culturales y la mayoría de los delitos de discriminación o violación de derechos
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indígenas permanecen impunes. Durante la última década, el Congreso no ha promulgado
leyes importantes sobre los derechos indígenas, debido al obstruccionismo por parte de
fuerzas políticas conservadoras que se oponen a tales políticas.
Pese a esta decepcionante situación, organizaciones indígenas de base comunitaria que
se han visto fortalecidas han adquirido las capacidades y destrezas para negociar con las
entidades oficiales, así como hacer cabildeo y presionar al Gobierno para que reconozca
los intereses y necesidades de los PI. Las comunidades indígenas han adquirido mayor
conciencia de sus derechos políticos y son más asertivas al monitorear las acciones
gubernamentales y denunciar las violaciones a sus derechos especiales. Más
comunidades se han involucrado políticamente en movilizaciones regionales y nacionales
y han participado en eventos internacionales sobre los PI. Hasta cierto punto, esto se debe
al creciente número de profesionales indígenas –hombres y mujeres– que fungen como
intermediarios del conocimiento entre los políticos indígenas y las élites, por una parte, y
las comunidades en el nivel de las bases, por otra parte. Esto también se debe a las leyes
y políticas de descentralización que han creado nuevos espacios para la participación
indígena en la toma de decisiones en el ámbito local, no obstante que en estos procesos el
papel de la autoridad tradicional indígena se encuentra marginado. También resulta
problemático el hecho de que las comunidades en términos generales todavía se muestran
sumamente desconfiadas del Gobierno nacional, incluyendo a sus propios representantes,
que consideran no les representan ni defienden sus intereses de manera adecuada.
Derechos a los recursos naturales. En Guatemala, el problema estructural más
importante relacionado con la situación de pobreza de los PI sigue siendo la falta de
acceso y propiedad de la tierra. El programa de reforma agraria asistido por el mercado ha
tenido un impacto mínimo en la redistribución de la tierra en beneficio de los PI, en parte
debido a lo complicado de los trámites burocráticos, especulación con las tierras e
irregularidades administrativas, así como a la falta de tierras de calidad. Resulta común
que los PI cultiven tierras comunales sobre las cuales no tienen derechos formales de
propiedad. Muchas comunidades agrícolas corren el riesgo o de hecho han sido
desplazadas de sus tierras por actores económicos poderosos, a menudo derivando en
violentas disputas con fuerzas de seguridad estatales y privadas.
Durante los últimos cinco años, ha habido además un incremento en los conflictos
relacionados con proyectos de extracción en gran escala que afectan las tierras indígenas.
En respuesta a que las autoridades gubernamentales han omitido consultarles, las
comunidades se han movilizado y han organizado sus propias (auto)consultas para
expresar su oposición. Otras comunidades han reconocido la nueva Ley de Registro de
Información Catastral para la demarcación de sus tierras comunales, a fin de protegerlas
de la expropiación. En el proceso, afirman haber recuperado su apego colectivo (otrora
perdido) a sus territorios ancestrales.
Medios de vida. Durante los últimos diez años, la pobreza entre los PI se ha incrementado
como resultado de la falta de acceso a la tierra, la degradación ambiental, la baja en los
precios de los cultivos comerciales (café) y eventos climáticos adversos. La desnutrición
entre la población infantil y las mujeres embarazadas se ha incrementado, y las
comunidades todavía carecen de acceso a los servicios básicos.
La desregulación de la economía en el contexto de los tratados de libre comercio ha
debilitado aún más las economías indígenas y ha afectado su soberanía alimentaria. La
falta de oportunidades económicas en el campo ha contribuido al crecimiento de los flujos
migratorios hacia la ciudad, en especial de personas indígenas jóvenes. Sin embargo, en
algunos lugares, grupos de productores que reciben asistencia de ONG internacionales
lograron acceder a los mercados internacionales para sus productos agrícolas, lo cual les
ha servido como amortiguador en tiempos de dificultad económica. En otros lugares, los
grupos indígenas han comenzado a reflexionar sobre lo que para ellos constituiría un
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desarrollo culturalmente apropiado, como primer paso para hallar soluciones para sus
problemas económicos. Organizaciones indígenas recientemente han tenido éxito al
negociar con el Gobierno propuestas sobre políticas y legislaciones para el desarrollo rural
integrado.
Posición de la mujer indígena. La situación de pobreza y opresión que enfrentan las
mujeres indígenas en Guatemala sigue siendo un obstáculo importante para su
empoderamiento y participación en la toma de decisiones. Debido a su escasa escolaridad
y a que dependen económicamente de los varones, las mujeres indígenas ven impedida
su participación. Recientemente se ha experimentado un incremento en la violencia de
género, y quienes la denuncian se enfrentan a la discriminación y la opresión.
Sin embargo, durante los últimos años se registró un claro aumento en el número de
mujeres que ocupan cargos oficiales, tanto en las OSC como en el Gobierno, aunque a
menudo tienen que lidiar con un sistema de gobierno tradicionalmente machista y
patriarcal. En las organizaciones de género mixto, las mujeres indígenas topan con
resistencia de una dirigencia por tradición masculina, que argumenta que la atención hacia
los derechos de las mujeres le resta fortaleza al movimiento indígena. No obstante, una
plataforma de mujeres indígenas recientemente creada ha logrado insertar una agenda
articulada de demandas y propuestas en las nuevas políticas oficiales de género. Las
organizaciones de mujeres indígenas han desempeñado un papel importante en términos
de contribuir a hacer conciencia entre sus congéneres a fin de que adquieran una
percepción crítica sobre los efectos de la conducta machista y el papel de la mujer
indígena en las culturas mayas. Estas organizaciones también asumen una posición crítica
hacia el Gobierno por la lentitud en los avances para encontrar justicia y reparación para
las mujeres indígenas sobrevivientes a la violencia sexual durante la época del conflicto
interno.
Valoración general de los cambios en la situación de los pueblos indígenas
guatemaltecos
Cosmovisiones, valores e identidad. Si bien el sentido de identidad es todavía fuerte, la
pobreza generalizada ejerce una presión cada vez mayor sobre los valores y
cosmovisiones indígenas. La migración y la violencia afectan de manera adversa la
cohesión social y las estructuras de autoridad en las comunidades, e impiden el desarrollo
de OBC sólidas. El Estado no promueve las culturas indígenas mediante políticas públicas
específicas. Sin embargo, al mismo tiempo, en años recientes un clima político de mayor
apertura ha traído consigo un rescate de las prácticas culturales y espirituales indígenas, y
el movimiento indígena ha emprendido un proceso de reflexión autocrítica y aplica cada
vez más un discurso asociado a los derechos colectivos indígenas en sus esfuerzos de
movilización política.
Marginación e inclusión en el desarrollo. En general, la situación de pobreza de los PI
se ha agravado, debido principalmente a la escasez de tierras y a la degradación
ambiental, que han afectado las actividades de subsistencia y orientadas al mercado, así
como debido a la crisis económica y la desregulación, que han reducido otras
oportunidades de generación de ingresos y los niveles salariales. Los PI corren peligro de
verse aún más marginados debido al desarrollo en gran escala impulsado por la inversión.
La prestación de servicios básicos (educación, salud, infraestructura) en las zonas rurales
no ha mejorado de manera significativa. Las políticas de inversión social por parte del
Estado tienen una escasa cobertura y no ofrecen una solución estructural a la pobreza.
Además, no toman en cuenta las necesidades específicas de la población indígena.
Autodeterminación y representación. Las fuerzas políticas conservadoras continúan
bloqueando el acceso y la participación de los PI en la política nacional y en la elaboración
de leyes. Fuerzas económicas poderosas, estructuras de poder paralelo y un sistema
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judicial disfuncional limitan aún más la representación indígena y obstruyen la adopción y
la implementación de legislaciones y políticas pro-indígenas. La influencia de las
comunidades indígenas en los gobiernos municipales a través de los comités de desarrollo
local sigue siendo limitada. Además, estas instituciones recientemente establecidas
tienden a relegar las estructuras existentes de autoridad. Hasta ahora, un movimiento
indígena fragmentado ha demostrado no ser capaz de cambiar las probabilidades de
autodeterminación de sus pueblos.
Derechos a la tierra y a los recursos. La falta de acceso y propiedad de las tierras es
uno de los problemas centrales que enfrentan los PI guatemaltecos y una gran fuente de
conflictos. Contrario a lo que establece el C169, todavía no se reconocen los derechos
colectivos a la tierra de los PI. Los programas de reforma agraria asistidos por el mercado
han tenido un impacto mínimo. Pocas familias indígenas son propietarias formales de
tierras y las comunidades corren peligro de ser desalojadas sin ser notificadas por los
terratenientes, o bien ser despojadas por proyectos de desarrollo en gran escala sobre los
cuales no han sido consultadas (minería, represas hidroeléctricas, agroindustrias). La
resistencia indígena y las propuestas de reforma de políticas hasta el momento no han
logrado mejorar de manera significativa la situación.
Posición de la mujer indígena. La discriminación, opresión y la violencia contra las
mujeres indígenas continúan impidiendo su participación y representación en los asuntos
públicos. Su empoderamiento se ve impedido por la falta de educación, el analfabetismo y
una pobre autoestima. No obstante, ha habido avances en la situación de las mujeres
indígenas, cuya participación en las OBC y OSC ha aumentado. Además, un creciente
número de mujeres indígenas que ocupan cargos oficiales han logrado ejercer una mayor
influencia en las decisiones y en las políticas gubernamentales. Sin embargo, los derechos
de las mujeres aún no ocupan un lugar de importancia en la agenda de las organizaciones
de género mixto, y son pocas todavía las organizaciones de mujeres indígenas.
Asimilación/integración forzada. Si bien no existe ya una política oficial de integración
hacia los PI, la integración forzada todavía ocurre de maneras sutiles e indirectas. El
Gobierno se muestra renuente a reconocer los derechos económicos y políticos de los PI,
y en sus políticas sociales y económicas no toma en cuenta sus intereses y necesidades
particulares (es decir, la necesidad de una educación bilingüe, las prácticas tradicionales
de cuidado de la salud, las aspiraciones indígenas para el desarrollo).
Contribución de Hivos y sus contrapartes para lograr estos cambios
Combate directo de la pobreza. En las áreas en las que operan, las contrapartes de
Hivos contribuyeron a reducir la pobreza entre las comunidades indígenas mediante los
siguientes tipos de intervenciones:
Mejoramiento en la producción agrícola y acceso a créditos y a mercados. Hivos y sus
contrapartes han contribuido a la recuperación de los niveles de producción cafetalera de
las comunidades indígenas tras los devastadores efectos del huracán Stan en 2005 en la
producción agrícola y en las exportaciones. Adicionalmente, el 100% de la producción
cafetalera apoyada por alguna contraparte de Hivos fue convertida de los métodos de
producción convencional a la producción orgánica, y las actividades productivas han
contribuido al desarrollo de capacidades de organización y liderazgo al interior de los
grupos de productores, los cuales han ganado en fortaleza. Se amplió el acceso de los
agricultores al crédito precosecha, y estos obtuvieron una certificación orgánica y permiso
de exportación, captando así un nicho del mercado para las exportaciones.
Cuidado de la salud. Una contraparte de Hivos coordinó con hospitales regionales para
mejorar el acceso por parte de los grupos discriminados como las personas indígenas que
viven con el VIH/SIDA (PVVS) a atención médica especializada y para mejorar el registro
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de casos de contagio con el VIH/SIDA. También ha ampliado el acceso a la educación
sobre los métodos de prevención de esa enfermedad con diversas poblaciones en las
zonas geográficas en las que trabajan.
Fortalecimiento de la sociedad civil. Las contrapartes de Hivos han estado involucradas
en el fortalecimiento de organizaciones indígenas en el ámbito comunal, nacional y
regional:
Desarrollo de capacidades locales y fortalecimiento organizacional. Una de las
intervenciones se ha centrado en el fortalecimiento político de las organizaciones
indígenas de base comunitaria y el establecimiento de consejos indígenas regionales
(departamentales), que han contribuido a la consolidación de una organización indígena de
membresía que opera a escala nacional. Otro proyecto ayudó a las comunidades
indígenas en el establecimiento de redes de observatorios de derechos humanos, como
resultado de lo cual están en mejor capacidad de vigilar y defenderse ante las violaciones
de sus derechos humanos. Otros proyectos más focalizados en lo local ayudaron a crear
los llamados parlamentos indígenas juveniles, que han promovido los derechos de las
PVVS, así como la educación para la salud reproductiva, y han establecido centros
comunitarios de capacitación en tecnologías de información y comunicación (TIC) para las
mujeres, que han servido como herramienta para alcanzar las metas de las
organizaciones. Hivos también ha financiado actividades como la organización de
comunidades indígenas amenazadas por proyectos de desarrollo en gran escala o tala
ilegal de especies maderables para defender sus derechos al agua y a un ambiente limpio
y ofrecer asistencia para negociar con las instituciones agrarias del Estado, de forma que
tras muchos años de lucha a las comunidades que necesiten tierras finalmente se les
adjudicaran.
Mayor conciencia y mejor liderazgo. Otras actividades financiadas se centraron en hacer
conciencia sobre los derechos indígenas y en ofrecer capacitaciones a líderes indígenas.
Representantes comunitarios fueron capacitados en cuanto a las implicaciones del C169
de la OIT, con miras a la construcción de un Estado pluricultural. Otras comunidades
recibieron acompañamiento para encontrar vías para resolver los conflictos agrarios y
recibieron capacitación en la demarcación de tierras comunales. Las mujeres indígenas en
posiciones de liderazgo o en cargos oficiales recibieron capacitación con miras a
prepararlas para su trabajo y obligaciones públicas. En Bolivia, líderes indígenas recibieron
capacitación sobre temas legales y políticos relacionados con la regularización y titulación
de tierras. Las personas que participaron en estas actividades afirmaron sentirse mejor
preparadas para su trabajo y más capaces de defender los derechos de sus comunidades.
Empoderamiento de la mujer. Hivos ofreció apoyo tanto a “trabajos independientes” sobre
género y empoderamiento de la mujer (esto es, apoyo a organizaciones de mujeres
indígenas u organizaciones intermediarias con un enfoque explícito de género) y a
esfuerzos con miras a la incorporación del enfoque de género en organizaciones de
género mixto. Las contrapartes de Hivos tenían un enfoque explícito en el empoderamiento
y en ampliar la participación de las mujeres indígenas para promover sus derechos,
intereses e inquietudes en la sociedad. Los hombres se han tornado más críticos en
cuanto al machismo presente en su propia cultura maya y en sus conductas, y las
autoridades indígenas se han tornado se han sensibilizado en cuanto al importante papel
de las mujeres en la vida política, cultural y social y han comenzado abogar a favor de la
igualdad de género.
Hivos también ha estado muy activa en alentar a sus otras contrapartes (organizaciones
de género mixto) para que dirijan su atención a los temas de género en su trabajo con los
PI. Sin embargo, el proceso de incorporar el enfoque de género demanda contar con
capacidades de alto nivel, recursos y conocimientos de las contrapartes y parece que, en
el contexto guatemalteco, el machismo se encuentra sumamente extendido y es
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persistente, en especial entre los PI, por lo que esta no suele ser una tarea fácil (este
también parece ser el caso a partir de las valoraciones periódicas y evaluaciones externas
hechas por Hivos).
Incidencia en las políticas. Hivos ha financiado muchas intervenciones relacionadas con
el trabajo de incidencia en favor de mejores políticas y leyes:
Incidencia relacionada con políticas y legislaciones. Una red de organizaciones agrarias
tanto indígenas como no indígenas hicieron cabildeo en pro de la reforma del Código de
Trabajo y de la adopción de una nueva política sobre desarrollo rural integrado. También
organizaron debates de la sociedad civil en torno a temas de políticas relacionados con la
soberanía alimentaria, la reforma agraria y el registro catastral. Tres de las contrapartes de
Hivos han promovido de manera conjunta la propuesta para una ley general sobre los
derechos indígenas. Si bien ha habido algunos avances en esta dirección, en el Congreso
muchas propuestas de gran relevancia para los PI continúan siendo bloqueadas por
fuerzas conservadoras de oposición. Ha habido un mayor trabajo de incidencia y diálogo
sobre políticas con los legisladores sobre temas relacionados con los PI, así como una
mayor conciencia y participación de alianzas de la sociedad civil (hombres y mujeres) en
debates en torno a temas de políticas y reformas a las propuestas. Además, la mediación
entre las comunidades indígenas, terratenientes y el Gobierno ha tenido un impacto en la
adjudicación de tierras a las comunidades indígenas.
Incidencia en las políticas por otros medios. En Guatemala, varias intervenciones de las
contrapartes estuvieron dirigidas a generar un diálogo en torno a las políticas y a presionar
al Gobierno mediante la organización de seminarios y reuniones internacionales sobre
tema específicos. Representantes de diversas comunidades indígenas participaron en la III
Cumbre Continental de pueblos indígenas y en un seminario sobre minería y derechos
indígenas durante el Foro Social de las Américas, el cual atrajo considerable atención
mediática y permitió que los participantes hicieran mayor conciencia sobre sus derechos.
Adicionalmente, las intervenciones de las contrapartes redundaron en una mayor
capacidad de las mujeres indígenas de ejercer influencia en las instituciones
gubernamentales y hacer una labor de incidencia más eficaz, además de tener una mayor
sensibilidad cultural y política para abordar y enfrentar el VIH/SIDA.
Valoración general de las contribuciones de Hivos. Hivos ha aplicado una doble
estrategia con su enfoque en ampliar la capacidad de las comunidades y organizaciones
indígenas de organizarse y obtener acceso a recursos materiales y financieros, mercados
y conocimientos para generar ingresos, mejorando a la vez su capacidad de incidir en la
toma de decisiones sobre políticas y legislaciones sobre temas de relevancia para ellos.
Las intervenciones financiadas por Hivos han resultado eficaces para hacer conciencia
sobre temas legales y ampliar la representación y la participación de las comunidades
indígenas en la toma de decisiones en el plano local, así como para mejorar el acceso de
los grupos de productores indígenas a los mercados y a créditos. Sin embargo, tales
intervenciones no han logrado incrementar de manera sustancial el acceso de los PI ni
mitigar el creciente número de conflictos en torno a los recursos entre las comunidades
indígenas y proyectos de desarrollo en gran escala.
Las organizaciones indígenas junto con otras OSC han tenido un éxito considerable para
formular propuestas de reforma de políticas y legislaciones en una amplia gama de temas,
por ejemplo derechos a la tierra, seguridad alimentaria y desarrollo rural integrado.
Lamentablemente, la oposición ejercida por actores económicos y políticos poderosos ha
impedido la adopción e implementación de estas propuestas por parte del Gobierno.
En su trabajo con los PI, Hivos se ha mantenido fiel a su política de prestar especial
atención a las mujeres como individuos y grupos marginados dentro de las sociedades
indígenas. En ambos países, la persistente presión de Hivos hacia sus contrapartes con
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
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miras a incorporar los temas de género en su trabajo, así como su apoyo directo a
organizaciones de mujeres (indígenas) ha contribuido a una mayor inclusión y participación
de la población femenina, tanto en comunidades indígenas como en organizaciones de
membresía y en el ámbito nacional en cargos oficiales.
Sostenibilidad de los cambios apoyados por Hivos
Derechos políticos. En la pertinaz realidad política de Guatemala, un logro importante ha
sido la mayor conciencia sobre los derechos y el fortalecimiento en las capacidades y la
participación de las Organizaciones indígenas de base comunitariapara expresar sus
inquietudes e incidir en la toma de decisiones en el ámbito local.
Sin embargo, la fortaleza y continuidad de estas organizaciones se ve comprometida por la
creciente criminalización de los líderes indígenas y defensores de los derechos humanos,
además del agravamiento en la situación de pobreza y la consiguiente migración indígena
hacia los EE.UU. y hacia las ciudades en Guatemala. Si bien las coaliciones de
organizaciones indígenas y otras OSC también han tenido un papel activo al formular
propuestas de reforma de leyes y políticas, la continuidad de su compromiso con estos
procesos es incierta mientras el Gobierno no muestre voluntad política de trabajar en serio
con la sociedad civil en estas propuestas y ponerlas en marcha. En la actualidad, esta
obstrucción al cambio estructural genera frustración entre las OBC y exacerba las
divisiones existentes entre las OSC.
Derechos a la tierra y a los recursos. La sostenibilidad de los escasos avances hechos
en Guatemala en lo que respecta a los derechos de titulación de tierras (colectivas) para
las comunidades indígenas depende de que éstas puedan hacer un uso productivo de
estas tierras sin endeudarse con el Fondo de Tierras. Mientras tanto, la capacidad de otras
comunidades de defender sus tierras comunales, en su mayor parte no tituladas, de cara
al avance de proyectos de desarrollo en gran escala depende de que logren convencer al
Gobierno de su obligación de consultarles sobre estos proyectos y de encontrar soluciones
aceptables. Sin embargo, en última instancia también depende de que estas comunidades
logren una seguridad en la tenencia (es decir, que adquieran derechos de propiedad)
sobre sus tierras y recursos comunales.
Medios de vida. Aunque la situación de pobreza entre los PI ha empeorado en términos
generales, ha mejorado en distintos grados en las áreas en las que Hivos ha financiado
intervenciones de sus contrapartes. La sostenibilidad de proyectos específicos de atención
a la salud y educación en salud para las personas indígenas y jóvenes que viven con el
VIH/SIDA o para el acceso por parte de las mujeres indígenas a las TIC será incierta
mientras estos proyectos dependan de financiamiento de donantes y de presupuestos
estatales inciertos. El acceso continuo de los grupos de productores a los mercados y a
crédito depende en una medida importante de las fluctuaciones en los precios y los
mercados internacionales, además de que estos grupos continúen encontrando nichos de
mercado para sus productos (orgánicos).
Posición de la mujer indígena. Las mejoras alcanzadas en la posición de las mujeres
indígenas en términos de su participación y representación se encuentran sometidas a las
presiones de la feminización de la pobreza y los persistentemente altos niveles de
analfabetismo entre ellas, además de un crecimiento en la violencia de género. Así, la
sostenibilidad de los cambios depende de si las mujeres indígenas que ocupan cargos
oficiales y las plataformas de mujeres indígenas recientemente creadas logran desarrollar
una mayor capacidad de incidir en el Gobierno para que adopte e implemente leyes y
políticas que aborden las inquietudes específicas de la mujer indígena.
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
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Influencia de la modalidad de apoyo de Hivos
Elección de las contrapartes. La cartera de contrapartes de Hivos tiene una cobertura
nacional y un espectro temático adecuados y resulta eficaz en términos del fortalecimiento
de la sociedad civil guatemalteca, la cual es relativamente joven– entre los PI en diversos
espacios.
Se requiere invertir más en construir alianzas duraderas entre las OSC a fin de que los
esfuerzos de incidencia en las políticas sean más eficaces. Hivos también financia
plataformas nacionales y redes de incidencia y diálogo sobre políticas en diversos temas
(por ej., política agraria, derechos de las mujeres, reforma constitucional en Bolivia), que
contribuyen a trascender las fronteras étnicas y religiosas. Solo tres organizaciones (de las
nueve seleccionadas) trabajan explícitamente desde la perspectiva de implementación de
los derechos indígenas colectivos.
Apoyo a la planificación, implementación, monitoreo y evaluación. Hivos ha hecho
una inversión considerable en el fortalecimiento institucional de sus contrapartes a fin de
incrementar la efectividad de sus actividades. La agencia evita imponer sus criterios de
política a sus contrapartes y respeta su autonomía. Los criterios e indicadores de
planificación y de MyE siempre se negocian y se convierten en acuerdos diseñados de
acuerdo a las necesidades particulares. La agencia ha ofrecido a sus contrapartes
asistencia ayudando en la definición y ajuste oportuno de los resultados esperados y los
indicadores, mejorando la planificación institucional u ofreciendo cursos para la
elaboración de marcos lógicos. En el caso de proyectos más complejos y de mayor
envergadura, Hivos ofreció un apoyo más intensivo y más directo a través de su persona
enlace en el país. En términos generales, las organizaciones indígenas de membresía
requieren de un apoyo más intensivo debido a sus antecedentes como movimientos
sociales y a la falta de experiencia con los procesos de MyE y de presentación de
informes.
Durante el periodo de evaluación, varias contrapartes fueron evaluadas externamente. La
mayoría dijo valorar en gran medida el apoyo de Hivos y consideró que la agencia juega
un papel crucial en el desarrollo institucional de sus organizaciones.
Comunicación y trabajo en redes. El énfasis de Hivos en el fortalecimiento institucional
de sus contrapartes requiere de un seguimiento y comunicación estrechos, que en gran
parte se da a través de correspondencia escrita sobre propuestas de proyectos, informes
anuales y otras comunicaciones periódicas. El personal de las contrapartes se mostró en
general positivo sobre la comunicación con Hivos y valoró el nivel de apertura y de respeto
mutuo, así como la flexibilidad y disponibilidad para entender los cambios dentro del
contexto. Algunas contrapartes también expresaron una crítica implícita debido a la falta de
claridad al suspender paulatinamente la relación con ellas o a una presencia insuficiente
en el país con miras a una coordinación efectiva de los proyectos. Hivos no cuenta con
una red formal de contrapartes y no ha estimulado de manera formal el contacto entre
éstas (con una excepción). No obstante, varias contrapartes han estado en contacto entre
sí para colaboraciones ocasionales en torno a inquietudes específicas. En términos
generales, estos contactos han servido de oportunidad para encontrar
complementariedades y para el aprendizaje mutuo tanto para las contrapartes como para
las poblaciones beneficiarias.
Recomendaciones específicas para Hivos
A continuación se detallan las cuatro recomendaciones para Hivos que surgieron de este
estudio:
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1) Reflexión sobre experiencias pasadas y perspectivas sobre el futuro. Como han
sugerido los expertos, ha llegado el momento de que las OSC trabajen con los PI para
hacer un análisis crítico en retrospectiva sobre las experiencias pasadas (éxitos y
fracasos) en la lucha por reducir la injusticia estructural hacia los PI guatemaltecos, así
como para mirar hacia adelante y construir una agenda compartida de objetivos para el
futuro. Lo ideal es que esto involucre a un grupo lo más amplio posible de OSC
(indígenas y no indígenas) que trabajen en diversos niveles y escalas y que provengan
de distintas áreas de trabajo, así como profesionales independientes de importancia
clave con conocimientos y experiencia en distintos campos. Esta sesión de reflexión
ofrecería una oportunidad de plantear diversos temas cruciales pero a menudo
delicados, por ejemplo: diferentes enfoques para reducir la injusticia estructural y sus
consecuencias no deseadas; rendición de cuentas de las OSC hacia arriba y hacia
abajo; oportunidades de alcanzar resultados; implicaciones prácticas del
reconocimiento de los derechos colectivos de los PI y estrategias de largo plazo para
su implementación, entre otros.
2) Trabajo en redes y construcción de alianzas duraderas. Las redes y alianzas entre
las OSC que promueven los derechos y medios de vida de los PI han sido en términos
generales inestables y débiles. Por lo tanto, vale la recomendación en el sentido de
que Hivos, que no tiene su propia red de contrapartes, invierta más en la construcción
de alianzas sostenibles, coordinación e intercambio de conocimientos entre las
organizaciones, tanto entre sus contrapartes como entre estas organizaciones y las
contrapartes de otras ONG internacionales que trabajen en áreas temáticas similares
(cuando exista el potencial de desarrollar sinergias). Las nuevas organizaciones de
contraparte también deben mantenerse en conexión con las comunidades locales a fin
de promover la construcción de agendas políticas alternativas desde abajo.
3) Atención a la juventud indígena y educación culturalmente apropiada. Si bien la
migración de jóvenes indígenas a los Estados Unidos y a las ciudades constituye un
problema en lo que respecta a la pérdida de identidad cultural y de conexión con las
comunidades de origen, hasta ahora Hivos ha prestado poca atención al tema de la
juventud indígena. Aunque la población joven no constituye un grupo meta prioritario
para la agencia, podría hacerse un mayor esfuerzo por involucrar a este sector de la
población en otras actividades con orientación temática. Parecería apropiado trabajar
con ellos en temas como: actividades de generación de ingresos en zonas rurales y
urbanas, educación ambiental culturalmente apropiada, participación política en los
gobiernos locales (indígenas), y formación de líderes jóvenes.
4) Fortalecimiento de las autoridades indígenas y formas de gobernanza. Los
proyectos actuales de fortalecimiento de las organizaciones de base en comunidades
indígenas tienden a ignorar o relegar las estructuras existentes de autoridad
tradicional, que a menudo son todavía sumamente viables. Teniendo en cuenta el
derecho a la autonomía y autodeterminación así como la integridad cultural de los PI,
organizaciones como Hivos deben asegurarse de que esto no ocurra. Como
alternativa, Hivos podría contribuir a fortalecer las autoridades y formas de gobernanza
indígenas. Partiendo de que no sean autoritarias y estén abiertas al cambio, estas
organizaciones pueden fortalecer la cohesión social y las identidades culturales de las
comunidades indígenas, así como desempeñar un papel valioso para movilizar a las
comunidades en sus esfuerzos por proteger sus derechos colectivos a la tierra y a los
recursos de cara a proyectos de desarrollo que no son sostenibles o que de otra
manera afecten sus medios de vida.
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1. Introducción
1.1 Antecedentes y contexto del estudio
Tres agencias holandesas de cofinanciamiento (ACF) – Cordaid, Hivos e ICCO –
emprendieron una evaluación conjunta de sus programas de apoyo a los pueblos
indígenas (pueblos indígena) en todo el mundo, centrándose en los derechos políticos y
derechos a la tierra, derechos de las mujeres, medios de vida y fortalecimiento de las
organizaciones indígenas (OI). La evaluación se basó en la siguiente pregunta
fundamental: ¿Hasta qué punto han contribuido las políticas, estrategias,
procedimientos y programas de las ACF y de sus organizaciones de contraparte a
reducir la injusticia estructural hacia los pueblos indígenas? Para responderla, el
equipo de evaluación exploró: 1) las políticas de las ACF; 2) los cambios en la situación de
los pueblos indígenas y su relación con las intervenciones apoyadas por las ACF; 3) de
qué manera las ACF apoyan a las OI. El ejercicio abarcó principalmente el periodo 2003-
08 (Véase el resumen de los Términos de Referencia en el Anexo 1). La evaluación debe
generar un mayor conocimiento sobre las sensibilidades políticas y culturales que supone
el apoyo a los pueblos indígenas, así como dejar lecciones sobre diversos aspectos, por
ejemplo: la selección de contrapartes adecuadas; modalidades de apoyo a los pueblos
indígenas, sus organizaciones y organizaciones de contraparte intermediarias; la
comunicación entre las ACF y sus contrapartes y entre estas últimas; y los tipos y niveles
de actividades que podrían ayudar a los pueblos indígenas a mejorar sus vidas en sus
propios términos. Es necesario abordar las oportunidades para mejorar las sinergias y los
vínculos entre las ACF, las organizaciones de contraparte en el país y otros donantes y
actores para programas e intervenciones futuras en apoyo a dichos pueblos. Las ACF
pretenden aprovechar los hallazgos de la evaluación para mostrar y dar cuenta de los
resultados de sus actividades en apoyo a los pueblos indígenas, a fin de hacer un análisis
crítico de estas actividades y utilizarlos como fuente de inspiración para el desarrollo e
implementación de políticas futuras.
El proceso de evaluación ha de llevarse a cabo en tres fases, entre septiembre de 2009 y
mayo de 2010:
1) Fase introductoria (Sept–Oct 2009), centrada en las políticas de las ACF relativas a los
pueblos indígenas y cómo estas se traducen en intervenciones; este análisis se basó
en un estudio preliminar de los documentos de las ACF sobre toda la cartera de
proyectos (global) relacionados con los pueblos indígenas y cómo estos se traducen
en intervenciones, otra literatura de relevancia, además de entrevistas a fuentes de
información externas;
2) Estudios de caso (Nov 2009–Feb 2010), centrada en el trabajo apoyado por Cordaid
en Etiopía y Kenia, el trabajo apoyado por Hivos en Bolivia y Guatemala, y el trabajo
apoyado por ICCO en la India. El propósito es ver cómo las ACF han implementado
sus políticas dirigidas a los PI y cómo han apoyado a sus organizaciones de
contraparte, además de evaluar la relevancia y el efecto directo de las políticas de las
ACF y su implementación en las áreas seleccionadas;
3) Síntesis (Abr–May 2010), durante la cual los hallazgos de la fase introductoria y de los
estudios de caso se cotejarán y analizarán para valorar en qué medida ha cambiado la
situación de los PI y cómo las ACF y sus contrapartes han contribuido a estos
cambios. Se destacarán las lecciones aprendidas y se formularán recomendaciones
con miras al desarrollo de programas y políticas futuras relacionadas con los PI.
El equipo a cargo del estudio en coordinación con Hivos determinó que, después de la
fase introductoria, la evaluación se centraría en el trabajo de Hivos con los pueblos
indígenas latinoamericanos, en vista del compromiso histórico de la agencia con la
sociedad civil en la región, la cantidad relativamente significativa de contrapartes que
trabajan en este campo (59,2% del total de proyectos relacionados con los PI) y su énfasis
presupuestario en este continente (72,2% del presupuesto total de los proyectos
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elacionados con los PI). Se decidió realizar un estudio de caso en Guatemala a finales de
2009 y un segundo estudio de caso en Bolivia a principios de 2010; ambos países fueron
seleccionados en vista del peso relativo del trabajo de la agencia con los PI en estos
países y debido al hecho de que ambos países cuentan con una población indígena
mayoritaria.
Este informe se basa en el estudio de caso sobre el desarrollo de la situación de los PI en
Guatemala y en el apoyo de Hivos a este proceso. Se basa en parte en un estudio
preliminar de los documentos de Hivos, la documentación de los proyectos (carteras) y
otra literatura (externa) relevante, y en parte en entrevistas ampliadas a personas
indígenas, personal de agencias de desarrollo y a fuentes de información durante un
estudio de campo realizado en Guatemala (entre el 11 de noviembre y el 1 de diciembre
de 2009) por un equipo conformado por un antropólogo independiente especializado en
antropología legal (consultor) proveniente de Holanda y una especialista en género
independiente (consultora).
La estructura del informe sigue en gran parte a las preguntas 4-10, Partes B y C de los
TdR (Anexo 1). Tras una breve recapitulación sobre la política y estrategia de Hivos en
apoyo a los PI en América Latina, en el Capítulo 3 se exponen los cambios en la situación
de las comunidades guatemaltecas (P4) desde su propia perspectiva y desde la
perspectiva de personas de fuera. En el Capítulo 4, el equipo ofrece su valoración sobre
estos cambios (P5), mientras que en el Capítulo 5 se analiza la contribución de Hivos y las
intervenciones de sus contrapartes a estos cambios (P6). En el Capítulo 6 se analiza la
sostenibilidad de los cambios (P8), mientras que en el Capítulo 7 se examina de qué
manera la modalidad de apoyo de Hivos contribuyó a generar los efectos directos (P10).
La importancia relativa de la red de contrapartes (P7) se discute en el Capítulo 7. Por
último, los efectos directos no esperados de las intervenciones de las contrapartes de
Hivos (P9) se analizan en el marco del Capítulo 5.
1.2 Fase introductoria y elaboración del estudio de caso
Durante la fase introductoria, un equipo con sede en los Países Bajos conformado por dos
investigadoras y un investigador recopiló información sobre los conceptos y definiciones,
hechos o situaciones nuevas y normas internacionales, controversias y desafíos
relacionados con la temática de los PI. Se analizaron las políticas explícitas e implícitas de
las tres ACF con respecto a los pueblos indígenas y las intervenciones relacionadas e
hicieron valoraciones preliminares sobre los siguientes aspectos:
- en qué medida se incorporaron las perspectivas de los PI a las políticas e
intervenciones;
- la atención prestada a los desafíos que plantea la marginación, la discriminación y la
dominación y la ayuda prestada a los comunidades indígenas de cara a una mayor
autodeterminación e inclusión; y
- si las ACF seleccionaron a contrapartes y apoyaron intervenciones en línea con sus
políticas.
El término “pueblos indígenas” tal cual se usa en el informe de la fase introductoria se
ajusta al uso más común de este término en el discurso de la comunidad internacional, y
hace referencia a grupos que “habiendo tenido una continuidad histórica con las
sociedades previas a la invasión y la colonia que se desarrollaron en sus territorios, se
consideran a sí mismos distintos de otros sectores de las sociedades que ahora
prevalecen en esos territorios, o en partes de ellos. En la actualidad constituyen sectores
no dominantes de la sociedad que están decididos a preservar, desarrollar y transmitir a
las generaciones futuras sus territorios ancestrales, su identidad étnica y la base de la
prolongación de su existencia como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones
culturales, instituciones sociales y sistemas jurídicos”. (Martinez Cobo 1986).
