texto completo - Poder Judicial del Estado de Coahuila

SENTENCIA
ELECTORAL
No. 23/2005
JUICIO ELECTORAL
EXPEDIENTE: 52/2005
ACTOR: GERARDO ALBERTO
LOZANO MARTÍNEZ.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMITÉ MUNICIPAL ELECTORAL
DE TORREÓN, COAHUILA.
MAGISTRADA PONENTE:
ELENA TREVIÑO RAMÍREZ.
SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA:
GUSTAVO EMMANUEL VALDÉS
GARCÍA.
Saltillo, Coahuila, a veintiséis de agosto del dos mil cinco.
V I S T O S para resolver en definitiva los autos del
Expediente número 52/2005 relativo al JUICIO
ELECTORAL promovido por GERARDO ALBERTO
LOZANO MARTÍNEZ, en su carácter de candidato a la
presidencia municipal de Torreón, Coahuila, por el Partido
Convergencia, en contra del Acuerdo 08/2005 emitido por
el Comité Municipal Electoral de Torreón, Coahuila, en
Sesión Ordinaria de fecha trece de agosto del dos mil
cinco, mediante el cual se aprueba el registro de Eduardo
Olmos Castro como candidato a la presidencia municipal
de Torreón, Coahuila por el Partido Revolucionario
Institucional.

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R E S U L T A N D O
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
PRIMERO.- El diecisiete de agosto de dos mil cinco, la
autoridad responsable recibió el escrito mediante el cual
GERARDO ALBERTO LOZANO MARTÍNEZ, interpone Juicio
Electoral en contra del Acuerdo número 08/2005 emitido por el
Comité Municipal Electoral de Torreón, Coahuila, en Sesión
Ordinaria de fecha trece de agosto del presente año, mediante
el cual se aprueba el registro de Eduardo Olmos Castro como
candidato a la Presidencia Municipal por el Partido
Revolucionario Institucional.
El actor expresó como hechos y agravios los siguientes:
“...ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA:
El acuerdo número 08/2005 en el que se aprueba el
registro al Candidato C. EDUARDO OLMOS CASTRO
del Partido Revolucionario Institucional con domicilio en
Avenida Morelos 655 oriente colonia centro de esta
ciudad concretamente.
Autoridad Responsable EL COMITÉ MUNICIPAL
ELECTORAL de Torreón, Coahuila del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana con domicilio
ubicado en Avenida Matamoros número 1419 poniente
en esta ciudad de Torreón, COAHUILA.
Preceptos Constitucionales violados.- por su
inobservancia a los artículos 41 fracciones I, II, en todos
sus incisos y 116 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 párrafo I
fracción II, numeral 3, de la CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 2,3, párrafo I
fracciones I y II, 6 y 10 de la Ley del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana.
Por no aplicar los artículos 2 fracciones III y IV, 3, 34, 50
fracciones I, II, VIII de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila de
Zaragoza y 42, párrafo I fracciones XII, XIII, XVII, XVIII,
51 fracción II. Lo anterior lo fundamento en los
siguientes:

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HECHOS
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
El trece 13 de agosto del dos mil cinco 2005 tuvo lugar
la Sesión Ordinaria por parte del Comité Municipal
Electoral, en el orden del día y otorga el Registro con
acuerdo número 08/2005 en el que se aprueba el
registro al candidato C. EDUARDO OLMOS CASTRO
del Partido Revolucionario Institucional, violando lo
establecido por el artículo 107 de la Ley de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de
Coahuila de Zaragoza, ya que con ese acuerdo se viola
la Constitucionalidad previamente establecida por los
ordenamientos jurídicos establecidos, toda vez que
dicho candidato realizo (SIC) campañas de proselitismo
con fines de promover su imagen personal en forma
despampanante cuando este era Diputado Federal, en
Funciones o con permiso del Congreso y no le daba
derecho a insultar con dicha propaganda, a la sociedad,
ya que su propaganda aparece, cuando su intención es
contender en los comicios municipales , tan es así que
la realidad histórica lo confirma al lograr, que la
Autoridad del COMITÉ MUNICIPAL ELECTORAL lo
registrara, primero como precandidato, y después como
candidato, por lo que es notoria su intención de
proselitismo fuera de los tiempos que marcan las leyes
al promover su imagen personal con el propósito de
obtener la postulación, lo cual realizo (SIC) fuera de los
tiempos establecidos como lo mencionan los artículos
107, 110, 111 y demás relativos de la Ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, ya
que inició su propaganda de anuncios espectaculares
desde el mes de mayo del presente año, Causando
agravio al suscrito, al otorgar el Registro, acuerdo
número 08/2005 del presente año, ya que en la misma,
la autoridad responsable dejó de aplicar los principios
fundamentales de apego a la legalidad vulnerando así
las disposiciones legales de la Legislación Electoral del
Estado de Coahuila, en razón de que se aplicaron
incorrectamente diversas disposiciones de dicho
ordenamiento por lo cual se comprueba con las
siguientes:
PRUEBAS
1.- La documental pública consistente en copia
fotostática del periódico la OPINIÓN MILENIO de fecha
diez (10) de Junio del Dos Mil Cinco (2005) diario local
en esta ciudad, en donde se desprende la intención del
candidato C. EDUARDO OLMOS CASTRO del Partido
Revolucionario Institucional, que el día 10 de junio
manifiesta este diario de circulación que se encuentran
violentando lo establecido por el artículo (SIC) 107, 110,
111 y demás relativos de la Ley de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de
Coahuila de Zaragoza, y además se demuestra con la
investigación hecha por el mencionado medio de

