La discriminación de género en el Derecho y - Biblioteca Virtual ...

Edición: Yalemi Barceló Hondares
Diseño: Mario Villalba Gutiérrez
Composición: Willie Capote Monroy
Sobre la presente edición:
Yamila González Ferrer, 2012.
Unión Nacional de Juristas de Cuba, 2012
ISBN 978-959-7219-05-7
Versión electrónica en http://www.unjc.co.cu
Redacción y administración
Calle 21 no. 552, esq. D, Apartado Postal 4161, Plaza, C.P. 10400,
La Habana, Cuba.
Teléfonos: (+537)832-6209/832-9680/832-7562/832-6513/832-6514/832-6616
Fax:(+537)833-3382. Email: unjc@unjc.co.cu Web: www.unjc.co.cu
Nota: Los artículos publicados expresan exclusivamente la opinión de sus autoras
y autores.

Índice
Presentación de la Unión Nacional de Juristas de Cuba / IX
Presentación de la Federación de Mujeres Cubanas / XV
Capítulo 1
Género, derecho y discriminación ¿una mirada masculina? / 3
Apuntes para la conmemoración del trigésimo aniversario del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer desde una perspectiva cubana / 38
Pensando en transformación: entre perspectiva y deconstrucción / 52
La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto político
en el capitalismo / 63
Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer / 81
Relaciones de género en Cuba: las construcciones socio-culturales de lo femenino
y lo masculino. Perspectivas de cambio. Resumen de investigación / 99
Deporte y música: buscando otras masculinidades / 115
Los hombres, las masculinidades y la política pública de asistencia social: un análisis
del género en el ámbito del programa de atención integral a la familia / 121
Capítulo 2
Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso
colombiano / 139
El principio de solidaridad como respuesta a los limitados avances y grandes retos de
Colombia frente a la eliminación de estereotipos de género contra la mujer / 164
Reviving the dead hand: misogyny and politics in the united states in the 21st
century / 178
Participación de la mujer cubana en la dirección política y social del país. Fundamento
constitucional / 204
De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales
en la legislación colombiana sobre los derechos humanos de la mujer / 214
Breve análisis de las migraciones, desde una perspectiva de género, en el contexto de
los conflictos armados / 237
La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible / 246
La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política y
pública de la mujer en Colombia, del papel a la práctica: caso de la ex senadora piedad
esneda Córdoba Ruíz / 270

II
¿Ley de cuotas, fenómeno de discriminación o de participación femenina efectiva? / 286
La discriminación como causa de violencia contra la mujer. Discriminacion de género
en las decisiones judiciales / 294
Protección jurídica a la mujer en las constituciones latinoamericanas / 305
Capítulo 3
El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales / 317
Música y letra del Himno Nacional. Reflexiones sobre su autoría / 334
La Avellaneda bajo sospecha / 341
Mujeres en México a inicios del siglo xx: una mirada de género a partir de posturas
contrapuestas / 348
Activismo y educación jurídica, una relación recíproca / 358
La enseñanza del derecho desde una perspectiva de género / 367
Género, derecho y educación. El reto de llegar a las y los jóvenes / 375
Capítulo 4
Violencia de género entre convivientes. El femicidio en argentina / 389
La violencia doméstica, la discriminación de género y la paridad de participación
en Brasil / 417
Del derecho familiar al hecho: ¿mujeres hacia el desarrollo humano? / 428
El padre que te tocó / 444
Entre la ley y la realidad / 449
Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco / 455
Derecho y violencia contra la mujer en la relación conyugal desde una perspectiva
de género / 480
Un breve acercamiento a la mirada de género en el proceso de mediación familiar / 490
Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad
e independencia / 499
Capítulo 5
Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico
y social / 527
Los desafíos de la mujer ante la discriminacion y la violencia en el mundo laboral. / 544
La mujer trabajadora en Venezuela / 558

Género, duración de desempleo y actitudes hacia el trabajo en los mayores
de 45 años / 570
Cultura, valores y género en los nuevos escenarios laborales / 583
La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos
para el derecho agrario en Cuba / 590
Protección a la maternidad de la mujer trabajadora rural cubana. Retos
y perspectivas / 609
Mujeres y ruralidad: inserción femenina en organizaciones agropecuarias
(cooperativas-colectivas) cubanas / 624
Capítulo 6
Los derechos reproductivos son derechos humanos / 633
Cuba: una revolución de género, cuerpos y sexualidades / 662
La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa / 671
Los fueros de la heterosexualidad en su ocaso / 689
Reflexiones sobre la protección jurídica de la pareja homosexual como modelo
familiar: presente y perspectivas en Cuba / 699
Derechos sexuales relativos a la orientación sexual y la identidad de género: algunas
reflexiones sobre sus garantías en Cuba / 707
El ejercicio de la acción civil de cambio de sexo en Cuba. Consideraciones
de legeferenda y lege data / 718
Capítulo 7
Derecho al aborto no punible.Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema
de Justicia de la nación argentina / 731
Aspectos jurídicos y sociales de la violencia contra la mujer / 746
Do the greater harms of sexual harassment and sexual assault justify a lesser evidentiary
standard? : A look at the new rules for american colleges and universities / 758
La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple / 762
Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina
y el Caribe / 788
El modelo escandinavo para prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas.
Una experiencia en Madrid / 809
Donde comprar sexo es ilegal. El modelo nórdico / 814
III

III
Entre la autonomía relativa y el cuerpo subordinado. La incidencia de la acción
colectiva en el proceso de autonomía de las trabajadoras sexuales en la ciudad
de México / 823
El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad
sexual / 839
Sobre los autores / 851

Presentación de la Unión nacional
de JUristas de cUba
Del 8 al 10 de mayo de 2012 se celebró en La Habana, organizada por la Unión
Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la
IV Conferencia Internacional Mujer, Género y Derecho, bajo el tema central “La discriminación
de género en el derecho y sus expresiones en la legislación y en la práctica
jurídica. Medidas para afrontarla en la actual coyuntura política, económica y social
que enfrenta el mundo”.
Este evento contó en el ámbito nacional con el coauspicio de la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Habana, el Centro de Estudios de la Mujer de la FMC
(CEM), el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y el apoyo de las
instituciones del sector jurídico de la República de Cuba. En el ámbito internacional
contó con el coauspicio de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la oficina
regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y la Red Latinoamericana
de Académicas del Derecho (Red Alas). Además, tuvo el acompañamiento de
la organización internacional OXFAM y de agencias de cooperación internacional
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo
de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
Tuvimos el privilegio de contar con la presencia de delegadas, delegados, invitadas
e invitados, juristas, profesionales de otras disciplinas, así como estudiantes, de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela,
IX IX

XX
que se desempeñan como profesores y profesoras universitarios, funcionarias de
gobiernos, dirigentes y representantes de asociaciones de juristas, organizaciones
feministas, luchadoras sociales. Muchas de las cuales hicieron grandes esfuerzos económicos
para estar presentes. Además hubo una amplia representación de juristas
cubanos de todas las provincias del país.
Pero, más allá de remembranzas, experiencias y del enriquecimiento que aporta el
intercambio científico entre colegas de diversas latitudes, la IV Conferencia ofreció
la posibilidad de, en breve tiempo, formarnos una idea clara de los caminos por
donde transitan hoy los debates sobre la necesaria transversalización de género en
el Derecho y su vínculo con otras ciencias sociales en los tiempos actuales de severa
crisis económica, ambiental, social, donde la mayor parte de la humanidad es excluida
hasta del derecho a la subsistencia.
Las asimetrías existentes impactan con particular crueldad en las mujeres y en el ejercicio
de sus derechos. Se extiende y agrava la feminización de la pobreza, las mujeres
continúan percibiendo salarios inferiores a los hombres por trabajos de igual valor,
mueren o enferman para siempre por abortos ilegales, practicados en condiciones
precarias e insalubres, otras son secuestradas por las mafias dedicadas al tráfico y
trata de la explotación sexual y laboral con especial ensañamiento en las niñas, otras
son violadas y embarazadas forzosamente en los conflictos armados. El feminicidio,
espeluznante realidad, goza de desvergonzada impunidad.
No se trata de hechos aislados. Parten de un mismo tronco: la inequidad social que
generan los sistemas de explotación y que tiene su expresión más alta en el sistema
capitalista, que en esta fase imperialista se expresa con un hegemonismo soberbio e
insolente que exacerba la violencia, la discriminación, el avasallamiento, la destrucción
del medio ambiente, poniendo a nuestro mundo al borde de una catástrofe con
consecuencias irreversibles.
Estamos en presencia de una confrontación histórica entre los que se afanan en
perpetuar a toda costa un sistema de opresión con sus manifestaciones múltiples y
quienes nos empeñamos en construir un mundo de paz y armonía.
En medio de esta cruzada, el apropiarse de una perspectiva de género deviene en
estrategia imprescindible para visualizar las diversas expresiones de la discriminación
y combatirlas desde cada uno de los escenarios en que nos encontremos hasta lograr
que las relaciones humanas, estén sustentadas verdaderamente en los principios de
igualdad y justicia.
En el ámbito jurídico los retos son múltiples. Aunque mucho se ha avanzado, no
podemos sentirnos satisfechos. Para alcanzar verdaderamente la igualdad a la que
aspiramos se impone deconstruir los paradigmas patriarcales de convivencia humana,
determinados y asumidos a lo largo de siglos, e incorporados aún hoy, aunque en
formas más solapadas, a las normas, prácticas y criterios jurídicos.

Esta es una batalla difícil, en la que estamos involucradas todas y todos, con aportes
valiosos desde la teorización académica, las acciones de los movimientos sociales y
feministas, la implementación de políticas, la creación de leyes, desde los espacios
más diversos y con iniciativas disímiles, pero con un horizonte común hacia el cual
avanzar.
En Cuba, la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, ha
estado estrechamente vinculada en la historia al logro de la independencia, la soberanía
y la unidad nacional.
Así lo corrobora el hecho de que ya en 1869 cuando se efectuaba la Asamblea de
Guáimaro, Ana Betancourt, en una histórica alocución, vinculó las luchas por la
independencia con la liberación de la mujer; fue una precursora de las ideas por
conquistar la igualdad.
Más adelante en los finales del siglo xix, el 24 de febrero de 1895, fecha del comienzo
de la segunda etapa de las guerras de independencia, encabezadas por nuestro Héroe
Nacional José Martí, en un artículo firmado por la valerosa patriota y feminista cubana
Aurelia del Castillo, con el título Esperemos, afirmaba: “Una gran revolución, entre
otras varias, opérase en nuestros días: la mujer reivindica sus derechos”.
En esa mencionada revista, en mayo de 1894, firmado por el prestigioso patriota, filósofo
y educador Enrique José Varona apareció un artículo con el título El feminismo
en Cuba, en el que se refiere a la introducción del movimiento feminista en nuestro
país y a los escollos que enfrenta, instando a sus integrantes a realizar esfuerzos muy
complejos y hábilmente coordinados para su difusión. Una de sus más sobresalientes
dirigentes, la educadora María Luisa Dolz, impulsa muy pronto distintas formas
organizativas en las que imparte fundadas conferencias, como la de 1905 en Camagüey,
que con el título “Redención de la mujer por la educación” sintetiza el amplio
programa liberador del feminismo. De tal forma fue fructificando su expansión que
ya en 1912 las feministas crearon en solo dos meses las tres primeras organizaciones
políticas con personería jurídica. Precisamente este año se conmemora el centenario
de la fundación en noviembre del Partido Popular Feminista, y en diciembre del
Partido de Sufragistas Cubanas y el Partido Nacional Feminista.
En las siguientes décadas se realizaron tres Congresos feministas: en 1923, 1925 y
1939. Los acuerdos adoptados en el último influyeron directamente en la incorporación
de sus postulados más importantes en el texto de la Constitución de 1940. Pero
la brecha entre la ley y la práctica siguió manteniendo en el campo de las aspiraciones
los objetivos transformadores y revolucionarios que caracterizaron en nuestro país
al movimiento feminista.
Es sin dudas con el triunfo revolucionario de 1959 y con la creación y la labor
sistemática de la Federación de Mujeres Cubanas, dirigida por nuestra inolvidable
Vilma Espín desde 1960, que se concretan estos anhelos y la vida de las mujeres
se transforma radicalmente, a pesar de las grandes limitaciones que impone ser un
XI XI

XII XII
país sometido a un férreo bloqueo económico, comercial y financiero, por parte
del gobierno de los Estados Unidos y donde las mujeres han sentido con particular
crueldad sus afectaciones.
Hoy podemos enorgullecernos de que las mujeres constituimos el 47,3 % de la fuerza
laboral del sector estatal-civil, el 65,7 % de los profesionales y técnicos del país,
el 72 % de la fuerza laboral del sector educacional, el 70 % de la fuerza laboral del
sector Salud, el 63,80 % de los Médicos generales Integrales, el 51,6 % de los investigadores
del sistema de Ciencia y Tecnología, representamos el 63,2 % de la matrícula
universitaria y el 67,8 % de los graduados universitarios.
Cuba ocupa el tercer lugar en el mundo en escaños Parlamentarios con un 43,32 %
de representatividad femenina. Son mujeres alrededor del 40 % de quienes integran
el Consejo de Estado de la República de Cuba, el 25,9 % de los miembros del Consejo
de Ministros y el 33,6 % de los Viceministros. Tenemos 7 Presidentas del Poder
Popular a nivel provincial, es decir el 46,6 % y 51 a nivel Municipal, el 30,3 %.
En el sector jurídico las mujeres somos el 73,7 % de los fiscales, el 71,3 % de los
jueces profesionales y el 62,9 % de sus dirigentes. El 71,4 % de los Presidentes de
Tribunales Provinciales y el 47 % de los Jueces del Tribunal Supremo.
Sin embargo, estas favorables condiciones, sustentadas por leyes y políticas sociales
de avanzada y por la existencia de una organización femenina fuerte que impulsa
y guía estos propósitos, no supone que se hayan eliminado todos los estereotipos,
prejuicios, conductas y juicios de valor sexistas, ya que se encuentran arraigados en
la cultura patriarcal y sabemos de la complejidad de los procesos de transformación
de la conciencia social.
Aún tenemos dificultades prácticas para que las mujeres accedan a cargos de dirección,
para que se vinculen a oficios no tradicionales, para lograr la responsabilidad
compartida de la pareja en las relaciones familiares, para eliminar las expresiones de
violencia de género e intrafamiliar que aún se revelan, entre otras dificultades.
Es decir, que tenemos insatisfacciones y quedan grandes retos por delante. Por todo
ello, como se afirma en el Plan de Acción Nacional de la República de Cuba de Seguimiento
a la Conferencia de Beijing:
el Estado cubano en concordancia con su proyecto social, de democracia participativa
y de lucha tenaz para eliminar cualquier forma de discriminación … desde 1959 …
ha impulsado la creación y desarrollo de las bases, económicas, políticas, ideológicas,
jurídicas, educacionales, culturales y sociales que garanticen la igualdad de derechos,
oportunidades y posibilidades a hombres y mujeres, transformando la condición de discriminación
y subordinación a que secularmente había estado sometida la mujer cubana
y promoviendo la eliminación de estereotipos sexuales tradicionales, la reconceptualización
de su papel en la sociedad y la familia.

En los momentos actuales nuestro pueblo se encuentra enfrascado en la implementación
de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución,
con los objetivos de garantizar la continuidad de nuestro proyecto social
socialista, vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución, desarrollar
económicamente el país y elevar el nivel de vida de la población. De ahí que
sea imprescindible darle continuidad a la necesaria formación de valores de nuestros
ciudadanos y ciudadanas y es precisamente en este ámbito que se insertan las acciones
en pos de la igualdad substantiva a la que aspiramos.
Como clara manifestación de la voluntad política de superar cualquier expresión de
discriminación en nuestra sociedad, la recién concluida Primera Conferencia Nacional
del Partido Comunista de Cuba ha trazado objetivos fundamentales a seguir, de
los que quisiera resaltar el no. 57, que se refiera a: “Enfrentar los prejuicios y conductas
discriminatorias por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación
sexual, origen territorial y otros que son contrarios a la Constitución y las leyes, atentan
contra la unidad nacional y limitan el ejercicio de los derechos de las personas”.
Desde la alianza de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación de Mujeres
Cubanas y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, hemos
desplegado importantes acciones dirigidas específicamente a sensibilizar y capacitar
sobre estos temas a las y los profesionales del derecho que desarrollan su actividad
en la Fiscalía, los Tribunales, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y el
Ministerio de Justicia, así como al estudiantado, que forman la cantera de futuros
profesionales del Derecho.
En los últimos dos años hemos desarrollando un Proyecto de “Fortalecimiento en
el sector jurídico del conocimiento y dominio de la CEDAW y otros instrumentos
internacionales de la ONU a favor de la mujer y la igualdad de género para apoyar
y contribuir a su aplicación en Cuba”, con el acompañamiento del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esta iniciativa damos cumplimiento
a una de las recomendaciones que el Comité de Expertas de la CEDAW realizara
a Cuba en el sentido de fortalecer “los programas de educación y capacitación, en
particular los destinados a los jueces, abogados y personal encargado de la aplicación
de la ley, con respecto a la Convención y su aplicabilidad en el derecho interno y con
respecto al significado y el alcance de la discriminación indirecta”.
Los resultados del proyecto han brindado importantes frutos: cientos de juristas han
recibido cursos de posgrado sobre “Género y Derecho”, se ha desarrollado el Diplomado
“Mediación, Género y Familia”, que ya transita por su segunda edición; se
han creado productos comunicativos, y en este curso académico hemos introducido
en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el curso opcional de
pregrado “Género y Derecho” para los estudiantes de 2do año; lo que ha constituido
una experiencia sumamente enriquecedora. A la vez, nuevos desafíos han sido
identificados y se continuará reforzando el fortalecimiento de nuestras capacidades
para una más efectiva transversalización de género y contribuir a la implementación
de la CEDAW desde el sector jurídico.
XIII XIII

XI
Igualmente hemos desarrollado acciones de gran importancia en este ámbito con el
apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, y la organización internacional
OXFAM.
Al compilar las ponencias para la publicación de estas memorias, no hemos podido
contar, con todas las presentadas en la Conferencia, pero sin dudas, se ha reunido
una muestra nutrida y representativa de estos apasionantes temas desde el Derecho,
enriquecidos con los aportes interdisciplinarios de otras ciencias sociales.
La compilación que se presenta sobre la IV Conferencia Internacional Mujer, Género
y Derecho es de gran relevancia. Hemos puesto todo nuestro empeño en brindar un
texto de calidad y pensamos que esta publicación servirá de impulso para mantener
y profundizar el trabajo emprendido en la esfera de la enseñanza y la investigación.
Con esta obra se abre la Colección de Libros de la Serie Justicia en clave de género, y se da
continuidad a otras tres colecciones de igual nombre dirigidas a fomentar la cultura
jurídica de la población desde un enfoque de derechos y de igualdad de género -ella
incluye la realización de folletos, plegables y afiches que contribuirán a una mayor
concienciación en género.
Este texto también se hace en el marco de las acciones que desarrolla el país para
dar seguimiento a la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “Únete
para poner fin a la Violencia contra las Mujer”.
Agradecemos a todas y todos los que con tanta diligencia, entrega y esmero colaboraron
para que la IV Conferencia fuera una realidad y para que las ideas que la
animaron queden en este libro, financiado gracias a la contribución del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA) como parte de la ejecución del Proyecto
de Cooperación Internacional “Género, Población y Desarrollo” del Centro de
Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas.
MsC. YaMila González Ferrer
Coordinadora de la iV ConferenCia. Compiladora.
SeCretaria de la Junta direCtiVa naCional
unión naCional de JuriStaS de Cuba

Presentación de la Federación
de MUJeres cUbanas
La Federación de Mujeres Cubanas y la Unión Nacional de Juristas de Cuba, se complacen
en presentar este libro fruto de la IV Conferencia Internacional Mujer, Género
y Derecho, prestigiada con la participación de figuras y personalidades destacadas de
este ámbito del saber provenientes de diversas naciones y de nuestro país.
Como tantas otras veces nos une el propósito de aportar al intercambio y a la reflexión
sobre la necesaria incorporación de la perspectiva de género en cada una de
las aristas de la sociedad, partiendo de las propias legislaciones e instrumentos jurídicos
internacionales, como mecanismo certero en la lucha por la igualdad de derechos
y oportunidades de mujeres y hombres.
Aun cuando es un tema que ha ido ganando cada vez más seguidores y calando en
la conciencia de las personas y los Estados, continúa siendo insuficiente y la realidad
mundial así lo demuestra. No son secretos el creciente auge de la pobreza, los femenicidios,
la desprotección legal del derecho de reproducción y a la maternidad, las
continuas guerras a las que son sometidas muchas naciones del mundo, la discriminación
de las mujeres en todos los ámbitos, la trata de personas y el comercio sexual
de los cuales son víctimas en su mayoría las mujeres y las niñas.
En Cuba no ha sido fácil alcanzar lo que hoy disfrutamos. En el año 1959 la realidad
de la mujer cubana distaba mucho de la que ostentamos en la actualidad. La discriminación
de la mujer, la escasa fuerza laboral femenina existente en el país, su baja
calificación, la ubicación en sectores laborales exclusivos y su desprotección legal,
eran los escenarios habituales en épocas pasadas.
XX

XX II
Desde el triunfo revolucionario la mujer cubana ha ido escalando peldaños en el
reconocimiento de sus derechos y hoy se le puede encontrar en todos los frentes
desempeñando y ocupando importantes posiciones. No obstante, todavía persisten
en la sociedad, patrones culturales machistas arraigados en la mentalidad de las
personas, que dificultan el camino hacia el pleno desenvolvimiento de mujeres y
hombres en total armonía.
Con la constitución en Cuba de la Federación de Mujeres Cubanas en 1960, como
mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, se crearon las condiciones para favorecer
la incorporación femenina al trabajo asalariado, no solo como una necesidad
económica y social, sino como un punto de partida para lograr una real igualdad de
derechos y oportunidades.
Vilma Espín Guillois, nuestra eterna presidenta, reconocida mundialmente como
una de las defensoras más tenaces de los derechos de las mujeres, fue la primera en
introducir en el país, tanto en el medio académico como en el político, el enfoque de
género como concepto teórico metodológico y su aplicación en la práctica. Desde
siempre asumió y educó en los conceptos de igualdad de género.
El aporte y constancia de la FMC en su lucha por la plena emancipación de la mujer,
se ha reflejado también en lo legislativo. La Organización ha sido y es, un factor fundamental
en la iniciativa, proposición y materialización de las leyes en beneficio de la
mujer y la familia a lo largo de estos 52 años de creada, y ha influido decisivamente
en que la legislación cubana contemple una perspectiva diferente de las relaciones
hombre-mujer en la sociedad. Son muchos los ejemplos que se pudieran mencionar,
desde la propia Constitución de la República en 1976 hasta normas más específicas
en materia de Derecho de Familia, Laboral y Penal. En la actualidad continuamos
participando en el perfeccionamiento de diversas legislaciones a fin de garantizar que
no existan barreras legales que perpetúen la discriminación de la mujer.
Desde el punto de vista de la salud de la mujer ha sido determinante la atención a las
embarazadas, la institucionalización del parto, el establecimiento del aborto seguro
como servicio de salud, la prevención del embarazo en la adolescencia, la promoción
de la lactancia materna, la detección temprana del cáncer de mamas y cérvico uterino,
el programa de Maternidad y Paternidad Responsables, la atención a las adultas
mayores, entre otras.
En 1997 el Consejo de Estado de la República de Cuba promulgó con fuerza de ley,
el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, el primero
de este tipo en nuestro continente. Documento que implementa las políticas sobre la
mujer en Cuba y los compromisos y acciones de los Organismos de la Administración
Central del Estado, encargados de darle cumplimiento, y es desplegado en sus
90 artículos con enfoque de género.
La Organización ha contribuido a eliminar los vestigios de una cultura atrasada,
acerca de los roles de género, los perjuicios, las creencias erróneas, los estereotipos

sexistas tradicionales y los tabúes, al condenar toda forma de discriminación. Especial
atención ha brindado al fenómeno de la violencia de género con énfasis en
la familia. En este sentido desde 1997 crea y coordina con la participación de otras
instituciones y organismos vinculados al tema, el Grupo Nacional de Prevención y
Atención a la Violencia Intrafamiliar. Asimismo se ha promovido la ruptura de perjuicios
sociales que entorno a la mujer y al hombre se construyen. El proceso cubano
por la igualdad de la mujer, ha estado concebido desde el primer momento, por la
lucha de mujeres y hombres en busca de esa igualdad, que propicie las necesarias
transformaciones en la ideología y la cultura, al partir del hecho de que los prejuicios
y estereotipos por vencer están fuertemente arraigados en uno y otro sexo.
Mucho valor damos a encuentros como estos, que nos permiten intercambiar, debatir
sobre nuestras experiencias, obstáculos y retos. El enfoque de género es parte
sustantiva de la estrategia para luchar por un mundo mejor, por un sistema mundial
basado en la justicia social y la igualdad plena.
Nos encontramos en un momento de crisis económica internacional que afecta a
todos los seres humanos, pero sin dudas tiene gran repercusión para la población
femenina en muchos sentidos. Es un momento trascendental a su vez, en la consolidación
de la unidad latinoamericana, por la necesidad de formar un frente común
para defender el derecho a la libre determinación de los pueblos y el respeto a la
libertad de las naciones.
Este texto, expresión del profundo debate, del intercambio provechoso y la colaboración
recíproca, aportará al aprendizaje de cómo contribuir a la edificación de la
sociedad mejor a la que aspiramos.
MsC. sonia Beretervide dopiCo
miembro del SeCretariado naCional
federaCión de muJereS CubanaS
XX II II

GÉnero, derecHo Y discriMinación
¿Una Mirada MascUlina?
introducción
dr. raMiro avila santaMaría
eCuador
Escribir sobre género, siendo de sexo masculino, es un reto. Puedo entender la sospecha
y hasta la crítica al hombre que utilice de forma inadecuada categorías jurídicas
que han sido desarrolladas mayoritariamente por mujeres, en el contexto de opresión
y exclusión, que no lo sentimos de igual manera que ellas. También puedo entender
que nos expresemos desde una situación de privilegio en una sociedad patriarcal y que
las palabras puedan sonar falsas o mera retórica. Sin embargo, como explicaré más
adelante, estoy convencido que las luchas emancipatorias y liberatarias en contra de la
sociedad patriarcal competen a todos y todas, hombres y mujeres.
Las motivaciones para incursionar en estos temas del género y el derecho son varias.
Una de ellas es que soy una persona absolutamente inconforme con el rol que ha tenido
el derecho en la sociedad. Considero que, quizá de una manera inconsciente, hemos
contribuido a la construcción y a la consolidación de sociedades profundamente inequitativas.
Tener conciencia de que el derecho ha sido un instrumento para ello y que
hay que cambiar, requiere de teorías críticas. El género ha aportado al derecho teorías
importantes para develar la dominación y la exclusión. De ahí que si alguien pretende
buscar un mejor derecho, debe beber de las teorías relacionadas al género. Otra razón
es que la teoría relacionada al género está profundamente vinculada a la cotidianidad.
Uno puede experimentar sus postulados en la vida personal y social. La teoría de género
acaba siempre interpelando las relaciones personales, seamos hombres o mujeres.
3

4
dr. ramiro aVila Santamaría
No pretendo darme de original en lo que viene, aunque tampoco quisiera ser tan
básico como para que no valga la pena leer este ensayo. El texto sistematiza las ideas
de varias autoras y autores y espero poder contribuir un poco más a la comprensión
de la relación entre el derecho y el género, la igualdad y la diferencia, y las estrategias
para combatir la discriminación.
El ensayo está dividido en cuatro partes, en la primerade ellos, que es introductoria y
hasta cierto punto elemental, se aborda el tema de género como categoría de análisis;
en la segunda se establece la relación entre género y derecho; en la tercera se hace un
análisis desde la perspectiva de género sobre el concepto jurídico de igualdad, que
es un principio y un derecho a la vez fundamental para comprender la inequidad y
la exclusión; y en la cuarta parte me atrevo a hacer una categorización de los feminismos,
las estrategias jurídicas que se han usado y los efectos que tienen en la lucha
contra la discriminación. Finalmente, se sintetizan las principales conclusiones a las
que llegamos después de tratar la temática.
Como se verá, utilizo algunos gráficos, sacados de Internet, agradezco a todas esas
personas que los hicieron y los colgaron, y cuyos nombres es imposible ubicar.
la categoría “género”
Nunca se debe dar por hecho que los conceptos son claros. Mucho menos cuando
las palabras que se usan son ambiguas y tienen muchos significados, o cuando las
conceptos son apropiados por quienes producen desigualdad. Esto precisamente
sucede con la palabra y el concepto de género. La palabra, en efecto, tiene múltiples
acepciones. Al escribir este ensayo, entré en la página de Internet de la Real Academia
Española (RAE), puse la palabra género y me aparecieron 19 significados. Por
ejemplo, género humano, género musical, género gramatical, género literario, género
masculino o femenino y hasta género neutro. Esta constatación no es un dato menor.
Facilita muchas las confusiones.
El concepto de género también es ambiguo. Comencemos diciendo qué “no es”
género, como es usual encontrar en los escritos feministas sobre el tema. Género no
es sinónimo de sexo, es decir no es igual decir “soy hombre” que decir “soy macho”
o “soy masculino”. Puede una persona tener pene y ser feminista, gay, trabesti y no
ser masculino o macho. De igual modo, puede una persona tener vagina y ser profundamente
patriarcal. Sin embargo, no podemos negar que la relación entre sexo y
género es estrecha, pero de ninguna manera determinante. El sexo tiene relación con
una característica biológica y el género con un atributo culturalmente establecido.
Ambos pueden cambiar. El sexo puede cambiar con una operación y el género con
cierta adscripción a una identidad que puede no coincidir con el sexo.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
El género tampoco es sinónimo de mujer. Reducir la idea del género a un asunto
solo de mujeres es una forma de restringir el concepto y también restringir las potencialidades
de cambio social que puede tener la categoría. El género comprende a
hombres, mujeres, homosexuales, travestis, lesbianas y demás posibilidades identitarias.
Aunque no podemos negar que la categoría género ha sido estudiada y creada
por las mujeres. Pero ¿quién podría negar que cuando una mujer altera su rol de género
no afecta a los hombres que la rodean? Luego, el género no se aplica exclusivamente
a las circunstancias personales y sociales de las mujeres. El género no significa
feminismo y esta es quizá una de las confusiones más comunes que escuchamos. Al
comenzar mis clases de género, particularmente cuando las personas toman el curso
por razones no vinculadas con el contenido de la clase, estas, en específico las mujeres,
suelen decir que el género es una reivindicación de las feministas y, de paso, dicen
que las feministas son unas locas desubicadas. Sin duda las feministas son quienes
utilizan intensiva y cotidianamente la categoría para apreciar y denunciar la realidad,
pero esto no significa que existe una identidad entre la categoría y su militancia.
El feminismo es un movimiento social que lucha contra la cultura patriarcal. Una
herramienta de su lucha es el uso de la categoría de género para sus análisis. Decir
feminismo, de forma genérica, como veremos más adelante, tampoco es lo más adecuado.
Hay muchos feminismos y no todos son compatibles entre sí.
El género es una categoría de análisis que aporta nuevas luces para apreciar problemas
viejos y entender críticamente las relaciones sociales y políticas. Por el género
se atribuyen funciones a las personas. “Las funciones de género son aquellas conductas,
tareas y responsabilidades que una sociedad considera apropiadas para los
hombres, las mujeres, los niños y las niñas.” 1
Siguiendo a María Viveros Vigoya 2 , la categoría género se aplica en todo ámbito de
la vida. Me referiré, brevemente, a los ámbitos (1) simbólico, (2) normativo, (3) institucional,
(4) subjetivo y (5) político (figura 1).
Ámbito simbólico
El ámbito simbólico tiene relación con la creación de mitos, que son constitutivos
y estructurantes de una cultura. En los mitos, en todos sin excepción, podemos encontrar
caracterizaciones y determinaciones de las personas.
1 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, Por qué el género, en
http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/es/
2 Mara Viveros: “Notas en torno a la categoría analítica de género”, en Ángela Inés Robledo y Yolanda
Puyana Villamizar (compiladoras), Ética: masculinidades y feminidades, Centro de Estudios Sociales,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2000, pp. 56 - 85.
5

6
Figura 1. La categoría de género en los diferentes estados de la vida.
dr. ramiro aVila Santamaría
Por ejemplo el mito bíblico de Adán y Eva es uno de los mitos fundadores de las
religiones judeo-cristianas, que es parte de la creación del universo, del mundo y de
los seres humanos. Dios, después de haber creado el universo, al final, hace su creación
más sublime, que es la creación de los seres humanos. Primero, crea al hombre
y, después, de su costilla, crea a la mujer. Este y esta viven en el paraíso terrenal, en
donde tienen todo lo necesario para su subsistencia y cuya única restricción es no
tomar fruto del árbol prohibido. Todo marcha relativamente bien hasta que a Eva se
le ocurre transgredir la norma. Se dice que fue tentada por la serpiente y que tomó el
fruto, que era una pobre manzana (figura 2). Al ser mordida la manzana por la mujer,
quien convida al hombre, y al percatarse dios del quebrantamiento de la norma, éste
no tolera la desobediencia y expulsa al hombre y a la mujer del paraíso, condenando
al hombre a trabajar con el sudor de la frente y a la mujer a parir con dolor.
Figura 2. Mito bíblico de Adán y Eva.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
El mito, sin mucho analizar, nos da ya un valor relacionado con la mujer: es secundaria
(sale de una costilla, que es el cuerpo principal), y es mala porque desobedece.
Desde el lado de género, podría hacerse una lectura diferente. La mujer es la persona
que tiene curiosidad, ansia de sabiduría, no se somete, no es conforme, se rebela,
busca lo mejor, tiene derecho a aspirar comprender el por qué de las reglas y el por
qué dios prohíbe.
Otro mito, también relacionado con una de las religiones judeo-cristiana, tiene que
ver con la Virgen María (figura 3). Junto a este texto, podemos ver a la Virgen Dolorosa,
que ha sido particularmente importante en mi formación juvenil. La entrada
de la Virgen en la vida de una persona que estudió en un colegio católico, estuvo
llena de ritos. Uno de ellos fue la entrega de nuestra madre biológica a esta madre
simbólica, en el altar y durante una misa. Había una oración que normalmente la
rezábamos todas las mañanas, cuando le visitábamos antes de iniciar las clases, que
era el “Oh Madre Dolorosa”. También teníamos que rezarlo más de una vez cuando
los padres, en confesión, nos mandaban como penitencia cuando decíamos pecados
del calibre de “masturbación”.
Figura 3. Mito de la Virgen María.
Al final del colegio, cuando uno estaba cerca de graduarse, como pocas personas en
la ciudad, teníamos el privilegio de arrodillarnos frente al cuadro, cara a cara, y prometerle
fidelidad. Qué decir del himno, que se cantaba cada 20 de abril y de la historia
del milagro que nos reiteraban cada año: la virgen llora en el cuadro y lloró de verdad
ante unos estudiantes, como nosotros, pecadores e incrédulos, por nuestros pecados.
De hecho, cada espada que le atraviesa el corazón de la pobre virgen, es cada uno de
los pecados nuestros. Al final, la pobre era acribillada con miles de espadas que cotidianamente,
en nuestras miserias y con nuestra lascivia de adolescente, le propinábamos.
7

dr. ramiro aVila Santamaría
Y ahí estaba nuestra imagen de mujer perfecta, divina, irreprochable: virgen, pura y
sacrificada. Después, inconscientemente, con ese patrón que se reflejaba en nuestras
madres biológicas, buscaríamos novia y esposa. ¡Qué difícil tarea soportar a un hombre
con estas expectativas de mujer!
Otro mito poderosísimo, que ya tiene algunos años influyendo, particularmente en
las mujeres, es el de la Barbie (figura 4). La Barbie no solo es una muñeca a la que
se le puede cambiar de ropa o peinar, también determina los modelos de belleza:
flaca, blanca, rubia, delicada, todo lo contrario a lo que natural y espontáneamente
es cualquier ser humano. Además, la Barbie tiene una forma de vida muy adaptada a
nuestro sistema económico: acumula vestidos, se pasa peinando, tiene carro deportivo,
motocicletas, casas lujosas, mascotas, joyas y mil accesorios que solo pueden
tener las personas más privilegiadas del sistema. En el mundo de la Barbie no hay
fealdad ni pobreza. Este modo de vida basada en una forma de belleza y en una manera
superficial de existir, va moldeando nuestras expectativas y nuestros sueños. Es
un mito, porque esta aparente perfección no existe.
Figura 4. Mito de la Barbie.
Sin embargo, la aspiración de ser como una Barbie y tener su ritmo de vida sí existe.
Con ese patrón, al mirarnos en el espejo no vemos una Barbie y si miramos lo que
nos rodea tampoco encontraremos a un Kent ni una casa llena de lujos. La distancia
entre el sueño y la realidad genera una terrible frustración.
Por último un mito más, el de la Caperucita Roja (figura 5). La Caperucita es una
niña que se caracteriza por ser cándida y obediente. Su madre le ordena llevar una
canasta de comida a su abuelita que está en cama y seguramente enferma. Su madre
le advierte que el bosque es peligroso y que no debe distraerse. Sin embargo, la

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Caperucita no puede discernir el peligro y habla con el lobo, y también se distrae en
el camino. Sin darse cuenta, la Caperucita le informa al lobo sobre su abuela, quien
se adelanta al lugar y planea comer tanto a la abuela como a la Caperucita. Al final,
un hombre, leñador, rescatará a la abuela y a la niña.
Figura 5. Mito de la Caperucita Roja.
Solo con estos mitos, unos bíblicos y otros más mundanos, podemos visualizar lo
que el sistema patriarcal considera que es lo que debe ser una mujer: secundaria,
encarnación del mal (Eva), pura, sacrificada, casta, entregada incondicionalmente
(Virgen María), bella, materialista, flaca, delicada (Barbie), ingenua al punto de la
estupidez, incauta, distraída, confiada (La Caperucita). Este es el mensaje que, por
varios medios, el sistema patriarcal va determinando los roles de las mujeres. Los
mitos son plasmados hábilmente por las normas morales y jurídicas, y reproducidas
por las instituciones.
Ámbito normativo
En el aspecto normativo, se interpretan los mitos y los símbolos, y se define lo que
es ser mujer/hombre, lo que se debe hacer y lo que se espera que sean y hagan las
mujeres y los hombres. En otras palabras, se norma la conducta y la identidad de las
personas. Así, por ejemplo, mediante la religión y la imagen de la virgen, a las mujeres
se les exigirá recato en su vida sexual; la educación promoverá el rol de madre abnegada;
la ciencia demostrará que las mujeres son emocionales; el derecho destacará
el rol de víctima indefensa o provocadora. Para enfatizar todas estas exigencias, los
medios de comunicación masiva, mediante las propagandas, las series de televisión y
las películas, definitivamente marcarán los roles exigidos por la sociedad patriarcal. 3
3 “Sobre la demostración en el mundo filosófico y científico de la supuesta superioridad masculina”,
en Simone de Boeauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard, Paris, 1976.

10 10
institucional
dr. ramiro aVila Santamaría
En el aspecto institucional, la sociedad se organizará de tal forma que propicie el
ejercicio de un rol. Promoverá el rol de madre, por ejemplo, en el trabajo con la
regulación del permiso de maternidad exclusivo o preferente para las mujeres; promoverá
el rol de hombre fuerte inhibiendo a las mujeres para que ejerzan actividades
militares que requieran el tradicional ejercicio de la virilidad, como el uso de armas y
estar en el frente de batalla.
Una de las instituciones más importantes, que es considerada como la célula de
la sociedad, es la familia (figura 6). La imagen de familia patriarcal ideal, que es la
conformada por una pareja heterosexual, con un hijo y una hija, además con una
mascota, y todos felices, es transmitida en los textos escolares, en las propagandas de
pañales, refrigeradoras y hasta de autos, en el ideal de sagrada familia de la biblia, en
la regulación del código civil y en las formas cotidianas de aprendizaje. En la vida real
nada más lejano: madres/padres solteros, hijos que viven con sus abuelos, parejas
homosexuales, hijos que viven con madrastra, niños/niñas abandonadas, maltrato
infantil, abuso sexual…
Figura 6. Familia patriarcal ideal.
Lo propio podemos decir de la escuela y el rol diferenciado de niños y niñas (unos
juegan fútbol y otras conversan), de profesoras y profesores; de la calle, en la que
unos se permiten piropear a otras; del derecho y de la justicia, que determina identidades,
negándolas o afirmándolas.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
subjetivo
Todo el aparataje cultural simbólico, normativo y la organización social acabará
construyendo las identidades. ¿Cómo se mira una persona en el espejo? (figura 7)
Realmente uno no mira lo que es sino lo que otros dicen que somos, tal como dice
la canción Cuerpos, de Pedro Guerra 4 :
Lo que ves en el espejo no te gusta.
Tus labios no te gustan, es grande tu nariz.
El espejo son los otros que te miran.
Habitas el espejo y él decide por ti.
Lo que muestras no eres tú ni lo que eres, nos muestras lo que piensas que otro espera
de ti y no das nunca la talla que te piden y el espejo se rompe y te vuelve a pedir.
Y al fin lo que ves ya no dice de ti.
Te buscas y no llegas.
No sabes al fin si eres tú la que ves.
Te miras y no encuentras.
Lo que ves en el espejo es lo que piensas
que quieren los que miran,
lo que esperan de ti.
Y te miras al espejo y no te encuentras.
El espejo es la cárcel que te vuelve infeliz.
Figura 7. Construcción de ideales.
4 http://www.musica.com/letras.asp?letra=1559055
11

12 12
Político
dr. ramiro aVila Santamaría
En el ámbito político, se habla de las relaciones de poder. La categoría género nos ayuda
a desenmascarar la relación opresión/sumisión, propio de una organización social
vertical y violenta. Por el género se puede mirar críticamente la concepción del poder y
su fundamentación. Esta organización social se llama “patriarcado” (figura 8).
Figura 8. El patriarcado. Características.
El patriarcado, según Alda Facio y Lorena Fries 5 , es un sistema histórico de dominación
de lo masculino a lo femenino, en el que se subordina y se priva a quienes se
les atribuye características femeninas del acceso al ejercicio de derechos. El sistema
patriarcal, que se caracteriza por ser vertical y reproducirse cotidianamente y a través
de cualquier manifestación del poder, se basa en la desigualdad y en la exclusión.
El sistema patriarcal es androcéntrico. Esto es, que toda la organización familiar,
social y política gira alrededor de lo masculino y desde su punto de vista. La palabra
del hombre adulto es incuestionable, atiende las necesidades del “ser humano” e
invisibiliza la palabra de otras diversidades, como las de las mujeres, indígenas, discapacitados,
niños y niñas y más. Por ello, como afirman Facio y Fries, el lenguaje
es gínope. Así como el lenguaje invisibiliza a lo femenino y a la mujer, lo hace la
historia, el derecho, la literatura, las instituciones, el estado.
La organización social patriarcal está íntimamente ligada con la colonización (en el
siglo xV) y la colonialidad (en el siglo xxi). Basta mirar los orígenes de nuestro estado
moderno para tener alguna explicación de la estructura vertical y violenta de nuestra
sociedad. En primer lugar, la espada, que simboliza la fuerza de las armas y la organización
militar. En segundo lugar, la cruz, que simboliza el uso de la religión y la
organización clerical (figura 9).
5 Alda Facio y Lorena Fries: “Feminismo, género y patriarcado”, en Lorena Fries y Alda Facio (compilación
y selección), Género y Derecho, LOM Ediciones/La Morada, Chile, 1999, pp. 44-47.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Figura 9. Orígenes del patriarcado.
Tanto el uno como el otro fueron y son verticales y también violentos. La estructura
de las fuerzas armadas y de la iglesia tienen muchas semejanzas: en la cabeza está
un hombre, las mujeres nunca han podido ejercer el liderazgo por impedimentos
machistas, se imponen las decisiones por la fuerza o por la fe, pero nunca por la deliberación.
Los dos sistemas son violentos, ambos a su manera provocaron muertes
reales y simbólicas, y despreciaron todo lo que no era considerado civilizado o católico.
En la violencia simbólica, la estructura militar y las iglesias se construyeron sobre
la estructura social, política y espiritual de nuestra cultura indígena. Literalmente
“sobre” templos indígenas, como queriendo enterrar todo lo pasado por salvaje, por
ignorante, por primitivo.
Así que cuando se habla de “descolonizar” o “decolonizar” 6 , como se quiera, lo que
se pretende también es eliminar la organización patriarcal. En todas estas dimensiones
y ámbitos se puede apreciar que la categoría género nos puede ayudar a mirar
críticamente la cruda realidad exclusión y dominación.
Atrás de la retórica liberal, que nos pregona los derechos, la igualdad, la libertad y la
fraternidad, tenemos discriminación, opresión y violencia. Los avances de la teoría
creada a partir del género, nos permite mirar críticamente otras formas de dominación/opresión,
tales como las étnicas, las etáreas y demás. También, el género
permite mirar la realidad cotidiana y la realidad global, así como apreciar la violencia
doméstica, valorar formas de trabajo excluyente en las maquilas, el feminicidio y la
pornografía. Pero quizá lo más importante es que, pudiendo encontrar por todo lado
violaciones a los derechos humanos, la categoría nos invita a buscar formas emanciapatorias
de vida, relacionamiento y de estructura social. El género, como no podía
ser de otra manera, también es útil para analizar, crear, interpretar, valorar, impugnar,
reivindicar el derecho y su aplicación, que es de lo que me ocuparé seguidamente.
6 Véase sobre las diferencias entre descolonización y decolialidad, y las implicaciones en el pensamiento
y en el estado, Catherine Walsh, Interculturalidad, Estado, sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época,
UASB-Abya Yala, Quito, 2009.
13 13

14 1
el género en el derecho
dr. ramiro aVila Santamaría
El derecho no es y nunca ha sido neutro. Como toda obra humana, tiene la marca
de quien la crea. Se podría caracterizar al derecho desde la ideología (liberal, social,
cultural), desde los intereses de quienes lo crean y aplican (burgués, empresarial, propietario,
obrero), y desde muchas categorías más. El derecho, desde el género, tiene la
huella masculina. La mano del hombre se aprecia en todas y cada una de las normas
en el derecho de la modernidad (figura 10). Este tiene, pues, sexo y es masculino.
¿Por qué las mujeres fueron consideradas personas incapaces de administrar bienes?
¿Por qué las mujeres no fueron consideradas ciudadanas sino hasta bien entrado el
siglo xx? Esto en cuanto a esas dos categorías importantes del derecho. En cuanto a
su aplicación, ¿por qué las mujeres ganan menos que los hombres? ¿Por qué hay más
hombres que mujeres en puestos de decisión y dirección? ¿Por qué la institución de
la maternidad en el derecho laboral acaba determinando el rol materno en la mujer
y privando del rol de cuidado al hombre? Sin duda, porque el derecho es construido
y aplicado desde la perspectiva masculina.
Figura 10. La huella masculina en el derecho moderno.
Para demostrar que el derecho es masculino, debemos antes analizar una de las
características de la sociedad colonial y patriarcal: el dualismo. Luego, creo que será
evidente la conclusión. El sistema colonial clasifica, a nivel mundial, por ejemplo,
Los países del “norte” global se industrializan y se tecnifican y los países periféricos
aportan con materia prima y fuerza de trabajo barata 7 ; los ciudadanos y los desviados
peligrosos; los países que acunan el terrorismo y los democráticos (que mediante la
guerra promueven los valores de occidente), a nivel de estado define, los extranjeros
y los nacionales, los empresarios y los trabajadores, los citadinos y los campesinos, el
trabajo productivo y el reproductivo, el trabajo manual y el intelectual.
7 Aníbal Quijano: “Colonialidad del poder y clasificación social”, Journal of World Systems Research, VI, 2,
Summer/Fall, Special Issue: Feschist for Immanuel Wallerstein, Part I (en http://cisoupr.net/documents/jwsr-v6n2-quijano.pdf,
visita enero 2011), pp. 342-382.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Quien tiene la capacidad de clasificar y de determinar lugares e identidades, tiene
poder y coloniza. En la ciencia, el mundo occidental se caracteriza por clasificar, separar
y despedazar para investigar; así, en la química se separan todos los elementos,
se describe y se intenta llegar hasta la última partícula; en la medicina, el cuerpo se
descompone (se despedaza iba a decir, pero sonaba fuerte), ya sea muerto o vivo,
se corta, se saca, se sutura, se cierra, se desangra; en el proceso, se tortura a la persona
para encontrar la verdad y confirmar la acusación oficial.
Desde el género, la clasificación se reduce a: hombre y mujer, macho y hembra,
masculino y femenino. No hay más posibilidades de identidad oficial y este mensaje
reductor lo encontramos por donde vayamos y hasta lo justificamos. El baño es un
buen ejemplo. Hace no mucho tiempo el baño de hombres no tenía adecuaciones
para poder cambiar pañales. Siempre me pregunto cómo resolver el conflicto de a
qué baño ir cuando una persona es travesti, homosexual, transgénero o cualquier de
las más de treinta variaciones que existen sobre la identidad sexual. Cuando uno llena
el sin-número de formularios que hay que llenar en las oficinas, en los consulados, en
los registros de hotel, en las solicitudes-de-cualquier-cosa, uno tiene que adaptarse a
las clasificaciones, comenzando por sexo, pasando por el estatus civil, la edad, trabajo,
y terminando en el número de identificación. Al final, la persona pasa a formar
parte de un número en una estadística y pierde de alguna manera su humanidad. El
sexo nos encarcela en un mundo de determinaciones.
Las diferencias no solo son descripciones de características físicas sino también
de comportamientos (tabla 1). Cuando alguien nombra mujer, mil características
se vienen a la cabeza. Si yo pido a cualquier persona que dibuje a una mujer, muy
posiblemente le pondrá vestido y pelo largo. Si yo pido que describa a una mujer,
seguramente me dirá que es una persona que es sensible, toma decisiones regidas
por el corazón, necesita de cuidado, es un ser social que tiende a hablar más de la
cuenta, que le gusta estar en la casa, que es su lugar natural, y que si tiene dinero lo
gasta en cuestiones innecesarias. En cambio, si se piensa en un hombre, en el dibujo
tendrá pantalones y pelo corto; entre sus cualidades estará ser calculador, cerebral,
independiente desde pequeño y mucho más en la adolescencia, pasará tiempo en la
calle cuando socialice, su espacio natural será el trabajo y tiene que ser un macho
productivo y mantenedor del hogar. Si alguien cree esto o mira a su alrededor y
encuentra estas características unas más acentuadas que otras, entonces será porque
vive en la típica sociedad patriarcal.
Tabla 1. Dualismos
Mujer Hombre
Irracional Racional
Emocional Cerebral
Dependiente Independiente
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dr. ramiro aVila Santamaría
Al momento tenemos la clasificación (hombre y mujer), las características y atributos
que la sociedad patriarcal les otorga (racional y emocional), y ahora veamos la representación
social que se deriva de la clasificación (tabla 2). Ante los mismos hechos,
la lectura es distinta dependiendo del rol que se espera de la persona. Menciono algunos
ejemplos escritos por Joan Williams. 8 En el espacio laboral, tradicionalmente
un espacio público, en el que se espera que estén solo hombres, una foto familiar en
el escritorio de la mujer significa “¡Mmm! Su familia estará antes que su carrera!”;
en el del hombre, “Ah! Un padre sólido, consciente de sus responsabilidades”. No
está en su puesto de trabajo, él: “debe estar en una reunión”; ella: “debe estar en el
baño”. Almuerzo con el gerente, él: “seguro que le van a ascender”; ella: “seguro
que son amantes”. Viaje de misión o al exterior, él: “es bueno para su carrera y una
oportunidad”; ella: “¿Qué dirá su marido?”. La persona contrae matrimonio, él: “se
va a estabilizar y va estar más tranquilo”; ella: “pronto se embarazará, será más caro
para la empresa si pide permiso de maternidad y finalmente se irá”. Lo que la gente
se representa en su cabeza, inconscientemente, en el trabajo, lo podríamos replicar
en cualquier espacio social, como la familia, la escuela o el deporte.
Tabla 2. El género define realidad y valores
Mujer
Hombre
Foto en el escritorio Familia importante Responsable
Desorden Negligente Ocupado
Hablar con colegas Chisme Reunión
No está en su puesto de trabajo Está en el baño Reunión
No está en su oficina Está de compras Reunión
Aluerzo con el jefe Romance Ascenso
Los dualismos y sus valoraciones que suceden en lo cotidiano, se reproducen cuando
se conceptualiza el derecho y se hacen las leyes (tabla 3). Un lugar común, cuando
se aprende la disciplina, es que nos digan que el derecho es racional, abstracto y
universal. Hasta se justifican estas características afirmando que, de otra manera,
serían normas discriminatorias. Es decir, si el derecho fuera emocional, concreto, con
dedicatoria y particular, perdería sus cualidades de regulación justa y hasta se afirmaría
que esto era precisamente lo que sucedía en los regímenes autoritarios y se debe
evitar. Si uno mira las características de lo masculino, en una sociedad patriarcal, y
de lo femenino, y lo extrapola a las características del derecho, concluiríamos que
este tiene las mismas características masculinas. En consecuencia, el Derecho está
sexualizado y es masculino.
8 Joan Williams, “Igualdad sin discriminación”, en Ramiro Avila Santamaría, Judith Salgado y Lola Valladares,
El género en el derecho. Ensayos críticos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, UNIFEM,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Quito, pp. 280-281.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Tabla 3. Derecho sexualizado
Mujer Hombre
Emocional Racional
Concreto Abstracto
Particular Universal
Al dualismo, le sigue espontáneamente la jerarquía (tabla 4). Una vez establecidas las
diferencias entre dos opuestos, uno de ellos tiene un valor superior y otro inferior.
“Del mismo modo en que los hombres han dominado y definido a las mujeres, un
lado de los dualismos domina y define al otro. Así, lo irracional se define como la
ausencia de racional; lo pasivo es el fracaso de lo activo; el pensamiento es más importante
que el sentimiento; la razón tiene prioridad sobre la emoción.” 9
Tabla 4. Derecho jerarquizado
Mujer
Hombre
Sometido Domina
Emocional Óptimo lure
Dependiente Independiente
Privado/casa Público/trabajo
Consumo Producción
Entonces, lo femenino es negativo y hay que evitarlo; lo masculino es positivo y
hay que promoverlo. Pensemos, por ejemplo, en la persona trabajadora ideal, desde
la perspectiva patronal: alguien que tiene todo el tiempo del mundo para dedicar al
trabajo, pues es independiente en el manejo de este (no está vinculado al tiempo de
cuidado), no tiene que consultar para comprometerse, porque es dueño del espacio
público familiar, es especializado en las actividades productivas. Estas son las cualidades
de un hombre trabajador. En cambio, las mujeres están vinculadas a los hijos
e hijas y sus circunstancias (si se cae en la escuela, llamarán a la madre), tendrá que
cuidar o encontrar quien cuide a los hijos si tiene que trabajar tiene que pedir permiso
si hace actividades extra-laborales.
El ser humano público tiene características masculinas. La idea que sintetiza esta
noción se llama optimo iure, que es la imagen del ser humano ideal a la que toda
persona, hombre y mujer, niño o niña, tiene que aproximarse lo más posible si es que
quiere tener éxito en una sociedad patriarcal.
9 Frances Olsen: “El sexo del derecho”, en Ramiro Avila Santamaría, Judith Salgado y Lola Valladares,
El género en el derecho. Ensayos críticos, ob. cit., p. 139.
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1
dr. ramiro aVila Santamaría
El óptimo iure es un hombre, blanco, rico, heterosexual (figura 11). Cuando uno mira
las constituciones de cualquier país con tradición continental europea del siglo xix,
encontrará características como esta: “Para ser ciudadano se requiere: 1. ser católico;
2. saber leer y escribir; 3. ser casado o mayor de veintiún años”, y para ser miembro
del senado: “tener una propiedad raíz libre de cuatro mil pesos, o una renta anual de
quinientos pesos.” 10 En inglés se utiliza la sigla “WASP” que, en español, significa
“blanco, anglosajón, sexista y puritano”.
Figura 11. Características ideales del ser público.
De hecho, los dos conceptos claves del derecho son precisamente la ciudadanía en
el ámbito público, y la capacidad en el ámbito privado (figura 12). Por la ciudadanía
se tiene la titularidad de los derechos políticos y por la capacidad la titularidad de
los derechos patrimoniales, ambos vitales para poder sobrevivir en un sistema social
liberal. Los dos conceptos, por otro lado, nacen y permanecen como categorías
excluyentes. En la ciudadanía la lucha ha sido por ampliar a otros colectivos y al momento
se les niega a los extranjeros. Lo propio sucede con el concepto de capacidad.
Las mujeres fueron ciudadanas en la primera mitad del siglo xx y capaces a finales
del siglo pasado. El primer concepto fue regulado por la Constitución, y el otro por
el Código Civil, los que otorgaban a ciertos hombres la posibilidad de ser actores
protagónicos y exclusivos en la vida pública y en la vida privada. Ceder estos espacios
únicamente masculinos solo se logró a golpe de luchas constantes y cotidianas.
El derecho masculino lo podemos detectar en todas las normas jurídicas del sistema.
En unos casos las normas masculinas son evidentes, como aquella del Código Civil
(art. 20), que hace universal la palabra hombre y particular la palabra mujer: “Las palabras
hombre, persona, niño, adulto, adolescente, anciano y otras semejantes, que en
su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo,
se entenderán comprender a ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos
que, por la naturaleza de la disposición o el contexto, se limiten manifiestamente a uno
solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan
el sexo femenino, no se aplicarán al otro sexo, a menos que la ley las extienda a él
expresamente.”
10 Federico Trabucco, “Constitución de 1869”, en Constituciones de la República del Ecuador, Editorial Universitaria,
1975, artículo 10 y artículo 21, Quito, pp. 201-203.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Figura 12. Conceptos que nuclean el Derecho.
En otros casos, utilizando adecuadamente metodologías críticas de análisis del derecho 11 ,
se pueden encontrar las necesidades y perspectivas masculinas en las normas. En un
ejercicio de investigación en una clase de “género y derecho”, encontramos normas
relacionadas a la mujer y la participación de utilidades en la ley laboral, la impunidad
para la autoridad familiar masculina cuando se trata de delitos relacionados a la
correspondencia en la ley penal, la mujer que se presume que no trabaja en la ley de
naturalización, la mujer casada incapaz en la ley comercial, la administración ordinaria
que se presume la ejerce el hombre en la sociedad conyugal de acuerdo a la ley
civil, y así podríamos enumerar cientos de normas. 12
Joan Williams, por su parte, deconstruye algunas normas jurídicas y demuestra que
fueron hechas desde las necesidades de los hombres. Así, por ejemplo, la legítima
defensa, que presupone que es un acto de violencia entre dos hombres, que se pelean
en la calle o en un espacio público, que tienen igualdad de armas y en donde la
violencia se produce en el instante. Pero qué pasa si es que la violencia se produce
en el ámbito doméstico, entre dos personas que tienen distintos niveles de fuerza, en
donde la violencia no es inminente sino sistemática y prolongada en el tiempo. La
interpretación tradicional de la legítima defensa no cabe para justificar la necesidad
de la agresión para repeler la violencia que sufre una mujer en el hogar.
Por ello, el estándar, desde la perspectiva de género, debe cambiar: actual no es la
violencia del momento sino que es la que se viene arrastrando desde el pasado hasta
el presente que genera acumulativamente la necesidad de la agresión; la proporcionalidad
debe medirse en función de la posibilidades de defensa de la mujer: la única
forma de defenderse es cuando el hombre está dormido, de lo contrario, la mujer
siempre acabaría siendo víctima. En cuanto a la aplicación, si la ejecución de una
medida de protección a la mujer es realizada por un hombre, es muy fácil preveer, en
la lógica de solidaridad de género, que será un obstáculo para el cabal cumplimiento
de una orden judicial. Por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, cuando una
mujer tiene una boleta de auxilio, que le entrega a un oficial de policía que es hombre,
11 Alda Facio: “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal”, en Ramiro Avila Santamaría,
Judith Salgado y Lola Valladares, ob. cit., pp. 181-224.
12 Ramiro Avila Santamaría: “Crítica al derecho y a la facultad de jurisprudencia desde el género”, en
Ramiro Avila Santamaría, Judith Salgado y Lola Valladares, ob. cit., pp. 240-248.
1

20 20
dr. ramiro aVila Santamaría
en el camino este –posiblemente también un hombre maltratador en su hogar– desestimulará
el uso de la boleta, afirmando que “es mejor reconciliarse, para qué hacer
tanto problema, de gana le acusa al marido, quién le va a mantener, por qué dividir
a la familia, marido es y eso sucede hasta en los mejores hogares, es peor el remedio
que la enfermedad” y mil formas de negar y justificar el daño.
En suma, que el derecho es masculino (figura 13) se demuestra porque ha sido elaborado
por hombres, desde la necesidad y las perspectivas de los hombres, tiene el
lenguaje de los hombres y, en últimas, es aplicado por los hombres. De ahí que podamos
presumir que el derecho y la ley provocará situaciones de discriminación.
Figura 13. Características del derecho masculino
la discriminación por género y el derecho
El derecho al ser masculino genera dos consecuencias inevitables: discriminación
de iure y de facto (figura 14). De iure porque el derecho, al ser dual y jerarquizado,
establece en sus normas un trato desigual que termina restringiendo, limitando o
anulando los derechos de las mujeres. De facto porque en su aplicación beneficia
y favorece a los seres humanos que tienen características masculinas. ¿Pero cómo
puede suceder esto en estados y democracias constitucionales de derecho? Para entender
este fenómeno, conviene analizar con detenimiento la categoría igualdad, que
viene siendo usada y proclamada jurídicamente desde el siglo xViii.
El concepto de igualdad, como cualquier otra categoría jurídica, puede ser entendida
de muchas maneras. La mayoría de las formas de comprender la igualdad, paradójicamente
son discriminatorias. De hecho, desde una perspectiva histórica, la igualdad
ha sido entendida de tal forma que ha promovido y ha escondido la discriminación.
Por esta razón, no es difícil ser escéptico y es factible asumir que la “igualdad” es
una falsa promesa y hasta podría pensarse que ha legitimado la dominación.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Williams ejemplifica algunos casos en los que, invocando la igualdad, se han acentuado
diferencias discriminatorias. 13 Para explicar esta paradoja, Luigi Ferrajoli nos
da luces sobre la conceptualización compleja de la igualdad. Para ejemplificar los
modelos conceptuales sobre igualdad, Ferrajoli utiliza la categoría de género, “a causa
de su carácter originario e insuperable, como una diferencia paradigmática, en el
sentido que ella ofrece el paradigma idóneo para iluminar las restantes diferencias de
identidad (de lengua, etnia, religión, opiniones políticas, y similares) en oposición a
las desigualdades.” 14 Son cuatro modelos los que desarrolla el maestro italiano.
Figura 14. Consecuencias del derecho masculino.
indiferencia jurídica de las diferencias
En este modelo, “las diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se tutelan ni se
reprimen, no se protegen ni se violan. Simplemente se las ignora.” 15 Cuando no hay
regulación, se impone el interés de la persona más fuerte (figura 15). Cuando existen
dos personas o dos grupos humanos y el otro no lo considera, entonces simplemente
no hay relación. La invisibilización es una de las peores formas de trato. Con
la invisibilización, se genera insensibilidad y el mal trato, el dolor, el sufrimiento, la
exclusión no tienen forma de ser superadas. En el caso de las relaciones entre hombres
y mujeres, en una sociedad patriarcal, se concretan en una sumisión al poder
masculino y en una imposibilidad de transformación. En todo el siglo xVii, xViii, xix
y en la primera mitad del siglo xx, la situación de la mujer y las diferencias, no fueron
tomadas en cuenta y el poder patriarcal mató, torturó, discriminó y no consideró las
vidas de las mujeres en absoluto. Cuando no hay prohibición, de acuerdo al ideario
liberal, simplemente se podía actuar.
13
Joan Williams: “Igualdad sin discriminación”, en Ramiro Avila Santamaría, Judith Salgado y Lola
Valladares, op. cit., pp. 257-262.
14
Luigi Ferrajoli: “Igualdad y diferencia”, en Derechos y garantías. La ley del más débil, Editorial Trotta,
Madrid, 2003, p. 73.
15
Luigi Ferrajoli: op. cit., p. 74.
21 21

22 22
Figura 15. No regulación. Ley del más fuerte.
diferenciación jurídica de las diferencias
dr. ramiro aVila Santamaría
Este segundo modelo de consideración de la igualdad y de las diferencias, “se expresa
en la valorización de algunas identidades y en la desvalorización de otras y, por tanto,
en la jerarquización de las diferentes identidades”. 16 Este es típico concepto de igualdad
formal (figura 16), basado en la idea de que “hay que tratar igual a los iguales y
diferente a los diferentes”. Hombres y mujeres son diferentes y hay que tratarles en
consecuencia. Si a los hombres les corresponde el espacio público y a las mujeres
el espacio privado, entonces cualquier intromisión en sus ámbitos deben ser corregidos.
En el ámbito étnico, por ejemplo, significó que a los afrodescendientes se les
reguló mediante la ley civil como si fueran bienes, bajo el régimen de propiedad; y
a los blancos se les aplicó el régimen de libertades establecido en el derecho constitucional.
El extremo de esta forma de concebir la igualdad y las diferencias se llama
apartheid. Cuando se habla de apartheid no solo hay que imaginarse la segregación de
un espacio dentro de las ciudades para un grupo étnico privilegiado y otro marginal,
como sucedió en Sudáfrica, sino también en lo que ocurre en cualquier ciudad moderna,
en donde encontramos zonas “civilizadas” y zonas “salvajes”, que pueden ser
barrios residenciales, amurallados, con todos los servicios públicos, y barrios tugurios,
sin servicios y violentos respectivamente. De igual modo, existe apartheid cuando
la vida familiar es violenta y abusiva y los mismos actores tienen un rol diferente
cuando se desenvuelven en espacios públicos. En unos espacios el estado protege
derechos y en otro los reprime, en el uno es demócrata y en el otro fascista. 17
Figura 16. Igualdad social. Dominación.
16 Ibídem, p. 74.
17 Boaventura de Sousa Santos: Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, Trotta,
Madrid, 2009, p. 560.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Homologación jurídica de las diferencias
“Las diferencias, empezando por las de sexo, son también en este caso valorizadas
y negadas; pero no porque algunas sean concebidas como valores y las otras como
desvalores, sino porque todas resultan devaluadas e ignoradas en nombre de una
abstracta afirmación de igualdad.” 18 La idea es que hay que parecerse, asemejarse,
convertirse en optimo iure. Los afrodescendientes suelen llamar a este fenómeno
blanqueamiento; también se puede apreciar cuando las mujeres ejercen un liderazgo
político muy parecido y violento como se exige que lo hagan los hombres, el ejemplo
que se suele poner es el de la “dama de hierro”. En términos jurídicos, se reconoce
los valores positivos de lo masculino, se desconocen las características femeninas y
se regulan las relaciones de tal forma que fomenten el acercamiento a los privilegios
masculinos. De hecho, las primeras acciones del movimiento feminista pretendieron
tener los mismos privilegios de los hombres: si los hombres son ciudadanos, las mujeres
también; si los hombres tienen capacidad, las mujeres también; si los hombres
son racionales, cerebrales, calculadores, pragmáticos, independientes, autónomos, las
mujeres también. La homologación (figura 17) promueve la asimilación a la identidad
dominante. La mujer, en suma, tiene que ser como un hombre.
Figura 17. Homologación
Valoración jurídica de la diferencia
Este modelo, “garantiza a todos su libre afirmación y desarrollo, no abandonándolas
a libre juego de la ley del más fuerte sino haciéndolas objeto de esas leyes de los más
débiles que son los derechos fundamentales.” 19 Este modelo lo podemos llamar con
propiedad como igualdad sin discriminación (figura 18). La frase que sintetiza la propuesta
de esta concepción de igualdad y la compleja relación con la diferencia, la ha
formulado Santos: “Tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos interioriza,
tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.” 20 Las
mujeres y los hombres, en ciertas circunstancias, tenemos que demandar la igualdad,
18
Luigi Ferrajoli: ob. cit., p. 75.
19
Ibídem, p. 76.
20
Boaventura de Sousa Santos: “Las paradojas de nuestro tiempo y la Plurinacionalidad”, en Alberto
Acosta y Esperanza Martínez (compiladores), Plurinacionalidad. Democracia en la diversidad, Abya Yala,
Quito, 2009, p. 60.
23 23

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dr. ramiro aVila Santamaría
generalmente cuando se tratan de diferencias sociales y políticas, por ejemplo, si hay
personas pobres tienen derecho a exigir mejores condiciones de vida y acortar las
brechas con las personas más ricas. En otras circunstancias, cuando se trata de la
identidad, hay que demandar un trato y una consideración diferenciadora. Con esta
lógica, el primer modelo, que no valora la diferencia y que solo considera el valor
masculino; el segundo modelo, que inferioriza a la mujer y a lo femenino; el tercer
modelo, que hace que la mujer pueda compartir los valores masculinos a costa de la
descaracterización; son modelos todos ellos intrínsecamente discriminatorios.
Figura 18. Igualdad sin discriminación.
Una reflexión más sobre la no discriminación, esta vez de la mano Norberto Bobbio.
Este expresa que pueden distinguir tres fases o momentos en el proceso de discriminación.
21 La primera es un mero juicio de hecho. A simple vista existe diversidad
entre todos los seres y grupos humanos: no somos iguales. Esta desigualdad, que
podríamos llamarla natural (aunque puede ser relativa esta apreciación porque la
cultura marca también la apreciación de los hechos), no es en sí discriminatoria. El
segundo momento es un juicio de valor. En esta fase al hecho le doy un valor negativo
o positivo, inferior o superior, civilizado o bárbaro, peor o mejor. En esta fase es
donde se filtra el prejuicio, que es “una opinión o un conjunto de opiniones, a veces
también una doctrina, que es aceptada acrítica y pasivamente por la tradición, por
la costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen aceptamos sin discutirlo… lo
aceptamos con tanta fuerza que resiste a toda refutación racional”. 22 El prejuicio no
es igual a la ignorancia, porque el segundo con información se resuelve. El prejuicio
se resiste a la información o a la racionalización porque “depende generalmente del
hecho de que creer como verdadera una opinión falsa corresponde a mis deseos,
estimula mis pasiones, sirve a mis intereses”. 23 El prejuicio puede ser personal o
colectivo. Es colectivo cuando es compartido por un grupo humano y este genera
rivalidades, incomprensiones, desprecios. El “otro” acaba siendo el enemigo al que
hay que evitar y excluir. Piénsese, por ejemplo, en el prejuicio que tenemos sobre
los habitantes de otro país o de las provincias o ciudades distintas a las nuestras.
El prejuicio suele ser el valor con el que juzgo los hechos como buenos o malos.
Con estos dos elementos, podemos irnos al tercer momento, que es el del acto o
la acción. Siempre que tomamos decisiones basadas en un prejuicio y actuamos,
21 Norberto Bobbio: “La naturaleza del prejuicio”, en Elogio de la templanza y otros escritos morales, Ediciones
Temas de Hoy, Madrid, 1997.
22 Norberto Bobbio: op. cit., p. 157.
23 Ibídem, p. 158.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
el resultado seguramente es discriminatorio (figura 19). La discriminación, de acuerdo
con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (artículo 1, CEDAW), es un acto basado en una categoría prohibida
(diferencia por sexo, clase, etnia o cualquier otra distinción), que limita, restringe o
anula los derechos de las personas. La discriminación al ser un trato que viola derechos
fundamentales, siempre será injusta.
Figura 19. La discriminación. Fases.
El trato discriminatorio tiene consecuencias graves en cualquier caso. Cuando se
trata de políticas de estado y de prejuicios colectivos, y además se restringen las garantías,
se puede llegar primero a la exclusión de grandes grupos humanos, segundo
a la segregación social que, como se ha dicho, es el apartheid, y en tercer lugar se acaba
en masacres. Este proceso, que el profesor Zaffaroni lo explica a partir del proceso
de criminalización, lo describe y lo demuestra desde una perspectiva histórica y
filosófica. 24
Desde la perspectiva que hemos venido analizado, resulta que la cultura patriarcal es
una fuente permanente de prejuicios (figura 20). A partir de las diferencias biológicas
basadas en el sexo, que existen y son cada vez más relativas, como que unos seres
tienen pene y otros vagina y senos, se desprenden prejuicios. Si concedemos que las
diferencias son valoradas en términos negativos, cuando se trata de lo femenino, y
positivo, cuando se trata de lo masculino, la consecuencia necesariamente es una
sociedad que discrimina. El llamado de atención es que la discriminación cuando
es colectiva acaba, si es que no se la afronta y se busca la eliminación, en exclusión,
apartheid y feminicidio. Así que la discriminación, de iure y de facto, hay que combatirla
y con fuerza. Esta ha sido precisamente la motivación esencial del movimiento feminista,
que ha usado múltiples estrategias, que las vamos a sintetizar en el siguiente
acápite.
24 Véase Eugenio Raúl Zaffaroni y Miguel Rep: La cuestión criminal, Editorial Planeta, Argentina, 2011,
en particular el capítulo que se denomina “¿Cuándo se cometen las masacres?”, p. 261.
225

26 2
Figura 20. Consecuencias de la discriminación.
los feminismos y los usos del derecho
dr. ramiro aVila Santamaría
El movimiento feminista, como cualquier otro movimiento, no es homogéneo en
las concepciones ni en las estrategias que se utilizan, quizá coinciden entre todos
sus miembros que tienen que luchar en contra de la discriminación y la exclusión
de las personas que sufren por la opresión que se genera en una sociedad patriarcal.
Siguiendo a Isabel Cristina Jaramillo, podríamos considerar que es el “conjunto de
personas, acciones y teorías que asumen un compromiso político con la idea de que
nuestras sociedades contemporáneas las mujeres son las perdedoras del juego social,
o lo que es lo mismo, al compromiso con la idea de que nuestras sociedades son patriarcales,
es decir, aquellas en las que existe una supremacía de lo masculino.” 25
Ensayar una tipología sobre los feminismos es tan complejo, que siempre será reduccionista
en el sentido de la imposibilidad de captar la diversidad existente en la
realidad. Por suerte la realidad nunca se deja moldear por la teoría, y siempre la supera.
Sin embargo, para procurar entender la realidad, al menos desde la racionalidad
occidental, se hace inevitable usar categorías. Con esto quiero decir que no se puede
encasillar a un grupo humano y su lucha en una categoría conceptual. La división
que expondremos, basada en el texto de Jaramillo con algunas variaciones, solo tiene
sentido en términos pedagógicos.
A los feminismos podemos agruparlos en tres grandes grupos. (1) igualitaristas, (2)
diferencialistas o esencialistas, y (3) constructivistas (figura 21).
25 Isabel Cristina Jaramillo: “La crítica feminista al derecho”, en Ramiro Avila Santamaría; Judith Salgado
y Lola Valladares, ob. cit., p. 108.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
igualitaristas
Figura 21. Feminismos. Agrupación.
El movimiento feminista igualitarista es aquel que ha luchado históricamente por la
igualdad entre hombres y mujeres, y ahora entre los diversos géneros. De lo que se entiende
por igualdad, tenemos algunas variaciones. El primer movimiento posiblemente
fue aquel, “el sufragista”, que reivindicó la igualdad formal, promovida por los hombres
liberales en el siglo xViii. La idea era que a las mujeres se les reconociera iguales
derechos en la participación política y en el acceso a ser partícipes del patrimonio
y del juego del mercado (tabla 5). Las primeras reivindicaciones jurídicas fueron en
este sentido: reconocimiento del derecho al voto, y para ello se puso énfasis en la
eliminación de las barreras formales. Como se verá más adelante, las diferencias no
fueron tomadas en cuenta y se acabó reforzando un modelo patriarcal con la concepción
de un ser humano político, laboral y ciudadano ideal, que era el hombre.
Además, se trató de una reivindicación propia de una mujer burguesa, en el sentido
de ser de una clase económica dedicada al comercio.
Tabla 5. Igualitaristas
Liberales Sociales
Igualdad formal Igualdad material
Derechos políticos Derechos sociales y económicos
Voto/ participación política Laboral/seguro social
La segunda variación de las igualitaristas, cuya comprensión de la igualdad que desde
la perspectiva marxista, tuvo que ver con la igualdad material y sustancial. Se consideró
que la igualdad en libertad no tiene mucho sentido sino es también igualdad
social, se constató además que la desigualdad de acceso a los bienes de producción
y a los recursos económicos era diferente en función del género. El énfasis se puso
en el área laboral: mala remuneración, jornadas de trabajo largas, igual tratamiento a
mujeres embarazadas, no ascenso y, en general, a los derechos económicos, sociales
y culturales. Algunas feministas marxistas, llegaron a cuestionar la estructura económica
de explotación, asociada con el sistema patriarcal-capitalista.
227

2
diferencialistas o esencialistas
dr. ramiro aVila Santamaría
La segunda tendencia del movimiento feminista, y quizá la más común en nuestro
medio, tiene relación con la reivindicación de la diferencias y el reclamo por el
reconocimiento y valoración de la feminidad. La idea central es considerar que las
labores y las características de lo femenino no son negativas, sino más bien positivas.
Esto es, la sensibilidad, el pensamiento concreto, el rol de cuidado, el espacio
privado y la maternidad. Por oposición, puede suceder, y de hecho esto se suele
sentir, las características masculinas en una sociedad patriarcal son negativas. Todo
lo que huela a hombre es sospechoso y debe ser combatido. Podemos distinguir dos
tendencias, una la que relaciona a la madre tierra con lo femenino, que las podemos
llamar “ecofeministas” (tabla 6). Esta tendencia supone que las mujeres son naturalmente
cuidadoras, no solo de los hijos/as y de las personas que requieran atención,
sino también de la naturaleza. Así como la madre tierra nos da la vida, así las
mujeres dan la vida a los seres humanos. El cuidado se opone a la destrucción, por
tanto, las mujeres no podrían ser violentas o hacer la guerra. “La guerra es un juego
de hombres, la máquina de matar tiene género y es masculino.” 26
Tabla 6. Diferencialistas
Ecofeministas Radicales
Medio ambiente Derechos sexuales
Pacifismo Derechos reproductivos
Madre tierra Pornografía
La solución de los problemas del mundo consiste en poner en puestos de decisión
política a mujeres o incluso en imaginar un mundo gobernado solo por mujeres, en el
que todo es paz, armonía y solidaridad. Uno de esos libros que plantea esta utopía es
el escrito por Starhawk 27 , que es la historia de un lugar gobernado provisionalmente
por mujeres (hasta que los hombres desaprendamos nuestras prácticas patriarcales),
en el que se ejerce la democracia, la dulzura, el comunismo y se defiende a la naturaleza,
por oposición a las tierras del sur, gobernadas por hombres, en donde hay
tanta violencia y destrucción a la naturaleza, que hacen la guerra entre sí y amenazan
a las pacíficas tierras gobernadas por mujeres. Otra novela, en la que encontramos a
las mujeres en el poder, es la escrita por Gioconda Belli, en la que ellas no proponen
capitalismo ni comunismo, sino el “felicisimo”, bajo la premisa de que las mujeres se
preocupan todos los días por mejorar la vida de la gente. 28
26 Susan Sontag: Regarding The Pain of Others, Picados, New York, 2003, p. 6.
27 Starhawk: The Fifth Sacred Thing, Bantam Books, New York, 1993.
28 Gioconda Belli: El país de las mujeres, eBooks, Argentina, 2011.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Otra vertiente, que se conoce como radical, consiste en reflexionar y criticar la forma
de entender la sexualidad y los derechos reproductivos (tabla 6). La manera evidente
de demostrar que las mujeres son un objeto para los hombres es la pornografía. La
mujer es instrumentalizada por los hombres para reproducirse y para comercializar.
Las mujeres no tienen voz y son definidas a partir de la palabra de los hombres. La
clave es la superación de esta condición a través de la elevación de la conciencia y
de la transformación de la estructura patriarcal. En este espacio no es nada difícil
pensar en la eliminación de lo masculino y hasta del hombre.
El problema de esta forma de concebir el feminismo es que los hombres no tenemos
mucha cabida. La sociedad patriarcal ha sido construida por hombres y será reconstruida
por mujeres. En este contexto, no es precisamente la solidaridad lo que aflora
ni tampoco la simpatía por un movimiento que puede resultar contraproducente, se
trata de simplemente de cambiar de signo a la opresión y al oprimido. Por otro lado,
si es que las características femeninas son naturales, entonces no hay mucho lugar
para el cambio, se nace y no se puede alterar.
Finalmente, quizá sin proponérselo, se acaba legitimando la estructura dual y jerárquica
odiosa propia del sistema patriarcal. La construcción de un mundo no patriarcal
debe hacerse entre hombres y mujeres, no solo porque afecta en mayor media a
las mujeres sino porque también afecta, y de forma dolorosa y grave, a los hombres,
que ejercemos un poder que también nos afecta.
constructivistas
La tendencia constructivista, también conocida como postmoderna, considera que
las identidades y las estructuras sociales que generan inequidad y exclusión son construcciones
culturales que pueden cambiar y transformarse. No hay esencias ni determinaciones
naturales que no puedan ser alteradas. El sujeto y la sociedad pueden
ser construidos de forma distinta. Si ahora son controlados y objetos, pueden ser
liberados y sujetos. El problema del género no es un problema solo de las mujeres
sino también de todos los hombres y personas. De hecho, cuando hay una mujer
que se torna feminista, todo su entorno entra en crisis. Conviene que ese entorno
integralmente cambie y no solo uno de sus miembros. ¿Puede existir algo más o
menos que el dualismo hombre y mujer? ¿Pueden existir centenas de identidades?
¿Podría no existir lo masculino y femenino? Las constructivistas critican el mundo
patriarcal y pretender construir un mundo distinto, que es un haz de posibilidades
(figura 22). Una de las mujeres constructivistas que más admiro se llama Elizabeth
Badinter. Ella ha podido desmitificar la idea de maternidad, que es una construcción
histórica muy vinculada con la modernidad industrial y que no es natural 29 ; ha
podido desmitificar la idea de que el hombre goza del poder en el patriarcalismo y
29 Elizabeth Badinter: Le conflit, la femme et la mère, Le livre de poche, Paris, 2010.
22

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dr. ramiro aVila Santamaría
demostrar que construir la masculinidad es un proceso doloroso y oculto también
para los hombres 30 ; y también ha desmitificado la idea de que las mujeres no son
violentas y que también pueden causar daño y hasta ser cómplices de genocidios 31 .
Así que este mundo patriarcal nos duele a todos y a todos compete cambiarlo. Esa
es la propuesta constructivista, que invita a luchar en conjunto por la eliminación del
patriarcado. No tiene sentido idealizar a lo femenino si es que eso significa mantener
la sexualización, la jerarquización (figura 23).
Ahora veamos, desde la perspectiva jurídica, las estrategias de cada tendencia con un
enfoque crítico y constructivista, para ello voy a seguir especialmente a los autores
Frances Olsen 32 y a Joan Williams. 33
Como se ha dicho el derecho es masculino, sexuado y jerarquizado. Cuando esto
sucede se puede sostener con propiedad que se está frente a un derecho patriarcal.
El derecho es sexuado en tanto distingue lo masculino y lo femenino, y es jerarquizado
porque valoriza positivamente lo masculino (optimo iure), e invisibiliza o valora
negativamente lo que se considera como características femeninas.
Figura 22. Constructivistas.
Figura 23. Propuesta constructivista.
30
Elizabeth Badinter: XY, de l’identité masculine, Le livre de poche, Paris, 1992.
31
Elizabeth Badinter: Fausse route, Le livre de poche, Paris, 2003.
32
Frances Olsen: “El sexo del derecho”, en Ramiro Avila Santamaría y otros, ob. cit., pp. 137-156.
33
Joan Williams: “Igualdad sin discriminación”, en Ramiro Avila Santamaría y otras, ob.cit., pp. 280-281.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
Las igualitaristas rechazan la sexualización de los dualismos, en tanto consideran que
las mujeres merecen los mismos privilegios que gozan los hombres. Sin embargo,
aceptan la jerarquización de los dualismos: la consideración de lo masculino como
positivo y óptimo, significó aceptar que lo femenino era negativo (figura 24). Las
mujeres son emocionales, pero pueden ser racionales; las mujeres ocupan los espacios
privados, pero pueden traspasar al espacio público, las mujeres realizan roles de
cuidado, pero también productivos.
Figura 24. Igualitaristas.
La crítica al derecho desde esta perspectiva se convirtió en un mero reformismo legal.
Se critica que el derecho racional, objetivo, abstracto y universal sea una característica
masculina exclusivamente. Las mismas cualidades también son de las mujeres, siempre
que recojan sus necesidades. Las reformistas denuncian el trato diferenciado en lo
formal: no votan, luego debe reconocerse expresamente el derecho al voto. En la
igualdad sustancial, las reformistas exigen tomar en consideración las diferencias y
que se instituya un tratamiento legal especial. El ejemplo más evidente es la regulación
laboral de la maternidad. Solo la mujer es madre, da a luz y da de lactar, no
el hombre. Luego, merece una norma especial que regule permisos, remuneración,
tiempos de trabajo, cuidado de los niños y niñas durante el embarazo, el parto y la
lactancia. Superada la excepción, vuelve la relación laboral a ser regulada conforme
las necesidades de los hombres. La igualdad se juzga comparando a las mujeres con
los hombres; las mujeres deben demostrar que son diferentes o que se les trata diferentes
que a los hombres. La esfera doméstica, que no es de interés de los hombres,
simplemente no tendrá regulación y está excluida del derecho. Las mujeres, en este
contexto, no tendrán defensa efectiva frente a problemas como la violencia doméstica
y las funciones o roles de cuidado son desvalorizados o, más aún, invisibilizados.
La igualdad formal, por otro lado, en su aplicación en algunos casos ha acabado
beneficiando a los hombres. Por ejemplo, la norma que establece que hombres y mujeres
tienen igual derecho para la custodia de los hijos e hijas; cuando hay un divorcio
ha permitido que los hombres chantajeen a las mujeres y amenacen con solicitar la
custodia si es que se pide una pensión alimenticia mayor. Es decir, el padre iguala en
derechos a la mujer sin haber ejercido cotidianamente los roles de cuidado y tiene un
mecanismo de control de la mujer.
31 31

32 32
dr. ramiro aVila Santamaría
Las diferencialistas, por su lado, admiten la sexualización y la jerarquización del derecho,
pero “dando la vuelta a la tortilla”. Es decir, el derecho debe tener características
femeninas (sexuado), reforzando de este modo la idea del dualismo; y lo femenino
debe prevalecer (jerarquización) (figura 25). Describe al derecho con otros adjetivos:
concreto, responsivo, receptivo. Desde este enfoque se critica el proceso litigioso,
que demuestra una característica típica de la violencia masculina y de su tendencia
al conflicto, la supuesta racionalidad del derecho demostrando en el que muchas
decisiones se toman de forma arbitraria, la organización jerárquica masculina y por
supuesto la guerra como máxima expresión de la inoperancia del derecho masculino.
Entre las reformas jurídicas que se buscan se destacan las penales. Se apuesta a que el
uso del derecho penal pueda resolver simbólicamente el problema de la dominación
y violencia masculina. Entonces, se promueve la penalización de la violación conyugal,
el aumento de penas en violencia doméstica, la tipificación de los delitos de trata,
feminicidio, acoso sexual, acoso laboral, la sanción al consumidor de pornografía, la
abolición de la prostitución.
Figura 25. Diferencialistas.
Sin ánimo de negar en absoluto que todos los problemas que generan daño y dolor
merecen una reacción decidida y eficaz por parte de la sociedad y del estado, el uso
del derecho penal como una forma de solucionar las manifestaciones más violentas
es una trampa. Uno de los discursos más agudos en contra del poder punitivo en
general y en el uso por parte de movimientos emancipatorios, como el feminista,
en particular, lo ha desarrollado el maestro E. R. Zaffaroni. 34 El profesor argentino
demuestra que el poder punitivo opera de forma selectiva y discriminatoria y que es
un pilar fundamental del patriarcalismo, porque es jerárquico, disciplinante, dominador,
subordinador, inquisitivo, violento y controlador. Además, la víctima tiene un
trato como un mero objeto de prueba y que tiende a revictimizar. Por otro lado, el
conflicto de la víctima es usurpado por el estado, que suspende o agrava el conflicto
34 Eugenio Raúl Zaffaroni: “El discurso feminista y el poder punitivo”, en Haydée Birgin (compiladora),
Las trampas del poder punitivo. El Género del Derecho Penal, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2000, pp. 19-38.

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
original, degradando al victimario e invisibilizando a la víctima. En suma, el poder
punitivo es masculino y resulta contraproducente utilizar un mecanismo que refuerza
la discriminación y que es inútil. A conclusiones semejantes, analizando la eficacia del
sistema penal en el ámbito sustantivo y procesal, arriba Graciela Otano cuando afirma
que “ni el derecho penal ni el sistema penal parecen ser los canales más adecuados para
dar solución y contención a los conflictos que involucran a las mujeres.” 35
Las diferencialistas, en suma, aceptan y promueven las diferencias culturales que
existen entre hombres y mujeres, solo que consideran que lo femenino es positivo y
superior, y lo masculino es negativo e inferior. En esta lógica, se promueve que las
mujeres tengan los mismos privilegios que han gozado tradicionalmente los hombres
y que los hombres tengan las desventajas que tradicionalmente han sufrido las
mujeres, lo cual no hace mucho sentido si lo que se busca es sociedades más igualitarias,
más horizontales, menos violentas, más solidarias y más incluyentes.
Finalmente, las constructivistas atacan frontal y decididamente la sexualización y
las jerarquías del derecho patriarcal. Demuestra que el derecho es racional, objetivo,
abstracto y universal, pero tampoco niega que deba serlo y que también pueda ser
irracional, subjetivo, concreto, particular. La idea es que aceptando que hombres y
mujeres son racionales e irracionales, objetivos y subjetivos, abstractos y concretos,
universales y particulares, lo que debe desaparecer es la distinción masculino y femenino.
En este sentido, el derecho es patriarcal pero no es masculino ni tiene que ser
femenino (figura 26). Lo que ahora es masculino y femenino provoca la separación
de esferas, como público o privado, que es intolerable porque siempre generará exclusión
y privilegio. La idea es romper el imaginario patriarcal demostrando la falsedad
de sus postulados y la ineficacia en su aplicación. Así, por ejemplo, los derechos
humanos jamás podrán ser universales cuando existen tanta variedad de culturas y de
comprensiones de la dignidad y de la justicia; la solución de los conflictos no siempre
podrá ser de forma racional, cuando hay perspectivas espirituales y rituales de abordar
el dolor y el daño; las normas no pueden ser objetivas cuando desde el mismo
lenguaje, que es ambiguo y cargado de emotividad, se prestan a la interpretación y a
la expresión de intereses particulares de quienes las elaboran.
El constructivismo promueve un derecho que elimine todo tipo de desventajas, sean
ahora de los hombres o de las mujeres. Por ejemplo, si se considera, desde la esfera
pública, como una desventaja tener experiencia de vida en el rol de cuidado, la idea es
que sea considerado como un privilegio. Así como, se deben eliminar las desventajas,
se deben extender los privilegios a todas las personas; siguiendo el mismo ejemplo,
desde la esfera privada, el rol de cuidado ha sido un privilegio casi exclusivo de las mujeres;
extender el privilegio significaría la inclusión del hombre en los roles de cuidado;
es decir, si se revaloriza social y culturalmente el rol de cuidado, los hombres también
podrán ver como una desventaja el no ejercer este tipo de roles en la esfera privada
(tabla 7).
35 Graciela Edit Otano: “La mujer y el derecho penal. Una mirada de género”, en Haydée Birgin, ob. cit.,
p. 134.
33 33

34 3
Figura 26. Constructivistas.
dr. ramiro aVila Santamaría
El óptimo iure y el estatus de persona estaría desvinculada las caracterizaciones masculinas/femeninas.
Por ejemplo, la persona trabajadora ideal sería aquella que puede combinar
el trabajo productivo y el reproductivo, que manifiesta sus cualidades racionales
y emocionales, y tiene capacidad para generar pensamiento abstracto y concreto; por
el contrario, no sería deseable quien tiene desequilibrios del tipo: se dedica solo a
trabajar productivamente y descuida la atención emocional a sus seres queridos y a
personas que requieran socialmente de cuidados especiales. Es decir, los seres humanos
deberían tener armonía consigo mismos, entre los seres que le rodean y con
la naturaleza (el Buen Vivir).
Tabla 7. Ejemplos de perspectivas feministas
Diferencialistas/igualitaristas Constructivistas
Trabajador ideal: H
afirman privilegios
Hombre no cuidado
Mujer sobordinada
afirman desventajas
Toda actividad valorada
Extienden privilegios
H y M incluidos
Elimina desventajas
No obstante las estrategias feministas promovidas por las igualitaristas y las diferencialistas
tienen su rol en la sociedad, pero se debe medir las consecuencias y pensar
en estrategias a largo plazo que nos lleven a superar las dicotomías y las jerarquías,
que es lo que exige una verdadera democracia radical.
Pensar el movimiento feminista en términos constructivistas requiere de la participación
activa y decidida de los hombres. Sin los hombres no pueden haber cambios
sociales profundos y radicales, y no porque los hombres seamos actores con particulares
características, sino porque somos seres humanos y la sociedad patriarcal nos
afecta profundamente. Es más o menos como intentar cambiar de un estado nacional
a uno plurinacional, que es salir de un estado que ha oprimido a los indígenas
tradicionalmente a otro en el que participen activamente y sin discriminación, solo
con la lucha indígena; tanto mestizos –que son los que tienen el poder y definen el
derecho– como indígenas tenemos que luchar juntos, que al final quienes se privan

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
de aprender y gozar de la diversidad somos los mestizos. De igual manera en el género,
quienes nos quedamos solos, sin afectos, sin gozar de la maravilla que es vivir
y sentir la gratitud del cuidado y de la correspondencia en el amor, que perdemos
la capacidad de sentir, llorar, abrazar y más manifestaciones del corazón, somos los
hombres. Y cuando el trabajo se acaba, cuando el dinero es suficiente o simplemente
no lo es, cuando la enfermedad y el dolor llega, no tenemos más que esperar que alguien
ejerza el rol de cuidado, y entonces suele ser muy tarde para darse cuenta que el
sistema patriarcal también nos afecta y de forma grave, y que los supuestos privilegios
que “gozamos” los hombres han sido también desventajas.
La teoría crítica constructivista obliga no solo a mirar la realidad, las teorías tradicionales
que sustentan el derecho patriarcal sino también a mirar las propias teorías
de género, lo que tiene varias ventajas (figura 27). En primer lugar, contribuye a
decolonizar toda relación social y política. Decolonizar significa liberarse del poder
dominante y también de cualquier otro poder que pueda oprimir. En este sentido,
desde mi perspectiva, el feminismo esencialista o de la diferencia puede generar, si se
realiza en otra forma de poder; dominación. En segundo lugar, el constructivismo
en términos personales, promueve una identidad dúctil, que se adapte a las necesidades
y a las circunstancias de cada persona, y lucha por la ruptura de las fronteras
hombre y mujer. En tercer lugar, en términos sociales, busca una liberación en todos
los aspectos de la vida y de las relaciones sociales y políticas que generan opresión;
el género es un factor importante pero está vinculado con lo personal, lo local y lo
global; también está relacionado y no le es indiferente toda forma de opresión. Finalmente,
como no podría ser de otra manera cuando se trata de una teoría crítica,
se propone deconstruir para construir una realidad distinta, otro mundo posible, el
mundo del Buen Vivir, en el que exista una armonía entre los seres humanos, seres
vivos y la naturaleza. La crítica sin propuesta es limitada y el fin último, cuando hay
opresión y exclusión, es transformar esa realidad, tarea a la que el género y el derecho
pueden decididamente aportar.
Figura 27. Ventajas de la perspectiva constructivista.
335

36 3
conclusiones
dr. ramiro aVila Santamaría
1. El género es una categoría de análisis indispensable para mirar la realidad,
develar la opresión propia de una sociedad patriarcal, deconstruir los discursos,
las normas y prácticas sociales.
2. Vivimos en una sociedad patriarcal, que coloniza todos los aspectos de la vida
social y política, y se caracteriza por ser vertical, autoritaria y violenta, que
genera exclusión y discriminación.
3. La categoría género, al igual que el discurso de los derechos humanos, puede
justificar la dominación o puede promover caminos de emancipación, liberación
y transformación. De ahí que sea necesario cuestionar no solo la realidad que
oprime sino también los discursos, incluso los discursos de género cuando estos
crean jerarquías.
4. El movimiento feminista es parte de los movimientos sociales y lo que pretende
en última instancia es expandir al máximo las potencialidades de las
personas y los grupos humamos (figura 28).
Figura 28. Conclusiones.
Se insiste en una idea central y con esto retomo el subtítulo de este ensayo. El asunto
de género es un asunto de hombres, mujeres y de todas las identidades que se puedan
imaginar. Reconociendo que las mujeres son las personas que sufren las peores
formas de violencia que provoca el sistema patriarcal, no hay que negar que todos
y todas somos víctimas. Si esto tiene algo de cierto, entonces ¿pueden los hombres
también ser parte del movimiento feminista? ¿Existe una visión masculina del género?
La primera pregunta, si es que se entiende como movimiento feminista aquel
grupo humano que, desde sus espacios y posibilidades, lucha contra la opresión
del sistema patriarcal, entonces los hombres podemos también ser parte del movimiento.
Ahora, en una sociedad patriarcal, marcada por las diferencias culturales
asignadas a hombres y mujeres, es posible que mi visión sea masculina y, más aún,
que algunas perspectivas no sean compartidas por muchas compañeras feministas,
en particular las que se podrían considerar esencialistas o diferencialistas. Pero aún
admitiendo estos posibles desencuentros, no cabe duda que la libertad de expresión

Género, derecho y discriminación. ¿Una mirada masculina?
de ideas son parte de un diálogo necesario para poder entendernos y luchar juntos/as
por un objetivo común: combatir la exclusión y cualquier forma de poder que genere
dolor. Hombres y mujeres debemos hacer causa común, porque el problema
es de todos y todas. Basta pensar que mientras sigamos educando a las personas,
hombres y mujeres, con patrones y expectativas distintas, y después la sociedad patriarcal
nos exige vivir juntos, el mundo será siempre de desencuentros. No se trata de
“medias naranjas” que se encuentran, sino de hombres y mujeres que aprenden y
socializan de forma diametralmente distintas y luego se les junta en una misma casa.
¿No será mejor eliminar las diferencias para tener más en común y por tanto eliminar
los roles de género, como proponen las constructivistas? No cabe duda que si las
mujeres son quienes ejercen roles de cuidado y son protagónicas en la enseñanza y
en la socialización, son las primeras que promueven y refuerzan los roles de la sociedad
patriarcal. No es asunto de buscar culpables, cuando es una cuestión cultural
y ancestral. Se trata de ser conscientes y luchar juntos y juntas. De alguna forma
tenemos que terminar esta organización social que provoca tanta violencia, dolor y
muerte. Está ubicado el enemigo: el patriarcalismo, los dualismos, las jerarquías, los
determinismos. Es cuestión de juntar esfuerzos. Las grandes revoluciones requieren
muchas condiciones y casi todas acaban reproduciendo la misma forma de ejercicio
abusivo de poder. Pero hay una revolución cotidiana que provoca y seguirá provocando
cambios profundos, y esta es precisamente la que el movimiento feminista
persigue. Cuando hay un hombre o mujer conciente de la discriminación y opresión
que se produce en una sociedad patriarcal, hay cambios; y cuando hay cambios, hay
esperanza de un mundo mejor.
337

3
aPUntes Para la conMeMoración del
triGÉsiMo aniVersario del coMitÉ Para
la eliMinación de la discriMinación
contra la MUJer desde Una
PersPectiVa cUbana
introducción
liC. MaGalYs aroCha doMínGuez
Cuba
El 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). 1 Este fue el resultado de más de 30
años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano
subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC), encargado de promover
los derechos de la mujer y evaluar la condición alcanzada en todos los ámbitos de la
sociedad. Ya en 1952 se había aprobado la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer, y en 1957, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, que
jugaron un importante papel luego en la elaboración de la CEDAW, pues muchos de
estos aspectos, antes consensuados, se incorporon a los artículos 7, 9, 15 y 16.
De esta manera la Convención destaca el hecho de que la condición jurídica de la
mujer, en lugar de ser fijada en función del reconocimiento de esta como persona
por derecho propio, con frecuencia se había vinculado al matrimonio, las relaciones
conyugales, familiares, responsabilidades, deberes y derechos respecto a los hijos y
ante la disolución del matrimonio. El significado por tanto del nuevo tratado fue
muy importante, porque se estaba obteniendo por vez primera un compromiso amplio,
integrador de los derechos de las mujeres, con independencia de su estado civil
y con carácter vinculante.
1 Ver Resolución 34/180 de la Asamblea General de 18 de diciembre de 1979, en www.un.org.

Apuntes para la conmemoración del trigésimo aniversario del Comité para la eliminación...
La Convención destaca sobre todo porque define el significado de la igualdad y la no
discriminación, lo que fundamenta todo su articulado, al expresar que se entiende
como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 2 Esta constituye
un instrumento que guía a los estados en la naturaleza y contenido esencial de las
obligaciones que adquiere, cuando le solicita que “tomen todas las medidas apropiadas,
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la
mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. 3 La propia
Convención define un mecanismo para supervisar los progresos alcanzados en
la aplicación de dicho instrumento, cuando incluye en su texto, la creación de un
Comité, que interpreta el contenido y el alcance de la Convención a través de las
recomendaciones generales, a la vez que examina los informes que cada cuatro años
deben presentar los estados parte. 4
Hasta la fecha, 186 Estados han ratificado la Convención, convirtiéndola en el segundo
tratado, luego de la Convención sobre los Derechos del niño, por la casi
universalidad de su ratificación. De los países desarrollados, el único que queda por
ratificarla es los Estados Unidos de Norteamérica, en contraste con la América Latina
y el Caribe hispano, donde prácticamente todos fueron pioneros en la ratificación.
En 1999, también resultado de un largo y complejo proceso negociador en el seno
de la Comisión de la Mujer, 5 se aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW,
instrumento jurídico que, aunque opcional, permite la presentación de casos individuales
de violación de los derechos humanos de las mujeres y también la solicitud
de que el Comité visite el país, a fin de elaborar un informe sobre alguna violación
reiterada, flagrante, masiva. 6
2
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Resolución
de la Asamblea General de Naciones Unidas, 34/180 de 18 de diciembre de 1979, artículo 1.
3
Ídem, artículo 3.
4
Ídem, artículo 17.
5
La CSW examinó y propuso a la Asamblea General el texto del Protocolo tras debatirlo en su agenda
de los años 1996 al 1999.
6
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm
3

0
el comité para la eliminación
de la discriminación contra la Mujer
liC. magalyS aroCha domínguez
En el artículo 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer se establece el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, 7 con el fin de examinar los progresos realizados en la
aplicación de sus disposiciones. Los artículos entre el 17 y el 22 establecen el marco
en el cual se integra, funciona el Comité, sus competencias para interpretar y elaborar
el Reglamento Interno, los periodos de sesiones y su relación con los estrados
parte y otros actores que pueden contribuir en el diálogo constructivo.
El artículo 17 precisa que el Comité se establece “con el fin de examinar los progresos
realizados en la aplicación de la presente Convención”, que lo compondrán
en sus inicios 18 miembros y luego de la ratificación del estado parte número 35, se
incrementarán a 23 sus integrantes. 8
La concepción del Comité se definió cuidadosamente, con fin de lograr que los y
las expertas se eligieran entre nacionales de los estados partes, y ejercieran su labor
a título individual, con independencia de sus funciones profesionales, su formación,
su ideología, concepciones filosóficas o religiosas, procedencia social o étnica. Se
pretendía que mientras más representativo fuera el Comité en su diversidad, mejor
podría realizar su labor en el diálogo constructivo, porque habría representantes de
todas las culturas, sistemas económicos y políticos que comprendieran el contexto
de aplicación para cada país. Sin embargo, el procedimiento de elección, que es por
votación de forma secreta, sobre la lista que se confecciona de nacionales nominados
por los estados parte, no garantiza una cuota por regiones, ni en la nominación,
ni en la elección. De modo que hay regiones que históricamente han estado más
representadas que otras.
La elección inicial se realizó seis meses después de la entrada en vigor de la Convención
con la presencia requerida de al menos dos tercios de los estados partes. Se consideran
elegidos aquellos que obtienen el mayor número de votos y la mayoría absoluta
de los votos de los representantes de los estados partes presentes y votantes.
Se eligen por cuatro años, aunque nueve de los 18 primeros miembros, entre ellos
la cubana Esther Véliz, 9 solo por dos años; lo cual se decide después de la primera
elección, mediante sorteo de la presidenta del Comité.
7 Nótese que ambos, la Convención y el Comité se identifican con la misma sigla por su significado en
inglés, por lo que estaríamos hablando de la CEDAW cuando nos referimos a la Convención y del
CEDAW cuando lo hacemos sobre el Comité.
8 Ver artículo 17 de la Convención.
9 Esther Véliz integró el primer comité y fue elegida para un segundo mandato.

Apuntes para la conmemoración del trigésimo aniversario del Comité para la eliminación...
Según el propio artículo de la Convención, el Comité está integrado por 23 expertos
elegidos por sufragio secreto de una lista de personas “de gran prestigio moral y
competencia en la esfera abarcada por la Convención”, propuestas por los estados
partes. En la elección de los miembros del Comité, se tiene en cuenta la distribución
geográfica equitativa y la representación de diversas civilizaciones y sistemas jurídicos.
El mandato de los miembros del Comité tiene cuatro años de duración. Aunque
estén propuestos por sus propios gobiernos, los miembros desempeñan el cargo a
título personal y no como delegados o representantes de sus países de origen.
La composición del Comité es notablemente distinta de la de otros órganos de derechos
humanos creados en virtud de tratados. En primer lugar, el Comité desde
sus comienzos, y con ya felizmente tres excepciones, 10 ha estado integrado mayoritariamente
por mujeres. Los miembros proceden y siguen procediendo de una gran
variedad de medios profesionales. El caudal de experiencia del Comité, el hecho de
contar con personas de diferentes perfiles profesionales (juristas, sociólogas, filósofas,
médicas, educadoras, y de diferentes ámbitos en su desempeño, con experiencia
política de dirección, del ejercicio del derecho internacional, de representación diplomática
y de procedimientos en Naciones Unidas como sistema, del movimiento
femenino o feminista, del ámbito académico y por tanto del debate en torno a los
derechos y estatus de la mujer y causas de su discriminación) se manifiesta favorablemente
en los procedimientos de examen y comentario de los informes presentados
por los estados partes.
En este aspecto relativo a la composición, nos parece oportuno explicar el compromiso
de Cuba, que durante los 30 años de existencia de este órgano, ha tenido tres
expertas, 11 cada una de ellas durante dos mandatos. De modo que desde la experiencia
y visión de Cuba, de su política exterior, del reconocimiento y protección de los
derechos de las mujeres, mas toda la experiencia acumulada en el relacionamiento
con las amigas de todo el mundo y sobre todo del área latinoamericana y caribeña, se
ha podido incidir de forma crítica y constructiva en los trabajos del Comité, y sobre
todo en el diálogo con los países de la región que tan bien conocemos.
10 En el Comité han habido tres expertos: Goran Melander de Suecia, (2001-2004), Cornelis Flinterman
de Países Bajos (2003-2010) y Niklas Brunn de Finlandia, (2009-2012).
11 Esther Véliz Villalvila, (1982-1988), Yolanda Ferrer Gómez, (1997-2004) y Magalys Arocha Domínguez
(2005-2012).
1

2
liC. magalyS aroCha domínguez
treinta años de experiencia de trabajo del comité
La función principal del Comité y única durante muchos años, fue la de examinar
periódicamente la aplicación de la Convención en cada uno de los estados partes,
basado en la información que los mismos brindaban. Según establece la Convención,
12 los estados partes “se comprometen a someter al Secretario General de las
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer
efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados
en este sentido”. En el plazo de un año a partir de la ratificación, deben entregar un
informe que se denomina inicial y luego cada cuatro años los informes periódicos,
y si por alguna razón no se pueden elaborar en el plazo establecido, el estado puede
combinar en uno varios de ellos.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité puede, y así lo establece su Reglamento
o Reglas de Procedimiento, 13 constituir grupos de trabajo que se encargan
de diferentes tareas que corresponden al Comité y en las que le auxilia o les facilita
el procedimiento dividiendo acciones organizativas, de debate y consulta; siempre y
cuando no sea en detrimento de las decisiones que corresponde tomar al Comité.
Una de las más funciones importantes y característica especial de este Comité es la
de constituir, para sus deberes relativos al artículo 18, o sea para el examen de los
informes que presentan los estados partes. En relación con ello, se utilizan diferentes
mecanismos entre los que sobresalen:
Grupo Pre sesión: Está integrado por lo general por cinco miembros, uno por cada
región geográfica, que se determina en cada reunión y se recluta al finalizar la misma,
durante una semana adicional. Su objetivo es preparar, discutir y aprobar un listado
de preguntas que antes de celebrarse la siguiente sesión, el Comité envía a los países
que están en la agenda de examen. De aquí que se llame pre sesión, porque es un
ejercicio mediante el cual el Comité transmite en avance un grupo de preocupaciones
generales y específicas surgidas de la primera lectura del informe remitido por el
país. Dichas preguntas, para esclarecer, ampliar, precisar la información contenida en
el reporte, deberán ser respondidas en el plazo de dos meses y enviadas con tiempo
suficiente a la Secretaría a fin de que puedan ser traducidas a los idiomas oficiales y
distribuidas como parte de la documentación oficial que recibe cada experta/o.
12 Artículo 18 de la CEDAW en http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/CEDAW
13 Reglamento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en http://www2.
ohchr.org/spanish/bodies/CEDAW/C/ROP

Apuntes para la conmemoración del trigésimo aniversario del Comité para la eliminación...
Grupo de Fuerza de Tarea por País (Country Task Force): Es un grupo informal y temporal,
que se conforma en la sesión previa a aquella en que cada país será examinado, de
modo que las personas que en él se inscriban, coordinados por la relatora o relator
del país, pueda realizar mejor el trabajo previo al diálogo, profundizar en los artículos
en los que se identifiquen mayores dificultades.
Esta modalidad, relativamente nueva 14 y poco ensayada en la práctica, tiene la peculiaridad
de que aunque todos los expertos tienen derecho a intervenir, se da prioridad
en cada cluster que se examina a aquellos miembros del grupo que ya previamente
han identificado las mayores dificultades y que tienen sus preguntas preparadas y
bien argumentadas. Pueden disponer de un poco más de tiempo que cuando todo el
Comité pregunta y se evitan innecesarias reiteraciones de preguntas y comentarios
sobre un mismo asunto. Ello no es óbice para que en su carácter de miembros individuales,
cada experto no pueda al finalizar cada cluster y una vez escuchadas las
preguntas del Comité y las respuestas del estado parte, hacer nuevas preguntas de
seguimiento.
Relator de país: Esta es una figura que el Comité ha establecido de modo informal
y que en los últimos años se ha institucionalizado, al punto de que resulta de conocimiento
público para los estados parte y las propias ONGs. La función de este
relator, no es comparable a la de los mecanismos especiales de Naciones Unidas
(relatores temáticos y por países que se subordinan al Consejo), lo que resulta bueno
aclarar, toda vez que en ocasiones se confunde el poder y capacidad de decisión que
en el examen tiene el relator. Esta es una figura que juega un papel fundamentalmente
organizativo, metodológico, de coordinación.
La persona que hace el papel de relator, por lo general es alguien que domina el
idioma del país que se examina o una lengua afín; a la vez que se prefiere sea de la
propia región y que por tanto conoce la cultura y contexto general que facilita la
caracterización de logros y dificultades fundamentales alcanzadas en la aplicación
de la Convención y las modificaciones transcurridas entre períodos de examen. Esta
persona tiene además la posibilidad de concentrarse mejor en la preparación sobre
un país y buscar información complementaria sobre los derechos humanos no solo
de las mujeres, sino de la población en general y de grupos específicos, con lo cual
puede también tener un panorama más completo de las múltiples formas de discriminación
que podrían incidir en las mujeres.
Es función del relator elaborar una Nota de Antecedentes (Briefing Note), que distribuye
entre los miembros del Comité antes del inicio de la sesión, contribuyendo a ubicarle
en las características esenciales del país que influyen en las mujeres y sus derechos.
14 Esta modalidad de Country Task Force (CTF), se puso en práctica por primera vez en el examen
de los países que estuvieron en la agenda de 2005. Los resultados fueron evaluados como buenos,
pero fue descuidada por el Comité entre 2006 y 2009, en tanto fue un período en que este sesionó
en cámaras (dividido en dos salas al mismo tiempo) a fin de eliminar el retraso en la evaluación de
informes. De esa forma, cumplía casi las mismas funciones que el CTF.
3

liC. magalyS aroCha domínguez
Subraya los principales logros que a su juicio se han alcanzado, a la vez que llama
la atención de los expertos sobre aquellos aspectos que constituyen principales
dificultades en la aplicación de la Convención, bien sean por razones objetivas o
subjetivas.
En su 13º período de sesiones, de 1994, el Comité decidió que esos comentarios
“tratasen de las cuestiones más importantes incluidas en un diálogo constructivo, en
el que se destacasen los aspectos positivos del informe del Estado y aquellas cuestiones
por las que hubiese mostrado interés el Comité, indicándose con claridad lo que
el Comité deseaba que el Estado Parte incluyera en su próximo informe” 15 .
El papel del relator, también puede ser decisivo, o contribuir eficazmente en la elaboración
de un proyecto de Observaciones finales específico para el país, con sus
necesidades, y a determinar las recomendaciones que son realmente más objetivas y
constructivas; así como el lenguaje más apropiado para la comprensión no solo del
estado y sus componentes, sino para la propia población que interesa conozca y exija
por su aplicación.
Existen otros grupos y mecanismos que utiliza el Comité para agilizar sus funciones,
no solo vinculadas al examen, como por ejemplo:
Grupo de Comunicaciones: Luego de que se adoptara en la Asamblea General y entrara
en vigor el Protocolo Facultativo a la Convención, al ya importante papel que se
atribuía al Comité en el examen de los Informes con arreglo al artículo 18, se sumó
la nueva responsabilidad adquirida en el examen de las comunicaciones recibidas.
A tales afectos, el Comité actualizó sus Reglas de Procedimientos incluyendo los
aspectos concernientes al tratamiento a seguir con la correspondencia que se recibe,
su examen preliminar, registro y método prima facie, para proponer al Comité su admisibilidad
y luego para proponer los proyectos acerca de su fondo.
Las complejas y minuciosas tareas que competen al Comité para tratar con las comunicaciones,
requieren de la existencia de un grupo Especial, que se denomina Grupo
de Comunicaciones con arreglo al Protocolo Facultativo. El mismo se integra por
cinco miembros, uno por cada región geográfica, y se designan por un periodo de
dos años, siempre considerando la renovación que sufre el Comité en su composición
cada dos años. Aunque una región puede ratificar su representante en este
grupo por varios periodos de dos años, lo cual en estos casos redunda en mayor experiencia
para lidiar con las comunicaciones, familiarizarse con los procedimientos,
adquirir habilidades específicas para elaborar los dictámenes, aun cuando para ello se
cuenta con el apoyo de la Secretaría y de la Unidad de Peticiones.
15 Período de sesiones y sus documentos en http://www2.ohchr.org/bodies/cedaw/index.htm

Apuntes para la conmemoración del trigésimo aniversario del Comité para la eliminación...
Este grupo se reúne tres veces en el año, durante 10 días distribuidos por sesiones;
casi siempre previas al periodo en que se reúne todo el Comité. De modo que durante
las sesiones del mismo, se pueda dedicar uno o dos días de trabajo a analizar la
nueva correspondencia recibida, su tratamiento, el estado de aquellas que ya fueron
registradas y que esperan por los comentarios del estado parte y de los autores acerca
de la admisibilidad y el fondo. Por lo general, en algunas de las sesiones, se toman
decisiones acerca de aquellas comunicaciones que tras haber agotado el más amplio
y necesario intercambio con las partes (autores y estados), el Comité considera que
están listas para proceder a tomar una decisión final.
Grupos de Trabajo para elaborar Recomendaciones Generales: El Comité tiene entre sus funciones,
la de elaborar y adoptar recomendaciones generales, que constituyen la interpretación
que hace el Comité acerca de los diferentes artículos, o sobre determinados
temas que transversalizan varios artículos a la vez. Estos grupos son de composición
abierta y por lo general no tienen una definición de número, ni de representación
geográfica definida, aun cuando se trata de un aspecto importante a la hora de interpretar
un elemento de la Convención, ser capaces de hacerlo a través del prisma, la
cosmovisión, el sistema jurídico imperante en todas las culturas y sistemas.
A lo largo de sus 30 años de existencia, el Comité ha elaborado y aprobado 28
Recomendaciones Generales. Sobre todo a partir de 1989, luego de las primeras
interpretaciones sobre artículos específicos y la necesidad de precisiones que no
estaban explícitas en la Convención, se inició un proceso un poco más complejo, en
el que se comenzaron a incluir un grupo de temas, como la violencia contra la mujer,
abordado en la Recomendación 19, cuya denominación no aparece en el texto de la
Convención y resulta una forma importante de discriminación contra la mujer. Así
también fue procediéndose con el tema de la salud de la mujer, visto a lo largo de
todo el articulado, o el de las trabajadoras migrantes, las mujeres de edad y otras de
similar naturaleza.
En la sesión de octubre de 2010, el Comité concluyó los trabajos que se habían
iniciado desde hacía seis años, en un esfuerzo por interpretar un artículo tan significativo,
que constituye el corazón de la Convención como es su artículo 2 y la
definición de igualdad y no discriminación. Esta Recomendación, es base fundamental
para complementar aquel excelente trabajo que hiciera el Comité para elaborar la
Recomendación General 25 acerca de las Medidas Especiales de Carácter Temporal,
dando cumplimiento a lo que presupone el artículo 4 párrafo 1 de la Convención,
a fin de acelerar la igualdad de facto de grupos de mujeres que sufren particulares
formas de discriminación o múltiples de ellas y necesitan de las llamadas “acciones
afirmativas” para contribuir a ponerlas en igualdad con otras y con los hombres a
fin de que lo que la ley establece como igualdad de oportunidades se haga realidad
en la práctica.

liC. magalyS aroCha domínguez
Quiero llamar la atención sobre la importancia de la Recomendación General 28,
en un entendimiento e ínter vinculación de los artículos 1, 2, 4 y 5, que se complementan
y enriquecen y que resulta conveniente estudiar mediante estas citadas
recomendaciones generales. Es muy útil, aun cuando se discrepe de la interpretación
que a determinados conceptos puede dar el Comité, conocer el contenido de las
recomendaciones y leerlas de forma crítica teniendo enfrente el propio texto de la
Convención. Eso nos colocaría a todos: las instituciones del estado, la sociedad civil,
la academia, las luchadoras sociales, en mejores condiciones de exigir y evaluar la
aplicación de la Convención en nuestros países y también participar en un diálogo
entre iguales con el Comité, en cualquier espacio en que ello resulte posible.
En estos momentos el Comité tiene varios grupos de trabajo cuyos integrantes a veces
se repiten en unos y otros, trabajando al unísono en la elaboración de varias Recomendaciones
Generales, que no tienen aún títulos específicos, que se determinan
por lo general al momento de su adopción, pero sí ya con un contenido definido:
• Consecuencias Económicas del divorcio.
• Prácticas culturales y tradicionales dañinas contra niñas y adolescentes.
•. Mujeres y conflictos armados.
• Desplazamientos forzados de las mujeres en situaciones de conflictos y por
fenómenos naturales.
•. Las mujeres y el acceso a la justicia.
•. Las mujeres rurales y la aplicación de la Convención.
el comité y la reforma de naciones Unidas
sobre los órganos de tratados
Cuando en la Asamblea General de naciones Unidas celebrada en 2005, el entonces
Secretario General de Naciones Unidas Koffi Annan presentó su informe conocido
como “Un concepto más amplio de la libertad”, 16 se enunciaba la necesidad de una
reforma en el sistema de Naciones Unidas donde los derechos humanos estuvieran
al mismo nivel del desarrollo, la seguridad, lo que era entendido como un fortalecimiento
y elevación del nivel jerárquico de las estructuras que atendían esos otros
temas: de Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y un ya promovido
Consejo de Derechos Humanos que debería relevar a la desacreditada Comisión de
Derechos Humanos que por demás era un órgano subsidiario del ECOSOC.
16 Ver: A/59/2005* “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, libertad y derechos humanos
para todos”.

Apuntes para la conmemoración del trigésimo aniversario del Comité para la eliminación...
Ya se esbozaba en un párrafo la inconformidad del sistema con el modo en que
funcionaban los órganos de tratado, la ineficacia de la labor en el terreno en la aplicación
de las recomendaciones que se hacían y la incapacidad de los comités para
comprobar que así fuera y hacerlo cumplir. Estas ideas fueron complementadas con
la intervención que hiciera en esa Asamblea la recién estrenada Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, que luego desplegara, en un largo
documento de conceptos, sus ideas sobre cómo alcanzar una mayor efectividad
y eficacia de los órganos de tratados. 17 Estas ideas, discutidas con los expertos de los
órganos y esbozadas en la Asamblea General, no tuvieron la aceptación esperada,
y necesaria para emprender el radical proceso de constituir un órgano integrado de
derechos humanos que examinara los tratados con un grupo de expertos profesionales
que trabajaran durante el año y revisaran todos los informes concernientes a
los instrumentos vinculantes de derechos humanos.
El hecho de que la idea no prosperara no significó que fuera desechada, pues comenzó
un intenso proceso de “armonizar” los métodos de los órganos de tratados
tanto como fuera posible: primero en el lenguaje que se emplea para denominar las
recomendaciones Generales (algunos denominan Comentarios) o las Observaciones
Finales que algunos nombran Comentarios finales… en fin, apariencia de homogenización
cosmética, que rápidamente comenzó a revelar las verdaderas intenciones
de hacer cambios radicales.
El nombramiento de la Alta Comisionada Navy Pillay, también introdujo un gran interés
por dar continuidad, con apariencia a mi juicio de novedad, a la reforma de los
órganos de tratados, solo que esta vez el proceso ha sido más rápido, aparentemente
más participativo 18 , con la inclusión de la academia, la sociedad civil, los expertos de
los órganos, los presidentes de los Comités, y finalmente con un grupo de estados
parte. Lamentablemente no en cada nueva consulta hubo posibilidad de examinar
lo discutido y lo alcanzado por los grupos consultados con anterioridad. De resultas
que se convirtió en un proceso discontinuo, donde solo un selecto grupo de expertos,
académicos, ONGs internacionales y por supuesto la Secretaría, pudieron seguir
el hilo conductor de la propuesta diseñada.
Quisiera aprovechar esta oportunidad en que conmemoramos el 30 aniversario del Comité
que se celebrara el próximo mes de octubre, para llamar la atención de las personas
reunidas aquí, profesionales del derecho, comprometidas con los derechos humanos de
las mujeres, muchas de ellas seguidoras de los trabajos del Comité CEDAW y de los
procesos de examen de sus países a fin de que se interesen en cómo repercute la
17 Louise Arbour: Documento de Concepto sobre la Reforma de Naciones Unidas en derechos humanos,
en http://www.ohchr.org
18 Se realizaron consultas en Dublín con el sector académico vinculado al derecho, tanques pensantes
del derecho internacional, una consulta con ONGs por supuesto internacionales y en capacidad para
viajar a Pretoria y Seúl para estancia de un día, con expertos de los distintos órganos en Marrakech y
Poznan y con los estados parte en Sión, Suiza, todo en menos de un año.

liC. magalyS aroCha domínguez
reforma en curso, indetenible ya, y acompañada de recortes presupuestarios que
incidirán mucho en la falta de condiciones y calidad de los trabajo del Comité para
dialogar con los estados y para intercambiar como ha hecho hasta ahora con la sociedad
civil.
No es justo, según nuestra percepción, que se justifique la necesidad de ahorro con el
recorte en gastos que tratan de parecer ecológicamente fundamentados: usar menos
papel al reducir el número de páginas de los informes, el número de las preguntas
a los estados por parte del grupo pre sesión, disminuir a poco más de tres mil palabras
las que se traducen a los idiomas de trabajo para tomar decisión acerca de las
Observaciones finales; mientras que se incrementa el gasto de impresión de cientos
de hojas para llamar la atención de los expertos sobre material procedente de otros
órganos, de otros mecanismos especiales de derechos humanos, del Examen Periódico
Universal, etc. De modo que al final el material que debería ser “colateral” para
calzar, ampliar, profundizar sobre el principal (el informe de país y sus respuestas)
resulta ser mucho más voluminoso y no pocas veces excesivamente reiterado y hasta
políticamente tendencioso y parcializado.
Basados en el derecho que consideramos nos asiste desde la práctica de tener una
presencia continua y coherente en el Comité, nos parece oportuno, honesto y necesario,
alertar acerca de las preocupaciones que tenemos sobre cómo podría impactar
el resultado de la reforma de los órganos de tratados, en el funcionamiento objetivo,
imparcial, eficiente y eficaz del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer en el cumplimiento de su mandato. Cada Comité, aunque los derechos
humanos están interrelacionados y son interdependientes, tiene sus particularidades.
Sería una pena, que a 30 años de celebrada la primera sesión del Comité, que tras la
realización de Cuatro Conferencias Mundiales de Naciones Unidas sobre la Mujer;
que luego de haber logrado una transformación significativa en la conciencia individual
y colectiva acerca de que los derechos de las mujeres son derechos humanos,
y que con la creciente concienciación del significado y alcance de la discriminación
contra las mujeres, incluido el concepto de múltiple discriminación, se fuera a retroceder
en la calidad del mecanismo de supervisión de la Convención. Sería inaceptable
que en aras de fortalecer el sistema de derechos humanos, se debilitara un pilar tan
importante como es el que tiene que ver con los derechos de las mujeres o de otros
sectores, o grupos poblacionales, cuyos derechos tienen una expertisse especialmente
creada sobre la base de las largas luchas de mujeres y hombres por profundizar en
sus especificidades.

Apuntes para la conmemoración del trigésimo aniversario del Comité para la eliminación...
reflexiones finales
Desde La Habana, Cuba, desde este evento que nos honra compartir, a la vez que extendemos
una calurosa y merecida felicitación a los miembros del Comité CEDAW,
instamos a sus expertos, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y sobre
todo a la comunidad de feministas especializadas en el derecho que aquí se reúnen,
para brindar un seguimiento cada vez más cercano y exhaustivo, a los trabajos del
sistema de Naciones Unidas en la intención de ganar en la calidad de la supervisión
en la aplicación de los compromisos internacionales vinculantes que han adquirido
nuestros gobiernos.
¿Quién puede ser mejor supervisor, evaluador, crítico y asesor sobre el terreno, que
esa amplia, diversa, rica y comprometida comunidad de organizaciones, instituciones,
asociaciones, que desde diversos sectores (político, civil, académico) tienen todos
los elementos necesarios para divulgar, para formar, para crear capacidades, para
exigir, para evaluar, para proponer y para construir, siempre en nombre del bienestar
y el disfrute de los derechos de las mujeres? Nosotras y nosotros somos parte de
esa masa crítica y constructiva, formadora y activa, que contribuye cada día a que
las mujeres avancemos un poco más en la sinuosa y difícil senda por la igualdad de
derechos y de oportunidades de las mujeres.
Como cubanas, como miembros de la Federación de Mujeres Cubanas, tenemos el
orgullo de sabernos protagonistas de todos los procesos que han contribuido, por
más de 50 años, a formar el marco jurídico de reconocimiento y protección de nuestros
derechos, a la vez que somos copartícipes de los procesos de conformación y
puesta en práctica de las políticas públicas que garantizan su ejecución.
Somos a la vez una importante fuerza, masiva, representativa, comprometida, que
evalúa permanentemente el estado de los derechos, los órganos y organismos de
dirección de la Federación, en sus reuniones, en sus principales documentos y acuerdos,
sobre todo en los Congresos de la Organización, realizan un examen crítico de
las dificultades y obstáculos, de carácter objetivo y subjetivo, que afectan o impiden
el avance en la condición de las cubanas. 19
Cuba, firmemente ligada con sus compromisos internacionales adquiridos, y sobre
todo con las necesidades identificadas como prioritarias para el avance de la mujer
cubana, adoptó en 1997, por Acuerdo del Consejo de Estado el Plan de Acción Nacional
de la República de Cuba para el Seguimiento a la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer. En uno de sus por cuanto, se explica que “este plan constituye la piedra
angular para el avance de la mujer en Cuba… y que su cumplimiento es responsabilidad
19 VIII Congreso de la FMC: Informe Central presentado por Yolanda Ferrer Gómez, Secretaría
General de la FMC y el Discurso de Clausura de José Ramón Machado Ventura, Edición Especial,
Editorial de la Mujer de la FMC, La Habana, 2009.

0
liC. magalyS aroCha domínguez
del estado cubano, con la decisiva participación de las organizaciones de masas” 20
entre las que se cuenta primordialmente la FMC, que es principal referente teórico
y metodológico para la aplicación y evaluación de sus 90 medidas. Cuba a la vez,
consecuente con su relación con la Convención y su mecanismo de supervisión, ha
entregado, desde fines de 2010, el Séptimo y octavo informe combinado, que está en
la agenda para examinar en julio de 2013. 21
Durante el segundo semestre de este año se realizará la evaluación del Plan de Acción
Nacional y del último informe al CEDAW. Sus resultados serán una importante
y fundamentada respuesta para el examen que hará el Comité, a la vez que permitirá
al estado llevar una actualización producto de una evaluación colectiva, sobre los
logros más significativos y las prioridades que deben guiar el trabajo futuro en la
aplicación de estos compromisos internacionales. A tales fines, se convocará desde
la FMC a las organizaciones de masas y sociales, asociaciones de profesionales, cátedras
de la mujer y sus propias estructuras intermedias, las ONGs con status consultivo
ante la ONU, para que examinen el informe y emitan sus criterios. Cuba tiene el
desafío particular de continuar siendo un paradigma en el adelanto de la mujer, en
la protección de los derechos de las mujeres, en momentos en que se actualiza el
modelo económico socialista.
En este momento de conmemoración, de recuento, de compromiso optimista, son
necesarias unas justas palabras para evocar a quien fuera artífice de la construcción
de la Federación, quien fuera leal y apasionada luchadora por los derechos de nuestro
pueblo y por el derecho de las mujeres cubanas a ser libres e iguales: la compañera
Vilma Espín, presidenta por siempre de la Federación de Mujeres Cubanas. Y quisiera
concluir mi intervención con las palabras de Vilma que cerraron su discurso en el
debate general durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Beijing en 1995. 22 Cuando caracterizaba la inmensa y humana obra en que estaban
enfrascadas las mujeres cubanas por hacer cumplir en la realidad los tres pilares de la
Conferencia (Igualdad, Desarrollo y Paz), decía que hoy:
las mujeres que integran la Federación de Mujeres Cubanas, siguen brindando su labor voluntaria a
toda tarea necesaria para el avance de los planes de producción de alimentos, de salud, de educación,
con gran énfasis en el trabajo social dirigido a las familias, a la preparación de padre y madre para
elevar cada vez más la calidad de la educación de las nuevas generaciones, a los programas de
maternidad y paternidad conscientes, con la adecuada premisa de la educación sexual que corresponde
a cada edad, iniciándose en los principios de la plena Igualdad, de la plena responsabilidad
en la vida sexual, con todo el valor del amor, de la ternura, del respeto mutuo en la pareja, de la
sinceridad.
20 Gaceta Oficial del 5 de mayo de 1997.
21 Programa del 54 período de sesiones del Comité, http://www.ohchrorg/cedaw/sesiones
22 Vilma Espín: Las Cubanas de Beijing al 2000, Intervención de apertura en Seminario Nacional celebrado
en julio de 1996, publicado en folleto especial de la Editorial de la Mujer.

Apuntes para la conmemoración del trigésimo aniversario del Comité para la eliminación...
Luego, cuando inspirada por su vocación internacionalista, por la aspiración de vivir
en un mundo de igualdad no solo entre hombres y mujeres, sino entre seres humanos
en general y entre naciones, concluía:
Necesario es que la enorme acumulación de riquezas presente en el mundo se aplique
a resolver los grandes problemas que atentan la existencia misma de la vida en la tierra.
Que el rico caudal de inteligencia, de voluntades, se una en la tarea urgente de lograr un
mundo más justo donde la mujer y el hombre puedan trabajar, crear familias, educar, ver
crecer los hijos, sin las atroces amenazas que hoy ponen en peligro, todo lo logrado en
los milenios marcados por la huella creadora del ser humano, para el bienestar de todos
en un planeta, que sería entonces, infinitamente promisorio.
1

52
Pensando en transForMación:
entre PersPectiVa Y deconstrUcción
introducción
dra. Marina Morelli núñez
uruguay
En primer término quiero agradecer a la Coordinadora Yamila González Ferrer, y en
su persona a la Unión Nacional de Juristas Cubanos, a la Universidad de La Habana,
a la Federación de Mujeres Cubanas, y a todas y cada una de las organizaciones y
entidades que posibilitan el encuentro. Este agradecimiento no se relaciona con el
plano de la individualidad, formalidad, ni mera gentileza. Lo que quiero agradecer es
pura sustancia. Les doy gracias por la creación y el sostenimiento de una conferencia
internacional que se erige como un espacio académico de análisis, reflexión, debate,
desarrollo de pensamientos e ideas. Este espacio colectivo y con las características
que se le imprimen, resulta fundamental, para continuar avanzando en lo que ha
sido y es –aún– un largo proceso por la igualdad y el efectivo goce de los derechos
humanos de las humanas.
En una instancia internacional como lo es esta, quiero rescatar que soy Latinoamericana.
Y lo soy no discursivamente ni en consigna. Esa es mi más íntima identidad
política y cultural, y eso tiene que ver con lo que digo. Y seguramente sea la razón
por la cual considero que es indispensable que las mujeres celebremos la memoria de
nuestras ancestras. No solo de aquellas con las que tenemos un vínculo sanguíneo,
también de todas y cada una de las mujeres que en nuestras tierras, han luchado,
incansablemente, para que hoy nosotras gocemos de derechos que a ellas les fueron
negados.

Pensando en transformación: Entre perspectiva y deconstrucción
En el día de hoy 1 y en esta instancia, especialmente recuerdo a Patria, Minerva y
María Teresa Mirabal. Tres mujeres dominicanas que se opusieron a una de las dictaduras
más sangrientas, enfrentando a Rafael Leonidas Trujillo. Fueron asesinadas el
25 de noviembre de 1960 y echadas al olvido, como tantas otras miles de mujeres que
la historia se esfuerza por invisibilizar. Fueron rescatadas de la memoria colectiva en
1981 durante el Primer Congreso Feminista de Latinoamérica y el Caribe celebrado
en Colombia y donde se decidió cada 25 de noviembre conmemorar el Día Internacional
de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, en honor a la hermanas Mirabal
o Mariposas que era como ellas se identificaban en la clandestinidad –y como me
gusta recordarlas–.
A ellas, a otras que también hemos logrado rescatar de esa historia contada en masculino,
y a tantas otras anónimas, mi recuerdo y mi respeto. Son sus luchas y son ellas
quienes le dan sentido a mi presencia y a las ganas de exponer algunos conceptos,
dejar planteada alguna que otra idea en torno a la ciencia jurídica y al convencimiento
ético de la necesidad de trabajar desde adentro del derecho para lograr las transformaciones
necesarias.
el derecho como invaluable herramienta de poder
Voy a comenzar cuestionando la propia concepción tradicional que se tiene del derecho,
aquella con la cual son educados quienes deciden introducirse en la ciencia
jurídica. In limine se nos ha dicho que “es el conjunto de normas que rige en una
sociedad, en un tiempo determinado y regula la conducta de sus componentes”.
Luego y a medida que vamos avanzando en su estudio, nos otorgan herramientas
para distinguir las acepciones de la palabra, las diversas ramas que lo componen, sus
fuentes, los orígenes, los métodos de interpretación e integración.
A mi humilde entender esta es una conceptualización tradicional, parcial, precaria y
sobre todo, tremendamente peligrosa, pues su aceptación sin más cuestionamientos,
puede garantizar la perpetuidad de la exclusión de las mujeres. Concebir tan inocentemente
al derecho como aquel conjunto de normas, implica aceptar su tarjeta
de presentación donde dice que es ‘inocente y justo’, como bien señala la Dra. Alda
Facio Montejo en uno de sus trabajos; y si hay algo que el Derecho no ha tenido para
con las mujeres es, precisamente, justicia.
1 Esta conferencia magistral fue impartida el día 10 de mayo de 2012 en la sesión plenaria matutina del
tercer día de actividades de la IV Conferencia Internacional “Mujer, Género y Derecho”.
3

dra. marina morelli núñez
El Derecho es una ciencia androcéntrica que toma al hombre como protagonista
único, centro y parámetro de la humanidad. Con seudo-fundamentos que variaron
desde la atribución de funcionamiento cerebral apasionado, hasta la inferioridad
natural de cuerpo y mente, se sostuvo la ausencia de aptitud en la mujer para ser
considerada sujeta de derechos.
Y esta idea es central, aunque se la puede expresar de diversas maneras, y puedo afirmar
que es androcéntrico, también puedo decir que el derecho obedece a un sistema
patriarcal, y también puedo decir que el derecho es macho y quizá sea el más macho
entre todos los machos que el patriarcado nos propone. No tengo duda de eso.
La historia y el presente de más de la mitad de la humanidad, marcan con toda claridad
lo que significa la opresión y marginación, y como puede sostenerse la misma a
lo largo del tiempo e incluso, otorgarle una infame especie de legitimidad, cuando es
el derecho el que dispone sobre nuestros cuerpos, nuestras acciones y hasta nuestras
propias vidas. Delinear las reglas de convivencia entre quienes componen la sociedad,
es una arista bien interesante, cuando se jerarquiza y a la baja, a todas quienes
hemos nacido o hecho mujer.
Por ello, no dudo en manifestar que hay una extensa y rica posibilidad para explorar
en el campo de la ciencia jurídica; y que es altamente probable que dicha exploración
sea resistida, menospreciada y quienes se atrevan a realizarla sean tachadas de
irreverentes. En lo fundamental, para mí, comenzar a pensar en otras maneras y en
otras formas de entender al derecho es un compromiso ineludible para las nuevas
generaciones de juristas. Porque son otras luchas las que debemos librar, en un contexto
que viene marcado por el legado de todas las que nos precedieron. Carezco de
la capacidad para poder sintetizar esa exploración, e incluso reconozco que la misma
irá adoptando características, métodos, tácticas y estrategias que solo el devenir del
tiempo revelará. Pero no carezco de la suficiente honestidad intelectual para manifestarles
con toda claridad -aunque suene muy antipático- que yo al derecho generalmente
no le creo nada y cuando lo hago, le creo muy poco. Y no me conforma
sus tradicionales y caducas conceptualizaciones que toman al aspecto normativo y lo
sacralizan conectándolo con el valor de la justicia, cuando en verdad nuestra opaca
realidad, demuestra exactamente todo lo contrario.
Y reconocida ante ustedes mi limitación, solo quiero manifestarles una idea:
El Derecho es una invaluable herramienta de poder. De poder de transformaciones,
pero también de perpetuar inmerecidos privilegios; de poder garantizar el goce de
derechos fundamentales, pero también de justificar las peores atrocidades que se
suceden diariamente en este y en otros continentes. Este explica, sostiene y perpetúa
un orden impuesto que ha cosificado nuestros cuerpos de mujeres y ha valorado a
la baja nuestra propia existencia. A la vez que explica, sostiene y perpetúa un modelo
global que culpabiliza, empobrece, oprime, margina, asesina, invisibiliza, lapida,
mutila y silencia a las mujeres. Frecuentemente, en el área del derecho, la lucha
contemporánea por la igualdad de las mujeres se banaliza e incluso se nos tacha
como si el nuestro fuera un reclamo reiterado con actitud lacrimógena y a veces de
inconformistas.