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
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Por el contrario de la situación en África y Asia, en América Latina el concepto de pueblos
indígenas es relativamente indiscutido (no así la pregunta de quién puede y quién no
puede considerarse como indígena). En la documentación de los proyectos de Hivos sobre
sus proyectos latinoamericanos (guatemaltecos) que involucran a estos pueblos, el
concepto no resulta problemático tampoco, y los grupos meta son mencionados en
términos generales como “indígenas” o “población maya”. Este estudio de caso está
enfocado en los cambios en la situación de los pueblos indígenas (grupos indígenas de
ascendencia maya) en Guatemala, primordialmente en términos de su participación
política y representación, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, sus medios de
vida y la emancipación de las mujeres, esto es, las condiciones materiales y no materiales
necesarias para que estos pueblos puedan determinar en libertad y desarrollar sus
prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo (ONU-DPI).
En América Latina, la mayor parte de los proyectos de Hivos que involucran a
comunidades indígenas se llevaron a cabo en Bolivia (28), Guatemala (21) y Ecuador
(20). 1 Adicionalmente, recibieron financiamiento siete proyectos relacionados con los PI.
Debido a la extensión geográfica (regional), el peso dentro del presupuesto y el hecho de
que estos países tienen una población indígena mayoritaria, el equipo a cargo del estudio
optó por trabajar en Guatemala y en Bolivia. En el primer país, los proyectos de Hivos
sobre esta temática no están enfocados en ninguna región en particular, por lo general
involucran a las comunidades “campesinas” del altiplano, y son coordinados por
organizaciones no gubernamentales (ONG) intermediarias y OI que trabajan desde la
capital guatemalteca o las capitales regionales. En Bolivia, al igual que en los otros dos
países suramericanos, los proyectos involucran en su mayor parte a pueblos indígenas
(organizaciones y movimientos) de las tierras bajas de la Amazonía, y en términos
generales son gestionados por ONG intermediaras con sede en las distintas localidades
que se asocian con OI y con comunidades determinadas.
En Guatemala, de las 30 contrapartes que recibieron apoyo de Hivos durante el periodo
2003–08, diez concentraron sus esfuerzos en las poblaciones indígenas (ya sea en forma
explícita o implícita); las actividades de proyectos de las otras organizaciones no estaban
primordialmente relacionadas con tales poblaciones y/o se concentraban en mayor medida
en la realidad global del país, relacionándose, por ejemplo, con temas de derechos
humanos y el VIH/SIDA. Estas diez contrapartes son ONG intermediarias guatemaltecas
no confesionales (7) y OI (3) que trabajan con varios de los 23 grupos lingüísticos mayas
que se encuentran extendidos por las diversas zonas indígenas del país, y que trabajan
sobre temas que se ajustan a alguna de las temáticas en las que trabaja Hivos
(correspondencia con Susana Rochna 30.11.09 y 01.12.09).
Selección de las contrapartes a visitar en Guatemala
Para efectos de este estudio de caso, el equipo escogió visitar a nueve de estas diez
contrapartes (cubriendo en total 21 proyectos de seguimiento en su mayor parte
consecutivos): CALDH, CNOC, CONIC, Enlace Quiché, IDEI, Kaq’la, Madre Selva, Moloj y
Manos Campesinas. La contraparte que no se visitó debido a limitaciones de tiempo fue
AFEDOG (con dos proyectos durante el periodo 2003–08, la relación con Hivos fue
gradualmente suspendida en diciembre de 2007).
Las nueve organizaciones visitadas habían recibido apoyo de Hivos por lapsos diferentes.
Algunas eran contrapartes desde hacía mucho tiempo y/o eran contrapartes estratégicas,
mientras que otras eran relaciones relativamente nuevas; tres organizaciones fueron
"gradualmente suspendidas” durante el periodo de la evaluación. La selección incluyó a
diferentes tipos de organizaciones que trabajan en diferentes ámbitos o escalas (local,
regional y nacional). La mayoría de las organizaciones aplican un enfoque de derechos;
solo una aplica un enfoque de desarrollo comunitario. Todas difieren entre sí en términos
1 Estos son cálculos ajustados con base en información adicional facilitada por Hivos tras la conclusión del
informe de la fase introductoria para esta evaluación.
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del nivel de atención que prestan a los temas de género (3 tienen un enfoque explícito de
género). En conjunto, estas organizaciones abarcan cinco de las siete áreas temáticas
principales de trabajo de Hivos (DHyD, TICyM, VIH/SIDA, GMyD y PS).
Tabla 1: Organizaciones de contraparte (visitadas) que trabajan con los PI
gatemaltecos
Organización
de
contraparte
Tipo de
organización/nivel
de intervención
1. CALDH Intermediaria
(programas con PI
–nacional, local)
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
Pueblo(s)
indígena(s)
Chortí, Q’eqchí,
Kaqchikel a.o.
(no
exclusivamente
PI)
2. CNOC Red nacional Población
campesina (no
exclusivamente
3. CONIC Organización
indígena de
membresía
4. Enlace Intermediaria
Quiché (local)
5. IDEI Intermediaria
(regional)
6. Kaq’la Organización
indígena de
membresía
7. Madre
Selva
Intermediaria
(nacional)
8. Moloj Intermediaria
(nacional)I
9. Manos
Campesinas
1.3 Metodología
Coordinadora
(federación
regional)
PI)
Grupos/pueblos
mayas (no
especificados)
Enfoque Atención al
género
Enfoque de
derechos
Enfoque de
derechos
Enfoque de
derechos
Quiché Enfoque de
derechos
Mam, Quiché Enfoque de
a.o.
derechos
Grupos/pueblos Enfoque de
mayas (no
especificados)
derechos
Grupos/pueblos
mayas (no
exclusivamente
PI)
Grupos/pueblos
mayas (no
especificados)
Mam, Tz’utujil,
Quiché a.o. (no
exclusivamente
PI)
Enfoque de
derechos
Enfoque de
derechos
Desarrollo
comunitario
Se
menciona
No se
menciona
Se
menciona
Año de
financiamiento
inicial
1996
(contraparte
estratégica)
2000
(suspensión
gradual en
2007)
Explícito 2006
1993
(contraparte
estratégica)
Se
2006
menciona
Explícito 1998
(suspensión
gradual en
2009)
No se 1999
menciona (suspensión
gradual en
2009)
Explícito 2007
Se
menciona
En los días anteriores al estudio de campo, el equipo revisó las descripciones de proyectos
y otros documentos (valoraciones organizacionales, evaluaciones externas, etc.) puestas a
su disposición por la Sede de Hivos. La documentación sobre las actividades de proyectos
–tanto en formato electrónico como impreso– se completó durante una visita por parte de
uno de los miembros del equipo a la Oficina Regional (OR) de la agencia en San José,
Costa Rica. Primero se elaboró una lista de verificación con preguntas para entrevistas
semiestructuradas y discusiones grupales con personal clave de las organizaciones de
contraparte, partiendo de las preguntas de investigación contenidas en los TdR. El
borrador del informe, elaborado por el equipo más amplio a cargo de la evaluación
trabajando en forma coordinada antes de iniciar los estudios de campo, sirvió como
estructura para la elaboración de la lista de verificación. Debido a la limitación de tiempo, la
documentación ampliada sobre las contrapartes y los proyectos desarrollados en
Guatemala se dividió entre los integrantes del equipo en cuatro y cinco “expedientes de las
contrapartes”, respectivamente.
1998
4

En preparación para las reuniones con personal de las contrapartes tanto dentro como
fuera de la capital, el equipo había elaborado y distribuido una lista de “preguntas
generadoras” (Véase el anexo) que el personal de las contrapartes debía utilizar para
preparar presentaciones breves durante la visita por parte del equipo. En la carta que
acompañaba las preguntas se pedía además al personal que sugiriese posibles
actividades o eventos a realizarse en el terreno relacionados con los proyectos sometidos
a escrutinio a las cuales el equipo asistiría, además de facilitar datos de contacto de
posibles personas externas que sirvieran como fuentes de información, al tener
conocimiento sobre el tema de trabajo de la contraparte y otros temas más generales
relacionados con la situación de la población indígena en Guatemala. Las preguntas guía
para las entrevistas, que fueron adaptadas para diferentes tipos de entrevistas con las
contrapartes, beneficiarios (pueblos indígenas) y fuentes de información, se afinaron
continuamente a partir de la información más recientemente obtenida, además de sesiones
diarias de recapitulación sobre las entrevistas realizadas y las discusiones entre los
miembros del equipo.
La mayoría de las entrevistas con personal clave de las contrapartes (que a menudo
involucraron a los directores o coordinadores de proyectos) se realizaron al inicio del
estudio de campo (salvo Enlace Quiché y Madre Selva) y en general las realizó uno de los
miembros del equipo (salvo la entrevista a CALDH –la primera de todas– que fue realizada
por el equipo en conjunto). Estas reuniones implicaban la realización de entrevistas
grupales con 2–6 miembros del personal, quienes por lo general hacían primero una
presentación sobre la historia de la organización, actividades de proyectos, resultados y
problemas encontrados. Posteriormente, la entrevista/discusión se centraba más en
tópicos específicos, guiándose por la lista de verificación (género, alianzas, organización
interna, relación y comunicación con Hivos, y cambios en la situación del grupo meta).
Durante estas reuniones, el equipo también recolectó información pertinente en formato
impreso o electrónico sobre actividades de proyectos y sus resultados. Después de las
entrevistas (grupales), el contacto y el intercambio de información –sobre las preguntas no
respondidas y los temas que surgían de las giras de campo– el trabajo continuó con varias
de las contrapartes por correo electrónico o por teléfono.
El equipo logró coordinar cuatro reuniones con beneficiarios de proyectos ( 4 del total de 9
contrapartes) en varias partes del país: (a) miembros jóvenes del Parlamento Juvenil y el
Comité Intersectorial sobre VIH/SIDA en Totonicapán (pueblo), quienes hablaron sobre sus
experiencias con la IDEI y su participación personal en actividades sobre temas de
educación sexual/para la salud (VIH/SIDA); (b) miembros del Observatorio de Derechos
Humanos, la Defensoría de Chortí y organizaciones sociales (de mujeres y juveniles) en
Zacapa (municipios de Camotán y Jocotán), que reciben apoyo del Programa de Derechos
de los pueblos indígenas de CALDH (PRODEPI); (c) familias indígenas de la comunidad
(Kaqchikel) de Siete Parajes en Chimaltenango (municipio de San Martín Jilotepeque), la
cual forma parte de la base de miembros de CONIC y vive de la agricultura en una antigua
hacienda cafetalera que recientemente le fue asignada por el Gobierno; y (d) mujeres
representantes de la Asociación de Organizaciones de Mujeres Quiché en la comunidad
de ese nombre, que es la contraparte local y beneficiaria de las actividades en el campo de
las TIC de la contraparte Ajb'atz' Enlace Quiché. Siempre que las posibilidades lo
permitieron, las entrevistas con las poblaciones beneficiarias se realizaron sin la presencia
de personal de las contrapartes (salvo en el caso de la comunidad de Siete Parajes) y,
siempre que se consideraba apropiado, solamente con mujeres (en el caso de las
representantes de la Asociación de Organizaciones de Mujeres Quiché). Debido a
limitaciones de tiempo o a que las personas o grupos relevantes no se encontraban
disponibles, no fue posible organizar más visitas de campo a beneficiarios de proyectos.
La imposibilidad de realizar estas visitas adicionales no resultó ser un problema en el caso
de CNOC y Kaq’la, que realizan la mayoría de las actividades de sus proyectos en la
capital, pero sí resultó más problemático en los casos de Manos Campesinas y Moloj. En
el primer caso, fue difícil organizar una gira de campo debido a que el estudio de caso se
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ealizó en medio de la cosecha de café, mientras que en el segundo caso
incompatibilidades de calendario no permitieron que se concretara la visita.
Durante los últimos días del estudio de campo, el equipo realizó entrevistas individuales a
diversas personas que sirvieron como fuentes externas de información: personas expertas,
consultoras, científicas, representantes gubernamentales y una legisladora, además de
una entrevista grupal con personal de una ONG que no recibe financiamiento de Hivos. En
general, estas eran entrevistas semiestructuradas con preguntas de final abierto,
enfocadas en mayor medida en preguntas de carácter más general sobre los siguientes
aspectos: su relación personal con la temática indígena (en ocasiones, aunque no siempre
relacionado con proyectos de las contrapartes seleccionadas); sus visiones sobre la
contribución de las leyes, políticas y programas a los cambios percibidos en la situación de
la población indígena guatemalteca; y los beneficios, riesgos y limitaciones (consecuencias
no buscadas) de los programas y proyectos financiados por organizaciones no
gubernamentales e internacionales de cooperación al desarrollo (entre ellas Hivos).
Todavía estando juntos en Guatemala, los miembros del equipo comenzaron a redactar la
ayuda memoria y un primer borrador del informe sobre el estudio de caso. Luego
continuaron analizando por correo electrónico los documentos recopilados y las notas
tomadas en el terreno y llegaron a un acuerdo sobre la versión final de este informe. El
itinerario, la lista de personas entrevistadas, documentos consultados y preguntas guía
utilizadas durante el trabajo de campo en Guatemala pueden encontrarse en los Anexos al
presente informe.
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2. Política y estrategia de Hivos de apoyo a los pueblos
indígenas en América Latina/Guatemala
Durante muchos años, Hivos ha tenido una Oficina Regional (OR) en San José, Costa
Rica, desde la cual cubre sus proyectos en varios países centroamericanos y caribeños
(Nicaragua, Guatemala, Honduras, Cuba, El Salvador y Belice). En América del Sur la
organización no cuenta con una oficina regional y los proyectos (principalmente en Bolivia,
Ecuador y Perú) son gestionados desde la Sede en La Haya, Holanda; en Bolivia, Hivos
cuenta con una oficina nacional en La Paz desde donde ofrece acompañamiento directo a
determinados proyectos en este país (Bolivia es el país suramericano en donde Hivos
tiene más contrapartes). En la actualidad, la agencia planea abrir una oficina regional para
América del Sur en ese país.
Desde su fundación, Hivos ha trabajado en América Latina con varios movimientos
sociales, organizaciones populares y organizaciones dedicadas al activismo, entre ellas
organizaciones de personas que siempre se han autodefinido o que han rescatado más
recientemente su identidad como alguno de los muchos pueblos indígenas
latinoamericanos. Sin embargo, en épocas anteriores, estos proyectos rara vez giraban en
torno a temas específicamente relacionados con las inquietudes particulares y los
derechos de los pueblos indígenas en su condición de tales.
En términos de políticas, Hivos subsumió a las poblaciones indígenas con las que
trabajaba dentro de la categoría de “personas pobres y marginadas”, “grupos minoritarios”
o “personas marginadas en razón de su raza/condición étnica”. También trabajó con
sectores especiales de la población indígena tales como las mujeres, en vista de su
condición de "doble discriminación”.
En general, los objetivos de estas organizaciones (en su mayor parte intermediarias) que
trabajan con los pueblos indígenas se ajustan adecuadamente al objetivo general de
Hivos: “Contribuir a una sociedad mundial democrática, pluriforme en donde las personas
–hombres y mujeres– tengan iguales derechos y oportunidades de participar en los
procesos de toma de decisiones que determinan sus vidas, y en donde la justicia y el
desarrollo sostenible se encuentren garantizados” (Hivos 2004, p.21). En la práctica, la
agencia ha apoyado las actividades haciendo hincapié en los pueblos indígenas –ya sea
que tales actividades involucraran el alivio directo de la pobreza, el fortalecimiento de la
sociedad civil o la incidencia por la adopción de políticas que favorecieran a los sectores
pobres– con el fin de contribuir a “lograr cambios estructurales en los equilibrios de poder
en los procesos de toma de decisiones” mediante el apoyo a “procesos de largo plazo de
movilización de fuerzas compensatorias a través de la (auto)organización de las personas,
el desarrollo de capacidades, la búsqueda de alianzas, el trabajo en redes y el cabildeo”
(Ibid).
Durante los años noventa, Hivos comenzó a trabajar en las zonas bajas tropicales con
organizaciones de membresía y federaciones que se presentaban explícitamente como
“indígenas” – CONAIE en Ecuador y la CIDOB en Bolivia – y que trabajaban en la defensa
de sus territorios y recursos naturales de cara a la explotación petrolera no sostenible y
otras formas de extracción de los recursos (maderas). Estas experiencias quedaron
reflejadas en la política de la agencia sobre Derechos Humanos y Desarrollo de 2002, la
cual en un párrafo establece de manera expresa la intención de Hivos de apoyar a
“organizaciones indígenas […] en sus luchas por reivindicar sus derechos a territorios y a
los recursos naturales, participar y ser representadas en los asuntos públicos y en su lucha
por el acceso a la información. Los puntos de referencia en términos de los derechos
indígenas son el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el Proyecto
de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así
como las leyes naciones pertinentes (Collier 2002, p.18).
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
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Las experiencias de Hivos con el apoyo directo a las organizaciones indígenas de
membresía no fueron del todo positivas, y durante la crisis en el movimiento indígena de
las tierras bajas suramericanas (en Bolivia entre 2001 y 2004), 2 la agencia también
expresó una serie de críticas en cuanto a las desventajas de apoyar a dicho movimiento:
(i) la violación de los derechos individuales de las mujeres y las minorías al interior de las
comunidades indígenas; (ii) el estilo de gobierno jerárquico y autocrático de algunos
líderes indígenas; y (iii) las posiciones políticas en ocasiones radicales al interior de las
organizaciones y del movimiento, las cuales obstaculizan la unidad nacional y el
establecimiento de redes en la sociedad civil. Asimismo, surgió una actitud crítica
cautelosa/crítica hacia el apoyo directo a las organizaciones indígenas de membresía en el
contexto de las crecientes tensiones en torno a las demandas en cuanto a la rendición de
cuentas y presentación de informes que Hivos se vio obligada a imponer a sus
contrapartes indígenas (Lempers 2001; Bebbington y Biekart 2007; entrevista Van der
Schoot 27.10.09).
Después de una valoración externa de su trabajo con organizaciones indígenas
(Bebbington y Biekart 2007), en 2007 Hivos enunció algunos lineamientos tentativos de
política a este respecto: “[Hivos] apoyará [a los pueblos indígenas] en calidad de grupos
marginados para que se conviertan en parte activa de la sociedad civil, a fin de mejorar el
funcionamiento de la democracia y promover el multilateralismo y la sociedad multicultural;
la emancipación del movimiento indígena dentro de la sociedad en general es el enfoque.
Partiendo de valores centrales humanistas en torno a [el derecho a] la elección personal, la
libertad personal, el derecho a ser diferente y los derechos individuales, Hivos se alejará
de las corrientes tradicionalistas y se vinculará con las ”tendencias modernizadoras dentro
del movimiento indígena, desde una perspectiva feminista si es posible”. Se concluyó que
para la agencia, “la emancipación dentro de los grupos indígenas es un enfoque primordial
y una razón de ser de nuestro trabajo con las organizaciones indígenas o las ONG que las
apoyan" (Van der Schoot y Rochna y otros 2007, pp.1–2).
Debido a que la institución no cuenta con una política específica para los PI como grupo
meta, todos los proyectos apoyados que tienen alguna relación, ya sea directa o indirecta,
con esta población se clasifican dentro de alguno de los siete temas de política de la
institución: (1) servicios financieros y desarrollo empresarial (SFyDE); (2) producción
sostenible (PS); (3) derechos humanos y democratización (DHyD); (4) VIH/SIDA; (5)
género, mujer y desarrollo (GMyD); (6) arte y cultura (AyC); y (7) TIC y medios de
comunicación (TICyM). En el caso de Guatemala, parecía ser que la mayoría de los
proyectos relacionados con los PI se ajustaban a la temática de DHyD, seguidos en orden
descendente por PS, GMyD, VIH/SIDA y TICyM; en cuanto a Bolivia, la mayoría de los
proyectos se ajustan a la temática de PS, seguidos en orden descendente por DHyD y
GMyD. En Bolivia la mayoría y en Guatemala muchos proyectos apoyados dentro de la
temática de PS tenían que ver con la gestión ambiental y de los recursos naturales, con
claros elementos de un enfoque basado en los derechos (defensa de los territorios
indígenas de la extracción de recursos).
Al analizar la cartera de Hivos sobre los PI en América Latina pareciera que, si bien la
institución invierte en ampliar el acceso de esta población a los recursos, los mercados y
los servicios (alivio directo de la pobreza), las actividades sobre esta temática ponen
particular énfasis en los procesos de construcción/desarrollo de la sociedad civil –a fin de
mejorar la representación de los intereses y la capacidad de reivindicación de los pueblos
indígenas y de hacer cabildeo e incidencia – con miras a influir en la toma de decisiones
para la adopción de mejores políticas y leyes sobre temas relacionados con los pueblos
2 Esta crisis fue el resultado, por una parte, de la creciente preocupación de Hivos con respecto a los
fenómenos de la corrupción, el liderazgo autocrático y las divisiones al interior del movimiento indígena, y
por otra parte el descontento entre las organizaciones indígenas de contraparte con respecto a las
crecientes demandas de la agencia en cuanto a la rendición de cuentas y la presentación de informes
(Lempers 2001).
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indígenas (incluyendo a las mujeres). En un intento por mejorar la situación de los pueblos
indígenas, el “enfoque basado en los derechos” de Hivos (emergente) claramente se
expresa en su creciente apoyo, en años recientes, a la participación indígena en los
procesos de reforma constitucional y en los esfuerzos en pro de la consolidación jurídica
de los derechos a la tierra y a los recursos y los derechos al territorio colectivo, en especial
en Bolivia aunque también en Guatemala.
3. Cambios en las vidas de los pueblos indígenas y factores
que contribuyen a estos cambios
En este capítulo se ofrece una breve introducción sobre la historia y situación de los PI en
Guatemala, seguido de un análisis breve sobre los cambios de política tras la firma de los
Acuerdos de Paz en 1996. Dichos acuerdos derivaron en el reconocimiento oficial del
carácter multicultural del Estado guatemalteco y abrieron posibilidades para que las
comunidades indígenas reivindiquen sus derechos colectivos especiales
internacionalmente reconocidos. Durante el estudio de campo se buscó obtener opiniones
sobre los cambios reales en la situación de las comunidades indígenas desde las
perspectivas de diferentes grupos de partes interesadas. Tales perspectivas se exponen
en la segunda parte de este capítulo.
3.1 Cambios en las políticas indígenas en Guatemala
De acuerdo con estimaciones independientes, en Guatemala entre 50–60% del total
aproximado de 11 millones de habitantes son indígenas (el PNUD incluso cita una
estimación del 66%; De Ferranti y otros en PNUD 2004), cuya gran mayoría pertenecen a
22 grupos indígenas distintos de ascendencia maya. 3 Los grupos afrodescendientes no
mayas xinka y garífuna tomados en conjunto suman una cifra aproximada de 20.000
personas. La cifra oficial del Estado guatemalteco es mucho más baja (42,8%) y se basa
principalmente en indicadores lingüísticos (capacidad de hablar una lengua indígena). Es
probable que la baja estimación oficial sea el reflejo de un esfuerzo deliberado por parte
del Estado de minimizar la existencia de la población indígena en ese país (MRG 2003).
Pese a su dominio en términos demográficos, los mayas han sido excluidos del poder
político y social por la población no indígena (ladina) 4 desde que Guatemala se
independizó de España (1821). En un sistema racista y opresivo de gobierno del cual el
sistema jurídico formaba parte integral, las comunidades mayas se vieron cada vez más
desposeídas de sus tierras comunales –en especial desde finales del siglo XIX– y se
vieron forzadas a trabajar como mano de obra en las tierras propiedad de los ladinos
(plantaciones de café y caña de azúcar) mediante la migración estacional, una práctica
que se mantiene en la actualidad y que encuentra nueva expresión en la migración laboral
hacia México y los Estados Unidos. Aunque la cifra de personas indígenas que viven en la
ciudad va en aumento (31% de la población indígena en 2002 – asimismo, una cantidad
considerable de indígenas viven en México y en los EE.UU.), la mayor parte de la
población todavía vive en comunidades rurales. Hoy en día, las poblaciones indígenas más
numerosas están concentradas en el altiplano occidental en los departamentos al norte y
al occidente de Ciudad de Guatemala: Alta y Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán, Quiché,
Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos. Estas son las áreas en donde existe más
pobreza, es decir, en Guatemala existe sin duda una coincidencia entre los grupos
indígenas y la exclusión social (PNUD 2004; CEPAL 2006). Además, los mayas fueron los
3 Dentro del movimiento indígena guatemalteco se debate la interrogante de si cada uno de estos 22
grupos debe ser considerado como un pueblo o nación indígena, o si debe hablarse de un único pueblo o
nación indígena.
4 Ladino es un término general utilizado para referirse a las personas que, sin importar su origen étnico
real, se consideran "no indígenas" y viven como tales (en lo que respecta a la vestimenta, vínculos
sociales y cosmovisiones). La vestimenta es un símbolo de especial importancia en la sociedad
guatemalteca.
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más afectados por el conflicto armado entre el Ejército y las guerrillas (1960-96). Durante
las campañas de contrainsurgencia del Ejército en los años setenta y ochenta, cientos de
aldeas fueron destruidas por completo y se estima que 200.000 personas fueron
asesinadas, primordialmente (83%) entre la población indígena (CEH 1999). La violencia
transformó de manera sistemática la organización social de las comunidades indígenas.
Las estructuras comunitarias tradicionales como las cofradías y los consejos de ancianos
fueron abolidos y quedaron subordinados al control militar y el reclutamiento muchas veces
forzado de muchas personas por patrullas civiles paramilitares exacerbó las divisiones
locales.
Acuerdos de paz y cambios de política relacionados con los pueblos indígenas en
Guatemala
Tras la firma de los Acuerdos de Paz (1996), una mayor liberalización política parecía dar
más espacio al reconocimiento del carácter multicultural de la sociedad guatemalteca.
Durante la última década, los esfuerzos por traducir las promesas contenidas en los
Acuerdos de Paz (en particular el Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los
Pueblos Indígenas) en una legislación específica sobre los derechos indígenas han
fracasado en su mayor parte. Las élites conservadoras y el poderoso sector empresarial
continúan obstruyendo incluso los intentos más modestos por reconocer los derechos
(colectivos) indígenas, insistiendo en un régimen de derecho unitario con el fin de defender
sus privilegios históricos. El movimiento indígena guatemalteco es débil en comparación
con los de otros países del continente: carece de aliados políticos y se encuentra
internamente dividido entre ideologías populares de izquierda e ideologías pan-mayas, con
los consiguientes problemas de representatividad y legitimidad (Sieder 2002).
Entretanto, en el campo y en las zonas urbanas las organizaciones comunitarias se han
recuperado lentamente de los ataques en el marco del conflicto interno, en gran parte
debido a los esfuerzos de las ONG y las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
financiadas por donantes extranjeros. Durante los últimos años estas organizaciones se
han hecho escuchar cada vez más al demandar dignidad y respeto por sus derechos y se
han movilizado en torno a temas específicos, por ej., el despojo permanente de sus tierras,
la violencia y las violaciones a los derechos humanos, la participación en los gobiernos
locales y, recientemente, los efectos destructivos de la minería y otros megaproyectos en
sus territorios (Van de Sandt 2009) – a fin de defender sus medios de vida y garantizar su
futuro.
Políticas actuales de importancia clave relacionadas con los pueblos indígenas
Muchas de las políticas y leyes adoptadas en el último tiempo de importancia en términos
de la situación de los pueblos indígenas son un efecto directo de los Acuerdos de Paz de
1996. De especial relevancia en este sentido son el Acuerdo sobre la Identidad y los
Derechos de los Pueblos (AIDPI) y el Acuerdo sobre los Aspectos Sociales y Económicos
de la Situación Agraria (ASESA); este último no está específicamente dirigido a los grupos
indígenas, pero sin embargo contiene muchas disposiciones relativas a ellos. A
continuación se presenta por orden cronológico un vistazo a las políticas adoptadas poco
tiempo antes o durante el periodo que abarca esta evaluación (2003-08):
o Política Nacional de Promoción del Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de
Equidad de Oportunidades (2001, 2008).
En 2001, SEPREM, es decir la Secretaría Presidencial de la Mujer (establecida en el año
2000), formuló la Política Nacional de Promoción del Desarrollo de las Mujeres
Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006. Si bien esta política no
fue desarrollada en particular para las mujeres indígenas, fue formulada con la
participación de organizaciones nacionales de mujeres y varias de sus actividades
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propuestas, que se encuentran organizadas en torno a nueve temas centrales, 5 hacen
referencia a la situación particular de este grupo (en lo que respecta a la pobreza y la
desigualdad social, a la educación de jóvenes y adolescentes y a los programas de
alfabetización). En 2008, la SEPREM emitió una política sucesora para el periodo 2008–
11. (www.seprem.Gobierno.gt)./. 6
o Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Código Municipal (2002)
La Ley sobre los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural fue adoptada en 2002 (Decreto
11-2002). Esta ley derivó en el establecimiento de consejos de desarrollo local, municipal y
departamental, los cuales tienen estatus consultivo y permiten que ciudadanos indígenas y
no indígenas participen de manera activa en las decisiones relativas al desarrollo de los
municipios y departamentos.
Al mismo tiempo, se adoptó un Código Municipal (Decreto 12-2002), el cual reconoce
formalmente las autoridades indígenas tradicionales y las alcaldías indígenas, las cuales
desempeñan obligaciones judiciales, administrativas y regulatorias en las comunidades
locales. La ley se encuentra en proceso de implementación desde 2003.
o Programa Nacional de Resarcimiento (2003)
En 2003, tras siete años de haberse firmado los Acuerdos de Paz, el Gobierno finalmente
estableció el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) destinado a implementar
medidas para la repatriación de las víctimas del conflicto armado, muchas de las cuales
son mujeres. El Programa, presidido por la Comisión Nacional de Resarcimiento incluye la
realización de debates sobre violencia sexual y violación como un delito específico
independiente sujeto a reparación. 7 Tras enfrentar problemas iniciales, incluyendo intensos
debates entre las OSC indígenas, en años recientes el PNR ha hecho algunos avances,
incluyendo el establecimiento de un Registro Nacional de Víctimas, el pago de una
compensación financiera a un total de 8.187 víctimas y la elaboración de los criterios para
poner en marcha otras medidas que ayuden a restaurar la dignidad y permitan la
rehabilitación psico-social de las víctimas.
o Política de Generalización de la Educación Bilingüe Multi e Intercultural (en el Sistema
Educativo Nacional) (2004)
En 2004, el Gobierno adoptó una política dirigida a incorporar la educación multicultural e
intercultural al sistema nacional educativo. Reconoció las lenguas indígenas como
primeras lenguas para la educación en las áreas con un elevado porcentaje de esa
población, además de establecer oficialmente la multiculturalidad y la interculturalidad
como temas transversales en la educación (Cojtí 2005).
o Ley de Registro de Información Catastral (2005)
Tras meses de debate en el Congreso, en 2005 se adoptó la muy esperada Ley de
Registro de Información Catastral (Decreto 41-2005). Esta ley permitió la creación del
Registro de Información Catastral (RIC), el primer registro formal de tierras (catastro) en
Guatemala, el cual debe proveer clarificación en cuanto a los derechos a la tierra en áreas
disputadas al ofrecer descripciones precisas (geo-referenciadas) y legalmente vinculantes
5
Los temas centrales son: equidad económica; igualdad en la tenencia de la tierra y en la vivienda;
igualdad en la educación; salud integral; violencia de género; igualdad en el trabajo; mecanismos
institucionales para el adelanto de la mujer; e igualdad en la participación sociopolítica.
6
Política Nacional de Promoción del Desarrollo Integral de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad
de Oportunidades 2008-2023.
7
Las ocho categorías son: desaparición forzada; ejecución extrajudicial; tortura física y psicológica;
desplazamiento forzado; reclutamiento forzado de menores; violencia y violación sexual; violaciones en
contra la niñez; masacres y "otras violaciones ".
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de los reclamos de tierras. 8 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución y los
Acuerdos de Paz, la ley fiscaliza la demarcación y registro de las tierras comunales
indígenas (artículo 65), y tiene el potencial de dar mayor seguridad en cuanto a la tenencia
de tierras por parte de las comunidades indígenas. El registro de información catastral
(RIC) no aborda las marcadas desigualdades en la distribución de la tierra (propiedad),
pero sí constituye un fundamento importante para una futura reforma agraria (Mizagata
2006; Mayorga 2007).
Programa de Desarrollo Rural ProRural y Programa “Mi Familia Progresa” (2008)
Adoptado en 2008 por la Administración Colom (2008–11), el Programa de Desarrollo
Rural ProRural debía fungir como el “brazo productivo” de la estrategia combinada de
desarrollo social y económico del Gobierno para combatir la pobreza en las áreas más
pobres del país. 9 Durante su primer año, el programa promovió una serie de iniciativas
productivas en 45 municipios, la mayoría de ellos con una población indígena, y planeaba
expandir su cobertura a 125 (IFAD 2008; www.prorural.Gobierno.gt). 10
Entretanto, el Programa “Mi Familia Progresa” (MiFaPro) tiene el compromiso de “crear
capital humano” mediante la inversión en educación, salud y nutrición en las familias
guatemaltecas. Entre sus beneficios se encuentran las transferencias condicionadas de
efecitvo para familias que viven en la extrema pobreza con hijos e hijas menores de 15
años y mujeres embarazadas. Las familias beneficiarias son seleccionadas de municipios
marginados, principalmente en las zonas indígenas, y deben llevar a sus hijos a revisiones
médicas y a matricularlos en las escuelas públicas en sus comunidades. El programa
afirma estar aunado a las actividades de los ministerios de Educación, Salud y Energía y
las secretarías de Salud Alimentaria y Trabajo Social (IFAD 2008.
www.mifamiliaprogresa.Gobierno.gt).
o Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer (2008)
En un contexto de violencia en escalada en contra de las mujeres y niñas, el Congreso
premió los esfuerzos de las organizaciones de mujeres y personas legisladoras con la
aprobacion en 2008 de la Ley contra el Femicidio 11 y otras Formas de Violencia contra la
Mujer (Decreto 22-2008). Esta ley reconoce de manera explícita el hecho de que los
asesinatos y actos de violencia contra las mujeres son un resultado directo de la
desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, además de
responsabilizar al Estado por la prevención y condenar la violencia contra las mujeres.
Aunque no aborda específicamente la violencia contra las mujeres indígenas, brinda un
mecanismo de acceso a la justicia para las mujeres en general y es un elemento disuasivo
contra actos futuros de este tipo de violencia.
Cambios institucionales en el Gobierno relacionados con los pueblos indígenas
8 El RIC es una institución del Estado de carácter autónomo, dirigida por un consejo ejecutivo presidido
por el ministro de Agricultura. La Ley de Catastro establece la necesidad de que exista una coordinación
interinstitucional entre el RIC y otras instituciones, a saber: el Registro General de la Propiedad (RGP), el
Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) y las municipalidades.
9 ProRural es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES) y por organismos
internacionales donantes (el FIDA entre otros).
10 ProRural opera siete programas: ProMaiz, ProHorticultura, ProCafé, ProPecuario, ProEnergía,
ProTurismo y ProArtesanías.
11 El femicidio se define oficialmente como el asesinato de una mujer en razón de su género. El término
femicidio suele ir acompañado del término político feminicidio. El feminicidio responsabiliza no solamente
a los perpetradores varones sino también al Estado y a las estructuras judiciales que normalizan la
misoginia, toleran los actos de violencia por parte de los perpetradores o niegan la responsabilidad estatal
por garantizar la seguridad de sus ciudadanas (Hayes 2009).
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Los Acuerdos de Paz, mencionados arriba, también exhortan al Gobierno guatemalteco a
crear nuevas instituciones estatales específicamente encargadas de abordar la situación y
las necesidades especiales de los pueblos indígenas.
Los primeros ejemplos de estos avances institucionales fueron la creación del Fondo para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Guatemaltecos (FODIGUA) en 1994 y la
Defensoría de los Pueblos Indígenas, adscrita a la Defensoría de Derechos Humanos, en
1998. A continuación se mencionan en orden cronológico según la fecha de su
establecimiento otras instituciones importantes en lo que respecta a la situación de los
pueblos indígenas:
o Fondo de Tierras FONTIERRAS (1999) y Subsecretaría para la Resolución de
Conflictos (2005)
En 1999 el Gobierno estableció el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), con el propósito de
proveer acceso a la tierra a las familias y comunidades pobres, siguiendo el modelo
difundido por el Banco Mundial de “reforma agraria asistida por el mercado". Mediante el
ofrecimiento de préstamos a largo plazo, grupos de familias campesinas pueden adquirir
tierras puestas a la venta por otros terratenientes (grandes), que luego son cancelados a
pagos por el grupo que adquiere el préstamo.