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
información, la cantidad de espectaculares y demás
propaganda que hasta la fecha del diez (10) del mes de
junio del presente año estaba instalada en todo el
municipio, dandose (SIC) cuenta con ello la sociedad
de la simulación efectuada, al ofrecer a última hora los
servicios de gestoría que nunca realizó al iniciar su
función pública, confirmando con ello los fines
ELECTORALES de dicha propaganda y confirmandola
(SIC) con su registro como CANDIDATO de su partido.
2.- La documental privada consistente en12 fotografías
certificadas por el LIC. FELICIANO CORDERO
SÁNCHEZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14 para el
Distrito de Biseca del día 30 del mes de mayo del 2005
con lo cual se prueba que se encuentran violando lo
establecido por el artículo 107, 110, 111 y demás
relativos de la Ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila de
Zaragoza, por lo que es notoria su intención de
proselitismo fuera de los tiempos que marcan las leyes
al promover su imagen personal con el propósito de
obtener la postulación a la Presidencia Municipal de
esta ciudad.
3.- La instrumental de actuaciones consistente en
todas las pruebas que se suscriben y se formen con
motivo del presente recurso, en todo lo que beneficie a
mis intereses Electorales y se relacione con todas y
cada uno de los hechos y agravios del presente
ocurso...”
SEGUNDO.- El Presidente del Comité Municipal Electoral
de Torreón, Coahuila, Licenciado Rafael Rodríguez
Pantoja, notificó oportunamente a este Tribunal el día
dieciocho de agosto del presente año sobre la presentación
del medio de impugnación de que se trata, así como de la
fijación en esa misma fecha de la cédula en los estrados
respectivos de conformidad con lo dispuesto por el artículo
45 fracciones I y II de la Ley de Medios de Impugnación en
Materia Político – Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado, informando en fecha veintiuno de agosto de
dos mil cinco, que no se presentaron terceros interesados y

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
remitiendo a este Órgano Jurisdiccional el escrito del Medio
de Impugnación correspondiente, su Informe
Circunstanciado, el Acta de Sesión Ordinaria del Comité
Municipal Electoral de Torreón, Coahuila, de fecha trece de
agosto de dos mil cinco, que contiene el Acuerdo 08/2005
que constituye el acto impugnado, y demás documentos
relativos al Juicio Electoral.
En su Informe Circunstanciado, la autoridad responsable
admitió la existencia del acto reclamado, y reconoció la
personalidad con la que comparece el promovente en su
calidad de candidato a la presidencia municipal de Torreón,
Coahuila por el Partido Convergencia.
A efecto de sostener la constitucionalidad y legalidad del
acto impugnado, en su Informe Circunstanciado, la
autoridad responsable expresó lo siguiente:
“... INFORME CIRCUNSTANCIADO.
En primer término me permito señalar en atención a lo
dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político Electoral y de
Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, que la promovente del Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales que nos
ocupa, tiene reconocida su personalidad como
candidato a presidente municipal por el partido
Convergencia tal como consta en el acta de la sesión
ordinaria de fecha 13 de agosto del presente año.
Con la finalidad de sostener la constitucionalidad y
Legalidad del acto o resolución impugnados me permito
hacer de su conocimiento lo siguiente:

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CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
En virtud de que el promovente confunde la ley de
medios de impugnación en materia político electoral y
de participación ciudadana vigente en el estado y (SIC)
intenta darle carácter de “revisión constitucional y del
juicio de protección”, no se puede identificar con
claridad que tipo de recurso trata de interponer, pero si
atendemos a que su petición consiste, si es que esto se
puede, en que se declare inconstitucional el registro
realizado a través del acuerdo 08/2005 del candidato
del partido (SIC) Revolucionario Institucional, no
obstante que no es la vía para lograrlo.
Pero aún si tratáramos de entender la pretensión del
promovente y revisáramos todos los instrumentos que
componen el sistema de medios de impugnación
veríamos que no es procedente ninguno, al menos en
los términos planteados por el promovente.
Primero.- El escrito no puede ser un juicio de
participación ciudadana o una queja en materia
electoral o de participación ciudadana, pues no hay
aquí controversia sobre alguna figura de participación
ciudadana en los términos del artículo 99 de la Ley de
medios en cita. Por no haber omisión por parte de este
comité de conformidad con lo dispuesto en el artículo
130 del mismo texto legal tampoco puede ser
considerado el documento presentado por el
promovente como un recurso de queja en materia
electoral y de participación ciudadana.
No es procedente el escrito si se tratara de un juicio
electoral en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de
la ley de medios de impugnación en materia electoral
de nuestro estado, ya que el candidato solo puede
presentar un escrito, si el partido político que lo postulo
(SIC) presento (SIC) el medio de impugnación o escrito
con el carácter de tercero interesado, esto es el
candidato únicamente podrá comparecer como
coadyuvante. Y en el caso bajo estudio el Partido
Convergencia no entrego (SIC) al comité documento
alguno en contra del registro del candidato de partido
(SIC) Revolucionario Institucional que el promovente
quiere impugnar.
En el caso de el (SIC) escrito pretendiera tener el
carácter de Juicio para la protección de derechos
político electorales previsto en el artículo 95 de la Ley
de Medios de Impugnación en materia político electoral
y de Participación Ciudadana, solo admite que sea
promovido en los casos señalados dentro de este
precepto, no posible promover un juicio de esta
naturaleza para solicitar que se revoque el registro de
un candidato a diputado local, pues la promovente no
señala y menos prueba la posible violación a sus
derechos político electorales. No es desconocido por
este comité la circunstancia de que el promovente tiene

