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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Recurso de amparo de H.C.M. contra la Caja Costarricense de Seguro
Social
Expediente No.01-004451-0007-CO
Resolución No.2001-08768 de las 16:50 horas del 29 de agosto de 2001
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
El señor H.C.M. presentó recurso de amparo en contra de la Caja, al considerar
que en el procedimiento administrativo realizado en su contra no se respetó el
debido proceso. El recurso fue declarado sin lugar mediante Voto No.8768-01, que
en lo que interesa dice:
I.- Sobre el fondo. A partir del examen de los hechos que se tienen por demostrados, se
determina que la sanción de despido impuesta al recurrente por el Director del Hospital
Max Peralta de Cartago, se acordó previo cumplimiento de un procedimiento administrativo,
en el que se respetaron las garantías esenciales del debido proceso. Sobre
ese punto, la Sala ha tenido sobradas oportunidades para examinar cuáles son los elementos
básicos constitutivos del debido proceso constitucional en sede administrativa.
Fundamentalmente, a partir del voto Nº 15-90 de las 16:45 hrs del 5 de enero de 1990 y
en repetidos pronunciamientos subsecuentes, se ha dicho que
“... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política
y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41
de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio
de ‘bilateralidad de la audiencia’ del ‘debido proceso legal’ o ‘principio de contradicción’
(...) se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y
fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado
para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes;
c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye
necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos,
vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse
representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d)
notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos
en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada.”
“... el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibidem, no sólo rige para
los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento
administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente
debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un
abogado, con el fin de que ejercite su defensa...”.
Y también:
“Esta Sala ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal, (ver
especialmente la opinión consultiva Nº 1739-92), aplicables a cualquier procedimiento
sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de derechos
subjetivos. La Administración debe, en atención al derecho de defensa del
administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar
en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b)
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Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un
plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y
permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa;
e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer
su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria.” (Sentencia Nº 5469-95
de las 18:03 hrs del 4 de octubre de 1995).
En efecto, en el caso concreto, se nombró un Órgano Director para instruir el procedimiento;
en el acto de apertura se comunicó al recurrente los cargos atribuidos, se le
informó sobre su derecho de ser asistido por un abogado, de consultar el expediente e
interponer los recursos pertinentes. Asimismo, se le confirió audiencia oral y privada, a
fin de que rindiera su declaración, ofreciera prueba de descargo, diligencia que se llevó
a cabo y se le permitió estar en todas las recepciones de prueba testimonial. El acto final
fue dictado por el Director del Hospital recurrido con fundamento en el procedimiento
realizado y tomando en cuenta el informe del Órgano Director, el cual no es vinculante
para ese órgano. En consecuencia, no observa este Tribunal que el procedimiento disciplinario
contra el amparado se hubieran inobservado las garantías del derecho de defensa
y debido proceso, por ello este alegato del recurrente se tiene por desestimado.
III.- Por otra parte, el recurrente reclama que en ciertas ocasiones se le negó la recepción
y respuesta de algunas peticiones. Como el recurrente no identifica las gestiones que
dice no le fueron contestadas, este Tribunal no tiene elementos suficientes para valorar
si efectivamente se le lesionó el derecho de petición; en razón de ello este alegato también
resulta improcedente. En otro orden de ideas, el recurrente acusa una serie de irregularidades
en el procedimiento realizado, tales como: la falta de recabación de pruebas
en la investigación preliminar, el hecho de que en su criterio se le haya dado un valor
probatorio que no tiene, a la declaración rendida por una Psiquiatra que fue llamada
al proceso, el no habérsele aceptado todas sus pruebas ofrecidas, la carencia de formalidad,
seriedad y objetividad, así como el plazo de duración del procedimiento, entre
otros. Al respecto, cabe aclarar que no corresponde a esta Sala definir en este amparo
ese tipo de inconformidades, dado que esta Sala no es una instancia en el procedimiento
administrativo, aunado a que los alegatos en mención son asuntos de legalidad y no de
constitucionalidad. A partir de los anteriores elementos de juicio, estima la Sala que, en
la especie, no se aprecia lesión de los preceptos y principios enunciados, al menos en lo
que interesa en esta sede. Si durante la tramitación ha habido o no quebrantos de orden
legal o invalideces procesales, debe recordarse al interesado que ellas no necesariamente
trascienden al ámbito de competencia de esta Sala. Lo anterior sin perjuicio de que, en
la instancia administrativa o judicial pertinente, pueda hacer valer y prosperar esos
alegatos.
IV.- En virtud de lo expuesto, no advierte este Tribunal que la parte accionada haya
incurrido en acto u omisión contraria a los derechos fundamentales del recurrente, por
lo que procede declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace. En todo caso, si el
amparado está inconforme con la decisión de su destitución que por estar impugnada
ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales aún no ha quedado firme, le queda
expedita la vía administrativa y posteriormente la jurisdiccional previo agotamiento de
la fase anterior.
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