La Subsecretaría Presidencial para la Resolución de Conflictos, establecida en 2005, se
dedica a la mediación y solución de conflictos en torno a la tierra, por ejemplo entre
comunidades indígenas y grandes terratenientes. Está facultada para investigar conflictos
agrarios y emitir fallos que pueden servir como base para encontrar soluciones que sean
aceptables para todas las partes directamente involucradas en el conflicto. La
Subsecretaría reemplaza a la Comisión Nacional de Resolución de Conflictos de Tierra
(CONTIERRA), que desde 1997 se encontraba adscrita al Ministerio de Agricultura.
o DEMI Defensoría de la Mujer Indígena (1999)
Como efecto directo de los Acuerdos de Paz y de los compromisos internacionales
previamente adquiridos por Guatemala, 12 en 1999 se estableció la Defensoría de la Mujer
Indígena (DEMI) (de conformidad con el Acuerdo Gubernamental 525-99). La DEMI se
encuentra adscrita a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDH) y es
responsable de atender la situación particular de vulnerabilidad y discriminación de las
mujeres indígenas. Entre sus tareas específicas se encuentran la promoción de políticas
gubernamentales para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres indígenas, la
implementación de campañas de concienciación sobre los derechos de las mujeres
indígenas, y además debe proponer proyectos de ley para promover los derechos
humanos de las mujeres indígenas. Aparte de la Defensora de la Mujer (una persona
indígena) y de una comisión coordinadora de representantes ministeriales, otros
componentes importantes de la DEMI son el Directorio Consultivo, conformado por ocho
representantes de organizaciones de mujeres indígenas y el Consejo Consultivo,
conformado por delegados de las 23 comunidades lingüísticas guatemaltecas
(www.iadb.org). De esta forma, la DEMI es una institución de carácter mixto dentro
insertada en el marco institucional del Estado, a la vez que forma parte de la sociedad civil.
o SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer (2000)
En el año 2000, el Gobierno concluyó un proceso de negociación con el sector de las OSC
que condujo a la creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) (Acuerdo
Gubernamental 200-2000). La SEPREM fue fundada para promover el desarrollo integral
12 La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),
adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing (IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en septiembre de 1995).
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de la población femenina mediante la prestación de asistencia y la coordinación de
esfuerzos en la elaboración de políticas públicas para reducir las desigualdades de género.
o CODISRA Comisión sobre la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos
Indígenas (2002)
La Comisión Presidencial sobre la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos
Indígenas (CODISRA) se estableció en octubre de 2002. Desde entonces, esta
dependencia ha auspiciado campañas de concienciación pública para combatir la
discriminacion, realizó una campaña para la selección de personas indígenas para el
Servicio Civil y agregó un currículo anti-discriminación al entrenamiento policial (Cultural
Survival 2008; entrevista a Bolvito 26.11.09).
o Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe (2003)
Con el fin de consolidar el proceso de reforma educativa, en 2003 el Gobierno decidió
crear el Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe (Acuerdo de Gobierno 526-
2003). Tiene a su cargo las políticas relacionadas con los idiomas/lenguas nacionales, así
como todas las agencias ministeriales que tienen algún nexo con la educación intercultural
bilingüe (temas sobre el carácter multiétnico, la diversidad lingüística y el diálogo
intercultural en la educación).
o Consejo Intersectorial para la Cohesión Social (2005)
El Consejo Intersectoral para la Cohesiión Social (Acuerdo de Gobierno 79-2008) fue
establecido para coordinar y enfocar toda la inversión social en las áreas que buscan
reducir la pobreza. Fue concebido para trabajar de la mano con el Programa Nacional de
Desarrollo (ProRural), como una dependencia de la Comisión Nacional de Desarrollo
Rural. Además de incluir a representantes de instituciones gubernamentales de
importancia clave y del sector privado, este organismo –cuyo trabajo es coordinado desde
la Presidencia– también depende de la participación de representantes de la organización
indígena Convergencia Nacional Indígena (Waqib Kej).
3.2 Percepciones sobre los cambios en la situación de los pueblos
indígenas
La autora y el autor procuraron recopilar las percepciones de una gama varia de partes
interesadas, entre ellas intelectuales indígenas, personal indígena y no indígena de las
ONG y organizaciones de base comuntiaria que trabajan con o en representación de los
pueblos indígenas, así como miembros de los grupos indígenas beneficiarios y las
comunidades a quienes se logró visitar en el terreno. Debido a que la población indígena
es tan numerosa en Guatemala, resulta en extremo difícil distinguir entre las perspectivas
“desde adentro” y “desde afuera”. 13 En este capítulo la autora y el autor procuran indicar de
qué grupo de partes interesadas provienen las afirmaciones hechas y las opiniones
expresadas, sin recurrir necesariamente a "etiquetarlos” como “de adentro” o “de afuera”.
3.2.1 Derechos políticos
13 Considérese, por ejemplo, una ONG apoyada por Hivos que trabaja por los derechos de las mujeres
indígenas. En ella trabajan principalmente mujeres indígenas, quienes son a la vez contrapartes de Hivos
(consideradas en otros estudios de caso como "de afuera") y beneficiarias, en su condición de mujeres
indígenas ("de adentro").
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Lento desarrollo del marco institucional para la implementación de los derechos
indígenas
En opinión de profesionales e intelectuales indígenas y personal de ONG entrevistado, los
Acuerdos de Paz han derivado en un tímido desarrollo de una nueva institucionalidad
(nuevas estructuras institucionales) – así como una coordinación interestatal – con miras a
la aplicación y protección de los derechos indígenas. Un ministerio y varios viceministerios
han sido asignados a funcionarios indígenas, como es el caso del Ministerio de Cultura y
Deportes, el Viceministerio de Educación Bilingüe y Diálogo Intercultural y el Viceministerio
de Economía. Entre las instituciones potencialmente importantes creadas se encuentran
CODISRA, DEMI y FODIGUA. Durante los últimos años, estas oficinas y dependencias,
que suelen disponer de presupuestos limitados, no han demostrado ser capaces de dar
una respuesta adecuada a las violaciones continuas y persistentes de los derechos
individuales y colectivos de los pueblos y de las mujeres indígenas, e incluso algunas han
sido acusadas de ineficiencia y de corrupción. Posteriormente la Administración Berger
también designó a un embajador de buena voluntad ante los pueblos indígenas. Sin
embargo, esta oficina mantiene una agenda cultural solamente y no aborda las demandas
económicas y políticas de estas poblaciones. Intelectuales indígenas se refieren a esto
como un "reconocimiento simbólico". Además, afirman que gran parte del personal
indígena actualmente designado no se identifica con ese movimiento, se muestra más
interesado por la política partidista y no aboga por el reconocimiento e implementación de
los derechos indígenas.
“Durante las elecciones de 2007, el ahora presidente Sr. Alvaro Colom hizo campaña con
el lema “Democracia social con rostro maya”. No explicó cómo quería implementar este
objetivo; no desarrolló un plan de trabajo o un presupuesto. En una entrevista posterior
(cuando ya había asumido el cargo) dijo que no importa si los pueblos indígenas
(funcionarios públicos) participan en la definición de las políticas gubernamentales siempre
y cuando éstas beneficien a la población indígena. De esta forma, reveló que su Gobierno
no es diferente de los anteriores. Los pueblos indígenas siguen siendo un objeto de la
tutela de expertos paternalistas que deciden lo que es bueno para los pueblos indígenas.
Esta es una posición muy preocupante y contradictoria". (Intelectual maya entrevistado
anexo).
Se considera típico en el contexto guatemalteco que el Estado, en el marco de su política
para los PI, haga énfasis en los derechos sociales y culturales y se muestre renuente a
reconocer los derechos políticos y económicos. Un intelectual maya entrevistado se
refiere a este fenómeno como el “multiculturalismo neoliberal”. Otro profesional e
intelectual indígena comenta que durante los últimos seis años (desde 2003) el Congreso
no ha promulgado una sola ley de importancia sobre los derechos de los pueblos
indígenas. En la actualidad hay seis proyectos de ley en la agenda legislativa (algunos
llevan ya años allí), de gran relevancia, los cuales no pasan más allá de obtener un
dictamen favorable por parte de alguna comisión técnica del Congreso. 14 Por una parte,
esto puede explicarse en razón de la fuerte oposición de las fuerzas económicamente
conservadoras que mantienen el poder en el Congreso; por la otra, esto se debe a la falta
de unidad entre las OSC indígenas, que compiten entre sí por el acceso a la ayuda
internacional. Pese a esto, muchas de las propuestas de ley presentadas ante el congreso
han sido desarrolladas mediante alianzas de la sociedad civil, con el apoyo de organismos
extranjeros de cooperación al desarrollo, en lugar de por los ministerios que deberían tener
esto a su cargo.
El enjuiciamiento de casos de discriminación y violación de los derechos indígenas
no se toma en serio
14 Las propuestas de ley más importantes son: la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas; la Ley General
de Derechos de los Pueblos Indígenas; la Ley de Generalización de la Educación Bilingüe Multi e
Intercultural; la Ley de Lugares Sagrados para Pueblos Indígenas; la Ley sobre la Jurisdicción Indígena.
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
15

Si el progreso en los Poderes Ejecutivo y Legislativo resulta decepcionante, la situación en
el Poder Judicial resulta aún más perturbadora, considera un intelectual maya. Los planes
por designar a fiscales públicos a cargo de entablar acciones legales en casos de delitos
de discriminación y violación de los derechos indígenas no han sido llevados a la práctica.
Debido a que no existe un sentido de urgencia y que el Gobierno no ejerce presión, el
Fiscal General ha dejado de lado esta propuesta. Con el paso de los años el desarrollo y
aplicación de planes especiales de estudio para capacitar al personal del Poder Judicial en
el campo de los derechos humanos de la población indígena se han estancado y no ha
generado ninguna transformación de las prácticas judiciales, en el sentido de tomar en
cuenta las diferencias culturales. Adicionalmente, hay otra serie de planes que no han
llegado a fructificar. 15 El hecho de que entre los 13 magistrados recientemente designados
a la Corte Suprema de Justicia no haya un solo abogado indígena es considerado por un
intelectual maya entrevistado como sintomático, ya sea de un estancamiento o de un
retroceso en la situacion. Mientras tanto, ha habido un tímido reconocimiento de la
jurisdicción tradicional (derecho consuetudinario) de las autoridades indígenas y se han
hecho esfuerzos mínimos por articular estas prácticas con la jurisdicción ordinaria (Ley del
Estado) debido a la falta de claridad en cuanto a cuál sistema legal prevalece en casos
específicos (Véase también Sieder 2007).
Pueblos indígenas cada vez más concientes sobre sus derechos, pero su
participación en el Gobierno siempre supone desafíos
Pese a esta preocupante situación, durante los últimos años se aprecia un incremento en
el número de personas indígenas que ocupan cargos oficiales (en el Gobierno). Dos
intelectuales mayas con experiencia en el Gobierno (una de ellas congresista, apoyada por
Moloj) hablan desde su propia experiencia al afirmar que suele resultar muy difícil para los
funcionarios y funcionarias indígenas defender los derechos de esta población, ya que las
personas individualmente están sujetas –y a menudo se permiten ser absorbidas– por
intereses partidistas. Ambos entrevistados agregan que las personas se ven limitadas por
intereses partidistas, y con el cambio de Gobierno son boicoteados por las nuevas
autoridades de otro partido. Además, las OSC indígenas en Guatemala suelen ser muy
desconfiadas de los funcionarios y funcionarias indígenas que ocupan cargos oficiales, al
considerar que han “vendido” sus principios. Reconocen las ventajs que tendría un partido
político independiente, pero concluyen que la sociedad guatemalteca aún no está lista ni
preparada para ello.
Entre las comunidades rurales y entre amplios sectores de la sociedad civil indígena los
sentimientos de desconfianza e incluso desprecio hacia el Gobierno son sumamente
frecuentes. Muchas personas consideran al Estado ilegítimo porque ni representa sus
intereses ni defiende sus derechos. Sin embargo, las personas indígenas que han
trabajado para el Gobierno se muestran convencidas de que, pese a todos los obstáculos,
resulta esencial que los líderes y lideresas indígenas luchen por el reconocimiento y
protección de sus derechos desde el propio sector gubernamental.
“Al ingresar al ámbito político, aprendemos lo que es el poder y descubrimos que este es
un elemento indispensable en el que tenemos que enfocarnos, de forma que tomemos
decisiones fundamentales. No es lo mismo estar afuera que estar adentro. Cuando estás
adentro tienes que lidiar con una estructura muy arraigada y muy establecida. Y aunque es
un desafío enorme, nosotros que estamos adentro tenemos que encontrar maneras de
hacerlo más flexible y cambiar. Por nosotros hablamos de cambio cuando estamos afuera,
pero si continuamos hablando de cambios sin tener poder, no podemos realizarlos
(Entrevista con Otilia Lux, congresista indígena, en
http://www.iknowpolitics.organización/node/6624).
15 Ampliación de las funciones y competencias del Defensor Indígena dentro de la Procuraduría General
de la Nación y la Defensoría de los Pueblos Indígenas, adscrita a la Defensoría de Derechos Humanos,
entre otras cosas.
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16

De acuerdo con las personas entrevistadas antes mencionadas con experiencia en cargos
públicos,la desconfianza y falta de participación en los procesos políticos nacionales y
legislativos entre una gran parte de la población indígena debe explicarse por el hecho de
que en las comunidades indígenas hasta hace poco tiempo escasamente había
información disponible sobre estos temas. Funcionarios y políticos entre la élite intelectual
indígena se esforzaban poco o carecían de la capacidad para traducir y comunicar las
propuestas de leyes y de políticas a menudo complicadas, en algo entendible para el nivel
de las bases. Esto requiere del trabajo de intermediarios del conocimiento que dominen
tanto el lenguaje de los burócratas como el de las comunidades.
Sin embargo, esta situación ha mejorado como resultado de la presencia de un número
cada vez mayor de profesionales indígenas. Pese a que la sociedad civil en Guatemala es
relativamente joven (un legado de la represión que sufrieron las organizaciones sociales
durante las décadas de conflicto interno), el liderazgo de las organizaciones indígenas en
años recientes ha podido desarrollar sus capacidades y las destrezas necesarias para
negociar con las entidades oficiales y hacer cabildeo y presionar al Gobierno para que
tome en cuenta sus intereses y necesidades.
Los representantes indígenas son cada vez más capaces de informar a sus electores
sobre los procesos gubernamentales, los procedimientos y las legislaciones.
Lo anterior se corresponde con la percepción de una contraparte de Hivos durante mucho
tiempo (CALDH) y de representantes de organizaciones indígenas entrevistados, quienes
afirman que fue debido a los esfuerzos de las OSC indígenas –y no del Gobierno– que ha
crecido la conciencia entre las comunidades sobre sus derechos políticos y que estas se
muestran más asertivas al vigilar las acciones gubernamentales y denunciar las
violaciones a sus derechos especiales. Hicieron hincapie en que solamente las
comunidades fortalecidas pueden representar y defender con éxito sus intereses frente al
Gobierno.
Compartiendo una opinión similar, otros miembros de comunidades rurales de
Chimaltenango aseguran que gracias a su pertenencia a la organización CONIC, de la cual
han recibido educación sobre sus derechos y capacitación para el liderazgo, participan en
movilizaciones regionales y nacionales de pueblos indígenas para defender sus derechos.
Líderes comunitarios de la olvidada región de Chortí en el sudeste guatemalteco
consideran que su participación en eventos internacionales sobre los derechos indígenas,
por ejemplo el Foro Social de las Américas y la III Cumbre de Pueblos Indígenas en
Latinoamérica, ambas celebradas en Guatemala (en 2007 y 2008 respectivamente) les
han abierto los ojos en cuanto a las semejanzas entre su realidad y la situación de otros
pueblos indígenas.
Interpretación estrecha de la participación política de las comunidades indígenas,
autoridad tradicional marginada
Por otra parte, algunos intelectuales mayas explican que el Gobierno –y los organismos
donantes– suelen interpretar todavía la participación en términos muy estrechos, como la
participación de ciudadanos y ciudadanas individuales en el proceso político a través del
sistema de partidos políticos (no indígena) de acuerdo con el esquema de la democracia
liberal. Esto tiende a restarle valor al papel de la autoridad indígena tradicional, la cual se
basa en la toma de decisiones por consenso, y deja de lado el deseo de las comunidades
indígenas de ser tratadas como un sujeto político colectivo. En relación con la creciente
participación ciudadana en el ámbito local del gobierno, señalan que leyes de
descentralización recientemente adoptadas reconocen a las autoridades indígenas,
aunque no les asignan un papel claro en el proceso de gobernanza. En estas
circunstancias, las autoridades indígenas tradicionales amenazan con quedar marginadas
por los recién instituidos comités de desarrollo. Por otra parte, otros intelecturales de
origen maya reconocen un resurgimiento de las formas indígenas de toma de decisiones y,
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
17

por consiguiente, una recuperación de la autoridad y la comunidad indígena. En su
opinión, esto está ocuriendo en especial en torno a la lucha por la tierra y los recursos
naturales, en donde los alcaldes y alcaldesas y las alcaldías indígenas en consulta con sus
comunidades por primera vez actúan como actores políticos colectivos, a menudo también
en colaboración con los comités de desarrollo local. En el proceso, aplican la ley estatal
para promover sus propios derechos e intereses (Véase también Castillo 2009). Esto es
visto como una amenaza por las fuerzas políticas establecidas, que a su vez se valen del
sistema legal para criminalizar y enjuiciar a los líderes de las comunidades indígenas.
Derechos a los recursos naturales
Tenencia de la tierra y reforma
Contrario a lo que dispone la Constitución (artículo 67), los derechos de los PI a la tierra y
las formas de tenencia de la tierra se encuentran escasamente protegidos. Tanto CNOC
como CALDH (ambas contrapartes de Hivos) señalaron como un importante problema la
inseguridad en la tenencia de la tierra entre los agricultores indígenas y los pequeños
propietarios. Todavía ocurre a menudo, al igual que en el s. XIX y durante la Colonia, que
las comunidades indígenas sean expulsadas de sus tierras por terratenientes vecinos.
Esto se debe al hecho de que estas comunidades cultivan terrenos de las que no son
propietarias formales inscritas en el Registro Catastral. Viven en tierras "subdesarrolladas"
del Estado o tienen derecho al usufructo de tierras comunales inscritas a nombre de las
municipalidades; esto las deja en una posición legal en extremo débil con respecto a los
terratenientes establecidos. Elevados costos administrativos y una escasa accesibilidad al
registro significan que los pueblos indígenas y campesinos pobres sean excluidos de facto
de los sistemas legales que regulan la tenencia de la tierra. Particularmente precaria
resulta la situación de los llamados mozos colonos, que son trabajadores agrícolas, por lo
general familias indígenas, a quienes se les asigna una parcela en la hacienda de su
empleador, una situación que todavía resulta común en Verapaces e Izabal. Estos
trabajadores arrendatarios no tienen ningún derecho relacionado con la duración de su
periodo de arrendamiento (que puede prolongarse por varias generaciones) y corren el
riesgo de ser desalojados sin previo aviso y si se niegan o se resisten, el de ser acusados
de usurpación (ocupación ilegal) y ser encarcelados por las autoridades policiales (CNOC
2007).
Si bien existe un consenso generalizado en cuanto a la inseguridad de la tenencia de la
tierra en Guatemala, las opiniones son un tanto divergentes en cuanto a los méritos de la
actual reforma agraria asistida por el mercado. De acuerdo con CNOC, una organización
nacional agraria apoyada por Hivos, el programa de reforma agraria asistida por el
mercado de FONTIERRA ha tenido un impacto mínimo durante la última década, debido a
que dicho Fondo apenas satisface el 25% del incremento anual en la demanda por parte
de las familias sin tierra. 16 Esto indica que el programa no ofrece una respuesta a uno de
los problemas estructurales en el país. Además, los trámites para solicitar un préstamo y
para la transferencia y adjudicación de terrenos son sumamente burocráticos y
complicados, lo cual excluye a los grupos interesados sin escolaridad, experiencia o
asistencia de organizaciones campesinas. A los grupos campesinos a menudo se les
asignan las tierras menos adecuadas. Además, la especulación y las irregularidades
administrativas (corrupción) impulsan al alza los precios de la tierra. Los grupos
campesinos no logran generar ganancias a partir de la tierra ya que no reciben suficiente
asistencia técnica, no disponen de los medios para capitalizar sus fincas, y se enfrentan
con mercados y precios inestables (CNOC 2007). Así, estos grupos suelen adquirir
deudas que nunca estarán en posibilidad de cancelar. Por estas razones, Plataforma
Agraria, que es otra organización no apoyada por Hivos, se opone expresamente a la
16 De acuerdo con CNOC, la población sin tierra o necesitada de tierras en Guatemala crece todos los
años en 2,5%; desde 2003, la cifra de campesinos sin tierra se ha incrementado en 8.000 familias por año
(CNOC 2007).
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eforma agraria asistida por el mercado y, al igual que CNOC, lucha por una reforma
alternativa y redistributiva, como se prometió en los Acuerdos de Paz. 17 No obstante,
CONIC, una de las organizaciones indígenas nacionales más importantes de Guatemala,
(también contraparte de Hivos) hace énfasis en que, utilizando el programa de reforma
agraria, la organización ha logrado dar acceso a la tierra –casi 30.000 ha– a más de 9.000
familias en comunidades indígenas en todo el país. Si bien las cifras no son
impresionantes, representan un logro.
Conflictos en la reivindicación de los recursos naturales
Algunas de las contrapartes de Hivos (CONIC y CALDH) sostienen que ha habido un
incremento en la violencia relacionada con los desalojos forzados de tierras ocupadas, que
se presentaron en cifras importantes durante la administración Berger (2004-08). 18 Estas
ocupaciones de tierras son organizadas por comunidades indígenas que se resisten al
saqueo y expropiación de sus tierras comunales o por grupos que demandan una
reparación por violaciones a sus derechos laborales por parte de los hacendados o los
dueños de plantaciones. En estos casos, la policía a menudo actúa de manera brutal; los
ocupantes son arrestados sin ser enjuiciados, además de que estas confrontaciones han
dejado como saldo a indígenas heridos y muertos. En la mayoría de los casos, la
ocupación de tierras es el resultado de estallidos producto de conflictos por la tierra que se
vienen arrastrando entre las comunidades indígenas y los grandes terratenientes, y es
utilizada por éstas como una táctica para presionar al Gobierno y a las instituciones
judiciales para que busquen soluciones a su problemática (CONIC 2006; CALDH 2009).
Además, CALDH considera típico topar con que las instituciones (por ejemplo, el Ministerio
Público, el Registro General de la Propiedad) actúan con extrema lentitud y burocracia
cuando las familias indígenas interponen alguna apelación en contra de un terrateniente,
aunque el sistema judicial es sumamente ágil cuando este terrateniente les pide emitir una
orden de desalojo o de arresto. La organización señala la importancia de acompañar a las
comunidades indígenas en estas disputas por la tierra, ya que de lo contrario se pierden
entre la gran cantidad de normas, instituciones y trámites.
Personal entrevistado de cuatro contrapartes de Hivos y de Cordaid (la última en calidad
de "fuente de información"), tanto de origen indígena como no indígena, hacen hincapié en
el incremento en los conflictos por los recursos naturales y minerales en las zonas
indígenas. Durante los últimos cinco años han surgido conflictos entre las comunidades y
compañías transnacionales interesadas en extraer recursos naturales de sus tierras, en
cuyo caso el gobierno ha protegido de forma casi incondicional a las compañías en lugar
de a la ciudadanía. Algunos ejemplos son: la lucha de las comunidades de Sipacapa y San
Miguel de Ixtahuacán contra la compañía minera canadiense Goldcorp; la resistencia de
las comunidades de San Juan Sacatepéquez contra las actividades de la compañía
nacional Cementos Progreso; y la oposición de las comunidades de Jocotán al plan para la
construcción de una planta hidroeléctrica (El Orégano) por parte de la compañía italiana
ELC Electroconsult. El Gobierno no consultó en ninguno de estos casos a las
comunidades afectadas, de acuerdo con lo establecido en el C169 de la IOT además de
que, en general, los estudios de impacto ambiental han sido inadecuados. En respuesta a
esto, las comunidades de Sipacapa organizaron sus propias consultas comunitarias,
apoyándose en el Código Municipal, para expresar su oposición a la minería. En un caso,
las comunidades locales (entrevistadas), apoyadas por una contraparte de Hivos,
decidieron apelar la Ley de Registro de Información Catastral (RIC), en un intento por
proteger sus tierras de la expropiación, y examinaron los estudios de impacto ambiental en
busca de errores de procedimiento, a fin de obstaculizar la implementación del proyecto.
17 De acuerdo con CNOC, la población sin tierra o con necesidad de tierras crece todos los años en
Guatemala en un 2,5%; desde 2003, la cifra de campesinos sin tierra ha aumentado en 8.000 familias por
año (CNOC 2007).
18 Entre enero y noviembre de 2004, CALDH y CONIC contabilizaron no menos de 36 desalojos forzados
de tierras ocupadas, de los cuales la mitad involucraron acciones violentas por parte de fuerzas de
seguridad privadas y estatales contra campesinos indefensos (CALDH-CONIC 2009).
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Madre Selva arroja luz sobre otra fuente de degradación de los recursos naturales en las
zonas indígenas: la apropiación ilegal y el saqueo de bosques naturales protegidos y su
subsiguiente transformación, a través de contratos con terratenientes, en plantaciones
forestales comerciales. El Instituto Nacional de Bosques (INAB) juega un papel
fundamental en estas prácticas ilegales, al servir de mediador entre los gobiernos
municipales –que son los propietarios formales de estos bosques– e interesados privados,
y emite permisos para la tala de árboles. De acuerdo con esta organización, tales permisos
violan la Ley Nacional Forestal, y el INAB actúa en beneficio de intereses económicos
poderosos. La tala de árboles, que se realiza en gran escala en los bosques de las
Grenadillas, en Jutiapa y en Totonicapán, afecta algunas de las reservas más importantes
de bosques naturales en el país, que desempeñan una importante función al garantizar el
suministro de agua a las comunidades vecinas. En Totonicapán, en donde las comunidad
indígena reclama ser dueña ancestral de los bosques, el INAB se ha aprovechado de su
condición de propiedad municipal, y emitió contratos de arrendamiento por partes de los
bosques en beneficio de interesados privados. Las comunidades forestales locales
recientemente emprendieron una resistencia a estas invasiones a fin de defender sus
bosques.
Propuesta de Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas
En relación con estos conflictos por los recursos naturales que involucran a los pueblos
indígenas, una de las personas entrevistadas, una intelectual indígena cuyo trabajo ha sido
apoyado por Moloj, mencionó los esfuerzos de la Comisión Legislativa de Pueblos
Indígenas al elaborar la propuesta de una ley de consulta a los pueblos indígenas y hacer
cabildeo en el Congreso para su adopción. Esta ley establece mecanismos institucionales
específicos de consulta a los pueblos indígenas. Define la forma en que los procedimientos
de consulta han de desarrollarse, cuál institución debe convocar y organizar las consultas,
quiénes tienen derecho a participar, el momento en que deben realizarse las consultas, así
como las consecuencias de los resultados obtenidos. La propuesta de ley también
reconoce la consulta como la práctica tradicional entre los PI, y que su reconocimiento y
práctica están garantizados por la Constitución. No obstante las OSC involucradas en la
resistencia contra los proyectos hidroeléctricos y de minería, entre ellos la contraparte de
Hivos (Madre Selva) y la contraparte de Cordaid consultadas en calidad de fuentes de
información (COPAE), critican la propuesta de ley, al considerar que no se han hecho
suficientes esfuerzos por comunicar y discutir sus contenidos antes de que fuese
presentada al Congreso.
Ley de Registro de Información Catastral
Las OSC (entre ellas contrapartes de Hivos y de Cordaid) subrayaron la importancia de la
nueva Ley de RIC, la cual permite la demarcación de las tierras comunales indígenas.
Presionado por estas organizaciones, en tiempos recientes el Gobierno ha avanzado en la
elaboración de un reglamento específico para el reconocimiento y declaratoria de las
tierras comunales, mediante el cual estas OSC se han asegurado de que las
estipulaciones del C169 en lo que respecta a la protección de las tierras y territorios
indígenas se apliquen (se adoptó en mayo de 2009). La experiencia de las comunidades
de Jocotán –en donde el RIC abrió una oficina local a solicitud de las comunidades– es
solamente uno de dos casos en Guatemala en que las tierras comunales indígenas han
sido demarcadas (el otro ejemplo es la comunidad de Santa Cruz de Poptún) y el primer
caso en que el nuevo reglamento del RIC se ha aplicado.
De acuerdo con personas de la comunidad de Jocotán, la demarcación de las tierras
comunales arroja mayor claridad sobre las reivindicaciones territoriales del pueblo Chortí,
el cual afirma que en el proceso ha comenzado a recuperar el apego colectivo a su
territorio ancestral. No obstante, es necesario anotar que, como lo han reconocido OSC y
abogados que trabajan por la causa indígena, la existencia del registro de información
catastral todavía no significa que las tierras sean inscritas como propiedad de la
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comunidad, y no ofrece plena seguridad en cuanto a la tenencia. A este respecto todavía
falta mucho por recorrer en Guatemala.
No es solo el Gobierno que se muestra renuente a llegar a fórmulas en cuanto a los
derechos colectivos a la tierra. Personal de organizaciones de contraparte de Hivos
asegura que las comunidades indígenas en muchas zonas rurales sin duda se han visto
influenciadas por el discurso hegemónico de la propiedad individual de sus antiguos
patronos (sociedad ladina dominante). Esto fue confirmado por el equipo durante sus
visitas a una de las comunidades con las que trabaja esta OSC. Sus miembros todavía
desean parcelar las haciendas que recuperaron en la lucha por la tierra, con el fin de tener
títulos individuales. De acuerdo con un miembro del personal de esas OSC, los lugareños
todavía no son conscientes de las ventajas de tener un título colectivo, en donde la
comunidad asigne a las familias individuales los derechos al usufructo. Dicho funcionario
considera que se requerirá un mayor esfuerzo de concienciación para que las
comunidades indígenas se abran a la posibilidad de considerar este esquema.
3.2.2 Medios de vida
Aumento en la pobreza y la inseguridad alimentaria
Una propuesta de política elaborada por una coalición de organizaciones campesinas y
sociales, entre ellas CNOC y CONIC, mantiene que Guatemala atraviesa en la actualidad
una crisis alimentaria, y que la pobreza en años recientes ha crecido en un 5%, mientras
que la pobreza extrema ha crecido en un 4.5%. Estas afirmaciones coinciden también con
CODISRA, una institución gubernamental. Ambas partes interesadas sugieren que el
decrecimiento en la producción de la agricultura de subsistencia como consecuencia de la
falta de acceso a la tierra, la erosión progresiva de los suelos y la deforestación, obligan a
las familias indígenas pobres a trabajar como peones agrícolas en las plantaciones de
caña de azúcar, banano y café de las zonas costeras al sur del país. El salario mínimo en
el sector agrícola cubre solamente el 70% de las necesidades alimentarias básicas de una
familia, pero la mayoría de los trabajadores agrícolas reciben un salario mucho inferior al
mínimo. Durante la última década la seguridad alimentaria se ha reducido como resultado
del colapso en los precios del café (que se desplomaron en 2001), lo cual afectó en forma
severa la producción y el empleo en ese sector de actividad, así como debido a eventos
climáticos adversos como tormentas tropicales (Stan en 2005) y sequías periódicas, todo
lo cual ha afectado la producción local de alimentos. Esta situación ha derivado en un
aumento de la desnutrición en las zonas rurales, en particular entre la niñez y las mujeres
embarazadas. Las comunidades con las tasas más elevadas de inseguridad alimentaria se
encuentran concentradas en los departamentos de Quiché, Totonicapán, Sololá,
Quetzaltenango y Alta Verapaz, áreas en donde la población local es indígena casi en su
totalidad (CONADUR 2009; CODISRA com. pers.).
La escasez de tierras y la falta de oportunidades económicas alternativas en las zonas
rurales han llevado a amplios grupos de personas a creer que la migración es la única
alternativa para escapar de la pobreza. Mientras que en 2002 un total de 1,2 millones de
personas habían migrado a otros países (principalmente los EE.UU. y México), en 2007
esta cifra ascendía a 1,5 millones. La cantidad de dinero que ingresó a Guatemala en la
forma de remesas enviadas por los migrantes a sus familias representó ese año cerca de
USD 4.000 millones, es decir, más del doble de los ingresos combinados generados por
los cinco principales productos de exportación del país: azúcar, café, bananos, cardamomo
y petróleo crudo (OIM 2007). Para la población rural – incluida la de las zonas indígenas–
las remesas enviadas por familiares migrantes se han convertido en la fuente más
importante de ingresos. La actual crisis financiera está afectando este flujo de capital, al
igual que la reciente ofensiva contra los migrantes que no tengan visa en los EE.UU., así
como el incremento en las deportaciones y la criminalización de la condición de trabajador
"ilegal". Además de la migración internacional temporal y la migración laboral estacional,
se aprecia un incremento en la migración interna, a menudo permanente, que involucra el
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desplazamiento de miles de familias del campo a la ciudad capital y a otros centros
urbanos en busca de oportunidades de trabajo y de ingresos. En opinión de un intelectual
indígena, quien citó un estudio del IDEI (Instituto de Estudios Interétnicos), el 12% de la
población actual de la capital es indígena, una cifra equivalente a más de 500.000
personas. Debido a que su educación es a menudo limitada y a que cuentan con poca
capacitación, estos migrantes se ven obligados a aceptar los trabajos peor remunerados,
ya sea en la construcción, en maquiladoras 19 y como trabajadoras domésticas o como
guardas privados (CONADUR 2009).
.
El fracaso del Estado al desarrollar una política específica que le permita a los PI procurar
su desarrollo económico y social de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones,
da como resultado una asimilación forzada de facto, afirma el entrevistado. Hoy en día,
entre muchas personas indígenas prevalece la idea de que para salir adelante es
necesario renunciar a la identidad indígena. A su vez, esta pérdida de cultura y de
identidad se ve reforzada por los procesos de migración.
"En mi comunidad natal, como en otras, una cantidad enorme de personas se ve
expulsada de la comunidad hacia los centros urbanos y hacia otros países, a causa de la
falta de acceso a la tierra y a que los salarios agrícolas son muy bajos, los cuales han
aumentado debido a la crisis. En la escuela –que es una escuela común, no bilingüe– se
enseña a las personas (implícitamente) que es mejor vivir en la ciudad; una persona que
quiera continuar viviendo en el campo es un tonto; ese es el mensaje general. Así que hay
una fuga enorme de jóvenes indígenas a las ciudades departamentales y hacia la capital.
[La migración] incrementa el proceso actual de asimilación cultural, en particular los
jóvenes indígenas no parecen valorar ya su identidad. Ven lo que viene de los Estados
Unidos, también debido a la influencia de la televisión y los medios. Los valores
tradicionales se pierden y son reemplazados por valores que prevalecen en la comunidad
(no indígena) circundante" (intelectual indígena entrevistado).
No obstante, hay historias menos sombrías provenientes de las comunidades
entrevistadas. Como consecuencia de su trabajo con organizaciones no gubernamentales
(Entre ellas CALDH y CONIC) y su participación en el movimiento de resistencia contra los
proyectos de minería e hidroeléctrico, las comunidades de Chiquimula aseguran que han
comenzado a reflexionar sobre lo que sería para ellos un desarrollo culturalmente
apropiado. En los cuatro municipios de la región Chortí se formaron de manera
espontánea grupos para discutir sus opciones de desarrollo y mejorar sus condiciones de
vida de acuerdo con su cosmovisión y su espiritualidad maya, aspectos con los cuales
anteriormente habían perdido conexión.
La reducción de la pobreza entre los pueblos indígenas no es una prioridad para el
Gobierno
En opinión de otro intelectual indígena, los programas gubernamentales dirigidos a mejorar
las condiciones de vida de la población pobre de las zonas urbanas y rurales son
solamente "una gota en el océano". El trabajo del fondo social para los pueblos indígenas,
FODIGUA, ha tenido un impacto sumamente limitado debido a que sus presupuestos son
crónicamente limitados. Al igual que muchas instituciones en Guatemala, esta
organización está además plagada por la corrupción y es dominada por intereses
partidistas. Los programas de inversión social como ProRural y MiFaPro son –al igual que
iniciativas similares de los gobiernos anteriores– nada más que paliativos y no ofrecen una
solución al problema estructural de la pobreza en Guatemala. Además --y esto es
importante anotarlo— no toman en cuenta los problemas y necesidades específicas de
tales comunidades. En lo que respeta a la educación bilingüe, el Gobierno aun no formula
una política clara. Según el programa actual, los niños y niñas disfrutan de una educación
19 Una maquiladora es una fábrica en un país latinoamericano que importa los materiales y equipos libre
del pago de impuestos y aranceles y se dedica al ensamblaje o manufactura, para luego reexportar el
producto ensamblado, por lo general de regreso al país de origen (Wikipedia).
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ilingüe solo de manera parcial durante su educación primaria. Lo que es peor, apenas el
13% de la niñez indígena se encuentra cubierta por este programa. El hecho de que el
95% de todos los programas sociales del Gobierno, incluyendo los relativos a la salud,
dependan de la ayuda exterior, ilustra que la reducción de la pobreza entre la población
indígena no es una prioridad importante para el gobierno. Esta dependencia casi total mina
la continuidad y sostenibilidad de estos programas.