Pensando en transformación: Entre perspectiva y deconstrucción
Estoy segura que más de una activista de las que se encuentra presente en esta sala,
ha participado de alguna que otra discusión en torno a las políticas de discriminación
positiva en lo que refiere a la participación de las mujeres en la vida política, y seguramente
en las conocidas leyes de cuotas. Y muchas discusiones parecerían retrotraernos a
Olimpe de Gouges y a Robespierre en la Francia revolucionaria de hombres blancos
y burgueses del siglo xViii. Y lo más increíble, es que aún continúan guillotinándonos,
porque hay formas más civilizadas, modernas e hipócritas de cortarle la cabeza
a las mujeres. -Quizá la más conocida sea el desprestigio-.
Nos suelen decir: Tienen las leyes, tienen los tratados, los pactos, las convenciones,
tienen las agencias en organismos internacionales, tienen los planes de igualdad, tienen
los comités de expertas, tienen las áreas de género insertas en los ejecutivos y
legislativos de sus estados, tienen…¿y qué más quieren es la pregunta? que a diario
enfrentamos. Por eso, las mujeres debemos ser claras para exponer sin lágrimas y
con actitud combativa, que si alguno de nuestros reclamos se reitera en siglos, es
justamente porque en siglos nuestra realidad continúa en lo sustancial incambiada.
Porque el femicidio contemporáneo que arrasa y campea con total y absoluta impunidad
en nuestra América Latina, constituye causa suficiente para que yo no me
conforme, y ninguno de los aquí presentes se conforme ´ni un tantito así´ dijera el
Che. Porque el dolor de ver desangrarse a un continente, no debe ser para nosotros
indiferente como operadores del derecho. Jamás se debe permanecer ajeno a la realidad
de la “Matanza de Juárez”, a la realidad de las hermanas Guatemaltecas, o el
escenario de donde provengo: en Uruguay a causa de violencia intrafamiliar contabilizamos
más de 400 mujeres asesinadas, muchas de las cuales habían recurrido al
sistema policial y de justicia a solicitar garantías a su seguridad y a su vida, y pese a
ello fueron asesinadas. Porque la despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo aún espera en los cajones de los legisladores de mi país y de otros, en
tanto las mujeres mueren por infecciones en los hospitales y quienes sobreviven son
sometidas al sistema penal y tratadas como delincuentes. Porque Nuestros cuerpos,
definitivamente, no admiten más condenas. De ninguna naturaleza.
Y es tiempo ya, que estos hechos y tantos otros comprueben de manera irrefutable
no solo el poco valor que las sociedades adjudican a la vida de las mujeres, aunque
discursivamente se sostenga lo contrario. También es fundamental que estos hechos
sirvan para comprobar, el rol pasivo, inoperante e ineficaz del Derecho ante esas
atrocidades. Una realidad tan atroz y tan cruel ¿Cómo se explica desde el punto de
vista jurídico si no es cuestionando frontalmente la definición tradicional del derecho,
que insiste en que es un “inocente”, y “justo” conjunto de normas?
La verdad es que el Derecho (macho, androcéntrico o patriarcal, como a ustedes les
guste) no protege a las mujeres aunque existan leyes o normas formalmente promulgadas
que sí lo hagan. Y esto no quiere decir que no sean importantes las leyes y los
instrumentos internacionales. Claro que son importantes. También está claro que
la realidad sería más adversa sino hubiera existido el género para el Derecho, tanto
como categoría de análisis y como perspectiva.

dra. marina morelli núñez
No tengo duda, que desde la década del 70 el movimiento de mujeres y feministas,
vino a conmocionar hasta los propios cimientos de la ciencia jurídica, cuestionando
principios como el de la supuesta igualdad, que nadie antes se había atrevido
a cuestionar. Y logrando, además, una enorme producción de normas, leyes, decretos,
constituciones, pactos internacionales, tratados, convenciones, entre otros
instrumentos que serían impensables si no fuera porque el género se infiltró en el
derecho.
Y sostengo que se “infiltró” con toda la connotación que ello implica para el género,
para el derecho, para las académicas que lo hicieron posible, para los movimientos
de los que formaron parte y para nosotras hoy. Porque es buena cosa recordar que lo
que hoy a nosotras nos resulta de lo más normal y lógico, como es la introducción de
la perspectiva de género en el derecho, no era ni normal, ni lógico, ni pacíficamente
aceptado, ni políticamente correcto hasta hace pocas décadas. Y el hecho de que hoy
nos situemos en un punto desde el que es posible y necesario continuar avanzando,
se lo debemos a la intensa lucha de generaciones de juristas que creyeron que valía
la pena trabajar desde adentro del derecho, y que asumieron los enormes costos que
implica manifestarse en contra de un orden establecido.
Se trató de una lucha que reconozco, respeto y agradezco. Y por eso, me inspiro y me
animo a asumir que a mi generación le competen nuevas batallas. Sobre todo la de
disminuir hasta hacer desaparecer la brecha que existe entre lo que las leyes prevén y
lo que sucede en los hechos. Porque la verdadera dimensión de los derechos humanos
no está en la letra fría de la norma, ni en los elegantes encuentros de expertas,
ni en los elocuentes discursos de los gobernantes. La verdadera dimensión de los
derechos humanos está en el diario, en el día a día de cada una de las mujeres más
comunes y más diversas que habemos sobre esta tierra. Hoy nos enfrentamos a una
gran brecha, en la cual frecuentemente se vulneran en los hechos todos, cada uno de
los derechos que la ley protege.
Éticamente, no es admisible que mi generación y las que vienen, permanezcamos calladas
e inmóviles ante la evidente injusticia que implica poseer leyes, tratados y otras
normas, que en realidad no se aplican o se aplican en forma deficiente o arbitraria. Y
para ello, quizá sea necesario discutir innovadoras maneras, otras formas, desarrollar
ideas y pensamientos jurídicos. Y sobre todo quienes ansiamos transformaciones
y las ansiamos desde el derecho mismo, debemos detenernos a pensar la transformación.
Y para ello es necesario cuestionar y volver a cuestionar y a cuestionarnos.
Y ello, hay que hacerlo con conocimiento teórico y con víseras, con el corazón
caliente, no en la eterna búsqueda de la cita en el pie de página que legitime nuestro
pensar, más bien animándonos a compartir con los otros todo aquello que con
honestidad -en el acierto o en el error- pero con honestidad, creamos que puede ser
útil a cambiar y a hacer de cada día, uno mejor para las mujeres de hoy, y sobre todo
para las de mañana.

Pensando en transformación: Entre perspectiva y deconstrucción
Quienes persigan la justicia y quienes entiendan que no basta la titularidad de los
derechos sino que hace falta el efectivo y pleno goce de los mismos, pueden cuestionar
libremente algunos aspectos de la realidad y el escenario actual, como teniendo
sentido histórico del momento que estamos viviendo.
Y uno de los cuestionamientos que quiero dejar planteado en esta instancia es: Hoy
para lograr las transformaciones necesarias al futuro: ¿Es suficiente, alcanza, con introducir
la perspectiva de género en el derecho?
Yo no poseo una respuesta definitiva a este cuestionamiento y aunque esa respuesta
existiera no aplicaría por lo individual y solitario de la misma. Nunca creí, no creo
y ojalá nunca vaya a creer, en la experticia de iluminadas que hablan por miles de
voces de mujeres que permanecen acalladas. Considero que esa constituye una forma
bastante masculina de ejercer el poder. Yo Creo en el trabajo diario y colectivo,
no hablando por las demás, sino haciendo hasta lo imposible para lograr que cada
una de las mujeres que han permanecido sin voz, comiencen a hablar por sí mismas.
Porque la historia, como dijo una vez el Presidente de mi país, José ‘Pepe’ Mujica,
“es una construcción tremendamente colectiva, y en eso estamos”. Y como en eso,
es en lo que ando, no voy a dar respuesta definitoria al cuestionamiento planteado,
pero sí voy a formular algún aporte.
la categoría género como construcción
colectiva. aportes para su análisis
El primero, es que el “género” como categoría de análisis y perspectiva, como movimiento
y como propuesta y plataforma, ha sido una cuestión eminentemente política
en la más amplia acepción de la palabra. Y en ello, quizá encerró la riqueza de sus
innovadores planteos. La cuestión es que con el transcurso del tiempo dejó de ser
solo político, para tornarse en políticamente correcto. Y yo, confieso, que desconfío
de todo aquello que sea “políticamente correcto”.
Es muy difícil encontrar mujeres y hombres que ocupen cargos de decisión o que
detenten diversas formas de poder dentro y fuera de la institucionalidad, y se animen
a declarar sus firmes ideas respecto a que las mujeres deben continuar invisibilizadas,
acalladas o sometidas. Al menos, no lo hacen en público. ¿Por qué?, porque definitivamente,
no es políticamente correcto.
Generalmente son los mismos sujetos que detentan poder, quienes manejan el intensivo
uso del término, pero no lo acompasan con un conocimiento que permita
entender a que nos estamos refiriendo. Esto posibilita que quienes creen aún que
“género” es un pedazo de tela, lo incluyan en sus elocuentes discursos. ¿Por qué?,
porque definitivamente, es políticamente correcto hablar de género en cualquier discurso,
aunque no se tenga la más mínima idea de lo que se está hablando.

dra. marina morelli núñez
Hoy se crean áreas denominadas “mujer” o de “género y equidad” en oficinas, en
parlamentos, en ministerios, en universidades, en programas de gobierno, aunque
luego no se las jerarquice, ni se busque a la persona más capaz para dirigirla, ni se le
otorguen los recursos materiales y humanos para poder cumplir con los objetivos
que se plantea. ¿Por qué?, porque definitivamente, es políticamente correcto contar
con un área mujer o un área de género aunque no sirva para nada.
Y esta cuestión que algunos visibilizan alejado del derecho, yo encuentro que tiene
su impacto. Y en algo se relaciona a cuando los Estados simulan cumplir con la
obligación adquirida en materia de derechos humanos en el ámbito internacional. Se
resisten a promulgar leyes integrales que contemplen todas las formas de violencia
hacia las mujeres. En su lugar dictan leyes en contra de la violencia intrafamiliar o
doméstica, como si fuera el único ámbito en el que somos violentadas. También impacta
en decisiones judiciales, en la práctica forense que es donde existen sesgos que
afectan negativamente a las mujeres al tiempo que recurren a los sistemas de justicia,
y marcan con precisión la forma en la cual esas mujeres experimentan la norma. Y
muchas veces, todo ello sucede invocando la “justicia de género”.
Y por último, comparto lo que es una percepción personalísima, y quizá el aspecto
de la contemporaneidad que más me invita a reflexionar sobre lo políticamente
correcto. Los espacios de género, en los que muchas veces las organizaciones sociales,
activistas, académicas y gobernantes, se involucran, alrededor de una mesa, son en
su gran mayoría espacios de negociación. Por diversas razones, considero peligroso
moverse en la delicada línea divisoria de lo negociable e innegociable, sobre todo
porque estoy absolutamente convencida que cuando de derechos humanos de las
mujeres se trata, no hay nada que negociar, demasiado por denunciar y otro tanto
por exigir. Aunque ello nos exponga y aunque ello sea políticamente incorrecto.
algo no está bien
Quizá, el presente constituya un momento apropiado para pensar y discutir si la herramienta
de género, no fue captada por quienes se proponen lo antagónico, como
manera de debilitar a un movimiento profundamente transformador.
Algo no está bien, si en nombre del “género” se crean áreas en las instituciones que
no van a servir absolutamente para nada; algo no está bien, si invocando la justicia de
género las mujeres son brutalmente re victimizadas por los sistemas de justicia; algo
no está bien si los estados promulgan leyes de violencia intrafamiliar y se resisten
a una ley integral; y algo no está bien si quienes detentan poder monologan sobre
el género y reciben tantos aplausos, aunque luego no ejecuten una sola acción que
impacte positivamente en la vida de las mujeres.

Pensando en transformación: Entre perspectiva y deconstrucción
Quizá hoy, todos hablemos de la igualdad de género. Todos, incluye a quienes fervientemente
tienen como objetivo la desigualdad de las mujeres, la opresión de las
mujeres, la dominación de las mujeres. No sé con total y absoluta certeza si esto está
sucediendo así como lo percibo, pero seriamente me lo estoy cuestionando. Considero
que los sistemas crean estrategias que garantizan su supervivencia, y debilitan
los movimientos que pretenden transformaciones. Y el patriarcado no tiene por qué
ser la excepción, y bien pudo apropiarse inapropiadamente del “género”, y con ello
el más machista culmina hablando, por ejemplo, igual que yo.
Por las razones expuestas, y otras tantas que omito, pienso que el compromiso es
con la transformación de la realidad y para ello, hoy es tiempo de cuestionar. Resulta
necesario e imprescindible, no seguir por inercia, debemos detenernos a pensar
colectivamente cómo vamos a seguir al futuro. Y ello explica la razón por la cual
regreso a esta patria tan mía como la que me vio nacer, con más preguntas que respuestas.
Y dejo constancia que según los orígenes cuestionar puede resultar más difícil que
responder, por lo cual puede constituir un tremendo desafío comprender la etapa del
proceso por el cual transitamos. A veces es más cómodo y menos riesgoso, dejar las
cosas como están y no cuestionar ni cuestionarnos. Y otras veces, a ese aspecto se
agrega periodos oscuros de la historia latinoamericana donde se nos prohibió pensar,
y los que pensaron son nuestros desaparecidos, son los asesinados, los enterrados
en cuarteles militares, los exiliados. Los que pensaron fueron las víctimas del Plan
Cóndor como un claro plan de exterminio. Y esa historia reciente que unifica a gran
parte de nuestra Latinoamérica, tiene consecuencias en el hoy y el aquí. Y con esta
cuestión de poder pensar, de además expresar con toda libertad eso que pensamos
y tener en cuenta que los otros y las otras, también tienen derecho a acceder a otros
pensamientos; parece sencillo, pero no lo es tanto en una Latinoamérica con un
pasado reciente muy trágico.
Por ejemplo en Uruguay, el sistema netamente neoliberal que imperó luego de la
dictadura cívico-militar, abrió grietas profundas en la educación, formando abogados
y abogadas como si se tratara de producción en serie. Individuos con tremenda
capacidad de memorizar números de leyes, son los que mejor calificación académica
obtenían. No se dedicó tiempo, ni recursos humanos, ni materiales a formar juristas
o profesionales de la ciencia jurídica, más bien, meros aplicadores de normas
formalmente promulgadas, sin ganas, espíritu, mística, ni capacidad de cuestionar
demasiada cosa de la que sucede a su alrededor.
Por otra parte, de donde provengo como ciudadanas/os no hemos tenido la posibilidad
de discutir qué tipo justicia queremos darnos. Los espacios de participación
que abre el estado uruguayo, se centran en el poder legislativo y ejecutivo. No en el
judicial. Impregna la idea, que ello es materia reservada a pocos, a selectos, a iluminados.
Definir la política de justicia estatal no es una cuestión del pueblo. Hasta hoy
es una cuestión de élite. Y cualquier propuesta que se tenga para formular, es y será
considerada una crítica, en el peor de los sentidos que se le pueda adjudicar a esa
palabra.

0
dra. marina morelli núñez
organizaciones sociales, movimiento
de mujeres y feministas y poder estatal
A este escenario se agrega un complejo y delicado entramado entre las organizaciones
sociales, el movimiento de mujeres y feministas y por otra parte el poder estatal. La
izquierda o mejor dicho el progresismo, que en Uruguay asumió el gobierno en el
año 2005, imprime algunas características especiales. En primer término: aquellas
luchadoras sociales, aquellas mujeres que por una u otra razón se habían destacado
en la lucha por los derechos de las mujeres, aquellas que eran lideresas de los movimientos
de mujeres y feministas, culminaron a partir de 2005, asumiendo cargos en
la institucionalidad, como funcionarias públicas o en cargos de confianza política, o
de dirección, todos gubernamentales. Por un lado, esto tuvo sus consecuencias en las
propias organizaciones sociales, en los movimientos que se vieron debilitados. Por
otro lado, suele confundirse la histórica lucha de esas mujeres con el cargo público
que ocupan y la natural exigencia a que lo desempeñen bien. En general, al tiempo
de exigir, de criticar, de denunciar, las organizaciones contemplan de manera muy
distinta a quienes consideran aún como sus compañeras, sus amigas. Hay serios
problemas para visibilizar a esas mujeres como ex integrantes de los movimientos
sociales y actualmente representantes del poder de gobierno. Y ese problema de
identificación de a quién le toca hacer qué cosa, y de qué modo, también se da en las
propias representantes de gobierno.
A estos dos aspectos, se agrega que por lo general los estados son bastante mentirosos
al tiempo de rendir cuentas a la comunidad internacional, respecto al grado de
cumplimiento a las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos de las
mujeres. Y Uruguay no es ninguna excepción. Y una de las consecuencias de andar
mintiendo por allí, es que las agencias de financiamiento económico abren líneas de
cientos de miles de euros o de dólares para que el Estado, continúe profundizando
el supuesto avance declarado, y que sabemos que en realidad no es tal.
De esta situación deriva mucha cosa, pero solo destaco las nefastas consecuencias
para las organizaciones sociales, cuya gran mayoría debe ejecutar investigaciones o
proyectos, con una suma de dinero insignificante. Y como si ello fuera poco, deben
bailar al son que impone las agencias de financiamiento. Es como si los derechos de
las mujeres fueran una pasarela de moda, este otoño-invierno, en una de esas, está de
moda los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, allá vamos todas a construir
nuestros proyectos, respecto del tema que ellos imponen, y vamos a pedirles que los
financien y vamos a recibir un no por respuesta y solo van a financiar a una o dos
organizaciones a veces por país o a veces por región, y además casi siempre las mismas.
Quizá la temporada primavera-verano sea acceso de las mujeres a los sistemas
de justicia, y allí vamos todas tal cual ovejitas dóciles a hacer nuestros proyectos y a
presentarlos, con la ansiada finalidad de obtener esos dos pesos con los que aspiramos
a cambiar el mundo.

Pensando en transformación: Entre perspectiva y deconstrucción
¿Con esto que quiero decir? que hemos llegado a un grado de complejidad tal, que
muchas veces hasta los propios movimientos sociales, movimientos de mujeres y
feministas seguimos la agenda de quienes tienen el dinero. No asumimos que la
agenda, la debemos construir nosotras y la debemos imponer nosotras, según las
necesidades de las mujeres y no la de una agencia de financiamiento. Quien tiene el
dinero no tiene el poder. El verdadero poder está en quienes trabajan por la transformación.
Y esto es muy difícil de llevarlo a la práctica hoy, con organizaciones de mujeres
que deben cerrar sus puertas por no tener para costear una sede, o pagar un servicio
telefónico. O lo que es peor, convertirse en empleadas del estado. Esta es una complicada
y penosa realidad que se presenta en mi país. El estado obtiene el dinero y
en general son cientos de miles de euros, y al tiempo de ejecutar los proyectos que
presentaron ante las agencias de financiamiento, contratan (por un par de pesitos) a
una organización del movimiento de mujeres y feminista, y la pone a trabajar para su
propio proyecto estatal.
A este punto hemos llegado. No necesito decirles el debilitamiento que la situación
provoca. Basta precisar, que mujeres con conciencia de su identidad, con conocimiento,
con sensibilidad, trabajan por ejemplo, en servicios de atención a víctimas
de violencia intrafamiliar que son estatales, y lo hacen por 500 dólares por mes. Allí
hay una línea delicada, porque alguien que depende del sobre de dinero que le paga
el estado, es posible, pero es muy poco probable que salga a criticar la política estatal,
por ejemplo en esos servicios. Y si se pierde la independencia, lo que se pierde es
mucho, es demasiado.
Estas condiciones, que entre otras, constituyen una fuerza retardataria a la transformación,
doy por descontado se replica en otros países de nuestra Latinoamérica,
pues hemos vivido concomitantemente alguna de las épocas más oscuras de nuestro
continente, y también el acceso al poder de gobierno de los partidos políticos de
izquierda y también de los progresistas. Y ello, hace que algunas de las realidades,
sean compartidas.
reflexiones finales
Con las realidades que convivimos, las mencionadas y las omitidas, me cuestiono si
será hoy el tiempo o el momento histórico apropiado para dar un paso más allá de la
introducción y transverzalización de la perspectiva de género en el Derecho y pensar
en la posibilidad de deconstruir todos y cada uno de los institutos jurídicos para proceder
a su reformulación, redefiniendo de manera inclusiva los derechos, contemplando
la especificidad de las mujeres dentro de la diversidad. Esto puede suponer
un proceso de largo plazo y frecuentes frustraciones, pero nosotras ya sabemos que
al decir de José Martí “los grandes derechos no se ganan con lágrimas”.
1

2
dra. marina morelli núñez
Hay que forjar camino, hay que abrir sendas que permitan algún día tener al Derecho
como una ciencia social inclusiva y respetuosa de nuestra dignidad de ser mujeres.
Y para eso, no tengo dudas que debemos distinguirnos política, académica e ideológicamente,
de todos aquellos que desean mantener los órdenes establecidos para la
desigualdad, opresión, la discriminación, la marginación de las mujeres. De repente,
podemos resignificar el género, o podemos asumir que ya no nos sirve y que todos
hablamos de género, por lo cual la cosa se pone peligrosa.
Necesito distinguirme y considero que necesitamos distinguirnos. Porque las causas
que nos inspiran a transformar la realidad son distintas, los objetivos son distintos.
No debo manejar los mismos términos, ni adaptarme a los parámetros de negociación
que imponen manejar esos términos, si aspiramos a la transformación y otros
a la permanencia.
Admito que plantear mis dudas en torno a la perspectiva de género sea no del todo
apropiado, y también que mencionar la deconstrucción del derecho pueda ser algo
utópico, o quizá del todo utópico. Sucede que hace pocas décadas, lo que en términos
históricos se traduce en un rato, pensar que podía llegar a existir una “Convención
para la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer” también era bastante
utópico, y sin embargo luego fue realidad. Por eso, y porque creo que corren
buenas e inspiradoras brisas colectivas, pienso que el compromiso es la transformación
y que debemos detenernos a pensarla.
Continuar utilizando el género como categoría y perspectiva, o pensar en la deconstrucción
del derecho, son dos de las muchas alternativas que podrán surgir y constituyen
una cordial invitación a cuestionar y a cuestionarnos. No tengo duda que el
camino es largo y empinado, y que serán nuevas generaciones de humanas, quienes
podrán decir al cabo que hubo mujeres que en otro tiempo creyeron que otra realidad
era posible para ellas. Para ese día, para que exista ese día en la vida de las que vienen,
debemos comenzar a trabajar hoy.
Y esa es la invitación con la cual me despido.
Trabajar juntas, cada una desde el lugar que elija, desde los tribunales, desde la magistratura
o judicatura, desde la academia, desde el ejercicio de la profesión de abogadas,
desde la docencia, desde el barrio, desde la institucionalidad, desde las organizaciones
sociales, desde donde se elija, pero convencidas que es tiempo de otra mirada, para
asumirnos insolentes, inquietas, críticas, autónomas, combativas y realmente transformadoras
de las realidades que nos rodean y son adversas.

la diMensión econóMica
de la Violencia de GÉnero
Y la constrUcción del sUJeto PolÍtico
en el caPitalisMo
capitalismo y violencia en general
dra. rosario González arias
méxiCo
“¡La violencia (es decir, el poder del Estado)
es también una potencia económica!” 2
“Porque el capitalismo es una estructura de hambre,
el hambre como estructura” 3
En el presente trabajo se analizará el perfil violento del capitalismo en su modulación
contemporánea denominada neoliberalismo, caracterizado por la idea del libre
mercado, la globalización, 4 y la dictadura del hiperconsumo. 5 La pertinencia de detenernos
en el proyecto capitalista responde a razones de fondo, al entender que la violencia
actual está tomando unas dimensiones desconocidas hasta el momento, por su
especial intensidad y gravedad, y por ir además acompañada de un gran despliegue
mediático único en la historia; desde nuestro punto de vista estas dos características
se explican a partir del modelo neoliberal desarrollado en la mayoría de economías
mundiales.
2
Carta de Engels a Conrado Smith, en Obras Escogidas de C. Marx y F. Engels, 1966, p. 522
3
Santiago Alba Rico: Capitalismo y Nihilizmo. Dialéctica del Hombre y la Moral, Akal, Madrid, 2007,
p. 111.
4
De acuerdo con Santiago Alba, la versión económica de la globalización “se identificaría con la desregularización
e hipertrofia del capital financiero y la privatización del sector público”, Santiago Alba:
ob. cit., p. 31.
5
En expresión de Sayak Valencia. Sayak, Valencia Triana: Capitalismo Gore, Melusina, Barcelona, 2010,
p. 54.
63

dra. roSario gonzález ariaS
Se parte de la idea de que las sociedades humanas adolecen de un déficit civilizatorio,
en las que el recurso de la violencia sigue siendo un medio aceptable y legítimo de
resolución de conflictos, pues vivimos en países “armados hasta los dientes”, y actualmente
coexisten gran cantidad de guerras en diferentes partes del planeta. Desde
nuestro planteamiento, precisamente el sistema capitalista es indisociable de la existencia
de ejércitos y guerras de baja y alta intensidad que le sirven de apoyo. 6
Nos referimos aquí a la violencia sistémica o estructural, siguiendo la clasificación
del filósofo Slavoj Zizek, para quien la violencia social puede ser
• subjetiva, que es la más visible.
• objetiva, que a su vez se subdivide en:
- violencia simbólica: la generada por el lenguaje y sus formas, como cuando
nuestros discursos reproducen relaciones de dominación social o cuando el
lenguaje impone cierto universo de sentido.
- violencia sistémica: hace referencia a las consecuencias catastróficas del funcionamiento
homogéneo de nuestros sistemas económico y político “estamos
hablando aquí de la violencia inherente al sistema: no solo de violencia física
directa, sino también de las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones
de dominación y explotación, incluyendo la amenaza de la violencia”. 7
No desconocemos que la historia de la humanidad ha estado llena de periodos muy
violentos con anterioridad al presente momento, y que también en etapas pre-capitalistas
como la Edad Antigua y el Medievo se vivieron periodos de gran enfrentamiento
físico entre personas, grupos y territorios. Sin embargo, la diferencia con el
momento actual es que la violencia se ha convertido en una herramienta (muy eficaz)
de la economía mundial y un producto de consumo más. Además el desarrollo tecnológico
ha facilitado su espectacularización a través de los medios de comunicación,
inexistente en periodos anteriores, que introduce una variante importante de la violencia
contemporánea, como sería el caso de la violencia decorativa (referida al uso
con fines decorativos de productos que pueden causar la muerte, como sería el caso
de armas reconvertidas en lámparas de salín) y el biomercado (con respecto al consumo
naturalizado en nuestros cuerpos). 8
6
Eduardo Galeano se pregunta: “¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares
a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable?
¿contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿contra la pobreza o
contra los pobres?” (La Jornada, 9 de mayo 2009)
7
Slavoj Zizek: Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, Paidos, Barcelona, 2009, pp. 10 y 20.
8
Sayak Valencia ob. cit., pp. 52, 57, 150-157

La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto ...
Ya en su obra El Capital, Marx 9 hacía referencia al tránsito violento del modo de
producción feudal al sistema industrial capitalista (impulsado por el sistema fiscal, el
sistema proteccionista, la deuda pública, las guerras comerciales y la transformación
de la manufactura en industria fabril) que entre otras cosas implicaban la expropiación
violenta de sus tierras al campesinado y artesanado, y “el robo de niños y la
esclavitud infantil”.
Hoy podemos decir, de acuerdo con el sociólogo Charles Tilly, que el siglo xx ha
sido el más violento de los últimos diez milenios:
en términos absolutos (y per cápita), el siglo xx ha sido el más violento de los últimos
diez milenios del planeta. Partiendo del balance de víctimas en conflictos armados, principalmente
en las guerras mundiales (I y II) y recordando que en la segunda mitad del
siglo xx las prácticas militares que siguen prevaleciendo responden a nombres como los
de guerrilla, conflicto de baja intensidad, genocidio, politicidio, democidio o limpieza
étnica. 10
En nuestra opinión, el empleo de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki,
exterminando a 200.000 personas en cinco minutos representó el punto de inflexión
más álgido en ese mar de violencia. Como dice Alba Rico “durante los últimos sesenta
años los occidentales hemos podido exportar la violencia al resto del mundo,
junto con nuestras chucherías y nuestros valores, manteniendo un orden casi exquisito,
e incluso algunas libertades, en el interior de nuestros mercados-fortaleza”. 11
Coincidimos con Sayak Valencia en que la violencia (y su espectacularización) ya es
episteme, una categoría interpretativa que incluye tanto su ejercicio físico como su
relación con lo mediático y lo simbólico 12 y que en unión con el sistema económico
y político ha dado lugar a lo que ella llama “capitalismo gore 13 ” y “necropolítica” en
referencia a la violencia extrema y tajante y los usos predatorios de los cuerpos, que
son concebidos “como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas
del proceso de producción del capital” mediante una mercancía “encarnada literalmente
por el cuerpo y la vida humana”, “la destrucción del cuerpo se convierte en sí
mismo en el producto, en la mercancía”. En este sentido el capitalismo gore constituye
uno de los procesos de globalización “aquel que muestra sus consecuencias sin
enmascaramiento” 14 en palabras de Sayak Valencia, y cuyos efectos en la economía
mundial son evidentes “ya el producto criminal bruto se estima que no sería inferior
9
Carlos Marx y Federico Engels: Obras Escogidas, Progreso, Moscú, 1966, pp.. 144, 145.
10
Charles Tilly: “Violencia Colectiva”, citado por Sayak Valencia, ob cit., pp. 25-26.
11
Santiago Alba: Ob. cit., p.100
12
Sayak Valencia: Ob. cit., pp. 26-27
13
Término tomado por la autora del género cinematográfico de terror que se caracteriza por el recurso
a la violencia gráfica, mediante efectos especiales y exceso de sangre artificial, para mostrar la vulnerabilidad
del cuerpo humano. Ibídem, p. 207.
14
Ibídem, pp. 18-20

dra. roSario gonzález ariaS
al 15 % del comercio mundial”; “no es casual que el narcotráfico constituya actualmente
la industria más grande del mundo (…) y que el narcodinero fluya libremente
por las arterias de los sistemas financieros mundiales”. 15 Algunos ejemplos de esta
infiltración en la economía legal serían las empresas constructoras, el sector del ocio,
las inversiones en la banca internacional, la creación de empresas de seguridad privada,
etcétera. 16
Para la autora “el siglo xx puede ser entendido como un sinónimo de violencia, la
cual se ha radicalizado a través del neoliberalismo y el advenimiento de la globalización
hasta alcanzar en la primera década del siglo xxi la etiqueta de realidad gore”
pues en muchas latitudes la vida se desarrolla en estado de excepción, es cuestión
de pura supervivencia, y obviamente el sistema político y económico tiene mucho
que ver con esa realidad distópica en la que estamos instaladas; la diferencia entre
esta forma de violencia y otras radica en “un entramado fuertemente ligado a los
beneficios económicos que reporta tanto su ejecución como su espectacularización
y posterior comercialización a través de los medios de información”.
Como afirma la filósofa mexicana “asistimos a una violencia depredadora que tiene
como objetivo el enriquecimiento económico”, 17 de tal modo que el mandato de
cumplir con las lógicas de la carrera capitalista hace que la violencia se convierta en
la ley de los mercados, así mientras produzca ganancias, cualquier empresa, incluso la
que se lucra con la violencia, estaría legitimada por unas coordenadas económicas.
Para Sayak Valencia la violencia no solo es una herramienta efectivísima de la economía
mundial, 18 sino que incluso la economía es en sí misma “una forma de violencia”
, 19 pues en el sistema capitalista actual no solo se ha popularizado el uso de
la violencia, sino también su consumo, de manera tal que “la violencia se convertirá
no únicamente en herramienta sino en mercancía que se dirigirá a distintos nichos de
mercado”. “Debe considerarse que la violencia como herramienta es parte integral
del mensaje que transmite el nuevo capitalismo acerca de los métodos para conseguir
capital y perpetuar el afán de dinero”... “En la actualidad los capitales del crimen
organizado- que se sitúan en el quince por cien del producto mundial bruto- están
tan indiscerniblemente fundidos con los capitales de las empresas transnacionales y
el capital mundial que prácticamente resulta impensable la forma de economía actual
sin el aporte financiero del crimen organizado”. 20
Judith Butler resume esta idea del crimen encumbrado como una forma de economía
moderna del siguiente modo: “lo ilegal trabaja fuera de la ley pero al servicio del
15
Ibídem, pp. 18-20.
16
Ibídem, pp. 98.
17
Ibídem, pp. 171.
18
Ibídem, pp. 27.
19
Ibídem, pp. 58.
20
Ibídem, pp. 91, 160 y 169.

La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto ...
poder, del poder de la ley, del poder y la ley de la economía, reelaborando el esquema
del poder y reproduciéndolo”. 21
No es casual que tales circunstancias se gesten precisamente en el seno de un sistema
económico que no garantiza condiciones igualitarias con carácter universal
para el conjunto de la población, pues el bienestar de unas personas descansa en las
carencias del resto, lo que necesariamente traerá implícito un coste de desigualdad,
violencia, competitividad social y depredación ambiental. Parece lógico pensar que
un sistema basado en la competitividad de personas y naciones tiene como resultado
inevitable la violencia. 22
Porque como refiere Joseph Stiglitz 23 , los altos índices de desigualdad y la pobreza y
miseria en gran parte del mundo como Latinoamérica, Rusia o Indonesia, a partir de
las políticas del Fondo Montario Internacional “han sido una fuerza contribuyente
de los altos y crecientes índices de violencia que se padecen ahí (…). La libertad de
meter y sacar capitales de un país a voluntad es una libertad que ejercen algunos,
con un coste enorme para los demás. (En la jerga de los economistas, hay grandes
externalidades)”.
De acuerdo con Karl Polanyi “el individuo de la sociedad primitiva no está en
general amenazado por la inanición, a menos que toda la comunidad afronte tal
situación… Es la ausencia de la amenaza de inanición individual lo que vuelve a la
sociedad primitiva, en cierto sentido, más humana que la economía de mercado”. Para
este autor “la segunda “gran transformación”-el ascenso del fascismo- 24 es resultado
de la primera el ascenso del liberalismo de mercado”. 25
Karl Polanyi creía en 1950 que un mercado autorregulado “no podría existir durante
largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido
físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto”. 26 En su
opinión una economía de mercado autorregulado requiere que los seres humanos y el
ambiente natural se conviertan en simples mercancías, lo que asegura la destrucción
tanto de la sociedad como del ambiente, empujándolos al borde de un precipicio. El
liberalismo de mercado exige a la gente normal lo que sencillamente no puede dar,
21 Ibídem, pp. 43.
22 Entre las variantes de violencia hay que incluir los suicidios, pues sucede que en los últimos años han
aumentado las tasas en Grecia e Italia, dos países en los que más están impactando los efectos negativos
de la crisis económica como consecuencia de los reajustes impuestos por el Fondo Monetario
Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea (La Jornada, 8 de abril 2012).
23 En Prólogo a Karl Polanyi, La gran transformación. Los Orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo,
Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006, pp. 12 y 18.
24 En los años veinte y treinta las naciones se vieron obligadas a elegir entre proteger la tasa de cambio
o a sus ciudadanos. Fue en ese punto muerto donde surgió el fascismo al optar por proteger a la
sociedad del mercado mediante el sacrificio de las libertades personales. Karl Polanyi: Ob. cit., p.36.
25 Fred Block en Introducción a Karl Polanyi, Ob. cit., p. 25.
26 Karl Polanyi: Ob. cit., p. 49.

dra. roSario gonzález ariaS
pues requiere que millones de personas comunes y corrientes en todo el mundo tengan
la flexibilidad de tolerar cada cinco o diez años, una prolongada racha en la que
deban subsistir con la mitad o menos de lo que ganaban antes, generando mayores
conflictos.
Retomando una idea foucaultiana, Sayak Valencia aborda cómo el liberalismo supuso
la ruptura de la Razón de Estado (concretamente con la parte de ésta que identifica
como Estado benefactor o Estado social de Derecho) y el desplazamiento de la gobernabilidad
que pasa a estar dirigida por la economía, lo que implica “la debilitación
máxima de las mediciones políticas en beneficio exclusivo de la lógica del mercado”;
la gobernabilidad queda así reducida a la ley regida “por la lógica liberalista que brinda
libertad de acción para los económicamente pudientes… de tal suerte que sea la
economía quien se ponga a la cabeza de la gobernabilidad”. 27
La consecuencia es la transformación del concepto de Estado-nación por el de Mercado-nación,
de tal suerte que:
el Estado en la era global puede entenderse más como una política interestatal mundial
que al tiempo que elimina sus fronteras económicas redobla sus fronteras internas
y agudiza sus sistemas de vigilancia. Dicha proliferación de fronteras, vigilancia
y controles internos aumenta los costes, el auge y la demanda de mercancías gore:
tráfico de drogas, personas, contratación de sicarios, seguridad privada gestionada por
mafias, etcétera. 28
Es un hecho que estas políticas neoliberales azotaron con más virulencia (aunque
no solo) a los países “tercermundializados”, al sur político, pues de acuerdo con
Sayak Valencia desafortunadamente muchas de las estrategias que tienen los países
denominados del Tercer Mundo para acercarse al Primer Mundo son “formas
ultraviolentas para hacerse de capital”, o invirtiendo el proceso de acumulación de
mercancías por el de destrucción del cuerpo, que “se convierte en sí mismo en el
producto, en la mercancía … ya que la muerte se ha convertido en el negocio más
rentable”. 29 Algunos ejemplos de porqué “la vida ya no es importante en sí misma
sino por su valor en el mercado como objeto de intercambio monetario” 30 lo constituyen
el tráfico de órganos, la trata de personas, el secuestro o asesinato por encargo,
la venta ilegal de armas, el tráfico de drogas, la privatización de ejércitos que ofertan
sus servicios en el mercado 31 o la existencia de sicarios entre otros muchos.
27 Sayak Valencia: Ob. cit., pp. 28-30.
28 Ibídem, p. 30.
29 Ibídem, p. 16.
30 Ibídem, p. 21.
31 Ibídem, p. 98.

La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto ...
En la misma línea para Leonor Aida Concha 32 , el sistema económico global dominante
apuesta a la muerte de la humanidad, al considerar productivas, entre otras, las
siguientes actividades:
• El tráfico sexual de mujeres, niñas y niños.
• El turismo sexual.
• La violencia por motivo del narcotráfico y el ejército en las calles.
• La violencia doméstica contra las mujeres, niñas y niños.
• Las guerras civiles e internacionales.
• El tráfico de armas.
• Los altos grados de impunidad de los delitos, que es producto del racismo y
sexismo de los grupos de poder.
El vínculo entre el neoliberalismo y colonialismo fue abordado en su momento también
por Marx 33 , quien junto a la violencia del sistema capitalista, analizó la violencia
del sistema colonial, instaurado mediante la destrucción de viejas civilizaciones, el
saqueo, esclavitud y exterminio de la población originaria por parte de los imperios o
metrópolis. En el mismo sentido Kart Polanyi creía que “irónicamente, la contribución
inicial del hombre blanco al mundo del hombre negro consistió principalmente
en su introducción a los usos del flagelo del hambre”. 34
Hoy Santiago Alba Rico considera que el capitalismo constituye una amenaza para
la humanidad como especie y también como forma, es decir, como cultura, como
derecho, como política y como moral,
El capitalismo no es, como pretenden sus economistas, un régimen de intercambio
generalizado sino un sistema de destrucción generalizada; consiste en una guerra ininterrumpida
al mismo tiempo contra los hombres y contra las cosas. A la guerra contra los
hombres la llaman trabajo, a la guerra contra las cosas la llaman mercado. 35
Así entendida la globalización consiste en la extensión de la forma mercancía, esto es
de la guerra contra las cosas, sin límites, ya que para el autor hay tres tipos de objetos
o tres formas de tratar un objeto: cosas de comer, cosas de usar, y cosas de mirar o
maravillas, y el capitalismo ha sido el primer orden económico-social de la historia
que ha borrado la frontera entre estos tres órdenes 36 poniéndole precio a todo.
32 Ponencia presentada en el Seminario Mirada Feminista del G20 celebrado el 13 de junio de 2012
disponible en http://www.coaliciong20.org/LEONORAIDA.pdf).
33 Carlos Marx: Ob. cit., p. 139.
34 Karl Polanyi: Ob. cit., p. 139.
35 Ibídem, p. 208.
36 Ibídem, p. 112-115.

0
dra. roSario gonzález ariaS
De acuerdo con Sayak Valencia el discurso neoliberal presenta la globalización ante
la sociedad como una realidad que pudiera basarse en la igualdad, así
bajo la sentencia de igual acceso a todo, ordena la aceptación del mercado como único
campo que todo lo iguala, pues instaura necesidades naturalizadas artificialmente, que
incitan al consumo sin diferenciación alguna”. 37 “La globalización propone que todos
somos iguales a través de las ventanas del consumo y del ciberespacio. Esta igualdad
se reduce a que todos compartimos las mismas posibilidades de desear lo mismo. Sin
embargo, incluso en este sistema de nivelación abstracta late siempre la diferencia entre
el desear y el poder tener. 38
Para la autora es incuestionable su “responsabilidad en el devenir actual del mundo
y sus consecuencias directas en la creciente desigualdad que lleva a la irrupción de
la violencia desenfrenada como práctica capitalista”, violencia tanto física y directa
sobre los cuerpos, como simbólica y medial; 39 sobre esta segunda se afirma que los
medios de comunicación operan “como sobre-expositores de la violencia que naturalizan
para los espectadores, a través de un constante bombardeo de imágenes” “…
son los medios de comunicación, la televisión, el cine y, en mayor o menor medida
los videojuegos, quienes representan estas prácticas [violentas] (…) y quienes las
legitiman al hacer de ellas su tema central y bombardearnos incesantemente, hasta la
insensibilización, con información sobre ellas”. 40
En este sentido, el éxito de público de la serie de televisión titulada Los Sopranos que
trata de la vida de la mafia “nos da noticia de cómo la televisión está convirtiendo los
bajos fondos en algo rentable, instalándolo como un objeto de culto, de aceptación
y de legitimidad”, generando una masa acrítica y complaciente con las prácticas ilegales
“puesto que la criminalidad será entendida como una herramienta que se ciñe
a los estándares establecidos por los líderes de la economía mundial”. 41 En la misma
línea se situaría el videojuego Grand Thief Auto “cuyo contenido violento permite a
los jugadores llevar a cabo comportamientos criminales que van desde el robo de
coches al homicidio. Legitima comportamientos profundamente machistas, sexistas,
misóginos y de violencia contra las mujeres ya que en él puedes practicar sexo con
una prostituta y después matarla y recuperar tu dinero”. Son, entre otras muchos
ejemplos, “formas de representación que a través de la sobrerrepresentación de la
crueldad más explícita termina haciendo de ella una acción anecdótica y cuasi cómica
(…) derivando en la aceptación acrítica de la violencia más recalcitrante ejercida
contra los cuerpos”. 42
37
Sayak Valencia: Ob. cit., p. 32.
38
Ibídem, p. 208
39
Ibídem, p. 170.
40
Ibídem, pp. 158 y 160.
41
Ibídem, p. 161. También Joseph Stiglitz (ob. cit.) coincide en que ya es una realidad en algunas partes
del mundo que una economía de mercado autorregulado (postulado básico del neoliberalismo, en
su antigua apariencia de laissez-faire o en la nueva versión del consenso de Washington) genera un
capitalismo mafioso y un sistema político mafioso.
42
Ibídem, pp. 162-170.

La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto ...
En palabras de Santiago Alba “la sociedad capitalista, que no satisface ni a la razón
ni a la voluntad, satisface permanentemente, en cambio, la curiosidad: la televisión es
el ojo de la cerradura a través del cual contemplamos alborozados aquello que, bien
pensado, preferiríamos que no hubiese sucedido nunca”. 43 Esta depredación visual,
mediante la cual hemos saqueado también las imágenes de las víctimas, implica un
permanente vaciar de existencia el dolor de los otros a través de la mirada, porque “la
televisión nos acerca la lejanía, afirmando al mismo tiempo su lejanía; no nos acerca
las cosas lejanas: es que nos acerca la lejanía misma de las cosas que no nos pueden
alcanzar. Nos acerca el hecho de que están lejos, manteniéndolas en su distancia
inofensiva”. 44
Es pertinente reproducir aquí a Indro Montanelli, para quien: “Hoy, para instaurar
un régimen dictatorial, ya no es necesaria una Marcha sobre Roma ni un incendio del
Reichstag ni un asalto al palacio de Invierno. Bastan los llamados medios de comunicación
de masas; y sobre todos ellos, soberana e irresistible, la televisión”. 45
Sobre el modelamiento televisado, es significativo que de acuerdo con Anastasio
Ovejero “los niños modernos han presenciado innumerables apuñalamientos, palizas,
agresiones a puntapiés, estrangulamientos, asaltos, y formas menos gráficas, pero
igualmente destructivas, de crueldad, antes de alcanzar la edad de ir a la escuela”, pues
según el autor la TV emite 5,2 actos violentos cada hora y los niños españoles ven la
televisión unas 20 horas semanales o más. 46
el capitalismo y la construcción
del sujeto político
Foucault vinculaba el poder disciplinario, que atraviesa los cuerpos y graba la norma
en las conciencias, con el modus operandi del capitalismo pues “el capitalismo
moderno necesita para su desarrollo capitalista sujetos que actúan de acuerdo a un
determinado ethos impregnado de una determinada mentalidad empresarial”. 47
43
Santiago Alba: Ob. cit., p. 15.
44
Ibídem, pp. 102-103.
45
Citado por Santiago Alba Rico ob cit., p. 103.
46 Anastasio Ovejero: Fundamentos de Psicología Jurídica e Investigación Criminal, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 2008, pp. 301-305.
47 Susana López Penedo: El Laberinto Queer. La Identidad en Tiempos de Neoliberalismo, Egales, Madrid,
2008.
1

2
dra. roSario gonzález ariaS
En este sentido, y de acuerdo con Martha Albertson Fineman y Teresa Dougherty, 48
el feminismo ha mantenido una relación de confrontación con las teorías económicas
neoclásicas por su considerable ausencia de interés en las cuestiones de género. Este
desinterés descansa por un lado en las pretensiones positivistas de los economistas
neoclásicos, a partir de la construcción de un actor individual abstracto que opera
dentro del mercado y es el sujeto del sistema legal, sin ninguna referencia de género
u otra característica de definición individual. Por otro lado las aspiraciones de universalidad
intrínsecas en los economistas neoliberales no quieren ver las desigualdades
entre los individuos como parte de un sistema en el que el poder está ubicado a
través de las instituciones sociales, incluidas la economía y el derecho, y que dentro
de tales instituciones el género, la raza, la sexualidad y la clase operan dando ventajas
a ciertos individuos sobre el resto. 49 Para las autoras citadas si el actor posicionado
como sujeto universal del modelo económico y del derecho es revelado de facto
como blanco, heterosexual, de élite y varón, entonces las relaciones de poder a través
del género y otras perspectivas relevantes deben ser tomadas en consideración. Se
hace entonces evidente que una vez que surge el homo economicus los argumentos
económicos son solo una forma de preservar el status quo patriarcal.
En el mismo sentido Elizabeth Mayes 50 al explorar el sujeto individual liberal concluye
que este homo economicus es definido a partir de los postulados de John Locke
en relación con la propiedad de bienes, pues se constituye en virtud de lo que posea;
para Mayes tal actor universal de la escena política y legal es presuntamente un sujeto
varón propietario que de hecho posee mujeres como parte de su propiedad. La
autora analiza el modo en que la propiedad privada, siendo un elemento clave que
informa y define la subjetividad política liberal, es construida en la tradición liberal y
desarrollada en la economía globalizada contemporánea a partir de un prejuicio de
género que impide a las mujeres el acceso a la propiedad en condiciones de igualdad.
Así, con el auge del liberalismo clásico del siglo xViii, la libertad (en contraposición
a las relaciones feudales) estaba basada en la imagen de un individuo controlando
su parte de mundo natural, y en consecuencia el propietario era el poseedor de cosas.
Un ejemplo de esta idea lo encontramos en la narrativa de Locke, según la cual
dios dio el mundo a todos los hombres para tenerlo en común, pero incluso en esta
primera propiedad comunal cada hombre es propietario “de su propia persona”, de
modo que la propiedad privada se sitúa en primer lugar en la privacidad del cuerpo
físico, regido y controlado por la voluntad del propietario. Por lo tanto para Locke
el control del propio cuerpo a través de la voluntad era la esencia de la libertad y la
base para la apropiación de la propiedad privada.
48 Martha Albertson y Terence Dougherty: Feminism Confronts Homo Economicus: Gender, Law and Society,
Cornell University Press, Cornell, 2005.
49 Ibídem, pp. 57-59.
50 Elizabeth Mayes: “Private Property, the Private Subject, and Women: Can Women Truly Be Owners
of Capital?”, en Albertson, Martha y Terence Dougherty. .

La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto ...
Este sujeto propietario era un adulto varón autónomo, en teoría sin lazos familiares
ni necesidades de dependencia, y ello a pesar de que en la práctica del capitalismo
temprano se daba el predominio masculino del control familiar de la empresa y la
institución de la herencia subordinaba la enajenación de bienes exclusivamente por
línea paterna; por añadidura las mujeres en la Inglaterra del siglo xVii eran tratadas
como propiedad familiar y sus labores de procreación y crianza ocultadas dentro
de la esfera privada. Así mientras el sujeto político lockeniano disfruta una libertad
basada en la movilidad, la relación de las mujeres con sus cuerpos reproductores no
se asimila al modelo de individuo autónomo facultado para la apropiación de bienes:
en primer lugar porque están involucradas en un proceso intersubjetivo permanente
que no puede ser manejado como la a menudo transitoria relación anónima del
mercado; en segundo lugar el proceso reproductor no está sujeto al gobierno de la
voluntad, más bien es un fenómeno holístico en el que participan elementos emocionales,
físicos y mentales; en tercer lugar la tarea de procreación y crianza es de
una naturaleza diferente al trabajo dedicado a la creación de valor y apropiación de
propiedad, pues se invierte en un “producto” destinado a escapar de su condición
de propiedad, por lo que en términos de mercado llevar a cabo tal labor es irracional
y no productivo. Sucede entonces que desde esa perspectiva las mujeres son económicamente
limitadas dada su capacidad biológica para crear dependientes.
Lo anterior explicaría, a decir de Mayes, que históricamente las mujeres hayan sido
ubicadas en la categoría de objetos carentes de voluntad, abiertas a ser apropiadas y
controladas a través de la voluntad penetrante de un sujeto varón propietario. 51 La
autora cita como ejemplo las palabras de William James, para quien “ser un hombre
es la suma total de todo lo que él puede llamar suyo”; se trata por tanto de una identidad
que confiere posesiones y que incluye esposa y prole, como han demostrado
las prácticas patronímicas para adjudicar nombre.
Además para Mayes la propiedad privada presume una particular construcción de
la identidad, entendida como unitaria, aislada, automotivada, auto- transparente, homogénea
y que no cambia. El intercambio de propiedad requiere tal construcción
del sujeto, pues en una economía de mercado los sujetos son propietarios que están
definidos por su ausencia de relación con otros propietarios y el intercambio
de mercancía establece una relación momentánea entre objetos, evaluados a través
de un mediador común, no entre sujetos; por eso la identidad de un sujeto propietario
es exclusiva, inmutable y supuestamente inalienable. Si tal sujeto encuentra otro
que es diferente, es decir, no propietario, se relacionará con él, bien asimilándolo a sí
mismo o expulsándolo (por ejemplo matándolo o ignorándolo). Si por el contrario
se encuentra con otro que es similar, es decir un sujeto con derecho a poseer, ambos
o pelean hasta la muerte o construyen una paz que divida los territorios y cosas entre
51 Sabemos que el patriarcado es un sistema más antiguo que el capitalismo, lo que explica que ya el
derecho romano y feudal reducían a la mujer a ser un objeto propiedad del varón (padre o esposo)
a quien debía obediencia, idea que llegó a nuestras legislaciones contemporáneas a través del código
napoleónico en el siglo xViii y xix.
3

dra. roSario gonzález ariaS
los dos, porque no pueden vivir en el mismo terreno. A partir de esta idea Mayes se
pregunta entonces si las mujeres, que han sido históricamente el objeto en vez del
sujeto de tales batallas, pueden si quiera esperar llegar a ser propietarias en igualdad
en ese campo de batalla económico y físico.
La autora nos recuerda que es común describir una relación sexual como la posesión
de una mujer por un hombre, construyendo a la mujer como un objeto para ser poseído,
no como un poseedor. Así por ejemplo Descartes definía los celos (asumidos
como un sentimiento masculino) como “una clase de miedo relacionado con un deseo
de preservar la posesión”, y Kingsley Davis los ha descrito como una respuesta
significativa a una situación que viola un derecho acostumbrado, el del hombre a
tener uso exclusivo (como propietario privado) del órgano sexual de la mujer. Para
Mayes tales planteamientos darían fe de la afirmación de Engels de que la monogamia
femenina es la base de la propiedad patriarcal.
En apoyo a su tesis la autora recurre también a las teorías de Lucy Irigaray para
quien el objeto de propiedad del capitalismo es tanto la mujer como las mercancías,
porque el cuerpo de la mujer es el lugar material para la inscripción del valor social.
Intercambiar valor representa la necesidad o el deseo del sujeto masculino y de ese
modo la mujer sirve como una mercancía simbólica, vehículo para el intercambio
que facilita el establecimiento de comunicación entre hombres. Por tanto para Mayes
las relaciones económicas y de parentesco son mutuamente constitutivas, pues
el sistema de parentesco puede ser visto como un modo de distribuir derechos de
“propiedad”, tales como acceso sexual, condición genealógica, nombres de linaje,
privilegios familiares, etcétera. Estos derechos son al mismo tiempo una forma de
propiedad y una base para la identidad.
Por todo lo expuesto podemos concluir con Mayes que la construcción histórica de
las mujeres como objeto de propiedad en el capitalismo les ha impedido el acceso
a la propiedad en condiciones de igualdad; a veces esto ha tenido lugar a través de
barreras institucionales y normativas que permeadas de androcentrismo limitan tal
derecho; otras veces se ha recurrido a argumentos acerca de la asignación de las
tareas de procreación (por cuestiones biológicas) y de crianza (por cuestiones culturales)
para tratar de justificar que tales tareas, exclusivas de mujeres, no se acomodan
al trabajo convencional ni al horario comercial propio del sistema capitalista, lo que
les genera desventajas.
De igual manera Tamar Pitch 52 ha hecho una revisión crítica del mito de la fundación
del pacto de Hobbes, Locke, Pufendorf o Rousseau en el que individuos libres
e iguales pactan pero en el que las mujeres no participan en el contrato, son el objeto
del mismo, es pues un contrato entre desiguales, coercitivo antes que libre. En este
análisis crítico Pitch cita a Levi-Strauss y Marcel Mauss, para quienes lo que hace
52 Tamar Pitch: Un Derecho Para Dos. La Construcción Jurídica de Género, Sexo y Sexualidad, Trotta, Madrid,
2003..

La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto ...
“sociedad” es relacionarse “fuera”, mediante el intercambio de mujeres por parte
de los varones; de este modo la comunicación entre varones surge a partir de una
transacción sobre el acceso al cuerpo femenino, y la interrupción de la comunicación
sería la guerra; así entendido lo que en tiempos de paz se llama matrimonio,
en tiempos de guerra sería violación. Esto lleva a la autora a ver la violencia sexual
marcada por el espacio, pues la dimensión espacial es fundamental: el inter nos (entre
nosotros) es entendido como “el dentro” de lo social, por eso para la autora italiana
“el enemigo no se casa, viola”. 53
capitalismo y violencia de género
Los presupuestos expuestos en los dos apartados anteriores (la violencia implícita
en el capitalismo y la construcción del sujeto en el mismo) nos llevan a considerar
la relación entre el sistema capitalista y la violencia de género. Creemos que la violencia
estructural o sistémica del capitalismo tiene una incidencia especialmente significativa
sobre la vida de las mujeres, colocándolas en una posición de especial vulnerabilidad
al operar simultáneamente con el sistema patriarcal.
Coincidimos con Luis Rojas en que “nuestra sociedad ha construido tres firmes
racionalizaciones culturales para justificar y defender la agresión verbal y física: el
culto al ‘macho’, la glorificación de la competitividad y el principio diferenciador de
‘los otros”. 54
Ideas estas tres, que a nuestro entender descansan y coinciden con el sistema patriarcal,
libre mercado y el colonialismo respectivamente.
De igual manera para Sayak Valencia “el capitalismo se sustenta en un sistema patriarcal
que fomenta la competencia y pone en todo momento a prueba “la hombría”,
entendida como elemento de legitimación fundamental de sus actores”. 55 En palabras
de Leonor Aida el feminicido y la violencia sexual contra las mujeres es resultado
de un sistema económico y político que transforma el cuerpo de las mujeres en
un producto comercial, en un objeto de consumo y forma de sometimiento de las
mujeres. 56
53 Ibídem, pp. 200-201.
54 Luis Rojas Marcos: Las semillas de la violencia, Espasa Calpe, Madrid, 1997, p. 189.
55 Sayak Valencia: Ob. cit., p. 210.
56 Ídem..

dra. roSario gonzález ariaS
Así lo entendió también el Tribunal Permanente de Los Pueblos en la Preaudiencia
sobre Feminicidio y Violencia de Género que tuvo lugar en marzo 2012 en México, 57
para el cual la violencia masculina en contra de las mujeres (violencia feminicida,
sexual y doméstica, y violencia estructural), incluyendo los feminicidios como una de
sus expresiones extremas, es un problema estructural, profundizado por las políticas
neoliberales, en especial a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en
1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, y por las políticas de ajuste estructural
de los años 80 propiciadas por el Fondo Monetario Internacional y el “Consenso de
Washington”. 58
Para el Tribunal la pobreza, propiciada por la colonización, las políticas de ajuste
estructural y los tratados comerciales entre países, afecta desproporcionadamente a
las mujeres de las diferentes culturas y propicia la privación sistemática y grave a los
derechos humanos, siendo la expresión más fehaciente del incumplimiento a los derechos
sociales y económicos constituyéndose en sí misma en una violación múltiple
a las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana de las mujeres. Los
gobiernos velan por los intereses de las transnacionales y grandes capitales financieros
que constituyen los poderes operantes del sistema capitalista y no garantiza,
como debería, el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos de la población,
especialmente los de las mujeres, los menores y los pobres.
Es precisamente la feminización de la pobreza la que explica que según diferentes
organismos internacionales (PNUD, 59 IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la
Mujer, Beijin 1995) dos terceras partes de los 1.500 millones de personas que viven
con 1 dólar o menos al día sean mujeres; que solo perciban el 10 % del ingreso total,
a pesar de que las dos terceras partes de las horas del trabajo mundial están a su cargo;
o que produciendo el 50 % de los alimentos en el mundo solo sean propietarias
del 1 % de la tierra. En este sentido es importante considerar que la reciente crisis
financiera mundial y la recesión económica han conllevado interconectadas también
una crisis alimentaria, energética, medioambiental y humanitaria, donde de nuevo
está presente la vulnerabilidad de género.
57 Compuesto por las juezas Alda Facio, Edda Gaviola, Jules Falquet, Pilar Noriega, Sara Dalila Mux,
Mariana Mora y las asesoras Silvia Marcos, Teresa Pérez y Morna Macleod.
58 La referencia al TLC se explica porque su firma derivó para México en un empobrecimiento de
su economía al implicar una competencia desigual y desproporcionada con dos países mucho más
ricos; por su parte el Consenso de Washington hace referencia al conjunto de medidas de política
económica recomendadas en los años 90 por los países desarrollados y organismos internacionales,
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a los países en desarrollo, entre las
que se encuentra la desregulación financiera y tasas de interés libres de acuerdo al mercado, tipo de
cambio competitivo, regido por el mercado, apertura a inversiones extranjeras directas, privatización
de empresas públicas y desregulación de los mercados, entre otras.
59 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre el Desarrollo Humano,
Harla, México D.F.,1995, p. 43.

La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto ...
Sobre la crisis medioambiental se debe señalar que la evolución del sistema capitalista
ha ido de la mano de un desarrollo industrial sin límites y consiguiente explotación
de la naturaleza a cargo del homo predador, provocando la degradación medioambiental
que actualmente padece toda la humanidad; sin embargo el análisis de la crisis
ambiental global incorporando la perspectiva de género permite vislumbrar nuevas
brechas también en este ámbito, como se ha visto en diversos desastres naturales.
Las sequías y desertificación, por ejemplo, afectan de forma preponderante a las mujeres
pues son quienes a nivel mundial tradicionalmente se ocupan de la obtención y
gestión del agua para la alimentación e higiene del grupo social y por lo mismo sobre
quienes más impacta su escasez. De igual manera las inundaciones, siendo fenómenos
opuestos a la sequía, han revelado que la mayoría de las víctimas son mujeres como
ha sido el caso del terremoto en Pakistán o el huracán Stand (80 % y 72 % del total de
personas fallecidas respectivamente, de acuerdo con Ursula Oswald) 60 por causas
relacionadas nuevamente con los roles de género, como es el cuidado y protección
de los otros (el ser para los otros, antes que ser para si) que en caso de emergencia
las lleva a priorizar la salvaguarda de su familia y pertenencias antes que su vida;
posiblemente además el tradicional confinamiento al hogar les limite los recursos
personales para salir en busca de ayuda y supervivencia ante un siniestro, a diferencia
de lo que les sucede a los hombres. Además, como se ha visto recientemente en el
terremoto de Haití, las mujeres vuelven a ser revictimizadas en el proceso posterior
de reconstrucción tras una catástrofe natural, con el aumento de número de violaciones
sexuales en los campamentos de supervivientes.
Otra posible variante de la violencia implícita en el sistema capitalista que afecta
mayormente a las mujeres sería según algunas autoras (Carmen Vigil, M. Luisa Vicente,
Sara Torres, Cecilia Lipszyc, 61 entre otras) la prostitución, la cual puede ser
entendida como un tipo de violencia “simbólica” del sistema neoliberal regido por
la ley del mercado del “saber vender y venderse”, en el que cualquier ocupación que
permita una magra subsistencia se convierte en trabajo aunque sean contratos de
explotación y servidumbre. La propia Organización Mundial del Trabajo (OIT) en su
publicación The Sex Sector (1998) a cargo de Lin Lean Lim, afirma que “la existencia
de la llamada industria sexual es un hecho justificado por el dinero que produce”. 62 En
el capitalismo (conjugado con el sistema patriarcal y colonial) 63 el mantenimiento de
la explotación sexual y laboral de las mujeres es un negocio muy rentable que mueve
60 Úrsula Oswald Spring: “A Huge Gender Security Approach: Towards Human, Gender, and Environmental
Security”, en Hans Günter Brauch et al Facing Global Environment Change: Environmental,
Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts, Springer Verlag, Berlin, 2009.
61 Las dos primeras se pueden consultar en Carmen Vigil y M. Luisa Vicente: Prostitución, Liberalismo
Sexual y Patriarcado, versión electrónica 2006, disponible en: http://webs.uvigo.es/pmayobre/textos/
varios/liberalismo.pdf Y las dos últimas en Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de
los derechos de las mujeres: Prostitución: ¿Trabajo o Esclavitud Sexual?, CLADEM, Lima, 2003.
62 CLADEM: Ob. cit., pp. 14-15.
63 En el caso español más del 75 % de las mujeres prostituidas son inmigrantes, según Vigil, Carmen y
M. Luisa Vicente, ibídem.

dra. roSario gonzález ariaS
millones de dólares en el mundo y que encubre la trata de mujeres y niñas. Ello explica
que hechos que para cualquier trabajo son considerados acoso o abuso sexual
(toqueteos, violaciones, insinuaciones verbales, requerimientos sexuales indeseados)
sean considerados parte del “trabajo” de un sector determinado de mujeres, la mayoría
pobres e inmigrantes. 64
Por otro lado considero que la sociedad de consumo propia del sistema neoliberal,
promueve la construcción de cuerpos dóciles que representen un tipo de feminidad
ideal al servicio del hombre, convirtiendo a las mujeres en un objeto de consumo
más. Sin duda los medios de comunicación, a través de la frecuente objetivación
sexual y ridiculización de las mujeres contribuyen a persuadir a favor de ese modelo.
Por eso no creemos exagerado incluir aquí como una modalidad de violencia más (al
menos “voluntaria”) lo que Toni Morrison, feminista y premio Nóbel de literatura,
denomina el “burka moderno”: la cirugía plástica que impide saber quién es quién.
En occidente esta práctica está llegando a partes del cuerpo impensables hasta hace
poco, como serían las operaciones de cosmética genital femenina en Estados Unidos,
Canadá y Nueva Zelanda, y que consisten en amputaciones de parte de la vulva
(“labioplastia” y “reducción de la cubierta del clítoris”) como “procedimientos de
mejora y embellecimiento” en clínicas médicas privadas. 65 Creemos que estas nuevas
modalidades solo se explican en un sistema capitalista-patriarcal que conjuga, por
un lado, el lucro empresarial a partir de un discurso médico y científico que justifica
estas intervenciones innecesarias sobre los cuerpos femeninos y que ignora cuestiones
de salud y atenta contra la diversidad genital (a partir de la engañosa idea de que
todas las vulvas deben parecerse y ser delgadas); y por otro lado, el control social sobre
los cuerpos de las mujeres y su cosificación en un mercado que las reduce a pura
genitalidad y que propone una idea homogénea y distorsionada sobre la feminidad.
Sayak Valencia nos aporta una conexión más entre la violencia de género y el sistema
capitalista a partir de la idea de masculinidad implícita en el nacionalismo, cuando
expone:
las conexiones entre el Estado y la clase criminal, en tanto que ambos detentan el mantenimiento
de una masculinidad violenta emparentada a la construcción de lo nacional.
Lo cual tiene implicaciones políticas, económicas y sociales que están cobrando en la actualidad
un alto número de vidas humanas dada la lógica masculinista del desafío y de la
lucha por el poder… la ejecución de la violencia como una de las principales consignas
a cumplir bajo las demandas de la masculinidad hegemónica y el machismo nacional. 66
64 Como plantea La Asamblea Raquerl Liberman contra la explotación sexual de Argentina “la pregunta
no es: por qué mujeres optan por la prostitución sino por qué tantos varones optan por comprar
mujeres y niñas/os en prostitución”.
65 Esta práctica choca frontalmente con el hecho de que cada año en varios países de África y Asia
dos millones de mujeres y niñas son sometidas a mutilaciones sexuales forzosas (ablación de clítoris)
según datos de UNIFEM.
66 Sayak Valencia: Ob. cit., pp. 39-40.

La dimensión económica de la violencia de género y la construcción del sujeto ...
La relación de la guerra con la virilidad también ha sido analizada por Analía Aucía, 67
para quien históricamente los conflictos y contextos represivos tienen una impronta
masculina: son decididos por varones, para luchar por intereses que son representados
por varones, y llevadas a cabo fundamentalmente por varones.
Se puede decir que el concepto de “guerra”, concepto intrínseco al hacer militar, está
basado en experiencias masculinas de vida,
La violencia de género se fundamenta en todas las estructuras sociales donde predomina
el poder masculino, incluido el Estado cuando ejerce un control jerárquico y patriarcal.
Y si bien esta violencia es estructural, la coyuntura de los enfrentamientos armados
la profundiza en cuanto que estas circunstancias vuelven todavía más vulnerables a las
mujeres. 68
Sin duda un ejemplo de esta vulnerabilidad de género lo constituyen los abusos sobre
mujeres en conflictos armados, hasta el punto de que en 2008 la ONU consideró
las violaciones de mujeres como arma de guerra, en atención a que el fenómeno
había alcanzado “proporciones inexplicables” según su Secretario General. 69
Por eso es tan necesario cuestionar “el discurso político basado en la supremacía
masculina que necesita el despliegue de la violencia como elemento de autoafirmación
viril”, como propone Sayak Valencia; 70 un ejemplo de este cuestionamiento discursivo
lo encontramos en La Convocatoria de los Movimientos Sociales, proclamada
en el Foro Social Mundial II de Porto Alegre (2002): “Construimos una gran alianza
basada en nuestra lucha y resistencia frente a un sistema basado en el sexismo, el racismo
y la violencia, que ampara los intereses del capital y el patriarcado por encima
de las necesidades y aspiraciones de las personas”. 71
67 Analía Lucía: “Género, violencia sexual y contextos represivos” en Marta Vasallo, 2011. Grietas en el
Silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, Rosario: CLADEM-
INSGENAR, 2011.
68 Ibídem, p.30.
69 La existencia de niños y niñas soldados es otra consecuencia perversa de las guerras, según la ONU
son más de 250.000 y según Amnistía Internacional son más de 300.000 los niños combatientes, un
40 % de ellos son niñas, usados en 86 países.
70 Sayak Valencia: Ob. cit., p. 42.
71 Alex Callinicos: Un Manifiesto Anticapitalista, Crítica, Barcelona, 2003, pp. 29-30.

0
a modo de conclusión
dra. roSario gonzález ariaS
Se ha mostrado la dimensión económica de la violencia implícita en el capitalismo, a
partir de sus vínculos con la guerra, el colonialismo, los medios de masas o la lasitud
del Estado frente al empoderamiento del mercado. De igual manera se han analizado
las variantes de esa violencia en relación al género cuando el sistema capitalista se
conjuga con el patriarcado, como sería el caso de la feminización de la pobreza,
el sistema prostitucional, la vulnerabilidad de género ante el cambio climático, la
lógica masculinista de las guerras y la violencia sexual sobre mujeres en conflictos
armados, o incluso la cirugía plástica como un producto de consumo más dentro del
sistema capitalista-patriarcal.
Coincido con Sayak Valencia en que para las mujeres el capitalismo gore es una versión
superlativa del capitalismo, pues hemos vivido en lo gore a través de la historia
ya que la violencia extrema (física, psíquica, y ahora también medial o mediática) ha
sido parte de nuestra cotidianidad.
Se puede concluir entonces que la violencia responde a una impronta económica y
que además tiene sexo; la violencia de género no es pues una casualidad, sino el resultado
de siglos de desventajas y discriminación en el sistema patriarcal, moduladas y
potenciadas actualmente por su interconexión con el sistema capitalista neoliberal.

los iniciadores del MarXisMo
Y la cUestión de la MUJer
introducción
MsC. herMinia rodríGuez paCheCo
Cuba
La controversia ha signado las relaciones entre feminismos y socialismos como una
constante. Diálogos, disputas, puntos en común, desavenencias, recelos y hasta excesos
se han sucedido, tanto en el fundamento cosmovisivo y la lógica argumentativa
como en el accionar práctico.
En 1848 aparece en París La Voix des Femmes (La Voz de las Mujeres), un periódico
inspirado en las ideas del socialismo utópico 1 y en cuyas páginas se abogaba por las
causas de las trabajadoras, en particular la necesidad de que se les retribuyera conforme
al resultado de sus obras, asimismo reclamaba una justicia social completa,
lo cual significaba incluir el sufragio universal, la educación para las mujeres que
les permitiera un crecimiento intelectual, guarderías infantiles, derecho al divorcio.
Ese mismo año se hizo pública en Norteamérica La Declaración de Seneca Falls,
el primer alegato colectivo de mujeres que argumenta la igualdad de sus derechos y
enarbola la bandera del sufragio femenino. Y en 1848 vio la luz El Manifiesto Comu-
1 Es conocida la influencia que tuvieron en su época las concepciones de Saint Simon, Owen y Fourier
quienes abogaban por el desarrollo social. Particularmente significativas resultaron las ideas de
Fourier, que de manera explícita vinculaba el progreso o la decadencia del orden social con el progreso
o la decadencia de la libertad que tuvieran las mujeres. Engels llega a calificar de “magistral en él la
crítica de las relaciones entre los sexos y de la posición de la mujer en la sociedad burguesa. Él es el
primero que proclama que el grado de emancipación de la mujer en la sociedad dada es el barómetro
natural por el cual se mide la emancipación general”. Federico Engels: Anti-Dühring, Editora Política,
La Habana, 1963, p. 316.
1

2
mSC. herminia rodríguez paCheCo
nista, obra de madurez de Carlos Marx y Federico Engels, surgida en el vértice de
su pensamiento teórico y la participación directa de ambos en el movimiento revolucionario
internacional. Guiados por un mismo espíritu de época, los clásicos del
marxismo denuncian la opresión de la mujer en la familia burguesa, pero dando una
vuelta de tuerca decisiva ahondan en las causas y mecanismos de toda explotación
en esa sociedad.
Hechos a sí en la lucha de ideas, rebeldes contra un status establecido, convergen el
feminismo más consecuente y el socialismo más revolucionario, ambos obligados
a ser creadores tanto en el plano conceptual como en las vías alternativas para su
avance. Uno y otro han sido blancos de ataques feroces, muestra de que sus propios
adversarios los consideran un peligro real. Sin embargo, llama la atención las
confrontaciones más o menos abiertas que han ocurrido a lo largo de los años entre
posiciones feministas sinceramente interesadas en la emancipación plena de la mujer
y representantes del socialismo con un discurso declaradamente marxista.
Las desavenencias son subrayadas por cierto pensamiento marxista que, en nombre
de la dialéctica, se detuvo a corear la voz de los clásicos, repitiendo al dedillo la letra
de sus escritos, pero dando la espalda al espíritu con que ellos crearon a partir del
estudio de la dinámica realidad. Las manifestaciones iconoclastas de las feministas
durante los años 60 y 70 del siglo xx fueron observadas en sus llamativos oropeles
y apresuradamente tildadas de demandas pequeño burguesas. El peso cierto de las
apariencias impidió penetrar las esencias y someter a análisis aquel clamor libertario.
La emancipación de la mujer sobrevendría, creyeron algunos en el llamado “socialismo
real”, como consecuencia mecánica e inevitable del desarrollo general de la
sociedad y la vía para alcanzarlo sería el fortalecimiento creciente de la base material
luego del triunfo de la revolución socialista. Mientras se invertía talento y esfuerzos
en liquidar la dominación capitalista a escala planetaria, se reproducía la opresión de
género al interior de la familia y en las más disímiles relaciones cotidianas. Cuando
menos resulta paradójica e inconsecuente esa lucha contra la explotación de quienes
siguieron siendo sujetos acríticos de una forma concreta de opresión.
A la par, las discrepancias vienen desde las posiciones feministas, en las cuales han
abundado explicaciones reformistas que apuestan por una solución a la problemática
de género dentro del capitalismo, atomizando este tipo de opresión del sistema integral
de explotación que constituye la estructura y condiciona las múltiples relaciones
concatenadas de dominación y subordinación en este tipo de sociedad. Reducir la
lucha al crecimiento cuantitativo de la participación económica de las mujeres, al
acceso a puestos tradicionalmente masculinos y el reparto formalmente equitativo
de los niveles decisorios de poder son migajas que alimentan, pero no matan la sed
de justicia social, son lujos que se puede permitir el sistema imperante porque no
afectan su cualidad misma mientras no se cuestione y logre subvertir el modo en que
esas relaciones se producen y reproducen en lo material y lo espiritual. Así, las propias
instituciones regeneradoras del sistema capitalista son capaces de subvencionar
el juego que llaman democrático, financiando grupos que no aventuren metarrelatos
que estropeen el monorrelato establecido. En esa lógica del todo vale, cada cosa
tiene sentido en sí, han encontrado cobijo las reivindicaciones feministas aisladas;

Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer
desde luego, aquellas que entienden el “todo” fragmentado, que renuncien y mejor
aún se opongan abiertamente a buscar una lógica interna que engarce la totalidad,
que garantice la apariencia de diversidad en la epidermis sin penetrar el sistema que
ha de perdurar.
Quizá tales acciones no escondan siempre premeditadas intenciones perversas; la
ignorancia teórica, la desmemoria histórica y hasta la ingenuidad política pueden
conducir igual a entretenerse con los árboles mientras se pierde de vista el bosque,
algo estratégicamente muy funcional a la perpetuación del sistema que a veces en el
discurso se dice desafiar. Si ignorar las especificidades de la opresión de género es
hacer la vista gorda a las complejidades de una totalidad donde la jerarquía de clases
no borra, sino significa las multiplicidad de relaciones de dominación y subordinación
coexistentes, considerar la teoría de la lucha de clases como ajena e inservible a
los fines emancipatorios feministas, es virar la espalda a una explicación que apunta
al mecanismo de explotación social en su raíz.
Como apunta la docente y activista social argentina Andrea D’ Atri “que el feminismo
haya tenido que ubicar al marxismo como un interlocutor necesario –aún en el
enfrentamiento agudo de posiciones divergentes–, es un reconocimiento implícito a
que la clase obrera, la lucha de clases y el socialismo son categorías que dan cuenta
del modo de producción en que vivimos, basado en la explotación de millones de
seres humanos por parte de un puñado de capitalistas. Horizonte de la discusión y
de las controversias suscitadas entre feminismo y marxismo, mientras no desaparezca
la propiedad privada de los medios de producción... Por eso, quien aspire a acabar
con la opresión, y no solo a lograr sesudas elaboraciones teóricas abstractas de dudosa
capacidad emancipatoria, debe dar cuenta de esto”. 2 En su ensayo Feminismo
y Marxismo: más de 30 años de controversias esta autora ofrece una disección lúcida
de lo que denomina nudos centrales de esta controversia en las últimas tres décadas,
muestra las posiciones de cada cual a partir de sus textos originales y contrapuntea
argumentos en el mejor estilo de la polémica productiva.
Desde el enfoque histórico y avalada por su experiencia de militante comunista y luchadora
por los derechos de las mujeres en la base y como dirigente de la Federación
Democrática Internacional de Mujeres, la recientemente fallecida Fanny Edelman
aporta datos inestimables para entender tanto el contexto de las disputas como la
solidez de las afinidades entre feminismo y marxismo. En el prólogo al libro que
recoge sus reflexiones, Claudia Korol valora la tendencia a la contraposición como
“Un desencuentro lamentable, en el plano teórico, para ambas vertientes; pero sobre
todo un desencuentro que empobrece la práctica del movimiento de mujeres y su
lucha por una efectiva emancipación”. 3
2 Andrea D’ Atri: Feminismo y Marxismo: más de 30 años de controversia, en: http://www.ipskarlmarx.org.ar/
article.php3?id_article=25
3 Fanny Edelman: Feminismo y Marxismo. Conversaciones con Claudia Korol, Buenos Aires, 2001, p. 7.
3

mSC. herminia rodríguez paCheCo
La pensadora marxista Carolina Aguilar, conocedora del tema no solo por sus reflexiones
teóricas, sino por ser ella misma participante activa de las transformaciones
revolucionarias que se han experimentado en Cuba a partir de 1959, asegura que “El
vínculo feminismo-socialismo marxista es visto todavía en muchos lugares, incluido
por algunas personas en nuestro país, como una interpretación errónea del marxismo”.
4 Y agrega: “Todavía pesa sobre el feminismo la mirada estrecha, en ocasiones
sectaria, y las más de las veces ignorante, con que en el ámbito político, tanto de
ciertas corrientes de izquierda como, por supuesto, de la reaccionaria derecha, se
analizan las luchas de las mujeres en el mundo por todos sus derechos, el primero, el
derecho a su igualdad social”. 5
En pleno siglo xxi, una y otra vez reciclados los argumentos de las divergencias,
parece llegada la hora de repasar las convergencias. Vivimos de nuevo una época de
encrucijadas: repartos imperiales de territorios y zonas de influencia, rebeldías reanimadas
en el “viejo” y el “nuevo” mundo, movimientos sociales de distinta índole,
concertaciones cada vez más abiertas de la rancia derecha, movilizaciones antisistema
y, particularmente en Latinoamérica, experiencias de socialismos a la medida
de países con metas comunes y caminos específicos recorridos y venideros para
alcanzar ese fin.
Pensar las alternativas emancipatorias hoy requiere repensar el diálogo entre marxismo
y feminismo a la luz de lo acontecido. Más que un inventario de aciertos y
errores, ausencias y ocultaciones, malentendidos y hasta intenciones aviesas, creo
que nos urge una comprensión de las esencias compartidas que nos permitan unir
voluntades. En ese propósito se inserta este artículo, que persigue como objetivo
ayudar a clarificar el valor metodológico de la teoría y la práctica de los fundadores
del marxismo para el movimiento feminista revolucionario.
¿Qué hacer?
Si bien es posible analizar la llamada cuestión de género con la ayuda de las categorías
marxistas, creo que ello debe resultar de modo implícito y transversal, no como
meta sino como camino mismo que conduzca a ella.
¿Hacer un recuento de citas –en el mejor de los casos, de ideas– de las/los principales
teóricos marxistas acerca de la cuestión de la mujer? Necesario, pero no
suficiente. Los textos originales ofrecen el pensamiento de sus creadores en primera
persona, pero cuando por necesidad son fragmentados corren el riesgo de la descontextualización.
Por ello me decanté por valorar algunos de los cuestionamientos
4 Carolina Aguilar: “Apuntes acerca del tema Feminismo y Socialismo”, notas inéditas, p. 3
5 Ídem.

Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer
que se le han hecho al marxismo, apelando al marxismo mismo, no como sistema
de axiomas estático, listo de una vez para ser aplicado, sino como método, como
horizonte de visibilidad.
En el maremágnum de las críticas que se le han hecho al marxismo y los marxistas,
se pueden encontrar desde apelaciones ofensivas a la vida personal de los fundadores,
pasando por exigencias en el uso de conceptos que todavía las ciencias sociales
no habían elaborado en vida de Marx y Engels, hasta lecturas asombrosas de sus
textos.
Por ejemplo, la feminista socialista norteamericana Zillah Eisenstein, por estudiosa
seguramente conocedora de las obras del marxismo, asegura: “Tanto las feministas
radicales como las feministas socialistas están de acuerdo en que el patriarcado precede
al capitalismo, mientras que los marxistas creen que el patriarcado nació con
el capitalismo”. 6 Se trata de un lugar común erróneo, pero bastante extendido. Tal
pareciera que todo lo concerniente al marxismo se agotase en la dicotomía estrecha
comunismo-capitalismo. Vayamos de las interpretaciones a las fuentes originales y
contrastemos.
Basándose en los estudios antropológicos de su época, Engels trata de dilucidar el
tema del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado en la obra homónima.
Allí, no solo ubica en la remota antigüedad el surgimiento del dominio de los
hombres sobre las mujeres, sino que emite al respecto juicios de valor: “El derrocamiento
del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo
el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa” 7 . A continuación se
refiere a la consiguiente posición de inferioridad a que queda relegada la mujer “se
manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos heroicos y más aún en los de
los tiempos clásicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada y, en ciertos sitios,
hasta revestida de formas más suaves, pero no, ni mucho menos, abolida” 8 .
En La Ideología Alemana, uno de los textos más citados de Marx y Engels, ellos escudriñan
en las raíces de la dominación masculina y, de manera clara la vinculan a
relaciones sociales que, con mucho, antecedieron al capitalismo:
Con la división del trabajo(…) que descansa sobre la división natural del trabajo en el
seno de la familia y en la división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se
da, al mismo tiempo, la distribución y concretamente, la distribución desigual, tanto
cuantitativa como cualitativamente del trabajo y de sus productos, es decir, la propiedad,
6 Zillah Eisenstein: “Hacia el desarrollo de una teoría del patriarcado capitalista y el feminismo socialista”,
en Teoría Feminista (selección de textos), CIPAF, Santo Domingo, 1984. Citada por Andrea
D’ Atri. Feminismo y Marxismo: más de 30 años de controversia, en: http://www.ipskarlmarx.org.ar/article.
php3?id_article=25
7 Federico Engels: “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, en C. Marx, F. Engels y VI.
Lenin. Acerca del problema de la mujer, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1980, p, 187.
8 Ídem

mSC. herminia rodríguez paCheCo
cuyo primer germen, cuya forma inicial se contiene en la familia, donde la mujer y los
hijos son los esclavos del marido. La esclavitud todavía muy rudimentaria, latente en la
familia, es la primera forma de propiedad que, por lo demás, ya aquí corresponde perfectamente
a la definición de los modernos economistas, según los cuales es el derecho
a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Por lo demás, división del trabajo y propiedad
privada son términos idénticos: uno de ellos dice, referido a la esclavitud, lo mismo
que el otro, referido al producto de éste. 9
Si entendemos por patriarcado el orden social que, sobre la base de la desigualdad
construida, hace prevalecer la dominación masculina sobre la mujer, entonces los
fundadores del marxismo no solo lo identificaron en su contemporaneidad, sino que
hurgaron en este como proceso histórico para poderlo explicar no como orden eterno
y consustancial a la humanidad, sino como relaciones sociales jerárquicas que se
establecieron desde la remota antigüedad, devinieron en el transcurso de la historia
y que pueden ser superadas –en el sentido dialéctico–.
Desde luego, no se trata de buscar a toda costa en el marxismo clásico el “ABC” de
cada una de las cuestiones que nos preocupan hoy, ni de reducir a él las bases teóricas
o postulados del feminismo, que también se ha ido nutriendo en la última centuria
de otros muchos saberes aportados por distintas ciencias y por la pujante irrupción de
las mujeres en la vida social. Pero tampoco resulta válido endilgarle a este falencias
que no le corresponden.
Entre las muchas críticas que se le han hecho al marxismo respecto al tema que nos
ocupa he seleccionado tres que, a mi juicio, sintetizan los puntos más medulares y
a la vez recurrentes: el marxismo no se ocupó de la cuestión de la mujer, diluyó la
problemática de género en la lucha de clases y limitó su estudio a la determinación
económica de las formas de opresión.
Antes de pasar a la consideración de estos tres cuestionamientos, creo pertinente
preguntar a qué se refieren cuando hablan de marxismo. Lamentablemente se suele
mostrar como tal la versión que de la teoría de Marx, Engels y Lenin ofrecieron un
grupo de textos escolásticos publicados en el llamado socialismo real. En realidad,
tal error se multiplica: primero, porque los llamados manuales llegaron a millones
de personas con su discurso; segundo, porque lograron propagar una visión esquemática
y simplificada del pensamiento de los fundadores de esta teoría; y tercero,
porque esas críticas a las que nos referimos evidencian, en el mejor de los casos, una
ignorancia estólida de las fuentes originales.
Como fue advertido antes, en este artículo opondré a esos ataques las ideas marxianas,
tanto las argumentaciones teóricas expresadas como las conclusiones que derivan
de las propias decisiones adoptadas por los fundadores en su accionar dentro del
movimiento revolucionario internacional.
9 C. Marx y F. Engels: La Ideología Alemana. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1982, pp. 32-33.

Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer
¿Desde cuál perspectiva se evalúa al marxismo? Si se entiende como una teoría crítica,
y por lo mismo viva, que se desarrolla a tono con la realidad cambiante, lo
expresado por sus creadores debe ser tomado como referente epistemológico y metodológico.
En cambio, si se le pide respuestas específicas y absolutas, a la manera de
las tradicionales doctrinas filosóficas, seguramente no se encontrarán porque no las
tiene ni nunca pretendió darlas. Como aseveró Engels, el marxismo no es un dogma,
sino una guía para la acción. En ese caso, ¿estamos ante un problema en la conclusión
o quien cuestiona partió de una premisa equivocada?
Como teoría crítica, el marxismo renunció al estilo dogmático de pensamiento y
actuación que opera con verdades inamovibles, para apelar a la palabra incuestionable
de las autoridades y limitar el accionar a la aplicación acrítica de esos axiomas
que terminan por dictaminar cómo se ha de comportar el mundo. Marx y Engels
reflexionaron y actuaron a partir del conocimiento que les antecedió y, sobre todo,
del estudio de la realidad histórica concreta en que vivieron. No hagamos menos.
¿el Marxismo no se ocupó de la cuestión
de la mujer?
Creadores de una profusa obra teórica, Marx y Engels desarrollaron su reflexión a la
vez y en estrecha vinculación con su actividad en el movimiento revolucionario, de
modo que muchos de los temas por ellos tratados nacían, maduraban o se aplicaban
en su propia actividad práctica, habitualmente polemizando contra opositores y hasta
sorteando la resistencia de sus compañeros de lucha partidarios de otras ideas.
Convencidos de la necesidad de articular la labor del movimiento revolucionario mundial,
Marx y Engels participaron en la tarea de crear la primera Asociación Internacional
de los Trabajadores, más conocida como la Primera Internacional. A contracorriente
de las tradiciones, en el Consejo General de esta importante organización, fundada en
1864, resultó electa una mujer, la sindicalista inglesa Henrietta Law.
Marx personalmente interviene en el controvertido tema de si debían o no existir
mecanismos específicos donde las mujeres se agruparan y plantearan sus intereses.
Él presentó una moción al Consejo General opinando que las trabajadoras sí debían
organizarse en secciones especiales allí donde hubiera una gran concentración de
ellas, como fábricas o zonas industriales. Aclaró, sin embargo, que este mecanismo
no implicaba que ellas tendrían que quedar fuera de las secciones mixtas. A lo largo
de los años y hasta nuestros días se extiende el valor metodológico de este enfoque:
es legítimo y conveniente que las mujeres se organicen dentro de los partidos o
movimientos revolucionarios para analizar y defender de modo propio sus intereses,
pero ello no las enquista porque, en igualdad de condiciones que los hombres, ellas
pueden y deben participar en el análisis de todos los temas y en las decisiones de
todos los niveles.

mSC. herminia rodríguez paCheCo
Avivada por Marx, va Elisabeth Dmitrieff a París, para fundar una sección femenina
dentro de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Efectivamente, esta
luchadora llega a encabezar la Unión de Mujeres para la Defensa de París durante la
Comuna de 1871, al lado de Madame Fautin, Hortense David y la heroína del batallón
femenino en las barricadas, Louise Michel.
En el plano de la lucha de ideas, Marx y Engels arremetieron contra Pierre Joseph
Proudhon, quien se oponía de manera enérgica a la participación social de las mujeres:
“el cálculo fundado en su capacidad productiva es de lo más falso, como se verá:
la mujer es un mal asociado que cuesta por término medio mucho más de lo que
produce, y cuya existencia solo descansa en el sacrificio perpetuo del hombre”. 10 Para el
filósofo y político francés, ante ese destino fatal ella solo se redime en el matrimonio,
por lo que admitir su igualdad con los hombres significaría el fin de esa institución,
la muerte del amor y la ruina de la raza humana.
La idealización hipócrita de la familia burguesa es denunciada por Marx y Engels en
numerosas ocasiones (Manifiesto Comunista, La Sagrada Familia, El origen de la familia,
la propiedad privada y el Estado, El Capital…) quienes señalan que, de hecho, la mujer
vive una especie de esclavitud en el hogar, subordinada al dominio del hombre que
dispone de ella como propiedad e instrumento de producción doméstica. Si bien
advierten las condiciones deplorables en que se ven obligados a trabajar mujeres y
niños en la industria capitalista, también valoran la significación social de esta incorporación.
Por muy espantosa y repugnante que nos parezca la disolución de la antigua familia
dentro del sistema capitalista –dice Marx en El Capital–, no es menos cierto que la gran
industria, al asignar a la mujer, al joven y al niño de los 2 sexos un papel decisivo en los
procesos socialmente organizados de la producción, arrancándolos con ello de la órbita
doméstica, crea las nuevas bases económicas para una forma superior de familia y de
relaciones entre los 2 sexos. 11
10 En su libro Amor y Matrimonio, difícilmente superable como paradigma de la reacción misógina,
Proudhon dedica acápites a demostrar la inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres. A
partir de tales razonamientos, llega a conclusiones antológicas del tipo: “el hombre será el amo y
la mujer obedecerá”, la mujer es “fatalmente y jurídicamente excluida de toda dirección política,
administrativa, doctrinal, industrial, como de toda acción militar”, “La mujer, por ser inferior al
hombre tanto por la conciencia como por la potencia intelectual y la fuerza muscular, se ve colocada
como miembro de la sociedad en un segundo plano, desde el punto de vista moral como desde el
punto de vista físico e intelectual”, “La mujer no puede pretender nivelarse con la potencia viril; su
subordinación es inevitable” (P.J. Proudhon: Amor y matrimonio, en: http://www.kclibertaria.comyr.
com/lpdf/l168.pdf )
11 C. Marx: El Capital En: C. Marx, F. Engels y VI. Lenin: Acerca del problema de la mujer, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 1980, p. 165.

Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer
Mucho se ha escrito acerca de la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.
Ciertamente, este estudio se fundamenta en las concepciones científicas de su época,
con énfasis en las investigaciones antropológicas de Lewis H. Morgan. El tiempo
transcurrido desde entonces y los aportes elaborados por esta y otras disciplinas permiten
hoy evaluar esos temas con mayor riqueza y precisión. Me interesa, no obstante,
subrayar el valor metodológico que contiene la obra de Engels, vigente y pertinente
para las reflexiones feministas contemporáneas: en ella se asocia el surgimiento de
la opresión de la mujer con una causa económica y no natural o psíquica; se ubica el
condicionamiento histórico para que ello ocurriera, con lo cual desmonta el mito de la
perpetuidad; se distingue la opresión que sufren las mujeres como una forma específica
de explotación y se apunta al papel de la familia en su reproducción.
Cuando se piensa en la etapa fundacional del marxismo y se indaga acerca de la
emancipación de la mujer, resulta indispensable referirse, aunque sea muy brevemente,
a algunas mujeres que dentro del propio movimiento revolucionario batallaron
para desbrozar el camino a las ideas de la emancipación femenina.
Clara Zetkin no dejó una obra teórica de la extensión ni envergadura de los fundadores
del marxismo ni de las académicas feministas posteriores; sin embargo, su
vida revolucionaria misma es un alegato sobre la coherencia entre uno y otro. Militó
en la socialdemocracia alemana, se opuso a las posturas reformistas y defendió las
posiciones más revolucionarias a la izquierda, por lo cual derivó a la Liga Espartaquista,
que daría paso al Partido Comunista. A la vez que se involucraba en las más
álgidas discusiones políticas (por ejemplo, para definir la postura del partido con
respecto a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial), abogaba por
la educación política masiva para las mujeres, luchaba por la licencia de maternidad
y otras leyes que protegieran a la trabajadora. Apasionada defensora de la participación
política de las mujeres en el movimiento socialista internacional, dedicó gran
parte de sus esfuerzos a esta tarea. Ella misma integró el Comité Central del Partido
Comunista Alemán y fue miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista.
Promovió y logró la instauración del 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer y editó el periódico Igualdad de 1891 a 1917. En 1932, un año antes de su
fallecimiento, pronunció un célebre discurso en el Reichstag, al cual pertenecía en
representación del Partido Comunista, exhortando a la unidad contra el auge del
nacional socialismo (nazismo).
En sus Recuerdos sobre Lenin, Clara Zetkin relata no solo el contenido sino también
el ambiente de esos encuentros, donde los dos líderes comunistas intercambian,
a veces discuten, acerca de la llamada cuestión femenina. Los apremios de la práctica
revolucionaria, especialmente por parte de Lenin que estaba al frente de la colosal
empresa que significaba hacer la revolución socialista en un país inmenso, económicamente
atrasado y repleto de complejidades sociales, no impiden que ambos le

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mSC. herminia rodríguez paCheCo
concedieran vital importancia al sustento teórico de esta batalla. “Indudablemente,
debemos crear un potente movimiento femenino internacional sobre unas bases
teóricas claras y precisas –así inició él, luego de saludarnos, nuestra entrevista–. Sin
teoría marxista no puede existir una buena labor práctica, esto es claro”. 12
Quizás la más mencionada y menos comprendida de las comunistas de esta etapa sea
Rosa Luxemburgo. Mujer de personalidad recia y discurso frontal, fue una estudiosa
a fondo de la teoría marxista e intérprete directa de la vorágine de acontecimientos
que se agolparon en el escenario europeo de finales del siglo xix y principios del xx. 13
Rosa Luxemburgo polemizó a diestra y siniestra: si claro y manifiesto fue su enfrentamiento
a los adversarios políticos que representaban el orden burgués, también
resultó enérgica su oposición a compañeros de militancia que asumieron posiciones
reformistas y revisionistas, aunque ella fuera una joven y ellos personalidades
reconocidas como Bernstein y Kautsky; asimismo expresó de manera diáfana sus
discordancias con Lenin y con Augusto Bebel (autor de una obra emblemática: La
Mujer y el Socialismo, quien llegó a calificarla de “perra rabiosa”). 14 Cuenta su amiga y
compañera de luchas Clara Zetkin que “Rosa Luxemburgo daba gran importancia a
la tarea de incorporar a las más amplias masas femeninas a la lucha revolucionaria.
Cuando fue fundado el Partido Comunista, Rosa insistió en que debía publicarse un
periódico consagrado al movimiento femenino.” 15 Se opuso al Partido Obrero Belga
por excluir a las mujeres del sufragio, participó en la Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas de 1907 y, sin embargo, se negó rotundamente a ocuparse de la
sección de mujeres del Partido Socialdemócrata Alemán, lo que le solicitaron repetidamente
sus compañeros. Se trata de una contradicción explicable: ella consideró
que se trataba de una estratagema para entretenerla en un tema específico, alejándola
de las álgidas discusiones teóricas del momento y de las decisiones políticas, en un
momento en que tomaba auge el ala revisionista a la que ella se venía oponiendo resueltamente.
Desde este razonamiento se puede entender perfectamente que tiempo
después, cuando salió de prisión en 1918, la misma Rosa se propusiera estimular la
creación de una sección de mujeres dentro del que pronto se convertiría en Partido
Comunista Alemán.
12
Clara Zetkin:“Recuerdos sobre Lenin”, en V.I. Lenin, La emancipación de la mujer. Editorial Progreso,
Moscú, s/f, p. 97.
13
Róża Luksemburg, de origen judío, nació en Zamosc (pueblo polaco bajo el Imperio Ruso), vivió un
período de su juventud en Suiza y desarrolló gran parte de su actividad política en Alemania.
14
Del profundo respeto que le profesaba Lenin dan cuenta sus palabras, escritas en 1922 (publicadas
en Pravda, no. 87, 16 de abril de 1924): “Un águila puede en ocasiones descender más bajo que una
gallina, pero una gallina jamás podrá ascender a la altura que puede hacerlo un águila. Rosa Luxemburgo
se equivocó en la cuestión de la independencia de Polonia; se equivocó en 1903 cuando enjuició
al menchevismo … Pero a pesar de todas esas faltas fue y sigue siendo un águila; y no solamente
su recuerdo será siempre venerado por los comunistas de todo el mundo, sino que su biografía y
la edición de sus obras completas …representarán una valiosa lección para la educación de muchas
generaciones de comunistas de todo el mundo”.
15
Clara Zetkin:Ob. cit., p. 99

Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer
Es que Rosa Luxemburgo asumió la llamada “cuestión de la mujer” no como un
encargo o tarea adicional a su labor de militancia comunista, sino como parte consustancial
a la misión de emancipación humana. No se permitió a sí misma que el
ser mujer limitara el empleo de su talento y liderazgo en “temas de su sexo”; por
el contrario, demostró que sin renunciar a serlo podía entender y ocuparse en impulsar
una transformación de la sociedad desde sus más profundas raíces de explotación,
es decir, una revolución.
Particular relieve tiene la figura de Alexandra Kollontai, quien tiene el mérito notable
de haber podido impulsar la convergencia de las ideas socialistas y feministas desde
el poder. 16 Con el apoyo decisivo de Lenin, Kollontai trabajó para implementar leyes
que reconocieran los derechos de las mujeres y facilitaran su participación social.
Así, se despenalizó el aborto, se legalizó el divorcio, se establecieron formas especiales
de retribución para la maternidad de la trabajadora, guarderías infantiles, servicios de
lavandería a escala social y ello se acompañó de campañas para divulgar los nuevos
derechos. Ella misma formó parte del Consejo Editorial de Kommunistka, la revista
del Zhenotdel (el organismo que se creó para promover la participación femenina).
Kollontai creía firmemente en que la Revolución requería no solo de las grandes
transformaciones políticas y económicas, sino que era necesario cambiar las mentalidades,
lo que significaba, en el espíritu marxiano, producir nuevas relaciones sociales
que conformaran hombres y mujeres nuevos. Para lograrlo resultaba indispensable
crear condiciones para liberar a las mujeres de la servidumbre doméstica, labor a la
que se dedicó en su actividad práctica.
No es justo desconocer la reflexión teórica ni la experiencia en este campo, como
ocurre cuando se afirma: “El problema con el Marxismo tradicional fue que no se
refirió a la opresión de la mujer en la vida privada, por ejemplo el trabajo doméstico,
la crianza de los hijos y la violencia doméstica”. 17
El retroceso vivido en la URSS durante la época stalinista, que eliminó buena parte
de estas conquistas sociales, no justifica silenciar lo que antes se dijo e hizo. En Una
gran inciativa el mismo Lenin pasa revista al primer año de ejercicio del Poder de los
Soviets y señala:
No hemos dejado, en el verdadero sentido de la palabra, piedra sobre piedra de las
ignominiosas leyes que establecían la inferioridad jurídica de la mujer… Pero cuando
16 Aunque tuvo un origen aristocrático, Aleksandra Mijailovna Kollontai se inclinó desde joven por
el estudio del marxismo, militó en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, se incorporó al movimiento
revolucionario y, finalmente, se unió a los bolcheviques. Fue miembro del Comité Central del
Partido desde antes de la Revolución Octubre y tras el triunfo es elegida Comisaria del Pueblo para
la Asistencia Pública. Asimismo, fue la primera mujer embajadora de la historia.
17 “Feminismo y Anarquismo”. Charla dada por Kathleen O’Kelly (de Irlanda) a la WSM (Workers Solidarity
Movement), en: http://74.125.93.132/search?q=cache:vhzMp5sCC5kJ:www.nodo50.org/mujerescreativas/Anarquismo%2520y%2520feminismo.htm+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=cu&lr=lang_es
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mSC. herminia rodríguez paCheCo
más nos desembarazamos del fárrago de las viejas leyes e instituciones burguesas, vamos
viendo con mayor claridad que no hemos hecho otra cosa que desbrozar el terreno
para empezar a construir… La mujer sigue siendo la esclava del hogar, a pesar de todas
las leyes emancipatorias, porque vive agobiada, oprimida, embrutecida, humillada por
los pequeños quehaceres domésticos que la atan a la cocina y a los hijos, obligada a
malgastar sus esfuerzos en faenas absurdamente improductivas, mezquinas, embotadoras,
embrutecedoras y aplastantes. La verdadera emancipación de la mujer, el verdadero
comunismo, solo comenzarán cuando y donde las masas (dirigidas por el proletariado,
dueño del poder del Estado) comiencen a luchar contra esa pequeña economía doméstica
o, más exactamente, cuando y donde ésta comience a transformarse, en masa, en
una gran economía socialista. 18
Preocupado por el asunto y ocupado como ningún otro gobierno hasta entonces, el
líder ruso advierte en la práctica las complejidades de un proceso que quizás otros
resuelvan de un plumazo en sus elucubraciones: “…estas labores nos ocuparán durante
muchos, muchísimos años”. 19
¿No fue sensible el marxismo a la opresión femenina? ¿No se ocupó? En los textos
que escribieron los fundadores y en los hechos que conforman su propia participación
social es posible encontrar respuestas a tales interrogantes. Quien busque ese
conocimiento no a partir de lo que han dicho que ellos dijeron, sino bebiendo de
las fuentes originales, encontrará cómo teoría y práctica marchan de la mano en el
acercamiento que hacen los iniciadores del marxismo a la llamada entonces “cuestión
de la mujer”. No aparecerá con puntos y comas cada uno de los postulados que
posteriormente la teoría feminista fue descubriendo y formulando, pero sí está la
denuncia a la opresión de la mujer, la explicación de que sus causas no son naturales,
sino sociales, el reconocimiento de la necesaria superación de la esclavitud femenina
como parte de la emancipación humana y, en consecuencia, su compromiso con la
transformación revolucionaria de la sociedad.
Concuerdo con la destacada feminista mexicana Marcela Lagarde cuando asegura
que “El marxismo fue la teoría que puso nombre a la cuestión de la mujer y la concibió
a partir de su teoría sobre la opresión social, en este caso específico sobre la
opresión sexual; señaló el carácter histórico de estos hechos, e inició la elaboración
de esa historia, y planteó el lugar de la problemática central de las mujeres en la revolución
y en el socialismo”. 20
18 V.I. Lenin: “Una gran iniciativa”, en C. Marx, F. Engels, y V.I. Lenin, Ob. cit., pp. 123-124.
19 V.I. Lenin: “Las tareas del movimiento obrero en la República Soviética” en C. Marx, F. Engels, y V.I.
Lenin, ob. cit., pp. 123-124 p. 129
20 Marcela Lagarde: El marxismo y las mujeres. Documento disponible en PDF.

Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer
¿el marxismo diluyó la problemática de género en
la lucha de clases y absolutizó la determinación
económica de la opresión?
“El pensamiento de Marx y Engels adolece de… sexismo” 21 afirma rotunda Mila de
Frutos. Entre otros muchos pareceres, he seleccionado aquel en que esta autora sintetiza
uno de los cuestionamientos más frecuentes al marxismo: “La potencia del análisis de
clases es tan fuerte que eclipsó el desarrollo teórico de la relación entre los sexos”. 22
Efectivamente, la concepción acerca de la lucha de clases es uno de los grandes pilares
del marxismo. El pensamiento precedente había advertido la existencia de condiciones
y comportamientos individuales y grupales distintos y hasta contradictorios,
lo cual es retomado por Marx y Engels. Estos, buscan regularidades históricas donde
otros vieron sucesión de hechos y personalidades descollantes en pugna, ponen el
énfasis en las relaciones más que en las “cosas” para aprehender la sociedad como
una totalidad, y descubren en la vorágine intereses que marcan la pauta en la situación
económica y sirven de brújula a la organización política, jurídica y de Estado en
general. No se trata de ignorar la diversidad y complejidad de las relaciones sociales
(reduccionismo que cometen los que fragmentan, atomizan y terminan por hiperbolizar
una parte como sucedáneo del todo), sino de considerar las muchas y distintas
condicionantes y establecer las determinantes. En el marxismo, la teoría de la lucha
de clases es el quid que permite entender no solo el modo en que históricamente se
han estructurado las sociedades antagónicas con su aparente caos de contradicciones
“yuxtapuestas”, sino que, a la par, permite divisar los engarces entre las distintas
formas de opresión y la posibilidad real de sustituir el enfrentamiento aislado a cada
una de ellas por la lucha concertada que mine los fundamentos de los mecanismos
mismos que producen y reproducen la explotación social.
La opresión de género es específica y, por ende, requiere entendimientos y enfrentamientos
específicos. No basta con cambiar las estructuras sociales –lo cual es necesario,
pero no suficiente– para que se desmorone por su propio peso el patriarcado.
Las imprescindibles transformaciones económicas, incluso las del ordenamiento
político y jurídico solo son el cimiento sobre el que se ha de erigir el nuevo orden
social, las nuevas relaciones humanas. La transformación colosal, que ya Lenin
avistaba que duraría muchísimos años, tendrán que darla los revolucionarios y las
revolucionarias contra los enemigos de clase, con los aliados de causa y dentro de
sí mismos. El orden patriarcal también anida en la mente de mujeres y hombres que
sufren otras formas de explotación social, o sea, las relaciones jerárquicas de género
pueden dominar con su carga de pasado en el interior de una clase social que se
proponga o esté protagonizando un asalto al futuro.
21 Mila de Frutos: Por una sociedad sin clases y sin géneros, en: http://iniciativacomunista.org/venceremos/
spip.php?article20
22 Ídem
3

mSC. herminia rodríguez paCheCo
Es cierto, como afirma Mila de Frutos, que “el patriarcado es transversal. Por ello
existen experiencias similares entre mujeres de distinta clase social”. 23 Sin embargo,
dueñas y empleadas, señoras y sirvientas tienen también experiencias suficientemente
dispares, determinadas por sus intereses de clase, para encarar la opresión de género
que sufren. La “hermandad o comunidad femenina” que pretende emparentar a
todas las mujeres haciendo oídos sordos a sus posiciones de clase olvida con demasiada
ligereza que algunas de estas “hermanas” que se rebelan contra la dominación
masculina protagonizan ellas mismas la explotación de otras congéneres. Justo por
considerar legítima su posición social de poder las “hermanas” de status económico
superior por lo regular no renuncian a sus bienes ni privilegios, tampoco al sistema
en su totalidad. Les interesa especialmente acabar con una cuota de explotación, no
con la explotación. En esos términos, la lucha de clases es un verdadero estorbo y
resulta preferible plantarle cara al otro sexo.
Dar la batalla contra el patriarcado, sin embargo requiere el concurso de mujeres
y hombres interesados no en reformar, sino en subvertir el orden social imperante.
Unir voluntades, buscar alianzas y trabajar de conjunto en problemas comunes
puede tributar al propósito de enfrentar la opresión de género. Pero eliminar el mecanismo
de explotación social, que se asienta en las relaciones de dominación y subordinación,
requiere una meta más radical, una auténtica revolución.
¿reforma o revolución? He ahí un dilema
que apunta al fondo de la cuestión
Enfocar el feminismo exclusivamente en las injustas desigualdades de mujeres y
hombres es un enfoque epidérmico, que elude las causas de ese fenómeno y lo aísla
en el supuesto de que es posible enfrentarlo y resolverlo con transformaciones en
el marco de las relaciones hombre–mujer, desgajadas de las estructuras sociales de
explotación.
El marxista peruano José Carlos Mariátegui, quien repetidamente expresó sus simpatías
hacia el feminismo por su potencial revolucionario, advirtió ya en 1924 que el feminismo
tenía varios colores o tendencias. “El feminismo, como idea pura, es esencialmente
revolucionario. El pensamiento y la actitud de las mujeres que se sientan al
mismo tiempo feministas y conservadoras carecen, por tanto, de íntima coherencia.
El conservatismo trabaja por mantener la organización tradicional de la sociedad.
Esa organización niega a la mujer los derechos que la mujer quiere adquirir. Las feministas
de la burguesía aceptan todas las consecuencias del orden vigente, menos las
23 Ídem

Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer
que se oponen a las reivindicaciones de la mujer. Sostienen tácitamente la tesis absurda de
que la sola reforma que la sociedad necesita es la reforma feminista. La protesta de estas
feministas contra el orden Viejo es demasiado exclusiva para ser válida”. 24
La postura de Mariátegui es la marxiana, como lo es la de Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo
y Lenin, todos de la hornada de comunistas de principios del siglo xx que
lucharon contra las posturas reformistas y revisionistas, y dedicaron su obra y su
vida a la revolución. Para ellos la lucha por la plena liberación de la mujer era parte
consustancial a la lucha por la emancipación humana.
¿Por qué presentar como una disyuntiva los esfuerzos para erradicar la opresión por
razones de sexo y la lucha de clases anticapitalista que busca acabar con el sistema
de explotación social? Cuestionando un supuesto extremo (el de la lucha de clases
vacía de preocupaciones de género), algunos críticos del marxismo cometen el error
reduccionista que dicen enfrentar: atomizan la opresión de género, presentando una
parte por el todo.
El establecimiento de una dicotomía excluyente debilita, de hecho, los esfuerzos
en cualquiera de las dos direcciones. Resta anclaje a las reivindicaciones de género,
reduciéndolas a un esquema simple de enfrentamiento entre sexos, sin conexiones
estructurales y culturales con el sistema de dominación múltiple. 25 A la par, entorpece
la concertación de intereses, voluntades y acciones de individuos, grupos y clases
oprimidos decididos –desde sus enfoques, condiciones y posiciones disímiles– a luchar
contra el sistema de explotación.
Marx y Engels abogaron por la unidad de los oprimidos en contra de los explotadores,
al tiempo que promovieron la participación femenina en el movimiento
revolucionario, defendiendo sus intereses específicos y decidiendo sobre cualquier
tema en cualquier nivel. Rosa Luxemburgo se negó a ser encasillada ella y enclaustrar
la cuestión de la mujer en círculos exclusivamente femeninos, no porque rechazara
la defensa de sus congéneres (dio pruebas sobradas de su interés) sino porque le
repugnaba el enfoque de gueto para este o cualquier otro tema y creía, marxiana al
fin, que solo entendiendo la complejidad económica, política y social era posible
enfrentar un asunto que atañe a la emancipación humana; precisamente por ello
impuso su derecho a opinar en los asuntos estratégicos del Partido y a participar en
las decisiones esenciales –como la postura ante la Guerra Mundial– que en su época
marcaron el enfrentamiento de clases a nivel nacional e internacional. Según queda
testimoniado en los Recuerdos sobre Lenin, de Clara Zetkin, el líder ruso también mostró
interés especial en la necesaria convergencia de las luchas por las reivindicaciones
24
José Carlos Mariátegui: Las reivindicaciones feministas, en: http://marxists.catbull.com/espanol/mariateg/1924/dic/19.htm
25
La categoría Sistema de Dominación Múltiple permite integrar el conjunto de las formas de dominio
y sujeción, al tomar en cuenta las dimensiones económica, política, social, educativa, cultural y simbólica.
Un desarrollo preciso y exhaustivo de la misma se puede consultar en la tesis de doctorado del
filósofo cubano Gilberto Valdés Gutiérrez, El sistema de dominación múltiple. Hacia un nuevo paradigma
emancipatorio, Fondo del Instituto de Filosofía, La Habana, 2002.

mSC. herminia rodríguez paCheCo
femeninas y las luchas anticapitalistas, a lo cual sumó su labor al frente de los Soviets
para empezar a desmontar estructuralmente, desde el punto de vista jurídico y cultural
el mecanismo de dominación patriarcal.
Con una claridad manifiesta, que no deja resquicios a las interpretaciones reduccionistas,
sintetiza Alexandra Kollontai la postura marxiana: “servir a la causa común de
la clase trabajadora y luchar simultáneamente por la emancipación femenina”. 26
El malentendido con respecto a la lucha de clases es comparable, por su extensión y
magnitud, a las críticas que le endilgan al marxismo posturas economicistas rayanas
en el materialismo vulgar. Simplificando al extremo la imagen usada por los fundadores
acerca de la relación entre base y superestructura, estos ataques terminan por
afirmar que para el marxismo todos los fenómenos sociales se explican exclusivamente
como consecuencia directa de las estructuras económicas y con la ayuda de
categorías económicas.
En primer término, cabe recordar que los propios clásicos conocieron en vida tales
diatribas. Ironizando, Marx tomaba distancia de esa caricatura fabricada sobre su
teoría, alegando que, si eso era marxismo, él no era marxista. En más de una ocasión,
Engels explicó el asunto, especialmente en sus famosas cartas de los años 90 del siglo
xix: interesados en subrayar la determinación económica del desarrollo social –ignorada
por el enfoque idealista de la historia- ellos le dedicaron esfuerzos y argumentos
sobrados a lo que, en última instancia, determina, pero no de modo exclusivo ni automático,
sino a través de las múltiples interrelaciones específicas que en cada lugar,
tiempo y circunstancia tienen lugar. El llamado factor subjetivo, nunca negado, tuvo
menos espacio en sus argumentaciones.
Veamos algunos de sus planteamientos al respecto y reflexionemos acerca de su
valor para el estudio de la opresión de género:
El modo como los hombres (los seres humanos) 27 producen sus medios de vida depende,
ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y
que se trata de reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente
en cuanto a la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un
determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de determinar
su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como los individuos
manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción,
tanto con lo que producen como con el modo cómo producen. 28
26
Alexandra Kollontai. El Día de la Mujer. Disponible en: http://www.marxists.org/espanol/kollontai/
1913mujer.htm
27
Allí donde las traducciones del alemán al español ponen hombres, he decidido poner seres humanos,
no adulterando el texto original, sino atendiendo al hecho de que en el idioma germano existen dos
términos (hombre - varón y hombre – seres humanos) que se vierten al castellano en una única palabra.
28
C. Marx y F. Engels: Ob cit., 1982, p. 19

Los iniciadores del marxismo y la cuestión de la mujer
Están bastante más estudiadas y reconocidas entre las feministas las posiciones y condiciones
dispares que mujeres y hombres han tenido en el ámbito doméstico y en el
público a través de la historia, sus roles en la producción y reproducción y su jerarquización
en la familia y la sociedad. Sin embargo, resulta mucho menos frecuente
el cruce de estos análisis con la concepción marxista acerca de la producción social.
Por lo regular, se entiende por tal, solo la creación de bienes materiales y se ignora u
omite el potencial que encierra esta categoría para entender el modo en que los seres
humanos nos hacemos en sociedad.
El filósofo cubano Rubén Zardoya Loureda apunta al respecto: “La categoría de
producción social se instala… en el centro de la concepción marxista de la vida
social y de la metodología dialéctico-materialista de investigación de las relaciones
humanas. Repárese en que, en este contexto, por producción social no se entiende
simplemente la creación de bienes materiales, e, incluso, espirituales, sean estos productos
alimenticios o locomotoras, preceptos morales o centrales electronucleares,
sino la creación de la propia sociedad, del propio hombre en sus formas históricas
concretas, la creación de la forma social en que el hombre se apropia de la naturaleza
y de las relaciones humanas. Ya de por sí, la idea de que la sociedad no simplemente
“está”, “existe”, sino se produce, constituye una revolución en las ciencias sociales.
El desarrollo consecuentemente materialista de las conclusiones fundamentales que
de este descubrimiento se desprenden, se lo debemos a los fundadores del socialismo
científico”. 29
Cuánto bebió el feminismo de esta revolución en las ciencias sociales, cuán importante
le resultó encontrar el fundamento teórico sobre el cual erigir sus tesis acerca
del género como construcción socio cultural. Si bien muchas repetimos con Simone
de Beauvoir que la mujer no nace, sino se hace, pocas acreditamos a Marx el mérito
de ayudarnos a mirar la sociedad, estudiar las relaciones y adentrarnos en nosotras
mismas como sujetos creadores a la vez que resultados de un proceso de producción
que nos involucra y nos desborda, que nos demanda actividad para hacernos y nos
condiciona el modo.
Conocida y reconocida, repetida hasta la saciedad, la producción material desempeña
un papel descollante que los clásicos mismos se encargaron de subrayar. La
producción espiritual, en cambio, subyace casi escondida, ausente de los manuales,
pero a la mano de quienes se adentren en los textos originales del marxismo.
Si decisivos resultan los intereses materiales y su manifestación en el comportamiento
de clases, muy importantes resultan las ideas, representaciones y teorizaciones
para la producción y reproducción del orden social, de las jerarquías, de las disímiles
formas de opresión, incluida, por supuesto la opresión por razones de género. En
este sentido, es invaluable el caudal que aporta la concepción marxista sobre la producción
espiritual.
29 Rubén Zardoya Loureda. “La producción espiritual en el sistema de la producción social”, en Lecciones
de Filosofía Marxista Leninista, t. II, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1991.

mSC. herminia rodríguez paCheCo
Por un lado, está la producción espiritual que realizan los profesionales de las ideas,
los encargados de legitimar el status quo para naturalizar sino lo justo, sí lo conveniente
y congruente a un sistema de explotación o, por el contrario, los creadores
intelectuales críticos, los cuestionadores del modo en que se están reproduciendo las
relaciones opresivas y promotores de la subversión de ese orden.
Por otro, la producción y reproducción de las relaciones sociales y de los seres humanos
que las conforman es deudora también de la producción espiritual “espontánea”,
es decir, de aquella que se genera en el intercambio entre “la gente común”,
responsables en gran medida de la producción, intercambio y consumo de ideas,
nociones y representaciones acerca de sí mismos, de su entorno, de la vida en la cual
están involucrados.
Bien sabe el feminismo a estas alturas que, tan importante como las teorías más
elaboradas acerca del género, son las construcciones subjetivas que se generan en
las personas acerca de lo que significa ser hombre o mujer. En un mismo campo
lidian concepciones de género diversas y hasta contrapuestas, intereses, jerarquías
establecidas, estereotipos que se constituyen y trasmiten, actitudes rebeldes, tradiciones
reaccionarias, todo influyendo en el qué y el cómo se reproducen las relaciones
de dominación y subordinación, cómo se relega el viejo orden y nacen atisbos del
nuevo, cómo coexisten formas contrapuestas de progreso, conservadurismo y hasta
reacción.
Quizás sea el campo de la producción espiritual uno de los grandes filones del pensamiento
teórico del marxismo que más convenga desarrollar al feminismo socialista
contemporáneo. Ante la avalancha de postmodernismos que avalan la fragmentación
en el plano conceptual y neoliberalismos que abogan por la desarticulación social,
el enfoque marxista de la producción social sirve de brújula para llegar a entender
cómo se producen las personas, cómo se producen las mujeres, los hombres y las
relaciones de género hoy.

elaciones de GÉnero en cUba:
las constrUcciones socio-cUltUrales
de lo FeMenino Y lo MascUlino.
PersPectiVas de caMbio”. resUMen
de inVestiGación
introducción y antecedentes
dra. MaYda álvarez suárez
MsC. irelYs sánChez Fernández
MsC. lien Más zurita
liC. Yelene palMero GarCía
liC. Marien aGüero andux
liC. Marisol iGlesias rodríGuez
Cuba.
El adelanto de la mujer en la sociedad fue asumido como uno de los objetivos estratégicos
priorizados del Programa de la Revolución Cubana y de la Estrategia Nacional
de Desarrollo puesta en práctica desde 1959, como parte de un proceso de
desarrollo esencialmente humanista.
La creación de premisas esenciales para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres
como la garantía de igualdad jurídica, la preparación cultural, técnica y profesional
de las mujeres, su incorporación al trabajo socialmente útil, la promoción de
su participación política y la transformación en general de su condición y posición
social, han propiciado y propician la participación de las cubanas en el desarrollo, en
todos los ámbitos de la sociedad.
Múltiples han sido las acciones impulsadas para eliminar los estereotipos que aún
siguen obstaculizando el avance de la mujer. Entre esas acciones resaltan las relacionadas
con la educación, en materia de legislación, de empleo, promoción de la mujer,
salud y las que han estimulado el estudio de las relaciones de género en Cuba. Basta
mencionar la existencia y vigencia del Plan de Acción Nacional de la República de
Cuba de Seguimiento a los Acuerdos de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing
1995, acuerdo del Consejo de Estado que contiene 90 medidas para el adelanto
de la mujer y las relaciones de género en Cuba.

100
dra mayda álVarez Suárez
En este camino transitado para lograr una verdadera transformación cultural de los
valores y de las identidades, ha sido determinante la labor realizada por laFederación
de Mujeres Cubanas (FMC), organización que desde su surgimiento en 1960, se ha
convertido en una organización especializada en el tema de la mujer y un referente
obligado para el gobierno en el diseño de las políticas, programas y leyes orientadas
hacia la mujer o que inciden sobre ella. De hecho, funge como Mecanismo Nacional
para el Adelanto de la Mujer en Cuba y tiene una decisiva participación y aporte en
la ejecución y seguimiento del mencionado Plan de Acción Nacional de Seguimiento
a los acuerdos de Beijing.
Sin embargo, a pesar de las trascendentales transformaciones ocurridas en las relaciones
de género y en la condición y posición de las mujeres cubanas de hoy, no se
pueden desconocer que aún persistendesigualdades en nuestra sociedad, algunas de
cuyas causas han sido identificadas. Atenuarlas o eliminarlas constituyen algunos
de los retos que aún tiene que asumir la sociedad en relación con la igualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres.
Constituyeron antecedentes de la presente investigación las siguientes:
• “La igualdad de la mujer en el proceso revolucionario cubano: Teoría y práctica
social” (FMC, 1989).
• “Mujer y Poder: Las cubanas en el Gobierno Popular” (Centro de Estudios de
la Mujer, CEM, 1994).
• “Mujer y Poder en el gobierno popular: ¿Dónde se pierden las mujeres?”
(CEM, 1999).
• “Análisis de la aplicación del enfoque de género en la selección y promoción
de los cuadros y su reserva” (CEM, 2002).
• “Análisis sobre la situación de la niñez, la adolescencia, la mujer y la familia en
Cuba”(CEM, 2000).
• “Hombres y Mujeres Cuadros del Turismo: Rol Profesional y Roles Materno
y Paterno en la Familia”(CEM, 2002).
• “Género y proyectos de desarrollo humano local en Cuba: Sistematización de
la experiencia de capacitación”(CEM, 2003).
• Desigualdades de género en la sociedad cubana actual (CEM, 2008).
• Talleres de capacitación sobre género realizados por el CEM, durante los años
2009 y 2010.
Sirvieron también como insumo de esta investigación, estudios realizados por otros
organismos, entre los que se encuentran:
• Evaluación sobre el desarrollo de actividades de educación sexual en las
Secundarias y manifestación de comportamientos en la esfera de la sexualidad
(MINED, 2001).

Relaciones de género en Cuba: .las construcciones socio-culturales de lo femenino...
• Evaluación sobre los conocimientos y el comportamiento psicosexual de los
estudiantes del nivel medio superior y universitario (MINED, 2005).
• Investigación sobre la formación del profesional de la educación en Cuba,
desde la equidad de género: de lo recurrente a lo necesario (Universidad de
Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, Holguín, 2010).
• Juventud y Educación en Cuba: Estrategia de inclusión social femenina (CIPS,
2010).
teoría de Género y construcciones
socio-culturales de género
El proyecto de investigación se basó en la identificación de la existencia de una
realidad compleja e insuficientemente investigada desde miradas interdisciplinarias:
la masculinidad y la feminidad. Nos propusimos describir, analizar, interpretar y
profundizar en su conocimiento y con ello, contribuir a su comprensión teórica
y aportar elementos que permitan atenuar las problemáticas que perpetúan la desigualdad
de género.
Nuestra investigación se sustenta en el conjunto de categorías, interpretaciones, conocimientos,
hipótesis, relativas a los fenómenos históricos y culturales construidos
en torno al sexo, es decir en la “teoría de género”. Exponentes imprescindibles de
esta teoría son Joan Scott, Teresita de Barbieri, Marta Lamas, Marcela Lagarde, entre
otras. Las elaboraciones teóricas de esta última han sido nuestra referencia principal
en la presente investigación.
El “género” como categoría, es una construcción simbólica que contiene el conjunto
de atributos o características asignadas a las personas a partir del sexo. Se trata de
características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas que la
sociedad atribuye a lo que considera “masculino” o “femenino”. Las mismas son
construcciones socioculturales que varían a través de la historia pues se nutren de
elementos cimentados en el tiempo y que dependen del contexto en el que la persona
se desarrolla; razón por la cual son susceptibles de cambio.
Pero género es más que una categoría, es una teoría que forma parte de la historia feminista,
de los movimientos y organizaciones de mujeres, de sus luchas políticas, sus
logros, avances y conquistas. Es una concepción dialéctica que permite comprender
que los fenómenos de género están multideterminados.
Esta teoría nos permite interpretar la complejidad social, cultural y política de las
relaciones entre hombres y mujeres y la manera en que estas se construyen socialmente,
relaciones que son contradictorias y jerarquizadas, estructuradas alrededor de
101

102
dra mayda álVarez Suárez
dinámicas de poder-subordinación, en las cuales históricamente se le ha concedido
mayor importancia a las características y actividades asociadas a lo masculino. Esta
visión dialéctica de las relaciones de género ha sido ignorada por otras visiones en
nuestra cultura, las cuales consideran que las diferencias entre mujeres y hombres
son naturales, biológicas, y por lo tanto, irremediables e inmutables; no reconocen
que las relaciones de desigualdad entre los géneros son producto del orden social y
consideran que las mismas no tienen el suficiente impacto sobre el desarrollo de una
sociedad y de las personas.
Todos los procesos de vida son procesos culturales y todas las personas son seres de
cultura, aprenden y generan cultura, viven a través de su cultura. Analizar las maneras
en que las personas asumen su cultura, es decir asumen las concepciones del mundo
filosóficas, ideológicas, religiosas, científicas y éticas predominantes en una sociedad
constituye un elemento esencial para comprender su subjetividad, su identificación o
su extrañamiento con ese mundo y la forma en que se comporta en él.
Los atributos y funciones producto de la cultura, asignadas al género se interiorizan
a través de la “socialización”, entendida como un complejo y detallado proceso cultural
de apropiación por parte de las personas de formas de representarse, valorarse,
y actuar en el mundo según el sexo. Cada persona es enseñada desde pequeña a ser
mujer o a ser hombre por diferentes personas, instituciones y medios y cada quien
aprende o no de acuerdo a sus posibilidades, cada quien se apropia, hace suyo en grados
diferentes los mandatos de género, los cumple o los desobedece. Esa experiencia
internalizada, en la cual el sujeto no es pasivo, va configurando la subjetividad, el
psiquismo. El género es entonces constitutivo de la identidad de cada persona como
parte de su subjetividad, es un resultado de la socialización, pero a su vez, a través de
este proceso se comparten y perpetúan socialmente las representaciones de las que
somos portadores.
Entre los principales ámbitos de socialización tenemos: la familia, la escuela, la comunidad,
el discurso literario, los medios de difusión masiva y otros. En la formación
de la identidad de género se entrelazan entonces un conjunto de influencias:
biológicas, históricas, de clase, etnia, raza, nacionalidad, del territorio donde se vive,
de la ubicación urbana o rural y también una serie de influencias más específicas: la
familia concreta en laque se nace y se crece, la escuela a la que se asiste, las personas
que integran nuestro grupo de amigos y amigas más cercanos, entre otros.
Para profundizar en los aspectos de la subjetividad y en cuáles elementos favorecen
o entorpecen la equidad de género, la teoría de género constituye la concepción
teórico-metodológica en la cual nos basamos. De las categorías que la integran
hemos seleccionado para trabajar dos: construcciones de género e identidades de
género.

Relaciones de género en Cuba: .las construcciones socio-culturales de lo femenino...
Definimos las “construcciones socioculturales de género” como el conjunto de
creencias, ideas, juicios, valoraciones, mitos, actitudes, orientadas hacia la comprensión
de las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, hombres y hombres,
mujeres y mujeres, en una sociedad determinada e históricamente contextualizada
y que sirven de guía para la comunicación y el comportamiento en la vida
cotidiana.
Entre ellas, estudiaremos las relativas a los roles sexuales y profesionales, las relaciones
interpersonales que tienen lugar en la cotidianidad, los estereotipos de género, las
relaciones de poder entre hombres y mujeres, porque en ellas se evidencia la interacción
e interdependencia entre procesos sociales e individuales y cómo las normas y
las exigencias culturales regulan los límites y las experiencias personales.
La “identidad de género” es comprendida comoaquellos aspectos de la valoración
de sí mismo o de la autovaloración que nos definen como hombre o mujer. Integra
las formas específicas de ser, pensar y sentir asumidas por los individuos desde las
asignaciones sociales y que los identifican como mujeres u hombres. Así, operacionalmente
hablamos de “masculinidad” para distinguir al conjunto de atributos, valores,
funciones y conductas que se suponen esenciales al hombre y la “femineidad”
o “feminidad” para señalar el conjunto de atributos, valores, funciones y conductas
que se suponen esenciales a la mujer en una cultura determinada.
La realidad estudiada: “las construcciones socioculturales de lo femenino y lo masculino”,
se considera dinámica, global, construida y procesal y por ello, el diseño de
nuestra investigación fue concebido de manera flexible, abierta y de permanente
reelaboración junto a la marcha del proceso investigativo.
La intención fundamental de este estudio es precisamente caracterizar las construcciones
socioculturales de género existentes actualmente en nuestra sociedad, sus
principales contenidos y contradicciones , y con ello contribuir a potenciar cambios
en la subjetividad que favorezcan una mayor igualdad entre mujeres y hombres.
objetivos, acercamiento metodológico
y estrategia utilizada
objetivos específicos
• Constatar cuáles son las construcciones socioculturales de género de diferentes
grupos de la sociedad cubana actual.
• Analizar en qué medida dichas construcciones contribuyen al cambio en las
relaciones de género o actúan reforzando las brechas o desigualdades aún
existentes.
103

10
dra mayda álVarez Suárez
• Elaborar recomendaciones que contribuirán a la deconstrucción de conceptos,
estereotipos y prejuicios que limitan el logro de relaciones más equitativas
entre hombres y mujeres en nuestro contexto, fundamentalmente a través de
la educación y los medios de comunicación masiva.
La investigación privilegió la “metodología cualitativa”, con la indagación de los
contenidos de la subjetividad de género en muestras pequeñas y a través de diferentes
técnicas. No se pretendió hacer un análisis estadístico ni realizar inducciones
generalizadoras, sino apuntar indicios de lo que, en este momento y aquí, se concibe
como lo femenino y lo masculino y valorar la dinámica continuidad-ruptura,
tradición-cambio en el estado actual de las relaciones de género.
Las técnicas de investigación utilizadas fueron tanto cualitativas como cuantitativas:
composiciones abiertas, completamiento de frases, dibujo, grupos focales, historias
a completar, cuestionario, escaleras valorativas y entrevistas individuales, ajustadas
a las características de los diferentes grupos. Las categorías para la integración del
análisis fueron: contenidosde las construcciones socio-culturales de género (conocimientos,
creencias, valoraciones, vivencias); cambios reconocidos; satisfacciones e
insatisfacciones con su condición de hombre o mujer.
Fueron diseñados cinco estudios cualitativos en diferentes grupos y provincias que
se articulan e integran mediante las respuestas a las preguntas siguientes:¿Qué se
mantiene de lo tradicional?¿Qué cambia?¿Cuáles elementos novedosos se incorporan?
¿Cuáles satisfacciones e insatisfacciones tienen mujeres y hombres con el orden
de género actual?¿En qué sentido se produce el cambio? Estos fueron:
• Construcciones socioculturales de género en estudiantes universitarios.
• Concepciones y vivencias sobre la maternidad. Su lugar en las identidades de
género de jóvenes cubanas.
• Subjetividad de género en adultas y adultos mayores. Aproximación desde las
representaciones sociales.
• Masculinidades: otras voces por la equidad de género. Análisis de los talleres
realizados en varias provincias con hombres y mujeres
• La violencia contra la mujer en las relaciones de pareja género de jóvenes
cubanas. Un acercamiento desde las personas que solicitan ayuda en las Casas
de Orientación a la Mujer y la Familia.
En total fueron estudiadas 366 personas, de ellas, 264 eran mujeres y 102 hombres,
de las provincias de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus,
Holguín y Santiago de Cuba. De ellos, 274 jóvenes, 53 adultos(as) y 39 adultos(as)
mayores, de acuerdo con los objetivos específicos de cada estudio.

Relaciones de género en Cuba: .las construcciones socio-culturales de lo femenino...
Principales resultados
contenidos de las construcciones socioculturales
de género: las cualidades y atributos
lo tradicional
Los contenidos de las construcciones socioculturales de género constatados, son
asociados por la mayoría de las personas estudiadas, predominantemente a un origen
biológico o natural y a atributos de carácter físico.
Así, la masculinidad es caracterizada en varios grupos de adultos, técnicos y profesionales
de tres provincias del país, la mayoría hombres, desde cualidades y atributos
que responden sobre todo, a una concepción patriarcal y en esencia tradicional. La
exigencia social de rudeza, firmeza y fortaleza ante cualquier eventualidad y el cumplimiento
de la representatividad económica de proveedor económico de su pareja y
familia se marcan distintivamente como rasgos de ella.
La masculinidad es representada principalmente en el espacio público y se valora
como actividad fundamental para un hombre el trabajo, al mismo tiempo que se
subvaloran las tareas domésticas. Una sexualidad sana y feliz está determinada en
gran medida por la satisfacción de sus necesidades e instintos sexuales, por poseer
virilidad y contar con una pareja que los satisfaga; se sienten además, los principales
responsables de la vida sexual satisfactoria de su pareja. Una forma específica de hablar,
vestir y gesticular, junto al alcoholismo, la infidelidad en las relaciones de pareja
y la heterosexualidad forman parte indisoluble de la masculinidad.
En general, hombres y mujeres definen “ser macho” como el superlativo de los roles
y rasgos masculinos, significa poseer una conducta muy heterosexual, ser agresivo,
rudo, violento, bruto, fuerte, comportarse como el que dirige y ordena haciendo
primar su criterio en la familia y en la pareja; gustar de actividades vinculadas a los
deportes, tener actitudes beligerantes, ser poco reflexivo e intolerante, rígido en el
comportamiento, duro de carácter, insensible, enfrentar circunstancias determinadas
sin miedo y no expresar los sentimientos.
La violencia es entonces también identificada con la masculinidad por hombres y
mujeres. En las entrevistas realizadas a mujeres maltratadas que han acudido en busca
de orientación y ayuda a las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la Federación
de Mujeres Cubanas, las mismas señalan las causas de la violencia están en
la dependencia económica o habitacional que tienen de sus parejas y en no responder
a los mandatos del esposo; también la asocian a situaciones de alcoholismo. Sin
embargo, no logran identificar conscientemente como causa esencial de la violencia,
el desequilibrio de poder en las relaciones entre mujeres y hombres a favor de estos
últimos, heredado de la cultura machista.
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dra mayda álVarez Suárez
Los adultos mayores estudiados definen también lo masculino con un alto componente
biológico, desde cualidades relacionadas con la apariencia física (“fortaleza,
vigoroso, varonil, manos duras”); desde su posición en el espacio económico (“lo
masculino es un hombre albañil, doctor, pelotero, hombre trabajador, luchador de la
vida, que realiza el trabajo que no realiza la mujer,dispuesto a dar respuestas adecuadas
a su casa y a la defensa del país”, “sabe hacer de todo”.) y se identifica además
con la constante demostración de valores morales (“ejemplo, sacrificado, responsable,
exigente, respetuoso, es un hombre hecho y derecho que sabe comportarse
bien, honesto, honrado”).
Comparten la concepción de que ser padre es “ocuparse de todo en la casa, atender
a las mujeres, imponer respeto, apoyo a la madre, dirección de la educación y formación
de los hijos, responsabilidad, exigentes con sus hijos”, es “cabeza de familia, el
representante de la familia, la figura principal de la familia, imprescindible en el hogar”,
el “complemento de la mujer”, “lo más importante en la vida de una mujer”.
La familia heterosexual con la figura masculina como autoridad, es lo aceptado por
los sujetos del estudio para constituir una familia. Las parejas de homosexuales no
son familias ni deberían tener hijos.
Lo “femenino”, por otra parte, es definido también por los distintos grupos estudiados,
desde cualidades o atributos que permanecen asociadas a lo biológico, lo natural
(fertilidad, procreadora, bella, atractiva, sensual, delicadas, presumidas, coquetas), al
componente afectivo de las relaciones humanas (suave, tierna, dulce, sensible, amorosa,
cariñosa, fiel) y a la vocación de servir y vivir para los demás (madre, esposa,
amar, criar, educar, dependiente, servicial, sacrificada, estable, consagrada, sacrificada).
La mayoría de los adultos y adultas mayores, por ejemplo, consideran a mujeres y
niñas las encargadas de realizar las labores domésticas con “la ayuda de su compañero,
según su gusto”, es decir, siguen siendo las poseedoras, por excelencia, del mundo
privado y destacan el rol de lo femenino desde lo maternal.
Sin embargo, para la mayoría de los y las jóvenes estudiantes encuestados, existen
cualidades que pueden estar presentes en ambos sexos como: inteligencia, responsabilidad,
creatividad, solidaridad, ser buen padre/madre, laboriosidad, egoísmo, independencia,
amabilidad, firmeza, fidelidad, valentía y resistencia. Aunque ellos, si
bien reconocen que un grupo importante de cualidades son tanto femeninas como
masculinas, consideran otras más femeninas que masculinas, como son la delicadeza,
ternura y sensualidad, mientras la agresividad es valorada más masculina que femenina.
Un conjunto de mitos relacionados con la maternidad como “las mujeres sólo se
sienten realizadas cuando se convierten en mamá”y “son mejores para la crianza
de los/as hijos/as debido a su instinto maternal”y expresiones como: “mujer es ser
madre”, “mujer es quien le proporciona el alimento y cariño al hijo”, “sinónimo
de ternura, amor, indispensable para llevar a cabo diferentes funciones sociales”,
“las madres como principales educadoras de sus hijos y transmisoras de las buenas

Relaciones de género en Cuba: .las construcciones socio-culturales de lo femenino...
costumbres en la familia y el hogar”, “dulzura, fertilidad, amor, pasión, belleza”,
“placer, vida, procreadoras de la vida, madres y esposas, en la vida del hombre lo
más importante”, confirman en todos los grupos la correlación mujer-madre como
núcleo central de la feminidad.
Las concepciones y vivencias que sobre la maternidad se obtuvieron en los contenidos
expresados por el grupo de jóvenes madres y las aún no madres entrevistadas,
evidencian incluso en las jóvenes, la presencia de creencias relacionadas con los roles
tradicionalmente adjudicados a la mujer. En sus expresiones se destacaron los mandatos
valorativos impuestos por la cultura, que van pautando modelos de cómo debe
ser una buena madre. Estas concepciones sobre la maternidad se apoyan en dos
aspectos fundamentales: aquellos relacionados a sentimientos afectivos y de placer y
los relacionales, es decir, los que caracterizan la relación que establece la madre con
sus hijos e hijas basada en el sacrificio, la abnegación, la responsabilidad y la entrega
incondicional.
Las elevadas exigencias asociadas a la maternidad desde lo tradicional motivan que
esta sea percibida y vivida en constante conflicto por las jóvenes, predominando la
presencia de sentimientos ambivalentes y antagónicos. Por una parte, es considerada
como “lo mejor que le puede pasar a una mujer”, por ser valorada como maravillosa,
por todo el amor que lleva implícito el hecho de ser madre y educadoras, guías y
formadoras, proveedoras de felicidad y de crecimiento psicológico y espiritual de los
(as) hijos, y simultáneamente se reconocen sus altos costos y todas las pérdidas que
representan para la mujer madre, incluidas la pérdida de libertad, de independencia,
de tiempo para sí misma, entre otras.
Las jóvenes no madres se refirieron con mayor frecuencia a particularidades de la
maternidad relacionadas con dificultades e inconvenientes, algunos de ellos propios
de las exigencias y mandatos sociales vinculados al rol de madre (dependencia, responsabilidad
para toda la vida, dedicación constante) y otros que están presentes en
la sociedad actual y que también la afectan directa e indirectamente (reto económico,
carencias, necesidades). El vínculo que ellas establecen entre estas dificultades, tanto
sociales como económicas, y la maternidad, pudiera estar condicionando el hecho de
que aún no se hayan decidido a tener sus hijos e hijas ya que en la definición asumida
por ellas de una “buena madre” prevalece la visión tradicionalista de la madre altruista
y entregada de forma incondicional y a tiempo completo. Todo ello evidencia la
complejidad con que se percibe la maternidad.
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los objetos y espacios
dra mayda álVarez Suárez
La socialización de género tiene lugar a través de las actividades y relaciones que se
establecen con niños y niñas, a ellos y ellas se les asignan socialmente de manera diferenciada
objetos, espacios y funciones. Así van interiorizando, aprenden que esos espacios,
objetos, actividades o profesiones son masculinos o femeninos, y se justifica
entonces la presencia o no de mujeres o de hombres en los mismos, según el caso.
En la mayoría de las personas estudiadas los “objetos” como el auto, bicicleta,
herramientas, juego de dominó, fosforeras, botella de ron, son asociados predominantemente
al hombre, mientras que los utensilios de cocina, la máquina de coser, la
lavadora, la escoba, el espejo, los tintes de pelo, son más relacionados con la mujer.
En estos criterios se evidencia nuevamente la forma en que estas personas han asumido
y naturalizado patrones y tradiciones de la sociedad, la mujer como la figura
dedicada con mayor predominio a las tareas domésticas y al espacio del hogar y el
hombre a las actividades públicas. No obstante, ciertos indicadores reflejan cambios
en este sentido: algunos objetos, según el criterio de los jóvenes estudiantes y son
compartidos por ambos sexos, entre ellos, el auto, el teléfono, el televisor, el DVD,
el espejo, el libro, la computadora y el mando del televisor.
Se indagó también acerca de los espacios que las personas investigadas adjudican
preferentemente a hombres o a mujeres. Los espacios adjudicados a la mujer son
fundamentalmente los privados como la cocina, el jardín y la casa. Así mismo, en la
tienda, el agromercado y la bodega se les coloca a ellas con mayor frecuencia. Sin
embargo, el espacio público, relacionado con lo racional y el poder es más identificado
para los hombres cuando los vinculan con el garaje, el estadio, el taller y la calle.
En los más jóvenes se observan cambios, ya que consideran lugares para ambos
sexos: el centro de trabajo, la escuela, el gimnasio, la calle, la casa, el agromercado y
la bodega y en menor proporción(un poco más de la mitad) la tienda y el jardín.
las profesiones
Con el grupo de jóvenes fueron exploradas las especialidades y profesiones asignadas
a hombres y mujeres. Con ellas sucede algo similar que en las respuestas anteriores.
Estos/as jóvenes también establecen divisiones en las profesiones a ejecutar por
mujeres y hombres. La mayoría asocia a las mujeres con la labor de costura, auxiliar
de limpieza y secretaría, mientras para los hombres serían los trabajos de carpintería,
mecánico, construcción, chofer y pilotear aviones.