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
el derecho a equivocarse en la vía para impugnar los
actos en materia electoral pero incluso ese supuesto
establece algunas reglas, como lo dispone
expresamente la siguiente tesis de jurisprudencia de la
Sala Superior del Tribunal Federal Electoral:
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO
DETERMINA NECESARIAMENTE SU
IMPROCEDENCIA.—Ante la pluralidad de
posibilidades que la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral da para privar de
efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales,
es factible que algún interesado exprese que interpone
o promueve un determinado medio de impugnación,
cuando en realidad hace valer uno diferente, o que, al
accionar, se equivoque en la elección del recurso o
juicio legalmente procedente para lograr la corrección o
la satisfacción de la pretensión que se propone. Sin
embargo, si: a) se encuentra identificado patentemente
el acto o resolución que se impugna; b) aparece
manifestada claramente la voluntad del inconforme de
oponerse y no aceptar ese acto o resolución; c) se
encuentran satisfechos los requisitos de
procedencia del medio de impugnación legalmente
idóneo para invalidar el acto o resolución contra el
cual se opone reparo o para obtener la satisfacción
de la pretensión, y d) no se priva de la intervención
legal a los terceros interesados; al surtirse estos
extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite
que corresponda al medio de impugnación realmente
procedente, porque debe tenerse en cuenta que
conforme a la fracción IV del artículo 41 constitucional,
uno de los fines perseguidos con el establecimiento de
un sistema de medios de impugnación consiste en
garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales; por
tanto, dentro de los derechos electorales reconocidos
en la Carta Magna a los ciudadanos, agrupados o
individualmente, destaca el de cuestionar la legalidad o
la constitucionalidad de los actos o resoluciones
electorales que consideren les causa agravio,
cuestionamiento que se sustancia en un proceso de
interés público, cuyo objeto, por regla general, no está a
disposición de las partes, por estar relacionado con
derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución. Esto debe complementarse con la
circunstancia de que el artículo 23, párrafo 3, de la ley
secundaria citada previene que, si se omite el
señalamiento de preceptos jurídicos presuntamente
violados o se citan de manera equivocada, en la
resolución que se emita deben tomarse en
consideración las disposiciones que debieron ser
invocadas o las que resulten aplicables al caso
concreto. En observancia a lo anterior, se arriba a la
solución apuntada, pues de esta manera se verá

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
colmado el referido fin del precepto constitucional
invocado, con la consiguiente salvaguarda de los
derechos garantizados en él, lo que no se lograría, si se
optara por una solución distinta, que incluso conduciría
a la inaceptable conclusión de que esos derechos
pudieran ser objeto de renuncia. Tercera Época: Juicio
para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-003/97.—Asociación Nacional
Revolucionaria General Leandro Valle.—14 de febrero
de 1997.—Unanimidad de votos. Juicio para la
protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-004/97.—A’Paz Agrupación
Política Alianza Zapatista.—14 de febrero de 1997.—
Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-
RAP-008/97.—Partido de la Revolución Democrática.—
12 de marzo de 1997.—Unanimidad de votos. Revista
Justicia Electoral 1997, suplemento 1, páginas 26-
27, Sala Superior, tesis S3ELJ 01/97. Compilación
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, páginas 125-126.
Y en el documento entregado por el promovente no se
satisfacen los requisitos de procedencia de ninguno de
los medios previstos en nuestro estado; Por (SIC) lo
que solicito a este Tribunal declare improcedente el
presente escrito. No obstante ello, estimo pertinente
hacer alguna consideraciones (SIC) ad cautelam sobre
el documento del promovente
CON RELACIÓN A LOS HECHOS DE LA DEMANDA.
Es cierto que el trece de agosto del año dos mil cinco
se realizo (SIC) en el domicilio del comité municipal
electoral de Torreón Coahuila (SIC) sesión ordinaria en
donde se otorgo (SIC) el registro con el acuerdo
número 08/2005 al C Eduardo Olmos Castro como
candidato a presidente Municipal por el Partido
Revolucionario Institucional. Sin embargo respecto a las
demás consideraciones que hace el promovente
básicamente las hace consistir en las siguientes:
1.- El registro se realizó violando lo establecido por el
artículo 107 de ley de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales del Estado, ya que con ese
acuerdo se viola la Constitucionalidad previamente
establecida por los ordenamientos jurídicos
establecidos.
Señalamientos que resultan infundados y por ende no
son razón para haberle negado el registro como
candidato al C Eduardo Olmos Castro ya que dentro de
la documentación presentada ante este comité se
entregó cumple con el (SIC) requisitos establecidos por
la convocatoria expedida por el Instituto y con lo
previsto en el artículo (SIC) 15, 102 y 103 de la Ley de
Instituciones políticas (SIC) y de Procedimientos
Electorales.