Las comunidades indígenas tienen una perspectiva similar. En palabras de un miembro de
una comunidad indígena:
“El Gobierno afirma que está trayendo desarrollo (prestando servicios) a las comunidades
indígenas, pero eso no es cierto. En nuestra comunidad, nosotros no tenemos acceso a la
educación ni a la salud y no hay suministro de agua".
Miembros del Parlamento Juvenil de Totonicapán y de una asociación de mujeres
indígenas en Quiché señalan varias áreas de política olvidadas que deberían garantizar la
inclusión de los PI al desarrollo, por ejemplo programas específicos de concienciación
sobre el VIH/SIDA y el tratamiento de personas que viven con esa enfermedad, así como
la capacitación de mujeres en cuanto al uso de tecnologías de la información
(respectivamente).
En la actualidad, la ausencia de programas gubernamentales en estas áreas se llena con
programas de OSC como IDEI y Enlace Quiché, ambas contrapartes de Hivos.
Políticas macro
Mientras tanto, la política macroeconómica de Guatemala en el contexto de la
globalización y del Tratado Centroamericano de Libre Comercio (con los EE.UU., suscrito
en marzo de 2005), en opinión de una contraparte de Hivos y un investigador social
entrevistados, ha debilitado aun más la economía indígena y campesina.
La importación irrestricta de trigo, maíz y otros alimentos básicos, incluyendo la donación
de alimentos provenientes de los Estados Unidos (a través del Programa Mundial de
Alimentos) han puesto en desventaja económica a los agricultores y productores locales
de alimentos en pequeña escala. Si bien en algunos lugares la agricultura por contrato
ofrece una fuente alternativa de ingresos, también ha aumentado la dependencia de las
familias indígenas de los volátiles mercados internacionales y ha minado la soberanía
alimentaria de las comunidades. En otras partes del país, la producción agroindustrial
(biocombustibles) ha ganado terreno y amenaza con desplazar a las comunidades
indígenas. Por último, la desregulación y flexibilización de los mercados laborales ha
afectado los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, y en especial los de los
trabajadores indígenas estacionales, quienes continúan siendo discriminados (Véase
también CONADUR 2009).
Diálogo con el Gobierno sobre las políticas para un desarrollo integral y
culturalmente apropiado
CNOC explicó que, durante los últimos años, coaliciones de organizaciones sociales y
campesinas en diversas mesas redondas han intentado dialogar con las administraciones
Portillo (2000-04) y Berger (2004-08) exhortándolas a adoptar una política nacional de
desarrollo rural integral. En 2004, esta contraparte presentó una primera Propuesta de
Desarrollo Rural Integral. El Gobierno no tomó esta propuesta en serio y fomentó la
oposición entre las organizaciones con promesas de programas de apoyo parcial (esto
ocasionó discordias en torno a la interrogante de si estos programas deberían aceptarse
en anticipación de otros más inclusivos). 20 De acuerdo con esta ONG, el principal
20 De acuerdo con personal de la contraparte de Hivos, el Gobierno prometió establecer un programa de
distribución de fertilizantes para las comunidades indígenas y campesinas. Si bien la organización se
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obstáculo para las organizaciones campesinas e indígenas fue la falta de aliados que
apoyasen sus propuestas en el Congreso. Con el ascenso al poder del presidente Colom y
su administración, las organizaciones campesinas vislumbraron una nueva oportunidad de
negociar con el Gobierno. Decidieron reagruparse en una coalición de organizaciones
campesinas y sociales, que incluye a ADRI (Alianza para el Desarrollo Rural Integral),
MOSGUA (Movimiento de Organizaciones Sociales de Guatemala), además de la
organización indígena CONIC.
Tras meses de negociaciones, a finales de 2008 esta coalición presentó una nueva
propuesta (proyecto de ley) para la creación de un Sistema de Desarrollo Rural integral y
en mayo de 2009, una Política de Desarrollo Rural Integral. Estas propuestas buscan
fortalecer una economía de solidaridad en el campo que sea sostenible y democrática y
que tome en cuenta la diversidad cultural, autonomía y participación de los PI (CONADUR
2009). 21 En julio de 2009, la administración Colom aprobó la Política Nacional de
Desarrollo Integral (aunque no la ley).
3.2.3 Condición y derechos de las mujeres indígenas22
En opinión de mujeres indígenas eruditas entrevistadas por el equipo, la situación de
pobreza y opresión de las mujeres indígenas es un obstáculo importante para su
emancipación y participación en los procesos de toma de decisiones. Debido a la falta de
oportunidades educativas y al analfabetismo, las mujeres a menudo carecen de confianza
en sí mismas y autoestima y son subestimadas por los varones. Su participación también
se ve obstaculizada por sus tareas domésticas y reproductivas, así como por su
dependencia económica de los varones. Aquellas que logran asumir un papel activo
suelen ser discriminadas en los espacios locales políticos y de participación, tales como
los consejos municipales de desarrollo rural (COCODES) y las organizaciones y proyectos
de carácter mixto (que involucran a hombres y mujeres).
En las comunidades indígenas, las mujeres a menudo deben pedir permiso a sus esposos
para participar en las reuniones de la comunidad. Las que defienden sus derechos son
vistas como si minaran los valores y estructuras familiares tradicionales. Corren el riesgo
de convertirse en ovejas negras de la familia y de tener que enfrentar la violencia
doméstica. La violencia contra las mujeres, que en años recientes se ha intensificado, las
disuade de participar de manera activa en la vida pública. Pese a esta situación, fuentes
de información que a su vez son mujeres indígenas, coinciden en que ha habido avances
en el sentido de que se aprecia un decidido aumento en el número de mujeres (indígenas)
que ocupan cargos públicos y de liderazgo. Trabajando en alianza con organizaciones de
mujeres, las mujeres indígenas que ocupan cargos en el Gobierno han desarrollado una
agenda común y han logrado poner en la agenda y en el presupuesto gubernamental el
tema de sus derechos. Una contraparte de Hivos explica que las mujeres indígenas que
llegan a ocupar cargos públicos tienen que lidiar con un sistema de gobierno que es de
índole tradicionalmente sexista, patriarcal y racista; esto provoca en algunas de ellas crisis
personales, por lo que resulta importante que ellas cuenten con el acompañamiento de
organizaciones de mujeres (indígenas). En opinión de una mujer intelectual involucrada en
la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), el sistema político guatemalteco está
sumamente predeterminado, lo cual hace urgente que los esfuerzos de las organizaciones
de mujeres indígenas y de las instituciones (como la propia DEMI) se centren en los
negó a aceptar el programa argumentando que debilitaría el poder de negociación de las organizaciones
campesinas con respecto al Gobierno, otra OSC aceptó la oferta porque, según argumenta, esta
respondía a las necesidades de las comunidades que la conforman.
21 Se consideran de particular importancia los elementos de la política que buscan limitar la concentración
excesiva de la propiedad – incluyendo la redistribución de tierras ociosas y el desarrollo de modos
alternativos de resolución de conflictos sobre la tierra–; también habla de proteger a las comunidades
indígenas para que no sean desalojadas de las tierras de las que dependen para su subsistencia (ACNUR
2009).
22 Una limitación en esta sección es que el equipo no logró concertar una entrevista grupal con alguna de
las comunidades beneficiarias de la antigua contraparte de Hivos Kaq’la.
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problemas más urgentes para ellas, como por ejemplo la soberanía alimentaria y la
desnutrición, el acceso a la educación bilingüe, la atención de la salud para sus
congéneres y la violencia de género. A este respecto, agrega, las organizaciones de
mujeres indígenas y no indígenas deben tomarse más tiempo para intercambiar sus
experiencias, desarrollar agendas comunes y unir esfuerzos para resolver estos
problemas.
Hay un campo en el que esto ya se está dando. Las fuentes de información entrevistadas
anotaron que las mujeres indígenas que se encuentran en el Congreso conformaron una
alianza con sus colegas ladinas, con miras a impulsar una reforma a la Ley de Elecciones
y Partidos Políticos (Decreto 1-85). Juntas organizaron una bancada legislativa (20
legisladoras), la cual realiza ya un cabildeo activo para la inclusión de un artículo sobre los
criterios para la igualdad racial y de género que involucran la adopción de una cuota de
30% de mujeres en el Congreso, cuota que se dividiría entre las mujeres mayas y las
ladinas. 23 Dicha bancada considera que tales medidas de acción afirmativa son necesarias
para acelerar la transformación estructural en las relaciones de género dentro del
Gobierno. El tema es controvertido, pero las mujeres esperan que en algún momento
pueda reformarse la ley. En este sentido, ellas toman valor a partir de la experiencia
obtenida con el cabildeo por la adopción de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de
Violencia contra la Mujer, adoptada por el Congreso en abril de 2008 (Decreto 22-2008).
Tanto fuentes de información entrevistadas como contrapartes de Hivos hacen hincapié en
que esta ley es de suma importancia en la lucha contra la violencia de género. Sin
embargo, como quedó claro a partir de varias entrevistas, la cooperación entre
organizaciones de mujeres indígenas y no indígenas no está exenta de dificultades.
Lideresas de Moloj, así como otras intelectuales indígenas, consideran que las mujeres
indígenas han sido discriminadas en la política por el movimiento de mujeres (feminista)
ladinas, el cual no ha comprendido la importancia para ellas de tener una voz propia y
enfatizar su identidad indígena. Están cansadas de que sus congéneres ladinas las
representen falsamente en las organizaciones y entidades gubernamentales, en ocasiones
desplegándolas en marchas de protesta por los derechos de las mujeres y utilizando su
imagen en campañas visuales.
El acceso a los espacios políticos debe ser igual para las mujeres ladinas y las indígenas,
subrayan. En su opinión, uno de los argumentos usados por las mujeres ladinas para
excluir a las indígenas es que habría menos profesionales experimentadas entre ellas. De
acuerdo con Moloj, hoy en día ya ese no es el caso: hay una cantidad significativa de
mujeres indígenas con una educación superior y experiencia relevante en cargos
gubernamentales y en OSC, algo que se menciona como uno de los cambios positivos
experimentados durante los últimos años. La organización subraya la importancia de la
presencia de mujeres indígenas dentro y fuera del Gobierno, ya que al interior del
movimiento de mujeres (feminista) hay todavía pocos espacios desde los cuales las
mujeres indígenas pueden tener una voz propia. Las defensoras de los derechos de las
mujeres que trabajan en Moloj también han experimentado, y todavía experimentan con
frecuencia, dificultades en las organizaciones indígenas de género mixto. Históricamente
dominadas por los varones, su dirigencia tradicional se mostró poco comprensiva por la
posición de sus colegas mujeres en lo que respecta a la emancipación femenina dentro de
sus propias estructuras, partiendo del argumento de que ello ocasionaría divisiones
internas y debilitaría al movimiento indígena. Estas organizaciones de género mixto no han
logrado reconocer hasta qué punto están permeadas por el sexismo ("machismo") y cómo
han utilizado su sistema de creencias para perpetuar la exclusión de las mujeres de la
toma de decisiones.
En una nota más positiva, Moloj menciona en particular su participación en una plataforma
de mujeres indígenas, el Comité Coordinador de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinka,
23 Las mujeres indígenas que ocupan cargos públicos y quienes trabajan en organizaciones de mujeres
han criticado a la Administración Colom por incumplir su promesa de campaña de designar a un mayor
número de mujeres en cargos públicos.
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establecido en 2006 como resultado de los esfuerzos de mediación de la DEMI. 24 Dicho
comité elaboró la Agenda Articulada de las Mujeres Indígenas, que reúne diferentes
demandas y propuestas de organizaciones de mujeres indígenas y llama al Gobierno a
abordar de manera efectiva las necesidades específicas de esta población, en particular
en el campo de la violencia doméstica, la atención de la salud, la seguridad y la
reparación.
En 2007 la SEPREM (Secretaría Presidencial de la Mujer) evaluó su política (Política
Nacional para Desarrollo y la Promoción de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad
de Oportunidades) y concluyó que no había prestado suficiente atención a la posición de la
mujer indígena en particular, por lo que decidió adoptar integralmente la Agenda Articulada
de las Mujeres Indígenas dentro de su nueva política. Si bien Moloj considera que esto es
un avance importante, a la vez subraya la necesidad de crear una auditoría social para
supervisar la implementación de la agenda por parte del Gobierno. 25 Ambas mujeres
indígenas entrevistadas y las organizaciones que las apoyan (Kaq’la y Moloj,
respectivamente) coinciden en cuanto a que las organizaciones de mujeres indígenas
deben desempeñar un papel importante dentro del movimiento indígena en general. Tanto
ellas como otras fuentes de información entrevistadas consideran que las organizaciones
de mujeres indígenas han contribuido de manera significativa a hacer conciencia para que
sus congéneres perciban de manera crítica los efectos de la conducta machista y el papel
de la mujer indígena en la cultura de sus pueblos (mayas). Asimismo, sus esfuerzos han
ampliado la capacidad de las mujeres indígenas de pensar de manera crítica con respecto
al Estado, la sociedad y el movimiento indígena en lo que respecta a cómo estos se
relacionan, valoran y representan a la mujer indígena. Si bien la participación de las
mujeres indígenas en Guatemala ha crecido de manera significativa durante los últimos
años tanto en el ámbito local como en el nacional (en la sociedad civil y en los procesos
democráticos), es mucho el trabajo por hacerse.
Organizaciones de mujeres indígenas críticas en cuanto a las políticas, programas e
instituciones gubernamentales
Moloj adopta una posición crítica hacia el trabajo de la DEMI, dependencia que considera
ha hecho pocos avances para reparar las injusticias cometidas contra las mujeres durante
la guerra civil. En efecto, la DEMI no ha podido presionar al Gobierno para que avance en
la implementación de su Programa Nacional de Resarcimiento, el cual no está libre de
problemas ni de críticas.
En opinión de la AJR (Asociación para la Justicia y la Reconciliación, que trabaja
conjuntamente con el CALDH), hay mucho trabajo por hacer en el campo del
acompañamiento psicosocial y legal para las mujeres indígenas sobrevivientes de la
violencia sexual durante el conflicto interno (Véase también Isaacs 2006). Moloj sostiene
también que la DEMI no ha ha hecho un trabajo muy eficaz de coordinación y mediación
entre las organizaciones de mujeres y otras entidades gubernamentales. Las contrapartes
de Hivos y fuentes de información entrevistadas se oponen a los planes del Gobierno de
fusionar las instituciones estatales que ven la temática indígena (CODISRA, DEMI y
FODIGUA) en una única secretaría para los pueblos indígenas. Mientras que el Gobierno
argumentaría que esto es necesario para organizar y articular de manera más efectiva sus
esfuerzos dirigidos a esta población, consideran que la verdadera motivación es la
introducción de recortes presupuestarios y temen que la fusión potencial amenace aún
más la visibilidad de los temas de la mujeres indígena.
24 En septiembre de 2006 la DEMI organizó la Conferencia de Mujeres Indígenas, la primera de su tipo en
Guatemala. El comité coordinador fue el resultado de esta conferencia (Diario de Centroamérica
06.09.09).
25 DEMI, SEPREM, ALMG y otras instituciones gubernamentales que trabajan sobre la situación de la
mujer indígena.
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4. Valoración de los cambios
En este capítulo se valoran y se describen los cambios esbozados en el Capítulo 3, en
términos de su relación con las cosmovisiones, valores e identidad de los PI; la
marginación y la inclusión en el desarrollo; la autodeterminación y la representación; la
posición de las mujeres indígenas; y la asimilación forzada e integración de dichos pueblos
a la sociedad guatemalteca.
4.1 Cosmovisiones, valores e identidad
Aunque el sentido de identidad indígena es todavía fuerte entre los pueblos mayas de
Guatemala, la pobreza generalizada, la marginación (analfabetismo) la exclusión política y
la violencia y la falta de conciencia sobre sus derechos, son todos factores que presionan
las identidades indígenas y la autoestima cultural. La migración hacia los EE.UU. y las
ciudades afecta de manera adversa la cohesión social y las estructuras de autoridad en las
comunidades indígenas, y esto obstaculiza de manera importante un desarrollo sólido de
organizaciones de base comunitaria. La migración y la urbanización entre las comunidades
indígenas exacerban la diferenciación económica, conducen a la pérdida de sus lenguas y
están modificando sus cosmovisiones y perspectivas sobre el futuro. El Estado no
promueve la cultura indígena mediante políticas específicas.
Por otra parte, también se aprecian algunos cambios positivos: en algunas comunidades y
regiones indígenas ha habido un rescate notable de las costumbres espirituales y
culturales, que desde los Acuerdos de Paz pueden practicarse (y están siendo
practicadas) con mayor apertura otra vez. Además, el movimiento indígena –hasta hace
poco fragmentado y a menudo elitista– ha emprendido un proceso de autoexamen crítico,
en donde líderes e intelectuales indígenas han comenzado a evaluar sus actuaciones y
estrategias pasadas. Asimismo, el contexto de los cambiantes valores e identidades
culturales abre un espacio para actitudes cada vez más críticas hacia los aspectos
negativos de las sociedades indígenas, en especial en lo que respecta a las prácticas de
discriminación y opresión hacia la mujer.
4.2 Marginación e inclusión en el desarrollo
En general, la situación de pobreza entre los PI se ha agravado en Guatemala. En este
sentido, la falta de acceso y la inseguridad en cuanto al derecho a la tierra es uno de los
problemas centrales que enfrentan y una fuente importante de conflictos. Los programas
de reforma agraria asistida por el mercado han tenido un impacto mínimo. Pocas familias
indígenas son propietarias formales de tierras, y las comunidades se encuentran en peligro
de ser desplazadas por terratenientes no indígenas y proyectos de desarrollo de inversión
en gran escala sobre los cuales estas comunidades no son consultadas. Contrario a lo que
establece el C169 de la OIT, el Gobierno todavía no reconoce los derechos colectivos a la
tierra de los PI. La pobreza también ha crecido como consecuencia de la actual crisis en el
sector agrario; comenzando con el colapso en los precios del café en 2001 y exacerbada
por los efectos de los tratados de libre comercio y la desregulación económica, lo cual ha
reducido las oportunidades y los niveles salariales, así como la degradación ambiental y
los desastres naturales como sequías y huracanes (el último de ellos fue Stan en 2005).
Para las comunidades indígenas y campesinas pobres esto ha traído consigo una mayor
marginación con respecto a los medios de vida. Pese a las repetidas promesas de los
gobiernos, la prestación de servicios básicos por parte del Estado a la población rural, y en
particular a las comunidades indígenas, no ha mejorado de manera significativa, de forma
que en muchas regiones aisladas del país el Estado continúa ausente. De cara a la
pobreza extendida en todo el país, los programas de inversión social recientemente
emprendidos por la administración Colom (2008-) no son más que paliativos. Además,
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estos programas no aplican un enfoque diferenciado hacia los pueblos indígenas, esto es,
no son culturalmente apropiados.
La continua exclusión de los PI del desarrollo constituye un serio impedimento para un
desarrollo sólido de las organizaciones comunitarias y de movimiento indígena unido y
maduro que sea capaz de defender los derechos de sus pueblos.
4.3 Autodeterminación y representación
Fuerzas políticas conservadoras continúan bloqueando el acceso de las comunidades
indígenas a participar en la política nacional y en la formulación de leyes. Esto se debe en
gran parte a que el Estado es dominado por las élites y los intereses empresariales,
situación que persiste desde que se fundó la nación. Debido a la presencia limitada y a la
representación independiente de los pueblos indígenas en el Congreso, representantes de
los partidos políticos que se oponen a la implementación de sus derechos bloquean
estructuralmente la legislación que los favorezca. Además, en años recientes el Estado ha
quedado preso de estructuras paralelas de poder clandestino (tales como carteles de
narcotráfico, paramilitares, pandillas, etc.), con efectos todavía más adversos sobre la
capacidad de influencia y el poder ciudadano. Asimismo, resulta particularmente
problemática la falta de acceso a la justicia por parte de la población indígena. Debido a la
corrupción y al clientelismo, el sistema judicial guatemalteco es prácticamente
disfuncional, lo cual se traduce en situaciones en las que en especial las comunidades
indígenas y pobres se ven enfrentadas a la impunidad (por ejemplo, en el caso de los
desalojos violentos de las comunidades de sus tierras o de la violencia contra mujeres
indígenas). Aunque con la implementación de leyes de descentralización en algunas
partes hay una mayor participación de las comunidades indígenas y rurales en el gobierno
municipal, la influencia de los consejos de desarrollo recién instituidos se encuentra en su
mayor parte limitada y estos procesos por lo general relegan a las estructuras tradicionales
de autoridad indígena. Como resultado de todos estos factores, las comunidades
indígenas continúan quedando excluidas de la toma de decisiones sobre los temas que
determinan la dirección de su futuro, minando sus probabilidades de autodeterminación.
Desde un punto de vista positivo, un movimiento indígena sólidamente emergente que
pone resistencia a los proyectos de desarrollo en gran escala en un esfuerzo por defender
sus medios de vida y su futuro (minería, plantas hidroeléctricas, agroindustria y otros
megaproyectos), hoy en día está congregando y unificando a las comunidades en torno a
una causa común, además de generar una mayor conciencia política y legal y mayores
demandas por una sociedad más inclusiva y democrática.
4.4 Posición de las mujeres indígenas
La feminización de la pobreza, la continua discriminación y opresión y la violencia contra
las mujeres indígenas continúan impidiendo su participación y representación en el ámbito
político, económico, social y cultural. El empoderamiento de la población femenina se ve
obstaculizado además por la falta de acceso a oportunidades de educación formal y de
alfabetización, lo cual a menudo resulta en una baja autoestima. Asimismo, el machismo
presente en la sociedad en general, y también en el contexto de las prácticas culturales y
creencias indígenas, limita la participación femenina más allá del ámbito doméstico y en el
campo económico y productivo. Las mujeres indígenas que luchan por sus derechos e
incursionan en esferas no tradicionales suelen topar con una reacción violenta de parte de
la sociedad y de los varones dentro de su propia cultura.
A pesar de esto, el apoyo para organizarse en pro de los derechos de las mujeres
indígenas comienza a mejorar la posición de esta población, la cual ha ampliado su
participación y representación en las OBC y en las OSC.
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Asimismo, hay más mujeres indígenas que han asumido cargos públicos u oficiales, lo cual
les permite influir en las decisiones y políticas gubernamentales y actuar en defensa y
representación de otras mujeres y pueblos indígenas.
Sin embargo, estas mujeres todavía enfrentan muchos obstáculos y dificultades para
hacerse paso dentro de los sistemas políticos, los cuales son sistemáticamente racistas y
sexistas y dan muestras de resistencia a que ellas se involucren. Pese a las
colaboraciones entre las organizaciones de mujeres indígenas y el movimiento indígena en
general, los derechos de las mujeres todavía no ocupan un lugar importante en la agenda
de las organizaciones de género mixto, y todavía son pocas las organizaciones de
mujeres.
4.5 Asimilación e integración forzada
Aunque en Guatemala ya no existe una política oficial de integración dirigida a los PI, la
integración forzada todavía ocurre de maneras sutiles e indirectas. El Gobierno se muestra
renuente a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, tanto en el campo
político como en el económico (por ej., al territorio y a la autoridad indígena). Además,
mientras que el Estado promueve de manera superficial expresiones folclóricas de la
cultura indígena, sistemáticamente deja de tener en cuenta las necesidades e intereses
especiales de estos pueblos en la elaboración de sus diversas políticas y programas
sociales (por ej., educación bilingüe, cuidado tradicional de la salud, aspiraciones
indígenas al desarrollo) las cuales en términos generales no se diferencian en su enfoque
hacia las poblaciones indígenas y no indígenas y las obligan a renunciar a su identidad
étnica para acceder a estos programas. La combinación de estos factores en la práctica da
como resultado una asimilación forzada de facto.
5. Contribución de las intervenciones para generar los cambios
En esta sección se exponen las intervenciones hechas por las contrapartes de Hivos
seleccionadas para esta evaluación y se valoran sus contribuciones a los cambios en la
situación de los PI en Guatemala durante los últimos diez años aproximadamente, y se
incluyen además los efectos directos no buscados de tales intervenciones. Tal valoración
se hace con base en el análisis e interpretación de diversos documentos de proyectos
hechos por parte del equipo de este estudio, así como entrevistas al personal a cargo de
los proyectos, poblaciones beneficiarias, expertos nacionales y otras fuentes de
información (trabajo de campo). Los documentos de proyectos incluyen informes de
avance (informes narrativos anuales), valoraciones de resultados (valoraciones
organizacionales), y en algunos casos, evaluaciones externas ya sea de proyectos
específicos o del trabajo general de las contrapartes.
Debido al alcance de la evaluación y a las actividades llevadas a cabo durante el periodo
evaluado, resulta difícil determinar los impactos de las intervenciones (definidos como
cambios de largo plazo en la vida de las poblaciones beneficiarias). Sin embargo, se
incluyen los resultados y efectos directos establecidos a partir del análisis de diversas
fuentes de datos recopilados por el equipo.
Si bien los proyectos seleccionados para esta evaluación abarcan cinco ámbitos de política
sectorial de Hivos, 26 para efectos de este estudio las intervenciones de las contrapartes se
clasifican en tres tipos, con miras a apoyar el análisis comparativo con otros estudios: (1)
alivio directo de la pobreza; (2) fortalecimiento de la sociedad civil; y (3) incidencia en las
políticas. Debido al énfasis de Hivos en el fortalecimiento de capacidades organizacionales
y el desarrollo institucional de sus contrapartes, se hace referencia a las actividades
26 (a) Derechos humanos y democratización; (b) producción sostenible; (c) género, mujer y desarrollo; (d)
VIH/SIDA y (e) TIC y medios de comunicación.
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globales que abarcan a toda una organización que en ocasiones fueron financiadas de
manera explícita por Hivos, aunque fueran implementadas por la contraparte durante el
periodo del contrato del proyecto financiado por la agencia. Varias contrapartes llevaron a
cabo intervenciones de más de un tipo. Hivos le da prioridad al género, que es un tema
transversal y promueve la incorporación del enfoque de género en todos los proyectos que
financia. Entre las intervenciones financiadas durante el periodo 2003-2008 que han
contribuido a los cambios positivos antes mencionados cabe destacar las siguientes:
5.1 Alivio directo de la pobreza
Mejoras en la producción agrícola y en el acceso a los créditos y mercados. A través
Mejoras en la producción agrícola y en el acceso al crédito y a los mercados. A
través de su apoyo a la organización de productores de segundo grado Manos
Campesinas, Hivos ha contribuido a la recuperación de los niveles de producción del
café de las comunidades indígenas después de los efectos devastadores del huracán
Stan en el año 2005 en la producción y exportación de productos agrícolas. Mediante
la asistencia técnica de la organización a la aplicación de destrezas y técnicas
innovadoras, los grupos indígenas lograron un aumento en sus niveles de producción.
Asimismo, durante el periodo evaluado, 100% de la producción cafetalera apoyada por
Manos Campesinas fue convertida de los métodos de producción convencional a los
de producción orgánica.
La integración de los grupos de productores a Manos Campesinas ha sido una
garantía para el mantenimiento de la producción en los años de crisis del café. Pese al
hecho de que Manos Campesinas no ha evaluado formalmente los impactos de su
labor en el bienestar global de las familias productoras (aproximadamente 1.200) a
través de los procesos de planificación, monitoreo y evaluación se puede valorar que
las actividades productivas mencionadas han contribuido al desarrollo de la capacidad
de gestión y liderazgo en el seno de los grupos de productores, que han resultado más
fortalecidos. A su vez, esto ha contribuido reforzar su posición con respecto a las
agencias y actores externos.
Manos Campesinas facilitó el acceso de las comunidades campesinas al crédito pre-
cosecha brindado por las instituciones internacionales de crédito Ecologic y el BID,
reduciendo de este modo su dependencia de los compradores intermediarios de café.
La organización facilitó también las capacitaciones dirigidas a los grupos de
productores de café en materia de normas y estándares de producción relacionados
con la acreditación y certificación. Además, apoyó a los productores para que
recibieran la certificación de agricultura orgánica por parte de Mayacert así como una
licencia de exportación de Flo International, y ha logrado captar un nicho de mercado
para los agricultores. Estos logros han ampliado el acceso de los productores
cafetaleros a nuevos mercados, ya que actualmente exportan a los Estados Unidos y
Alemania.
Cuidado de la salud. La contraparte de Hivos IDEI (Asociación de Investigación,
Desarrollo y Educación Integral) coordinó con los hospitales regionales para mejorar el
acceso de los grupos discriminados, por ejemplo personas indígenas que viven con
VIH/SIDA (PVVS), a los servicios especializados de atención de la salud, y para
mejorar el registro de casos de contagio con el VIH/SIDA. Asimismo, ha mejorado el
acceso a la educación sobre métodos de prevención de esa enfermedad con diversas
poblaciones en las zonas geográficas en las trabaja.
Los efectos directos del apoyo de Hivos para el alivio directo de la pobreza pueden
resumirse de la siguiente manera:
• Mayores niveles de producción y un 100% de conversión a la producción
orgánica
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• Fortalecimiento de los grupos de productores y mejores eslabonamientos de
mercado con nuevos mercados/nichos, por ejemplo café orgánico y comercio
justo de la producción cafetalera.
• Mayor conciencia sobre el VIH/SIDA y un mejor acceso a los cuidados
especializados para las PVVS.
5.2 Fortalecimiento de la sociedad civil
Fortalecimiento de capacidades locales y de la capacidad de gestión. El énfasis
de Hivos en el desarrollo de capacidades consta en muchos de los proyectos
analizados que se concentran en el fortalecimiento de las organizaciones y en la
capacitación de líderes indígenas en el ámbito comunitario y nacional. Las
intervenciones de su contraparte CONIC (Coordinadora Nacional Indígena y
Campesina) incluyeron el fortalecimiento político de las organizaciones indígenas de
base comunitaria y, recientemente (2008-09), el establecimiento de consejos
indígenas regionales (departamentales), que han contribuido a la consolidación de
CONIC como una organización de membresía que opera en el ámbito nacional.
CONIC afirma que existe una mayor conciencia de la identidad y derechos indígenas y
que las comunidades han fortalecido a sus organizaciones. Pese a estos avances, la
organización no ha logrado incluir el tema de los derechos colectivos de los PI a la
tierra en la agenda pública, en parte debido a que trabajan pragmáticamente a través
del Fondo de Tierras, en lugar de desafiar el hecho de que ello perpetúa el
endeudamiento de los pueblos indígenas y de la población en general.
Otra contraparte, CALDH (Centro de Acción Legal en Derechos Humanos) ayudó a las
comunidades indígenas en el establecimiento de redes de observatorios y defensores
de derechos humanos, con el resultado de una mejora en la capacidad para
monitorear y defenderse de las violaciones de derechos humanos. Así, las
comunidades en el área de Chortí manifestaron sentirse nuevamente más arraigadas
a sus tierras comunales y haber recuperado su conciencia y orgullo por su identidad
indígena, que habían perdido anteriormente. Además, afirmaron que ha existido otra
articulación notable del tejido social de las comunidades indígenas en el área de
Chortí; sus organizaciones de base comunitaria se han fortalecido. Asimismo, a través
de su participación en las sesiones de capacitación de CALDH para el desarrollo de
capacidades de solución de conflictos agrarios, estas comunidades han logrado que
sus tierras comunales sean demarcadas haciendo uso de la Ley del Registro de
Información Catastral (RIC). En un proyecto de colaboración, CALDH y CONIC
dirigieron sus esfuerzos al desarrollo de capacidades en las comunidades indígenas
en pro de la lucha contra las violaciones de derechos humanos y la impunidad a través
del desarrollo y aplicación de materiales de capacitación (folletos) en talleres de
concienciación sobre varios temas, incluidos los estándares de derechos humanos,
conflictos y derechos a la tierra, violencia contra la mujer y mecanismos de
discriminación y represión. Las comunidades indígenas que participaron en estas
actividades manifestaron que están en mejor capacidad para denunciar las violaciones
de derechos humanos, resolver los conflictos internos y defender sus derechos frente
a los intereses comerciales que amenazan su existencia.
Otros proyectos con un mayor énfasis local contribuyeron al fortalecimiento de las
capacidades de las personas que viven con VIH/SIDA para su participación en la
sociedad civil. En respuesta a la brecha de educación formal y TIC entre los pueblos
indígenas (en especial las mujeres) y el resto de la sociedad, Ajb'atz' Enlace Quiché
(Enlace Quiché) trabajó en el establecimiento de centros comunitarios para mejorar el
acceso y la educación sobre el uso de las TIC entre la población femenina. Enlace
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Quiché junto con su contraparte local, la asociación de mujeres indígenas ACMQ
(Asociación Coordinadora de Grupos de Mujeres de Base del Quiché) establecieron y
mantuvieron 18 centros comunitarios de capacitación tecnológica. En estos centros,
100 mujeres miembros de esa asociación recibieron capacitación en el uso de
herramientas interactivas y didácticas para actividades de fortalecimiento comunitario
e institucional. Las actividades realizadas tenían también como objetivo el uso de las
TIC para denunciar incidentes de violencia y abuso, al igual que la producción de
materiales audiovisuales por y para las mujeres indígenas sobre sus derechos. Las
participantes afirmaron tener un mayor conocimiento sobre los beneficios de la
tecnología en sus vidas, una mayor autoestima y un sentido general de sentirse parte
de los avances tecnológicos que experimenta la sociedad. Los cursos ofrecidos en los
centros locales culminaron con un reconocimiento formal en la forma de un diploma
escrito, que puede ayudar a las mujeres a obtener empleo. La participación de
indígenas jóvenes contribuyó a la sostenibilidad de estos esfuerzos ya que las
elevadas tasas de analfabetismo predominan entre las mujeres de mayor edad y este
puede resultar un obstáculo. A manera de crítica, ACMQ también señaló los
problemas (posiblemente arraigados en el machismo y racismo) entre su asociación y
la organización anfitriona (Enlace Quiché). De manera significativa, la valoración
organizacional (VO) también señala la falta de experiencia de Enlace Quiché en los
temas de género.
Mayor conciencia y capacidades de liderazgo. Otras actividades financiadas por
Hivos se concentraron en la concienciación sobre los derechos indígenas y la
capacitación para los líderes. Desde principios de la década del 2000, el Programa de
Derechos Indígenas (PRODEPI) de CALDH ha trabajado en la concienciación entre
las comunidades indígenas en el ámbito nacional y la capacitación de líderes
indígenas sobre las implicaciones del Convenio 169 de la OIT con una visión hacia la
construcción de un “Estado multiétnico y pluricultural”. Las mujeres que se
desempeñan en cargos oficiales o de liderazgo recibieron preparación para su trabajo
y deberes públicos por parte de la organización de mujeres indígenas Moloj. CNOC, 27
una red de organizaciones agrarias indígenas y no indígenas, organizó foros y
seminarios con miras a generar una mayor conciencia sobre los temas asociados a los
derechos laborales, “defensa territorial” ante la explotación comercial de recursos
naturales/minerales y la soberanía alimentaria (que se ve afectada por el CAFTA). 28
En estas actividades se garantizaba la participación femenina. También se publicaron
diversos folletos informativos que se utilizaron en actividades de difusión y
concienciación entre los componentes de las organizaciones miembro de CNOC. En
2009, los esfuerzos de CNOC contribuyeron al logro de un consenso sobre la
elaboración de una propuesta para una nueva política y ley de desarrollo rural integral.
Empoderamiento de las mujeres. Hivos ha apoyado el "trabajo autónomo" en
materia de género y empoderamiento de las mujeres (por ej. apoyo a las
organizaciones de mujeres indígenas u organizaciones intermediarias con un enfoque
explícito de género) y a los esfuerzos para incorporar dicho enfoque a las
organizaciones de género mixto, lo cual se ajusta a la política de GMyD de la agencia.
Tres de las nueve contrapartes analizadas tenían un enfoque explícito en el tema de
género y el empoderamiento de las mujeres indígenas (Kaq’la, Moloj y Enlace Quiché).
Kaq’la y Moloj son organizaciones de mujeres indígenas cuyo trabajo se enfoca en el
empoderamiento y en ampliar la participación de las mujeres indígenas en la
promoción de sus derechos, intereses e inquietudes con miras a mejorar su situación y
27
La relación con CNOC se suspendió gradualmente en el año 2007 tras 7 años de financiamiento de
Hivos.
28
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
Documento 093258
Estudio de caso sobre Guatemala 140610
32

posición en la sociedad. Kaq’la 29 ha trabajado con base en un "enfoque intersectorial"
con las mujeres indígenas para superar la opresión internalizada 30 y combatir la
discriminación en razón de su género, clase social, raza y pertenencia étnica, de
manera que puedan participar con mayor libertad en el ámbito político, social y
cultural. Al organizar grupos de discusión y talleres, ha involucrado a muchos hombres
y mujeres indígenas en procesos de sanación de la opresión, desvictimización y
empoderamiento de las mujeres participantes para que sean protagonistas y líderes
del cambio en sus vidas y en las vidas de los demás. Recientemente, ha comenzado
asimismo a trabajar directamente con las autoridades indígenas en las comunidades
rurales (por ej. líderes tradicionales, guías espirituales, comités de desarrollo) para
hacer mayor conciencia sobre los problemas de exclusión y discriminación que
enfrentan las mujeres, de manera que puedan promover la igualdad en el contexto de
su propia cultura y comunidades. Kaq’la ha aumentado la visibilidad de las
experiencias y realidades de las mujeres indígenas, al igual que sus cosmovisiones.