Relaciones de género en Cuba: .las construcciones socio-culturales de lo femenino...
Sin embargo, algunas profesiones son consideradas para ambos sexos: dirección,
investigación, cirugía, artesanía, cocinero, fotografía, administración, ortopedia, pediatría,
trabajo social e ingeniería. Los criterios sobre la ocupación de obrero de una
fábrica o las especialidades de la agricultura y de la actividad policial se encuentran
divididos. Si bien con respecto a estos últimos predominan las opiniones acerca de
que estas profesiones le pertenecen a ambos sexos, resulta significativo el número
de encuestados que piensa que son especialidades propiamente de hombres.
los cambios
Todos los estudios apuntan a la percepción en las personas de que han tenido lugar
cambios relacionados con los contenidos y funciones de lo femenino y masculino y
en las relaciones de género en nuestra sociedad. Los sujetos en estudio los asumen
como resultado de las transformaciones y el diseño de acciones económicas, políticas
y sociales, puestas en práctica por el Estado cubano para el adelanto y la igualdad
de derechos y oportunidades para la mujer, a partir del triunfo revolucionario en
1959.
Los cambios que perciben son:
• Mayor participación social de las mujeres.
• Avances en las concepciones: “las mujeres son más libres; los hombres, menos
machistas”.
• Algunas personas advierten disparidades en el proceso: mayores avances en
las mujeres y menores en los hombres.
• Algunas interpretan que los cambios en las mujeresestán en función de sí mismas,
mientras los de los hombres, en función de los logros que han alcanzado
las mujeres.
Tanto en los roles o funciones, las cualidades o atributos, los objetos, espacios y las
profesiones, asociados tradicionalmente a lo masculino y a lo femenino pueden ser
apreciados cambios:
• El ámbito público dejó de ser considerado un espacio predominantemente
masculino y excepcionalmente femenino
• Se han transformado algunas de las dinámicas motivacionales y de conducta
de los/as adultos mayores, ya que los mismos muestran una necesidad de protagonismo
social no ya desde los roles tradicionales sino, desde la inserción a
nuevos proyectos de vida.
• Los hombres muestran algunos avances en sus “concepciones” hacia una paternidad
más responsable.
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dra mayda álVarez Suárez
• Es admitido el desempeño por parte de los hombres adultos y adultos mayores
en actividades del ámbito doméstico, aunque con algunas reservas. Sin
embargo, los y las jóvenes perciben hoy una mayor participación de los hombres
de su familia en las tareas hogareñas.
• A pesar de que en las expresiones sobre las cualidades y deberes de las mujeres
se valoraron aspectos asociados a las características más tradicionales modeladas
por la cultura patriarcal, existieron otras expresiones que rompen con lo
socialmente esperado y que revelan una concepción más moderna sobre sus
roles y responsabilidades, entre ellas ser independiente, amarse a sí misma,
tener autonomía y desarrollarse personal y profesionalmente.
• El diapasón de cualidades atribuidas a hombres y mujeres se ha enriquecido,
sobre todo para las mujeres, siendo frecuente la inclusión en sus identidades
la inteligencia, creatividad, resistencia, fortaleza, independencia. Para los
hombres se consideran ya cualidades como la ternura, la solidaridad, ser buen
padre.
• Se asocia a las mujeres con profesiones en las que antes ellas tenían nula o
escasa presencia (investigación científica, ingeniería, dirección, medicina).
• Si bien para la mayoría de las jóvenes la maternidad continúa siendo el eje
de su identidad de género, ya no lo es de forma excepcional o exclusiva, sino
se presenta compartido con otros intereses y aspiraciones, principalmente los
relacionados con su desarrollo en el plano profesional. Casi la totalidad de
las jóvenes que aún no son madres, aunque incluyen a la maternidad dentro
de sus proyectos de vida, lo conciben como un evento a realizar después de
alcanzar ciertos logros en el plano laboral y personal.
las identidades de género
Las identidades de género de las personas investigadas fueron analizadas fundamentalmente
a través de las autovaloraciones realizadas y de la expresión de satisfacciones
e insatisfacciones con su condición de género.
Conocer la conformidad o inconformidad de las personas con respecto a los mandatos
sociales de género resultó de gran valor, pues constituyen la expresión de cuán
interiorizados están los estereotipos y tradiciones o, por el contrario, los cuestionamientos,
inconformidades y las vivencias de conflicto que experimentan al asumirlos.
En estos últimos pueden estar precisamente los gérmenes del cambio.
Todos los estudios revelaron satisfacción general de las personas consigo mismas en
cuanto la pertenencia y cualidades de su género.

Relaciones de género en Cuba: .las construcciones socio-culturales de lo femenino...
Las satisfacciones de ser mujer, expresadas fundamentalmente por las jóvenes, fueron:
• Posibilidad de ser madre: “puedo ser madre”; “es un placer dar a luz”; “considero
que ser madre es el mayor regalo de ser mujer”; “ser madre es el gran tesoro de
las mujeres”.
• Sentimientos afectivos y de placer de la madre con sus hijos e hijas: “ser buenas
madres”; “atender marido, hijos, casa y trabajo a la vez”; “los hijos se quedan con
nosotras”; “educar a nuestros hijos”; “mejores relaciones con los hijos”; “hijos
más apegados”; “los hijos las defienden las cuidan”. Relaciones basadas en el
sacrificio, la abnegación, la responsabilidad y la entrega incondicional.
• La maternidad es considerada como: “lo mejor que le puede pasar a una mujer”,
“por ser algo maravilloso”, “por todo el amor que lleva implícito el hecho de ser
madre” y la mujer se identifica como proveedora de felicidad y de crecimiento
psicológico y espiritual.
• Poseer cualidades como la sensibilidad, delicadeza, ternura, comprensión, sensualidad,
belleza, posibilidad de presumir y de lucir.
• Ser independiente, amarse a sí misma, tener autonomía y desarrollarse personal y
profesionalmente.
• Las consideraciones que existen hacia las mujeres: “todo lo que pedimos, nos lo
dan”; “se les facilitan ciertas cosas en determinados momentos”; “las comprenden
más”; “se supone que el hombre las cuide”; “ser conquistada, cortejada”;
“conseguir favores con mayor facilidad”; “te dan más oportunidades en el trabajo”;
“convencemos más fácilmente a los hombres”; “los hombres pagan las
salidas”; “ser tratadas con cortesía”; “más considerada por la sociedad”.
Las satisfacciones de ser hombre, expresadas por los jóvenes fueron:
• No existencia de prejuicios sociales hacia los hombres y la superioridad sobre
las mujeres en cuanto a libertad y no limitaciones: “disfruto de ciertas libertades
que las mujeres carecen”; “más libertad para actividades y aventuras”; “no tengo
que realizar tareas domésticas”; “siempre hago lo que quiero sin tanto prejuicio
social”; “tengo más oportunidades en la sociedad y puedo ser quien da la última
palabra, soy el que protege y me siento bien al respecto”.
Los estudios, asimismo, revelaron insatisfacciones de las personas en cuanto a
aspectos específicos a la hora de asumir los mandatos sociales de la masculinidad y
la feminidad.
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Las principales insatisfacciones expresadas por las muchachas fueron:
dra mayda álVarez Suárez
• Prejuicios, discriminación social y subvaloración hacia las mujeres: “a veces
no se nos da el lugar que merecemos”; “sufrimos discriminación”; “existen
roles impuestos por la sociedad, que te hacen dudar que es bueno ser mujer”;
“casi siempre los hombres son machistas y abusadores con nosotras”; “algunos
consideran que el hecho de ser mujer, nos limita en algunas tareas”; “a nosotras
la sociedad nos lleva más recio, si hacemos algo mal hecho”; subvaloración
de mis capacidades”; “algunas veces los hombres nos subestiman”; “los hombres
tienen más libertad”.
• Altos costos de la maternidad y pérdidas que representan para la mujer madre,
incluidas la de libertad, de independencia, de tiempo para sí misma, entre
otras.
• Dificultades e inconvenientes de la maternidad, algunos de ellos propios de
las exigencias y mandatos sociales vinculados al rol de madre (dependencia,
responsabilidad para toda la vida, dedicación constante) y otros que están presentes
en la sociedad actual y que también la afectan directa e indirectamente
(reto económico, carencias, necesidades).
• Carga doméstica: “tienes que atender los quehaceres de la casa más que los
hombres”; “trabajar doble en la casa y en el trabajo”; “tiene que ocuparse de
la casa, los hijos y el esposo”; “tienen muchas cosas en la mente, porque están
en todo en la familia”; “los hombres se creen que tenemos que cuidar la casa
y los hijos”; “hay machismo, sobre todo en las labores de la casa”.
• Procesos biológicos femeninos que afrontan las mujeres a lo largo de su vida,
como son: “la menstruación”; “la menopausia”; “el parto”; “amamantar”.
• Falta de fuerza física de las mujeres; “no tenemos fuerza para algunas cosas”;
“no siempre podemos realizar todas las actividades que hace un hombre”;
“realizar trabajos que le exigen un gran esfuerzo físico”; “no puedo hacer
cosas de trabajo pesado”; “depender de los hombres para salir a altas horas”;
“te atacan fácilmente”; “me siento en peligro, cuando estoy sola”.
Los muchachos por su parte manifestaron las siguientesinsatisfacciones:
• Tener que apropiarse de roles tradicionales de lo que es ser hombre para la
sociedad: “en ocasiones debemos asumir patrones que están muy arraigados
en la sociedad”; “no se nos permite ser demasiado cariñosos, llorar o mostrar
sentimientos de debilidad”; “debemos ser decididos, arrojados, conquistadores
por naturaleza, por lo que atenta con la estabilidad de la pareja”; “a veces
nos tildan de machista o infieles solo por el hecho de ser hombre”; “están más
obligados socialmente a ocultar su sensibilidad”; “existen criterios cerrados
sobre lo que es la masculinidad”; “te limitas a hacer cosas para responder a
determinados estereotipos”; “carga económica de la casa impuesta por la sociedad”;
“por ser delicados, inteligentes, responsables son en ocasiones, mal
mirados por algunas personas”.

Relaciones de género en Cuba: .las construcciones socio-culturales de lo femenino...
En resumen, las insatisfacciones con las identidades de género asignadas-asumidas
se producen debido a: demandas sociales interpretadas como imposiciones que se
sienten obligados a asumir para “no ser mal vistos”, para ser aceptados como buenos
hombres o mujeres y por la existencia en determinados contextos de prejuicios
anacrónicos, subvaloraciones descontextualizadas y discriminación. Los jóvenes manifiestan
menos insatisfacciones con su género que las muchachas.
conclusiones
La lectura analítica e integradora de los estudios realizados y de los que constituyeron
antecedentes de los mismos, evidencian aún el predominio en cubanos y cubanas de
contenidos tradicionales y estereotipados de las construcciones socioculturales
de género.En general, las personas se sienten deudoras de su formación: no solo la
advierten, en buena medida también la asumen y cargan, aunque a veces se sientan
inconformes con las reglas tradicionales.
Las influencias que ejerce el contexto en el cual se desenvuelven y las instituciones
socializadoras, son también reconocidas por los y las entrevistadas como determinantes
de sus comportamientos, lo cual estimula la reflexión crítica sobre sí mismos
y su entorno.
Sin embargo, aun cuando no sea de manera sistematizada, las personas estudiadas
están enjuiciando racional y críticamente las concepciones de género establecidas.
Como resultado del proceso de toma de conciencia de género, la mayoría expresa
cambios con respecto a las nociones tradicionales de género en sus valoraciones y
algunas están dispuestas a cambiar también determinadas actitudes y conductas.
Los estudios cualitativos realizados no permiten brindar una respuesta simple ni homogénea
al sentido en que se están produciendo los cambios, ni para las diferentes
personas según su edad u ocupación, ni para los diversos ámbitos (privado, público),
ni territorios; pero sí muestran la complejidad de un proceso de tránsito, con múltiples
contradicciones que, interpretadas desde la dialéctica, son el germen de futuras
transformaciones.
Las personas estudiadas de diferentes sexos, generaciones y ocupaciones tienen y
reconocen que viven esas “contradicciones” y que se encuentran inmersas en un
proceso de tránsito en cuanto a las relaciones de género: cualidades, creencias, valoraciones
tradicionales, conviven con nuevas concepciones, mediadas tanto por transformaciones
objetivas en las estructuras sociales como por cambios en la propia
subjetividad y en la de los demás. Estas contradicciones en la subjetividad de las personas
es lo que se ha llamado sincretismo de género (Lagarde, M; 2011). El mismo
se define como la mezcla de lo tradicional y lo moderno, de subjetividad patriarcal
y emancipatoria, significa estar atrapadas (os) en redes e imposiciones patriarcales,
pero al mismo tiempo emancipadas(os) con ciertas libertades y recursos.
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dra mayda álVarez Suárez
Una actitud crítica está teniendo lugar en mujeres y hombres, sobre todo en los y las
jóvenes, la misma puede quedar limitada solo a la expresión de quejas, lamentaciones
e insatisfacciones, o traducirse en una actitud transformadora. En las contradicciones e
insatisfacciones mencionadas están precisamente las potencialidades para el cambio.
recomendaciones generales
• Fortalecer y extender la labor ideológica y educativa que propicie la formación
de una cultura de la igualdad de género en nuestra sociedad, como parte integrante
del principio de justicia social de la Revolución cubana.
• Proseguir trabajando por sustentar y desarrollar las necesarias condiciones
materiales, sociales y culturales que hasta hoy han posibilitado los cambios en
las relaciones de género, de modo tal que no se produzcan retrocesos en lo ya
conquistado y se logren mayores avances.
• Divulgar los presentes resultados entre dirigentes, especialistas, profesores(as),
maestros(as), comunicadores(as), a fin de contribuir a desmontar las construcciones
tradicionales de género constatadas hoy en nuestra sociedad,principalmente
a través de la educación, la comunicación social y la labor comunitaria.
• Elaborar materiales de debate a partir de los resultados obtenidos, especialmente
dirigidos a la población, para ser utilizados en actividades comunitarias,
en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia y en otros espacios que se
considere.
• Continuar fortaleciendo los vínculos de trabajo con MINED, MES y otras
instituciones formadoras, encaminadas a insertar el enfoque de género en planes
y programas de estudio a todos los niveles de enseñanza y en la formación y
capacitación de dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.
• Extender el estudio realizado con los jóvenes a estudiantes de secundarias
y preuniversitarios y analizar posibles diferencias territoriales.
• Dar continuidad a las investigaciones realizadas de modo que permitan profundizar
en los temas estudiados y evaluar posibles tendencias en las relaciones
sociales de género en Cuba, priorizando el estudio de los impactos de los
cambios que conllevan la actualización del modelo económico y social.

dePorte Y MÚsica: bUscando otras
MascUlinidades
introducción
dr. Julio César González paGés
Cuba
La masculinidad está vinculada con múltiples factores históricos, sociales, religiosos.
Siempre se ha asociado el ser masculino, con un hombre heterosexual, dominante,
recio, insensible, triunfador, fuerte, inteligente y violento.
Este estereotipo de lo que debe ser un verdadero hombre, hace que la mayoría de
nosotros luchemos incansablemente por demostrar tan “necesarios atributos”. Y en
esa desesperada batalla se van asumiendo poco a poco comportamientos acordes
con esta gama de características personales. La violencia se convierte en uno de los
requisitos indispensables para ser considerado un verdadero macho, masculino con
todas las de la ley.
Es sin darnos cuenta que aprendemos a ser violentos. Nos acostumbramos a lo que
se nos enseña durante nuestra formación como actores sociales. Nos insertamos en
un proceso de socialización que dura toda la vida y a través del cual nos apropiamos
de saberes, normas, juicios, conductas y estereotipos sociales que condicionarán
nuestras vidas.
Esta inserción en el complejo sistema de las relaciones sociales, provoca que nuestros
comportamientos estén regulados por patrones rígidos, causantes de muchos
actos de violencia.
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Machismo, masculinidad y violencia
dr. Julio CéSar gonzález pagéS
El machismo, prevaleciente en muchas sociedades, es una versión estereotipada de la
masculinidad y es, en no pocos casos, un factor de riesgo para la violencia.
Para considerarnos masculinos no necesitamos mostrar que no tenemos miedo a
nada; que somos capaces de realizar cualquier actividad o tarea; que necesitamos
acostarnos con cualquier mujer sin importar si nos gusta o no; que no debemos
mostrar nuestros sentimientos aunque sintamos la necesidad de desahogarnos
con algún amigo, familiar o pareja; que somos intolerables ante la diversidad y que la
combatimos comportándonos de manera violenta.
Lamentablemente la realidad es otra y por lo general nos conducimos siguiendo y
asumiendo las reglas de tales arquetipos sociales. Llegamos a reprimir tanto nuestra
libertad individual y a convencernos de que las cosas están bien como están instituidas,
que nos consumimos como personas, nos empobrecemos en nuestro interior.
A lo que le tememos es a que seamos rechazados, excluidos por los demás y clasificados
como débiles y miedosos por desviarnos de las normas de comportamiento
socialmente establecidas. La sociedad te dice: “actúa violentamente y todos te respetarán”
y no le importa los conflictos que puedan ocurrirte a nivel personal.
La palabra “masculinidad” ha sido construida por tantos años que solo de nombrarla
ya connota superioridad, fuerza y violencia, está inscripta en las disposiciones del
inconsciente de los hombres y de las mujeres.
La masculinidad es sinónimo de machismo y de hecho el machismo implica violencia.
Tan es así que el hombre no basta para reafirmar decir que es macho, sino que se
agrega además ser varón y masculino. No cabe dudas que se trata de un conjunto de
ideas socio–ideológicas–culturales que se han encargado de preservar la hegemonía
masculina como centro de poder.
La ideología que sustenta las masculinidades cruza los sistemas culturales, impone
las políticas, las creencias y demarca todas las estructuras, tanto sociales, como raciales
y sexuales.
Además tenemos una gran influencia de la idea occidental de la masculinidad que
se ha hecho evidente en la forma que se organizan las instituciones y ese reflejo se
evidencia en el rol masculino de proveedor económico, son los hombres cómo más
reconocidos y de más salarios, claro situación que ahora sufre cambios y va poniendo
en crisis las masculinidades. Hemos visto como en caso de que el hombre tenga
dificultades para ser proveedor por desempleo u otra los hace llevar su impotencia
con violencia a la familia como respuesta a su frustración.
Es una pena que esas ideas en sí mismas encierren tantas cosas que a su vez hayan
hecho que al varón le cueste emocional y socialmente tan caro, convirtiéndosele

Deporte y música: buscando otras masculinidades
luego en un dolor interior con la presión de querer cumplir la meta. Ese convertirse
en macho desde que se nace nos hace marcar diferencias y sufrir por buena parte de
la vida cuando no desarrollamos una conciencia de que estamos siendo utilizados,
quedando así preso de nuestros propios genes.
A los varones se les enseña que para ser hombres deben controlar el mundo y lo primero
que deben controlarse son a ellos mismos y a las mujeres que lo rodean. Todo
lo que lo rodea va encaminado a reforzar el modelo de masculinidad, tanto la familia,
la escuela, la radio, la televisión, los vecinos como los amigos.
Obviamente sufren a veces sin notarlo ya que muchos adultos creen que si el hijo
es varón y no se le da un trato fuerte se corre el riesgo de ser “flojo” y esa palabra
en ese contexto, es bien negativa. El trato fuerte implica gritos, golpes, exigencias y
amenazas, hasta poco amor, se le inculca buena dosis de violencia y agresividad, no
importa la cultura, la clase social, el estado civil, las edades o la etnia.
Por el solo hecho de ser evaluado como el sexo fuerte, la vida le va presionando y
poniéndole pruebas duras por igual a todos. La violencia se convierte en requisito
indispensable para competir, para ser fuertes y activos, en fin para dominar. Solo hay
que observar cual es el trato que le obligamos que se den entre sí para darse cariños
y en los propios juegos; se dan empujones, palmadas, golpes fuertes en la espalda, en
el hombro, choques fuertes de mano está aquel que al menos se ha fajado una vez.
Si intentan llorar o mostrar miedo, la burla los hace tener que perderse del grupo o
convertirse en motivo de risas. Es como si cada uno tuviera que ser policía del otro.
Se les hace vivir en constante presión. A diferencia de la educación en las mujeres
donde el saludo siempre está lleno de ternura y la que así no lo haga va a parar a ese
banco de acusada de “varonil”. Por eso, se han buscado un sin número de valoraciones
para justificar tal hecho, hay quienes refieren que los hombres actúan así por
razones hormonales, porque son biológicamente más agresivos y más propensos a
la violencia que las mujeres, cosa que las investigaciones serias no han podido demostrar.
Hay otros que refieren que la agresión masculina violenta no solo es psicológicamente
innata, sino que se fundamenta en la anatomía masculina y así pudiéramos
encontrar más justificaciones. Sin dudas, esa búsqueda de justificaciones solo sirve
para reforzar el comportamiento agresivo de algunos hombres y apoyar ese reflejo
que la familia reproduce del sistema jerárquico de género de la sociedad en que han
sido formados, lográndose así la asociación de la violencia con el ser masculino sin
valorar los costos que eso conlleva.
Aquí volvemos sobre lo mismo. Estamos condicionados socialmente, en tanto portadores
del modelo de masculinidad hegemónica, a comportarnos según normas
rígidas preestablecidas. Estas cercenan una parte de nuestro yo individual, porque
nos vemos obligados a cumplirlas al pie de la letra, muchas veces sin quererlo. El
deporte no escapa a tales influencias. Como agente socializador de los hombres,
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dr. Julio CéSar gonzález pagéS
requiere de nosotros un importante compromiso de rudeza, valentía y agresividad
todo el tiempo.
Mientras se evidencian broncas, riñas en gradas y peñas deportivas de todas las regiones
del continente relacionadas con deportes como el béisbol, el baloncesto y
el fútbol, en el terreno deportistas, directores, técnicos y árbitros se agraden. Salvo
alguna excepción, todos son hombres…. ¿Por qué?
Violencia y práctica deportiva
Uno de los mitos que hace falta derrumbar es, justamente, que la violencia es consustancial
a la práctica deportiva. Un aspecto es la competitividad, las estrategias de combate
y enfrentamiento, y otra las agresiones y ofensas en pleno juego, ya sea para mellar
la autoestima del contrario, expresar un desacuerdo, imponer un criterio o agredir directamente.
El deporte tiene que ser competitivo y recuperar ese espíritu, pero evitar la
violencia, porque esto último no significa competir, sino anular al contrincante.
En diversos foros con participación de mujeres y hombres opinaban en que este
asunto no es privativo solo de los países en vía de desarrollo. Las ligas deportivas
más importantes de los países desarrollados permiten impunemente actos machistas,
homofóbicos, y xenofóbicos, ayudando a reforzar los valores más hegemónicos
entre los hombres. También añadieron que ha tomado fuerza en diferentes ámbitos
del deporte y no solo emerge en el terreno, sino que también en las gradas. Se debe
insistir en la necesidad de tomar medidas más severas con este tipo de indisciplinas,
que ya en el caso del futbol y béisbol, por ejemplo, cuenta actualmente con cerca
de más de 100 jugadores y 76 técnicos sancionados por conductas violentas en las
diferentes ligas del continente americano y europeo.
Algunas acciones positivas que se pueden proponer es la realización de un foro
sobre masculinidades, cultura de paz y medios de comunicación con comentaristas
deportivos de diferentes países para analizar estos temas y generar acciones positivas
desde espacios que tienen gran acogida de público como son los medios de comunicación
y sus populares programas de debate deportivo. También la realización
de una campaña de bien público con vistas a los inminentes Juegos Olímpicos de
Londres, para influir en que no se repitan indisciplinas ni espectáculos degradantes
dentro y fuera del terreno. Premiar a los atletas que se conviertan en ejemplo de
cultura de paz para que puedan ser verdaderos ídolos entre los jóvenes. Igualmente
los tribunales competentes deben valorar los casos de agresiones, escándalo público,
actos violentos que así lo ameriten y hoy solo se manejan con medidas y acciones
administrativas. No se trata de criminalizar al deportista, sino adoptar las medidas
ejemplarizantes correspondientes.

Deporte y música: buscando otras masculinidades
El deporte es también uno de los elementos socializadores de la violencia masculina.
Ya sea practicando cualquier actividad deportiva o participando como espectadores,
por ejemplo, en un encuentro de béisbol, los hombres asumimos una “posición de
combate”, que nos prepara para repeler cualquier indicio de agresión contra nuestra
condición de masculinos. Así, podemos reaccionar de manera violenta si nuestro adversario
nos lleva ventaja o si creemos que intenta hacer algo para ponernos en ridículo.
Pero si vamos ganando, se lo restregamos en la cara al contrario, lo humillamos y
probamos provocarlo, “para que se atreva a enfrentar a los mejores”. Entonces, ¿con
qué elementos tienen que ver estas conductas violentas?
Música y transmisión de la violencia
De otra forma la música y la creación de audiovisuales con frecuencia muestran
contenidos e imágenes sexistas, donde los hombres asumen papeles hegemónicos y
las mujeres de subordinación.
La música se ha convertido en los últimos tiempos en un trasmisor de valores violentos
con una poderosa influencia en las personas y la sociedad. Muchos textos de
las canciones presentan como característica la existencia en sus letras de valores
negativos que incitan a la violencia contra las mujeres. Asimismo muchos temas
musicales representan a las mujeres como símbolos sexuales, con una marcada tendencia
a la homofobia, entre otros valores arcaicos. Se puede desde el propio ámbito
de la música revertir lo anterior. Su utilización puede formar parte de un mecanismo
que combata estas dinámicas que afectan a la sociedad, y en especial a las mujeres,
quienes son las principales víctimas de sucesos violentos. ¿Se debe permitir en la
televisión la hegemonía del sexo? ¿La música y los videos clips son un terreno de
nadie para la ideología patriarcal? ¿Nos gustan los machos hegemónicos? ¿Quiénes
deciden y promueven esas imágenes? Ante la avalancha de videos clips, textos de
canciones, premios, imágenes, espacios dentro y fuera de la pantalla que promueven
un tipo de masculinidad hegemónica que privilegia valores como el dinero o la
violencia, y de mujeres que sirven de objeto sexual y mero adorno visual, se debe
abogar por fomentar la crítica televisiva, prácticamente ausente de los medios de
comunicación y, en particular, de la televisión. Existe la necesidad de definir políticas
consecuentes para promover los mejores valores de la música, teniendo en cuenta
un mejor balance de géneros y propuestas y privilegiar un gran acervo musical desde
la cultura de paz que apenas se conoce en emisoras de radio y canales de televisión.
También se debe promover reconocimientos públicos a videos clips que contribuyan
a generar una cultura de paz y equidad entre mujeres y hombres, a la par que se
señalen también públicamente aquellos que peor trabajan estas ideas.
11

120
reflexiones finales
dr. Julio CéSar gonzález pagéS
La violencia masculina, sustentada por la ideología patriarcal, es un fenómeno que
trasciende lo particular. Decir que es un problema solucionable a corto plazo, sería
engañarnos a nosotros mismos. Desde nuestras posiciones como actores sociales,
podemos comenzar a combatirla en primer lugar, respetando la diversidad genérica,
sexual, racial y generacional. Tenemos que ser capaces de tolerar la otredad y
despojarnos de esos prejuicios sociales que tanto nos dañan y nos hacen menos personas,
porque consumen una parte de nuestro yo individual. Lograr esto constituye
una tarea difícil, pero el punto de partida está en nosotros mismos.
Por su parte, las autoridades y órganos de poder de la sociedad, podrían apoyar
enormemente a combatir los problemas de violencia callejera y doméstica. Podrían
contribuir a crear talleres que se impartan en las escuelas, centros laborales, prisiones,
etcétera.
Con esto lograrían enfrentar en parte el problema de la violencia de género, haciéndolo
público y reflexionando con las personas acerca del daño real que se produce
a nivel psicológico y social. Servirían como sustento, muchas Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) que defienden los derechos de la diversidad sexual, las
mujeres, los niños, los desvalidos, los inmigrantes, los negros y mestizos.
Es un problema que necesita que lo hagamos visible, porque de ello dependen la
felicidad y tranquilidad social de muchos miles de millones de personas en el mundo.
Es necesario aprender a deconstruir tales estereotipos patriarcales, que lejos de que
pensemos que nos ayudan a prepararnos para enfrentar la vida, nos la hacen más
más difícil por que nos obligan a cumplirlos al pie de la letra.

los HoMbres, las MascUlinidades
Y la PolÍtica PÚblica de asistencia
social: Un anÁlisis del GÉnero en el
ÁMbito del ProGraMa de atención
inteGral a la FaMilia
introducción
MsC. andré aristóteles da roCha Muniz
braSil
Nuestro objetivo fue analizar –a partir del referencial feminista– la política pública
de asistencia social, con reporte sobre el Programa de Atención Integral a la Familia,
con el propósito de comprender qué nociones de masculinidades están siendo definidas
para los hombres en la Política Pública de Asistencia Social.
Entre las razones que justificaron la realización de la invetigación cuenta que en el
campo teórico de los estudios del género, hay un número incipiente de trabajos que
focalizan “el género” a partir de una perspectiva relacional, más específicamente
relacionando hombres y masculinidades. Otra razón, se asienta en la poca sensibilidad
del campo teórico de la administración por los estudios del género, sobre
todo vinculando hombres y masculinidades. Para sostener esa justificación hicimos
un levantamiento de artículos publicados entre 2006 y 2010, semejante al que Mônica
Carvalho Alves Capelle y colaboradores hicieron en 2006. Capelle et al (2006)
levantaron la producción científica sobre el género en la administración en el período
de 1995 a 2004. En total fueron 45 artículos analizados, 32 de ellos publicados en
los Anales de los Reuniones Nacionales de los Programas de Posgrado en Gestión
(ENANPAD). 1
1 M. C. A. Capelle et al: A produção científica sobre gênero na administração: uma meta-análise. In:
Encontro da ANPAD, Salvador, 2006, p. 30, CD-ROM.
121

122
mS.C andré ariStóteleS da roCha muniz
El resultado de nuestro levantamiento apunta –en términos cuantitativos inicialmente–
una gran negligencia del campo teórico de la administración por los estudios del
género. Comparando con el levantamiento hecho por Capelle et al, la producción
científica sobre el género en la administración disminuyó un 15,38%. 2
contextualización: la Política Pública
de asistencia social, los cras y el PaiF
La asistencia social, como política pública viene consolidándose en Brasil desde la Constitución
Federal de 1988. El texto constitucional, en su artículo 194, incorpora la asistencia
social al sistema de seguridad social brasileño, junto a la salud y la sanidad social. 3
Cinco años después, fue sancionada la Ley Orgánica de Asistencia Social–LOAS que,
además de reglamentar los artículos 203 y 204 de la CF 1988, profundiza el marco
legal que demarca la asistencia social como deber del Estado y derecho del ciudadano.
En 2004, es lanzada por el Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre
(MDS) la Política Nacional de Asistencia Social (PNAS). En ella se materializan las
directrices y principios contenidos en la LOAS y se da materialidad a un rediseño de
la política desde la perspectiva de la implementación del Sistema Único de Asistencia
Social (SUYAS). Ese rediseño pasa por la clasificación de la asistencia en dos tipos de
protección social: la básica y la especial. La protección social básica está circunscrita
a nivel de la prevención de los riesgos sociales por medio del fortalecimiento de los
vínculos familiares y comunitarios. Ya la protección social especial, ampara las familias
e individuos que tuvieron sus vínculos violados. 4 El “nuevo” diseño de la política
de asistencia social también está pautado por algunos principios norteadores, entre
ellos: la matriz sociofamiliar y la territorialidad. La matriz sociofamiliar se alinea a la
noción de la familia como sujeto de derechos, consustanciada en otros dispositivos
legales como la CF 1988, el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), la propia
LOAS y el Estatuto del Anciano, fuentes determinantes para el estatuto de la asistencia
social en Brasil.
2 Ídem.
3 Constituição da República Federativa do Brasil. Artículo 194, p. 135, en . Acceso 22
marzo 2010.
4 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social.
Norma operacional básica de recursos humanos do SUAS – NOB/RH SUAS, Brasília, MDS/CapacitaSuas,
2005.

Los hombres, las masculinidades y la política pública de asistencia social: un análisis...
El segundo principio sustentador del SUYAS es el de la territorialización. El territorio
es la unidad básica donde se organizan y son ofertados los servicios socioasistenciales
de protección social a las familias por él referenciadas. 5
Esos principios orientan la implementación del Programa de Atención Integral a la
Familia –hoy denominado Servicio de Protección y Atención Integral a la Familia– en
los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS). El CRAS, también conocido
como “Casa de las Familias”, es un órgano público estatal responsable por la oferta
de servicios, proyectos, programas y beneficios de protección social básica a las familias
e individuos en situación de vulnerabilidad y riesgo social.
el marco teórico-conceptual
Estructuramos el marco teórico-conceptual en dos partes: La Matriz Feminista del
Género para el estudio de los Hombres y las Masculinidades propuesta por Lyra
(2008) y Medrado y Lyra (2008) y los Hombres y las Masculinidades.
la matriz feminista de género para el estudio
de los Hombres y las Masculinidades
Estructuramos nuestro marco conceptual a partir de la “matriz feminista de género”
acuñada por Lyra (2008) y Medrado y Lyra (2008). Se trata de una “matriz” de
cuño teórico-conceptual para los estudios sobre los hombres y las masculinidades,
norteada por una lectura feminista de género. Fue utilizada por Lyra en su tesis de
doctorado donde estudió a los hombres y las masculinidades en la política nacional
de derechos sexuales y reproductivos. Está estructurada en cuatro dimensiones: 1)
el sistema sexo/género; 2) la dimensión relacional; 3) las relaciones de poder; y 4) la
ruptura de la traducción de la plantilla binaria de género en las esferas de la política,
de las instituciones y de las organizaciones sociales 6 . La matriz se muestra a continuación:
5 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, SUAS: Configurando os Eixos de Mudança, Brasília, MDS/CapacitaSuas,
v. 1, 2008.
6 J. Lyra: Homens, feminismo e direitos reprodutivos no Brasil: uma análise de gênero no campo das políticas públicas
(2003-2006). Tese (Doutorado). Recife, Fundação Oswaldo Cruz, 2008 y B. Medrado; J. Lyra: “Por
uma matriz feminista de gênero para os estudos sobre homens e masculinidades”, Estudos Feministas,
Florianópolis, 16(3):424, p. 809-840, set./dez. 2008.
123

12
Figura 1. Eixos analíticos do marco conceitual.
mS.C andré ariStóteleS da roCha muniz
Siguiendo los pasos de Lyra (2008) y Medrado y Lyra (2008), para el diálogo sobre la
primera dimensión, recurrimos a dos autoras: Gayle Rubin y Maria Jesús Izquierdo.
En su artículo “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”
(1986), publicado originalmente en inglés en 1975, Rubin dialoga críticamente con
producciones de Claude Lévi-Strauss, Karl Marx, Engels, Sigmund Freud y Jacques
Lacan. Reconoce que la teoría marxista de la opresión de clase es, realmente, la que
posee mayor fuerza analítica para comprender la opresión de las mujeres. Pero, la
teoría marxista no contempló el sexo, cuestión que fue particularmente vista por
Freud y Lévi-Strauss señalando las diferencias entre la experiencia social de los hombres
y la experiencia social de las mujeres. Sin querer sepultar la teoría de Marx, pero
reconociendo que esta no tuvo en cuenta la comprensión de la opresión sexual,
Rubin (1975) –a partir, especialmente, de Lévi-Strauss y Freud– forja el concepto (lo
que ella llama de definición preliminar) de “El sistema sexo/género”: (...) ‘ El sistema
de sexo/género’ es el conjunto de disposicones por el que una sociedad transforma
la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen
esas necesidades humanas transformadas. 8
La autora defiende el uso del término sistema sexo/género por ser neutro e indicar
que la opresión es producto de las relaciones sociales específicas que lo organizan y,
por lo tanto, plausible de ser transformado. El sistema sexo/género no es un orden
caracterizado por relaciones de complementaridad, sino de desigualdad mediante la
lógica de la división sexual del trabajo, donde los hombres y las mujeres así como las
actividades que desarrollan reciben valoraciones asimétricas. 9
7 J. Lyra: Ob. cit., p. 38.
8 G. Rubin: El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo, Nueva Antropología, México D. F.,
v. 7, no. 30, 1986, p. 97.
9 M. J. Izquierdo: “Uso y abuso del concepto de género”, en: M. Vilanova, Pensar las diferencias. Promociones
y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1994,. pp. 31-53.

Los hombres, las masculinidades y la política pública de asistencia social: un análisis...
La segunda dimensión de la matriz teórico-conceptual que adoptamos se refiere a la
perspectiva relacional del género ateniéndonos a Joan Scott (1995) y Soihet (1997).
Conocer el género bajo una óptica relacional implica desarrollar tres comprensiones:
primero, reconocer el carácter fluído de la construcción de las masculinidades y
feminidades en la dinámica de las relaciones interpersonales e institucionales entre
hombres-hombres, hombres-mujeres y mujeres-mujeres; segundo, buscar romper
con nociones dicotómicas y polarizadas acerca de las relaciones de género que, en
esta lógica, reportan lo masculino y lo femenino como categorías universales; y, tercero,
reconocer que las relaciones de género relatan relaciones de poder.
En la medida en que la perspectiva relacional nos posibilita mirar los géneros transponiendo
lógicas binarias, el foco de los estudios de género puede dejar de ser la
“mujer dominada” o el “hombre dominador”, en que este último detiene y ejerce el
poder sobre la primera.
La cuestión del poder o de las relaciones de poder es la temática de la tercera dimensión
de la matriz teórico-conceptual. Los principales aportes en esa temática son de
Joana Scott y Michel Foucault. En Scott, la contribución está en su propia conceptualización
de género cuando propone que “el género es un elemento constitutivo de
las relaciones sociales basado en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género
es una forma primera de significar las relaciones del poder”. 10
De las contribuciones de Michel Foucault, una de las principales reside en la comprensión
de dispositivos de ejercicio del poder 11 , poder que no existe fuera de su
ejercicio. 12 Esos dispositivos son “discursos”, “instituciones”, “leyes”, “medidas administrativas”,
entre otros que informan lo “dicho”, pero también lo “no dicho”,
elementos indispensables para comprenderse tal dispositivo. 13
A partir de esa contribución, el poder no se encuentra solo sustantivado en la noción
de quien está en una posición fija y privilegiada de ejercer el poder (el jefe, el
gobernante, el hombre, las grandes corporaciones, la persona más vieja). El poder,
en la perspectiva foucaultiana, sólo puede ser comprendido y sustantivado como
“los juegos del poder”, intrínseco a las relaciones entre personas e instituciones que
gozan de libertad, inclusive para resistir; pues, si no fuera así, no se podría hablar de
relaciones de poder.
La cuarta dimensión del marco conceptual que tomamos de Lyra (2008) y Medrado
y Lyra (2008) se trata de la traducción de la plantilla binaria y fija del hombre y de la
mujer a nivel de la política, de las instituciones y organizaciones sociales, con la cual
10
J. W. Scott: “Gênero: uma categoria útil para análise histórica”, en Educação & Realidade, vol. 20, no. 2,
p. 71-99, 1995, p. 14.
11
M. Foucault: A ordem do discurso, Loyola, São Paulo, 1996.
12
M. Foucault: Microfísica do poder, Graal, Rio de Janeiro, 1982.
13 M. Foucault: Ob. cit., 1996.
12

12
mS.C andré ariStóteleS da roCha muniz
deseamos romper . Ese elemento se asienta en la comprensión de que el género es construido
más allá de la familia y de las relaciones de parentesco: “él es construido igualmente
en la economía y en la organización política, que, por lo menos en nuestra sociedad,
operan actualmente de manera ampliamente independientes del parentesco”. 14
En una lectura binaria, se podría decir que estamos tratando de un campo considerado
masculino, en la medida en que es un debate sobre la Política, donde los hombres
tradicionalmente asumieron lugares destacados. A pesar de que, en el caso de la
política pública de asistencia social, no sabemos si podemos considerarlo un campo
masculino. Eso porque, por lo menos en el período de 2003 a 2010, las mujeres ocupan
casi todos los puestos estratégicos del MDS. Sólo dos cargos, incluyendo el de
Ministro, estaban siendo ocupados por hombres. Por otro lado, el objeto de estudio
en sí puede ser considerado seara femenina, debido a la vinculación con el Servicio
Social, área en que predominan las mujeres. Sin embargo, el movimiento que deseamos
hacer aquí es de ruptura con tales plantillas binarias de análisis, proponiendo
una lectura sobre el poder no a partir de su dimensión binaria, pero sí relacional.
Habiendo expuesto la Matriz con la cual analizamos los datos recolectados en campo,
pasamos a la discusión sobre los hombres y las masculinidades.
los hombres y las masculinidades
Los estudios sobre los hombres y las masculinidades comenzaron a aparecer en
las producciones científicas a finales de la década de 1980, pasando por una sistematización
en la segunda mitad de la década de 1990 hasta la publicación, en 2005, del
Handbook of Studies on Men and Masculinities. 15 Según los autores del citado Handbook, el
“campo” masculinidades es constituido de por lo menos cuatro objetos distinguidos:
1. La organización social de las masculinidades en sus “inscripciones y reproducciones”
locales y globales.
2. La comprensión del modo como los hombres entienden y expresan “ las
identidades de género”.
3. Las masculinidades como producto de interacciones sociales de los hombres
con otros hombres y con mujeres, o sea, las masculinidades como expresiones
de la dimensión relacional de género (que apuntan expresiones, desafíos y
desigualdades).
4. La dimensión institucional de las masculinidades, o sea, el modo como las masculinidades
son construidas en (y por) relaciones y dispositivos institucionales. 16
14 J. W. Scott: Ob. cit., p. 87.
15 J. Lyra: Ob. cit.
16 J. Lyra: Ob cit., p. 32.

Los hombres, las masculinidades y la política pública de asistencia social: un análisis...
Nuestro estudio se encuadra en el tercer y cuarto niveles de análisis definidos anteriormente.
Eso, porque consideramos la política pública de asistencia social (así
como la de salud pública, conforme Lyra, 2008) como “un campo de relaciones
interpersonales e institucionales, que se organizan en dispositivos y relaciones de
poder y que marcan posiciones de sujeto y modos de ser, de saber y de hacer”. 17
¿Por qué adoptar una “matriz feminista de género” para el estudio de los hombres y
las masculinidades? Una primera línea argumentadora de nuestra respuesta se apoya
en la importancia de los movimientos feminista, y de mujeres en pro de las relaciones
del género más democráticas e igualitarias. Un segundo argumento, se basa en la dimensión
relacional del concepto del género que posibilita deconstruir principalmente
los argumentos de culpa sobre los hombres...”. 18
El feminismo en los últimos 30 años posibilitó una ruptura con nociones éticas,
estéticas y políticas producidas bajo la égida del falocentrismo. Por eso, nuevas posibilidades
de problematizar y resignificar las relaciones del género y del poder han
sido construidas trayendo beneficios no sólo para las mujeres, sino también para los
hombres. 19
Comprender masculinidades exige reconocerla como una construcción social, histórica,
mutable y relacional 20 localizada dentro y a partir del género 21 ; de carácter
múltiple; 22 un concepto en construcción; una temática, cuyo estudio es multidimensional.
23
17 Ibídem, p. 33.
18 B. Medrado, J. Lyra: Ob. cit., p. 820.
19 M. Rago: “Ser mulher no século xxi ou Carta de Alforria”, in: G. Venturi, M. Recamán S. Oliveira
(Orgs.) A mulher brasileira nos espaços público e privado, São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 31-42.
y S. Harding: Whose science? Whose knowledge? Thinking from women’s lives, New York: Cornell University
Press, 1991.
20 R. W. Connell: Masculinities, University of California Press, Berkeley, 1995 y M. Kimmel: “La producción
teórica sobre la masculinidad: nuevos aportes”, en: R. Rodrigues, R.: Fin de siglo: genero y cambio
civilizatorio, Isis International, Santiago, 1992, p. 129-138. (Ediciones de las Mujeres, no. 17).
21 R. W. Connell: Ob. cit.
22 M. Kimmel: “La producción teórica sobre la masculinidad: nuevos aportes” en: R Rodrígues, Fin de
siglo: genero y cambio civilizatorio, Isis International, Santiago, 1992. p. 129-138. (Ediciones de las Mujeres,
no. 17); M. Kimmel: Changing men: new directions in research on men and masculinities. Newbury Park, CA:
Sage, 1987 y R. Bly: Hombres de hierro: el libro de la nueva masculinidad, Planeta, Buenos Aires, 1992.
23 N. M Martini: “Masculinidades: um concepto en construcción”, Nueva Antropología, México, vol.
xViii, no.. 61, 2002, p. 11-30.
12

12
mS.C andré ariStóteleS da roCha muniz
Una de las principales ganancias analíticas asociadas al concepto de masculinidad
es la construcción teórica de masculinidades hegemónicas/masculinidades subordinadas,
acuñada por Connell (1995). La masculinidad hegemónica traduce la legitimación
del patriarcado en que se busca garantizar la posición dominante de los
hombres y la subordinación de las mujeres y de otros hombres, pero sin traducirse
en una dominação absoluta, sin ofrecer alternativas de resistencias. 24
Algunas producciones sobre masculinidades explotan la idea de que los hombres
viven una experiencia contradicctoria con el poder y privilegios concedidos por el
“mundo del poder”. Es el caso, por ejemplo, de Michael Kaufman. Para este autor,
esa experiencia contradictoria causa “el dolor”, “el aislamiento” y “la alienación”
en los hombres, así como ya está constatado en relación con las mujeres 25 . O sea,
los hombres serían tan víctimas de las estructuras de poder cuanto las mujeres. El
potencial analítico de la visión de Kaufman está en la comprensión de que el dolor
experimentado por los hombres puede servir a la perpetuación del poder, pero también
de impulso para un cambio.
los Procedimientos metodológicos
Orientamos nuestras elecciones metodológicas a partir del abordaje cualitativo de
investigación, con base en estudio de caso, con miras a Godoy 26 tratarse de un problema
de investigación que envuelve incautar de los sujetos concepciones que nos
ayuden a comprender el fenómeno en estudio. Yin (1989) destaca que el estudio de
caso es un método potencial de investigación cuando se desea entender un fenómeno
social complejo y contemporáneo. 27
Los análisis del presente estudio están circunscritos al ámbito del PAIF contemplando
tanto el proceso de su formulación como en el de su implementación. Como el PAIF es
necesariamente implementado en los CRAS, adoptamos el estudio de caso en profundidad
para analizar el CRAS Vila Independencia, en la región de Barreiro, en Belo Horizonte,
Brasil. En lo que concierne al proceso de formulación, direccionamos nuestras
24 T. Carrigan, R. Connell, L. John: “Hard and heavy: toward a new sociology of masculinity.” in M.
Kaufman, Beyond patriarchy: essays by men on pleasure, power, and change, New York, Oxford University
Press, 1985, pp. 139-192.
25 M. Kaufman: “Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del poder entre los
hombres”, en L. Arango, M León, M. Viveros, Género y identidad: ensayos sobre lo feminismo y lo masculino,
Ediciones Uniandes, Faculdad de Ciencias Humanas, TM Editores, Bogotá, 1995, p. 123, traducción
nuestra.
26 A. S. Godoy: “Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades”. São Paulo: Revista de Administração
de Empresas, vol.35, no. 2, p. 57-63, mar./abr. 1995.
27 R. K. Yin: Case study research: design and methods, Newbury Park: SAGE Publications, 1989, (Edição
cultural).

Los hombres, las masculinidades y la política pública de asistencia social: un análisis...
atenciones de investigación para algunos de los principales agentes en él envueltos
en el ámbito del MDS, más específicamente agentes designados en la Dirección de
Protección Social Básica.
Para establecer los criterios y seleccionar los sujetos del estudio seguimos la recomendación
de Gaskell 28 de que la finalidad del estudio cualitativo “...no es contar
opiniones o personas, por el contrario, explorar el espectro de opiniones, las diferentes
representaciones sobre el asunto en cuestión”. En este sentido, participaron de
este estudio ocho personas consideradas interlocutores clave, tres de ellos gestores
públicos involucrados directamente en el proceso de formulación del PAIF, cuatro
integran el equipo técnico del CRAS estudiado y uno es excoordinadora general de
los CRAS de Belo Horizonte designada en la Secretaría Municipal Adjunta de Asistencia
Social.
Teniendo en cuenta la naturaleza cualitativa de nuestra investigación, adoptamos el
análisis de contenido como procedimiento de tratamiento y de análisis de los datos. 29
los resultados y discusión
Presentamos a continuación los resultados del análisis de los datos que se refieren
a los nombramientos y argumentos preferidos por los entrevistados para nombrar
hombres y mujeres, clasificados en seis categorías y organizados en dos ejes de análisis:
el sistema sexo/género y las posiciones sociales.
¿cuáles son las concepciones de hombres
y de mujeres en la política?
En posesión de los datos sobre los nombramientos, intentamos captar en el discurso
de los entrevistados las concepciones de estos sobre los sujetos de la política.
Los entrevistados trajeron elementos que nos remiten al marco teórico-conceptual
utilizado en este estudio. Las concepciones reveladas no son necesariamente las concepciones
con las cuales trabajan o defienden, pero refleja los contenidos que están
circulando en el campo. 30
28 G. Gaskell: “Entrevistas individuais e grupais”, in M. W. Bauer, G. Gaskell, Pesquisa qualitativa com
texto, imagem e som: um manual prático, 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
29 L. Bardin: Análise de conteúdo,. Lisboa: Edições 70, 1977.
30 J. Lyra: Ob. cit..
12

130
el sistema sexo/Género
mS.C andré ariStóteleS da roCha muniz
Este eje de análisis incluye las categorías de sexo y género. La primera refiriéndose a
la condición biológica. La segunda, a las atribuciones sociales conferidas al sexo de
hombres y mujeres presentes en el habla de los entrevistados.
Aunque coincidente con el nombre del primer eje de la matriz teórico-conceptual adoptada
en el trabajo, no se trata de resultados y discusiones restrictos al referido eje. En lo
que concierne a los nombramientos sobre el sexo, seleccionamos un tramo que nos
hace refleccionar acerca de como está naturalizada la idea de que “la cabeza” del
hombre y de la mujer “funcionan” a partir de determinantes biológicas: (...) creo
que es importante trabajar esa cuestión del género. Traer para nuestras discusiones
la forma de pensar del hombre es diferente de la mujer, eso de la genética (...) (Entrevista-01,
subrayado nuestro).
En ese primer fragmento transcrito se puede observar como está enraizada una visión
funcionalista con bases biológicas sobre la cuestión del género. Esa visión acaba
reforzando la dicotomía hombre/mujer que el concepto de género se ha prestado a
deconstruir. 31
Se presentan algunos de los nombramientos que expresan atribuciones sociales conferidas
a hombres y mujeres en las entrevistas. Son nombramientos que revelan las
construcciones sociales del sexo, de lo masculino y lo femenino (tabla 1)
Tabla 1. Nombramientos que revelan construcciones sociales
Nombramientos para los Hombres Nombramientos para las Mujeres
“actividad exclusivamente masculina”, “papel
del hombre”, “papel muy machista”,
“referencias masculinas”, “figura más masculina”,
“sujeto hombre”, “papel de marido
de la madre”, “papel del padre”, “la forma de
pensar del hombre es diferente de la mujer”
“asunto de mujer”, “papel de la mujer”,
“[papel] muy feminista”, “ella va haciéndose
mujer, madre, hombre y padre a la vez”,
“cuidadoras”, “mujer de la casa”, “figura
más cuidadora”, “cuando usted piensa en
la familia usted piensa inmediatamente en
la mujer”
Se aprecian así, no solo las construcciones sociales del sexo (género), sino también
las variadas nociones de masculinidad y feminidad teniendo como paño de fondo las
marcaciones de poder, la reproducción de la plantilla binaria del género y la división
sexual del trabajo.
31 R. Soihet: “História, mulheres e gênero: contribuições para um debate”, en: R. Soihet, Gênero e ciências
humanas: história, mulheres, gênero – contribuições para o debate, Record, Rio de Janeiro, 1997. pp. 94-114.

Los hombres, las masculinidades y la política pública de asistencia social: un análisis...
Para ilustrar la preocupación del equipo con la inserción del sujeto “el hombre”
en las actividades del CRAS/PAIF, la entrevistada habla de una actividad que fue
preparada exclusivamente para los hombres más precisamente padres e hijos. Ella
entonces describe: “es una actividad exclusivamente masculina. Entonces, tiene que
venir el adolescente masculino, hombre, pero con su padre o con la persona que está
en la casa de él que es responsable por él. Para trabajar un poco” (Entrevista-01).
La actividad consistía en colocar padre (o quien ejerciera tal papel) e hijo frente a
frente en una relación intermediada por el trabajo de reparar aparatos. El objetivo
era aproximarlos afectivamente y fortalecer los vínculos. Pero, ¿por qué esa aproximación
tuvo que darse por el trabajo? Aquí está imbricada la cuestión de la división
sexual del trabajo, como si el fortalecimiento de la afectividad entre los hombres (en
este caso, entre la figura paterna y el hijo) pasara necesariamente por la intermediación
del trabajo. La propia justificación de la elección demarca esa cuestión cuando
la entrevistada resalta que se trataba de “una actividad exclusivamente masculina.”
¿Por qué no el cuidado como actividad masculina?
Reflejando un poco mejor, todas las actividades propuestas por el CRAS/PAIF pueden
ser consideradas como una forma de “trabajo”, en el sentido de ser un elemento
mediatizador en los procesos de intervención sicosociales. En este sentido, nos
gustaría recuperar a Kergoat (2003) para quién hombres y mujeres están insertados
en una relación social de sexo cuya base material es el trabajo. A los hombres fue
ofertado un taller de reparación de aparatos eletroelectrónicos, a las mujeres son
ofrecidas actividades de bordado, pintura, entre otras juzgadas pertenecientes al
“universo femenino” según uno de nuestros entrevistados. Es el principio de la criba
que organiza la división sexual del trabajo: existen trabajos de hombres y trabajos
de mujeres. 32
Conversando sobre el Taller de reparaciónes para padres e hijos con otra entrevistada,
esta describe: Existe el caso del tío que vino junto con el sobrino que vive en la
misma casa y ciertamente ejerce ese papel de esa figura más masculina, más paterna
para ese adolescente (Entrevista-02).
La expresión “la figura más masculina” nos remite a la discusión de la reproducción
de la plantilla binaria de género, donde lo masculino está referido al hombre y lo
femenino a la mujer.
32 D. Kergoat: “Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo”, en Prefeitura Municipal. Coordenadoria
Especial da Mulher, Trabalho e cidadania ativa para as mulheres: desafios para as políticas públicas.
Marli Emílio, Marilane Teixeira, Miriam Nobre e Tatau Godinho, São Paulo: Coordenadoria Especial
da Mulher, 2003, p. 55-6.
131

132
las posiciones sociales
mS.C andré ariStóteleS da roCha muniz
En este eje de análisis, las expresiones fueron agrupadas en cuatro categorías: (1)
las dimensiones del derecho; (2) las dimensiones del poder; (3) el proveedor y (4)
la victimaria. En la primera categoría, las expresiones comprenden que la Política
Nacional de Salud del Hombre (PNSH) ha conseguido producir una visibilidad de
los hombres en el campo de las políticas públicas. Todos los entrevistados hicieron
referencia a la PNSH. Varios incluso consideran que esta puede ser el punto de
partida para que las otras políticas públicas, en especial la de asistencia social, pasen
a incorporar a los hombres como destinatarios de sus acciones fundamentadas por
una perspectiva (feminista) de género.
El fragmento a continuación ilustra bien esa dimensión del derecho conferida a
los hombres, en el caso, contemplada por el área de la salud a través de la PNSH.
“Cuando yo trabajo con mujer yo intento trabajar con hombres también. Eso fue un
reconocimiento grande en el ministerio de la salud. No sé si usted ha acompañado,
pero hoy el Ministerio de la Salud tiene el área técnica de salud del hombre, reconociendo
que las mujeres históricamente siempre tuvieron una atención diferenciada
en la salud, pero hubo también un reconocimiento de que los hombres necesitaban
de esa óptica especial” (Entrevista-06).
Nos preguntamos, ¿por qué ese reconocimiento no se ha dado de la misma forma
en el área de la asistencia social? Obviamente, los factores que intervienen son muchos
y encontrar respuestas demandaría nuevos caminos de investigación. Pero, sin
querer agotar el asunto, nos parece factible creer que en el área de la salud existe una
provocación activa de los movimientos feministas y de mujeres y en el área de asistencia
social, hay un predominio de la participación de las mujeres. En este sentido,
podemos pensar que los hombres, ocupando el lugar de quien formula las políticas,
no se colocaron como demandantes de estas mismas políticas. Una postura de quien
siempre se creyó sujeto y encontró amparo en el mercado y en la política, diferentemente
de las mujeres, que, asociadas a la condición de objeto y sujeto pasivo, fueron
las destinatarias preferidas de las políticas de protección social.
En la categoría dimensiones del poder, sorprendentemente una parte de las expresiones
detecta a los hombres en una situación desigual de poder en función de la
centralidad de la mujer en la política pública de asistencia social. Las expresiones
son “quitó (...) una parte de la autoridad de él de la casa”, “quita la autoridad de él
también”. Veamos el contexto de producción de la primera expresión en el texto de
la entrevista: esa centralidad en la mujer dejó al hombre desgraciado, quitó...yo creo...
una parte de la autoridad de él de la casa. (Entrevista-01).

Los hombres, las masculinidades y la política pública de asistencia social: un análisis...
Es como si ese hombre “el desgraciado” dejara de ser beneficiado por un extra bonus
del poder social de los hombres conferido por la sociedad patriarcal y también
dejara de ejercer una masculinidad hegemónica. 33 Además de eso, queda evidente
una noción fija de poder ratificando la idea de que el hombre posee el poder y la
mujer no. O sea, una noción de poder que se aleja de una perspectiva relacional,
concepción adoptada por autores como Foucault 34 y Scott. 35
Esa discusión es corroborada cuando nos adentramos en las expresiones acogidas
en la categoría el “proveedor”. La expresión “el hombre como jefe de familia”, por
ejemplo, refleja la ausencia de hombres de su puesto hegemónico de proveedor sin
problematizarla. Por otro lado, la expresión “la mujer recibe el dinero [del bolsa familia]
(...) que pasa a proveer la familia” usada para nombrar las mujeres, refleja una
situación muy común en las clases populares impuesta por el contexto socioeconómico:
el ascenso de la mujer al “puesto” de proveedora reflejando, entre otras cosas,
la ausencia de los hombres que no están consiguiendo “...reubicarse e interactuar en
el nuevo orden familiar descentralizado y desjerarquizado. 36
La última categoría del eje en discusión contiene las expresiones que nos llamaron
bastante la atención. En esta categoría, denominada la “victimaria”, incluímos los
nombramientos que indican algún tipo de desventaja en las relaciones personales.
Entre las expresiones usadas para nombrar a los hombres están: “el desgraciado”,
“la figura precaria”, “él tiene poco espacio”, “cree que no consigue desempeñar ese
papel [de principal proveedor]”, “él se culpa”.
Se esperaba que en esta categoría aparecieran nombramientos que hicieran referencia
a las mujeres debido a la noción enraizada del hombre agresor y la mujer víctima.
Pero, las expresiones denotan el reconocimiento de que ellos no están en una posición
de supremacía. O sea, circula por el campo de la PPAS la noción de que existe,
por parte de algunos hombres, la incapacidad de atender a las expectativas de una
masculinidad hegemónica. Los hombres deberían asumir sus papeles dominantes,
sin embargo, la fuerza del patriarcado no cayó solamente sobre ellas, sino también
sobre ellos; afectando también las definiciones de masculinidad. 37
Aquí también hay un poco de aquello que León (1995) argumenta de que el desempeño
de papeles del género abajo de las expectativas puede provocar sentimientos
33
T. Carrigan, R. Connell, L. John: “Hard and heavy: toward a new sociology of masculinity”, en: M.
Kaufman, Beyond patriarchy: essays by men on pleasure, power, and change, New York, Oxford University
Press, 1985, pp. 139-192.
34
M. Foucault: Ob. cit.,1982; M. Foucault: Ob. cit., 1996.
35
J. W. Scott: “Gênero: uma categoria útil para análise histórica”, Educação & Realidade, vol. 20, no. 2,
1995, pp. 71-99.
36
M. Rago: Ob. cit., p. 37.
37
P. N. Stearns: História das relações de gênero, Contexto, São Paulo, 2007, p. 34.
133

13
mS.C andré ariStóteleS da roCha muniz
de “culpabilidad” y generar sensaciones de desigualdad. 38 Es importante ratificar
que la “culpabilidad” no trae cualquier ventaja para las relaciones del género; es un
sentimiento incapacitador, desmobilizador 39 , destructivo y perverso. 40
¿Estarían esos hombres del imaginario de los entrevistados viviendo una experiencia
contradictoria con el poder en los términos del que Kaufman postula? Al parecer,
por las expresiones usadas para nombrarlos hay sí una gran oportunidad de estar
viviendo esa experiência del “dolor”, “aislamiento” y “alienación” que podrá servir
tanto a la perpetuación del poder como al cambio 41 .
Es preciso luchar para que la PPAS y el PAIF ofrezcan oportunidades a esos hombres,
espacios para que problematicen el ejercicio de su masculinidad y la experiencia
con el poder. Como se há indicado por Farah 42 es preciso una “nueva óptica” para
poder percibir si los diferentes – hombres y mujeres – están siendo ‘atendidos’, “... si
están teniendo oportunidades y espacios iguales, inclusive para manifestarse”.
consideraciones Finales
En el proceso de formulación de la PPAS y del PAIF se evidencia la plantilla binaria
del género a nivel de la política y del Estado 43 . En este sentido, aunque la PPAS y el
PAIF incorporen en la pauta la cuestión del género y de los movimientos feministas,
no consiguen romper con las contradicciones del género de la sociedad, siendo el
binarismo y la rigidez de los papeles sexuales reproducidos de diferentes formas.
La propia formulación e implementación del PAIF, así como gran parte de las actividades
desarrolladas por el CRAS Vila Independencia, aún con intenciones de
romper, acaba por reforzar la rigidez de los papeles sexuales. La interpelación de las
mujeres como la única responsable por el ámbito familiar, aunque justificada por la
“ la ausencia” simbólica o concreta de los hombres, sin problematizar cuestiones del
género y la construcción de las masculinidades y feminidades es un ejemplo de eso.
38 M. León: “La família nuclear: origen de las identidades hegemónicas feminina y masculina”, en: G.
Orango, M. León, M. Viveras, Género y identidade: ensayos sobre lo femenino y lo masculino, TM Editores,
Bogotá, 1995, pp. 169-191.
39 M. Kaufman: Ob. cit., 1995.
40 M. J. Izquierdo: Los costos ocultos de la masculinidad, Universidad Autónoma de Barcelona, en: . Acesso em: 28 jun. 2010.
41 M. Kaufman: Ob. cit., p. 123.
42 M. F. S. Farah: “Políticas públicas e gênero”, in: T. Godinho, M. L. Silveira, Políticas públicas e igualdade
de gênero, Coordenadoria Especial da Mulher, São Paulo, 2004, p.188, (Cadernos da Coordenadoria
Especial da Mulher, 8), p. 128.
43 J. Lyra: Ob. cit. y B. Medrado, J. Lyra: Ob. cit., pp. 809-840, y J. W. Scott: Ob. cit., pp. 71-99.

Los hombres, las masculinidades y la política pública de asistencia social: un análisis...
Los resultados del análisis del contenido de la PPAS y del PAIF utilizándo el marco
teórico conceptual corroboran las consideraciones mencionadas anteriormente y
contribuyen para comprender un poco más las nociones de masculinidad que están
siendo definidas para los hombres. Concepciones que informan hombres y mujeres a
partir de las determinantes biológicas, 44 concepciones de hombres y de mujeres sustantivadas
por los lugares que les son atribuidos a partir de la división sexual del
trabajo, pero también concepciones que ven a los hombres como sujeto de derechos
y, víctimas, por no conseguir cumplir los requisitos de una masculinidad hegemónica.
Como nuevas posibilidades de investigación, creemos que un estudio con las mujeres
y los hombres usuarios de la PPAS y del PAIF podrá traer un espectro mayor de
datos en el sentido de profundizar mejor la dimensión institucional de las masculinidades
y las feminidades.
44 R. Soihet: Ob. cit., pp 94-114.
13

eParación de dH con PersPectiVa
de GÉnero: Una ProPUesta
Para el caso coloMbiano
introducción
aBG. dora CeCilia saldarriaGa Grisales
Colombia
Este artículo es el producto de la experiencia laboral obtenida en una organización de
mujeres en la cual laboré, unainvestigación realizada entre la Universidad Autónoma
Latinoamericana y la Corporación Reiniciar, que se desarrolló con mujeres víctimas del
genocidio de la Unión Patriótica, denominada “Propuesta de criterios de reparación
con perspectiva de género” y el trabajo de grado de la Maestría en Derechos Humanos
mediante el cual se avanzó en el análisis de la perspectiva de género que contiene la Ley
de Víctimas, la cual se comenzó a ejecutar de manera estructural a partir del año 2012.
Para estos efectos; en primer lugar se hará una contextualización de la problemática
colombiana que ha generado víctimas desde diferentes orillas, tanto desde el conflicto
armado como otros acontecimientos violentos; en segundo lugar se revisarán los
elementos teóricos y conceptuales que sirvieron de soporte para la elaboración de un
avance de propuesta de criterios de reparación con perspectiva de género: instrumentos
internacionales, tratados, recomendaciones, etcétera; en tercer lugar se presentarán
los hallazgos encontrados en los diferentes trabajos de campo realizados; en cuarto
lugar se expondrá la propuesta de los criterios de reparación; y finalmente, se concluirá
1 Esta ponencia es el resultado de dos trabajos investigativos: “la perspectiva de género en
la ley de víctimas: ¿Cuál es la responsabilidad internacional del Estado en este asunto?”
(Trabajo de grado de Maestría en Derechos Humanos y Democratización–Universidad
Externado de Colombia) y “Propuesta de criterios de reparación con perspectiva de género”,
investigación realizada entre la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Corporación
Reiniciar (En curso), ambas actué como investigadora principal.
13

140 1 0
abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
con un análisis de la perspectiva de género que contiene la Ley de Víctimas que se
está aplicando en Colombia, para determinar su alcance y efectividad.
Este ejercicio investigativo, recoge ese propósito de visibilizar y nombrar las mujeres
víctimas de violaciones de derechos humanos. En este sentido, este estudio se realizó
desde la perspectiva de género. El relato de las mujeres fue en buena medida parte de
las herramientas utilizadas para acercarse a los aspectos priorizados temáticamente.
El enfoque empleado es de carácter cualitativo, porque permite comprender la realidad
a partir de la lógica de las mujeres, desde este punto de vista se considera que es
el más apropiado para este ejercicio de investigación; finalmente los métodosaplicadosson
el estudio de caso y la etnografía, y las técnicas investigativasusadas fueron:
grupos focales, entrevistas y revisión bibliográfica.
Dentro de los hallazgos se encuentra que los hechos generados a partir del conflicto
armado y otras violencias (como en el caso de la Unión Patriótica), afectaron de
manera diferencial a las mujeres y les generaron diversos daños tanto materiales
como inmateriales; por lo que se hace una propuesta de reparación con perspectiva
de género que busca una reparación integral y efectiva para las mujeres víctimas. Si
bien es cierto, la Ley de Víctimas es un gran avance en cuanto al reconocimiento del
conflicto armado y en tanto su articulado incorpora dicha perspectiva; es importante
considerar aspectos que van más allá de lo jurídico e involucran los esquemas culturales
que multiplican un determinado sistema patriarcal.
Más allá de las cifras que puedan relacionarse en esta ponencia, hay que pensar la siguiente
reflexión jurídica a través de cada una de las vidas que fueron apagadas, cada
una de las personas que no regresan y en cada uno de los hogares que aún esperan,
en cada una de las personas que habitan un espacio sin una decisión previa, en
cada una de las viudas que cada día más se encuentran en la línea de la pobreza, en cada
una de las víctimas de violencia sexual silenciosa a las que les truncaron la vida, en
cada uno de esos proyectos de vida que no se pudieron realizar; solo de esta forma
podremos visualizar el conflicto armado más allá de la leyes y los estudios políticos,
para entender la importancia de una adecuada reparación para aquellas personas que
si no lo perdieron todo, la vida les cambió para siempre.
contextualización de la problemática colombiana
El contexto social y político en Colombia tiene muchos matices, data de hechos
violentos que han sido generados a partir de diversas causas y que por tanto han
desencadenado variadas consecuencias, las que igualmente se entrecruzan en algún
momento histórico; la violencia se ha presentado en diferentes épocas tanto de forma
discontinua como en la actualidad que se presenta de modo permanente, los teóricos
han denominado este fenómeno de múltiples maneras: guerra irregular, guerra
civil, confrontación o conflicto armado atípico y sui generis, incluso existen todavía
algunos actores políticos que desconocen la existencia de este último.

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
Según Mariela Márquez Quintero 2 , la historia colombiana ha estado marcada por
diversos hechos sociales, políticos y económicos; entre otros “en 1781 la revolución
de los comuneros, en 1810el primer grito de independencia, la batalla de Boyacá en
1819, la colonizaciónantioqueña, además de 23 guerras civiles, que han signado el
país, con especialinfluencia el último conflicto armado que viene desde 1964”.
La historia constitucional en Colombia desde sus inicios después de la Independencia,
se caracterizó por la lucha de poder entre federalistas y centralistas, los primeros
buscaban un gobierno descentralizado con participación democrática y de libertades
individuales y los segundos pretendían tener un poder central autoritario y ligado a
convicciones religiosas. Luego se conforma un partido liberal que daría paso a dos
corrientes: partido liberal ministerial (amigos del gobierno) y partido liberal progresista.
Los primeros luego se denominarían conservadores (1849) y los segundos simplemente
liberales (1848). Ambos partidos disputarían el poder y generarían varias
guerras civiles; que excluirían de la contienda política a las demás personas que no
fueran ni liberales ni conservadores, lo que luego iba a producir la consolidación del
frente nacional:
El poder hegemónico inicialmente del conservatismo que se extendió hasta finales
de la década de los años treinta del siglo pasado, las disputas políticas que llevaron
el liberalismo al poder, dieron paso a un conflicto que se prolongó hasta 1958 con
la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán y que con la firma del Frente Nacional,
como fenómeno de exclusión política más reconocido en Colombia y que fue la
causa primigenia de la actual confrontación armada. 3
El Frente Nacional como sistema político; fue una de las muestras más excluyentes
y antidemocráticas de la historia Colombiana en donde se dividieron el poder político
y administrativo entre liberales y conservadores durante 16 años. Este entre
otras causas fue el surgimiento de las guerrillas colombianas en la década de los 60;
algunas personas que no participaron de estos partidos políticos vieron la necesidad
de buscar otras alternativas para integrarse al Estado y presionar el cambio de
estructuras y políticas sociales, como era la motivación de una reforma agraria, que
hasta la fecha no se ha dado. Esta entre otros motivos, produjo el surgimiento de las
guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de
Liberación Nacional (ELN), Ejercito Popular de Liberación (EPL), Alianza Democrática
M-19, Quintín Lame, etcétera. Este accionar guerrillero ha dejado muchas
víctimas en el país.
2 Mariela Márquez Quintero: “Enseñanza de la historia del conflicto armado en Colombia: fundamentos
para la construcción de propuestas para su enseñanza en el ámbito universitario”, Revista
Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. 5, no. 2, julio-diciembre, 2009, “Universidad de Caldas”,
Colombia, p. 227.
3 Fernán Enrique Gónzalez Gónzalez: “Para leer la política, Ensayos de la historia política de Colombia”,
tomo I, Ediciones Átropos, CINEP, Bogotá, 1997, p. 37.
1141 1

142 1 2
abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
En 1984 el Presidente Belisario Betarcur y la dirección de las FARC, firmaron los
Acuerdos de la Uribe, en donde se consignó diferentes compromisos entre las partes,
en los que se encuentran el cese al fuego por parte de la guerrilla y el gobierno
se comprometió a brindarles garantías y estímulos necesarios para incorporarse a
la vida civil, con el fin de que pudieran organizarse políticamente; a raíz de este
Acuerdo, surgió el movimiento político de la Unión Patriótica (UP) el cuál serviría de
plataforma para impulsar las transformaciones sociales, económicas y políticas necesarias
para la consolidación de una paz con justicia social; este movimiento político
albergó además de algunos desmovilizados de las FARC, el Partido Comunista de
Colombia, algunas vertientes democráticas de los partidos tradicionales, sindicatos,
grupos estudiantiles, artistas e intelectuales, organizaciones cívicas, campesinos, indígenas,
organizaciones de mujeres y otras organizaciones populares; es decir las personas
que no se incorporaban políticamente a los partidos liberales y conservadores y que
por tanto, no podían participar en las decisiones que se tomaban en el país.
La UP, entonces agruparía a los excluidos políticos de la historia colombiana y en
las elecciones de 1986, pese al incumplimiento del Acuerdo de la Uribe por parte de
ambos bandos, participaron en la contienda política logrando los siguientes resultados,
según la Corporación Reiniciar: “14 congresistas para Cámara y Senado, 18
diputados, 335 concejales, el candidato a la presidencias Jaime Pardo Leal, alcanzó
el 10 % de la votación del país. (…) además se habían constituido algo más de 2
200 juntas barriales, de vereda, municipales y departamentales, denominadas ‘juntas
patrióticas’”. 4
Después de esta participación electoral, comenzó el genocidio contra el movimiento
político, aunque no se tienen las cifras totales, “fueron asesinados 2 candidatos presidenciales,
9 congresistas, 70 concejales, alcaldes, 14 diputados, dirigentes de juntas
comunales, líderes sindicales, estudiantiles, del sector de la cultura y el magisterio,
profesionales y centenares de militantes” 5 , generando el exterminio de este movimiento.
Según la Fundación Manuel Cepeda Vargas para la paz, justicia social y la
cultura, con respecto al genocidio de la UP, dice que:
Durante los últimos 15 años se han producido alrededor de 3.000 homicidios, muchos
de ellos como resultado de más de 30 masacres, más de 120 desapariciones forzadas,
atentados dinamiteros a numerosas de sus sedes; y han quedado 50 sobrevivientes de
atentados con algún grado de discapacidad, centenares de desplazados, el conjunto de
sus integrantes amenazados y decenas de personas en el exilio. 6
4
Corporación Reiniciar: Tejiendo la memoria de una esperanza: Unión Patriótica, Bogotá, 2006, p. 9.
5
Ídem.
6 Fundación Manuel Cepeda Pargas para la paz, justicia social y la cultura: El Genocidio de
la Unión Patriótica, Colombia, 2004, Recuperado el 7 de abril de 2012 en: http://manuelcepeda.atarraya.org/spip.php?article13.

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
En 1993 se acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando
un listado inicial de 1.163 asesinatos, 123 desapariciones forzadas y 43 atentados
contra miembros de la UP y en 1997 se admitió la demanda. El 26 de mayo de
2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció la responsabilidad
del Estado colombiano en el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas.
En este contexto de la violencia en Colombia, existe otra fuerza ilegal que no se
puede dejar de lado: el paramilitarismo; este se ha definidocomo aquellos grupos
armados ilegales que con relación directa o indirecta con el Estado,conformados o
no por este, son tolerados pero no se hacen parte de la estructura oficialdel Estado;
según García-Peña 7 , el paramilitarismo tiene susantecedentes más cercanos en
los años 40 cuando se conformaron grupos privados,que operaron con el apoyo y
complicidad de las autoridades, ello obedece a “una vieja práctica de las élites colombianas
de utilizar violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios
en convivencia con el Estado.” en esterecorrido se tendrá que nombrar en 1946 a
“los pajaros” o “Chulavitas”, organización paramilitar destinada a eliminar los liberales;
en los 60 el decreto legislativo 3398 de 1965incluye el concepto de defensa
civil como fundamento jurídico de grupos particulares armados; en los años 80 se
crean varios grupos paramilitares con el objetivo de combatirla contrainsurgencia y
posteriormente, en 1996 comienzan a aglutinarse diferentes gruposparamilitares en
las Autodefensas Unidas de Colombia; que luego penetrarían el corazón del cuerpo
político colombiano. Esta lucha de extrema derecha, también acrecentaría elnúmero
de víctimas en este País.
Paralelo a este panorama del conflicto armado y persecución política Estatal, aparece
en los años 60 la problemática del narcotráfico, que se desplegó por todo el país y
penetró el sistema social y político. Finalmente, es importante registrar el fenómeno
de las bandas delincuenciales que de forma generalizada han ocasionado muchísimas
muertes en Colombia.
Aunque no existen cifras consolidadas, ni unificadas entre el Estado y las Organizaciones
sociales de derechos humanos, podremos relacionar no de forma precisa
algunas de las víctimas que han generado todos estos hechos (tabla 1)
7 Daniel García-Peña Jaramillo: “El paramilitarismo”, El Espectador, Colombia, 22 de marzo de 2007, p. 54.
1143 3

144 1
abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
Tabla 1. Relación de víctimas de las bandas delincuenciales en Colombia
Tipo de hecho
Desaparición
forzada
Desplazamiento
forzado
Homicidios 500000
Ejecuciones
extrajudiciales
íctimas
Total Hombres Mujeres
61604 47177 14427
3630987 - -
3000 - -
Época Fuente
Corte
al 26 de
agosto
de 2011
De 1999
a 2010
1964-
2006
Hasta
2010
Defensoría del
pueblo Comisión de
Búsqueda de Personas
Desaparecidas
CODHES
Diego Otero.
“Los Costos de la
Guerra”, referencia
fuentes como
CODHES, Pastoral
Social, Indepaz,
y Contraloría
General de la Nación.
Citado por
Redepaz en 2008.
Entrevista a
Christian Salazar,
Representante en
Colombia del Alto
Comisionado de
Naciones Unidas
para los Derechos
Humanos, Noticias
Caracol, 24 de
febrero de 2011.
http://www.noticiascaracol.com/
politica/articulo-
208621-onu-elevaa-3000-ejecuciones-extrajudiciales-colombia
Según la organización Paz con mujeres (Datos sobre violencia sexual dentro del
conflicto armado y cifras de denuncias y casos judicializados dentro de los procesos
de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005, mediante la cual se dictaron disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
especialmente paramilitares) (tabla 2).

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
Tabla 2. Relación de víctimas de las bandas delincuenciales en Colombia.
Tipo de hecho íctimas Época Fuente
Diferentes tipos
de violencia sexual
en municipios que
tienen presencia de
actores armados.
Número de víctimas
de violencia sexual
registradas según
tipo penal.
Estado de judicialización
de los casos
de violencia sexual
registrados.
11
6
24
42
489687
659
Casos de
violencia sexual
en los que se ha
formulado impu-
tación.
Casos de violencia
sexual en los que
se han formulado
cargos.
Casos de
violencia sexual
plenamente
confesados.
Casos de
violencia sexual
en proceso de
confesión.
Período
2001-2009
Informe a
2010
Informe a
2010
Primera Encuesta de
Prevalencia “Violencia
Sexual en contra de
las mujeres en el contexto
del conflicto
armado colombiano”.
2001–2009. OXFAM
Fiscalía General de
la Nación. Unidad
Nacional de Fiscalías
para la Justicia y la
Paz.
Para el tema que nos atañe, valga la aclaración que no existen cifras concretas
diferenciadas que puedan determinar cuántos hombres y cuántas mujeres han sido
víctimas durante estos años de guerras civiles, conflicto armado, narcotráfico y delincuencia
común; además debe tenerse en cuenta el subregistro que no proporciona
mayor claridad a la cifras que se mencionan.
Este contexto es importante, porque en la Ley 1448 de 2011, algunas de estas víctimas
quedaron por fuera de la reparación que se propone, debido al concepto y temporalidad
que incorpora dicha Ley; que de paso la Corte Constitucionalya declaró
exequible, al no considerar que la exclusión de algunas víctimas violara el derecho a
la igualdad. Por tanto esta Ley deja por fuera a las víctimas del narcotráfico y de las
bandas delincuenciales.
1145

146 1
Fundamentos teóricos
abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
El avance de propuesta que se presentará a continuación como criterios de reparación
con perspectiva de género, soportados a partir de los hechos, violaciones declaradas,
daños y posibles reparaciones a los perjuicios causados a las mujeres víctimas
en Colombia, que se pudieron identificar a partir del trabajo de campo desarrollado
en las tres experiencias relacionadas anteriormente, estará fundamentado desde los
siguientes referentes teóricos:
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer (CEDAW,1979), artículo 2 (c) y (d), referente a las obligaciones de
los Estados.
• La Declaración de Naciones Unidas contra la Violencia: La Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos realizada en Viena en 1993.
• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la Mujer “Belém do Pará”(1994), artículo 7, Con respecto a la incorporación
del principio de la debida diligencia en el caso de violencia contra las
mujeres.
• Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad. Actualización, 61 período de sesiones de
la Comisión de Derechos Humanos, ECOSOC. E/CN.4/2005/102/Add.1;
especialmente: el literal B, de las garantías de no repetición de las violaciones:
Principio 32. Procedimientos de reparación: En este principio se recomienda
especial protección a la hora de definir las categorías de delitos para la identificación
de beneficiarios porque “La forma en que se han seleccionado estas categorías
los tradicionalmente marginados, en particular las mujeres y algunos grupos minoritarios
se han visto a menudo excluido de los beneficios. (Demás está decir que indemnizar a
todas las víctimas no significa que todas recibirán los mismos beneficios)”. 8
Principio 35. Principios generales: Con respecto a la garantía de no repetición,
se establece la adopción de medidas adecuadas para que las víctimas no
puedan volver a ser objeto de violaciones de sus derechos; y por ello, para el
logro de esos objetivos es esencial la adecuada representación de las mujeres y de los grupos
minoritarios en las instituciones públicas. Las reformas institucionales encaminadas a prevenir
una repetición de las violaciones deben establecerse mediante un proceso de amplias
consultas públicas, incluida la participación de las víctimas y otros sectores de la sociedad
civil 9 (marcado fuera del texto).
8 Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad. Actualización. 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. ECO-
SOC. E/CN.4/2005/102. Resumen.
9 Ídem.

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
• Lineamientos principales para una política integral de reparaciones. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado por la Comisión el 19 de
febrero de 2008. OEA/Ser/L/V/II.131. Observación 14:
En este sentido y tomando en cuenta que la mayoría de víctimas a ser reparadas
son mujeres, la CIDH considera que el programa administrativo de reparaciones
debería contemplar mecanismos específicos destinados a reparar integralmente
actos de violencia y discriminación que han vivido las mujeres como parte del conflicto armado.
De igual manera, la Convención de Belém do Paráinsta a los Estados a establecer
los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que las mujeres víctimas de violencia –tanto física, psicológica como sexual–,
tengan un acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios
de compensación justos y eficaces (marcado fuera del texto).
• Programas de reparaciones: Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades
que han salido de un conflicto. Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanos. Nueva York y Ginebra, 2008.
• Resolución 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre
de 2005. Mediante la cual se establecieron los Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
• Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988.
Caso Penal Castro Castro vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Caso González y otras (“campo algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009.
Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 1996.
Caso Suárez Rosero Vs Ecuador. Sentencia de 20 de enero de 1999.
Caso Cantoral Benavides Vs Perú. Sentencia de 3 de diciembre de 2001.
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación
General 19 sobre la Violencia contra la mujer, 29 de enero de 1992,
A/47/38, párrafo 24 (a).
• Informe de la relatora Yakin Ertürk, Naciones Unidas. Consejo Económico
y Social. Informe de la Relatora “Integración de los derechos humanos
de la mujer y la perspectiva de género. La violencia contra la mujer”,
E/CN.4/2003/75, 6 de enero de 2003.
Estos referentes conceptuales, sirvieron de base para establecer la propuesta de
criterios de reparación con perspectiva de género, a partir de ellos, se tomaron insumos
para el diseño final de este artículo.
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abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
Hallazgos de los trabajo de campo realizados
Para tener claridad sobre lo que se encontrará en este avance, es importante recordar
que esta propuesta se diseña a partir de una perspectiva de género, entendiendo esta
como:
La que permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los
hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva
de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de
sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales
que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que
deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. 10
Por tanto, estos criterios dan cuenta de la manera particular en que las mujeres se
vieron afectadas a partir de todos estos sucesos violentos, especialmente el conflicto
armado colombiano, porque si bien es cierto, fueron hechos que afectaron tanto a
hombres como a mujeres, los efectos son diferenciales de acuerdo con el rol que
desempeñaban en el ámbito familiar, social y político, y por el grado de intensidad en
que los sufrieron; de este modo es necesario plantear la reparación diferencial desde
dos aspectos: I) Afectación diferencial, entendida esta como los daños que sufren las
mujeres en mayor proporción que los hombres y II) Condiciones de vulnerabilidad
estructural. Por todos aquellos hechos estructurales de la condición de las mujeres,
como es el caso de la desigualdad en la tenencia de la tierra, la exclusión en la participación
política, la violencia doméstica que inhibe la ciudadanía plena, el difícil
acceso a la educación, entre otros; que agravaron su condición, por tener mayor
vulnerabilidad y aunque llegaron a sufrir algunos daños iguales que los hombres, al
existir distintos puntos –contextos– iníciales, las medidas deben garantizar el acceso
y satisfacción igualitaria. Tal como lo plantea Patricia Ramírez Parra 11 “La reparación
debe conducir al reconocimiento de su dignidad humana, de su capacidad de agencia
y su ciudadanía plena”. La inclusión de esta perspectiva en el proceso de reparación
garantizará el cumplimiento de disposiciones internacionales, cuyo “objetivo final
es lograr la igualdad de género”. 12 Permitirá visibilizar las condiciones específicas de
las mujeres como víctimas y reconocer que en su gran mayoría, son ellas las que han
sufrido los perjuicios de los daños ocasionados.
10 Marcela Lagarde citada en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Lineamientos
para la integración de la perspectiva de género en los organismos de la Federación Iberoamericana
de Ombudsman”, San José, 1998, p.5.
11 Patricia Ramirez Parra: “Ciudadanías negadas: Victimización histórica, reparación y (re)integración
para mujeres y niñas en Colombia. El desafío de zurcir las telas rotas”, Revista Reflexión Política, Año
11, no. 21, junio de 2009,“Universidad Autónoma de Bucaramanga”, Colombia, p. 93.
12 Consejo Económico y Social 1997/2.

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
Antes de comenzar con esta propuesta de reparación, es importante hacer una revisión
somera sobre el concepto de víctima establecido en algunos sistemas jurídicos
y la normatividad colombiana (tabla 3)
Sistema
Interamericano
de Protección DH
• Persona natural,
que sufra
daños por
violaciones a
los DDHH.
• Las víctimas
tienen que
estar determinadas
o determinables.
Tabla 3. Algunos conceptos de víctima
Sistema
de las
Naciones Unidas
• Persona natural
que sufra daños
por violaciones
a los DDHH y
al DIH.
• Las víctimas
tienen que estar
determinadas.
Corte Penal
Internacional
• Persona que sufra daño por
delito de competencia de la CPI
y organizaciones: religión, arte,
ciencia, salud, cultura, historia
o cuestiones humanitarias, que
sufran daños en bienes que utilizan
para prestar estos servicios a
CPI.
• Víctimas tienen que estar determinadas.
Por su parte en la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz que antecede la Ley de
Víctimas, que a su vez es referente de reparación dentro de un proceso de alternatividad
penal en el país, determinó el concepto de víctima; que posteriormente fue
complementado por la Ley 1448 de 2011; en donde se concretó nuevamente los parámetros
que debían cumplir las víctimas para ser reparadas, pero ya bajo un proceso
de transición (tabla 4).
Ley 975 de 2005
Ley de Justicia y Paz
• Persona individual o colectiva,
que sufra daños
por transgresión penal
de los grupos armados
ilegales.
• Cónyuge, compañero o
compañera permanente,
y familiar en primer grado
de consanguinidad, primero
civil de la víctima
directa, cuando a esta se
le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida.
• Fuerza pública.
Tabla 4. Concepto de víctima
Ley 1448 de 2011
Ley de Víctimas
• Persona individual o colectiva que haya sufrido daños
por violaciones a los DDHH y al DIH; a partir de
1985.
• Cónyuge, compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado
de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa. A falta de estas, los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente.
• Personas que hayan sufrido un daño al asistir una
víctima.
• Fuerza pública.
• Niños, niñas y adolescentes desvinculados de los
grupos armados.
114

150 1 0
abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
Los hechos que se relacionan a renglón seguido, en muchos casos se entremezclan
y no son excluyentes; porque una sola mujer pudo haber sufrido diferentes hechos,
pero para efectos de formulación de la propuesta se desintegran en las siguientes
categorías,dejando claro que existen otros tantos, que han afectado a las mujeres
pero que no hicieron parte del objeto de estudio, como es el caso del secuestro,
el exilio, los feminicidios, etcétera. La investigación, se concentró en los siguientes
hechos:
• Homicidio de su pareja o familiar.
• Desaparición forzada de su pareja (esposo, compañero permanente) o de un
familiar.
• Desplazamiento forzado.
• Amenazas-Terror para separarlas de sus labores políticas y/o sociales.
• Violencias sexuales.
daños y perjuicios
Tanto mujeres como hombres sufrieron diferentes daños que les ocasionaron perjuicios,
pero estos se diferencian en el grado de intensidad y en la afectación diferencial
que perturbó a las mujeres. Tanto Colombia, como el Sistema Interamericano de
protección de derechos humanos, 13 en su jurisprudencia ha reconocido diferentes
tipos daños, entre ellos: el daño material y el daño inmaterial; de acuerdo con los testimonios
recogidos a las víctimas, las mujeres deberán ser reparadas con base en ambos
daños por los perjuicios ocasionados. No obstante la propuesta de reparación,
se concentrará principalmente en los daños inmateriales, ya que los daños materiales
dependen de pruebas específicas que determinarán la tasación de la indemnización.
daño material
Según la Corte Interamericana “El daño material supone la pérdida de los ingresos
que habría percibido la víctima fallecida en su vida probable, los gastos efectuados
con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un
nexo causal directo con los hechos del caso”. 14
13 Este sistema será el utilizado como referencia para la identificación de los daños.
14 Corte I.D.H., Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs Perú. Sentencia de 10 de
julio de 2007. Serie C. no. 166.

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
De acuerdo con el trabajo de campo, se pudo identificar dos tipos de daños que
reconoce la Corte Interamericana en el ámbito de daño material y son las mujeres
víctimas, a las que se les debe dar prioridad a la hora de reparación de estos daños,
por ser las más afectadas tanto por conflicto armado como la violencia generalizada,
en la calidad de familiares, lo que ha conducido a llevarlas a la extrema pobreza y a
realizar diferentes actividades mal remuneradas para el sostenimiento de su núcleo
familiar.
En esta categoría encontramos:
daño emergente
Este daño comprende todos los gastos realizados por los familiares de las víctimas
en razón del daño ocasionado, con el fin de realizar una actividad necesaria que
ayude a atender parcial o totalmente el daño causado, como es el caso de los gastos
funerarios; en este daño también debe valorarse aquellos gastos que realizaron las
mujeres por motivo de pagos médicos en la atención o recuperación de sus víctimas
familiares o los desplazamientos realizados en razón de la búsqueda del desaparecido
o los gastos incurridos para los trámites judiciales para la atención prioritaria
del daño; es así como una mujer expresó: “Todo el mundo me dio la espalda, nunca
pudimos volver a visitar la familia y hasta me tocó pedir plata para enterrar a Carlos,
esto no tiene reparación, yo no tenía amigos porque me daba miedo, ni le hablaba a
mis vecinos”. 15
daño patrimonial familiar
Ha sido definido por la Corte como las graves aminoraciones al patrimonio acaecidas
a raíz de la infracción a los DDHH de la víctima y sus familiares 16 , para ello hay
que establecer la relación de causalidad entre los hechos violatorios de derechos y la
pérdida o transmisión del patrimonio familiar. En este caso, la mayoría de las mujeres
sufrieron este daño porque fue asesinado o desaparecido el proveedor del hogar
y ello afectó directamente el patrimonio familiar e impulsó a las mujeres a buscar
nuevas formas de sustento. Una víctima, expresó: “Después de todo lo ocurrido,
me toco trabajar muy duro, yo llevo trabajando 24 años sola, cuando yo empecé
trabajaba de lunes a lunes porque tenía muchas cuentas, tenía buena salud, pero ya
los años pesan y van pasando, las fuerzas se van acabando y ya queremos descansar
un poco”. 17
15 Taller con mujeres, Medellín. 27 y 28 de agosto de 2011.
16 Corte I.D.H, Caso Bulacio Vs Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C. N° 100
17 Taller con mujeres, Región Centro, 4 y 5 de agosto de 2011.
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abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
Es muy recurrente en los hechos de desplazamiento forzado, porque las mujeres
adicionalmente de que les asesinaron o desaparecieron el proveedor, tuvieron que
irse de sus tierras y abandonar su actividad económica, deteriorando además, su
proyecto de vida.
daño inmaterial
El daño inmaterial, es el que en mayor proporción afecta a las mujeres, si bien es
cierto el detrimento patrimonial las llevó a realizar otras actividades y cambio de rol
no voluntario, las mujeres expresan en los diferentes talleres, mayor afectación a causa
del daño inmaterial e incluso consideran que no existe forma de reparación por el
sufrimiento que han padecido durante estos años. Así lo relató una mujer:
A mí me frustró la vida muy horrible, todavía después de tantos años del desplazamiento
y haber perdido la mitad de mi familia, hay veces que pienso, y canto la canción
ni soy de aquí ni soy de allá y nadie me espera en ningún lugar, perdí mi identidad, mi
vida, yo me siento como arrimada, porque mi hogar se perdió, yo pienso que perdí mi
identidad como esposa, como madre, el daño es tremendo. Yo no me siento como la
señora de mi hogar y siempre vivo donde mis hijas y me siento como extraña ante mi
propia familia, me siento como el mueble que quedo sin dueño, lo que era mi casa, con
el desplazamiento ya no es casa, porque sus puertas se cerraron para siempre, salieron
unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. 18
La Corte Interamericana, definió el daño inmaterial como “Los sufrimientos y las
aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores
muy significativos para las personas, otras perturbaciones que no son susceptibles
de medición pecuniaria, así como las alteraciones de condiciones de existencia de la
víctima o su familia ” . 19
daño moral
El daño moral es entendido por la Corte Interamericana como todo aquel sufrimiento
sicológico que se deriva de la violación de derechos padecido. Este es uno de los
daños que de forma diferencial debe atenderse con respecto a las mujeres, ellas han
perdido las fuerzas y sus sueños y se pudo determinar que ellas que el impacto fue
mayor y más intenso que los hombres:
A mí me frustró la vida muy horrible, todavía después de tantos años del desplazamiento
y haber perdido la mitad de mi familia, hay veces que pienso, y canto la
canción ni soy de aquí ni soy de allá y nadie me espera en ningún lugar, perdí mi
identidad... 20
18 Taller con mujeres. Sur Occidente, 19 de agosto de 2011.
19 Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides Vs Perú, Reparaciones, y Costas, Sentencia de 3 de
diciembre de 2001.
20 Taller con mujeres. Sur Occidente, 19 de agosto de 2011

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
Las mujeres víctimas, sufrieron grandes impactos sicológicos entre ellos, se evidencia
que a pesar de los años, no han elaborado el duelo por sus seres queridos y han
postergado sus afectaciones sicológicas por asumir la responsabilidad de sacar adelante
a sus familias.
daño al proyecto de vida
Para la Corte Interamericana, el daño al proyecto de vida:
se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones
que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone.
En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría
decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su
existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un
alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción
objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación
de esta Corte. 21
En este sentido, las mujeres con la muerte o desaparición de su familiar, no solo
perdieron las oportunidades de educarse, sino que vieron truncadas sus expectativas
y la capacidad para acceder a lo que se habían proyectado, perdieron su realización
personal y les limitaron las garantías de elegir libremente sus opciones de vida.
Las mujeres víctimas tuvieron una afectación mayor en el desarrollo de su proyecto
de vida, porque si bien es cierto a los hombres, la persecución truncó sus proyectos
de vida, a las mujeres el cambio de rol generó que se olvidaran de sus propias vidas
y sus sueños, para dedicarse a realizar trabajos que les permitieran sacar adelante a
sus hijos, olvidaron los espacios de ocio y se vieron obligadas a ejercer actividades
humillantes, para sobrevivir.
Pero la afectación no solo fue en el campo educativo si no en las aspiraciones de
su actividad económica, así lo plantea la Corte, este daño “Atiende a la realización
integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias,
potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas
expectativas y acceder a ellas”. 22
21 Corte I.DH., Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Reparaciones, Sentencia de 27 de noviembre de 1998,
Serie C. no. 42.
22 Ídem..
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abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
daño a la vida de relación o alteración a las condiciones
de existencia
Este daño según se caracteriza por el “cambio anormal que se produce dentro de la
existencia de la víctima, en especial con sus ocupaciones y hábitos, tiene relación con
el campo social, básicamente con el entorno familiar y cercano del afectado”. 23
daño a la vida de relación sexual y daño a la vida de pareja
Las mujeres víctimas, sufrieron perjuicios en sus daños de relación, especialmente
en la manera de establecer nuevas relaciones sentimentales; por el temor de conseguir
un nuevo hombre que podría ser asesinado; muchas de ellas no han establecido
nuevamente relaciones sentimentales, en el caso de las víctimas de desaparición
forzada, no saben a ciencia cierta determinar su estado civil y por tanto, continúan
asumiendo su rol de esposa y no de viudas. En el caso de los hombres, en los talleres
se pudo determinar que es una pequeña minoría los que son viudos o víctimas de
desaparición forzada de su pareja y que por tanto, este perjuicio no los afecta de la
misma forma.
Es difícil volver a establecerse con otras personas, a veces las mujeres piensan en no
volver a conseguir otro compañero, una rechaza a nuevas personas uno no quedan
con ganas de construir otro hogar. La mujer allí decide tomar como caminos: la
soledad. A uno le da miedo, que el otro que uno consiga también lo maten. La culpabilizacion
de los hijos y la familia extensa recae en las mujeres. 24
Las mujeres víctimas, pierden el autocuidado y ven afectadas profundamente su autoestima
por la pérdida del compañero.
daño a la vida de relación de familia–desintegración familiar
No es un secreto que las mujeres, por el rol que han desempeñado históricamente como
cuidadoras, han sido las que han generado a su alrededor la cohesión familiar y la integración
tanto de su círculo cercano como social, el desarrollo de actividades comunitarias
que generan desarrollo social. A raíz del desplazamiento y los asesinatos de sus compañeros,
los lazos familiares se rompieron y se desintegraron. Una mujer expresó que:
“La desintegración de la familia, porque es una cosa muy importante en la vida de nosotros,
unos por acá, otros por allá, y casi nunca nos encontramos, desde que mataron a
mi papá. Yo fui a trabajar a una casa de familia y la señora me dijo, usted es desplazada
y yo le dije sí, el gobierno mató a mi papá, y me dijo no te puedo dar el trabajo, en el
mismo pueblo nos estigmatizan como guerrilleros. 25
23 Carlos Alberto López Cadena: “Pobreza y derechos en Colombia”, en Revista Derecho del Estado, no.
24, julio de 2010, Universidad Externado de Colombia, Colombia, p. 9.
24 Taller sicosocial. Archivos Corporación Reiniciar. 19 y 20 de septiembre de 2008, p. 8.
25 Taller con mujeres. Caribe. 4 de septiembre de 2011

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
daño a la vida de relación social
Este daño a la vida de relación comunitaria, se entiende como la alteración en las
condiciones de existencia de la víctima, la cual no podrá realizar otras actividades
vitales en relación a su contexto social, y aunque dichas actividades no producen
ningún rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia.
A raíz de esos asesinatos se acabó provivienda y eso acabó con todo, porque la vivienda
era muy asequible a las personas, empleados y siempre noté, que los que llegaban a las
reuniones eran las mujeres, a las reuniones, que para abrir chambas, que para el almuerzo
de todo el mundo; eso es un daño para toda la comunidad y eso lo marca a uno,
ahora es más difícil de acceder a una vivienda. 26
otros daños
cambio no voluntario de rol
Donny Meertens define roles de género como “las tareas o las funciones aprendidas
por los procesos de socialización, asignadas según las ideas, las percepciones y los
valores sociales y culturales, que responden al deber ser de lo masculino y lo femenino”,
27 ello implica que tanto hombres como mujeres desarrollan tradicionalmente
unas actividades que han sido aprehendidas culturalmente y que al ser desplazadas,
se ven obligadas a asumir nuevos roles y con ello nuevas responsabilidades.
Las mujeres víctimas, en especial las que sufrieron desplazamiento forzado se vieron
enfrentadas a varias condiciones, Meertens 28 plantea en este sentido que “No sólo enfrentan
la pérdida y el desarraigo, también deben asumir, en la mayoría de los casos,
una serie de roles que no hacían parte de la responsabilidad femenina en sus
antiguos lugares de residencia. Entre estos roles está la provisión económica del hogar,
a causa de la ausencia real o simbólica del hombre”, además esta autora sostiene, que
estas mujeres terminan desarrollando un triple rol: trabajo reproductivo, productivo
y gestión comunal para lograr su supervivencia y la de sus familias; lo que les implica
mayor dedicación y trabajo.
26 Taller con mujeres. Región Centro, 4 y 5 de agosto de 2011.
27 Donny Meertens: “Género, desplazamiento, derechos”, en Módulos Desplazamiento forzado
en Colombia, Dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo, 2004, “ACNUR–Universidad Nacional
de Colombia”, Colombia, p. 20.
28 Ibídem.
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abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
Aunque el proyecto de equidad busca no repetir los roles estereotipados de género,
ese cambio se tiene que dar a través una transformación social y pacífica sin traumatismos,
porque de lo contrario se agravan las condiciones mentales y sicológicas de
las mujeres, en tanto, si no están preparadas para el cambio, todo se convierte en un
caos. Una campesina desplazada manifestó que:
Los campesinos que fuimos desarraigados de todo lo que nos quitaron, tanto de las
familias como lo que teníamos, nosotros para adaptarnos es difícil, estamos aquí no es
porque queremos si no porque nos han obligado, aguantando humillaciones, porque
aquí para uno trabajar como campesina y desplazada, es una humillación muy verraca,
hasta para conseguir una vivienda, porque piensan que uno con qué va a pagar un
arriendo; yo soy madre cabeza de familia y a mí me tocó venirme con los tres hijos y
eso es muy verraco porque yo no tengo estudio, no sé ni prender un computador y por
eso en lo que hemos podido trabajar es en el servicio doméstico; uno sufre hasta en el
modo de hablar, porque los campesinos hablamos duro. 29
Es así como la mayoría de las mujeres víctimas, a raíz de los daños ocasionados a sus
parejas y familiares, principalmente los proveedores de los hogares, se vieron obligadas
a asumir roles de los cuales no estaban preparadas, Ya que no existían las condiciones
sociales y económicas para desempeñar unas nuevas labores que además de
ser mal remuneradas generaban explotación, ello ocasionó mayor discriminación e
inequidad, produciendo procesos de feminización de la pobreza, esta denominación
se da, por ser las mujeres el porcentaje más alto en los índices de pobreza.
Además, el cambio de rol no solo de pasar de un trabajo doméstico no remunerado
a ejercer labores mal remuneradas y sexistas, se ven afectadas por un cambio de
contexto abrupto, como es el caso de las campesinas que llegan a la ciudad, cuya
condición acrecienta la vulnerabilidad.
daño a la ciudadanía plena 30 de las mujeres
La ciudadanía plena está relacionada con la construcción de la democracia, en el
entendido que se tiene ciudadanía cuando efectivamente se puede participar en las
decisiones que afectan a una sociedad; no es sólo la participación electoral, sino la
construcción de instituciones democráticas y de escenarios de participación pública,
especialmente en el Estado. Desde esta mirada, la ciudadanía también comprende
esa esfera única de autodeterminación y el disfrute del conjunto de derechos civiles,
29 Taller con mujeres. Bogotá, 10 de agosto de 2011.
30 T. H. Marshall (1950), la definió como máximo estatus reconocido por el Estado a sus
asociados y la dividió en tres: I) la ciudadanía política: derechos a elegir y ser elegidos II)
la ciudadanía económica: garantizadora del bienestar económico, del derecho a participar
del patrimonio social y vivir una vida conforme a los estándares corrientes de la sociedad
(acceso al sistema educativo y servicios sociales) y III) Ciudadanía civil: necesaria para el
reconocimiento y desarrollo de las libertades básicas del individuo, incluye todas las libertades,
el derecho de propiedad y al acceso a la justicia en defensa de estos derechos.

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
políticos y culturales. “Después de la muerte se calló todo, me quedó toda la responsabilidad,
en lo político no se volvieron hacer reuniones; en lo político me afecta a
mi también porque me gustaba hacer lo que él hacía; yo he tratado de seguir esto
porque me gusta los ideales”. 31
daño a su buen nombre–estigmatización
No solo es un hecho que afecte el contexto social de la víctima, al respecto, la Corte
Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que los actos de estigmatización
en contra de las víctimas de violaciones a los derechos humanos afectan el derecho
a la honra y la dignidad de sus familiares. 32
Particularmente en el caso de la Unión Patriótica, algunas viudas o esposas de desaparecidos,
fueron estigmatizadas y excluidas, muchas de estas circunstancias generadas
por la discriminación histórica que padecen, al ser consideradas como objeto
sexual y desvaloradas; a algunas de ellas se les mal interpretó la necesidad de apoyo.
En estas circunstancias las víctimas presentan un fenómeno que Beristain y Páez, denominaron
como el clima del miedo, porque los hechos sufridos instauran en las víctimas
un clima emocional de miedo en el que predomina la ansiedad, la inseguridad,
las conductas de evitación y aislamiento social, la descohesión grupal y la inhibición
de conductas de afrontamiento; estos autores consideran que este clima afecta más
a las víctimas, que han sufrido fenómenos de pérdida de estatus y discriminación;
estas víctimas por lo general viven un clima o contexto social en el que impera el silencio,
la negación, la indiferencia, la evitación de contacto y la estigmatización de la
víctima o justificación de los hechos. Finalmente plantean que “La violencia política
instaura frecuentemente un clima y un espiral de silencio. Se denomina espiral de
silencio al mecanismo social que se desencadena, al estigmatizarse la exteriorización
de una identidad o posición política, por lo que ésta se ve obligada a silenciarse o se
le impide activamente manifestarse en la opinión pública, y al no oírse, se bloquea
que tenga una representación real y se impide su reproducción social”. 33
acceso a la justicia
Tal como lo planteó Marshall, en la definición de ciudadanía plena, uno de sus elementos
es la ciudadanía civil en la que se debe garantizar el acceso a la justicia como
un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, para que le amparen
o protejan los derechos a los ciudadanos y ciudadanas; porque solo cuando se garantice
este aspecto, podrá decirse que las mujeres son ciudadanas plenas. Muchas de las
31 Taller con mujeres. Región Centro, 4 y 5 de agosto de 2011.
32 Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de Manuel Cepeda
Vargas, Caso 12.531, contra la República de Colombia, 2008.
33 Carlos Martín Beristain, Darío Paez Rovira: Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social: Experiencias
internacionales y desafío Vasco, Editorial Fundamentos, Madrid, 2000, p. 78.
1157

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abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
mujeres víctimas no han resuelto algunas situaciones jurídicas por desconocimiento
de los procedimientos legales o por falta de recursos para acceder a la justicia, lo
que les ha implicado consecuencias jurídicas que en muchas ocasiones ni siquiera
lo saben. Como el caso de la situación civil, en el tema de desaparecidos y ello les ha
ocasionado problemas jurídicos. Al respecto:
Las mujeres no saben en qué condición están afectivamente en los casos de desaparición
forzada, las mujeres no saben en qué condición civil están. Para las mujeres es muy
negativo la muerte presunta. Para los hijos esto de la muerte presunta, que cuando una
mujer se ve en la obligación de declarar muerte presunta, lo que genera es reproches de
los hijos…usted ya se olvidó. En lo individual, debe haber un mayor énfasis en la desaparición
forzada ya que esta tiene impactos distintos. Los procesos judiciales en la desaparición
forzada, restringe el acceso a derechos legales (Pensión y entre otras cosas que
hay que ahondar a nivel jurídico). La muerte presunta es renunciar a muchas cosas. 34
avance de propuesta de criterios de reparación
con perspectiva de género
Con base en la revisión teórica del asunto, el trabajo de campo realizado en dos
investigaciones y fundamentado a través de la Resolución 60/147 de 2005 de reparación
integral de la ONU; se propone el siguiente avance:
Como recomendaciones generales:
• Inclusión real de la perspectiva de género en los procesos de reparación, no
solo diferenciar una estadística entre hombres y mujeres.
• Crear una Comisión de documentación específica para las violencias contra
las mujeres, generadas a partir del conflicto armado y otros procesos violentos
del país.
• Implementar una acción afirmativa vinculante a favor de las mujeres víctimas,
con el fin de que participen activamente en el proceso.
• Programa de acceso a la justicia para las mujeres, que permita garantizarles el
verdadero acceso a la justicia y el goce efectivo de sus derechos.
En el tema de rehabilitación:
• Recuperación psicológica y psiquiátrica de las víctimas: se pudo evidenciar en
las diferentes entrevistas y talleres que las mujeres no han podido elaborar los
duelos por la pérdida de sus seres queridos y presentan afectaciones sicológicas.
34 Taller sicosocial. Archivos Corporación Reiniciar, 19 y 20 de septiembre de 2008, p.. 10

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
Con respecto a la satisfacción:
• Programas de formación: brindar educación tanto formal como no formal,
teniendo en cuenta la afectación en sus proyectos de vida.
• Programas de autonomía económica: es el mecanismo más efectivo para que ellas
puedan gozar de otros derechos y puedan avanzar en su autodeterminación.
• Programas de seguridad y bienestar social: más de los beneficios que ofrece el
Estado, es necesario que las mujeres víctimas puedan gozar de salud, vivienda
y espacios de ocio.
• Recuperación del buen nombre: es importante hacer una mirada histórica a
los hechos de violencia que generaron estas víctimas, porque se ha olvidado
quiénes son los culpables y en casos, se ha confundido estratégicamente a las
víctimas con los victimarios.
• Reintegración familiar y social: Como elemento de reconstrucción tanto de
los lazos familiares como sociales.
Como garantías de no repetición:
• Formación en derechos humanos de las mujeres a nivel Estatal y local.
• Programas de formación en participación política, para que las mujeres alcancen
el goce de su ciudadanía plena.
• Programa de memoria de las mujeres víctimas: para que no se olvide las mujeres
víctimas y las violencias que se han generado por el solo hecho de ser
mujer.
• Tribunales de la verdad sobre violencias basadas en género, a manera de sanción
social.
análisis de la ley 448 de 20 –ley de víctimas
Para analizar esta norma primero es importante tener en cuenta el contexto bajo el
cual aparece esta Ley; este tipo de normas comúnmente surgen en etapas de transición,
según Uprimny, 35 en éstas se resuelve la tensión entre justicia y paz, la primera
garantizando los derechos de las víctimas y la segunda, estableciendo las condiciones
adecuadas de desmovilización de los actores armados; los cuáles harán parte de un
postconflicto; desde esta primera mirada es difícil pensar que Colombia atraviesa
una etapa de posconflicto, cuando está vigente el conflicto armado.
35 Rodrigo Uprimny Yepes: “Justicia transicional en Colombia: algunas herramientas conceptuales para
el análisis del caso colombiano”, en Revista Foro, no. 53, mayo de 2004, Colombia, pp. 46 -56.
115

160 1 0
abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
Segundo, el Estado ha ratificado tratados internacionales en donde se obliga tanto
con obligaciones de medios como de resultado, a eliminar la discriminación en contra
de la mujer (Convención sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación
contra la mujer. Ratificada mediante la Ley 51 de 1981) y a prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violencias contra las mujeres, (Convención Belem do Pará, aprobada
mediante Ley 248 de 1995); a partir de estas ratificaciones podemos pensar, que
el Estado colombiano ha adquirido unas obligaciones con respecto a la garantía de
los derechos humanos de las mujeres, que debió ir incorporando desde hace varios
años y que por tanto la línea base a partir de la cual se implementa la ley de víctimas
ha de ser más garante en pro de la igualdad material en los procesos de reparación.
En este punto, el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, establece como principio
general de la norma, el enfoque diferencial cuyo objetivo es reconocer que existen
poblaciones con características particulares, entre ellas en razón de su género, a quienes
el Estado ofrecerá especial garantía y medidas de protección, para ello, deberán
adoptarse criterios diferenciales según la particularidad y el grado de vulnerabilidad,
tanto en la ejecución como adopción de las políticas de asistencia y reparación; en
su último parágrafo establece que “Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados
a que las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, contribuyan a
la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los
hechos victimizantes” (marcado fuera del texto); de allí que la reparación debe tener un
enfoque transformador para las mujeres víctimas y ello implica, no solo restituirlas al
momento antes de la violación de derechos humanos, sino brindarles otras garantías,
entre ellas, eliminar los esquemas de discriminación y buscar la igualdad de facto
entre hombres y mujeres, obligaciones adquiridas con anterioridad.
Es importante reconocer que la Ley de víctimas incluye formalmente un lenguaje
con perspectiva de género, trae un capítulo específico sobre los procesos de restitución
de tierras que se constituye en una visibilización importante en cuanto al reconocimiento
del acceso a la propiedad de las mujeres víctimas, que en su gran mayoría
son las viudas que han sido desplazadas de sus territorios. En el tema de violencia
sexual, se nombra en diferentes artículos y se establecen garantías incorporadas en
sentencias de la Corte Constitucional y otros desarrollos legislativos. No obstante, se
requiere materializar los postulados normativos.
consideraciones finales
• Después del análisis sobre la inclusión de la perspectiva de género de la Ley
de Víctimas en relación a las obligaciones adquiridas previamente por el Estado,
es posible decir que este, no establece las garantías necesarias para su
aplicación, ya que, las estructuras culturales que sostienen las condiciones
de discriminación sobre la mujer, no han sido erradicadas a pesar de que se

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
ha comprometido internacionalmente a través de los tratados ratificados, en
tanto, la línea base a partir de la cual se implementará la Ley debe ser más
garantista que lo que existe actualmente, lo que significa que en este aspecto,
el Estado es responsable por un hecho ilícito internacional al no adoptar las
medidas necesarias y eficaces según sus compromisos de resultado adquiridos
en los diferentes tratados ratificados por Colombia.
• Para que el proceso de reparación integral tenga una verdadera perspectiva
de género, no basta hacer la mención en la norma, sino, entender por que se
realizan estas acciones afirmativas; esto llevaría a tener claridad sobre la discriminación
histórica que ha sufrido la mujer y por ende, a reconocer que las
situaciones previas de desigualdad de género se exacerbaron con el conflicto
armado y a pesar de que el Estado tiene obligaciones internacionales para
reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres, aún faltan muchas
estrategias que garanticen la realización de los derechos plenos de las mujeres.
• Es importante que el sistema nacional de atención y reparación a las víctimas,
creado a partir de esta ley, integre información clara y precisa con base en
investigaciones que hayan identificado o que identifiquen, las afectaciones
diferenciales causadas por el conflicto según la posición social y los roles de
género desempeñados, con el fin de que se tenga claridad sobre los daños y la
reparación que requieren las víctimas.
• La perspectiva de género no solo es competencia del funcionario o funcionaria
encargada del asunto al interior de las instituciones o comité territoriales,
como principio incorporado en la Ley, debe transversalizarse a todas las
acciones que se emprendan en el proceso de reparación, para que las personas
encargadas a nivel nacional o local, tengan un conocimiento adicional a la
hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas que harán realidad
la ley, porque de lo contrario quedaríamos nuevamente con postulados
formales que poco avanzan en la igualdad material; en este sentido, es importante
impartir capacitación sobre perspectiva de género a todas las personas
que hagan parte del Sistema Nacional, porque solo se hará efectivo este trabajo
cuando se conozca la historia de los derechos de las mujeres y se reconozca
su forma de habitar el mundo. La verdadera inclusión de la perspectiva de
género en la Ley de Víctimas, se logrará sólo cuando se transversalice a través
de todo el sistema, pero no desde la visión errónea de concentrar en una sola
persona el tema.
• Reconocer las condiciones de vulnerabilidad de algunos grupos, permite
avanzar en la igualdad de facto que el Estado se ha obligado cumplir internacionalmente;
es positiva la inclusión de acciones afirmativas para las mujeres
en el tema de restitución, pero estas deben ir acompañadas de otros procesos
para las garantías de no repetición en los lugares donde los actores armados
aún tienen vigencia.
1161 1

162 1 2
abg. dora CeCilia Saldarriaga griSaleS
• Una etapa clave en la incorporación de la perspectiva de género, es en el proceso
del registro único de la víctimas, porque a partir de esta información se
realizará todo el proceso de identificación de daños y de víctimas, si en estos
formatos no se incluyen las violencias basadas en género, no se hará un reconocimiento
específico a las violencias que afectan de manera diferencial a las
mujeres y se invisibilizará nuevamente los daños ocasionados a las mujeres a
raíz del conflicto armado.
• Desde los aspectos metodológicos para trabajar con víctimas, se deben tener
en cuenta las diferentes formas de expresión que tienen tanto hombres como
mujeres, por tanto si se desea incorporar la perspectiva de género es indispensable
que a la hora de recolectar la información se garantice que hombres y
mujeres estén en espacios diferentes, para que puedan abiertamente expresar
sus sentimientos; en el caso de los grupos mixtos, en ocasiones se pueden
inhibir en contar los daños y las expectativas de reparación, por temor a la
estigmatización (en el caso de las violencias de género) o por temor a la ridiculización
en el entendido de sus expectativas. Jennifer Coates 36 , explica que
hombres y mujeres tienen diferentes formas de comunicarse, a partir de investigaciones
sociolingüísticas ella pudo establecer que mientras los hombres
durante el proceso de socialización tienden a disentir o a ignorar las emisiones
de sus interlocutores, las mujeres suelen aceptarlas y construir sobre ellas,
describe los primeros como un estilo de interacción basado en el poder y las
segundas uno caracterizado por la solidaridad y el apoyo. Esto es clave para
comprender que en espacios mixtos las mujeres preferirán guardar silencio y
los hombres asumirán un liderazgo para imponer su posición.
• La reparación integral de las mujeres víctimas ha de iniciar por la vinculación
en la reglamentación y posterior aplicación de la ley, el reconocimiento de su
discriminación histórica permite generar acciones afirmativas que logren la
igualdad de facto con los hombres; en este proceso se tendrá especial atención
en no diseñar políticas de reparación que perpetúen los roles y los estereotipos
basados en género que han producido discriminación y consecuentemente
violencia contra las mujeres, se tendrá que prestar mayor atención a
las viudas del conflicto armado que han asumido el rol de proveedoras de su
familia y que se han visto obligadas a desempeñar labores discriminatorias, lo
que en el mayor de los casos, las hace parte de las estadísticas del umbral de
pobreza, por lo que se ha denominado este fenómeno como feminización de
la pobreza.
• Es necesario incorporar medidas urgentes de salud mental, que permitan a las
mujeres tener espacios para hablar sobre lo sucedido y puedan crear conjuntamente
su proyecto de vida.
36 Jenny Cheshire, Peter Trudgill: Dialectología social, Estados Unidos: John Benjamins B.V. 2002. Citado
por: Jennifer Coates, Mujeres, hombres y lenguaje: Un acercamiento sociolingüístico a las diferencias de género,
Fondo de Cultura Económica, México, 2009, p. 245.

Reparación de DH con perspectiva de género: una propuesta para el caso colombiano
• Incorporar todas las observaciones realizadas por los organismos internacionales
para avanzar en las condiciones de igualdad y de paz y reconocer la
labor que realizan las mujeres durante y después del conflicto, como actoras
políticas de movilización.
• Tener presente a la hora de los programas de reparación, que las mujeres
privilegiarán la adopción de medidas para sus descendientes o familiares y se
excluirán de los beneficios, por ello es importante implementar estrategias
que les permitan pensar la reparación en clave de sus necesidades específicas
como mujeres.
1163 3

164
el PrinciPio de solidaridad coMo
resPUesta a los liMitados
aVances Y Grandes retos de
coloMbia Frente a la eliMinación de
estereotiPos de GÉnero
contra la MUJer
introducción
aBG. Cristina rosero arteaGa
liC. roMel arMando hernández silva
Colombia
Los movimientos feministas toman un auge especial a partir de los años 60 debido
al movimiento por la emancipación de la mujer, que buscó esencialmente la igualdad
entre los sexos. Este surge inicialmente de forma política e influye claramente en el
desarrollo académico de la época 1 , desde donde se observan estudios de diferentes
disciplinas que empiezan a tomar en cuenta el papel de la mujer dentro de la sociedad
y analizan los distintos esquemas sociales por medio de los cuales se genera la
discriminación y opresión a la mujer. Sin duda, estos movimientos tuvieron una influencia
relevante, logrando cambiar esquemas sociales de discriminación y pasando
a órbitas importantes desde el punto de vista social. Ello se evidencia, entre otros
aspectos en la forma en que la mujer ha sido vista a través del tiempo por organizaciones
internacionales como la ONU que ha incluido dentro de sus preocupaciones
políticas, en un primer momento la igualdad de la mujer en términos del desarrollo
y en un segundo momento respecto al empowering o empoderamiento, como nueva
perspectiva que se torna en la meta del papel de la mujer alrededor del mundo. 2 Uno
de los aspectos que deben garantizarse para lograr el empoderamiento, es igualmente, la
eliminación de estereotipos que eviten que la mujer pueda acceder a las oportunidades
1 Birgit Locher: “Las relaciones internacionales desde la perspectiva de los sexos”, en Nueva Sociedad,
no. 158, noviembre–diciembre de 1998, pp. 40-65.
2 Pedro M Carvallo Ponce: “Género, posmodernismo y relaciones internacionales. La identidad femenina
en el discurso de las organizaciones internacionales” en Confines, no. 003, enero–mayo de 2006,
Instituto Tecnológico y estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, pp. 89–100.

El principio de solidaridad como respuesta a los limitados avances y grandes retos...
formales y reales, debido a la discriminación que se crea como consecuencia de
estos. En ese sentido, esa eliminación de los estereotipos de género es uno de los
puntos que las normas internacionales buscan recomendar a los países miembros
que ratifican dichas normas.
Colombia ha ratificado y por tanto incluido dentro de su ordenamiento jurídico los
diferentes tratados y acuerdos respecto a los derechos humanos de las mujeres adoptados
por la ONU, volviéndose este uno de los puntos que políticamente presentan
a Colombia de forma adecuada frente a ese organismo internacional. No obstante,
es interesante encontrar que en la práctica, la estereotipación, en especial relacionada
con la reducción de la mujer a las esferas privadas se encuentra aún presente, creando
discriminación en diferentes esferas sociales, principalmente la parte laboral y política.
Ello nos demuestra que dentro de la realidad social, nos encontramos lejos de
poder materializar las prospectivas que las normas internacionales buscan dentro de la
sociedad mundial. Por lo anterior, es necesario determinar si existe una falta de
voluntad política para dicha materialización o evidenciar si los esfuerzos hasta aquí
realizados se están quedando cortos frente a sus metas.
los movimientos feministas frente al estereotipo
de género de la mujer en la esfera privada
El género se refiere a la construcción social, por tanto arbitraria respecto a lo que
debe entenderse por femenino y masculino, 3 o en otras palabras como “las características
influidas por la sociedad por las que las personas se definen como hombres
y mujeres”. 4 De esta forma se crean los roles de género entendidos como las construcciones
que orientan lo que se espera, permite y promueve en las personas según
su sexo que pueden terminar por ser comunes dentro de la sociedad con forma de
un estereotipo.
Un estereotipo de género cultural, evoluciona de acuerdo a la forma en que se ven
un hombre y una mujer, y no es problemático sino en la medida en que opera para
ignorar las características, habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales.
5 El verdadero problema de la discriminación radica en la presencia de estereotipos
de género que afecten la manera en que la mujer se desarrolla frente a las
leyes y estructuras e instituciones jurídicas y sociales 6 .
3 Leonardo Romero S: Centro de Asesoría y Consultoría, Elementos de sexualidad y educación sexual,
Industrias litográficas Boston, Barranquilla, 1998, pp 30.
4 David Myers: Psicología Social, 8 va edición, MacGraw Hill Interamericana, México, 2005, pp. 183.
5 Rebecca J Cook, Simone Cusack: Estereotipos de género. Perspectivas legales transnacionales, primera edición,
Profamilia, Bogotá, 2010, pp. 23.
6 Rebecca J Cook, Simone Cusack: Ibídem..
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abg. Critina roSero arteaga, liC. romel armando hernández SilVa
Entre ese tipo de estereotipos, uno de los más relevantes se refiere a la relación entre
las esferas pública y privada frente al hombre y a la mujer. De acuerdo a estudios
realizados por Aller Atucha y Marcio Ruiz, “el predominio de la tradición occidental
judeocristiana ha determinado un paradigma sexual, denominado “sexo oficial”’ que
regula el comportamiento sexual y plantea lo que la sociedad espera que haga o no
haga. Este sexo oficial corresponde a un sexo matrimonial, monogámico, heterosexual
con fines reproductivos.
Desde ese punto de vista el rol identificado como sexo oficial para el hombre corresponde
a un ser profundamente erotizado, y una vez en el matrimonio, se trata de
un esposo polígamo, con un papel social instrumental, productivo, ejecutivo que le
permita ser buen proveedor y protector de la vida material de la familia. Se trata por
excelencia de un ser situado en el plano de lo público, de lo social. Por su parte el
rol de la mujer de acuerdo a la construcción del sexo oficial determina que la misma
deberá ser madre y esposa absolutamente monógama, capaz de asumir roles reproductivos
de expresividad, asistencia, cuidado y atención de la familia.
Bajo esta mirada, la mujer se desenvuelve en el plano del hogar o lo privado. 7 Este estereotipo
se ve en nociones como las siguientes: i) “las mujeres deben ser madres y , por
lo tanto son ellas y no los hombres quienes deben ocuparse de asuntos relacionados
con la procreación y educación de los niños; ii) las mujeres deben ser amas de casa y,
por lo tanto son ellas no los hombres quienes deben ser el centro del hogar y de la
vida familiar y ocuparse, entre otras cosas, de las responsabilidades domésticas, y; iii)
las mujeres son cuidadoras y, por lo tanto, son ellas y no los hombres quienes deben
asumir la responsabilidad de la atención principal y el cuidado de los hijos. 8
Dicho estereotipo implica que las cualidades que estos adjudican a las mujeres buscan
mantener y legitimar las situaciones de subordinación social y legal a las cuales
se encuentran sometidas. 9 Bajo este estereotipo, “los hombres son protagonistas
centrales y sus valores y necesidades son traducidas como universales”, 10 lo cual jerarquiza
su posición frente a la mujer separándola del orden público y que ha tenido
una fuerte influencia en la discriminación social que se formó a través del tiempo
frente al género femenino. Desde ese punto de vista, la existencia de una ley, política
o práctica que degrade o menoscabe la dignidad femenina puede crear reales perjuicios
para la mujer, y aún si no se encuentra expreso dentro de una norma jurídica del
ordenamiento, si la sociedad tiene en cuenta en sus prácticas la discriminación por
cuenta de ese estereotipo de género se estará limitando la posibilidad de las mujeres
7 Leonardo Romero S: Ob. cit., pp 31.
8 Rebecca J Cook, Simone Cusack: Ob. cit., pp. 68.
9 Gabriela Rodríguez Huerta: La no discriminación de las mujeres: Objeto y fin de la CEDAW, en: Juan A.
Cruz Parcero, y Rodolfo Vázquez, Derechos de las Mujeres en el Derecho Internacional, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Ediciones Fontamara, México, 2011, pp.139.
10 Elisa Gómez: Mujeres, jóvenes, Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina y el Caribe, Secretaría
General FLACSO, México, 2009, p. 2.

El principio de solidaridad como respuesta a los limitados avances y grandes retos...
de por ejemplo, acceder a los mismos empleos o al mercado laboral con las mismas
oportunidades de los hombres. Las consecuencias de este estereotipo en concreto se
presentan en la división social del trabajo. Tal y como se manifiesta:
La división sexual del trabajo ha sido determinante en el establecimiento de la división
histórica entre lo privado y lo público. El espacio de lo privado, definido como lo doméstico,
en el que las mujeres cumplen su rol esencial de esposas y madres, y todos los
demás asociados a la vocación de subordinación y gratuidad del servicio, ha sido invisibilizado
y por lo tanto no considerado ni desde el punto de vista económico ni social y
está políticamente desprovisto de cualquier tipo de valoración. El espacio de lo público,
definido como aquel en el que se toman las decisiones que afectan al conjunto social,
está asociado a los roles adscritos a los varones, a la realización de la masculinidad. La
asignación de estos roles tiene efectos en la vigencia de los derechos humanos y en el
desarrollo integral como seres humanos, y para las mujeres implica formas de opresión
y explotación como la represión de su sexualidad, responsabilidades en la vida doméstica,
violencias y la discriminación económica, social y política. 11
Este tipo de estereotipación se ha dado como un punto común a través del tiempo en
la sociedad occidental y fue una de las principales observaciones que condenaron los
movimientos del feminismo debido a que la reducción de la mujer a la esfera privada
que se encuentra despolitizada lo cual supone la subordinación de la mujer, y entrega
de la órbita del poder político a lo masculino 12 . Estos movimientos feministas han
tenido diferentes órbitas, pero han sido entendidos como “el conjunto de personas,
acciones, y teorías que asumen el compromiso político con la idea de que nuestras
sociedades son patriarcales, donde existe una supremacía de lo masculino”. 13
Ahora bien, es menester entonces manifestar las grandes discusiones dentro de las
teorías y movimientos denominados “feministas” de forma común, debido a que
las mismas no han sido pacíficas, ni tampoco sus clasificaciones, no obstante, usualmente
se encuentran distinguidos varios tipos de feminismos en especial teniendo
en cuenta la transversalidad de la mirada feminista en los diferentes campos del
conocimiento. Es así como podemos distinguir, hablando de la clasificación más
usual, i) los feminismos de la igualdad, que justifican la opresión contra la mujer
por un tratamiento no igual frente a los hombres, que a su vez se ramifica en feminismo
liberal clásico -que sustenta su dirección en la búsqueda de una igualdad de
oportunidades formales, buscando igualdad de derechos y representación, y busca la
11 Consejo Superior de la Judicatura de Colombia - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Género y
Justicia, 1 ra edición, Pro-offset Editorial, Bogotá, 2009, p. 126.
12 Enguia Mohamed Nafe: “Teoría feminista y Relaciones Internacionales”, en: Trabajos y Ensayos, no. 4,
julio de 2006, pp. 1–13.
13 Isabel Cristina Jaramillo: La crítica feminista al Derecho, en: West, Robin, Género y Teoría del Derecho, ediciones
Uniandes Facultad de Derecho, Bogotá, 2000, pp. 25-60.
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abg. Critina roSero arteaga, liC. romel armando hernández SilVa
producción de normas jurídicas sin género específico, sino humanas 14 -y feminismo
socialista -que busca la igualdad en las oportunidades reales y acceso a recursos, sustentando
la opresión de la mujer en las estructuras propias del capitalismo 15 -; y ii) el
feminismo radical que mira el problema de género como estructural en la sociedad
y sustenta la opresión en la falta de poder en la mujer. Ahora bien, ante las teorías
feministas que podríamos denominar “principales” -liberales, socialistas y radicales-
se erige igualmente, el feminismo cultural, que no busca sustentar la igualdad entre el
hombre y la mujer y por el contrario exalta su distinción basándose en la capacidad
de conexión de la mujer frente a la necesidad de autonomía e independencia del
hombre. Sus críticas se dirigen a manifestar que tiende a reforzar el estereotipo de
hombre/público y mujer/privado. 16 Se critica esta visión porque sigue manteniendo
separadas las órbitas públicas y privadas y lo que debe considerarse o no político,
de esta forma las mujeres deben ajustarse al patrón masculino para ser parte de la
esfera pública, pero sin cuestionarlo. 17 Por su parte, el feminismo radical desarrolla
más fuertemente el concepto de patriarcado atacando las construcciones masculinas,
aportando la visión femenina de las estructuras, ahondando en las diferencias entre
hombre y mujer. Se critica esta teoría por la exacerbación de la diferencia a pesar
de revalorar lo femenino (en donde se asignan atributos a la mujer), no soluciona el
problema de dualismo y cae de forma más fuerte en la estereotipación. En un tercer
lugar tenemos la visión de los estudios de género. Se parte no de la discusión entre
diferencia o igualdad, sino en la forma de captar mejor las desigualdades sin renunciar
a la igualdad entre hombre y mujer. Se habla entonces del concepto de género
que busca una visión más integral dentro de las mismas, revisando los constructos
que sobre los géneros se han realizado, y evidenciando las desigualdades que de dichos
constructos resultan. La discusión sobre este punto continúa. 18
Es importante resaltar el papel que juega el feminismo cultural, relacionado con los
estudios de género, porque la apuesta de dicho feminismo radica en mantener la diferencia
sin que se genere oposición entre la visión hombre mujer, para ello se hace
necesario acudir a una noción de reconocimiento cuyas fronteras se adentran en los
discursos solidarios. Tal como lo sostiene Iris Marion Young, el problema de los
estereotipos, o como ella los llama, los modelos culturales dominantes, no radica en
ausencia de leyes o normas que pretendan acabar con ellos, sino en que la ejecución
de las normas, por parte de quienes las aplican, imprime de forma inconsciente el
estereotipo, a este fenómeno la autora le llama el univosionismo. 19
14
Yetzy Villarroel Peña: “Los aportes de las teorías feministas a la comprensión de las relaciones internacionales”,
en Politeia, no. 39. Julio-Diciembre de 2007, p. 69.
15
Yetzy Villarroel Peña:Ídem.
16
Isabel Cristina Jaramillo: Ob. cit., p. 40.
17
Birgit Locher: “Las relaciones internacionales desde la perspectiva de los sexos” en Nueva Sociedad,
no. 158, noviembre–diciembre de 1998, p. 6.
18
Birgit Locher: Ibídem, p. 11.
19
I. Marion Young: La justicia y la política de la diferencia, Instituto de la mujer, Valencia, 2000, pp. 71-197.

El principio de solidaridad como respuesta a los limitados avances y grandes retos...
El problema no radica solamente en las leyes, sino en un lugar más profundo que
en ocasiones resulta siendo un punto ciego para la aplicación de las normas, ello es
lo cultural. El feminismo de tipo cultural ha pretendido preservar, en lo cultural, la
diferencia que hace de la mujer una mujer, no por definición exterior masculina, sino
por definición interna de la propia mujer, pero sin que ello implique perder la igualdad
de derechos y posibilidades que ha ganado. En ese sentido no se trata de lograr
una igualdad a raja tabla, sino una igualdad para la pluralidad. 20 Apelando al reconocimiento
para que se tenga en cuenta a las mujeres, pero no como la visión normal
quiere verlas, sino como ellas quieren mostrarse. Así, una mujer para ser mujer y
tener aceptación en lo público, no necesariamente tiene que apegarse a los esquemas
tradicionales de la dama delicada, vestida de sastre y que por lo general desprecia las
actividades hogareñas y que desea no tener hijos, por el contrario, se trata de hacer
que su vida como mujer, independiente de si se apega a un esquema clásico o no, la
lleve a manifestarse tal cual es sin que ello implique una exclusión o discriminación
por separarse del estereotipo.
En ese sentido el reconocimiento no es solo la reglamentación para acabar con los
modelos o esquemas culturales que de manera inconsciente confinan a la mujer a
lo privado, es más una acción de tipo social emprendido por varios sectores que
pretenden extirpar las malas prácticas que por tradiciones se vienen realizando, 21 así
pequeñas modificaciones en el lenguaje masculino, que aunque en chiste, deforman
a la mujer, igualmente la creencia que lo femenino es lo esquemáticamente entendido
como delicado y limitado a lo estrictamente estético. Es importante reconocer esto
último porque la relación tanto en la expresión como en lo estético muestra su forma
más cruda en la afirmación de corte machista que considera a las mujeres bonitas
como torpes o carentes de razón, motivo por el cual deben ser confinadas a lo privado,
condenadas a realizar las labores del hogar.
En todo caso, como un punto común en la discusión entre movimientos feministas
y estudios de género, se encuentra la necesidad de abandonar los límites entre las
esferas pública y privada pues es en este punto que parece existir un artilugio para
legitimar la exclusión de la mujer.
20 I. Marion Young: Ídem.
21 I. Marion Young: Ídem.
1

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abg. Critina roSero arteaga, liC. romel armando hernández SilVa
el discurso sobre la mujer de la organización
de naciones Unidas y su influencia
en el ordenamiento jurídico colombiano
El feminismo en sus distintas corrientes logró importantes avances en materia internacional,
pues sus observaciones relacionadas con la discriminación de género y
la opresión en contra de la mujer permitieron no solo la visibilización de esas problemáticas
sino también crearon acciones tendientes a la eliminación de ese tipo de
prácticas entre otras órbitas, desde el punto de vista académico.
De acuerdo a Pedro Carvallo la evolución del tratamiento a la mujer en el discurso
de la ONU inicia con una influencia del feminismo liberal en 1975, donde se habla
de la participación femenina en los procesos de decisión que ayudan a promover la
paz y un discurso desarrollista, en los cuales se habla de la igualdad de la mujer en las
esferas públicas pero sin referirse a la inclusión dentro de dichos procesos del punto
de vista femenino. Se conserva entonces una mirada estatocéntrica de la realidad
internacional.
La evolución clara al momento de Beijing en 1995 es que se abandona el discurso
desarrollista y asume una posición dentro del concepto de empowerment que tiene
que ver con el avance en los derechos de la mujer y del hombre garantizando para
ellos la posibilidad de desarrollarse en la sociedad y moldear sus vidas de acuerdo a
las aspiraciones personales. Se trata de buscar condiciones propicias para que la mujer
pueda llegar a la igualdad. 22 El reconocimiento de los derechos de las mujeres por
esta organización internacional se da en consonancia con esa evolución.
A pesar de que 1946 las Naciones Unidas inicia su intervención en estos temas con la
creación de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, 23 solo es hasta 1975 que como
resultado de la presión de grupos feministas, entre otros factores, la ONU declaró
los años 70 como la década de la mujer y se realizó a partir de ese momento cuatro
Conferencias Internacionales de la Mujer: la primera de 1875 en ciudad de México,
la segunda de Copenhague en 1980, la tercera en Nairobi de 1985 y la cuarta, y más
significativa en cuanto a acuerdos, la de Beijing de 1995. A partir de Beijing existieron
varios avances en diferentes órbitas de los derechos humanos de la mujer, tanto
en el reconocimiento de derechos y garantías así como en los primeros pasos en la
búsqueda de efectividad de esos reconocimientos en los seguimientos realizados a
cinco, diez y quince años de Beijing. 24
22 Pedro M Carvallo Ponce: Ob. cit., p. 97.
23 Irene López: Género en la agenda internacional de desarrollo. Un enfoque de Derechos Humanos,
en: Revista académica de Relaciones Internacionales, no. 2, junio de 2005, UAM–AEDRI, Madrid, p. 1.
24 Irene López: Ibídem, p. 3.