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2.- Toda vez que dicho candidato realizo (SIC)
campañas de proselitismo con fines de promover su
imagen personal en forma despampanante cuando
este era diputado federal, en funciones, o con permiso
del congreso y no le daba derecho a insultar con dicha
propaganda, a la sociedad, ya que su propaganda
aparece, cuando su intención es contender en los
comicios municipales.
De conformidad con el Diccionario de la Lengua
Española Vigésima segunda edición despampanante
quiere decir: (Del ant. Part. Act. De despampanar). 1.
adj. Pasmoso, llamativo, que deja atónito por su buena
presencia y otras cualidades.
Por lo cual no es entendible por que el promovente se
duele de esta circunstancia, pues alguien que deja
atónito por su buena presencia o sea el diputado con
licencia, según el dicho del promovente no puede se
(SIC) insultante para la sociedad, sin embargo es
inatendible esta consideración subjetiva que hace el
promovente y que en nada ayuda a sus pretensiones.
3.- Tan es así que la realidad histórica lo confirma al
lograr, que la autoridad del Comité Municipal Electoral
lo registrara, primero como precandidato, y después
como candidato, por lo que es notoria su intención de
proselitismo fuera de los tiempos que marcan las leyes
al promover su imagen personal con el propósito de
obtener la postulación la cual realizo (SIC) fuera de los
tiempos establecidos como los mencionas (SIC) los
artículos 107, 110, 111 y demás relativos de la ley de
Instituciones Políticas y Procedimientos electorales
(SIC), ya que Inicio (SIC) su propaganda de anuncios
espectaculares desde el mes de mayo del presente
año, (SIC)
No es cierto como que el Comité haya registrado con el
carácter de precandidato al diputado, por ser esta una
actividad que corresponde a la vida interna de los
partidos.
4).- (SIC) Causando agravio al suscrito, al otorgar el
registro acuerdo 08/2005 del presente año, ya que en la
misma, la autoridad responsable dejo (SIC) de aplicar
los principios fundamentales de apego a la legalidad
vulnerando así las disposiciones legales de la
legislación electoral del estado de coahuila (SIC), en
razón de que se aplicaron incorrectamente diversas
disposiciones de dicho ordenamiento.
Sobre los señalamientos del promovente en estos dos
últimos aparentes agravios, este comité estima
necesario tomar en consideración la sentencia definitiva
dictada, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
Poder Judicial de la Federación, el veinticuatro de
septiembre del año dos mil dos dentro del expediente.
SUP-JRC-143/2002 por ser el único antecedente
jurisdiccional que existe respecto a la interpretación,
valoración y aplicación del artículo 107 en comento en
la parte que nos interesa dice:
...” Ahora bien, narrados sucintamente los motivos de
inconformidad, con la finalidad de estar en condiciones
de resolver la presente controversia, esta Sala Superior
estima necesario, en primer término, desentrañar el
sentido y alcance del párrafo segundo del artículo 107
de la Ley de Instituciones Políticas y de Procedimientos
Electorales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el
cual es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 107
... Los ciudadanos que por sí, o a través de partidos
políticos o terceros, realicen actividades
propagandísticas y publicitarias, con objeto de
promover su imagen personal, de manera pública y con
el inequívoco propósito de obtener la postulación a un
cargo de elección popular, se ajustarán a los plazos y
disposiciones establecidos e esta ley. El incumplimiento
a esta norma dará motivo a que el Instituto, a través de
sus órganos competentes y en la oportunidad
correspondiente, les niegue el registro como
candidato...”
De la disposición transcrita se desprende que los
ciudadanos por sí, o a través de partidos políticos o
terceros, pueden realizar actividades propagandísticas
y publicitarias, con el objeto de promover públicamente
su imagen personal y con el inequívoco propósito de
obtener la postulación a un cargo de elección popular,
siempre y cuando se ajusten a los plazos y
disposiciones establecidos en la ley para la realización
de las precampañas.
El incumplimiento a la condición señalada en la parte
final del párrafo anterior, da motivo a que el Instituto, a
través de sus órganos competentes y en la oportunidad
correspondiente, les niegue el registro como candidato.
Lo anterior quiere decir que si un ciudadano, por sí o
por un partido político o mediante terceros, realiza
actividades propagandísticas y publicitarias con el
objeto de promover su imagen personal, de manera
pública y con el inequívoco propósito de obtener la
postulación a un cargo de elección popular, fuera del
plazo previsto por la ley electoral para la realización de
las precampañas, o sin sujetarse a las disposiciones
que rigen a éstas, se encuentra impedido para
participar en la contienda política por la obtención del

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
sufragio popular, puesto que la autoridad electoral se
encuentra compelida, de acreditarse los extremos
necesarios, a negarle el registro como candidato.
En tal virtud, por cuanto interesa al presente asunto, es
preciso convenir que, a fin de que se actualice el
presupuesto sancionador en comento, deberán coincidir
y acreditarse necesariamente los siguientes elementos:
a) la realización de actividades propagandísticas fuera
de los plazos previstos para la realización de las
precampañas; b) que, de manera pública, se promueva
la imagen persona de un ciudadanos, y c) que la unión
de los elementos anteriores implique el propósito
inequívoco de obtener la postulación a un cargo de
elección popular.
En relación con el primero de los elementos,
consistente en la realización de actividades de difusión
o de promoción con el propósito de atraer o ganar
adeptos, no cabe lugar a dudas que el legislador
contempla un aspecto relativo al lapso en que los
ciudadanos pueden promover públicamente su imagen
con la finalidad de obtener la postulación a un cargo de
elección, el cual, no podrá ser fuera de los periodos
(SIC) establecidos por las precampañas.
Esto es así en atención a que la norma persigue como
finalidad que los contendientes en un proceso electoral
concurran en las condiciones de igualdad que
garanticen la equidad en contienda, lo que no se podría
dar si, desde antes del inicio de las campañas políticas
un ciudadano, haciendo uso de los medios con que
disponga para ello, contara (SIC) ya con una difusión
de su imagen personal, de forma tal que se encuentre
más identificado con el electorado que habrá de decidir
el sentido de la renovación del os puestos
representativos.
El segundo de los elementos atiende a que, con las
actividades propagandísticas se promueve, de manera
pública, la imagen personal de cualquier ciudadano y
con ello, difundan su presencia en la sociedad, esto es,
la propaganda que, en última instancia, se encuentra
prohibida, es aquella que difunde o dé a conocer tanto
los rasgos fisonómicos que identifiquen al individuo
como aquellos otros caracteres o atributos, como el
nombre, que lo individualicen plenamente.
En cuanto al tercero de los elementos descritos, este se
habrá de presentar cuando las actividades de
propaganda que tengan como fin la promoción pública
de la imagen de una persona, hagan evidente su
inequívoco propósito de obtener la postulación a un
cargo de elección popular.