Los hombres se han vuelto más críticos del machismo presente en su cultura maya y
comportamiento y las autoridades indígenas han adquirido mayor conciencia del
importante papel que desempeñan las mujeres en la vida política, social y cultural y
han empezado a defender la igualdad de género, dando de esta manera mayor
legitimidad a su liderazgo.
Hivos ha trabajado de manera activa para instar a sus demás contrapartes a que
dirijan su atención a los temas de género en su trabajo con los PI (en particular
CALDH, CONIC, CNOC y Manos Campesinas). Para estas organizaciones de género
mixto (que incluyen y se enfocan en los hombres y mujeres), Hivos mantiene un
presupuesto de 15% como mínimo para actividades de proyectos sobre el tema del
género. No obstante, el proceso para incorporar el enfoque de género requiere
capacidades de alto nivel, recursos y conocimientos por parte de las contrapartes y
parece que, en el contexto guatemalteco, donde el comportamiento sexista o
machismo es bastante dominante y persistente, en especial entre los pueblos
indígenas, con frecuencia esta no es una tarea fácil (Esto también se evidencia en las
valoraciones periódicas y evaluaciones externas de Hivos.)
Los efectos directos del apoyo de Hivos para el fortalecimiento de la sociedad civil y el
empoderamiento de las mujeres pueden resumirse de la siguiente manera:
• Fortalecimiento de las organizaciones de pueblos y líderes indígenas en el ámbito
comunitario y nacional
• Mayor conciencia sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y una
mayor destreza para monitorear y defenderse contra las violaciones de los
derechos humanos y los conflictos agrarios
• Mayor acceso a la información, incluidas las TIC
• Mayor empoderamiento socioeconómico y conciencia sobre los temas
relacionados con los derechos de la mujer, los derechos laborales y la "defensa
territorial" ante la explotación comercial de los recursos naturales y minerales y la
soberanía alimentaria.
5.3 Influencia en las políticas
29
La relación con Kaq’la se suspendió gradualmente en el año 2009 tras 10 años de financiamiento de
Hivos.
30
En Guatemala, se considera que la "opresión internalizada" ha sido en general una consecuencia de los
traumas vividos durante el conflicto interno al experimentar y/o presenciar una violación, violencia extrema
y tortura, y se considera que es un serio impedimento para la participación de las mujeres en la sociedad
en su conjunto.
Documento 093258
Estudio de caso sobre Guatemala 140610
33

Incidencia en las políticas y leyes. Hivos ha financiado muchas intervenciones
relacionadas con la incidencia para lograr mejores políticas y leyes. CNOC encabezó
los esfuerzos de incidencia y el diálogo de políticas con los responsables de formular
políticas (por ej. el Congreso) y las instituciones gubernamentales, el cabildeo para la
reforma del Código de Trabajo y la nueva política de desarrollo rural integral.
Asimismo, organizó debates con la sociedad civil sobre temas de políticas en materia
de soberanía alimentaria, reforma agraria y registro de información catastral. CNOC
dirigió un esfuerzo concertado entre sus organizaciones miembro para elaborar una
propuesta para la reforma del Código de Trabajo, incluido un componente propiamente
de género, mediante la difusión de información y creación de consenso sobre el tema
entre las múltiples partes interesadas, incluidos los trabajadores y trabajadoras
indígenas del sector agrícola e industrial. También dirigió esfuerzos específicos
mediante el establecimiento de alianzas con líderes y autoridades indígenas; la
asistencia a personas de las comunidades indígenas al momento de presentar sus
denuncias de abusos y violaciones de los derechos laborales. 31 En el periodo 2004–
07, CNOC publicó y divulgó entre las organizaciones que aglutina muchas de las
propuestas en las que ha estado trabajando. Durante el mismo periodo, el Congreso
adoptó la Ley de Registro de Información Catastral y la Ley de Seguridad Alimentaria,
para lo cual CNOC realizó un cabildeo activo. La propuesta de reforma del Código de
Trabajo está todavía en proceso de elaboración (no está aún lista para ser presentada
ante el Congreso). A finales de 2008 y principios de 2009 una amplia coalición de
organizaciones agrarias y sociales en la que participó CNOC, presentó al Congreso
una propuesta de ley y política sobre desarrollo rural integral. La propuesta de política
fue aprobada por la Administración Colom según un acuerdo de gobierno de julio de
2009. El principal obstáculo para las propuestas de CNOC durante la Administración
Berger (2004–08), de tendencia conservadora, fue la falta de aliados en el Congreso
que las apoyaran; por su parte, la Administración Colom ha creado un nuevo espacio
para la negociación directa con el Gobierno sobre los temas.
En el contexto de su proyecto de colaboración KIEM (Tejiendo Redes Contra la
Impunidad), 32 CALDH y CONIC participaron en la elaboración y promoción de una
propuesta para una Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que
estaba dirigida al reconocimiento formal de tales derechos en Guatemala (esto es, la
implementación de las promesas incluidas en las Acuerdos de Paz). Muchas de las
comunidades que integran CALDH y CONIC fueron consultadas sobre la propuesta y
en el proceso se tornaron más conscientes sobre sus derechos. El proyecto de ley fue
presentado al Congreso en agosto de 2009 pero no ha sido incluido aún en la agenda
legislativa. Moloj (Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj) hizo cabildeo para que
se incluyeran los criterios sobre participación femenina en las propuestas para la
nueva Ley Electoral y facilitó la inclusión de las mujeres indígenas en las consultas
sobre la propuesta de ley. Además, esta se aunó a los esfuerzos por impulsar la
propuesta de la Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Otra parte del mencionado proyecto KIEM consistió en la preparación, principalmente
por parte de CALDH, de un caso emblemático, que abordaba las prácticas criminales e
irregularidades en los casos de desplazamiento de comunidades indígenas de sus
tierras tradicionales. Muchas de las actividades desarrolladas por KIEM, en particular
las intervenciones de incidencia, no fueron concluidas y requieren seguimiento a fin de
lograr el impacto previsto. Las investigaciones legales para el caso emblemático
fueron concluidas, pero no pudieron emplearse durante el plazo del proyecto, aunque
31 Existen informes de un aumento en los abusos de derechos laborales por parte de empresarios
agrícolas y compañías transnacionales (Valoración organizacional de Hivos 2004).
32 A través de la mediación de Hivos, el proyecto KIEM de CALDH/CONIC logró obtener financiamiento de
la Unión Europea.
Documento 093258
Estudio de caso sobre Guatemala 140610
34

existen planes para hacerlo más adelante con fines de negociación o litigio estratégico.
Si bien se ha logrado cierto progreso, muchas propuestas que son de suma relevancia
para los PI siguen bloqueadas por las fuerzas conservadoras de oposición en el
Congreso.
Influencia en las políticas por otros medios. Varias intervenciones de las
contrapartes estuvieron dirigidas a generar diálogo sobre políticas y ejercer presión
sobre el Gobierno mediante la organización de reuniones y seminarios internacionales
sobre temas específicos, que atrajeron la atención considerable de los medios de
comunicación y generaron mayor conciencia entre los participantes sobre sus
derechos. Tanto CALDH como CONIC son parte del Comité de Coordinación y
Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej (Waqib’ Kej en forma abreviada) y, en esta
condición, contribuyeron a la organización de la Tercera Cumbre Continental de
Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, que se llevó a cabo en Iximché,
Guatemala, en marzo de 2007, y al Encuentro Latinoamericano sobre Minería y
Derechos de los Pueblos Indígenas, durante el III Foro Social de las Américas, que se
llevó a cabo en Guatemala en octubre de 2008.
CONIC históricamente ha brindado acompañamiento político y legal a sus
comunidades miembro en su lucha por el acceso a la tierra y por la seguridad de la
tenencia de la tierra (reclamos de tierras y ocupaciones pacíficas). Desde 2005, la
organización ha participado también en la resistencia de las comunidades a las
industrias de extracción (minería, plantas hidroeléctricas y biocombustibles) que
invaden los territorios indígenas (por ej. en Huehuetenango, San Marcos e Izabal). A
través de sus esfuerzos de mediación en los conflictos entre comunidades indígenas,
propietarios y el Gobierno, ha contribuido a la resolución de conflictos en torno a la
tierra y la adjudicación de tierras a comunidades indígenas. De acuerdo con la
valoración organizacional de Hivos "ninguna otra organización agraria ha logrado
recuperar tantas tierras". CONIC mantiene una lista de la cifra de hectáreas adquiridas
desde el año 1996. Madre Selva 33 facilitó la organización de la resistencia de las
comunidades a la destrucción ambiental provocada por proyectos de desarrollo
comercial en gran escala (minería y plantas hidroeléctricas) al igual que la extracción
maderera ilegal en territorios indígenas. De este modo, la organización ha contribuido
(indirectamente) a la preservación del acceso de estas comunidades al agua y a un
medio ambiente limpio, que son requisitos indispensables para una producción
agrícola sostenible.
Moloj se concentró en la capacitación y acompañamiento para la participación política
de las mujeres indígenas, en especial a través de talleres de capacitación y asistencia
técnica para mujeres indígenas en cargos de poder político (por ej. investigaciones y
asistencia técnica para la congresista Otilia Lux). Otras actividades incluyeron la
participación de Moloj en estructuras del Estado-sociedad civil como es el caso de la
DEMI, en las cuales promovió las inquietudes y necesidades de las mujeres indígenas,
al igual que con su participación general en los esfuerzos de incidencia y cabildeo
sobre temas que afectan a los PI en general y a las mujeres en particular. Moloj
participó en la elaboración de una agenda colectiva de demandas ante la DEMI para la
defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Asimismo, la organización ofreció
capacitaciones a mujeres indígenas para su participación en los concejos de desarrollo
municipal y las prepararó para asumir cargos y desempeñar un papel en estas
estructuras. Moloj ejerció influencia en las instituciones gubernamentales y contribuyó
a mejorar las destrezas de las mujeres para participar en los espacios públicos y
estatales.
33 La relación con Madre Selva fue suspendida gradualmente en 2009, tras 10 años de financiamiento de
Hivos.
Documento 093258
Estudio de caso sobre Guatemala 140610
35

IDEI descubrió que existía un subreporte sobre la incidencia del VIH/SIDA en las
comunidades indígena, además de que la inscripción y los informes nacionales no
tomaban en cuenta la pertenencia étnica de las personas. Esto podría deberse en
parte al hecho de que hasta hace poco en Guatemala el VIH/SIDA no se consideraba
un problema entre los PI en vista de que supuestamente no incurrían en
comportamientos de alto riesgo. IDEI ha concentrado su atención en la necesidad de
abordar el tema del VIH/SIDA con un enfoque culturalmente sensible. La organización
ha brindado capacitación a trabajadores judiciales (Defensoría del Pueblo) para
plantear casos de discriminación de las PVVS (indígenas) mediante los canales
legales apropiados en el ámbito nacional. La organización ha instado también a los
jóvenes indígenas a que participen de manera activa en los llamados Parlamentos
Juveniles, que buscan tener influencia en las "comisiones intersectoriales" en el ámbito
municipal y departamental sobre temas del VIH/SIDA y educación en salud
reproductiva.
Las actividades de IDEI han ampliado la participación de los habitantes mayas
(jóvenes y PVVS) en la promoción de los derechos e intereses de las PVVS y en la
educación en materia de VIH/SIDA. Además, han planteado el tema del VIH/SIDA
desde una perspectiva indígena en los espacios locales, nacionales e internacionales
en los que participan. Asimismo, han aumentado la participación juvenil en espacios
públicos y les ha permitido desarrollar sus destrezas para expresar sus opiniones. La
capacitación de funcionarios y funcionarias del sistema judicial ha llevado a un
incremento en el acceso de las PVVS a los sistemas de denuncia de la discriminación;
los esfuerzos de educación de la juventud les han permitido mejorar sus destrezas
para monitorear el cumplimiento con los compromisos internacionales.
Los efectos directos del apoyo de Hivos en lo que respecta a la influencia en las
políticas pueden resumirse de la siguiente manera:
• Mayor conciencia y participación de las alianzas de la sociedad civil (hombres y
mujeres) en debates en torno a las propuestas de políticas y leyes
• Mayor mediación entre las comunidades indígenas, terratenientes y el Gobierno
para la resolución de conflictos asociados a la tierra y la adjudicación de tierras a
las comunidades indígenas, mayor resistencia entre las comunidades indígenas a
la destrucción ambiental
• Mayor capacidad de las mujeres indígenas para ejercer influencia en las
instituciones gubernamentales y lograr una incidencia más eficaz
• Mayor sensibilidad cultural y política para abordar y hacer frente al VIH/SIDA.
5.4 Efectos directos no buscados de las intervenciones
Si bien las organizaciones comunitarias indígenas tienen cada vez mayor conciencia
de sus derechos y han logrado participar en los procesos de toma de decisiones, al
mismo tiempo enfrentan un sistema político y de gobierno que les da poco espacio
para hacerlo, esto es, que mantiene sus características excluyentes y discriminatorias.
El Estado no aborda los problemas cada vez más apremiantes para los PI,
principalmente en el plano de proyectos de desarrollo invasivos y de la violación de los
derechos humanos, lo cual ha provocado un sentimiento de frustración y rechazo cada
vez mayor, y en la actualidad amenaza con radicalizar a las comunidades indígenas y
otros sectores de la sociedad civil. Es posible que esta sea una fase necesaria de
preámbulo a otra fase de verdadero cambio político en Guatemala.
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
36

Otra consecuencia no buscada de las intervenciones de desarrollo es el fenómeno que
los observadores denominan la “ONG-ización” de los movimientos indígenas y
sociales en Guatemala. Cantidades considerables de apoyo internacional para la
implementación de los Acuerdos de Paz de 1996 se tradujeron en una proliferación de
ONG que competían entre sí por los limitados recursos disponibles de la cooperación
al desarrollo. Como resultado, las ONG se han inclinado por ser egocéntricas y rendir
cuentas hacia arriba y no hacia abajo y a enfocarse en la meta superior de una
unificación estratégica en torno a temas fundamentales. Esta ONG-ización ha
exacerbado las divisiones culturales y políticas existentes entre las ONG y las OSC,
algunas de las cuales se originan durante el periodo del conflicto interno.
Hivos ha apoyado el trabajo de la organización de membresía CONIC, que ha
concentrado gran parte de su atención en ayudar a las familias indígenas a obtener
tierras a través del Fondo de Tierras. Al trabajar con un modelo de reforma agraria
asistida por el mercado, el Fondo obliga a los grupos indígenas a reembolsar el costo
de las tierras que les son adjudicadas. Debido a sus condiciones económicas
desfavorables, muchas de estas comunidades incurren en deudas que nunca podrán
cancelar. Por esta razón, otras organizaciones del movimiento agrario se oponen
abiertamente a este modelo de reforma agraria y luchan por un modelo alternativo de
reforma redistributiva. No obstante, en su análisis de la situación CONIC e Hivos están
convencidas de que la principal prioridad es ayudar a las comunidades sin tierra a
obtener acceso a la misma, y ambas organizaciones tienen grandes esperanzas de
que estas comunidades podrán más adelante cancelar estas deudas a través de una
acción directa y de la negociación con el Gobierno.
6. Sostenibilidad de los cambios
Durante el periodo evaluado (2003–08), Hivos hizo una inversión considerable (de
tiempo y dinero) en el fortalecimiento institucional de sus contrapartes para ayudar a
las instituciones a modernizar su organización interna, mejorar sus prácticas de
valoración de resultados y su planificación estratégica (mediante el apoyo a la
elaboración de planes multianuales). Hivos realizó esta tarea con el objetivo de
consolidar a sus organizaciones de contraparte e incrementar la eficacia de sus
actividades (Algunos buenos ejemplos son: CALDH, CONIC, Kaq’la y Manos
Campesinas.) Aunque estos esfuerzos no mejoran directamente la situación de los PI
(las poblaciones beneficiarias de las contrapartes), es probable que influyan de
manera positiva en la claridad de su enfoque (análisis de problemas) y la estrategia
relacionada con las actividades que lleva a cabo la contraparte (esto es, su
conveniencia) y por tanto lograr impactos más sostenibles.
Es claro que muchas de las actividades financiadas por Hivos de las ONG
intermediarias y las organizaciones indígenas de membresía han contribuido de
manera positiva al fortalecimiento y la capacidad de las organizaciones comunitarias
entre los PI, y por tanto al desarrollo de la sociedad civil en el ámbito de las bases. Sin
embargo, la sostenibilidad de esta contribución dependerá del grado de consolidación
y desarrollo de estas organizaciones comunitarias. A este respecto, el contexto político
actual en Guatemala es desfavorable en vista de la creciente criminalización de los
líderes indígenas y defensores de los derechos humanos por parte del Estado, lo cual
tiene un efecto adverso en la dirigencia y por consiguiente en la continuidad de estas
organizaciones. Este fenómeno afecta en especial a las comunidades involucradas en
la lucha por la obtención de tierras y/o la defensa de los recursos naturales ante los
proyectos de desarrollo en gran escala promovidos por el Estado.
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
37

Es posible que la solidez de las organizaciones indígenas de base se esté viendo
afectada por la situación de pobreza que enfrenta Guatemala. Además, en este caso
las perspectivas son desfavorables en el sentido de que la pobreza (la escasez de
tierra y la falta de oportunidades económicas) ha crecido en general entre la población
indígena. De acuerdo con fuentes de información entrevistadas, la migración
resultante principalmente de mujeres y hombres indígenas jóvenes hacia los Estados
Unidos o hacia las ciudades debilita aún más la continuidad de las organizaciones
comunitarias. Mientras el Estado niegue las aspiraciones de desarrollo de los PI, el
compromiso e identificación de la juventud indígena con las organizaciones de su
comunidad depende también en gran medida de si estas organizaciones logran –con
el apoyo de ONG intermediarias y organizaciones indígenas de membresía – ofrecer a
las personas y familias posibilidades de mejorar sus condiciones de vida mediante
proyectos alternativos de desarrollo (culturalmente apropiados).
En el pasado, organizaciones financiadas por Hivos que trabajan en el campo de la
incidencia y diálogo sobre políticas lograron resultados notables al plantear sus
demandas al Estado. Así, coaliciones de OSC han elaborado diversas agendas y
propuestas de políticas y de reforma legal en materia de derechos a la tierra para las
comunidades indígenas, seguridad alimentaria, desarrollo rural integral y derechos de
las mujeres indígenas. Sin embargo, realizar plenamente el valor de estos esfuerzos
depende en última instancia de que estas coaliciones logren que sus propuestas sean
aceptadas por los responsables de formular políticas o sean adoptadas en el
Congreso, y sean implementadas por el Gobierno. A este respecto, el equilibrio de
poder en Guatemala no es favorable, lo cual apunta a la necesidad de forjar alianzas
más sólidas y duraderas entre las OSC, que deben continuar luchando por el cambio
político, también a través de partidos independientes que participen en el proceso
electoral. Otro elemento que repercute en la sostenibilidad de las actividades de
incidencia en las políticas es la dependencia de las organizaciones (como la CNOC)
de los fondos de donantes.
Es probable que los resultados de las actividades realizadas por la contraparte Manos
Campesinas – y organizaciones similares de productores como AFEDOG (otra
contraparte de Hivos que trabaja con los PI, pero que no se incluyó en la presente
evaluación) – sean sostenibles en la medida que la organización logre una
independencia de las instituciones financieras para otorgar crédito a sus miembros
(grupos de productores) y encuentre mercados seguros para sus exportaciones de
café; Manos Campesinas ha hecho avances significativos hacia el logro de estas
metas. Esto se da en menor medida en el caso de la incidencia de IDEI para el
mejoramiento del cuidado de la salud y la educación sobre la salud de las PVVS y de
la juventud. Mientras la organización no logre que los gobiernos departamentales y
municipales reserven montos presupuestarios para la prestación de estos servicios
sus actividades solo podrán mantenerse con fondos provenientes de donantes.
Es incierto si los (supuestos) efectos indirectos de los esfuerzos de alivio de la pobreza
por parte de organizaciones como Madre Selva, CONIC y CNOC serán sostenibles. La
resistencia organizada contra el desarrollo en gran escala en las tierras indígenas
tendrá éxito únicamente para producir cambios sostenibles en la situación de los PI si
ellas logran negociar condiciones en las que estos proyectos se puedan ejecutar de
una manera sostenible que a la vez sea aceptable y rentable para las comunidades
afectadas. Si esto es posible desde el punto de vista técnico (por ejemplo, en el caso
de la minería), resulta probable en el corto plazo dada la falta de voluntad política del
Gobierno para consultar estos proyectos a las comunidades indígenas. En el caso de
la contribución de CONIC y CNOC a la lucha indígena por la tierra, esta depende de si
ambas organizaciones logran – junto con sus organizaciones miembro – incrementar
de forma sustancial el acceso de las comunidades a la tierra, y al mismo tiempo
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negociar las condiciones en las que los nuevos propietarios de estas tierras puedan
darles un uso productivo.
7. Influencia de la modalidad de apoyo de Hivos
7.1 Elección de las contrapartes
La cartera de contrapartes de Hivos que trabajan con los PI está bien equilibrada entre
las organizaciones que trabajan en el ámbito nacional, que cuentan con conocimientos
especializados, un enfoque y un tipo de intervención específicos (6 organizaciones); y
las organizaciones que tienen una mayor orientación regional y trabajan con
comunidades/grupos indígenas específicos (3 organizaciones). Las contrapartes que
trabajan con los PI abarcan en conjunto 5 de sus 7 sectores organizacionales, ámbitos
temáticos de política (Véase el Capítulo 5). De esta manera, Hivos logró una cobertura
nacional y un "abanico temático” adecuados.
Dentro del primer tipo, CALDH es una de las organizaciones de derechos humanos
más importantes y de mayor renombre en Guatemala, reconocida por su labor en la
lucha contra la impunidad y la discriminación (dos de los problemas más apremiantes
en el contexto guatemalteco). CNOC (relación suspendida gradualmente) es la
plataforma de coordinación más grande en el movimiento agrario guatemalteco, e
incorpora a 10 (ahora 7) organizaciones indígenas y de agricultores. CONIC es una de
las organizaciones indígenas más importantes del país y tiene amplia credibilidad
entre sus miembros (comunidades organizadas) en 16 de los 22 departamentos del
país. Kaq’la trabaja con mujeres indígenas principalmente de la capital, y aplica una
perspectiva intercultural reflexiva; Moloj aboga en el ámbito nacional por el
reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas y ayuda a las mujeres en
sus cargos oficiales de liderazgo. Dentro del segundo tipo, Enlace Quiché trabaja para
ampliar el acceso de los PI a las TIC junto con la asociación de mujeres mayas en la
región de Quiché. Manos Campesinas se unió a este esfuerzo y apoya a los grupos de
productores de café en todo el altiplano occidental, predominantemente indígena. IDEI
se concentra en particular en el tema del VIH/SIDA en los siete departamentos al
suroeste del país.
Tres de las contrapartes que trabajan con PI son organizaciones indígenas de
membresía (CONIC, Kaq’la y Moloj) – más que en otros países latinoamericanos
donde Hivos tiene presencia (entre los que destaca Bolivia, donde la agencia ya no
presta apoyo directo a las organizaciones indígenas). Otras intervenciones
relacionadas con los PI fueron realizadas por organizaciones de servicios u ONG no
indígenas en el ámbito nacional o regional que contribuyeron al desarrollo de
capacidades entre las ONG, grupos de productores u organizaciones de base en el
ámbito local (CALDH, Manos Campesinas, Madre Selva), y en algunos casos
brindaron conocimientos especializados específicos a estas organizaciones más
pequeñas (Enlace Quiché e IDEI). En su calidad de coordinadora, CNOC contribuyó a
la integración de diferentes organizaciones campesinas indígenas a una red nacional
de organizaciones agrarias. Aunque CALDH no es una organización indígena, la
coordinación de su Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas (PRODEPI) está
integrada en su totalidad por personas indígenas; la junta directiva de Manos
Campesinas está también integrada en gran parte por personas que se identifican
como indígenas. En definitiva, tomando en cuenta el contexto guatemalteco, donde la
sociedad civil es relativamente joven (es decir, se está recuperando de los efectos
devastadores del conflicto interno), la selección de contrapartes de Hivos parece ser
razonablemente eficaz en su acercamiento a los pueblos indígenas.
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De las contrapartes de Hivos visitadas por el equipo, siete organizaciones
concentraron sus intervenciones de manera explícita– aunque no siempre exclusiva –
en mejorar la situación de las comunidades indígenas; las otras dos (Manos
Campesinas y Madre Selva) lo hicieron de manera implícita en el sentido de que
trabajaron con las poblaciones indígenas pero no las caracterizaron como tales en sus
proyectos (por ej. las clasificaron en la categoría de comunidades “excluidas” o
“marginadas”). Solo tres organizaciones (CALDH, CONIC y Moloj) formularon los
objetivos de sus intervenciones en forma explícita desde la perspectiva de lograr la
implementación de los derechos colectivos especiales de los pueblos indígenas (Si
bien Kaq’la es una organización indígena, concentró sus intervenciones en los
derechos individuales de las mujeres indígenas). Cuando Hivos toma el Convenio 169
de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas como puntos de referencia para definir sus objetivos en materia de PI
(Véase el Capítulo 2), este último hecho es problemático ya que existe el riesgo de
que las contrapartes que no trabajan desde esta perspectiva puedan no tomar
plenamente en cuenta los derechos colectivos de los pueblos indígenas en las
actividades que llevan a cabo (Este ha sido el caso con el enfoque de CNOC para la
reforma agraria, que tampoco toma en cuenta lo suficiente el derecho fundamental de
los pueblos indígenas a territorios colectivos.)
7.2 Apoyo a la planificación, implementación, monitoreo y evaluación
En aras de honrar los principios de la asociación, las buenas prácticas de donantes y
la autonomía de sus contrapartes (Hivos 2004, pt2, p5), Hivos procura no imponer sus
criterios sobre políticas y por lo tanto en términos generales negocia los criterios e
indicadores para monitorear y medir los resultados (cambios) de forma que sean
adecuados a las necesidades especiales de la contraparte (estos son acuerdos
personalizados). Con respecto a los proyectos de Guatemala revisados en el marco de
este estudio, los OP regionales de Hivos hicieron una valoración de la organización
solicitante y su propuesta de proyecto mediante procedimientos estandarizados; en
caso de que las propuestas involucraran proyectos de seguimiento de una contraparte
establecida/histórica, se evaluaron también los resultados de las actividades
realizadas durante el proyecto anterior. Estas valoraciones al final incluían una lista de
indicadores y criterios de monitoreo que se aplicaban en el monitoreo y valoración del
producto, el efecto y el impacto de las actividades de las contrapartes detallados tanto
en los informes de avance como en los informes sobre la finalización del proyecto
(narrativos finales).
Durante el periodo que abarcó esta evaluación, la mayoría de las contrapartes
experimentaron al menos algunas dificultades durante el monitoreo y evaluación del
producto, el efecto y el impacto de su trabajo, y en algún momento durante el periodo
de su contrato recibieron asistencia de Hivos para establecer o mejorar sus sistemas
de PME. Esto se debe también a que Hivos confiere una alta prioridad al desarrollo
institucional de sus contrapartes (por regla general, la agencia requiere que uno de los
indicadores de resultados en cada proyecto sea sobre el nivel de desarrollo de la
calidad organizacional.) Las organizaciones indígenas de membresía han requerido un
acompañamiento y apoyo bastante intensivos en estos procesos debido a su
experiencia con los movimientos sociales (por ejemplo, CONIC, Kaq’la). En el caso de
ONG intermediarias más grandes o más establecidas, el apoyo era necesario debido a
la complejidad de proyectos o programas específicos que abarcan diferentes niveles
de actividad (por ejemplo, CALDH, Manos Campesinas); una organización de servicios
necesitó apoyo debido a cambios recientes en su organización interna (IDEI).
Durante los ciclos de proyectos, Hivos ofreció cursos de capacitación especiales para
la elaboración de marcos lógicos y a menudo ofreció acompañamiento a sus socios
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
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para la introducción de ajustes realistas a los indicadores y resultados esperados.
Algunas contrapartes recibieron apoyo del enlace local de Hivos y de la OR para
implementar un sistema estructurado de PME comenzando desde cero (CONIC,
Kaq’la y Moloj). Diferentes organizaciones recibieron ayuda para mejorar sus
indicadores de resultados para los programas o actividades temáticas (CALDH), o
recibieron apoyo de la OP regional de Hivos para el tema de género para el desarrollo
de indicadores que incorporaran el enfoque de género (CNOC, IDEI). Hivos aconsejó a
algunas de sus contrapartes aprovechar los indicadores para la elaboración de sus
informes de avance (CONIC, Enlace Quiché). En otros casos, les ayudó a mejorar sus
habilidades en el uso de indicadores cualitativos para valorar el impacto de las
actividades en la población beneficiaria (Manos Campesinas). En varios casos, los
procesos para mejorar la valoración de resultados entre las contrapartes se ejecutaron
con la participación de su población beneficiaria (CALDH, CONIC, Kaq’la).
Aunque los intentos de la institución por mejorar las prácticas de PME de sus
contrapartes en muchos casos han tenido efectos positivos, en algunos casos
continúan siendo una seria fuente de inquietud, en particular entre las OI. No obstante,
todo el personal entrevistado de las contrapartes visitadas valoró de manera
considerable el apoyo recibido y se mostró convencido del uso y la necesidad del
monitoreo y evaluación para mejorar la calidad y eficacia de su labor.
7.3 Comunicación entre Hivos y las organizaciones de contraparte
El personal de las contrapartes entrevistado expresó en general su satisfacción con la
comunicación electrónica con los oficiales de programa de la Oficina Regional (OR) de
Hivos en Costa Rica. Esta correspondencia suele involucrar comentarios sobre las
propuestas de proyectos y los informes narrativos anuales (INA), las reacciones por
escrito a los cambios propuestos en los planes estratégicos, memorandos enviados
con regularidad y cartas de seguimiento, así como otras comunicaciones periódicas.
La comunicación con Hivos ha sido valorada por sus contrapartes por:
• el carácter constante y franco de la comunicación;
• el nivel de confianza y solidaridad entre Hivos y la contraparte;
• la actitud flexible de Hivos y su anuencia a entender los cambios en el contexto;
• el respeto por las particularidades (dinámica) de los procesos internos;
• su énfasis en el fortalecimiento institucional, que facilita su crecimiento.
Además de una comunicación periódica vía correo electrónico, Hivos también realizó
un acompañamiento directo, a través de su persona de enlace, o bien de consultores o
consultoras contratados en Guatemala o durante las visitas al país de los y las
oficiales de programas provenientes de la Oficina Regional en San José. De acuerdo
con el enlace de Hivos, el nivel y la proximidad del acompañamiento de la agencia y su
relación con las contrapartes dependen del nivel de apertura y anuencia (necesidad)
de las contrapartes a contar con el apoyo de Hivos en áreas específicas de su trabajo
o funcionamiento. Por lo general, Hivos brinda más asesoría y apoyo cuando los
proyectos han sido más complejos y cuando las contrapartes solicitan de manera
explícita asistencia para fortalecer su funcionamiento interno, planificación estratégica
o sus procesos de monitoreo y evaluación (Fernández, entrevista el 30.11.09).
Por ejemplo, en el caso de CALDH Hivos prestó servicios de asesoría a la gerencia y
subgerencia sobre la solicitud de esa contraparte para organizar una reunión con sus
asociadas y emprender un balance sobre el plan estratégico de la organización.
Además, Hivos desempeñó un papel crucial de mediación entre CALDH, CONIC y la
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
41

UE antes y durante el proyecto KIEM. Con CONIC individualmente, Hivos ha
monitoreado de cerca y ha ofrecido su acompañamiento para la implementación de su
nuevo sistema de administración financiera y el proceso de regionalización territorial,
lo cual implicó la realización de giras de campo anuales por parte del Oficial de
Programa de la OR. En el caso de Manos Campesinas, Hivos medió en contactos con
CRECER, otra contraparte guatemalteca, mientras que con otras organizaciones ha
colaborado en la exploración conjunta de nuevas áreas de trabajo o la reorientación de
las prioridades estratégicas (Kaq’la, Moloj), o bien ofreciendo sugerencias para
introducir mejoras en las prácticas de MyE y la incorporación de las políticas de género
(Enlace Quiché, IDEI).
7.4 Papel de la red de contrapartes
Hivos no cuenta con una red formal de contrapartes ni tampoco fomenta de forma
activa el contacto entre ellas – excepto el (hasta ahora) único proyecto de colaboración
entre CALDH y CONIC, a saber el proyecto KIEM (2006-2009) – a través del cual
algunas de sus contrapartes se mantienen en contacto periódico.
Hivos (oficina de enlace) y sus contrapartes (que trabajan en temas de derechos
humanos) participan en la Plataforma Holandesa contra la Impunidad en Guatemala
(relacionada con FONGI, el Foro de ONG Internacionales que trabajan en
Guatemala). 34 En este contexto, Hivos ha realizado esfuerzos recientes para organizar
discusiones sobre la temática de los derechos humanos y los derechos indígenas
(Hernández, entrevista el 30.11.09).
La idea de un proyecto de colaboración entre CALDH y CONIC surgió de forma natural
de las actividades de acompañamiento institucional (planificación estratégica) que
Hivos (oficina de enlace) realizaba con sus dos contrapartes más estratégicas en
Guatemala. Había potencial para un aprendizaje mutuo y convergencia (sinergia) en
las actividades y planes de ambas organizaciones 35 (Hernández, entrevista el
30.11.09). Se dieron colaboraciones ocasionales entre otras contrapartes en el marco
de inquietudes específicas, por ejemplo la cooperación entre CONIC y Moloj para la
elaboración y promoción de una propuesta (proyecto de ley) para la Ley General sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas. CONIC, CALDH y Moloj son también miembros
de Waqib Kej, el Comité de Coordinación y Convergencia Nacional Maya. 36
De acuerdo con la propuesta de su contraparte estratégica CONIC, Hivos planea en la
actualidad un evento para el “intercambio de experiencias entre las nacionalidades
indígenas de Abya Yala” (Latinoamérica) en materia de estrategias para la
34 La Plataforma Holandesa contra la Impunidad en Guatemala, lanzada en 2001, es una iniciativa
conjunta de Impunity Watch, Solidaridad, Novib, ICCO, Cordaid e Hivos. Su objetivo es vincular los
esfuerzos de cabildeo en apoyo de las organizaciones de derechos humanos que abogan contra la cultura
y estructuras de impunidad en Guatemala. En el país, la Plataforma cuenta con un representante
designado que mantiene contacto y congrega a las organizaciones de derechos humanos, funcionarios
gubernamentales, así como la Embajada de los Países Bajos y otras embajadas de la UE (Véase:
www.hivos.nl/english/community/partner/10008652).
35 La idea surgió en torno al tema de la criminalización de la protesta social (impunidad); para Hivos, el
requisito de la DGIS (Dirección General de Cooperación Internacional de los Países Bajos) de 25% de
financiamiento externo era un incentivo para atraer fondos de la UE para el proyecto.
36 Waqib’ Kej es una organización indígena y campesina que desde 2003 trabaja “con el propósito de
coordinar la articulación de las luchas de los pueblos originarios” y busca lograr “el fortalecimiento de la
capacidad organizativa, partiendo desde lo comunitario y de acuerdo con nuestra filosofía y cosmogonía
maya”. (www.waqib-kej.org).
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Estudio de caso sobre Guatemala 140610
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incorporación de las demandas indígenas para que se reconozcan sus derechos
colectivos en los procesos de reforma constitucional. El objetivo es comparar las
experiencias de organizaciones indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil
apoyadas por Hivos en Guatemala, donde fracasó un intento de reforma constitucional
en 1999, con sus ‘homólogos’ en Ecuador y Bolivia, donde se implementaron reformas
constitucionales “exitosas” recientemente (CONIC, 2009; correspondencia por correo
electrónico con Van der Schoot del 07.01.10 y del 09.02.10).
8. Conclusiones
8.1 Valoración del papel de Hivos para reducir la injusticia estructural
entre los PI
Relevancia de la política de Hivos hacia los pueblos indígenas guatemaltecos
En relación con sus contrapartes que trabajan con los PI, Hivos ha aplicado
históricamente en Guatemala una política de apoyo a dichos pueblos en su condición
de “pueblos pobres y marginados”, o de “pueblos marginadas en razón de su raza o
pertenencia étnica”. En el periodo de 2003-08, la agencia buscó apoyar a las
organizaciones indígenas “en sus luchas por reivindicar sus derechos al territorio y
recursos naturales y por tener representación en los asuntos públicos y en su lucha
por el acceso a la información”, recurriendo de ese modo a convenios internacionales
(C169 de la OIT) y declaraciones sobre pueblos indígenas (ONU-DPI) para efectos de
referencia. De esta manera, Hivos ha buscado trabajar hacia su objetivo global de
contribuir a "una sociedad (mundial) pluriforme y democrática donde todas las
personas – mujeres y hombres – tengan los mismos derechos y oportunidades de
participar en los procesos de toma de decisiones que determinan sus vidas, y donde
se garanticen la justicia y el desarrollo sostenible". Al concentrar sus esfuerzos en
mejorar la representación de los intereses y la capacidad de reclamo y reivindicación
de los pueblos indígenas así como su capacidad para incidir en la toma de decisiones
sobre mejores políticas y legislaciones sobre temas de relevancia para ellos, Hivos ha
aplicado decididamente un enfoque de derechos para mejorar la situación de los
pueblos indígenas en Guatemala. Esta política es todavía muy pertinente en un país
donde las promesas contenidas en los Acuerdos de Paz no se han materializado,
donde la sociedad civil se recupera todavía de un largo historial de conflictos y
violencia (que están muy lejos de desaparecer), donde los pueblos indígenas sufren
todavía una pobreza generalizada y donde el poder establecido continúa obstruyendo
la implementación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las políticas
que favorezcan a los pobres.