El principio de solidaridad como respuesta a los limitados avances y grandes retos...
En cuanto al reconocimiento progresivo de derechos a favor de la mujer en la ONU,
existen entre otros, 25 el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, que es la disposición
más clara y directa en cuanto a la exigencia hecha a los estados de la eliminación de
todo tipo de estereotipos de género que creen discriminación contra la mujer.
Se debe observar que Beijing, como se suele afirmar, plantea la contradicción de
señalar los objetivos y compromisos que frente a los derechos de las mujeres se
quieren lograr, pero a la vez evidencia la falta de consenso y las dificultades para tales
fines, por la tendencia del avance neoconservador. 26 No obstante los reconocimientos
hechos a favor de las mujeres, se necesita tener en cuenta que pueden obedecer a razones
económicas, como lo pone de presente la Lic. Claudia Anzorena, quien afirma
que se necesitaba la potenciación de la mujer con el fin de que ocupe los lugares que
quedaron vacíos después de las prácticas neoliberales que eliminaron la asistencia,
lo cual genera efectos contradictorios “como promover la autonomía o la equidad o
reforzar el paternalismo, la victimización y el control sobre sus vidas”. 27
Otra crítica que se esboza al respecto es que si bien los logros en cuanto al reconocimiento
de los derechos de la mujer, al menos formalmente, son notorios, los
organismos internacionales se han encargado de institucionalizar el movimiento
feminista lo cual ha creado una pérdida de autonomía y de “atenuación
ideológica” que fragmento a dicho movimiento 28 . Igualmente, se critica que si
bien el reconocimiento de esos derechos a favor de la mujer es importante y
permite poner de manifiesto las desigualdades, “no implican un cambio paradigmático
y algunas veces ocultan que las relaciones de poder entre hombres
y mujeres no se están alterando”. 29
25 Convención de “Belém do Pará” (prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer), Convención de los derechos políticos de la mujer, Declaración sobre la protección
de la mujer y el niño en estados de emergencia o conflicto armado, Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, Declaración de la UNESCO sobre la contribución
de las mujeres a una cultura de paz (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos - HCHR, 2002).
26
Claudia Anzorena: “Movimientos feministas y Naciones Unidas: del optimismo de los ‘60 a la paradoja
de Beijing”, ponencia presentada en VIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y III
Congreso Iberoamericano de Estudios de Género (Córdoba, 2006), Organizado por la Universidad
Nacional de Córdoba, 2006, pp. 1–7.
27
Ibídem, p. 4.
28
Ídem.
29
Magdalena Valdivieso: “Globalización, género y patrón de poder”, en Género y globalización, primera
edición, CLACSO, Buenos Aires, 2009, pp. 27-52.
1 1

1 2
abg. Critina roSero arteaga, liC. romel armando hernández SilVa
De acuerdo a ese desarrollo, y a pesar de sus críticas, Colombia ha realizado la ratificación
de varios instrumentos internacionales de protección a la mujer expedidos
por la ONU 30 , los cuales han influenciado su labor legislativo:
Las normas relativas a la discriminación son: Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer adoptada y abierta a firma y ratificación
por los estados partes el 18 de diciembre de 1979 y entrada en vigor el 3 de septiembre
de 1981, entrada en vigor en Colombia, el 19 de febrero de 1982, en virtud de la
Ley 051 de 1981. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la OEA en Belem
do Pará, Brasil, en junio de 1994, entró a regir el 5 de marzo de 1995 y fue ratificada
por Colombia el 15 de diciembre de 1996, en virtud de la Ley 248 de 1995. La Convención
sobre Derechos Políticos de la Mujer, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1952, entrada en vigor el 7 de julio de 1957,
fue adoptada oficialmente por Colombia el 5 de noviembre de 1986, mediante Ley 35
de 1986. La Resolución 1325 del 31 de octubre de 2000 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, relativa a la inclusión de las mujeres y la perspectiva de género en
todas las decisiones nacionales e internacionales relativas a la guerra y a la paz
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas
en octubre 6 de 1999 y entrado en vigor el 22 de diciembre de 2000; Colombia ratificó
y sancionó este importante instrumento complementario, ya que organiza aspectos
procedimentales relativos a la denuncia y trámite de las mismas al interior del Comité
de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer CEDAW. 31
Para el tema que nos ocupa, es de mayor relevancia la efectividad de la Convención
sobre la eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer de
1979 (CEDAW), pues el Estado Colombiano a través de su ratificación termina por
comprometerse, entre otros aspectos, a la eliminación de los estereotipos de género.
Igualmente cabe anotar, que la Constitución Política de 1991 reconoce en el
30 Haciendo un recuento de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia se
encuentran: “Con respecto a las de carácter general, está en primer lugar la que conocemos
como Carta Internacional de Derechos Humanos, de la que forman parte: La Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, adoptado y abierto para firma y ratificación por los Estados
partes en la Asamblea General del 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de
enero de 1976; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y abierto
para firma y ratificación por los Estados partes en la Asamblea General de 16 de diciembre
de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, y el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado110 y abierto para firma y
ratificación por los Estados partes en la Asamblea General del 16 de diciembre de 1966 y
que entró en vigor el 23 de marzo de 1976” (Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2009,
p. 122).
31 Consejo Superior de la Judicatura de Colombia - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla: Ob. cit., p. 124.

El principio de solidaridad como respuesta a los limitados avances y grandes retos...
artículo 43 la igualdad de derechos oportunidades entre hombres y mujeres, así como
en el contexto familiar (artículo 42) y político. También se considera la protección
especial a la madre trabajadora (artículo 53).
colombia: legislación protectora de la mujer
con ambiente social estereotipador de género
La realidad colombiana ha estado históricamente ligada a una legislación con discriminación
y estereotipación de la mujer, principalmente marcada por una tradición
judeo-cristiana, de instituciones romanas, normas de derecho español e instituciones
napoleónicas 32 . Sin duda, independientemente de los reconocimientos dentro del
ordenamiento jurídico de forma positiva en la legislación es determinante saber la
efectividad en ese contexto social de dichas normas en la materialización de los
compromisos que como estado, asumió Colombia en cuanto a los estereotipos de
género. Como afirma Anna María Fernández:
32 En la reseña realizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se resume: “En efecto,
hasta 1922 las mujeres no podían ser testigos porque se desconfiaba de su manera de percibir,
de recordar y de relatar lo percibido, es decir, carecían de capacidad de razonamiento
y deliberación; mediante la Ley 8 de 1922 se les permitió ser testigos. Solamente desde el
año de 1932 con la expedición de la Ley 28 de ese año, se les confirió a las mujeres casadas
capacidad civil plena, porque antes de la expedición de esa ley eran tratadas como menores
de edad y, en consecuencia, no podían ejercer actos de disposición y administración de
sus bienes sino por intermedio de su cónyuge, que era su representante legal. En la Constitución
de 1886 solo los colombianos varones mayores de 21 años eran ciudadanos, no
obstante, la reforma constitucional de 1945 otorgó la ciudadanía a la mujer pero de manera
restringida, pues podían ser nombradas para desempeñar cargos de autoridad, pero no
podían ejercer sus derechos políticos como el de elegir y ser elegidas popularmente. Con
posterioridad el Acto Legislativo 03 de 1954, confirió a las mujeres el derechoal voto. El
Plebiscito de 1 de diciembre de 1957, otorgó a la mujer mayor de 21 años el derecho a
elegir y ser elegida, y en adelante tuvieron los mismos derechos políticos de los hombres.
La Ley 75 de 1968, les permitió a las mujeres ejercer la patria potestad sobre sus hijos, antes
reservada solo al padre. En esa misma ley, se les permitió ser tutoras y curadoras. El Decreto
2820 de 1974, reformó el Código Civil en varias de sus disposiciones para eliminar las
desigualdades entre el hombre y la mujer en el matrimonio. La Ley 2 de 1976, al regular el
divorcio para el matrimonio civil, estableció que las relaciones sexuales extramatrimoniales
de cualquiera de los cónyuges serían causales de divorcio, pues antes de esa ley era distinto,
como quiera que para el hombre constituía causal el amancebamiento con una mujer,
mientras que para la mujer era causal cualquier relación sexual extramatrimonial. Finalmente,
la Constitución de 1991 consagró la igualdad total entre el hombre y la mujer, y ordenó
a la ley adoptar normas que hagan efectiva la igualdad de las mujeres en la Administración
Pública (CP art. 40)”. Ídem.
1 3

1
abg. Critina roSero arteaga, liC. romel armando hernández SilVa
Es importante conocer y descifrar nuestro legado cultural y las formas de su reproducción
social, como una de las causas importantes de la legitimación, mantenimiento
y perpetuación de las relaciones de género asimétricas y la subordinación de las mujeres.
Porque la violencia y el desprecio ejercidos contra la población femenina, que de una
u otra forma justifican la discriminación -o a la inversa-, están presentes no solo en las
prácticas y comportamientos sociales sino que se inscriben en la manera de concebir,
representar y narrar la sociedad. 33
Las principales políticas dirigidas a la equidad de la mujer se encuentran lideradas
por la Consejería Presidencial de la Equidad para la Mujer. Entre los diagnósticos
presentados sobre los avances que en la materia de derechos de la mujer se refiere,
durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se muestra una serie de políticas altamente
asistencialistas que atienden a la población según la vulnerabilidad selectiva
de sus miembros. Se critica por tratarse de acciones de bajo impacto en cuanto a la
inversión y número de beneficiarias ($155 pesos por persona al año en 2009). Se
observa una falta de articulación de las políticas y una falta de retroalimentación con
los movimientos de mujeres del país 34 . Esto implica el mantenimiento del estereotipo
de género que impide a la mujer entrar en lo público, pues no es parte ni siquiera
de los puntos que le atañen en cuanto a la atención gubernamental que sobre sus
necesidades recibe.
Como principales falencias se esbozan: ausencia de un enfoque de derechos, baja
inserción de la transversalización en programas estratégicos de política social y económica,
bajo impacto en la cobertura e inversión de los programas y ausencia de
mecanismos de rendición de cuentas y de concertación con el movimiento social de
mujeres. 35
En cuanto a la parte laboral se encuentra claramente una discriminación de género
en dos temas específicos, acceso al trabajo y remuneración. Para el año 2009, las
mujeres colombianas ganaron la mitad de la remuneración de los hombres en los
mismos sitios de trabajo y existe dificultad para el ascenso laboral. 36 De acuerdo al
diagnóstico realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
-DANE, en los meses de noviembre de 2011 a enero de 2012, la tasa de ocupación
para hombres fue 70,4 % y para mujeres 46,1 %. En igual forma, la tasa de desempleo
33 Anna María Fernández Poncela: “Estereotipos de género en el refraneo popular. De la mala mujer
te has de guardar y de la buena no fiar”, en Política y Cultura, no. 006, primavera de 1996, Universidad
Autónoma Metropolitana–Xochimilco, México, pp. 43-61.
34 Confluencia de Redes de Mujeres–Colombia: La política pública para las mujeres en Colombia, primera
edición, Confluencia de redes de mujeres, Bogotá, 2009, p. 2.
35 Ídem.
36 Escuela Nacional Sindical: La discriminación laboral tiene cara de mujer, Escuela Nacional Sindical, Bogotá,
2009, p. 3.

El principio de solidaridad como respuesta a los limitados avances y grandes retos...
de las mujeres (14,3 %) fue superior a la de los hombres (7,7 %). 37 Frente a la remuneración,
para el año 2010 algunos estudios por regiones reconocieron una brecha
salarial que oscila entre el 5% hasta el 25 % en detrimento de la mujer en los recién
graduados. 38 En un estudio realizado en la Región Caribe se detectó la brecha salarial
entre mujeres y hombres que desfavorece al género femenino, pero sus resultados
interesan en razón a que se muestra mediante el método de descomposición de Blinder-Oaxaca,
que “[u]na parte importante de este diferencial se debía a los efectos de
la discriminación que al parecer tienen relación con preconcepciones que implican
una menor productividad laboral de la mujer con ocasión de sus obligaciones respecto
a las labores del hogar. Si la remuneración dependiera únicamente del capital
humano de los individuos, el diferencial salarial favorecería a las mujeres”. 39
No es de difícil deducción a partir de las cifras y datos esbozados anteriormente que
el estereotipo de la mujer en lo privado para el caso colombiano se encuentra, en la
realidad, más vivo que nunca. Esto se refuerza aún más respecto a la subordinación
de la mujer frente al hombre, en especial teniendo en cuenta que a pesar de tener
menor accesibilidad al mercado laboral, mayor porcentaje de desempleo, menor
posibilidad de ascensos y menor remuneración, aspectos estos que implicarían mayor
participación de la mujer en la esfera privada dentro del hogar, en el trimestre octubrediciembre
de 2011, la jefatura de hogar estuvo representada por 67,8 % hombres y
32,2 % mujeres. 40 La mujer colombiana se encuentra entonces discriminada en el
aspecto laboral, dedicada a tareas del hogar y subordinada a una jefatura del hogar
mayormente masculina.
En cuanto al empoderamiento, se destaca la necesidad de incentivar por los movimientos
de mujeres la voluntad política de los funcionarios que dirigen los entes
territoriales para el logro por ejemplo de estrategias como el mainstreaming que
busca la visibilización de la perspectiva de género en todos los campos sociales y
políticos, con el fin de eliminar la discriminación a la mujer para entrar en la esfera
de lo público 41 . Estos diagnósticos se confirman por organizaciones de investigación
en asuntos de género como Social Watch 42 .
37 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Resumen ejecutivo Mercado Laboral por Sexo. Trimestre
Móvil noviembre 2011-enero 2012, DANE, Bogotá, 2012, p. 1.
38 Juan David Barón: Diferencias de genero en los salarios de los graduados en Colombia (y algunos comentarios sobre
la base de graduados del OLE. Recuperado el 2 de marzo de 2012, de: http://www.graduadoscolombia.
edu.co/html/1732/articles-143960_presentacion_JDB.pdf
39 Nacira María Barraza Narváez: “Discriminación salarial y segregación laboral por género en Áreas
Metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Montería”, en Serie de documentos IEEC, no. 3, junio de
2010, IEEC, Bogotá, pp. 1-38.
40 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Boletín de prensa Mercado laboral de los jefes y jefas
de hogar. Trimestre octubre- diciembre de 2012, DANE, Bogotá, 2012, p. 1.
41 María Cecilia Londoño: El desafío de la equidad de género en Colombia y la estrategia del mainstreaming, Centro
de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, Universidad del Valle, Cali, 2007, pp. 79- 89.
42 Social Watch, Poverty eradication and gender justice Colombia. Insuficient policies, 2001, recuperado el 30 de
julio de 2011, de http://www.socialwatch.org/node/203
1

1
abg. Critina roSero arteaga, liC. romel armando hernández SilVa
El balance sobre el diagnóstico de este punto presenta avances, sin embargo la realidad
parece darle la razón a las críticas esbozadas anteriormente sobre el reconocimiento
de los derechos de la mujer por la ONU. Teniendo en cuenta la politización
de los asuntos relacionados con la mujer, Colombia asume una posición conveniente
ante la ONU demostrando su compromiso con este tipo de reconocimientos y ratificando
las convenciones correspondientes, sin embargo, los diagnósticos apuntan a
que los esfuerzos se están quedando cortos en cuanto a varios temas, entre ellos la
eliminación de los estereotipos de género que creen discriminación contra la mujer.
Esta tendencia juega un peligroso papel de ocultamiento de la discriminación a la
mujer, mostrando un ordenamiento jurídico proteccionista de la mujer, que sin embargo,
en la práctica, no consigue efectividad real y mantiene los estereotipos que la
someten.
la eliminación de los estereotipos de género
pasan por una acción de reconocimiento solidaria
Aunque Colombia ratifique tratados y formalmente reconozca por medio de la normatividad
los problemas de género que viven las mujeres, su actuar se limita tan solo
a promulgar internacionalmente su correcta legislación al respecto, pero no promueve
una política cultural seria que termine con los estereotipos donde se aprecia a la
mujer como limitada al espacio privado. Se trata aquí de políticas culturales que se
difundan desde los entes oficiales y se terminen asimilando como parte de la vida
cotidiana. Dichas acciones no pueden tener más que un carácter de tipo solidario,
en cuanto la manera que se les permita a las mujeres expresarse en lo público no sea
aceptando parámetros femeninos esquematizados por lo masculino, sino permitiendo
que lo femenino se exprese en su forma particular. En este sentido es necesario
una acción solidaria, que como diría el filosofo alemán de la teoría crítica Axel Honneth,
nos permita lograr asignar el reconocimiento, no porque las personas a quienes
se lo asignamos tengan algo en común con nosotros, sino porque consideramos que
es justo que esa persona pueda ser como ella, expresarse como ella se expresa, por
la sencilla razón que ella también tiene derecho a construir su concepción de vida
propia. 43
Y es aquí en donde se hace necesario retomar el feminismo cultural, porque si se
desea realizar verdaderos cambios en torno a la ruptura de estereotipos, la mejor
manera de promoverlo y llevar a cabo acciones tendientes a la participación de la
mujer en lo público, es haciendo públicos los asuntos privados, o sea no limitándose
43 Alex Honneth: La lucha por el reconocimiento, 1 ra edición, Editorial Crítica, Barcelona, 1997, pp. 193- 206.

El principio de solidaridad como respuesta a los limitados avances y grandes retos...
a pensar que la participación de la mujer en lo público debe ser tan solo político, a
la manera como tradicionalmente se la entiende, lucha de interés económicos y de
poder, 44 sino también en cuanto al tipo de asuntos, a aquello que se puede llamar
como micro política, que no hace parte visible de los asuntos públicos generalmente
tratados, sino que hace parte de situaciones particulares que la mayoría de personas
vive, pero que callan por vergüenza o temor a ser ridiculizados al darlos a conocer,
esto es necesario cambiar.
conclusión
Una vez que se ha realizado el esbozo de la forma en que los movimientos feministas
se han desarrollado e influyeron de forma importante en el reconocimiento
de derechos a favor de las mujeres dentro de la ONU, y se ha visto la posición que
Colombia ha asumido frente a los retos que disposiciones como la CEDAW implican
en materia de eliminación de estereotipos de género, se puede concluir que el hecho
del reconocimiento de derechos y garantías en la parte formal bien sea del orden
internacional o nacional, no garantiza de forma efectiva la materialización de los
mismos a pesar de ser un importante adelanto para las mujeres.
El reconocimiento del papel por la ONU de los derechos de las mujeres y la necesidad
de la eliminación de estereotipos de género es sin duda un avance importante,
no obstante, dicha situación puede convertirse en un punto poco benéfico tanto para
los movimientos feministas (quienes necesitan presentar una justificación para su
existencia a pesar de los reconocimientos) y para las mujeres como tal, debido a que
el reconocimiento tan completo de derechos en lo formal puede ocultar que en la
parte material de hecho, no tengan efectividad o se queden en el papel, haciendo entonces
la discriminación oculta. Ello ofrece nuevos retos, tanto para la ONU, como
organización internacional que busca la eliminación de la discriminación como también
para los estados que hacen parte de la misma. Uno de los estados que enfrenta
el reto es Colombia, donde precisamente los diagnósticos muestran una dificultad
fuerte para eliminar la brecha de género, lo cual podría sustentarse en una falta de
una voluntad política verdaderamente comprometida hacia tal fin o la falta de envergadura
de las políticas adoptadas para conseguirlo.
44 Nancy Fraser: Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista, Siglo del Hombre Editores,
Bogotá, 1997, p. 53.
1

17
reViVinG tHe dead Hand: MisoGYnY
and Politics in tHe United states in
tHe 2 st centUrY
introduction
proF. andrew rudYk
united StateS
Among the most important figures helping to shape the United States in law and
economics because of their impact on the Founding Fathers were William Gladstone
and Adam Smith. Of particular significance but something that is ignored are
their views about the degree to which the beliefs of past generations should control
future generations. Gladstone, for example, stated that “the instant a man ceases to
be, he ceases to have any dominion: else, if he had a right to dispose of his acquisitions
one moment beyond his life, he would also have a right to direct their disposal
for a million of ages after him: which would be highly absurd and inconvenient”. 1
Similarly, Adam Smith observed that “The earth and the fulness (sic) of it belongs to
every generation, and the preceeding (sic) one can have no right to bind it up from
posterity.” 2 In essence, the Dead Hand, must not control the future.
1 William Blackstone: Commentaries on the Laws of England [1753] in Four Books, Philadelphia,
J.B. Lippincott Co., 1893, vol. 1-Books II. 10-11.
2 Adam Smith: Lectures on Jurisprudence, R. L. Meek, D. D. Raphael and P. G. Stein, (eds) Works
and Correspondence of Adam Smith vol. V, Glasgow Edition, Indianapolis, Liberty Fund,
1982, 466-468. This citation is from Smith’s discussion of entails including its prevalence
in ecclesiastical property holding. The lectures took place in 1762 and 1763.
Entails were first introduced into the modern law by the ecclesiastics, whose education made
them acquainted with the Roman customs. As they were the preachers of this doctrine they naturaly
(sic) became the explainers and executors of wills, till Theodosius Valentinus took it from
them. In England William the Conqueror restored it to the ecclesiastics....

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
Chief Justice John Marshall made a related point in McCulloch v. Maryland, 3 when he
discovered “implied powers” in the Constitution in the absence of “enumerated
powers” to charter the Bank of the United States. He stated “Among the enumerated
powers, we do not find that of establishing a bank or creating a corporation.
But there is no phrase in the instrument which, like the Articles of Confederation,
excludes incidental or implied powers and which requires that everything granted
shall be expressly and minutely described.” He rejected the argument that in order
for a power to be viable it had to be expressly enumerated or that it was essential
for the “Constitution, to contain an accurate detail of all the subdivisions of which
its great powers will admit, and of all the means by which they may be carried into
execution.” Such a requirement would give the Constitution “the prolixity of a legal
code, and could scarcely be embraced by the human mind.” The framers intended
only that “its great outlines should be marked, its important objects designated, and
the minor ingredients which compose those objects be deduced from the nature of
the objects themselves. That this idea was entertained by the framers of the American
Constitution...” He added, “we must never forget that it is a Constitution we are
expounding.” Later in the decision he stated that the Constitution [is] intended to
endure for ages to come, and consequently to be adapted to the various crises of
human affairs. To have prescribed the means by which Government should, in all future
time, execute its powers would have been to change entirely the character of the
instrument and give it the properties of a legal code. It would have been an unwise
attempt to provide by immutable rules for exigencies which, if foreseen at all, must
have been seen dimly, and which can be best provided for as they occur.
Significantly, the Dead Hand in the form of originalism has been invoked when
equality and race have been in dispute. Conservative reaction to the 1954 decision
of the Supreme Court of the United States, Brown v. Board of Education, 4 has
“Upon the whole nothing can be more absurd than perpetual entails. In them the principals of
testamentary succession can by no means take place. Piety to the dead can only take place when
their memory is fresh in the minds of men. A power to dispose of estates for ever is manifestly
absurd. The earth and the fulness of it belongs to every generation, and the preceeding one can
have no right to bind it up from posterity. Such extension of property is quite unnatural. The
insensible progress of entails was owing to their not knowing how far the right of the dead might
extend, if they had any at all. The utmost extent of entails should be to those who are alive at the
person’s death, for he can have no affection to those who are unborn.
3 McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316, 1819.
4 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954), holding in pertinent part that “Segregation
of white and Negro children in the public schools of a State solely on the basis of race,
pursuant to state laws permitting or requiring such segregation, denies to Negro children
the equal protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment—even though
the physical facilities and other “tangible” factors of white and Negro schools may be
equal.”
1

1 0
prof. andrew rudyk
manifested itself in the evolution of originalism. 5 Among the leading proponents
of this doctrine is U.S. Supreme Court Justice Antonin Scalia, who has said, “The
Constitution that I interpret and apply is not living, but dead.” 6 When in September,
2010, he was asked whether current constitutional jurisprudence about the 14 th
Amendment to the Constitution of the United States that provides equal protection
applied to sex discrimination and sexual orientation is a mistake, he responded
saying “Yes, yes. Sorry, to tell you that. ... But, you know, if indeed the current society
has come to different views, that’s fine. You do not need the Constitution to
reflect the wishes of the current society. Certainly the Constitution does not require discrimination
on the basis of sex. The only issue is whether it prohibits it. It doesn’t”. 7
5 Keith E whittington: “The New Originalism,” 2 Geo. J.L. & Pub. Pol’y, 599, 2004. The
new originalism is the doctrine took when its proponents came to power in the Reagan Administration.
It was designed to a justify a sustained theory of interpretation. Smith, tara,
in “Why Originalism Won’t Die—Common Mistakes In Competing Theories Of Judicial
Interpretation, 2 Duke Journal Of Constitutional Law & Public Policy, 159, 213-214
( 2007), addresses authoritative criticism of Scalia’s Originalism, citing, at footnote 150, for
example to SunStein, CaSS r., “The Rehnquist Revolution, The New Republic, December 27,
2004, at 32 (“Scalia and Thomas do not follow the logic of originalism wherever it leads.
Most disturbing of all, they seem least interested in the original understanding when it
runs counter to their moral and political convictions.”)...She then offers an excuse, writing,
“Scalia has often been criticized for inconsistency in his adherence to Textualism on the
bench. Critics point to opinions he has written that depart from strict Textualist doctrine...
Scalia is inconsistent because he must be, given his theory. He is compelled by its inadequacy
to rely on something beyond the text alone.”
6 national Public Radio, Heard on All Things Considered, “Scalia Vigorously Defends a
‘Dead’ Constitution” April 28, 2008, http://www.npr.org/templates/transcript/transcript.
php?storyId=90011526. In addition to Scalia, other right-wing Catholics responsible for
articulating and evolving originalism are Supreme Court Justice Clarence Thomas, and
a pioneer in this former Judge Robert Bork, one of Scalia’s colleagues on the United
States Court of Appeals for the District of Columbia, who recently converted to very
conservative Catholicism with guidance from the leading Opus Dei representative in the
United States, Fr. John McCloskey. Vaghi has been Pastor to L. Paul Bremer III, and he
is also pastor to and performed the wedding ceremony for Chief Justice John Roberts
and his wife Jane. Jane Roberts and Justice Clarence Thomas serve together on the Board
of Governors for the College of the Holy Cross, Worchester Massachusetts along with
Mary Ellen Bork, the wife of Judge Robert H. Bork, Todd S Purdum, and Jodi Wilgoren,
and belluCk, pam, “Court Nominee’s Life Is Rooted in Faith and Respect for Law,” New
York Times, July 21, 2005, http://www.nytimes.com/2005/07/21/politics/21nominee.
html?pagewanted=all. New York Times, July 28, 1996, “WEDDINGS; Jane Sullivan, John
Roberts Jr.” http://www.nytimes.com/1996/07/28/style/weddings-jane-sullivan-johnroberts-jr.html?src=pm.
“Jane Marie Sullivan and John Glover Roberts Jr., lawyers for
Washington law firms, were married yesterday at St. Patrick’s Roman Catholic Church in
Washington. Msgr. Peter Joseph Vaghi performed the ceremony.....The bride graduated
from the College of the Holy Cross”.
7 Calvin Massey: “The Originalist,” Report of September 2010 interview with Justice Scalia,
California Lawyer, http://www.callawyer.com/Clstory.cfm?eid=913358.

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
Scalia has also said that “my difficulty with Roe v. Wade is a legal rather than a moral
one: I do not believe (and, for two hundred years, no one believed) that the Constitution
contains a right to abortion”. 8
Among the goals of modern day originalism is that of reversing the expansion of
human rights by linking opposition to this expansion to freedom of religion that
is characteristic of the Religious Right when opposing desegregation for example.
Paul Weyrich, an early ultra-Catholic–the doctrine is defined here as emphasizing the
elimination of reproductive choice and a preference for neoliberal economics–was
extremely effective in creating a reaction to such things as advances in civil rights by
first helping to couple it to religious freedom, and second by coupling opposition to
school desegregation based on religious freedom to opposition a woman’s reproductive
choice regarding abortion and contraception. Weyrich’s explanations as to how
he managed this has been deceptive. For example, at one time he explained that the
Religious Right he helped to create was a response in the late 1970’s to the failure of
President Jimmy Carter, an evangelical Christian and a Democrat, who was unwilling
to outlaw abortion although he had expressed his personal opposition to abortion.
Consequently, according to Weyrich, the evangelicals who had been mobilized in
1976 to support Carter, were mobilized in 1980 to oppose him. On other occasions
Weyrich stated that the creation of the Religious Right was the result of “Jimmy
Carter’s intervention against Christian schools trying to deny them tax-exempt status
on the basis of so-called de facto segregation.” 9 Particular reference is made to
action against Bob Jones University. In response to a lawsuit by plaintiffs in 1970,
in the wake of the enactment of the Civil Rights Act of 1964, the IRS was ordered
by the Federal District Court for the District of Columbia to revoke the tax exempt
status of private schools in Mississippi that were usually affiliated with churches and
generally called segregation academies. 10 The IRS eventually extended this policy
8 Antonin Scalia: “God’s Justice and Ours,” First Things, May 2002, http://www.firstthings.
com/article/2007/01/gods-justice-and-ours-32.
9 randall Hart Balmer: The Making of Evangelism: From Revivalism to Politics and Beyond, Waco,
Baylor University Press, 2010, 63-68.
10 See, for example, Anthony M Champagne: “The Segregation Academy and the Law,” The
Journal of Negro Education, Vol. 42, No. 1 (Winter, 1973), pp. 58-66. See also, Kevin R Kruse:
“The National Origins of the Religious Right,” in Matthew D Lassiter, and Joseph Crespino,
(eds.) The Myth of Southern Exceptionalism, New York, Oxford University Press, 2010IRS Update
on Private School, http://www.irs.gov/pub/irs-tege/eotopici82.pdf. In Green v. Connally,
330 F. Supp. 1150 (D. D.C.) aff’d sub nom. Coit v. Green, 404 U.S. 997 (1971), the court
declared that neither IRC 501(c)(3) nor IRC 170 provide for tax-exempt status or deductible
contributions to any organization operating a private school that discriminates in admissions
on the basis of race. The court permanently enjoined the Secretary of the Treasury and the
Commissioner of Internal Revenue from recognizing as exempt from taxation or allowing tax
deductible contributions to be made to any organization operating a private school in Mississippi
that failed to adopt, publish, and operate under a racially nondiscriminatory policy as to
students and that failed to supply the Service with certain information to insure operation on
a nondiscriminatory basis. Although the Green injunction was limited to organizations operating
private schools in Mississippi, the Service subsequently adopted nationwide procedures
1 1

1 2
prof. andrew rudyk
nationally during the Reagan Administration, as a result of the decision in 1983 of
the United States Supreme Court in Bob Jones University v. United States, 461 U.S.
574 (1983). 11
Randall Balmer states that “Here, Weyrich displays his genius for political
maneuvers and chicanery. The IRS had initiated its action against Bob Jones
University in 1970, and they informed the school in 1975, that they would revoke
its tax exemption.” This was one year before Carter took office. 12 In the
late 1970s, after successfully mobilizing evangelical leaders in defense of Bob
Jones University and its religion based opposition to desegregation the question
came up about other possible political activities. Weyrich’s response was
“How about abortion?” With that suggestion abortion was incorporated into
the agenda of the Religious Right. 13 This “key step in” [building the Religious
Right joining Protestants with conservative, reactionary and apocalyptic Catholics]
“took place in 1979” at a meeting attended by “right-wing strategists”
including Paul Weyrich and televangelist Jerry Falwell. “The main idea was to
push the issue of abortion as a way to split social conservatives away from the
Democratic Party.” 14 At this meeting Weyrich suggested name the movement
as the “moral majority” which Falwell adopted. 15
requiring that private schools be operated on a racially nondiscriminatory basis in order to
be recognized as tax exempt.
11 Bob Jones University v. United States, 461 U.S. 574 (1983). See Terry Berkovsky and Andrew
Megosh, , and Debra Cowen, and David Daume, , Internal Revenue Service, PRIVATE
SCHOOL UPDATE 2000 EO CPE Text, http://www.irs.gov/pub/irs-tege/eotopicn00.
pdf. Current IRS policy on tax exemption is found in Internal Revenue Service, Publication
557, Tax-Exempt Status for Your Organization (Rev. October 2011), Chapter 3 Section
501(c)(3) Organizations, 28, Racially Nondiscriminatory Policy
To qualify as an organization exempt from federal income tax, a private school must ... not discriminate
against applicants and students on the basis of race, color, or national or ethnic origin...
A racially nondiscriminatory policy toward students means that the school admits the students
of any race to all the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available
to students at that school and that the school does not discriminate on the basis of race
in administering its educational policies, admission policies, scholarship and loan programs, and
athletic and other school-administered programs.....A school that selects students on the basis
of membership in a religious denomination or unit is not discriminating if membership in the
denomination or unit is open to all on a racially nondiscriminatory basis.
12 Balmer, op. cit. 66. Crespino, Joseph, “Civil Rights and the Religious Right,” in Schulman,
Bruce J., and Zeiler, Julian E., (eds.) Rightward Bound: Making America Conservative in the
1970’s, Cambridge, Harvard University Press, 2008.
13 balmer, op. cit. 65-66.
14 Berlet, Chip, and Matthew N. Lyons: Right-Wing Populism in America: Too Close for Comfort,
New York, Guilford Press, 2000, 222.
15 Paul Boyer: “The Evangelical Resurgence in the 1970’s American Protestantism,” in Schulman,
and Zeiler, op. cit. 45. Deal W Hudson, Onward Christian Soldiers: the Growing Political

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
Balmer also documented the fact that before Roe was handed down in 1973, in “the
summer of 1971” Evangelicals such as the Southern Baptists, “passed a resolution
that stated, “we call upon Southern Baptists to work for legislation that will allow
the possibility of abortion under such conditions as rape, incest, clear evidence of
severe fetal deformity, and carefully ascertained evidence of the of the likelihood
of damage to the emotional, mental, and physical health of the mother.” They reaffirmed
this position in 1974 and 1976. And, “W.A. Criswell, former president of
the Southern Baptist Convention…[and] one of the most famous fundamentalist
of the twentieth century” was satisfied with the decision saying “I have always felt
that it was only after a child was born and had a life separate from its mother
that it became an individual person and it has always, therefore, seemed to me
that what is best for the mother and for the future should be allowed.” Balmer
added that a few evangelical voices “mildly questioned the ruling, the overwhelming
response on the part of evangelicals was silence, even approval”. 16
From romantic Paternalism to equal Protection
By 1971, Ruth Bader Ginsburg, representing the American Civil Liberties Union
undertook a project to educate the judiciary about sexual stereotyping arguing cases
in which both men as well as women were victimized by the stereotypes. 17 She was
building on the legacy of American women such as Dorothy Kenyon of the American
Civil Liberties Union. Kenyon, appointed by President Harry Truman, was the
United States representative to the United Nations Commission on the Status of
Women (CSW), from 1946 to 1950 but her activity in this effort dated back to the
League of Nations. 18 Kenyon sat on the CSW for four years (1946-1950), and “attempted
to use her position to advance the argument that women’s issues were human
[rights] issues.” One of the fruits of her labors was the Convention on the Po-
Power of Catholics and Evangelicals in the United States, New York Threshold Editions, 2008, “A
Catholic Starts the Moral Majority,” 12-16. Alan Crawford, Thunder on the Right: The “New
Right” and the Politics of Resentment, New York, Pantheon Books, 1980, “Paul Weyrich’s roots
are in the German immigrant communities of Wisconsin: he represents a direct link to the
isolationist/populist/Germanophile roots of the New Right.” 270. Donald Warren, Radio
Priest: Charles Coughlin the Father of Hate Radio, New York, the Free Press, 1996, “The most
virulent populist rabble-rouser was Father Charles Coughlin, the fiery Depression era priest
of Royal Oak, Michigan. [He was w]idely regard as a right-wing anti-Semite…” 299.
16 balmer, op. cit. 61-62. W.A. Criswell called by some “the Protestant Pope.” Boyer, op. cit. 46
17 Andrew rudyk: “A Rising Tide: the Transformation of Sex Discrimination into Gender
Discrimination and its Impact on Law Enforcement,” The International Journal of Human
Rights, Volume 14, Issue 2, 2010, 189- 214.
18 Trehan, Meera, “Dorothy Kenyon,” Women’s Legal History, at http://womenslegalhistory.stanford.edu,
last accessed 5/1/2008.
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prof. andrew rudyk
litical Rights of Women which was adopted by the General Assembly of the United
Nations on December 20, 1952, two years after she left the CSW. 19
From 1971 to 1980, Ruth Bader Ginsburg, on behalf to the American Civil Liberties
Union, was successful in getting the Supreme Court of the United States to apply the
Equal Protection and Due Process provisions of the Fifth and Fourteenth Amendments
to the Constitution to sex based discrimination. To do so she had to overcome a major
obstacle to her theory since, the Court in the Slaughter-House Case 20 had ruled that the
Fourteenth Amendment concerned only race based discrimination. “The ultimate goal
of the litigation strategy she spearheaded was to elevate gender-based classifications to
the level of a suspect category for review purposes. Although that goal was never fully realized,
she was successful in convincing the Court to adopt an intermediate tier of review,
which remains the standard”. 21 She argued and won Reed v. Reed, (1971), 22 Frontiero
v. Richardson, (1973), 23 Weinberger v. Wiesenfeld, (1975), 24 Craig v. Boren, (1976), 25
and Califano v. Goldfarb, (1977). 26
19 Jordan, gwen hoerr. “Agents of (Incremental) Change: From Myra Bradwell to Hillary
Clinton.” Available at: http://works.bepress.com/gwen_jordan/1, last accessed 5/1/2008.
20 Slaughter-House Case, 83 U.S. 36 (1872).
21 Amy Leigh Campbell: “Raising the Bar: Ruth Bader Ginsburg and the ACLU Women’s
Rights Project.” 11 Texas Journal of Women & the Law, 157, Spring, 2002.
22 Reed v. Reed, 404 U.S. 71 (1971) which held that a “mandatory provision of the Idaho
probate code that gives preference to men over women when persons of the same entitlement
class apply for appointment as administrator of a decedent’s estate is based solely on
a discrimination prohibited by and therefore violative of the Equal Protection Clause of
the Fourteenth Amendment.”
23 Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677 (1973) holding that Federal law under which spouses
of male members of the uniformed services are dependents for purposes of obtaining
increased quarters allowances and medical and dental benefits, but that spouses of female
members, in this case a married woman Air Force officer, are not dependents unless they
are in fact dependent for over one-half of their support was violative of the “Due Process
Clause of the Fifth Amendment insofar as they require a female member to prove the
dependency of her husband.”
24 Weinberger v. Wiesenfeld, 420 U.S. 636 (1975) holding that “[t]he gender-based distinction mandated
by the provisions of the Social Security Act...that grant survivors’ benefits based on the
earnings of a deceased husband and father covered by the Act both to his widow and to the
couple’s minor children in her care, but that grant benefits based on the earnings of a covered
deceased wife and mother only to the minor children and not to the widower, violates the
right to equal protection secured by the Due Process Clause of the Fifth Amendment, since it
unjustifiably discriminates against female wage earners required to pay social security taxes by
affording them less protection for their survivors than is provided for male wage earners.”
25 Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976), holding “that an Oklahoma statutory scheme prohibiting
the sale of ‘nonintoxicating’ 3.2% beer to males under the age of 21 and to females under
the age of 18 constituted a gender-based discrimination that denied to males 18-20 years
of age the equal protection of the laws.
26 Califano v. Goldfarb, 430 U.S. 199 (1977affirming a district court’s decision holding that
“the Social Security Act survivors’ benefits based on the earnings of a deceased husband
covered by the Act are payable to his widow regardless of dependency, but under 42 U.S.C.

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
Shortly after the conclusion of the Civil War and the enactment of the 14th Amendment,
attempts were made to invoke its guarantee of Due Process and Equal Protection
in the matter of sex discrimination. Justice Ruth Bader Ginsburg, speaking in
South Africa about the 1970’s in the United States, said that Constitutional interpretation
regarding the role of women had not changed in a century both at the state
and federal level. She referred to the case of Lavinia Goodell who was denied admission
to appear as an attorney before the Wisconsin Supreme Court in 1875. The
court denied her application on the ground that “It would be revolting to all female
sense of innocence...that women should be permitted to mix professionally in all the
nastiness of the world which finds its way into courts of justice....” 27 It is interesting
that in 2006, Justice Ginsburg truncated the quote at this point because much of the
nastiness of the world from which women had to protected were things that men
did to women or that concerned women: “all unclean issues, all the collateral questions
of sodomy, incest, rape, seduction, fornication, adultery, pregnancy, bastardry,
legitimacy, prostitution, lascivious cohabitation, abortion, infanticide, obscene publications,
libel and slander of sex, impotence, divorce: all the nameless catalogue of
indecencies, la chronique scandaleuse of all the vices and all the infirmities of all
society.....” 28
In South Africa she did not cite the case of Bradwell v. Illinois, 29 which was contemporaneous
with Goodell and which Justice William J. Brennan discussed memorably
in one of the cases Ginsburg argued before the court, Frontiero. Brennan quoted
Justice Joseph P. Bradley’s concurring opinion rejecting the appeal of Myra Bradwell
for admission to the Illinois bar observing:
There can be no doubt that our Nation has had a long and unfortunate history of
sex discrimination. Traditionally, such discrimination was rationalized by an attitude
of “romantic paternalism” which, in practical effect, put women not on a pedestal,
but in a cage. Indeed, this paternalistic attitude became so firmly rooted in our national
consciousness that, 100 years ago, a distinguished Member of this Court was
able to proclaim:
402 (f) (1) (D) such benefits on the basis of the earnings of a deceased wife covered by the
Act are payable to her widower only if he was receiving at least half of his support from
her,” constituted invidious discrimination against female wage earners by affording them
less protection for their surviving spouses than is provided to male employees.”
27 Ruth Bader Ginsburg: “Advocating the Elimination of Gender-Based Discrimination: the
1970’s New Look on the Equality Principle,” University of Capetown, South Africa, 10 February
2006. Justice Ginsburg was in South Africa on a visit hosted by the Constitutional
Court of South Africa and the University of Cape Town, in cooperation with the United
States Embassy, to address groups at the Constitutional Court, various universities, and in
several informal settings on the comparative international perspective in constitutional law.
28 Id.
29 Bradwell v. Illinois, 83 U. S. 130 (1872).
1

1
prof. andrew rudyk
Man is, or should be, woman’s protector and defender. The natural and proper timidity
and delicacy which belongs to the female sex evidently unfits it for many of the occupations
of civil life. The constitution of the family organization, which is founded in the
divine ordinance as well as in the nature of things, indicates the domestic sphere as that
which properly belongs to the domain and functions of womanhood. The harmony,
not to say identity, of interests and views which belong, or should belong, to the family
institution is repugnant to the idea of a woman adopting a distinct and independent
career from that of her husband. . . .
... The paramount destiny and mission of woman are to fulfil (sic) the noble and benign
offices of wife and mother. This is the law of the Creator.
As a result of notions such as these, our statute books gradually became laden with
gross, stereotyped distinctions between the sexes, and, indeed, throughout much
of the 19th century, the position of women in our society was, in many respects,
comparable to that of blacks under the pre-Civil War slave codes. Neither slaves nor
women could hold office, serve on juries, or bring suit in their own names, and married
women traditionally were denied the legal capacity to hold or convey property
or to serve as legal guardians of their own children. .... 30
originalism emerges to reverse Human rights
Keith E. Whittington explains that, “As part of Richard Nixon’s 1968 ‘law and order’
campaign for president, Nixon repeatedly attacked the Warren Court and its
decisions. Nixon prominently pledged to appoint only ‘strict constructionists who
saw their duty as interpreting law and not making law. Nixon’s idea of a strict constructionist
was hardly well defined, but it was clear that he meant judges who would
oppose the Warren Court’s expansion of individual rights....’” Opponents of Brown
v Board of Education, understood that opposition could be mounted by demanding
that the “Supreme Court simply … ascertain and give effect to the intent of the
framers of this Constitution and the people who ratified the Constitution...” Instead
of viewing the Constitution as “ a living document.” “[O]riginalism was a reactive
theory …[it] was a way of explaining what the Court had done wrong, and what it
had done wrong in this context was primarily to strike down government actions in
the name of individual rights”. 31
An early and disastrous use of originalism, i.e., the original intent of the Founders
contributed to the American Civil War when Chief Justice Roger B. Taney’s issued
30 Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677 (1973).
31 Keith E Whittington: The New Originalism, 2 Geo. J.L. & Pub. Pol’y 599, 2004, 599-601.

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
the majority decision in Dred Scott v. Sandford. 32 Specifically, Taney rested his decision
on the argument that “It is not the province of the court to decide upon
the justice or injustice, the policy or impolicy, of these laws. The decision of that
question belonged to the political or lawmaking power, to those who formed the
sovereignty and framed the Constitution. The duty of the court is to interpret the
instrument they have framed with the best lights we can obtain on the subject, and
to administer it as we find it, according to its true intent and meaning when it was
adopted.” 33 He added,
No one, we presume, supposes that any change in public opinion or feeling, in relation
to this unfortunate race, in the civilized nations of Europe or in this country, should
induce the court to give to the words of the Constitution a more liberal construction in
their favor than they were intended to bear when the instrument was framed and adopted.
Such an argument would be altogether inadmissible in any tribunal called on to interpret
it. If any of its provisions are deemed unjust, there is a mode prescribed in the
instrument itself by which it may be amended; but while it remains unaltered, it must
be construed now as it was understood at the time of its adoption. It is not only the
same in words, but the same in meaning, and delegates the same powers to the Government,
and reserves and secures the same rights and privileges to the citizen; and as long
as it continues to exist in its present form, it speaks not only in the same words, but with
the same meaning and intent with which it spoke when it came from the hands of its
framers and was voted on and adopted by the people of the United States. Any other
rule of construction would abrogate the judicial character of this court, and make it the
mere reflex of the popular opinion or passion of the day. This court was not created by
the Constitution for such purposes. Higher and graver trusts have been confided to it,
and it must not falter in the path of duty. 34
Taney’s justification based on his interpretation of the original intent of the founding
fathers was immediately challenged by Abraham Lincoln in the Lincoln Douglas
Debates. According to Lincoln the Dred Scott decision was, in part, based on
assumed historical facts which were not really true; and I ought not to leave the
subject without giving some reasons for saying this; I therefore give an instance or
two, which I think fully sustain me. Chief Justice Taney, in delivering the opinion
of the majority of the Court, insists at great length that negroes were no part of
the people who made, or for whom was made, the Declaration of Independence, or the
Constitution of the United States.
On the contrary, Judge Curtis, in his dissenting opinion, shows that in five of the
then thirteen states, to wit, New Hampshire, Massachusetts, New York, New Jersey
and North Carolina, free negroes were voters, and, in proportion to their numbers,
had the same part in making the Constitution that the white people had. He shows
32 Dred Scott v. Sandford, 60 US 393.
33 Id. 405.
34 Id. 426.
1

1
prof. andrew rudyk
this with so much particularity as to leave no doubt of its truth; and, as a sort of
conclusion on that point, holds the following language:
The Constitution was ordained and established by the people of the United States,
through the action, in each State, of those persons who were qualified by its laws to act
thereon in behalf of themselves and all other citizens of the State. In some of the States,
as we have seen, colored persons were among those qualified by law to act on the subject.
These colored persons were not only included in the body of ‘the people of the United
States,- by whom the Constitution was ordained and established; but in at least five of
the States they had the power to act, and, doubtless, did act, by their suffrages, upon the
question of its adoption.
The assertion that “all men are created equal” was of no practical use in effecting
our separation from Great Britain; and it was placed in the Declaration, nor for that,
but for future use. Its authors meant it to be, thank God, it is now proving itself, a
stumbling block to those who in after times might seek to turn a free people back
into the hateful paths of despotism. They knew the proneness of prosperity to
breed tyrants, and they meant when such should re-appear in this fair land and commence
their vocation they should find left for them at least one hard nut to crack.
Lincoln also articulated an understanding of the founding documents as in essence
living documents. For example, he contrasted Stephen Douglas’s understanding of
the Declaration of Independence. According to Lincoln, rather than the “Declaration
contemplat[ing] the progressive improvement in the condition of all men everywhere
[particularly through the statement that all men are created equal]; [Douglas’s
position, like that of Justice Taney was that] it merely ‘was adopted for the purpose
of justifying the colonists in the eyes of the civilized world in withdrawing their allegiance
from the British crown, and dissolving their connection with the mother
country.’ Why, that object having been effected some eighty years ago, the Declaration
is of no practical use now-mere rubbish-old wadding left to rot on the battlefield
after the victory is won”. 35
Lincoln’s observation that Taney’s “Dred Scott decision was, in part, based on assumed
historical facts which were not really true” has been applied to modern exponents
of originalism such as Scalia’s former colleague on the Court of Appeals
for the District of Columbia and failed nominee for the Supreme Court, who has
recently been converted to Catholicism by Opus Dei, Robert Bork. Edward Meese,
III, Attorney General in the Ronald Reagan Administration citing Bork’s ideas instructed
all government attorneys, when arguing constitutional interpretation to
35 Abraham Lincoln: Speech on the Dred Scott Decision, June 26, 1857, Speech at Springfield, Illinois.
Teaching American History http://teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=52.

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
base their arguments on “original meaning…based solely on the ordinary usage at
the time the provision at issue was ratified”. 36
Bruce Ackerman reviewed Robert Bork’s book The Tempting of America: The Political
Seduction of the Law, 37 which deals with Bork’s insistence that the orthodox
determination of constitutional law mandates rigid adherence to textualism, that
is originalism. Ackerman describes Bork’s emphasis on textualism as “orthodoxy.”
Bork argues that orthodoxy mandates that “courts are to do no more, but no less,
than effectuate the will of the Framers-as revealed by reading the constitutional text
against the background provided by ‘debates at the conventions, public discussion,
newspaper articles, dictionaries in use at the time, and the like.” 38 It consists of the
judge determining the meaning of “each clause [of the Constitution bearing on the
question being subjected to judicial review] with[in] its concrete historical content,
[after which] a judge can then proceed with the business of judicial review”. “To
measure the challenged statute against each of the historically defined clauses: If it
violates any of the Framers’ particular objectives in enacting any particular clause,
then it is unconstitutional; if, however, she cannot point to a particular clause, she
must let the legislative judgment stand and resist the ‘temptation’ to impose her subjective
will on the body politic. 39
Ackerman concludes, “Despite his confident pronouncements about the intentions
of the Framers, there is absolutely no evidence that Robert Bork has done any of
the hard work that would entitle his judgments to respect.” 40 Ackerman explains this
as well
The historical vacuum at the core of Bork’s orthodoxy may seem surprising, since the
man spent much of his life as a professor at Yale and had the time to engage in the disciplined
historical reflection that his orthodoxy demands. The mystery dissolves when
one recalls that Bork’s principal academic specialty was antitrust, not constitutional law.
He did not win national leadership in this field by dint of historical research, but by
championing the Chicago School of Economics’ notably ahistorical and theory-laden
approach to antitrust. 41
36
u.S. department of Justice, Office of Legal Policy, Guidelines on Constitutional Interpretation, February
18, 1988, 3.
37
Bruce Ackerman: “Robert Bork’s Grand Inquisition” (1990). Faculty Scholarship Series. Paper 139.
The Tempting of America: The Political Seduction of the Law. By Robert H. Bork.* New York: The
Free Press, 1990. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/139. Bork is identified as John M.
Olin Scholar in Legal Studies, American Enterprise Institute.
38
Bruce Ackerman: op cit. 1422.
39 Bruce Ackerman:, op cit. 1425.
40 Bruce Ackerman: op cit. 1422.
41 Bruce Ackerman: op cit. 1423 particularly foonote 18.
1

1 0
prof. andrew rudyk
Similarly, Ackerman states that Bork, while “[p]roclaiming his fidelity to history, his
constitutional vision is radically ahistorical. 42 (Emphasis added.)
the ascension of samuel a. alito
Samuel A. Alito, who opposed the admission of women to Princeton as an alumnus
has been described by James Ridgeway, a 1959 graduate of Princeton and a
senior correspondent for Mother Jones, as “an affirmative action baby.” Ridgeway
recalls that “There weren’t many Italian Americans from Trenton at Princeton in my
time.” 43 Alito is an Italian American Catholic with roots in Trenton, who was accepted
Princeton University in 1968, after its discriminatory policies became notorious
and partly reformed and after the passage of the Civil Rights Act of 1964. Antonin
Scalia also an Italian American Catholic with roots in Trenton, New Jersey, applied
in 1953. Although he was top graduate from the Jesuit run Xavier High School in
New York, he was rejected by Princeton his first choice university. Consequently, he
enrolled in his second choice, the Jesuit run Georgetown University, from which
he graduated in 1957 as valedictorian. Scalia’s biographer Joan Biskupic explains that he
“understood the reason for his rejection. She writes, “Years later Scalia explained, ‘I
was…not quite the Princeton type…’” 44
Alito’s political and judicial evolution was inspired by William F. Buckley, Jr. 45 and
other vehement opponents of civil rights as evidenced his application for the posi-
42 Bruce Ackerman: op cit. 1420.
43 James Ridgeway: “Sam Alito, Affirmative Action Baby? At the Princeton I knew, it wasn’t just Latinas
who weren’t welcome,” Mother Jones, May, 31, 2009. According to biSkupiC, Joan, American Original:
The Life and Constitution of Supreme Court Justice Antonin Scalia, Sarah Crichton Books, (2009), 23, Scalia
understood the reason for his rejection. She writes, “Years later Scalia explained, ‘I was…not quite
the Princeton type…’” Biskupic continues, “The Princeton episode would not be the last time he felt
resentment–ethnic or otherwise–when events turned against him”.
44 Biskupic, op cit., 23.
45 In the wake of Brown v Board of Education, for example, buCkley, william F., in a National Review editorial,
August, 24, 1957, 4:7, pp. 148-9 discussed race relations in the south using the example of school
desegregation and white resistance to it in communities with majority Black populations where the
officials with the authority to count the votes refused to do so.
What if the NAACP is correct, and the matter [of school desegregation] comes to a vote in a
community in which Negroes predominate? The Negroes would, according to democratic processes,
win the election; but that is the kind of situation the White community will not permit.
The White community will not count the marginal Negro vote. The man who didn’t count it will
be hauled up before a jury, he will plead not guilty, and the jury, upon deliberation, will find him
not guilty. A federal judge, in a similar situation, might find the defendant guilty, a judgment which
would affirm the law and conform with the relevant political abstractions, but whose consequences
might be violent and anarchistic. (Emphasis added.)
Buckley justified White violence against desegregation, to wit:

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
tion of Deputy Assistant General, in the Reagan Administration. It included the following
statement on his Personal Qualification Statement, SF 171, November 15, 1985,
When I first became interested in government and politics during the 1960s, the greatest
influences on my views were the writings of William F. Buckley, Jr. the National
Review and Barry Goldwater’s 1964 campaign. In college, I developed a deep interest
in constitutional law, motivated in large part by disagreements with the Warren Court
decision, particularly in the areas of criminal procedure, the Establishment Clause, and
reapportionment. 46
Before appointment, Alito’s judicial philosophy, particularly in the area “a woman’s
constitutional right to control her reproductive choices” and claims of gender discrimination
demonstrated a hostility that was “[so] far to the right” that “he was
given the nickname ‘Scalito’ by some who practice[d] before him [in the Third Circuit]
and liken[ed] him to U.S. Supreme Court Justice Antonin Scalia.” 47 According
to a report prepared by People for the American Way
[Alito] has demonstrated hostility toward the principles undergirding a woman’s constitutionally
protected right to govern her own reproductive choices–most notably in the
Third Circuit’s attempt to limit or overturn Roe v. Wade in the context of the Planned
Parenthood v. Casey 48 case. In addition, he has issued a number of troubling opinions
that seek to undermine established civil rights law, especially in the areas of gender
The central question that emerges—and it is not a parliamentary question or a question that
is answered by merely consulting a catalog of the rights of American citizens, born Equal—is
whether the White community in the South is entitled to take such measures as are necessary
to prevail, politically and culturally, in areas in which it does not predominate numerically? The
sobering answer is Yes—the White community is so entitled because, for the time being, it is
the advanced race. It is not easy, and it is unpleasant, to adduce statistics evidencing the median
cultural superiority of White over Negro: but it is fact that obtrudes, one that cannot be hidden
by ever-so-busy egalitarians and anthropologists. The question, as far as the White community is
concerned, is whether the claims of civilization supersede those of universal suffrage. The British
believe they do, and acted accordingly, in Kenya, where the choice was dramatically one between
civilization and barbarism, and elsewhere; the South, where the conflict is by no means dramatic,
as in Kenya, nevertheless perceives important qualitative differences between its culture and the
Negroes’, and intends to assert its own.
National Review believes that the South’s premises are correct. If the majority wills what is socially
atavistic, then to thwart the majority may be, though undemocratic, enlightened. It is more
important for any community, anywhere in the world, to affirm and live by civilized standards,
than to bow to the demands of the numerical majority. Sometimes it becomes impossible to assert
the will of a minority, in which case it must give way, and the society will regress; sometimes
the numerical minority cannot prevail except by violence: then it must determine whether the
prevalence of its will is worth the terrible price of violence.
46 http://www.reagan.utexas.edu/alito/8105.pdf. He added, “During the past year I have submitted
articles for publication in he National Review and the American Spectator.”
47 People for the American Way, The Record of Samuel Alito: A Preliminary Review, October 31, 200,
PFAW http://media.pfaw.org/stc/AlitoPreliminary.pdf.
48 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 947 F.2d 682 (3d Cir. 1991), aff’d in part, rev’d in
part, 505 U.S. 833 (1992).
1 1

1 2
prof. andrew rudyk
and race, and that seek to severely limit the federal government’s ability to protect
its citizens. 49
Planned Parenthood v. Casey was a result of the initiative of the anti-abortion Democratic
Governor of Pennsylvania, Robert P. Casey. 50 Under his leadership the state
legislature passed amendments to the Pennsylvania Abortion Control Act of 1982.
As summarized by the United States Supreme Court,
At issue are five provisions of the Pennsylvania Abortion Control Act of 1982: [1]
3205, which requires that a woman seeking an abortion give her informed consent prior
to the procedure, and specifies that she be provided with certain information at least
24 hours before the abortion is performed; [2] 3206, which mandates the informed
consent of one parent for a minor to obtain an abortion, but provides a judicial bypass
procedure; [3] 3209, which commands that, unless certain exceptions apply, a married
woman seeking an abortion must sign a statement indicating that she has notified her
husband;[4] 3203, which defines a “medical emergency” that will excuse compliance
with the foregoing requirements; and [5] 3207(b), 3214(a), and 3214(f), which impose
certain reporting requirements on facilities providing abortion services. Before any of
the provisions took effect, the petitioners, five abortion clinics and a physician representing
himself and a class of doctors who provide abortion services, brought this suit
seeking a declaratory judgment that each of the provisions was unconstitutional
on its face, as well as injunctive relief. The District Court held all the provisions
unconstitutional, and permanently enjoined their enforcement. 51
49 Id.
50 John L Allen: Opus Dei: An Objective Look Behind the Myths and Reality of the Most Controversial Force in
the Catholic Church, New York, Doubleday, 2005, reports that Casey’s director of communications was
John Wauck, who subsequently became and Opus Dei priest. Wauck, a graduate of Harvard, states
that he had been an Opus Dei numerary—a celibate lay person since high school. Wauck, John “The
“Cloistered Life” of Numeraries, Part 2, June 14, 2006, http://davincicode-opusdei.com/?p=124. Before
he came to work for Casey he was a speech writer for William Barr, the attorney general of
the United States. According to Robert P. George, in 1992, Casey decided to oppose Bill Clinton in
1996. A week or so [after the 1993 Democratic Presidential Primary in Pennsylvania which Clinton
had won Casey called George to say, “I’d like you to do me a favor: Could you organize a group of
pro–life thinkers to get together with me and some other people I’d like to invite to think about a
strategy for moving the pro–life cause forward? We can meet here in the Governor’s mansion in
Harrisburg.” I rounded up a number of friends: Bill Porth, Rabbi Marc Gellman, Hadley Arkes of
Amherst, Mary Ann Glendon of Harvard, Jim Kurth of Swarthmore, Elizabeth Fox–Genovese of
Emory, and Rabbi David Novak, then of the University of Virginia. Not long after, the first of what
turned into a series of meetings took place. Later sessions would include political types: the Governor
brought in Sargent and Eunice Kennedy Shriver and a few other pro–life Democrats; I brought
in Jeffrey Bell and Frank Cannon.

Bell and Cannon, though themselves long–time Republican activists,
conceived the idea that the pro–life movement should get behind Casey in a primary challenge
to Clinton in 1996. Robert P George, “Remembering Robert Casey,” First Things, August/September
2000, http://www.firstthings.com/print/article/2007/01/remembering-robert-casey-24? Sargent
Shriver and his wife Eunice Kennedy Shriver had been Opus Dei co-operators. Robert Hutchison,
Their Kingdom Come: Inside the Secret World of Opus Dei, New York, Thomas Duane Books, 2006, 118.
51 Planned Parenthood v. Casey, 744 F.Supp. 1323 (E.D.Pa.1990.)

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
The district court decision was appealed to the Third Circuit Court of Appeals. The
three judge panel that reviewed the district court decision included Alito. When it
issued the decision in the case a report stated that “[f]or the first time since 1973, a
Federal court of appeals has directly said that Roe v. Wade is no longer the law of
the land.” As described by People for the American Way:
On appeal, a three-judge panel of the Third Circuit, including Judge Alito, reversed
the district court on every issue except the spousal notification provision, which two
of the judges, not including Alito, held unconstitutional. Specifically, the panel found
that none of the provisions—except spousal notification—subjected women seeking
abortions to an undue burden. A majority of the panel agreed that the spousal notification
provision did pose an undue burden on women seeking an abortion and was
unconstitutional.....
Alito went even further and dissented in part because he felt that none of the provisions,
even the spousal notification provision, posed an undue burden on women seeking
abortions. Alito argued that any minimal burden posed by the spousal notification
provisions was justified by Pennsylvania’s legitimate interest in furthering the husband’s
interest in the fetus carried by his wife. Part of Alito’s decision appeared to rest on the
fact that, according to him, those challenging the provision “failed to show even roughly
how many of the women in this small group would actually be adversely affected
by” the spousal notification provisions. 947 F.2d at 722. Since no undue burden was
imposed by the statute, argued Alito, the regulation needed only to meet a lower level
of scrutiny. Given the state’s legitimate interest, Alito believed the spousal notification
requirement was constitutional. This dissenting view demonstrates Alito’s extremely
narrow construction of what constitutes an undue burden on a woman’s right to obtain
an abortion. 52
Consequently, with Alito’s ascension to the court ultra-Catholic religious doctrine,
defined here as an emphasis on the sever resriction of reproductive choice and a
preference for neoliberal economics, has come to be a major force in judicial legislation.
The goal is to reverse the expansion of human rights characterized by the
decisions of the Supreme Court and Civil Rights legislation in the post World War
II period.
52 PFAW, citing hindS, miChael deCourCy “Appeals Court Upholds Limits for Abortions,” New York
Times, 10/22/91, p. A1 by quoting Kathryn Kolbert of ACLU Reproductive Freedom Project who
argued the case for Planned Parenthood.
1 3

1
Mandating their own Moral code
prof. andrew rudyk
Justice O’Connor, with Justices Kennedy and Souter, writing the plurality opinion in
Planned Parenthood v. Casey, stated that “Some of us as individuals find abortion
offensive to our most basic principles of morality, but that cannot control our decision.
Our obligation is to define the liberty of all, not to mandate our own moral
code.” This changed immediately with the ascension of Alito. According to Geoffrey
R. Stone, the Edward H. Levi Distinguished Service Professor of Law at the University
of Chicago and a former colleague of Scalia, pointed referenced the fact that Alito
provided the deciding 5th vote in “Gonzales v. Carhart, 53 in which the Court, in a
five-to-four decision, held constitutional a federal law prohibiting so-called ‘partial
birth abortions.’ Several years earlier, in Stenberg v. Carhart, 54 the Court, also in a
five-to-four decision, had held unconstitutional a virtually identical state law.” Stone
continued:
What interested me most about Gonzales was that, in my judgment, the Court had
no reasonable basis for not following its own prior decision. Not much had happened
in the law in the years between the two decisions. The only really significant change
was that Justice Alito, who voted with the majority in Gonzales, had replaced Justice
O’Connor, who had voted with the majority in Stenberg.
Ordinarily, in the face of such a clear and recent precedent, we would expect the justices
to follow the prior decision. What intrigued me about Gonzales was that the five justices
in the majority couldn’t bring themselves to apply the early decision. Instead, they
purported to distinguish Stenberg, on grounds that just were not persuasive. 55
Understanding that he would be subject to attack as being anti-Catholic, Stone
nevertheless concluded:
In seeking an explanation for this rather odd behavior, I pointed out the admittedly
“awkward” fact that “all five justices in the majority in Gonzales were Catholic,” whereas
the four justices who were “not Catholic all followed settled precedent.” I therefore
raised what seemed to me the obvious and interesting question whether, in deciding
Gonzales, the five Justices in the majority had “failed to respect the critical line” between
their personal religious beliefs and their responsibilities as jurists. 56
53 Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007).
54 Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914 (2000).
55 Geoffrey R Stone: “Our Faith-Based Justices,” Huffington Post, April 20, 2007, http://www.huffingtonpost.com/geoffrey-r-stone/our-faithbased-justices_b_46398.html.
56 Id.

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
After the ascension of Sonia Sotomayor as the third female member of the court
and the sixth Catholic, Stone revisited the issue of the religion of the justices and
their how it may have affected their decision making regarding abortion. He reported,
The ten justices appointed since the 1973 decision in Roe v. Wade have cast a total of
forty-five votes in cases involving the constitutional right to abortion. Twenty-two
of those votes were cast in support of abortion rights (49 %); twenty-three were
cast to contract abortion rights (51 %). In those ten cases, the five Catholic justices
cast only one vote in support of abortion rights (6 %), and sixteen votes to contract
abortion rights (94 %). The five non-Catholic justices (two Jews and three Protestants)
cast twenty-one votes in support of abortion rights (75 %), and seven votes
to constrict those rights (25 %). That’s a pretty considerable difference.
Perhaps the real explanation for this difference, however, is not religion, but judicial
philosophy. That is, perhaps justices appointed by Republican presidents oppose abortion
rights, whereas justices appointed by Democratic presidents support them. But it
is not so simple. If we consider the eight justices appointed by Republican presidents
since Roe, we find that they have cast 18 votes in support of abortion rights (44 %),
and 23 votes to contract abortion rights (56 %). When we break these votes down
by religion, we find that the Catholic justices appointed by Republican presidents
since Roe have cast only one vote in support of abortion rights (6 %), and sixteen
votes to limit those rights (94%). The non-Catholic justices appointed by Republican
presidents since Roe have cast 17 votes in support of abortion rights (71 %),
and 7 votes to constrict those rights (29 %). Thus, even among justices appointed
by Republican presidents since Roe, it appears that religion significantly explains their
voting pattern on the issue of abortion. 57
Stone contrasted the actions of the five ultra-conservatives on the court with those
of Justice William Brennan, for whom he clerked when Brennan, who was the only
Catholic on the court at that time, joined the majority decision in Roe v Wade. Stone
wrote:
Justice Brennan struggled in that case, as he struggled in earlier cases involving such
issues as school prayers, to separate his personal religious views from his views as a
justice. He joined the decision in Roe because he believed in the separation of church
and state and because he was convinced that his religious views must be irrelevant to
his responsibilities as a justice. 58
57 Geoffrey R Stone: “Justice Sotomayor, Justice Scalia and Our Six Catholic Justices,” Huffington Post,
August 28, 2009, http://www.huffingtonpost.com/geoffrey-r-stone/justice-sotomayor-justice_b_
271229.html.
58 Id.
1

1
the return of Paternalism
prof. andrew rudyk
The “Partial Birth Abortion Act of 2003” which is the issue in Gonzales v. Carhart
was sponsored by Senator Rick Santorum of Pennsylvania, a member of Opus Dei,
and passed by a Republican Party dominated Congress. It banned a form of second
trimester abortion surgical procedure referred to as “dilation and evacuation”
or “D&E” the usual abortion method in this trimester a that had previously been
sustained by the court. The District Court in Gonzales v. Carhart concluded the
Act was unconstitutional for two reasons including the fact “that it lacked an exception
allowing the procedure where necessary for the health of the mother,” that is
it lacked an exception for therapeutic abortion that required by Stenberg. The crux
of the decision of the majority was that it was not unconstitutional for the Partial
Birth Abortion Act not to provide for an exception in the case for the need for a
therapeutic abortion that is, “[an] exception[ ] for pregnancies which endanger the
woman’s life or health.” The majority held that “Also unavailing, however, is respondents’
contention that an abortion regulation must contain a health exception [even]
if “substantial medical authority supports the proposition that banning a particular
procedure could endanger women’s health.” The majority sustained the law, explaining,
in pertinent part:
Respect for human life finds an ultimate expression in the bond of love the mother
has for her child. The Act recognizes this reality as well. Whether to have an abortion
requires a difficult and painful moral decision.….
…While we find no reliable data to measure the phenomenon, it seems unexceptionable
to conclude some women come to regret their choice to abort the infant life they
once created and sustained.…Severe depression and loss of esteem can follow. (Emphasis
added.)
In a decision so fraught with emotional consequence some doctors may prefer not
to disclose precise details of the means that will be used, confining themselves to the
required statement of risks the procedure entails. From one standpoint this ought not
to be surprising. Any number of patients facing imminent surgical procedures would
prefer not to hear all details, lest the usual anxiety preceding invasive medical procedures
become the more intense. This is likely the case with the abortion procedures
here in issue.….
It is, however, precisely this lack of information concerning the way in which the fetus
will be killed that is of legitimate concern to the State. Casey, … (plurality opinion)
(“States are free to enact laws to provide a reasonable framework for a woman to make
a decision that has such profound and lasting meaning”). The State has an interest in
ensuring so grave a choice is well informed. It is self-evident that a mother who comes
to regret her choice to abort must struggle with grief more anguished and sorrow more
profound when she learns, only after the event, what she once did not know: that she

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
allowed a doctor to pierce the skull and vacuum the fast-developing brain of her unborn
child, a child assuming the human form.
It is a reasonable inference that a necessary effect of the regulation and the knowledge
it conveys will be to encourage some women to carry the infant to full term, thus reducing
the absolute number of late-term abortions. The medical profession, furthermore,
may find different and less shocking methods to abort the fetus in the second trimester,
thereby accommodating legislative demand. The State’s interest in respect for life is
advanced by the dialogue that better informs the political and legal systems, the medical
profession, expectant mothers, and society as a whole of the consequences that follow
from a decision to elect a late-term abortion.
In dissenting, Justice Ginsburg reminded that majority that:
There was a time, not so long ago,” when women were “regarded as the center of
home and family life, with attendant special responsibilities that precluded full and independent
legal status under the Constitution.”…Those views, this Court made clear
in Casey, “are no longer consistent with our understanding of the family, the individual,
or the Constitution.” … Women, it is now acknowledged, have the talent, capacity, and
right “to participate equally in the economic and social life of the Nation.”…Their ability
to realize their full potential, the Court recognized, is intimately connected to “their
ability to control their reproductive lives.”…Thus, legal challenges to undue restrictions
on abortion procedures do not seek to vindicate some generalized notion of privacy;
rather, they center on a woman’s autonomy to determine her life’s course, and thus to
enjoy equal citizenship stature. ….
She also pointed out that in enacting the law
The congressional findings on which the Partial-Birth Abortion Ban Act rests do not
withstand inspection, as the lower courts have determined and this Court is obliged to
concede. … (“Congress did not ... carefully consider the evidence before arriving at
its findings.”)…(“[N]one of the six physicians who testified before Congress had ever
performed an intact D&E. Several did not provide abortion services at all; and one was
not even an obgyn.... [T]he oral testimony before Congress was not only unbalanced,
but intentionally polemic.”)… (“Congress arbitrarily relied upon the opinions of doctors
who claimed to have no (or very little) recent and relevant experience with surgical
abortions, and disregarded the views of doctors who had significant and relevant experience
with those procedures.”)…
Ginsburg directly challenged the majority’s statement justifying the restrictions imposed
by the law, to wit, “While we find no reliable data to measure the phenomenon,
it seems unexceptionable to conclude some women come to regret their choice
to abort the infant life they once created and sustained...Severe depression and loss
of esteem can follow.” She wrote:
1

1
prof. andrew rudyk
Revealing in this regard, the Court invokes an antiabortion shibboleth for which it
concededly has no reliable evidence: Women who have abortions come to regret their
choices, and consequently suffer from “[s]evere depression and loss of esteem.” …
Because of women’s fragile emotional state and because of the “bond of love the
mother has for her child,” the Court worries, doctors may withhold information about
the nature of the intact D&E [“dilation and evacuation”] procedure. …The solution
the Court approves, then, is not to require doctors to inform women, accurately and
adequately, of the different procedures and their attendant risks. …Instead, the Court
deprives women of the right to make an autonomous choice, even at the expense of
their safety.
In a footnote she adds “Notwithstanding the ‘bond of love’ women often have with
their children… not all pregnancies, this Court has recognized, are wanted, or even
the product of consensual activity. (“[O]n an average day in the United States, nearly
11,000 women are severely assaulted by their male partners. Many of these incidents
involve sexual assault.”).
Justice Ginsburg also underlined the fact that Justice Kennedy, who wrote the majority
opinion in Lawrence v. Texas, finding unconstitutional a state law that criminalized
homosexual conduct also wrote the majority decision in Carhart. She wrote,
Ultimately, the Court admits that “moral concerns” are at work, concerns that could
yield prohibitions on any abortion…(“Congress could ... conclude that the type of
abortion proscribed by the Act requires specific regulation because it implicates additional
ethical and moral concerns that justify a special prohibition.”). Notably, the
concerns expressed are untethered to any ground genuinely serving the Government’s
interest in preserving life. By allowing such concerns to carry the day and case, overriding
fundamental rights, the Court dishonors our precedent. See, e.g., Casey…(“Some
of us as individuals find abortion offensive to our most basic principles of morality, but
that cannot control our decision. Our obligation is to define the liberty of all, not to
mandate our own moral code.”); Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558, 571 (2003) (Though
“[f]or many persons [objections to homosexual conduct] are not trivial concerns but
profound and deep convictions accepted as ethical and moral principles,” the power of
the State may not be used “to enforce these views on the whole society through operation
of the criminal law.” (citing Casey, 505 U. S., at 850).
As pointed out by Barry Friedman and Dahlia Lithwick, “Post-Carhart, states have
passed laws mandating that pregnant women be shown sonograms of the fetus before
an abortion, or told they are aborting a human being, or informed they can’t be
coerced into aborting. Further, based on Carhart’s seeming approval of junk science,
Nebraska passed a law banning abortions after the 20 week, based on questionable
medical evidence concerning fetal pain”. 59 Consequently, according to a Guttmacher
59 Barry Friedman and Dahlia Lithwick:“Watch as We Make This Law Disappear: How the Roberts
Court disguises its conservatism. Slate.com, Oct. 4, 2010, http://www.slate.com/articles/news_
and_politics/jurisprudence/2010/10/watch_as_we_make_this_law_disappear.single.html.

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
Institute policy analysis, “Fifty-five percent of all reproductive-age U.S. women lived
in a state hostile to abortion rights in 2011, up significantly from 31 % in 2000.
The increase is the result of a dramatic shift in the abortion policy landscape at the
state level over the past decade, including a record number of abortion restrictions
that were enacted in 2011.” 60 According to New York Times columnist, Nicholas
D. Kristof:
Under a new law that took effect three weeks ago with the strong backing of Gov. Rick
Perry, she first must typically endure an ultrasound probe inserted into her vagina. Then
she listens to the audio thumping of the fetal heartbeat and watches the fetus on an
ultrasound screen.
She must listen to a doctor explain the body parts and internal organs of the fetus as
they’re shown on the monitor. She signs a document saying that she understands all
this, and it is placed in her medical files. Finally, she goes home and must wait 24 hours
before returning to get the abortion. “They are traps for women, set up by the state of
Texas,” Dr. Boyd said.
The law then requires the physician to go over a politicized list of so-called dangers of
abortion, like “the risks of infection and hemorrhage” and “the possibility of increased
risk of breast cancer.” Then there is the mandated ultrasound, which in the first trimester
normally means a vaginal ultrasound. Doctors sometimes seek vaginal ultrasounds
before an abortion, with the patient’s consent, but it’s different when the state forces
women to undergo the procedure. 61
Currently, the source of the model legislation mandating transvaginal ultrasound
sonograms for women contemplating abortion anytime during the pregnancy not
just in the second trimester as dealt with in Gonzales is the is the “Women’s Ultrasound
Right to Know Act” 62 published and distributed by Americans United for Life
(AUL). It is designed to end freedom of reproductive choice. Among its Board of
Directors and Board of Advisors, AUL has a contingent of right wing stars including
one of the leading representatives of Opus Dei, Fr. C. John McCloskey, and
members or staff of George W. Bush’s Presidents Council on Bioethics, including
Robert P. George, Mary Glendon, and O. Carter Snead.
60 Guttmacher Institute, News Release, “More Than Half Of All Reproductive-Age U.S. Women Now
Live In States Hostile To Abortion Rights.” Thursday, March 15, 2012, http://www.guttmacher.
org/media/nr/2012/03/15/index.html.
61 Nichols D Kristof: “When States Abuse Women,” New York Times, op-ed, March 3, 2012, http://
www.nytimes.com/2012/03/04/opinion/sunday/kristof-when-states-abuse-women.htm
62 americans United For Life, “Women’s Ultrasound Right To Know Act: Model Legislation & Policy
Guide For The 2011 Legislative Year,” 2010. http://www.aul.org/wp-content/uploads/2010/12/
Ultrasound-Requirement-2011-LG-_2_.pdf
1

200
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As described in Medline, “Transvaginal ultrasound is a type of pelvic ultrasound.
It is used to look at a woman’s reproductive organs, including the uterus, ovaries,
cervix, and vagina. Transvaginal means across or through the vagina.” The test is
performed as follows:
You will lie down on a table with your knees bent and feet in holders called stirrups. The
health care provider will place a probe, called a transducer, into the vagina. The probe is
covered with a condom and a gel. (Emphasis added) The probe sends out sound waves,
which reflect off body structures. A computer receives these waves and uses them to
create a picture. The doctor can immediately see the picture on a nearby TV monitor.
The health care provider will move the probe within the area to see the pelvic organs.
This test can be used during pregnancy. 63
Americans United for Life was founded by L. Brent Bozell, brother-in-law, co-author
with, college debating partner, and co-founder of Young Americans for Freedom
and the National Review with, William F. Buckley, Jr. Bozell was also the ghost writer
for Barry Goldwater’s Conscience of a Conservative. A convert to Catholicism, he
and his wife Patricia Buckley emigrated to Spain under the Franco regime. They
became more extreme in their religious beliefs, very attracted to the Spanish Carlists,
becoming pro-life zealots. On returning to the United States Bozell founded
the ultra-conservative Catholic Journal, Triumph, which was co-edited by Frederick
Wilhelmsen who taught at the Opus Dei Universidad de Navarra. Wilhelmsen wote
that “the glory of Spain was that it alone had defeated in contests of arms the two
greatest challengers Christendom had ever encountered, Islam (in the fifteenth-century
reconquista) and communism (in the civil war).” He wrote “The crescent and
the hammer and sickle: ultimately they have one common enemy, the cross of Christ
and that civilization that took root and flourished from the wood of Golgotha.” 64
restricting choice even in the absence
of reliable data
The introduction to the model law, “Women’s Ultrasound Right to Know Act” explains
that the importance of mandated sonograms is based on a 1983 report entitled
“Maternal Bonding in Early Fetal Ultrasound Examinations, ”
63 medline Plus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003779.htm
64 Patrick Allitt:Catholic Intellectuals and Conservative Politics in America, 1950-1985, Ithaca, Cornell University
Press, 1993, 144-145.

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
Ultrasound requirements that mandate ultrasound imaging and allow the woman the
option to see her unborn child and hear the heartbeat are concrete, effective steps states
can take to protect women’s health and ensure that their consent to abortion is as fully
informed as possible. In addition, medical evidence indicates that women feel bonded
to their children after seeing them on the ultrasound screen. Once that bond is established,
researchers argue, a woman no longer feels ambivalent toward her pregnancy
and actually begins to feel invested in her unborn child. Thus, not only do these statutes
protect women’s health, but they also further the states’ interest in protecting life.
The majority’s sustained partial birth abortion in 2005 despite “find[ing] no reliable
data to measure the phenomenon, it seems unexceptionable to conclude some
women come to regret their choice to abort the infant life they once created and
sustained.…Severe depression and loss of esteem can follow.” Presently, the introduction
to the model legislation cites to a report purportedly supporting the idea of
maternal bonding in the second trimester but it does not mention that the opinions
of the authors were based on very little evidence. As they stated: “We have recently
seen two cases (emphasis added) in which women in the late first or early second
trimester of pregnancy reported feelings and thoughts clearly indicating a bond of
loyalty toward the fetus that we and others had associated with a later stage of fetal
development”. 65
The Vatican’s opposition to abortion and contraception creates a paradox which
Kristof addressed writing, “The best formulation on this topic was Bill Clinton’s,
that abortion should be ‘safe, legal and rare.’ Achieving that isn’t easy, and there is
no silver bullet to reduce unwanted pregnancies. But family planning and comprehensive
sex education are a surer path than demeaning vulnerable women with statesanctioned
abuse and humiliation”. 66
As the various states were passing or planning to pass the AUL’s model ordinance on
mandatory transvaginal sonograms, an incremental step in banning contraception on
a national level was taken. And the Catholic Bishops made the Vatican’s opposition
to almost all forms of contraception clear again on February 15, 2012, the United
States Conference of Catholic Bishops issued a “Dear Senator” letter supporting
“the ‘Respect for Rights of Conscience Act’ (S. 1467), …sponsored by Senator Roy
Blunt with 36 other Senators.” 67 As summarized by the Congressional Research Service,
among the objectives of S. 1467, the Respect for Rights of Conscience Act of
2011 was to “Amend[ ] the Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)
to permit a health plan to decline coverage of specific items and services that are
65 Joseph C. Fletcher and Mark I. Evans: “Maternal Bonding in Early Fetal Ultrasound Examinations,”
308 N.E.J.M. 392 (1983).
66 Nicholas D. Kristof: “When States Abuse Women, New York Times, March 3, 2012, http://www.
nytimes.com/2012/03/04/opinion/sunday/kristof-when-states-abuse-women.html.
67 United States Conference of Catholic Bishops, “Cardinal Urges Senate Support Of ‘Respect For Rights
Of Conscience Act’”, http://www.usccb.org/news/2012/12-029.cfm.
201

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contrary to the religious beliefs of the sponsor, issuer, or other entity offering the
plan or the purchaser or beneficiary (in the case of individual coverage) without penalty.”
And it would “Declare[ ] that nothing in PPACA shall be construed to authorize
a health plan to require a provider to provide, participate in, or refer for a specific
item or service contrary to the provider’s religious beliefs or moral convictions.” 68
The opposition to all forms of contraception continued on February 27, 2012, when
the United States Conference of Catholic Bishops, issued its rejection of the compromise
offered by the Obama Administration regarding the coverage of contraception’s
under the Affordable Care Act. The rejection is headed by a very large and
bold word Unacceptable. Among other things the statement alleges that “This socalled
‘accommodation’ changes nothing of moral substance and fails to remove the
assault on religious liberty and the rights of conscience which gave rise to the controversy.
It is certainly no compromise.” Among the first signatories to the statement
are members of the Board of Directors or Advisors of AUL, Mary Ann Glendon
, Robert P. George, O. Carter Snead and Yuval Levin. Among the other signers are
AUL’s George Weigel, Mark Rienzi, Charmaine Yoest, Edward R. Grant, William
Saunders, Hadley P. Arkes, Lynn D. Wardle, Michael Stokes Paulsen, 69 all of whom
are responsible for the model mandatory transvaginal sonogram guide.
conclusion: Misogyny in the form
of state Mandated rape
In December 2011 the Federal Bureau of Investigation approved the recommendation
of the Criminal Justice Information Services Division’s Advisory Policy Board
(APB) Uniform Crime Reporting (UCR) Subcommittee to revise definition of rape
for use in the UCR Summary Reporting Program (SRP). The revised definition of
rape is: “Penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body
part or object, or oral penetration by a sex organ of another person, without the
consent of the victim”. 70 It appears that with the Supreme Court has facilitated the
68 U.S. Library of Congress, Congressional Research Service, Bill Summary & Status, 112th Congress
(2011 - 2012) -S.1467-CRS Summary, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:s.01467.
69 United States Conference of Catholic Bishops, “Bishops Promise To Continue ‘Vigorous Efforts’
Against HHS Violations Of Religious Freedom In Health Care Reform Mandate,” March 14, 2012
http://www.usccb.org/news/2012/12-048.cfm. The full statement can be found at www.usccb.org/
issues-and-action/religious-liberty/upload/Admin-Religious-Freedom.pdf.
70 United States Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, The Criminal Justice Information
Services Division (CJIS) “is responsible for managing [various] programs administered by
the FBI for the benefit of local, state, tribal, federal, and foreign criminal justice agencies....” http://
www.fbi.gov/about-us/cjis/advisory-policy-board.

Reviving the dead hand: misogyny and politics in the United States in the 21 st Century
tidal wave of state legislation mandating transvaginal songrams for women seeking
abortion. The inhumanity and criminality of the model ordinance promulgated by
AUL should not be surprising given the presence of individuals such as McCloskey
who longs for a religious purification of the United States even at the cost of a “final
short and relatively bloodless conflict” and Glendon who advocates that women
have no individual right to reproductive choice and George who “would go so far as
to support mandatory one-week waiting periods, and even nonjudgmental counseling,
for people who are contemplating the choice of killing an abortionist” who are
Members of the Board of Directors or Advisors to Americans United for Life. It
is not surprising, then, that if George can accept the murder of abortionists as the
lesser evil, the Religious Right under his leadership can accept the rape of a women
at the order of a state by the insertion of an object into the vagina against her will.
203

204
ParticiPación de la MUJer cUbana
en la dirección PolÍtica Y social
del PaÍs. FUndaMento constitUcional
introducción
MsC. irina Colina orteGa
liC. lerMa rivero soto
Cuba
Sobrados son los ejemplos de mujeres cubanas que batallaron de forma incansable
desde nuestras luchas de independencia, porque Cuba tuviera la total y verdadera
libertad soñada con que hoy contamos. Baste mencionar a nuestras Ana Betancourt,
Mariana Grajales y Vilma Espín y en ellas se resume el ejemplo de todas aquellas
mujeres cubanas que dejaron su grano de arena en el fraguar de la Patria.
Al lado, apoyando y convidando a sus esposos e hijos a la lucha o siendo ellas mismas
las portadoras de la palabra o el fusil, han tenido siempre, la entereza de ser
dignas herederas de las estirpes de Maceo y Martí.
La mujer cubana como la inmensa mayoría de las mujeres en los países capitalistas
subdesarrollados de América Latina y del mundo, padeció todos los males que afectan
a estas sociedades; la miseria, el analfabetismo, la insalubridad, la explotación
entre otras calamidades, constituían el panorama que tenía ante sí, todo el pueblo de
Cuba antes de 1959, y en esa realidad la mujer padecía la mayor parte.
Primaban, los altos índices de analfabetismo, la sub-escolarización, la discriminación
de clase, raza y género, la carencia de una legislación que la amparara de forma fáctica

Participación de la mujer cubana en la dirección política y social del país...
en sus derechos 1 , así como, le propiciara la participación en la vida pública de la cual
estaba excluida en mayor parte. 2
Es sabido que el voto dio a la mujer el primer paso a su verdadera emancipación, la
primera brecha a la vida pública, el primer destello de materializar su rebeldía.
antecedentes de la participación pública de la
mujer en cuba
Decía Martí: “… las campañas de los pueblos sólo son débiles, cuando en ellas no se
alista el corazón de la mujer; pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la
mujer, tímida y quieta de su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa
unge la obra con la miel de su cariño – la obra es invencible” 3
En 1898, las mujeres representaban el 37 % de los delegados del Partido Revolucionario
Cubano, creado para la causa independentista y de la soberanía nacional. En
este sentido, las heroínas de las guerras del siglo xix cubano no entraron solamente
en el conflicto en pos de los derechos de la mujer, sino que se unieron a los hombres,
a sus familias para ir también a la lucha, alentando al sacrificio, y en apoyo a la causa
de su tierra, incorporándose este sentir como una parte de la identidad nacional cubana.
La sensibilidad nacional ante los llamamientos de José Martí por una justicia
social, el acuerdo general para reescribir la legislación colonial, la inestabilidad política,
1 El primer intento en Cuba por aprobar una enmienda sobre igualdad de derechos por la mujer se
produjo en noviembre de 1927 cuando se presentó para incluirla en la Constitución de 1901, al sostenerse
que las mujeres habían aceptado numerosas responsabilidades en la sociedad y que de hecho
habían recibido muchos derechos desde 1901 en el caso de poder demandar, hacer negocios, poseer
bienes, casarse, divorciarse, la preparación a todas las cubanas por medio de las activistas para las
responsabilidades públicas y laborales, entre otros. Aunque la enmienda no se aprobó, fue puesto
en discusión el tema en que todos los cubanos eran iguales ante la ley, incluyéndose a la mujer en la
igualdad de derechos. No obstante de su archivo, en 1940 la Convención Constituyente debatió su
aprobación para la Constitución de este año.
2 Las mujeres cubanas durante la primera parte del siglo xx forjaron un tipo de conducta a favor de la
familia y los hijos, además apoyaron reformas para las mujeres trabajadoras, las asalariadas, las condiciones
saludables de las mismas, es decir que el movimiento del feminismo en Cuba que era el que
impulsaba la participación de la mujer por entonces se concentraba en diversas esferas, pues estas
defensoras de la mujer (como Mariblanca Sabas Alomá) en igualdad de derechos y oportunidades
con el hombre en la sociedad cubana, pues consideraban que tanto la maternidad, las profesiones
respetables, el feminismo, el voto, el ocupar cargos públicos y la actividad política eran parte de un
todo en desarrollo, y en bienestar propio, así como del país, aunque ello no fue un pensamiento unificado
en todas los sectores sociales, pues las diferencias sociales se hacían sentir fuertemente, y más
bien fue la clase alta femenina la más beneficiada.
3 José Martí: Obras Completas, t.5, pp, 16-17.
20

20
mSC. irina Colina ortega, liC lerma riVero Soto
el derrocamiento de un dictador en los 30 y el desafío del socialismo al control del
gobierno dieron pie a las feministas cubanas para hacer valer poco a poco en cada
etapa histórica sus demandas.
En 1917 no se aprecia consenso político sobre la igualdad de la mujer con respecto
al hombre, ya que unos miembros del senado veían que “las mujeres cubanas deben
tener igualdad de derechos civiles y políticos con respecto a los hombres, porque la
gente de Cuba cree en la igualdad. No existe ninguna justificación para el inferior
status legal de las mujeres, pues ese status limita los derechos de nuestras madres,
hermanas y nuestras hijas”. 4
En este sentido, en medio de los debates políticos-sociales que estaban presentes en
la sociedad cubana de entonces, ya en el año 1923 se condujo a la celebración del 1er
Congreso Nacional de Mujeres, el que con posterioridad se volvió a realizar en los
años 1925 y 1939, previo este último a la Constitución de 1940.
Desde un principio, las actividades de estas estuvieron dirigidas a influir en la política
nacional, por lo que se invitaron funcionarios públicos y políticos para discusiones
de los derechos políticos de la mujer. Las circunstancias históricas a partir de los
cambios generados por los movimientos estudiantiles y obrero propiciaron a la mujer
poco a poco incorporar el carácter de defensora de la asistencia social y derechos
de la mujer, el sufragio, las garantías de igualdad de derechos, las leyes educativas y
de asistencia social, los derechos de los hijos ilegítimos, la legislación laboral, entre
otros que reflejaron la nueva situación de la mujer en una nación en formación. La
mayor recompensa de las mujeres cubanas en pos de sus derechos, provino de los
programas de asistencia social, pues allí ejercían el poder político y social.
Las estrategias trazadas, consistían en esos momentos en trabajar junto a los hombres
en cargos públicos y no en su contra, asociándose con aquellos que detentaran
el poder o con los políticos que defendían las cuestiones de la mujer, y aunque esto
no fue lo ideal, sí fueron destellos del deseo femenino en Cuba de tener participación
en la dirección político-social del país, y de igual forma en la estructura legal. De este
modo constitucionalmente también se estableció mandato al respecto, aunque no
fuera hasta la aprobación del artículo 23 de la Constitución de 1940 que existiera en
Cuba una declaración de la completa igualdad de la mujer.
Las féminas se convirtieron en dirigentes políticas, desde que en 1925 contaran ya
con 3 claros objetivos de acción: la Reforma Social, por la cual se obligaba al Estado
a hacerse cargo de los programas de bienestar social, con especial atención a los servicios
para la mujer y los niños; la Representación de la Mujer y la Institucionalización
de sus programas de ayuda en la Sociedad: esto es relacionado al establecimien-
4 Tomado del proyecto de Ley presentado por el senador Vidal Morales para garantizar a las mujeres
casadas la libre gestión de su dote en el año 1916. A pesar de que habían otras posiciones de tipo
proteccionistas y conservadoras en el debate que surgió en el Senado. Fondos Archivo Nacional.
Gob. Sup. Civil.

Participación de la mujer cubana en la dirección política y social del país...
to de centros de poder para fomentar cambios, así como autoridad a los programas
feministas; y el que más nos interesa a los fines de esta comunicación es la Igualdad
Política de la Mujer: el que significaba la incorporación de la mujer a la dirigencia
nacional, fundamentalmente a través de un proceso electoral, ya que ello fuera importante
para el derecho al voto femenino que posteriormente se les otorgara.
La Igualdad en Cuba por entonces en la República no implicaba que la mujer y el
hombre fueran iguales, una interpretación literal de ello ponía en riesgos los papeles
de cada sexo, por lo que significaba más bien darle igual importancia a las contribuciones
sociales tanto de la mujer como del hombre, así como evitar indiferencias
y efectos perjudiciales hacia el trabajo de la mujer. El feminismo burgués no fue
antagónico a la mayoría de los hombres con poder político, los que se apoyaron en
las mujeres para la estabilidad y la justicia social. De hecho, como el movimiento
feminista era aceptado de modo casi universal por los grupos políticos que competían
por el poder, ellas obtuvieron los importantes derechos para la mujer que hoy
conocemos y ayudaron a elevar la consciencia de toda una generación de activistas
políticos, al tiempo que dejaron intactos aspectos de la dominación masculina, la
explotación capitalista y la estructura de clases.
Fundamento constitucional de la participación
de la mujer cubana en las esferas de poder
Volviendo a Martí, este decía: “Corresponde de Derecho a la mujer cubana un puesto
prominente en las fiestas de la poesía que ella adivina con su delicadeza y mantiene
con sus aplausos, y en las de la patria que ennobleció con su heroísmo en la
hora de la prueba y le debe hoy su única hermosura” 5 , de nuestra Ana Betancourt
escribiría: “Ana Betancourt, anuncia que el fuego de la libertad y el ansia del martirio
no calientan con más viveza el alma del hombre que la de la mujer cubana” 6 y de
nuestra Mariana Grajales, madre de los Maceo, diría: “¿Su marido, cuando caía por
el honor de Cuba no la tuvo a su lado ¿No estuvo ella de pié, en la guerra entera,
rodeada de sus hijos? ¿No animaba a sus compatriotas a pelear, y luego, cubanos o
españoles, curaba a los heridos? ¿No fue, sangrándole los pies, por aquellas veredas,
detrás de su hijo moribundo…? 7
Frases Martianas que expresan por sí solas el carácter fundacional que tiene la emancipación
de la mujer en Cuba. De ahí que la Constitución de la República de Cuba,
haya recogido esta premisa al estipular en su:
5 José Martí: “Carta a Natalia M. de Montejo”, en Obras Completas, t. 15, p. 367.
6 José Martí: “El 10 de Abril”, en Obras Completas, t. 4, p. 387.
7 José Martí: Obras Completas. t.5, p. 26.
20

20
“Capítulo Vi. Igualdad.
mSC. irina Colina ortega, liC lerma riVero Soto
Artículo 44. La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político,
cultural, social y familiar.
El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades
que al hombre, a fin de lograr su plena participación en el desarrollo del país”. 8
La mujer ha estado en la lucha por la liberación Nacional y en defensa de nuestra
Patria a lo largo de la historia. El papel de la mujer en el desarrollo del proceso revolucionario
constituido desde 1959 es de extraordinaria importancia en su desempeño.
Esto es bueno reafirmarlo y divulgarlo, púes en todos los países, sobre todo
de Latinoamérica, dada la mentalidad colonial y patriarcal, hay cierta subestimación
hacia las mujeres que en ocasiones llega a convertirse en una verdadera discriminación
en su contra.
Factor de vital importancia en la incorporación al trabajo socialmente útil de miles
de mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas canalizó, desde los primeros tiempos
del triunfo revolucionario, la demanda de las mujeres para participar activamente en
la defensa de la patria, propiciando su integración a las Milicias Nacionales Revolucionarias
y posterior las Milicias de Tropas Territoriales. Ha encontrado su asidero
en nuestro Texto Constitucional cuando sin distinción refrenda:
Artículo 3. En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana
todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas
del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma
y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo
la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente
derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.
Artículo 65. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo
de cada cubano. 9
La incorporación de la Mujer a la Defensa de la Patria, en una muestra fehaciente,
que consideramos convierte a Cuba en paradigma a seguir. Visto como Deber–Derecho
de prepararse para la defensa y salvaguarda de la paz y soberanía de la isla.
Como se puede apreciar, con la Revolución de 1959, en nuestro país se efectuaron
las premisas esenciales para que la mujer tuviera mayor acceso a los cargos directivos;
no solo se abrieron nuevas oportunidades para las mujeres en pos del cumplimiento
de lo dispuesto constitucionalmente en cuanto a la igualdad de género, raza, credo
8 Constitución de la República de Cuba, Editora Política, 2010. pp. 57-58.
9 Constitución de la República de Cuba, Editora Política, 2010. pp. 17 y 69.

Participación de la mujer cubana en la dirección política y social del país...
y demás como se recoge en el capítulo VII de la Ley Fundamental de la República,
sino que también la voluntad política imperante reafirmó la necesidad existente de
transformar la situación socio cultural, económica e histórica de la mujer en nuestro
país. El actual gobierno de conjunto con el Partido Comunista de Cuba, han promovido
la participación femenina en todos los ámbitos y a todos los niveles. En el
momento actual, la inserción de la mujer cubana en el proceso continuo de desarrollo
es uno de los fenómenos sociales más exitosos que será preciso mencionar.
Por ello, no es ajeno a nuestra cultura revolucionaria que la misma esté presente
en el trabajo remunerado asuma toda la preparación cultural, técnica y profesional
que se le brinda, al igual que obtenga reconocimiento a su capacidad creadora, sus
potencialidades y a su igual condición socioeconómica, y por ende jurídica, puesto
que el Derecho y las leyes de desarrollo van a la saga de los cambios sociales que se
realizan en nuestro país.
La participación de la mujer en los cargos de dirección y en la toma de decisiones
actualmente es, en estadística, la tercera parte del total de los dirigentes del país, incluso
en los ramos donde tradicionalmente solo existían hombres. Basadas en ellas,
obtuvimos que la incorporación de la mujer en la toma de decisiones del país tenga
cifras alentadoras para la población femenina cubana.
La formación adquirida por la mujer a través de su activa participación en los niveles
básicos de dirección, ya sea en la comunidad, en los centros de estudio, los laborales,
y hasta en la propia familia la ha puesto en mejores y mayores condiciones para acceder
a cargos de mayor nivel en el estado y en el gobierno.
En cuestión de cifras se obtuvo que hasta marzo-abril de 2012 haya presencia importante
de las mujeres en distintos campos políticos del Estado cubano:
• En el Consejo de Estado encontramos 12 mujeres cubanas entre sus miembros,
lo cual significa el 35,5%, una de ellas, Gladis Bejerano que también
funge como Vicepresidenta del Consejo de Estado.
• El Consejo de Ministros cuenta en la actualidad con 8 mujeres en la dirección,
siendo las siguientes: Gladys Bejerano Portela Contralora General de la República
de Cuba y Vicepresidenta del Consejo de Estado, Inés María Chapman
Waugh Presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, María del
Carmen Concepción González Ministra de la Industria Alimentaria, Lina Pedraza
Rodríguez Ministra de Finanzas y Precios, Ana Elsa Velásquez Ministra
de Educación, María Esther Reus González Ministra de Justicia, Elba Rosa
Pérez Montoya Ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente y Mariblanca
Ortega Barredo Ministra del Comercio Interior. En total hay en los
altos niveles del ministerio 33 hombres en la dirección y 8 mujeres, lo que
representa el 29,68 % cifra que regía hasta febrero de 2011.
• En el caso de los Viceministerios, se encuentran dirigiendo 42 mujeres, representando
el 33,6 % en este cargo, de 161 hombres que ejercen.
20

210
mSC. irina Colina ortega, liC lerma riVero Soto
Esto ha sido posible entre otros aspectos por el nivel técnico alcanzado en estos
años donde más del 58 % de los graduados universitarios son mujeres, exactamente
el 59,8 % en el cierre del año 2011, y el 65 % de la fuerza técnica del país también
se integra por el sexo femenino. Para conocimiento de este particular las cifras son
elocuentes, pues son mujeres en categoría ocupacional de dirigentes el 40,2 %.
No obstante, todavía influye en parte de la población tanto femenina como masculina
sobre todo, aquellos viejos patrones culturales y concepciones sociales y familiares
sobre el rol de la mujer, su proyección y su tipo de responsabilidad en el medio
que les rodea. La persistencia de estas concepciones por la mujer y en la mujer,
reafirma o ratifica los criterios erróneos de que son los hombres los más preparados
y habilitados para dirigir, lo cual se reforzó con las condiciones socioeconómicas
críticas por las que atravesó el país en el período de los 90. Puesto que como bien se
conoce se dificultó la vida cotidiana para la mujer a causa de las carencias e insuficiencias
de la energía eléctrica, el transporte, el combustible doméstico, los productos
alimenticios, los artículos de higiene personal y del hogar, así como los servicios
y equipamientos.
“Firmes en sus posiciones de uno a otro extremo del país, decididas a luchar por las
conquistas logradas, a poner fin al mito de la invencibilidad del imperialismo en este
Continente, las milicianas, las brigadistas sanitarias, las federadas que ocuparon en
la fábrica los puestos de los movilizados al frente, demostraron que realmente, las
mujeres constituían, como decía Fidel ‘una fuerza decisiva para la revolución’. 10
Al analizar el acceso de la mujer a los cargos de dirección, observamos que es más
amplio en las bases o niveles inferiores, ya que en la medida que se refleja su presencia
en los niveles superiores de toma de decisiones es inferior el porcentaje.
Resultados alentadores se obtienen en la promoción de un sector tan importante
del país como el sindical, donde se desempeñan como cuadros profesionales de
este movimiento 2837 mujeres siendo el 58, 9 % en el año 2007 de los 4815 en total
donde el sexo masculino era menor con 1978 dirigentes. Además, de las Secretarias
Generales de los Comités Municipales de la Central de Trabajadores de Cuba en el
2011 eran mujeres 105 representando el 62, 5% del total de 170.
Sectores no tradicionales para el empleo femenino como el sector cooperativo tiene
en su nivel directivo la presencia de féminas, para un total de 306 en un total de 966
dirigentes. En el orden municipal hay 28 mujeres que significa un 16,6 % y en el
provincial solo hay 2 lo cual es un 13,3 % siendo en las provincias de La Habana y
Villa Clara.
En el Cuerpo Diplomático cubano hay una alta representación de la mujer, siendo
éstas el 50 % de los viceministros, además hay 14 embajadoras o jefas de misiones,
11 cónsules generales o a cargo de asuntos consulares y 133 en otros cargos diplomáticos.
10 Vilma Espín Guillois: La gesta revolucionaria: acciones y héroes, Editorial de la Mujer, La Habana,
1990, p. 6.

Participación de la mujer cubana en la dirección política y social del país...
En la administración de justicia la mujer tiene una importante presencia con el 72.6 %
en todas las instancias como jueces profesionales, son el 71.4 % de los Presidentes
de los Tribunales Provinciales y el 47 % de los Jueces del Tribunal Supremo. De
igual forma, se desempeñan en el órgano velador de la legalidad, donde llegan a ser
mayoría hasta el 2011 con el 75 % de los fiscales del país.
Respecto a la participación de la mujer en los órganos del Poder Popular en las
distintas instancias y en los sucesivos procesos electorales. En el año 2010-2011 las
mujeres delegadas de base o circunscripción representaron el 34 % del total de los
miembros que eran 15 236, siendo 5052 mujeres, como Vicepresidentas de la Asamblea
Municipal 69 son mujeres representando el 41,4 %, y como Presidentes de las
Asambleas hay 49 féminas del total que es 169, siendo ello el 29,1 %. Como Secretarias
de las Asambleas Municipales son el 59,17 % al ser 100 las mujeres presentes
del total de 169, en el caso de los Presidentes de los Consejos Populares de los 1542
son mujeres 532 siendo el 34,4 % y como vicepresidentas de los Consejos Populares
son 325 mujeres representando el 35,36 % de los 919 miembros.
En el caso de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, existe una 43.32% de
representación en cargos de dirección de los Órganos Locales, que se distribuye de
la siguiente manera:
Delegados Provinciales: 201 en total, 488 son mujeres, siendo el 40.63%.
Presidentes de las Asambleas Provinciales: 14 en total, 1 es mujer, 7,14%.
Vicepresidentes de las Asambleas Provinciales: 14 en total, 2 son mujeres, 14,29 %.
Secretarios de las Asambleas Provinciales: 14 en total, 7 son mujeres, 50 %.
Consejos de la Administración Provincia: 14 en total, 7 son mujeres, 50 %.
Actualmente la Presidenta Provincial de la Asamblea del Poder Popular en La Habana
es también una fémina.
En la VII legislatura de la Asamblea Nacional había un total de 613 miembros de los
cuales 266 eran mujeres, representando el 43,39 % del Parlamento; en la dirección de
la Asamblea Nacional habían 3 miembros y una era mujer para ser el 33,33 % y en
el Consejo de Estado siendo 31 miembros en total, de los que 8 son mujeres, siendo
ello el 25,81 % de la totalidad en los centros de poderes fundamentales del país.
Estos datos han sido obtenidos del Centro de Estudio de la Mujer y de la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC), donde se han realizado investigaciones acerca de la participación
de la mujer en los órganos del Poder Popular, y se han trazado planes de
acción, a fin de considerar el trabajo directamente realizado con las mujeres propicio
para que autoreconozcan sus valores, capacidades, y necesidades para pensar en una
mayor representación de las mujeres en los cargos de decisión, lo que se ha revertido
en los positivos resultados alcanzados en los últimos procesos electorales, ya que
mantiene una activa participación política en todos los niveles.
211

212
mSC. irina Colina ortega, liC lerma riVero Soto
En el Partido Comunista, tanto en la membrecía como en sus organismos de dirección,
las mujeres ocupan un espacio que ha ido en ascenso. En el Partido Comunista
de Cuba (PCC) Central hay un total de 47 mujeres, en el Buró Político hay una, en el
Secretariado una y las 45 restantes son parte de los demás miembros del PCC. Y es
de resaltar que la Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana
es una mujer. Mercedes López Acea, de extraordinaria importancia al tener en cuenta
que se trata de la Capital del país donde trazar las políticas de gestión y desarrollo
alcanzan un nivel más complejo.
Con la igualdad de hecho y de derecho en la Cuba actual, la mujer ha ganado espacio
socio político, y ello se ha traducido en mayor participación en la toma de decisiones,
sobre todo en los órganos locales. Las cifras; más que números; son realidades que
reflejan el alcance femenino en la gobernabilidad de su país.
El desarrollo alcanzado ha estado y está apoyado por las políticas y estrategias trazadas
por el gobierno y el partido, así como por la FMC, que a lo largo de estos
años además de representar los intereses de las mujeres y contribuir a la educación
política ideológica ha trabajado mancomunadamente en todos los organismo estatales,
sociales, políticos y de masas para que continue realizando el ejercicio pleno de
sus derechos y de la igualdad jurídica que goza por el ordenamiento constitucional
cubano.
a modo de conclusiones
A pesar de que apreciamos avances importantes en la participación política de las
mujeres que acceden a posiciones de poder en los diversos puestos políticos de la
toma de decisiones, aún queda mucho por hacer, lo que muestra la necesidad de
incrementar su participación activa y representativa en los niveles superiores de dirección.
En nuestro país, constituye una fortaleza el sistema de democracia existente,
que permite al sexo femenino su incursión en todos los niveles.
En la medida en que estén las mujeres mayormente representadas permitirá que
tengan la oportunidad de intervenir en los niveles decisorios, en la elaboración de
políticas específicas a sus intereses para que se tengan más en cuenta y aporten sus
potencialidades a la sociedad. Quedando entonces camino por recorrer a la mujer
cubana en el poder político. Nuestros fines deben estar dirigidos a alcanzar al menos
una representatividad del 50 % en las altas esferas de dirección política del país.
Nuestras metas en este sentido pudieran estar dirigidas a:
• Trabajar más en la efectiva integración sociopolítica de la mujer en los primeros
niveles de dirección, más allá de los marcos constitucionales y legislativos.

Participación de la mujer cubana en la dirección política y social del país...
• Concienciar a la sociedad cubana de la combinación armónica real que tienen
hoy las mujeres profesionales, dirigentes y que son también protagonistas de
sus roles familiares.
• Implementar con esta fuerza de dirección femenina un grupo social capaz de
compartir y tomar decisiones precisas y necesarias para el gobierno.
Sirva de estímulo palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro: “Las mujeres como
acompañantes o Jefes de Estado, son las que mejores lo hicieron. Una vez más demostraron
que las cosas en el mundo marcharían mejor si ellas se ocuparan de los
asuntos políticos…”. 11 Esta es una de nuestras realidades, una de nuestras verdades,
sirva a las mujeres del mundo para las cuales tenemos nuestro corazón abierto.
11 Fidel Castro Ruz: Reflexiones “Realidades edulcoradas que se alejan”. En ocasión de la recién
finalizada Cumbre de Cartagena. Juventud Rebelde,. Edición Especial,. 15de abril 2012.
213

214
de aVances Y retrocesos.
Una reVisión al cUMPliMiento
de las obliGaciones internacionales
en la leGislación coloMbiana sobre
los derecHos HUManos de la MUJer
introducción
MsC. diana MarCela BustaMante aranGo
Colombia.
Esta ponencia se presenta como uno de los resultados del proyecto de investigación
denominado Mujeres al Derecho, en ella se analizarán los mandatos superiores que
consagran la protección a la mujer en Colombia, para luego repasar la evolución de
la legislación sustantiva y procesal que gradualmente ha reconocido a la mujer como
individuo público, desde el enfoque de la ciencia política; se revisará la Ley 294 de
1996, primera norma que reguló la violencia intrafamiliar, reformada posteriormente
por la Ley 575 de 2000, hasta llegar a la Ley 1257 de 2008 mediante la cual, de manera
específica, “se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de violencia
y discriminación contra las mujeres”; también serán objeto de análisis las reformas
a los Códigos Penal Ley 599 de 200 y de Procedimiento Penal, Ley 294 de 1996 y
finalmente los cuestionamientos a una ley posterior, la 1453 de 2011 conocida como
Ley de seguridad ciudadana, la cual nuevamente opone obstáculos a los derechos
humanos de la mujer colombiana, al restablecer la querella como mecanismo para la
investigación del delito de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.
Esta evolución normativa reconoce a la mujer como sujeto individual no exclusivo
de protección solamente desde lo privado, afirmación que no puede interpretarse
como una negación de uno de los roles que puede asumir la mujer en la familia
nuclear, sino como alerta o llamado de atención, de que no es solamente en este
espacio en el que ocurren las violencias, dado que no es este el único ámbito en el
que desarrolla su vida la mujer.

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
Como contexto epistemológico para el análisis propuesto se parte de la globalización
como fenómeno que implica el cambio en la percepción del mundo en diferentes
dimensiones, cultural, económica, comunicacional, entre otras, desde luego
involucra una nueva manera de abordar la realidad y en ese sentido, el Derecho; en
consecuencia un análisis de la evolución legal como desarrollo constitucional, precisa
de un diálogo permanente con el desarrollo de normas internacionales.
Esta investigación pretende evaluar el desarrollo legislativo a partir de la concepción
constitucional que después de 1991 reconoció a la mujer colombiana como sujeto
jurídico con los mismos derechos que el hombre. Así mismo intenta comprender
las dificultades de tipo cultural y estructural que se hacen evidentes en el trasegar
normativo, leyes hechas por hombres para hombres, con total desconocimiento de
la diferencia y el género. Sin embargo, y en respuesta al título escogido, son los retrocesos
y avances, y hoy, a 20 años de la elaboración de nuestra hoja de ruta constitucional,
podemos hablar de ostensibles avances en la materia objeto de estudio,
provenientes de la organización política de mujeres que han incido en el proceso de
toma de decisiones para el ejercicio legislativo, mas se requiere de una veeduría y
control político constante, porque suelen aparecer leyes amenazantes y restrictivas
para las conquistas adquiridas.
Metodología
Esta investigación se inscribe en el paradigma metodológico cualitativo y como método
el hermenéutico, puesto que el objeto de estudio pretendió, conocer el desarrollo
legislativo del mandato constitucional que reconoció a la mujer como sujeto
jurídico, con la finalidad de establecer sus avances y retrocesos; en ese sentido se
escogió como paradigma epistemológico el crítico social, y dentro de este el deconstructivismo
(J. Derridá 1 ), con el objetivo de develar aquellas situaciones de la realidad
que aparentemente se ven “normales”, puesto que como hipótesis de trabajo se
parte de que la construcción normativa obedece a determinantes de poder, dado
que el derecho es una construcción cultural, por lo tanto, la dificultad del legislador
colombiano para comprender a la mujer como sujeto de derecho, se desprende de
factores culturales como prejuicios androcéntricos 2 .
1 Peter, Krieger: La deconstrucción de Jacques Derrida (1930-2004), Primavera, año/vol. XXVI, no.
084, Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México, 2004, pp. 179-188.
Recuperado,http://redalyc.uaemex.mx/buscador/search.jsp?query=deconstructivismo&rbArt=rb
Art. Consultado marzo 2010.
2 En otras palabras, son los valores de una sociedad de hombres que interpreta el mundo desde su
masculinidad, desconociendo la diferencia y particularidades del ser femenino. Como instrumento del
poder el Derecho se utilizó para desconocer a la mujer y para negar su existencia como sujeto de derecho.
Bustamante Arango, Diana Marcela-Ambuila Valencia, Liliana, La deconstrucción y reconstrucción
21

21
mSC. diana marCela buStamante arango
Entre las fuentes consultadas se emplearon primarias, legislación nacional e internacional
y secundarias, artículos científicos. En cuanto al diseño metodológico, se
identificaron las normas constitucionales que de manera explícita hacen referencia a
la mujer y el llamado a la igualdad de derechos, así como la normatividad nacional en
diálogo con la internacional que ha intentado dar cumplimiento al precepto constitucional.
Posteriormente se realizó el análisis de las normas jurídicas tomando como
eje orientador la teoría de la crítica feminista del derecho de Robin West 3 , entre otras,
y se estableció un marco conceptual que esclareciera términos como el de género;
finalmente se sistematizó la información analizada.
resultados de investigación
desde el marco constitucional
Una revisión de los avances y retrocesos en el ordenamiento interno, exige comenzar
por la Carta Política, en ese sentido conviene afirmar que resulta ser un avance el
reconocimiento de la mujer como sujeto jurídico portador de los mismos derechos
del hombre, sin embargo resulta interesante, desde el análisis hermenéutico, indicar
que la mujer es reconocida en principio como mero integrante de la institución de
familiar. Así el artículo 42 de la Constitución indica que “la familia es el núcleo fundamental
de la sociedad, el cual se constituye por la decisión libre de un hombre y
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
Un examen del reconocimiento constitucional, desde el análisis deconstructivista 4 ,
permitiría comprender las razones por las cuales ha sido tan difícil no solo para el
legislador, sino en términos generales, para la sociedad colombiana, reconocer los
derechos de la mujer. Puesto que esta ha sido reconocida pero circunscrita al ámbito
de la vida privada.
del sujeto jurídico femenino, una reflexión práctica para el ejercicio del derecho, Editorial: Universidad de San
Buenaventura-Seccional Cali, 2010, p. 186.
3 Doctora en Derecho de la Universidad de Maryland, profesora en la Facultad de Derecho de Georgetown
University. Su trabajo docente se ha centrado en la investigación sobre teoría del derecho,
teoría feminista. La ética del cuidado y la teoría jurídica feminista.
4 Es decir, una reflexión por el discurso no dicho, una crítica al discurso hegemónico que se logra a
través de la fragmentación del discurso, acción opuesta a la construcción del mismo. Peter Krieger,
al comentar la obra de J. Derridá señala que “la deconstrucción exige la fragmentación de textos
y, en ella, el filósofo detecta los fenómenos marginales, anteriormente reprimidos por un discurso
hegemónico”. Krieger, Ob cit., p. 180.

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
De hecho, la citada Carta Política estableció una serie de mandatos con el fin de proteger
a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y a quienes se encuentran
en especial estado de vulnerabilidad dentro de esta, denominándola como violencia
doméstica, allí se encuentran los niños, los jóvenes, los discapacitados, los adultos mayores
y las mujeres. Nótese cómo la mujer se entiende como existente y portadora de
derechos en cuanto su vínculo a la familia, “así el derecho nos constituye, nos instala
frente a otro y ante la ley. Sin ser aprehendidos por el orden de lo jurídico no existimos,
y luego sólo existimos según sus mandatos”, 5 así, la norma jurídica en Colombia
reconoció inicialmente a la mujer ligada exclusivamente a la familia.
En este sentido, el artículo 42 de la Constitución determina que “las relaciones familiares
se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco
entre todos sus integrantes, así que: cualquier forma de violencia en la familia
se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la
Ley”. De igual manera, la honra, la dignidad y la intimidad son inviolables al interior
del ámbito doméstico.
Dentro del tejido discursivo constitucional se evidencia posteriormente el reconocimiento
de los derechos humanos de la mujer, así el artículo 43 dispone: “la mujer y el
hombre tienen iguales derechos y oportunidades (...) por lo tanto la mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
El anterior artículo puede interpretarse como la incorporación de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 6 , que conmina
a los Estados Parte para que diseñen e implementen políticas y acciones afirmativas 7
encaminadas a eliminar toda forma de distinción contra la mujer y que por lo tanto se
comprometen: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de igualdad del hombre y la mujer
y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización de ese principio. 8
5 Alicia Ruíz: “La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres”, en El Derecho en el
Género y el Género en el Derecho, Haydée Birgin (compiladora), 2000, Biblos, Buenos Aires, p. 24.
6 Naciones Unidas, Convención adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180 del 18 de Diciembre de 1979 en
New York (Estados Unidos). Entró en vigor internacional el 3 de Septiembre de 1981 de acuerdo
al artículo 27 de la Convención. Aprobada en Colombia mediante la Ley 51 del 2 de junio de 1981,
promulgada mediante el Decreto 2492 de 1982 publicado en el Diario oficial No.36.085 del 9 de septiembre
de 1982. La Convención entró en vigor para el Estado colombiano el 19 de Enero de 1982.
7 Las acciones afirmativas son una serie de programas que tienen como finalidad proporcionar el
cumplimiento eficaz de la obligación internacional de respetar el principio de igualdad o no discriminación
contra las mujeres, en derecho internacional se conocen como medidas especiales o medidas
de protección; estas acciones afirmativas están a cargo del Estado, por tanto se espera de este una
conducta positiva. Anne F. Bayefsky, El principio de igualdad o no discriminación en el Derecho internacional,
publicado en Human Rights Journal, vol. 11, no. 1—2, 1990, p. 23, Recuperado de http://www.ramajudicial.gov.co:7777/csj_portal/jsp/Frames/index.jsp?idseccion=1028&idpagina=null&idsitio=6.
Abril
2010.
8 ONU. Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW), artículo 2, literal a. aprobada en Colombia a través de la Ley 51 del 2 de junio de 1981.
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mSC. diana marCela buStamante arango
De hecho, hasta antes de la Constitución de 1991 el Estado colombiano no había
explicitado en la Carta Política ni el lenguaje incluyente ni el reconocimiento de la
mujer como sujeto de derechos, será con la reforma de la Carta que se logre esta
inclusión y en ese sentido, como norma superior, direccione el desarrollo legislativo
posterior; de esta manera el Estado comienza con el cumplimiento de las obligaciones
internacionales adquiridas en virtud de la ratificación de los instrumentos internacionales,
puesto que la CEDAW entró en vigor para Colombia en 1981 (diez años
antes de la Constitución de 1991) y la Convención de Belém do Pará 9 desde 1995,
por tanto, el primero de ellos es pre-constituyente y el segundo debió permear desde
la primera Ley que intentó proteger tímidamente a la mujer, es decir, la Ley 294 de
1996 o Ley de violencia intrafamiliar. En otras palabras, el Estado colombiano al ser
parte de convenios internacionales que promueven el respeto por los derechos humanos
de la mujer debe incorporarlos a través de su legislación, decisión política que
para el caso colombiano ha sido todo un lento proceso que solamente hasta el 2008
comienza a concretarse con la expedición de la Ley 1257 de 2008 y que de hecho, tal
como se desprende del análisis propuesto, ha sido difícil puesto que en la intención
de la misma Carta, la mujer se reconoce como sujeto de derecho básicamente en el
ámbito de la familia.
De otro lado y en atención a garantizar el derecho a la participación política de la
mujer, la Ley 581 de 2000 10 , será el resultado del desarrollo constitucional de los
mandatos 13 (derecho a la igualdad), 40 (derecho a la participación política; el inciso
final del numeral 7 prescribe que “las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública) y 43,
reconocimiento a la igualdad entre hombres y mujeres”.
En todo caso, y como norma de interpretación, el artículo 93 Superior reconoce la
prevalencia de instrumentos internacionales que permiten una protección estatal
más amplia para las mujeres, es decir aquellos tratados ratificados por el Estado
colombiano, y que en esta medida hacen parte del orden jurídico interno, los cuales
establecen la protección especial de las mujeres 11 . De esta manera la aplicación de
9 Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer “Convención de Belém do pará” aprobada por la Asamblea General mediante resolución
A-61 del 06/09/94, adoptada y abierta a la firma y ratificación o adhesión el 6 de septiembre
de 1994, en Belém do Pará (Brasil). Entró en vigor internacional el 3 de mayo de 1995 conforme al
artículo 21 del instrumento. Aprobada en Colombia por la Ley 248 de1995, declarada exequible por
la Corte Constitucional mediante sentencia C-408/96 del 4 de septiembre de 1996, hecho el depósito
de ratificación el 11/15/96.
10 República de Colombia. Diario oficial 44.026 del 31 de mayo de 2000, Ley 581 de 2000.
11 La CEDAW y la Convención de Belém Do Pará y ’por supuesto’ las Declaraciones que a pesar de no
tener un efecto jurídico vinculante, sirven de referencia a los Estados para la implementación, por
ejemplo, de políticas públicas. Entre ellas tenemos: la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la mujer (Resolución 48/104 Asamblea General ONU), y las Resoluciones de la Comisión
de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer (Resoluciones 2003/45, 2002/52, 2001/49,
2000/45, 1999/42, 1998/42, 1997/44). Se hace referencia a la figura del bloque de constitucionalidad

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
los instrumentos internacionales que reconocen los derechos humanos de la mujer
y reglamentan la protección que debe brindárseles en situación de vulnerabilidad
–por ejemplo, cuando son víctimas de violencia– permiten al Estado contar con
herramientas ajustadas a estándares internacionales, en términos de garantías para el
ejercicio de los derechos humanos de la mujer.
Adicionalmente porque la interpretación constitucional fijada en la C-400 de 1998 12
identifica la teoría del monismo moderado como el enfoque teórico que explica la
prevalencia del derecho internacional sobre el ordenamiento jurídico interno, siempre
y cuando se refiera a tratados que reconozcan derechos humanos y/o límites
fronterizos, siendo esta la guía para aplicación e interpretación del derecho.
desde el ordenamiento penal
En la etapa pre-constituyente, el Código Penal de 1980 13 no establecía sanción punitiva
alguna contra quien ejercía violencia doméstica, pero en el capítulo sobre delitos
contra la libertad y pudor sexual se estableció el delito de violación que como factores
agravantes consideraba la relación familiar, el grado de confianza del sujeto pasivo
frente al sujeto activo, o si era cometido en menor de diez años, entre otros. 14
Con la Ley 294 de 1996 15 y bajo el marco constitucional del artículo 42, se establecieron
normas concernientes a prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, tipificando
estos delitos como autónomos. La ley estableció varios delitos, que en todo
caso no fueron concebidos como conductas que violentaran a la mujer sino a todos
los miembros que conformaban el núcleo familiar, entre ellos, el de violencia sexual
entre los cónyuges (art. 25).
En relación con el delito de violencia sexual (acceso carnal o acto sexual) entre cónyuges
(art. 25) el código sustancial penal establecía que la pena sería de seis meses
a dos años, mientras el tipo acceso carnal violento consideraba una pena entre los
ocho a veinte años de prisión y para el acto sexual diverso al acceso carnal mediante
mediante la cual la Corte Constitucional ha explicado la prevalencia de los tratados internacionales
que reconocen derechos humanos Sentencia de Constitucionalidad 358 de 1997.
12
República de Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena Sentencia de Constitucionalidad C-400 de
1998.
13
República de Colombia. Diario Oficial 35.461 del 20 de febrero de 1980, Decreto Ley 100 de 1980.
14
Es preciso indicar que el Código Penal de 1980 tipificó además las conductas delictivas relacionadas
con la trata de personas y la prostitución de menores, que son padecidas en mayor medida por las
mujeres.
15
Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir,
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, República de Colombia. Diario oficial no. 42.836. de
22 de julio de 1996, Ley 294 de 1996.
21

220
mSC. diana marCela buStamante arango
violencia, la pena oscilaba entre cuatro (4) a ocho (8) años 16 . No obstante, la Corte
Constitucional declaró inexequible mediante sentencia C-285 de 1997 el artículo 25
de la referida, fundamentando su decisión en que no era posible asignar a los mismos
hechos sanciones diferentes. De esa calificación se podría interpretar que dichas
conductas lesivas no merecerían el mismo reproche y una interpretación en ese sentido
sería ilegítima; en efecto el patrón fáctico era el mismo, en tanto, estimó la Corte
que la lesividad del hecho era mayor cuando la víctima estaba unida al agresor por el
vínculo matrimonial, y esta situación en vez de atenuar la conducta, la agrava, por el
grado de solidaridad que debe existir entre ellos.
De otro lado, el Código Penal vigente, Ley 599 del 2000, que por su parte derogó
el Decreto-Ley 100 de 1980 a la vez modificado por la Ley 882 de 2004 17 , establece
sanciones contra el maltrato físico o sicológico en el seno familiar 18 e incrementa la
pena cuando la conducta recaiga sobre una mujer indicando: “la pena se aumentará
de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del que habla el artículo anterior,
recaiga sobre el menor, una mujer 19 o un anciano, una persona que se encuentre
en incapacidad o disminución física, sensorial, psicológica o quien se encuentre en
estado de indefensión”. 20 Resulta interesante resaltar que en la Ley de procedimiento
penal 906 del 2004, la cual se encuentra vigente, el delito de violencia intrafamiliar era un
delito querellable, sin embargo la reciente modificación a través del artículo 4 de la Ley
1142 de 2007, lo excluyó del listado de delitos que requieren querella para que se inicie
la acción penal, por lo tanto si ésta no se instauraba, la Fiscalía de oficio no podía
iniciar la investigación. No obstante la Ley 1453 de 2011, 21 nuevamente lo incluyó en
los delitos querellables, como requisito de procedibilidad.
comienza el desarrollo legal: la violencia
intrafamiliar ley 294 de 996
La ley 294 de 1996 22 desarrolla el artículo 42 23 de la Carta Política y prescribe normas
para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Este instituto fue reformado
por la Ley 575 de 2000, sin embargo por ser la primera norma que se ocupó
del tema se considera pertinente la revisión de algunos aspectos.
16 República de Colombia. Diario oficial 44.097 de 24 de Julio de 2000, Ley 599 de 2000, artículo 229.
17 Por medio del cual se modifica el artículo 299 de la Ley 599 de 2000.
18 Libro segundo, título VI delitos contra la familia.
19 Cursivas fuera de texto.
20 República de Colombia, Diario Oficial, 45.568 del 3 de junio de 2004, Ley 882 de 2004, art. 299,
inciso segundo.
21 República de Colombia. Diario Oficial No. 48.110. Ley 1453 del 24 de junio de 2011.
22 Reglamentada por el Decreto 652 de 2001.
23 “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será
sancionada conforme a la ley” (inciso quinto).

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
Vale resaltar de esta norma que la autoridad competente para conocer de casos
relacionados con la violencia intrafamiliar era el/la juez de familia/promiscuo, así en
caso de que se determinaba la victimización del miembro de familia, era el encargado
de proferir una sentencia con el objetivo de otorgar una medida de protección y
condenar al agresor a abstenerse de realizar nuevamente dicha conducta o alguna
similar. 24 Dentro de los aspectos positivos de esta norma se destaca la facultad otorgada
para que cualquier persona denuncie ante el/la juez los hechos constitutivos de
violencia dentro del ámbito privado (a través de medios escritos u orales) en los ocho
días siguientes a la comisión de los mismos.
En cuanto a los aspectos adjetivos, el procedimiento señalaba que el/la juez debía
procurar “por todos los medios legales a su alcance, fórmulas de solución al conflicto
intrafamiliar entre el agresor y la víctima con la finalidad de garantizar la unidad y
la armonía de la familia” (artículo 14). Evidentemente en este artículo subyace una
ponderación de principios a favor de la familia como institución fundamental de la
sociedad, en perjuicio de los derechos de la mujer, si fuere esta la víctima, puesto
que, en un nivel de análisis más amplio que implique la comprensión, no es posible
que en aras de mantener una institución se conmine a la autoridad a una fórmula
conciliatoria, cuando lo que necesita la víctima, si hablamos de mujeres, es una reparación
a la vulneración del bien jurídico tutelado que ella detenta y un reconocimiento
de sus derechos, en consonancia con el principio señalado en el artículo tercero de la
presente Ley: “igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer”.
El capítulo sexto señala los parámetros para la asistencia a las víctimas de maltrato,
y expone las conductas típicas castigadas por nuestro sistema judicial punitivo como
la violencia intrafamiliar 25 , maltrato constitutivo de lesiones personales, que en el
Código Penal se tipifica como lesiones (artículo 111) y se agrava cuando la conducta
es cometida en contra del ascendiente, descendiente, cónyuge, compañero (a) permanente,
entre otros (artículo 104-1), y la violencia sexual entre cónyuges, tipificado
como acceso carnal violento (artículo 205) o acto sexual violento (artículo 206) con
el agravante punitivo por realizarse con “el cónyuge o sobre con quien se cohabite o
se haya cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un hijo” (artículo
211-5). Sin embargo, a pesar de que esta disposición dio comienzo a la visibilización
de la problemática relacionada con la violencia en el ámbito de lo privado –y no
específicamente abordó el problema de violencias contra la mujer– de conformidad
con las disposiciones de la Convención de Belém Do Pará, se considera que esta Ley
24 Entre las medidas autorizadas para ser otorgadas se encuentran, entre otras: ordenar al agresor el
desalojo de la casa de habitación, así como la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y
terapéutico; protección permanente de policía para la víctima; el pago de los daños ocasionados, a
cargo del agresor, como resultado de su conducta (gastos médicos, sicológicos, psiquiátricos, avería
de inmuebles, etc.).
25 República de Colombia. Diario oficial 44.097 de 24 de julio de 2000, artículo 229, Código Penal Ley
599 de 2000.
221

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mSC. diana marCela buStamante arango
representa un retroceso, tal como lo señala Ana Carcedo, de CEFEMINA 26 , experta
y docente de la Maestría en Estudios de la Mujer 27 , quien se ha pronunciado sobre
el fenómeno legislativo en los Estados latinoamericanos, en razón a que la adopción
de medidas legislativas ha sido restrictiva, pues se limita la violencia al ámbito de la
familia, como si la violencia contra la mujer no se presentara en otros espacios como
el laboral o el espacio público.
Llevamos más de veinte años trabajando en América Latina y el Caribe por visibilizar,
denunciar y luchar contra la violencia hacia las mujeres. Ha sido una gran conquista que
se reconozca que las mujeres vivimos violencia por ser mujeres en sociedades que nos
discriminan. Es decir, que estas formas de violencia son “manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” como hemos dicho
tantas veces y finalmente la Convención de Belem do Pará ha recogido. No sé si a estas
alturas es necesario recordar que violencia intrafamiliar o violencia doméstica no es lo
mismo que violencia contra las mujeres. No sólo porque la violencia que vivimos las
mujeres por el hecho de ser mujeres no se agota en el seno de la familia y de la casa,
sino que se extiende a cualquier ámbito social. La diferencia fundamental es que cuando
hablamos de violencia contra las mujeres estamos implicando un análisis político de
poder entre géneros, lo que para las feministas es fundamental, y que desaparece cuando
se habla de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica 28 .
No obstante, esta iniciativa legal debe considerarse como un primer logro, pues posteriormente
y como consecuencia del interés de la ex senadora Gina Parody, entre
otras senadoras de la bancada de mujeres, así como de asociaciones de mujeres, hoy
existe la Ley 1257 de 2008, a la cual se hará referencia más adelante.
dinámicas legales: modificación de la ley 575
de 2000 29
Entre los principales cambios 30 operados se encuentra la designación de autoridad
competente para conocer de casos de violencia intrafamiliar en primera instancia
26 Centro Feminista de Información y Acción, ONG domiciliado en Costa Rica, con veinte años de existencia
ha dirigido sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida e igualdad de oportunidades para las mujeres.
http://www.iidh.ed.cr/documentos/pedagogicasorganismos/cefemina%20costa%20rica.htm
27 Programa conjunto de la Universidad de Costarica y la Universidad Nacional de Costa Rica.
28 Ana Carcedo: Ley marco de violencia doméstica: la soga al cuello, www.isis.cl/temas/vi/doc/SobreleymarcodeVIFCostaRica.doc,
(formato html) consultada abril 2008.
29 República de Colombia. Diario oficial 43 889 de 11 de febrero de 2000, Ley 575 de 2000. Esta iniciativa
legislativa reformó parcialmente la anterior Ley analizada, Ley 294 de 1996 o Ley de violencia
intrafamiliar, modificando los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 11,12, 14, 15, 16, 17, 18, 30.
30 En cuanto a las medidas de protección, el Comisario/a de Familia está facultado, además de las
otorgadas al/a Juez de Familia en la norma de vigencia anterior, a ordenar al agresor abstenerse de

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
a los/las Comisarios/as de familia, 31 Jueces de paz o conciliador(a) 32 en equidad, 33
dado que las Comisarías de Familia son entidades de carácter administrativo e interdisciplinario,
34 las víctimas no acceden directamente ante el/la Juez competente, es
decir el/la juez de familia, sino que se encuentran con la mediación de las Comisarías
de Familia; disposición criticable puesto que se terminan acumulando todos los
asuntos relacionados con aquello que ocurra dentro del ámbito privado, ante estos
funcionarios públicos o ante instancias civiles como los jueces de paz, quienes en
caso de que así se requiera deberán remitir a su vez ante la autoridad competente
para que conozca del asunto, lo cual genera revictimización cuando la agresión ha
sido cometida contra la mujer, puesto que esta deberá nuevamente narrar los hechos
ante otra autoridad designada, situación que no se presentaba bajo la anterior normatividad
puesto que el/la juez de familia conocía directamente.
De lo anterior se colige que el poder legislativo, en su sano interés por brindar una
herramienta útil para la preservación de bienes jurídicos en el ámbito familiar, desconoce
la peculiaridad de la mujer, equiparando su tratamiento al mismo que se tiene
para con los menores o adultos mayores, es decir, todos aquellos miembros de familia.
Puede decirse entonces que esta norma es el resultado de una iniciativa legislativa
que adolece del enfoque diferencial de la perspectiva de género. 35
ingresar en lugares en los que se encuentre la víctima y a la vez prohibirle esconder o trasladar de
la residencia a niños o personas en situación de discapacidad o de indefensión (artículo 5, b) y c),
Ley 575 de 2000). Frente al incumplimiento de las medidas de protección, indica que dicho incumplimiento
tiene como consecuencia una multa entre dos y diez salarios mínimos los cuales pueden
convertirse en arresto (Artículo 7, a) Ley 294 de 1996).
31 El marco jurídico de las Comisarías de Familia comenzó con su creación a través del Decreto 2737 de
1989 que es su artículo 295 y siguientes señalaba: “Créase las Comisarías Permanentes de Familia con
carácter policivo”, su función principal será la de “colaborar con ICBF y con las demás autoridades
competentes en la función de proteger a los menores que se hallen en situación irregular y en casos de
conflictos familiares”. Posteriormente la Ley 1098 de 2006 actual código del menor derogó las disposiciones
anteriores a la vez que creó nuevas figuras como las Defensorías de Familia (artículo 79-82).
32 Esta figura no opera para dirimir conflictos relacionados con violencias contra la mujer, toda vez que
la Ley 640 de 2001 indica tácitamente los casos materia de conciliación, numeral 4 del artículo 277 del
anterior Código del menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991 (artículo 31), en este sentido dice la
norma que podrá intentarse la conciliación previa al inicio del proceso judicial en los siguientes casos:
suspensión de vida en común de los cónyuges; custodia y cuidado personal de los menores; fijación
de cuota alimentaria; separación de cuerpos; separación de bienes y liquidación de sociedad conyugal
y procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales.
33 República de Colombia, Diario oficial 43.889 de 11 de febrero de 2000, Ley 575 de 2000, artículo 4.
34 República de Colombia, Diario oficial 44. 446 del 8 de noviembre de 200, Ley 1098 de 2006, artículo 83.
35 El género es una categoría conceptual de las ciencias sociales que permitió identificar, a los y las
académicas que investigan los problemas de las desigualdades entre el hombre y la mujer, que los
roles en una sociedad se han asignado culturalmente, inicialmente basados en la afirmación de que
tenían una base biológica. Una aproximación para su definición es ofrecida entre otras por J. Scott quien
considera que “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias
que distinguen los sexos (…) así como una forma primaria de relaciones significantes de poder”. J.
Scott, 1996, citado en Julia Monárrez: Las asesinadas de ciudad Juárez, un análisis del femicidio serial de
1993 a 2001, en Miradas Feministas sobre las mexicanas del siglo xx, Martha Lamas (coordinadora), Fondo
de Cultura Económica, México, 2007, p. 250. Para otras el género responde a la lógica de un sistema
223

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mSC. diana marCela buStamante arango
En cuanto a la conciliación, facultaba al juez/a de paz y al conciliador/a en equidad
para realizarla en virtud de la Ley 575 de 2000 adicionando así el artículo 14 de la
normatividad anterior, persistía por lo tanto la posibilidad de conciliar bajo esta normativa,
que será derogada por la posterior Ley 1142 de 2007.
La Corte Constitucional, a través de un pronunciamiento sobre la constitucionalidad
de esta norma C-059 de 2005, señaló frente al tema de la conciliación y los/as
jueces de paz, que la misma era exequible y basó su afirmación en que los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, no deben ser interpretados solamente
como una manera de descongestionar el aparato de justicia, sino también, y principalmente,
como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos que la
afectan. Y en este sentido, era incuestionable su estirpe democrática, en la medida en
que generan espacios de intervención de la comunidad en desarrollo de la función
jurisdiccional, evitando la conflictivización de la sociedad y logrando, por ende, el
fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia estatal en la medida en que
este puede dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera trascendencia
social. 36 En consecuencia, el Tribunal Constitucional estimó que era erróneo pensar
que al asignarle competencia a los/as jueces de paz y a los/as conciliadores/as en
equidad para que conozcan casos de violencia intrafamiliar se vulnerara la Carta
Política; afirma que por el contrario, se logra efectivizar los mandatos superiores
relacionados con la garantía de protección integral a la familia, y aquellos atinentes
a la pronta y efectiva administración de justicia, a través de los mecanismos alternativos
de solución de conflictos y de esta manera se cumple con los fines del Estado
social de derecho. 37 A juicio de la profesora Xiomara Balanta la interpretación de la
Corte resultó desafortunada y sorprendente, toda vez que en el Estado colombiano
fue posible conciliar una conducta típica como la violencia intrafamiliar, con mayor
razón si se tiene en cuenta que el sujeto pasivo es por lo general la mujer, con lo que
binario que opone la hembra al macho, lo masculino a lo femenino, rara vez sobre bases de igualdad,
sino, por lo general en términos jerárquicos. Susan Conway: et.al., “El concepto de género”, en ¿Qué
son los estudios de mujeres? Marysa Navarro y Catharine R. Stimpson (compiladoras), Fondo de Cultura
Económica, Argentina, 1998, p.177. A su vez Gilma Betancourt, investigadora del Centro de Estudios
de Género de la Universidad del Valle señala que el género “es la construcción histórica que
desde unos referentes simbólicos y relacionales nos construye humanamente como hombres y mujeres,
asignándonos unas características comportamentales e inscribiéndonos dentro de una red de
significados de naturaleza jerárquica. Parte de unas bases o fundamentos biológicos y por lo mismo
naturales, que son aquellos de índole sexual y que están vinculados a las funciones reproductivas; sin
embargo, el género trasciende y reinterpreta la biología afectando la relación con el cuerpo que pasa
a ser construida de manera psíquica y social”. Betancourt Maradiga, Alicia Gilma: Género e historia,
Artes Gráficas, Universidad del Valle, Centro de Estudios de Género, Cali, 2009, p.16.
36 Acción interpuesta por el ciudadano Javier Alejandro Acevedo Guerrero. Demanda de inconstitucionalidad
ante la Corte Constitucional frente al parágrafo 1 del artículo 1 y artículo 5 parcial de
la Ley 575 del 2000, resuelto mediante sentencia C-059/05 Magistrada Ponente Clara Inés Vargas
Hernández.
37 Entrevista realizada a Xiomara Balanta, Profesora Universitaria, líder de la línea de investigación
Justicia Transicional, Grupo de Investigación Problemas Contemporáneos del Derecho, Universidad
de San Buenaventura, Seccional Cali, entrevista realizada julio 2010.