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
De lo anterior se desprende que, como requisito para la
aplicación de la sanción de negativa de registro como
candidato, se requiere que la acreditación del conjunto
de actividades propagandísticas que hubiere realizado,
antes de los plazos previstos por la ley electoral, de
manera inequívoca se demuestre el propósito de
obtener la referida postulación. Inequívoco según el
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda
edición, Real Academia Española, Madrid, dos mil uno,
página 860, significa “que no admite duda o
equivocación”. Por su parte, en el Diccionario del Uso
del Español de María Moliner, segunda edición,
Editorial Gredos, Madrid, mil novecientos noventa y
ocho, tomo I-Z, página 50, se dice que lo inequívoco
atiende a algo “Tan claro que no es posible dudar de
ello o confundirlo con otra cosa... Evidente. Indudable”.
Aplicada esta acepción al citado requisito específico de
sanción de negativa de registro, se tiene que se estará
ante un propósito inequívoco de obtener la postulación
a un cargo de elección popular, cuando de la actividad
propagandística y publicitaria realizada con el objeto de
promover la imagen personal de un ciudadano, de
manera pública, dicha intención se haga evidente y no
deje lugar a dudas. De lo anterior se puede concluir que
las actividades de propaganda realizadas por un
ciudadano para promover públicamente su imagen
personal, fuera de los plazos señalados por las
precampañas, serán sancionadas, en caso de que
dicho ciudadano solicite su registro como candidato a
un cargo de elección, siempre y cuando de su
contenido de (SIC) desprenda indudablemente y sin
equivocación alguna, que tales actividades se
realizaron con el propósito de obtener la referida
postulación.
En este sentido de las exiguas pruebas que ofrece el
promovente no puede considerar que se hayan
realizado las actividades de propaganda de un
legislador con el inequívoco propósito de obtener un
cargo de elección popular, ya que de una sola nota
periodística y de una serie de fotografías pasadas ante
la fe de un notario público no de (SIC) tiene elementos
con las (SIC) suficiente fuerza probatoria, para apoyar
las pretensiones del C. Gerardo Alberto Lozano
Martínez. Sirvan para fortalecer este argumento las
siguientes tesis de la Sala Superior del Poder Judicial
de la Federación:
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.—Los medios
probatorios que se hacen consistir en notas
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los
hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata
de indicios simples o de indicios de mayor grado

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias
existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron
varias notas, provenientes de distintos órganos de
información, atribuidas a diferentes autores y
coincidentes en lo sustancial, y si además no obra
constancia de que el afectado con su contenido haya
ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le
atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta
a manifestar que esos medios informativos carecen de
valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos,
al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación
de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas
de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1,
de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria
a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los
elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria
plena sean menores que en los casos en que no
medien tales circunstancias. Tercera Época: Juicio de
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—
Partido Revolucionario Institucional.—6 de septiembre
de 2001.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión
constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y
acumulado.—Coalición por un Gobierno Diferente.—30
de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos. Juicio
de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
024/2002.—Partido Acción Nacional.—30 de enero de
2002.—Unanimidad de votos. Revista Justicia
Electoral 2003, suplemento 6, página 44, Sala
Superior, tesis S3ELJ 38/2002. Compilación Oficial
de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002,
páginas 140-141.
PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.—
Conforme a su naturaleza, se consideran como las
constancias reveladoras de hechos determinados,
porque son la representación de uno o varios actos
jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar,
precisamente, mediante su elaboración. En ellas se
consignan los sucesos inherentes, con el propósito de
evitar que con el tiempo se borren de la memoria de
quienes hayan intervenido, las circunstancias y
pormenores confluentes en ese momento y así, dar
seguridad y certeza a los actos representados. El
documento no entraña el acto mismo, sino que
constituye el instrumento en el cual se asientan los
hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto
creado y utilizado como medio demostrativo de uno o
diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al
efectuar la valoración de este tipo de elementos de
prueba, no debe considerarse evidenciado algo que
exceda de lo expresamente consignado. Tercera
Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

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SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
JRC-076/98.—Partido Revolucionario Institucional.—24
de septiembre de 1998.—Unanimidad de votos. Juicio
de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
194/2001.—Partido Acción Nacional.—13 de
septiembre de 2001.—Unanimidad de votos. Juicio de
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.—
Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—
Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral
2003, suplemento 6, páginas 59-60, Sala Superior,
tesis S3ELJ 45/2002. Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002,
páginas 186-187.
A mayor abundamiento el promovente por medio de su
escrito pretende aparentemente que el Tribunal
determine la negativa de registro de candidato sin
embargo, en ningún momento el comité conoció de las
supuestas irregularidades que hoy manifiesta a través
de su escrito, siendo claro que en todo caso, siempre y
cuando estuvieran plenamente acreditas (SIC) y
constituyeran una violación al artículo 107 de la ley
(SIC) de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales, debieron haberse analizado antes del
registro y no después como lo pretende el promovente.
Es importante recordar que los Lineamientos para la
interpretación del segundo párrafo del artículo 107 de
la Ley de Instituciones políticas (SIC) y procedimientos
(SIC) electorales (SIC) vigente en el estado establecen
en el artículo nueve último párrafo textualmente que:
Artículo 9.- ....
...” La queja deberá presentarse a mas tardar 72 horas
antes del inicio del registro de candidatos para que sea
resuelta por el órgano competente antes del inicio de
dicho registro.”
Esto es que las quejas relacionas (SIC) con presuntas
violaciones al artículo 107, deben ser presentadas a
mas tardar 72 horas antes del registro, por lo que
considerando que el registro de candidatos a
ayuntamiento inicio (SIC) el pasado 8 de agosto de
2005, este plazo feneció el día 5 de agosto de este año,
y el escrito del promovente se recibió el día 17 de
agosto. Luego entonces si retrata (SIC) de presuntas
violaciones al artículo 107 debe desechar se (SIC) por
haber sido presentado fuera del plazo legal. Por todo lo
anterior resulta notoriamente improcedente el escrito
presentado por el promovente resultando aplicable para
este supuesto la siguiente tesis de jurisprudencia:
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL
FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE
DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.—