En su trabajo con los PI guatemaltecos, Hivos se ha mantenido fiel a su política de
prestar especial atención a los grupos marginados dentro de las sociedades indígenas,
como las mujeres y personas estigmatizadas por tener VIH/SIDA (o por su orientación
sexual). Esto coincide con su intención, formulada posteriormente en lineamientos
informales de política para el trabajo con los PI, de luchar por la emancipación del
movimiento indígena en la sociedad y al mismo tiempo trabajar hacia los procesos de
emancipación al interior de dicho movimiento. Esta política es de suma relevancia en
un país en donde las mujeres indígenas todavía enfrentan una situación crítica de
desigualdad y de exclusión, en la sociedad en su conjunto y también en las
comunidades y organizaciones indígenas.
Eficacia al implementar la política
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Las actividades con pueblos indígenas guatemaltecos financiadas por Hivos han
hecho un énfasis considerable en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas
en el ámbito local y nacional y han contribuido de manera significativa al objetivo de
incrementar la capacidad de los pueblos indígenas para representar sus propios
intereses y plantear sus reivindicaciones ante el Estado, al igual que su capacidad
para incidir en la toma de decisiones para mejorar las políticas y leyes sobre temas de
relevancia para ellos. Las intervenciones de las contrapartes han derivado en una
mayor conciencia sobre temas legales y políticos entre las comunidades indígenas, de
manera que puedan expresar sus demandas por una sociedad más incluyente y
democrática, tanto en los espacios políticos locales como en las plataformas de
incidencia nacional en las que pueden participar; les han permitido desarrollar sus
destrezas para organizarse a fin de lograr un acceso a recursos materiales y
financieros, a los mercados y a conocimientos para generar ingresos. Además, las
comunidades han comenzado a reflexionar y definir lo que sería para ellas un
desarrollo culturalmente apropiado.
Por consiguiente, la implementación de la política de Hivos relativa a los PI en
Guatemala ha sido eficaz en el sentido en que una ampliación en las capacidades es
un primer paso importante para alcanzar una sociedad multicultural y democrática en
la que estos pueblos (tanto en lo colectivo como en lo individual y tanto mujeres como
hombres) puedan incidir en los procesos de toma de decisiones que determinan sus
vidas. Con el apoyo de las contrapartes de Hivos y otras organizaciones de la
sociedad civil, los PI han sido bastante eficaces al formular propuestas de reforma de
políticas y leyes en una amplia gama de temas, como los derechos a la tierra (reforma
agraria y la demarcación de las tierras indígenas comunales), seguridad alimentaria,
desarrollo rural integral y derechos de las mujeres indígenas. Sin embargo, esto dista
mucho todavía de garantizar la justicia y el desarrollo sostenible, y cabe señalar que
Hivos apoyó las intervenciones que han sido menos eficaces para garantizar que estas
propuestas de políticas y leyes sean adoptadas e implementadas.
Sostenibilidad
El trabajo de Hivos en Guatemala ha aumentado el potencial de las organizaciones
indígenas para mejorar la situación y las vidas de los pueblos indígenas. Sin embargo,
la sostenibilidad de esta contribución está determinada por la medida en que las
organizaciones indígenas puedan consolidarse y desarrollarse. Esto depende de hasta
qué punto estas logren – con el apoyo de otras organizaciones – ofrecer a las familias
indígenas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida dentro de sus
comunidades a través de proyectos de desarrollo alternativos (de preferencia
culturalmente apropiados). Esto hace que sea urgente para estas organizaciones
lograr resultados para ampliar de manera sustancial el acceso de las comunidades
indígenas a la tierra y para negociar las condiciones en las que los pueblos indígenas
puedan dar un uso productivo a estas tierras. Esto a su vez depende de si las
organizaciones indígenas – en coalición con otras organizaciones de la sociedad civil –
logran que los responsables de formular políticas acepten políticas y leyes que
favorezcan a los pobres y que sean adoptadas en el Congreso e implementadas por el
Gobierno. Esto apunta a la necesidad de forjar alianzas más sólidas y duraderas entre
las organizaciones indígenas y entre éstas y otras OSC, que deben continuar luchando
por el cambio político, a través de sus propios partidos independientes que participen
en el proceso electoral.
Género
Para Hivos, lograr una mayor igualdad de género ha sido un punto altamente prioritario
en su trabajo con los PI. En el periodo de 2003-08, 42% de los proyectos tuvieron un
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enfoque explícito en las mujeres indígenas, ya sea en su totalidad o con un
componente importante, mientras que en otro 37% se mencionaron los temas de
género en la descripción del proyecto. Las intervenciones de Hivos han contribuido a
una mayor inclusión y participación de las mujeres indígenas en sus comunidades y en
las organizaciones de membresía, así como ocupando cargos oficiales en el ámbito
nacional. No obstante, pese a estas mejoras la representación y participación de las
mujeres al igual que su protección contra la discriminación y la violencia, deja todavía
mucho que desear en Guatemala. Además, la incorporación del enfoque de género al
trabajo de las OSC indígenas y no indígenas ha resultado ser una tarea difícil en este
país y que está muy lejos de cumplirse.
8.2 Lecciones aprendidas
A partir de las experiencias de las contrapartes y de las entrevistas a las fuentes de
información, se hace evidente que la situación de los pueblos indígenas en Guatemala
puede mejorarse de una manera sostenible solo cuando el apoyo al trabajo de
diferentes organizaciones esté debidamente balanceado y sea complementario en
términos de los campos de trabajo/atención (áreas temáticas) y los tipos de
intervenciones (desarrollo de la sociedad civil, incidencia, diálogo sobre políticas y
alivio directo de la pobreza). Por consiguiente, para Hivos es importante garantizar –
por sí misma y en coordinación con otras ONG internacionales – la diversidad de su
cartera de contrapartes que trabajan con esta población.
El presente estudio indica que en Guatemala existe a menudo una rivalidad entre las
diferentes organizaciones de la sociedad civil, que es provocada por la competencia
por los fondos de donantes internacionales (además de antiguas disputas que se
originaron en el conflicto interno). De ahí que es primordial que Hivos elija contrapartes
que no rivalicen ni compitan entre sí – otra razón de la importancia de contar con una
cartera diversa de contrapartes – y que tengan la intención o potencial de involucrarse
en esfuerzos de colaboración mutua y/o trabajar de manera sinérgica con otras
organizaciones que no sean financiadas por Hivos.
En Guatemala es común encontrar una gran división y desconfianza entre las
comunidades indígenas (de diferentes pueblos o grupos étnicos) y sus organizaciones
de base, por un lado, y, en el ámbito nacional, los profesionales e intelectuales
indígenas (y no indígenas, ladinos) que trabajan en representación de ellas por otro
lado. A la luz de todos estos elementos, es importante que Hivos y otras ONG
internacionales elijan a las contrapartes que trabajen en diferentes niveles y escalas y
de esta manera puedan cerrar las brechas de información y confianza.
Apoyo a las contrapartes
La experiencia de trabajar con pueblos indígenas y sus organizaciones ha permitido
comprobar la relevancia de que las organizaciones de contraparte reciban un
acompañamiento directo en la mayor medida posible, con miras a mejorar sus
prácticas de monitoreo y valoración de resultados, así como para evaluar e introducir
constantemente ajustes a su estrategia de trabajo en función de contextos cambiantes;
esto con la finalidad de incrementar la eficacia y conveniencia de sus actividades. A
este respecto, las organizaciones indígenas de membresía continuarán requiriendo
una atención adicional, aunque se debe garantizar que estas cuenten con el espacio
para desarrollar sus propias prioridades.
Enfoque en los derechos indígenas
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A partir del presente estudio se puede inferir que durante el periodo de 2003-08, Hivos
ha apoyado únicamente a tres contrapartes que han abordado su trabajo desde un
enfoque explícito hacia la implementación de los derechos colectivos especiales de los
pueblos indígenas. Es característico para la situación en Guatemala – en contraste
con otros países latinoamericanos – que este enfoque en los derechos indígenas en
reducir la injusticia estructural sea compartido por otras organizaciones (influyentes) de
la sociedad civil. Esto es desafortunado, ya que desaprovecha en gran parte el
considerable capital político inherente a los derechos de los PI internacionalmente
reconocidos. Hivos podría hacer una contribución alentando aún más a sus
contrapartes para que aprovechen este potencial. Con su reciente elección de Moloj
como contraparte, la cartera de contrapartes parece haber cambiado ya a un enfoque
de derechos indígenas más claro (aunque esto no ha sido confirmado por Hivos en
forma explícita).
Acceso a la tierra y a los recursos naturales
La distribución desigual de la tierra y la creciente escasez de tierras es la principal
fuente de conflicto y el mayor impedimento para la reducción de la pobreza entre la
población indígena guatemalteca. Los conflictos en torno a la tierra y los recursos de
los últimos años han adquirido una nueva dinámica con el aumento y la
correspondiente creciente resistencia de las comunidades indígenas a los grandes
proyectos de desarrollo apoyados por el Estado en sus territorios. Las actividades en
el contexto de la colaboración entre CONIC y CALDH para mermar el conflicto agrario
parecen constituir un innovador y prometedor enfoque, ya que combinan la
investigación y la acción legal en el ámbito nacional con el fortalecimiento de las
capacidades de las comunidades locales para defenderse contra la violencia
relacionada con los recursos. En este contexto, es recomendable prestar mayor
atención a las posibilidades que ofrece la Ley de Registro de Información Catastral
(RIC) recientemente aprobada, la cual permite potencialmente a las comunidades
indígenas obtener el reconocimiento de sus tierras comunales (por primera vez en
Guatemala).
Involucrar a las comunidades en el diálogo sobre políticas
En vista de las grandes dificultades con la implementación de las propuestas de
políticas y leyes que las organizaciones indígenas y otras organizaciones de la
sociedad civil han formulado en el pasado con el apoyo de ONG internacionales como
Hivos, es muy importante que las comunidades locales (las bases sociales de las
organizaciones nacionales y regionales) sean informadas y consultadas sobre el
contenido de estas propuestas en una etapa inicial. Solo de esta manera es posible
generar la convicción, compromiso y presión política que se requieren para lograr que
estas propuestas sean adoptadas e implementadas por el Gobierno.
8.3 Recomendaciones
Reflexión sobre las experiencias pasadas y las perspectivas para el futuro
Como lo han sugerido personas expertas, ha llegado el momento de que - casi 15
años tras la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –
las OSC que trabajan con esta población hagan un análisis crítico de la experiencia
pasada (éxitos y fracasos) en la lucha por reducir la injusticia estructural hacia los
pueblos indígenas guatemaltecos, para luego mirar hacia adelante y construir una
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agenda compartida de objetivos para el futuro. Lo ideal es que ello involucre a un
grupo lo más amplio posible de OSC (indígenas y no indígenas) que trabajen en
diferentes niveles y escalas y desde diferentes áreas de trabajo, al igual que
profesionales independientes de importancia clave y con diferentes campos de
conocimiento especializado. Hivos y sus contrapartes podrían asumir el liderazgo en
tal iniciativa, posiblemente en coordinación con IBIS, con quien participa en la Alianza
2015. Partiendo de que sea moderada por un grupo de personas no cuestionadas,
dicha sesión de reflexión ofrecería la oportunidad de plantear diferentes temas
cruciales pero a menudo delicados, tales como: diferentes enfoques para reducir la
injusticia estructural y sus consecuencias no deseadas; rendición de cuentas hacia
arriba/hacia abajo por parte de las OSC; oportunidades y cuellos de botella para el
logro de resultados; implicaciones prácticas del reconocimiento de los derechos
colectivos de los PI y estrategias de largo plazo para su implementación, entre otros.
Trabajo en redes y construcción de alianzas duraderas
Las redes y alianzas entre las OSC que promueven los derechos y medios de vida de
los pueblos indígenas – además de las que Hivos ha procurado apoyar – por lo
general han sido inestables y débiles. Por tanto, vale la penar hacer la recomendación
a Hivos, que no tiene su propia red de contrapartes, de que invierta más en el
establecimiento de alianzas sostenibles, la coordinación y el intercambio de
conocimientos entre las organizaciones, tanto entre sus propias contrapartes como
entre estas organizaciones y las contrapartes de otras ONG que trabajan en áreas
temáticas similares (cuando exista el potencial de sinergias). En términos de esta
conexión, la colaboración entre CONIC y CALDH en el proyecto KIEM financiado por
la Unión Europea ha resultado ser un ejemplo prometedor que merece consolidarse y
expandirse. Es importante que las nuevas redes de contrapartes también estén en
contacto con las comunidades locales, a fin de promover la construcción de agendas
políticas alternativas desde abajo. Las TIC y los medios de comunicación (la Internet y
la radio comunitaria) pueden desempeñar un papel importante en este contexto, no
tanto como una herramienta para el alivio de la pobreza sino más bien para el
fortalecimiento de la sociedad civil y los procesos democráticos. En el pasado Hivos,
no ha prestado suficiente atención a este potencial de las TIC en su apoyo al
fortalecimiento de redes de la sociedad civil.
Atención a la juventud indígena y a la educación culturalmente apropiada
Si bien la migración de indígenas jóvenes a los Estados Unidos y a las ciudades es un
problema relacionado con la pérdida de identidad cultural y conexión con las
comunidades de origen, hasta ahora Hivos ha prestado poca atención a la juventud
indígena. Aunque esta población no constituye una prioridad de las políticas de Hivos,
se podrían hacer mayores esfuerzos para involucrarla en otras actividades de
orientación temática. El programa de IDEI sobre educación sexual para la juventud
indígena desde una perspectiva cultural/indígena es un buen ejemplo en este sentido.
Aparte de esto, sería conveniente trabajar con jóvenes en temas tales como:
actividades de generación de ingresos en zonas rurales y urbanas (por ej., esquemas
de ahorro y crédito de base comunitaria); educación ambiental culturalmente
apropiada; participación política en el gobierno local (indígena), así como la formación
de líderes jóvenes. En vista de la pérdida de las lenguas indígenas y al mismo tiempo
la escasa cobertura de los programas gubernamentales de educación intercultural
bilingüe, sería también aconsejable que Hivos orientara algunas de sus actividades a
la preparación de programas de estudio para el desarrollo culturalmente apropiado en
áreas específicas.
Fortalecimiento de las autoridades y formas indígenas de gobernanza
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Los actuales proyectos para el fortalecimiento de las organizaciones de base en las
comunidades indígenas tienden a ignorar o relegar las estructuras existentes y a
menudo muy viables de autoridad (tradicional) indígena (en algunas comunidades este
es también el caso con los comités de desarrollo introducidos por el Estado o
COCODES), justo cuando en algunos lugares estas estructuras han experimentado
recientemente cierta reactivación (por ej., el restablecimiento de las alcaldías
indígenas en el altiplano occidental). Considerando su derecho a la autonomía y la
autodeterminación así como a la integridad cultural de los PI, organizaciones como
Hivos deben asegurarse de que esto no suceda. Como alternativa, Hivos podría
también contribuir al fortalecimiento de las autoridades y las formas indígenas de
gobernanza (instituciones). Siempre que no sean de índole autoritaria y estén abiertas
al cambio, estas organizaciones pueden fortalecer la cohesión social y las identidades
culturales, además de desempeñar un valioso papel para movilizar a las comunidades
en los esfuerzos por proteger sus derechos colectivos a la tierra y a los recursos ante
proyectos de desarrollo que no sean sostenibles o que de otro modo afecten sus
medios de vida.
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Anexo 1. Términos de referencia: Evaluación conjunta
de programas sobre los pueblos indígenas37
Organizaciones participantes: Cordaid, Hivos, ICCO.
Mayo de 2009
Índice
Lista de abreviaturas
1. Evaluación conjunta de programas a cargo de Partos
2. ACF y pueblo indígena
3. Evaluación conjunta de programas sobre pueblos indígenas
3.1. Propósito: para qué se utilizará esta evaluación
3.2.Objetivo – Pregunta de evaluación (PE)
3.3. Preguntas de investigación (PI)
3.4. Metodología– implementación/puesta en marcha de la evaluación
3.5. Alcance
3.6. Niveles de resultados y criterios de evaluación
4. Productos a entregar e itinerario
5. Equipo de evaluación
6. Presupuesto
7. Gestión y conducción de la evaluación
8. Requerimientos mínimos para las propuestas
Anexo 1. Definiciones PI
Anexo 2. Visión histórica de conjunto sobre el desarrollo de políticas de las ACF en torno a los
PI
Anexo 3. Carpeta de proyectos
Anexo 4. Terminología empleada en la cadena de resultados
Anexo 5. Estrategias de intervención de las ACF
Anexo 6. Lista de valoración de calidad IOB (Beoordelingslijst Programma Evaluaties SCF)
Lista de abreviaturas
ACF Agencia de cofinanciamiento
EBD Enfoque basado en los derechos
FODA Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas
GC Grupo coordinador
GER Grupo externo de referencia
IOB Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (Departamento
de Evaluación
sobre Políticas y Operaciones)
OBC Organización de base comunitaria
OCDE/CAD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/Comité de
Ayuda al Desarrollo
PI Pueblo indígena
PCF Programa de cofinanciamiento (En holandés MFP, por
Medefinancieringsprogramma)
SCF Sistema de cofinanciamiento (En holandés Medefinancieringsstelsel)
PME Planificación, Monitoreo y Evaluación
TdR Términos de referencia
1. Evaluación conjunta de programas a cargo de Partos
Todas las organizaciones receptoras del Sistema de Cofinanciamiento de los Países Bajos
(SCF) deben instituir como práctica regular la realización de “evaluaciones de proyectos” sobre
sus actividades. Además, los receptores más grandes del SCF también deben organizar
"evaluaciones de programas”. En contraste con las evaluaciones de proyectos, (en las que el
objeto de la evaluación es un proyecto individual u organización apoyada por algún organismo
37 Sin las 13 páginas de los anexos; estos se incluyen en el anexo del informe de la fase inicial (11 de
diciembre de 2009).
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que forme parte del SCF) el objeto de una evaluación de programas es un programa
determinado y/o área de políticas de la OCF. Son las propias organizaciones pertenecientes al
SCF las que seleccionan los programas a ser evaluados.
La evaluación de programas forma parte de los mecanismos de rendición de cuentas de las
organizaciones del SCF, por lo que deben tener una orientación hacia los resultados. La
calidad de estas evaluaciones es valorada por el Departamento de Evaluación de Políticas y
Operaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (IOB).
Con base en su colaboración anterior, 38 las organizaciones Cordaid, Hivos, ICCO y Oxfam
Novib decidieron implementar de manera conjunta parte de su agenda de evaluación de
programas: durante el periodo 2007-2010 organizaron una serie de cinco evaluaciones
conjuntas, centradas en áreas temáticas comunes y de relevancia para cada una. Cada
organización acordó participar en al menos tres evaluaciones conjuntas. 39 40 41 La coordinación
de estas evaluaciones sobre los programas conjuntos se realiza con Partos, la asociación de
organizaciones de la sociedad civil holandesa en el sector de la cooperación internacional al
desarrollo. En el presente documento se exponen los Términos de referencia para una de estas
cinco evaluaciones conjuntas, centrada en el apoyo de las ACF a los “pueblos indígenas”. Las
organizaciones participantes son Cordaid, Hivos e Icco, en adelante referidas como “las ACF".
2. ACF y pueblos indígenas (PI)
Las ACF tienen un largo historial de apoyo a iniciativas y organizaciones indígenas, 42 también
referidos en este texto como PI. Esto no debe sorprender dada la misión global de las ACF de
contribuir a erradicar la pobreza: en muchos países los pueblos indígenas pertenecen a las
categorías más pobres y marginadas de la sociedad. Durante el periodo 2003-2007, las tres
ACF comprometieron un monto aproximado de € 60 millones en más de 330 proyectos de
apoyo a dichos pueblos en alrededor de 35 países. 43 Las iniciativas apoyadas incluyeron
intervenciones en torno a los derechos a la tierra, derechos políticos, medios de vida, derechos
de las mujeres indígenas, así como el fortalecimiento institucional.
El fundamento en cuanto a políticas para trabajar con los pueblos indígenas difiere de una ACF
a la otra. 44 Pese a estas diferencias es posible establecer, en términos muy generales, un
marco común de análisis y enfoque en torno a la posición de los PI, concretamente la pobreza
estructural. En ese marco hay una serie de conceptos centrales, a saber:
38 Los informes de las evaluaciones conjuntas realizadas durante el periodo 2003–2006 pueden
encontrarse en www.partos.nl, en las secciones “Kwaliteit”, “Kwaliteitshuis” y “Rapporten Programma
Evaluaties”:
-Synthesis report of Dutch ACF Programme Evaluation HIV/AIDS 2001–2004 (No 5, Feb. 2006).
-Synthesis Report - Assessing civil society participation as supported in-country by Cordaid, Hivos, Novib y
Plan Netherlands (No 4, Dic. 2005).
- Synthesis Report - Evaluation of health related programmes of three co-financing agencies 2002-2004
(No 3, Oct. 2005)
- Synthesis Report - The Role of Women’s Organisations in Civil Society Building 1998-2003 (No 2, Nov.
2004).
39 Las otras cuatro evaluaciones de programas realizadas durante el periodo 2007-2010 están enfocadas
en la transformación de conflictos, microfinanzas, desarrollo de capacidades y violencia de género,
respectivamente.
40 Gezamenlijke programma evaluaties 2007-2010, Herzien Plan van Aanpak Februari 2009.
41 Oxfam Novib no participará en esta Evaluación de programas. Plan Nederland también formaba parte
del convenio, pero no pudo participar en la evaluación sobre programas de transformación de conflictos.
42 Véase el Anexo 1 para las definiciones de “pueblos indígenas” y el Anexo 2 para un recuento breve de
antecedentes sobre la participación de las respectivas ACF en iniciativas que involucran a los PI.
43 Véase el Anexo 3, donde se incluyen detalles.
44 Las ACF han descrito el fundamento de políticas para su participación en iniciativas en torno a los PI de
distintas maneras, las cuales también han cambiado con el paso del tiempo. Cordaid tiene una amplia
trayectoria de apoyo a los grupos culturales minoritarios. Más recientemente –en 2007– la organización
formuló su política sobre “relación con grupos basados en la identidad”, mientras que Hivos ha anclado su
apoyo a los PI en general, en su política sobre derechos humanos. Por su parte, ICCO formuló su
“Instructivo para la formulación de políticas nacionales y regionales sobre pueblos indígenas” en 2002.
Además, las organizaciones han desarrollado políticas sobre grupos específicos, por ejemplo los adivasi.
Una tendencia general entre las ACF ha sido el desarrollo de políticas “sectoriales” y el distanciamiento de
políticas para “grupos meta” específicos. Una consecuencia de esta tendencia es que la relación de las
ACF con los PI no está cubierta en un único documento de política, sino más bien en varios documentos
de carácter temático.
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“exclusión/marginación/discriminación”, “dominio”, “autodeterminación” e “inclusión”. A
continuación una breve descripción de estos conceptos centrales.
Exclusión- Marginación- Discriminación- Dominación
Los PI tienden a ser excluidos de las fuentes de poder en sus sociedades. Este es el caso
cuando constituyen una minoría numérica en un país, aunque también se aplica a situaciones
en que son la población mayoritaria (como ocurre en algunos países latinoamericanos). Su
exclusión no es una situación natural, sino más bien el resultado continuado de procesos
históricos en los que otros grupos les han impuesto su dominio y en los cuales dichos pueblos
han sido marginados y discriminados de acuerdo con las reglas y cultura prevalecientes en una
sociedad. La exclusión de los PI tiene varias dimensiones: la política, la económica y también
una sociocultural. Estos suelen ser considerados y tratados como ciudadanos de segunda
clase en las estructuras políticas nacionales. Sus derechos y reivindicaciones históricas y
colectivas sobre la tierra y los recursos naturales no son reconocidos ni respetados. Sus
tradiciones culturales e identidad difieren y no son respetadas por la cultura y los grupos
sociales dominantes. A menudo los PI viven en zonas remotas y degradadas, y en ocasiones
en áreas (protegidas) ricas en recursos naturales. En ocasiones y en determinados aspectos, la
posición de los PI en la sociedad puede caracterizarse como una de “inclusión forzada”, un
término que se refiere a las formas de asimilación forzada a los sistemas, estructuras y valores
de los grupo(s) dominante(s).
Autodeterminación – inclusión
Sin embargo, la historia (reciente) de los pueblos indígenas no es solo una historia de
exclusión. Es también una historia de lucha por la autodeterminación y la inclusión y de
afirmación positiva de la propia cultura e identidad. Durante las últimas décadas en muchos
países se obtuvieron los derechos a la tierra y se crearon posibilidades de una educación
bilingüe. En el campo internacional se forjaron varios éxitos: en 2007 se adoptó la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, en varios
países latinoamericanos (Bolivia, Ecuador, Colombia, México) los PI hicieron avances
importantes en cuanto a su participación en la política nacional y en la legislación.
Para lograr mejoras en la posición de los pueblos indígenas se requieren cambios en dos
ámbitos interrelacionados:
(1) en el ámbito de los PI propiamente (desarrollo organizacional, autoestima, reafirmación
cultural, desarrollo económico, satisfacción de las necesidades básicas)
(2) en el ámbito del Estado y de la sociedad (estructuras y fórmulas jurídicas, económicas
y políticas).
El resultado (o el impacto) de tales cambios puede describirse en términos de
“autodeterminación” e “inclusión”. La autodeterminación apunta a los “derechos de las
personas para determinar su condición política y a hacer valer libremente sus derechos
económicos, sociales y culturales. La inclusión hace referencia a una sociedad inclusiva, lo cual
significa una sociedad que “valore las perspectivas y contribuciones de todos los grupos y
subgrupos de la población y una sociedad que incorpore las necesidades y puntos de vista de
las comunidades que la conforman. Esto implica el respeto por la noción de los PI de lo que
constituye un desarrollo deseable y la erradicación de la pobreza.
Las intervenciones de las ACF consisten en prestar apoyo a una amplia gama de actores que
impulsan los cambios antes mencionados. Estos actores son organizaciones de los propios PI
así como organizaciones no indígenas de la sociedad civil que apoyan a los apoyan a ellos y a
sus organizaciones. Ambos tipos de actores se encuentran entre las contrapartes de las ACF.
Estas organizaciones de contraparte pueden encontrarse activas en la esfera local, regional,
nacional e internacional y en diferentes campos temáticos.
Si bien las definiciones internacionalmente aceptadas y el presente marco sin duda sugieren
que es posible hablar sobre la situación de los PI en términos generales, debe quedar claro que
detrás de estas nociones generales de relevancia hay una diversidad de contextos, los cuales
solo pueden abordarse de manera adecuada en un “contexto más local o nacional”.
Desafíos adicionales
En principio, las intervenciones de las ACF con los PI no son diferentes de sus intervenciones
en general. Siempre involucran relaciones con las organizaciones de contraparte y con el grupo
meta (organizaciones). Sin embargo, apoyar a los PI siempre supone desafíos adicionales para
las ACF, relacionados con las diferencias –ya sean reales o potenciales– en cuanto a
perspectiva y cosmovisión entre tales agencias y los PI. Tales diferencias incluyen las visiones
sobre el “desarrollo” y la “pobreza” y el balance entre los derechos individuales y colectivos.
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Diferencias como estas encuentran su expresión en torno a temas que las ACF promueven de
forma activa, como es el caso de la "igualdad de género" y la "rendición de cuentas".
La promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género es un tema de
interés central para las ACF. Aparte del hecho de que para la mayoría de las organizaciones
participantes esta es un área específica de políticas, también se han comprometido a
“incorporar el enfoque de género” a todo su trabajo. Esto implica que las ACF procuran
garantizar que todas las actividades de desarrollo y proyectos apoyados sean sensibles al tema
de género y contribuyan a una mayor igualdad de género. En ocasiones este compromiso de
las ACF topa con resistencia de parte de las organizaciones indígenas, las cuales invocan
argumentos sobre las diferencias culturales. Por lo tanto, las ACF se enfrentan al desafío de
abordar la tensión (potencial) entre (i) apoyar el derecho colectivo a una identidad étnica
específica y la autoestima; y (ii) luchar por mejoras en los derechos individuales de las mujeres
indígenas y en materia de la igualdad de género.
Otro desafío que enfrentan las ACF es el “cómo” apoyar a los PI. Las organizaciones
de membresía (ya sean OBC locales o federaciones de más alto nivel) suelen ser débiles e
inestables desde el punto de vista organizativo. Al brindar apoyo directo a estas
organizaciones, las ACF topan con grandes dificultades para cumplir con los crecientes
requerimientos en materia de rendición de cuentas ante sus propias fuentes de financiamiento
(específicamente en campo de la asistencia humanitaria). Por un lado las ACF apoyan la
identidad y necesidades organizativas de las organizaciones indígenas, y por otra parte existe
el requisito de contar con un sistema de PME sólido –o lineal–. Estas dificultades se presentan
menos cuando se presta apoyo indirecto a los PI por medio de ONG intermediadas más
consolidadas. Sin embargo, el problema con esas ONG puede ser su distancia del PI.
3. Evaluación conjunta de programas conjuntos sobre pueblos indígenas
3.1. Propósito: ¿para qué se utilizará esta evaluación?
Las ACF utilizarán las conclusiones de esta evaluación de sus programas para:
- mostrar y dar cuenta de los resultados de sus actividades en apoyo a los pueblos
indígenas
- hacer un análisis crítico sobre estas actividades
- como fuente de inspiración para el desarrollo e implementación de políticas en el
futuro.
3.2. Objetivo– Pregunta de evaluación (PE)
El objetivo de esta evaluación es responder a la siguiente pregunta:
¿En qué medida las políticas, estrategias, procedimientos y programas de las ACF y de sus
organizaciones de contraparte contribuyeron a reducir la injusticia estructural hacia los pueblos
indígenas?
En particular, ¿en qué medida han contribuido las políticas y procedimientos de las ACF a:
- reducir la marginación de determinadas categorías de la población y a lograr un cambio
en el equilibrio de poder, la pobreza, las cosmovisiones y valores, así como a fortalecer
la identidad y la capacidad de autodeterminación política, económica, social y cultural
de los pueblos marginados;
- disminuir la marginación y fomentar la inclusión en los procesos de desarrollo que se
consideren como positivos para ellos; y
- evitar o mitigar la asimilación o integración forzada?
3.3. Preguntas de investigación (PI)
Responder a la pregunta de evaluación significa que la evaluación debe abordar y responder a
las siguientes preguntas de investigación:
A. Políticas de las ACF
1. ¿Qué políticas (tanto explícitas como implícitas) han formulado las ACF con respecto a
los pueblos indígenas?
2. ¿Cómo deben valorarse las políticas formuladas a la luz de:
-) los actuales debates internacionales,
-) la incorporación de la perspectiva de los pueblos indígenas, y
-) la atención prestada a los desafíos que se mencionan en el párrafo 2 ?
3. ¿Han seleccionado las ACF organizaciones de contraparte y han apoyado las ACF
intervenciones que se ajusten a las políticas descritas?
B. Cambios en la situación de los PI y relación con las intervenciones apoyadas por las
ACF
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4. ¿De qué manera cambió la posición de los PI (seleccionados) durante los últimos diez años
en lo que respecta a:
- los derechos políticos
- los derechos a la tierra
- sus medios de vida
- los derechos de las mujeres indígenas
5. ¿Pueden valorarse estos cambios –y en qué medida– en términos de:
- una disminución en la marginación de los PI y un cambio en las condiciones de poder, la
pobreza, las cosmovisiones y valores, un incremento y fortalecimiento de la identidad y la
capacidad de autodeterminación política, económica, social y cultural de los PI?
- una menor marginación y su inclusión en los procesos de desarrollo que ellos consideren
como positiva
- evitar o mitigar su asimilación o integración forzada?
6. ¿En qué medida y de qué forma pueden los cambios dentro de la pregunta 4) explicarse en
términos de las intervenciones de las organizaciones de contraparte?
7. ¿Qué importancia relativa tiene la contribución de la red de organizaciones de contraparte a
estos cambios?
8. ¿Qué puede decirse sobre la sostenibilidad de los cambios (Véase la definición de
sostenibilidad en el párr. 3.6)?
9. ¿Pueden distinguirse efectos directos no esperados (tanto positivos como negativos) debido
a las intervenciones de las organizaciones de contraparte?
C. Modalidad de apoyo
10. ¿Cómo contribuyó o minó los efectos directos (positivos) esta modalidad de apoyo a las
organizaciones indígenas por parte de las ACF? Incluya aspectos como:
- los criterios de selección de las contrapartes (diferentes niveles, organizaciones intermediarias
u organizaciones indígenas)
- sistemas de rendición de cuentas, modelos de PME
- participación/comunicación entre las ACF y las contrapartes.
D. Síntesis
11. ¿Qué puede decirse en términos generales sobre el cambio en términos de la injusticia
estructural en la situación de los PI analizada en los estudios de caso y sobre la contribución de
las organizaciones de contraparte a este cambio?
12. ¿Qué lecciones pueden extraerse de los estudios de caso para mejorar los efectos directos
positivos (disminuir los negativos) y para apoyar de manera efectiva a las organizaciones
indígenas?
3.4. Metodología– Implementación de la evaluación
Enfoque general
Los presentes Términos de Referencia orientarán la realización de tres estudios
independientes, uno para cada ACF. Cada estudio se iniciará –fase inicial– con un análisis y
reconstrucción de las políticas y estrategias de las ACF en su trabajo con los PI (PI en la
sección A).
En la fase 2 se abordarán las preguntas de investigación de las secciones B y C, y constará de
un número reducido de estudios de caso.
El estudio de Cordaid se centrará en África (pastores en Kenia, Tanzania y Etiopía), el estudio
de Hivos se centrará en Latinoamérica (Bolivia y Guatemala), mientras que el estudio de Icco
se centrará en Asia (India).
De la fase 3 surgirá un informe de síntesis donde se compararán las conclusiones de los
distintos estudios, de acuerdo con las preguntas de investigación de la sección D.
La evaluación estará a cargo de un equipo conformado por tres evaluadores(as), de los cuales
una persona fungirá como líder del equipo. Cada evaluador(a) será responsable de un estudio,
y la persona que lidere el equipo coordinará todo el proceso y tendrá a su cargo la elaboración
del informe de síntesis.
Partos suscribirá un contrato solamente con la persona líder del equipo, mientras que los otros
dos evaluadores trabajarán bajo la responsabilidad –léase bajo contrato– de esta persona.
La evaluación debe satisfacer los parámetros establecidos por el Departamento de Evaluación
de Políticas y Operaciones (IOB), un organismo independiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos (Véase el Anexo 4, en holandés).
La metodología en detalle
Fase 1 – Inicio
Esta fase abarca dos actividades:
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* Abordar las preguntas de investigación de la sección A (1 – 4) relativas a las políticas de las
ACF con respecto a los PI.
Tomando en cuenta lo que se dijo sobre tales políticas en el párrafo 2, esto supondrá en parte
hacer una "reconstrucción" de las políticas/teoría del cambio/lógica de la intervención.
Esta fase debe incluir:
- Un análisis de la literatura pertinente
- Un análisis sistemático de los archivos, informes y otros documentos pertinentes –por
ej., estudios (de impacto) existentes, evaluaciones de proyectos y evaluaciones
anteriores sobre programas– disponibles en Cordaid, Hivos e ICCO. Debe realizarse un
análisis básico sobre la cartera completa de las ACF participantes
- Entrevistas con oficiales de programa y oficiales de gabinete y con la gerencia de las
AFC, a fin de obtener su perspectiva en cuanto a la relación entre políticas,
conocimientos y prácticas de tales funcionarios(as).
- Entrevistas con otros informantes de relevancia (organizaciones o individuos) en los
Países Bajos.
* Preparativos para la fase 2
Incluyen:
- una depuración general de las preguntas de investigación y el desarrollo de los
indicadores y criterios de evaluación, con base en la sección 4.1.1;
- un análisis depurado específico del país de las preguntas de investigación, los
indicadores y los criterios de evaluación. Esto incluye una revisión sobre lo más
relevante de los enfoques de proyectos;
- identificación de las fuentes de información y las técnicas de recolección de datos.