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
se desconoció la aplicación de la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, en
vigor para la época (año 2000), que señalan la obligación estatal de establecer normas
penales, civiles y administrativas para la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres (2010).
Por otro lado, al concedérsele competencia a los y las jueces de paz y conciliadores/
as en equidad para conciliar asuntos en los que se configuró violencia intrafamiliar
–que como se expresó en la mayoría de los casos el sujeto pasivo es la mujer– el Estado
incumple con las obligaciones internacionales de investigación y juzgamiento de
actos violentos contra la mujer. Incumplimiento que además genera responsabilidad
internacional.
Finalmente, se conmina a los municipios a la creación de las Comisarías de Familia, 38
quedando a discrecionalidad de la administración (alcaldía) el nombramiento sin que
medie ningún tipo de requisitos específicos de formación para ostentar el cargo,
bástese, según la norma, que el/la comisario/a sea abogado/a y tenga una especialización,
que no requiere ser especialmente en familia.
La crítica a esta norma fundamentalmente se centra en dos aspectos, el primero
de ellos es que a pesar de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado
colombiano en virtud de los Convenios internacionales, es su deber adoptar disposiciones
de derecho interno que mejoren la situación de la mujer, sin embargo, de
la legislación analizada se desprende una invisibilización de los asuntos relacionados
con la violencia contra la mujer, puesto que esta se entiende en virtud de lo que
acontezca en la institución de la familia y no en el ámbito público.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará señala que la violencia contra
la mujer es aquella que se perpetra dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, 39 que tenga lugar en la comunidad, perpetrada por
cualquier persona 40 o por el Estado o con su aquiescencia. 41 Sin embargo, tanto la
Ley 294 como la 575 entienden la violencia cometida contra la mujer exclusivamente
en el plano privado de la familia.
En consecuencia vale la pena preguntarse por el papel que representa la mujer en la
institución de la familia, para responder así desde el rol que juega en la economía y
en la producción capitalista, puesto que este reforzó aún más esta cultura patriarcal
al nominar al hombre como sujeto de la producción en el ámbito del mercado.
Distintas investigadoras de disciplinas como la historia y la economía encontraron que
en el momento crucial de transformación de las relaciones sociales desde el modo de
38 República de Colombia. Diario oficial 43.889 de 11 de Febrero de 2000, Ley 575 de 2000, artículo 13.
39 Artículo 2, literal a.
40 Artículo 2, literal b.
41 Artículo 2, literal c.
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producción feudal al modo de producción capitalista, las mujeres fueron socialmente
asignadas a las actividades domésticas en el ámbito del hogar, a las que no se otorgaba
valor económico por estar al margen del mercado. A los hombres les correspondieron
las actividades de producción en el mercado, que se clasificaron como generadoras de
valor, lo realizado por los hombres se consideró trabajo, lo realizado en el hogar como
“no trabajo”. 42
Lo anterior es una expresión de la violencia cultural institucionalizada y expresada en
violencia estructural desde la economía, legado que aparece en una norma jurídica
de pleno siglo xxi 43 .
La otra gran crítica se refiere al perfil del funcionario encargado de administrar justicia,
puesto que de proponer como autoridad competente al/a Juez de familia en la
Ley 294 de 1996 se pasa a un(a) funcionario(a) que si bien debe ser abogado(a), no
pasa por la escuela de formación judicial, tal y como lo dispone el artículo 160 de la
Ley 270 de 1996. Por lo tanto, los/las Comisarios(a) de Familia, a pesar de ostentar
su grado como abogados(as) y contar con una especialización, que ni siquiera se
exige en Derecho de Familia, no pasaron por la Escuela de formación judicial, de hecho
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es el órgano judicial
que por disposición constitucional, se encarga del diseño de políticas encaminadas
a la formación y capacitación de magistrados, jueces y empleados judiciales, a través
de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. 44
En el mismo sentido, el artículo 168 de la Ley 270 de 1996 indica que el proceso de
formación judicial tiene como objetivo primordial formar profesional y científicamente
al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial. Después de
esta explicación necesaria, resulta fácil colegir que el/la Comisario(a) o Defensor(a)
42 Jeanny Lucero Posso: “Género y Economía”, Módulo 8, Escuela de Formación en Género para la incidencia
de las mujeres en el municipio de Santiago de Cali, Centro de Estudios de Género, Artes Gráficas, Universidad
del Valle, Cali, 2009, p. 21.
43 Según Galtung existen tres tipos de violencia, la violencia directa, la violencia cultural y la violencia
estructural; la primera de estas es visible, mientras que las otras dos son invisibles. La violencia estructural
está representada por las inequidades desde las instituciones en el ámbito de lo político, lo
económico, lo jurídico lo social, a su vez la violencia cultural, la entiende como aquel discurso que
valida la violencia o la supremacía de otros, claros ejemplos son: la xenofobia, el racismo y desde
luego, el patriarcado. Por tanto, la violencia puede explicarse en términos de cultura y estructura: la
violencia cultural y estructural causan violencia directa, utilizando como instrumentos actores violentos
que se rebelan contra las estructuras y emplean la cultura para legitimar su uso de la violencia.
Johan Galtung: Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución, Afrontando los efectos visibles e
invisibles de la guerra y la violencia, Bakeaz Guernika Gogoratuz, Bilbao, 1998, p. 15. Recuperado de
http://pdf.escueladepaz.efaber.net/publication/sample_chapter/68/RG06_cap_I.pdf septiembre
2008 (versión electrónica del primera capítulo no hay datos del traductor).
44 Dentro de su estructura cuenta con dos áreas principales: el área de formación judicial y el área de
capacitación continuada. El área de formación desarrolla aquellos principios, valores, estructuras de pensamiento
y conceptos fundamentales que, en el proceso de selección por el sistema de carrera judicial o como requisito previo al
desempeño judicial, debe interiorizar el servidor, cualesquiera que sea la jurisdicción o especialidad del despacho al cual
está vinculado (Modelo Educativo, Consejo Superior de la Judicatura, 2008).

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
de Familia 45 no cuenta con el componente epistemológico adquirido por el/la Juez
en la Escuela de formación, lo cual si bien no refiere en sí mismo un criterio que
garantice la interpretación de la norma con enfoque de equidad de género, sí permite
en gran medida una comprensión diferente del Derecho y su ejercicio de interpretación
y aplicación de justicia. 46
Si bien las Comisarías de Familia forman parte del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, y cuentan con todo el equipo interdisciplinario: un médico, un sicólogo, un
trabajador social y demás profesionales que determine el Concejo municipal o Distrital,
no pueden reemplazar una jurisdicción como la de Familia. 47 Adicionalmente,
el hecho de que exijan menos formalismos en los procedimientos, y logren con
esto ser más accesibles para las víctimas de violencia intrafamiliar, son también por
este motivo lugares muy congestionados, sumado a lo anterior, la falta de cobertura
en zonas rurales, razón por la cual no son un sistema muy efectivo en términos de
protección por violencia intrafamiliar, ya que presentan un alto índice de demanda y
cuentan con pocos/as funcionarios/as especializados/as para atender la población
que acude a ellas apropiadamente; además su infraestructura no es la más adecuada
para las víctimas de este tipo de delitos.
el derecho a la Participación Política de la Mujer
La ley 581 de 2000 48 conocida como Ley de cuotas, está provista de mecanismos
que tienden a garantizar la adecuada y efectiva participación del género femenino en
las instancias decisorias, a la vez que promociona la participación de la mujer en el
sector privado. Esta ley se erige como una acción afirmativa y tiene como objetivo
limitar la discriminación sexual; su iniciativa constituye el desarrollo de los tratados
internacionales que abogan por la eliminación de las prácticas discriminatorias basadas
en estereotipos sexuales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
o los Convenios de la 0IT, Convenios 100 y 111 y de manera más precisa a partir de
45 Reglamentado por el Decreto 2737 de 1989.
46 Sin embargo, la ley no señala requisitos adicionales para ser juez de familia como especializaciones o
experiencia en el ámbito del derecho que se relacionen de manera directa con los conflictos familiares.
Esta situación impide que los y las operadores/as judiciales desarrollen sus funciones de manera
objetiva y cuenten con herramientas que optimicen su labor.
47 De hecho, este equipo interdisciplinario no funciona en todos los municipios porque las Alcaldías
argumentan falta de presupuesto, por ejemplo en los municipios de Florida y Vijes (Valle), así como
Miranda (Cauca), entre otros.
48 Ponente del proyecto de Ley, la hoy Fiscal general de la nación Vivianne Morales.
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la IV Conferencia Regional realizada en Mar de Plata en 1994 y la IV Conferencia
Mundial sobre Mujeres, Beijing 1995 49 .
Sin embargo, un sector de las mujeres considera que la ley era innecesaria, puesto
que puede interpretarse como un grupo minusvalorado, “tal vez para ellas ese reconocimiento
ponía en tela de juicio los lugares que “a pulso” habían alcanzado”. 50
En todo caso la Ley ha sido ampliamente cuestionada por su incumplimiento en los
10 años de vigencia, de hecho si bien, dos de los cargos más importantes como la
Contraloría y la Fiscalía General de la Nación han estado en cabeza de mujeres, no
hay reciprocidad en el cumplimiento de la Ley en la instancia regional. De hecho la
Fiscal Vivian Morales, fue destituida en febrero pasado.
Un reciente estudio de ONU Mujeres en Colombia, señala que “en cuanto a las
cifras, no existen datos sobre el cumplimiento de la ley del 2000, 2001 y 2002. Del
2003 al 2009 el estudio evidencia que la mayoría de regiones del país no cumplen con
el 30 % e participación política femenina designada en la Ley de cuotas, a pesar de
que según datos del Sistema Nacional de Información Superior, desde el 2002, son
más las mujeres que los hombres los que se gradúan de carreras universitarias, es decir,
cuentan con la preparación suficiente para hacerlo, incluso en mayor proporción
que los hombres”. 51
expedición de la ley 257 de 2008 52
Tal como se había anunciado párrafos atrás, será solamente hasta este instituto jurídico
que se reglamente exclusivamente para la mujer, atendiendo parcialmente a
los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, tal como
49 Diego Reynoso - Natalia D’Angelo: Las leyes de cuota y su impacto en la elección de mujeres en México,
Revista Política y Gobierno, vol XIII, no. 2, II Semestre de 2006, p. 279, recuperado de http://
www.parlamento.gub.uy/parlamenta/descargas/BIBLIOGRAFIA/Cuotas/Reynoso_y_Angelo_
2006%20(M%C3%A9xico).pdf , consultado julio 2011.
50 Natalia Ramírez Bustamante: Ley 581 de 2000, o Ley de Cuotas, ¿Ganamos o Perdimos?, en Revista Opinión
Jurídica, enero-junio, año/vol. 6, número 01, Universidad de Medellín, Colombia, 2007, p. 110.
Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=94501107,
consultado julio 2011.
51 Diana Espinosa: Balance de los 10 años de la Ley de cuotas para cargos de designación en Colombia, ONU
MUJERES Colombia, (formato html). Recuperado de http://www.unifemandina.org/noticias-colombia/354-cooperacion-internacional-revela-estudio-en-que-demuestra-incumplimiento-de-leyde-cuotas-en-los-10-anos-de-su-experiencia.html
consultado julio 2011.
52 República de Colombia. Diario Oficial No. 47.193. Ley 1257 del 4 de diciembre de 2008. Esta ley
contó con el apoyo de la Mesa por una ley integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencias, convocada por la Comisión delegada para los derechos humanos la infancia, la juventud
y la mujer, conformada por organizaciones de mujeres, así como organizaciones humanitarias, entidades
del Estado, Naciones Unidas que mancomunadamente trabajaron con las congresistas de la
Bancada de Mujeres. www.mujereslideres.org, página consultada marzo 2010.

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
se desprenderá del análisis propuesto, que dada la novedad de la Ley, se considera,
requiere un análisis mucho más exhaustivo, en diálogo necesario con el sistema internacional
de promoción y protección de los derechos humanos, puesto que el Estado
colombiano hace parte de él mediante instrumentos internacionales debidamente
ratificados. 53
En desarrollo del primer capítulo se enuncia el objetivo de la Ley: la adopción de
normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado 54 , el ejercicio de los derechos reconocidos en
el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos
y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas
públicas necesarias para su realización (artículo 1).
Define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión que cause a
la mujer: muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial,
abuso sobre sus finanzas, amenaza de realizar cualquiera de las acciones
mencionadas, obligarla a hacer algo contra su voluntad y privación arbitraria de la
libertad (artículo 2).
Sobre los daños contra la mujer enumera: el sicológico, el físico, el sexual y el patrimonial
(artículo 3). Para establecer el daño debe realizarse el peritaje psicosocial y
con base en este se puede presentar una propuesta para las medidas de reparación.
En el segundo capítulo se enuncian los principios que servirán de guía para la interpretación
de esta norma: “igualdad real y efectiva”; 55 “derechos humanos”; 56 “principio
53 Esta Ley está dividida en ocho capítulos que abordan los siguientes ítems: capítulo I, Disposiciones
generales; capítulo II, Principios; capítulo III, Derechos; capítulo IV, Medidas de sensibilización y
protección; capítulo V, Medidas de protección; capítulo VI, Medidas de atención; capítulo VII, Referido
a las sanciones y un último capítulo con Disposiciones finales.
54 Cursiva fuera de texto.
55 Es el primero de los enunciados en la Ley; a través de este principio se le impone al Estado la obligación
de diseñar políticas públicas encaminadas a materializar el acceso de la mujer a los servicios y
al ejercicio real y efectivo de sus derechos.
56 Este es un principio integrador semántico, a través del cual se indica que los derechos de las mujeres
también son derechos humanos, se lleva pues a la instancia del lenguaje jurídico internacional el
reconocimiento de los mismos. Al respecto Hilary Charleworth se cuestiona sobre “¿Cómo debe
entenderse el término “derechos humanos de la mujer”? Algunos podrían responder que la noción
misma de derechos humanos implica aplicación universal y que el término “derechos humanos de la
mujer” es una redundancia que confunde. Pero el desarrollo del derecho internacional de los derechos
humanos en general ha sido patriarcal y androcéntrico, y ha privilegiado una visión del mundo
masculina “. Hilary Charlesworth: ¿Qué son los derechos humanos internacionales de la mujer? en Derechos
Humanos de la Mujer, Rebecca J. Cook (Compiladora), Profamilia, Bogotá, 1994, p. 56.
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de corresponsabilidad”; 57 no discriminación y atención diferenciada 58 , entre otros. La
importancia de los mismos se desprende en razón a que son ellos los orientadores o
guías deontológicos que permitirán realizar el adecuado ejercicio de interpretación
de la Ley 1257, puesto que “el lenguaje jurídico indistintamente de corresponder a
la esfera nacional o internacional, es en sí mismo una operación discursiva, un acto
de comunicación y como tal es necesario que se fije su nivel unívoco de sentido. La
interpretación debe responder al por qué y para qué del discurso”. 59
Además, porque una de las funciones de los principios es precisamente interpretar
la norma jurídica, más aún si se afirma que “en derecho todos los problemas son
de interpretación, pues las normas siempre se conocen, pero demasiado a menudo
no se las comprende o son mal comprendidas. Aquí se inserta la labor de la interpretación:
en hacer comprensible lo conocido o en que esto sea correctamente
comprendido”. 60
En el tercer capítulo son abordados los derechos de las mujeres, se reconocen como
punto de partida los Convenios ratificados por el Estado; los derechos reconocidos
son: derecho a una vida digna, a la integridad física y psicológica, a la intimidad, a
no ser sometidas a ninguna clase de tortura, trato cruel o degradante, a una igualdad
real y efectiva, a ninguna forma de discriminación, a poseer libertad y autonomía, al
libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a tener una salud sexual y reproductiva,
a la seguridad personal (artículo 7). Adicionalmente prescribe una serie de dere-
57 El principio de corresponsabilidad es desarrollado en el artículo 15 pero respecto de las obligaciones
de la sociedad civil incluidas las empresas, así se conmina para que sean respetados los derechos de
las mujeres.
Mediante este principio se genera tanto para la familia como para el Estado la obligación positiva de
respetar los derechos humanos de las mujeres. Resulta necesario mencionar que el proyecto de Ley
planteaba que dicha corresponsabilidad implicaba la reparación de las víctimas a cargo del Estado,
sin embargo el ejecutivo antes de sancionarla objetó
58 Su desarrollo obedece al enfoque diferencial, a través del cual se intenta prestar una atención eficaz
en la medida que se comprende que no todas las violaciones, ni todas las víctimas son iguales, “esto
implica un esfuerzo de transversalización que debe extenderse tanto en la formulación como en la
implementación y el seguimiento de estrategias de atención. En este sentido el enfoque diferencial
pone de presente el hecho de que ciertas personas tienen vulnerabilidades especiales en razón a su
pertenencia a diferentes grupos poblacionales y establece que, por tanto, tales especificidades deben
verse reflejadas en los mecanismos legales y de política pública construidos para su beneficio” (Guía
para incluir enfoque diferencial en la población desplazada. Santander, 2009, Recuperado de http://
www.piusantander.gov.co/Cartilla%20enfoque%20diferencial%202_.pdf. Por lo tanto en virtud del
enfoque diferencial se entiende que no todas las mujeres se encuentran en igualdad de condiciones
frente a los diversos tipos de violencia, es decir, hay algunas en mayor condición de vulnerabilidad
que otras, por ejemplo aquellos colectivos de mujeres que son agredidas en el marco del conflicto
armado, o en centros penitenciarios.
59 Diana Marcela Bustamante Arango: “El principio pro homine como paradigma interpretativo del
orden jurídico internacional y nacional”, en La investigación jurídica y socio jurídica en Colombia, avances y
resultados de investigación, Carlos Mario Molina y Ricardo Zuluaga (Compiladores), UPJ, ACOFADE,
USB, Santiago de Cali, 2009, p. 40.
60 Hernán Valencia Restrepo: Nomoárquica, principialística jurídica o filosofía y ciencia de los principios generales
del derecho, 3ra edición, Temis, Bogotá, 2005, p. 76.

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
chos particulares para las mujeres víctimas de violencia tales como: atención integral,
orientación y asesoría jurídica gratuita y especializada, información clara, concreta,
completa y oportuna sobre los derechos y mecanismos de protección sobre su salud
sexual y reproductiva; consentimiento informado para los exámenes médico-legales
en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del médico para la toma de los
mismos, entre otros (artículo 8).
El capítulo cuarto propone como acciones afirmativas una serie de medidas orientadoras
de políticas públicas que tienen como finalidad sensibilizar y prevenir situaciones
de violencia contra la mujer. Entre las que se destacan los programas de
formación para los y las servidores/as públicos/as, con la finalidad de garantizar
la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de violencia,
con énfasis en los y las jueces, personal de salud y autoridades de policía (artículo
9, numeral 2). Medida esta afortunada puesto que en términos de eficacia, no basta
con la sola expedición de la norma, si aquellos(as) que se encuentran en la obligación
de aplicarla carecen de un enfoque diferencial que les permita interpretar de manera
adecuada la realidad de los hechos y en consecuencia se recibe con satisfacción la
decisión del gobierno con la creación de la Comisión Nacional de Género, entidad
encargada de formar con perspectiva de género a los y las funcionarios(as) del poder
judicial, sin embargo, aún están por fuera, funcionario(as) administrativos tales como
defensores(as) de familia y comisarios(as) que no son cobijados por esta directriz.
Igualmente se menciona, como parte de la descentralización administrativa, la obligación
para los municipios y departamentos de incluirlos en los Consejos para la
política social, así como en los Planes de desarrollo municipal y departamental, en
los cuales se conmina a la inclusión de un capítulo de prevención y atención para las
mujeres víctimas de violencia (artículo 8, numerales 1-2). A su vez, el artículo 20 se
rotula Información y refiere la obligación a cargo de estas unidades administrativas
de brindar asesoría sobre sus derechos, así como los servicios disponibles y las entidades
encargadas de prestarlos; además de informar las acciones legales a que hubiere
lugar como consecuencia de la situación narrada. Dispone también la creación
de líneas de atención gratuitas para que las mujeres puedan consultar en cualquier
momento una situación relacionada con los derechos consagrados en esta ley.
Se vincula al ministerio de Comunicaciones (artículo 10), de Educación (artículo 11)
y Protección Social (artículos 12 y 13) para que contribuyan en la conformación de
medidas tendientes a cumplir con los objetivos de la Ley, dado que el problema de las
violencias contra las mujeres es eminentemente cultural, se considera que constituye
medida acertada la vinculación del ministerio de Educación, puesto que mediante el
desarrollo de políticas se podrán permear los ámbitos escolares para que desde allí se
comiencen a combatir los patrones de discriminación contra la mujer.
En el campo laboral y en el de salud (artículo 13) se presentan medidas encaminadas
al reconocimiento de la igualdad salarial (artículo 12, numeral 1), así como a la reglamentación
del POS, con la finalidad de incluir servicios de atención a las víctimas
(artículo 12, numeral 2) tales como: garantizar habitación y alimentación para la
víctima, incluso se indica que se podrán contratar servicios de hotelería (medidas de
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mSC. diana marCela buStamante arango
atención, artículo 19, literal a). Un subsidio monetario en caso de que la víctima no
desee residir en el hotel previsto o no se haya podido contratar el servicio del mismo,
no obstante el subsidio está condicionado a la asistencia de la víctima a citas médicas,
psicológicas o psiquiátricas (literal b). Las medidas anteriores se presentarán hasta
por seis meses (literal c, parágrafo 1), la institución competente es el Sistema General
de Seguridad Social en Salud (literal c, parágrafo 2).
En último lugar menciona que el ministerio de la Protección Social “promoverá
el respeto por los derechos sexuales y reproductivos” (artículo 12, numeral 4). En
cabeza de la ARP queda la obligación de hacer efectivo el derecho a la igualdad de
la remuneración salarial (artículo 12, parágrafo, numeral 1), tramitar las quejas sobre
acoso sexual y cualquier otra forma de violencia contra la mujer (numeral 2), el garante
del cumplimiento de esta obligación será el ministerio de la Protección Social
(numeral 3). Asimismo, frente a las obligaciones en materia de salud, se propone la
elaboración de protocolos médicos para la asistencia a víctimas de violencia contra
la mujer (artículo 13, numeral 1). El artículo 14 incluye una serie de deberes de la
familia, los cuales consisten tanto en conductas de acción como de omisión, por
ejemplo, prevenir cualquier acto que amenace los derechos de las mujeres, abstenerse
de realizar conductas que impliquen maltrato físico o discriminación; promover la
participación de la mujer en espacios decisorios de la familia; respetar la autonomía,
respetar los derechos sexuales y reproductivos. A la vez hace un llamado a las jurisdicciones
especiales para que, de conformidad con su cultura y tradición, promuevan
el respeto por los derechos consagrados en la Ley.
El capítulo quinto está dedicado a las medidas de protección. 61 Se indica que si el caso
de violencia intrafamiliar se presenta en una comunidad indígena, la competencia la
tendrá la respectiva autoridad indígena (artículo 16). Se adicionan como medidas de
protección la decisión provisional sobre el régimen de visitas; suspender la tenencia
y porte de armas del agresor; decidir provisionalmente el pago de los alimentos, así
como el uso y disfrute de la vivienda familiar, entre otros. El parágrafo 3 conmina a
la Comisaría para la remisión ante la Fiscalía de aquellos delitos de violencia intrafamiliar
cometidos, para la apertura de la correspondiente investigación penal.
Sobre las medidas que pueden tomarse cuando la violación se presente por fuera del
ámbito familiar proscribe la norma: remitir a la víctima y a sus hijos a un sitio seguro;
ordenar el traslado de la institución carcelaria cuando la mujer se encuentre privada
de la libertad y cualquier otra que se considere necesaria. Una medida interesante se
encuentra en el artículo 23, relacionada con una reducción de impuestos para empleadores
que vinculen a mujeres víctimas de violencia, esta medida puede entenderse
entonces como desarrollo de la política de responsabilidad social empresarial.
El capítulo séptimo se tituló Sanciones, y adiciona disposiciones de la Ley 599 de 2000,
actual Código Penal, por ejemplo el artículo 43, suma “la prohibición al agresor de
61 Se retoman básicamente las estipuladas en leyes anteriores como la Ley 294 de 1996 y la Ley 575 de
2000.

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
acercarse o comunicarse con la víctima o con su grupo familiar”. Se modifica y adiciona
el artículo 104 sobre circunstancias de agravación, donde se establece que la pena
será de 25 a 40 años de prisión, en caso de que el homicidio sea sobre los cónyuges o
compañeros permanentes. Igualmente se adiciona el numeral 11, a través del cual se
indica que se agravará la pena cuando: el homicidio se cometiere contra una mujer por
el hecho de ser mujer. Con esta adición se abre la puerta para la inclusión del tipo penal
del “femicidio”, 62 es decir, el homicidio en una mujer, por la razón de ser mujer.
En un grado de marcada coherencia, se adiciona el artículo 135 del ordenamiento
penal, que consagra los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, es
decir cuando la conducta (homicidio en persona protegida) se comete en el marco
del conflicto armado colombiano, el inciso final quedó así: “La pena prevista en
este artículo se aumentará de la tercera parte a la mitad cuando se cometiera contra
una mujer por el solo hecho de ser mujer”. En el mismo sentido, el artículo 170,
“circunstancias de agravación punitiva para el secuestro extorsivo”, cuando la conducta
sea ejecutada sobre el compañero/a permanente aprovechando la confianza
depositada por la víctima en el autor o partícipes. Se tipifica el acoso sexual mediante
la adición del artículo 210A con una pena que oscila entre uno a tres años.
Sobre la trata de personas es modificado el artículo 216, en cuanto las circunstancias
de agravación punitiva. Finalmente, una adición muy importante relacionada con el
proceso, de manera específica con el principio de publicidad, así en el artículo 149
se estimó que el juez podrá solicitar, a instancia de los intervinientes, la audiencia
privada con la finalidad de preservar el derecho a la intimidad, integridad y dignidad
de los/as interesados/as.
El último capítulo establece la obligación del seguimiento a la implementación y
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, así se encarga una comisión tripartita
conformada por la Consejería para la Equidad de Género, la Procuraduría General
de la Nación y a la Defensoría, instituciones que deberán vincular a las organizaciones
de mujeres (artículo 35).
62 Femicide is on the extreme end of a continuum of antifemale terror that includes a wide variety of verbal and
physical abuse, such as rape, torture, Gsexual slavery (particularly in prostitution), incestuous and extrafamilial
child sexual abuse, physical and emotional battery, sexual harassment (on the phone, in the streets, at the office, and
in the classroom), genital mutilation (clitoridectomies, excision, infibulations), unnecessary gynecological operations
(gratuitous hysterectomies), forced heterosexuality, forced motherhood (by criminalizing contraception and abortion),
psychosurgery, denial of food to women in some cultures, cosmetic surgery, and other mutilations in the name of
beautifications. Whenever these forms of terrorism result in death, they become femicides. Radford, Jill – Russell,
Femicide: The Politics of Woman Killing, Editorial: Twayne Publishers, NY, 1992, Recuperado de www.
pinn.net/~sunshine/main.html. Septiembre 2010, consultado abril 2011(formato html).
233

23
de retrocesos
mSC. diana marCela buStamante arango
Sorpresivamente el 24 de junio fue sancionada la Ley 1455 de 2011 por medio de la
cual se reformaron los códigos penal y de procedimiento penal así como el código
de infancia y adolescencia; las reglas sobre extinción de dominio y se dictaron otras
disposiciones en materia de seguridad. Esta disposición está divida en 6 capítulos
y en el capítulo IV, bajo el título Medidas para garantizar la seguridad ciudadana,
artículo 180, se revive la querella para varios delitos, entre ellos el de inasistencia
alimentaria y el de violencia intrafamiliar. Lo anterior no es más que el reflejo del
mito del legislador racional, nuevamente una disposición que aunque no tiene como
objeto de regulación los derechos humanos de la mujer, revive el obstáculo que había
sido removido desde el 2007 y que permitió el avance y la articulación de las medidas
legislativas nacionales, representadas por la Ley 1257 de 2008, con los tratados en
materia de derechos humanos de mujeres. Las implicaciones de la querella se reflejan
en que dichos delitos adquieren la condición de convertirse en desistibles, excarcelables
y conciliables.
Según la Procuraduría general de la Nación y la Defensoría resulta incomprensible el
retroceso y de hecho realizó un llamado al gobierno nacional para que promoviera
la modificación de esta norma jurídica 63 , llamado que de hecho fue acogido, y en
este momento cursa una iniciativa legislativa que tiene como finalidad eliminar el
carácter de querellable y desistible los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia
alimentaria. 64
discusión
La inclusión jurídica de la noción del sujeto jurídico femenino –esto es un ser reconocido
en su diferencia al sujeto jurídico masculino, portador por antonomasia de
derechos, es más, como creador del Derecho 65 – ha sido un trasegar bastante lento
en el que se hace evidente la dificultad comprensiva para el poder legislativo colombiano,
como expresión de la cultura patriarcal de nuestro país.
63 República de Colombia. Procuraduría General de la Nación. (2011) Boletín 938. Disponible en
http://www.procuraduria.gov.co/portal/Ministerio-Publico_y_organizaciones_de_mujeres_solicitan_al_Congreso_establecer_como_delitos_no_querellables_la_violencia_intrafamiliar_y_la_inasistencia_alimentaria.news
Consultado abril 2012.
64 Universidad de los Andes, Congreso Visible. Disponible en http://www.congresovisible.org/agora/
post/proyecto-de-ley-para-eliminar-el-caracter-de-querellable-y-desistibles-a-los-delitos-de-violencia-intrafamiliar-e-inasistencia-alimentaria/2746/
consultado marzo 2012
65 Entendido el Derecho en su versión exegética, reducido a la expresión de la norma jurídica.

De avances y retrocesos. Una revisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales...
Así las instituciones patrias han comenzado una transformación cultural en su interior
(iglesia, Estado, educación, poder público, etc.) influenciadas en parte, por las
discusiones políticas que permean y actualizan desde el escenario internacional, y
desde luego, en atención a la crítica feminista nacional que empoderada por el acceso
al conocimiento, comienza a rebatir y exigir la demolición y re-construcción de los
anquilosados paradigmas.
En consecuencia y después de revisar y analizar el régimen nacional de protección
de derechos humanos de la mujer, se evidenció que el primer reconocimiento como
sujeto de derechos lo marca la Constitución Política de 1991, en atención a la movilización
feminista que lideró el cabildeo con los y las constituyentes para su reconocimiento,
sin embargo, se encuentran algunos reparos al resultado final; por ejemplo,
la Carta Política en su artículo 42, cuando establece el derecho a la familia, reconoce
allí a la mujer, es decir, un reconocimiento a su existencia por primera vez, circunscrito
al ámbito privado.
Con la reforma del 91 aparece también el lenguaje incluyente en las normas, al establecer
en el artículo 43 que la mujer no puede ser sometida a discriminación (derecho
a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres) y en el artículo
40, al reconocer la oportunidad de acceder a cargos públicos con su posterior
desarrollo a través de la Ley 581 de 2000, la cual a la fecha todavía da muestras de
ineficacia por el incumplimiento de gobiernos locales.
A su vez, el artículo 93 superior reconoce, como parte del ordenamiento jurídico
interno, los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos
humanos ratificados por Colombia y su prevalencia en atención a la figura del
bloque de constitucionalidad, lo cual permite complementar la normativa sobre la
protección y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Desde la perspectiva del Derecho Penal, los avances en el tema de protección de
la mujer, fueron dados por la tipificación de los delitos de trata de personas; prostitución
de menores y los agravantes punitivos del tipo penal de la violación, tales
como la relación familiar, el grado de confianza o la edad de la víctima (menos de
diez años). 66
Un avance innegable en el tema de protección de la mujer contra la violencia fue la
aprobación y sanción de la Ley 294 de 1996 que estableció normas para prevenir, remediar
y sancionar la violencia intrafamiliar, aunque la protección seguía relacionada
con el ámbito privado, a su vez la Ley 599 del 2000 –modificatoria del Decreto-Ley
100 de 1980– estableció sanciones por el maltrato físico o sicológico en el seno familiar,
al incrementar la pena cuando la víctima fuera mujer.
66 Decreto Ley 100 de 1980.
23

23
mSC. diana marCela buStamante arango
Por su parte, la Ley 906 de 2004 67 señalaba como delito querellable la violencia intrafamiliar,
es decir que durante los dos años 68 de vigencia de esta disposición (retroceso),
la investigación penal por violencia intrafamiliar no era susceptible de iniciarse
de oficio por la Fiscalía, hasta que la Ley 1142 de 2007 la excluyó de la lista de delitos
querellables (avance). A su vez en un “eterno retorno” nietzscheano, la Ley 1453 de
2011 lo incluye nuevamente en la lista de delitos querellables (retroceso).
En todo caso, la referida Ley 294 fue el precedente inmediato de la 1257 de 2008,
por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia, y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. La nueva
norma a la vez que reconoce varios derechos dispone medidas de sensibilización, de
protección, de atención y aborda lo referido a las sanciones.
Puede afirmarse, por lo tanto, que el surgimiento de esta norma jurídica es sumamente
importante al ser la primera expedida en Colombia para la protección y prevención
de la mujer contra la violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
No obstante, la Ley en cuestión no estableció el mecanismo de reparación integral
para las mujeres víctimas de violencia y este hecho constituye un retroceso.
En consecuencia a veinte años de vigencia de la Constitución de 1991, puede manifestarse
que a pesar de algunos retrocesos, el mayor avance se condensa en el
reconocimiento de la mujer como sujeto jurídico, y el posterior desarrollo legal que
ha contado con el diálogo de normas internacionales que constituyen el régimen internacional
de promoción y prevención de los derechos humanos para las mujeres.
67 República de Colombia. Diario oficial no. 45.657 de 31 de Agosto de 2004, Ley 906 de 2004.
68 Recuérdese que esta Ley comenzó a aplicarse por regiones a partir del 2005 en los Distritos judiciales
de Bogotá, Manizales, Pereira y Armenia. En el 2006 se extendió a los distritos judiciales de Medellín,
Cali, Buga, Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Bucaramanga y San Gil. En el 2007 entró a los distritos
judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio y a
partir del 2008 entró en vigor a todo el territorio nacional. De hecho a la fecha rigen los dos ordenamientos
adjetivos. http://www.fiscalia.gov.co/sistPenal/sistemapenal/Cartilla%20100%20pregun
tas.pdf

eVe anÁlisis de las MiGraciones,
desde Una PersPectiVa de GÉnero,
en el conteXto de los conFlictos
arMados
introducción
dra. dorYs Quintana Cruz
Cuba
Al tratar los conflictos armados, se ha demostrado cómo la mujer se encuentra en
diferentes situaciones en el contexto de la guerra, cuando por este motivo participa
activamente en las mismas, cubre espacios en la retaguardia militar o familiar, emigra
o se desplaza, tratando de huir del peligro, el terror, las pandemias, y la violencia.
En cualquiera de las circunstancias en que una mujer se encuentre en estas situaciones,
no faltan legislaciones internacionales o regionales que protegen a las mismas, pero
tampoco faltan las violaciones y la impunidad ante esas violaciones.
No resulta cotidiano este tema, en los análisis de género o de Familia, pero considero
importante esta reflexión, ya que se trata de una realidad actual, en la que la Mujer
ha estado implicada a través de la historia de la humanidad tanto en los conflictos
internacionales como en los internos o no internacionales.
Como:
• Mujer Víctima de Guerra
• Mujer Combatiente
• Mujer refugiada, desplazada y apátrida.
Se dará un resumen panorámico de dichas circunstancias, exponiendo además la
protección jurídica internacional que ampara cada caso, así como las violaciones
impunes que acontecen por parte de Los Estados responsables del cumplimiento
de dichas acciones.
237

23
dra. doriS Quintana Cruz
Se hace un llamado a la reflexión y a la defensa del Derecho Internacional y del
Derecho Internacional Humanitario para el logro de la solidaridad internacional, la
cooperación y de la Paz.
Mujeres, migración y conflictos armados
La migración es un fenómeno social complejo y de múltiples aristas, resultado de
distintos motivos y causas, cuyos impactos tienen implicaciones socio-económicas,
políticas, culturales, demográficas, ecológicas, medioambientales, y por conflictos
armados. Por cuanto la migración tiene carácter global, existe en todo el mundo,
es histórica, y en estos momentos se nota un acelerado flujo migratorio en todo el
planeta. Otro de los aspectos que ha tomado relevancia es la feminización 1 de las
migraciones. Puesto que la guerra es una de las causas de las migraciones es preciso
detenerse a analizar sus consecuencias, legislaciones internacionales de protección a
la mujer, y las violaciones y la impunidad ante dichas violaciones.
La guerra ha sido durante mucho tiempo un flagelo de la humanidad, al decir de
más de un tratadista. Sujeto activo y destructivo de las relaciones entre los Estados,
ya que de acuerdo a las estadísticas registradas durante la historia de la humanidad
se recogen más de 14000 guerras las cuales han causado la muerte de 5000 millones
de seres humanos; y que durante los últimos 3400 años no ha habido en el mundo
más que 250 años de paz, según el libro Desarrollo y Principios del Derecho Internacional
Humanitario del famoso tratadista internacionalista, el fallecido, Jean Pictec. 2
La guerra históricamente ha ocasionado diferentes categorías de víctimas como son
los muertos, heridos, los enfermos, los prisioneros de guerra, los náufragos, los internados,
los desplazados los refugiados, los apátridas, los desaparecidos y otros.
A lo largo de la historia y con el desarrollo militar adquirido en esta civilización, y
las nuevas armas “inteligentes”, y de nuevo tipo, más modernas y sofisticadas, la
cantidad de víctimas tanto militares como civiles, se ha ido incrementando paulatinamente.
La nueva filosofía de “armas inteligentes,”, “daños colaterales”, “guerra de baja o
alta intensidad”, por mencionar algunos de estos términos, están siendo oportunamente
manejados y distorsionados por los poderosos, en pos de lograr el despojo, la ocupación
y la victoria a toda costa, tratando de demostrar con ello que están bajo una
legalidad falsamente construida. Mencionemos los ejemplos de Yugoslavia, Afganistán,
Iraq y Palestina, muy recientes y actuales en el contexto internacional.
1 PNUD 2006.
2 Jean Pictec: Desarrollo y principios del DIH, Ginebra, 1986, p. 93.

Breve análisis de las migraciones, desde una perspectiva de género, en el contexto...
La mujer, como parte de la población civil y parte vulnerable de la sociedad en situaciones
excepcionales, constituye el grupo de víctimas civiles de la guerra en todas
las áreas del planeta donde las mismas se desarrollan y persisten aún en pleno siglo
xxi.
La mujer como víctima de los conflictos en esos períodos violentos, han sufrido
abusos y violaciones sexuales, por parte de inescrupulosos combatientes. La violencia
contra las mujeres y las niñas y en particular la violación, a menudo se ha considerado
como una consecuencia inevitable de la guerra. En algunos casos se considera
entre otras cosas, como un resultado desafortunado, se entiende también como un
método de aniquilación del enemigo y como una forma de demostrar la conquista.
La mujer ha tenido que garantizar la supervivencia de la familia, e incluso de la comunidad
donde ha residido, en el contexto de un conflicto, la misma ha tenido que
garantizar el cuidado de los niños, la educación de ellos y el cuidado de los ancianos,
los enfermos, los incapacitados del seno familiar y en ocasiones de otro grupo familiar
ajeno. Por ello las mujeres han sido también un blanco de ataque debido a su
papel reproductivo y a su identidad como guardianas de la cultura y de la tradición.
(como ha ocurrido en Palestina).
Con el objetivo de destruir su integridad y despojarlas de su autoestima han sido
ferozmente atacadas, humilladas, víctimas de la prostitución en muchos casos.
Los últimos años del siglo xix fueron testigos de una política de terror aplicada a
Cuba por el Capitán español, Valeriano Weyler y Nicolau, durante los años 1896 y
1897, que se le llamó la famosa Reconcentración de Weyler, bárbara represalia utilizada
contra la población acusada de colaborar con el Ejercito Libertador cubano,
durante la guerra de independencia contra la metrópoli española. Período en el cual
muchas mujeres resultaron Víctimas , las cuales fueron objetos de maltratos, ayunos
forzosos, enfermedades, pestes y epidemias, donde se recoge estadísticamente que
por este motivo más de 30000 personas perdieron la vida, entre ellos, la mayoría mujeres,
niñas, ancianas, por lo que el Dr. Emilio Roig de Louchsering calificó a Weyler
como el precursor de la barbarie fascista. 3
En el siglo xx, en la Primera Guerra Mundial, apareció un nuevo azote, la guerra de
gases, causando alrededor de 100000 muertos, sin contar los 21 millones de muertos
a causa de epidemias, por deterioro del medio ambiente y de las condiciones higiénicas
sanitarias, de ellas recoge la historia una proporción de una mujer por cada 20
combatientes caídos. 4
La Segunda Guerra Mundial marcó un hito inolvidable en la historia ya que el mundo
se enfrentó al conflicto bélico mas horrendo de la humanidad, trayendo como
3 Rebollar Ramón Novoa: La Mujer y la guerra, CEDIH, 2001
4 Jean Pictec: Historia del desarrollo histórico de las guerras, s.a, p. 86
23

2 0
dra. doriS Quintana Cruz
resultado 50 millones de muertos, entre ellos un número incontable de mujeres,
niñas y ancianas, que fueron víctimas de los bombardeos indiscriminados, de las
matanzas a mansalva, y de las secuelas que dejó esa contienda bélica, que más tarde
diera motivo al análisis colectivo del mundo de la necesidad urgente, del llamado a la
paz, a la seguridad y la cooperación internacional.
En la actualidad, siglo xxi, nos enfrentamos a nuevos conflictos, tanto de carácter
internacional como interno, como Colombia, Yugoslavia, Afganistán, Palestina e
Iraq, Ruanda, Sierra Leona y otros Países del planeta, donde han sido víctimas, de
este conflicto más del 40 % de la población femenina sufriendo vejaciones, violencia,
violaciones y todo tipo de agresión. 5
Jane, originaria de Ruanda, 27 años , vio cómo su familia y la estabilidad social de su
país se desintegraba por la guerra entre tutsis y hutus y al igual que tantas millones de
personas huyó (emigró), hacia un país vecino, pero no pudo huir de las consecuencias
de la guerra, fue sexualmente agredida por elementos de las fuerzas rebeldes, convirtiéndose
en una de las mujeres víctimas de los conflictos armados, de esta traumática
experiencia, Jane tiene un hijo de tres años que suma a los más de 5000 niños ruandeses,
hijos de madres violadas. 6
Esta es una de las miles de historia que podríamos contar. En la ex Yugoslavia unas
20,000, mujeres y niñas fueron violadas, con edades entre los 7 y 65 años. 7 Instrumentos
de protección internacional ante estas acciones en que vemos a las mujeres
y las niñas fundamentalmente víctimas, no faltan. La IV Convención de Ginebra de
1949, establece que las mujeres como población civil “deben estar especialmente
protegidas contra cualquier ataque a su honor, en particular contra la violación, la
prostitución forzada o de cualquier forma de ataque” (art 27 Convención de Ginebra
de 1949 relativa a la protección de la población civil en tiempo de guerra).
Los Protocolos adicionales de 1977 al Convenio de Ginebra de 1949 refuerzan al
mismo y en este sentido prohíben el abuso a la dignidad personal. La Declaración de
Viena de 1993, sobre los Derechos Humanos y su Programa de Acción, condenó la
violencia de género, que se presenta generalmente en los conflictos armados.
En la IV Conferencia de Beijing sobre la mujer, se hizo un llamado para tomar
acción particular, en los temas de violencia contra la mujeres y las niñas que están
atrapados en un conflicto armado y que enfrentan estas situaciones hasta el momento
inevitables. 8
5 “La ciudad que ama a los refugiados”, Revista ACNUR 2005 p. 26
6 “Las mujeres refugiadas entre el conflicto armado y la paz”, Revista ACNUR 2003, p. 16
7 Women war and rape: challenges facing the international tribunal for former, Yugoslavia 1995
8 Declaración Plan de Acción de Beijing, 1995.

Breve análisis de las migraciones, desde una perspectiva de género, en el contexto...
Nos preguntamos, ¿se cumplen estas regulaciones internacionales de protección?, si
se cumplieran no estuviéramos señalando tanto dolor y desprotección. Pero acompañan
a estas víctimas la impunidad y la decepción.
la mujer en la guerra como combatiente
La mujer no solamente ha sido víctima en la guerra, sino también ha tomado participación
activa en la misma, en mayor o menor medida, a lo largo de la historia.
Recordemos a Cristina de Suecia, Catalina la Grande de Rusia, la Reina Isabel de
Inglaterra, que fueron a su vez jefas de Estado y Jefas de sus respectivos Ejércitos así
como son inolvidables los ejemplos de Micaela Bastida, la esposa de Tupac Amaru,
Juana Azurduy, esposa de Asencillo Padilla, la Condesa de Orleans, Juana de Arco
y otras muchas. Cuenta la historia que en los siglos xVii al xix las mujeres seguían a
los ejércitos para venderles víveres y bebidas a los soldados, otras se quedaban en la
retaguardia atendiendo a los soldados heridos como enfermeras y asistentes.
En Cuba durante las guerras independentistas 1868 y la de 1895 la mujer cubana
jugó un papel muy destacado, combatiendo incluso en la manigua algunas de ellas
junto a esposos, hijos, y demás familiares.
La historia de Cuba es rica en dar nombres de mujer como Ana Betancourt, Isabel
Rubio, Mariana Grajales, Maria Magdalena Cabrales, Dominga Moncada, Adela Azcuy
y otras, que no porque no las nombramos hayan tenido menor importancia en
el libro de la historia, sino la omisión responde a no hacer una lista interminable que
todas ya conocemos.
En la Primera Guerra Mundial, las mujeres en el mundo comenzaron a tomar parte
más activamente en los conflictos bélicos, tal fue así que al final de la guerra se encontraban
registradas como combatientes alrededor de 68000 mujeres. 9 En la Segunda
Guerra Mundial, muchas mujeres se encontraban ya trabajando en las fábricas de
armamentos y más de 300000 formaban parte de la reserva. Siguiendo la marcha
cronológica del tiempo, podría llevarnos a los conflictos mas actuales siendo muchos
de ellos no solo conflictos Internacionales sino conflictos Internos; y recorriendo
los Continentes, llegando al africano podríamos decir que muchas mujeres africanas
tomaron las armas y se fueron a las impenetrables selvas para luchar contra el
colonialismo de turno. En el Continente Asiático, muy fresca está la experiencia del
valeroso pueblo vietnamita, en su lucha tenaz e inteligente contra el imperialismo
yankee muchos nombres de mujer tiñeron con sangre esta gesta heroica.
9 Ramón Rebollar: Ob. cit.
2 1

2 2
dra. doriS Quintana Cruz
En Cuba durante el proceso revolucionario que derrocó el régimen sangriento de
Fulgencio Batista, miles de mujeres cubanas lucharon desde la clandestinidad hasta
las columnas que operaron en las montañas de la Sierra Maestra y otras elevaciones
de nuestra patria, perdiendo la vida muchas de ellas en el empeño libertador. Vivo
ejemplo de ello es Celia Sanchez Manduley, las hermanas Girald, Lidia Doce, por
mencionar algunas.
La mujer combatiente también está protegida por regulaciones internacionales ya
que el III Convenio 3 de Ginebra 10 la protege como prisionera de Guerra, cuyo
Convenio establece el respeto debido, el trato humano, y el correspondiente a sus
grados militares. A las prisioneras, se le establecen campamentos separados, cuidado
especial para la mujer grávida, y en general deben ser tratadas con dignidad y respeto.
Cuestión esta que si analizamos internamente lo que pasa y ha pasado en los conflictos
actuales vemos que también encontramos violaciones a, “las vías y métodos de
hacer la guerra” y el desconocimiento de la palabra ‘dignidad’.
la mujer refugiada, desplazada y apátrida
En la tercera fase de este trabajo damos al traste con la mujer refugiada, desplazada
y apátrida (consecuencia de las migraciones, externas e internas).
refugiadas
Comencemos diciendo que el término ‘refugiado’, está bien definido en el artículo
1 de la Convención de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, ”se aplica a las
personas que debido a fundados temores de ser perseguida por motivo de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia, a determinado grupo sociales u opiniones políticas,
se encuentra fuera del país de su nacionalidad y que no pueda, ó a causa de dichos
temores no quiera acogerse a la protección de tal país o regresar a él”. 11
En la Declaración de Cartagena de 1984 se amplía la definición para incluir a personas
que huyen de conflictos armados o disturbios. 12 He ahí personas que emigran
por causa de los conflictos armados. La mujeres tanto refugiadas, desplazas, ó apátridas,
en conflicto armado también podríamos decir que son sujetos vulnerables
en el seno de los conflictos armados, ya que en ella recae la responsabilidad
familiar, se encuentran regularmente preteridas y discriminadas y no aceptadas por
el pueblo receptor.
10 Convenio III, Ginebra de 1949
11 Convención para los Refugiados, art. 1, 1951.
12 Convención de Cartagena, 1984.

Breve análisis de las migraciones, desde una perspectiva de género, en el contexto...
La Conferencia de Beijing, analizó la nefasta influencia que ocasionan los conflictos
armados en la vida de las mujeres y recaba la determinación de los Estados participantes
a garantizar el debido respeto al Derecho Internacional Humanitario y al
Derecho Internacional en general. Y la Plataforma de Acción de la Conferencia
reconoció el tema de la Mujer como uno de los 12 ámbitos decisivos de especial preocupación.
En estos momentos hay aproximadamente 50 millones de desarraigados
en el mundo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados se ocupa
de 21,8 millones cerca de la mitad son mujeres y niñas. En las últimas décadas un
80 % de las bajas por armas de fuego en los conflictos bélicos son mujeres y niñas.
13
La población total de mujeres y niñas asistidas en el mundo es de 1117950 mujeres,
1347715 niñas de 0 a 17años, para un total de 2465665. Asia y África tienen la mayor
cifra de mujeres refugiadas asistidas ó protegidas: Asia 506543; África 490 213 y
Europa 443781; por mencionar algunas cifras, hasta el 2010. 14
La protección jurídica internacional para los refugiados se establece en la Convención
de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, el cual no hace distinción de género
y por el contrario en su artículo 3 sobre la prohibición de la discriminación expresa
“Los Estados contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención, a los refugiados,
sin discriminación por motivo de raza, religión o país de origen”, omitiendo,
por razón de sexo. Otro de los instrumentos que protegen los a refugiados es el
Protocolo de 1967. y la Declaración de Cartagena de 1984.
Y salva la omisión a la que hace referencia los Instrumentos de protección anteriormente
mencionados, la Guía para la Protección de mujeres refugiadas de 1991, donde en el
párrafo 2 de la Introducción señalan “Las mujeres comparten los problemas de protección
que experimentan todos los refugiados. Al igual que los demás refugiados las
mujeres necesitan protección contra el retorno forzoso, a su país de origen seguridad
contra los ataques armados y otras formas de violencia” y en el apartado tres de la
propia Introducción se refiere a la protección por razón de su sexo. 15
desplazadas… (migrantes internas)
Se considera que como se definió anteriormente qué es un ‘refugiado’ desde
el punto de vista jurídico internacional, también se definirá el término, ‘mujer
desplazada’, para su mejor comprensión; “son individuos o grupos de personas
13 Mujeres en busca de un trato mejor, ACNUR declaración pública, 2005.
14 “Las mujeres refugiadas entre el conflicto armado y la paz”, Revista CNUR, 1998, pp. 28 y 29.
15 “Guía para la protección de mujeres refugiadas¨, 1991.
2 3

2
dra. doriS Quintana Cruz
que se han visto obligadas a huir o emigrar de sus casas para evitar los efectos de un
conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos
humanos, de catástrofe naturales provocadas por el hombre”. 16
En estos momentos las estadísticas de Naciones Unidas arrojan que existen unos 25
millones distribuidos en 50 países.
La diferencia entre desplazados y refugiados estriba en que aquellos no han pasado
la frontera sino que se encuentran dentro de sus propios países. Aunque no aparece
recogida su protección en la Convención sobre Refugiados, no es menos cierto que
debido a los problemas que conllevan que son similares a los de los refugiados el
ACNUR los atiende y les da protección.. Este tipo de población ha proliferado en
los últimos 50 años considerándolos muchas veces el Estado, como enemigos dentro
de un conflicto interno.
Las Estadísticas de Naciones Unidas también reflejan, que el 75 por ciento de Desplazados
son mujeres, niñas y niños, ¿se escapan de los problemas que afectan a
las mujeres refugiadas? No, por ello las hemos considerado en este tercer grupo de
mujeres en el seno de cualquier conflicto armado, y como migrantes internas.
apátridas
Por último, haré referencia a las mujeres apátridas. ¿Y qué son los apátridas?, como su
nombre lo indica, sin patria. La ACNUR los ha calificado en ocasiones como “millones
de fantasmas” sin amigos, sin un lugar donde vivir, sin identidad oficial, en verdad, no
es fácil ser un apátrida. De ellos, alrededor de un 75 % son mujeres, niñas y niños. 17
Las mujeres apátridas se rigen por los mismos instrumentos de protección de las refugiadas
y las que son apátridas y no refugiadas se benefician por el Estatuto de los
apátridas de 1954 y por los principios y Normas generales del Derecho Internacional
Humanitario.
Todas estas normas de protección a la mujer en cualesquiera de sus circunstancias
en el seno de un conflicto armado son normas de carácter internacional, de Derecho
Internacional Público, y de Derecho Internacional Humanitario, pero desafortunadamente
la mayoría de ellas son violadas y no respetadas en el mundo de hoy,
dolorosamente quedan impunes los Estados responsables de dichas violaciones, que
lógicamente son los Poderosos.
16 Desplazados internos, preguntas y respuestas, UNHCR, 2004, p. 6
17 “El cambiante rostro de la protección”, Revista ACNUR, 2003

Breve análisis de las migraciones, desde una perspectiva de género, en el contexto...
Todo ello da por resultado la calificación y las características de la población en calidad
de género del mundo, antes, durante y después de los conflictos armados y su
relación con los procesos migratorios por causas de dichos conflictos.
conclusiones
El Estado cubano, fiel al cumplimiento de las normas internacionales de las cuales
somos parte, y con la práctica de llevar sus preceptos a la legislación nacional, implementa
toda esta protección observando las normas de Derecho Internacional
Humanitario, sin dejar de llevar a cabo la doctrina de todo el pueblo en nuestra lucha
contra el enemigo más feroz de todos los tiempos el imperialismo yankee, participando
en esta lucha hombres y mujeres, observando el principio de la distinción, entre
población civil y combatientes, organizando la sociedad cubana, en los preceptos
constitucionales, la lucha de todo el pueblo, bajo la ley 75 Ley de la Defensa Civil,
la legislación Penal Militar existente, el Código Penal vigente y otras legislaciones
complementarias.
Y aún sin ser parte pues cuestiones políticas que no vienen al caso analizar en este
trabajo, como es la Convención de 1951, Cuba, cumple con los preceptos establecidos,
teniendo una Oficina del Alto Comisionado para loa Refugiados en Cuba,
la cual trabaja en coordinación con los Órganos competentes y gubernamentales
correspondientes, y no deja sin amparo a ninguna de las personas que deban tener la
condición de refugiado. Y aún a migrantes, con condiciones de apátridas.
Hoy, en que el mundo se encuentra bajo las ansias de poder hegemónico del imperialismo
yankee, prepotente, poderoso, agresivo, y con más ansias de dominación
geopolítica, amenazador, cruel, injusto y desbastador, la respuesta de la Humanidad,
mujeres y hombres, debe ser abogar y luchar por el respeto y la defensa del Derecho
Internacional, por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, tan
necesario en la actualidad que la comunidad internacional vive bajo la amenaza y el
uso de la fuerza, de la agresión, del terrorismo, la ocupación, las guerras y las mal
llamadas intervenciones humanitarias.
Y abogar por la reforma y eliminación de muchas de las leyes migratorias, tanto en Estados
Unidos como en otras partes del mundo que producen violencia, discriminación
despiadada, tratos inhumanos e injustos a seres humanos que por cualesquiera de las
razones que argumentamos en este trabajo se convierten en un problema de población
del mundo; y en una categoría de las que hemos reseñado en nuestro trabajo.
Se ha querido dar una panorámica del resultado, análisis de las características y dimensión
de una parte de la población, las mujeres, en el contexto de las migraciones
por causa de los conflictos armados, así como demostrar lo importante que es la
defensa del Derecho Internacional para preservar y mejorar la condición de la población
en este siglo xxi y exhortar a todos los factores progresistas del mundo a
proclamar que un mundo mejor es posible.
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la PersPectiVa de GÉnero
en la leGislación: Una constrUcción
(iM) Posible
introducción
dra. MYrna Méndez lópez
MsC. MaYrelis estrada ChaCón
Cuba
Desde el surgimiento del liberalismo clásico, nuestro pensamiento se ha estructurado
en torno de series complejas de dualismo o pares opuestos: Racional/Irracional,
Activo/Pasivo, Pensamiento/Sentimiento, Razón/Emoción, Cultura/Naturaleza,
Poder/Sensibilidad, Objetivo/Subjetivo, Abstracto/Concreto, Universal/Particular.
Estos pares dividen las cosas en esferas contrastantes o polos opuestos.
Características de este sistema de dualismo:
• Están sexualisados: .a mitad de cada uno es masculino y otra femenina.
• Los términos de dualismos no son iguales sino constituyen una jerarquía, el
término identificado como “masculino” es privilegiado como superior, mientras
que el otro es negativo, inferior y pertenece al “femenino”.
• El Derecho se identifica con el lado “masculino” del par de dualismo.
¿sexualisados y Jerarquizados?
Sin dudas los hombres se han identificado a sí mismos de entonces con un lado de
los dualismos: racional, activo, pensamiento, razón, cultura, poder, objetivo, abstracto
y universal, y las mujeres en cambio nos corresponde: irracional, pasivo, sentimiento,
emoción, naturaleza, sensibilidad, subjetivo. El sistema de dualismo, es un sistema

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
de jerarquías, no solo están divididos en términos sino también en orden jerárquico.
Del mismo modo que los hombres definen a las mujeres en un lado de los dualismos
domina y define al otro, así lo irracional se define como ausencia de lo racional, lo
pasivo es el fracaso de lo activo, el pensamiento es más importante que el sentimiento,
la razón tiene prioridad sobre la emoción.
Tomando como base este sistema se nos permite ser más que atrevidas y asignarle
género al Derecho: el Derecho como un concepto masculino. Sin dudas se identifica con los
lados jerárquicamente superiores y masculinos de los dualismos, aunque paradójicamente
la “Justicia” es representada como una mujer con ojos vendados y mostrando
la balanza como símbolo de equidad e igualdad, según la ideología dominante
Derecho es masculino y no femenino. Se supone que el Derecho es racional, objetivo,
abstracto, universal, tal como los hombres se consideran a si mismos, por lo
contrario, el Derecho no es ni se concibe como irracional, subjetivo, o personalizado,
tal como los hombres consideran que son la mujeres.
Metodología para un análisis del género,
siguiendo una propuesta
Precisiones previas se hacen necesarias, para adentrarnos en el análisis de la problemática
del enfoque de género en diversas normas cubanas, en primer lugar adoptamos
la metodología propuesta por, Alda Facio en su libro Cuando el género suena,
cambios trae 1 , que consta de seis importantes pasos, que son los siguientes:
Paso 1: Tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal.
(Para las mujeres esto significa hacer conciencia de su status de persona subordinada,
discriminada y oprimida y para los hombres significa tomar conciencia de sus privilegios
basados en el hecho de la subordinación de las mujeres.)
Paso 2: Identificar en el texto las distintas formas en que se manifiesta el sexismo
tales como el androcentrismo, el dicotomismo sexual, la insensibilidad al género, la
sobregeneralización, la sobrespecificidad, el doble parámetro, el familismo, etcétera.
Paso 3: Identificar cuál es la mujer que está presente o invisibilizada en el texto. Es
decir, identificar cuál es la mujer que se está contemplando como «el otro» del paradigma
de ser humano que es el hombre/varón y desde ahí analizar cuál o cuáles son sus
efectos en las mujeres de distintos sectores, clases, razas, etnias, creencias, orientaciones
sexuales, etcétera.
1 Alda Facio: Cuando el género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis de género del fenómeno
legal. ILANUD, 1991, pp. 35-46.
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dra myrna méndez lópez, mSC. mayreliS eStrada ChaCón
Paso 4: Identificar cuál es la concepción o estereotipo de mujer que sirve de sustento
del texto, es decir si es solo la mujer/madre, o la mujer/familia o la mujer solo en
cuanto se asemeja al hombre, etcétera.
Paso 5: Analizar el texto tomando en cuenta la influencia de, y los efectos en, los
otros componentes del fenómeno legal.
Paso 6: Ampliar y profundizar la toma de conciencia de lo que es el sexismo y colectivizarla.
Esto último porque si una/o ha realmente interiorizado lo que significa y es
el sexismo, siente la necesidad de trabajar para derrocarlo. 2
Las autoras se permiten agregar un nuevo paso pues las normas jurídicas, no pueden
alejarse de la realidad y aunque la sociedad se empeñe en cerrar los ojos ante un
referente que se impone, el Derecho no puede permanecer indiferente ante estas
problemáticas, nos referimos a lo concerniente de que a nivel mundial “debería” haber
más personas intersexuales (que no son hombres ni mujeres), sin embargo, son
invisibles, el 1,7 % de los nacidos son intersexuales o, en otros términos, gentes cuyo
aparato reproductor o sexual no es de hombre o de mujer, la intersexualidad es más
común que el albinismo, pero poca gente ha oído hablar de su existencia.
Se subraya que debería, pues la condición de que nazca una persona intersexual es
considerada una aberración que de manera urgente deben corregir los médicos, no
se quieren seres humanos que no entren en la alternativa del maniqueísmo, masculino-femenino,
de tal suerte que a nivel mundial las instituciones médicas “corrigen” la
supuesta desviación y construyen, en el quirófano un nuevo ser, que será hombre o
mujer, exterminando a los que tradicionalmente son llamados hermafroditas. Surgen
entonces los siguientes cuestionamientos ¿atinan los implicados en dejar un único
sexo a los intersexuales?, ¿se le pregunta a estas personas, generalmente menores de
edad que sexo quieren asumir o si desean permanecer siendo intersexuales, que fue
como nacieron?, ¿por qué no considerar a los intersexuales en el derecho humano de
tercera generación referido a libre elección de la orientación sexual?, quienes nacieron
así deben tener el derecho, si así lo desean de permanecer con esa condición y la
sociedad debe tener la responsabilidad de respetar su voluntad, aunque ello implique
cambiar hasta la misma biología. 3
Armadas de esta metodología nos permitimos realizar la valoración en lo fundamental
en tres importantes textos legales cubanos, no partiendo de una selección
al azar sino por la trascendencia de esas disposiciones legales, en primer término la
2 En cuanto a la Metodología referida también pueden ser consultada en Alda Facio, “Metodología
para el análisis de género del fenómeno legal”, en Alda Facio y Fríes Lorena: Género
y Derecho, Santiago de Chile, Ediciones LOM, 1999, pp. 99-136 y “Metodología para el análisis
de género en el fenómeno legal”, en El Género en el Derecho. Ensayos críticos, Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2009, pp-181-224.
3 Para mayor información véase http//www.isna.org; www.symposion.com/ijt/gilbert/sterling.htm;
http://bms.brown.edu/faculty/

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
Constitución de la República, por ser la norma suprema del ordenamiento jurídico y
sobre la base de ella se deben configurar las restantes; el Código de Familia, por la relaciones
jurídicas que en ella se regulan y donde incluso desde sus Por Cuanto se deja
sentado la necesidad de fomentar el principio de igualdad (hombres y mujeres, de
los hijos e hijas) en las disposiciones referentes a la familia, el Código Penal, por los
bienes jurídicos que se protegen, que sin lugar a dudas son los más importantes y dos
legislaciones cuya puesta en vigor es más reciente a las anteriores normas, e incluyen
aspectos cardinales vinculados con la perspectiva de género, el Decreto-Ley No. 234
del 2003 De la maternidad de la trabajadora y la Ley 105 de 2008, Seguridad Social.
La valoración de esta tríada legal, podrá compararse con otras que a nivel nacional se
encuentran vigentes, para poder demostrar aspectos similares en cuanto al enfoque
de género o por el contrario aspectos positivos plasmados en otras normas.
La primera valoración se refiere al lenguaje y se realizará de manera conjunta, comenzando
con el trío de legislaciones identificadas con la Constitución, el Código
de Familia y el Código Penal, este aspecto es considerado por algunos como una
cuestión de índole formal y por tanto sin necesidad de incluirlo por ser un extremo
totalmente carente de trasfondo y que no lleva implícito una discriminación hacia las
mujeres. Este argumento, olvida que el lenguaje es el elemento clave en el proceso
de comunicación, que consiste en el intercambio de información entre los sujetos
implicados; la socialización y con ella la formación de la personalidad significa la
elaboración de los seres humanos por otros seres humanos; mediante la comunicación,
un lenguaje sexista impone barreras para su desarrollo coherente, “ninguna
sociedad vive al margen de su lenguaje sino más bien existe en él. De allí que todas
las posibilidades de acciones y coordinaciones posibles entre los seres humanos estén
registradas en el lenguaje y por lo tanto den cuenta de la realidad en que están viviendo
los hombres y las mujeres de una determinada cultura”. 4
Los partidarios de no considerar el enfoque de género, en lo referido al lenguaje,
fundamentan que desde el punto de vista lingüístico se debe identificar al género
humano, el ser humano, con el hombre, con lo masculino, por lo que la construcción
de un discurso, donde se incluye el legal, sería inapropiado la identificación, de cada
uno de los géneros; convirtiéndolo innecesariamente en redundante, extenso y agobiador.
Surge entonces una interrogante, por qué no podría sustituirse lo masculino
por lo femenino, si igualmente las mujeres pertenecemos y representamos los humano,
de inmediato los partidarios de esta posición argumentarán que no es lo mismo,
mujer es únicamente lo femenino, la otra, no lo representativo de la generalidad.
A qué se debe tal afirmación, tiene más que nada una raíz histórica que otorga
una situación de privilegio masculino que recibe el hombre por pertenecer al sexo
masculino y que son parte de la naturaleza y por ende no necesitan explicación y
lo que es peor, no pueden ser transformados. Lo reseñado lleva a sostener lo valorado
anteriormente, el convencimiento de que el derecho es androcéntrico, parte de
4 Ada Facio: Engendrando nuevas perspectivas, México, Diciembre 2002
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dra myrna méndez lópez, mSC. mayreliS eStrada ChaCón
la perspectiva masculina como parámetro de lo humano, y que por lo tanto las leyes
“genéricas” (es decir, las que supuestamente nacen de las necesidades de todas(os),
van dirigidas a todos los seres humanos y supuestamente tendrían efectos similares
en todos y todas), no son neutrales en términos de género sino que parten del sexo
masculino como representante de la especie toda.
El androcentrismo, 5 se palpa en general en las normas jurídicas cubanas, y no son
una excepción la Constitución, el Código de Familia y el Código Penal, se recogen
términos como: ciudadanos, cubanos, extranjeros, trabajadores, hijos, niños, jóvenes,
todos, diputados, etcétera, que son masculinas y se identifican con lo general; incluso
en el Preámbulo de la Constitución, que es un parámetro de vital por la declaración
de principios que en ella aparece contenida , lo hace desde la posición androcéntrica:
“Nosotros Ciudadanos Cubanos, herederos y continuadores… los aborígenes… los
esclavos… los que despertaron la conciencia nacional… los obreros, campesinos,
estudiantes… los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones
de obreros y campesinos... los integrantes de la vanguardia de la generación
del centenario… los que, con el sacrificio de sus vidas defendieron la Revolución...
los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas…”; 6 donde se
visualiza a las ciudadanas cubanas, herederas y continuadoras de las aborígenes… las
esclavas… las que despertaron la conciencia nacional… las obreras, campesinas,...
las integrantes de la vanguardia de la generación del centenario… las que, con el
sacrificio de sus vidas defendieron la Revolución… las que masivamente cumplieron
heroicas misiones internacionalistas. No es justo que con un lenguaje masculino,
pretendiendo ser inclusivo se haga invisible a la mujer cubana, 7 no nombrar a las féminas
en discursos, textos e ilustraciones que hacen referencia al quehacer humano,
a grupos sociales o a la sociedad, es no reconocerlas. Esta acción es sexista porque
sobrevalora lo masculino, a la vez que desvaloriza lo femenino y a las mujeres, las
desconoce como personas, un lenguaje, que equipara al hombre con lo humano, en
una inadecuada sobregeneralización y sobre esa base relega lo femenino, está aún sin
proponérselo, promoviendo un patrón social donde la mujer, es colocada en posición
de inferioridad con respecto al hombre.
Vinculada igualmente con la utilización del lenguaje, se encuentra en la legislación
cubana ejemplos en que si bien se tiene en cuenta la distinción, esta se hace con el
5 La teoría feminista cuestiona el androcentrismo (andros: hombre en griego) de nuestra sociedad
y sus instituciones porque considera que es una visión únicamente de lo masculino,
que ha tomado al hombre como modelo de lo humano. Esta perspectiva del mundo está
considerada como atentatoria a los derechos humanos de las mujeres, pues invisibiliza a la
mitad de la humanidad. Deja en evidencia un trato diferente, cuando los derechos declarativamente
son iguales para los dos géneros, pero en la práctica androcéntrica y patriarcal se
hacen efectivas las desigualdades. A. Ribadeneira: Cuando las palabras construyen, Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2008, p.17
6 Preámbulo de la Constitución de la República de Cuba.
7 La Constitución vigente en cruciales artículos utiliza la distinción entre hombre y mujer, como son
artículo 44 y 51, desconociendo la razón por la cual no manejó esta perspectiva en todo el texto.

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
manejo de términos despectivos con respecto a la mujer, muestra de ello se refleja en
el Código de Familia vigente, que en varios artículos utiliza el sustantivo de hembra y
varón para diferenciar lo masculino de lo femenino 8 . Una valoración del significado
etimológico demuestra la aseveración referida pues hembra es “el animal del sexo
femenino”, donde no solo se incluye lo humano, es decir la mujer, sino también
todas las especies animales, es algo así como equiparar la mujer con la perra, la vaca,
la zorra, etc. Para los hombres se plasma la intitulación de varón, que se refiere a
“criatura racional del sexo masculino, hombre que ha llegado a la edad viril, hombre
de respeto y autoridad” ¿qué gran diferencia entre hembra y varón? ¿por qué si utilizaron
la palabra hembra para identificar a la mujer, no utilizaron entonces para los
hombres el de macho?, esta última denominación significa “animal del sexo masculino”,
sutilmente se envía el mensaje del maniqueísmo racional/irracional, presente
en la dicotomía de lo masculino/femenino, el hombre será siempre lo racional , lo
humano y la mujer lo irracional, lo más próximo a lo animal.
Una urgente tarea comprende la revisión de los textos legales cubanos, en un primer
momento, por lo menos los de mayor importancia para adecuarlo a un verdadero
enfoque de género desde la perspectiva del lenguaje, buscando las correctas alternativas
para su implementación 9 ; tal y como ya lo han logrado, en primer lugar, el
Decreto-Ley que regula lo referente a la Maternidad de la trabajadora, pues en el
cuerpo total de esta normativa se incluye la distinción entre trabajadora y trabajador,
así como otros términos que marcan una correcta utilización del lenguaje desde el
enfoque abordado; otra inteligente forma utilizada por el legislador cubano, es la que
incorpora la Ley de Seguridad Social que establece: “cuando en esta Ley se emplea
la expresión “trabajador”, debe entenderse tanto a la trabajadora como al trabajador…”;
10 sin lugar a duda ya se han dado los primeros tímidos pasos en este sentido,
pasos que deben continuar hasta incluir todo el ordenamiento jurídico cubano. La
valoración del enfoque de género, en aspectos considerados de fondo se realizará de
manera independiente en cada uno de los textos seleccionados.
8 Los artículos que utilizan la dicotomía referida son el artículo 3 y 4.3) del Código de Familia.
9 En este sentido se recomendable usar oraciones incluyentes, que traten de utilizar el menor
número posibles de los y las, que usualmente se emplean en los artículos los y las para
incluir a las mujeres. Por ejemplo: las y los ciudadanos, las y los niños, las y los jóvenes.
Este tipo de redacción puede convertirse en un ruido gramatical, cansa y hasta molesta la
lectura, por eso, una alternativa para incluir a hombres y mujeres por igual en los textos,
discursos, etc., es utilizar palabras cuyos conceptos incluyen a hombres y mujeres. En este
sentido Véase a Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa
Rica, Guía breve para el uso no sexista del lenguaje, San José (S.F) y A. Ribadeneira: Cuando las
palabras construyen, ob.cit.SE
10 Artículo 2 de la Ley 105 de 2008 “Seguridad Social”.
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constitución de la república
dra myrna méndez lópez, mSC. mayreliS eStrada ChaCón
El texto superior del ordenamiento jurídico cubano, destina el Capítulo VI a regular
lo referente a la Igualdad y consagra constitucionalmente la igualdad de derechos
y deberes de los ciudadanos y ciudadanas 11 ; de la norma que otorga ello, se hace
desprender la disposición de carácter negativo, que dispone: “la discriminación por
motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier
otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley”. 12
La redacción citada, en una lectura con lente tradicional, es correcta, incluso es una
traslación hacia la legislación cubana del artículo 8 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; al cambiar el lente y realizarla con el prisma del género, se
puede comprobar que se utiliza solo la distinción con respecto al sexo, que es únicamente
lo biológico, obviándose la construcción social que implica la categoría de
género; por lo que este precepto tiene en este sentido un enfoque biologicista, que
se traduce en la utilización de esta perspectiva en otras normas legales.
Uno de los preceptos que utilizan adecuadamente la distinción entre hombre y mujer,
se encuentra en el Capítulo VI, específicamente en el artículo 44, no se limita a
otorgar iguales derechos para ambos, sino que específica que “el estado garantiza que
se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, a fin
de lograr su plena participación en el desarrollo del país” 13 , amparando constitucionalmente
la condicionalidad material, para lograr efectivamente esa igualdad.
En el Capítulo IV, la Constitución, lo dedica a regular la familia, la reconoce como
célula fundamental de la sociedad, 14 y define el matrimonio como: “la unión voluntariamente
concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de
hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los
cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral
de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible
con el desarrollo de las actividades sociales de ambos”. 15 La noción del matrimonio,
se aparta de la concepción tradicional, que lo considera como un contrato, donde
una de las partes (hombre) desempeña el rol de poder, al otorgarle a éste las funciones
de cabeza de familia; el texto constitucional enfatiza que es una unión voluntaria,
donde ambos cónyuges están colocados en posición de igualdad.
11 Artículo 41 de la Constitución.
12 Artículo 42 de la Constitución.
13 Artículo 44 de la Constitución.
14 Artículo 35 de la Constitución.
15 Artículo 37 de la Constitución.

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
La Constitución cubana, sin embargo, asume la postura de concebir el matrimonio
únicamente como una unión heterosexual, pues al dejar expresado taxativamente
que es la unión entre un hombre y una mujer, no rebasa la postura del matrimonio
enraizado históricamente en la tradición judea-cristiana, negándose a visibilizar lo
que ya no es ajeno al referente real cubano del siglo xxi, personas que desde una
relación diferente se unen para hacer vida en común y que aspiran al reconocimiento
de un matrimonio, de esta manera se desconocen legalmente los derechos que desde
la igualdad y el respeto a la libre elección de la orientación sexual, deciden escoger y
proyectarse cubanos y cubanas de hoy.
código de Familia
Aunque el Código de Familia vigente en la actualidad, fue promulgado y entró en
vigor con anterioridad a la Constitución, la postura con respecto al matrimonio es
idéntica a la asumida por la ley de leyes 16 , su valoración por tanto es idéntica a la
realizada al tratar el tema en la Constitución; siendo dable destacar que en el Código
de Familia se proyecta la mencionada concepción al regular el matrimonio no
formalizado que lo define como “la existencia de la unión entre un hombre y una
mujer con aptitud legal para contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y
estabilidad, surtirá todos los efectos propios del matrimonio formalizado legalmente
cuando fuere reconocido por tribunal competente” 17 , nuevamente la frontera para
acceder al reconocimiento de la unión entre homosexuales se ve impedida mediante
el matrimonio no formalizado, pues tal y como el matrimonio formalizado se limita
a las uniones heterosexuales.
En la institución del matrimonio, encontramos un aspecto, que desde el enfoque
de género se hace inadmisible y nos referimos a la edad que se fija para contraer de
manera excepcional el matrimonio, estableciéndose límites diferentes para la mujer y
el hombre, en el caso de la primera a los 14 años y para los segundos, la de 16 años,
criterios que defienden la postura adoptada por el legislador cubano, argumentan
que se debe al mayor desarrollo bio-psicológico que se produce de manera más
temprana en la mujeres que en los hombres, la valoración referida se sustenta en un
criterio estrictamente biológico, que no encuentra respaldo al analizar otros artículos
de toda la legislación cubana, pues si la idea de mayor madurez fuera una idea sólida,
16 El artículo 2 del Código de Familia establece que : “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada
de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común”. Este
artículo fue modificado por la Disposición Especial Sexta de la Ley No. 51 “Del registro del Estado
Civil”, pero la mencionada modificación se refiere al segundo párrafo que quedó redactado de la
siguiente manera: “el matrimonio solo producirá efectos legales cuando se formalice o se reconozca
de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley del Registro del Estado Civil”.
17 Artículo 18 del Código de Familia.
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dra myrna méndez lópez, mSC. mayreliS eStrada ChaCón
entonces ¿por qué no establecer diferentes edades para los demás supuestos?, por
ejemplo, por qué la responsabilidad penal establece como edad la de 16 años, la capacidad
civil la de 18 años, la de los derechos políticos, tanto activo como pasivo, la
de 16 años, la edad laboral de 17 años; en todos los casos citados de manera correcta
se regula a partir del principio de igualdad, la misma edad para ambos sexos, sin
distinguir en ningún sentido.
Retomando la idea de la diferenciación de edades para contraer matrimonio de manera
excepcional, en una evaluación que enfoque debidamente la perspectiva de género,
nos remite a la distinción entre el espacio público el cual se identifica con la
incorporación a la vida social y se le atribuye al hombre, al contrario de los predios
privados, es decir el hogar, reservado en lo fundamental para la mujer, es ese el
real fundamento de esa decisión del legislador cubano. No es ajena esa postura a
la percepción de la sociedad cubana con incidencia en aspectos formales, pues por
ejemplo en determinados formularios generalmente legales, incluso en las llamadas
investigaciones complementarias que se realizan en el proceso penal a los acusados
e incluso en supuestos excepcionales a las víctimas, se consigna un dato reiterativo
referido a la ocupación de la persona, si es un hombre que no tiene vínculo estudiantil
y en su caso laboral (si es mayor de 17 años ) se consigna que es desocupado,
pero si es una mujer la que presenta la situación descrita, entonces es ama de casa; y
nos interrogamos, sí una mujer joven convive con sus padres, no tiene hijos, etc.¿ es
realmente ama de casa?, aunque así se le considere, por supuesto que no lo es; tropezamos
nuevamente con la dicotomía abordada entre lo público y privado, que nos
lleva a cuestionar por qué incluso nunca en Cuba nos encontramos con un hombre
que tenga como labor su hogar, es qué no los hay o sería que la sociedad le niega la
posibilidad de atribuirle tal función , pues no concibe visualizar un hombre en esa
posición, cuando ya incluso una norma vigente, que se analizará más adelante.
Un cuestionamiento al Código de Familia, no puede dejar de citar la imposición de
una prueba a la que se tiene que someter la mujer, nos referimos a la disposición contenida
en el artículo 6, segundo párrafo que establece “… a fin de facilitar la determinación
de la paternidad, la mujer cuyo matrimonio se haya extinguido y se disponga
a formalizar uno nuevo antes de transcurrir 300 días de dicha extinción, deberá acreditar
con certificado médico expendido por un centro asistencial estatal, si se halla o
no en estado de gestación”; una defensa a favor del precepto citado, esgrimiría que
es solo para certificar la paternidad de un posible concebido, que se le impone a la
mujer por su condición de ser ella la que gesta la nueva vida, y nos preguntamos, no
existen otras pruebas periciales, reconocidas por la ley, que de surgir una duda en
cuanto a la paternidad, puedan realizarse, presentándose y valorándose adecuadamente
en el proceso pertinente; surge un nuevo cuestionamiento, ¿realmente dicha
prueba demostrará la verdadera paternidad?, responderla afirmativamente es negar
una realidad y hacer cargar a la mujer con un requisito a toda vista innecesario, que
en no pocos casos, consiste en un tacto vaginal, el que a pesar de ser muy necesario
en determinados exámenes médicos, tiene un carácter invasivo para las féminas, es
en todo sentido configurar legislativamente a una mujer como objeto, olvidando su

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
identidad como sujeto de Derecho, “… es objeto de derecho y de derechos de otros,
como cuerpo no autónomo, sino sometido a poderes heterónomos: materiales, jurídicos,
morales, sanitarios…” 18
El enfoque de género, se identifica primariamente con una diferenciación desfavorable
hacia la de la mujer; sin embargo también puede implicar una norma que no encuentre
un sustento lógico en sentido contrario, es decir una disposición que favorezca indebidamente
a esta y en el Código de Familia se establece una regulación en este sentido
en un tema tan puntual como el referido a la guarda y cuidado de los hijos-hijas, que
si bien parte de respetar el acuerdo, 19 de no existir éste señala atinadamente que el órgano
jurisdiccional decidirá teniendo en cuenta lo más beneficioso para los menores 20
y a partir de ello establece la regla general, que consiste en la igualdad de condiciones,
de esta forma los hijos deben quedar al cuidado del padre en cuya compañía se hayan
encontrado hasta el momento de producirse el desacuerdo; distorsionándose la
ruta hasta el momento adoptada por el legislador cubano en el extremo en cuestión,
pues la igualdad se torna desigualdad cuando preceptúa “prefiriendo a la madre”, 21
no existe justificación moral, ética y jurídica para avalar como correcta el artículo
valorado, y no por ser mujeres negaremos que existen excelentes madres, pero también
excelentes padres y de igual manera nos encontramos con madres que no son
capaces de desempeñar adecuadamente su responsabilidad y también con padres
en igual sentido, por lo que en el artículo citado se ha concebido sobre el sentir de
18 L. Ferrajoli: Democracia y Garantismo, Editorial Trotta, Madrid, 2008, pp. 119-121. Este autor realiza
una valoración sobre las Libertades personales, donde incluye una importante valoración sobre la
inmunidad del cuerpo de la mujer donde enfatiza que la liberación del cuerpo de las mujeres de una
suerte de servicios o servidumbres personales, en virtud de los cuales era tratado como instrumento
para fines ajenos, es por ello que la autodeterminación de la maternidad ha sido, esencialmente la
conquista de una libertad para, antes que una libertad de, implica libertad frente a esa constricción física
que es representada por la obligación de la mujer de convertirse en madre, con el trastorno vital que
la maternidad comporta y frente a la instrumentalización de su cuerpo para un fin que no es suyo
por que no es por ella querido. Abundamos en este tema pues en Cuba existe una disposición avalada
por el Ministerio de Salud Pública, referente a los procedimientos y requisitos para autorizar la
esterilización permanente de la mujer, mediante un proceder médico, que en el caso de mujeres cuyo
estado civil es casada, deben presentar la autorización del esposo, dando su consentimiento y ante tal
disposición solo cabe una interrogante ¿de quién es el cuerpo?, si fuera la inversa, es decir si el hombre
decidiera realizarse una vasectomía se necesitará el consentimiento de la esposa, la respuesta se
encuentra en un vacío legal, que trae implícita una realidad, el hombre si puede disponer libremente
de su cuerpo.
19 El artículo 88 del Código de Familia: Respecto a la guarda y cuidado de los hijos, se estará al acuerdo
de los padres, cuando estos no vivieran juntos.
20 Aunque el Código de Familia cubano fue aprobado con antelación a la Convención Internacional de
los Derechos del niño y la niña, la disposición referida sienta como piedra angular “lo más beneficioso
para los menores”, que tiene concordancia con la esencia de dicha regulación internacional, donde
se dispone que siempre debe prevalecer, el interés superior de los niños y las niñas.
21 El artículo 89 del Código de Familia establece: en igualad de condiciones, se atendrá, como regla
general, a que los hijos queden al cuidado del padre en cuya compañía se hayan encontrado hasta el
momento de producirse el desacuerdo, prefiriendo a la madre si se hallaban en compañía de ambos
y salvo, en todo caso, que razones especiales aconsejen cualquier otra solución.
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dra myrna méndez lópez, mSC. mayreliS eStrada ChaCón
la sobrespecificidad que se da cuando se presenta una necesidad o comportamiento
humano como específico de uno de los dos sexos, “por ejemplo, se habla de la
necesidad que tienen los y las hijas del cuidado materno cuando en realidad tienen
necesidad de ambos progenitores”, 22 una adecuada perspectiva de género, permitiría
hacer prevalecer el interés superior del menor, y ser ello el criterio para la adopción
de tan importante decisión e incluso en futuras modificaciones de este texto a partir
de ese principio rector debe estipularse la posibilidad de la custodia compartida,
no concebida únicamente como un derecho, sino y sobre todo como un deber que
implica responsabilidad.
código Penal
Una ojeada al Código Penal cubano, permite corroborar que existen regulaciones
que establecen distinción con respecto a la mujer, tanto en la Parte General como
en la Especial; así en la primera se prohíbe la aplicación de la sanción extraordinaria
de pena de muerte a las mujeres que cometieron el delito estando encita o que lo estén
al momento de dictarse sentencia, 23 con independencia del cuestionamiento que
desde el punto de vista jurídico tiene el establecimiento de este tipo de sanción en
la legislación, no existiendo ningún criterio válido para su justificación, no es objeto
del presente trabajo su valoración, sino el enfoque de género; y desde un inicio nos
percatamos del empleo de un eufemismo (encita), para nombrar lo que tanto en el
lenguaje médico, como en el común, es estado de gestación, por qué razón encubrir
lingüísticamente un estado fisiológico que tiene una intitulación correcta y aceptada,
¿qué pretende suavizar nuestro legislador?, por lo que a nuestro criterio es una inadecuada
redacción, más allá de la cuestión de forma, la imposibilidad de aplicación
de la pena de muerte no se debe al hecho de ser mujer, sino a la situación en que ella
se encuentra. 24
En cuanto a la ejecución de la sanción de Privación de Libertad, se dispone en correspondencia
con las Reglas Mínimas de la Organización de Naciones Unidas, 25
22 A. Faciol: Ob. cit., p. 205.
23 Artículo 29.2 del Código Penal.
24 En las diferentes ediciones del Ante-Proyecto de modificación al Código Penal cubano, un artículo
que mantiene el mismo criterio en cuanto a su redacción es el referente a la pena de muerte, donde
se establece la prohibición de su aplicación a todas las mujeres y la explicación al respecto responde
a criterios históricos-estadísticos, pues desde inicio del pasado siglo xx, dicha pena no se ha aplicado
a ninguna fémina, de aprobarse finalmente lo anterior podría cuestionarse el por qué de tal decisión,
pero las autoras confían que aunque no esté en los ante-proyecto, el legislador cubano adopte la sabia
decisión de no regular la pena de muerte dentro del catálogo de las sanciones, en fin de cuenta en
Cuba existe una moratoria en la aplicación de esta.
25 Ver regla 8

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
que los hombres y la mujeres cumplen esta pena en establecimientos distintos o
secciones separadas de los mismos, en la actualidad lo que sucede es lo primero,
es decir hombre y mujeres extinguen dicha pena en centros separados y aunque se
rigen por una única disposición existen determinadas normas dirigidas únicamente
a las mujeres. 26
Otro artículo que establece una circunstancia atenuante, exclusivamente para la mujer
es el que dispone haber obrado bajo los trastornos producidos por el embarazo,
la menopausia, el período mestrual o el puerperio, 27 como se aprecia no es una distinción
basada exclusivamente en la condición de ser mujer, sino por los procesos
fisiológicos en que se encuentra y para que se pueda apreciar, no es suficiente ello,
sino que como consecuencia de estos se produzcan trastornos en su conducta. 28
A diferencia de las normas punitivas valoradas, se verifica una que analizada a través
de la concepción tradicional, se encuentra elaborada de manera técnico-jurídica de
forma adecuada, nos referimos a la legítima defensa 29 , pero modificando el prisma a
partir del enfoque de género podemos afirmar que los requisitos que se establecen
no dan una respuesta coherente al problema de la violencia de género. Los elementos
que se establecen para que pueda apreciarse esta causa de justificación, según
el Código Penal cubano, se encuentran en correspondencia con los que define la
doctrina y se refieren a una agresión ilegítima, inminente o actual y no provocada,
así como necesidad objetiva de la defensa y proporcionalidad entre la agresión y la
defensa 30 . La violencia de género se caracteriza por un ciclo, conformado en lo fundamental
por tres etapas: acumulación de tensiones, violencia en sí y reconciliación o
luna de miel, se convierte en un espiral que se repite siguiendo estas fases; una mujer
sometida a este tipo de conducta, en una cifra mínima responde agresivamente en
el momento en que es maltratada y golpeada, ello se debe en primer lugar a la diferencia
física a favor del hombre, aunque también inciden otros factores psicológicos
26 En los Reglamentos y Órdenes emitidas por el Ministro del Interior y que se complementan con
Instrucciones de la Fiscalía General de la República, se disponen determinadas condiciones para las
mujeres que están extinguiendo la sanción y se encuentran en estado de gestación, ello en correspondencia
con preceptos de la Ley de Procedimiento Penal referidos al otorgamiento de la Licencia
extrapenal y del aplazamiento del cumplimiento de esta sanción. También el régimen para progresar
es mucho más flexible que el de los hombres.
27 Artículo 52 d) del Código Penal.
28 En estudios estadísticos realizados en diferentes países, se ha comprobado que en períodos previos y
durante la menstruación, así como en el período del embarazo, y la menopausia, existen desbalances
hormonales con una disminución en los niveles de estrógenos, que muestran que la mujer se comporte
más agresiva.
29 El artículo 21 del Código establece la llamada por nuestro legislador una causa eximente de la responsabilidad
penal de la legítima defensa y establece que “está exento de responsabilidad penal el que
obra en legítima defensa de su persona o derechos. Más adelante se considera que actúa en legítima
defensa el que defiende a un tercero, y el que actúa para proteger la paz pública o a los bienes o intereses
sociales o del Estado.
30 Artículo 21.2 del Código Penal.
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y sociales; lo que sucede es que la mujer que busca una salida inadecuada a este ciclo
que se repite sin fin y que los intervalos entre una fase y otra se acortan significativamente
con el transcurso del tiempo, es realizar una conducta violenta que puede provocar
lesiones de diferentes grados, hasta llegar a las más graves e incluso provocar
la muerte del hombre, la realiza en el lapso denominado acumulación de tensiones,
es entonces que no se corporifica el requisito exigido de agresión inminente o actual
para poder apreciar la legítima defensa y en consecuencia la mujer, verdadera víctima
de un actuar ilegítimo, vejatorio y repetido en innumerables ocasiones, es sancionada
en no pocos casos severamente; retornamos a lo que ya hemos afirmado en varias
ocasiones a lo largo de este excurso, el carácter androcéntrico del Derecho y en consecuencia
de las legislaciones.
En la parte especial, existen tipos penales, que establecen sujetos activos y pasivos
de carácter especial pues se requiere la condición de mujer, construcciones típica
que se encuentran en dos Títulos específicos, el Título VII “Delitos contra la vida
y la integridad corporal” y el Título XI “Delitos contra el normal desarrollo de las
relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud”.
En los delitos que protegen la vida y la integridad corporal, nos encontramos con un
tipo cuyo sujeto pasivo es la mujer y nos referimos al aborto ilícito 31 , la punición de
estas conductas es en extremo discutible, confluyendo argumentos, morales, éticos,
religiosos y jurídicos y como han puesto de relieve las feministas y también los hombres
defensores de esta corriente, “el cuerpo de las mujeres, a diferencia del de los
varones, ha sido siempre un campo de conflicto y de discursos públicos, así como de
prácticas médicas, intervenciones pedagógicas, reglas disciplinarias, controles, 32 acertadamente
nuestro código concibió el aborto como constitutivo de delito cuando es
realizado sin cumplir determinadas condiciones exigidas por el Ministerio de Salud
Pública o con la concurrencia de otros elementos; pues la mujer que se encuentra en
estado de gestación y se le realiza el aborto, no es el sujeto activo, sino lo contrario,
el sujeto pasivo, es su vida y su salud la que se protege, no solo se palpa una gran
conquista de las mujeres, sino que se refuerza el sueño del movimiento feminista, el
correcto nexo entre libertad y cuerpo, en este supuesto el legislador cubano adoptó
una posición de avanzada y al menos en este extremo la ley dejó de ser androcéntrica.
El otro delito es el de asesinato, cuando específicamente la madre mata a su hijo
recién nacido, dentro de las setenta y dos horas posteriores al parto, al configurar
este tipo se concibió que para poderlo tipificar debía concurrir un supuesto específico
y es el referido “a ocultar el hecho de haberlo concebido”, 33 concurriendo estos
supuestos, se atenúa la pena de manera significativa, pues la señalada en los otros
31 El delito de aborto ilícito aparece regulado en los artículos 267, 268, 269,270 y271 del Código Penal.
32 L. Ferrajoli: Ob. cit., p. 120.
33 Artículo 264.2 del Código Penal.

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
casos es de 15 a 30 años de privación de libertad e incluso la de muerte 34 y para
estos es solo de 2 a 10 años de privación de libertad. Como se aprecia el sujeto activo
es específico, es solo una mujer con los demás requisitos mencionados, y como en
otras ocasiones nos cuestionamos ¿es justa esta decisión adoptada por el Código
Penal cubano?, dar respuesta a ello no puede significar tergiversar la perspectiva
de género, pues aunque la beneficiada es una mujer, el criterio adoptado no es el
correcto, es concebible que una mujer mate a su hijo o hija recién nacido, para ocultar
su embarazo, esa norma nos remite a una perspectiva donde la virtud de la mujer se
avala por permanecer “casta” y “pura” hasta que se case con un hombre, no es lo
que se percibe en el referente real de la sociedad cubana de la actualidad, las cubanas
han conseguido que se le valorize y se le reconozca por mucho más que ello y como
ya señalamos se ha logrado que se pueda disponer libremente de su cuerpo (salvo
los supuestos referidos supra) y de su sexualidad, ¿por qué debe matar para ocultar
un nacimiento que socialmente no se censura?, si cada vez son más las cubanas que
por propia voluntad se inclinan por una reproducción independiente y adoptan libremente
ser madres solteras, pero incluso hay mucho más, la educación sexual en
Cuba, cubre un amplio espectro de temas, entre los cuales se encuentra la utilización
de los métodos anticonceptivos, para evitar un embarazo no deseado al alcance de
toda la sociedad y en última instancia para los casos de quedar embarazada cuando
no es deseado el aborto es legal y gratuito, realizado por personal médico calificado
en instituciones de la red de salud en todo el país.
La disposición analizada, tampoco encuentra un fundamento sólido en la concepción
actual de la teoría del delito y en específico en un elemento, que incluso trasciende
las fronteras de ello para convertirse en un principio, en una importante coraza de
ius puniendi, nos referimos a la culpabilidad, que argumenta la responsabilidad por el
hecho, por lo que no debe tenerse en cuenta las características del sujeto activo y pasivo,
para agravar, ni atenuar la pena, donde se incluye el parentesco; es por lo que el
precepto analizado no encuentra respaldo jurídico, pero tampoco desde la perspectiva
de género y por demás no refleja el real referente de la Cuba del nuevo milenio.
El otro Título que tiene relación con el punto central es el referido al normal desarrollo
de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud y el cuestionamiento
inicial surge, al cuestionarnos sí realmente la mencionada intitulación se
corresponde con las expectativas del bien jurídico que intenta proteger. La problemática
no es únicamente cuestión de semántica, sino que indudablemente trasciende
al aspecto jurídico, pues de acuerdo al valor que se intenta proteger son las conductas
que deben aparecer reguladas en esta parte del código.
El Título XI “Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra
la familia, la infancia y la juventud” abarca bienes jurídicos, referidos a la familia y la
correcta socialización de la niñez y la juventud, pero específicamente en el primer
capítulo los delitos que se regulan son: Violación, Pederastia con Violencia, Abusos
34 Artículo 263 y 264.1 del Código Penal.
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Lascivos, Proxenetismo-Trata de Personas y Ultraje Sexual; llama entonces la atención
que existen acciones corporificadas como ilícito penal que guardan una relación
directa con la sexualidad y sin embargo no fueron consignadas específicamente en
este capítulo sino en los otros dos capítulos del título en cuestión, son estos los
delitos de Incesto que aparece regulado en el capítulo II “Delitos contra el normal
desarrollo de la familia” pues realmente la afectación que se produce es a la familia
y no a las relaciones sexuales en sí, 35 y el delito de Corrupción de Menores que protege
lo referente al desarrollo coherente de estos y sin embargo el legislador decidió
incorporarlo en el capítulo III “Delitos contra el normal desarrollo de la infancia y
la juventud”, y de esta forma aunque se refiere a la sexualidad va específicamente
contra un sector concreto de la población que requieren una protección especial.
El cuestionamiento en cuanto a la intitulación es solo en la parte que refiere “al normal
desarrollo de las relaciones sexuales”, teniendo en cuenta lo que jurídicamente
se protege. Retomando la denominación completa hay que tener en cuenta que se
incluye el término de “normal “, vocablo que conocedores e investigadores de la
sexualidad argumentan que ello no debe ser valorado dentro de este ámbito pues lo
que puede ser normal para una persona, no lo es para otra, y aunque jurídicamente
se fundamenta que el Derecho y específicamente el Derecho Penal se sustenta sobre
la base de un criterio medio a nivel social, no es lo que ha sucedido con tal denominación.
36 Por lo tanto desde el prisma técnico jurídico y desde una correcta visión
de género, que parte de concebir adecuadamente la sexualidad humana, sostenemos
que la denominación del Título, debió ser “Delitos contra la libertad e indemnidad
sexual, la familia y el desarrollo integral de los menores”.
No se puede únicamente referir libertad sexual, pues existen personas que carecen de
ella, o bien por la edad o por carencia de sus facultades mentales al ser portadores de
un trastorno mental, que lo incapacita para comprender el alcance de su actuación;
en lo referente al normal desarrollo de la infancia y la juventud, creemos conveniente
sustituirlo por el de desarrollo integral pues de esta forma es más abarcador y menos
35 Existen criterios cada vez más numerosos en Cuba a considerar la necesidad de despenalizar el
Incesto, pues aunque se refiere a la protección de la familia, por la posibles implicaciones genética,
psicológicas y sociales que pueda surgir por la procreación y nacimiento de un menor de una relación
incestuosa, se sostiene que penalizar esas relaciones no está en correspondencia con la mínima
intervención y el carácter de última ratio que tiene el Derecho Penal. Para mayor información véase a
Colectivo de Autores, Derecho Penal Especial, T-II, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002.
36 En cuanto a lo anterior aunque existe un criterio bastante generalizado que tiende equiparar
sexo y sexualidad, son términos diferentes, pues mientras la categoría sexo involucra la
diferenciación biológica entre el hombre y la mujer, de cómo está compuesto cada uno de
sus cuerpos, así como la actividad sexual explícita, o sea, el contacto genital; la sexualidad
por su parte es una categoría mucho más amplia, que implica una manera de comportarnos,
de sentir, de hacer y que tiene que ver con factores biológicos, psicológicos y sociales que
igualmente marcan la distinción entre sexualidad masculina y sexualidad femenina; por
tanto en vez de sexo debió referirse a sexualidad.

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
cuestionado en lo concerniente al término “normal”, de igual manera al incluirse el
sustantivo de menor, en sustitución de infancia y juventud, la primera es una denominación
que incluye ambos. 37
En el terreno de estos tipos penales, el legislador cubano no ha experimentado cambios
notables en la configuración de los delitos violación y la pederastia, solo pequeñas
pinceladas para atemperar los términos a un lenguaje más actual, o la exclusión o
inclusión de figuras agravadas, pero en esencia continúa el mismo estilo de finales
del siglo xix, tan distante no solo en el tiempo, sino y sobre todo en cuanto a los
cambios que en todos los sentidos han ocurrido y están ocurriendo en el mundo, y
específicamente en Cuba, lo que corrobora que en su configuración legal no se ha
tenido en cuenta el necesario enfoque de género.
Conforme a la perspectiva de género, en primer orden resalta la distinción que se
realiza entre el ataque sexual que puede sufrir un hombre, y el que puede estar dirigido
contra una mujer, diferenciación que responde a patrones históricos que desde
una concepción actual, no es aconsejable mantener.
Esta posición no tiene consenso entre las feministas, en que un sector de ellas estima
que dicha distinción debe mantenerse para marcar la diferencia; mientras que otro
de pensamiento más avanzado dentro de este movimiento social, y el que personalmente
compartimos, opinan que esa segregación no es prudente pues partiendo
del origen etimológico vinculado a la historia queda demostrado, que violación y
pederastia son vocablos que inicialmente fueron utilizados para marcar la agresión
sexual, en el primero de los casos de una mujer virgen, y en el segundo el término en
cuestión se vincula a la agresión sexual a niños, aspecto que tampoco se corresponde
a la realidad jurídica, ya que en la actualidad también se aplica a personas que ya han
dejado atrás esa edad; por tanto la primera dificultad que tiene nuestra legislación es
esa dicotomía violación-pederastia que indica que debían ser reunidos en un mismo
tipo penal.
Esta división va más allá de un criterio etimológico, pues llama la atención que si
bien es punible las relaciones sexuales con los requisitos establecidos en relaciones
heterosexuales contra la mujer, queda fuera una agresión sexual que tenga como
finalidad la realización de un acto homosexual femenino. En el caso cubano, será
solo punible un abuso lascivo cuando este tipo penal es solo eso, no lleva implícito
la realización de un acto sexual, sea heterosexual u homosexual.
37 Aunque existen autores, sobre todo españoles que cuestionan el término de menor por atribuirle un
carácter peyorativo, al establecer una diferenciación inadecuada, pues generalmente niños y niñas
es utilizada para aquellos que no presentan ningún tipo de problemática, sin embargo el de menor,
es para aquellos que se encuentran estigmatizado por algún aspecto jurídico o social, por ejemplo
“menores en conflicto con la ley penal”, distinción que no es válida para el referente cubano.
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Deja sin protección jurídica desde esta perspectiva la posible agresión a un hombre
por parte de una mujer. Este aspecto es ampliamente debatido más allá del mundo
jurídico, pues los fundamentos de por qué esa posible exclusión son aportados por
médicos, quienes argumentan que para que se produzca la erección del órgano genital
masculino, es necesario no solo la voluntariedad del hombre sino su aptitud física
y mental; sin embargo surge la interrogante de sí en la actualidad este argumento
sigue siendo irrebatible, pues el suministro de determinados medicamentos puede
traer una posible erección, elemento que puede ser utilizado para la realización de un
hecho delictivo de esta índole.
La regulación jurídico penal cubana, en la actualidad sigue la tendencia histórica
“acceso carnal con mujer” y “actos de pederastia activa”, no incluyendo por tanto
en estos tipos penales, la realización sexual mediante la introducción de determinados
objetos, que pueden incluir una gran variedad, como por ejemplo los llamados
consoladores, de ocurrir lo anterior la protección jurídico penal llegaría solamente
al Abuso Lascivo, que como referimos anteriormente es el tipo penal que queda
en los tocamientos sin otro fin, en igual sentido puede ocurrir que en una relación
entre hombres, cualquiera de estos puede ser el sujeto pasivo, y por tanto, víctima
del delito.
La distinción de estos dos tipos penales, exige requisitos diferentes, nótese que para
la violación se señala “usar el culpable fuerza o intimidación suficiente para lograr
su propósito”, por su parte la pederastia solo exige “empleando violencia o intimidación”,
una simple lectura nos lleva a cuestionarnos el por qué en el caso de la
violación se acompaña a la fuerza o intimidación de un plus, es decir que esta sea suficiente,
aspecto no exigido en la pederastia, por qué en la violación el hombre como
sujeto activo tiene que emplear una fuerza o intimidación mayor que en la pederastia,
es qué acaso con la exigencia “de suficiente”, el legislador patrio marca la necesidad
de una mayor de respuesta de las mujeres ante la agresión sexual, tal dicotomía lleva
inevitablemente a la argumentación de la presencia del patrón androcéntrico en
nuestra ley punitiva.
En la metodología seguida, incluimos lo concerniente a la intersexualidad, y abogamos
por respeto de esa condición, ello también unido a que en la actualidad, a nivel
mundial y en Cuba, ya se han reportado casos de personas que se han realizado
operaciones médico quirúrgicas para el cambio del sexo. Ante el Derecho, ambos
supuestos, marcan una nueva perspectiva no resuelta aún en nuestro país pues no
hay norma alguna al respecto, siendo una real laguna jurídica, y nos preguntamos,
¿dónde ubicar una agresión sexual a un intersexual o a un transexual?, todo ello
denota que el Código Penal vigente al establecer la distinción violación-pederastia y
fijar sujeto activo y sujeto pasivo específicos no permite abarcar los supuestos aquí
referidos. Es triste que el pensamiento avanzado que está presente en Cuba en el
tratamiento de estos temas no haya alcanzado a la ley penal.

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
En el Código Penal, se reitera el criterio biológico ya analizado en el Código de
Familia en lo relativo a la edad, pues en la violación se establece una figura agravada, 38
referida a que si es una menor de doce años el culpable es sancionado de quince a
treinta años de privación de libertad o muerte, pero si es mayor de doce y menor de
catorce años de edad la sanción es de siete a quince años de privación de libertad. 39
En el delito de pederastia con violencia no se establece tal demarcación pues se
podrá imponer la máxima pena siempre y cuando sea un menor de catorce años, 40
incluso en esta distinción realizada por la norma punitiva, produce una antinomia
pues si se esgrime el criterio biológico, explicado supra, por qué no se extendió hacia
otros tipos penales, para proyectar una única línea argumentativa, se palpa que el
legislador no lo tuvo en cuenta en los delito de Abusos Lascivos y de Corrupción de
Menores, donde se establece una única edad para niñas y niños. Se obvió la perspectiva
de género y se ancló el Código Penal en un criterio desacertado, en este caso para
desfavorecer más que a una mujer a una niña, que necesita igual protección jurídica
que los niños, contra las agresiones sexuales.
Paradójicamente se observa que las figuras agravadas de la violación en su mayoría
no son tenidas en cuenta por la pederastia 41 , es cuestionable tal decisión, desde la
perspectiva de género que defendemos, y nos cuestionamos el por qué de esta postura,
y la respuesta que consideramos pertinente es que el delito de pederastia implica
un acto homosexual masculino, el cual desde la perspectiva androcéntrica de la sociedad
y la ley, no admite la “debilidad” del hombre, aunque sea como sucede en el
caso de esta conducta que el sujeto pasivo es una víctima, tan lastimado y agraviado
como puede ser una mujer a la que se agreda sexualmente, en tal sentido incluso
nuestro Tribunal Supremo se ha tenido que manifestar: “la masculinidad de nuestra
nación se ha construido con el discurso androcéntrico, que destaca a los hombres
por su heterosexualidad y virilidad, excluyendo y rechazando a aquellos que no cumplan
estos requisitos, es decir, a los homosexuales y travestis. La homofobia es una
38 El artículo 298.4 establece “en igual sanción que la prevista en el apartado anterior incurre, el que
tenga acceso carnal con menor de 12 años de edad, aunque no concurran las circunstancias previstas
en los apartados que anteceden. Algunos autores valoran que lo anterior no es una figura agravada,
sino un tipo penal independiente.
39 El apartado. 2 del artículo 298 del Código Penal establece en su apartado c) si la víctima es mayor de
12 y menor de 14 años, fijando como sanción la de 7 a 15 años de Privación de Libertad.
40 El apartado 2, inciso a) del artículo 299 del Código Penal establece que: “si la víctima es un menor
de 14 años de edad, la sanción es de 15 a 30 años o muerte.
41 La figura agravada de la Pederastia con Violencia, regulada en el artículo 299.2 del Código Penal, solo
recoge los siguientes aspectos: “si la víctima es un menor de 14 años de edad, si como consecuencia
del hecho resultan lesiones o enfermedad graves y si el hecho se ejecuta por una persona que con
anterioridad ha sido ejecutoriamente sancionada por el mismo delito. Sin embargo la Violación en
los apartados 2) y 3) del artículo 298 del Código Penal, incluye las siguientes: si el hecho se ejecuta
con el concurso de dos o más personas, si el culpable para facilitar la ejecución del hecho, se presenta
vistiendo uniforme militar o aparentando ser funcionario público, si el hecho se ejecuta por
una persona que con anterioridad ha sido ejecutoriamente sancionada por el mismo delito, si como
consecuencia del hecho, resultan lesiones o enfermedad graves, si el culpable conoce que es portador
de una enfermedad de trasmisión sexual.
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actitud vigente aún en la sociedad cubana y al igual que el machismo está arraigada
a patrones culturales y aún cuando se ha luchado y se continúa luchando contra
las expresiones de aquel, esta misma sociedad se ha mantenido intransigente con
respecto a los propios hombres: no se han cambiado los valores de la masculinidad
hegemónica”. 42
La Violación y la Pederastia con Violencia, son los delitos en los que los criminólogos
argumentan que existe una mayor cifra negra, lo cual obedece a varios motivos, entre
los cuales se destaca la doble victimización que sufren indiscutiblemente las personas
que han sido el sujeto pasivo de estas acciones, no es suficiente el daño psíquico
y físico que provocan acciones de esta índole, sino también que se ven marcados por
el proceso de revictimización que tiene lugar cuando la justicia penal se hace cargo
del caso y cuestiona a la propia víctima por su participación en el conflicto. Junto a
ello se argumenta sobre todo por las feministas y en sentido general por los defensores
del género a las presiones que sobre las víctimas de estos delitos generalmente
se les hace socialmente; quién no ha escuchado frases, inclusive por personas de alto
nivel cultural y profesional y entre estos juristas, como estas: “ellas es la culpable por
ponerse esa ropa”; “ella es una desvergonzada y ahora lo acusa, pero anteriormente
se acostaba con él”, “por qué le aceptó la invitación”, “ella siempre serán unas zorras
que después quieren tornarse en una puritana”, etcétera. En estos casos históricamente
siempre ha existido una justificación, ya sea la ropa, la conducta anterior o la
condición social, pero en definitiva y lo fundamental, es una mujer y retomamos lo
que ya mencionamos el cuerpo de la mujer y su sexualidad pueden ser cuestionado
públicamente, hasta para poder sostener tales argumentos.
Felizmente, en reiteradas sentencias de nuestro superior Tribunal, encontramos criterios
ajustados que desechan tales posiciones “el delito de Violación se integra,
cuando se tiene acceso carnal con una mujer, sea por vía normal o contra natura, si
usa el culpable fuerza o intimidación suficiente para conseguir su propósito; se trata
de un delito que atenta contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales”, que
en realidad se produce con dramática mayor frecuencia de lo que nos anuncian las
estadísticas, aunque para una concepción machista, desgraciadamente tan arraigada
en algunos estratos de nuestras condiciones sociales, resulta difícil entender que una
mujer tenga derecho y pueda ser amiga, compartir y hasta llegar a ciertas intimidades
con un hombre sin que desee realizar el coito con él mismo, quizás porque no esté
en disposición física y mental para ese acto, o porque el macho no ha sabido ganarse
esa gracia, virtud o entrega suprema, y que la dama tiene igual derecho a decidir si lo
hace o no, que el hombre; incluso, hay hombres que se creen con el derecho de ejercer,
lo que vulgarmente se denomina “una cañona”, ignorando que las concepciones
modernas de nuestro derecho penal y las propias necesidades del desarrollo social y
las libertades de la vida moderna, protegen la libertad sexual tanto del hombre como
de la mujer, hasta dentro de una propia unión consensual; y que el hombre que sabe
42 Sentencia No. 2406 de fecha 10 de julio del 2006. Sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular.

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
serlo en realidad, busca llegar a ese sublime acto como producto de una entrega total,
sincera y espontánea, ajeno a cualquier acción violenta de la cual quede algún tipo de
secuela, ya sea física o psíquica, como en el caso de autos, que de haberse ejecutado
de la manera que aduce el recurrente, evidentemente ni se hubieran constatado las
pruebas de la existencia de dicho delito, ni se hubiese, casi seguramente efectuado
la denuncia, como no se formuló en las ocasiones anteriores en que se produjeron
relaciones admitidas por las que hoy es víctima, razones que determinan la desestimación
del motivo, acaparado en el ordinal tercero del recurso de fondo. 43
Un iter diferente a los anteriores, ha seguido la actual regulación del delito de Proxenetismo,
en su redacción desde el punto de vista del género es correcta. Históricamente
este tipo se reguló en el Código Penal de 1870 y más adelante en el Código
de Defensa Social, desapareciendo de ella a partir de la década de los años 60, pues
al ser aprobada la Ley No. 993 de diciembre de 1961 dejó de constituir un hecho
delictivo para corporificar un índice de peligrosidad, posición que mantiene la Ley
21 de Febrero de 1979 y posteriormente la Ley 62 de 1987, como fue aprobada
inicialmente.
La convulsa década de los noventa significó un cambio en la dinámica de la sociedad
cubana, que entre otros fenómenos de carácter negativo hizo resurgir la prostitución,
y aparejada a ella la otra cara de la moneda, su complemento, el que induce o
propicia tal actividad, es por ello que mediante la modificación del Decreto-Ley 150
de 1995 se regula nuevamente el Proxenetismo. Debe elogiarse la denominación del
legislador cubano que si bien continuó utilizando Proxenetismo, sustituyó el de Trata
de blancas por el de Trata de personas. De esta manera no solo eliminó el racismo
tan evidente en ello, sino que lo hace de manera general, pues este tráfico puede ser
tanto de hombres como de mujeres, lo que denota que realmente se siguió una correcta
posición por parte del legislador.
Se destaca la correcta formulación de este delito desde la concepción del género, sin
embargo lo que sucede en la realidad es totalmente diferente. Para que exista este
tipo de conducta es requisito sine qua non la prostitución, y por tanto desde el punto
de vista de la percepción social, como de la comprensión jurídica en la actualidad
en Cuba, este elemento sigue la trayectoria de su concepción tradicional: prostituta
es la mujer, proxeneta (chulo, gigoló) es el hombre, perspectiva incorrecta pues el
segundo también puede ser prostituto y la primera proxeneta.
Tomando referencia de investigaciones anteriores relativas al tratamiento legislativo
que se la ha brindado a la prostitución en nuestro país y su análisis desde una perspectiva
de género, 44 se demuestra que a partir del año 2005 a una sola persona del sexo
masculino se le ha dado tratamiento como prostituto e incluso el acta de sentencia
por el que fue asegurado, no se atreve a utilizar el término de prostitución, sino que
43 Sentencia No. 382 de fecha 30 de Enero del 2007. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.
44 C. Aleaga Tamayo: Tesis en opción de título de especialista en Derecho Penal “La Prostitución desde
una perspectiva de género”, Universidad de Oriente, 2006.
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describe su conducta sin aludir a dicho calificativo, coincidiendo en esta persona su
condición de homosexual, produciéndose por tanto la distorsión de confundir homosexualidad
con prostitución.
Respecto al delito de Ultraje sexual, en el año 1997 fue sustituido el tradicional tipo
penal de Escándalo Público por este término. La configuración legal anterior incluía
desde un punto de vista discriminatorio la tipificación como delito de esta índole
cuando se hiciera públicamente su condición de homosexual, cuando importunara
a otro con requerimientos homosexuales, lo que marcaba no solo una concepción
desacertada en cuanto al género, sino un irrespeto al camino sexual de cualquier
persona.
La nueva regulación es un ejemplo de una correcta implementación del enfoque
de género, pues atinadamente en el apartado a) se reguló sancionar al que acose a
otro con requerimientos sexuales, quedando incluido tanto el acoso para relaciones
homosexuales, como heterosexuales; tanto de un hombre como de una mujer. Solo
es criticable la redacción del apartado b) cuya configuración es demasiada ambigua,
pues no queda claro el objeto de la acción y remite a la moral y buenas costumbres,
constituyendo prácticamente al juez en creador de derecho, pudiendo traer consigo
esto sentencias desacertadas, como las dictadas por el Tribunal Supremo Español
por las que sancionó la publicación de fotografías de tres actrices, una con escote
ancho y largo que permitía ver gran parte del seno, otra con escasísimo sostén y otra
desnuda de medio cuerpo para arriba y tapada con los brazos, que enjuició como
descaradas por ofender a la moral y a las buenas costumbres en la medida media; y
la de fotografías de una actriz en posiciones sugerentes y provocativas y la de fotografía
de una joven en bikini, las que juzgó igualmente como infracciones graves, la
primera por exponer con toda crudeza el acto sexual, y la segunda por manifestar
un intento de persuasión de una joven esposa hacia el adulterio, definiendo luego
mediante resolución judicial que contrario a la moral era “todo lo que propenda al
triunfo de las pasiones corporales sobre el espíritu, a la ofuscación de la inteligencia
por la sensualidad”. 45
ley de seguridad social
La ley 105 fue puesta en vigor en al año 2008 y en uno de sus Por Cuantos señala
la necesidad de atemperar la regulación de Seguridad Social de acuerdo a la realidad
cubana, que en los últimos tiempos muestra altos índice de envejecimiento, por lo
que se hace aconsejable la modificación en las edades establecidas para la jubilación,
siguiendo los criterios de su predecesora dispuso edades diferentes para los hombres
45 Véase referencias realizadas por Francisco. J Bastida: “Jueces y Franquismo. El pensamiento político
del Tribunal Supremo en la Dictadura”, sobre las Sentencias de casación No. 37 de fecha 4 de Diciembre
del 1969 y No. 58 de fecha 26 de febrero de 1970 dictadas por el mencionado tribunal.

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
y mujeres de tal manera que para tener derecho a la pensión se requiere entre otros
requisitos, para los trabajadores y trabajadoras comprendidos en la Categoría I, tener
las mujeres 60 años o más de edad y los hombres 65 años o más de edad; y el caso
de la Categoría II, tener las mujeres 55 años o más de edad y los hombres 60 años
o más de edad 46 .
La regulación marca un beneficio para la mujer trabajadora al establecer un límite
de edad menor, para poder acogerse a la pensión ordinaria, tal disposición encuentra
como fundamento social las agotadoras dobles jornadas que asumen la mayor
parte de las féminas, al tener que cumplir con exigencia su contenido en su puesto
laboral y al concluir este retornar a la vida doméstica, para dedicarse al trabajo no
remunerado, pero no por ello menos importante, que significan las tareas hogareñas
y sobre todo el cuidado de sus hijos e hijas en lo fundamental los menores de edad;
surge entonces la interrogante ¿todas las mujeres tienen esa doble jornada? ¿todas las
mujeres han procreado o cuidados a hijos e hijas? e incluso, más allá ¿no existen en
la Cuba de hoy hombres que han tenido que asumir tareas en el hogar, que además
son los que han quedado por disímiles causas, como encargados exclusivos de sus
hijas e hijos?; el referente real muestra que la respuestas ante tales preguntas son en
sentido afirmativo y entonces inevitablemente surge un nuevo justo ¿partiendo del
principio de igualdad, es justa esta regulación?
Desde la antigüedad se concibió la igualdad, como tratar iguales a los que lo son
iguales y diferentes a los que son diferentes, por ello la distinción para lograr el adecuado
equilibrio en esta regulación, no es la de distinguir entre hombres y mujeres,
sino diferenciar los roles sociales asumidos, por tanto la edad para la jubilación se
fijará de acuerdo a tal perspectiva. En esta legislación se encuentran otros preceptos
que siguen igual línea que el precepto reseñado, así se establecen requisitos diferentes
para obtener la pensión por parte de la viuda y el viudo e incluso a la viuda trabajadora
se le otorga el derecho de simultanear el cobro de la pensión con el salario
que percibe, 47 derecho que no se le extiende al viudo. La construcción legislativa que
proponemos es aquella, que no solo reformule las normas que tradicionalmente han
favorecido a los hombres, por su sola condición de ser hombre, sino que incluya la
reformulación de las normas que tradicionalmente han favorecido a las mujeres, por
su sola condición de ser mujeres.
46 Artículo 22 de la Ley 105 de 2008.
47 Artículo 72 de la Ley 105 de 2008.
2

2
dra myrna méndez lópez, mSC. mayreliS eStrada ChaCón
decreto- ley 234 del 2003” de la Maternidad
de la Mujer trabajadora
Un hito trascendental en la deconstrucción de las normas que privilegian a hombres
o mujeres, por esa única condición, es la normativa referida a la maternidad de la
mujer trabajadora, la intitulación de la normativa parece indicar que se protegerá
únicamente a la fémina en el período pre y post natal, sin embargo, es todo lo contrario,
desde la justificación de dicha legislación se deja expresamente sentado, que su
finalidad es amparar a la familia como célula fundamental de la sociedad, pues esta
constituye el primer y natural escenario en el logro del desarrollo integral de los niños
y las niñas, razón por la que se le debe brindar especial protección y apoyo de la
madre y el padre que son trabajadores, a los efectos de lograr una adecuada atención
y cuidado de estos, con respectos a sus hijos e hijas menores de edad; suscribiendo
en otro de sus Por Cuantos que “ las experiencias adquiridas y los estudios que se
realizan referidos a la maternidad, la paternidad y el cuidado de los hijos e hijas,
aconsejan introducir algunas modificaciones y adiciones a la legislación vigente para
extender estos derechos y que sean objeto de una más amplia protección, acorde con
los principios de nuestra sociedad socialista y con los actuales criterios científicos”,
lo que demuestra que el legislador cubano de manera legal estableció no solo una
maternidad responsable, que es lo tradicional, sino que de manera acertada amplió
su horizonte para incluir también, la paternidad responsable.
Sobre la base de los argumentos citados esta legislación establece la posibilidad de
que el padre trabajador pueda acogerse a una licencia de paternidad “Una vez concluida
la licencia postnatal, así como la etapa de lactancia materna que debe garantizarse
para propiciar el mejor desarrollo de niños y niñas, la madre y el padre pueden
decidir cuál de ellos cuidará al hijo o hija, la forma en que se distribuirán dicha responsabilidad
hasta el primer año de vida y quién devengará la prestación social….” 48 ,
necesariamente esta norma transita por la inevitable senda de su aplicación real y en
este sentido los pasos muestran una tímida aceptación, pues desde el 2003 solo 96
hombres en todo el país la han solicitado y una gran parte lo había hecho, porque no
le quedaba otra opción (muerte o enfermedad de la madre) 49 ; lo que corrobora que
aún queda una larga senda por transitar, un cambio legislativo no se traduce en eliminar
los grandes e históricos obstáculos que ha colocado el patriarcado en el logro
de la verdadera igualdad de hombres y mujeres.
48 Artículo 16 del Decreto-Ley No. 234 de 2003.
49 Dato obtenido de Leyva Anneris: “Mujeres, cuentas de poder por saldar”, en Periódico Gramma, 9 de
marzo de 2012, p.3

La perspectiva de género en la legislación: una construcción (im) posible
conclusión
Hacer posible lo que parece imposible, implica refundar un Derecho que no sea androcéntrico
y en eso confiamos no solo las cubanas, sino también los cubanos, pues
no queremos tampoco un Derecho que solo favorezca a las mujeres por esa única
condición, sino uno que se proyecte hacia horizontes cada vez más justos y equitativos,
en su día M. Luther King lanzó al mundo su proclama “yo tengo un sueño”,
nosotras también lo tenemos no es imposible, sino todo lo contrario y confiamos
que la construcción legislativa desde la perspectiva de género es totalmente posible.
2

270
la eFectiVidad de los derecHos
constitUcionales a la lUZ
de la ParticiPación PolÍtica Y PÚblica
de la MUJer en coloMbia, del PaPel
a la PrÁctica: caso de la eX senadora
Piedad esneda córdoba rUÍZ
introducción
anGela M. ruBio
katherine CordoBa
MsC. liliana aMBuila
Colombia
La presente ponencia, es el resultado de una investigación teórica enmarcada en el
paradigma de la escuela crítica del derecho, asumiendo que la ciencia jurídica es un
instrumento empleado para legitimar prácticas dominantes o impuestas por el poder
pero también lo es para lograr el reconocimiento de los derechos de poblaciones
oprimidas.
En ese hilo de argumentación, tenemos para decir que una de las razones que motivó
la presente investigación fue la de revisar la aplicación del Derecho en el ordenamiento
jurídico colombiano con la intención de determinar si es una herramienta
utilizada para discriminar a la mujer en razón a su condición y de ser así, cuáles son
esas expresiones en la legislación colombiana.
De esta manera, se tomó como punto de partida el análisis de un caso concreto,
el caso judicial desarrollado ante la instancia Disciplinaria colombiana (Procuraduría
General de la Nación) respecto de la Senadora de la República Piedad Esneda
Córdoba Ruíz, a quien, como se expondrá en la presente ponencia, se le vulneran
principalmente sus derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad y no
discriminación, a pesar de ser una mujer de reconocimiento nacional e internacional,
por su cargo político y las importantes gestiones humanitarias por ella desarrolladas
en Colombia.

La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política...
¿Quién es Piedad esneda córdoba ruíz?
Es una mujer Afrodescendiente nacida el 25 de Enero de 1954 en el municipio de
Medellin (Antioquia) hija de un hombre sociólogo y una mujer profesora. Tuvo
nueve hermanos y en la actualidad es madre de cuatro hijos. Se gradúo en 1978
como Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde su juventud se afilió
al Partido Liberal y desde ese momento hasta la actualidad hace parte de la corriente
de izquierda de ese partido político. Desempeñó el cargo de Secretaria General de
la Alcaldía de Medellín y también Diputada a la Asamblea Departamental por Antioquía.
Desde 1992 llegó al Congreso de Colombia como Representante a la Cámara por
Antioquía y desde 1994 hasta el año 2010 fungió como Senadora de la República.
Dentro de sus iniciativas legislativas figuran la ley de igualdad de cuotas 1 en la administración
pública para las mujeres, la representación política de los afrodescendientes
en el Congreso, el matrimonio homosexual y la defensa de los recursos y
riquezas naturales en el país, (por este último accionar en 1999 fue secuestrada por
las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC 2 – para ser posteriormente liberada,
teniendo que exiliarse en Canadá con sus cuatro hijos).
Tiempo después, habiendo regresado a Colombia, en el año 2004 presenta un importante
debate sobre el paramilitarismo en Colombia, el cual abre el camino para que
más de 60 Congresistas de Colombia sean investigados, judicializados y condenados
por sus lazos con dichos miembros. Lo que conoce con el nombre de parapolítica.
En el año 2007 fue designada por el Presidente de Colombia de la época Álvaro
Uribe Veléz, y por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez como mediadora ante
la Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, para
la búsqueda de un acuerdo humanitario y la liberación de los secuestrados, situación
que fue abruptamente interrumpida por los pronunciamientos y acciones del
1 Mecanismo legal utilizado por la mayoría de países del mundo para influir en el cambio de mentalidades
y en las resistencias culturales frente a las mujeres, para lograr que los hombres compartan el
poder y para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus más elementales derechos y la representación
de sus intereses. La Ley de Cuotas se da en el marco de las denominadas medidas, acciones o discriminación
positiva, que buscan compensar las consecuencias derivadas de la discriminación histórica a
que ha sido sometido un grupo social, a través de la jurisprudencia, acciones legales, económicas y
políticas, para permitirle el ejercicio pleno de la ciudadanía. La Ley de cuotas pretende reglamentar y
garantizar la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del
poder público. En otras palabras garantizar su inclusión en la participación política.
2 Se denomina así a los grupos armados de derecha que en Colombia, en la década de los setenta,
se crearon con el fin de combatir a los grupos armados ilegales de extrema izquierda denominada
guerrillas. Los grupos paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia AUC-AUCC, actuaron
con la connivencia de militares en diversas regiones del país, causando además graves violaciones a
derechos humanos. Wikipedia.
2 1

2 2
angela m. rubio
Gobierno de la época y por la campaña mediática desatada. No obstante, la Senadora
Piedad Córdoba dejó sentadas las bases para una labor humanitaria que ha hecho
que más de una decena de militares y policías retenidos por las FARC hayan sido
liberados por su gestión.
En la actualidad Piedad Córdoba es la líder de colombianas y colombianos por la
Paz, organización que lucha por la solución política al conflicto social armado que
vive Colombia. Así mismo es una activista de derechos humanos cuyo objetivo es
lograr que se haga Justicia en su caso y se le restablezcan sus derechos para dar continuidad
a sus aspiraciones políticas.
También se encuentra junto a otras mujeres del mundo, como la nieta de Emiliano
Zapata, las Madres de la Plaza de mayo en Argentina, Xiomara Castro de Zelaya y
Rigoberta Menchú, trabajando en una misión que busca crear condiciones para la
humanización y trato digno a los presos políticos en Colombia.
Primera parte: del proceso en particular
¿Por qué se inició la investigación?
El 13 de Noviembre del año 2008, se da inicio a la apertura de la indagación preliminar 3
en razón a queja oficiosa del Despacho del Procurador General de la Nación 4 , por
los siguientes presuntos hechos:
3 Hace referencia a la etapa procesal donde se verifica la ocurrencia de la conducta, se determina si es
constitutiva de falta, el sujeto disciplinable o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de
la responsabilidad. En esta etapa se determina si los hechos que motivan son violatorios y constituyen
en la realización de una falta disciplinaria según lo contemplado en el código único disciplinario
la ley 734 de 2002.
4 Es el máximo representante de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de
la Nación, es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Su principal función es velar
por el cumplimiento de las funciones impuestas por la constitución y la ley a los servidores públicos.
Aunque la procuraduría se encarga de realizar la función preventiva que consiste en tratar en “prevenir
antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que
pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión
en la gestión de las entidades estatales, también la función de intervención. En su calidad de sujeto
procesal la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa,
Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil,
ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades
administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla
de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra
trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales y
la función disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar

La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política...
1. A raíz de los medios electrónicos incautados en la operación “Fénix” 5 , el 1 de
Marzo de 2008, llevada a cabo por el Ejército colombiano en conjunto con
la Armada y la Policía Nacional, el Despacho del Procurador General de la
Nación, en cabeza de Alejandro Ordoñez, tuvo conocimiento por medios de
comunicación, de la supuesta existencia de documentos que presuntamente involucraban
a la ex-Senadora con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), grupo armado al margen de la ley. Así pues la mencionada,
aparentemente habría incurrido en falta gravísima disciplinaria contenida en el
numeral 12 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, es decir “fomentar
o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al
margen de la ley, o promoverlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos
o colaborar con ellos…”, y en la falta gravísima del mismo articulado, contenida
en el numeral 1, por la presunta realización típica de la conducta descrita en el
artículo 455 de la Ley Penal Colombiana, referida a “El que realice actos que
tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo
o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o
a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a
quinientos cuarenta (540) meses.”
2. Así, la Procuraduría afirmó que la Señora Piedad Córdoba aparentemente colaboró
y promovió a las FARC, a partir de las siguientes presunciones:
• “Instó a las FARC para que éste fuera hostil contra los miembros de partidos
políticos y de más servidores públicos”.
• “Haber acordado con las FARC apoyar a un nuevo gobierno, con la ayuda de
gobiernos de otros países”.
• “Haber emitido consejos a las FARC, relacionados con no enviar videos de
personas retenidas en poder del grupo insurgente, a cambio de grabaciones
de voz de los mismos, como una mejor estrategia de las FARC”.
• “Haber dado informaciones a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados
con la liberación de los secuestrados, entre ellos posibles donaciones de
gobiernos extranjeros para departamentos colombianos”.
y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y
contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado, de conformidad
con lo establecido en el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002.
5 Operativo militar realizado el 1 de marzo de 2008 por la Fuerza Aérea de Colombia, personal de la
policial Nacional y del Ejército Nacional de Colombia, en una zona selvática denominada Angostura
en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos,
el cual estuvo encaminado a contrarrestar las actividades del grupo armado las FARC. Durante la
operación se casuó la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el segundo comandante en rango del
grupo armado, Édgar Devia alias “Raúl Reyes”. Es importante resaltar que este operativo desató una
crisis diplomática regional por la violación por parte del Estado colombiano de la soberanía territorial
ecuatoriana y por la presunta presencia ilegal de las FARC en el país del Ecuador.
2 3

2
angela m. rubio
• “Haber dado instrucciones a las FARC respecto de su estrategia a seguir,
distintas a las que tenían que ver con la liberación de los secuestrados”.
• “Haber dado instrucciones y haber solicitado a las FARC que se suministraran
pruebas de vida de los secuestrados en poder de las FARC, con el fin de favorecer
a gobiernos de otros países”.
• “Haber efectuado declaraciones en diferentes actos públicos y ejercer actos
de promoción, con el fin de favorecer los intereses del grupo de las FARC”.
En síntesis, adujo la Procuraduría que existía una presunta, activa y permanente participación,
y la estrecha compenetración de la Senadora con las FARC, con miras a
una supuesta colaboración.
Así mismo, presumió que la Senadora realizó conductas tendientes a desacreditar
las instituciones gubernamentales, e incitó supuestamente a la rebelión y subversión,
con lo que posiblemente se constituiría en apología a las FARC.
De esta manera se procede a estudiar y analizar lo dicho en cada presunción realizada
por la Procuraduría General de la Nación. 6
¿Qué se dijo?
La valoración probatoria realizada en la investigación parte del análisis de los documentos
que se hallaron en unos computadores portátiles, discos duros y memorias
extraíbles que fueron incautados dentro de la operación denominada Fénix; y con
base en algunos pronunciamientos que la Senadora realizó en eventos públicos.
La Procuraduría utilizó un informe de policía judicial, suscrito y elaborado por el
señor Capitán Ronald Hayden Coy Ortiz miembro de la Dirección de Investigación
Criminal de la Policía Nacional de Colombia DIJIN. Dicho informe muestra
los resultados de la búsqueda de archivos en el espejo, una técnica que relacionó el
nombre de Piedad, Piedad Cordoba y Senadora con seudónimos como Teodora,
Dorotea, La negra, La negrita y Teodora de Bolívar.
Es así como relacionan las cartas y supuestos correos electrónicos, los cuales se encontraban
en archivos Word, indicando que en las mismas la Senadora se encontraba
como remitente, receptora o mencionada ya fuera con su nombre o con los seudónimos
que la búsqueda relacionó con ella. Es decir, que también los documentos en
6 Sentencia proferida por el Procurador General de la Nación, con fecha 27 de septiembre
de 2010, disciplinado(a) Piedad Esneda Córdoba Ruíz. Sentencia identificada con IUS
2008-305318; IUC: D-2010 -139 82630.

La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política...
los que apareció con seudónimos sirvieron de prueba para presumir que se trataba
de la Senadora Piedad 7 .
Como resultado de ese hallazgo se planteó o se tuvo como probados que la Senadora
Piedad Córdoba tenía vínculos con el grupo armado al margen de la ley FARC y que
realizó actos de colaboración y promoción de este grupo armado, actos de confianza,
manifestación de consejos sobre cómo llevar a cabo el tema de las entregas de pruebas de
sobrevivencia de los secuestrados, actos de favorecimiento a otros gobiernos, entre otros.
También la Procuraduría hizo uso de otros elementos, tales como un acto público en
el que la Senadora participó y respecto del cual la procuraduría indica que esta “hizo un
llamado a la rebeldía, reclamándolo como derecho”. El segundo fue un acto público
en donde, indicó la Procuraduría “reiteró declaraciones invitando a que las Naciones
de Latinoamérica rompieran las relaciones con el Gobierno Colombiano” 8 y el tercero
referente a un Congreso de Estudiantes Universitarios en donde en palabras de la Procuraduría
“[la Senadora] invitó a los asistentes a la subversión y a la rebelión y afirmó
que las instituciones avasallan al pueblo y no protegían la vida, honra y bienes de los
ciudadanos”, los cuales tuvieron ocurrencia antes del año 2007 y posterior al año 2008
fechas que inicialmente no eran las de los hechos objeto de investigación 9 .
Con ello la Procuraduría dio como probado la colaboración y promoción del grupo
ilegal denominado Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC.
¿Qué decidió?
De lo expuesto es fácil anticiparse a lo que la Procuraduría General de la Nación en
cabeza del señor Alejandro Ordóñez Maldonado decidió:
Declarar disciplinariamente responsable a la Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruíz del
primero de los cargos formulados es decir, por haber colaborado y promovido presuntamente
al grupo ilegal e insurgente de las FARC. 10
Como consecuencia de ello, la Procuraduría decidió sancionar disciplinariamente a
la Senadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz con destitución e inhabilidad general por
el término de 18 años. 11
7 Sentencia proferida por el Procurador General de la Nación, con fecha 27 de Septiembre de 2010,
disciplinado (a) Piedad Esneda Córdoba Ruíz. Sentencia identificada con IUS 2008-305318; IUC:
D-2010 -139 82630 p. 19 párr.2 sentencia procuraduría: 2010
8 Ibídem, p. 74.
9
Ibídem, p. 75.
10
Ibídem, p. 138.
11
Ibídem, p. 74.
2

2
segunda parte: normas constitucionales
vulneradas
debido Proceso
angela m. rubio
El debido proceso es un derecho fundamental que se encuentra establecido en nuestra
Constitución Política en el artículo 29 pero también tenemos que es un Derecho
Humano con respaldo internacional estatuido en diferentes instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos.
Este derecho es definido en términos de la Procuraduría General de la Nación como
“un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para
exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías
sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actúe con
independencia e imparcialidad, y sin tener en cuenta consideraciones distintas a las
previstas en la ley”. 12 Es preciso indicar que este derecho se encuentra materializado
en las diferentes garantías judiciales las cuales llevan a obtener el resultado justo,
equitativo e imparcial dentro de un proceso.
Por su parte la Constitución Política de Colombia lo define en los siguientes términos:
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 13
12 Manual de Orientación sobre el debido proceso de la Procuraduría General de la Nación.
13 Constitución Política de Colombia, Artículo 29 tomado de buscador Google.

La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política...
“El carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho
vínculo con el principio de legalidad al que deben ajustarse no sólo las autoridades
judiciales sino también en adelante, las administrativas, en la definición de los derechos
de los individuos” 14
En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre se encuentra en el
artículo 26; en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14;
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 15 .
Así mismo es importante mencionar que la Observación no.13 del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas al respecto indicó: “La finalidad de todas
estas disposiciones es garantizar la adecuada administración de justicia y a tal efecto,
afirmar una serie de derechos individuales como la igualdad ante los tribunales y
cortes de justicia y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”. “Estos
artículos crean una obligación positiva o “de hacer” en los Estados Partes, más
que una obligación de no intervenir en el ejercicio de los derechos de los individuos
con base en esta obligación positiva”. “Los Estados Partes deben establecer y mantener
la infraestructura institucional necesaria para una adecuada administración de
Justicia, así como promulgar e implementar una legislación que garantice que los
procedimientos establecidos sean, en sí mismos, justos y equitativos. La finalidad de
los artículos anteriores es asegurar que se haga Justicia por medio del cumplimiento
de una serie de garantías procesales”.
Así mismo, es importante indicar que por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en relación al derecho al debido proceso, garantías procesales y el
ejercicio de la defensa de los particulares ha establecido, que las garantías previstas
en el proceso penal –contempladas en el párrafo 2 del artículo 8º– “son igualmente
aplicables al procedimiento administrativo, en tanto éste implica, como aquél, una
expresión del poder sancionador del Estado; que los derechos estatuidos en favor
del inculpado en el ámbito penal deben ser atraídos, igualmente, a otros órdenes del
procedimiento, en cuanto resulte aplicable a éstos, etcétera“. 16
Lo anterior, indica que los principios aplicables a la garantía del derecho al debido
proceso como lo es el derecho a la doble instancia, la igualdad ante Cortes y Tribunales,
y la garantía de imparcialidad entre otros deberán ser aplicados no solo en
los procesos penales sino en todos aquellos cuyo objetivo sea el de sancionar a la
persona investigada.
14 Sentencia de la Corte Constitucional no. de radicado T-290 de 1998, Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
15 Convención americana sobre Derechos Humanos, Garantías Judiciales y Principio de legalidad y
retroactividad artículos 8 y 9.
16 Sentencia sobre el debido proceso ante la administración del Estado Corte Interamericana de Derechos
Humanos del 19 de septiembre de 2006
2

2
angela m. rubio
En este hilo de argumentación, es preciso indicar que un aspecto fundamental cuando
hablamos sobre el derecho al debido proceso comprende no sólo la observancia
de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites
administrativos, sino también el respeto a las formalidades propias de cada juicio,
que se encuentran contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses
en litigio, y las calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver.
Así las cosas, para el caso que nos convoca, consideramos que a la ex Senadora
Piedad Córdoba se le vulneró su derecho al debido proceso no solo porque no se
cumplió con la acreditación del cumplimiento de un tecnicismo propio referente a
la recolección de la prueba bajo el supuesto de una cadena de custodia, teniendo
en cuenta la existencia de un Tratado Bilateral sobre Cooperación entre el País en
donde ocurrieron los hechos (Ecuador) y Colombia, sino porque existen a la fecha
fallos o sentencias penales en relación a otras personas los cuales se iniciaron con los
mismos elementos materiales probatorios con los que se inició y dio trámite al proceso
disciplinario de la ex Senadora Piedad Córdoba, en los que se decidió absolver
por considerarse ilegalmente recolectados los elementos probatorios y a la fecha su
caso sigue con la decisión en firme.
En relación a la cadena de custodia, la aplicación de la misma, es responsabilidad de
los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios
y evidencia física. Puesto que con el derecho al debido proceso ocupa lugar
destacado dentro del marco constitucional, a su vez es tomado como aquella ruta del
proceso penal, es por eso que de este se deriva la gran importancia sobre el aspecto
probatorio que hace referencia a la investigación penal; para realizar una debida aplicación
y crear la verdadera garantía frente al acceso a una justicia oportuna y eficaz
con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido proceso
y las garantías constitucionales.
La Corte Suprema de Justicia 17 , Sala de Casación Penal, dentro del Proceso no.
35173, Magistrada Ponente: María Del Rosario González de Lemos, mediante auto
17 Es la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria en la República de Colombia, es fundamentalmente
una sala de casación que mediante sus decisiones unifica la jurisprudencia nacional y
decide de forma definitiva los litigios de los cuales tiene conocimiento, actúa como tribunal de casación
o conciliación. Sus funciones se reducen a la de juzgar al presidente de la República o a quien
haga sus veces y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal general de la Nación,
por cualquier hecho punible que se les impute, investigar y juzgar a los miembros del Congreso,
juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador
General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante
el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos,
al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o consular,
a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza
Pública, por los hechos punibles que se les imputen y Conocer de todos los negocios contenciosos
de los Agentes Diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por
el derecho internacional.