15
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
En los casos que requieren del estudio detenido del
fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea
parcial respecto del mérito, el promovente puede ser
sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El
calificativo frívolo, aplicado a los medios de
impugnación electorales, se entiende referido a las
demandas o promociones en las cuales se formulen
conscientemente pretensiones que no se pueden
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que
no se encuentran al amparo del derecho o ante la
inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el
supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha
situación se presenta respecto de todo el contenido de
una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera
lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales
suelen determinar que se decrete el desechamiento de
plano correspondiente, sin generar artificiosamente un
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la
frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su
estudio detenido o es de manera parcial, el
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal
a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro
ejemplo de este último caso es cuando, no obstante
que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de
convicción necesarios para poder corroborar si
efectivamente existieron irregularidades en un acto
determinado, se limita a afirmar su existencia, y al
momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el
análisis de éstas, advierte que del material probatorio
clara e indudablemente se corrobora lo contrario,
mediante pruebas de carácter objetivo, que no
requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de
apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los
casos en que el actor se limita a afirmar que en la
totalidad de las casillas instaladas en un municipio o
distrito, la votación fue recibida por personas no
autorizadas, y del estudio se advierte que en la
generalidad de las casillas impugnadas no resulta
cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía
individual de todo gobernado y protegida tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en las leyes secundarias, no puede presentar
abusos por parte del propio gobernado, pues se
rompería el sistema de derecho que impera en un
estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la
justicia es correlativa a la existencia de órganos
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia,
por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios
en los que realmente se requiera la presencia del
juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier
desavenencia, inconformidad o modo particular de
apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino
que sólo deben ventilarse ante el juzgador los
supuestos o pretensiones que verdaderamente

16
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen
aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los
elementos objetivos que se tienen al alcance se
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales
hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia,
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre
todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas.
En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de
derecho y resulta grave para los intereses de otros
institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre
que genera la promoción del medio de impugnación, así
como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y
esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden
distraer la atención respectiva de los asuntos que
realmente son de trascendencia para los intereses del
país o de una entidad federativa, e inclusive el propio
tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de
elementos humanos y materiales en cuestiones que
son evidentemente frívolas. Tales conductas deben
reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de
escritos, puede ser sancionado, en términos de la
disposición legal citada, tomando en cuenta las
circunstancias particulares del caso. Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
033/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—13
de febrero de 2002.—Unanimidad de votos. Juicio de
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002.—
Partido de la Revolución Democrática.—13 de febrero
de 2002.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión
constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002.—Partido
de la Revolución Democrática.—13 de febrero de
2002.—Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral
2003, suplemento 6, páginas 34-36, Sala Superior,
tesis S3ELJ 33/2002. Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002,
páginas 101-103...”
TERCERO.- Por acuerdo del veinte de agosto de dos mil
cinco se turnó la relacionada demanda a la Magistrada
ELENA TREVIÑO RAMÍREZ, para la sustanciación del
medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 52 de la Ley de Medios de Impugnación en
Materia Político – Electoral y de Participación Ciudadana y
desahogados los trámites legales quedaron los autos en

17
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
estado de resolución, misma que hoy se pronuncia
conforme a los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Coahuila de Zaragoza es competente para
conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 17, 41 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3º, 8º, 27,
135, 136, 141, 154 y 156 de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza; 1º, 2º, 6º, 25 A y 25 B de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y 2°, 6º, 10,
84 y 85 , de la Ley de Medios de Impugnación en Materia
Político - Electoral y de Participación Ciudadana.
SEGUNDO.- Previene el artículo 84 de la Ley de Medios
de Impugnación en Materia Político – Electoral y de
Participación Ciudadana que el Juicio Electoral tiene por
objeto garantizar la constitucionalidad y legalidad de los
actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades
electorales en los términos señalados en la propia ley.
Por su parte, dispone el artículo 85, fracción II inciso 1 de
la ley en comento que durante el proceso electoral
ordinario o extraordinario, el Juicio Electoral procede contra

18
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
los actos o resoluciones definitivos de los órganos del
Instituto, que se den en la fase preparatoria de la elección y
causen agravio al partido o coalición interesados.
Por tanto, el acto mediante el cual se aprueba el registro de
un candidato es susceptible de ser revisado por la vía del
Juicio Electoral, ya que puede afectar los principios que
rigen la materia político – electoral o el sistema de partidos
políticos, en los términos de las disposiciones legales
invocadas.
TERCERO.- Previo al estudio de fondo de la controversia
planteada, se procede al análisis de las causales de
improcedencia que se hacen valer, por ser su estudio
preferente y de orden público, toda vez que de ser
acreditadas conllevan la imposibilidad jurídica de dirimir la
cuestión de fondo planteada, en los términos de lo
dispuesto por los artículos 1°, 42 y 43 de la Ley de Medios
de Impugnación en Materia Político - Electoral y de
Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de
Zaragoza.
La autoridad responsable manifiesta en su Informe
Circunstanciado que el demandante carece de legitimación
para promover el presente Juicio Electoral, en atención a

19
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político –
Electoral y de Participación Ciudadana, tratándose del
Juicio Electoral, los candidatos podrán participar
únicamente como coadyuvantes del Partido Político o
Coalición de que se trate, y en la especie el Partido
Convergencia no presentó ante el Comité Municipal
Electoral de Torreón, Coahuila, documento alguno en
contra del registro del candidato a la presidencia municipal
del relacionado Municipio, por el Partido Revolucionario
Institucional, que el promovente pretende impugnar.
Resulta fundada la causal de improcedencia hecha valer
por la autoridad responsable, siendo suficiente para
desechar el presente medio de impugnación, por las
consideraciones lógico jurídicas que enseguida se
precisan.
Al respecto, previene el artículo 42 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político - Electoral y de
Participación Ciudadana lo siguiente:
Artículo 42. Los medios de impugnación previstos en
esta ley, serán improcedentes en los siguientes casos:
I. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones
que:
1. No afecten el interés legítimo del actor.
2. Se hayan consumado de un modo irreparable.
3. Se hubiesen consentido expresamente,
entendiéndose por