Como resultado de esta fase se producirán tres informes iniciales, uno para cada ACF. La
aprobación de estos informes es una condición para el inicio de la siguiente fase. Aparte de la
aprobación de cada uno de estos informes, que serán preparados por la Dirección de
Evaluaciones de Partos y la respectiva ACF, se propone que se comparen los tres informes
durante un taller de medio día, como un primer aporte para el informe de síntesis.
Para mantener la uniformidad durante la fase inicial y luego durante la fase de síntesis, los
informes iniciales deben apegarse a la misma tabla de contenidos y utilizar los mismos
conceptos. Asimismo, el informe sobre los tres estudios de caso debe preparase apegándose a
esta misma tabla de contenidos. La persona que lidere el equipo debe vigilar que se mantenga
la uniformidad entre estos informes.
Fase 2. Estudios de caso – recolección de datos 45
La recolección de datos incluirá:
- un estudio preliminar sobre el contexto de los PI en los países objeto de los estudios de
caso
- un estudio preliminar de los documentos de las ACF y los archivos de las contrapartes
- entrevistas con el personal de las contrapartes
- estudios de caso sobre el trabajo de campo, incluyendo entrevistas con informantes de
los PI y organizaciones de contraparte.
Todos los estudios de caso abordarán las preguntas de investigación 4-10 con respecto a un
análisis minucioso del contexto sobre los cambios (históricos) en la posición de los PI.
El propósito de los estudios de caso es:
a. Completar la información que no se encontró durante la fase 1.
b. Verificar los datos ya recolectados y recopilar información adicional en el ámbito de la
organización de contraparte y de la población meta.
c. Además de las organizaciones de contraparte, deberán consultarse otras fuentes de datos e
informantes confiables y adecuados. Se requiere la triangulación de los datos hallados en el
estudio preliminar.
d. Compartir la información al menos con las organizaciones de contraparte, aunque de
preferencia también con otras partes interesadas de relevancia en el terreno, a fin de crear un
entendimiento común y estimular el proceso de aprendizaje entre las partes interesadas de
relevancia.
Esta fase finalizará con tres informes que responderán a las preguntas 1-10 y a la pregunta de
evaluación para cada ACF.
45 Los evaluadores y evaluadoras deben tener presentes las limitaciones de los datos generales en los
proyectos apoyados por las ACF. En términos generales no se dispone de estudios de línea base. Las
limitaciones en cuanto a los datos se presentan en los archivos de las ACF así como en los sistemas
administrativos de las organizaciones de contraparte.
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Fase 3 – Síntesis
Se elaborará un informe de síntesis a partir de los tres informes de las ACF. Este informe
responderá a la parte D, PI 11 y 12.
3.5. Alcance
- En lo que respecta a las políticas (Parte A de las preguntas de investigación) la
evaluación abarcará toda la relación de las ACF con los pueblos indígenas.
- En términos geográficos, el alcance de la evaluación abarca a África (Kenia, Tanzania,
Etiopía) Latinoamérica (Bolivia, Guatemala) y Asia (India). Los estudios de campo en
los distintos países abarcarán una porción considerable de las carteras de contrapartes
que trabajan con los PI (en términos de compromiso financiero, Cordaid 35%, Hivos
42%, Icco 29%).
- Desde el punto de vista histórico la evaluación abarca como mínimo el periodo 2003-
2007. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo al estudio de caso, ya que en
ocasiones quizás resulte preferible abarcar una mayor profundidad. La profundidad
histórica de cada estudio de caso se determinará durante la fase inicial.
3.6. Niveles de resultados y criterios de evaluación
- La evaluación abordará los “resultados” a nivel de los efectos directos y, cuando las
posibilidades lo permitan, a nivel del impacto.
- Los criterios de evaluación aplicados a la presente son los de eficacia, sostenibilidad y
relevancia/pertinencia. Para estos conceptos se utilizarán las definiciones formuladas por el
CAD (Comité de Asistencia para el Desarrollo, véase el Anexo 5). No se buscará evaluar la
eficiencia.
4. Productos y fechas límite
Todos los productos finales deberán presentarse en inglés. Dependiendo de las áreas
seleccionadas para el estudio de campo, cabe la posibilidad de que se requieran traducciones
al francés o al español. El informe de síntesis final deberá entregarse el 1. º de abril de 2010.
Productos a entregar por el consultor y la consultora y fechas límite
El tiempo disponible para la fase 1 es de 8 semanas: de mediados de agosto de 2009 a
mediados de octubre de 2009.
Durante esta fase, el consultor y la consultora:
a. sostendrán una reunión para poner en marcha el proyecto con el Grupo de Coordinación
(GC): agosto de 2009;
b. elaborarán un informe inicial (después de 7 semanas). Este informe debe incluir una
reconstrucción de las políticas y la lógica de intervención, así como el marco de
operativización de la evaluación, las preguntas de evaluación, criterios de juicio e
indicadores con base en los presentes TdR, la propuesta de los evaluadores(as), y lo que
hayan encontrado hasta el momento. Este informe inicial también deberá enviarse al Grupo
de Referencia Externa (GRE) para obtener sus comentarios;
c. sostendrán una reunión para hablar sobre el informe introductorio y el avance en la
implementación del plan de trabajo con el Grupo de Coordinación (después de 9 semanas).
Esta discusión abarcará los siguientes aspectos:
- observaciones del GRE
- problemas enfrentados hasta el momento y soluciones encontradas
- confiabilidad de los datos recolectados
- más información sobre los criterios de juicio y los indicadores provisionales
- verificación en cuanto a que todas las fuentes importantes de información hayan
sido/vayan a ser utilizadas
- primer esbozo de la fase dos de los estudios de caso, sugerencias y ajuste de la
evaluación
- preguntas y metodología de recolección de datos durante la fase de campo.
d. presentarán un informe final a finales de octubre de 2010, que incluirá los comentarios u
observaciones hechas por el Grupo de Coordinación. Este informe final deberá incluir al
menos:
- una visión de conjunto sobre las diferentes políticas (formales o informales), la lógica
de intervención o de los programas, los criterios de juicio, además de los indicadores,
prácticas y principales actividades realizadas durante el periodo 2003-2007 por las
cuatro ACF participantes;
- una visión de conjunto de los gastos incurridos por las ACF (presupuesto total y de
PCF) y la cantidad de contrapartes involucradas (la mayor parte de esta información ya
se encuentra disponible en la carpeta);
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- un análisis del vínculo entre el trabajo de las ACF en el marco de los cambios en el
contexto geográfico, las respuestas preliminares a las preguntas de evaluación, e
hipótesis que deberán ser validadas a través de la investigación de campo.
Número de páginas del informe final de la fase introductoria: máx. 40 páginas texto principal,
sin incluir los anexos.
Formato: versión borrador: formato electrónico (MS Word)
versión final: copia impresa (5 ejemplares) además de la versión electrónica (MS
Word)
El tiempo disponible para la fase 2 es de 12 semanas: noviembre 2009 – finales de enero 2010
Al finalizar la fase del estudio de campo, el consultor y la consultora:
a. Presentarán los borradores de los informes de país y un informe temático (mediados de
enero de 2010). Estos informes también se compartirán con las organizaciones de
contraparte para que hagan sus comentarios, y deberán incluir al menos lo siguiente:
- informes de las sesiones (reuniones y talleres) en los países/regiones
- análisis del contexto, metodología, conclusiones y un máximo de cuatro
recomendaciones específicas para cada organización relacionadas con las
preguntas de evaluación.
b. Harán una presentación sobre las conclusiones ante el grupo coordinador (aprox. a
mediados de enero de 2010).
c. Presentarán cuatro informes finales de país (a más tardar a mediados de enero), que
incluirán las observaciones o comentarios recibidos de las partes en cuestión sobre los
borradores de los informes.
Número de páginas de cada informe: máx. 40 el texto principal, sin los anexos.
Formato: borradores de informes de país: formato electrónico (MS Word)
Informes finales de país: copia impresa (5 ejemplares de cada informe) además de la
versión
electrónica (MS Word)
El tiempo disponible para la fase 3 es de 8 semanas: Feb. 2010 – Abril 2010
Al concluir la fase de estudio de campo, el consultor y la consultora:
a. Presentarán el borrador de un informe de síntesis (aprox. a mediados de marzo de
2010) con base en los estudios preliminares y de campo: además de responder a las
preguntas de evaluación, el borrador del informe final también debe sintetizar todas los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones en la forma de una valoración general del
programa. Dicho borrador también se enviará al Grupo de Referencia Externa para
obtener sus comentarios y los de las partes involucradas.
b. Harán una presentación del borrador del informe ante el Grupo de Coordinación (a
mediados de marzo de 2009), seguido de una discusión sobre:
- los hallazgos y conclusiones
- la calidad del informe
- la utilización del informe, incluyendo las lecciones trasladables y las
recomendaciones
c. Si se considera necesario, esta discusión podrá ser seguida de inmediato por una
reunión con el Grupo de Referencia Externa y el Grupo de Coordinación.
d. Presentará un informe de síntesis (a más tardar la primera semana de abril de 2010),
incluyendo los comentarios u observaciones recibidas de las partes involucradas en el
borrador del informe. Este informe debe ajustarse a las normas establecidas por el
Departamento de Evaluación de Políticas y Operaciones (IOB), un órgano
independiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (Véase el
Anexo 4, en holandés).
Número de páginas del informe de síntesis: máx. de 60 el texto principal, sin incluir los anexos.
Formato: borrador del informe de síntesis: formato electrónico (MS Word)
informe final de síntesis: copia impresa (5 ejemplares) además de la versión
electrónica (MS Word)
La versión final del informe de síntesis incluirá un Anexo 1 con la valoración formal del Grupo
de Referencia Externa. Partos imprimirá, distribuirá y publicará esta versión en su sitio web.
5. Equipo de evaluación
La persona líder del equipo debe tener conocimientos y experiencia en el manejo de procesos
de evaluación complejos. La experiencia con evaluación que vayan más allá del nivel de
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políticas y los conocimientos sobre las condiciones de trabajo y los contextos de las
organizaciones locales de contraparte en el Sur son un requisito indispensable.
El evaluador y la evaluadora tendrán que complementar sus conocimientos expertos sobre los
“pueblos indígenas” desde el punto de vista de las ciencias sociales, con conocimientos
expertos sobre género, y tener experiencia en técnicas de realización de sondeos cualitativos y
cuantitativos. En cuanto a los idiomas, se requiere tener destrezas en holandés, inglés y
español/portugués, a fin de estar en capacidad de leer e interpretar los archivos disponibles de
las ACF.
El aprendizaje es una parte importante del proceso de planificación y evaluación, si bien no es
su punto principal de enfoque. Por lo tanto, resulta importante incorporar al equipo la
experiencia y las habilidades del aprendizaje participativo en el equipo. Al menos uno de los
miembros del equipo debe conocer el sistema holandés de cofinanciamiento. De preferencia, el
equipo ha de estar conformado por una combinación de consultores y consultoras del norte y
del sur. El trabajo con los consultores(as) locales realizando estudios de campo en el sur es
una condición necesaria. Los miembros del equipo deben tener una relación laboral con las
ACF involucradas durante el periodo 2002-2007, el periodo inmediatamente anterior y durante
la evaluación. El Grupo de Coordinación se apega al principio generalmente aceptado de que
la evaluación de un programa debe ser realizada por órganos, organizaciones o individuos
independientes. En este caso particular, esto significa que ni el consultor ni la consultora deben
haber participado en el diseño de las políticas o programas relativos a los pueblos indígenas en
las ACF evaluadas, como tampoco pueden haber trabajado como funcionarios a cargo de
políticas, programas u oficiales de gabinete sobre el tema específico en estas ACF. En pocas
palabras: nadie debe evaluar su propio trabajo.
Es responsabilidad de la persona líder del equipo asegurar de lo siguientes aspectos:
- la composición del equipo
- definir un marco temporal y un presupuesto realistas para la evaluación
- garantizar que los productos a entregar concuerden con los TdR
- la calidad del contenido de los productos a entregar
La persona líder del equipo es en última instancia responsable de la finalización del informe y
de coordinar y guiar el proceso de evaluación (incluidas todas las disposiciones logísticas).
6. Presupuesto
En el presupuesto debe hacerse un desglose del número esperado de días de trabajo por cada
miembro del equipo y sus honorarios. Los precios deben calcularse en Euros, y los precios
máximos no pueden cambiarse durante el tiempo de vigencia del contrato. El presupuesto
máximo disponible para la evaluación completa (incluyendo los tres estudios de caso y la fase
de síntesis) es de € 365,000. (IVA incluido).
Se sugiere dividir el presupuesto entre los tres estudios de caso y la fase de síntesis. Por cada
estudio de caso
(PE 1-10) el monto podría ser de € 110.000. (IVA incluido). Por redactar el informe de síntesis
se estima un presupuesto de € 35.000. (IVA incluido).
El procedimiento de pago será el siguiente:
25% cuando el equipo de evaluación acepte la tarea
25% tras la aprobación por parte del Grupo de Coordinación del borrador del informe inicial
(final de la fase 1).
25% tras la aprobación por parte del Grupo de Coordinación de los informes organizacionales o
de país (final de la fase 2).
25% tras la aprobación por parte del Grupo de Coordinación del informe final y la justificación
financiera (final de la fase 3).
7. Gestión y conducción de la evaluación
Grupo de Coordinación (GC)
La evaluación será gestionada por la gerente de evaluaciones de Partos, con el apoyo de un
Grupo de Coordinación conformado por miembros de las cuatro agencias de cofinanciamiento
participantes. Los miembros del Grupo de Coordinación han preparado los actuales Términos
de Referencia. Las funciones principales de este grupo son:
- Seleccionar a los miembros del equipo de evaluación que pondrán en marcha esta evaluación
propiamente.
- Garantizar que el consultor y la consultora tengan acceso y hayan consultado todas las
fuentes de información pertinentes y los documentos relacionados con los proyectos/programas
en las agencias.
- Validar las preguntas de evaluación.
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- Discutir y comentar las notas e informes que presenten el consultor y la consultora.
- Apoyar la retroalimentación sobre los hallazgos, conclusiones, lecciones aprendidas y
recomendaciones derivadas de la evaluación de forma que sean recibidas de vuelta por sus
organizaciones.
Grupo de Referencia Externa (GRE)
Junto con las agencias de cofinanciamiento, Partos estableció un Grupo de Referencia
conformado por expertos externos para que preste asesoría sobre el borrador de los Términos
de Referencia, el borrador del informe introductorio, el borrador del informe de síntesis, y
prepare una valoración final sobre la calidad del proceso y los resultados. Su valoración
independiente se incluirá en el informe final de síntesis en la forma de un anexo. 46
Departamento de Evaluación de Política y Operaciones (IOB)
Las ACF son responsables ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y el público holandés por
los resultados obtenidos. Los informes de evaluación estarán abiertos para uso del público y
serán revisados por el Departamento de Evaluación de Políticas y Operaciones, un órgano
independiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, de conformidad con la Lista de
Valoraciones de Calidad (Anexo 4, en holandés).
Todas las contrataciones, pagos y correspondencia relacionados con la evaluación se harán a
través de Partos, a la siguiente dirección:
Ellermanstraat 15
Amsterdam
Países Bajos
Tel : 020 – 320 9901
Fax : 020 – 620 8049
Persona de contacto: Lisette Desain, ld@partos.nl, Gerente de Evaluaciones de Partos
8. Requerimientos mínimos para las propuestas
En caso de que usted o su organización estén interesados, le invitamos a preparar una
propuesta para su implementación (máx. 15 páginas, sin incluir los anexos). Le alentamos a
conformar equipos con otras organizaciones o individuos. La propuesta debe estar escrita en
inglés. Debe incluir un plan de aproximación, el cual debe contener como mínimo la siguiente
información:
Conocimiento del contexto y las preguntas de evaluación:
- Depuración de las preguntas de evaluación, incluyendo un primer borrador de los
“criterios de juicio”.
Las preguntas de evaluación deben quedar captadas en los diferentes criterios de juicio
desarrollados por el consultor y la consultora. Cada pregunta de evaluación debe incluir
como mínimo uno o dos criterios de juicio. El logro de estos criterios durante el periodo
2003-2007 puede valorarse o juzgarse mediante indicadores, los cuales el consultor y
la consultora deben desarrollar durante la primera fase de la evaluación.
Capacidad de evaluación:
- Una propuesta metodológica que incluya la forma en que se recolectarán los datos y
las fuentes de datos necesarias, tomando en cuenta los problemas metodológicos y las
deficiencias en los datos.
- Una propuesta sobre cómo se analizarán los datos a fin de responder a las preguntas
de evaluación.
Equipo de evaluación:
- Un panorama general sobre las funciones, conocimientos expertos y habilidades de los
integrantes del equipo de evaluación.
- Un cronograma, que incluya los posibles riesgos y las medidas para atenuarlos.
La propuesta debe incluir como mínimo los siguientes anexos:
- Composición del equipo de evaluación incluyendo sus CV’s, mostrando sus
conocimientos, habilidades y experiencia.
- Una lista de evaluaciones de relevancia realizadas durante los últimos cinco años
- Junto con la propuesta técnica debe incluirse un documento en un sobre por aparte con
un desglose del presupuesto solicitado. Para efectos de referencia en los sobres debe
46 Un ejemplo de este tipo de valoración puede encontrarse en la dirección
http://www.partos.nl/index.php?page=5_2_3 , Synthesis Report of Dutch ACF Programme Evaluation -
MBN HIV/AIDS Evaluation, 2001-2004, pp. 111-112.
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indicarse el número “Partos /09/LD/800, propuesta técnica o financiera” para su
cotización.
- Las propuestas técnicas o financieras (3 copias impresas de cada una, en dos sobres
separados) deben enviarse a la persona de contacto en Partos (mencionada en el
Capítulo 8), quien debe recibirlas a más tardar el 13 de julio de 2009 a las 17.00 hrs.,
hora holandesa. Asimismo, le rogamos enviar un correo electrónico con ambos
documentos.
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Anexo 2. Itinerario para el estudio de caso sobre
Guatemala
Fecha Actividad
10 Nov. Llega Joris a Costa Rica (tarde en la noche)
11 Nov. Llega Rebecca a Guatemala (desde México); recopilación de documentación adicional de
proyectos (JvdS)
12 Nov. Entrevistas individuales a dos OP regionales de Hivos en San José (HRD & SED);
recopilación de documentación adicional sobre proyectos
13 Nov. Entrevista individual a OP regionales de Hivos (GMD) en Ciudad de Guatemala; coordinar
realización de entrevistas a personal clave de contrapartes; lectura de documentación de
proyectos, elaboración y afinamiento de preguntas para entrevistas, adaptación de esbozo
de la estructura del informe; recapitulacion de los acontecimientos y discusiones del día (se
hará lo mismo todas las noches)
14 Nov. Coordinar realización de entrevistas, lectura de documentación de proyectos, elaboración y
afinamiento de preguntas para entrevistas, adaptación de esbozo de la estructura del
informe (en Ciudad de Guatemala)
16 Nov. Entrevista con personal clave (director y coordinador) del CALDH (en Ciudad de Guatemala)
17 Nov. Entrevista y discusión grupal con equipo de PRODEPI (Programa de Derechos de los
pueblos indígenas) de CALDH; viaje de la capital a Quetzaltenango (5 hrs)
18 Nov. Entrevista grupal a personal clave de IDEI; entrevista individual a director de Manos
Campesinas; entrevistas (grupales) a (2) representantes de beneficiarios de proyectos (IDEI)
y a fuente externa de información (sobre Manos Campesinas)
19 Nov. Escribir notas, lectura y preparación de próximas entrevistas; viaje de Quetzaltenango a la
capital.
20 Nov. Viaje a Río Hondo, Zacapa (JvdS, 4 hrs); discusión con grupo focal – representantes de
comunidad de Chortí – (beneficiarios de proyectos de CALDH) en Río Hondo, Zacapa;
entrevista con persona enlace (RF, en Ciudad de Guatemala).
21 Nov. Coordinar realización de entrevistas a fuentes externas de información, lectura de
documentación de proyectos, elaboración y afinamiento de preguntas de entrevistas (para
personal clave de contrapartes y para fuentes externas de información); recapitulación de
eventos y discusiones/entrevistas durante la primera semana.
23 Nov. Entrevistas grupales a personal clave de Kaq'la (RF) y CONIC (JvdS) en Ciudad de
Guatemala; escribir notas, lectura y preparación de próximas entrevistas.
24 Nov. Entrevista grupal a personal clave de Moloj (RF) y CNOC (JvdS) en Ciudad de Guatemala;
viaje a San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango (JvdS, 2,5 hrs); entrevistas
grupales a miembros de la comunidad en Siete Parajes (beneficiarios de CONIC); viaje de
regreso a la capital.
25 Nov. Viaje a Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché (RF, 4 hrs); entrevista grupal a
personal clave de Enlace Quiché; entrevista grupal a Directorio de la Asociación de
Organizaciones de Mujeres Quiché (beneficiaria de Enlace Quiché); viaje de regreso a la
capital; entrevista individual a fuente externa de información, preparación de notas,
preparación de entrevistas a fuentes externas de información (JvdS, en Ciudad de
Guatemala)
26 Nov. Entrevistas individuales a fuentes externas de información en Ciudad de Guatemala (RF and
JvdS por separado); elaboración de informe sobre estudio de caso
27 Nov. Entrevistas individuales a fuentes externas de información en Ciudad de Guatemala ((RF
and JvdS juntos y por separado); entrevista con personal clave (coordinador/coordinadora y
asesor/a legal) de Madre Selva (JvdS); elaboración de informe sobre estudio de caso
28 Nov Elaboración de informe sobre estudio de caso (en Ciudad de Guatemala); viaje a San
Marcos de la Laguna, departamento de Sololá (JvdS, 4 hrs); reunión con personal de ONG
no financiada por Hivos (viaje de regreso a la capital el domingo)
30 Nov. Debriefing y recolección de información adicional con persona enlace con Hivois; entrevista
individualcon fuente externa de información (RF y JvdS juntos); redacción de informe sobre
estudio de caso y ayuda memoria
1 Dic Redacción de informe sobre estudio de caso, salida de Joris de Guatemala (llegada al día
siguiente)
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Anexo 3. Personas consultadas
Nombre Organización Cargo
La Haya, Holanda
Karel Chambille Hivos Gerente de evaluaciones, MyE
Ria Hulsman Hivos Antigua representante de Oficina Nacional,
Bolivia, La Paz; actualmente coordinadora de
la Oficina de Relaciones con Donantes
Teyo van der Schoot Hivos Gerente de Programa de Recursos Humanos
y Democratización
Chantal Verdonk
San José, Costa Rica
Hivos Gerente de Programa Género Mujer y
Desarrollo
Pablo Alvarez Hivos OP Desarrollo Económico Sostenible
Susana Rochna
Ciudad de Guatemala
Hivos OP Derechos Humanos y Desarrollo
Ginet Vargas Hivos OP Género, Mujer y Desarrollo
Julieta Hernández Contemporánea
Consultora
Enlace de Hivos, consultora
Mario Minera CALDH Director ejecutivo
Herminia Saquimux CALDH-PRODEPI Miembro del equipo
José Roberto Morales CALDH-PRODEPI Coordinador
Marco Tulio Perez CALDH-PRODEPI Miembro del equipo
Rosario Jolón CALDH-PRODEPI Miembro del equipo
Carmen Álvarez Kaq'la Miembro del personal
Hermelinda Magzul Kaq'la Miembro del personal
Dolores Sales CONIC Miembro del Consejo Directivo
Juan Miguel López CONIC Miembro del Consejo Directivo
Marta Cecilia Ventura CONIC Miembro del Consejo Directivo
Pedro Esquina CONIC Coordinador general, Consejo Directivo
Rigoberto Monteros CONIC Miembro del Consejo Directivo
Rodolfo Pocpop CONIC Miembro del Consejo Directivo
Carolina Morales Moloj Miembro del Consejo Ejecutivo
Carlos Morales CNOC Miembro del Consejo Directivo
Marco Tulio Gutierrez CNOC Miembro del Consejo Directivo
María Marta Roche Moloj Miembro del Consejo Ejecutivo
Ortencia Simón Moloj Miembro del Consejo Ejecutivo
Andrea (¿?) Madre Selva Asesora legal
Oscar Conde Madre Selva Coordinador
Amílcar Pop ANMG (Asociación
Guatemalteca de
Abogados y Notarios
Mayas)
Abogado y consultor
Demetrio Cojtí Programa de
Principios
Democráticos de la
UE
Consultor
Irmalicia Velásquez Mecanismo Oxlajuj
(Mecanismo de
Apoyo para pueblos
indígenas)
Coordinadora general
Jacobo Bolvito CODISRA (Comisión
Presidencial contra
el Racismo y la
Discriminación)
Coordinador general
Juana Celestina Sotz DEMI (Defensoría de
la Mujer Indígena)
Oficial de programas
Otilia Lux Congreso Nacional Diputada
Peter Marchetti AVANCSO
(Asociación para el
Investigador
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Avance de las
Ciencias Sociales)
Quetzaltenango,
Quetzaltenango
Beatriz Itzep IDEI Coordinadora de proyectos
Janet Ikeda IDEI Directora ejecutiva
José Yac IDEI Representante legal, referencia
Jedrick García Parlamento Juvenil y
Comité Intersectorial
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sobre el VIH/SIDA
Karina García Parlamento Juvenil y
Comité Intersectorial
sobre el VIH/SIDA
organizacional y activista por los PI
Miembro del Parlamento Juvenil y Comité
Intersectorial sobre el VIH/SIDA
Miembro del Parlamento Juvenil y Comité
Intersectorial sobre el VIH/SIDA
Carlos Reynoso Manos Campesinas Director gerente
Margarita Chojolán Porfín
Río Hondo, Zacapa
Porfín/Root Capital Coordinadora técnica nacional
Antonio García Observatorio de Observador
Derechos Humanos
Carlos Ramírez DEMACH
(Defensoría del
Pueblo Chortí)
Gregorio Pérez Observatorio de
Derechos Humannos
María Domitila López DEMACH/COSACH
(Convergencia
Social Chortí)
María Lucinda Vásquez Observatorio de
Miembro del directorio ejecutivo de DEMACH
y observador sobre derechos humanos
Observador sobre derechos humanos
Miembro de la Junta Ejecutiva de DEMACH y
representante de Convergencia Social Chortí
Observadora sobre derechos humanos
Pablo Ramos
San Martín Jilotepeque,
Chimaltenango
Derechos Humanos
DEMACH Miembro de la Junta Ejecutiva de DEMACH y
observador sobre derechos humanos
Ana (?) Siete Parajes (Las
Mercedes)
Miembro de la comunidad
Persona (no hay nombre) Siete Parajes (Las
Mercedes)
Miembro de la comunidad
Persona (no hay nombre) Siete Parajes (Las
Mercedes)
Miembro de la comunidad
Persona (no hay nombre) Siete Parajes (Las
Mercedes)
Miembro de la comunidad
Persona (no hay nombre) Siete Parajes (Las
Mercedes)
Miembro de la comunidad
Persona (no hay nombre)
Santa Cruz del Quiché
Siete Parajes (Las
Mercedes)
Miembro de la comunidad
María (¿?) Enlace Quiché Miembro del equipo de apoyo técnico
Matías Gutierrez Enlace Quiché Director ejecutivo
Roberto Tecú Enlace Quiché Coordinador de proyectos
Abelina Laj Asociación de
Organizaciones de
Mujeres Quiché
Miembro de la Junta Ejecutiva
Ana Silvia Pereira Asociación de
Organizaciones de
Mujeres Quiché
Miembro de la Junta Ejecutiva
Basilia Cali Asociación de
Organizaciones de
Mujeres Quiché
Miembro de la Junta Ejecutiva
Carmen González Asociación de
Organizaciones de
Mujeres Quiché
Miembro de la Junta Ejecutiva
Isabel Yax Asociación de
Organizaciones de
Mujeres Quiché
Miembro de la Junta Ejecutiva
María Cristina Lux Asociación de
Organizaciones de
Miembro de la Junta Ejecutiva
62

Mujeres Quiché
María Ramírez Asociación de
Organizaciones de
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Mujeres Quiché
Lucía Méndez Asociación de
Organizaciones de
San Marcos La Laguna,
Sololá
Mujeres Quiché
Alejandro Alfaro COPAE (Comisión
Pastoral Paz y
Ecología)
Johanna van Strien COPAE, Diócesis de
San Marcos
Roberto Marini COPAE, Diócesis de
San Marcos
Udiel Miranda COPAE, Diócesis de
San Marcos
Miembro de la Junta Ejecutiva
Miembro de la Junta Ejecutiva
Miembro del equipo de la diócesis de San
Marcos
Miembro del equipo
Coordinador del equipo de la Diócesis de
San Marcos
Miembro del equipo de la diócesis de San
Marcos (comité político-legal)
63

Anexo 4. Documentos consultados
A. Documentos de Hivos y las contrapartes
CALDH (2005) Memoria del Encuentro Centroamericano de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos. Guatemala.
CALDH and CONIC (2007). Centro de Formación para Lideresas y Líderes Contra la
Impunidad – Violencia contra las mujeres (Ukaj Wuj). Guatemala, CALDH/CONIC.
CALDH and CONIC (2007). Centro de Formación para Lideresas y Líderes Contra la
Impunidad – Rostros de la represión y la desigualdad desde la historia (Nab'e Tanaj).
Guatemala, CALDH/CONIC.
CALDH and CONIC (2007). Centro de Formación para Lideresas y Líderes Contra la
Impunidad -- Discriminación y exclusión (Urox Wuj). Guatemala, CALDH/CONIC.
CALDH and CONIC (2007). Centro de Formación para Lideresas y Líderes Contra la
Impunidad -- Defensores y defensoras de derechos humanos y lucha contra la impunidad
(Uwaq Wuj). Guatemala, CALDH/CONIC.
CALDH and CONIC (2007). Centro de Formación para Lideresas y Líderes Contra la
Impunidad -- Conflictividad de la tierra en Guatemala (Uro' Wuj). Guatemala, CALDH/CONIC.
CALDH and CONIC (2009). Conflictividad de la tierra: evidencias de violaciones a los Derechos
Humanos en Guatemala. Guatemala, CALDH/CONIC.
CNOC (2004). Propuesta de Desarrollo Rural. Guatemala, Plataforma Política de la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.
CNOC (2004). Consiguiendo una vida mejor -- Plan 2004-2008 CNOC. Guatemala,
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.
CNOC (2005). Ley del Registro de Información Catastral - RIC - Decreto 41-2005. Guatemala,
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.
CNOC (2006). 1. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Guatemala, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.
CNOC (2006). Pocos tienen mucho, y muchos tienen poco -- Ley del Registro de Información
Catastral Decreto 41-2005. Guatemala, Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas.
CNOC (2007). Propuesta de Reforma Agraria Integral. Guatemala, Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas.
CNOC ([n.d.]). Por un trabajo digno y mejores condiciones para las trabajadoras y los
trabajadores! -- Reformas al Código de Trabajo. Guatemala, Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas.
CNOC ([n.d.]). La flexibilidad laboral ... Más empleo o más miseria y explotación para las y los
trabajadores?
CONIC (2006). El rescate de la cultura Maya, la lucha por la tierra y el territorio es lucha por la
vida y la paz. Guatemala, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina.
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CONIC (2007). Política de Género desde la Cosmovisión Maya. Guatemala, Coordinadora
Nacional Indígena y Campesina.
CONIC (2008). 15 Años de Organización y Lucha -- Decima Asamblea Nacional -- De la
Resistencia Maya ... al Poder. Guatemala, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina.
CONIC (2009). Consejos Departamentales. Guatemala, Coordinadora Nacional Indígena y
Campesina.
CONIC (2009). Tierras Entregadas 1991-2009. Guatemala, Coordinadora Nacional Indígena y
Campesina.
CONIC and CALDH (2008). Centro de Formación para Lideresas y Líderes Contra la
Impunidad – Manual para la aplicación de los mecanismos de defensa de los derechos
humanos. Guatemala, CONIC/CALDH.
CONIC and CALDH (2008). Centro de Formación para Lideresas y Líderes Contra la
Impunidad -- Naturaleza del centro de formación y evaluación del proceso de aprendizaje.
Guatemala, CONIC/CALDH.
CONIC, Defensoría Maya, et al. (2009). Propuesta Ley General de Derechos de los pueblos
indígenas de Guatemala. Guatemala, CONIC/Defensoría Maya/CALDH/Moloj.
IDEI (s/f). Trifolar Organisativo. Guatemala.
MadreSelva (2007). La Agenda Ecologista. Guatemala, MadreSelva Colectivo Ecologista.
MadreSelva (2008). Quién protege nuestros bosques? … INAB no! Guatemala, MadreSelva
Colectivo Ecologista.
MadreSelva (2009). El camino del agua. Guatemala, MadreSelva Colectivo Ecologista.
Kaq’la (2004). La Palabra y el Sentir de las Mujeres Myas de Kaqla. Guatemala.
Solval, A.R. IDEI (s/f). Lo Humano del VIH. Guatemala.
Waqib' Kej (2007). Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Resistencia al Poder. Guatemala,
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Wapib' Kej.
Waqib' Kej (2007). Sistematización -- Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades
Indígenas de Abya Yala -- pueblos indígenas y Nacionalidades Indígenas de la Resistencia al
Poder. Guatemala, Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej.
Waqib' Kej (2008). Aportes al Movimiento Continental de Niñez y Juventud Indígena de Abya
Yala -- "Germinamos, crecemos y damos frutos para el buen vivir". Giatemala, Waqib'
Kej/Comité Organizador en Guatemala.
B. Otros documentos
[n.a.] (2008). Memoria: La explotación de los bienes naturales, otra forma de invasión a
nuestras tierras y territorios -- Encuentro Latinoamericano "Minería y Derechos de los pueblos
indígenas". Guatemala, [n.p.].
Bastos, S. and M. Camus (2003). CONIC -- 11 Años de Lucha por el Rescate de la Cultura
Maya y la Madre Tierra. Guatemala, CONIC/Hivos.
Castillo, I. (2009). En torno a especificidades observables en movimientos indígenas de lucha
contra la acumulación global en el altiplano occidental guatemalteco. VIII Congreso de Estudios
Mayas -- Multiculturalismo e Interculturalismo: prácticas, efectos y desafíos (5, 6 y 7 de agosto),
Universidad Rafaél Landivar, Campus Central, Ciudad de Guatemala.
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CERIGUA (2009). Exigen reactivación de la economía campesina e indígena.
www.cerigua.organización, CERIGUA.
Cojtí, D. (2005). La difícil transición al Estado multicultural -- El caso del Estado monoétnico de
Guatemala. Guatemala, Cholsamaj.
CONADUR (2008). Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI. Guatemala,
Comisión Nacional para el Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR.
Cultural Survival (2008). Guatemala: observations on the state of indigenous human rights in
light of the UNDeclaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNHRC: Universal Periodic
Review). [n.p.], Cultural Survival.
Cumes, Aura y Ana Silvia Monzón (compiladoras) (2006) - KAQLA La Encrujiada de las
identidades:Mujeres, Feminismo y Mayanismo en Diálogo. Guatemala.
Hale, C. R. (2004). "Rethinking indigenous politics in the era of the "indio permitido"." NACLA
Report on the Americas 38(2).
Hayes, C. (2009). Guatemala’s Femicide Law: progress against impunity? Washington DC,
Guatemala Human Rights Commission, GHRC.
IFAD (2008). Guatemala: Country Strategic Opportunities Programme. Rome, International
Fund for Agricultural Development, IFAD.
Isaacs, A. (2006). Confronting the past? -- The challenge of truth, justice and reparations in
Guatemala. Madrid, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
Knuth, L. (2009). The right to adequate food and indigenous peoples -- How can the right to
food benefit indigenous peoples? Rome, Food and Agriculture Organisation, FAO.
Mayorga, P. E. (2007). Interorganisational collaboration: the National Cadastre of Guatemala.
Eschede, ITC.
Mizgata, J. (2006). Land Conflict under the Berger Administration. [n.p.], NISGUA.
OIM (2007). Encuesta sobre remesas familiares 2007. [n.p.], Organización Internacional para
las Migraciones, OIM.
Oxlajuj Tz’ikin (2008). Mechanismo de Apoyo a los Pueblos Indigenas. Guatemala.
Save the Children Noruega. (2007). La primavera está aquí. Guatemala.
Sieder, R. (2007). "The judiciary and indigenous rights in Guatemala." International Journal of
Constitutional Law 5(2): 211-241.
Taneja, P. (2009). State of the world’s minorities and indigenous peoples (events of 2008 –
education special). London, Minority Rights Group International, MRG.
UNDP (2007). MDGF-1660: Strengthening the institutional environment for the advancement of
women in Guatemala. http://sdnhq.undp.organización/opas/en/proposals/suitable/156, UNDP.
UNHCHR (2009). Preliminary Conclusions of the UN Special Rapporteur on the Right to Food
Mission to Guatemala, 3-5 September 2009. Geneva, United Nations High Commissioner for
Human Rights, UNHCHR.
UNICEF (2006) Politica Pública de Protección Interal y Plan de Acción Nacional a Favor de la
Niñez y la Adolecencia 2004-2005. Comisión de la Niñez y Adolecencia. Guatemala.