La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política...
del 9 de marzo de 2011, se pronuncia sobre si los defectos en cadena de custodia es
un asunto de legalidad o de valoración, inclinándose por la primera de las opciones,
apartándose de lo expresado en las decisiones en los radicados 25920, del 21 de febrero
de 2007, 30598 del 19 de febrero de 2009 y Radicación 31898 el 5 de agosto
de 2009, pero reiterando la postura adoptada en los procesos 29416 del 23 de abril
de 2008 y 33691 del 14 de abril de 2010.
Para el caso que nos convoca, la cadena debía comenzar desde el momento en que se
encontraron las pruebas, sobre las cuales el Estado Ecuatoriano debía estar presente
con el fin de que no se modificaran los elementos que sirvieron luego de prueba. Es
necesario advertir que el Estado Colombiano no atendió el procedimiento internacional
a seguir cubriendo, desde ese instante, de invalidez a los elementos materiales
probatorios recaudados.
Respecto al material probatorio que se utilizó para iniciar la investigación en contra
de la ex Senadora, mencionamos que se iniciaron y llevaron a cabo otras investigaciones.
Pues bien, una de ellas fue la del Señor Wilson Borja también congresista y
Representante a la Cámara. Caso que fue conocido por la Corte Suprema de Justicia
quien manifestó en sentencia del 18 de Mayo de 2011:
De esos sucesos se sigue que las fuerzas armadas colombianas, dentro del marco de
la “operación Fénix” ejercieron poderes de policía judicial que no tenía, registrando
lugares y recogiendo elementos materiales de conocimiento que luego ingresaron al
país, dejando unos reductos de evidencias, lo que significó desatención a la cooperación
judicial, pasando por alto que las pruebas provenientes del exterior no son ajenas al
principio de legalidad y con él al de un “debido proceso”.
Igual determinación hizo la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior ante el Distrito
Judicial del Bogotá en el caso del señor Carlos Lozano a quien también se le
absolvió de cargos penales al considerarse que los elementos materiales no podrían
servir de prueba.
Frente a este último caso, también dijo la Fiscalía:
De esta laya, se encuentra definido la Delegada el tema abordado por la Corte Suprema
de Justicia es idéntico en cuanto a su trasfondo con el asunto sometido al
análisis de la Segunda Instancia puesto que declara nulas las pruebas colectadas en la
“Operación Fenix” ejecutada el 1 de Marzo de 2008 sin distingo alguno en cuanto a
la calidad, cantidad o naturaleza de los elementos encontrados en la escena, lo cual
significa que los documentos encontrados en el mencionado operativo y que sirvieron
de sustento para colegir una probable vinculación o militancia del señor Lozano Guillén
con grupos irregulares, necesariamente corren similar suerte a la impartida por el
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en un asunto con acriminado diferente
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angela m. rubio
pero con supuesto probatorio uniprocedente, siento por tanto su hermenéutica de
obligatorio acatamiento para los jueces y fiiscales so pena de, en caso de pretemisión
“asistematizar” la función unificadora de la Corte como Tribunal de Casación. 18
Así mismo, en ambos casos (Carlos Lozano y Wilson Borja) de manera reiterada se
expresa que tanto la Corte como la Fiscalía desechan el material probatorio por no
haberse probado que los documentos y cartas escritos en archivos Word ingresaron
o salieron de cuentas electrónicas, ni siquiera de las de los investigados.
De la misma manera consideramos que es vulnerado el derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el proceso disciplinario que fue adelantado en contra de la
ex Senadora Piedad Córdoba, carece de doble instancia, pues contra el solo procede
el recurso de reposición, el cual es revisado por el mismo funcionario que profirió la
decisión en primera instancia.
derecho a la igualdad
Se debe iniciar resaltando que la operación militar a que hace referencia el Despacho
del Procurador, se llevó a cabo en territorio ecuatoriano sin conocimiento, y
mucho menos autorización alguna por parte del país vecino para proceder. Lo que
evidentemente ocasiona una grave arbitrariedad por parte del Estado colombiano
en su integridad, al sobrepasar injustificadamente los parámetros establecidos en
normas y convenios internacionales suscritos y ratificados por él mismo con respecto
a Ecuador, desentendiéndose de lo previsto en la Constitución colombiana,
en el artículo 9°, acerca de la soberanía nacional, donde se menciona que se “respeta la
autodeterminación de los pueblos”. Situación tal que vislumbra un criticado proceder
por parte de Colombia, ya que en ningún caso está facultada para intervenir en
jurisdicción ecuatoriana ejerciendo funciones que se consideran propias del Estado
invadido, es decir que la intervención militar, el recaudo y custodia de elementos
que aportasen en el operativo deberían llevarse o por la milicia del vecino país o con
conocimiento, asistencia y cooperación del mismo, siempre y cuando se sigan los
lineamientos legales previamente estipulados. Llevando de esta manera, si Ecuador
así lo hubiese decidido, la respectiva cadena de custodia de los elementos varios encontrados
en el campamento invadido. Ahora bien, esto nunca sucedió, pues como
ya se dijo, el Estado colombiano fue arbitrario, llevando de esta manera a determinar
que lo sucedido y recaudado fue ilegal, en razón a que en ningún momento se contó
con las consideraciones del Estado vecino, vulnerando de esta manera el “Convenio
de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República de
Colombia y la República de Ecuador”, la “Convención Interamericana de Asistencia
18 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado: 29.877 con fecha 18 de
mayo de 2011, (Caso Wilson Alfonso Borja Díaz), p. 19.

La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política...
Mutua en Materia Penal” y el “Protocolo facultativo Relativo a la Convención Interamericana
sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”, entre otras normas y convenios
como la Resolución 1267 de 1999 aprobada por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, donde se obliga a Colombia a cumplir con las disposiciones
internacionales ratificadas constitucionalmente.
En segundo lugar, se tiene por consideración oficiosa del Despacho del Procurador
que tales materiales electrónicos presuntamente involucrarían a la honorable ex
Senadora con el grupo armado, situación debatida puesto que como se ha dicho, los
elementos recolectados no se consideran legales y por ende no proceden válida y
legítimamente como prueba en su contra.
Al respecto, se han referido diferentes estamentos para corroborarlo:
• La Corte Constitucional ha dicho que la administración de justicia debe estar
acorde con la verdad real, la realización de la justicia material y el orden justo. Y ha
resaltado, en sentencia C-187 de 1999 que en el ejercicio de los Estados debe
imperar el “respeto a los principios de derecho internacional sobre soberanía,
integridad territorial y no intervención y sujeción a las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas sobre la materia”.
• La Corte Suprema de Justicia, En el Acta 171 de 18 de mayo de 2011, en proceso
no. 29877, donde se profirió auto inhibitorio a favor del ex Congresista de
Colombia, el Doctor Wilson Alfonso Borja Díaz, investigado por presuntos
vínculos con las FARC, por los mismos elementos encontrados a raíz de los
hechos del 1 de marzo de 2008, en la operación ¨Fénix¨, donde se menciona al
ex Representante a la Cámara de Bogotá, manifestó que es la Constitución la
que especifica que el Estado colombiano tendrá imperio y manejo solo sobre
su propia jurisdicción, por lo que no podrá ejercer poder alguno si se está en
territorio ajeno, pues el Estado invadido cuenta con su propia legislación e
independencia, por lo que no podrá Colombia exceder sus límites territoriales
y ejercer campantemente sus funciones dentro del otro territorio, y mucho
menos desconocer de ninguna manera el bloque de constitucionalidad existente;
y si bien existe la posibilidad de llevarse a cabo la práctica de pruebas
en otro país, deberá hacerse según lo dispuesto como “Debido proceso”, y a
partir de aquello podrá entonces validarse y tomarse como medio de prueba
lícitamente justificada para proceder a una imputación penal, de lo contrario,
no existiría garantía judicial y tal como la Constitución lo ha dicho, se aplicará
“la cláusula de exclusión, tomándose las pruebas como nulas de pleno derecho”.
Dentro de la misma Acta, se menciona el informe de vital importancia tanto en el
proceso en mención como dentro de la investigación en contra de la ex-Senadora
Piedad Córdoba, hecho por el Mayor Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, Comandante
del “Grupo Blancos de Alto Valor”, de Operaciones Especiales, “que los documentos
electrónicos hallados en los ordenadores de Raúl Reyes fueron recogidos
por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que
hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, des-
2 1

2 2
angela m. rubio
atendiendo frontalmente el debido proceso que gobierna la producción de pruebas en
el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de
policía judicial”.
Además, es la misma Corte Suprema de Justicia, que aclara que “los que han llamado
correos electrónicos de Raúl Reyes, en realidad se desconoce si lo fueron, pues no se
hallaron en un navegador o en red de transmisión de datos, si no en formato Word,
en archivos estáticos que no ligan a un origen con un destino, remotos. Quienes recogieron
esos documentos, los copiaron y clasificaron, no informan haber ingresado
al correo electrónico presuntamente utilizado por Raúl Reyes, ni a ningún otro, por
lo mismo tampoco visualizaron carpetas de entrada y salida con mensajes recibidos
y remitidos. Se desconoce si esos documentos viajaron en la red”.
Concluye así esta corporación que para los elementos ilegales e ilegítimamente encontrados
y recaudados, como anteriormente se explicó, se aplicará la cláusula de
exclusión y como prueba “No es admitida en el mundo jurídico para sustentar ningún
propósito procesal”.
• Por su parte, la Fiscalía 27, delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, el 29 de julio de 2011, en proceso adelantado contra Carlos
Arturo Lozano Guillen, a raíz de los 323 archivos encontrados con su nombre
en los elementos de Word recaudados en la misma “Operación Fénix”, donde
se lo sindica de vínculos con las FARC, se profirió confirmar la preclusión de
la investigación de la resolución proferida el 23 de julio de 2009 por la Fiscalía
19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados. La motivación
para tal fallo se sustentó en que se generó una duda razonable conforme
a la manipulación de los funcionarios de policía judicial de los documentos de
Word encontrados en el campamento invadido, pues se desconoce si aquella
manipulación pudo generar algún tipo de cambio en la textura original de
los documentos, por lo que no existe plena seguridad que asegure que no se
alteraron, y no se corrobora que los presuntos mensajes allí aparentemente
encontrados hayan sido remitidos o a personas o instituciones o arribaron
como mensajes de datos por reenvío, pues aquí se encontró entre tantos, un
documento donde el destinatario era el ex Presidente Uribe.
Respecto a Lozano, en los elementos recaudados se encontraron documentos a su
nombre. Es importante traer a colación lo sucedido en relación a los hechos fácticos
que se determinaron a favor del ex Congresista Borja y del mencionado señor Carlos
Lozano, ya que se aduce que para efectos del proceso llevado en contra de la ex Senadora,
no se tuvieron en cuenta en lo absoluto, pues hay que precisar que el fallo en
contra la Doctora Piedad se profirió exclusivamente conforme a los elementos mal
recaudados en la mencionada operación militar, los que presuntamente arrojaron
resultados que aparentemente involucran a la mencionada con el grupo armado; se
relacionan documentos que como se estableció, son los mismos utilizados en ambos
procesos y no cuentan con la connotación del debido proceso, por lo que han sido

La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política...
excluidos de toda investigación, donde, además se afirman como correos electrónicos
que jamás existieron, tal y como lo corroboran los funcionarios.
Al referirse a los documentos que aparentemente relacionan a la ex-Senadora con las
FARC, es menester realizar la anotación que si bien ya se estipuló que se excluirán
como referencia probatoria, el Despacho del Procurador, en un afán por resolver las
preguntas que le surgían por la supuesta existencia de los alias aparentemente encontrados
tales como Teodora, Dorotea, La negra, La negrita, Jose Maria y Teodora
de Bolívar, sugirió como afirmación a partir de premisas hipotéticas, que se logró
“dilucidar e inferir” –palabras utilizadas dentro del fallo– sin argumento realmente
soportado que se referían a la misma persona que estaba siendo investigada.
Aduce además, que existen documentos con remitentes y destinatarios, siendo que
como ya la Corte Suprema de Justicia resaltó, no existe referencia alguna que determinados
archivos de Word hayan sido objeto de envío por medio de navegador
desde y hacia alguna cuenta de correo electrónico. Así, lo asegura también, el Capitán
Ronald Hayden Coy Ortiz, miembro de la DIJIN que participó en las diligencias de
la operación “Fénix”, quien dice desconocer quién elaboró el informe preliminar
del operativo, aunque es su mismo Coronel Jaime Vega quien asegura que tal informe
lleva la firma del capitán; y quien jamás encontró correos electrónicos en los
computadores de Raúl Reyes, si no que solo “presume” que lo eran por el simple
contexto del documento en Word. Tales documentos son inválidos, por concepto
ya mencionado.
Así pues, es de considerar que los preceptos adoptados por la Corte Suprema de
Justicia en la mencionada Acta a favor del Doctor Wilson Borja, evidencian en el
proceso de la ex Senadora, que se vulnera claramente el Derecho Fundamental que
le asiste de la Igualdad, contemplado en el Artículo 13 de La Constitución Política de
Colombia, que reza “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (...) El Estado promoverá
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados…”
Ya que, a la ex Senadora, a pesar de alegar la ilegalidad de los elementos recaudados
en la operación “Fénix”, los mismos que fueron invalidados en el proceso en contra
de Wilson Borja, y que no contaron con la cadena de custodia pertinente que pudiera
asegurar que los documentos no serían manipulados a conveniencia de quien desease
afectar los derechos de la involucrada, no se le tuvo consideración alguna respecto
de su defensa plenamente válida y corroborada por la Corte Suprema de Justicia,
conforme también a lo estipulado en la Constitución Política de Colombia. Pues
aún poniendo en conocimiento la reclamación por la vulneración de sus derechos,
y en primacía el del Debido Proceso, se profirió fallo en su contra resaltando que lo
alegado en su momento fue lo que para el ex Congresista Borja le bastó para que a
su favor se profiriera auto inhibitorio.
2 3

2
angela m. rubio
En segundo término y con relación a lo sucedido con el señor Carlos Lozano, habiendo
sido militante del partido comunista, se precisa que a diferencia de aquel,
jamás se hizo una referencia clara y corroborada en nombre de la ex Senadora en los
documentos ilegalmente incautados, de ser presunta destinataria o remitente de algún
correo electrónico, primero, porque aquellos jamás existieron y segundo porque
para que se tengan en cuenta como mensaje de datos deberá entenderse la integridad
del mensaje, a partir de lo estipulado en la Ley 527 de 1999, artículo 9, por lo que no
se puede lograr determinar tal integridad y legalidad ya que al no existir cadena de
custodia, el material incautado está expuesto a manipulaciones y por ende posibles
cambios, así que no podrá ser tomado como prueba en el proceso, al no determinar
si permanecieron o no completos o fueron alterados de algún modo, por lo que no
constituyen un criterio de valoración probatoria conforme a lo determinado en el
artículo 11 de la misma Ley.
Aquí, una vez más, frente a la vulneración del debido proceso y por supuesto del
derecho a la Igualdad respecto del fallo contra la ex Senadora, pues es claro el articulado
constitucional cuando estipula que se debe dar un trato igualitario por parte
de las autoridades, recibiendo protección y garantía de los derechos que se asisten a
la persona. Se entiende tal derecho como el trato entre iguales. Así pues, es claro que
las situaciones que en su momento afrontaron los mencionados procesados, guardan
un gran porcentaje de similitudes en todos los ámbitos, por lo que se espera, que el
Procurador General, como encargado de prever y garantizar los derechos, más aún
fundamentales de los ciudadanos, sea quien intervenga a este respecto para hacer
efectivo el Derecho a la Igualdad, pero al contrario de lo que se creía como lógico, se
obtuvo un fallo confirmado en respuesta del recurso de reposición interpuesto por
la parte disciplinada, llevado por el afán de incriminar a quien posee características
de desagrado del Despacho del Procurador. Con lo que una vez más se corrobora la
vulneración del mencionado derecho, ya que, como en él se estipula no deben existir
tratos desiguales a razón del “sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica”. Por lo que hay que resaltar, nada más que con ánimo
ilustrativo, no solo la piel morena de la ex Senadora, quien además posee una tendencia
política diferente y completamente apartada de quien ejerce las veces de Procurador
General de la Nación, conocido entre otros, por los reiterados pronunciamientos
retrógrados y machistas en contra de la homosexualidad o el aborto, tendientes a
resaltar el ámbito eclesiástico del catolicismo (con alta admiración y devoción a San
Ezequiel Moreno quien promulga entre otras que el “liberalismo es Pecado”) mas
no a realizar lo que a él le compete, es decir, la garantía y protección de los derechos
como veedor de aquellos respecto de los ciudadanos, a lo cual se sugiere la evidente
discriminación a razón, además del género en contra de quien fue objeto de señalamiento
y exclusión de garantías fundamentales, de su raza y su ideología.
Finalmente, se da por entendido que los dos hechos restantes por los cuales se investigó
y juzgó a la ex Senadora Piedad Córdoba Ruiz, no habrían tenido surgimiento
de haberse desechado los elementos mal recaudados y considerarlos como ilegales,
inválidos e ilegítimos para acogerse como prueba en el proceso. Puesto que como

La efectividad de los derechos constitucionales a la luz de la participación política...
se vio, se involucra en una presunta relación con las FARC como resultado de una
apresurada e ilegal investigación que vulnera plenamente los derechos fundamentales
de la disciplinada. Por lo que las hipótesis que aparentan demostrar con respecto
al segundo hecho, se remiten como sustento probatorio a los mismos elementos que
fueron desvirtuados en distintos procesos con distintos involucrados pero a partir
del mismo hecho referente al operativo militar que vulneró las disposiciones nacionales,
constitucionales e internacionales preexistentes a la ocurrencia de la invasión a
territorio ecuatoriano. Consecutivamente y con respecto al tercer hecho, no se puede
hablar de actos que pretendan desacreditar las instituciones gubernamentales nada
más que por la simple promulgación pública de su ideología política, pues el mismo
Estado mediante el artículo 20 constitucional, establece el Derecho Fundamental
donde “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar
medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social.
Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
conclusiones
Es claro que a pesar de los avances generados en cuanto a la positivización de los
derechos fundamentales y humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional,
a la fecha, existen desafíos para lograr el cabal cumplimiento y garantía de los
mismos.
Esos desafíos incluyen, el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres,
lo cual nos permita y asegure incluso plena participación política.
En el caso presente, no solo fue afectado el derecho fundamental y humano al debido
proceso de una mujer que ejercía un importante cargo político de amplio reconocimiento
nacional e internacional, sino que se le dio un trato discriminatorio,
al Estado darle un trato desigual respecto de una situación similar. Esto es, al haber
absuelto a otras personas de los cargos e investigaciones iniciadas en su contra con
el material probatorio incautado en una operación militar, mismo material que en
cambio se utilizó para hacer sancionar disciplinariamente y destituir de su cargo a la
ex Senadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
Ante lo expuesto, como investigadoras en temas de género, es preciso indicar que
cuando el derecho es utilizado como herramienta para dominar, excluir, discriminar
y desconocer los derechos de las mujeres, no nos queda cosa distinta desde el activismo,
la investigación, y litigio estratégico, utilizar la misma herramienta (el derecho)
para cambiar las prácticas discriminatorias y lograr la inclusión de la mujer desde el
deber ser del derecho.
2

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¿leY de cUotas, FenóMeno
de discriMinación o de ParticiPación
FeMenina eFectiVa?
introducción
katherine pérez herrera
laura luCia Guio dueñas
Jhon Jairo lópez silva
Colombia
Setenta y cinco años de incansable lucha intelectual ha tenido que librar la mujer para
incursionar en la vida civil, política y laboral de una manera activa demostrando día
a día su capacidad cognitiva y los avances a paso agigantado en cada una de las áreas
del conocimiento.
Es así como en la primera parte del siglo xx se hicieron perceptibles los primeros
visos de igualdad de género en el campo laboral cuando en 1936 las mujeres logran
acceder a cargos públicos pudiendo así ser parte de la administración pública. Luego,
en 1954 tras una destacada labor en el poder público, se trató un tema álgido de la
sociedad como lo era otorgar el derecho al voto a la mujer el cual fue concedido por
medio del acto legislativo numero 3 de este año facultándola a elegir y ser elegida
y por ende le otorgó mayor poder decisorio en la administración de la cual ya era
parte.
En 1959, en medio de un clima tirante sobre el desempeño de las mujeres en la administración
pública, la ley 8 de la misma vigencia ratificó los derechos políticos de la
mujer para darle paso a una época muerta legislativamente en este tema, donde transurridos
41 años, entró en vigencia la polémica Ley 581 del 2000 “Ley de cuotas” la
cual exigió un mínimo de participación en los cargos decisorios de la administración
para así garantizar la equidad de género, y además abrió la discusión sobre si esta es
un fenómeno de discriminación o de participación femenina efectiva? .

¿Ley de Cuotas, fenómeno de discriminación o de participación femenina efectiva?
contexto histórico
Para efectos de conocimiento citaremos antecedentes legislativos de los derechos
políticos y constitucionales que han adquirido las mujeres Colombianas en estos 75
años de lucha.
• Decreto 227 de 1933 Derecho a la Educación Superior.
• Decreto 1864 de 1933 Derecho a Ingresar al Bachillerato.
• Reforma del 36: por medio del acto legislativo no 1 del 5 de agosto en su
artículo 8 que otorgó derecho a desempeñar cargos públicos a la mujer. Alfonso
López Pumarejo.
• Reforma del 45: les otorgó la calidad de ciudadana, sin derecho a votar.
• Acto Legislativo no. 3-25 agosto 1954 Asamblea Nacional Constituyente
otorga derecho al voto. Rojas Pinilla.
• Plebiscito del 1 diciembre de 1957 confirmó el derecho al voto.
• Decreto 2820 del 74 que reglamentó la ley 24 del 74, estatuto igualdad jurídica
de los sexos.
• Decreto 1262-97 Convenio 100 Igualdad de Remuneración.
• Ley 581 de 2000 Ley de Cuotas.
• Ley 823 del 10 de julio de 2003 Igualdad de oportunidades para las mujeres.
Qué es la ley de cuotas
Esta Ley crea los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos
constitucionales le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que
tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público,
incluida las entidades como lo son: las Gobernaciones, las Alcaldías, las Superintendencias,
los Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del
Estado que también forman parte de la rama ejecutiva, y además promuevan esa
participación en las instancias de decisión de la sociedad civil. 1
1 Ley 581 del 2000: Ley de Cuotas.
2

2
tesis y desarrollo
Nuestra tesis la desarrollaremos a partir del siguiente punto:
katherine pérez herrera
“30 %: Artículo 4: Participacion efectiva de la mujer. La participación adecuada de la
mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley, se
hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:
a) Mínimo el treinta por ciento (30 %) de los cargos de máximo nivel decisorio, de
que trata el artículo 2, serán desempeñados por mujeres;
b) Mínimo el treinta por ciento (30 %) de los cargos de otros niveles decisorios, de
que trata el artículo 3, serán desempeñados por mujeres.
Parágrafo. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de
mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de 30 días en el ejercicio
del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta” 2 , ¿de
conformidad con el régimen disciplinario vigente favorece o desfavorece?, o ¿simplemente
es una manifestación más de discriminación? ¿La ley solo nos habla de un
mínimo de participación del 30 %?
A continuación nos dedicaremos a desarrollar diferentes puntos que son necesarios
para la explicación de nuestra Tesis y también nos sirve para entender la aplicación
de la ley de cuotas en la realidad colombiana.
• Demostrar que la Ley de Cuotas garantiza un mínimo de participación femenina
en el poder decisorio de la administracion pública:En la realidad se ha
demostrado que esta es una Ley meramente formal, ya que la realidad evidencia
otra cosa totalmente diferente pues como se puede ver en las estadísticas en
Colombia las Mujeres no ocupan ni siquiera el 20 % de los cargos de niveles
decisorios, por lo tanto creemos que esta Ley no a cumplido a cabalidad su
cometido.
• Ley 581de 2000: Ley de Cuotas art. 4. Participacion efectiva de la mujer
• Dar un panorama del por qué la Ley de Cuotas garantiza la igualdad como
Derecho Constitucional: siendo la Igualdad un derecho plasmado en nuestra
Constitución la cual dice “que todos somos iguales ante la ley” 3 y es de obligatorio
cumplimiento por todos los ciudadanos, sabemos que no siempre
se lleva a cabo a lo largo de los años nos damos cuenta que tanto mujeres
afrodescendiente y minorías étnicas son discriminadas por diferentes motivos
y no participan activamente como o deberían de hacer, por ende la ley de
cuotas es una muestra de que formalmente tenemos una igualdad pero es solo
de papel, además de esto estamos buscando un ideal equivocado ya que no
somos iguales mujeres y hombres porque nuestra estructura física, psicológica
e intelectual es muy diferente no pretendamos buscar igualdad busquemos
mejor equidad con la cual todos podemos tener las misma oportunidades, la

¿Ley de Cuotas, fenómeno de discriminación o de participación femenina efectiva?
misma participación activa políticamente y estar todos en el mismo nivel si ser
discriminadas por tener una condición dada por la naturaleza es decir que la
ley de cuotas si nos garantiza una igualdad formal siendo el caso de que queramos
seguir con la venda en los ojos, pero si lo miramos en el plano material
no hay ninguna igualdad este concepto se queda como un simple ideal.
• Mostrar que por medio de esta Ley se garantizó el Derecho al Trabajo
de la población femenina: con esta Ley se logró que se tuviera en cuenta
a las mujeres para desempeñar cargos directivos ya que antes de esta
ley eran cargos considerados netamente masculinos pues, se ha tenido
una creencia equivocada de que las mujeres no pueden tomar decisiones
importantes que afecten el destino de empresas o entidades pues
como las mujeres todo lo manejan con el “corazón”, sus decisiones
siempre estarían influenciadas por sentimientos, minimizando la capacidad
cognitiva y racional de la mujer para tomar decisiones, a partir de
esta se le dio la oportunidad a la mujeres de demostrar sus capacidades
pues dicha ley avala un mínimo de participación garantizando así el
derecho al trabajo.
• Constitución política de Colombia de 1991 Art. 13. Derecho a La Igualdad.
• Analizar las diferentes perspectivas desde donde puede ser interpretada
la ley: favorece exclusivamente a las mujeres independiente de que
cumplan o no con los requisitos exigidos para cada cargo; o garantiza
su participación en los cargos decisorios: la Ley es creada en busca de
la eliminación de la discriminación de la mujer y busca que su participación
sea efectiva, lo que se puede observar desde varios puntos de
vista. Podríamos interpretar que la Ley no busca mujeres capacitadas
si no que busca que simplemente cumplan con una condición que les
dio la naturaleza y es ser del género femenino, es decir que no importa
si las que van a ser parte de estas organizaciones están preparadas o
no; cosa que no debería ser así, si queremos cambiar parte de nuestra
cultura machista debemos querer hacerlo pero si esto para nosotros es
un tema aislado y lo único que buscamos es una estabilidad económica
no tiene ningún sentido que participemos en algo en lo que otra mujer
con distintos pensamientos sí podría estar desarrollando de mejor manera
y en busca de un bien común, esto no quiere decir que discriminemos
mujeres por no tener la oportunidad de capacitarse si no por el contrario
que busquemos la manera de capacitarlas para que su participación
en estos cargos sí marque la diferencia. La ley, por decirlo así, en el
papel es muy bonita pero aplicada en un país como Colombia se ve
desdibujada en nuestro día a día ya que por cuestiones de política y
de poder se aplica como mejor convenga y no como se debería, claro,
que si la vemos como un margen para que los hombres no nos excluyan
de organizaciones importantes, la podemos ver como un mecanismo
de defensa de nuestros derecho, pero eso sería seguir sosteniendo
que nuestros sistema es discriminatorio y nuestra sociedad más ya que si
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2 0
katherine pérez herrera
necesitamos que se implemente una ley para poder participar es porque
nuestra conciencia como sociedad no ha evolucionado lo suficiente
para que cumplamos este tipo de cosas voluntariamente.
• Encontrar la forma, para que la ley según la ideología del gobernante
de turno no se convierta en un techo al número de mujeres vinculadas
a la administración: Este punto es bastante importante porque se debe
encontrar una forma en que esta Ley no se convierta en una bandera
de los Partidos Políticos para encontrar más apoyo en el electorado,
tampoco se puede permitir que el gobernante de turno use esta Ley
para sus propósitos o para que solo por cumplirla se contrate al 30 %
que exige la Ley como el mínimo cuando hayan más mujeres con las
capacidades que se exigen para ese tipo de cargos, se deben encontrar
mecanismos para regular y evitar todo estosejemplos de inconvenientes.
estadísticas
Nos servirán para hacernos una idea actual acerca de la realidad de la Ley de Cuotas
en Colombia, ONGS, Entidades oficiales, analizan y revelan el cumplimiento de la
norma y si no se cumple qué factores influyen (tabla 1).
Tabla 1. Participación de la mujer en los niveles regional y local, 1998-2011 1
1998-2000 2001-2003 2004-2007 2008-2011
Gobernaciones 3,20 % 6,25 % 6,25 % 3,12 %
Asambleas
departamento
5,26 % 13,84 % 15,62 % 17,50 %
Alcaldías 5,20 % 7,30 % 7,60 % 9,94 %
Concejos
municipales
10,32 % 12,89 % 13,71 % 13,70 %
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
Procesado por: Alta Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer
Observatorio por Asuntos de Género.

¿Ley de Cuotas, fenómeno de discriminación o de participación femenina efectiva?
Participación Femenina en el congreso.
La participación femenina del Congreso de la República, se ha mantenido baja en los
últimos cuatro periodos, si bien es importante resaltar que el último período presenta
un aumento. En efecto, para el periodo 2010 – 2014, el porcentaje de mujeres en el
Senado aumentó cuatro puntos porcentuales con respecto a las elecciones pasadas,
con una composición femenina de 16%; la participación en la Cámara de Representantes,
registró un aumento de dos puntos porcentuales, ubicándose en el 12 %.
Tabla 2. COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,
1 – 2014 2
Periodo
1998 - 2002
Periodo
2002 - 2006
Periodo
2006 - 2010
Periodo
2010-2014
Senado 13 % 12 % 12 % 16 %
Cámara
de Representates
11 % 12 % 10 % 12 %
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
Procesado por: Alta Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer
Observatorio por Asuntos de Género.
desempeño de cargos públicos.
entidades del orden nacional 3
Seguimiento de la Ley de Cuotas–Ley 581 de 2000.
Frente a la participación femenina en el desempeño de cargos públicos en las entidades
del orden nacional, según información recopilada por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, se aprecia para el año 2010, que salvo la rama legislativa y
la rama judicial, el resto de entidades del orden nacional, dan cumplimiento a la cuota
mínima del 30 % de cargos ocupados por mujeres; siendo la rama ejecutiva (40 %) y la
Registraduría Nacional del Estado Civil (36 %) las que cuentan con un mayor porcentaje,
seguido de cerca por los Órganos de Vigilancia y Control (35 %).
Se debe anotar que, frente al año anterior, el año 2010 permanece estable en cuanto
a la participación femenina en casi todas las ramas y entes analizados (tabla 3 y 4)
2 1

2 2
katherine pérez herrera
Tabla 3. Participación femenina en el desempeño de cargos públicos entidades
del orden nacional
COMPARATI O 2006 – 2010
2006 2007 200 200 2010
Rama Ejecutiva 36 % 36 % 39 % 40 % 40 %
Rama Legislativa 23 % 28 % 30 % 25 % 25 %
Rama Judicial 20 % 24 % 26 % 23 % 26 %
Org. autónomos 29 % 31 % 33 % 32 % 32 %
Org. de Vigilancia y
44 % 40 % 42 % 36 % 35 %
control
Registraduría Nacional.
Estado Civil
38 % 37 % 37 % 35 % 36 %
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
Procesado por: Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer
Observatorio por Asuntos de Género.
Tabla 4. Mujeres Ministras. Rama ejecutiva, distribución
de la participación femenina, diciembre 2010
Total
de cargos
Cargos
ocupados
por mujeres
Porcentaje
Ministerios 13 4 31 %
Viceministerios
Consejerías/
24 7 29 %
Programas
Presidenciales
16 8 50 %
Fuente: Función Pública, Informe sobre la participación femenina en el desempeño
de cargos directivos en la administración pública, 2010.
Procesado por: Alta Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer
Observatorio por Asuntos de Género.
conclusiones
• Han tenido que pasar 75 años de lucha para que a las mujeres se les permitiera
incursionar de manera activa en todos los ámbitos, en especial en aquellos
considerados como espacios masculinos como lo son los cargos de niveles
decisorios.

¿Ley de Cuotas, fenómeno de discriminación o de participación femenina efectiva?
• Aunque han sido muchos los esfuerzos y la evolución de la sociedad
frente a la discriminación de la mujer, el Estado tuvo que intervenir
de manera diligente creando la Ley de Cuotas para garantizar una real
participación femenina.
• Si bien la Ley de Cuotas es creada para defender y garantizar ciertos
derechos constitucionales y fundamentales de la mujer se puede vislumbrar
que también coarta la posición del Estado frente a la libre decisión
para nombrar sus funcionarios, toda vez que el incumplimiento
de esta generaría en ellos una sanción que puede llegar a la destitución
del cargo que ejercen.
2 3

2 4
la discriMinación coMo caUsa
de Violencia contra la MUJer.
discriMinación de GÉnero
en las decisiones JUdiciales
introducción
aBG. María MerCedes patiño
aBG. MiriaM nora larrea
argentina
Resulta imperioso plantear este debate tan necesario para las relaciones sociales. Este
trabajo es una invitación a correr definitivamente los velos que impiden el verdadero
compromiso de hombres y mujeres para terminar con la discriminación de género.
Solo con una toma de conciencia grande por parte de todos los integrantes de la sociedad,
con una justicia que actúe rápida y efectivamente ante cada una de las causas
de violencia de género, y con un cambio en la mentalidad de hombres y mujeres, se
podrá cambiar este estado de situación, que nos hace estar siglos retrasados y más
cerca de la barbarie que de la civilización.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha verificado un patrón de inefectividad
judicial ante actos de violencia contra la mujer en América, que afecta
la judicialización de estos casos durante todas las etapas del procedimiento ante la
administración de justicia. Esta inefectividad judicial fomenta y perpetúa la impunidad
de la gran mayoría de los casos de violencia y promueve la tolerancia de este
fenómeno. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (1994), Belém do Pará, es la normativa internacional más
completa respecto de la violencia que tiene por víctima a la mujer. Esta Convención
y la Comisión Interamericana de derechos humanos han establecido pautas claras
y protocolos conforme a los cuales deben manejarse los integrantes de los poderes
judiciales de los distintos Países que han firmado estas convenciones internacionales,
en el caso de Argentina incorporados a la Constitución Nacional.

La discriminación como causa de violencia contra la mujer. Discriminación de género...
Sin embargo, en forma efectiva, son pocos los casos en que los funcionarios del
Poder Judicial, al menos en nuestra experiencia, aplican estos protocolos. Luego de
nuestra investigación hemos llegado a la conclusión que el Poder Judicial, que es el
que debe tomar las medidas necesarias a los fines de evitar la violencia y proteger a
las mujeres víctimas, no está preparado, salvo casos excepcionales, para hacer frente
a esta difícil situación. La actitud, podría decirse hasta de indiferencia, observada en
las investigaciones y decisiones judiciales, a partir de la conducta asumida por jueces
y fiscales que deben tomar cartas en el tema, y que parten de la errónea idea que las
cuestiones familiares y sentimentales, como la violencia doméstica, son asuntos reservados
al ámbito privado y familiar y por lo tanto excluida de los poderes públicos
y, en consecuencia, fuera de la esfera de protección de la ley. Sin embargo, el Estado
siempre ha intervenido en las cuestiones familiares a través de la regulación del
matrimonio y cuestiones conexas, por lo que se puede afirmar que la distinción entre
la esfera pública y privada es una estipulación ideológica que contribuye a mantener la
posición subordinada de las mujeres. La violencia en sus diferentes manifestaciones
es un tema que nos atraviesa a todas y a todos. Pero solo podemos enterarnos de la
violencia cuando invade el ámbito público mediante la crónica policial o cuando se
impone como espectáculo en los medios gráficos o televisivos.
Se parte de la vieja idea de que la mujer debe desarrollar su vida en el ámbito privado
y el hombre en el ámbito público. Desde esa perspectiva en consecuencia, lo que
ocurra puertas adentro del espacio hogareño, en principio, está fuera de un proceso
judicial donde puedan ventilarse ese tipo de cuestiones. Se niega o disimula una realidad
amenazante, incómoda, lo que dificulta el reconocimiento de ciertos comportamientos
violentos. Naturalizando la violencia se desmienten las experiencias de las
mujeres y se desvía la responsabilidad de los agresores. Las mujeres que se animan
a denunciar obtienen respuestas ineficientes y actitudes indiferentes que permiten la
perpetuación de la violencia contra ellas.
Es deber del Estado: 1) investigar los hechos de violencia de género con debida
diligencia en forma seria y exhaustiva; 2) conducir las investigaciones de manera
imparcial, libre de tendencias y con apego al principio de no discriminación; 3) conducir
las investigaciones respetando en forma adecuada los derechos de las víctimas,
evitando la victimización secundaria.
En Argentina existe fuerte incidencia de prácticas discriminatorias, tales como la
utilización de prejuicios y estereotipos de género, a pesar de que se encuentran
consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía
constitucional: el derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental, al
trabajo, a la educación, a la protección de la familia, y a garantizar tales derechos sin
discriminación alguna por motivos de sexo.
En el caso María Da PenhaFernandes, ocurrido en el Estado de Seará, Brasil: La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opinó que la ineficacia judicial
general y discriminatoria también da lugar a un clima propicio para la violencia doméstica,
ya que la sociedad no puede observar una buena disposición por parte del
2

2
abg. maría merCedeS patiño, abg. miriam nora larrea
Estado, como representante de la sociedad, para tomar medidas eficaces para sancionar
dichos actos.Como si conocer y actuar sobre la violencia fuera tan peligroso
como la violencia misma.Se descontextualiza a las personas violentadas considerándolas
singularidades aisladas que deben permanecer en el secreto y en el silencio.Pero no
olvidemos que en este proceso de secreto, silencio y desigualdad, los perdedores son
los débiles.
Las conductas que se desarrollan en la esfera privada, y que responden a manifestaciones
de relaciones asimétricas de poder, no pueden ser toleradas por el Estado.
En 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató la ausencia de
visión y de estrategia, para la prevención, sanción, investigación y reparación de los
actos de violencia y discriminación contra las mujeres, la ineficacia de los sistemas
judiciales para juzgar y sancionar a los perpetradores de violencia y discriminación,
la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, la ausencia de políticas
de protección para las escasas mujeres que reclaman, la victimización secundaria de
las mujeres que pueden reclamar. Las concepciones culturales no se cambian por
decreto, requieren estrategia.En muchos casos las mujeres son revictimizadas por
la intervención de los mismos funcionarios judiciales. La coordinadora del Área de
Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó que la
violencia, en la Argentina, “es uno de los principales problemas del área de Seguridad
y que todos tenemos la responsabilidad de ayudar, informar y dar información,
porque se pueden salvar vidas. En muchos casos, el silencio que rodea tanto a las
víctimas como a las familias de las mismas, son claves para no poder erradicar un
delito que se agrava con el correr del tiempo y que las circunstancias sociales, según
los especialistas, amenazan con empeorar aún más en el futuro cercano.
La perspectiva de género sería una clave de interpretación. El enfoque del tema
debe hacerse desde los derechos humanos, ya que consideramos que es el paradigma
adecuado para la protección y defensa de los derechos vulnerados por razones de
género de las mujeres y personas con identidades sexuales diversas. El fin de este
análisis no es otro que el de la ética: la felicidad humana.
la discriminación como causa de la violencia
contra la mujer
Actualmente la desigualdad de géneros es una problemática que los gobiernos y organismos
nacionales e internacionales tratan de erradicar, pero si bien es cierto que
han habido grandes avances en el tema, también es cierto que cada día surgen nuevos
sectores donde la desigualdad de género, de etnia y de clase social obstaculizan
el crecimiento económico y el desarrollo social y humano.

La discriminación como causa de violencia contra la mujer. Discriminación de género...
¿Por qué es importante que la sociedad y los gobiernos respeten y fomenten la equidad
de géneros?
Las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y
reproducción de discriminación en todos los ámbitos: trabajo, familia, política, salud,
estudios, etcétera. Una sociedad desigual repite la desigualdad en todas sus instituciones.
La discriminación se da en vastos segmentos sociales, pero en muchos de ellos se
hace más visible y los Estados, ponen mayor atención en erradicarla, por ejemplo
el racismo. Sin embargo, en relación a las mujeres, hay presunciones culturales con
gran arraigo sobre su debilidad física, su vulnerabilidad durante el embarazo o su
papel especial e insustituible en la familia, presunciones que fomentan la discriminación.
Esa visión tuitiva respecto de la mujer permite que en virtud de la necesidad de
cuidado, el hombre se erija en su protector, y llegue a intentar corregirla y/o educarla
a través de castigos físicos, psíquicos, y también en forma solapada mantenerla alejada
de lugares de poder, en virtud de esa malentendida “debilidad”.
En virtud de esa discriminación, podemos asegurar que si algo caracteriza a la violencia
de género es su ánimo disciplinador. No contra una mujer en particular, sino
contra todas aquellas que encarnen esa identidad del modo que sea. La expresión
más extrema de esta violencia es la que termina con la muerte. Pero para que una
muerte se produzca, para que una mujer muera cada 28 horas en Argentina víctima
de la jerarquía entre los géneros es necesario que todo un sistema cultural y político
avale esta jerarquía: a través de la educación de las niñas, a través de las imágenes
mediáticas que convierten a los cuerpos femeninos en objetos disponibles y decorativos,
a través del modo en que se domestican los cuerpos y las voluntades para que
cumplan con un deber ser tan ilusorio como cargado de sometimiento. La impunidad
del agresor naturaliza la cuestión de la violencia.
Para estas concepciones está plenamente justificado el proteger a las mujeres, aunque
esta protección encubra una verdadera discriminación. La causa de la violencia
es la discriminación, es la negación de la calidad de persona de la víctima.
Sin perjuicio de que la violencia contra la mujer atraviesa todas las clases sociales,
culturales y económicas, como fórmula para lograr la erradicación de la discriminación
es necesario que problemas como la pobreza, la falta de acceso a la educación, servicios
de salud y la falta de oportunidades de empleo y trabajo productivo, dejen de recaer
principalmente en las mujeres. Es también ineludible que se formulen y estructuren
los medios pertinentes para desarrollar las mismas capacidades, oportunidades y
seguridad reduciendo su vulnerabilidad, evitando la violencia y el conflicto, esto con
el fin de que tanto los hombres como las mujeres tengan la libertad y la capacidad de
elegir y decidir de manera estratégica y positiva sobre sus condiciones de vida.
La perspectiva de género utilizada tanto para la investigación como para el desarrollo
de políticas o programas permite: reconocer las relaciones asimétricas de poder que
se dan entre los géneros, siempre favorables a los varones como grupo social y discriminatorio
para las mujeres.
2

2
abg. maría merCedeS patiño, abg. miriam nora larrea
Como manifestación continua de la constante discriminación se mantiene y crece la
violencia de género, consecuencia directa de la estructura machista y la cultura patriarcal
que conservan las sociedades aún en pleno siglo xxi. “El reconocimiento de
los derechos de las mujeres sigue siendo una cuestión formal y no una realidad”.
La Ley argentina N. 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales” de 2009, reconoce que la violencia de género tiene sustento en el
marco de las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres, y considera
que cualquier trato discriminatorio que coloque a la mujer en desventaja constituye,
a su vez, un hecho de violencia indirecta contra las mujeres.
Sin embargo no deja de ser una declaración de derechos meramente declamatoria,
aún no se han visto resultados. En febrero de 2011 se creó la Comisión Nacional
Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género
(CONSAVIG), pero hasta la fecha no se han dado a conocer las sanciones que
corresponderían por violaciones a dicha ley. Una ley que no establece sanciones no
resulta efectiva.
Durante el año 2011, en Argentina, 174 menores perdieron a su madre por la violencia
machista, según el Observatorio Adriana Marisel Zambrano de La Casa del
Encuentro, única entidad no gubernamental que suministra datos estadísticos sobre
muertes de mujeres –femicidios– extraídos de las crónicas policiales. Conforme la
misma fuente, se mata a una mujer cada 28 horas y en el primer semestre de 2011
fueron asesinadas 151 mujeres y niñas, 26 mujeres más que en el mismo periodo del
año anterior, sumado a ello las muertes de familiares directos de las víctimas de violencia,
lo que se conoce como femicidios vinculados. Solo por nombrar dos casos: el
de Alexandra Micaela Alem, de 8 años, y Maximiliano Nicolás Alem, de 11 años, de
la localidad de 25 de Mayo, que fueron baleados por su padre mientras dormían el 30
de agosto, después de que su mamá, Estela Almirón, le comunicara al hombre que
se llevaría a los chicos del hogar que todos compartían. Los dos murieron. Su papá,
Oscar Alfredo Alem, se suicidó. Otro: el de Andrea Rodríguez de 12 años, Cinthya
Maldonado de 7, y Jorge Maldonado, de 4, que fueron degollados en su propia casa
por la pareja de su mamá, Pablo Luis Alfonso. Zunilda Maldonado le contó a la
Justicia que le iba a dar todas sus cosas “para que se vaya y no venga más. Me dijo
que quería hablar conmigo y yo le respondí que en la vereda. Entró y ahí comenzó el
ataque”. Maldonado ya había hecho denuncias contra Alfonso en la Comisaría de la
Mujer de Lomas del Mirador, en Corrientes, y había pedido custodia policial aterrada
por las amenazas, pero nunca logró que se la dieran.
A pesar de estar previsto en la ley no existe observatorio oficial de muertes por violencia
de género, por lo tanto se carece en el país de estadísticas oficiales.
Según cifras de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte
Suprema de Justicia, solo en septiembre de 2011, se registraron 708 casos de abuso;
lo que significa un incremento del 35 % respecto del mismo mes hace dos años.
En el 91 % de los casos se trata de violencia psicológica; el 67 %, física; el 31 % es
económica y el 13 %, sexual.

La discriminación como causa de violencia contra la mujer. Discriminación de género...
Mientras no se considere que la violencia sexista es un problema político, las mujeres
van a seguir muriendo y lo que queda afectado es todo un entramado social: sus
hijos, sus hijas, incluso los agresores.
discriminación de género en las decisiones
judiciales
Cuando una mujer se decide a denunciar los hechos de los que es víctima obtienen
respuestas ineficientes y actitudes indiferentes que permiten la perpetuación de la
violencia en su contra.
No debemos dejar de considerar el carácter de víctimas de los niños como testigos
directos de la violencia. Los hijos e hijas de mujeres asesinadas por sus parejas o ex
parejas son las víctimas más vulnerables, las más olvidadas y las menos visibles de la
violencia de género. Niños, niñas y adolescentes, que no pueden hacer otra cosa que
soportar la violencia, finalmente se encuentran con la cruel realidad de no tener a
su mamá porque fue asesinada por ese hombre que puede ser el padre, o el compañero
de su madre. Sus vidas se modifican, se afecta su escolaridad, sus relaciones de
amistad y familia. En muchos casos deben abandonar su hogar, pierden amistades y
renuncian a sus pertenencias y espacios cotidianos.
Conforme se expresa en la exposición de motivos de las Reglas de Brasilia sobre Acceso
a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad: “Poca utilidad tiene
que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder
de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho”.
La promulgación de instrumentos internacionales que protegen el derecho de las
mujeres a vivir libres de violencia, refleja el consenso y el reconocimiento por parte
de los Estados del trato discriminatorio que estas tradicionalmente han recibido en
sus respectivas sociedades, lo que ha dado como resultado que sean víctimas y estén
expuestas a diferentes formas de violencia, que incluyen la violencia sexual, psicológica
y física y el abuso de sus cuerpos. Asimismo refleja el compromiso asumido por
los Estados de adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción
y reparación de estos actos.
Si los gobiernos se desentienden de sus responsabilidades hacia cualquier sector de
la sociedad, no están a salvo los derechos humanos de nadie. El desconocimiento de
los derechos humanos de cualquier grupo de personas pone a todos los miembros
de la sociedad en situación de vulnerabilidad.
2

300
abg. maría merCedeS patiño, abg. miriam nora larrea
El informe de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y de la Relatoría
sobre los Derechos de las Mujeres, revela que a menudo las mujeres víctimas
de violencia no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales
cuando denuncian los hechos sufridos. Por este motivo, la gran mayoría de estos
incidentes permanecen en la impunidad y en consecuencia sus derechos quedan
desprotegidos.
En muchos casos las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber
acudido a reclamar la protección cautelar del Estado, e incluso habiendo sido beneficiadas
con medidas de protección que no son adecuadamente implementadas ni
supervisadas. En materia de prevención y protección, la CIDH ha verificado que
las autoridades estatales, y en particular la policía, no cumplen con su deber de proteger
a las mujeres víctimas de violencia contra actos inminentes. La Comisión ha
constatado problemas graves en el cumplimiento y seguimiento de las órdenes de
protección o medidas cautelares emitidas, situación que se vuelve particularmente
crítica en la esfera de la violencia intrafamiliar.
“Son minoría todavía los jueces que han incorporado la perspectiva de género, como
impulsa la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación. Hay muchas resistencias.
El Poder Judicial es el más conservador de los poderes” se pronunció
Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA)
e integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Las mujeres víctimas de violencia reciben una protección de segundo orden, que en
los hechos no es otra cosa que desprotección, impunidad y la apertura de una nueva
puerta para que el agresor siga amenazando a la víctima.
Hasta hace muy poco tiempo existía en nuestra legislación, la figura del avenimiento,
contemplada en el art.132 del Código Penal. Brevemente decimos que tal figura
daba la posibilidad al condenado por violación a que el proceso penal se extinguiera
si la mujer proponía un avenimiento con el imputado. La propuesta debía ser “libremente”
formulada y “en condiciones de plena igualdad”. A partir del caso de
Carla Figueroa, en Santa Rosa, La Pampa, se comenzó a tratar la derogación de esta
prebenda al agresor. La vida de Carla Figueroa estuvo signada por la violencia machista
desde la cuna. Cuando tenía 8 meses de vida, su papá asesinó a su mamá, y ella
desde entonces fue criada por su abuela materna. A los 15 años quedó embarazada
de Tomaselli. Mantuvieron una relación afectiva pero en marzo la pareja se separó.
Un par de meses después, él la fue a buscar a la salida de su trabajo con la excusa
de conversar, la llevó a un descampado y la violó amenazándola con un cuchillo.
Cuando el caso ya iba a ser elevado a juicio oral y las pruebas en su contra eran contundentes
de acuerdo con la investigación que llevó adelante la fiscal interviniente,
la defensa de Tomaselli propuso el avenimiento y Carla aceptó, a pesar de que había
manifestado mucho temor de que su ex pareja recuperara la libertad. Del expediente
judicial surge que pudo ser manipulada. El planteo fue rechazado por unanimidad
en primera instancia el 4 de octubre por la Audiencia de Juicio de General Pico: tres
jueces consideraron que la adolescente de 18 años no estaba en condiciones de dar

La discriminación como causa de violencia contra la mujer. Discriminación de género...
un consentimiento en forma libre y plena por la violencia sufrida. La pareja apeló el
18 de octubre y el 28 de ese mes se casó. Finalmente, el Tribunal de Impugnación de
La Pampa concedió el beneficio a Tomaselli en fallo dividido. Y a los ocho días de
recuperar su libertad, el joven asesinó a su flamante esposa.
En la mayoría de los casos no se tienen en cuenta las Reglas de Brasilia, estas establecen
en su art. 1, el concepto de las personas en situación de vulnerabilidad: “…(3)
Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de
su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas,
étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud
ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.-
Del mismo modo en el art.11): “Se considera en condición de vulnerabilidad aquella
víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños
y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia,
o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad
puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias
de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas
menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de
delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte
violenta”.
En las decisiones judiciales de nuestro país, no siempre se tiene en cuenta lo establecido
en el art. 12 de las citadas Reglas:
Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los
efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo procurarán que el daño
sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto
con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y procurarán garantizar, en
todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica
de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación,
de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de
más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar
necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio
en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia
intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la
que se le atribuye la comisión del delito.
Se destaca especialmente, en el art. 17, que la discriminación que la mujer sufre en
determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve
agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.
El art. 18, define el concepto de discriminación contra la mujer, como toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
301

302
abg. maría merCedeS patiño, abg. miriam nora larrea
En el art. 20 se ordena impulsar las medidas necesarias para eliminar la discriminación
contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos
e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones.
Se considera necesario integrar el contenido de estas Reglas en los distintos programas
de formación y actualización dirigidos a las personas que trabajan en el sistema
judicial. Insistimos, contamos con leyes, tratados que de aplicarse en las decisiones
judiciales resultarían absolutamente eficaces para erradicar la violencia contra las
mujeres.
Propuestas para el abordaje de la violencia
de género, un compromiso para su erradicación
Luego del análisis y diagnóstico realizado podemos concluir que resulta indispensable:
1. Estricta aplicación de las Reglas de Brasilia a los procesos judiciales, en las que
se promueve prestar una especial atención en los supuestos de violencia contra
la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus
bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna,
obligando a promover las condiciones necesarias para que la tutela judicial
de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas
medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.
2. Tipificación de la violencia contra la mujer, en todas sus formas, y el femicidio
como delitos autónomos.
3. La denuncia no debe tomarse como una simple formalidad condenada de antemano
a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado
como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares,
que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o
de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública
busque efectivamente la verdad.
4. Urge la necesidad de mejorar algunas prácticas detectadas y erradicar otras, se
debe poner en evidencia que la impunidad que muchas veces rodea estos casos
es un problema de discriminación. Para ello resulta indispensable la creación
de centros de recepción de denuncias especializados, estableciendo la capacitación
de los funcionarios judiciales para atender los casos de violencia contra la
mujer. En este sentido prescriben las Reglas de Brasilia: “Asistencia de calidad,
especializada y gratuita. Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica
de calidad y especializada. A tal fin, se promoverán instrumentos
destinados al control de la calidad de la asistencia”. El abordaje de este tema
debe ser realizado exclusivamente por personal capacitado, dejando la interven-

La discriminación como causa de violencia contra la mujer. Discriminación de género...
ción de la sociedad civil, solo para el seguimiento, empoderamiento, y asistencia
inmediata a la víctima.
5. Es indispensable y urgente contar con estadísticas sobre los casos de violencia contra
la mujer denunciados. Actualmente los datos exactos de prevalencia de maltrato,
violencia y abuso sexual existente son desconocidos por la difícil obtención
de datos reales, y la falta de decisión política para destinar recursos que permitan
el relevamiento. Se observa en nuestro país, una generalizada deficiencia en la
producción, registro y sistematización de la información relativa a la violencia.
Esta deficiencia imposibilita la construcción de indicadores cuantitativos que
permitan realizar comparaciones y medir evoluciones temporales sobre la respuesta
de la administración judicial frente a las situaciones de violencias que
sufren las mujeres.
6. Es prevalente otorgar recursos públicos para que las leyes que luchan contra la
violencia de género se ejecuten, no existen sistemas de alerta temprana para
detectar situaciones de violencia en los que ni la víctima ni terceros acudan por
sí mismos a las instituciones.
7. La reinserción socio laboral de las víctimas es un paso clave para ayudarlas a
superar esta situación, porque la violencia de género implica no solo el deterioro
físico y psicológico de las mujeres que padecen estas situaciones, sino que
además las víctimas de este flagelo tienen un elevado índice de ausentismo laboral,
lo que genera, finalmente, su desvinculación. La inserción laboral de estas
mujeres es fundamental porque implica recuperar la confianza en ellas mismas,
su autoestima.
8. Voluntad política y recursos económicos: tal como lo sostiene Michelle Bachelet:
Para erradicar la violencia contra la mujer se deberá trabajar sobre tres pilares
esenciales: prevención, protección y provisión de servicios. El llamado a la acción
de Bachelet insta a los y las líderes mundiales a movilizar la voluntad política
y las inversiones para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia.
Por todo ello, creemos es necesario promover políticas públicas concretas para
proteger a las mujeres de la violencia. La voluntad política debe ir acompañada
de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para articular y profundizar
los esfuerzos existentes en materia de prevención, atención y sanción
ante estos hechos. Avanzar en el diseño e implementación de acciones/programas
de seguimiento de las víctimas. En este sentido, es prevalente otorgar
recursos públicos para que las leyes que luchan contra la violencia de género se
ejecuten.
9. Prevención: aumentar la conciencia pública y la movilización social. Incluir los
estudios de género en las currículas de educación, comenzando a trabajar con
los niños desde el nivel inicial de su escolarización, a fin de garantizar un sistema
educativo que enseñe a los niños a establecer relaciones basadas en el respeto
mutuo.
303

30
abg. maría merCedeS patiño, abg. miriam nora larrea
10. Realizar campañas de sensibilización. Movilizar a los hombres y a los niños de
todas las edades para que se manifiesten contra la violencia ejercida contra sus
hijas, esposas, madres o hermanas.
11. Promover la articulación entre los actores estatales involucrados en el abordaje
de la violencia de género y la implementación de historias clínicas únicas para
todos los hospitales y centros de atención de salud, para facilitar la recolección
de datos.
12. Evitar en cuanto a la atención específica de la violencia sexual, la deambulación
de la víctima por dependencias de salud, policial y judicialya que es particularmente
revictimizante.
13. Promover la creación de protocolos de actuación a fin de unificar prácticas y
procedimientos en los servicios que intervienen en el abordaje de la violencia
de género.
Este problema nos convoca a todos como sociedad a trabajar en la materia. Una
sociedad que permite o tolera que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres,
puedan ser golpeadas, humilladas, violadas o maltratadas de cualquier forma, es una
sociedad que discrimina y dejar de vivir en una sociedad que discrimina, es responsabilidad
de todos.

Protección JUrÍdica a la MUJer en las
constitUciones latinoaMericanas
introducción
MsC. niurka González Martín
esp. Marisela ana Casanova álvarez
Cuba
Es innegable el papel que ha jugado la mujer en el desarrollo social, aunque en
el transcurso de la historia en muchas ocasiones se le ha dejado a la sombra de
los logros de los hombres. Sin embargo, la evolución del tiempo ha posibilitado el
reconocimiento de muchos éxitos en los que heroicas mujeres han jugado un papel
determinante.
El ordenamiento jurídico de las sociedades no ha estado ajeno a las luchas de las
mujeres por reconocer su espacio dentro del Derecho. Es así que las diferentes Constituciones
Latinoamericanas son un reflejo de lo anterior, y la tradición histórica de
nuestro constitucionalismo nos muestra más que una evolución, una victoria jurídica
de esta lucha por la mujer y su lugar en la sociedad.
La igualdad es la base de toda sociedad democrática que se deba a la justicia y a los
derechos humanos. En casi todas las sociedades la mujer es objeto de desigualdades
en la ley y en la práctica, esta discriminación persiste a causa de los conceptos estereotipados,
así como, por cuestiones culturales y creencias tradicionales que perjudican
a la mujer.
“En pocos países se trata a la mujer del mismo modo que al hombre, las diferencias
sociales entre hombres y mujeres son enormes. Las mujeres son la mayoría de los pobres
del mundo y el número de mujeres que viven en la pobreza en las zonas rurales ha
aumentado un 50 % desde 1975, los más analfabetos del mundo son, mujeres.
305

30
mSC. niurka gonzález martín, eSp. mariSela ana CaSanoVa álVarez
Las mujeres en Asia y África trabajan por semana 13 horas más que los hombres, y
con frecuencia no son remuneradas. En el Mundo, las mujeres ganan entre un 30 %
y 40 % menos que los hombres por el mismo trabajo”. 1 Como se puede apreciar en
muchos países la discriminación de la mujer va en aumento e incluso desde el punto
de vista jurídico no tienen los mismos derechos que los hombres.
La Carta de las Naciones Unidas fue el primer instrumento jurídico internacional
que afirmó la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y que incluyó el sexo
como uno de los motivos prohibidos de discriminación. Estas garantías se consignaron,
más tarde, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en
1948 por la Asamblea General; desde entonces, la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres se ha puntualizado y ampliado en numerosos tratados internacionales
de derechos humanos.
Ejemplo de lo anterior es la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, aprobada en 1981, la cual en su artículo 1 dispone: “A los efectos de
la presente convención la expresión discriminación contra la mujer denotará, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y
cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 2 Hay Estados que han formulados reservas
para ratificar esta convención, limitando notablemente las obligaciones contraídas
por ellos.
la igualdad de Género en las constituciones
latinoamericanas
Cada Estado debe cumplir con sus obligaciones derivadas de lo establecido en los
diferentes instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos de la mujer,
plasmando en los textos constitucionales los derechos políticos, del matrimonio,
de la familia y del empleo relacionadas con las féminas. Para el análisis jurídico a las
diferentes constituciones, partimos de los principios de igualdad de género reflejados
en las mismas.
1 Cees De Rover: Servir y proteger derecho de los derechos humanos y DIH para las fuerzas de policía y de seguridad,
CICR, Ginebra, 1998, p. 346.
2 S.A. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Cuba, MINREX, ASDI,
UNJC, 2001, p. 241.

Protección jurídica a la mujer en las constituciones latinoamericanas
La Constitución Política de la República de Chile en su capítulo I “Bases de la institucionalidad”
en su artículo 1 reconoce la igualdad de los hombres en cuanto a dignidad
y derecho, se utiliza el concepto hombre como un término genérico referido
a ambos sexos, además en su capítulo III “De los deberes y derechos constitucionales”,
comienza diciendo: “la Constitución asegura a todas las personas: el derecho a
la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. 3 Utilizando también el concepto
de persona para englobar a ambos sexos. Asegurando más adelante la igualdad
de todos ante la ley al punto de prohibir cualquier discriminación que no se base en
la capacidad e idoneidad personal.
De manera general podemos decir que la constitución chilena refleja la igualdad de
género sin particularizar en el femenino, por lo que sin llegar a ser discriminatoria, no
específica en cuestiones donde la mujer debe ser protegida de una manera especial.
La Constitución Política de la República de Guatemala en su Título Primero comienza
con el tratamiento a la persona humana para referirse a los deberes del Estado relacionados
con su protección, consideramos que se emplea la redundancia entre los
conceptos reflejados con anterioridad, lo que para las autoras tiene el mismo significado,
no limitando la protección que brinda el Estado a todos por igual, pues en su
capítulo I del propio título dedicado a los derechos individuales, se refiere al hombre
y la mujer en igualdad de oportunidades y responsabilidades, sin reparar en el estado
civil de los mismos.
En el texto constitucional se brinda especial protección a la mujer ya que la misma
está exenta de la pena de muerte y es depositaria de derechos especiales durante su
período de gravidez tales como no trabajar en algo que ponga en peligro su futura
maternidad. Igualmente protege la mujer trabajadora regulando condiciones específicas
para que esta preste sus servicios y prohibiendo que se establezcan diferencias
entre solteras y casadas.
Podemos percibir que la Ley Suprema Guatemalteca no solo se limita a la protección
genérica de las personas, sino que brinda a la mujer un lugar privilegiado al momento
de otorgar derechos. Cuestión esta muy oportuna; ya que no se trata de favorecer
a dicho género, sino que ciertamente la mujer por su propia naturaleza afronta situaciones
como: la maternidad, el período de lactancia, etcétera, que requieren de
especial tratamiento jurídico.
De la misma manera podemos encontrar en la Constitución Política de la República
de Perú un tratamiento genérico en cuanto a los derechos fundamentales; que sin ser
excluyente, ni discriminar a las féminas, se refleja poca atención pormenorizada a la
misma. Un ejemplo de lo anterior es el artículo 2 que prohíbe la discriminación por
sexo entre otros motivos, en pocas ocasiones se separaran ambos sexos para otorgar
derechos tales como el trabajo como objeto de atención prioritaria por el Estado,
refleja la obligación de proteger especialmente la madre que trabaja.
3 Carlos Villabella Armengol: Selección de Constituciones Iberoamericanas, Editorial Félix Varela, La Habana,
2000, p. 59.
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30
mSC. niurka gonzález martín, eSp. mariSela ana CaSanoVa álVarez
La Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela refrenda como las
demás la igualdad de todas las personas ante la ley, y a pesar de no permitir discriminación
por cuestión de sexo o por motivo de sexo, sí diferencia en su tratamiento
a las féminas a lo largo de casi todo el texto constitucional. Lo que se aprecia en su
artículo 21.3 cuando plantea “todas la personas son iguales ante la Ley, y en consecuencia:
Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas
diplomáticas”, 4 y continúa el articulado haciendo distinciones entre el reo o la rea.
En el capítulo II “de la nacionalidad y ciudadanía” menciona venezolanas y venezolanos,
hijos e hijas de los mismos para otorgar dichas instituciones. Sucesivamente en
todos los capítulos se aprecia un marcado interés de recoger no solo la igualdad entre
ambos sexos; sino que muestra una tendencia que rompe el tradicional esquema de
utilizar el masculino para englobar ambos sexos. La Carta Magna Venezolana lleva a
extremos la polémica genérica al referirse a venezolanos y venezolanas en cuanto a
los derechos civiles extranjeros y extranjeras, niños y niñas, el padre y la madre a los
que se refiere en el capítulo V “de los derechos sociales y de familia.”
En cuanto a la organización del poder público nacional hace referencia en la composición
de la Asamblea Nacional a diputados y diputadas, al presidente o la presidenta,
los ministros y las ministras, considerando que el derecho a ocupar un cargo en el
gobierno no es exclusivo del hombre.
Si realizamos un análisis de manera general ha existido un avance en cuanto al tratamiento
de la mujer en los textos constitucionales, como vanguardia en este sentido
encontramos la Constitución Venezolana, ya que la mayoría de estos cuerpos legales
se limitan a igualar ambos géneros utilizando el concepto hombre, otorgándole algunos
derechos especiales a las mujeres, no así la venezolana donde la mujer ocupa en
la norma jurídica el espacio que le corresponde dentro de la igualdad de género.
la mujer en las constituciones cubanas
La igualdad de género ha sido una conquista también de nuestra Revolución Cubana,
resultado de las luchas históricas y de nuestros antecedentes constitucionales. La historia
de las mujeres en Cuba tiene sus inicios desde las guerras de independencia donde
las féminas participan en los combates apoyando a sus esposos, hijos y hermanos,
luchando por cambiar radicalmente los convencionalismos de una época donde a
la mujer no se le permitía el trabajo fuera del hogar. Los antecedentes históricos de
nuestras constituciones demuestran el papel jugado por la mujer en la lucha por la
igualdad de género.
4 Ibídem, p. 276.

Protección jurídica a la mujer en las constituciones latinoamericanas
La Constitución Cubana ha permitido la capacidad de generar un conocimiento histórico
crítico encaminado a abrir perspectivas que incluyen el papel de las mujeres
como tema central en el desarrollo de la sociedad en Cuba.
Nuestra mujer cubana se incluye dentro del desarrollo histórico recogido en las
Constituciones de Latinoamérica antes del Triunfo de la Revolución en iguales condiciones,
aunque con un poco más de desarrollo, una mujer discriminada, sin derechos, a
pesar de que ya esta había demostrado su inteligencia, y que era capaz de arriesgarse
en situaciones como los hombres en cualquier momento, ya después del año 1959
en la nueva constitución revolucionaria se tuvo en cuenta en todos los aspectos la
participación de la mujer .
En nuestro trabajo se desarrolla una serie de temas referidos a cómo ha sido reflejada
la mujer en nuestras constituciones cubanas, el importante papel que desempeño
y cómo a través de los años adquirió, con su valor e intransigencia, un lugar destacado
dentro del desarrollo de la sociedad. Para esto haremos reseñas históricas de cada
período precisando figuras destacas en cada uno de estos períodos, haciendo énfasis
también en la constitución revolucionaria del año 1959, con el respectivo papel que
ha jugado la mujer en la revolución cubana.
la constitución de Guaimaro
La Primera Constitución que se redactó en nuestro país fue la Constitución de Guaimaro
que se puso en vigor el día 10 de abril del año 1869, impulsada por Carlos
Manuel de Céspedes, donde, propiamente, no se define la participación de la mujer
en esta revolución pero se hacen planteamientos muy claros:
En su artículo 24 donde proclama que todos los ciudadanos de este país son libres.
En su artículo 25 plantea que todos los ciudadanos de la República de Cuba se consideran
soldados del ejército libertador.
Podemos apreciar que, aunque no hace alusión directamente a la participación de la
mujer si generaliza los derechos de los ciudadanos cubanos a ser libres y a ser considerados
soldados de la patria, es decir no hace referencia específica de sexo, por lo que
se puede deducir que se refiere al derecho de todos por igual, sea hombre o mujer.
la constitución de baraguá
El día 15 de marzo del 1878 . El General Antonio Maceo luego de haber reunido las
tropas mambisas y afirmada la resolución de continuar la lucha después del Pacto
del Zanjón, se firma la Constitución de Baraguá la cual no específica tampoco la
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310
mSC. niurka gonzález martín, eSp. mariSela ana CaSanoVa álVarez
participación de la mujer, pero ya en este período en las guerras de independencia se
habían destacado algunas figuras de mujeres en la lucha por la liberación nacional
como fue la de Mariana Grajales, Maria Cabrales, Candelaria Figueredo, entre otras.
la constitución de Jimaguayú
El día 25 de febrero del 1895 en el cual el Apóstol Nacional puso su pensamiento en
un gobierno democrático para el pueblo de Cuba libre, se hace el pronunciamiento
de esta constitución donde se trata de no cometer los mismos errores respecto a los
derechos y deberes con los ciudadanos de las otras constituciones, aunque tampoco
fue explícita en lo que respecta con la labor de la mujer cubana, con sus derechos y
obligaciones.
la constitución de la Yaya
Esta Constitución se firma el día 2 de septiembre del 1897. Su figura principal fue
el general Máximo Gómez en ella el papel de la mujer fue mejor elaborado, pues se
tenía en cuenta como ciudadano, y como persona, lo cual se reflejó en su artículo 1.
Aunque no específica el papel de la mujer, sí refleja en términos generales la consideración
de esta dentro de la legislación fundamental de la República de Cuba.
la constitución neocolonial de 90
Esta Constitución admitió la clasificación de los derechos del hombre que eran generalmente
aceptados en aquella época, los derechos individuales y los derechos
políticos, los primeros serían correspondientes a todo hombre por derecho de serlo
y lo segundo en lo que se refiere al ciudadano.
Esta Constitución garantizaba la igualdad ante la ley, pero en cuanto a la regulación
del sufragio en el artículo 38 constituía una discriminación de la mujer, donde se promulgaba
que solo tenían derecho al sufragio, los varones de 21 años, con excepción
de los asilados, los incapacitados mentalmente, los inhabilitados judicialmente por
causa de delitos y los pertenecientes a las fuerzas armadas en servicio activo.
Durante la discusión en la constituyente del precepto relativo al sufragio universal, el
delegado Miguel Gener defendió el sufragio femenino como una manera de contribuir
al progreso de la sociedad y de la mujer.

Protección jurídica a la mujer en las constituciones latinoamericanas
la reforma constitucional de 928
La reforma aprobada contenía los aspectos referentes al sufragio de la mujer en su
artículo 36, aunque no se incluyó realmente el derecho de la mujer al voto, sino que
posibilitó que una ley futura pudiera incluirlos. Se trabajó en las reformas varios
aspectos donde no se incluyó el papel de la mujer y la igualdad de esta con respecto
al hombre.
la constitución de 940
El primer derecho constitucional que se proclama en esta Constitución fue el derecho
a la igualdad, que todos los cubanos tienen los mismos derechos ante la ley, la
República de Cuba no reconocía privilegios. Más se declaraba toda discriminación por
motivos de sexo, regulaba la suspensión del ejercicio de muchos de los derechos, en
esta se hizo un uso y abuso por la tiranía batistiana, la cual no solo violaba constantemente
los derechos humanos, sino que suspendió el ejercicio de los derechos.
Se proclamó que la familia, la maternidad y el matrimonio tenían la protección del
estado, el matrimonio se consideró como fundamento de la familia y se afirmó que
descansaba en la igualdad absoluta de derechos para ambos cónyuges, que la mujer
disfrutaba de la plenitud de la capacidad civil y que el matrimonio podría disolverse
por acuerdo de ambos cónyuges o a petición de cualquiera de ellos si hubiere una de
las causas establecidas por la ley. Se autorizaba a los tribunales a equiparar la unión
conyugal no formalizada al matrimonio legal, las pensiones por alimentos a favor de
la mujer o los hijos tenían preferencia sobre cualquier otra obligación.
la constitución cubana del 976 reformada
en el 992
Esta constitución fue aprobada por el pueblo de Cuba el 24 de febrero del año 1976,
la cual resumía la experiencia histórica del periodo de 17 años de construcción de la
Revolución Socialista en Cuba. La cual introdujo cambios en el seno de la sociedad
cubana y especialmente en el mundo ya que esta defendía las conquistas del socialismo,
acogió necesarias modificaciones para adaptar el contexto y cambios que se
habían producido en el mundo, tanto en lo político como en lo social, y recogió las
aspiraciones por las que lucharon las mujeres cubanas desde la gesta independentista.
311

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mSC. niurka gonzález martín, eSp. mariSela ana CaSanoVa álVarez
En su artículo 1 nos plantea “Cuba es un estado socialista de trabajadores, independiente
y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república
democrática, para el disfrute de la justicia social”. 5
Esta Constitución le da participación a los ciudadanos cubanos para pertenecer al
Partido Comunista de Cuba (PCC), Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y a las
diferentes organizaciones de masas surgidas en el proceso histórico de la lucha de
nuestro pueblo en las cuales la mujer tiene una participación primordial, consagrando
sus actividades a la lucha por las ideas del marxismo leninismo.
Recoge en su artículo 35 que “El estado protege a la familia, la maternidad y el
matrimonio”. 6 En el cual la mujer tiene entre sus roles un papel importantísimo ya
que la mujer cubana históricamente es el núcleo fundamental de la familia, lo que ha
evolucionado en las diferentes sociedades.
Cuando nos referimos a la maternidad en nuestro país, esta legislación la trata como
se merece como algo que dignifica a la mujer cubana, la estimula, y la protege. Cuando
se habla del matrimonio en esta, significa la igualdad de derechos que tienen los
cónyuges por lo tanto se refiere a la igualdad de la mujer en cuanto a las tareas a
desarrollar dentro de las relaciones matrimoniales.
En el artículo 44 reformado en el año 1992 preceptúa que la mujer tiene los mismos
derechos que el hombre en cuanto a lo económico, lo político y lo social, poniéndolos
al mismo nivel; además estipula que el Estado garantiza que se ofrezcan a la
mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, a fin de lograr su
plena participación en el desarrollo del país.
El Estado organiza instituciones tales como círculos infantiles, seminternados e internados
que facilitan a la familia trabajadora el desempeño de sus responsabilidades
para velar por su salud, y por una sana descendencia, le concede a la mujer trabajadora
licencia retribuida por maternidad antes y después del parto, y opciones laborales
temporales compatibles con su función materna. El Estado se esfuerza por crear
todas las condiciones que propicien la relación del principio de igualdad. También en
este artículo 44 de la Constitución, destinado a garantizar la igualdad de la mujer, se
traducen medidas especiales para proteger su trabajo y su salud así como es necesario
crear condiciones que le permitan conjugar el trabajo con la maternidad.
Durante un tiempo un exceso de “proteccionismo”, que llevó a la aprobación de
una Resolución que excluía a la mujer de opciones laborales que podía desempeñar,
partiendo del concepto de que no eran propias o podían representar peligro para
ellas, lo que impedía el ejercicio pleno de sus derechos. Luego se modificaron estos
conceptos y normas establecidas al respecto; sobre la base de que solo la protección
5 Constitución de la República de Cuba, edición Asamblea Nacional del Poder Popular, 1995.
6 Ídem.

Protección jurídica a la mujer en las constituciones latinoamericanas
de la maternidad constituye un límite laboral. Incluso se defiende el derecho de la
mujer, aún en edad reproductiva, de acceder a puestos laborales que pudieran afectar
la gravidez, si hubiera decidido no tener más hijos.
El capítulo VIII del Código de Trabajo, Ley 49 de 28 de diciembre de 1984 se denomina
“trabajo de la mujer”, los primeros capítulos de este código disponen que
las administraciones deben ocupar diferentes plazas que son destinadas únicamente
a las mujeres. También se le debe garantizar condiciones de trabajo, la protección e
higiene del trabajo, los criterios médicos científicos, la realización de horas extra de
trabajo, turnos dobles, etcétera.
Esta Constitución fue modificada con el fin de garantizar y ampliar el ejercicio de
numerosos derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos cubanos, donde
todas las mujeres tienen derecho a participar en todas las tareas de la revolución es
decir que se reafirma la igualdad de condiciones del hombre con la mujer, a través,
de todos los aspectos de la vida.
El artículo 41 plantea que todos los ciudadanos cubanos están sujetos a iguales derechos
y deberes. Es decir se refleja la igualdad de la mujer en cuanto al hombre en
todas las tareas que la revolución ha de asignarle.
El artículo 42 enuncia que la mujer no puede ser discriminada, cuando plantea que
no puede haber discriminación por motivo de raza, color y sexo. Según la legislación
la mujer tiene acceso, según sus méritos y capacidades, a desempeñar todos los cargos
y empleos del estado, la administración pública, la producción y la prestación de
servicios, ascienden a todas las jerarquías de las fuerzas armadas revolucionarias y de
la seguridad y el orden interior.
Es decir la mujer cubana es ejemplo de participación en la vida activa del país como
plantea Hortensia Pichardo en Documentos para la Historia de Cuba en el titulado “La
mujer cubana se incorpora en la vida activa del país”, donde muestra la dura lucha
de la mujer cubana para llegar a esta conquista que la revolución ha cumplido en
estos años , el logro de una igualdad de la mujer, de una emancipación con nuevas
concepciones, con nuevas problemáticas, persistiendo esta con nuevos roles dentro
de la sociedad, nuevas experiencias.
Como podemos observar a pesar de las circunstancias económicas y políticas en las
que se encuentra nuestro país como resultado del recrudecimiento del bloqueo de
los Estados Unidos de América, lo cual ha tenido repercusiones serias sobre la situación
de la mujer y ha conducido al deterioro de la calidad de vida del pueblo, Cuba
no ha cesado en avanzar hacia el logro de la plena igualdad entre los sexos.
Mucho se ha avanzado, pero mucho también falta por hacer. Es necesario seguir
trabajando, tanto en los factores subjetivos como en los objetivos, que todavía entorpecen
el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer. Es necesario continuar perfeccionando
nuestra legislación, trabajar por eliminar definitivamente los viejos patrones
culturales que tienden a mantener los roles tradicionales dentro de la familia; son
retos que aún tienen las mujeres cubanas en su camino hacia el futuro.
313

31
conclusiones
mSC. niurka gonzález martín, eSp. mariSela ana CaSanoVa álVarez
• Las constituciones latinoamericanas de Guatemala, Chile, Perú y Venezuela
reflejan en alguna u otra medida la igualdad entre el hombre y la mujer, siendo
esta última Constitución la vanguardia en este sentido, donde la mujer ocupa
el lugar que le corresponde dentro de la norma jurídica.
• A lo largo de la historia cubana la mujer ha venido enfrentando situaciones
muy abiertas en las cuales, ha tenido un papel rector el criterio de los hombres
sobre la base de que la mujer ha sido el sexo débil, criterio que a través del
tiempo ha sido refutado ya que se ha demostrado que las mujeres juegan un
papel rector en la sociedad, son el centro de toda actividad eolítica, social, es
la principal figura en cuanto a roles se trata.
• Nuestra Constitución es un reflejo de que el derecho y la norma jurídica se
conceptualizan con una perspectiva de valores en el que se incluye la perspectiva
de género. Aunque debemos mejorar aún más, sobre todo en función de
que los juristas encargados de interpretar la Ley se apropien de un correcto
enfoque de género.

el esPacio FeMenino dUrante
el siGlo XiX: debates entre
conserVadores Y liberales
ideas introductorias
liC. YasvilY Méndez paz
Cuba
El siglo xix continúa siendo el más estudiado y analizado por los historiadores en
Cuba y sus distintos objetos de investigación, aunque parecieran agotarse, siempre
dejan espacio para nuevas búsquedas y descubrimientos. Una sociedad decimonónica
cubana que, a partir del carácter colonial que presentaba la Isla, en el orden ideológico,
conformó estilos y reflexiones muy particulares con respecto a la sexualidad,
en la cual se hizo florecer un proyecto ilustrado que estremeció los comportamientos
morales, para definirlos y sentenciarlos en una modernidad donde la identidad sexual
fue siempre una arista novedosa. 1
Dicho proyecto ilustrado influyó considerablemente en todas las aristas de la vida
política, económica y sociocultural de la sociedad, sobre todo hasta la primera mitad
de la centuria, donde la condición de género ocupaba una connotación importante.
Dirigido por la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana y, posteriormente,
por sus filiales en varias regiones de Cuba, se animaba impulsar el progreso
de la Isla, principalmente desde dos vertientes: la relacionada con la prosperidad
agrícola e industrial y la referida al sistema de instrucción pública, de asilos benéficos
y de caridad. 2
1 Osmany Horta Mesa: “Recodos de la prostitución en la colonia cubana”, en: Revista Avances, Facultad
de Filosofía, Sociología e Historia, no. 1, octubre de 2001. p. 8.
2 Oscar Andrés Piñera Hernández: La Diputación Patriótica de Matanzas: una institución olvidada, Ediciones
Matanzas, Matanzas, 2006, p. 13.
317

31
liC. yaSVily méndez paz
En este contexto colonial cubano, la percepción social de la mujer ocupaba un sitio
interesante dentro del discurso ilustrado de la época, el cual se configuraba a partir
de una supuesta protección “al bello sexo”.
Aunque el tema de la educación ocupó un lugar importante dentro de la labor sostenida
por la institución económica habanera, pues para los ilustrados este tema funcionaba,
en esencia, como una parte importante dentro de la transformación social
que necesitaba el modelo capitalista para su avance y evolución, 3 desde la institución
no se efectuaron acciones dirigidas a una educación femenina que permitiera sobrepasar
el ámbito del espacio doméstico al que estaba confinada.
Dichos criterios se fueron convirtiendo en las reglas que caracterizaron las mentalidades
de la época donde el espacio público correspondía a los hombres, mientras
que a la mujer se dejaba un lugar en el privado, o sea, el doméstico. Esta construcción
ideológica produjo a su vez un prototipo de mujer modelo: la perfecta casada o ángel
del hogar, cuya misión esencial radicaba en el culto a la maternidad y la administración
de la morada familiar como sus máximas aspiraciones. 4 Las mujeres, por lo
tanto, eran educadas para dedicarse al cuidado de su esposo y sus hijos, así como a
las labores domésticas, y correspondía entre sus valores más “dignos” la paciencia,
la obediencia, la dulzura, en fin, el apoyo incondicional al esposo sin constituir un
obstáculo para los propósitos del “imperio masculino”. Al hombre, por otra parte,
correspondía la vida política y demás esferas relacionadas con el destino social de la
Isla.
A pesar que en las mentalidades prevalecieron dichos criterios conservadores a lo
largo de la centuria decimonónica, paulatinamente se fueron introduciendo ideas
liberales que marcaron aristas novedosas en torno al análisis del papel social femenino.
Desde la primera mitad de dicho siglo, se aprecian aislados criterios que abogaban
por una adecuada educación femenina, los cuales se hicieron más evidentes
a partir de los años ochenta, década en que esta problemática ocupó una arista muy
discutida en la sociedad colonial cubana.
“La educación de la mujer, en general, fue un tema muy divulgado durante los años
80 del siglo xix, en ellos comienza a elaborarse un discurso destinado a combinar la
necesidad –social e individual–, del trabajo femenino con la “moralidad burguesa”,
pues, su inserción en el mundo laboral debía lograrse a partir: (…) de la más severa
disciplina, calcada en los principios morales y religiosos”. 5
3 Ibídem, p. 14.
4 María del Carmen Barcia: “Mujeres en una nueva época: discursos y estrategias”, en: Revista Temas,
no. 22/23, julio-diciembre de 2000, p. 35.
5 María del Carmen Barcia: ” Mujeres en una nueva época: discursos y estrategias”, en: Mujeres al margen
de la historia, Editorial de Ciencias Sociales; La Habana, 2009, p. 3.

El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales
Aunque la base del discurso continuaba siendo la instrucción de la mujer con el
objetivo de lograr una mejor preparación para la educación de sus hijos, el hecho
que comenzara a manifestarse una preocupación por la educación femenina, sea con
los objetivos que fueren, y al mismo tiempo, que se insertaran algunos cambios en
relación con la forma de concebirla, se consideran manifestaciones de corte liberales,
aún de carácter incipiente. A pesar que la educación femenina no tenía como
objeto el desarrollo autónomo de las mujeres, indirectamente contribuyó a su emancipación,
pues las mujeres supieron apoderarse de los espacios que se les dejaban y
expandir sus influencias. 6
María del Carmen Barcia en su artículo “Mujeres en nueva época: discursos y estrategias”
expone que en la década del 80 de la centuria decimonónica no se habían rebasado
los criterios de mediados del siglo, en los cuales, para los hombres estaba muy
presente el papel de la mujer en la sociedad, pero subordinado y enclaustrado. 7 Paralelo
a este discurso se erigía otro en el cual se evidenciaban progresos con respecto a
la configuración del lugar que ocupaba la mujer en la sociedad, los cuales se convirtieron
en ideas mucho más liberales a partir de 1899 8 , bajo la égida norteamericana
y su influencia en la Isla. Ello no significa que no haya existido resistencia masculina
a los cambios que se manifestaban; incluso, para subvertir la intención femenina de
acceder a la esfera laboral, los hombres decían que el trabajo se lograba mediante la
utilización de sus “cuerpos de palmera criolla” y la belleza de sus rostros. 9
A partir de esta etapa se aumentó la presencia de la mujer en oficios significativos
unidos a los que, tradicionalmente, habían desempeñado como lavanderas, costureras,
o sirvientas. Ejemplo de ello fueron los de comadronas o maestras y, paulatinamente,
empezaron a proliferar las mecanógrafas y las taquígrafas; algunas accedieron
a otros empleos novedosos para su sexo, como el de dependientas de comercio. 10
Los análisis sociales coloniales en torno a la mujer, venían siendo influenciados por
el pensamiento ilustrado, y fueron complementados por las ideas liberales y la concepción
de progreso de dicha centuria. Si bien es cierto que se mantuvieron a lo
largo de la misma criterios conservadores que cercenaron el aparato óseo de la sociedad
cubana decimonónica, por otra parte se iban construyendo formas de conducta
liberales que fueron fraguando en la misma medida en que acontecían importantes
transformaciones al interior de la sociedad cubana.
El hecho estriba en las nuevas alternativas que, poco a poco, aparecieron en el ámbito
de los espacios femeninos en la sociedad cubana del siglo xix. Los mismos
configuraron la base de lo que posteriormente sería el andamiaje de un pensamiento
liberal más sólido respecto a la cuestión femenina.
6
Ibídem, p. 4.
7
Ídem.
8
Ibídem, p. 5.
9
Ibídem, pp. 7-8.
10 Ídem.
31 31

320 320
liC. yaSVily méndez paz
la cuestión del espacio femenino: de criterios
conservadores a liberales
Una mirada mediante el prisma de la historia hacia cualquier proceso social requiere
dilucidar las causas que antecedieron e influyeron en el mismo. Tal es el caso que
nos ocupa, por lo que resulta imprescindible el análisis de los antecedentes históricos
que dieron lugar a las valoraciones instauradas sobre el papel social de la mujer en la
centuria decimonónica cubana.
María del Carmen Barcia en su artículo “Las complejas entretelas de la violencia
legal. Papeles y mujeres en la primera mitad del siglo xix” afirma que:
“La visión de la mujer casada como un ser incapaz, se construye a partir del siglo xVi.
Desde entonces se estableció, como imprescindible, para sus conductas públicas, la
autorización del marido (…) A partir del matrimonio, el marido es el dueño de los
bienes de la mujer, aunque necesitaba de su autorización para disponer de estos, y
para lograrla se valía, por supuesto, de todo tipo de subterfugios”. 11
La mujer casada constituyó un elemento subalterno desde el siglo xVi; no obstante,
desde el xiii, se evidenció este fenómeno en varios códigos que enunciaron la legislación
española, civil o eclesiástica, referida al matrimonio, que tuvo lugar en varios
períodos históricos. 12
Leonor Arlen Hernández Fox al respecto plantea:
El modelo hegemónico de familia monogámica patriarcal, basado en los principios del
catolicismo y por lo tanto sancionado por la Iglesia, fue el impuesto por la metrópoli
española. A partir de la unión de un hombre se recalcaba la importancia de forjar un
hogar, sustentarlo y atender a la crianza y educación de los hijos. De acuerdo con ese
sistema de organización familiar, la hija de Eva quedaba supeditada al varón, con el
objetivo expreso de al procrear, la paternidad de este resultase indiscutible, ya que sus
descendientes deberían heredar los bienes (…) Este contrato, al ser enarbolado por la
Iglesia, adquiría la connotación de indisoluble. 13
El matrimonio, por lo tanto, constituyó una institución que permitió el estricto control
del hombre sobre su esposa. Al ser proyectada la mujer como un ente débil y
frágil, necesitada de la “protección” de su marido y al éste mantener el sometimiento
11 María del Carmen Barcia: “Las complejas entretelas de la violencia legal. Papeles y mujeres en la primera
mitad del siglo xix”, en: Mujeres al margen de la historia, Editorial de Ciencias Sociales; La Habana,
2009, pp. 234- 235.
12 Ibídem, p. 234.
13 Leonor Arlen Hernández Fox: El divorcio en la sociedad cubana (1763-1878), Editorial de Ciencias Sociales,
La Habana, 2007, p. 4.

El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales
de la misma ante sus designios, se fue construyendo una visión en la ideología de
la sociedad cubana donde la mujer ocupaba un espacio inferior y dependiente del
poder masculino.
Bajo la tutela de la Iglesia católica, el matrimonio constituía una unión inquebrantable
ya que “lo que Dios unió el hombre no lo puede separar”. 14 Desde el punto
de vista económico el marido se convertía en el administrador de los bienes de su
esposa, y en el ámbito social, la mujer debía obtener autorización de su esposo para
actuar en la esfera pública, lo cual evidenciaba la falta de credibilidad que tenía ante
el discurso patriarcal imperante en la época.
La última centuria colonial fue ejemplo fehaciente del lugar que debía ocupar la mujer
en la sociedad. Varios documentos de la época, entre ellos periódicos y revistas,
dejaron plasmados la huella indeleble de dicha problemática. Criterios conservadores,
amparados por el carácter patriarcal de la Cuba decimonónica, daban pruebas de
que el poder masculino dominaba en toda su amplitud, mientras a la mujer correspondía
la misión de comportarse con obediencia 15 ; la condición de género influía en
todos los ámbitos sociales. Frente a estos, se daban pequeños y lentos pasos para
la conformación de un pensamiento liberal con respecto a las valoraciones sobre la
problemática de género, el cual se hizo más sólido en la misma medida que la sociedad
cubana se transformaba.
En este complejo entramado social, hacían eco importantes representantes de las
letras cubanas. Sus plumas plasmaban las valoraciones sobre la realidad de la época,
en dependencia de las posturas que asumían.
Resulta insoslayable no obviar la marcada intencionalidad social que presentaban
los órganos de prensa de la época. Al principio de cada publicación se reflejaban los
objetivos de las mismas, y en cada caso se hacía alusión a las personas de la sociedad
a los que estaban dirigidos los mensajes que en sus páginas se divulgaban. Así, pues,
en el Revisor político y literario, dirigido a crear espacios con el objetivo de eliminar los
actos que formasen parte de la perversidad y el crimen, 16 porque “la ilustracion (sic)
de un gran pueblo, la rectificacion (sic) de su moral (…) son las únicas bases, que
debe cuidadosamente afianzar el hombre libre, que desea la felicidad y salvacion (sic)
de su patria” 17 , se publicó un artículo titulado “Moralidad- Bello secso” (sic) donde
se hacía alusión a la importancia que tenía la moral femenina, en tanto debía vestir
adecuadamente, o sea, no usar ropas exageradas o que provocaran escándalo. 18 El
mismo se refiere a la instrucción de la mujer, pero como una forma de llamar la
14
María del Carmen Barcia: “Las complejas entretelas de la violencia legal. Papeles y mujeres en la
primera mitad del siglo xix”, ob. cit., p. 233.
15
Ibídem, p. 235.
16
El Revisor Político y Literario, no. 1, La Habana, 3 de marzo de 1823, Imprenta del Comercio, pp. 2-3.
17
Ídem.
18
El Revisor Político y Literario, no. 71, La Habana, 30 de agosto de 1823, Imprenta del Comercio, p. 287.
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atención al tipo de vestimenta que debía usar, pues “el abandono con que se mira la
instruccion (sic) jamas (sic) producirá buenas madres de familia, sino mugeres (sic)
disipadas é (sic) ignorantes, origen de estravíos (sic) y calamidades para los hijos y
para los esposos”. 19 Como se aprecia, el pudor era parte de la moral configurada
para las “buenas madres de familia”, encargadas de brindar un correcto ejemplo a
sus hijos y a sus esposos.
En otro número de dicho periódico, salió a la palestra pública una sección bajo el
nombre: “Principios de Mr. Saint- Agnan”. La misma estaba dedicada a brindar
slogans con un marcado objetivo social. En uno de sus espacios, titulado “De los
derechos de las mugeres (sic) en el matrimonio”, se enfocaba de esta manera:
La muger (sic) tiene derecho á (sic) la conservacion (sic) de los bienes que ha recibido
(...) Siempre el marido administra los bienes. Las mugeres (sic) no tienen la capacidad
necesaria para contraer las obligaciones, para aceptar sucesiones, para quejarse á (sic)
la justicia, sin la autorisacion (sic) de sus esposos (...) En toda proteccion (sic) se considera
una superioridad en aquel que proteje (sic), y en un sentimiento de obediencia al
protejido (sic). No ignoro que estas dos palabras chocan estrañamente (sic) á (sic) las
mugeres (sic), se indignan, en general, contra espresiones (sic) tan fuertes que están en
oposicion (sic) con el imperio que ellas quisieran ejercer; pero este es un vicio de su
educacion (sic), vicio que sería importante estirparlo (sic) para asegurar la dicha de los
dos secsos (sic) (...). 20
Este extenso fragmento recoge claramente las características de las concepciones
conservadoras predominantes en la época en relación a los espacios sociales femeninos.
Por una parte, el hombre era el que administraba los bienes de la mujer, a partir
de la incapacidad que para tener responsabilidades presentaba esta. Se declaraba
la superioridad del primero por encima de la segunda, por cuanto la mujer debía
obediencia a su esposo y no podía actuar en la esfera pública sin el consentimiento
del mismo. Por otra parte, las pretensiones emancipadoras sociales femeninas eran
valoradas negativamente, constituían una opción impensable dentro de dicho discurso,
por lo tanto se abogaba por una educación que permitiera subyugar aún más el
carácter femenino ante el poder masculino.
Sin embargo, el propio periódico publicó en sus páginas, un apartado con el nombre
“Bello secso” (sic) en el cual se aprecian marcadas diferencias con respecto al
discurso anterior. En el mismo se hace una defensa de los derechos femeninos con
respecto a la instrucción y el respeto que el hombre debe profesarle, no utilizándola
como un objeto para satisfacer sus necesidades. De esta forma se plasma:
19 Ídem.
20 El Revisor Político y Literario, no. 64, La Habana, 6 de agosto de 1823, Imprenta del Comercio, p. 256.

El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales
El siglo presente (...) parece que es de reformas y de ilustracion (sic), sacar á las mugeres
(sic) del abatimiento en que yacen, restituirlas á (sic) la dignidad de un ser de nuestra
especie, es obra de muchos años; si la libertad sale triunfante en la gloriosa lucha que
sostiene contra la esclavitud y el fanatismo (...), creemos que nuestros legisladores promoverán
útiles innovaciones, y procurarán sacar del bello secso (sic) toda la utilidad que
se puede, produciendo inmensos beneficios á (sic) la nacion (sic). Que respetásemos la
debilidad de su secso (sic); que su constitucion (sic) física las esceptuase (sic) de toda
ocupacion (sic) penosa ó (sic) recia (...), nada parecía mas (sic) conforme á (sic) la razon
(sic); pero despojarlas de los derechos que se han concedido á todo ser pensador, hacerlas
esclavas privilegiadas de los hombres, reducirlas á (sic) la impotencia de ecsistir (sic)
sin ellos, entorpecer sus facultades, envilecer su dignidad; esta ha sido la obra maestra de
la tiranía, y el rasgo mas (sic) negro del egoismo (sic) y de la ambicion (sic) (...). 21
Aquí se aprecia un progreso avance para la época con respecto a los derechos femeninos
en una apasionada defensa de la mujer como un ser perteneciente a la especie
humana. A pesar que el autor –no aparece el nombre– repite un criterio muy manido
en el siglo xix referido a la debilidad física de la mujer con respecto al hombre,
se opone a los propósitos varoniles de sustraerle el derecho en pensar, así como a
que sean meros objetos esclavos del poder de los hombres. Estas ideas adquieren
una notable importancia en el contexto que nos ocupa, puesto que la mujer es vista
como un ser que tiene potencialidades para desarrollarse, mediante las cuales podría
brindarle muchos beneficios a la nación. El propio autor considera que esta es una
tarea de muchos años, lo cual pone en tela de juicio la generalidad que presentaba
esta temática en las mentalidades de la época.
Resulta sumamente interesante que en el propio año 1823 se haya publicado un escrito
con objetivos tan diferentes a los anteriores. Ello no forma parte de una expresión
producto de la casualidad en tanto coincide con el Trienio Liberal, y la libertad
de prensa que de ello se derivó. A esto se une la bonanza económica lograda en la
década del veinte y el treinta lograda por la aristocracia, lo cual animó el refinamiento
de sus gustos y hábitos de vida, ambiente propicio para ilustrar a sus féminas. El inglés
Francis Robert Jamenson, después de visitar La Habana, por esta época escribió:
“La educación femenina es algo que está recibiendo gran atención, pues en todas las
familias respetables se les enseña Francés, Música, Geografía e Historia”. 22
El año 1838 vio a la luz pública la revista La Siempreviva, ofrendada a la juventud cubana.
Sus principales redactores: Antonio Bachiller y Morales, Manuel Costales, José
V. Betancourt y José Quintin Suzarte, se proponían con la presente el bien público
por lo que las entregas de las mismas se hacían por un precio ínfimo para que de esta
manera circulasen por el pueblo las ideas de moralidad y bienandanza. 23
21 El Revisor Político y Literario, no. 60, La Habana, 23 de julio de 1823, Imprenta del Comercio, p. 247.
22 Raquel Vinat de la Mata: Luces en el silencio. Educación femenina en Cuba (1648- 1898), Editoria política;
La Habana, 2005, p. 15.
23 La Siempreviva, Imprenta de Gobierno y Capitanía General, t. 1, La Habana, 1838, p. 2.
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En dicha publicación José Quintin Suzarte escribió un artículo titulado “La muger (sic)
buena”, donde promueve un tipo de mujer que, a su juicio, sería la ideal. Esta perfección
estará caracterizada por valores como belleza física, dulzura, alegría, incondicionalidad,
ternura. 24 La educación femenina aparece otra vez como la creación de un ser
que obedezca en todo a los mandatos varoniles. Así expone: “Empecemos, pues, por
educar á (sic) la muger (sic) (...) hagámosla buena y el fastidio se alejará de nuestra vida
(...) veremos huir los vicios ante su inocente sonrisa, y beberemos en sus frescos labios
la esencia de las delicias y de la pureza”. 25 Se evidencia la prepotencia del poder masculino
y la influencia que ejercía durante esta etapa en la vida social de las mujeres.
En la revista, el propio Bachiller y Morales editó una poesía con el nombre “La mision
(sic) de la muger (sic)” donde se evidencian criterios conservadores en torno a
la cuestión femenina. Un fragmento de la misma así lo demuestra:
!Oh no¡ las mugeres (sic) del cielo vinieron
y nuncios (sic) de paz á (sic) los hombres bajaron
y encanto y placeres do quier (sic) derramaron
quedaron las dichas, las penas huyeron:
La cuna embellecen sus blandos cantares
de niños las madres y de hombres esposas…
mision (sic) es del cielo, mision (sic) es de rosas
cumplir sus cuidados de amor tutelares. 26
A partir de la cita anterior se evidencia otra postura que aboga por las faenas sociales
de la mujer como buena esposa y madre. Tan compleja resultó la problemática de
género en la época que, incluso, una figura de la envergadura de Antonio Bachiller
y Morales no pudo separarse de los prejuicios producto de la realidad en que vivió
para realizar un análisis lo más objetivo posible.
El Prisma se editó en el año 1846, con dos objetivos fundamentales: instrucción y recreo.
27 Aparece en sus páginas un artículo titulado “La mision (sic) de la muger (sic).
Consejo al bello sexo habanero”, el cual critica a la mujer que se aventura en la literatura,
pues las mujeres son educadas para con los años ser buenas esposas y tiernas
madres. 28 Se considera exagerada la afirmación que realiza su autor M. D. Chancel
cuando atribuye como causa del celibato la preferencia por la literatura que presentaban
las mujeres en la época, pero al mismo tiempo, ello evidencia los extremos
utilizados por el discurso conservador de la época en relación con la problemática
24
Ibídem, pp. 66-67
25
Ibídem, p. 68.
26
Ibídem, p. 330.
27
El Prisma, t.1, La Habana, Imprenta de Barcina, 1846, p. 1.
28 Ibídem, p. 140.

El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales
de género, así como la repulsión manifestada por las transgresiones de las mujeres
del poder masculino. Chancel expresa:
lo que sí nos disgusta, como á todos los hombres sensatos, es que á (sic) fuerza de tanto
predicar sobre la perfectibilidad, el génio (sic) de las jóvenes, crean algunas que han de
ser escritoras y poetisas, y machaquen en hierro frio (sic) con perjuicio de los periódicos
que las adulan y obsequian, y de su estado futuro. Nunca ha estado el celibato tan en
voga como en este siglo, y no nos equivocaríamos si atribuyesemos (sic) se causa á (sic)
la presuncion (sic) literaria que ciega á (sic) ocasiones al bello sexo. 29
Aparece al interior de dicho periódico un artículo nombrado “Educacion (sic) del
bello sexo cubano” que se distingue por las ideas que defiende. Su autor, F. J. de la
Cruz, considera de vital importancia la educación femenina, y brinda una tipología
de cómo debe ser concebida. A pesar que la base de sus intenciones subyacen en una
mejor preparación de la mujer para el logro de una adecuada educación a sus hijos,
los criterios sostenidos se diferencian de la mayoría que constituyen una regla en
las concepciones de la época, en tanto incluye dentro de la educación femenina varios
saberes pertenecientes a la ciencia, que no son incluidos por otros autores; además
se preocupa por el hecho que en la época se dedique mucho interés a la instrucción
masculina y no así a la femenina. Por otra parte, brinda la causa real de por qué el
poder masculino no le presta atención al tema de la instrucción de la mujer, lo cual a
su juicio estriba en el hecho de considerarla un mero objeto sensual del hombre. No
obstante, considera a la mujer como sexo débil. De esta manera expone:
Hay ciencias y aun artes liberales ademas (sic) de la música, tales como la historia, la
literatura, la geografía y la pintura, en que podíamos muy bien iniciar á (sic) nuestras
mujeres, siquiera por hacerlas apreciar la ilustracion (sic) y ponerlas en estado de vigilar
sobre el estado de instruccion (sic) de sus hijos. Cosa ridícula parece que miéntras (sic)
establecemos grandes colegios para educar el sexo fuerte, miéntras (sic) nos esmeramos
en su educacion (sic) moral é (sic) intelectual en todos los ramos del saber humano, al
sexo débil, al que da la vida al otro y dirige sus primeros pasos hácia (sic) el bien ó (sic)
el mal, le dejemos casi abandonado á (sic) sus solas inspiraciones: (...) Qué? Se teme
ilustrar el bello sexo? Se teme su preponderancia sobre el otro? No: digamos la verdad
sin rebozo: es que consideramos á (sic) la muger (sic) como un ser destinado solamente
para los deleites sensuales del hombre (...). 30
En otra parte de la revista aparece un artículo con el mismo nombre de dicho autor
que es la continuación del anterior. En este le dedica un espacio importante a identificar
las materias que deben recibir las niñas en la educación primaria y secundaria.
También refiere que ya ha pasado el tiempo en que se creía que la instrucción en
el sexo femenino se conseguía en detrimento de los deberes domésticos, sino otros
males morales son los que obstaculizan dichos deberes. 31
29 Ídem.
30 Ibídem, p. 25.
31 Ibídem, p. 127..
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En tanto, Andrés Angulo y Béer, escribe dos artículos: “El destino de la muger (sic)”
y “Academias de niñas” en los cuales mantiene la misma lógica de pensamiento conservador
en torno al tema en cuestión. En cada caso considera a la mujer destinada
a las labores de buena esposa y madre, por lo que aboga por alguna instrucción un
poco superior a la que se le daba en esos momentos. 32
En el año 1855 se editó el Semanario Cubano, periódico de Literatura, Ciencias y Artes,
en Santiago de Cuba. Dentro de sus páginas salió un artículo que no se diferenciaba
en mucho del discurso conservador predominante en la época. Bajo el título “La madre
de familia”, escrito por Heráclito se expone el tema de la instrucción de la mujer
en tanto esta pudiese estar mejor preparada para educar a sus hijos. 33
Algunos pasos se daban dentro de los niveles de instrucción femenina. Así, pues,
recoge Raquel Vinat de la Mata que en el año 1860, en el colegio de la Casa de Beneficencia
de Matanzas, junto a la instrucción primaria, las alumnas eran adiestradas
en tejido de sombreros, confección de petacas de guano, zapatería, dibujo aplicado al
bordado y clases de Higiene Doméstica. Este currículo significaba importantes cambios
dentro de la forma tradicional de la preparación femenina, así como el énfasis
en labores que garantizaran una ocupación respetable. 34
El Álbum cubano de lo bueno y lo bello, editada durante el año 1860, fue la primera revista
en la historia del periodismo insular con dirección femenina y dedicada al bello
sexo. 35 Lo más interesante que se pudiera resaltar de la presente es el hecho que en
sus páginas varias plumas, aunque en su mayoría de manera moderada, levantaron
sus voces en defensa de los derechos femeninos a acceder a la instrucción. Así, por
ejemplo, su directora Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió un artículo
que tituló “La mujer” donde hace un recorrido por la Historia del Mundo Antiguo
y de Cuba para demostrar que la mujer no fue solo el sexo débil como lo ha querido
enfocar el hombre sino que:
“En las naciones en que es honrada la mujer, en que su influencia domina en la sociedad,
allí de seguro hallareis civilizacion (sic), progreso, vida pública”. 36
Se evidencia una crítica a la educación femenina recibida, en tanto impide defender
sus derechos públicos y conquistar laureles cívicos. 37
Teresa Díaz Canals en su libro Moral y sociedad. Una intelección de la moral en la primera
mitad del siglo xix cubano, expone que las posturas de la Avellaneda representaron
32
Ibídem, p. 11.
33
Semanario Cubano, Santiago de Cuba, Imprenta de Casañas, 1855, p. 43.
34
Raquel Vinat de la Mata: Ob. cit., p. 36
35
Ibídem, p. 35.
36
Gertrudis Gómez de Avellaneda: “La mujer”, en: Album (sic) cubano de lo bello y lo bueno, Imprenta del
Gobierno y Capitanía General, La Habana, 1860, p. 262.
37
Raquel Vinat de la Mata:. Ob. cit., p. 35.

El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales
una osadía de enfrentamiento a un pensamiento concluyente, patriarcal, y por sobre
todas las cosas, vivió con una autenticidad que le permitió quedar bien consigo misma.
38 En su obra La dama de Amboto denuncia la injusticia por cuestión de sexo, 39
por otra parte, el Diario de amor es el espejo de su alma y de su moralidad, resumida
esta última en dos categorías éticas fundamentales: libertad y amor. Además, destaca
en sus memorias las aspiraciones, su protesta por la división sexista del trabajo y su
defensa de la mujer intelectual. 40
Tanta osadía en una sociedad como la que hemos descrito no podía menos que
encontrar la incomprensión de criterios masculinos, quienes censuraban las actuaciones
tan liberales de la poetisa. Ni el propio José Martí escapó a una interpretación
prejuiciada de la misma. En el Volumen 8 de sus Obras Completas el Maestro realiza
una comparación entre la ya nombrada escritora y Luisa Pérez de Zambrana que vale
la pena comentar:
No hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda: todo anunciaba en ella un ánimo
potente y varonil; era su cuerpo alto y robusto, como su poesía ruda y enérgica; no
tuvieron las ternuras miradas para sus ojos, llenos siempre de extraño fulgor y de dominio:
era lago así como una nube amenazante. Luisa Pérez es algo como nube de nácar
y azul en tarde serena y bonancible. Sus dolores son lágrimas; los de la Avellaneda son
fierezas. Más: la Avellaneda no sintió el dolor humano: era más alta y potente que él; su
pesar era una roca; el de Luisa Pérez, una flor. Violeta casta, nelumbio quejumbroso,
pasionaria triste. 41
Como se puede apreciar, José Martí simpatiza más con la poesía de Luisa Pérez de
Zambrana que la de la Avellaneda; pero, ¿cuáles con los criterios que le animan a
tomar dicha valoración? Precisamente la ternura, la fragilidad y pureza que a su juicio
contiene la poesía y el carácter de una por encima de la otra, indistintamente. Es importante
este criterio de nuestro Héroe Nacional pues demuestra los prejuicios que
en torno a la mujer se mantuvieron en las mentalidades de los hombres de la época,
a los cuales ni siquiera un hombre de la capacidad de Martí pudo escapar.
En un artículo publicado en junio de 1884 por el periódico La América de New
York, Martí señala: “Enalteciendo la mente de la mujer con sólidos estudios, vivirá
a la par del hombre como compañera y no a sus pies como juguete hermoso, y
bastándose a sí no tendrá prisa en colgarse del que pasa como aguinaldo del muro,
sino que conocerá, escogerá y desdeñará al ruin engañador, y tomará al laborioso y
sincero”. 42
38 Teresa Díaz Canals: Moral y sociedad. Una intelección de la moral en la primera mitad del siglo xix cubano,
Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, La Habana, 2002, p. 124.
39 Ídem.
40 Ibídem, p. 125.
41 José Martí: Obras Completas, Volumen VIII, (Versión digital), p. 310.
42 Raquel Vinat de la Mata: Ob. cit., p. 65.
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A partir de lo señalado por el Maestro, se evidencia en esta cita una defensa de los
niveles de instrucción que debe tener la mujer pero no como una forma de emancipación
femenina, sino como una manera de portar una capacidad de preparación a
la hora de escoger un hombre de bien con quien compartir su vida.
En la ya referida revista dirigida por la Avellaneda, aparece una carta dirigida a ella
remitida por Ramón Zambrana, donde este le expone sus criterios sobre el papel que
la mujer debía desarrollar en los destinos sociales: “!Oh¡ pese á (sic) las mezquinas
declamaciones de ciertos escritores, la muger (sic) está llamada a intervenir directamente
en los destinos sociales, y hace ya mucho tiempo que sin cesar interviene”. 43
Aquí se aprecia un criterio favorable sobre la intervención social de la mujer en la
esfera pública, cuestión que según el autor ya venía aconteciendo en el terreno femenino
desde hacía algún tiempo.
En el año 1866, se editó El Siglo, donde se reproducen varios artículos dedicados a
analizar el atraso intelectual de la mujer, insistiendo en la necesidad de mejorar sus
niveles de instrucción “(…) para que las mujeres conozcan el mundo, como arma
para luchar por la vida y apliquen la enseñanza recibida a la función social y en su
influencia familiar”. 44 Como se puede apreciar, la intención evidenciada en dicha cita
es el hecho de llamar la atención sobre la importancia que tenía elevar los niveles de
educación femeninos, aunque no se obvia la idea que la misma sea para mantener
mejor preparada su misión social de buena esposa y madre.
En este mismo año se publican artículos con una intención semejante, o sea, la abogacía
por el tema de la educación femenina en el periódico La Aurora, y a pesar de
que la base la constituyó también la mejor preparación para dedicarse a su rol social,
en un artículo bajo el nombre “La educación de la mujer” se exponía:
“Encerrada en el estrecho y mezquino círculo de las preocupaciones, esclava y juguete
las más veces de las veces del capricho del hombre, sin ninguna clase de derechos,
sin educación verdadera, sin garantía de ningún género para ser feliz, arrastra una
vida miserable ejerciendo su influencia de una manera funesta sobre los destinos del
hombre”. 45
Como se evidencia en la anterior cita, se reconoce el papel subordinado que tenía la
mujer con respecto a los designios masculinos, todo ello en detrimento de sus derechos,
ni educación verdadera.
En el Almanaque Cómico, político y literario de Juan Palomo (1872), salió publicada
una carta que Rosalia Castro de Murguía encontró por casualidad en algún lugar.
43 Ramón Zambrana: Carta á (sic) la Sra. Gertrudis Gómez de Avellaneda de Verdugo, en: Album cubano
de lo bueno y lo bello; Imprenta del Gobierno y Capitanía General, 1860.
44 Raquel Vinat de la Mata: Ob. cit., p. 42.
45 Ibídem, p. 43.

El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales
La misma está escrita por una escritora a una amiga que piensa insertarse en tales
faenas, donde le brinda consejos sobre la situación por la que atravesaban las mujeres
que tales aventuras escogían. Lo novedoso de tal carta es la intención de la autora
por resaltar que el hecho que una mujer desee escribir no obstaculiza sus labores
domésticas:
Sobre todo, los que escriben y se tienen por graciosos no dejan pasar nunca la ocasion
(sic) de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines de sus maridos
(...) Cosa fácil era para algunas abrir el armario y plantarle delante de las narices
los zúrcidos (sic) pacientemente trabajados, para probarle que el escribir algunas páginas
no le hace á (sic) olvidarse de sus quehaceres domésticos, pudiendo añadir que los que
tal murmuran, saben olvidarse de que solo han nacido para tragar el pan de cada día y
vivir como los parásitos. 46
El presbítero Félix Varela señaló que muchos de los atrasos sociales tenían su origen
en apartar de las ciencias al género femenino, pues no se podía olvidar que el primer
y más influyente maestro del hombre es la madre. 47
Cirilo Villaverde en La joven de la flecha de oro, publicada en 1841 en Matanzas
trasmite el ideal de la patria a través de los personajes femeninos. María Paulina defiende
el derecho que tiene la mujer a casarse por amor y no por dinero, práctica muy
utilizada en la Cuba colonial de dicha centuria en que las mujeres iban al matrimonio
pero era muy difícil encontrar el amor. 48
Los años 80 del siglo xix, constituyeron un ambiente más propicio para insertar
profundas transformaciones en torno al discurso conservador sobre el rol social de
la mujer. Si bien, durante la primera mitad de esta centuria, hasta finales de los años
70, se evidencian aisladas y tímidas, en su mayoría, ideas liberales en la forma de concebir
la instrucción femenina y la necesidad de una mejor preparación de esta para
que puedan brindar una mejor educación a sus hijos, y cumplan, en fin, de manera
más acertada el rol social para el que estaban diseñadas, desde la octava década decimonónica
se aprecia la presencia más osada de una proyecto de pensamiento que se
venía gestando paralelamente a la forma tradicional de concebir a la mujer.
La primera intervención norteamericana y la instauración de la República hicieron
que estas ideas liberales maduraran, poco a poco, debido a la influencia que el país
norteño ejerció en la sociedad. 49 Es importante señalar, como ya se ha expuesto,
que la condición de esposa modelo y madre delicada no había desaparecido, aunque
frente a él comenzaba a esbozarse otro, en el que se destacaba que la mujer no podía
46
Rosalia Castro de Murguía: “Las literatas”, En: Almanaque cómico, político y literario de Juan Palomo, La
Propaganda Literaria, La Habana, 1872, p. 94.
47
Teresa Díaz Canals: Ob. cit., p. 90.
48
Ibídem, pp. 123- 124.
49
María del Carmen Barcia: “Mujeres en una nueva época: discursos y estrategias” en: ob. cit., p. 7.
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seguir siendo educada para el harén 50 , porque: “(…) la sociedad cubana descubre
horizontes mucho más amplios (…) entramos en la esfera política de los Estados
Unidos con la Intervención (…) en nuestra vida entera tiene que reflejarse el carácter
de la nación venidera”. 51
A partir de dicha etapa comienza una apertura con respecto a los espacios laborales
femeninos. Junto a las faenas tradicionales a las cuales se habían dedicado las mujeres,
se instauraron otras que significaron una forma de conducta mucho más liberal
para la sociedad cubana. Por ejemplo, la sección de envases de la fábrica jabonera
Crusellas y Hno., fue atendida por mujeres y algunas de ellas eran negras o mestizas;
desde finales del xix desempeñaban diversos trabajos en las fábricas de tabaco y
también laboraban, con éxito, como “cajistas” en numerosas imprentas; así como,
debe destacarse que la profesión de enfermeras había comenzado a desarrollarse
desde 1899. 52
María del Carmen Barcia en su artículo “Mujeres en una nueva época: discursos y
estrategias” plantea lo siguiente: “Las mujeres profesionales y también las costureras,
sombrereras y peinadoras, comenzaron a anunciarse en las revistas, algunas de la
cuales eran dirigidas por las de su sexo (...) También aparecieron redactoras femeninas
que colaboraron en diversos órganos de prensa, tanto de las asociaciones peninsulares,
como de los sectores negros y mestizos, o de la intelectualidad blanca”. 53
Por otra parte, surgieron periódicos que resultaron muy osados por las temáticas y
el discurso que utilizaron. Por supuesto que este cambio en la manera de actuar que
se fue evidenciando en la sociedad cubana de la década del 80 decimonónica, no se
produjo de manera casual, sino que estuvo condicionado por varios factores. María
del Carmen Barcia en su artículo “Mujeres en torno a Minerva” expresa:
La sociedad civil cubana adquirió, a partir de esos años, una nueva dimensión (...) a partir
de los años ochenta, afloraron sociedades de todo tipo y se transformaron otras; se
crearon partidos políticos, agrupaciones benéficas, recreativas o difusoras de la cultura;
los antiguos cabildos negros pasaron a ser sociedades de instrucción, recreo y socorros
mutuos. Todos se reunían para proyectar y difundir sus intereses y, para ello, utilizaban
su derecho a la prensa. 54
Esta idea es importante en tanto establece un punto de partida para la comprensión
de la proliferación de periódicos que acontecieron durante dicha etapa, de los cuales
se hará alusión solamente al que nos ocupa en el presente artículo: La Cebolla. 55 , en
50
Ídem.
51
Miguel de Carrión: “El triunfo de las mujeres”, en: María del Carmen Barcia, ob. cit.
52
Ibídem, p. 6.
53
Ibídem, p. 7.
54
María del Carmen Barcia: “Mujeres en torno a Minerva”, en: ob. cit., p. 114.
55
María del Carmen Barcia: “El caso de Victorino Reineri. Una página del periodismo colonial”, en:
ob.cit., p. 53.

El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales
1888 donde por: “(...) primera vez en Cuba y tal vez en América, las mujeres públicas
aparecían como protagonistas e impulsoras de un periódico destinado a defender sus
intereses (...)”. 56
Dicho periódico 57 fue sufragado por las prostitutas habaneras, dueñas de prostíbulos
y dirigido por un progresista periodista español: Victorino Reineri Jimeno. El mismo
estuvo enfocado a la defensa de los derechos de las mujeres, inscritas oficialmente,
que ejercían esta profesión. Ello, quizás motivado por las diferencias que se evidenciaron
a partir de la década del 70 del siglo xix, en que se hizo necesaria la reglamentación
de esta actividad por el incremento de las mujeres dedicadas a la venta del cuerpo.
Por lo tanto, la reglamentación de la prostitución trajo consigo diferencias notables
entre las que estaban legalizadas, las cuales tenían que pagar impuestos y cumplir con
los requerimientos establecidos, y las que la ejercían ilegalmente, sin estar establecidas
bajo ningún control. 58
La aparición de dicho libelo demuestra que la sociedad de la época había cambiado,
ya que a mediados de siglo una idea tan osada resultaba impensable en las condiciones
de la Cuba colonial. “Ahora, meretrices y prostitutas, mujeres marginadas,
buscaban la forma de defenderse de los mecanismos judiciales e individuales que
las expoliaban, y para ello se valían del “cuarto poder” y sufragaban un órgano de
prensa”. 59
Así aparecía en uno de los escritos del mismo:
Ha llegado el momento de que no toleremos con nuestro silencio esas multas injustas
que se nos imponen, unas veces por que (sic) no queremos ceder a los caprichos lujuriosos
de un polizonte y otras porque no le aflojamos el dinero que nos pide. Ya los
tiempos ominosos de aguanta y calla pasaron para no volver. Hoy ni se aguanta ni se
calla, que para eso contamos con el cuarto poder del estado, con la prensa que es la
encargada de poder coto a los instintos feroces de nuestros verdugos. 60
Este y otros fragmentos evidencian las críticas de las prostitutas a la marginación
y explotación sufridas por el poder de las autoridades coloniales. A pesar que: “las
prostitutas se limitaban a plantear sus demandas ante las autoridades (...) [sin hacer
alusión a]: “los temas generales abordados por las publicaciones que trataban sobre
ellas (...)” 61 , esta revista constituyó un exponente de demanda a los atropellos
impuestos por las mujeres que ejercían la prostitución. Un órgano que ponía fin al
56 María del Carmen Barcia: “Entre el poder y la crisis las prostitutas se defienden (1850-1888)”, en:
Contrastes, Revista de Historia Moderna, vol. 7-8, 1991, p. 1.
57 De dicho periódico llegaron a editarse solamente cuatro números.
58 Ibídem, p. 57.
59 Ibídem, p. 74.
60 Ibídem, p. 82.
61 Ibídem, p. 89.
331 331

332 332
liC. yaSVily méndez paz
silencio que se tenía con el carácter estigmatizante de las mismas debido a la transgresión
que representaba la actividad que realizaban para el poder masculino de la
época. En fin, una muestra de los cambios liberales que se fueron insertando en la
última centuria colonial cubana.
Un espacio importante en este despertar de la conciencia colectiva en torno a los
derechos de la mujer lo constituyeron las negras y mestizas. En este contexto surgió
la revista Minerva 62 , dedicada a la mujer de color. Los objetivos fundamentales de la
revistas lo constituyeron las demandas sociales en torno a la mujer, especialmente
las blancas y las mestizas, sin soslayar las referentes a la emancipación jurídica de las
ex esclavas. 63 A la cuestión de la discriminación racial, se sumaba la relativa al sexo
femenino, por lo que representaba un espacio importante dentro de las ideas liberales
que se iban insertando en relación con esta última problemática. En sus páginas
aparecía de esta forma:
La mujer negra, sañudamente tratada por sus viles explotadores viene hoy a ser el blanco
más saliente a donde dirigen sus saetas envenenadas aquellos mismos que traficaron
con su noble sangre en los luctuosos días de la esclavitud. Por eso (…) nos preparamos
a la defensa en el constante batallar porque (sic) estamos pasando; y tal haremos hasta
que se nos considere tal como somos y no tal como cada arista pirata le ha parecido a
convenido a sus medrosos fines (…) nos invitan a luchar, pues luchemos. 64
La cita anterior demuestra la osadía de estas mujeres por reivindicar sus derechos
desde dos planos: el del sexo femenino y el color de la piel. Ello brinda otros elementos
para demostrar las transformaciones acontecidas en el ámbito de la sociedad
cubana del siglo xix, en torno a los derechos de la mujer. La misma constituía en
escalón importante para transitar por el camino de las luchas por la emancipación
femenina que tomaría su curso durante la próxima centuria.
consideraciones finales
Las líneas de pensamiento que, poco a poco, se fueron insertando desde la primera
mitad del siglo xix, y que se hicieron más liberales a partir de las décadas del 80 y
90 de dicha centuria, evidencian grandes diferencias en el discurso de la época y en los
espacios que se fueron creando para las mujeres a partir de estas etapas. Sin abandonar
62 Esta revista se publicó en La Habana, de noviembre de 1888 a julio de 1889. El nombre escogido era
altamente alegórico y representativo de los intereses que la animaban, pues la diosa de ese nombre
había sido para los romanos la personificación de la sabiduría, a la vez que la protectora de las artes
y las ciencias. En: María del Carmen Barcia: “Mujeres en torno a Minerva”, ob. cit., pp. 117-118.
63 Ibídem, p. 120.
64 Ibídem, p. 122.

El espacio femenino durante el siglo xix: debates entre conservadores y liberales
completamente la imagen tradicional de la buena esposa y madre, y las labores domésticas
a las que debía dedicarse, se fueron recreando otras mucho más liberales
que las mujeres aprovecharon exitosamente.
Las conductas tradicionales sobre la concepción patriarcal de los espacios femeninos
instauradas de antaño y defendidas por la mayoría de los hombres, e incluso mujeres,
durante la centuria decimonónica, no desaparecieron fácilmente. Es necesario
señalar que las transformaciones en el ámbito de las mentalidades de una época
son difíciles de modificar, no obstante se fueron introduciendo cambios mediante
diversos canales de divulgación que ejercieron notable influencia en la época, como
lo constituyó la prensa.
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334
MÚsica Y letra del HiMno nacional.
reFleXiones sobre sU aUtorÍa
introducción
MsC. YaMila González Ferrer
liC. paloMa González alFonzo
Cuba
En el año 2009 se publicó en el periódico Juventud Rebelde un artículo sobre el Himno
Nacional a propósito del 141 aniversario de que se entonara por primera vez. 1 De su
lectura se aprecia que en torno a esta obra existe un debate científico que apunta a
hallar la verdad histórica de lo ocurrido en su creación. Aún existen multiplicidad de
interrogantes e incógnitas que no han sido resueltas.
Releyendo dicho material desde una mirada de género y una perspectiva de derecho
de autor, algunas cuestiones interesantes saltan a la vista. Los autores, haciendo referencia
a lo escrito en un artículo anterior expresan: “Otros se enteraron entonces que tal
marcha –hoy Himno Nacional de Cuba– tenía originalmente seis estrofas y que en su ‘construcción’
había participado también Isabel Vázquez, esposa de Perucho....” Más adelante apuntan: “Y el
mismo hijo del Padre de la Patria estuvo entre los que aseguraron que Pedro Figueredo fue ayudado
en la creación por su esposa Isabel Vázquez, poetisa excelente”. Para finalmente concluir:
“Sin embargo, todavía tenemos deuda con su esposa. Ninguna calle o institución del Bayamo actual
lleva el nombre de la mujer que dio nueve hijos a la patria, le prendió fuego a su vivienda cuando el
glorioso incendio, ayudó a componer el Himno y murió en el exilio como una verdadera patriota”.
1
Aldo Daniel Naranjo, y Osviel Castro Medel: “Un himno que quema”, Juventud Rebelde, 20 de octubre
de 2009.

Música y letra del Himno Nacional. Reflexiones sobre su autoría
Es un hecho encomiable que Naranjo y Castro hicieran visible en las páginas del
periódico esta lamentable omisión. Estas revelaciones y las interrogantes que de inmediato
surgieron fueron el punto de partida de la investigación que acometimos. 2
la autoría del Himno nacional.
Una mirada a la historia contada
desde un enfoque de género
¿Qué lectura podemos darle desde el Derecho de autor a estos pasajes de nuestra
historia, escrita desde la mirada masculina hegemónica, que solo vio en la mujer la
ayuda, el apoyo, la compañía y no la participación activa y militante, y que aún hoy,
se siguen transmitiendo de esa manera aunque hayan cambiado los tiempos y el
reconocimiento de los derechos de la mujer sea una realidad? ¿En qué consistió la
“ayuda” que Isabel le diera a su esposo? ¿Qué alcance tendría en realidad esa “ayuda”
cuando hablamos de una mujer con dotes literarios en una obra cuya letra reúne solo
seis estrofas?
El artículo periodístico no solo pone en tela de juicio la popular historia conocida
hasta hoy sobre la creación de la obra marcial, sino que al emplear el vocablo “ayuda”,
para referir la participación que tuvo Isabel Vázquez, esposa de Pedro Figueredo
Cisneros en la construcción de la obra musical nos plantea la posibilidad de que
su participación haya ido más allá de un simple apoyo o contribución puntual a la
obra.
¿Cuál era el deber-obligación de una esposa en el siglo xix amén de los ideales políticos
o potencialidades intelectuales? Precisamente el de acompañar, ayudar, estar a
disposición de su esposo. Era impensable que en aquella época una esposa pretendiera
atribuirse una creación en la que hubiera puesto parte de su intelecto, si aquella
surgía en ese acto de apoyo o contribución a su esposo. Por otra parte los iniciadores
del proceso revolucionario cubano, a pesar de su avanzado pensamiento e ideales
políticos, no podían escapar a las concepciones patriarcales que caracterizaban ese
momento histórico y que lógicamente ellos reproducían.
2 Este artículo parte del trabajo de curso que la Lic. Paloma González Alfonzo realizara como estudiante
de Derecho en el año 2010, y que profundizó en su tesis de Diploma en el año 2011 con la que
obtuvo el Título de Licenciada en Ciencias Jurídicas, bajo la tutoría de la Dra. Caridad Valdés Díaz y
la MsC. Yamila González Ferrer, que se titula: “Género y Derecho de Autor. Una aproximación a la
realidad cubana del siglo xix”, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y por el cual fue
premiada en la categoría relevante en la Jornada Científica estudiantil efectuada en el mes de abril.
Curso 2009-2010.
33

33
mSC. yamila gonzález ferrer, liC. paloma gonzález alfonSo
Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, quien ha llegado a nuestros días como el
Padre de la Patria, en el prólogo que redactara al libro Ecos de la selva, de la autora
Úrsula Céspedes de Escanaverino, alude a las manifestaciones culturales de la época,
al espíritu nacionalista que se forjaba y a su forma de revelarse a través de las artes.
Pero establece sobre todo, el marcado esquema social imperante en las familias de la
época, donde el papel protagónico lo representaba el hombre, quedando reservado
para las mujeres el espacio hogareño y de la educación de los hijos e hijas. Por tanto,
mientras que el sentido independentista y los deseos de libertad, caracterizaban de
avanzadas las mentes de estos hombres, ellos no podían ir más allá de las conductas
y los roles que la propia ideología patriarcal, fuertemente asentada que la organización
social les imponía. 3 A partir de estas realidades y de las inquietudes que surgen
al pretender hallar la verdad, comienzan a revelarse los enrevesados caminos de la
conformación de nuestro himno nacional.
Transcurridos 17 años de la creación de la Bayamesa de Fornaris, Francisco del
Castillo y Céspedes, específicamente el día 13 de agosto de 1867 en el bufete del
abogado Pedro Figueredo, se encontraban los tres hombres más importantes del
movimiento conspirativo del momento, con el objetivo de hallar el modo de alentar
la lucha independentista en Oriente. Esa noche Pedro Figueredo, Francisco Vicente
Anguilera y Francisco Maceo Osorio constituyeron el Comité Revolucionario y escogieron
el mes de octubre para realizar el alzamiento bélico. En la propia reunión,
y una vez acordados los puntos anteriores, Maceo Osorio se dirigió a Perucho y le
manifestó: “Ahora te toca a ti, que eres músico, componer nuestra Marsellesa”. Estas
palabras tomaron como base el canto de guerra que entonaron los marselleses en
1792 según relata Delio Orosco González, director del archivo histórico de Manzanillo
en su artículo: “Notas para repensar el Himno Nacional de Cuba” 4
Cuenta la historia, según el autor del libro Bayamo, José Maceo Verdecia, que esa
misma madrugada del 14 de agosto, inundado por la enorme conmoción patriótica
que los hechos le provocaron, el maestro Pedro Figueredo se sentó frente a su piano
3 Fernando Portuondo y Hortensia Pichardo: Prólogo al libro Ecos de la Selva. Poesías, en Carlos Manuel
de Céspedes, t. I, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1974, pp. 459-464. Carlos Manuel de Céspedes
si bien reconoce talento, instrucción y constancia no solo en los cubanos blancos ricos, sino
también en “hombres oscuros” y en mujeres, particularmente a la que le prologa los poemas, utiliza
expresiones que denotan un criterio despectivo de estas, cuando comenta. “(…) y aquellos corazones
jóvenes…, traducen sus estímulos naturales en versos amorosos inspirados en el albor de la
juventud por las mujeres, esos seres que pronto sabrán despreciar; porque arrastrada el alma por su
vuelo automático hacia el Empíreo, patria desconocida de donde vive desterrado, las soñó ángeles, y
las encontró mujeres, según la feliz expresión de un poeta que sin duda recorrió la misma senda que
acabo de trazar con piquetes intelectuales”.
4 Cuando en el verano de 1792, más exactamente el 11 de julio, la Asamblea francesa declaraba
solemnemente a la patria en peligro, de todas las provincias comenzaron a llegar a
París batallones federados para cumplir el deber sagrado de defender la nación; entre ellos
iban marselleses, quienes, entonando su canto de guerra: “La Marsellesa”, no solo dotaron
a Francia de un himno, sino que, ofrecieron un canon a todos los liberales de la centuria
pasada para la conformación de cantos de guerra y combate.

Música y letra del Himno Nacional. Reflexiones sobre su autoría
y tocó los primeros acordes de nuestro glorioso himno. La marcha fue titulada: La
Bayamesa, todo parece indicar que las palabras de Francisco Maceo Osorio no carecían
de sentido, este obra era para nuestros patriotas su marsellesa. 5
No fue hasta el mes de marzo del siguiente año, en el ingenio “Las Mangas”, de
su propiedad, que quedaba a una legua de distancia de la ciudad de Bayamo, que el
maestro Pedro Figueredo decidió ejecutar la obra frente a algunos miembros de su
familia. Según el citado profesor Delio Orosco González, resulta un poco dudoso
el hecho de que el prócer haya esperado que transcurrieran siete meses desde la
composición para tocar al piano la obra, sin embargo no han subsistido muchas
fuentes históricas que logren revelar con objetividad la cronología de este particular.
Aunque debido a la calidad de los acordes se puede suponer que no bastaba con la
excepcionalidad que mostraba Perucho al tocar el piano, se requería una elaboración
consciente y anticipada.
Modesto Arquímedes Tirado Avilés, comandante del ejército libertador, amigo personal
de Martí, primer historiador en propiedad de la ciudad de Manzanillo quien
tuvo la oportunidad de conocer a Ángel Figueredo Vázquez –hijo de Pedro Figueredo
Cisneros–, cita en el tomo 1 de sus Efemérides de Manzanillo 6 estas palabras
del descendiente del ilustre bayamés: “Mi padre compuso el himno algunos meses
antes de estallar la guerra de 1868, y lo ejecutó por primera vez al piano en el mes de
marzo de ese año”.
El mismo Ángel Figueredo, proporcionó a Tirado un recorte del periódico veracruzano,
Diario Comercial, de fecha 5 de noviembre de 1897, donde Carlos Manuel de
Céspedes y Céspedes, primogénito del Padre de la Patria y esposo de Eulalia, una
de las hijas de Isabel y Perucho, testigo presencial, rememora como se improvisó el
himno:
Recuerdo que un día del mes de marzo de 1868, estábamos sentados en la sala de la casa
de vivienda del ingenio “Las Mangas”, a una legua de Bayamo, su dueño Pedro Figueredo,
su esposa Isabel Vázquez, su hija Eulalia y yo, que había ido allí como comisionado
de los conspiradores. Hablábamos de la situación imperante, cuando de repente se levantó
“Perucho” –como cariñosamente llamábamos al autor del himno– y sentándose al
piano, que tocaba magistralmente, improvisó una marcha guerrera, que mereció nuestra
5 No fue el propio Perucho quien realizó la orquestación de nuestro himno; sino que esta misión la encomendó
a su vecino: Manuel Muños Cedeño, quien había cursado estudios de música en la Sociedad
Filarmónica “Isabel Segunda”. Creador de la primera orquesta de música culta, sacra y popular de
Bayamo. Manuel Muños poseía un talento incomparable, dominaba con destreza el arte de componer
y arreglar. El himno fue tocado por la orquesta del maestro Manuel Muñoz Cedeño en ocasión
de la fiesta del Corpus Cristi, en presencia del gobernador Udaeta el día 11 de junio de 1868. Manuel
Muñoz Cedeño, tuvo a su cargo también la preparación y dirección del coro de las 12 señoritas, las
seis blancas y las seis negras que cantaron por primera vez el Himno Nacional en el acto de jura y
bendición de la bandera de Carlos Manuel de Céspedes.
6 Modesto Arquímedes Tirado Avilés: Efemérides de Manzanillo, Archivo Histórico de Manzanillo, Inédita,
t. I, Ciudad Masó, pp 134-136.
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mSC. yamila gonzález ferrer, liC. paloma gonzález alfonSo
aprobación. Ya teníamos la música y solo faltaban las palabras, que Isabel, su esposa,
adaptó a los incipientes compases de Figueredo, que no era poeta, mientras que su esposa
y mi inolvidable suegra, Isabelita, componía muy bonitos versos patrióticos, de los
cuales aún recuerdan algunos, sus hijos. Ese himno se tocó por primera vez en Bayamo,
por la orquesta del maestro bayamés Manuel Muñóz, que le puso el correspondiente
acompañamiento, en la procesión del Corpus, en 1868, habiendo sido amonestado el
popular maestro por el gobernador Udaeta por tocar marchas no acostumbradas en las
fiestas de tablas.
Este testimonio absolutamente revelador nos pone ante el reto de profundizar en el
verdadero papel de esta mujer en la elaboración de esta marcha. Si otorgamos valor
probatorio a lo declarado por Céspedes de Céspedes, testigo presencial de estos hechos,
tenemos que inexorablemente admitir que el maestro y excelente compositor
musical Perucho, no poseía las dotes de poeta, aunque su pluma fuese vertida para
crear obras de otros géneros como las teatrales. Se nos dibuja en la mente el caso de
nuestro héroe nacional, que a la inversa de Pedro Figueredo, era un magistral poeta
pero solo se le conoce una obra escrita para teatro: “Abdala”. A contrario sensu, el
primogénito del Padre de la Patria asevera que su suegra, Isabel Vázquez, era una
excelente poetisa.
El mencionado historiador de Manzanillo reflexiona además sobre el verbo utilizado
por el declarante cuando precisa la acción que realizó Isabel:
No menos llamativo resulta en esta indagación, el hecho de que fuese Isabel Vázquez,
la esposa del compositor, quien “adaptó” las palabras al himno; no obstante, la anfibología
del verbo en este caso, nos sumerge en un estado umbrático; pues, ¿estaban ya
compuestas las palabras y el papel de la mujer se redujo sólo a adecuar el texto?; a pesar
de ello, la aseveración de “que no era poeta”, da pie a creer que la letra fue compuesta
por su esposa; y si resultó ser así, ¿por qué su autor no lo reconoció?; la respuesta resulta
evidente: ser independentista –en la Cuba del siglo xix–, no significa poseer pensamiento
emancipado respecto a la mujer. 7
En opinión de estas autoras no cabe duda sobre la autoría de Isabel, ella adaptó las
palabras que faltaban y que fue creándolas en el acto, a los incipientes compases de
Figueredo. Es decir, creó la letra adaptándola a unos particulares acordes musicales.
Nadie dio importancia a este hecho, ni siquiera los que lo conocieron. Carlos Manuel
de Céspedes y Céspedes y Ángel Figueredo Vázquez, siguieron reconociendo a
Perucho como autor del Himno e ignoraron el imprescindible actuar de Isabel. Fue
invisible para ellos, y tal vez para ella misma que no era consciente de la trascendencia
de su aporte.
7 Ídem.