20
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
ello, las manifestaciones de voluntad que
entrañen ese
consentimiento.
4. Aquellos contra los cuales no se hubiese
interpuesto el
medio de impugnación respectivo, dentro
de los plazos
señalados en esta ley.
II. Que el compareciente carezca de
legitimación en los términos de la presente ley.
III. Cuando en un mismo escrito se pretenda
impugnar más de una elección, salvo las
excepciones por disposición legal.
IV. Cuando no se reúnan los requisitos que
establece la ley para los medios de
impugnación, salvo que resulten innesenciales
para sustanciar y resolver el asunto.
V. Las demás causas que se deriven por analogía
o por mayoría de razón.
En lo conducente, los artículos 3, 18, 19 y 88 de la Ley en
comento disponen lo siguiente:
Artículo 3. El sistema de medios de impugnación se
integra por:
I. El juicio electoral.
II. El juicio para la protección de los
derechos políticos - electorales de los ciudadanos.
III. El juicio de participación ciudadana.
IV. El recurso de queja en materia electoral o de
participación ciudadana.
“...Artículo 18. Los candidatos, exclusivamente por
lo que se refiere al medio de impugnación previsto
en la fracción I del artículo 3 de esta ley, podrán
participar como partes coadyuvantes del partido
político o coalición que los registró...”
Artículo 19. La presentación de los medios de
impugnación corresponde a:
I. Los partidos políticos a través de sus
representantes legítimos, entendiéndose por estos:
1. Los registrados formalmente ante las autoridades
responsables que hayan dictado el acto o resolución
impugnado. En este caso, la representación ante el
Tribunal Electoral surtirá efectos por lo que respecta al
órgano en el cual estén acreditados.
2. Los miembros de los comités nacionales, estatales,
distritales, municipales o sus equivalentes, según
corresponda. En este caso, deberán acreditar su
representación con el nombramiento hecho de acuerdo
a los estatutos del partido.

21
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
3. Los que tengan facultades de representación
conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en
escritura pública por los funcionarios del partido político
facultados para ello.
4. Los candidatos por su propio derecho, sin que
sea posible representación alguna. Los candidatos
deberán acompañar el original o copia certificada del
documento en el que conste su registro.
II. Las coaliciones, a través de su representante
legítimo que se acreditará en los términos del convenio
respectivo y de conformidad con la ley de la materia.
III. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de
ciudadanos, a través de sus representantes legítimos,
de conformidad con los estatutos respectivos o en los
términos de la legislación aplicable.
IV. Los ciudadanos por su propio derecho o a través de
su representante legal.
Artículo 88. El juicio electoral que tenga por objeto el
señalado en el artículo 85 de esta ley, sólo podrá ser
promovido por:
I. Los partidos políticos o coaliciones con interés
legítimo.
II. Los candidatos, exclusivamente cuando por
motivos de inelegibilidad la autoridad electoral
correspondiente decida no otorgarles la constancia
de mayoría. EN TODOS LOS DEMÁS CASOS, SÓLO
PODRÁN INTERVENIR COMO COADYUVANTES.
Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que
GERARDO ALBERTO LOZANO MARTÍNEZ compareció
con la calidad de candidato a la presidencia municipal de
Torreón, Coahuila, por el Partido Político Convergencia,
acreditando su personalidad con la copia fotostática de la
Constancia de Registro, de fecha trece de agosto de dos
mil cinco, expedida por el Comité Municipal Electoral de
Torreón, Coahuila, calidad que se corrobora además con
la copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria del
relacionado Comité Municipal, de fecha trece de agosto de
dos mil cinco, que contiene el Acuerdo 12/2005 mediante el

22
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
cual se aprueba la solicitud de registro de los candidatos
propietarios y suplentes a los cargos de elección popular
para integrar el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, por el
Partido Político Convergencia, documentales cuyo valor
probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 64 fracciones I y II de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político – Electoral y de
Participación Ciudadana; y promovió Juicio Electoral en
contra del Acuerdo 08/2005 emitido por el Comité
Municipal Electoral del relacionado Municipio, mediante el
cual se otorga la Constancia de Registro a favor de
Eduardo Olmos Castro, como candidato del Partido
Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal,
fundando el promovente la procedencia de su acción en lo
dispuesto por el artículo 85, párrafo 1, numerales 1 y 3, de
la Ley de Medios de Impugnación.
Lo anterior no obstante que de conformidad con lo previsto
por la fracción II del artículo 88 de la Ley de Medios de
Impugnación, los candidatos, por sus propios derechos,
únicamente se encuentran legitimados para promover el
Juicio Electoral, cuando por motivos de inelegibilidad, la
autoridad electoral decida no otorgarles la constancia de

23
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
mayoría y, que en todos los demás casos, únicamente
podrán intervenir como coadyuvantes.
Por tanto, el presente Juicio Electoral es improcedente, en
atención a que GERARDO ALBERTO LOZANO
MARTÍNEZ no se encuentra en el supuesto previsto en la
fracción II del artículo 88 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político – Electoral y de
Participación Ciudadana, toda vez que su demanda la
endereza en contra del Acuerdo 08/2005 mediante el cual
se aprueba el registro de Eduardo Olmos Castro como
candidato a la Presidencia Municipal por el Partido
Revolucionario Institucional, pese a que el supuesto de
procedencia para que en su carácter de candidato
promueva el Juicio Electoral se refiere exclusivamente a la
negativa de la autoridad electoral para otorgar la
constancia de mayoría por motivos de inelegibilidad, y que
en todos los demás casos previstos para este tipo de Juicio
los candidatos únicamente pueden intervenir como
coadyuvantes, situación que no sucede en la especie.
En efecto, no se encuentra justificado en autos que el
Partido Político Convergencia se haya inconformado con el
registro de Eduardo Olmos Castro, sin que se advierta
además que el demandante tenga facultades de

