Vol9_n2_Oct07 - SoMaMFyC

TEMAS DE ACTUALIDAD
LEY DE DEpENDENCIA
ANTECEDENTES SOCIALES
Y EL NUEVO SISTEMA DE
pROTECCIóN SOCIAL
Es una realidad creciente en nuestra sociedad la existencia
de un colectivo de personas dependientes cada
vez más numeroso. Este incremento se debe a la existencia
de una población cada vez más envejecida, a
una mayor supervivencia de personas con enfermedades
congénitas y enfermedades crónicas, así como
al aumento en el número de accidentes de tráfico y
siniestralidad laboral con secuelas. A esta situación
se añade el cambio social en el modelo tradicional del
cuidado familiar que supone la incorporación de la
mujer al mercado laboral.
En España, y según datos del Libro Blanco de Dependencia,
se calcula que hay más de 1.125.000 personas
dependientes, aunque esta población, según las previsiones,
aumentará en los próximos años.
Hasta ahora, las necesidades de dependencia han estado
cubiertas desde el ámbito autonómico y local por
las redes de servicios sociales, que han proporcionado
servicios dispares en las distintas comunidades y que
actualmente son insuficientes. La Administración del Estado
ha tenido una participación más puntual, mediante
planes de acción para las personas con discapacidad y
para las personas mayores, mientras que el sistema de
seguridad social se ha hecho cargo económicamente de
algunas situaciones vinculadas a la discapacidad.
La ley de promoción de la autonomía y atención a las
personas en situación de dependencia (Ley 39/2006)
fue aprobada el 14 de Diciembre de 2006 y ha entrado
en vigor en Enero de 2007. Surge para garantizar a los
ciudadanos y a las propias comunidades autónomas
un marco estable de recursos y servicios que amplíen
la acción protectora del estado y de la seguridad social.
Supone por ello un avance en el estado social de
bienestar.
El objetivo del siguiente artículo se centra en comentar
los aspectos más importantes de la ley, con el fin de que
sean conocidos por los médicos de familia.
ObJETIVOS Y pRINCIpIOS
báSICOS DE LA LEY.
El objetivo de la ley es reconocer un nuevo derecho que
es subjetivo y que puede ser exigido administrativa y
jurisdiccionalmente, de acceso universal, equitativo, de
cobertura pública y de carácter asistencial que promueve
la autonomía y protege las situaciones de dependencia.
Es el derecho de las personas que no se pueden valer
por si mismas a ser atendidas por el Estado y garantiza
una serie de prestaciones.
Los principios que conforman esta ley son el carácter
público, universal y los criterios de equidad e igualdad
en el acceso a las prestaciones, así como la cooperación
y participación de todas las administraciones en
el ejercicio de sus competencias.
Para poder prestar el derecho, la ley crea un organismo
único para todo el territorio nacional que regula la
atención al dependiente, es el sistema para la autonomía
y atención a la dependencia (SAAD), a través
del mismo colaboran las distintas administraciones
públicas (central, autonómica y local) y se optimizan
de forma coordinada los recursos públicos, privados y
la ayuda que proviene de organizaciones con carácter
no lucrativo.
En cuanto a la financiación, todas las administraciones
contribuirán a la misma, de la siguiente manera. La
Administración General del Estado financiará el nivel
mínimo de protección garantizada para cada uno de
los usuarios; además, asumirá en convenios anuales
o plurianuales con cada Comunidad Autónoma obligaciones
por parte de ambos para la financiación de
los servicios. La Comunidad Autónoma debe aportar
cada año la misma cantidad que le aporta el Estado
con la posibilidad de establecer un nivel de protección
adicional. Por último, los beneficiarios participarán en
la financiación en función de su nivel económico. El
objetivo es pasar del 0.33% del PIB que se dedica en
la actualidad a la dependencia a más del 1% en el
año 2015.
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