Van de Sandt, J. (2009). Mining conflicts and indigenous peoples in Guatemala. The Hague,
Cordaid/University of Amsterdam.
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66

Wittman, H. and L. Saldivar-Tanaka (2006). The agrarian question in Guatemala. Promised
land: competing visions of agrarian reform. M. Courville, R. Patel and P. Rosset. Oakland, Food
First Books: 23-39.
World Bank (1995). Guatemala: an assessment of poverty. Washington DC, World Bank, Latin
America and the Caribbean Regional Office.
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Rome, World Food Programme (WFP), Emergency Needs Assessment Branch (ODAN).
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Anexo 5: Preguntas guía para el trabajo de campo
Fuentes de información
o ¿Cambios en las políticas nacionales y regionales y en su implementación en lo que
respecta a los PI en Guatemala durante los últimos diez años?
o ¿En qué medida ha contribuido Hivos al desarrollo de leyes/políticas que apoyen a los PI
(internacionalmente) y en Guatemala?
o ¿Cambios en la situación real de los PI? (Derechos políticos, derechos a la tierra,
derechos/control sobre los recursos naturales [bosques, minerales, otros recursos
naturales], medios de vida, derechos de las mujeres indígenas, integración y desarrollo,
otros…)
o ¿Cuáles son temas primordiales para los PI en lo que respecta a la reivindicación/
obtención de sus derechos? (Derechos políticos y/o socioculturales, derechos colectivos,
autodeterminación/integración/asimilación forzada, menor marginación, legitimidad,
representación). ¿Hay diferencias en términos de cómo han sido asumidos los temas
asociados a los derechos por los diferentes grupos/representantes indígenas y entre
estados/distritos?
o ¿Contribuciones de las contrapartes de Hivos al trabajo en redes y al aprendizaje sobre
el desarrollo de los PI y su condición en términos de sus derechos? (¿Valor agregado al
desarrollo de los PI en el área?)
o ¿Otras partes interesadas de importancia que trabajen sobre el desarrollo de los PI?
Organizaciones de contraparte
o ¿Cambios en las políticas nacionales y regionales y su implementación en lo que respecta
al desarrollo de los PI en Guatemala durante los últimos diez años? (Por favor nótese:
también incluye temas de género en relación con los PI)
o ¿En qué medida ha contribuido la OC al desarrollo de leyes/políticas que apoyen a los PI
regionalmente (internacionalmente) y en Guatemala?
o ¿Ha apoyado Hivos a la OC en el desarrollo e implementación de programas específicos
que aborden la temática indígena? En caso afirmativo, ¿Cómo?
o ¿Objetivos específicos de los proyectos relacionados con los PI? (¿Se mencionan los
derechos sociales y culturales, derechos colectivos, autodeterminación, reducción de la
marginación?)
o ¿Qué otros proyectos (no apoyados por Hivos) implementados por la OC abordan la
temática indígena?
o ¿Cuándo y cómo se desarrollaron? (complementariedad, sinergia, impacto relativo,
importancia relativa de PI dentro de la cartera global de proyectos de la OC)
o ¿Ha la OC introducido cambios en cuanto al número, tipo, enfoque y abordaje en los
proyectos relacionados con la temática indígena durante los últimos ____ años? En caso
afirmativo, ¿por qué y cómo?
o ¿Qué diferencias en las cosmovisiones de los PI con respecto a las de la OC (y la de
Hivos) suponen desafíos en las actividades de desarrollo? ¿Cómo se manejaron estas
diferencias al momento de planificar las actividades?
o ¿Qué tipo de tensiones han surgido durante la implementación de los proyectos entre los
derechos colectivos/ culturales y los derechos individuales (incl. el género)? ¿Cómo se
han manejado?
o ¿Cuán bien considera la OC que ha incorporado la perspectiva de género? ¿Hay un
sistema de monitoreo diferenciado para el género?
o ¿Sistema de monitoreo a nivel de la OC? (Documentación de proyectos, documentos de
MyE, informes de avance)
o ¿Documentación sobre aprendizajes y buenas prácticas? (¿Ejemplos?)
o ¿Frecuencia y calidad de la comunicación entre la OC e Hivos?
o ¿Cambios en la situación real de los PI? (Medios de vida, derechos de las mujeres
indígenas, integración al desarrollo, otros...) ¿Qué provocó estos cambios? ¿Contribución
del trabajo apoyado por Hivos para lograr estos cambios?
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o ¿Cambio en la posición en cuanto a los derechos de los PI (derechos políticos, derechos
a la tierra, acceso y control sobre los recursos (minerales, bosques, PFNM, etc., derechos
de las mujeres indígenas)? ¿Cuán evidentes? ¿Cómo se dio este cambio?
o ¿Ejemplos de leyes especiales /fallos judiciales que apoyen los derechos indígenas?
o ¿Cambios en el no. de PI durante los últimos __ años que se benefician de proyectos de
Hivos? (Dependiendo del número de años que la OC lleve trabajando con Hivos)
o ¿Son los PI con los que la OC trabaja más fuertes o más débiles en términos de capacidad
para enfrentar impactos y desastres (resiliencia)? ¿Cuán evidente? ¿Cómo se dio este
cambio?
o ¿Están los PI con los que trabajan más o menos empoderados para reivindicar sus
derechos? ¿Cómo se dio este cambio?
o ¿Efectos no esperados positivos y negativos del trabajo de la OC apoyado por Hivos?
¿Cómo se manejaron o se manejarán?
o ¿Qué vínculos tiene la OC con otras contrapartes de Hivos que forman parte de la red?
¿Qué actividades se realizan conjuntamente? ¿Complementariedades? ¿Contactos
informales?
o ¿En qué otras redes participa la OC que se relacionen con los PI?
o ¿Qué otros vínculos institucionales con organizaciones de relevancia) (Por ej., institutos
de investigación y educativos?)
o ¿De qué manera ha apoyado Hivos el fortalecimiento institucional y de capacidades de
la OC? ¿Cómo valora la OC los cambios en su capacidad para trabajar la temática de los
PI durante los últimos ____ años? (Dependiendo de cuántos años lleve la OC trabajando
con Hivos)
o No. y % del personal con un adecuado conocimiento sobre los PI/temática indígena?
o ¿De qué manera ha ayudado el apoyo dado por Hivos en materia de fortalecimiento
institucional (financiamiento y otros), a la OC a llevar a cabo sus tareas en apoyo a los PI
de una manera diferente y más efectiva? (Sostenibilidad)
o ¿De qué manera ha estado la OC involucrada en el desarrollo de la estrategia
programática en Guatemala y/o las estrategias de sus programas temáticos? ¿De qué
manera trabaja al momento la OC en el desarrollo de sus prioridades para el futuro?
o ¿Hasta qué punto ha apoyado Hivos el aprendizaje y el intercambio de experiencias entre
las OC que trabajan en la temática indígena? (En Guatemala y en el ámbito
regional/internacional).
Grupos indígenas
o ¿Representa la OC los intereses y aborda las necesidades de los PI? De no ser así,
¿Qué se requiere cambiar para que esto ocurra?
o ¿Qué significa el desarrollo para estos PI? (Diferentes grupos, hombres, mujeres,
ancianos, jóvenes)
o ¿De qué manera se involucran (y quienes entre ellos) en la planificación de su propio
proceso de desarrollo? (Participación)
o ¿No. y tipos de planes de desarrollo comunitario desarrollados por los PI y estado de su
implementación? (No solamente Hivos-OC, sino también otras ONG/fondos
gubernamentales)
o ¿Cambios en sus vidas– positivos y negativos? ¿Cómo se dieron estos cambios?
(Diferenciados por género)
o ¿Cambios –positivos y negativos– en cuanto al acceso y control sobre los recursos?
¿Cómo se dieron estos cambios? (Diferenciados por género)
o ¿Más fuertes o más débiles en términos de su capacidad para enfrentar impactos y
desastres (resiliencia)? ¿Cuán evidente? ¿Cómo se dio este cambio?
o ¿Ejemplos de cómo los PI han intentado reivindicar sus derechos sociales, culturales,
económicos y/o políticos y resultados obtenidos? ¿Cambios en el nivel de confianza para
hacer tales reivindicaciones y, de ser así, junto con quién?
o ¿Ejemplos de leyes especiales/ fallos judiciales que apoyen los derechos indígenas?
o ¿Organizaciones/instituciones locales establecidas o fortalecidas con miras a la
reivindicación de derechos?
o ¿Efectos directos no esperados tanto positivos como negativos del apoyo bien
intencionado de la OC? ¿Cómo se enfrentaron o deben abordarse?
o ¿Cambios en el acceso a los mercados y a los servicios financieros?
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o ¿Confianza en que pueden continuar mejorando su situación económica como individuos
y/o como grupo? (Diferenciado por género)
Oficina regional de Hivos – Costa Rica
o ¿Otros cambios en las políticas nacionales y regionales y en su implementación
relacionados con los PI en Guatemala durante los últimos diez años?
o ¿Hasta qué punto ha contribuido Hivos al desarrollo de leyes/políticas que apoyen a
los PI (en la esfera internacional) y en Guatemala?
o ¿Cambios en la situación real de los PI? (Derechos políticos, derechos a la tierra,
derechos/control sobre los recursos naturales (forestales, minerales, otros recursos
naturales), medios de vida, derechos de las mujeres indígenas, integración al
desarrollo, otros…)
o ¿Contribuciones de las contrapartes de Hivos al trabajo en redes y al aprendizaje
sobre el desarrollo indígena y la condición con respecto a los derechos? (¿Valor
agregado al desarrollo de los PI en el área?)
o ¿Hasta qué punto el apoyo de Hivos llena un nicho relevante cuando se ve
específicamente a los PI?
o ¿Hasta qué punto se justifican las áreas geográficas/ubicación de los proyectos
seleccionadas en términos del número de PI, la injusticia estructural y el descuido
relativo por parte de otros donantes e instituciones que trabajan con los PI?
o ¿Cómo ha seleccionado Hivos a sus OC que trabajan la temática indígena? ¿Número
total y tipos de OC que trabajan la temática indígena? ¿Cambios en el número y en los
tipos de OC durante los últimos 6-10 años? ¿Aborda lo suficiente la cartera de
contrapartes guatemaltecas las prioridades al momento de abordar la injusticia
estructural que enfrentan los PI? (Tipos de contrapartes, su enfoque y abordaje).
o ¿Desafíos en cuanto al desarrollo y mantenimiento de la cartera de contrapartes
asociada a los PI?
o ¿Cuáles son las principales áreas del apoyo de Hivos para los programas relacionados
con los PI? ¿Por qué? ¿Ha habido cambios en el enfoque del apoyo y el financiamiento
en general durante los últimos 6-10 años? De ser así, ¿cómo y por qué?
o ¿En qué medida han ajustado las contrapartes de Hivos sus programas sobre la
temática indígena en respuesta a cambios en las necesidades y en el contexto
socioeconómico, legal y político?
o ¿ En qué medida ha apoyado Hivos a sus contrapartes en el desarrollo e
implementación de programas específicos para los PI?
o ¿De qué manera han estado involucradas las contrapartes de Hivos en el desarrollo del
programa en Guatemala y/o de las estrategias de los programas temáticos?
o ¿En qué medida ha apoyado Hivos a sus contrapartes en el desarrollo de sus
capacidades y el mejoramiento de sus proyectos sobre la temática indígena?
o ¿Cómo ha apoyado Hivos los temas de género en lo que respecta a los PI? ¿Cómo se
han identificado los temas de género? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué funcionó menos
bien? ¿Cómo podría mejorarse?
o ¿Hasta qué punto ha apoyado Hivos el aprendizaje y el intercambio de experiencias
sobre el trabajo con la temática indígena?
o ¿Coordinan y vinculan las OC su trabajo sobre los PI? (Dentro de una región
geográfica específica, a partir de temas, etc)
o ¿Cuál es la visión de largo plazo de Hivos sobre su cartera de contrapartes/proyectos?
o ¿Tiene Hivos una estrategia de salida clara en cuanto al apoyo a los
programas/contrapartes que trabajan la temática indígena?
o Otras partes interesadas de importancia en términos del trabajo sobre el desarrollo
indígena?
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Anexo 6. Documentación del proceso de evaluación
Áreas, organizaciones y fuentes de información
El estudio de caso sobre las actividades apoyadas por Hivos relacionadas con los
pueblos indígenas en Guatemala se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el 11 de
noviembre y el 1.º de diciembre de 2009 (incluyó una visita a la Oficina Regional de Hivos para
Centroamérica en San José, Costa Rica, del 11-12 de noviembre).
De acuerdo con esa oficina regional, durante el periodo 2003-2008 diez contrapartes
(de un total de 30) desarrollaron actividades de proyectos enfocadas primordialmente en las
poblaciones indígenas (ya fuera explícita o implícitamente; las actividades de proyectos de las
otras 20 contrapartes guatemaltecas no abordaron de manera primordial a esta población y/o
se centraron en la situación general del país. En el transcurso del estudio de caso, el equipo
del proyecto sostuvo entrevistas con 9 de estas 10 contrapartes (cubriendo en total 21
proyectos en su mayor parte consecutivos): CALDH, CNOC, CONIC, Enlace Quiché, IDEI,
Kaq’la, Madre Selva, Moloj y Manos Campesinas. La contraparte que no se visitó debido a
limitaciones de tiempo fue AFEDOG (Con 2 proyectos durante el periodo 2003-2008, la relación
con Hivos fue suspendida gradualmente en diciembre de 2007.) Las 9 organizaciones visitadas
habían recibido apoyo de Hivos por tiempos diferentes. Algunas de ellas eran contrapartes de
la agencia desde hace mucho tiempo y/o eran contrapartes estratégicas, mientras que con
otras la relación era relativamente reciente. La selección incluyó a diferentes tipos de
organizaciones que trabajan en diferentes ámbitos o escalas (local, regional y nacional). La
mayoría de las organizaciones tenían un enfoque de derechos; solo una trabajaba con un
enfoque en el desarrollo comunitario. Diferían entre sí con respecto al nivel de atención que
prestan a los temas de género (tres con un enfoque explícito de género). En conjunto, las
organizaciones abarcan cinco de las siete áreas temáticas de Hivos (DHyD, TIC/M, VIH/SIDA,
GMyD y DES).
En Ciudad de Guatemala, el equipo realizó una serie de entrevistas grupales
semiestrucuradas a personal clave de (6) organizaciones de contraparte que trabajan en el
ámbito nacional. Fuera de la capital, se visitó a personal de las contrapartes con oficinas
centrales fuera de la capital (3) y grupos de beneficiarios (4) de organizaciones de contraparte
con un enfoque nacional y regional en tres departamentos distintos: Quetzaltenango y Quiché y
el Altiplano Occidental, así como en Zacapa en el sudeste del país. Se aprovechó otra gira
fuera de la capital, al departamento de Sololá (Altiplano Occidental) para reunirse con personal
de otra organización de desarrollo (intermediaria) no financiada por Hivos. Hacia el final del
estudio de caso el equipo se reunió con varias fuentes externas de información–
expertos/consultores, científicos, representantes gubernamentales y una congresista– en la
capital (con la excepción de una experta que se encontraba en Quetzaltenango, quien fue
entrevistado anteriormente).
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Tabla 1: Algunas características de las organizaciones de contraparte visitadas en
Guatemala
Organización
de contraparte
Tipo de
organización/
Nivel de
intervención
CALDH Intermediaria
(programas
nacionales y
locales con PI)
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Pueblo(s)
indígena(s)
Chortí, Q'eqchí,
Kaqchikel a.o.
(no
exclusivamente
PI)
CNOC Red nacional Población
campesina (no
exclusivamente
CONIC Organización
indígena de
membresía
Enlace Quiché Intermediaria
(local)
IDEI Intermediaria
(regional)
Kaq'la Organización
indígena de
membresía
Madre Selva Intermediaria
(nacional)
Moloj Intermediaria
(nacional)
Manos
Campesinas
Organización
sombrilla
PI)
Descripción del proceso de estudio
Grupos/pueblos
mayas (no
especificados)
Tipo de
enfoque
Enfoque de
derechos
Enfoque de
derechos
Enfoque de
derechos
Quiché Enfoque de
derechos
Mam, quiché Enfoque de
a.o.
derechos
Grupos/pueblos Enfoque de
mayas (no
especificados)
derechos
Grupos/pueblos
mayas (no
especificados)
Grupos/pueblos
mayas (no
especificados)
Mam, Tz'utujil,
Quiché a.o. (no
exclusivamente
PI)
Enfoque de
derechos
Enfoque de
derechos
Desarrollo
comunitario
Atención al
género
Año de
financiamiento
inicial
Se menciona 1996
(contraparte
estratégica)
Se menciona 2000
(suspendida
gradualmente
en 2007)
Se menciona 1993
(contraparte
estratégica)
Explícito 2006
Se menciona 2006
Explícito 1998
(suspendida
gradualmente
No se
menciona
en 2010)
Explícita 2007
Se menciona 1998
1999
(suspendida
gradualmente
en 2009)
Preparativos para el trabajo de campo. En los días previos a nuestra partida a Guatemala,
los miembros del equipo a cargo del estudio revisamos las descripciones de proyectos y
algunos otros documentos puestos a nuestra disposición por Hivos. Durante la preparación del
informe introductorio se adquirió ya una buena visión de conjunto sobre los tipos de
organizaciones y actividades que Hivos apoya desde 2003. La documentación sobre las
actividades de proyectos –tanto en formato electrónico como impreso– se completó durante la
visita a la Oficina Regional de Hivos en San José, Costa Rica, (por parte de JvdS). A partir de
los TdR, se formuló una lista de preguntas para las entrevistas semiestructuras y discusiones
grupales con el personal clave de las organizaciones de contraparte. El borrador del esbozo del
informe elaborado por Ann Waters para el estudio de caso sobre Etiopía fue adaptado
("traducido") al contexto guatemalteco. En los días previos al inicio de las visitas de campo y a
las contrapartes (16 de nov.) se dividió la documentación ampliada sobre los proyectos de las
contrapartes entre los miembros del equipo (en cuatro y en cinco "dossiers" de las contrapartes
que incluían valoraciones organizacionales, propuestas de proyectos, planes anuales
operativos, informes narrativos anuales, y evaluaciones externas), se continuó leyendo la
información y se afinaron las preguntas de las entrevistas, las cuales el equipo discutió
posteriormente. Durante este tiempo también se ultimaron los detalles para las entrevistas y
giras de campo mediante comunicaciones con las personas contacto de las contrapartes y
otras fuentes de información (las primeras habían sido previamente informadas por Hivos).
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Reuniones con las contrapartes y giras de campo para entrevistar a poblaciones
beneficiarias. Las cartas en que se explicaba el propósito de la evaluación fueron enviadas a
las diversas contrapartes de Hivos en Guatemala por la OR en San José (firmadas por la
directora regional, Dineke Oudenalder) dos semanas antes de que se iniciara el estudio de
campo (4 de nov.). En las cartas posteriores (de seguimiento) enviadas a las contrapartes por
el equipo a cargo del estudio, en las cuales se confirmaban la fecha y hora de las visitas a sus
oficinas, se incluyó una lista de "preguntas generadoras" que el personal de las contrapartes
debía utilizar para preparar presentaciones breves durante la (primera) visita del equipo. Las
siguientes eran las preguntas: (1) Describa cómo ha contribuido su organización a generar
cambios para mejorar la situación y los derechos de los pueblos indígenas, dando ejemplos
concretos; (2) Mencione tres ejemplos concretos de capacidades institucionales fortalecidas
dentro de su organización, así como entre los beneficiarios de las actividades de sus proyectos
(en el periodo 2003-2008); (3) Haga un inventario de las fortalezas y debilidades de su
organización al atender las necesidades y problemas de los beneficiarios de sus proyectos, en
especial los dirigidos a las mujeres indígenas; (4) Mencione dos resultados clave o importantes
de los proyectos de su organización que fueron financiados por Hivos, expresamente en
relación con los objetivos de los proyectos. Asimismo, en la carta se pedía al personal de las
contrapartes: (a) sugerir posibles actividades o eventos de campo relacionados con los
proyectos que estaban siendo examinados a las que el equipo pudiese asistir en el curso del
estudio de campo (16-28 de nov); (b) facilitar datos de contacto de posibles fuentes externas de
información que pudiesen tener conocimientos sobre el trabajo de la contraparte y otros temas
más generales relacionados con la situación de los pueblos indígenas en Guatemala.
Las reuniones con personal clave de las contrapartes seleccionadas –dentro y fuera de
la capital– se planearon originalmente para realizarse en el transcurso de los primeros ocho
días del estudio de campo (16-24 de nov; con excepción de Madre Selva, que solamente se
incluyó en al selección de contrapartes en una etapa posterior). Esto se hizo con el fin de
disponer de suficiente tiempo entre una visita y otra para que el equipo preparara
cuidadosamente las entrevistas, y además para reservar tiempo de viaje (tres contrapartes
tenían sus oficinas fuera de la capital). Todas las entrevistas con personal clave de las
contrapartes se realizaron en el momento preferido, salvo la entrevista a Enlace Quiché, que
tuvo que posponerse debido a la incompatibilidad en las agendas del equipo y de la
organización (finalmente se realizó el 25 de nov). Las entrevistas a personal de las
contrapartes por lo general duraron entre 4 horas y un día completo (por ej. CALDH, cuya
entrevista se extendió durante dos días) y en su mayor parte eran realizadas por uno de los
miembros del equipo (con la excepción de CALDH, que también resultó ser la primera
contraparte entrevistada). Esto se hizo con el fin de lograr un aprovechamiento óptimo del
escaso tiempo disponible para abarcar al grupo de nueve contrapartes seleccionadas
(inicialmente ocho). Las actividades involucraron en su mayor parte entrevistas grupales con
entre dos y seis miembros del personal, y en general se iniciaban con una explicación sobre el
propósito y alcance del estudio de campo (evaluación) a cargo del miembro del equipo
(evaluador o evaluadora), seguido por la presentación preparada por el personal de la
contraparte (hasta dos horas). Después de la presentación, había amplio espacio para
preguntas, explicaciones y discusión. Se utilizó la lista de preguntas para las entrevistas
semiestructuradas y discusiones grupales con base en los TdR (preguntas de investigación 4-
9). De esta forma, mientras que las primeras horas de la entrevista se dedicaban
principalmente a las actividades de proyectos y resultados/problemas encontrados, la(s)
última(s) hora(s) se dedicaban a temas relacionados con: la atención al género y el papel de
las mujeres (en caso de que este no fuera un enfoque explícito del proyecto), colaboraciones a
través de alianzas con otras organizaciones, procesos institucionales internos (PMyE y
reorganizaciones), relación con Hivos mediante el desarrollo y ejecución de los proyectos (esto
es, acompañamiento de procesos), y por último, cambios percibidos en la situación de las
poblaciones indígenas beneficiarias. Después de las entrevistas (grupales), se mantuvo el
contacto y el intercambio de información con varias de las contrapartes por correo electrónico y
por teléfono.
El equipo logró coordinar la realización de cuatro reuniones con beneficiarios de
proyectos (4 de las 9 contrapartes). El 18 de noviembre, después de una reunión con personal
de la contraparte IDEI, Rebecca se reunió con dos jóvenes miembros del Parlamento Juvenil y
el Comité Intersectorial sobre el VIH/SIDA en Totonicapán (departamento vecino de
Quetzaltenango), que son contrapartes locales y beneficiarios de la Asociación para la
Investigación, Desarrollo y Educación Integral (IDEI). Ambos jóvenes hablaron sobre sus
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experiencias con la contraparte y su participación personal en actividades en el campo de la
salud/educación sexual (VIH/SIDA). El 20 de noviembre, Joris se reunió con 6 representantes
del Programa sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (PRODEPI) de CALDH. La actividad,
que se realizó en Río Hondo (capital del departamento de Zacapa) sin la presencia de la
contraparte, involucró una discusión extendida con un grupo focal que incluía a miembros del
Observatorio de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo Chortí y organizaciones sociales
(de mujeres y de jóvenes) de los municipios de Camotán, Jocotán, San Juan Ermita y Olopa
(Zacapa) en el sureste guatemalteco.
Debido a las grandes distancias y a lo inaccesible del terreno no fue posible visitar las
comunidades en persona. El 24 de noviembre, Joris visitó la comunidad indígena de Siete
Parajes, (también llamada Buenas Esperanzas) (grupo étnico Kaqchikel) en el municipio de
San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango, en compañía de dos miembros del
personal de CONIC. En la comunidad, que vive de la tierra en una hacienda antigua cafetalera
que recientemente le fue asignada por el Gobierno tras un prolongado conflicto agrario entre la
comunidad y el antiguo propietario – Joris asistió a un encuentro de la comunidad (60-80
personas presentes) organizado para la ocasión y habló por separado con un grupo de
miembros de la comunidad (4 hombres y una mujer). Los asistentes a la reunión y las personas
entrevistadas hablaron sobre sus experiencias pasadas (también con respecto a su relación
con CONIC) y explicaron los problemas que enfrentan en el actual contexto. El 25 de
noviembre, Rebecca habló con 8 representantes (mujeres) de la Asociación de Organizaciones
de Mujeres Quiché en Santa Cruz del Quiché (capital del departamento de Quiché), que es la
contraparte local y beneficiaria de las actividades de Ajb'atz' Enlace Quiché, la contraparte de
Hivos. Durante una prolongada conversación con un grupo focal, las mujeres –sin la presencia
del personal de la contraparte predominantemente masculino– se extendieron hablando sobre
sus experiencias recientes en términos de la colaboración con la contraparte y sus experiencias
trabajando con las TIC en el desarrollo de capacidades y en actividades de concienciación.
Las preguntas no respondidas que se originaron a partir de las giras de campo fueron
remitidas por el equipo a cargo de la investigación al personal de las contrapartes previamente
contactado y conversadas con éste (en persona o por correo electrónico).
Debido a las limitaciones de tiempo o a que las personas/grupos pertinentes no se
encontraban disponibles, no fue posible organizar más visitas de campo a beneficiarios de
proyectos. La imposibilidad de coordinar estas visitas adicionales no resultó problemática en el
caso de CNOC y Kaq’la, cuyas actividades de proyectos se realizan en su mayoría en la
capital, pero sí lo fueron más en el caso de Manos Campesinas y Moloj. En el caso de la
primera contraparte fue difícil organizar una gira de campo debido a que el estudio de caso se
realizó en medio de la cosecha de café.
Reuniones con fuentes externas de información. Durante los últimos días del estudio de
caso, el equipo realizó entrevistas individuales a un total de siete fuentes externas de
información –expertos/as y consultores/as, científicos sociales, representantes
gubernamentales y una congresista– y una entrevista grupal al personal de una ONG no
financiada por Hivos. Las entrevistas individuales, que duraron entre una y dos horas, fueron
semiestructuradas y con preguntas de final abierto, y se centraron en cuestiones más
generales sobre diversos aspectos: su participación personal en el trabajo con la temática
indígena (en ocasiones en parte, pero no siempre específicamente relacionado con los
proyectos de las contrapartes seleccionadas); sus visiones sobre la contribución de las leyes,
políticas y programas a los cambios percibidos en la situación de la población indígena
guatemalteca; y los beneficios (centrándose en el periodo de evaluación de 2003-2008), los
riesgos y limitaciones (consecuencias no intencionadas) de los programas y proyectos
financiados por agencias internacionales no gubernamentales de desarrollo (entre ellos los
proyectos financiados por Hivos). En la entrevista grupal con personal de una ONG no
financiada por Hivos (COPAE) se habló sobre las experiencias de su personal en redes de la
sociedad civil, incluyendo varias (antiguas) contrapartes de Hivos (CONIC, CNOC, Madre
Selva), en particular sobre el tema del conflicto agrario y la defensa de los derechos
ambientales de las comunidades indígenas frente a las industrias extractivas. Una entrevista
importante con una fuente externa de información – El Defensor de los Derechos Indígenas de
la Defensoría del Pueblo (una institución gubernamental) no pudo realizarse debido a
incompatibilidad en las agendas, pero podría coordinarse en otro momento mediante una
conferencia en Skype).
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Fortalezas / logros
• El amplio material de contexto recopilado durante las semanas previas al estudio de caso y
durante la visita a la OR de Hivos en San José fue útil para identificar aspectos y preguntas
clave que se explorarían durante la realización del estudio.
• Las preguntas generadoras y preguntas guía (lista de verificación) nos permitieron obtener
información general sobre las percepciones y las fortalezas y debilidades institucionales, el
desarrollo de las actividades de proyectos y la relación de la contraparte con Hivos, así
como las visiones sobre los cambios más generales en las vidas de los pueblos indígenas
y los problemas que los afectan.
• La asistencia de las personas enlace de Hivos (profesionales consultoras de
Contemporánea Consultora) resultó de gran ayuda para contactar y coordinar la realización
de las entrevistas (individuales y grupales) con las contrapartes de Hivos y con fuentes
externas de información. También resultaron de utilidad para obtener retroalimentación e
información adicional sobre las entrevistas a personal de las contrapartes (posteriormente).
• El equipo logró hablar con una amplia gama de personas involucradas en actividades de
proyectos financiados por Hivos, tanto personal de contrapartes como beneficiarios de
proyectos, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas. Se logró una participación óptima
gracias a la realización de reuniones por separado con beneficiarios (de CALDH-
PRODEPI), beneficiarios jóvenes y mujeres (de IDEI y Enlace Quiché, respectivamente) –
esto es, sin la presencia de personal de las contrapartes –.
• La colaboración entre diferentes contrapartes de Hivos (entre las que destacan CALDH y
CONIC) y su participación en redes de la sociedad civil (por ej. CNOC) le permitió al equipo
comparar sus enfoques y perspectivas y obtener información desde adentro (visiones,
críticas) sobre esfuerzos colaborativos.
• Muchas personas entrevistadas (la mayoría) del personal de las contrapartes y fuentes
externas de información (científicos, representantes gubernamentales y la congresista) son
indígenas propiamente y podían relacionarse muy bien con la situación y perspectiva de las
poblaciones beneficiarias y de la población indígena en general.
Debilidades y limitaciones
• Las restricciones de tiempo no permitieron hacer una lectura cuidadosa de toda la
información relevante de proyectos facilitada al equipo a cargo del estudio.
• En la mayoría de los casos las organizaciones de contraparte fueron avisadas sobre la
visita del equipo con poca antelación. En dos casos esto impidió que el equipo hiciera giras
a las oficinas locales (de campo) de esas contrapartes y/o sus beneficiarios (por ej., en el
caso de Manos Campesinas y Moloj).
• Las limitaciones de tiempo del estudio de caso, en parte también asociadas al poco tiempo
de planificación, impidieron que algunas giras de campo (a beneficiarios) adquirieran
suficiente profundidad/cobertura y no permitieron visitar a las comunidades involucradas
(por ej., las giras a Siete Parajes y Río Hondo, respectivamente).
• En este sentido, quizás habría resultado mejor incluir una cantidad menor de
organizaciones de contraparte en la selección.
• En un caso es posible que la presencia de personal de la contraparte durante la gira de
campo haya impedido una participación óptima (por ej., la visita con CONIC a la comunidad
de Siete Parajes en San Martín Jilotepeque). Esto debió haberse coordinado mejor con la
contraparte antes de emprender la gira.
• De haber dispuesto de más tiempo, el equipo habría tenido la posibilidad de reunirse con
más fuentes de información, en especial de institutos de investigación y en menor medida
de instituciones gubernamentales.
• La apretada agenda de reuniones con contrapartes, beneficiarios y fuentes de información
no le permitió al equipo avanzar más en la elaboración del informe sobre el estudio
(aunque el trabajo se esbozó y dividió entre sus miembros). De nuevo, en este sentido
quizás habría resultado mejor incluir menos organizaciones de contraparte en la selección.
Recomendaciones para estudios de caso futuros (específicamente en Bolivia)
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• Aunque la carta enviada por Hivos a sus contrapartes explicando el propósito y alcance del
estudio de campo sobre los proyectos financiados por Hivos relacionados con los pueblos
indígenas pareció funcionar bien en términos generales, quizás sea necesario poner mayor
énfasis en el hecho de que el estudio también abarcaba cambios más generales en la
situación de dichos pueblos durante el periodo de la evaluación.
• Las preguntas guía (lista de verificación) y las preguntas generadoras para uso en las
entrevistas con las contrapartes (y también con las fuentes externas de información) deben
afinarse más y traducirse al contexto boliviano. En este contexto resulta aconsejable contar
con información relevante sobre los proyectos (dossiers) con suficiente antelación.
• Es recomendable coordinar al menos una cantidad crítica de reuniones con fuentes
externas de información antes de reunirse con personal de las contrapartes y con las
poblaciones beneficiarias, de forma que las entrevistas y discusiones con estas últimas
tengan un enfoque más específico (al abordar temas pertinentes determinados).
• Es importante que la logística de los viajes para visitar a las contrapartes y beneficiarios se
conciba en forma estratégica, de forma de aprovechar de manera efectiva el limitado
tiempo disponible. Esto supone un desafío, en especial en el caso de Bolivia en donde las
distancias son largas, las oficinas de las contrapartes se encuentran dispersas y el terreno
en ocasiones es inaccesible (A este respecto el equipo tuvo suerte de que Guatemala es
un país relativamente pequeño, las oficinas de las contrapartes se encuentran altamente
concentradas y las poblaciones beneficiarias se encuentran relativamente accesibles.)
• En particular las giras a las poblaciones beneficiaras deben organizarse de forma tal que se
disponga de suficiente tiempo para lograr una profundidad y cobertura adecuadas en las
entrevistas y discusiones. Para garantizar una perspectiva inclusiva sobre temas
pertinentes es recomendable incluir en las discusiones grupales a adultos mayores,
jóvenes y mujeres (juntos y a veces por separado).
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Anexo 7. Carta modelo para las contrapartes
Estimado/as colegas,
Reciban el más cordial saludo de parte de nuestro equipo, con deseos que se están realizando
sus actividades con mucho éxito.
Como seguimiento a la carta enviada por parte de Dineke van den Oudenalder Directora
Regional de Hivos, nos da mucho gusto iniciar el trabajo con su organización durante la
presente evaluación del trabajo de Hivos en Guatemala que se realizará entre el 16 y 28 de
noviembre de 2009; parte de un conjunto de actividades en varios países y con diferentes
agencias de cooperación holandesas.
Con el motivo de adelantar la planificación, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para
hacerles las siguientes observaciones y solicitudes:
Marco de la Evaluación:
• Informarles que seré yo la persona responsable por parte de nuestro equipo en
coordinar
• actividades con su organización; cualquier duda sobre la evaluación y sus actividades
pueden
• dirigir a mi persona.
• Enfatizar que la evaluación se concentra en explorar la manera en que las políticas,
procedimientos y prácticas de los programas de Hivos y sus contrapartes contribuyen a
la reducción de injusticia estructural hacia los pueblos indígenas;
• Mencionar que la evaluación se limita a los proyectos y actividades comprendidos en el
periodo
• 2003 2008
Tareas y Aspectos Metodológicos:
• Previo a nuestra visita (fecha) requerimos que el personal involucrado con estos
proyecto pueda realizar una reunión donde puedan discutir internamente sobre algunas
preguntas que les adelantaremos (en los próximos días). Queremos solicitarles que
tengan la gentileza de poder presentándonos los resultados a través de una
presentación que resuma las respuestas a nuestra guía de preguntas.
• Además, queremos solicitarles que reserven un día entero con personal de su
organización involucrado específicamente en los temas relacionados con pueblos
indígenas de los proyectos apoyados por Hivos durante el periodo 2003-2008. Esto con
el objetivo de poder realizar uno varias de las actividades que les proponemos a
continuación:
1. Entrevista individual con el/la directora/a de su organización o el/la responsable
del programa relacionado con pueblos indígenas;
2. Una entrevista/discusión en grupo con personal clave de este programa.
3. Si fuese posible, queremos realizar un grupo focal con beneficiarios del
programa/proyecto o, alternativamente, nuestra observación participativa de
una actividad en el marco de un proyecto relacionado con pueblos indígenas
que se realice entre el 16 y 28 de noviembre (que nos permita conocer mejor el
trabajo y la relación entre su organización y los beneficiarios del
4. programa/proyecto).
Adicionalmente, requerimos de su valioso apoyo para que:
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• Nos faciliten documentos pertinentes (publicaciones, evaluaciones realizadas, informes
especiales, etc.) relacionados con los proyectos de su organización en el tema de
pueblos indígenas que fueron apoyados por Hivos durante el periodo mencionado.
• Nos sugieren y contacten con algunos expertos y expertas en el tema indígena, que
han estado involucrados o tengan conocimiento especifico en relación con el tema de
su programa. Con el objetivo de tener una entrevista con ellos/as.
Gracias anticipadas por su cooperación en la realización de las actividades que estamos
proponiendo. Sabemos que es una época difícil del año para coordinar actividades, y
agradecemos mucho su disposición.
Mucho les agradecemos se sirvan responder a nuestra solicitud a vuelta de correo o bien
llamarnos al: 502-5804-5022. No dude en contactarnos si tienen cualquier pregunta, sugerencia
o comentario.
Muy cordialmente,
_______________
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