24
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
representación legal del Partido Convergencia, ni se
encuentra tampoco justificado que el relacionado Partido
Político, por conducto de los funcionarios facultados para
ello, le hubieren conferido al promovente la representación
del Partido Político o un poder otorgado en escritura
pública que lo autorice a promover el presente juicio en
representación de ese instituto político.
Consecuentemente, GERARDO ALBERTO LOZANO
MARTÍNEZ carece de legitimación activa, en atención a
que de acuerdo a las disposiciones legales a que se ha
hecho referencia, únicamente la tienen en el Juicio
Electoral, los Partidos Políticos, a través de sus
representantes, y los candidatos, para promover un Juicio
Electoral, por los motivos de inelegibilidad a que se ha
hecho referencia, por lo que el promovente no se
encuentra en el supuesto a que se refiere la fracción II del
artículo 88 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia
Político – Electoral y de Participación Ciudadana.
Sirve además de apoyo a lo anterior las Tesis Relevantes
emitidas por éste Tribunal Electoral, cuyos rubros,
contenido y precedentes enseguida se trascriben:
LEGITIMACIÓN DE CANDIDATOS EN EL JUICIO
ELECTORAL. De conformidad con los artículos 16, 19
y 88 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia

25
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el
Estado, los candidatos tienen legitimación activa en el
juicio electoral únicamente cuando por motivos de
ineligibilidad la autoridad electoral correspondiente
decida no otorgarles la constancia de mayoría, en todos
los demás casos, sólo podrán intervenir como
coadyuvantes.
Juicio Electoral. Expediente 17/2002. 03 de
Septiembre del 2002. María Alicia Díaz Martínez.
Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: Licenciado
José Rodríguez Esparza. Secretaria: Licenciada Diana
Rosa Ramírez Alvarado.
JUICIO ELECTORAL. LOS CANDIDATOS POR SUS
PROPIOS DERECHOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN
ACTIVA PARA PROMOVERLO. Previene
expresamente el artículo 88 de la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político - Electoral y de
Participación Ciudadana, que el juicio electoral sólo
podrá ser promovido por: I. Los partidos políticos o
coaliciones con interés legítimo; II. Los candidatos,
exclusivamente cuando por motivos de inelegibilidad la
autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles
la constancia de mayoría. En todos los demás casos,
sólo podrán intervenir como coadyuvantes.
Consecuentemente, si el demandante es candidato a
diputado, únicamente puede intervenir como
coadyuvante, cuando carezca de facultades de
representación legal del partido que lo postula.
Juicio Electoral. Expediente 18/2002. 02 de
septiembre de 2002. María Alicia Díaz Martínez.
Unanimidad de Votos. Magistrada Ponente: Licenciada
Elena Treviño Ramírez. Secretario: Licenciado Gustavo
Emmanuel Valdés García.
Por tanto, al no haberse acreditado que el demandante
presentó el Juicio Electoral en su carácter de representante
del Partido Convergencia, o con facultades expresas para
ello, no puede estimarse que el mismo se encuentre
legitimado para promover en representación de ese Partido
Político, toda vez que nuestra legislación no previene que
los candidatos por sí mismos puedan promover el Juicio
Electoral, por lo que al no situarse en el caso de excepción
a que se ha hecho referencia, debe desecharse de plano la

26
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
demanda presentada por GERARDO ALBERTO LOZANO
MARTÍNEZ por resultar notoriamente improcedente
conforme lo dispone el artículo 42 fracciones I, II y IV de la
Ley de Medios de Impugnación en Materia Político –
Electoral y de Participación Ciudadana, sin que en el
presente caso exista la posibilidad de reencausar la vía en
atención a que el promovente omite expresar cuál es la
afectación específica, inminente y concreta a su derecho
de ser votado, máxime que de autos se advierte que al
demandante no se le ha infringido el relacionado derecho,
en razón a que obtuvo el registro como candidato a la
Presidencia Municipal de Torreón, Coahuila por el Partido
Convergencia.
Consecuentes con las consideraciones de hecho y
fundamentos de derecho que han quedado expuestos, se
resuelve:
ÚNICO.- SE DESECHA DE PLANO la demanda de Juicio
Electoral promovida por GERARDO ALBERTO LOZANO
MARTÍNEZ en contra del Acuerdo 08/2005 de fecha trece
de agosto de dos mil cinco, emitido por el Comité
Municipal Electoral de Torreón, Coahuila.

27
SENTENCIA ELECTORAL 52/2005
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta resolución al
promovente y por OFICIO a la autoridad responsable,
COMITÉ MUNICIPAL ELECTORAL DE TORREÓN,
COAHUILA, conforme lo disponen los artículos 29 y 30 de
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político –
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Coahuila, y en su oportunidad archívese el expediente
como asunto totalmente concluido, previa anotación que se
haga en el Libro de Sentencias respectivo.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado por unanimidad de votos de sus
integrantes los Magistrados ELENA TREVIÑO RAMÍREZ,
JOSÉ RODRÍGUEZ ESPARZA y DANIEL GARCÍA
NÁJERA por ante el Secretario General de Acuerdos
LICENCIADO SERGIO RAMOS AGUILLÓN que autoriza y
da fe. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ELENA TREVIÑO RAMÍREZ
DANIEL GARCÍA NÁJERA JOSÉ RODRÍGUEZ ESPARZA
SERGIO RAMOS AGUILLÓN
En esta fecha se fijó el acuerdo de Ley. CONSTE.