Música y letra del Himno Nacional. Reflexiones sobre su autoría
Otro elemento a tener en cuenta a favor de la autoría de Isabel Vázquez, lo encontramos
en la única copia sobreviviente de puño y letra del autor que fue entregada por
Perucho a la señorita Emilia Morel, a petición de esta última, que tiempo después la
puso en manos del coronel Fernando Figueredo Socarrás, tesorero de la República,
en esta copia solo consta la melodía de la obra. 8 Consideramos que el testimonio
hallado precisa una relectura de los hechos, una mirada diferente a este importante
episodio de nuestra historia. Se impone poner fin al anonimato de Isabel y sacar a la
luz su protagonismo.
De igual forma, corresponde también valorar el alcance que para el Derecho de Autor
tendría la aportación realizada por Isabel, toda vez que habría que considerar el Himno
Nacional como una obra en coautoría y específicamente como una colaboración
imperfecta en la que según la doctrina especializada son perfectamente desentrañables
los aportes realizados por cada una de las partes, dígase letra y música, sin
que ello derive en menoscabo de la obra en cuestión, respetándose la naturaleza de
la misma, entendiéndose por tanto a Isabel Vázquez y a Perucho Figueredo como
autores del Himno Nacional La Bayamesa.
reflexiones finales
Durante este proceso investigativo fuimos criticadas por “algunos” por el “atrevimiento”
de pretender cuestionar la autoría del Himno Nacional, por considerar
que con ello cometíamos un acto desleal y antipatriótico. No nos amilanamos por
ello, puesto que esos criterios, no son otra cosa que expresiones sexistas que aún
perviven. Cuando se trabaja con seriedad, convicción y guiadas por principios revolucionarios,
no debemos temer puesto que nuestro objetivo ha sido acercarnos con
absoluto respeto a la verdad.
Cuando el 20 de octubre de 1868 Perucho Figueredo llegó a caballo a la plaza, la
población bayamesa que aclamó y entonó la letra del himno; no podía imaginar que
aquellas estrofas provenían del ardor y la pasión de una mujer por su Patria. ¿Cómo
es reconocida esta mujer en la historia patria? Únicamente como la esposa de Peru-
8 En el mencionado artículo el historiador del Archivo histórico de Manzanillo reflexiona:
“Interesantísimo resulta escrutar esta versión. Si creemos al testimoniante, La Bayamesa fue
improvisada en marzo del 68, fecha en la cual, según el hijo de Figueredo, su padre tocó la
pieza por vez primera al piano; sin embargo, no es de dudar que el pentagrama estuviese
en la cabeza de Perucho desde algún tiempo atrás; pues, a pesar de que “tocaba magistralmente”
el piano, los acordes están muy bien elaborados y su sabor marcial debió haber sido
fruto de una mínima meditación. De igual forma, si la tocó al piano, lo más lógico es que
lo hubiera hecho con su respectivo acompañamiento, aunque no fuese esto lo que más interesase
al bayamés; pues, en la única copia de puño y letra del patriota –hasta el momento
conocida–, solo se estampa la melodía.
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3 0
mSC. yamila gonzález ferrer, liC. paloma gonzález alfonSo
cho, patriota sí, como él, que prendió fuego a su vivienda y dejó lujos y comodidades
para irse a la manigua aquel glorioso 11 de enero de 1869, quien lo acompañó en sus
ideales y acciones y dio a la Patria 9 hijos.
Esa letra forma parte de las historias sumergidas de las mujeres en esa historia escrita
y protagonizada por los hombres. Con esa poesía patriótica cuya coautoría resulta
indudable, ocurre igual que con la pléyade de mujeres independentistas cubanas que
rompieron las barreras sociales de su época y se fueron a la manigua redentora, no
siguiendo al esposo, al hijo, al hermano, sino porque en ellas germinó el ansia de
libertad. Por ello es necesario revisitar nuestra historia y profundizar en los hechos.
Isabel y Perucho, no solo estaban unidos en matrimonio, ella no sólo lo seguía y lo
apoyaba por ese vínculo, sus lazos eran mucho más potentes, ambos estaban encendidos
con la llama de la libertad y el amor a la patria, ambos reflejaron su alma
independentista en una creación que los asume como sus más auténticos creadores,
letra y música se entrelazan en esta historia de amor.
Decíale Ángel Figueredo a Tirado Avilés, “que ni sus hermanos ni él, quisieron nunca
registrar la propiedad de la música y letra del himno de Bayamo, compuesto por
su padre, porque entendían que el conjunto de ese patriótico canto pertenecía a la
República, por haber sido escrito para despertar en los cubanos el ardor bélico y el
amor a la libertad, y si ayer en la contienda sirvió para lo primero, en la paz habría
de servir para lo segundo”. 9
Cierto es que ese canto pertenece a la Patria, pero la Patria se forjó con el esfuerzo
de mujeres y hombres. Isabel y Perucho son ejemplo de ello. Se impone entonces
que la Patria reconozca y valore el papel de una de sus mujeres insignes. La deuda de
la historia para con Isabel debe ser compensada.
9 Modesto Arquímedes Tirado Avilés: Ob. cit., pp 134-136.

la aVellaneda baJo sosPecHa
introducción
liC. paloMa González alFonzo
Cuba
Se ha entendido que toda obra constituye un reflejo de la espiritualidad de su autor,
que la impronta, la inteligencia, el alma y los sentimientos del artista quedarán representados
en el producto creativo. Evidentemente, en el caso que acontece, Gertrudis
se vio afectada por los cánones de conducta establecidos socialmente, de discriminación
hacia la mujer, trascendiendo estos estereotipos a la relación establecida entre
el creador y su obra.
A la poetiza camagüeyana, Gertrudis gómez de Avellaneda, a la que el carácter
transgresor de sus textos y de su persona le propiciaron la crítica de muchos, además
del tránsito por un empedrado camino hacia la gloria en las artes, ceñido por los
antagonismos en las relaciones de género, no le ha reservado la historia el lugar que
merece. Si bien ha quedado vigente la obra a la que dio vida, siendo incluso aclamada
en importantes escenarios culturales, no han sido suficientemente revelados los obstáculos
a los que esta creadora tuvo que enfrentarse, desafiando su tiempo, para defender
su obra desde su condición de mujer. En una de las tantas cartas que dirigiera
a su gran amor Cepeda, mostró la infelicidad que sus manifiestas ideas transgresoras
le procuraban, en la epístola dicha autora confesó haber envidiado innumerables
1 Este artículo es inédito y parte del trabajo de Diploma que realicé en el año 2011 y con el que obtuve
el Título de Licenciada en Ciencias Jurídicas, bajo la tutoría de la Dra. Caridad Valdés Díaz y la MsC.
Yamila González Ferrer, que se titula: Género y Derecho de Autor. Una aproximación a la realidad
cubana del siglo xix. Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana
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3 2
liC. paloma gonzález alfonSo
veces la suerte de las mujeres que no sentían ni pensaban, que vegetaban y sin embargo
el mundo las consideraba “mujeres sensatas”. 2 Puede intelegirse de estas letras
los pesares que la expresión de sus pensamientos le causaron y la connotación de los
mismos en los espacios públicos.
acercándonos al empedrado camino
de la avellaneda
Ricafort, uno de sus amantes, y a quien además estuvo prometida en matrimonio
aunque este no llegó a formalizarse, le expresó su pesar por su profesión de escritora,
la que además consideraba un delito, e intentó convencerla de las consecuencias
penosas que tendría para ella, asegurando que solo conseguiría calumnias y murmuraciones.
3
La avellaneda desarrolló una estrategia de supervivencia que puede provocar la conclusión
de que en ella se anidaban enormes contradicciones. Estas giraban entorno
a sus reales convicciones respecto al papel de la mujer y la manera en que podía
mostrarse a la luz pública y exteriorizar a través de su obra sus ideales.
La primera novela escrita por Gertrudis Gómez de Avellaneda, lleva por título: Sab,
el nombre de un personaje esclavo que sufre en la obra por un amor imposible que
siente hacia la hija de su amo. En esta creación la autora homologa la situación de las
mujeres con la de la esclavitud, al estimar que tanto unas como otros son víctimas
de la sujeción.
La Avellaneda consideraba a las mujeres seres aún más desgraciados que los propios
esclavos, asumía que estos últimos al menos tenían la alternativa de cambiar de amo,
de juntar dinero y comprar algún día su libertad. En cambio, la mujer al levantar sus
manos enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad, oía al monstruo de voz
sepulcral que le gritaba en la tumba. Esta novela fue publicada en Madrid en 1841,
para que ello fuera posible la autora tuvo que dejar establecido en su prólogo que
los errores de la obra, que las personas “sensatas” podían encontrar se debían a los
sentimientos exagerados de la primera juventud, a lo que adiciona la salvedad de que
fue una novela hecha para distraerse, que publica sin ningún género de pretensiones,
advierte además, que sus ideas sobre el contenido de la creación ya han sido modificadas.
Luisa Campuzano, refiere al respecto de este particular: “Esta… persona
quiere asumir la mayor distancia, juega todo el tiempo a complacer, pero sin transigir,
descubrimos que nos encontramos frente a una página en que se está negociando un
2 Gertrudis Gómez de Avellaneda: Diario del Amor, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1980, pp. 29-57.
3 Ibídem, pp. 20-23.

La Avellaneda bajo sospecha
contrato de lectura sin el cual una cubana no hubiera podido correr el riesgo de publicar
este libro en Madrid paradójicamente liberal de 1841. (…) Esta decisión, que
salva la novela pero marca y compromete a su autora debió requerir mucho valor”. 4
El propio Cirilo Villaverde, calificó Sab, no como un alegato a la opresión femenina,
sino como “un aporte estimable a la campaña de humanización en el trato a los esclavos”
5 , por tanto la protesta contra la subordinación de las mujeres, sustentada en
las páginas de esta narrativa, fue ignorada y omitida por la encumbrada figura de las
letras cubanas cuando se refirió a la novela.
La entrada en Cuba de las novelas Sab y Dos Mujeres fue prohibida, debido a los recelos
y las censuras oficiales causadas por estas publicaciones, dato que ha llevado
a concluir a los estudiosos de la obra de Avellaneda que fue precisamente el género
narrativo mediante el que se mostró más transgresora la genial camagüeyana. 6
El 23 de marzo de 1814, nace en la cuidad de Puerto Príncipe la Avellaneda, convirtiéndose
desde los 9 años en creadora de importantes versos. Es acogida en el Liceo
de Madrid como Socia de Literatura en 1840. En junio de 1845 le fue otorgado, por
el propio Liceo, un premio en un certamen poético al que se presentó usando como
seudónimo el nombre de su hermano, Felipe de Escalada.
Es preciso entonces detenerse y valorar qué razones habrán llevado a esta autora,
que ya para la fecha gozaba de fama y prestigio entre los amantes de las letras de
la metrópoli española, a usar como seudónimo el nombre de su hermano varón. Si
bien entre las facultades morales de que goza todo autor se incluye aquella que le
permite relacionarse con la obra en la forma que prefiera, entiéndase bajo su propio
nombre, a través de un seudónimo, transparente o no, e incluso permaneciendo en
el anonimato. En el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ha sido asociada a sus
creaciones de dos maneras diferentes, al las que usualmente recurría, ya fuera como
“Tula”, o como “La Peregrina”.
Por tanto parece ser que excepcionalmente utilizó el nombre de su hermano como
seudónimo para ese hecho en particular. Pero es posible que a pesar de la fama alcanzada,
su condición de mujer continuara victimizándola llevándola a representar
su obra bajo el nombre de un varón. Una prueba de ello está reflejada en el hecho de
que le fuera denegada la solicitud para ingresar en la Academia Española en el año
1853 por el hecho de ser mujer. 7
4 Luisa Campuzano: Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios… Escritoras cubanas (S. xviii-xxi),
Ediciones Unión, La Habana, 2004, p. 40.
5 Susana Montero:“La Avellaneda bajo sospecha”, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2005, p. 88.
6 Ibídem, p. 60.
7 Diccionario de La Literatura Cubana, Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de
Cuba, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1980, p. 375.
3 3

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liC. paloma gonzález alfonSo
Es evidente que sus cualidades literarias no constituyeron obstáculo alguno para
acceder a varias condecoraciones 8 , la magnificencia de su obra no fue cuestionada,
pero pertenecer al sexo femenino constituía un impedimento en la escalada hacia la
cima del reconocimiento de su grandeza como creadora. Ser mujer propició que su
obra fuera objetada y replicada por algunos, el contenido de sus creaciones no abordaba
lo que estaba diseñado y separado para las mujeres de su época.
Incluso, Martí, nuestro héroe nacional, sin dudas, hombre de pensamiento e ideales
muy avanzados para su época; no pudo, a pesar de su grandeza, desarroparse completamente
de la cultura de la que formaba parte, no pudo vivir en un siglo xix,
machista y discriminatorio sin cuestionar a aquella mujer que rompía los patrones
preestablecidos para su género. No asimiló la obra de la Avellaneda como obra de
mujer, no comprendió su feminidad enérgica. Por tanto en lugar de admirar sus
extraordinarias dotes artísticas, su innegable talento creador y el contenido de su
obra, la sentenció. Al compararla con otra escritora cubana contemporánea, Luisa
Pérez de Zambrana, llegaría a expresar: “Hay un hombre altivo, a las veces fiero, en
la poesía de Avellaneda, hay en todos los versos de Luisa un alma clara de mujer (…)
No hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda: todo anunciaba en ella un ánimo
potente y varonil; era su cuerpo alto y robusto, como su poesía ruda y enérgica (…)
la Avellaneda no sintió el dolor humano: era más alto y más potente que él”. 9
En medio de su convivencia en la Metrópoli española, en una época en la que la
religión cristiana era profesada por todos los hombres y mujeres de bien, Gertrudis
Gómez de Avellaneda fue tildada de atea por el solo hecho de haberse hecho público
su gusto por las lecturas de Rousseau. Fue ridiculizada además por su afición
al estudio y a las letras al punto de ser llamada peyorativamente por la familia de su
padrastro como “la doctora”.
El fundamento de la dedicación de las mujeres por la poesía en medio de la situación
de dependencia y discriminación en que se hallaban en el siglo xix, en que les tocó
vivir, radica en el hecho de que esta manifestación artística fue asumida como espacio
“decente” para la comunicación de las apremiantes necesidades. 10 Es notable la
influencia ejercida por Gertrudis Gómez de Avellaneda en las poetas cubanas de ese
siglo, incluso como creadora y directora de la revista Álbum Cubano de lo Bueno y de lo
Bello, que resultó ser una de las escasas publicaciones de la época preocupada por los
problemas de la mujer.
8 Obtuvo en 1845 dos premios otorgados por el Liceo de Madrid, el 27 de enero de 1860 recibió un
homenaje nacional en el teatro Tacón de La Habana, donde fue coronada por la poetisa Luisa Pérez
de Zambrana. En el año 1860 fue tras un homenaje fue nombrada Socia de Mérito en la junta de la
Sociedad Filarmónica de Puerto Príncipe.
9 Julio César González Pagés: “Macho, Varón, Masculino. Estudios de masculinidad en Cuba”.
10 L. Campuzano: Mujeres Latinoamericanas, ob. cit., p. 288

La Avellaneda bajo sospecha
La primera revista femenina de lengua española fue publicada en La Habana en 1811,
sus editores exhibieron un pensamiento liberal y emulaban con la prensa de otros países
cultos, sin embargo, describieron a las destinatarias de esta publicación, las mujeres,
como “criaturas mitades de hombres”. Pero es en 1859, cuando Gertrudis Gómez de
Avellaneda llega a La Habana tras haber desarrollado en su obra una sostenida indagación
sobre las torpezas de la subalternidad femenina, y de haberlas experimentado en su
vida propia, y decide publicar en la revista Álbum Cubano de lo Bueno y de lo Bello, primera
revista cubana fundada, pensada y dirigida por una mujer, que aparece por primera vez
un largo y documentado ensayo dedicado a demostrar la insostenibilidad de la definición
de “sexo débil”, que se le venía aplicando a sus congéneres. Hasta entonces no ha
sido valorada la importancia que tuvo para la cultura femenina cubana el regreso de la
Avellaneda. 11 Pero no solo en Cuba contó Gertrudis con este mérito, también en España
se le atribuye la cualidad de haber sido quien por vez primera fundara y dirigiera una
publicación periódica destinada a un público lector femenino, que llevaba por nombre:
La ilustración, Álbum de Damas, (Madrid, 1845). Estas creaciones literarias se caracterizaron
por la proyección intragenérica, al estar pensadas desde y para las mujeres. Este enfoque
constituyó, uno de los grandes aportes de la Avellaneda al discurso femenino 12 .
Gertrudis Gómez de Avellaneda rompió los arquetipos creados del romanticismo
para la mujer, donde la belleza, la delicadeza y la maternidad fueron los atributos
principales para resaltarlas; además, se convirtió en precursora del ideario femenino
de reivindicación de este movimiento espontáneo de escritoras cubanas 13 .
A finales del siglo xix Gertrudis Gómez de Avellaneda fue considerada, junto a la
Condesa de Merlín, fundadora de la literatura cubana de mujeres, 14 paradigma de las
autoras decimonónicas en el orbe hispano y cima de la escritura femenina cubana
de todos los tiempos. 15 La Avellaneda se mostró consciente de su particularidad, al
cuestionarse su propia esencia femenina, al confesar en una de sus cartas a Cepeda,
escrita en 1839, que la profundidad de sus sentimientos solo eran propios de caracteres
fuertes y varoniles. A través de su individualidad romántica trató de mostrar
las determinantes culturales que la diferenciaban y la oprimían por razones de su
género sexuado y que a la vez, entorpecían sus deseos y su carrera a la que accedió
rebasando los obstáculos que su sexo biológico le imponía, más aún cuando parte
importante de su creación literaria se destinó a criticar la situación de opresión y subordinación
de la que eran víctimas las mujeres. Esto logró expresarlo a través de su
carta autobiográfica y el epistolario que aparecen en la edición del Diario del Amor. 16
11
L. Campuzano: Las muchachas, ob. cit., pp. 219-220.
12
S. Montero: Ob. cit., p. 18.
13
J. C. González Pagés: En busca de un espacio: Historia de mujeres en Cuba, Editorial Ciencias
Sociales, La Habana, 2003, pp. 23-25
14
L. Campuzano: Las muchachas, ob. cit., t II, p.146.
15 S. Montero: Ob. cit., p. 15.
16 G Gómez de Avellaneda: Ob. cit., pp. 5-16.
3

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liC. paloma gonzález alfonSo
La Avellaneda fue la autora que más se travistió en España, cuestión que se sintetiza
en la frase que fuera adjudicada a Bretón de los Herreros sobre Gertrudis, en la que
expuso: “es mucho hombre esta mujer”. El fundamento de este señalamiento radica
en las fórmulas discursivas creadas por la autora cubana, con el propósito de rebasar
los estrecho marcos destinados a la escritura de las mujeres, que dieron cabida a su
travestimiento literario procurando señalamientos de esa magnitud, por todos aquellos
que no valoraban la prudencia de sus creaciones y desestimaban la calidad literaria
de su obra por el peso de las ideas expuestas. Este fenómeno de masculinización
se hizo común en la crítica literaria patriarcal decimonónica aplicada a las buenas
escritoras, pero llegó a generalizarse en el caso específico de la Avellaneda. La autora
Carolina Coronado, sintió la necesidad de justificar lo que supuso una ambigüedad
sexual en Gertrudis, calificándola como “la amazonas de nuestra poesía”.
En la obra de la Avellaneda se aprecia por ejemplo el empleo del tema religioso
como recurso discursivo apropiado para expresar sus ideas acerca de la igualdad de
los sexos sin levantar en su contra notables rechazos. Por tanto el efectivo despliegue
de estas estrategias literarias, llevadas a cabo por la autora en pro de la defensa
de la paridad intelectual hombre/mujer, fue consecuencia de su plena conciencia
al respecto de la subalternidad genérica de que era víctima. Un ejemplo claro de lo
expuesto lo constituye su poema titulado “El cazador” en el que otorga carácter
metafórico a la relación que se establece entre la paloma y el cazador, claramente de
poderes desiguales a la manera de la mujer y el hombre.
a modo de conclusiones
Un sector de la intelectualidad cubana de finales del siglo xix, compuesto esencialmente
por algunos de los mejores exégetas de La obra de la Avellaneda, caracterizados
por una profunda intencionalidad crítica con relación al pensamiento literario
tradicional, incluso con asomo de algunos perjuicios y patrones estéticos decimonónicos;
han enjuiciado el corpus de la célebre creadora cubana con argumentos en
ocasiones carentes de objetividad y cientificidad, basados principalmente en razones
sexo genéricas. La valía literaria de Gómez de Avellaneda se ha visto menoscabada,
en tanto sus pensamientos y su imagen han llegado a ser descolocados por los estudiosos
de su tema, algunos de los cuales como Antón Arrufat, han argumentado la
falta de feminidad de la misma, refiriéndose, por ejemplo, a su “insensibilidad” ante
el paisaje. En el prólogo de Arrufat a la novela Espatolino este argumento aparece
referido como androginia. 17
17 S. Montero: Ob. cit., pp. 11-50.

La Avellaneda bajo sospecha
Todo lo dicho coloca a la excelsa figura de las letras cubanas, en el cimero lugar que
sus cualidades creativas y literarias le propician, engrandecida aún más por el hecho
de haber logrado penetrar en los espacios públicos con su obra transgresora, por
su pionera participación en la defensa de la condición femenina. Las creaciones de
Gertrudis, inscritas aún fuera del social convencionalismo ganaron el espacio que su
calidad literaria merecía. He aquí una de las quimeras de la doctrina autoral, contribuir
a la educación de la sociedad, a la expansión del desarrollo y de la cultura de los
pueblos. Las mujeres en Cuba, son hoy sin dudas seres libres para expresar sus ideas,
para materializarlas a través de creaciones e intervenir en los espacios públicos sin
límite alguno. La importancia de la protección que brinda el Derecho de autor y la
influencia que el mismo ejerce en las sociedades, es inestimable. El reconocimiento
y la divulgación de la obra de la Avellaneda fue claramente un paso importante en el
logro de estas conquistas. Los obstáculos a los que se enfrentó fueron disímiles. Por
ello el Derecho de autor no puede constituir un freno al desarrollo y la expresión de
las ideas, su único fin se halla en la protección de la creación intelectual desvinculada
de toda construcción social discriminatoria.
3

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MUJeres en MÉXico a inicios
del siGlo XX: Una Mirada de GÉnero
a Partir de PostUras contraPUestas
dra. oMaYda naranJo taMaYo
Una mirada de Género a partir de posturas
conservadoras y liberales
Cuba
En México, desde la época colonial, el catolicismo fue la religión mayoritaria por su
indisoluble vínculo con el poder estatal. En la sociedad mexicana tenía plena vigencia
la idea, defendida desde antaño, a través de la cual la mujer, exaltada en el sacrificio,
debía forjar patria mediante la procreación y la educación doméstica. La Mujer,
órgano de la escuela de Artes y Oficios, manifestaba que la mexicana, consecuente
con las concepciones vigentes en su época histórica, fue mayoritariamente excluida
de la vida social. En uno de sus números, en 1881, reafirmaba: “Las leyes sociales
que nos excluyen de las grandes escenas de la vida pública, nos dan la soberanía de la
doméstica y privada. La familia es nuestro imperio, nosotras cuidamos de satisfacer
sus ocupaciones, de mantenerla en paz y de conservar en ella el sagrado depósito de
las buenas costumbres. De ahí la importancia de enseñar a las niñas todo lo que se
refiere al desempeño de esas atribuciones”. 1
La identidad femenina, sobre todo de las mujeres de las capas medias y las élites, se
presentaba y desarrollaba de manera diferente a su similar masculina, teniendo en
cuenta su concepción biológica y su rol social. De este modo, la principal función de
la mujer en lo social y educativo, y su particular reto, debía ser el de preservar el núcleo
familiar. Por ello, la división del trabajo en el seno familiar era de acuerdo al sexo
y la edad. A la esposa y a las hijas les correspondía todo lo relacionado con el cuidado
de la casa y algunas labores manuales como la costura, el bordado y el tejido de
1 Presencia y transparencia: La mujer en la historia de México, El Colegio de México, , 1987, p. 151.

Mujeres en México a inicios del siglo xx: una mirada de género a partir de posturas...
palma, en cambio, al hombre y demás varones de la casa, le correspondía el trabajo
del campo o algún oficio para los tiempos en que no había trabajo estrictamente
agrícola (carpinteros, albañiles, ordeñadores). En este análisis se generaliza un criterio
que no tiene presente a las mujeres de otras condiciones sociales como la mujer
campesina pobre que cultivaba la tierra u otras que salían de su hogar porque no
podían dejar de vender por las calles o de ejercer determinados oficios para la manutención
de su familia. Según el criterio del Dr. Manuel Salvador González Villa de
la Universidad de Colima, México, es un error común pensar en la mujer mexicana
únicamente dentro del hogar, cuando la mujer por mucho tiempo durante el siglo
xix y aún en la Colonia se ocupó en labores muy duras, en la minas y en las fábricas
de textiles. El Dr. refiere el caso de mujeres en las zonas mineras que se dedicaron a
romper las piedras que se sacaban de las minas. 2
A inicios del siglo xx las mujeres de uno u otro credo, de una u otra condición social
estuvieron marcadas por el mayoritario confinamiento doméstico. Predominaba
la concepción patriarcal de que la mujer había sido providencialmente creada para
la familia, como madre capaz de salvaguardar la dignidad, intimidad y prosperidad,
del todo alejadas de los ambientes malsanos de la sociedad. Para entender el desempeño
de la mujer en la segunda década del siglo xx se hace necesario retomar las
concepciones que giraron en torno a sus capacidades y posibilidades a inicios de la
centuria.
En 1902, en el periódico La Democracia Cristiana aparecía un breve artículo titulado
“El deber para las Damas”, escrito por J. S. de Anda. De manera muy clara y terminante
se definía la diferencia de capacidades entre el hombre y la mujer cuando
expresaba: “El hombre nace para las ciencias, para las artes, para la política, para el
ejército, para el comercio y para las industrias; la mujer nace para la casa, para el hogar,
para labrar la felicidad de los seres que Dios pone bajo su cuidado (…) la libertad
de la mujer está en cumplir fielmente sus deberes de hija, esposa o madre, la libertad
de la mujer está circunscrita al reducido recinto de la casa (…) la libertad fuera de su
esfera de acción solo le sirve para envilecerla, para prostituirla, para degradarla, para
hacerla olvidar el cumplimiento de sus deberes”. 3
Enfatizaba J. S. de Anda en la importancia de la mujer dentro del hogar mexicano
y sus diferencias respecto al hombre, idea que retomaba en 1904 cuando se refería
a que el estilo adecuado de bienestar en una familia provenía de la influencia que
ejercían las “buenas madres de familia” en la educación de sus hijos. En 1910, según
la concepción del Papa Pío X, se preceptuaba y generalizaba para el mundo católico
que los deberes de la mujer no debían limitarse solamente al hogar porque ella
debía además cumplir una misión social que consistía en la realización de las obras
2 Manuel Salvador Gonzalez Villa: (Comunicación directa, 2 de marzo de 2011).
3 J. S. De Anda: “El deber para las Damas” en La Democracia Cristiana, t. I, no. 46, 17 de agosto de 1902,
Guadalajara, p. 2.
3

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dra. omayda naranJo tamayo
caritativas en pro de cada enfermo. 4 Era imperativo social de la mujer mexicana
tener la capacidad de trasmitir a sus hijos las ideas establecidas por la sociedad, normas,
tradiciones y concepciones en lo moral, educativo y espiritual, aunque siempre
cumpliendo su tradicional subordinación al hombre y respondiendo fielmente a la
doctrina conservadora impuesta por la iglesia católica, donde la mujer debía ser absolutamente
incondicional ante las obligaciones que imponía el marco familiar.
Dentro del espacio doméstico la mujer no solo tenía el cuidado y la alimentación
de los hijos, sino su educación y formación. En este sentido, para enfatizar su dependencia
se planteaba: “La mujer debe a su marido respeto, fidelidad, sumisión,
obediencia y únicamente podrá ejercer la autoridad dentro de la familia, si el marido
faltare a sus deberes (…) las casadas están sujetas a Cristo, así las mujeres a sus maridos
en todo”. 5
En 1915 el órgano de la Confederación Revolucionaria de la Delegación de Occidente
hizo alusión a la influencia decisiva de la mujer en el pueblo porque sus ideas
y sentimientos como madre o esposa repercutían directamente en los hijos o el marido,
pero por otra parte insistía en la necesidad de su preparación para acometer las
tareas hogareñas con dedicación y efectividad, exigencia que pretendía una mayor
instrucción y preparación de la mujer para de este modo contribuir mejor a la formación
del hombre del mañana.
El seminario católico La palabra, en artículo fechado en diciembre de 1917, al referirse
a la acción de la mujer en la sociedad incorporaba su cooperación en la implantación
del orden social cristiano cuando afirmaba: “para formarse a sí misma necesita
la mujer consagrarse con grande empeño a estudiar detenidamente todo lo que le
corresponda saber tanto en lo que ve a sus deberes como hija, como esposa y como
madre, como en lo que concierne a los problemas sociales (…) al orden social”. 6
Dentro de las mujeres tuvo divulgación la realización de las obras “piadosas” llevadas
a cabo por las católicas, dentro y fuera del país, dedicadas al sostenimiento del
oficio de la iglesia. Este accionar en sus aspectos culturales, benéficos y femeninos
era considerado como un factor de verdadera unidad entre los miembros de la iglesia
católica como fiel seguidora de las determinaciones, postulados y Encíclicas Papales.
Debe tenerse en cuenta que el llamado realizado a las mujeres para que formaran
parte activa del orden social estuvo presente también en el discurso liberal posrevolucionario
de esta etapa, no fue una práctica exclusiva de la postura conservadora.
El periódico Restauración publicaba, en 1921, la distinción a las damas católicas mexicanas
por haber remitido a la Santa Sede una colecta, en 1920 a la que se dio el
4
“La mujer según Pío X”, en La bandera católica, t. segundo, no. 9I, 24 de abril de 1910, Zamora, p. 3.
5
Elizabeth Juarez Cerdi: Modelando a las Evas. Mujeres de virtud y rebeldía, Colegio de Michoacán, México,
2006, p. 38.
6
“La acción de la mujer”, en La palabra, año I, Guadalajara, México, no. 29, 23 de diciembre de 1917, p. 1.

Mujeres en México a inicios del siglo xx: una mirada de género a partir de posturas...
nombre de “Óbolo de San Pedro”, destinada al sostenimiento de las obras religiosas.
En particular se dirigía el agradecimiento por su labor de apostolado a la señora
Catalina Palomar de Verea, presidenta general de la Asociación de Damas Católicas
de Guadalajara y a sus más prominentes colaboradoras, Elisa Gómez, Emilia Chávez de
Hayhoe y Teresa Zavala de Fernández a las que se congratuló con la condecoración
Pro/Ecclesia/et/Pontifice. 7
Desde luego, a los sectores conservadores les interesó la imagen y “moralidad” de la
mujer católica de aspectos que afectaban el pudor, tales como un anuncio ilustrado
de cinematógrafo, un periódico, una revista ilustrada, el teatro o la moda. En 1919 el
bisemanario católico El futuro decía que quien caminara por las calles de México inmediatamente
iba a percatarse que no había pudor, porque “la moda había impuesto
a las mujeres las concesiones más vergonzosas”. 8 El llamado a los padres y madres
de familia para luchar contra la corrupción de las costumbres también fue el núcleo
central de las preocupaciones que exteriorizaba el obispo de Tacámbaro, Michoacán,
Leopoldo Lara y Torres cuando en un discurso pronunciado el 30 de octubre de
1922 en la Solemne Distribución de Premios del Colegio Seminario de Tacámbaro se
refería a que las llamadas autoridades mexicanas permitían a las mujeres “que anden
desnudas y paseen sus desvergüenzas por las calles”. Por otra parte, desde el estado
de Querétaro el Padre católico Francisco Banegas Galván insistía en el recato que
debía distinguir a la mujer mexicana. Al considerarlas “como una obstrucción a la
vida de meditación” les pedía enmendar toda vida “disipada” y que examinaran si no
daban ocasión con su manera de vestir y sus ademanes a que se ofendiera a Dios”. 9
La Revista eclesiástica de la Diócesis de Zamora, 10 contenía la 1ra encíclica del Papa
Pío XI que llevaba como tema “Males en la familia”. En ella al referirse a los males
se planteaba que “el pudor de las mujeres y de las niñas conculcando en la licencia
del vestido, de la conversación, del lúbrico solaz de bailes inverecundos hacían cada
vez más provocadoras la ostentación y la imprudencia”. Se reconocía a la familia
como primer núcleo de la sociedad, pero se demandaba obediencia, pudor, fidelidad,
buenas costumbres, castidad y recato en el vestir de las féminas, tema que preocupaba
a los dignatarios y autoridades eclesiásticas desde el siglo xix, situación que se
mantenía con plena vigencia en las primeras décadas de la siguiente centuria. De ahí
que el obispo de la mencionada diócesis recordara las reglas de buena educación que
debían conservarse en las iglesias y concedía especial importancia a la moral y buenas
costumbres. En sus disposiciones se planteaba: “Al acercarse al dintel de la puerta
los hombres deben descubrirse la cabeza y cubrírsela las mujeres; los niños deben
ir a las iglesias con sus padres y, si se puede, los niños con el padre y las niñas con
7
Palabras tomadas textualmente del periódico Restauración, México, año III, No. 834, 25 de febrero de
1921, p. 2.
8
“La moda y las buenas costumbres”, en El futuro, México, no. 36, 16 de mayo de 1919, p. 3.
9
Ramón Del Llano Ibañez: Cristeros bajo el cielo fiel de Querétaro, Plaza y Valdés, México, 2007, p. 14.
10 ero Revista eclesiástica de la Diócesis de Zamora, t. I, no. 10, Michoacán, 1 de abril de 1923, pp. 388-389
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dra. omayda naranJo tamayo
la madre; deben las señoras elegir lugar al lado derecho del templo para dejar a los
hombres al lado izquierdo; las señoras no deben detenerse a dar la mano y mucho
menos conversar dentro del recinto”. 11
En julio del año 1926, el arzobispo de Guadalajara insistía en recordar a sus feligreses
las angustiosas circunstancias por las que atravesaba el país. En las instrucciones que
leía a los fieles aconsejaba la oración, la penitencia, y la abstención al divertimiento
público. Sobresalía en sus instrucciones el punto número 3 dedicado al cuidado que
debían tener las señoras y las jóvenes de vestir con decencia y honestidad, “pensando
que su mundana desenvoltura y sus provocaciones inconscientes quizá, han contribuido
al castigo: porque han despreciado la moral santa enseñada por Jesucristo y no
han cuidado la modestia y el recato en el vestir”.
A pesar de las anteriores disposiciones en cuanto al recato y la manera de vestir, se
evidenciaba todo un ritual en el que las posiciones y desplazamientos sexistas desempeñaban
un papel dentro de la simbología social, ideológica y cultural. La moral,
el recato y la moda femenina constituían cuestiones muy debatidas, sin embargo,
todavía estaban permeadas por las concepciones patriarcales, propias del contexto
latinoamericano del que México formaba parte.
¿La movilización femenina asociada a la acción social católica promovida a fines del
siglo xix, difería del proyecto que instauraba el proceso posrevolucionario? En México
si por una parte hubo mujeres que se quedaron reducidas al espacio doméstico y
familiar, hubo otras que se incorporaron paulatinamente a la vida laboral y activa que
posibilitó el proceso posrevolucionario mexicano. Su integración política y laboral
se desarrolló desde la perspectiva del liberalismo, pero siempre como un proceso
paulatino donde estuvo en relación intrínseca con los hombres y la sociedad.
Desde el siglo xix solo una minoría femenina tuvo la posibilidad del trabajo fuera del
hogar, fundamentalmente en la capital del país. Durante el período de gobierno de
Porfirio Díaz hubo mujeres que, en reducido número, laboraron junto a los hombres
en las fábricas, pero “también participaron las mujeres en la producción de telas, al
extremo que el oficio de hilar llegó a ser visto como propio del género femenino. De
manera general durante el Porfiriato las mujeres obreras fueron pocas, en algunas
fábricas ni las hubo”. 12
Los inicios del siglo xx le dieron la posibilidad a otro número de mujeres de convertirse
en obreras e incorporarse como empleadas al mundo laboral en las fábricas de
ropa, cigarros, alimentos, en la industria, oficinas, comercios y puestos burocráticos,
situación que propició que los hombres no vieran la incorporación femenina y su
11 Reglas de buena educación que debe guardarse en las iglesias, Talleres tipográficos de Agustín Martínez
Mier, Morelia, México, 6 de febrero de 1926, pp. 4-6.
12 Coralia Gutierrez Álvarez: “Las mujeres en las fábricas textiles de Puebla y Tlaxcala en el siglo xix”,
en Estudios del Hombre, no. 16, Universidad de Guadalajara, México, 2003, p. 70.

Mujeres en México a inicios del siglo xx: una mirada de género a partir de posturas...
acceso al trabajo social remunerado como necesario, justo o adecuado. A juicio de
Juan Perezcano, Rosendo Cortés, Guillermo Rojas y otros en comunicación enviada
a la Soberana Convención Revolucionaria del 11 de junio de 1915:
Una de las causas de la escasez de trabajo es la preponderancia feminista, que se nota en
un gobierno que debiera ser, por razón natural, supuesto que es revolucionario, varonil.
Todos los ministerios, todas las oficinas, todos los centros de actividades del gobierno,
están llenos de señoritas y señoras que quitan el trabajo al hombre y que, estudiado el
caso, con pruebas se deduciría que no trabajan, que no pueden trabajar como él (...) La
labor pública, la información política, la fuerza con el conocimiento que se tramita, es
secreto de estado y está en poder de la mujer (…) esto es inmoral, perjudicial y peligroso
(…) Exclúyase a la mujer de la administración pública o restrínjase el empleo de ella
donde sea absolutamente necesaria. 13
Salta a la vista el menosprecio y descontento masculino hacia el desempeño de las
mujeres. Se expresaba un tipo de pensamiento patriarcal que limitaba al sexo femenino
y no se adaptaba a los cambios que generaba su incorporación, menos aún a la
idea de competir con ellas ante las limitadas fuentes de empleo que se presentaban
en pleno apogeo revolucionario. La idea de reconstruir e incorporar al país al movimiento
liberal y secular posrevolucionario de progreso donde estuvo incluida la
mujer, chocó con las estructuras patriarcales que dominaban la geografía nacional y,
en la práctica, se exteriorizó la exclusión femenina cuando ellas ingresaron a la ocupación
de determinados puestos. Aún cuando en 1914, el diario El país se hacía eco
del intento del gobierno de dignificar la condición de la mujer al permitir el acceso
de las señoritas a todas las oficinas públicas, en reiteradas ocasiones los hombres
consideraron que la sola presencia femenina en la fábrica era un peligro moral. 14
De manera particular, aún teniendo en cuenta tales criterios y cuando la retribución
salarial fue siempre baja si se compara con la de los hombres:
La revolución mexicana introdujo en la esfera pública nuevas formas de hablar de las
mujeres en el trabajo y abrió un espacio para referirse a ellas como trabajadoras (…) sin
embargo, las condiciones materiales se transformaban con mayor rapidez que la manera
de entender, en términos culturales a las trabajadoras. El discurso público según el cual
el trabajo en las fábricas ponía en riesgo la honorabilidad de las mujeres, siguió inspirando
las relaciones laborales hasta bien entrada la década de 1920. 15
13
Archivo General de la Nación. Archivo de la Convención de Aguascalientes, México, caja 7, exp. 11,
folio 1.
14
María Garcia Acosta: “Las mujeres propietarias en la ciudad de Guanajuato a fines de la colonia y
principios de la vida republicana”, en Estudios del hombre, Universidad de Guadalajara, México, no. 16,
2003, p. 89.
15
Susie S. Porter: Mujeres y trabajo en la ciudad de México. Condiciones materiales y discursos públicos (1879-1931),
El Colegio de Michoacán, México, 2008, p. 11.
3 3

3
dra. omayda naranJo tamayo
La Constitución de 1917 asentaba la distinción laboral de mujeres y jóvenes varones.
En su artículo 123 hacía alusión al tema en los siguientes términos:
II- La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas
las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes
menores de 16 años. Queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno
industrial y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las 10
de la noche (…) V- Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán
trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. El mes siguiente
al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro
y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el
período de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora
cada uno, para amamantar a sus hijos. 16
Las disposiciones del articulado anterior, no beneficiaban a las mayoritarias mujeres
campesinas sobre quienes pesaban las tareas duras del campo y del hogar, además
de la procreación. Orientado hacia las mujeres más cercanas a las transformaciones
revolucionarias que desempeñaban sus labores en las ciudades o centros industriales,
su puesta en práctica fue un proceso lento, situación que propició una generalización
de los criterios sobre la incapacidad de las mujeres para insertarse socialmente.
No obstante, el hecho de que se reconociera en el acápite V el período de la lactancia
y el derecho a percibir el salario íntegramente, incluso conservar el empleo un mes
después del parto indicaba el inicio de un camino que se enfocaba hacia la necesidad
de la inserción laboral de la mujer y un reconocimiento al trabajo social remunerado
que desempeñaba.
Al mismo tiempo, se hablaba de incorporarla a los proyectos de la revolución para
combatir tanto la reacción eclesiástica como el vicio del alcoholismo que afectaba
a los mexicanos. Desde 1915, en Guadalajara el Órgano de la Confederación Revolucionaria,
Delegación de Occidente alertaba a la mujer para que no se dejase
seducir por el oscurantismo y el clero católico y ocupara el papel moral e intelectual
necesarios para incorporarse a los postulados revolucionarios. Consideraban que
la influencia ascendiente de los enemigos del progreso había sido particularmente
desastrosa para la mujer mexicana. 17 Primo Tapia, en Michoacán, planteaba la necesidad
de organizar a la mujer e independizarla de los elementos conservadores por
ser indispensable y enfatizaba en el hecho de “que de no organizarse fracasaríamos
rotundamente porque estando la mujer bajo la influencia del cura, éste arrancaría
hasta el último secreto a nuestras mujeres y entonces nada se habría conseguido”. 18
16
Constitución política mexicana, Editorial Información Aduanera de México, México, 1938, p. 92.
17
La acción, Guadalajara, México, año I, t. I, época II, no. I, 1915, p. 3.
18
María del Carmen Cristina Absalon Montes: “Praxis femenina y estrategias de vida en Santa Fe de La
Laguna, Michoacán”, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Chapingo, México, 2000, p. 76.

Mujeres en México a inicios del siglo xx: una mirada de género a partir de posturas...
Por otra parte, el derecho al sufragio de la mujer y por ende el derecho de igualdad
ciudadana, petición recurrente de Margarita Robles de Mendoza y de la periodista y
escritora Hermila Galindo, colaboradora de Venustiano Carranza, no se había llevado
como tema de discusión a la Convención Constituyente de 1917, aún cuando fue
un deseo manifiesto el reconocimiento de los derechos desde el punto de vista político
para ellas, así como la defensa de la igualdad educativa, laboral, social y sexual
entre hombres y mujeres.
Una de las razones por las cuales la Comisión Constitucional omitió el sufragio
femenino fue la supuesta idea de que si las mujeres adquirían derechos políticos los
emplearían para apoyar a las fuerzas conservadoras, representar los intereses de la
iglesia y actuar en función del debilitamiento de las fuerzas del triunfante liberalismo
que protagonizaba Carranza. Los constituyentes liberales temían la adquisición de
derechos políticos por la mujer, pues la asociaban en su imaginario a la amantísima
madre católica, susceptible de ser captada en las lides electorales por las fracciones
conservadoras.
Fue significativa la labor ejercida por Hermila Galindo, quien coadyuvó a la reivindicación
de la mujer mexicana. El Dictamen desde Veracruz, se hacía eco de su anhelo
de incorporar a la mujer a la obra de reconstrucción social y política que llevaba a
cabo el país, abogando por la necesidad de una cultura sólida, intelectual y moral.
Consideraba que la sociedad debía prestarle toda clase de facilidades a la mujer para
que cumpliera con su alta misión de educadora ya como teorizante, ya como maestra
de escuela o aún como simple madre o esposa. 19
Ante tales preocupaciones que tenían como objetivo elevar la cultura y preparación
de las mujeres mexicanas dentro de la casa o fuera de ella, se reconocía también la
necesidad de su incorporación en cuestiones políticas, vale recordar en este particular
que las inquietudes electorales de parte de las mujeres se remontaban al año
1911, acción que tuvo de manera inmediata el rechazo de los hombres. Prueba de
ello lo ofrecía el periódico El Kaskabel cuando en un artículo titulado “La campaña
electoral” se oponía a que la mujer obtuviera derechos políticos, sólo concernientes
a los hombres. En aquella ocasión se manifestaba:
Un numeroso grupo femenil ha dirigido al primer magistrado de la república un memorial
en el que solicitan las firmantes ser habilitadas para tomar parte en las elecciones. Es
decir, que después de la mujer con pantalón de charro, de la mujer cabecilla, de la mujer
sastre, de la mujer torera (…) vamos a tener en México la mujer electorera y política (…)
La mujer, en suma, desconocerá todos sus deberes para entregarse a la política (…) y el
adulterio moral imperará en la nación toda. 20
19
“La reivindicación de la mujer mexicana”, en El Dictamen, vol. XVII, no. 1448, Veracruz, México, 14
de marzo de 1915, p. 1.
20
El Kaskabel, t. IV, no. 477, México, 13 de julio de 1911, p. 1.
3

3
dra. omayda naranJo tamayo
Lo publicado por el periódico en 1911 demostraba el interés de parte de un grupo
de mujeres por participar en las elecciones y la necesidad histórica de incorporación
social que algunas féminas manifestaban ante los hombres, situación que en los años
20 del siglo xx en México, aún estaba por resolverse. Según ha afirmado Hortensia
Calles, una de las hijas de Plutarco Elías Calles, “en los años veinte no se acostumbraba
que las mujeres se ocuparan de nada que no fuera su hogar, ni los maridos se
lo permitían”. 21
Por ello resulta muy significativa la gestión de diferentes estados mexicanos que accedieron
en forma parcial al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres
en la primera mitad de la década del 20. Los gobiernos de Yucatán (1922-1924), San
Luis Potosí (1924-1925) y Chiapas (1925), materializaron unas reformas que, aunque
de corta duración, le dieron a la mujer la posibilidad de participar en las elecciones
municipales y estatales, demostrando con sus acciones que la mujer se enfrentó a
los convencionalismos de su época y a su papel tradicional donde solo se limitaba al
espacio del hogar.
El gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, hombre de ideas progresistas puso en
práctica medidas que beneficiaban a la mujer desde el punto de vista social, político
y cultural. Había expresado que mientras no se elevara culturalmente a la mujer iba
a ser imposible hacer patria, por ello había convocado en Yucatán para el año 1916
al Primer Congreso Feminista. Hubo mujeres del Partido Socialista en Yucatán que
ocuparon diputaciones locales y un cargo de elección en el Ayuntamiento de Mérida.
San Luis Potosí otorgaba los derechos políticos a las mujeres que supieran leer y
escribir y en Chiapas las mujeres tuvieron derechos a participar en elecciones tanto
municipales como estatales. Aunque su puesta en práctica fue efímera, fue el inicio
de una larga campaña donde se concedió definitiva y oficialmente el voto a la mujer
décadas más tarde. 22
Todavía la nación mexicana recordaba el eco del Congreso Feminista Panamericano
que se había celebrado en 1923, ocasión en la que se habían planteado importantes
demandas para las mujeres. Las mexicanas Luz Vera, Elvia Carrillo Puerto y Margarita
Robles de Mendoza, se convirtieron en sujetos políticos que expresaron la
necesidad de transformar la misión de la mujer en pos de una mayor representación
e importancia en la sociedad. Aún cuando sólo tuvo mayor significación para las
mujeres de las ciudades en detrimento de las mayoritarias campesinas de las disímiles
regiones mexicanas, nuevamente se insistía en encontrar las posibles soluciones para
las trabajadoras cuando se aprobaba como medidas el beneficio relativo “a las casas
de maternidad, las casas cuna diurnas, los salones para los niños anexos a las fábricas,
los comedores higiénicos para las trabajadoras y la reglamentación del trabajo doméstico”.
21 Entrevista a Hortensia Calles de Torreblanca el 3 de julio de 1982, en Sara Sefchovich: La suerte de la
consorte, s.e, México, 2002, p. 235.
22 Gabriela Cano: “Revolución, feminismo y ciudadanía en México (1915-1940)”, en Historia de las
mujeres, t. 10, Taurus Ediciones, México, 1993, p. 53.

Mujeres en México a inicios del siglo xx: una mirada de género a partir de posturas...
Estos proyectos políticos de breve duración tenían como objetivo lograr para ellas la
igualdad ciudadana desde el punto de vista político, aunque en la práctica tuvieron pocas
posibilidades de materialización. Sin lugar a dudas marcaron el escenario de fines
de la década del 20 cuando la participación política de las mujeres se había convertido
en un asunto que se incorporaba dentro de los asuntos de los partidos políticos. Mientras
por una parte el Partido Nacional Revolucionario surgido en 1929, quería ayudar al
acceso de la mujer mexicana a las actividades de la vida cívica, por otra no reconocían a
las mujeres como integrantes de ellos, ni se comprometían con la igualdad de derechos
políticos. Postura diferente asumía el Partido Nacional Antireeleccionista encabezado
por José Vasconcelos quien incluyó el sufragio femenino en su plataforma política y
logró incorporar un alto porcentaje de mujeres en su campaña electoral.
Estas expresiones que eran fruto de la revolución y de la actuación que habían sostenido
las espontáneas soldaderas, que acompañaban a la guerra a sus “juanes” reafirmaban
la necesidad de que la mujer reconociera que sus derechos y obligaciones iban
más allá del hogar, desafiando el discurso mayoritario de la época que consignaba que
la mujer era por sobre todas las cosas la reina del hogar encargada exclusivamente de
la educación y cuidado de sus hijos.
consideraciones finales
La mujer mexicana de inicios del siglo xx, en un contexto liberal, realizó un conjunto
de peticiones y exigió frente a los hombres su reconocimiento social y político. Aún
cuando tenían derechos, no lo obtuvieron desde el punto de vista legal hasta la década
del 50. La existencia de una sociedad machista y conservadora, con fuerte arraigo
del catolicismo como credo predominante en su extenso número de habitantes y
con discursos y premisas religiosas trasmitidos de generación en generación, fueron
elementos que estuvieron presentes e impidieron en ambos casos que se obtuvieran
conquistas que iban contra la discriminación laboral, hogareña y contra su subordinación
social.
Los años 20 del pasado siglo fueron de transformaciones fundamentalmente en
Europa y los Estados Unidos como el corte de pelo, un mayor uso de los pantalones
y la falda corta, la conducción de los automóviles, pero en México todavía las mujeres
debían enfrentarse a un patriarcalismo profundamente arraigado en la cultura,
las tradiciones y la mentalidad de la época, a pesar de haber existido la Revolución
Mexicana como contexto de cambios políticos, económicos y sociales. A la mujer
mexicana no sólo se le negaban sus derechos cuando el discurso de la época consignaba
que las mujeres no necesitaban más de los que ya tenían, sino que se le negaba
la posibilidad de reclamarlos tanto desde las instancias que representaban el poder
como desde el mismo ambiente social del que formaba parte ineludible. Su relación
con los hombres por una parte, y dentro de ella su enconada lucha por ocupar un
espacio social, la caracterizaron, sin dejar de considerar su religiosidad legitimada por
el discurso conservador.
3

35
actiVisMo Y edUcación JUrÍdica,
Una relación recÍProca
introducción
dra. esther viCente
puerto riCo
Por más de 30 años me he desempeñado como abogada en Puerto Rico y desde
mediados de los años 1980 he ofrecido cursos de derecho, primero en la Facultad
de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico y posteriormente en la
Facultad de Derecho de dicha Universidad y desde hace 13 años como profesora a
tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico.
Me identifico como académica y activista en el campo de los derechos de las mujeres
y de los derechos humanos. He participado en diversos foros nacionales, regionales
e internacionales en los que he promovido la discusión y el reconocimiento los
derechos de las mujeres y de otros sectores discriminados. En este escrito presento
una reflexión muy personal sobre la interrelación entre el activismo y la enseñanza
del derecho. Se trata de una narrativa personal a través de la cual pretendo demostrar
que el activismo y la enseñanza del derecho son actividades que se retroalimentan y
que realizadas con compromiso y disciplina pueden dar lugar a proyectos útiles tanto
para la academia como para los grupos que promueven causas relacionadas con los
derechos humanos.
Una de las organizaciones con las que trabajo es la Red ALAS, una red de profesoras
y profesores de derecho de Latinoamérica, fundada en el año 2004 con el objetivo
de generar trabajo en torno a la incorporación de la perspectiva de género en la
enseñanza del derecho en la región latinoamericana y caribeña. La Red ALAS ha tenido
un papel determinante en el desarrollo, publicación y diseminación de material

Activismo y educación jurídica, una relación recíproca
jurídico educativo en torno a los derechos de las mujeres, la sexualidad y el derecho,
las teorías de adjudicación y las prácticas adjudicativas de jueces de la región, así
como sobre la violencia contra las mujeres y por razón de género. Además, ofrece
talleres dirigidos a profesores y profesoras de derecho con el objetivo de alcanzar
una mayor incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza del derecho.
La otra organización con la que me desempeño como voluntaria es la Federación
Internacional para la Planificación de la Familia-International Planned Parenthood
Federation (IPPF, por sus siglas en Inglés); que se dedica a promover los derechos
sexuales y los derechos reproductivos a través de la provisión de servicios de salud
sexual y reproductiva, del ofrecimiento de servicios educativos y de la incidencia
política internacional, regional y nacional.
IPPF fue fundada hace 60 años, en 1952, cuando un grupo de organizaciones de
ocho países se unieron para formar la Federación con el objetivo de trabajar en
países con diferentes culturas, sistemas jurídicos, tradiciones y religiones, con el fin
de mejorar el acceso de la población a los métodos y a la información sobre planificación
familiar. 1
A lo largo de sus 60 años de vida IPPF ha cambiado, como ocurre con todo organismo
viviente y al presente aparte del área de planificación familiar, trabaja en asuntos
relacionados con el derecho al aborto, el acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva, VIH-SIDA, la promoción y ofrecimiento de educación sexual comprensiva
para jóvenes, niños y niñas y la incidencia política en torno a los derechos
sexuales y a los derechos reproductivos. Participo, además en la Junta Directiva de la
Región del Hemisferio Occidental, presido el Consejo Regional y soy delegada por
esta región al Consejo de Gobierno de IPPF.
Como parte de su agenda de trabajo en torno a los derechos sexuales la IPPF desarrolló
un instrumento para guiar el trabajo y los programas de los componentes de la
Federación en torno a los derechos humanos relacionados con la sexualidad. Presidí
el Panel de la Federación que redactó la Declaración de Derechos Sexuales, gestión
que requirió una inmersión en el proceso de desarrollo de consenso entre personas
de diversas edades, culturas, religiones y sistemas jurídicos y políticos.
1 La Oficina Central de la IPPF tiene su sede en Londres. La Federación está compuesta por
seis regiones y cada región cuenta con una Oficina Regional que proporciona asistencia
técnica y facilita el intercambio de información entre las asociaciones de cada país integrante
de la Federación. Las seis regiones son: la Región de África con sede en Nairobi,
Kenia; la Región del Mundo Árabe , con sede en Túnez; la Región del Este y Sudeste
Asiático y Oceanía, con sede en Kuala Lumpur, Malasia; la Red Europea, con sede en
Bruselas, Bélgica; la Región de Asia del Sur, con sede en Nueva Delhi, India y la Región
del Hemisferio Occidental, con sede en Nueva York. La Región del Hemisferio Occidental
(IPPF/RHO) está compuesta por 41 organizaciones de salud sexual y reproductiva. La
Planned Parenthood Federation of America fue miembro fundador de la IPPF/RHO y es
la Asociación Miembro en los Estados Unidos.
3

3 0
dra. eSther ViCente
Además de mi activismo en organizaciones internacionales y regionales, en Puerto
Rico trabajo con varias organizaciones, especialmente con Profamilia, Puerto Rico
y el Movimiento Amplio de Mujeres. Estas experiencias son parte de mi formación
y tienen un impacto fundamental en mi acercamiento a la enseñanza del derecho y
en mi visión sobre los asuntos de índole jurídica, la teoría del derecho y el papel que
este desempeña en las luchas sociales.
derechos Humanos y garantías.
Una nueva perspectiva
Desde mi perspectiva, los derechos humanos no se limitan a aquellas garantías reconocidas
por las normas e instituciones jurídicas. La formulación, definición y el
ejercicio de los derechos humanos no comienza cuando un estado promulga una
ley; cuando un grupo de estados adopta un tratado o cuando una institución internacional
o un tribunal nacional establece una doctrina o interpretación de normas
internacionales o nacionales.
El desarrollo y la creación de las garantías que llamamos derechos emergen de procesos
humanos. Los derechos humanos se generan a través de la praxis de personas
que persiguen activamente la eliminación de lo que perciben como limitaciones a su
campo de acción. En muchas ocasiones los derechos surgen cuando las personas
cuestionan, en su vida cotidiana, las prácticas, las nociones y estructuras que les
excluyen, les hacen sentir discriminadas y en efecto provocan que sean tratadas de
forma inequitativa.
A través de nuestra práctica cotidiana rompemos las barreras que establece el propio
derecho, los discursos dominantes y las estructuras sociales en torno a nuestras
libertades y a nuestras capacidades. Conforme a esta visión, los derechos humanos
existen y se constituyen antes de ser encapsulados como normas legales. Existen en
los procesos de pensamiento y de acción de las personas, se construyen a través de
sus reclamos y de sus luchas.
De igual forma, las prácticas que desplegamos los y las profesoras de derecho como
activistas tienen repercusión en la labor que realizamos como docentes, en los temas
que resaltamos en nuestro cursos y en las estrategias y métodos de enseñanza que
utilizamos. A la vez, el contenido y la dirección de nuestro activismo se alimenta del
producto de nuestra labor académica.
La relación entre el activismo y la academia es recíproca. En el salón de clases el
activismo hace presencia tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos
metodológicos del proceso aprendizaje-enseñanza. En la esfera del activismo se observa
la influencia de los académicos y académicas en las organizaciones y grupos a

Activismo y educación jurídica, una relación recíproca
través de la generación de teorías y estrategias de litigación noveles, en el litigio de
pleitos de impacto, en la comparecencia a procesos legislativos, en la preparación de
documentos, informes y posicionamientos, entre otros.
El impacto de la participación como activista en organizaciones no gubernamentales
amplía la comprensión de los procesos legislativos y judiciales en los foros nacionales
y de los procesos y los organismos regionales e internacionales. El activismo nos
permite aprehender y explicar mejor las teorías y los conceptos jurídicos abstractos
y nos ayuda a demostrar en el salón de clases la interconexión entre la teoría y la
práctica.
En torno al contenido sustantivo, a través de mi conexión y trabajo con las organizaciones
he apreciado la importancia de fomentar en los y las estudiantes un acercamiento
integral al derecho. Muchas veces en el plano del activismo las soluciones a
los problemas se plantean como estrategias que van más allá de cambiar meramente
una norma de derecho de familia, por ejemplo, y requieren múltiples intervenciones
con el derecho penal, el derecho constitucional y el derecho administrativo. En las
facultades de derecho se observa una tendencia entre los docentes a enseñar su curso
particular, como si se tratara de una materia contenida en sí misma. En raras ocasiones
se aprecia un esfuerzo de los profesores por demostrar la interrelación entre las
diversas materias.
Cuando interactuamos con activistas que trabajan en el campo de los derechos humanos,
los derechos de las mujeres y en proyectos con grupos y sectores sociales
que experimentan situaciones de desigualdad, observamos las vivencias que generan
los problemas de índole jurídica, apreciamos las necesidades que crea la desigualdad
y comprendemos con mayor claridad las diversas estrategias jurídicas que requiere
su solución. Ello se traduce en una mayor capacidad para transmitir a los y las estudiantes
la importancia de atender los problemas jurídicos de una manera integral
e integrada que dé cuenta de la multiplicidad de áreas del derecho implicadas en su
solución. Así por ejemplo, los problemas de acceso a la vivienda que confrontan las
personas que viven en condiciones de pobreza pueden atenderse desde el derecho
administrativo, el derecho constitucional y los derechos humanos, o mediante la promoción
de legislación protectora de un sector comunitario. En algunos casos dichos
problemas podrían resolverse utilizando el derecho a hogar seguro que garantiza el
Código Civil al ex cónyuge que asume la custodia de la prole menor de edad, el derecho
de usufructo, las normas relativas a la sucesión, entre otros.
La participación activa en organizaciones y grupos que promueven cambio social
para atender el impacto de la desigualdad, la discriminación y la violencia por razón
de género, por mencionar algunas de las experiencias de activismo en que nos involucramos
los docentes, adicionalmente, facilita la comprensión de la importancia de
los análisis y acercamientos multidisciplinarios al estudio y la práctica del derecho.
Sabido es que la medicina, la antropología, la sociología, las artes y otras disciplinas
nos brindan muchas veces las pautas para promover cambios jurídicos y comprender
su alcance. De igual forma estas disciplinas, junto al derecho, participan en la
3 1

3 2
dra. eSther ViCente
creación y recreación de muchas de las ideas y prácticas que contribuyen a cimentar
la opresión y la desigualdad. De ahí la importancia de incorporar una mirada interdisciplinaria
al analizar los problemas, las condiciones sociales y las estructuras que
queremos atender a través del derecho – ya sea a través de la creación de normas
jurídicas, del litigio de pleitos o de la educación jurídica.
Otro beneficio atribuible al activismo deriva de la interacción y la conexión con las
redes sociales creadas por las organizaciones de activistas lo que facilita y promueve
un acercamiento comprometido con la incorporación del uso del derecho comparado
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El intercambio constante a través
de las redes sociales con activistas de diversas regiones del planeta permite recibir
información al instante sobre acciones positivas, políticas públicas, determinaciones
judiciales y también sobre abusos y violaciones de derechos ocurridas en las más alejadas
y diversas regiones y sistemas jurídicos. Ello ayuda a presentar análisis comparados,
ejemplos concretos de litigios, propuestas legislativas y ejemplos de acciones
en los foros nacionales e internacionales relativas a los temas que se estudian en los
cursos de derecho.
Quizás el impacto más significativo de la relación entre activismo y academia tiene
que ver con la metodología de enseñanza. Así como los activistas utilizan la creatividad
para presentar reclamos y abogar por los cambios que requieren, en el proceso
de enseñanza del derecho podemos incorporar acercamientos metodológicos
diversos y creativos. Los cambios que ha implicado la revolución tecnológica en los
procesos de búsqueda y obtención de información y en los procesos de comunicación
presentan retos importantes a la enseñanza del derecho. La interacción con
organizaciones que responden a las nuevas tecnologías, las utilizan e incorporan a
sus procesos de trabajo resulta de mucha ayuda a la hora de mantenernos al día, de
agilizar las experiencias en el salón de clases y responder a las expectativas de las y
los estudiantes.
impacto del activismo en la experiencia docente
A continuación ofrezco algunos ejemplos de lo que ha sido mi experiencia en la enseñanza
y el impacto de mi activismo en el contenido y la forma en que los dicto tres
cursos : (1) Derecho de la Persona y de la Familia, (2) Protección Internacional de
los Derechos Humanos y (3) Derecho y Teoría Avanzado: Perspectivas Feministas
en la Teoría del Derecho.
En el curso de Derecho de Familia, he incorporado temas como la tensión entre la
definición de la persona en el Código Civil de Puerto Rico, el derecho de la mujer
al aborto y los derechos eventuales reconocidos al concebido no nacido. Ello me
permite discutir la disposición del Código Penal de Puerto Rico sobre el aborto y la

Activismo y educación jurídica, una relación recíproca
jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico que ha reconocido
la opción de las mujeres de terminar un embarazo por razones de salud física o
mental o para proteger su vida en “cualquier momento del embarazo”. 2 Otro aspecto
que resalto con esta discusión es la incidencia del derecho constitucional sobre el
derecho de familia.
Como parte del tema de la persona discuto jurisprudencia en torno al derecho de las
personas transgénero a cambiar su nombre y su sexo en el certificado de nacimiento.
Los y las estudiantes estudian, analizan y critican dos casos contradictorios resueltos
por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 3 y legislación y jurisprudencia comparada,
así como las determinaciones en casos similares planteados ante órganos regionales
protectores de los derechos humanos.
En la discusión del tema del matrimonio incorporo un análisis crítico del elemento
de diversidad sexual requerido en la definición del matrimonio en el Código Civil de
Puerto Rico. También analizamos el Artículo 68 del Código Civil al que se añadió
una disposición 1999, que prohíbe el reconocimiento de matrimonios entre homosexuales
o transgéneros celebrados en otras jurisdicciones. 4 Esta última fue aprobada
como resultado de la presión de los sectores fundamentalistas en Puerto Rico ante la
adopción de la Defense of Marriage Act en Estados Unidos. Utilizo en la discusión
de este tema la jurisprudencia que se ha desarrollado en tribunales estatales y federales
de Estados Unidos al amparo del derecho a la intimidad y de la igual protección
de la leyes para cuestionar el requisito de diversidad sexual en el matrimonio. Aquí
resalto la influencia del derecho constitucional en el derecho de familia, pues se
plantea que dicho requisito es discriminatorio por razón de sexo y violenta la igual
protección de las leyes. También hago referencia a las normas jurídicas y a la jurisprudencia
de España y otros países que han establecido reconocimiento jurídico al
matrimonio entre personas del mismo sexo.
Cuando discuto el tema de la adopción presento la jurisprudencia del Tribunal Supremo
de Puerto Rico que ha limitado la adopción por parejas de hecho y evaluamos
su impacto en la adopción por parejas del mismo sexo. Además, presento un análisis
comparativo utilizando la normativa adoptada en otros foros.
En torno al ejercicio de la custodia explico los tres acercamientos que se han elaborado
por distintos tribunales ante reclamos de privación de custodia basados en la
orientación sexual de uno de los progenitores, discutimos jurisprudencia del tribunal
Supremo de Puerto Rico y este semestre por primera vez discutimos el caso Atala,
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi conexión con la
Red ALAS me permitió incorporar datos sobre el litigio, puesto que la entonces
2 Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D. P.R. 596 (1980).
3 Alexandra M. Andino Torres, Ex Parte, 151 D.P.R. 794 (2000) Sentencia y Alexandra Delgado Hernández,
Ex Parte, 165 D.P.R. 170 (2005).
4 Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico.
3 3

3
dra. eSther ViCente
Coordinadora de la Red, Macarena Sáez fue la abogada principal en este litigio en el
participaron varias integrantes de la Red. Recibí la determinación de la Corte el mismo
día que fue emitida, la compartí por correo electrónico con todos los profesores
y profesoras de la Facultad y con todos los estudiantes que cursaban clases conmigo
en el momento.
Por supuesto que mi acercamiento al contenido del curso Protección Internacional
de los Derechos Humanos y al Curso Perspectivas Feministas en Teoría del Derecho
está altamente influenciado por mi trabajo con grupos de mujeres y con la IPPF en
torno a los derechos sexuales.
Así por ejemplo, el análisis de las diversas perspectivas feministas en torno a la igualdad
y la diferencia se facilita a través de la consideración de cómo variadas organizaciones
de mujeres se enfrentaron a la propuesta de establecer una ley sobre violencia
en la relación de pareja redactada de forma neutra. Al hablar de las diferencias culturales
y su impacto en la garantía de los derechos humanos puedo comentar sobre
mi experiencia en el desarrollo de la Declaración de Derechos Sexuales de la IPPF y
las estrategias que utilizamos para conseguir alcanzar un lenguaje consensuado entre
las diversas regiones y entre los países de las diversas regiones.
Pero, quizás la influencia mayor del activismo en mi labor docente ha sido en la
metodología de enseñanza. A través de mis años de activismo he aprendido a valorar
las metodologías que permiten a los y las participantes en un proceso aprender
colectivamente y la importancia de asumir un rol de facilitadora a través del uso de
la metodología de taller y del trabajo en grupos pequeños.
Así, en los cursos de Derecho de Familia y de Derechos Reales todos los semestres
realizo con los estudiantes un ejercicio práctico con relación a uno de los temas del
curso. Divido al grupo en pequeños grupos de cinco o seis personas, preparo una
situación de hechos hipotética sobre un asunto controversial, que no se ha resuelto
por los tribunales o que está bajo cuestionamiento en la opinión pública. Asigno a
los pequeños grupos representar a las partes inmersas en la controversia hipotética
o actuar como jueces. Señalo un día para realizar una argumentación oral en torno a
una o dos controversias que se derivan de la situación de hechos. Cada grupo ha de
realizar la argumentación desde la perspectiva de la parte que representa, y los jueces
han de resolver la controversia.
Estos ejercicios permiten a los estudiantes trabajar colectivamente, desarrollar destrezas
de argumentación y de persuasión y les obligan a estudiar a fondo el tema. Resultan
en procesos muy interesantes y en la evaluación del curso por los estudiantes
siempre reciben respuestas muy positivas. En el curso de Derecho de Familia utilizo
situaciones relativas a los derechos de parejas del mismo sexo o de parejas de hecho,
sobre adopción, reproducción asistida, entre otros. En el curso de Derechos Reales
utilizo situaciones relacionadas con el derecho de propiedad y el derecho de posesión
de los rescatadores de terreno o sobre los derechos de los ciudadanos a utilizar
la calles en urbanizaciones que cuentan con control de acceso.

Activismo y educación jurídica, una relación recíproca
En el curso de Derechos Humanos la evaluación de los y las estudiantes incluye la
presentación de un informe oral y escrito sobre algún tema de derechos humanos.
Los temas suelen ser de libre selección, pero siempre los y las estudiantes muestran
interés en realizar trabajos en torno a los derechos de las mujeres, a los derechos
sexuales, a los derechos reproductivos, a la violencia contra las mujeres en situaciones
de conflicto armado, al derecho al desarrollo y la protección del medio ambiente,
entre otros.
Como resultado de la influencia que ha tenido el activismo en mi reconocimiento de
la importancia de los análisis y acercamientos multidisciplinarios, el año Académico
2011-2012, ofrecí el curso de Perspectivas Feministas en la Teoría del Derecho en
conjunto con una profesora de Historia del Arte. Dedicamos el curso a hacer un recorrido
sobre la representación de la imagen de las mujeres a través del Derecho y de
la historia del arte. Iniciamos el curso con la presentación de aspectos conceptuales
y teóricos sobre la categoría género y las perspectivas feministas.
Dividimos el curso en unidades temáticas identificadas con las etapas históricas y
para cada unidad temática identificamos lecturas teóricas y jurídicas, así como obras
de arte que presentan aspectos sobre las vidas de las mujeres o imágenes de las mujeres.
También incluimos trabajos realizados por mujeres artistas y en algunos casos
sus biografías. Obviamente, también se asignaron lecturas teóricas elaboradas por
juristas y académicas del derecho.
Al final del curso quedó clara la conexión entre las visiones sobre la naturaleza de
las mujeres promovidas en las distintas etapas históricas y la representación de estas
a través del arte, y a partir del siglo xx a través de la publicidad. También quedó
claro cómo se reproducen dichas ideas en las normas jurídicas. Presentamos además
ejemplos de los cambios paulatinos –aunque no suficientes– que se observan en las
normas objetivas y la resistencia al cambio demostratada por los jueces que adjudican
controversias en las que se lidia con estereotipos sobre las mujeres.
Como parte de la evaluación del curso, asignamos a los y las estudiantes preparar
un poster alusivo al Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Los trabajos resultaron
ser tan creativos e interesantes que preparamos un exhibición en una pequeña
Galería de nuestra Facultad. Además, hicimos dos visitas a museos y sostuvimos un
encuentro con dos mujeres artistas que participan en la Bienal Poligráfica que se
llevaba a cabo en Puerto Rico durante el ofrecimiento del curso.
Este acercamiento multidisciplinario generó interés en un grupo variado de estudiantes,
algunos de los cuales se acercaron al curso por su interés en el arte. Contamos
con 3 estudiantes varones, de un total de 13 estudiantes y pudimos observar
el desarrollo de una mejor comprensión de los temas teóricos, de las perspectivas
feministas y del rol del derecho y su conexión con la vida cotidiana. Algunos de los
participantes en el curso se unieron a la Organización de Mujeres Estudiantes de
Derecho de la que soy mentora.
3

3
dra. eSther ViCente
Finalmente, mi activismo me ha ayudado a desarrollar un discurso seguro y firme
para nombrar las experiencias de opresión con nombre propio y sin el uso de eufemismos,
comúnmente utilizados por muchos de mis colegas al cubrir asuntos como
el derecho al aborto, los derechos sexuales y de las parejas del mismo sexo. Además,
ha sido determinante en mi capacidad para investigar y publicar trabajos académicos
en torno a los temas más controvertidos en torno a la familia, los derechos humanos
y la teoría del derecho. Cada año publico uno o dos artículos de revista jurídica o
capítulos en libros colectivos.
En fin, el activismo, la adopción de posturas en torno a las controversias jurídicas y
la promoción de cambio en las normas jurídicas o a través del derecho puede ser de
gran ayuda en la conformación de un trabajo académico más integral, multidisciplinario
y actualizado.
Pretender que los académicos y académicas no podemos o no debemos asumir posturas
y posicionamientos ante las controversias jurídicas y los problemas sociales que
aquejan a nuestras sociedades esconde la falacia de la neutralidad en el desarrollo de
los saberes, altamente cuestionada en nuestros días.

la enseÑanZa del derecHo desde Una
PersPectiVa de GÉnero
introducción
MsC. vivian rodríGuez aCosta
liC. daYaMi Martínez Castellanos
Cuba
La educación profesional que ofrecen las escuelas y facultades de Derecho, deben
proporcionar al egresado los elementos necesarios para que puedan dar respuesta a
las necesidades sociales, a la vez que permitan el desarrollo de las potencialidades
humanas en el más amplio sentido de participación y compromiso social.
La función social del Derecho es regular la convivencia de hombres y mujeres en
una sociedad determinada, con el fin de promover la realización personal y colectiva
de quienes forman una comunidad en paz y armonía. Si esto es cierto, cabe decir
que el derecho no ha cumplido con esta finalidad. Aún existen en el mundo leyes que
esclavizan a las mujeres, o restringen de diferentes maneras sus posibilidades de ser
y de actuar en el mundo, de acuerdo a su clase social, etnia, raza, habilidad, edad, o
leyes que otorgan más poder económico, político y sexual a los hombres y por tanto
acentúan la violencia y el temor en la convivencia humana.
Por ello, repensar el derecho y su función social, es un desafío que requiere hacer de
esta disciplina un instrumento transformador para lograr una mejor convivencia humana.
Debe estar presente en las nuevas generaciones de profesionales del derecho,
un deseo de cambio y una actitud que permita el desarrollo de las potencialidades
humanas de hombres y mujeres. Se trata del cambio de una forma de vida.
Por tanto, cabe preguntarnos, cual es el rol de los docentes en este importante proceso
de la enseñanza del Derecho; y sobre todo debemos discutir nuevas formas en
la enseñanza del Derecho más sensibles a las diferencias y problemas de género y
367

3
mSC. ViVian rodríguez aCoSta, liC. dayami martínez CaStellanoS
los retos que estas le plantean a los encargados de la impartición de justicia, ya que
a partir del siglo xx se logró una enorme participación de la mujer en todos los ámbitos
y con ello, se modificaron los patrones culturales y la relación de la mujer con
su entorno.
inclusión de la perspectiva de género
en el derecho
Mucho se ha hablado de la necesidad de reformar la enseñanza del derecho para
acercarla a la realidad social, a la forma en la que los usuarios de la justicia perciben
las situaciones previstas en las leyes.
Para mejorar esta situación es importante que los profesores y profesoras de Derecho
se den cuenta del gran vacío que existe en los programas de derecho y la ausencia
de la perspectiva de género en los mismos.
Considerar la evolución de los derechos de las mujeres en el contexto nacional como
internacional, aunada a las importantes transformaciones de la familia y de los roles femeninos
y masculinos en el último siglo, permiten ver al Derecho, como una materia
estrechamente relacionada con las experiencias vitales de las personas. Las transformaciones
sociales y la historia misma contribuyen a hacer visibles a las mujeres y
situar la protección del derecho en un contexto histórico.
Para el derecho, sexo y género se fusionan en un solo concepto. Se define la incorporación
de la perspectiva de género como una estrategia, para hacer que los intereses
y experiencias tanto de mujeres como de hombres, sean una dimensión integral del
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas
las esferas del quehacer humano, con el objetivo de lograr la igualdad entre hombres
y mujeres.
Si atendemos a que las mujeres han sido excluidas históricamente de la creación y
transmisión del conocimiento legal formal, integrar la perspectiva de género en la
enseñanza del derecho, implica algo más que integrar a las mujeres en el sistema legal
vigente y transformarlas en nuevos objetos de conocimiento. Significa un proceso
complejo de reformas a la ley y a la enseñanza del derecho, de manera que las experiencias
y perspectivas femeninas, sean sujetos de y no objetos. Se requiere visualizar
a las mujeres como agentes activos en el ámbito legal y en la educación, considerando
las cuestiones de género como componentes fundamentales del conocimiento
articulado. Se requiere una reconstrucción y reconceptualización del derecho y su

La enseñanza del derecho desde una perspectiva de género
enseñanza. 1 Porque hasta ahora, el lenguaje sexista y la sobrevaloración de lo masculino
respecto de lo femenino también se filtra en la tarea de interpretar la norma.
Y porque la dificultad de aprovechar la perspectiva de género por los profesionales
del derecho, deriva del modelo educativo. Tenemos en la mayoría de las escuelas de
derecho una enseñanza rígida del derecho que va desde la memorización más que
analizar las normas de derecho, escuchar pasivamente las clases magistrales, leer y repetir
la doctrina expresada por el profesor en turno, hasta olvidar la ética y la justicia
y aferrarse a la norma por sobre todas las cosas. 2
Es posible y necesario terminar con esa tradición e interpretación jurídica
decimonónica para dar paso a una forma de entender el derecho a través de la
perspectiva de género. El desafío es enseñar el derecho y aplicar la ley, desde el
principio de igualdad y erradicar la discriminación y la exclusión de las mujeres.
Si se conoce y analiza el derecho desde esa perspectiva, se actuará de manera más
equitativa. 3
Para integrar la perspectiva de género en la educación legal existen varias formas:
a) ofrecer cursos específicos; b) incluir nuevos contenidos en los cursos básicos; c)
desarrollar propuestas legislativas y d) sistematizar los casos prácticos. Cada uno de
estos métodos presenta retos y posibilidades, aunque para implementarlos, se siguen
las mismas premisas que para formular un nuevo curso. La meta es clarificar la situación
del hombre y la mujer en el derecho, lo cual no se hace explícito en la doctrina
o en la legislación.
a) Ofrecer cursos específicos puede ser aconsejable solo si se trabaja con gente comprometida
con la perspectiva de género, porque de esa manera se elabora un programa
tratando de optimizar los recursos disponibles. El problema sería ubicar el
curso dentro del currículo que se ofrece. La pregunta que surge es la siguiente: ¿el
curso se debe dirigir a los estudiantes de primer año o a los que están por concluir
sus estudios?
Si se ofrece en el primer año, se debe tener en cuenta que los estudiantes no están
familiarizados con el sistema legal. Pero esto ayudaría a desmitificar el derecho
poniendo en contexto los paradigmas legales dentro de la perspectiva histórica, de
manera que el estudiante pueda identificar la ley como producto de la sociedad y por
lo tanto sujeta a cambios. La meta sería entrenar al estudiante en una metodología
que le permita introducir en su perspectiva los intereses de la mujer. Esta metodología
proveerá al estudiante con herramientas para cuestionar al derecho en asuntos
que estudiará después.
1 Marcela V. Rodríguez: “Pedagogy and Law: Ideas for integrating Gender into Legal Education”,
Journal of Gender, Social Policy and the Law, The American University. vol 7, no. 2. p. 267.
2 Gallo: Ob. cit., p. 72
3 Ídem.
3

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mSC. ViVian rodríguez aCoSta, liC. dayami martínez CaStellanoS
Si se ofrece el curso en los últimos semestres de la carrera, la ventaja es que los estudiantes
conocen las instituciones legales, y permitirá que el curso tenga un desarrollo
con un espíritu eminentemente crítico. El reto para el profesor del curso sería lograr
la activa participación de los estudiantes y motivarlos para mantener una apertura y
teorías críticas sobre la ley. Este sistema hará posible debatir asuntos de interés para
los estudiantes, a la vez que ellos marcarán el rumbo del curso.
b) Si se pretende incluir nuevos contenidos dentro de los cursos, el éxito dependerá
de ciertos factores como: contar con profesores comprometidos con el tema, programas
adecuados y materiales apropiados.
Además de contar con profesores interesados en el tema, estos deberán incorporar
en sus programas algunos materiales que llamen la atención sobre las tendencias de
género bajo las cuales es construido el sistema legal. Esto no es fácil si tenemos en
cuenta que los profesores han utilizado los mismos programas año tras año y bajo
el mismo esquema. Lo que se puede sugerir, es incorporar a su programa ciertos
materiales de lectura, relacionados con los temas, y que se abordan con el enfoque
de género.
c) En el renglón de propuestas legislativas, estas se pueden elaborar con énfasis en medidas
que pretenden mejorar la situación de las mujeres, evitando cualquier situación
discriminatoria para ellas y procurando el equilibrio entre ambos sexos. Sobre todo en
derecho familiar es relativamente fácil sugerir enmiendas a la ley desde esta óptica.
d) Tratándose de casos prácticos, estos pueden sistematizarse para tener claros ejemplos
de casos que son del dominio popular, sobre todo en derecho penal, y que han
sido espectaculares en su tratamiento por las actuales leyes y organismos encargados
de su aplicación.
Existen diferentes formas de aproximarse a la legislación penal con sensibilidad respecto
de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales, particularmente.
Primero, podemos preguntarnos cómo participan las mujeres en el Derecho Penal,
ya que las diferencias de sexo son importantes. Sabemos de la desprotección de las
mujeres como víctimas frente al sistema penal, la tasa de criminalidad femenina que
es más baja que la masculina, las formas de criminalidad femenina, y algunos delitos
específicos, como los delitos sexuales, en los que se pone de manifiesto la subordinación
femenina, podrían ser los temas a abordar desde una perspectiva de género. 4
El derecho en la práctica, pone a las mujeres en desventaja, juzgándolas con
estándares distintos e inapropiados, sobre todo en derecho penal, ya que siempre se
hace una distinción entre lo público y lo privado en la vida cotidiana; si se eliminara
la diferenciación entre hombre y mujer, se crearían las condiciones bajo las cuales el
derecho dejaría de crear desventajas para las mujeres. 5
4 “Taller, Género, Cuerpo y Derecho”, Documento de trabajo, Mexico, D.F. Mayo 2005, p. 4
5 Patricia Begné: “Género, Violencia y Derecho Penal”, Trabajo de investigación para el Doctorado en
Derecho, 2004, p. 1

La enseñanza del derecho desde una perspectiva de género
La violencia y el Derecho Penal constituyen un binomio indisoluble, ya que la violencia
parece ser una constante en las organizaciones sociales y porque el derecho penal
debe fungir como instrumento de prevención del delito y de castigo a las conductas
antisociales, sin embargo, el derecho penal no puede ni debe actuar de manera indiscriminada,
por naturaleza debe ser selectivo, y debe sancionar aquellas conductas
antisociales que se consideren relevantes por el daño a las personas y a la sociedad,
o bien ciertas conductas pueden tener otro tipo de sanciones, no necesariamente
penales. 6
Las formas de expresión de la violencia dirigidas a mujeres, menores y ancianos,
particularmente, así como la afectación a derechos fundamentales como la libertad y
la vida, tienen sin duda un origen o por lo menos una explicación, en cuestiones estructurales
o patológicas de la sociedad, como consecuencia del sistema económico
y las deficiencias del sistema educativo, que derivan en el crecimiento de la economía
informal que se traduce en pérdida de valores, desintegración familiar, rechazo a las
reglas sociales, y en general desprecio al derecho positivo. Estas deficiencias y su
manera de expresión, conducen en buena medida a la violencia y a la criminalidad.
Por tanto, los docentes de las cátedras de derecho penal, pueden impulsar formas
de discusión e investigaciones que permitan comprender cómo nuestra sociedad ha
llegado a tener las estructuras actuales. Proponer formas innovadoras de acción y
reflexión que posibiliten la participación colectiva en luchas contra la irracionalidad,
las injusticias y las privaciones de la sociedad, a la vez que introducir el concepto de
equidad de género como una categoría analítica y política en los cursos de derecho
penal.
La familia ha sufrido transformaciones importantes, ha evolucionado sustancialmente.
En consecuencia también han evolucionado las políticas que las rigen. El modelo
de familia patriarcal, que se basa en la dominación masculina, ha sido sustituido por
el modelo de familia de responsabilidad individual, que se basa en la noción de igualdad
de género. La tendencia más reciente es la de asumir iguales responsabilidades
económicas para los esposos y esto deriva de la igualdad entre los géneros.
La versión ideal de familia no corresponde con la gama de familias de hoy en día;
etiquetar a “la familia” siempre implica dejar fuera a muchos conjuntos humanos
que cumplen con las funciones familiares pero que no encajan en la definición. Por
diversas circunstancias la funcionalidad ha ido cambiando, dando origen a conductas
o actos perjudiciales para ella, como lo es la “violencia” entre quienes la integran.
La violencia se ha hecho más evidente en los últimos años en todo el mundo, y al
mismo tiempo, ha adquirido nuevos y preocupantes espacios de ocurrencia. Existen
datos que demuestran la estrecha relación de interdependencia entre las conductas
particulares de los seres humanos, el entorno familiar en el que se desenvuelven
6 Ibídem, p. 16
3 1

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mSC. ViVian rodríguez aCoSta, liC. dayami martínez CaStellanoS
y el contexto sociocultural en el que la familia se desarrolla. A medida en que las
sociedades se hacen más modernas y complejas la violencia se muestra en formas
más extensas y variadas de las que la familia no puede sustraerse. Las familias son el
producto de las sociedades y estas a su vez actúan como propagadoras de las causas
y efectos de la violencia entre sus integrantes y pueden reproducir patrones de convivencia
de contenido violento.
En el entorno social en el que la cultura de la violencia ha adquirido predominancia,
se da lugar a la reproducción de conductas violentas que suelen trasladarse a las relaciones
de la vida privada y de la familia de los individuos , ámbitos donde se acepta
el uso de la fuerza del más fuerte sobre el más débil, del hombre a la mujer, de los
adultos sobre los menores, sobre las personas de la tercera edad o sobre aquellas
personas que presentan alguna discapacidad así como a la impunidad de los delitos
cometidos en esos ámbitos. Cuando la violencia irrumpe en la familia, que es el espacio
más íntimo donde debe existir mayor seguridad para sus miembros, este queda
vulnerado, y esta conducta, suele convertirse en un hecho cotidiano.
Las cuestiones de violencia familiar deben ser uno de los temas a discutir en un curso
de Derecho de Familia, desde la perspectiva de género. Por ejemplo: los problemas
entre padres y madres en términos de la custodia y las visitas a los hijos, o las discriminaciones
contra las familias no tradicionales constituidas por personas del mismo
sexo. Otros temas a considerar: la igualdad de hombres y mujeres en el matrimonio;
la estructura jerárquica de las familias; los diferentes tipos de familias; la paternidad
y maternidad responsables; los alcances de la patria potestad frente a los derechos
de los niños; el régimen patrimonial del matrimonio, entre muchos otros, ya que al
analizarlos con perspectiva de género, se facilita la búsqueda de soluciones justas
y equitativas a los conflictos familiares relacionados con la violencia en ese núcleo
social; porque se toman en cuenta las características propias de las personas involucradas
en el conflicto y su forma de relación, y toda la compleja trama que existe en
torno a un caso determinado.
Por otra parte, las mujeres jugamos un papel muy importante en las familias: somos las
guardianas de la salud de nuestras familias y comunidades; somos quienes garantizamos
la supervivencia, el alimento diario a la familia, somos cuidadoras del medio ambiente
y de los recursos naturales, en fin las mujeres realizamos doble jornada de trabajo y en
condiciones desventajosas. Y aunado a eso, la mujer se enfrenta a la amenaza diaria de
la violencia doméstica y la violencia sexual. Por ello, cabe plantearse: ¿cuál es papel de
las escuelas y facultades de derecho en la conformación de un ambiente de paz local,
regional y nacional? La educación tiene como fin impulsar un sistema justo, solidario,
participativo y que propicie el desarrollo local y regional. Solo así se podrá alcanzar una
sociedad más justa y más humana con independencia y justicia social.
En Cuba la enseñanza del Derecho se realiza desde una perspectiva de género desde
el primer año de la carrera, a través del método de trabajo que incluye documentos
jurídicos para que los estudiantes se apropien de los conocimientos en las distintas
asignaturas. En la asignatura de Historia del Estado y el Derecho en Cuba los estu-

La enseñanza del derecho desde una perspectiva de género
diantes trabajan con la Constitución de 1940 la cual prohíbe la discriminación por
razón de sexo o color, que declaró además una protección especial a la familia y la
igualdad de la mujer. Los estudiantes de Derecho en su primer año consultan a través
del trabajo independiente la ley 9 del 20 de diciembre de 1950 sobre la capacidad
civil y los derechos paterno filiales de la mujer, que se conoce como ley de emancipación
civil de la mujer, que establece que esta ejercería patria potestad sobre sus
hijos, reiteró la independencia económica y social de la mujer que podría a partir de
entonces desarrollar y practicar arte, oficio o profesión sin el permiso del esposo.
La ley exige el consentimiento de la madre para todos los actos de administración
y dominio que afecten a sus hijos y establece que ambos cónyuges son administradores
de la sociedad legal de gananciales, esta ley derogó toda limitación en relación
con la capacidad de la mujer que pudiera traducirse en merma de la igualdad de los
sexos, desarrollando la letra y el espíritu de la Constitución de 1940. La enseñanza
del Derecho en Cuba forma en los estudiantes una habilidad profesional importante
que es aprender a trabajar con la ley, que es una fuente principal de conocimientos
jurídicos, las cuales incluyen la perspectiva de género.
Mediante el trabajo con la Constitución Socialista cubana los estudiantes aprenden
cómo la igualdad es un principio básico en nuestro país, planteando en su artículo 41
que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes
que la discriminación por motivos de raza, color de la piel, sexo, origen nacional,
creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es
sancionada por la ley.
La Constitución plantea que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo
económico, político, cultural, social y familiar, garantizándose que se ofrezcan a la
mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, a fin de lograr su
plena participación en el desarrollo del país.
Nuestra enseñanza parte de que la igualdad de los seres humanos es un principio
básico de nuestra sociedad, lo que debe plasmarse de manera plena en todos los
preceptos de nuestra legislación. El trabajo adecuado con nuestro código de familia
permite que en los estudiantes se formen valores basados en la igualdad dentro de
la familia donde se entrelazan el interés social y el interés personal, y constituyen
centro de las relaciones de la vida en común de mujeres y hombres, de estos con sus
hijos y demás parientes, donde quedan satisfechos los intereses humanos, afectivos
y sociales de la persona.
En cuanto a las relaciones conyugales se reconoce que el matrimonio se constituye
sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges, resaltando el
derecho a ejercer sus profesiones y oficios, prestándose recíprocamente ayuda y cooperación
para ello así como para emprender estudios, cuidando en todo momento
de organizar la vida en el hogar.
Se manifiesta también la igualdad de la mujer y el hombre en nuestra familia, en la
administración de la comunidad matrimonial de bienes, donde ambos cónyuges son
administradores de los bienes de la comunidad matrimonial y cualquiera de ellos
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mSC. ViVian rodríguez aCoSta, liC. dayami martínez CaStellanoS
podrá realizar, indistintamente, los actos de administración, y adquirir los bienes que
por su naturaleza estén destinados al uso o al consumo ordinario de la familia.
Según nuestro Código de Familia el ejercicio de la patria potestad corresponde por
igual a ambos padres y en cuanto a la guarda y cuidado se atendrá, en igualdad de
condiciones, como regla general, a que los hijos queden al cuidado del padre en cuya
compañía se hayan encontrado hasta el momento de producirse el desacuerdo, prefiriendo
a la madre si se hallaban en compañía de ambos.
conclusiones
Las sociedades modernas han introducido en sus instituciones jurídicas una serie de
disposiciones relativas a la equidad y a la igualdad entre los sexos, esencialmente en
función del comportamiento femenino y masculino. La perspectiva de género, nos
ayuda a comprender que muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos
naturales de las mujeres o de los hombres, en realidad son características construidas
socialmente, que no están determinadas por la biología y por tanto es factible
modificarlas y construir relaciones de equidad.
El gran reto de la enseñanza del derecho y la cultura jurídica democrática es servir
de instrumento para romper paradigmas y establecer un sistema de garantías que
permitan la igualdad de los diferentes. La educación legal es más una experiencia
que la adquisición de conocimientos y la transmisión de estándares legales. Involucra
una combinación de habilidades, y valores en ciertas áreas del conocimiento. También
considera el evaluar alternativas, desarrollar estrategias innovadoras, debatir y
persuadir, encontrar nuevos argumentos, escuchar, discernir diferentes presunciones
ideológicas, promover cambio de actitudes, desarrollar objetivos comunes y reconocer
y respetar la diversidad.
No existe una fórmula para integrar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho.
Sin embargo, existen diferentes técnicas y metodologías. Cada grupo de estudiantes
es único e irrepetible y presenta características que deben tomarse en cuenta. Por
tanto, cada profesor debe encontrar el camino que mejor se adapte a su estilo, experiencia
y personalidad. Cada contexto histórico presenta diferentes retos.
En una sociedad con un largo antecedente de discriminación, la enseñanza del derecho
viene a ser la arena perfecta para la inclusión. La academia es el mejor foro para
abrir el debate y el espacio natural y adecuado para el diálogo acerca de perspectivas,
experiencias y valores. Es el lugar ideal para propiciar el debate, romper el silencio y
permitir que más gente sea escuchada. No hay una sola regla que deba obedecerse,
por el contrario debemos dejar la puerta abierta a nuevos cuestionamientos, nuevos
retos, nuevas perspectivas, y a la riqueza de las diferencias. La búsqueda de nuevos
paradigmas involucra un constante proceso de construcción. Sabemos dónde
iniciamos, pero no donde terminamos, simplemente estamos en el camino.

GÉnero, derecHo Y edUcación.
el reto de lleGar a las
Y los JóVenes
introducción
MsC. YaMila González Ferrer
liC. denia esther álvarez villar
liC. paloMa González alFonzo
MsC. rita María pereira raMírez
Cuba
La posición de las mujeres y de los hombres en la sociedad se ha construido de
manera general en un ámbito donde la diferencia sexual se ha estructurado en una
dimensión de desigualdad y se ha expresado en relaciones discriminatorias y de subordinación
de la mujer que se reflejan en todas las estructuras sociales incluyendo,
por supuesto, el campo del Derecho.
Es en el derecho donde la filosofía, la sociología, la religión, la cultura y la costumbre
legitiman todo el sistema de discriminación que impera en las sociedades clasistas.
El derecho es el arma valiosa del poder. 1 En la dimensión de género el derecho le da
cuerpo al sistema de discriminación surgido de la división sexual 2 y lo que es más,
pone al servicio de la sociedad dividida en clases, esas divisiones. Las extrapola a la
institución de la familia, de la escuela, de la sociedad en su conjunto. Aún, cuando
1 “El más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el señor, si no transforma su
fuerza en derecho y la obediencia en deber”. Jean Jacob Rousseau: “El contrato social”, en:
www.elaleph.com , 1999. p. 7.
2 “La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de
los hijos…el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el antagonismo
entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo, con la
del sexo femenino por el masculino. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo
tiempo inauguró, juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas, aquella época que dura
hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar
y el desarrollo de unos verifícanse a expensas del dolor y la represión de otros…”. Federico Engels:
El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. Editorial Pueblo y Educación, 1962.
375

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mSC. yamila gonzález ferrer
las evidencias e indicadores muestran que son las mujeres las más discriminadas, no
debemos soslayar la carga de discriminación que el derecho también legitima para
los hombres.
De ahí la necesidad de incorporar el enfoque de género, no sólo en la legislación y en
la administración de justicia; también se requiere su inserción en los programas de
estudio de la carrera de Derecho y en los de posgrado, conjuntamente con la socialización
de esta perspectiva desde los aspectos jurídicos hacia otras disciplinas de las
ciencias sociales, como parte de las acciones socio-educativas orientadas a potenciar
la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades entre hombres y mujeres.
el Proyecto “Género y derecho” de la Unión
nacional de Juristas de cuba.
desafíos y proyecciones
Desde el año 2004 la UNJC con el acompañamiento incondicional y experto de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), ha venido desarrollando acciones de capacitación
a los profesionales del Derecho con el objetivo de crear una mayor conciencia,
sensibilizar, e incorporar en ellos los temas jurídicos desde un enfoque de
género. En el año 2006 se actualizaron los aspectos en que ambas organizaciones
consideraron que debían seguir profundizando de manera coordinada. Es a partir
del año 2011, que la UNJC, con el apoyo conjunto de la FMC y la Facultad de Derecho
de la Universidad de la Habana, desarrolla el Proyecto “Fortalecimiento en
el sector jurídico del conocimiento y dominio de la CEDAW y otros instrumentos
internacionales de la ONU a favor de la mujer y la igualdad de género para apoyar y
contribuir a su aplicación en Cuba”.
El proyecto se implementa con el acompañamiento del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Está en correspondencia con el Programa de
País para la cooperación del PNUD con Cuba y alineado con el Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD 2008-2012).
Esta primera iniciativa de cooperación de la UNJC con una agencia del Sistema de
las Naciones Unidas en Cuba, responde a la prioridad nacional de elevar la calidad
de vida de la población mediante el fortalecimiento y la apropiación de los procesos
de desarrollo local, con énfasis en territorios de menos desarrollo humano.
De manera directa contribuye a promover y divulgar los derechos de la mujer para
desarrollar una cultura de derechos, y de esta forma también contribuye a elevar las
capacidades y el desempeño local en función de un mayor desarrollo humano.

Género, derecho y educación. El reto de llegar a las y los jóvenes
Igualmente el proyecto ha sido una nueva oportunidad vinculada a la cooperación
internacional para aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODMs), en particular a una mayor promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer e indirectamente contribuir a potenciar el alcance de
aquellas metas relativas a los ODMs que aún se encuentran en fase de lograr en
Cuba.
Los objetivos que el Proyecto se ha propuesto son:
• Fortalecer en el sector jurídico las capacidades institucionales y humanas (desde
una perspectiva de género y de derechos) para contribuir a favorecer y apoyar
la implementación de la legislación nacional y la internacional ratificada
por Cuba; así como a las políticas y estrategias de desarrollo del país dirigidas
al avance de las mujeres.
• Elevar la calidad de los servicios y acciones jurídicas que contribuyen a la
igualdad de género y el desarrollo humano en territorios seleccionados.
El Proyecto es una nueva experiencia que fortalece la implementación y seguimiento
de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) y el Plan de Acción Nacional de la República de Cuba de Seguimiento
a la IV Conferencia de la ONU sobre la Mujer.
En particular:
• Contribuye a la divulgación nacional de la CEDAW, en tanto trascendental
documento jurídico internacional y propicia cumplir la Recomendación 12
que realizara el Comité de Expertas de la Convención al gobierno de Cuba,
al momento de la presentación del 5to y 6to Informes combinados: “El Comité
alienta al Estado Parte a que fortalezca los programas de educación y
capacitación, en particular los destinados a los jueces, abogados y personal
encargado de la aplicación de la ley, con respecto a la Convención y su aplicabilidad
en el derecho interno y con respecto al significado y el alcance de la
discriminación indirecta”. 3
• Sistematiza el cumplimiento de las medidas (acuerdos) 34, 35, y 59 del Plan de
Acción Nacional de la República de Cuba de Seguimiento a la IV Conferencia
de la ONU sobre la Mujer 4 :
Acuerdo 34. Continuar perfeccionando los planes y programas de estudio, los
libros de texto y materiales didácticos y los espacios en los medios de difu-
3 Observaciones del Comité de Expertas de la CEDAW al V y VI Informes combinados del
Gobierno de Cuba. Copia del documento oficial, ubicado en los archivos de la Dirección
Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas.
4 “Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing. República de Cuba”, Editorial
de la Mujer, 1999, Reimpresión de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas
en Cuba, 2008, pp. 9 y 12.
3

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mSC. yamila gonzález ferrer
sión, en la creación de una mayor conciencia sobre la igualdad de géneros, la
educación y formación a partir de sólidos principios y valores ético-morales
en la familia y en la escuela.
Acuerdo 35. Continuar la capacitación de todos los profesionales que influyen
o contribuyen a formar conciencia y a proyectar imágenes sobre la igualdad de
géneros, promoviendo cursos especiales, posgrados y maestrías sobre el tema.
Acuerdo 59. Incluir información sobre los instrumentos y las normas nacionales
e internacionales y regionales en los programas de educación y capacitación
para los funcionarios y empleados de hacer cumplir la ley, y para aquellos
que deben asegurar la protección eficaz de los derechos de las mujeres.
Por último debemos significar que el Proyecto se inserta en una nueva etapa de
perfeccionamiento de nuestro sistema social, en la que existe una voluntad política
expresa de la dirección del gobierno cubano de incrementar y perfeccionar todas las
acciones para eliminar las conductas discriminatorias y la violencia de género, reflejada
en el Documento de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba
(PCC) desarrollada en enero de 2012, particularmente en sus objetivos 55 y 57 5 :
Objetivo 55. Reforzar la preparación de la familia, como célula fundamental de la
sociedad, para cultivar actitudes dignas, patrióticas y solidarias. Exigir su responsabilidad
primordial con la atención filial, la educación y formación de los hijos.
Elevar el rechazo a la violencia de género e intrafamiliar y la que se manifiesta en las
comunidades.
Objetivo 57. Enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la
piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros que son
contrarios a la Constitución y las leyes, atentan contra la unidad nacional y limitan el
ejercicio de los derechos de las personas.
5 Partido Comunista de Cuba: Documentos. Objetivos de trabajo del Partido Comunista de
Cuba aprobados en la Primera Conferencia Nacional, Editora Política, 2012, p. 28.

Género, derecho y educación. El reto de llegar a las y los jóvenes
la asignatura optativa “Género y derecho” 6
en el Plan de estudios de la Facultad de derecho
de la Universidad de la Habana
Una de las acciones del Proyecto fue precisamente la elaboración del Programa de
Curso opcional de pregrado “Género y Derecho” a ser impartido en la carrera de
Derecho, sobre la incorporación del tema de género, la CEDAW y otros instrumentos
internacionales de la ONU relacionados con el tema de la mujer, así como su
puesta en marcha en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
La realidad actual del joven estudiantado universitario evidencia, que aún y cuando
puedan ser los “mejores preparados académicamente”, tienen incorporados estereotipos
sexistas y presentan en sus conocimientos lagunas o total desconocimiento en
torno al género como categoría de análisis de la realidad social, y específicamente
ignoran su especial vínculo con el derecho.
Por ello nos propusimos preparar una asignatura 7 con contenidos que ofrezcan
herramientas útiles configurativas de una visión que propicie mirar con “lentes de
género” para cuando el alumnado reciba otras materias, analice otras normativas,
se encuentre en condiciones de hacerlo desde una perspectiva de tal sensibilidad y
agudeza que les permita observar desde la sospecha y detectar ciertas situaciones
discriminatorias que surjan en la práctica del derecho.
La asignatura se imparte en el 2do año de la carrera, a partir del II Semestre 8 . La motivación
detrás de la selección de este año se fundamenta en que los estudiantes han recibido
asignaturas relacionadas con conocimientos generales, teóricos e históricos del Derecho,
sin adentrarse en el estudio de las materias específicas de la carrera, por lo que aún no han
tenido la oportunidad de analizar e interpretar las normas jurídicas. De esta manera, nos
encontramos ante estudiantes, que están incursionando en el conocimiento del Derecho,
lo cual identificamos como un momento ideal, preambular, para trabajar por crear una
mayor conciencia sobre la igualdad de géneros, articulando las ciencias del derecho con
una perspectiva teórica, género-sensible, asida en sólidos principios y valores ético-morales
de igualdad y no discriminación, desde el reconocimiento y respeto a las diferencias.
6 En el Plan de estudios de la carrera de Derecho, entre el 2do y el 4to año, cada semestre los
estudiantes deben cursar asignaturas optativas. En la aplicación de dicho Plan en la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana, optativas los estudiantes deben escoger dos de entre
tres asignaturas que les ofrecen y una vez escogidas les resultan obligatorias y cuentan con un
programa con las mismas exigencias curriculares que el resto de las asignaturas obligatorias.
7 Es importante resaltar que la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba,
es pionera en la implementación de una asignatura optativa sobre género y derecho, coordinada por
la Dra. Mirna Beatriz Méndez López, Profesora Titular de esa Facultad.
8 La asignatura se impartió en su primera edición en el segundo semestre del curso académico 2011-
2012, de febrero a junio.
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mSC. yamila gonzález ferrer
De esta manera se establece como objetivo fundamental del curso: Sensibilizar en
género, desde una óptica jurídica. Profundizar en el Género como categoría científica
para el estudio y análisis de los fenómenos sociales y jurídicos. Su concepto,
contenido y alcance. Su vínculo con el derecho y el papel de este como sustentador
de la inequidad de género o como transformador de esta realidad.
Las Habilidades que se pretende crear en el alumnado son:
• Identificar y profundizar en las categorías y conceptos relacionados con la
categoría género.
• Valorar la importancia y la trascendencia del proceso de socialización de género
y su impacto en los comportamientos asumidos por mujeres y hombres
en la sociedad.
• Analizar e interpretar conocimientos teóricos y doctrinales desde una mirada
de género.
• Valorar la importancia de la interdisciplinariedad de las ciencias.
• Aprender desde la participación activa.
• Profundizar en los conceptos: brechas de género, roles, estereotipos sexistas
y sus expresiones e identificarlos en la realidad.
• Visualizar las expresiones de discriminación directa, indirecta y múltiple, de
manera que puedan identificar frente a un supuesto de hecho inequidades
de género.
• Percibir la multidimensionalidad del Derecho y su impacto en la transmisión de
estereotipos y roles, así como su importancia como institución de cambio.
• Reconocer el papel de la FMC como mecanismo nacional para el adelanto de la
mujer y su incidencia en los cambios legislativos.
• Realizar análisis con enfoque de género a la realidad social con trascendencia
al Derecho.
• Interpretar las normas jurídicas desde una perspectiva de género.
La asignatura debe contribuir a formar valores profesionales imprescindibles para la
persona que se graduará de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas:
• Contribuir a formar los valores de igualdad, equidad, justicia, de los profesionales
del Derecho desde la perspectiva de género, acorde con el papel que
debe desempeñar el jurista en nuestra sociedad. Resaltar la importancia del
valor igualdad y su expresión en la práctica cotidiana.
• Desarrollar la ética, la responsabilidad, el respeto por la diversidad de criterios
y opiniones, acorde con el papel que debe desempeñar el jurista en nuestra
sociedad, vinculado a otras ramas de las ciencias sociales, para lograr un profesional
integral y de perfil amplio que requiere el país.

Género, derecho y educación. El reto de llegar a las y los jóvenes
• Fomentar, el compromiso ético con nuestro sistema de justicia social a través
del aprendizaje, la apropiación de conocimientos y valores inherentes a la memoria
histórica de la Revolución Cubana relacionada con los grandes aportes
realizados en materia de género e igualdad, así como su impacto decisivo
para el adelanto, y desarrollo de la condición jurídico y social de mujeres y
hombres; sin soslayar, en esta labor de formación socio-educativa, el papel de la
crítica constructiva para el cambio social como motor impulsor del desarrollo.
Contenidos generales
• Abordar, desde distintas aristas, las diferencias entre hombres y mujeres construidas
socio-históricamente, a través del proceso de socialización de género,
y los estereotipos y roles, incorporados en la subjetividad de cada ser humano.
Su reflejo en diferentes épocas y sus expresiones en la actualidad.
• Roles de género. Acceso y control de los recursos. Relaciones de género.
Poder. Brechas de género. Equidad.
• El desempeño del Derecho. Los derechos de la mujer, la infancia y la familia
en Cuba. Análisis socio-jurídico e histórico. Diferentes ámbitos. Principales
leyes de protección. El desempeño del Derecho como sustentador de la inequidad
y la violencia de género. Las acciones positivas, el empoderamiento
y otras alternativas jurídicas y sociales para romper la inequidad de género.
Valoración socio-jurídica y de Derecho comparado sobre las expresiones de
la violencia de género: el acoso sexual, la prostitución, el aborto ilícito, el tráfico
ilegal de mujeres y la violación dentro del matrimonio. Convenciones y
convenios internacionales relativos a la mujer, la infancia y la familia. Análisis
comparativo de la situación jurídica de las cubanas en relación con las latinoamericanas
y caribeñas.
Metodología empleada
La asignatura abarca los aspectos teórico y práctico, con el objetivo de propiciar un
espacio de discusión e intercambio de los polémicos temas que se presentan y que se
manifiestan de diverso modo en la realidad, unido a la solución de casos prácticos,
que permitan visualizar las discriminaciones opacas o escondidas, por lo cual las
conferencias y las actividades colaterales son las actividades de mayor peso dentro
de las formas de enseñanza.
Se emplea en la asignatura el uso de las técnicas de información, incluyendo la búsqueda,
manejo y utilización de materiales en las redes de computación, el uso del
idioma extranjero (inglés) contribuyendo de esta forma a las estrategias de Informatización
e Idioma.
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mSC. yamila gonzález ferrer
Para el logro de los objetivos trazados se utilizan diversos métodos de enseñanza,
tanto de carácter reproductivos como productivos que privilegien la actividad independiente
de los alumnos y desarrollen los diferentes niveles de autoaprendizaje.
La participación en los seminarios, clases mixtas y clases prácticas formará parte de
la evaluación sistemática de la asignatura, lo que unido a la elaboración y presentación
del trabajo final monográfico (elección libre del tema, máximo 15 cuartillas
con valoraciones personales propias sobre algún aspecto de las categorías Género y
Derecho) le otorgará la evaluación final al estudiante.
¿cómo llegar a las y los jóvenes?
La asignatura está estructurada en un curso de 16 semanas, de 42 horas, organizadas
de la siguiente manera: 12 conferencias, 4 talleres, 4 seminarios, 4 videos-debate.
Tomando en cuenta las diferentes modalidades de la enseñanza hemos diseñado una
estrategia diferenciada:
• Conferencias, impartidas por diferentes profesionales del Derecho, la sociología,
la historia, la psicología, la sexología, el periodismo y la comunicación
social, la FMC y el CENESEX.
• Talleres, organizados fundamentalmente en grupos a través de la metodología
de la educación popular. Grupos heterogéneos, en unos casos grupos de varones
solamente, otros de mujeres y otros mixtos, para valorar los distintos
criterios que de los debates surgieran.
Los tópicos sobre los que versaron los talleres fueron:
• Los tipos de familia que existieron, la lectura de textos revolucionarios referidos
a los estereotipos de género y el análisis de la CEDAW, desde su articulado
hasta la resolución de casos prácticos, en los cuales se vislumbre la
violación de la Convención.
• Seminarios, organizados mediante el intercambio de opiniones, sobre todo
mediante preguntas y respuestas.
• Videos–debate, que fue la modalidad evidentemente más motivadora, en que
se proyectaron 3 filmes: Las Horas, Retrato de Teresa, Kramer vs Kramer, así como,
videos-clips cubanos al final.
Es de resaltar que son filmes referidos a diferentes temáticas: La primera relacionada
con la sexualidad de tres personajes femeninos, con orientaciones sexuales diversas,
cuyas vidas transcurren en tres momentos históricos distintos, y refleja las vicisitudes
afrontadas inherentes a cada periodo.

Género, derecho y educación. El reto de llegar a las y los jóvenes
La segunda película es un hito en nuestra cinematografía. Refleja como la Revolución
Cubana propicia en la nueva sociedad en construcción que la mujer comience a
tener un papel protagónico en la vida pública, específicamente en el ámbito laboral.
Ello entra en contradicción con los estereotipos sexistas de su cónyuge, muchos de
los cuales se mantienen hasta hoy, y refleja los conflictos y las expresiones de violencia
que estos generan en el marco de la familia.
La trama de la tercera guarda relación con la actividad jurídica, y se asocia a funciones
que nuestros estudiantes están llamados a desempeñar una vez graduados, toda vez
que trata un conflicto de pareja que es dirimido ante un tribunal de justicia. Nuestro
interés es que los estudiantes valoren la actuación de los profesionales del Derecho,
a partir del análisis de los personajes de la película, o sea, los posicionamientos de las
partes en litis, la de los abogados de la defensa de cada parte, así como la del Juez.
Los argumentos, conceptos y los estereotipos que en ellos se denotan y los marcan
en el desempeño de su actuación.
Los videos-clip cubanos se emplearon para instar a la reflexión crítica acerca de la
imagen de la mujer que proyectan algunos videos musicales de factura nacional.
El debate con el estudiantado fue desarrollado también a través del trabajo grupal,
auxiliados de algunos medios (papelógrafos, plumones, data show). El objetivo perseguido
es que el alumnado identifique, a través del análisis de los personajes femeninos
y masculinos, las diferentes formas en que se expresan los estereotipos, roles y prejuicios
sexistas, así como que visualicen la manera en que cada uno los enfrenta.
Para ilustrar mejor la estructura del curso, a continuación aparece el organigrama de
la asignatura Género y Derecho (tabla 1):
Tabla 1. Organigrama de la asignatura Género y derecho
Semana
Tipo
de actividad
Tema
Semana 1 Conferencia 1 Género y Derecho. Generalidades.
Semana 2 Conferencia 2. Sexualidad, Género y Derecho.
Introductorio.
Semana 2 Taller 1 La socialización de género y su incidencia
en el Derecho.
Semana 3 Conferencia 3
De las desigualdades sexo-género en la historia de la
Sociología.
Semana 3 Seminario 1
La génesis de la desigualdad.
Sus primeras expresiones en el Derecho.
Semana 4 Seminario 2
La ontología y la axiología jurídica desde un enfoque
de género.
Semana 5 Conferencia 4 Subjetividad, género y Derecho.
Semana 5 Video-Debate 1. Las Horas
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mSC. yamila gonzález ferrer
Tabla 1. Organigrama de la asignatura Género y derecho (continuación)
Semana
Tipo
de actividad
Tema
Semana 6 Conferencia 5.
El feminismo. Pasado y presente. Sus expresiones en
Cuba.
Semana 6 Seminario 3
Expresiones del feminismo en Cuba. Su repercusión
en los cambios legislativos a favor de la mujer.
Semana 8 Conferencia 6 Comunicación y Género
Semana 8 Video-Debate 2 La imagen de la mujer en el video clip cubano.
Semana 9 Conferencia 7 Masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades.
Semana 9 Video-Debate 3 Retrato de Teresa
Semana 10 Video-Debate 4 Kramer vs Kramer
Semana 10 Video-Debate 4 Kramer vs Kramer
Semana 11 Conferencia 8.
La CEDAW. El concepto de discriminación y el de
igualdad substantiva.
Semana 12 Taller 2
La CEDAW. El concepto de discriminación y el de
igualdad substantiva.
Semana 13 Conferencia 9. Sexismo en el lenguaje
Semana 14 Conferencia 10 La violencia de género. Sus diversas expresiones.
Semana 14 Taller 3 La violencia de género. Sus diversas expresiones.
Semana 15 Conferencia 11 Mujer, Género y Poder.
Plan de Acción Nacional de la República de Cuba de
Semana 15 Seminario 4 Seguimiento a la IV Conferencia de la ONU. Evaluaciones
y cumplimento.
Semana 16
Taller 4
Integrador
Género y legislación cubana.
¿Qué piensan nuestros estudiantes?
Para quienes ejercemos la docencia, es una obligación y a la vez un desafío
conocer qué piensan nuestros estudiantes 9 ¿aprehendieron los conocimientos?
¿Se apropiaron de los nuevos conceptos? ¿Qué les ha parecido la asignatura? ¿Qué
sugerencias pudieran aportar para perfeccionarla? ¿Algún criterio que nos quisieras
facilitar?
Para ello al finalizar la asignatura aplicamos un cuestionario de evaluación del curso
en el que participaron más del 90 % del universo de estudiantes del 2do año.
9 Las autoras agradecen la especial colaboración de una de las alumnas de la asignatura, Susana Mesa
Morales, pieza clave en la búsqueda de las opiniones y criterios por parte de los estudiantes.

Género, derecho y educación. El reto de llegar a las y los jóvenes
Algunas de sus criterios fueron los siguientes:
• Calificativos al curso: necesario, especial, ejemplar, “super”, bueno, polémico,
interactivo, interesante, provechoso, excelente, exitoso, didáctico, instructivo,
brillante, productivo.
• La metodología aplicada en cada clase, se considera muy interesante y dinámica,
particularmente la de los talleres y videos-debate.
• Propuestas
• Añadir el tema “Género y las drogas” como parte de las temáticas a estudiar.
• Hacer más énfasis en la discriminación masculina.
• Hacer más uso de los audiovisuales.
• Disminuir la presencia de enfoques históricos y sociológicos.
• Ampliar los temas que se proponen para trabajos evaluativos de la asignatura.
• Exponer el tema de la violencia de Género a través de experiencias reales
de especialistas (cifras, estadísticas, entrevistas).
• Propiciar la sistematización de los conocimientos adquiridos en cada debate
para su utilización posterior como parte de la bibliografía del tema.
reflexiones finales
Debemos decir que la experiencia vivida como profesoras ha sido maravillosa, enriquecedora
y muy provechosa, porque ha constituido un aprendizaje profesional y
humano de consideración. Mucho nos falta por hacer en lo adelante, no nos sentimos
satisfechas, pero estimamos que este ha sido un buen comienzo.
Consideramos que el estudiantado, en líneas generales, ha incorporado las nociones
y visiones imprescindibles de la perspectiva de género en sus conocimientos, lo que
les será de gran utilidad en su vida profesional, así como en la personal. Por otra
parte, este modesto aporte tributará a que tanto el sector jurídico, como la población,
reciba los beneficios de interactuar en un futuro próximo, con profesionales
imbuidos de una visión ética de la justicia, la igualdad y la no discriminación, más
integral, y coherente con el proyecto social cubano en construcción y cambio que
insta a eliminar los prejuicios de toda índole y la violencia de género.
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Por ello nos planteamos los siguientes retos:
mSC. yamila gonzález ferrer
• Continuar perfeccionando el programa de la asignatura como parte del proyecto
conjunto UNJC-FMC-Facultad de Derecho, apoyado por el PNUD.
• Establecer una estrategia multidisciplinaria para la incorporación del enfoque
de género a todas las asignaturas de la carrera de Derecho, para lo cual
contamos con la expresa voluntad e interés de la dirección de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana.
• Extender el Proyecto al resto de las universidades del país de conjunto con
la experiencia de la Universidad de Oriente, con el objetivo de elaborar un
programa homogéneo factible de ser instrumentado nacionalmente.

Violencia de GÉnero entre
conViVientes. el FeMicidio en arGentina
introducción
dra. aliCia GarCia de solavaGione
argentina
El tema propuesto no puede soslayar la evolución de la temática referida a la mujer
en mi país. Situación, que ha ido mutando con los permanentes vaivenes sociales,
familiares, religiosos y políticos.
Es sabido que el artículo 123 del Código de Napoleón estatuía: “Le marí doit protection
á sa femme, la femme obéissance á son marí”. Esta fórmula será reproducida en numerosos
Códigos que siguieron la corriente del Código Civil Francés, como el Uruguayo
(artículo 128), el español (artículo 157), el chileno (artículo 131 inc.2) y el boliviano
(artículo 130), y también en el Código Civil Italiano de 1865.
Basta esta enunciación de obediencia para advertir que la condición jurídica de la
mujer tuvo una lentísima evolución, porque se entendía que la diversidad de sexos
importaba para la mujer un problema de inferioridad que la ponía en condiciones de
ser protegida, pero advertimos que tal protección es nada más ni nada menos que
una total subordinación.
Y si bien es cierto que el Primer Proyecto de Código Civil Francés presentado por
Cambaceres en 1793, admitía la igualdad del hombre y la mujer, la influencia de
Napoleón en la discusión del actual Código hace que aquel sistema se rechace. La
obediencia era el cumplimiento de una orden sin derecho a emitir opinión.
Desde aquellos lejanos días podemos decir que hay una evidente evolución, pero
tiene distintos matices, motivaciones y efectos según sea las particularidades, usos y
costumbres de cada país. El principio de igualdad debe presidir todas las relaciones
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dra. aliCia garCia de SolaVagione
entre los seres humanos, con una igualdad jurídica que emana de la naturaleza, aún
cuando esa igualdad lo sea por diferencia, es decir, de acuerdo a las peculiaridades
biológicas, como es el caso del hombre y de la mujer.
La mujer como el hombre son personas humanas, pero es persona humana de otro
modo que el hombre, enseña Leclerq.
Tienen el mismo derecho a desarrollar su personalidad, el mismo derecho a buscar
su perfección: en otras palabras, hay una igualdad en la diferencia. Lo que podría
traducirse en el axioma: “El hombre y la mujer son personas humanas que tienen
personalidad biológica y jurídica y además ostentan Igualdad Jurídica. Solo establecida
fundamentalmente la igualdad jurídica, se podrá hablar de las diferencias en razón
del sexo, dada las funciones que cada uno de ellos –el hombre y la mujer– tienen en
las relaciones humanas y más típicamente en las relaciones de familia.
Dice Georg Simmel que: Nuestra cultura, en realidad es enteramente masculina,
con excepción de muy escasas esferas. El sexo masculino no se limita a ocupar una
posición superior a lo femenino; conviértese además en el representante de la humanidad
en general. Agrego que, como consecuencia de ese predominio masculino, el
varón ha creado el derecho y subordinado a la mujer a las condiciones que él unilateralmente
ha creado e impuesto.
Por su parte, el notable jurista cordobés Alfredo Orgaz sostuvo que: Nuestro siglo
xx ha de ser mirado, en el futuro, como el de la igualación efectiva de los sexos por
la emancipación de la mujer.
El Código Civil de Vélez Sársfield manifestaba una clara desigualad entre hombre y
mujer en las relaciones de familia pues fijaba un régimen de potestad marital. La mujer
casada era considerada una persona incapaz de hecho relativa, sujeta a la representación
del marido, quien administraba todos sus bienes, salvo que ella se hubiere
reservado la administración de algún bien inmueble propio mediante convención
prematrimonial. El domicilio conyugal lo fijaba el marido y se establecía que no podía
trabajar sin licencia expresa o tácita de su esposo.
leyes internas
Pero adelantándonos en el tiempo existieron algunas leyes internas que cambiaron
el rumbo respecto a esta situación de la mujer, sin intención de ser exhaustiva pues
resultaría tediosa su enumeración:
Ley 2393. Establece la secularización del matrimonio, el cual hasta su sanción en
1888 era válido, con efectos civiles el religioso, pero que aún no produjo cambios
radicales referidos a la igualdad del hombre y la mujer, consolidando el sistema de
autoridad marital.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
Ley 11.357. Titulada: “Capacidad Civil de la Mujer” (1926) (o Ley de los Derechos
Civiles de la Mujer). Desde ese año la mujer tiene plena capacidad en Argentina.
Se le atribuyó a la mujer casada mayor de edad una esfera de capacidad de hecho
tan amplia que, si bien ella continuaba formalmente siendo incapaz, en los hechos
la capacidad era la regla y la incapacidad la excepción. Asimismo se debe destacar,
pues rigen hasta la actualidad los artículos 5 y 6, que regularon las deudas entre cónyuges,
fijando que durante la vigencia de la sociedad conyugal, cada cónyuge es
responsable por las deudas por él contraídas, y no responde por las del otro, siendo
comunes si se tratare exclusivamente para la educación de los hijos, las necesidades
del hogar o la conservación de los bienes comunes. Es decir que consagró el principio
de la separación de responsabilidades por las deudas contraídas por cada uno
de los cónyuges. La mujer casada tenía capacidad para ejercer profesión, oficio, empleo,
comercio o industria y podía administrar y disponer libremente del producto
de tales actividades sustrayéndolos de la administración marital.
Ley 17.711. Sancionada en el año 1968, incorpora el artículo 67 bis que admite la
separación por mutuo consentimiento, si bien no el divorcio ni la posibilidad de
recuperar la aptitud nupcial. Además deroga la incapacidad relativa de hecho de la
mujer, otorgándole la libre administración y disposición de los bienes propios y de
los gananciales adquiridos por cualquier título.
Ley 23.179. Sancionada en 1985. Aprueba la convención sobre eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979 y suscripta por la República
Argentina en 1980.
Ley 23.515. Del año 1987, sanciona y promulga el divorcio vincular, con todos sus
efectos provenientes del distracto conyugal: disuelve el vínculo jurídico matrimonial,
liquida la sociedad conyugal, los contrayentes recuperan la aptitud nupcial, entre
otros efectos. Esta ley trajo sustanciales reformas tendientes a la igualación jurídica
de los esposos, en cuestiones referidas a la materia alimentaria, atribuciones de responsabilidad
en el divorcio, el uso de la vivienda familiar para la cónyuge inocente,
etcétera.
Ley 23.570. Del año 1988. Fija el Derecho a Pensión en el caso de convivencia en
aparente matrimonio. Recordemos que en Argentina, el concubinato no produce
aún efectos similares a los matrimoniales, no hay vocación sucesoria, ni deberes ni
derechos alimentarios para el conviviente.
Ley 23.592. Establece derechos y garantías constitucionales contra actos discriminatorios
que menoscaben las bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional. “A los efectos de la presente ley se
considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados
por motivos tales como: raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
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Ley 24.417. De Protección Contra la Violencia Familiar.
dra. aliCia garCia de SolaVagione
Ley 26.485 (11 de marzo del 2009). De Protección Integral a las Mujeres para
Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales. (Los artículos 4, 5 y 6 definen
qué es violencia contra la mujer, tipos y modalidades).
instrumentos internacionales
Sin lugar a dudas, la modificación de la Constitución Nacional en 1994, la cual incorporó,
con rango constitucional en su artículo 75 inc. 22, los Tratados Internacionales,
trajo como consecuencia la inclusión de una serie de documentos mundiales,
algunos preexistentes, que vigorizaron y coadyuvaron para el bienestar y la igualdad
de la mujer. Ha sido el más importante avance conceptual en relación con el principio
de igualdad.
Entre ellos se destacan por su importancia, ya hemos mencionado:
• La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW) la que fue anterior a la modificación de nuestra
Constitución en 1994.
• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
de Género contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará”. (9 de
junio de 1994).
• Las reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición
de Vulnerabilidad. Brasilia. Marzo 2008.
Marisa Herrera expresa:
Los avances más significativos se erigieron en la consagración de ciertos derechos sustantivos:
• Derechos políticos que se reflejan en la igualdad real de oportunidades entre varones
y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios.
• Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
la Constitución, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos,
en particular, respecto de los niños y de las mujeres (…).

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
• Dictar un régimen de Seguridad Social especial e integral en la protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”. 1
Como podemos observar claramente, existen los instrumentos legales, tanto nacionales
como internacionales que tienden a proteger al género femenino. Pero pareciera
que no alcanza.
Mi opinión
Sin vueltas, voy a presentar mi opinión: si bien es cierto que la mujer se encuentra en
ciertos casos, en situación de vulnerabilidad, la búsqueda de instrumentos tuitivos
del género femenino, no debe ser a costa de la destrucción del otro género, es decir
no “a pesar del varón” sino “con el varón”. Debe haber una madura interrelación
entre ambos. Soy consciente que quizás este criterio no guste, existen fundamentalismos
de ambos lados: feministas y machistas.
Ello ha provocado en mi país una horrible división que se trasluce en actitudes intolerantes
de unos y otros, las que en la mayoría de los casos culmina con la muerte
de uno de los convivientes. O lo que es peor aún, la represalia se busca a través del
aniquilamiento (muerte) del hijo preferido por el padre o por la madre, por parte del
otro progenitor. En general, la mujer es la que sufre las peores consecuencias al igual
que los menores.
Cuando la ley es marcadamente desequilibrada a favor de una de las partes, se debe
influir para evitar que ese desequilibrio se transmita al resto de los convivientes. Las
leyes en Argentina, son grandes “expresiones de deseos”, pues no existen organismos
de control de aquello que tan pomposamente declaman, habiéndose incrementado
como veremos seguidamente los casos de violencia de género.
diversas acepciones de la palabra “género”
Los estudios de género tienen su antecedente más importante en Simone de Beauvoir,
quien en el año 1945 planteó que “no se nace mujer, llega una a serlo”, mostrando
cómo una serie de actitudes y reglas sociales entrenaban al ser humano nacido con
1 Marisa Herrera, Andrés Gil Domínguez, María Victoria Famá: Derecho Constitucional de Familia, t. I,
Editorial Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 369.
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dra. aliCia garCia de SolaVagione
genitales femeninos para caminar, jugar y comportarse de manera que al completar
su educación pudiera ser llamada “mujer”. 2
Emparentado con la ideología feminista, la noción de género se define como: “el
sistema de signos y símbolos, representaciones, normas valores y prácticas que transforma
las diferencias sexuales entre los seres humanos en desigualdades sociales,
organizando las relaciones entre los hombres y las mujeres de manera jerárquica,
valorando lo masculino como superior a lo femenino como una construcción sociocultural
e histórica que incluye tanto aspectos objetivos como subjetivos que preceden
a los individuos pero que ellos a la vez recrean continuamente en el quehacer
cotidiano”. 3
También se tiene dicho que “se entiende por género el instrumento fundamental
para conocer e interpretar las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres
en la familia, en el trabajo, la escuela, la comunidad y, en general, en la sociedad”. 4
Las funciones de los géneros, denominados “Roles”, varían a través de las culturas y
cambian con el tiempo. Este reparto diferente de funciones hace que se les asignen a
las mujeres determinadas tareas, preferentemente domésticas y de educación de los
hijos y a los hombres el de ser proveedores del hogar y de procurar la protección de
la familia.
Una conocida representante del feminismo Judith Butler, ha expresado: “Por cierto,
la relación entre género y derecho se encuentra totalmente emparentado con la
cuestión del “Poder”. Si consideramos esta relación de conocimiento y poder con
relación al género, parce que estamos obligadas a preguntarnos cómo reorganiza el
género de manera de que funcione como presupuesto de cómo se estructura el mundo
(...), las formas en que se dice que las mujeres “conocen” o “son conocidas” están
ya orquestadas por el poder, precisamente desde el momento en que los términos de
categorización “aceptables” son instituidos”. 5 En suma, sostiene Haydeé Birgin: “el
derecho tiene género”.
Ahora bien, es necesario preguntarse aquí, si el concepto de género y el de pobreza
tienen alguna vinculación y si de alguna manera esa integración no resulta nociva al
momento de buscar alternativas superadoras de ciertas discriminaciones que pueden
sufrir las mujeres. Solo esbozaré mi criterio, pues íntimamente pienso que no existe
un correlato entre ambos.
2 Simone De Beauvoir: El segundo sexo, Editorial Siglo xx, Buenos Aires, 1997.
3 María Eugenia Zavala de Cosio: Impacto sobre la fecundidad de los cambios en el sistema de género, Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), Santiago de Chile, 2003.
4 Naila Kbeer: “Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del desarrollo”,
Colección Género y Sociedad, Editorial Paidós, México.
5 Judith Butler: “La cuestión de género”, Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Zizek: Contingencia,
hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
Pobreza y género. no correlatividad
Sostienen Herrera, Famá y Gil Domínguez, que existe un conjunto de fenómenos a
los cuales se agrupa bajo el concepto de “feminización de la pobreza”.
Se entiende que este flagelo afecta a todos los integrantes de una familia, aunque tiene
un tratamiento diferente, si quien la padece es una mujer. La mujer tiene desventajas
en el ámbito laboral en caso de que tenga hijos, por lo tanto se observa que solo
podrá acceder a tareas domésticas que le permitan tener disponibilidad de horario
para sus hijos ya que el presunto padre, a veces ni existe. La división por género del
trabajo, impone un espacio más limitado para las mujeres.
Estas autoras forzando permanentemente sus sencillas argumentaciones, sostienen
que otra de las vinculaciones que se encuentran es la falta de independencia económica,
es decir que las mujeres no cuentan con ingresos propios que les permitan satisfacer
sus necesidades, cuando en Argentina en la actualidad le es más fácil acceder
al trabajo a una mujer que a un varón.
Pero lo que me resulta inadmisible, es la vinculación que se hace entre género y analfabetismo,
como otra forma de limitaciones que sufren las mujeres para acceder a diferentes
tipos de actividades, pues se sostiene que “aún persiste en la actualidad una
mayor cantidad de mujeres entre los analfabetos”. Esta absurda falacia, agrede a la mujer
argentina, quien es considerada por cierta “élite” intelectual, poco más que una idiota.
No negamos la fragilidad femenina, ni su debilidad frente al hombre, pero no aceptamos
que bajo la aparente intensión tuitiva a favor de la mujer, sufra una sobreprotección
en materia legislativa, que convierten esas normas en inaplicables por sus
excesos. Se vincula aviesamente pobreza, género y violencia. No hay una correlatividad,
si bien es cierto que pueden presentar puntos de contacto. No todos los pobres
son violentos ni analfabetos, como pretenden ideológicamente hacer creer.
Esta argumentación, fogoneada por los organismos internacionales americanos
como el Banco Interamericano de Desarrollo, lleva al siguiente silogismo: si en América
del Sur los pobres y las mujeres que gestan esos individuos en la miseria, son
factores de riesgo potencial pues son los generadores de la violencia: eliminémoslos
antes de nacer; autoricemos el Matrimonio Homosexual así no se reproducen tanto,
pues afirman que la población mundial ha crecido en proporción geométrica y los
recursos naturales en proporción aritmética, existiendo el grave peligro que representa
el persistente aumento poblacional, con el consiguiente riesgo de destrucción
del medio ambiente y, en definitiva, de la vida en el planeta. 6 Justificar la Violencia
por la Pobreza es el claro ejemplo de tergiversar la realidad con el aparente argumento
de “proteger a la mujer”, en defensa del género.
6 Augusto C Belluscio: “La ley de Matrimonio 26.618”, Buenos Aires, diciembre 1 de 2010 -JA 2010-
IV, fascículo no. 9.
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Efectuada estas precisiones, pasaré al tema más específico del fenómeno de la violencia
en contra de las mujeres, que en nuestro país ha recrudecido últimamente con
una virulencia inusitada.
Violencia de género. especial enfoque entre
convivientes o concubinos
Para la presente clase hemos tomado en cuenta un estudio efectuado en el Centro
de Perfeccionamiento Ricardo Núñez del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,
referido a la “Violencia Familiar y Análisis de Sentencias en el Fuero Civil, Penal y
Laboral”, capítulo II denominado “Violencia en las parejas convivientes dirigida
hacia las mujeres. Análisis de expedientes de los Juzgados de violencia familiar de la
ciudad de Córdoba, en el período 2009”, entre otro material.
En Argentina existen leyes específicas contra la Violencia Familiar (por ejemplo la
Ley 9.283, Ley Provincial de Córdoba). Más allá de lo que las leyes prevén la violencia
no es un fenómeno novedoso ya que su génesis se encuentra en el origen mismo
de la humanidad.
A mi juicio, la cuestión fundamental consistente en la carencia de normas que regulen
las convivencias fácticas o uniones de hecho (concubinatos) coadyuvan a que
la mujer se considere, objetiva y subjetivamente, en desventaja frente al contrayente
unido en matrimonio civil. Por ahora, en Argentina se ha regulado el matrimonio
igualitario u homosexual, pero no tiene una protección legal el concubinato. Esta
insólita e injusta situación se va paliando con leyes protectoras del género femenino,
lo que no es positivo pues el concubinato debiera tener un estatuto específico que
le asigne efectos a la institución. Hay prioridades que debieran estar en el centro de
la actividad parlamentaria, y la regulación de las uniones fácticas debiera estar en la
primera línea de prioridades de las políticas públicas.
Con ello queremos expresar que la mujer conviviente se encuentra objetivamente
en una situación de minusvalía frente a los cónyuges casados, legalmente sean heterosexuales
u homosexuales. Es en este contexto que se advierte claramente una
posición de vulnerabilidad de la mujer conviviente, con tendencia a soportar su victimización.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
Víctimas vulnerables
Consideramos que son víctimas vulnerables: quienes no pueden percibir el peligro,
quienes no saben o pueden defenderse, no saben o pueden solicitar ayuda.
Se abordarán aquí las diversas formas de violencia que padece la mujer en contra de
sus derechos.
Violencia de género y violencia familiar.
sus diferencias
El concepto de violencia de género comprende múltiples situaciones, desde la violencia
emocional, pasando por la violencia física, el acoso u hostigamiento sexual,
hasta la explotación sexual y tráfico de mujeres y niñas; desde mutilaciones genitales
hasta la esclavitud; desde violaciones masivas y torturas sexuales en tiempos de guerra
hasta violaciones a mujeres y niñas refugiadas o desplazadas.
Así, también es cierto que la violencia más frecuente es aquella que se ejerce contra
las mujeres en su entorno afectivo más cercano, en ese mundo especial en donde el
ser humano debe aquilatar sus valores y cualidades. Me referiero a la violencia que
ejercen sus parejas –esposos, convivientes, novios–. Pero las mujeres no son las
únicas destinatarias de este ataque a sus derechos, pues existe y con preocupante
frecuencia, aquella violencia ejercida sobre los niños; los ancianos del grupo familiar
o los discapacitados. Por lo tanto la violencia de género no es la única que puede
presentarse en la familia. De ahí que:
• La específicamente Violencia de género es la especie dentro de la genérica
Violencia familiar. Por lo tanto no son sinónimos, una es la derivación de la
otra, aunque no necesariamente como en los supuestos de tráfico de personas
o mutilaciones genitales.
definición de violencia en la pareja
Se ha propuesto como concepto: “Toda acción u omisión cometida en el seno de
la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o
psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la misma familia, que
causa un serio daño al desarrollo de su personalidad” 7 .
7 Cecilia Grossman, Silvia Mesterman, y María Adamo: Violencia en la Familia. Relación de Pareja. Aspectos
sociales, psicológicos y jurídicos, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2005, p. 95.
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Explican que existen determinadas condiciones estructurales de violencia dentro de
la familia:
• Organización jerárquica e inamovible a partir de la creencia de desigualdades
naturales entre sus miembros. La desigualdad está signada por un orden biológico
entre los sexos, siendo el hombre superior a la mujer. El rol del hombre
se relaciona con la fuerza y la acción, mientras que a la mujer se le atribuyen las
siguientes características: debilidad, sensibilidad y pasividad. A partir de las condiciones
naturales de la mujer, su rol se vincula con las funciones maternales.
• Imperan modelos dominantes de género o estereotipos de género, adhiriendo
explícita o implícitamente a los modelos culturales tradicionales.
• Existencia de una naturalización de los hechos violentos lo que culmina en la
invisibilización del abuso. A estas condiciones estructurales de la violencia se
suma una condición externa de consenso social, mantenida por sectores tradicionales
que otorgan legitimidad al agresor y dejan sin recursos a la víctima
para actuar frente a la situación.
importancia de la temática.
razón de ser de la elección del tópico abordado
En el año 2011 fueron asesinadas 282 mujeres por motivos personales, 22 casos
más que el año anterior. Según un relevamiento de organismos no gubernamentales,
en este caso de la Asociación Civil: “La casa del Encuentro”, hubo una mujer asesinada
por motivos personales cada 31 horas. En más del 60 % de las veces, fueron
agredidas por parejas, exparejas, familiares o allegados. Buenos Aires encabeza la
estadística con 92 casos, la sigue Santa Fe, con 27; Córdoba, con 20; Salta, con 19, y
la Capital Federal, con 14. 8
Como podemos observar, este tipo de violencia de género ha dado lugar a la descripción
del “síndrome de la mujer golpeada”. El mismo se caracteriza por los siguientes
elementos constitutivos: ambos convivientes se elegirían, intuitivamente,
con similares características de personalidad, historia de vida, traumas infantiles, etc;
la agresión sería en ellos una forma de comunicación, de expresión de conflictos
y traumas infantiles vivenciados con los padres o las personas que se ocuparon de
ellos, y también de conflictos actuales.
Se generarán en ambos conductas repetitivas de esas vivencias traumáticas, sobre
todo frente a situaciones de abandono real o ideal. Este es el disparador de la
8 Diario La Nación, Sección “Seguridad” 12 de enero de 2012, Buenos Aires, Argentina, p. 16.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
conducta agresiva: mediante la golpiza o el maltrato psicológico se buscaría mantener
el control omnipotente sobre la pareja, que a su vez, mediante el sometimiento,
buscaría y necesitaría lograr el mismo objetivo: seguir juntos.
Entonces para ambos resulta difícil separarse y también separarlos. Según sostiene
el médico psiquiatra Adrián Besuschio, integrante de la Asociación Psicoanalítica
Argentina, cada uno cree que puede cambiar al otro. Estas conductas se repetirán
a lo largo del tiempo, van in crescendo hasta que uno de los dos ya no soporta la
situación. Surge entonces el abandono real y con él la amenaza concreta del daño o
el asesinato como último recurso para lograr recuperar ese control sobre “su” pareja,
a quien no quiere compartir con nadie.
Según el psiquiatra mencionado, para el hombre maltratador es mejor, a la vista de
los demás, pasar a ser un temible homicida que un pobre tonto abandonado, en un
intento penoso y fallido de recuperar su autoestima, que en estos casos suele estar
disminuida en ambos. La solución es aislar a la mujer víctima de violencia y a sus hijos,
imponer medidas judiciales de protección; en esta situación, ninguno de los dos
puede reaccionar con adecuado sentido de la realidad, y son los allegados los más
aptos para denunciar y, así, prevenir desenlaces fatales.
acceso a la justicia de las mujeres víctimas
de violencia
La ley 24.417 distingue dos tipos de denuncias: la voluntaria y la obligatoria:
• Voluntaria: Prevista en el artículo 1 señala: “Toda persona que sufriese lesiones
o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo
familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita…”. Y en el
artículo 2: “El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento
de los hechos al Ministerio Público”. Por lo tanto se reconoce dos tipos de
denuncias voluntarias: aquella entablada directamente por el adulto víctima de
la violencia ante el juez; por el otro, aquélla formulada de manera indirecta por
el menor de edad o por el incapaz, a través del Ministerio Público.
• Obligatoria: El artículo 2 fija “Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces,
ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por
sus representantes legales y/o el Ministerio Público. También estarán obligados
a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos,
públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público
en razón de su labor”, obligación que debe hacerse efectiva dentro de las 72
horas de conocido el hecho o situación de violencia.
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ahora bien, ¿qué sucede con respecto a las mujeres?
Cuando se trata de adultos, víctimas de violencia, solamente se encuentra legitimado
para entablar la denuncia el propio damnificado. En este supuesto puede estar la
clave para desentrañar el motivo por el cual las mujeres no denuncian situaciones de
agresiones. Cecilia Grossman e Irene Martínez Alcorta han señalado que “hubiera
sido deseable acordar a los familiares de la víctima la posibilidad de reclamar protección
judicial, puesto que son ellos quienes muchas veces deben asistir a hechos
de violencia que les provocan, asimismo, mortificaciones y perturbaciones físicas o
psíquicas”. 9
En este punto nos encontramos frente a otro gran dilema entre Autonomía de la
Voluntad y Orden Público: en un contexto de violencia ¿se puede hablar de libertad
personal?
Recordemos que estamos ante personas mayores de edad. Pero ello no sería un impedimento
para que terceros ajenos a la relación violenta estuvieran facultados para
formular las denuncias con la intensión de proteger a la víctima. El tema es muy
delicado y solo para generar reflexión.
Una posición intermedia podría ser, que frente a la denuncia de un tercero la presunta
víctima compareciera al Tribunal y ratificara la presentación efectuada por el
tercero.
En las familias donde se presenta el fenómeno de la violencia existen relaciones
asimétricas en las cuales uno es el dominador y el otro es el dominado. Ello conlleva
sentimientos de miedo, terror, opresión, desvalorización, como así también un deterioro
progresivo de la aptitud de la víctima para asumir su propia defensa. 10
Quienes sufren violencia, se hallan ubicados en un lugar de subordinación y sumisión
que los aísla cada vez más del medio social y los paraliza, impidiéndoles
reaccionar y pedir ayuda. Es por ello que, muchas veces, las personas maltratadas
no se encuentran preparadas para exigir sus propios derechos. 11 Por lo que el tema
de la ampliación de la legitimación activa para denunciar ante la imposibilidad física
o psíquica de promover la denuncia, debe ser revisada. Este problema no se presenta
en mi provincia (Córdoba Ley 9.283), pues la legitimación para denunciar es
amplísima.
9 Cecilia P Grossman y Irene Martínez Alcorta: Ob. cit., p. 857.
10 María Cristina Bertelli: “La violencia familiar en el contexto social actual”, en Revista Asociación Argentina
de Prevención contra la Violencia Familiar, Buenos Aires, 1998, p. 5.
11 Reynaldo Perrone y Martine Nannini: Violencia y abusos sexuales en la familia. Un abordaje sistémico y comunicacional,
Editorial Paidós, Buenos Aires, 1998. Estos autores se refieren a la relación de “hechizo”
entre víctima y victimario.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
La compulsa de expedientes judiciales muestra que las denuncias requieren un proceso
que necesita tiempo, apoyo y contención familiar y social. Efectuaremos un
análisis de los casos presentados en mi país.
características principales de la violencia
entre convivientes
De acuerdo a las observaciones que se destacan de estudios de UNICEF 12 (2000) y el
Centro Reina Sofía (Sanmartín, 2006 13 ) existen ciertos aspectos culturales que favorecen
dinámicas de violencia contra la mujer. La desvalorización hacia la mujer y su
papel en la sociedad, la idea de que el hombre debe y puede resolver los conflictos familiares
por medio de la fuerza, la creencia de una superioridad innata de los varones,
etcétera Es por ello que existe un conjunto de acciones por parte del agresor que sin
llegar a ser malos tratos físicos, hablan de una dinámica de dominio o sometimiento
que se ejerce hacia la víctima y que se sostiene en lo económico, tratos amenazantes,
desvalorizaciones, la presencia de los hijos en situaciones violentas, entre otras.
• Según estudios efectuados en el Poder Judicial de Córdoba los actos violentos
en contra de la mujer suelen producirse desde el inicio de la relación, es decir
desde el período del noviazgo o en los primeros tiempos de la convivencia.
A medida que la relación se prolonga, la gravedad y frecuencia de la violencia
se incrementa, siendo en los períodos de embarazo de la mujer donde se encuentran
situaciones de mayor intensidad.
• Falta de apoyo social. No solo nos referimos al auxilio en casos de gravedad,
sino más bien a la dificultad de transmitir a su entorno próximo (familia extensa)
como a su red social (vecinos, compañeros de trabajo, etcétera) la situación
por la que está atravesando. Los familiares intuyen lo que sucede pero
evitan participar, por temor a involucrarse y a las consecuencias de apoyar a
la víctima. Así, nos encontramos con un círculo de desconfianzas que en muchas
ocasiones favorece al fenómeno habitualmente observable: el retorno a
la relación de pareja.
• La severidad y la duración aparecen como factores que dificultan la ruptura
de la relación y la propia denuncia. A mayor tiempo de convivencia, y ante
la vivencia de agresiones físicas reiteradas, es inevitable, que por parte de la
víctima, se genere un mayor aislamiento social, y búsqueda de recursos para
su problema.
12 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Centro de Investigaciones Innocenti. “La
Violencia Doméstica contra mujeres y niñas”, Florencia, Italia, 2000.
13 José Sanmartín: II Informe Internacional “Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas
y Legislación. Serie Documentos 11”, Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, 2006.
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ciclo de la violencia
dra. aliCia garCia de SolaVagione
Respecto a cómo tiene lugar una situación de violencia por parte del agresor hacia la
víctima en el ámbito intrafamiliar, entendemos aplicable la teoría de los ciclos de violencia
(Walker, 1984), es decir, es una modalidad circular, en la que la gravedad de las
agresiones se incrementan. El ciclo se origina habitualmente ante una situación de
tensión que no suele ser de gravedad (acontecimientos domésticos) y derivan en algún
tipo de agresión que no suele ser físico, sino más bien de carácter amenazante.
Un segundo momento del ciclo implica una mayor tensión y es seguida del maltrato
físico, por lo general, la víctima suele acudir a la policía por el grado de veracidad que
ha reconocido en la amenaza al efectuarse un acto violento. Esta situación suele provocar
malestar en ambos, un malestar culposo, seguido de arrepentimientos, pedido
de perdón y propósitos de enmienda de la conducta del agresor. Luego se reactualiza
el ciclo en nuevas tensiones y agresiones, así sucesivamente.
tipos de violencia contra las mujeres 4
• Violencia emocional o psicológica: se refiere a burlas, insultos, amenazas, descalificaciones,
culpabilización, aislamiento, impedimentos para que socialice
con otras personas, incitando a que la mujer deba permanecer en el hogar,
celos desmedidos e injustificados, etcétera
• Violencia física: alude a cachetadas, empujones, patadas quemaduras, ahogamiento,
utilización de objetos contundentes.
• Violencia sexual: puede consistir en burlas en relación a la conducta o al aspecto
físico de la mujer u obligarla a mantener relaciones sin su consentimiento.
• Violencia económica: en este tipo de violencia, la mujer no tiene la posibilidad
de tomar decisiones en relación al dinero del hogar, como así tampoco de los
bienes que en él se encuentran. También comprende si el hombre le pide a la
mujer que deje su empleo para que realice exclusivamente las tareas hogareñas.
Otra clasificación considerada por Rita Segato 15 , hace alusión a las diferentes formas
de violencia moral, detectadas en mujeres de América Latina:
14 Marcela Rodríguez: Violencia contra las mujeres y políticas públicas. Tendiendo un puente entre la teoría y la
práctica, CNUAH (Programa de gestión urbana, programa mujer y hábitat), UNIFEM, Campañas de
las Naciones Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres, Editorial Centro Municipal de la
Mujer de Vicente López, Buenos Aires, 2001.
15 Rita L. Segato: Las estructuras elementales de la Violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis
y los derechos humanos, Universidad Nacional de Quilmes, 2003.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
• Control económico: la coacción y el cercenamiento de la libertad por la
dependencia económica.
• Control de la sociabilidad: cercenamiento de las relaciones personales por
medio del chantaje afectivo como, por ejemplo, obstaculizar relaciones con
amigos y familiares.
• Control de la movilidad: cercenamiento de la libertad de circular, salir de casa
o frecuentar determinados espacios.
• Menosprecio moral: utilización de términos de acusación o sospecha, velados
o explícitos, que implican la atribución de intención inmoral por medio de
insultos o de bromas, así como exigencias que inhiben la libertad de elegir
vestuario o maquillaje.
• Menosprecio estético: humillación por la apariencia física.
• Menosprecio sexual: rechazo o actitud irrespetuosa hacia el deseo femenino
o, alternativamente, acusación de frigidez o ineptitud sexual.
• Descalificación intelectual: depreciación de la capacidad intelectual de la mujer
mediante la imposición de restricciones a su discurso.
• Descalificación profesional: atribución explícita de capacidad inferior y falta
de confiabilidad.
Factores desencadenantes de la violencia
Es posible determinar algunos factores que potencian el fenómeno de la violencia
pero no pueden ser definidas como sus causas. Ellos son:
• El alcohol ayuda a liberar el impulso violento. En muchas ocasiones a las
personas alcoholizadas o adictas a las drogas se les legitima su accionar, y esto
trae como consecuencia la desresponsabilidad de sus actos.
• Por otra parte los factores considerados como socioeconómicos poseen un
peso relativamente considerable en el fenómeno de la violencia intrafamiliar,
así por ejemplo, un ingreso económico bajo e insuficiente, la inestabilidad
laboral, condiciones ambientales precarias, etcétera.
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consecuencias de la violencia en la pareja
dirigida hacia las mujeres
Siguiendo a las autoras mencionadas enumeraremos algunas de ellas:
• Aislamiento de las mujeres, lo cual lleva a una “erosión del capital social”.
Esto provoca la disminución de su participación en espacios fuera del doméstico
con impacto directo en su calidad de vida.
• En relación a las consecuencias del abuso emocional, Grossman, Adamo y
Mesterman expresan: “Los efectos de esta forma de abuso son de carácter
cualitativo y temporal. A diferencia de la violencia física, que deja huellas concretas
a nivel corporal, como moretones, fracturas, quemaduras, etcétera, el
abuso emocional genera síntomas invisibles en lo inmediato y huellas graves
en lo inmediato y mediato.
• Deterioro de la salud mental de las mujeres, presentándose en muchos casos
cuadros de depresión que genera mayor vulnerabilidad, mermando también
su capacidad para salir del círculo de la violencia.
• Síntomas diversos: astenia, desánimo, cansancio, ingesta de tranquilizantes, stress.
• En los casos más graves, las mujeres llegan al suicidio como única opción de
terminar con el sufrimiento.
• En el caso de los hijos testigos de violencia, las autoras refieren que uno de los
impactos se revela en el ámbito escolar. Estudios sobre este punto revelan que
los niños testigos de violencia tienen más probabilidades de tener problemas
disciplinarios y de repetir de año. Por otro lado, también hacen referencia a
la transmisión intergeneracional de la violencia, lo cual provoca una disminución
de la calidad de vida y una reducción en la participación de procesos
democráticos.
• Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, por Acuerdo no.
13 del 23 de abril de 2009 creó la Oficina de la Mujer, bajo la dirección de la
Dra. Carmen Argibay, tendiente a la planificación e implementación de estrategias
claras de igualdad de género. En Córdoba se creó el 23 de septiembre
del 2010, mediante Acuerdo Reglamentario no. 1019-Serie “A”, del Superior
Tribunal de Justicia la “Oficina de la Mujer”. Sus funciones son:
• Coordinar actividades vinculadas a la igualdad de género.
• Acordar políticas con la Oficina de la Mujer creada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
• Desarrollar actividades de capacitación, investigación y asistencia técnica
con las instituciones académicas públicas y privadas vinculadas al Poder
Judicial.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
• Realizar informes que den cuenta de las necesidades de investigación y
deficiencias de los organismos judiciales e internacionales sobre la materia,
tanto en lo concerniente a su actividad jurisdiccional como en el
ámbito de las relaciones interpersonales que su ejercicio involucra.
• Impulsar de forma continua y gradual la aplicación de políticas de género
que resulten necesarias para la incorporación de esta perspectiva en la
prestación del servicio de justicia así como en el ámbito de las relaciones
laborales.
• Fijar los objetivos adecuándolos según las necesidades que surjan e informes
y evaluaciones que elabore una Unidad de Gestión organizada a tal fin.
• Disponer la publicación y actualización de la información relevante sobre
las actividades y documentos de la Oficina.
• Realizar cualquier otra función que el Tribunal Superior de Justicia le
encomiende relacionada con la equidad de género. 16
Juzgados especializados. Violencia de género
en argentina. enfoque desde córdoba
Luego del estudio descriptivo de la violencia de género, analizaremos el fenómeno
de acuerdo a los casos reales presentados en Argentina y, en particular en Córdoba.
En nuestro país existen Juzgados especializados en violencia familiar; no así en cuestiones
atinentes a la Violencia de Género, por ahora. Su creación ofreció un campo
de trabajo para implementar investigaciones vinculadas con las prácticas judiciales
y de esa manera obtener un muestrario que refleje con certeza el fenómeno de la
violencia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) creó la “Oficina de Violencia
Doméstica” (OVD.), bajo la dirección de la Dra. Elena Highton de Nolasco, la que
organizó en noviembre del 2009, unas Jornadas de Trabajo con representantes de los
Superiores Tribunales de Justicia de todas las provincias (STJP) de nuestro país. 17
En este encuentro se presentaron los datos obtenidos sobre las personas que acuden
a denunciar o realizar consultas sobre casos de Violencia Familiar a la OVD.
16 “Instrumentos Internacionales”, Publicación de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba - Tribunal Superior de Justicia. Córdoba, Argentina, Agosto de 2011, p. 5.
17 Las Jornadas de Trabajo se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, los días 4, 5 y 6 de noviembre de
2009. CSJN y STJP auspiciadas por UNICEF y UNIFEM.
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A partir de esta información se pudo determinar que en el lapso de tiempo entre el
mes de septiembre del 2008 a septiembre del 2009, las personas más afectadas por
la violencia en un 82 % fueron mujeres. A su vez, se definió que la relación entre las
personas afectadas y las denunciadas en su amplia mayoría era:
• Cónyuges (26 %).
• Concubinos (26 %).
• Ex- parejas (31 %).
• Novios (1 %)
Es decir, que un 83 % de los casos que se presentan ante esa dependencia, son por
violencia entre parejas.
relevamiento de casos de violencia de género
en córdoba capital 8
Ficha técnica:
• Marco legal: Ley provincial 9.283 de Violencia familiar.
• Muestra: 506 expedientes de violencia en la pareja del hombre hacia la mujer,
convivientes al momento de la denuncia.
• Lugar: Juzgados de Violencia familiar de Córdoba capital.
• Período de relevamiento: marzo a junio de 2009.
• Método de muestreo: selección aleatoria sistemática.
análisis de los resultados obtenidos
Coincidencia con la víctima: en el 90 % de los casos es la misma víctima quien denuncia
a su pareja, en el 5 % la denuncia fue anónima y en el 5 % restante los denunciantes
fueron familiares, amigos, conocidos u otras instituciones. Es decir que en
una primera lectura, vemos que son las propias mujeres quienes toman la decisión de
denunciar y acuden a las diferentes instituciones personalmente.
18 Laura Croacia, y Ileana Guerrero: “Violencia en la parejas convivientes dirigida hacia las mujeres.
Análisis de Expedientes Judiciales de los Juzgados de Violencia Familiar de la Ciudad de Córdoba,
en el Período 2009”, Colección Investigaciones y Ensayos, t. 4. pp. 152-162. También en http://www.
justiciacordoba. gob.ar/justiciacordoba/files/investigacion/Violencia %20en %20las %20parejas
%20- %202009.pdf

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
lugares de recepción de la denuncia
Las denuncias de violencia de pareja hacia la mujer se efectúan:
• En un 62 % en las Unidades Judiciales.
• En un 23 % las denuncias se realizaron en la Dirección de Violencia Familiar
que depende del Ministerio de Justicia de la Provincia.
• En un 10 % las denuncias se realizaron en la Mesa de Entradas de los Tribunales
de Familia y Menores.
• Del resto no se tienen datos, debido quizás a erróneas formas de registrarlos
y de transcribir o desarrollar el relato de los hechos de violencia.
datos descriptivos de las Víctimas: edades
• El 58 % de las víctimas son mujeres adultas de entre 30 a 59 años.
• El 17 % son jóvenes de entre 25 a 29 años.
• El 16 % son adolescentes de entre 13 a 24 años.
• El 5 % son mayores de 60 años.
• El 1 % son niños de hasta 12 años (hijos de víctimas y agresores).
• En el 3 % de los casos no se obtuvo información al respecto.
nivel de instrucción de las víctimas
• El 47 % de las víctimas posee nivel de estudios primarios.
• El 22 % nivel de estudios secundarios.
• El 11 % terciario o universitario.
• El 6 % sin formación (ojo relacionarlo con el analfabetismo).
• En el 13 % no se obtuvieron datos al respecto.
ocupación de las víctimas
• El 44 % son amas de casa.
• El 30 % trabajan en relación de dependencia.
• El 7 % son trabajadoras independientes (autónomas) o profesionales.
• El 4 % poseen trabajos de tipo “changas” o son jornaleras.
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• El 2 % son desocupadas.
• El 2 % estudiantes.
• El 1 % jubiladas.
• El 1 % agrupa a otras profesiones.
• El 9 % restante de los casos no se obtuvo información.
datos descriptivos de los agresores
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• El 63 % de los agresores son hombres adultos de entre 30 a 59 años.
• El 18 % son jóvenes de entre 25 a 29 años.
• El 7 % son adolescentes de entre 13 a 24 años.
• El 6 % son adultos mayores de 60 años.
• En el 6 % restante de los casos no se obtuvo información al respecto.
ocupación
• El 40 % de los agresores trabajan en relación de dependencia.
• El 24 % son jornaleros o changueros.
• El 12 % son desocupados.
• Otro 12 % son trabajadores independientes (autónomos) o profesionales.
• El 3 % son jubilados.
• El 1 % son estudiantes.
• En el 8 % restante no se pudo obtener información.
consumo de alcohol y drogas
• El 52 % de los agresores consumen alcohol y el 19 % consume drogas.
• El consumo de alcohol es considerado un desencadenante de los hechos de
violencia, pero no es la causa de la violencia de género.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
antecedentes penales
• El 21 % de los agresores tienen antecedentes penales, el 50 % NO tiene antecedentes
penales y en el 29 % de los casos no se pudo obtener información.
Entre quienes tienen antecedentes penales, los delitos frecuentes fueron contra
las personas (lesiones, 24 casos) y contra la propiedad (robo, 25 casos).
denuncias previas de violencia familiar
• El 30 % de los agresores poseen denuncias previas de violencia familiar, en
esos casos los motivos son: principalmente lesiones (60 %), amenazas (24 %),
lesiones, amenazas y coacción (13 %) y coacción (3 %).
episodios de Violencia previos a la denuncia
y personas a quienes agredió
• En el 59 % de los casos agredieron a las esposas o concubinas.
• A los hijos en un 21,9 %.
• Otras personas: 9,9 %.
• Otros familiares: 8,2 %.
• Padre o Madre: 5,2 %.
• Hermanos: 2 %.
• Ex parejas: 1,5 %.
• Sobrinos/sobrinas o tíos/tías: 0,3 %.
• Las agresiones fueron principalmente físicas, luego verbales. En menor medida,
provocadas por la personalidad violenta y nerviosa del agresor, por consumo
de alcohol, por celos, por motivos económicos de convivencia y otros motivos.
características de la violencia
tipo de violencia
• En el 51 % de los casos el tipo de violencia ejercida por los hombres hacia las
mujeres fue de tipo física y psicológica.
• En el 18 % fue de tipo psicológica o emocional.
40

410 10
dra. aliCia garCia de SolaVagione
• En el 14 % fue de tipo económica.
• En el 12 % fue de tipo física exclusivamente.
• En el 4 % sexual y en el 1 % restante otras combinaciones de violencia.
• Se puede observar que el mayor porcentaje se presenta en dos tipos de violencia
combinados: física y emocional, incluso la psicológica se encuentra en
el segundo porcentaje.
Factores desencadenantes
• Discusiones por cuestiones domésticas de la vida cotidiana familiar (46 %).
Según el relato de las mujeres se parte de acciones u omisiones en relación a
tareas domésticas o al cuidado de los hijos (no hizo la comida, o no cumplió
con las tareas hogareñas). Esto se relaciona con los roles de género que
plantea Grossman y lleva a que condicione el accionar de las mujeres al estar
predestinadas para cumplir con determinadas tares que solo ellas pueden
cumplir.
• Escenas de celos (19 %): a partir de la presunción del hombre con respecto a
que la mujer está siendo infiel o que tiene actitudes “provocativas” tales como,
salir de su casa a realizar algún trámite, o vestirse de determinada manera.
• Discusiones por cuestiones económicas (11 %): los hechos de violencia se generan
a partir de discusiones por dinero. En algunos casos, porque el hombre
no aportaba dinero al hogar y era la mujer quien trabajaba. En otros, según el
relato de las mujeres, el hombre era el que trabajaba pero destinaba el dinero
para satisfacer solo sus necesidades, siendo éstas prioritarias en relación a las
necesidades del grupo familiar.
• Obliga a la víctima a mantener relaciones sexuales (8 %): en este caso, los
hechos de violencia surgen a partir de la negativa por parte de la mujer a acceder
tener relaciones sexuales con su pareja. Esto provoca, según las víctimas,
enojo en los hombres y reacciones violentas.
• Intensión de dañar a las mujeres (8 %): a partir del relato femenino, incluimos
también aquellos casos en que los hombres agreden deliberadamente a las
mujeres sin tener razón aparente, sino que ellos mismos expresan que su intención
es dañarlas.
• Otros motivos (8 %).
tipología de las agresiones.
Referidas a las agresiones o insultos verbales de los hombres hacia las mujeres,
en la investigación se mencionan:
• Insultos desvalorizantes: En el 43,1 % de los casos se incluyen aquellos insultos
en los que el hombre hace referencia a algún aspecto físico, de la personalidad
o relativo a destrezas de la mujer haciendo una valoración negativa y
denigrante. Los hombres utilizan recursos como la burla, la grosería siendo

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
un tipo de violencia que puede pasar inadvertido en la rutina de la pareja al
no ser tan evidente como la violencia física. Sin embargo, es importante no
minimizar este tipo de “micro violencias” dado que se van generando efectos
en la mujer a mediano y largo plazo, menoscabando su autoestima.
• Amenazas de muerte: en el 34,4 % de los relatos de las mujeres víctimas se
incluye con frecuencia la frase “te voy a matar”.
• Amenazas de daño a la mujer: en el 14,7 %. el hombre amenaza con dañar
físicamente a la mujer o algún objeto que le pertenezca. Asimismo se condiciona
el accionar de la mujer si “no hace lo que él le impone o realizar alguna
acción para modificar la situación de dominación y de maltrato ejercida por el
hombre”.
• Amenazas de quitarle los hijos: el 4,7 %. de los casos el hombre amenaza con
arbitrar las medidas legales para que la mujer no tenga contacto con sus hijos,
así la intimida para que no tome decisiones que terminarían con el círculo de
la violencia.
• Amenazas de suicidio del agresor: en el 2,1 %. El hombre amenaza con quitarse
la vida en caso de que la mujer decida abandonar el hogar o terminar con
la relación.
• Otros: 1 %.
consecuencias de los hechos violentos
Según la investigación que estamos reseñando las mujeres se han referido a múltiples
consecuencias de esta patología de la violencia contra ellas. Así se observa en primer
lugar: Lesiones leves y graves (42,8 %). Estos datos nos llevan a pensar que las mujeres
que denuncian sufren efectivamente maltrato físico.
Ahora bien, esta circunstancia no considera el impacto que dicha violencia provoca
en la psiquis o ánimo de la mujer, por ello la segunda derivación de la violencia se
erige en: los problemas psicológicos y resentimiento en la autoestima (18,9 %). Las
mujeres que padecen violencia familiar sufren de una baja en su autoestima, lo que
favorece la naturalización de la violencia; es decir, se asumen los hechos de violencia
como parte de la relación de pareja. De ahí que como estrategia para evitar hechos
de violencia el 12,8 % duermen en camas separadas. Asimismo en otros casos vemos
aislamiento de la mujer, perdiendo contacto con familiares y amigos por voluntad de
su pareja (11,6 %). Ello permite que la mujer pueda salir de la situación de violencia
o contribuye a la negación de la violencia con que convive. Al igual que daños en
bienes conyugales y/o personales (10,4 %), otros como enfermedades psicosomáticas
(2,2 %), problemas laborales (por impedirle salir del hogar o por
interrumpir en los ámbitos laborales de las mujeres ocasionando disturbios
(1 %) e intentos de suicidio (0,3 %).
411 11

412 12
dra. aliCia garCia de SolaVagione
¿Qué sucede en los casos de parejas que tienen
hijos y son testigos de la violencia entre ellos
y cuáles son sus secuelas?
Cabe acotar que según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, las personas que resultan subafectadas por los casos de violencia
y por las personas denuncias son los derivados del vínculo filiatorio. El modelo
de referencia parental en el cual se desarrollarán los niños, será el de un padre hostil,
tomando como cotidiano el golpe sin sentido.
años de convivencia y nivel de gravedad
• En el 44,2 % de los casos las parejas tenían al momento de la denuncia entre
1 a 5 años de convivencia o más de 15 años de convivencia. Es decir que
el mayor nivel de gravedad está presente en las parejas convivientes en los
primeros años de convivencia o cuando la pareja tiene más de 15 años. En la
mayoría de estos casos se observa la decisiva influencia del alcohol.
• En el 16 % entre 6 a 9 años.
• En el 13,6 % entre 10 a 15 años de convivencia.
• En el 4,7 % menos de un año de convivencia
• En el 21 % restante no se obtuvo información.
Medidas solicitadas y adoptadas por los Jueces
y funcionarios actuantes
• Las medidas mayoritariamente solicitadas por las mujeres y adoptadas por los
jueces fueron:
• Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor.
• Prohibir al agresor comunicarse o relacionarse con la víctima.
• La exclusión del agresor.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
reflexiones respecto a lo analizado en casos
concretos
El presente análisis ha posibilitado un mayor conocimiento sobre indicadores relacionados
a situaciones de maltrato hacia las mujeres, conforme a los casos que llegan
al Poder Judicial. Será necesario indagar sobre aquellos casos que no llegan a ser denunciados
para poder comprender el fenómeno en su magnitud. Otra de las conclusiones
del presente estudio es insistir en el relato de la mujer y su importancia por la
riqueza de información que brinda a los fines de hacer cesar su precaria situación.
Como hemos visto, se ha avanzado enormemente en lo que tiene que ver con la consideración
legal de este fenómeno estructural que es la violencia contra las mujeres,
y esto es un avance que debe ser valorado ya que como expresa Carol Smart: “el
género tiene una influencia en el derecho y, al mismo tiempo, el derecho contribuye
a crear género”.
La remoción de patrones socio-culturales requiere un firme y sostenido proceso de
transformación, en la familia, en la escuela, en el barrio, en los efectores de salud, en
las fuerzas de seguridad, en la Justicia, en los programas de gobierno. Aunque algunos
puedan no creerlo, no solo las mujeres se beneficiarán con este cambio.
En la actualidad, existen numerosos organismos encargados de monitorear en situaciones
cotidianas, la existencia de violencia física, simbólica, psicológica, mediática,
contra el género femenino. Las Oficinas de la Mujer Nacional y Provincial, el
Observatorio Nacional de Violencia Contra las Mujeres creado dentro del ámbito
del Consejo Nacional de las Mujeres (Ley 26.485) han sido un progreso, pero aún
faltan políticas públicas en la materia.
el femicidio en argentina
Es importante señalar que frente a las estadísticas actuales y el interés de generar
conciencia en la población es imprescindible para la elaboración de políticas públicas
de prevención adecuadas frente a la violencia contra la mujer, modificar el Código
Penal y establecer el término femicidio como delito autónomo. El femicidio es una
de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer que considera de su propiedad.
El término “femicidio” es político, es la denuncia de la naturalización de la sociedad
hacia la violencia sexista. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense
Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Rusell,
ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas.
413 13

414 1
dra. aliCia garCia de SolaVagione
Es de destacar que en nuestro ordenamiento jurídico la muerte mediante violencia
de género no constituye una figura específica diferente a la del homicidio agravado,
contemplado en el actual artículo 80 del Código Penal, por ello se hace necesaria la
tipificación del femicidio como delito penal autónomo, debiendo restringirse al máximo
el instituto de la libertad condicional para los casos de homicidios agravados por
el vínculo.
antecedentes legislativos comparados 9
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define al femicidio,
como se lo conoce en algunos países como “homicidio de una mujer por
razón de su género”; el Congreso Mexicano creó en el 2004 una comisión
especial para analizarlo.
• Asimismo, los legisladores de Guatemala aprobaron en el 2008 una ley –pionera
en América Latina y el mundo– para abordar el fenómeno estableciendo
como objeto de la ley, actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres,
con el propósito de proteger sus Derechos Humanos y garantizarles una
vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los
principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a
las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales
y patriarcales que sostienen las relaciones de poder.
• México fue el primer Estado condenado por femicidio por la CIDH en una
Sentencia de abril del 2009, cuyo significado excedió el ámbito regional y sentó
un precedente internacional. La sentencia concluyó que México infringió el
derecho a la vida y el deber de no discriminación en el acceso a la Justicia y
ordenó al Gobierno que investigara a los culpables de matar en el 2001 a ocho
mujeres en el campo algodonero de Ciudad Juárez.
• Consejo Centro Americano de Procuradores de Derechos Humanos (CCP-
DH), sobre la práctica de los femicidios en la Región.
• Sostiene el organismo que el femicidio es el resultado de una línea continua
de agresiones a los derechos humanos que viven las mujeres y que
evidencian la desigualdad de poder respecto a los hombres como su principal
causa, dando como resultado, la violación más grave de todas: la
sustracción de la vida.
19 De los “Fundamentos” del Proyecto Legislativo de “Modificación al Código Penal, art. 80. Incorporación
de la figura del Femicidio como inciso 11- Modificación al Código Penal artículo 82-92 y
artículo 14”, no. de Expediente 1563-D-2012. Trámite Parlamentario 0018 (27/03/2012). Firmantes:
Soto, Gladys Beatriz. Comisión de Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Violencia de género entre convivientes. El femicidio en Argentina
• Se repudia el acto e insta enérgicamente a los gobiernos a emprender
acciones eficaces para detener esta práctica inhumana, siendo concientes
que la situación se ha incrementado en la actualidad, por lo que debe
hacerse un seguimiento por parte del Estado para el abordaje de esta
problemática.
• Respecto a la situación en Guatemala, es uno de los países con mayor índice
de femicidios, pero cabe rescatar que este país ha resultado pionero en la concreción
de estudios e investigaciones para entender el fenómeno. Del resultado
de esos estudios surgió que entre los años 2002 y 2005 el incremento de
homicidios de mujeres fue de 63,41 %, es decir que pasaron de 317 casos en
el 2002 a 518 en el 2005. El Consejo de Procuradores acepta que los índices
de asesinatos de mujeres en razón de su género, en su región, además de incrementarse,
remiten a hechos de especial preocupación en relación a las víctimas
al verificarse en ellos: violencia psicológica y sexual, amenazas, tortura y mutilaciones,
de manera que reflejan un patrón intencional de atentar y eliminar
a las mujeres, al punto de haberse configurado el “femicidio como una nueva
fenomenología del homicidio de mujeres por ser mujeres”.
En este contexto, también el Consejo agrega una consideración valiosa referida al
trato hacia las víctimas indirectas del fenómeno: los familiares de las mujeres. Al
respecto señala que el femicidio “debe ser prevenido y sancionado hasta lograr su
erradicación en la región centroamericana buscando siempre la reparación a las víctimas
y sus familiares.”
El término “femicidio vinculado” desarrollado por el Área de Investigación de la
Asociación Civil la Casa del Encuentro, comprende dos categorías de personas víctimas
indirectas:
• Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el homicidio
de la mujer o quedaron atrapadas “en la línea de fuego”.
• Personas con vínculo familiar afectivo con la mujer, que fueron asesinadas
por el feticida con el objeto de castigar psíquicamente a la mujer a quien considera
de su propiedad.
Media sanción del proyecto que penaliza
el femicidio del 8 de abril de 20 2.
Un supremo avance
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ha sancionado el 18
de abril del corriente año el proyecto de ley, que modifica el artículo 80 del Código
Penal, el que queda redactado de la siguiente manera:
415 1

416 1
dra. aliCia garCia de SolaVagione
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo
dispuesto en el artículo 52, al que matare:
1º) A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien
mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia (incluye
a los convivientes).
4º) Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad
de género o su expresión.
Se incorporan los incisos 11 y 12 al artículo 80 del Código Penal que rezan:
11º) A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia
de género (femicidio).
12º) Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación en los términos del inciso 1º).
Se sustituye el artículo 80 in fine del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “Cuando en el caso del inciso 1º de este artículo, mediaren circunstancias
extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8)
a veinticinco años (25) años. Esto no será aplicable (por las circunstancias atenuantes) a
quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima’.
conclusiones
Hacemos propias las exhortaciones de la Convención de “Belém do Pará”, cuando
señala que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres
y hombres”. No podemos resultar ajenos a quienes sufren este tipo de fenómenos,
pues los derechos de la mujer empiezan en lugares pequeños, cercanos al hogar. Ellas
heroicamente traen hijos al mundo que emularán el mismo patrón de violencia, de
no existir redes sociales de contención. Educación en valores; políticas públicas
de concientización; organismos especializados en violencia y fundamentalmente creer
en la superación de la mujer como ser humano autónomo, independiente de otros.

la Violencia doMÉstica,
la discriMinación de GÉnero
Y la Paridad de ParticiPación en brasil
introducción
dra. MarCia nina Bernardes
braSil
En 2006 la primera ley en Brasil contra la violencia doméstica fue aprobada –la llamada
Ley “Maria da Penha” (Ley 11.340) –como consecuencia de la gran movilización
de las redes feministas nacionales y transnacionales. Después de una articulación
entre diferentes organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil,
el proyecto de ley preparado por un consorcio feminista fue discutido y aprobado
por unanimidad en el Congreso.
La ley es comúnmente considerada como un logro importante en términos de protección
de los derechos, sin embargo, después de haber sido promulgada, una serie
de cuestiones se suscitaron en el Poder Judicial. Una de las más fuertes controversias
gira en torno al hecho de que su protección se aplica únicamente a las mujeres que
son víctimas de la violencia doméstica. Varios juristas argumentan que esta restricción
vulnera el principio de no discriminación, presente en el artículo 3, IV y en el
artículo 5, I de la Constitución brasileña, y, por tanto, la ley también debe aplicarse
por analogía a los hombres que son víctimas de violencia doméstica o ser declarada
inconstitucional. Las activistas feministas responden que tal analogía no es perfecta.
Afirman que el hecho de que la supuesta víctima sea un hombre es muy relevante en
las sociedades patriarcales. Los hombres y las mujeres no se encuentran en situaciones
comparables, dado que sólo las mujeres llevan el estigma de inferioridad y, por
tanto, se enfrentan a un desafío mayor al tratar de salir de un ambiente violento.
417

1
dra marCia nina bernardeS
La controversia fue tan grande que fue llevada ante el Tribunal Supremo Federal (en
adelante, STF o la Corte) por el Procurador General de Brasil (Advogado Geral da
União), en una “acción directa de constitucionalidad”, pidiendo a la Corte que declarase
la constitucionalidad de la ley. El STF ha pronunciado recientemente sobre este
caso y declaró que la protección especial a las mujeres previstas por la ley era constitucional,
poniendo fin a las disputas sobre este tema en los tribunales inferiores. 1
Esta decisión, sin embargo, no aborda todas las cuestiones involucradas en esta discusión.
STF motivó su decisión en el hecho de que todavía hay una gran discriminación
contra la mujer en las sociedades democráticas, por lo que las mujeres sean más vulnerables
a la violencia doméstica que los hombres, y invoca al artículo 226, párrafo
octavo, de la Constitución brasileña, que establece que el Estado debe “suprimir la
violencia en la familia.” Deja de lado, sin embargo, el hecho de que tal discriminación
se desprende de una estructura social patriarcal que hace otras personas vulnerables,
así como travestis, homosexuales y transexuales. Además, la fundamentación en la
decisión del caso no se refiere a una cuestión muy importante si realmente queremos
superar la violencia doméstica como un problema sistémico: la relación entre la discriminación
y la injusta distribución de la riqueza. La vulnerabilidad de las mujeres
(y de la comunidad LGBT) a la violencia doméstica también se traduce en un acceso
limitado a los recursos necesarios para una vida libre de violencia.
Este artículo tiene como objetivo discutir temas relacionados con el papel del derecho
en la erradicación de la violencia y la discriminación de género, y se referirá
a la Ley “Maria da Penha” para ilustrar esta discusión en Brasil. En este empeño,
el principio de Nancy Fraser sobre paridad de participación parece apropiado examinar
la legitimidad de la Ley “Maria da Penha”, ya que concilia dos dimensiones
importantes de la justicia en las sociedades contemporáneas e integra las cuestiones
relacionadas con la redistribución de riqueza con las relacionadas con el estatus en
sociedades patriarcales, menos reconocida como un problema en el país. De hecho,
las injusticias que derivan del patriarcado, como una estructura social que es a la vez
material y simbólica, se puede medir en términos de distribución injusta de riqueza
y de falta reconocimiento de las identidades de género. El derecho tiene un papel
importante en la reparación de la exclusión de estas personas, a través de la reorganización
de la distribución de la riqueza y de la reconstrucción de patrones de valores
que no son coherentes con la democracia.
Este artículo también aborda la cuestión de quiénes son las víctimas del patriarcado:
¿Debe la ley analizada extenderse a los gays, travestis, transexuales y a los hombres
heterosexuales que son víctimas de la violencia doméstica, de acuerdo con el principio
de paridad de participación? Para esta discusión, la crítica de Judith Butler a
la lógica binaria del patriarcado es fundamental. De acuerdo con ella, el patriarcado
produce subjetividades binarias: el hombre “normal” y la mujer “normal”, asociando
a los mismos comportamientos sociales específicos y diferentes posiciones en la
1 Ação Direta de Constitucionalidade 19, decidida en 8 de Febrero de 2012.

La violencia doméstica, la discriminación de género y la paridad de participación en Brasil.
jerarquía social. Por un lado, los cuerpos masculinos se asimilan a una “identidad
masculina” determinante de la conducta viril y de roles sociales asociados, y marca
el deseo por el sexo opuesto. Por otro lado, el cuerpo femenino se correlaciona con
una identidad pasiva que implica también un cierto comportamiento y un deseo para
el sexo opuesto. Cada vez que estos binarios se subvierten, ya sea por la comunidad
LGBT o por las mujeres con personalidades fuertes o los hombres con un comportamiento
delicado, reacciona el patriarcado, a menudo violentamente. ¿Cómo debe
responder la ley? ¿Debe la protección de la ley ampliarse a los miembros de otros
grupos marginados de una sociedad patriarcal como gays, travestis y transexuales
para asegurar la paridad de participación de estos grupos? ¿O debería la realidad
estadística, que muestra que la violencia doméstica afecta de forma desproporcionada
a las mujeres, tener un mayor peso en el análisis, permitiéndose la ley como una
medida de acción afirmativa?
Antes de abordar estas cuestiones, sin embargo, es necesario analizar las particularidades
de la violencia doméstica vis-à-vis de otras formas de violencia, y establecer
su relación con el concepto de discriminación de género. Sostengo que la violencia
doméstica es un resultado directo de la subordinación de las mujeres, al mismo tiempo
que menoscaba con el disfrute de los derechos humanos de las mujeres, lo que agrava
la desigualdad y afecta la paridad entre hombres y mujeres. Es al mismo tiempo
causa y efecto de la discriminación de género. Voy a utilizar el concepto de Bonita
Meyersfeld de violencia sistémica para explicar la relación dialéctica entre la violencia
doméstica y la subordinación.
la violencia doméstica y la discriminación
de género
La violencia doméstica afecta desproporcionadamente a las mujeres, lo que impide
efectivamente su participación social en la paridad con los hombres. Ningún otro
grupo social es tan afectado por este problema como las mujeres, lo que constituye
“una de las causas más graves de la enfermedad, el desamparo y la discapacidad
en las mujeres”. 2 De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, en todo el
mundo más de la mitad de las mujeres entre las edades de 14 y 44 sufren algún tipo
de violencia en sus relaciones íntimas, generalmente debilitantes o mortales.
La relación entre la violencia doméstica y la discriminación basada en el género ya
ha sido establecida por el derecho internacional. El Comité de la ONU sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirma que “las consecuencias
2 Esther Vicente: “Feminist Legal Theories: My Own View From a Window in the Caribbean,” 66 Rev.
Jur. U.P.R. 211 (1996-1997).
1

20
dra marCia nina bernardeS
subyacentes en estas formas de violencia de género contribuyen a mantener a la
mujer en una posición subordinada y contribuyen al bajo nivel de participación en
política ya a un nivel más bajo de educación y capacitación y de oportunidades de
trabajo”. 3 El preámbulo de la Convención Interamericana para la erradicación de la
Violencia contra la Mujer, la llamada Convención de Belém do Pará, dice que “la violencia
contra la mujer es una ofensa contra la dignidad humana y una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y los hombres” y
que “la eliminación de la violencia contra las mujeres es esencial para su desarrollo
individual y social y su plena e igualitaria participación en todas los aspectos de la
vida”.
Bonita Meyersfeld utiliza la expresión “violencia sistémica íntima” para referirse a las
formas graves de violencia doméstica, y lista 5 elementos principales de este fenómeno,
que son útiles para la conceptualización de esta forma de violencia y para poner
de relieve su especificidad frente a otras formas de la violencia. 4
El primer elemento es un grave daño físico o emocional. No todos los actos de
violencia en el ámbito doméstico son un acto de violencia doméstica, solo aquellos
que son graves y sistemáticos. Ella utiliza la distinción de Michael Johnson entre el
terrorismo patriarcal y agresiones comunes de parejas para establecer este punto.
El último se refiere a un incidente aislado que tiene que ver no tanto con el género
sino con los conflictos diarios que a veces pueden salir de control, y conducir generalmente
a formas menores de violencia. El primero, sin embargo, es un producto
directo de patriarcado que permite un “control terrorista” de los hombres sobre
“sus” mujeres “, que “conducen a consecuencias graves, e incluyen un grave sufrimiento
y humillación.” La gravedad, de acuerdo con Meyersfeld, tiene que ver con la
duración de la violencia, los efectos en la vida de la víctima, y la condición especial
de las víctimas, como la edad, o condición de salud.
El segundo elemento es el hecho de que este fenómeno deba ser entendido como un
proceso continuo de violencia: “los actos de violencia que no son de por sí graves
pueden llegar a ser severos y debilitantes, se inducen un ambiente permanente de
miedo y de control desde el que la víctima se vuelva incapaz de escapar. “La repetición
de los actos o amenazas de violencia pueden producir efectos devastadores en
la víctima. Un menor daño corporal puede ser un indicio de una situación muy grave
de la violencia doméstica.
El tercer elemento es la intimidad entre el agresor y la víctima. Esto implica diferentes
niveles de conexiones emocionales y/o económica entre víctima y agresor. Esta
circunstancia hace aún más difícil para las mujeres darse cuenta de que hayan estado
viviendo en una relación abusiva. De hecho, “la intimidad complica la comprensión
de la víctima de la violencia, su capacidad para escapar de ella y el enfoque de la
3 Comité CEDAW, Recomendation General, no.19, parr 11.
4 Bonita Meyersfeld: Domestic Violence and International Law, Hart Publishing, 2010, pp. 111-143.

La violencia doméstica, la discriminación de género y la paridad de participación en Brasil.
sociedad de su experiencia.” El elemento de la intimidad facilita la percepción de
que este asunto sea considerado como una cuestión de orden privado, en la que la
sociedad no debe involucrarse.
El cuarto elemento es la vulnerabilidad del grupo. La víctima de este tipo de violencia
es incapaz de obtener la asistencia jurídica tradicional, debido a su aislamiento,
incapacidad o situación de vulnerabilidad general. A veces, debido a los estereotipos
de género, llega a creer que ella es la culpable de la violencia que ha sufrido, y que el
agresor tenga legitimidad para ejercer este poder sobre ella. Otras veces, ella se siente
tan avergonzada de su propia situación que no va a pedir ayuda. Muchas veces, ella
no sabe a dónde ir para pedir auxilio, o no puede denunciar el abuso por el control
sobre sus actividades diarias por parte del agresor ella no confía en las instituciones
que deberían ayudarla.
Tambíen el problema es que las instituciones como las comisarías de policía, oficinas
de asistencia legal y los hospitales son partes del ámbito público, donde las mujeres
tienen un acceso más limitado en relación con los hombres. Cuando logran conseguir
este apoyo institucional, comúnmente experimentan el fenómeno de la doble
victimización: los agentes de policía, sobre la base de estereotipos, suelen considerar
que de alguna manera las víctimas contribuyeron a la violencia que padecieron. La
división clásica entre vida pública y privada, que se asocia con los estereotipos de
género, opera aquí para mantener a estas mujeres aisladas y fuera del alcance de las
instituciones del Estado.
Eso nos lleva al último elemento, que es el fracaso del Estado en la prevención o
castigo de este tipo de abusos. La violencia doméstica es sistemática en la medida en
que se produce en una sociedad en la que el Estado no ha proporcionado las instalaciones
mínimas necesarias para ayudar y proteger a la víctima.
Estos elementos ayudan a entender cómo la violencia doméstica es a la vez un producto
del patriarcado y contribuye a perpetuarlo. Bajo estas circunstancias, las mujeres
pueden difícilmente participar en la sociedad como iguales.
la desigualdad, la paridad de participación y la
violencia doméstica en brasil
A pesar de los recientes progresos hacia la igualdad de género en el Brasil, se queda
en el país una gran disparidad entre la capacidad de las mujeres y de los hombres a
disfrutar de las libertades constitucionales. En este contexto, una investigación sobre
las causas de la desigualdad y de la discriminación se vuelve de vital importancia
como una cuestión de justicia. Debido a la peculiar historia política y económica
de Brasil, el pensamiento dominante tiende a reducir las causas de todas las formas
21

22
dra marCia nina bernardeS
de desigualdad y discriminación en el país a un problema de la concentración de la
riqueza y de la estratificación de clases. De acuerdo con este punto de vista, medidas
redistributivas adecuadas serían capaces de superar la desigualdad social que es tan
sorprendente en Brasil. Sin embargo, diferentes organizaciones de la sociedad civil
y movimientos sociales, como los feminista y el negro, han luchado por más de 30
años contra este punto de vista dominante y han afirmado que existe algo distinto
sobre la discriminación de género y de raza que no se puede reducir a un problema
de clase. Por un lado, uno no puede comprender adecuadamente los fenómenos
como la feminización de la pobreza sin cuestionar el componente de género de la
misma. La discriminación de género no se resolverá recurriendo únicamente a la
redistribución de la riqueza.
Por lo tanto, la elección del aparato conceptual adecuado para comprender la desigualdad
es fundamental: ¿Es la clase social el criterio determinante de la desigualdad
y la discriminación? Es decir, medidas de redistribución, en el tiempo, serán capaces
de superar la discriminación, así como la pobreza? ¿O es el estatus social, como el
género o la raza (y no la clase), un concepto más apropiado para medir la desigualdad?
¿Hay formas de discriminación que se hacen invisibles por la estratificación de
clases, como la discriminación contra de las mujeres de color? Son conciliables las
exigencias de justicia fundadas en la estratificación de clases y las reivindicaciones de
la justicia basadas en el estatus?
Según Fraser, la paridad de participación hace que sea posible conciliar las dos dimensiones
de la justicia en las sociedades contemporáneas: las demandas de redistribución
de la riqueza y las demandas de reconocimiento de la identidad. Muchos
filósofos han discutido sobre la prioridad de un tipo de demanda sobre el otro en las
sociedades contemporáneas, como veremos a continuación. 5
El primer conjunto de demandas tiene un origen kantiano, y ve la estructura de
desigualdad de clase social como la fuente de la injusticia, la igualdad social es su
valor fundamental. En este paradigma, la desigualdad (y la discriminación) debe ser
subsanada por el Estado a través de políticas redistributivas. El segundo conjunto
de demandas es de ascendencia hegeliana, presupone la noción de “estatus” como
una medida de exclusión, y comprende el reconocimiento de las diferencias entre las
diversas identidades, a través de la creación de una “política de la diferencia”, como
fundamental para la correcta formación de la subjetividad.
Sin embargo, Fraser afirma que ambas dimensiones, estatus y clase, son constitutivos
de las sociedades pluralistas modernas. Una dimensión que no puede reducirse
a la otra, aunque no son inconmensurables. Estos dos tipos de reivindicaciones, de
acuerdo con su concepción dual de la justicia, se encuentran en el reino de la moralidad
(en contraposición al reino de la ética), en la medida en que ambos resultan en
5 Nancy Fraser y Axel Honneth: Redistribution or Recognition: a Philosophical Exchange, Verso, 2003,
pp. 7-109.

La violencia doméstica, la discriminación de género y la paridad de participación en Brasil.
el tratamiento de ciertos grupos o individuos como menos que pares en la sociedad.
De hecho, según ella, la mala distribución de los recursos es injusta en la medida en
que niega algunos de los participantes “los medios y oportunidades para interactuar
con los demás como iguales.” Esto es lo que ella llama de la condición de objetivo
de la paridad de participación. Del mismo modo, la falta de reconocimiento es injusta
cuando los patrones institucionalizados de valor cultural “de forma sistemática
depreciacian algunas categorías de personas y las cualidades asociadas con ellos”,
negándoles la condición de “socios de pleno derecho en la interacción”. Por lo tanto,
para Fraser, la injusticia implícita en la falta de reconocimiento, o la subordinación de
estatus, como ella lo llama, no se encuentra en el sufrimiento de una identidad distorsionada,
lo que haría la teoría depender de algún tipo de psicología moral. Por el
contrario, ocurre cuando la condición intersubjetiva de la paridad de participación no
se cumple y las personas son sistemáticamente rechazadas como pares en la sociedad.
Este principio parece muy apropiado para entender el movimiento feminista, ya que
integra las cuestiones relacionadas con la estratificación y la fragmentación social
–tan evidente en Brasil– a las preguntas relativas a las sociedades patriarcales. De
hecho, la desigualdad social que se asocia al patriarcado tiene un impacto desproporcionado
en las vidas de las mujeres. En un vistazo más de cerca, veremos que la
demanda de cada grupos de mujeres tiene un componente de reconocimiento, así
como uno de redistribución. En términos de reconocimiento, la eliminación de la
violencia doméstica, por ejemplo, implica reconocer el hecho de que la violencia
contra las mujeres tiene peculiaridades que solo pueden ser comprendidas si entendemos
las estructuras patriarcales y de inferioridad de la mujer dentro de ella.
En cuanto a la redistribución, sino que también implica reconocer el hecho de que,
debido al papel subordinado atribuido a las mujeres en la sociedad, ella no será
capaz de escapar de una situación de violencia a menos que haya algunos remedios
redistributivos que permitan al menos su autonomía económica en relación al agresor.
Además de las medidas represivas contra el delincuente, es necesario fomentar
la formación de mujeres para que adquieran las habilidades de trabajo, las medidas
educativas para cambiar los patrones culturales, las medidas de cuidado de la salud,
servicios de cuidado de niños y muchas otras medidas que se encuentran en algún
lugar entre las dimensiones del reconocimiento y de la redistribución. Por otra
parte, este principio tiene también la ventaja de captar la injusticia sufrida por los
individuos en las intersecciones entre género, clase y raza, lo que las hace aún más
vulnerables a la violencia.
La Ley “Maria da Penha” es promisora también por la tomar estas dos dimensiones
en consideración, posibilitando irse más allá de una respuesta meramente represiva
del Estado. Sin duda, la ley ha cambiado radicalmente el procedimiento penal en los
casos de violencia doméstica mediante el aumento de la pena por lesiones corporales
leves, que fueron antes clasificadas como delitos menores, y enviando estos casos a
los recién creados tribunales especiales de violencia doméstica, porque los tribunales
penales especiales, que trataban de esta materia antes, han demostrado no estar preparados.
Pero tal vez la novedad más interesante presentada por esta ley es que jus-
23

2
dra marCia nina bernardeS
tamente aborda la violencia doméstica como un problema de múltiples capas como
resultado de la discriminación de género, por lo que requiere medidas culturales
encaminadas a cambiar los patrones de valor, y reconoce también establece algunas
medidas económicas necesarias para hacer frente adecuadamente a este tipo de la
violencia. También pone de relieve la importancia de una red de agencias estatales
diferentes, además de la Judicatura, para superar el problema.
Un último aspecto y crucial de la paridad de participación que debe ser mencionado
aquí es que este principio ha de aplicarse “de manera dialógica y discursivamente,
a través del proceso democrático de debate público”. Fraser concibe paridad en la
participación como principio de una justicia “democrática”: ningún punto de vista
es a priori excluido del debate y cada consenso es provisional y sujeto a revisión en
virtud de nuevos argumentos. Este principio evita la alternativa “autoritaria” de un
rey-filósofo, así como la opción “populista” de permitir que los grupos mal reconocidos,
por sí solo, determinen si y cómo han sido tratados como menos que pares
en la sociedad.
Como veremos, esto se suma un ingrediente interesante para nuestro análisis y nos
lleva al tema sobre la posibilidad de extender la protección de la ley a otros individuos.
Como se ha mencionado, el movimiento feminista en Brasil, que redactó la ley
y fue fundamental en que se aprobó por el Congreso tras una larga lucha para llegar
a la esfera pública hegemónica, es muy activo en la defensa de la tesis de que solo
las mujeres deben ser protegidas por la ley, como una medida de acción afirmativa.
¿Cómo podemos entender esto en términos de paridad de participación?
María de Penha y el principio de paridad
de participación: ¿debe la ley limitarse
a la protección de la mujer?
Políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres son medidas fundamentales
hacia la paridad de participación. La Ley “Maria da Penha” fue la respuesta
brasileña a la que puede considerarse la pieza más democrática de la legislación en el
país desde la propia Constitución, debido a la gran participación en su elaboración y
su promulgación de las organizaciones de mujeres, de expertos y de las autoridades
de distintos organismos gubernamentales de diferentes niveles de la federación. Fue
discutida y revisada por una gran comunidad, y posteriormente aprobada con la
disposición muy específica de que solo las mujeres en situación de violencia doméstica
pueden ser protegidas por la ley. Ahora una comunidad diferente –la de los juristas – se
pregunta si este está de acuerdo con la cláusula de no discriminación.

La violencia doméstica, la discriminación de género y la paridad de participación en Brasil.
Si pensamos en este problema a la luz de la paridad del principio de participación,
hay dos preguntas que deberán tener en cuenta: (I) ¿El hecho de que la ley solo protege
a las mujeres promueve algún tipo de discriminación arbitraria o injustificable
contra los gays, bisexuales, transexuales y los hombres heterosexuales, lo que viola el
derecho a la igualdad de participación de estos grupos? ¿Podríamos, por el contrario,
considerar como una especie de acción afirmativa, dado que este fenómeno afecta
a las mujeres de forma desproporcionada? (II) Teniendo en cuenta la dimensión
dialógica del principio de paridad, ¿importa que la ley fue promulgada después de un
debate muy intenso en el que se decidió deliberadamente restringir la protección de
la ley a las mujeres?
Un argumento comúnmente utilizado por las feministas que participaron en la elaboración
y en la aplicación de la ley es que extenderla a los hombres puede poner en
peligro el peso simbólico que lleva como una victoria sobre las estructuras patriarcales
de subordinación de las mujeres. Los hombres y las mujeres no se encuentran en
situaciones comparables, argumentan las feministas, dado que solo las mujeres llevan
el estigma de inferioridad y, por tanto, enfrentan a un desafío mayor al tratar de salir
de un ambiente violento. Por otra parte, los hombres que son víctimas de la violencia
no se quedan en un vacío legal, sino que están protegidos por otras leyes penales que,
sin embargo, no han sido eficaces para proteger a las mujeres y el reconocimiento de
este hecho permitió la aprobación de la Ley “Maria da Penha”.
Sin embargo, hay otra forma de mirar este problema. Si pensamos en el patriarcado
como Judith Butler propone, como una matriz heterosexual, estructurado en torno
a una lógica binaria que solo reconoce como “normales” el hombre heterosexual,
viril y las mujeres heterosexuales subordinadas, entonces el argumento anterior no
se sostiene. La teoría ha demostrado que, entre estos dos polos, hay una gama de posibilidades
que combinan el sexo biológico, identidad de género, orientación sexual
y otras variables. El patriarcado y sus formas de violencia pueden ser reproducidos
en las relaciones íntimas entre, por ejemplo, dos hombres homosexuales, una mujer
transgénero y un hombre heterosexual, dos mujeres lesbianas o entre un intersexual
y sus familiares. Por lo tanto, si vamos a examinar la cuestión de la discriminación en
relación con la violencia doméstica y queremos tomar el componente de género en
serio, debemos tener en cuenta todas estas posibilidades. 6
La cuestión, entonces, es determinar si las personas que no se alinean con la concepción
patriarcal tradicional de “las mujeres” pueden estar sujetas a la violencia
doméstica en el sentido descrito anteriormente en la sección dos. El elemento clave
aquí es la vulnerabilidad del grupo. Debido a que se consideran desviados patológicos,
sufren el mismo aislamiento y misma falta de apoyo institucional que sufren
las mujeres. También tienen razón para no confiar en las instituciones públicas de la
mayoría. En términos de reconocimiento y en términos de redistribución se suelen
tratar como inferiores, lo que justifica una protección especial del Estado.
6 Judith Butler: Gender Trouble, Routledge, 1990.
2

2
dra marCia nina bernardeS
¿Qué pasa con los hombres heterosexuales? Este es un caso más difícil, en la medida
que no pertenece a un grupo vulnerable, por el contrario. Sin embargo, pueden
experimentar la violencia doméstica. Los elementos clave son la gravedad de la violencia,
creando una atmósfera de violencia que tiene consecuencias para la víctima,
y la continuidad de la violencia. Estos elementos permiten distinguir la situación en
la que un hombre heterosexual es, de hecho, sometido a la violencia doméstica, de
aquella en el que ha sufrido una agresión ocasional. Estos hombres, porque no cumplen
las expectativas patriarcales acerca de la “conducta de un hombre de verdad”, y
sólo bajo estas circunstancias, también pueden experimentar el aislamiento e incluso
la falta de apoyo del Estado.
El problema sigue siendo en la distinción de los casos reales de violencia doméstica a
la que un hombre es víctima de los casos de la violencia común y ocasional de pareja.
Esto es especialmente problemático, ya que, en virtud de la Ley “Maria da Penha”,
se requiere un nivel relativamente bajo de pruebas para activarse la protección de la
ley de las víctimas (mujeres) en prejuicio de sus agresores (por lo general hombres).
Esto se debe a la abrumadora evidencia de la vulnerabilidad de las mujeres a este
tipo de violencia, y al facto de que se exige probar que vive en una situación de continuada
violencia doméstica, lo que podría poner en peligro los objetivos de la ley en
la mayoría de los casos. Sin embargo, esta presunción no funciona en favor de los
hombres: no podemos decir que la mayoría de los hombres que sufren algún tipo
de agresión en el ámbito doméstico se encuentran atrapados en una relación abusiva
y están sometidos a la violencia doméstica. Si la ley se va a extender a los hombres,
más probable es que se aplicará de la misma manera que se aplica a las mujeres, que
nos remonta a los problemas señalados por las feministas.
No hay dudas de que las víctimas preferenciales de la violencia de doméstica son
mujeres. Sin embargo, el argumento de que el peso simbólico que una ley como la
Ley “Maria da Penha” se ha oscurecido por el hecho de que otras personas puedan
beneficiarse de ella es problemático en la medida en que no se ha demostrado. Ante
el hecho de que otras personas experimentan violencia doméstica, esta suposición
no debe prevalecer. La violencia doméstica en contra de ellos desencadena la misma
circularidad examinada anteriormente en relación con las mujeres, haciendo que estos
sean tratados como menos que sus pares en la sociedad.
En cuanto a la segunda pregunta sobre la génesis democrática de la ley, debemos
decir que los resultados de un debate democrático puede ser revisados. Nancy Fraser
dice que parte del proceso democrático de la inclusión de grupos marginando en
la esfera pública hegemónica está ampliando el significado de lo que se considera
de “interés común”. 7 La violencia doméstica, en un primer momento, fue un tema
de preocupación por las víctimas, agresores y tal vez algunos profesionales de la
salud. Ahora bien, es un tema público que se refiere también a aquellos que no
7 Nancy Fraser: “Rethinking the Public Sphere: a Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”
in C. Calhoun (ed.), Habermas and the Public Sphere, MIT Press, 1996, p. 129.

La violencia doméstica, la discriminación de género y la paridad de participación en Brasil.
sufren directamente la violencia doméstica. La promulgación de la ley fue un logro
importante por las feministas. Ahora el debate se ha ampliado y tal vez no habrá un
nuevo consenso sobre la violencia doméstica, a fin de incluir a otras personas como
beneficiarios de la protección del Estado. Si el lugar de celebración de este debate es
el sistema de tribunales o si se necesita una nueva ley aprobada en la legislatura es un
tema para otro artículo, sin embargo.
2

42
del derecHo FaMiliar
al HecHo: ¿MUJeres Hacia
el desarrollo HUMano?
liC. evanGelina Cruz dávila
teorías de la desigualdad entre los Géneros
méxiCo
Para la explicación de las teorías de la desigualdad entre los géneros, es imprescindible
tomar en cuenta cuatro aspectos: el primero se encuentra fundado en donde
hombres y mujeres no sólo están situados en la sociedad de manera diferente, sino
desigual, el segundo aspecto se refiere a la organización de la sociedad; el tercero,
los seres humanos en forma individual pueden variar en lo tocante a su perfil de
capacidades y rasgos, sexos; y, el cuarto, que tanto los hombres como las mujeres,
responderán mejor ante estructuras y situaciones sociales igualitarias.
Dentro de este contexto cabe destacar que el papel del hombre en la sociedad se ha
mantenido gracias a que se ha adueñado de muchos derechos y privilegios. Derechos
que les ha aportado el poder, entre ellos el derecho establecido durante años
de poder ejercer en exclusiva el trabajo remunerado, el de ejercer el poder político
y religioso, el poder recibir una educación, el derecho a poder moverse libremente,
el derecho a la conveniencia de estar en contacto con el mundo exterior y tener la
oportunidad de relacionarse entre los de su propio género, así como el poder de
tomar decisiones. 1
1 Teresa Ramos Maza: “Género e identidades femeninas: mujeres de los Altos de Chiapas”, en Anuario
del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica-UNICACH, 2000.

Del derecho familiar al hecho: ¿Mujeres hacia el desarrollo humano?
El género como enfoque teórico y metodológico acerca de la construcción cultural
de las diferencias sexuales, alude a las distinciones y desigualdades entre lo femenino
y lo masculino y a las relaciones entre ambos aspectos, que se ha transformado en
una categoría de análisis cada vez más importante. 2
En otras palabras, de acuerdo a Zavala podemos definirlo como el:
sistema de signos y símbolos, representaciones, normas, valores y prácticas que transforman
las diferencias sexuales entre los seres humanos en desigualdades sociales, organizando
las relaciones entre los hombres y las mujeres de manera jerárquica, valorando
lo masculino como superior a lo femenino. Como una construcción sociocultural e
histórica que incluye tanto aspectos objetivos como subjetivos, que preceden a los individuos
pero que ellos a la vez recrean continuamente en el quehacer cotidiano. 3
Este enfoque se asemeja a la definición antropológica, en este caso se ha ajustado a la
temática de género que se estará aludiendo a lo largo de esta ponencia. Los estudios
de género tienen su inmediato antecedente en Simone de Beauvoir, quien en el año
de 1945 planteó que “no se nace mujer, llega una a serlo”, mostrando cómo una serie
de actitudes y reglas sociales entrenaban al ser humano nacido con genitales femeninos
para caminar, jugar y comportarse de manera que al complementar su educación
pudiera ser llamada ‘mujer’. 4
Sobre la base de ello se ha sostenido que “advertir que el género no es universal e
inmutable sino fruto de una construcción histórica cultural permitió a las mujeres
cuestionarse los roles que les había sido asignados como ‘naturales’ a una supuesta
’esencia’ femenina, e imaginarse identidades femeninas alternativas”. 5 En ese sentido,
ser hombre o ser mujer no sería una determinación natural o un dato inapelable
sino una construcción donde de la anatomía puede coincidir o no con itinerarios de
deseos.
Los roles de género, es decir, las funciones que se espera desempeñen las mujeres y
los hombres en una sociedad, difieren a través de las culturas y cambian con el tiempo.
Pero a lo largo de la historia y en todas partes, las diferencias entre los géneros y
las inequidades en la relación, permanecen a veces, bajo ropajes diferentes.
Este reparto de funciones hace que se asignen a las mujeres determinadas tareas,
preferentemente al cuidado de la casa, la atención de la alimentación de la familia
2 CEPAL-UNIFEM, “Mujer y desarrollo. Entender la pobreza desde la perspectiva de género”, Unidad
Mujer y Desarrollo, Serie 52, Santiago de Chile, enero, 2004, p.7. (Versión electrónica).
3 María Eugenia Zavala de Cosío: “Impacto sobre la fecundidad de los cambios en el sistema de género”,
trabajo presentado en la sesión del Seminario “La fecundidad en América Latina: transición o
revolución”, CEPAL, Santiago de Chile, 2003.
4 Simone De Beauvoir: El segundo sexo, Siglo xxi, Buenos Aires, 1997.
5 Verónica Spaventa: “Género y control social”, Revista Lecciones y Ensayos, Abelodo-Perrot, Buenos
Aires, 2002.
2

30
liC. eVangelina Cruz dáVila
y la crianza de hijas e hijos. De los hombres se espera que sean los principales proveedores
del hogar y asuman un rol protector dentro de la familia. Estos roles y
funciones diferentes, es decir, esta división sexual del trabajo, trae una distribución
diferente de los recursos y oculta desigualdades en la distribución del poder y toma
de decisiones. Mujeres y hombres son afectados de manera diversa por las reformas
y políticas económicas.
Pero, ¿qué es hoy de la desigualdad fáctica en razón del género?
Retomando palabras de Cornelius Castoriadis, quien ha expresado que “toda sociedad
instituye su propio mundo, su propio sistema de interpretación y construye su
identidad”. 6
¿Cuál es el aporte de la mirada de género sobre el mundo social, el sistema de interpretación
y la identidad cultural? ¿Cómo impacta ello en el Derecho de familia?
¿Cuáles son las tensiones jurídicas que persisten en la norma y las prácticas vigentes?
¿Cómo inciden las creencias, valores y prejuicios sobre el sexo en el Derecho?
Para aproximarse a responder estas interrogantes, es necesario recordar que el Derecho
es un discurso social que dota de sentido a las conductas de los hombres y
los convierte en sujetos, “al tiempo que opera como gran legitimador del poder, que
habla, convence, seduce y se impone a través de la palabra de la ley (…) Cada vez que
el derecho consagra acción u omisión como permitida o prohibida está relevando
dónde reside el poder y cómo está distribuido en la sociedad”. 7 Siguiendo esta línea
de análisis la pregunta es: ¿cuál es el rol que juega el Derecho en la construcción de
identidades –en este caso, las masculinas y las femeninas?– Al respecto, se ha afirmado
que: “Las identidades individuales y sociales se construyen de la misma medida
en que se construye el mundo social. En este proceso de producción, circulación y
consumo de significaciones, el Derecho juega un papel fundamental”. 8
Una conocida representante del feminismo contemporáneo, Judith Butler se ha referido
de manera expresa –entre otros temas– a la interconexión existente entre las
normas y el género o en otras palabras, al modo en que las normas instituyen cómo
es o debe ser el género. Al respecto, señala que: “Surge simplemente de la doble
verdad de que, aunque necesitamos normas para vivir, y para vivir bien, para saber
en qué dirección transformar nuestro mundo social, también estamos constriñas por
las normas de manera que a veces nos violentan por lo que, por razones de justicia
social, debemos oponernos a ellas”. 9 Quizá ahí hay una confusión, ya que muchas
6
Citado en Tello Nerio: “Cornelius Castoriadis y el imaginarios radical”, Serie Intelectuales, Madrid,
2003, p. 15.
7
Alicia Ruiz: “La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres”, en El Derecho en el
género y el género en el Derecho, Haydée Birgin, (compiladora), Biblos, Buenos Aires, 2001.
8
Ídem.
9
Judith Butler: “La cuestión de género”, en Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Zizek, Contingencia,
hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, FCE, Buenos Aires, 2000.

Del derecho familiar al hecho: ¿Mujeres hacia el desarrollo humano?
personas dirían que la oposición a la violencia se debe hacer en nombre de la norma,
una norma de la no-violencia, de respeto, una norma que rige o impone el respeto
por la vida. Pero considerar que (…) la normativa tiene ese doble significado. Por un
lado, se refiere a los objetivos y aspiraciones que nos guían, los preceptos por los que
estamos obligados a actuar o hablar entre nosotras, las presuposiciones comúnmente
adoptadas que nos orientan, y que dan dirección a nuestras acciones.
Por otro lado, la normativa se refiere al proceso de normalización, la manera en que
ciertas normas, ideas e ideales que influyen sobre la expresión de la vida proporcionan
criterios coercitivos para “hombres y mujeres normales”. En este segundo
sentido, vemos que son las normas las que gobiernan la vida “inteligible” de hombres
“reales” y mujeres “reales”, y que, cuando incumplimos estas normas, no queda
claro si aún estamos vivas o deberíamos estarlo, si nuestras vidas son valiosas, o podemos
hacer que lo sean, si nuestros géneros son reales, o pueden ser considerados
como tales. 10
Ahora bien traslademos esta mirada a la práctica actual del Derecho de Familia.
derecho de Familia
El derecho familiar o derecho de familia, no obstante su universo tan amplio de
regulación (comprende relaciones de carácter patrimonial y extramatrimonial), pertenece,
en mi opinión, al campo del derecho civil, al campo del derecho de las personas.
Está compuesto por instituciones jurídicas que son elementales para la organización
familiar: el parentesco (en sus tres modalidades: consanguíneo, por afinidad
y civil), el matrimonio, el divorcio, el concubinato, la filiación, la adopción, la patria
potestad y los alimentos. 11
Por tanto, podemos afirmar que el derecho de familia es el conjunto de instituciones
jurídicas de orden personal y patrimonial que gobiernan la fundación, la estructura,
la vida y la disolución de la familia. 12
Es quizá esta actualización que proporciona el dato sociológico una de las características
principales de la dinámica que debe seguir el derecho de familia. Una constante
actualización, una vuelta siempre a los datos duros, una referencia obligada a las actualidad
de los tratados internacionales en la materia, una interacción multidisciplinaria
10 Ídem.
11 Jorge Alfredo Domínguez Martínez: Derecho Civil, Editorial Porrúa, México, 1990.
12 Augusto Bellusio: Manual de Derecho de Familia, t. I, Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1996.
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liC. eVangelina Cruz dáVila
y una capacidad de adaptación a las necesidades sociales, deben distinguir a esta
disciplina jurídica.
Algunos ejemplos de cómo el legislador/a tuvo presente al menos varios de estos
datos son, en la forma a que me he referido, los siguientes:
• Fijó la edad para contraer matrimonio en 18 años para ambos contrayentes
pues anteriormente el código que regulaba dicha situación señalaba edades
distintas para el hombre y la mujer.
• Se reconoció que el trabajo hecho en el hogar tiene el mismo valor que el
realizado fuera del mismo, por lo que a partir de estas reformas, se considera
como aportación económica al hogar.
• Estableció como sanción la pérdida de la patria potestad para quien incumpla
con la obligación alimentaria.
En nuestro derecho el concepto jurídico de familia solo considera a partir de la
pareja sus descendientes y ascendientes, y cuando descienden del mismo progenitor
incluye a sus parientes colaterales hasta el cuarto grado. Por lo que el concepto
jurídico de familia pudiera ser el siguiente: un grupo formado por la pareja, sus ascendientes
y descendientes así como otras personas unidas por vínculos de sangre, o
matrimonio, o solo civiles a los que el ordenamiento legal impone deberes y otorga
derechos jurídicos.
Por lo que atendiendo a los derechos y deberes que crea y reconoce la ley, la unión de
la pareja y la descendencia extramatrimonial no siempre son familia desde el punto
de vista jurídico, para que lo sean se requiere de la permanencia de la relación (es
decir el concubinato), y del reconocimiento de los hijos. 13
Descrito en estos términos el contenido del Derecho de Familia, queda claro que en
nuestro país existe una gran variedad de bases sobre las que se estructura o conforma
la familia, cada Código en los Estados, o en algunas de las leyes específicas sobre
relaciones familiares, nos muestran que se hace difícil establecer con claridad las
características generales que permiten describir a la célula elemental de la sociedad.
De esta forma es que por familia entenderemos: el grupo formado por una pareja
de adultos, los hijos e hijas de estos, sean consanguíneos o adoptados; y por familia
extensa, definiremos al grupo difuso que comprende a todas las personas ligadas a
través de uno de los tipos de parentesco consanguíneo o de afinidad. 14
Debemos decir que, a pesar de esta afortunada definición, resulta complejo instaurar
un patrón general con características idénticas para ubicar al grupo familiar, toda
vez que en nuestra república existen diversas poblaciones, rurales y urbanas, que
13 Edgar Baquiero Rojas: Derecho de familia y sucesiones, Ediciones Oxford, México, 2002.
14 Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña: Derecho de Familia, FCE, México, 1994.

Del derecho familiar al hecho: ¿Mujeres hacia el desarrollo humano?
de acuerdo con la situación económica y las costumbres de cada región, nos muestra
una gama muy extensa de “familias”, 15 una muy extensa variedad de realidades
sociológicas.
Es sabido que este campo se ha visto enriquecido –y a la vez complejizado–, a raíz de
los cambios sustanciales que han impactado sobre la llamada “familia tradicional”,
lo cual ha dado lugar al vertiginoso desarrollo y consolidación fáctica de las denominadas
“distintas formas de organización familiar”. Pero paralelamente somos protagonistas
de otros tantos progresos que también han modificado la fisonomía del
Derecho de familia. El avance de la biotecnología y la consecuente puesta en crisis
del concepto de maternidad; el desarrollo del derecho a la identidad; como así también
tensiones específicas como anencefalia, aborto, píldora del día después, salud
reproductiva y esterilización quirúrgica son algunos de los temas que nos muestran
la relación inescindible entre género y Derecho de familia. 16
Esta vinculación no es novedosa ni reciente, todo lo contrario. Ha sido destacada
desde hace tiempo por Kemelmajer de Carlucci en un artículo que data del año 1993.
La autora afirmó que: “Las constituciones y las legislaciones en todo el mundo receptoras
del principio de igualdad son muy antiguas. Cabe entonces preguntarse por
qué las mujeres han permanecido tantos años en la desigualdad jurídica”.
De ahí que se habla de “Desigualdades persistentes”, y se asevera que la participación
de las mujeres sigue siendo escasa, “y muchas veces, en razón de barreras tanto
estructurales como ideológicas que conforman un tipo de cultura predominante en
la sociedad las mujeres no puede ejercer sus derechos en mismo pie de igualdad con
los hombres”. 17 Si bien se han incorporado cambios normativos importantes en pro
de la igualdad de género, tales avances no han tenido repercusión directa en la práctica,
es decir, en el plano de la realización de derechos. Es llamativo que un contexto
jurídico donde priman los principios de igualdad real, de no discriminación en razón
del sexo, de la inclusión de la perspectiva de género en el campo del Derecho, donde
estas se han constituido en herramientas de suma importancia para “la supresión de
discriminaciones odiosas y aberrantes (…) sin cejar en su loable propósito de desterrar
exclusiones injustas y tratos irrazonables”, 18 no hayan podido penetrar de tal
manera de diluir la dicotomía existente entre teoría y práctica, derecho y realidad.
15 Ídem.
16 A modo de ejemplo, hay que referir el caso dictado por la Corte Suprema del Estado de California del
22 de agosto 2005, donde coloca en crisis el concepto de maternidad como rol único o posible de ser
cumplido por una sola persona del sexo femenino. Por lo tanto, se puede observar cómo el avance
de las técnicas de procreación asistidas nos enfrentan con dilemas donde la sexualidad, la filiación y
los roles parentales son puestos en crisis.
17 Ricardo T Gerosa Lewis: El derecho a la igualdad de derechos. Las protecciones especiales y las medidas de acción
positiva en la Constitución Chubut, LL Patagonia, 2004.
18 Germán J. Bidart Campos: “El acceso de las mujeres al colegio Monserrat”, Suplemento La Ley de
la Revista del Colegio Público de Abogados, no. 5, 2001.
33

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liC. eVangelina Cruz dáVila
En síntesis, estamos convencidas de que el enfoque de género es de suma importancia
para pensar cambios radicales en el Derecho de Familia. Esta mirada no sólo
refiere a conflictos concretos como las citadas anencefalia o esterilización quirúrgica,
sino también –y de manera más macro permite vislumbrar de forma crítica el rumbo
del Derecho de Familia a través de sus prácticas sociojurídicas.
Estas constituyen algunas de las tantas inquietudes que solo pueden ser analizadas en
profundidad si nos interesamos por el andamiaje teórico-práctico desarrollado por
los movimientos feministas profundizando sobre algunos de sus avances y logros
obtenidos, como así también los debates actuales a los que invita esta perspectiva
fundada, principalmente, en la supuesta contradicción entre igualdad y diferencia.
los Principios de igualdad y discriminación en
el derecho de Familia en México
La igualdad y no discriminación entre seres humanos son pilares en la construcción
de las sociedades modernas. Pese a estar plenamente reconocidos en una gran cantidad
de instrumentos jurídicos internacionales, nacional y local, distan mucho de convertirse
en una realidad y una obligación de observancia para el Estado mexicano.
Las diferencias entre seres humanos aún persisten, siendo aquellas entre los géneros
las más evidentes y graves, en tanto que violan los principios de la igualdad de derechos
y el respeto a la dignidad humana.
En el caso mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) ha quedado legislado, en su artículo 4, la igualdad entre mujeres y hombres
como una garantía para todas y todos los ciudadanos. Además, por si no bastara
este artículo constitucional, el marco jurídico mexicano cuenta con la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), ordenamiento que fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de agosto de 2007 y que requiere,
para su efectivo cumplimiento, de la armonización en las legislaciones de los estados
que componen la federación mexicana.
Estos principios de igualdad y no discriminación son circunstancias fundamentales
para el goce de los derechos humanos, que ponen en el foco de la atención las inequidades
existentes por la “neutralidad” de la norma jurídica.
Para Luigi Ferrajoli el concepto de derechos humanos refiere a todos aquellos derechos
subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en
cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de

Del derecho familiar al hecho: ¿Mujeres hacia el desarrollo humano?
obrar. En ese sentido, aclara que se entenderá como derechos subjetivos a cualquier
expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica. 19
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2004) amplía el concepto
generalizado que se tiene de derechos humanos, y señala que estos tienen que
entenderse de una manera más amplia e integral, ya que son un fenómeno en constante
evolución y construcción. Por lo tanto no se pueden delimitar únicamente a un
conjunto de derechos determinados sino, más bien, su definición debería incorporar
una idea más comprensiva de fenómenos sociales y políticos, al ser su reconocimiento
una conquista lograda por la persona humana frente al poder del Estado.
Atendiendo estas definiciones, y a lo establecido por el propio IIDH, podemos señalar
que el concepto de derechos humanos supone un estado de situaciones y procesos
incluyendo también derechos, todos necesarios para gozar de una vida digna.
Estos derechos no distinguen edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social y tienen
como característica el ser universales, 20 irrenunciables, 21 integrales-interdependientes
e indivisibles 22 y jurídicamente exigibles. 23
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece, en
su artículo 133, que las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales
que celebre el Presidente de la República y apruebe el Senado, serán Ley Suprema
de toda la Unión. Así mismo, el artículo hace referencia a que los jueces deberán de
atender dicha Ley Suprema.
Sin embargo, el IIDH atendiendo a las características de los derechos humanos, señalar
que existe una gran brecha entre la norma y la práctica, entre la igualdad de jure
y la de facto, ya que las reglas del orden social responden a ordenamientos socioculturales
y por esto, la concepción y aplicación de los derechos humanos se concibió
desde sus inicios teniendo al hombre como centro del pensamiento humano, único
protagonista y parámetro de la humanidad.
En este orden de ideas, el derecho no escapa a esta realidad y se erige como fuente
legitimadora del poder del Estado y de las relaciones de poder asimétrica entre mujeres
y hombres. Aunque la estructura del discurso jurídico contribuye a ocultar esas
relaciones bajo el argumento de lo universal y la igualdad, ha determinado distinciones
normativas por la distribución de los poderes y los derechos protegidos o no en
19 L. Ferrajoli: Los fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001.
20 Por qué son inherentes a todas las personas en todos los sistemas políticos, económicos y culturales.
21 Ya que no se pueden trasladar a otra persona ni renunciar a ellos.
22 Ya que están relacionados entre sí, no se puede sacrificar un derecho en aras de otro.
23 Al estar reconocidos por los Estados en la legislación internacional y adoptados en la nacional obligan
al mismo a su respeto, observancia y cumplimiento.
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liC. eVangelina Cruz dáVila
ambas esferas, invisibilizando situaciones de facto violatorias a los derechos de las
mujeres tanto en el ámbito privado, como en el público.
Y aunque, si bien es cierto que los derechos humanos son atributos de las personas
humanas por el simple hecho de serlo, y aunque no habría que diferenciarse entre
los derechos de las mujeres y los hombres atendiendo a la idea anterior, las violaciones
a sus derechos humanos que sufren las primeras, evidencian la necesidad de
plasmar los mismos en ordenamientos específicos.
De esta manera el género, es definido por el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, como el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones
sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual, y la
perspectiva de género; “informan de manera progresiva y creciente la protección
nacional e internacional de los derechos humanos”.
La igualdad entre los seres humanos ha estado presente a largo de todo el desarrollo
del derecho internacional de los derechos humanos, sin embargo, a partir de la
aplicación de la perspectiva de género 24 , a la codificación del derecho internacional,
se ha extendido el reconocimiento de la necesidad de que los instrumentos internacionales
promuevan y garanticen la igualdad y la no discriminación entre mujeres y
hombres.
En este sentido y con el ánimo de contribuir en la construcción de un marco jurídico
internacional que tutele efectivamente los derechos humanos de las mujeres, entre
ellos el derecho a la igualdad se suscribió en el ámbito de las Naciones Unidas, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
mujer (CEDAW 25 por sus siglas en inglés) y, en el ámbito interamericano, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer también conocida como Convención de Belén do Pará. Estos son instrumentos
jurídicos que tutela el derecho a la igualdad entre los géneros que se revisarán a
continuación.
Carol Smart también refiere que no basta con aplicar el principio de igualdad o de la
diferencia en la formulación de la ley. Se muestra partidaria de que el pensamiento
feminista deconstruya “el discurso naturalístico” o ciego al género, revelando, constantemente,
el contexto en el que ha sido constituido”, y añade que el derecho “no es
24 Herramienta de análisis que nos permite identificar las diferencias existentes entre las mujeres y los
hombres con el fin de implementar acciones tendientes a promover situaciones de equidad entre
ambos.
25 Aprobado por la ONU en diciembre de 1979. El Protocolo Facultativo de dicha Convención fue
aprobado por esta misma Organización en el mes de diciembre de 1999. México la ratificó el 23 de
marzo de 1981.

Del derecho familiar al hecho: ¿Mujeres hacia el desarrollo humano?
un ente que flota libremente, está anclado en el patriarcado, así como en la división
de clases y en la división étnica”. 26
Recientemente la legislación nacional Mexicana ha experimentado avances en la
tutela de la igualdad y la no discriminación, de tal suerte que en su artículo 1 de
la CPEUM prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas y, en su artículo 4, reconoce la igualdad del varón y la
mujer frente a la ley. A mayor abundamiento fueron las normas constitucionales de
1974 y 2001, las que incorporaron los principios de igualdad y no discriminación,
respectivamente, a nuestra Carta Magna.
El 11 de junio del 2003 con la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, México reconoció la necesidad de regular y plasmar
estos principios en normas específicas. Esta Ley establece medidas para prevenir
la discriminación, y reconoce la importancia de las medidas compensatorias para
alcanzar la igualdad.
Tres años más tarde, el 2 de agosto del 2006, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres cuyo objeto es,
regular y garantizar la igualdad entre ambos sexos, así como promover los lineamientos
y mecanismos institucionales necesarios para el cumplimiento de la igualdad sustantiva
en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
Respecto a esta Ley vale la pena mencionar las preocupaciones que expresó el Comité
de Expertas de la CEDAW en su 36 Período de Sesiones, pues de acuerdo al
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) no
existen en México mecanismos suficientes para coordinar y lograr la interacción con
los estados y los municipios en el proceso de coordinar acciones entre los niveles
federal y estatal.
El COCEDAW aceptó con satisfacción el hecho de que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos haya sido designada como institución encargada del seguimiento
y evaluación de la Ley. Sin embargo, manifestó su preocupación de que no cuente
con los conocimientos especializados en temas de género ni con los recursos humanos
y financieros necesarios para desempeñar dicha función.
Ahora bien, las principales disposiciones formales en materia de igualdad en derecho
internacional pueden encontrarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de la cual México fue uno de los principales promotores.
26 Carol Smart: “¿Repensando el derecho de familia?”, en Daniela Heim y Encarna Bodelón González
(Coordinadoras) Derecho, Género e igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas, Vol. 1, Grupo
Antígona, Univertitat Autónoma de Barcelona, 2009.
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liC. eVangelina Cruz dáVila
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecía que los Estados
Partes, en su calidad de tales, se comprometían a garantizar a mujeres y hombres la
igualdad en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecía la obligación de
los países miembros de asegurar a las mujeres y a los hombres igual título a gozar de
todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el mismo.
El instrumento internacional de derechos humanos de las mujeres por excelencia es
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW). El gran marco a partir del cual esta Convención se desarrolla es,
justamente, la igualdad que debe existir entre mujeres y hombres, y la obligatoriedad
que tienen los Estados Partes de garantizarla.
Complementariamente, y a fin de facilitar el logro de la igualdad entre los géneros, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) emitió,
en 1988, la Recomendación General no. 5, titulada medidas especiales temporales,
las cuales hacen referencia a medidas tendientes a promover de facto la igualdad entre
las mujeres y hombres, como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas
de cupos para que las mujeres se integren a la educación, la economía, la política y el
empleo. Tras lo anterior, el Comité ha emitido diversas recomendaciones generales que
hacen hincapié en la igualdad entre mujeres y hombres en distintas esferas: laboral, en
el matrimonio y las relaciones familiares, participación política, educación, salud.
En agosto de 2006 el COCEDAW recomendó a México, de manera específica, que
pusiera en marcha mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la
armonización y aplicación efectivas de los programas y políticas públicas relativos a
la igualdad de género, así como la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres a nivel federal, estatal y municipal.
Pasando al nivel regional, México forma parte de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida
como Convención Belem do Pará. Esta Convención plasma el derecho de las mujeres
a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, a la igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma
de decisiones.
Al ser Estado Parte de dicha Convención, el Estado mexicano se comprometió a
tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para modificar o
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias
que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o
la violación de sus derechos.
Como puede apreciarse, México ha adquirido importantes responsabilidades y compromisos
internacionales y regionales en materia del derecho a la igualdad y no discriminación
entre mujeres y hombres.
El marco federal en materia de no discriminación se basa, inicialmente, en las disposiciones
del artículo 1 constitucional de la (CPEUM), el cual señala que queda

Del derecho familiar al hecho: ¿Mujeres hacia el desarrollo humano?
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas.
Si bien no existen disposiciones concretas en la Ley que impliquen para las entidades
federativas, la obligatoriedad de crear sus respectivas leyes en la materia, el hecho
que la Ley no sea una ley general implica que cada estado debe desarrollar su propia
legislación al respecto.
Como ya se señaló, la CPEUM establece, en su artículo 4, la igualdad entre mujeres
y hombres como una garantía para todas y todos los ciudadanos. Además, el compendio
de leyes mexicanas cuenta con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres (LGIMVH), ordenamiento que fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el 2 de agosto de 2007 y que requiere, para su efectivo cumplimiento,
de la armonización de las legislaciones locales, como se expresa en las
disposiciones del artículo 14 de la Ley. De acuerdo con este, los Congresos de los
Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, deben expedir las disposiciones
legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos.
A partir de la entrada en vigor de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, en agosto de 2006, algunos Congresos estatales se han dado a la tarea de
crear sus propias leyes para generar condiciones de igualdad entre los géneros, a fin
de hacer operativa la Ley General.
la desigualdad en la impartición de Justicia en
el derecho de Familia en san cristóbal de las
casas, chiapas, México
Para ilustrar las condiciones prevalecientes de desigualdad, discriminación, violación al
derecho de familia, de género y los derechos humanos en la Ciudad de San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas, se hará mención a un hecho donde se puede corroborar las
condiciones de inequidad, desigualdad, discriminación y atropello a los derechos de
familia de una ciudadana de 26 años de edad en dicha ciudad. 27
27 Por razones de seguridad se utilizará un seudónimo para proteger la identidad de la mujer que de
manera amable y desinteresada accedió a compartir su experiencia de discriminación, desigualdad y
violación a sus derechos humanos y de madre de familia.
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liC. eVangelina Cruz dáVila
Los hechos ocurrieron en otra ciudad del país, y como consecuencia de los domicilios
y vecindades de los sujetos involucrados, es que se han radicado las investigaciones
en esta ciudad del estado de Chiapas.
Se suceden hechos violatorios a los más elementales derechos de familia, de ciudadanía,
de género y a los derechos humanos de la C. KMLB, en perjuicio de la patria
potestad y demás violaciones contra su persona en lo individual y en lo colectivo,
los que se sintetizan una serie de acciones que atentaron contra ella: “Yo termine
la preparatoria y me dedique a estudiar el inglés, tiene tres años mi hija” (K, enero:
2012) (sic).
La C. K describe en forma muy sintética parte del problema en el que se encuentra
involucrada contra su voluntad, donde se puede advertir una perspectiva de género:
Me dieron una serie de teléfonos que agradezco mucho que me ofrecen ayuda psicológica,
todo, todo, pero no puedo ahorita dedicarme a esa ayuda cuando no he visto a
mi hija, y estoy buscando ayuda primero para que me regresen a mi hija. Ya teniendo
a mi hija puedo aceptar con mucho gusto este tipo de ayuda, pero ahorita todas mis
energías, mi tiempo, mi esfuerzo lo estoy dedicando a que me regresen a mi hija (K,
enero: 2012).
Se puede advertir que el problema al que se enfrenta es un conflicto que atañe al
derecho de familia, en lo relativo al ejercicio del reclamo de la patria potestad de una
hija procreada en el seno de esta pareja.
Se puede apreciar que, además de este conflicto de tipo familiar, la relación conyugal
ha transitado por la violencia familiar: “Eran golpes, humillaciones, insultos,
manipulaciones, engaños con otras mujeres ¿en algún momento te llego a violar,
violación sexual?- Si, y no me gusto la verdad, yo ya no quería tener ningún tipo de
acercamiento intimo con mi agresor y… yo solo quiero a mi hija, con él no quiero
nada” (K, enero: 2012).
En esta narración de la mujer en situación de violencia se puede percibir que los
conflictos del derecho familiar no han sido los únicos motivos de la violencia ejercida,
en el seno de la relación conyugal se ha experimentado otros tipos de violencia
intrafamiliar, como los descritos por la propia mujer en las líneas anteriores.
La radicación de la querella en una ciudad distinta a los hechos ocurridos en otra
ciudad de la República Mexicana se esclarece en la siguiente parte de la entrevista:
Vengo aquí (SCLC), busco ayuda en algunas instituciones, un taxista escuchó que estaba
hablando con el papá de mi hija, él me amenazaba de que si yo no le firmaba un documento
cediendo la custodia de mi hija, que yo no me la podía volver a llevar, él no me
iba a permitir verla. Entonces yo me resisto a firmar ese convenio, y empiezo a buscar
instituciones, y el taxista que en esa ocasión escuchó me llevó a la casa de la “Directora
General del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Chiapas”, yo toco la casa
de la Licda. […] llego a esta casa lamentablemente el papá de mi hija amenaza que tiene

Del derecho familiar al hecho: ¿Mujeres hacia el desarrollo humano?
muchas influencias políticas aquí en San Cristóbal, tiene una prima que es Regidora (K,
enero: 2012) (sic).
El intimidar para obligar a su esposa para que ceda la custodia, la afirmación de que
tiene influencias en la ciudad donde su esposo es originario y posteriormente el trato
de la autoridad son momentos de hecho para afirmar que el derecho de familia, de
discriminación y los que resultan no son suficientes para proteger a las mujeres:
Y yo dije, aún contra ellos yo quiero recuperar a mi hija, en realidad es lo único que yo
estoy buscando (llora) que me regresen a mi hija. Y esta Licda. busco su ayuda y resulta
que es amiga de la Regidora prima de él, y no hiso nada (llora). Entonces yo seguí buscando
más, y dije bueno, la directora del Centro de Justicia para la Mujer no me va a ser
caso. Entonces busco otro y acudí al DIF, expongo mi situación y lo mandan a citar el
día lunes, pero yo el día viernes fue cuando acudo (K, enero: 2012).
La primera instancia que dice ser protectora de los derechos de las mujeres no recibe
el apoyo que espera, por lo que se ve en la necesidad de recurrir a otra institución
protectora de la institución familiar y de los derechos de la mujer.
La Licda. del DIF le hace un citatorio que me pide a mi que yo entregue. Ese día yo acudo
a la casa a entregar el citatorio, y estando en esa casa me golpean, traigo aquí “de los
golpes resientes”, en los brazos, en las piernas -¿Quién te golpeo?- Sus dos hermanos,
su hermana, su novia de mi aún esposo y a la cabeza iba el papá. Todos me golpearon
yo recién operada no me pude defender, y en realidad yo tenía en brazos a mi hija, ahí
pude ver a mi hija. Mi hija se espanto muchísimo, lloro mucho cundo me la arrebataron
de los brazos. Pero fueron muchos contra mi, y me fue imposible (llora) tener a mi hija.
Ellos llaman a la policía, bueno un chavo que paso por ahí, escucho mis gritos y él llama
a la policía, yo sigo gritando que me tienen ahí, llega la policía, sale el señor el papá de
mi agresor y dice que es un problema familiar que la policía no se meta, pero después
de eso dice, -bueno si llévensela a ella por allanamiento y por lesiones- entre eso, yo
lastime si un rasguño se debió haber llevado la novia la que no me dejaba abrazar a
mi hija, todos, pero en ese momento era la novia y quiso darme muy fuerte (K, enero:
2012) (sic).
En esta institución de protección de los derechos familiares, la mujer recibe un trato
diferente con una perspectiva de género, para lo cual, le toman su declaración para
ejecutar la conciliación que establece la legislación respectiva, a pregunta expresa:
¿Se propone la conciliación en casos de violencia doméstica o conyugal?
Es nuestro trabajo principal, de hecho esa es la esencia de nuestra actividad, la parte
conciliatoria cuando es posible, y si no ya queda a salvo los derechos de las víctimas o
de los que están involucrados en estos problemas para proceder como correspondan
1

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liC. eVangelina Cruz dáVila
con la oferta permanente de su acompañamiento para resolver sus conflictos, en la vía
que corresponda (PRFP 28 5, 2011/09/14).
La contraparte, los familiares del cónyuge no percibe con la misma sintonía de conciliación
la participación del DIF, por lo que actúa de forma distinta y de manera
agresiva, construyendo hechos que quieren mostrarse de tipo delictuoso que no se
apegan a la realidad de la acción reclamada. Por lo que su aún pareja conyugal realiza
un acto de demanda o querella:
Entonces me demandan, fui encarcelada tres días, primero en policía municipal, de ahí
me trasladan a Ministerio Público y fueron tres días […] el día domingo yo salí bajo fianza,
yo sigo con ese proceso, yo quiero ver a mi hija (llora), no la he visto, me la niegan,
la tienen bajo llave ahorita, me duele tanto no ver a mi hija. He hablado con quien he
podido para que me la regresen (K, enero: 2012) (sic).
La contra demanda el cónyuge contra la mujer violentada en sus derechos de familia
se apoyan en hechos que las leyes mexicanas sancionan:
Él mete la demanda con custodia diciendo que yo, una serie de mentiras que yo no
tengo la capacidad ni moral, ni económica, ni física para criar a mi hija. Yo no fumo, no
tomo, no consumo drogas como ellos lo han querido hacer ver, yo no robo, me han metido
igual demandas de robo; ahora la última esta de allanamiento me quisieron meter
delincuencia organizada con quién, quien sabe (K, enero: 2012).
La atención que recibe la mujer en una agencia del Ministerio Público es satisfactoria,
lo que no puede decirse del conjunto de las instituciones de atención a las
mujeres violentadas en México:
En el Ministerio Público me atendieron bien, sin embargo, yo he notado una serie de
movimientos atrás de mis demandas, que ellos llegan, meten oficios y hacen una serie
de, amistades eso se está basando por, como son amigos del de la mesa cinco que es el
que lleva mi caso, no se, van y hablan con él y yo no se si lo convencen o no, o porque
son vecinos, parece que son vecinos. Todo se ha manejado por amistades, en mi caso yo
llegue aquí, sin nadie, no tengo a tíos aquí, no tengo a político que yo conozca, no tengo
a nadie, pero si tengo el ánimo y la fortaleza suficiente para luchar hasta donde pueda
(llora) por recuperar a mi hija (K, enero: 2012).
El ejercicio de la violencia, la intimidación, el abuso del poder contra las mujeres son
acciones que las leyes mexicanas sancionan de forma contundente, pero a dónde
se atora el ejercicio de la justicia: “Aplicándola como es. Entorpece tener mucha
dilación, pasar mucho tiempo entre acciones, detener las actuaciones para que no
se llegue a un esclarecimiento, cambiar las declaraciones, se presta la corrupción, se
mueve mucho dinero” (PRFP 5, 2011/09/13).
28 PRFP: Personal Responsable de la Función Pública

Del derecho familiar al hecho: ¿Mujeres hacia el desarrollo humano?
Entonces cuál es la política pública que se aplica en estos casos específicos de violencia
intrafamiliar, de controversias de derecho de familia: “Nos guiamos con el Código
Penal el 100% principalmente en los artículos 198-199” (PRFP 5, 2011/09/13).
Por lo que este personal de la función pública se concreta a aplicar la Ley que conoce
y tiene a su alcance: “El MP se enfocan principalmente en el Código, es auxiliar la
Ley” (PRFP 5, 2011/09/13).
Lo que hasta aquí se reconstruye trata de poner en evidencia las pericias y tribulaciones
que tienen que pasar la mayoría de las mujeres en México, en muchas ocasiones
si no cuentan con la asesoría desinteresada y eficiente es casi probable que este tipo
de querellas lleven años para dictaminarse.
conclusiones
• Existen tratados internacionales, leyes nacionales y locales, empero aún son
desconocidas por el personal responsable de la función pública y también de
las mujeres en situación de violencia.
• En el actual Estado mexicano para ejercer a la justicia las mujeres en situación
de violencia familiar tienen que tener una economía más o menos solvente, y
en este mundo con sus diferencias y desigualdades las mujeres en “situación
de pobreza” las pone en desventaja y por lo tanto son excluidas de sus derechos
y desarrollo humano.
• La familia en el actual sistema puede resultar un gran negocio en el dinamismo
financiero bajo el “orden” o “acceso a la justicia”.
• Ha habido avances y logros para que las mujeres tengamos acceso a la justicia,
pero por otro lado, los candados del Estado hacen arduo el camino.
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el Padre QUe te tocó
Hagamos un poco de historia
Padre nuestro
Que estás en la Tierra
Santificaste tu nombre
Hiciste tu voluntad
¡Que así no sea!
liC. Carina Bordes
liC. MaGela Batista
liC. GaBriela GiosCia
uruguay
El concepto de matrimonio por amor es una construcción cultural moderna, como
también lo es el cuidado de los hijos. Recién en el siglo xViii la infancia se identifica
como tal y el niño deja de ser considerado como un adulto en miniatura. Comienza
el tiempo en que se reconoce a la niñez como una etapa de protección y cuidados.
Es a partir de esta nueva concepción de la infancia, cuando uno de los objetivos de
la familia pasó a ser la crianza, la salud y la educación de los hijos. Surge la Pediatría y
con ella la necesidad de afecto para la sobrevivencia de los niños. Se gesta el mandato
a las mujeres de “madre abnegada y entregada a sus hijos” y se refuerza el poder del
padre.
En la historia de la familia de occidente el hombre en tanto marido y padre ejerce su
domino sobre mujeres e hijos. La patria potestad compartida en nuestro país data de
1946, cuando las mujeres conquistan los derechos civiles.
La familia patriarcal tuvo su eficacia en otro momento histórico en el que el Estado
delegaba la función de control y disciplina del “intramuros” al padre y por tanto
la producción de subjetividades se daba en esas condiciones. Muchos piensan aún
hoy que para educar y “forjar el carácter” de un niño se necesitan la violencia y la
dominación de un padre que represente la “ley”, ley que se ejerza sin compasión ni
amor.

El padre que te tocó
el padre con el que la sociedad te condena
“Papá me dijo que con la palabra papá no se juega y que si yo a Sergio (que es la
pareja de la madre) lo tenía como padre, entonces mi vida ya no le importaba. Si no
le importo más no tengo que ir más. Me dijo que no hable más con Sergio porque
no es mi padre. ¿Cuándo se va a llevar Dios a papá? ¿Cuándo voy a dejar de ir? ¿Y si
se enoja y me mata? Quiero que la Jueza que tiene un martillo le diga: “¡Basta Señor!
¡A su hijo no lo ve más!” Martín es un niño de 8 años que está en psicoterapia desde
hace 2. La mamá consultó por la difícil relación entre Martín y su papá y porque con
frecuencia no quiere ir con él. Ella le insiste que vaya porque es su padre y considera
que debe verlo. A su vez la maestra le dice: “por respeto a tus compañeros, vos no
tenés derecho a hacer este escándalo en la puerta de la escuela cada vez que viene a
buscarte, es tu padre y tiene derechos.”
¿Cuál es el padre? ¿El que engendró y maltrata, el que engendró y se fue o el que está
allí y no tiene lazos biológicos con el niño?
En el imaginario social, el padre biológico, el padre legal y el padre de crianza, se
hallan unificados en la misma persona. Las nuevas tecnologías revelan la posible y
habitual desligazón de estos tres aspectos.
Nuestras leyes, con su impronta patriarcal que coloca a mujeres, hijas e hijos en un
lugar de sumisión, priorizan al padre biológico o legal, perdiendo así de vista si el
vínculo es protector o de riesgo. La sociedad considera que todos los padres son capaces
de cuidar a sus hijos, no tenemos cultura que nos habilite a admitir, ni siquiera
a pensar, que un padre puede resultar nocivo para su hijo. El padre de Isabel, de 11
años, con el discurso de promover la independencia y fortaleza de su hija, la obliga a
bañarse temprano en la mañana con agua fría.
Parecería ser que es mejor tener un padre malo que una madre sola. Y que es más
importante mantener el orden familiar que pensar al niño o niña como sujeto de
derecho.
Tengamos en cuenta que los derechos de la infancia son de reciente consideración.
Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que, implícitamente, incluía a los niños. Posteriormente se comenzó a
pensar en la especificidad de sus derechos llegando así a la Declaración de los Derechos
del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
Uruguay la ratifica en 1990 y recién en el año 2004 incorpora expresamente los
pilares de la Convención a nuestra legislación a través del Código de la Niñez y la
Adolescencia donde se considera al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho,
sujeto social y ciudadano.

liC. Carina bordeS
la condena a la madre o la muerte de una ilusión
Que los hijos tengan un padre ¿es una responsabilidad de la madre?
Es habitual escuchar a las madres, aún a aquellas víctimas de todo tipo de violencia
por parte del padre de sus hijos, que continúan dándole un lugar respetable: “A mí
me trata muy mal, pero a los nenes no les deja faltar nada, ¡es muy trabajador! ¿Cómo
voy a dejar a mis hijos sin padre?”
Parece ser que algo del orden de la invisibilidad opera en ellas. Sabemos hoy que los
niños que han presenciado la violencia del padre hacia su madre tienen las mismas
consecuencias que si fueran ellos los agredidos directamente, viven bajo la amenaza
del terror y sienten hacia sus padres más miedo que cariño. Pero, a pesar de la violencia,
los niños mantienen una visión positiva de sus padres. Madres e hijos cargan
así con frecuencia la responsabilidad de sostener la “unión familiar” imposibilitados
de pensar en otro tipo de vínculo.
el padre que te Maltocó
Querido padre: Me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que te tengo miedo. Como
de costumbre, no supe qué contestar, en parte, justamente por el miedo que te tengo, y
en parte porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para
que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Y, aunque intente ahora
contestarte por escrito, mi respuesta será, no obstante, muy incomprensible, porque
también al escribir, el miedo y sus consecuencias me inhiben de solo pensar en ti. 1
Así comienza Kafka la Carta al padre en 1919. Trasmite lo incomprensible y destructivo
de ese vínculo cuyas consecuencias siguen teniendo efectos devastadores
aún en su adultez. ¡Pero eso es de 1919! Sin embargo, ayer en el ómnibus un papá le
decía a su hijo de 3 o 4 años: “¡Qué egoísta! No sos nada, sos un egoísta, lo único
que te importa sos vos, no te importan tus abuelos, que están viejos, ni tu madre, ni
tu padre que trabaja todo el día! No sos nada! Nada!” Inmediatamente después lo
acaricia y le da besos.
Y sigue Kafka: “mi frialdad, mi alejamiento, mi ingratitud. Y me lo echas en cara
como si fuese culpa mía, como si mediante un golpe de timón hubiese podido, dar a
todo esto un curso distinto, en tanto tú no tienes la menor culpa, salvo tal vez la de
haber sido excesivamente bueno conmigo”. 2
1 Franz Kafka: Carta al padre, 1919.
2 Ídem

El padre que te tocó
Tomamos las palabras de Kafka y este episodio de la vida cotidiana para mostrar
lo devastador y aniquilante de esos vínculos. Bajo una fachada de amor se humilla,
insulta, desvaloriza al otro ser desde su más tierna infancia, generando una anestesia
afectiva o la invalidez de no poder salir de la situación. Las opciones que les quedarán
a estos niños serán la sumisión a un nuevo vínculo violento o la reproducción
del lugar del maltratador, como futuros torturadores en sus propias familias. Odiar al
padre que lo maltrata no le está permitido porque lo hace “por su propio bien”, para
educarlo, para mostrarle el camino. La sociedad sostiene esta mentira y así el niño se
ve impedido de confiar en sus propios sentimientos, en definitiva en sí mismo.
Conocemos a este padre, un padre terrible, déspota, generador de un gran sufrimiento
y daño psíquico al que deberíamos poder ponerle freno. No es el que fortalece ni
favorece el desarrollo del psiquismo de su hijo sino el que lo aniquila. Contra este
padre la sociedad no ha podido revelarse aún. Su condición de tal le permite seguir
impune. Generalizar la necesidad del vínculo con el padre biológico y/o legal para
la constitución normal de la subjetividad infantil es seguir rindiendo culto al padre
del patriarcado.
Sofía, de 7 años, quien fue separada de su madre e institucionalizada al revelar que
su padre abusaba sexualmente de ella, concluye: “tenía razón papá, no tenía que
decir nada”. Por su parte Inés, integrante de un grupo de mujeres sobrevivientes de
incesto, expresa: “A quién se lo iba a contar si ni yo misma podía creer que mi padre
me hiciera algo tan sucio”.
¿Cómo es posible que si consideramos al padre como una figura tan importante,
cuando comete una falta, un daño, un delito tan grave, la ley es tan indulgente y se
piensa en la revinculación como remedio?
Como plantea Michel Tort: “el fin de un padre, el del patriarcado occidental, es el fin
de un mundo, no el fin del mundo”. 3
el patriarcado como el ave Fénix
En nombre del amor se han hecho las atrocidades más grandes. Este padre que se
desdibuja, que pierde privilegios, resurge con otras máscaras. Tal es el caso del Síndrome
de Alienación Parental, creado por Richard Gardner. Es una construcción
psico-jurídica sin base científica que comienza a usarse cuando las denuncias de
maltrato y abuso sexual son contra padres de clases medias y altas, padres profesionales,
padres “respetables”. Surge como un backlash o sea como una respuesta adversa
frente a los avances a nivel social en lo que respecta a los derechos de mujeres,
3 Michel Tort: Fin del dogma paterno, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2008.

liC. Carina bordeS
niñas, niños y adolescentes. Bajo una fachada de padre dedicado y amoroso, exige la
tenencia de sus hijos, y así se intenta recomponer el poder paterno, destituyendo a la
madre, descreyendo a los hijos. Se considera inadmisible que un hijo pueda rechazar
al padre o que la madre decida separarse. A través de él se invisibiliza al culpable
y se culpabiliza al inocente representando una forma más de violencia de género.
Nos cuesta creer que alguien que haya leído los fundamentos con los que Gardner
sostiene que el problema en el abuso hacia niños, es la reacción exagerada de las
madres y que el sexo es una “máquina de procreación”, cuanto antes sea “ejercitada”
más y mejor su rendimiento. Y concluye: “Hay un poco de pedofilia en cada uno de
nosotros”.
¿Cómo este absurdo se propaga y se impone en diferentes ámbitos, sin ser críticos
con los fundamentos ideológicos de tal supuesto síndrome?
el padre que te paterna
La afirmación “ese hombre es una madre” se escucha con frecuencia cuando se ve a
un padre cuidando a sus hijos sin poder pensar que lo que está haciendo es un cuidado
paternal. ¿Por qué convertirlo en mujer? Ser un padre presente, que cuide, acaricie,
que transmita ternura, en definitiva que ejerza una paternidad emocionalmente
responsable, implica que haya podido deconstuir los parámetros de la masculinidad
hegemónica. Miguel Lorente plantea: “no se trata de una paternidad efectiva para
cubrir las necesidades de los hijos, sino de una paternidad afectiva para enriquecerles
la vida y darles calor y color en la percepción del mundo”. 4
La maestra de Lucía de 6 años sugiere consultar cuando la niña le cuenta que tiene
dos padres: “uno es el que veo los miércoles y que se llama como yo y otro es el que
vive conmigo”.
Continuamos con Lorente “la maternidad y paternidad en su ejercicio, no dependen
tanto de la biología como de la afectividad, no dependen de lo inscripto en el
registro civil sino del ejercicio responsable y afectivo de las tareas de cuidado y de la
trasmisión de cariño”. 5
Apostemos a que se generalice este cambio que hoy vemos en el cual hombres-padre
y mujeres-madre han comenzado a compartir la crianza de los niños haciendo camino
hacia una parentalidad igualitaria y participativa.
4 Miguel Lorente Acosta: Los nuevos hombres nuevos, Editorial Destino, Barcelona, 2009.
5 Ídem.

entre la leY Y la realidad
Presentación
liC. MaGela Batista
liC. Carina Bordes
liC. GaBriela GiosCia
liC. elena MaBel Batista
liC. GraCiela piGnataro
uruguay
El Instituto Mujer y Sociedad es una Organización no Gubernamental de la República
Oriental del Uruguay, que comenzó a trabajar en el año 1986 en la defensa de
los derechos de las mujeres.
A partir de la década del 70, como resultado de la lucha que desarrollaron los movimientos
de defensa de los derechos civiles de las personas y los movimientos de
mujeres, la Violencia Doméstica comenzó a considerarse como un problema social
y no como un hecho de la vida privada. Se pasó entonces de un primer momento de
denuncia a un proceso que incluyó estudios epidemiológicos que fueron centrales
para dimensionar la magnitud del fenómeno y distintos desarrollos disciplinarios a
partir de las investigaciones de las ciencias sociales.
Teniendo en cuenta dicha evolución es que desde hace más de una década ampliamos
nuestra asistencia a la atención de víctimas de violencia doméstica (mujeres,
niñas, niños y adolescentes). Tenemos una modalidad de trabajo que, partiendo de
la interdisciplina y desde una perspectiva de género, brinda una asistencia psico-jurídico-social.
44

0
introducción
liC. magela batiSta
A punto de partida de nuestra experiencia en la institución, trabajando en la asistencia
directa a mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia doméstica, así como
también por nuestro trato con los padres 1 de estos niños, es que nos cuestionamos las
condiciones actuales en que se da la revinculación paterno-filial en nuestro medio.
Cuando hablamos de revincular nos referimos a retomar el vínculo familiar que por
razones de violencia psicológica, física y/o abuso sexual, ha sido interrumpido. En la
mayoría de los casos atendidos en nuestra institución, el agresor o abusador es el padre
o la pareja de la madre. Nuestro país ha firmado tratados, ha avalado declaraciones y ha
promulgado leyes, pero a la hora de poner en práctica la defensa de estas víctimas, nos
encontramos con que no son escuchadas ni tenidas en cuenta como se debería.
la realidad
Contamos, desde el año 2002, con la ley 17.514 de prevención, detección temprana,
atención y erradicación de la violencia doméstica. La misma funciona como una herramienta
que posibilita que los padres maltratadores sean retirados del hogar, como
una de las posibles medidas cautelares. Pero luego es el mismo poder judicial, a través
de sus distintos actores, el que plantea que retomen el contacto por ejemplo a través de
visitas vigiladas (sin que haya mediado ningún cambio, solamente el paso de los 60 o 90
días que dura la medida cautelar) que resultan en la mayor parte de los casos, revictimizadoras.
Las secuelas de las mismas muestran una sintomatología diversa dando cuenta
de la continuidad del maltrato ya que no se consideran instancias de rehabilitación de
los maltratadores o abusadores, ni tratamientos psicológicos para las víctimas.
Por lo tanto cuando en el proceso judicial se decide que el “supuesto abusador” o el
abusador (según se establezca en la sentencia judicial), retome sin más el vínculo con
el niño o niña, se estarán emitiendo varios mensajes que repercutirán negativamente
sobre los miembros involucrados, así como en la sociedad en su conjunto.
El tiempo de los procesos judiciales es diferente al tiempo de los procesos psicoterapéuticos
y si ambos no comparten como objetivo preservar la salud del niño,
niña o adolescente y del grupo familiar no abusador, la intervención será de carácter
iatrogénico.
1 En este trabajo cuando hablamos de padres maltratador/es y/o abusadores los indicamos con cursiva:
¿no es un sinsentido, una contradicción hablar de padre abusador?

Entre la ley y la realidad
la ley
El Derecho tiene una función normativa, una importante función legitimadora, lo
que hace que la sanción jurídica tenga un fuerte contenido simbólico para la comunidad.
La ley se inscribe en lo social como la forma más visible de regulación.
Por lo tanto, el Derecho construye y refuerza formas de ver el mundo. En este
sentido la “Ley de Violencia Doméstica” es fundamental, ya que la desnaturaliza y
deslegitima. Nomina, reconoce y sanciona un grave problema social de violación a
los Derechos Humanos.
Las dificultades en la aplicación de la ley que se constatan en los Juzgados Especializados
en Violencia Doméstica de nuestro país, muestran que aún falta un largo
camino por recorrer: visualizar la gravedad y especificidad del problema, abordarlo
interdisciplinariamente, reformular las instancias periciales, entre otros.
a modo de ilustración escuchemos
qué nos dicen los niños
Hugo, 5 años: “Tengo superpoderes para luchar contra los malvados…y una bomba
por si viene alguien…Papá dijo que mamá iba a quedar en silla de ruedas… ¿qué es
una silla de ruedas? Tengo que ver a papá porque si no se enoja mucho”.
Dibuja a Drácula con dientes sangrientos y dice “mató a su esposa”.
Marina, 9 años: “Estoy cansada de estar enferma, el día que tengo visitas me siento
mal, y me hago pis, solo ese día…Él dice que la jueza y mamá van a ir presas…No
me interesa verlo, nunca va a ir a pensar con un psicólogo…sin padre estoy bien”
Posteriormente a las visitas vigiladas es necesario llamar a la emergencia por los síntomas
de la niña: taquicardias, ahogos, vómitos y sudoración.
Cecilia, 6 años: “Hace meses que no veo al malo” –¿Quién es? “El malo, ya sabés, le
digo así porque hace cosas malas”– ¿Qué cosas? “Me pegaba y me ataba y a mamá
la cortó con una cuchilla, yo vi lo rojo…Lloro y me enojo cuando estoy triste, no
quiero tener un papá maligno”.
Las reacciones de los niños frente a la violencia pueden ser diversas e incluso contradictorias.
En algunos casos vemos una pseudo madurez y racionalizaciones en
las que utilizan palabras y actitudes adultas. Otros presentan conductas regresivas e
inhibiciones que enlentecen su desarrollo. En los casos antes mencionados el niño o
1

2
liC. magela batiSta
la niña que han vivido la violencia junto a sus madres desarrollaron una exacerbada
preocupación por ellas y una necesidad de protegerlas. En otros casos, se identificaron
con el agresor adoptando comportamientos hostiles hacia su madre. Las
consecuencias psicológicas que la violencia doméstica deja en las madres, el estado
denigrado y debilitado en que quedan, condiciona también el tipo de vínculo que los
hijos e hijas puedan establecer con ellas.
Anteriormente se discriminaba entre víctimas directas o indirectas según quien fuese
el destinatario de la agresión del padre. Esta nominación invisibiliza las graves
consecuencias que padecen “las víctimas indirectas”, por lo que proponemos no
hacer tal distinción. En la misma línea no podemos pensar a los niños o niñas como
“testigos” dado que son parte involucrada en esta particular y específica dinámica
vincular.
Por lo general el padre no asume la responsabilidad de su violencia y no puede reparar
el daño, continuando el ciclo de la violencia.
Para afrontar el importante monto de angustia que la violencia genera, niños y niñas
suelen apelar a un mecanismo de defensa psíquico que, de usarse en exceso, implicará
graves consecuencias para su desarrollo psicológico. Hablamos del mecanismo
de disociación, que puede aparecer tanto durante el transcurso de la violencia como
en el proceso de revinculación, ya que el padre que se supone cuidador y protector,
es quien daña.
Paternidades
Hablaremos de “paternidades” para referirnos a las distintas modalidades con que
los hombres desempeñan el rol de padres sin importar si son genitores o sustitutos.
Las leyes, como ordenadoras de lo social, tienden a priorizar el vínculo con el padre
“legal” más allá de los riesgos existentes en aras de los derechos del padre. Se pierde
así de vista si el vínculo es protector o de riesgo para el niño o niña, tendiendo a
conservarlo a ultranza.
Generalizar acerca de la necesidad del padre para la constitución normal de la subjetividad
infantil es no comprender el tema de la violencia doméstica en su especificidad
y dimensión.
El médico forense español Miguel Lorente Acosta plantea que “la agresión a la
madre de esos hijos debería conllevar siempre y de manera inmediata la privación
del derecho de patria potestad del agresor, al menos como medida preventiva temporal
ya que dicha conducta atenta contra el fundamento de esa patria potestad que
es la correcta educación y desarrollo de los hijos entendido en sentido amplio”. Si
su planteo hace referencia a la agresión a la madre mucho más cuando la misma es
ejercida hacia el niño o la niña.

Entre la ley y la realidad
¿cómo debe ser la revinculación?
Cuando nos planteamos el tema de la revinculación es imprescindible pensar en
las diferentes alternativas que se nos presentan. Varias condicionantes nos parecen
fundamentales para lograr que esta tenga un efecto positivo en el desarrollo del niño
o niña:
• Estos niños que fueron sometidos y engañados en su confianza básica, se encuentran
en una situación de vulnerabilidad emocional y psíquica, por lo cual
se hace imprescindible un proceso terapéutico. Aprender otras formas saludables
de vincularse, desarrollar la capacidad crítica para salir de la situación
de sometimiento, fortalecer su autoestima y generar un vínculo diferente con
quien le ha hecho tanto daño. Asimismo este proceso tiene un efecto preventivo,
ya que no tratarlos podría generar futuros maltratadores o víctimas como
se evidencia en la clínica con personas adultas.
• El agresor tendrá obligatoriamente que pasar por un proceso de rehabilitación
para poder visualizar y repensar los vínculos violentos que ha establecido
y asumir su responsabilidad en los hechos.
• El tratamiento psicológico para estas madres es fundamental tanto por ellas
como por sus hijos, dado que ellas también fueron víctimas y están dañadas y
necesitan por lo tanto fortalecerse para poder sostener y acompañar a su hijo
en el proceso de revinculación.
El mensaje a la niña y al niño debería ser: el vínculo de cualquier manera NO, aunque
sea papá; o más bien mucho menos si es papá. Solo así será posible hablar de re-vinculación,
de algo nuevo y diferente a lo que hasta ahora habían conocido. Evolución
y transformación de una relación que se había establecido en forma disfuncional.
a modo de cierre
Destacamos la importancia de que el niño o la niña que han sido víctimas de abuso
o maltrato, cuenten con un espacio psicoterapéutico facilitador que les posibilite el
despliegue de sus recursos internos para poder re-establecer vínculos saludables con
su entorno.
Creemos que solamente los profesionales tratantes serían los habilitados para determinar
la posibilidad de que la revinculación se pueda concretar, así como también las
condiciones para que la misma se haga efectiva. O que de lo contrario sean quienes
puedan explicitar la contraindicación de mantener ese vínculo.
3

liC. magela batiSta
Consideramos que todos los operadores de las diferentes áreas que trabajen como
peritos en esta temática, deberían estar capacitados en Derechos Humanos y violencia
doméstica con perspectiva de género, para que desde allí puedan darle prioridad
a un vínculo protector para los niños y niñas frente a un vínculo biológico/legal
cuando este es de riesgo.

socio-leGal Practices and tHe end
oF doMestic slaVerY in Morocco
introduction
proF. r. david GoodMan
united StateS
There was never a clear historical end to slavery in Morocco. The struggles of slaves,
their complex contestations of identity and their collective actions never came to be
expressed through an overt or organized social movement fixed on abolition, as occurred
in many other contexts. During the French Protectorate over Morocco (1912-
1956) the largest single slave owner was the Moroccan monarchy (the Makhzan), and
other Moroccan elites also kept slaves, largely in the domestic sphere. Colonial policies
and royal decrees proclaimed that slavery had ended, but these statements, such
as the 1923 Protectorate Circular and several Moroccan Dahirs (decrees) of that era,
were limited by design and remained unenforced. 2 Ending the ongoing clandestine
slave trade never became a French administrative priority, and domestic slavery
came to be redefined by administrators and slave owners as a “voluntary” condition.
1 This article, intended for translation into Spanish, is based upon original research represented in
the publication “Demystifying “Islamic Slavery”: Using Legal Practices to Reconstruct the End of
Slavery in Fes, Morocco,” Africa in History, vol. 39, Summer 2012.
2 Circular 17 S.G.P., 21 september 1923, Bibliothèque Générale et Archives du Maroc (BGA). Handwritten
drafts and official copies, listing the offices to which this circular was distributed, all confirming
this date, are deposited at the BGA in Rabat. Perhaps due to a long compounded confusion
caused by poor handwriting in memos concerning the circular, it has erroneously been cited as 1922,
both by some subsequent Protectorate administrators and scholars in general. Also see: Commandant
Noël Maestracci, Le Maroc Contemporain: Guide à l’usage de tous les Officiers et particulièrement à l’usage
des Officiers des affaires indigènes et des Fonctionnaires du protectorat (Paris, Charles-Lavauzelle & Cie, 1928),
p. 164.
455

prof. r. daVid goodman
In effect, colonial authorities maintained an official position of prohibiting the public
sale of slaves while not interfering within Moroccan households. Nevertheless,
over time domestic slavery became an anomaly and ended as a social institution in
the decades following independence. 3
Critical analysis of Moroccan legal practices helps document this ambiguous history.
Moroccan legal authorities in shari a courts shaped the complex contours of slave
status and its transformation over time. In discussing slavery and abolition, this article
focuses on evidence in Muslim court records and consciously avoids the term
“Islamic slavery,” a notion that resonates closely with colonial representations and
obscures more than it reveals. Instead analysis of legal records uncovers an era of
emancipation without public historical watersheds but rather with a subtle, gradual
accumulation of changes in social processes. This article begins with background
on slavery in Morocco and moves to discuss the term “Islamic slavery” and its limitations.
Then it examines legal actions containing references to domestic slaves
for nearly six decades (1913-1971) in Fes. 4 These notarized family court records
demonstrate that slavery did not end as a consequence of official changes to laws
(French or Moroccan), nor through masters granting their slaves legal manumissions:
domestic slavery ended at a staggered pace amid social, familial and personal
changes more observable through attention to the dynamics across households and
generations than to administrative policies or external legal forces. This use of legal
evidence may offer an approach to constructing an historical framework from which
to interpret the lives and experiences of slaves and their children within and beyond
comparable Atlantic, Islamic and African worlds.
situating the end of domestic slavery in Morocco
A prevalent historical schema of the end of slavery posits an anti-slavery struggle
featuring notable figures, acts and movements advocating universal principals and
societal ideals; an official declaration of abolition clearly demarcating a legal periodization
and induction into international conventions rejecting slavery; and a legal
context of mandated state intervention and enforced adherence to new standards of
freedom and equality of former slaves and their descendants. In our context, and in
3 This history is examined in my book manuscript, “The Ambiguous End of Domestic Slavery in
Morocco: Households, Families, and Social Change in Fes”.
4 Striking an arbitrary balance between convention and consistency with darijah (Moroccan Arabic),
the place name Fes has been used (rather than Fez), while the term Fasi has been used for its inhabitants
(rather than Fesi).

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
very many others, this historical schema is misconceived and misleading. 5 Colonial
history, with particular attention here to West Africa, helps to examine conceptual
and methodological problems raised by the end of slavery in Morocco within the
wider established research on emancipation in Africa.
Nineteenth century French experiences in Algeria and West Africa led to broad patterns
in French colonial policy toward slavery focused on abolishing the slave trade
as a gradual means of ending slavery, while avoiding more direct forms of interference,
including within elite Muslim domestic slave owning households. 6 Despite, and
alongside implementation of gradualist policies, slavery expanded during the end of
the nineteenth century, and continued to play a central role within political, military
and economic life in many parts of West Africa. Trans-Saharan Moroccan slave
markets were directly connected to these currents, as evidenced by the surge and
historic peak of West African born slaves imported in the last decade of the nineteenth-century.
7 By contrast, though there were “drudge” and military slaves in then
independent Morocco, present research suggests the preponderance of slaves at this
time worked within households, serving as more of a consummation of political and
aristocratic power than as a material basis of economic power or state structures. 8
5 Frederick Cooper, Thomas C. Holt and Rebecca J. Scott: Beyond Slavery: Explorations of Race, Labor,
and Citizenship in Postemancipation Societies, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2000.
Historians continuing to probe this theme are represented by a recent conference at Yale’s Gilder
Lehrman Center, Beyond Freedom: New Directions in the Study of Emancipation, 11-12 november 2011 and
a symposium Slavery, Race and Gender in Islamic Societies; A Comparative Perspective, 17-18 March 2012 at
Princeton University.
6 Christopher Harrison: France and Islam in West Africa, 1860-1960, Cambridge University Press, 1988.
Emblematic of the contrasting views this orientation encompassed Harrison notes on page 202:
“Mgr. Lavigerie emphasized the relationship between slavery and Islam, yet Louis-Gustave Binger
doubted that the unemployed of metropolitan France were as well treated as the house slaves of
African Muslims.” For more recent discussions of this topic within a larger scope see the special
themed volume of French Historical Studies “France and Islam,” 30-3, 2007, pp. 343-535.
7 Daniel Schroeter: “Slave Markets and Slavery in Moroccan Urban Society,” in Elizabeth Savage
(ed.), Slavery and Abolition: The Human Commodity. Perspectives on the Trans-Saharan Slave Trade, London,
Frank Cass, 1992, pp. 185-213. Schroeter notes a remarkable rise in slave sales, with the overall volume
of slaves sold in Moroccan markets in the early 1890s exceeding six thousand slaves annually,
as corroborated by urban tax records. Also see Martin A. Klein: Slavery and Colonial Rule in French
West Africa, Cambridge University Press, 1998, p. 122; John Wright: The Trans-Saharan Slave Trade,
Routledge, London, 2007; Ghislaine Lydon: On Trans-Saharan Trails: Islamic Law, Trade Networks, and
Cross-Cultural Exchange in Nineteenth-Century Western Africa, Cambridge University Press, 2009.
8 Studies of slavery in Morocco include: Abdelilah Benmlih: Zāhirat al-riqq fī al-Gharb al-Islāmī (Rabat,
Manshūrat al-Zamān, 2002); Abdelilah Benmlih, Al-Istirqāq fī al-gharb al-Islāmī bayna al-harb wa´l tijārah
Oujda, Jāmi’at Muhammad al-Awwal, Kulliyat al-Ādāb wa´l ‘Ulūm al-Insāniyah, 2003; Abdelilah
Benmlih: Al-Riqq fī bilād al-Maghrib wa´l-Andalus, Beirut, Mu’assasat al-Intishār al-’Arabī, 2004; Mohammed
Ennaji, Serving the Master: Slavery and Society in Nineteenth-Century Morocco, St. Martin’s Press,
New York, 1999; Rita Aouad-Badoual (Ghita Aouad), “L’esclavage Tardif au Maroc sous le Protectorat,”
Revue Maroc-Europe: Histoire, Economies, Sociétés 1, 1991, pp. 135-144; Rita Aouad-Badoual
(Ghita Aouad), “Les Incidences de la Colonisation Française sur les Relations entre le Maroc et
l’Afrique Noire (c.1875-1935),” thèse de doctorat, tome 1, Université de Provence, Aix-en-Provence,
1994; Rita Aouad-Badoual (Ghita Aouad), “Esclavage et Situation des ‘Noirs’ au Maroc dans la

prof. r. daVid goodman
In this key sense, the West African prevalence of peasant slave ownership and the
European impetus toward legitimate commerce are quite distinct from, and not fully
comparable with the contours of emancipation in Morocco. 9
French occupations of Timbuktu in 1894 and Touat in 1900 influenced the decline
in slaves from West Africa, but did not lessen Moroccan demand for and usage of
slaves. Instead, there was a shift of emphasis in slave origins, with enslavements increasing
from within Morocco and its frontiers, as well as the Sahara. In 1905 an indebted
and politically vulnerable Makhzan responded to foreign pressure by closing
the public slave suq (market) in Fes. 10 A widespread myth persisted that Moroccan
slaves sold during the early twentieth century were predominately of Sudanese birth.
As one French officer recounted:
(…) it is certain that we can often see slave women in Moroccan houses who have
absolutely nothing to do with the Sudan and whose origins everyone knows are from
the sous or berber tribes. 11
Though few specific regions were cited in rare Protectorate reports concerned with
the public sale of slaves, ongoing references to the widespread clandestine trade
première moitié du XXe siècle,” in: Laurence Marfaing and Steffen Wippel (eds.), Les relations transsahariennes
à l’époque contemporaine-un espace en constante mutation, Karthala, Paris, 2004, pp. 337-61; Chouki
El Hamel: “Surviving Slavery: Sexuality and Female Agency in Late Nineteenth and Early Twentieth
Century Morocco,” Historical Reflections 34-1, 2008, pp. 73-88; Chouki El Hamel: “The Register of
the Slaves of Sultan Mawlay Ismail in Late Seventeenth Century Morocco,” Journal of African History
51-1, 2010, pp. 89-98; E. Ann McDougall: “A Sense of Self: The Life of Fatma Barka,” Canadian
Journal of African Studies/Revue Canadienne des Études Africaines 32-2, 1998, pp. 285-315; Allan R. Meyers:
“Class, Ethnicity, and Slavery: The Origins of the Moroccan ‘Abid,” The International Journal of African
Historical Studies 10-3, 1977, pp. 427-442; Allan R. Meyers: “Slave Soldiers and State Politics in Early
‘Alawi Morocco, 1668–1727,” The International Journal of African Historical Studies 16-1, 1983, pp. 39-48;
Madia J.A. Thomson: The Demise of Slavery in Southwestern Morocco, 1860-2000: Economic Modernization
and the Transformation of Social Hierarchy, Edwin Mellen Press, Lewiston NY, 2011.
9 James F. Searing: “God Alone is King:” Islam and Emancipation in Senegal: the Wolof Kingdoms of Kajoor
and Bawol, 1859-1914, Portsmouth NH, Heinemann, 2002, pp. 144-209; Polly Hill: “From Slavery to
Freedom: The Case of Farm-Slavery in Nigerian Hausaland,” Comparative Studies in Society and History
18-3, 1972, pp. 395-426; Paul E. Lovejoy and Jan S. Hogendorn: Slow Death for Slavery: the Course of
Abolition in Northern Nigeria, 1897-1936, Cambridge University Press, 1993; Robin Law: From Slave
Trade to Legitimate Commerce: the Commercial Transition in Nineteenth-Century West Africa, Cambridge University
Press, 2002; Trevor R. Getz: Slavery and Reform in West Africa: Toward Emancipation in Nineteenth-
Century Senegal and the Gold Coast, Athens, Ohio University Press, 2004; Brian J. Peterson: Islamization
from Below: the Making of Muslim Communities in Rural French Sudan, 1880-1960, Yale University Press,
New Haven 2011.
10 Aouad-Badoual: “Esclavage;” Searing, God Alone is King, p. 144. For discussions of the parallel interventions
of Governor-General Roume and Lord Lugard, see Alice L. Conklin: A Mission to Civilize:
the Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford CA, Stanford University
Press, 1997, pp. 94-102, and Lovejoy and Hogendorn, Slow Death.
11 Correspondence from Commandant General, Marrakesh Region, 12 August 1928, N421, (BGA).
Translation by the author.

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
reveal administrator’s awareness and limitations of the Protectorate. 12 The majority
of oral historical informants of slave descendants in Fes had family origins in the
Sous and Sahara. 13
Certain characteristics and contexts of Protectorate-era Moroccan military and
economic history were closely intertwined with the lived realities of an ineffective
anti-slavery policy and an irrepressible clandestine trade. These included colonial
incursions, rural vulnerabilities, and shifting rural-urban relations. As witnessed elsewhere,
the survival of the slave trade was asserted as a rationale within the politics of
colonial military expansion and pacification over an extended period, which in Morocco
lasted until 1934. 14 In an important contrast with West Africa the disruptions
of colonial warfare did not occasion Moroccan slaves into mass exodus, but rather
contributed to the ongoing supply of rural captives for the enduring clandestine
trade in urban domestic slaves. That runaway rural slaves produced no comparable
collective movements necessarily shifts this history away from a standard Africanist
historiographic focus of slave agency, and partly shows how West African centered
debates assessing the relative import of colonial policies and slave initiatives in ending
slavery are not a close fit with the Moroccan experience. 15
The extended military pacification of the lands of “useful Morocco” paired with
early to mid-twentieth century capitalist agricultural penetration into rural Morocco
to create complex consequences of widening and accelerating social vulnerabilities
and stratification. 16 Throughout the Protectorate period Moroccans on the whole
clung to rural life, with the total rural proportion of the population declining from
89 % to 76 % across the entire period between 1914 to 1952. 17 This resilience ocurred
amid several forces which coalesced in overwhelming challenges for millions of rural
Moroccans. Beginning in 1913 the Protectorate reinstituted and modified a traditional
tax (tartib). Designed to extract a cash tax on the revenues from approximately twothirds
of the population, the tartib fell as a great burden upon Moroccan farmers. 18
Agricultural modernization was accompanied by forced land redistribution though
12 Locations mentioned in various correspondence from the period as reputed to have public slaves
sales include the Mazagan and Chaouia regions, and the M’touga moussum.
13 Interviews, Fes, Morocco, 2003-2004. It was repeated by numerous informants that the ratio of
female slaves purchased at this time was far greater than males.
14 C.R. Pennell: Morocco since 1830: a History, New York University Press, 2000, pp. 216-218; Klein,
Slavery and Colonial Rule.
15 Searing: “God Alone is King,” p. 147; Klein, Slavery and Colonial Rule; Lovejoy and Hogendorn, Slow
Death; Suzanne Miers and Richard L. Roberts (eds.), The End of Slavery in Africa, Madison, University
of Wisconsin Press, 1988.
16 Paul Pascon: Capitalism and Agriculture in the Haouz of Marrakesh, New York, KPI - distributed by
Routledge & Kegan Paul/Methuen Inc., 1986.
17 Pennell: Morocco since 1830, pp.132-134, 147-148; Paul Pascon and Mohammed Ennaji, Les paysans sans
terre au Maroc, Casablanca, Editions Toubkal/Diffusion/Sochepress, 1986, p. 23.
18 Charles F. Stewart: The Economy of Morocco, 1912-1962, Cambridge MA, Center for Middle Eastern
Studies of Harvard University by Harvard University Press, 1964, p. 82.

0
prof. r. daVid goodman
which Europeans and a minuscule Moroccan elite, among which Fasi families consistently
played a disproportionate role, held complete control of water rights, the
best lands, and access to a growing abundance of rural labor for poorly regulated
subsistence wages. Such conditions readily contributed to the ongoing kidnapping
and sale of unfortunate children of the rural poor and dispossessed.
Where Resident-General Lyautey’s founding economic policies had disfavored and
sought to curtail the presence of colons, after 1925 Resident-General Steeg’s administration
initiated aggressive rural settlement and development along the lines of Algeria.
19 Several successful years of this legal displacement was followed by the Great
Depression. 20 Rapid demographic growth, urbanization and “deracination” paired
with unemployment to form another crucial dimension at play. In 1929, on the eve
of an extended period of generalized decline, only 100,000 total Moroccans were
employed in all sectors of modernized economic activities both urban and rural. 21
The ostensible planning of “colonial urban systems” such as Casablanca and Rabat
did far more to contain and segregate than address and resolve the economic and
social consequences of their demographic explosions. 22 In the interwar years cities
such as Fes bore the imprint of marginalization within the Atlantic-bound colonial
economy. Slaves introduced via the clandestine trade to elite urban households became
demographically engulfed—along with entire medinas—by swelling arrivals
of desperate rural poor. As Fes lost its rank as Morocco’s economic and political
capital, its wealthy residents capitalized upon these historical changes, maintaining
and even expanding their distinct traditional network and status, which included
slave ownership.
The early twentieth century evolution of a “logic” in colonial policy toward slavery
in British and French West Africa helps further distinguish the end of slavery
Morocco. 23 Colonial administrators in Morocco were integral practitioners of the overriding
racism and paternalism that allowed for tremendous ambiguities and contradictions
concerning European involvements with slavery and slave status. In short, the
widespread “logic” was a balancing act between metropolitan political demands of
universal liberty for colonized Africans and the entrenched political and economic realities
and interests surrounding slave labor on the ground. A common corollary which
occurred extensively within the Moroccan Protectorate was that a normal course of
action across a range of colonial officials of differing stature and accountabilities
19
Will D. Swearingen: Moroccan Mirages: Agrarian Dreams and Deceptions, 1912-1986, Princeton NJ, Princeton
University Press, 1987, p. 51.
20
Pennell, Morocco since 1830, pp. 219-224.
21
Albert Ayache: Etudes d’Histoire sociale marocaine, Rabat, Okad/Al Asas, 1997, p. 76.
22
Janet L. Abu-Lughod: Rabat: Urban Apartheid in Morocco, Princeton NJ, Princeton University
Press,1980, p. 206, notes that fewer than ten percent of Moroccan Muslims lived in cities in the first
decades of the Protectorate, with their total population shifting from 400,000 in 1921 to 1.5 million
in 1951.
23
Klein: Slavery and Colonial Rule; Lovejoy and Hogendorn: Slow Death.

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
was to control official representations of slavery and the circulation of information.
West Africanists’ emphasis upon forms of agency found within the contradictory
conditions of abolition, particularly the possible advantages slaves recovered for
themselves en masse during the decline and end of slavery amid mounting forms
of cash-crop-based economic exploitation, do not clearly transcribe into Moroccan
history. To the extent that the colonial economy and new opportunities in coastal
cities opened the door for Moroccan domestic slaves to flee and reinvent themselves,
this did not result in a dramatic shift within the social institution. There is no
evidence of programmatic efforts comparable to colonial government sanctioned
liberty villages in the French Soudan, or free women centers as in the Sokoto Caliphate;
and the climax of this “logic” through the maneuver of abolishing slavery as
a legal status never clearly occurred in Morocco. 24 Furthermore, abolition and emancipation
cannot be construed to have brought fundamental pressures upon or undermined
the Makhzan or Moroccan elites. 25 Overall, domestic slavery in twentieth
century Morocco reveals greater continuities among elite slave owners than in West
African experiences which have been focal for historical attention to the reform of
slavery. The Moroccan context did not entail slave owners losing their “hegemony
over physical resources and social institutions”, which heightens the ambiguities of
this emancipation, and renders it closer to an apparent –and thus methodologically
puzzling– non-event than the center of a social or religious revolution. 26
beyond “islamic slavery”
Colonial interests in Islam form a further comparative dimension from which to
probe the issues entailed in reconstructing the end of slavery in Morocco. Again,
there were numerous significant contrasts and similarities between experiences
within Morocco and West Africa, among the most basic of which is the absence
of pagan, traditional or non-Muslim religious authorities. 27 The sense of emancipation
predicating “aristocratic decline and Muslim ascendance,” lacks a clear analogy
within Moroccan history. 28 No Muslim communities in Morocco were remotely as
24 Ibid.
25 Getz: Slavery and Reform.
26 Ibid. Also see Searing: “God Alone is King;” Sean Hanretta, Islam and Social Change in French West Africa:
History of an Emancipatory Community, Cambridge University Press, 2009; Peterson: Islamization from
Below, p. 87, also develops the provocative thesis that “slaves formed the nuclei of future Muslim
communities.”
27 For conceptual and methodological attention to Bambara identity in North African History, see David
R. Goodman-Singh: “The Space of Africanness: Using Gnawa Music in Morocco as Evidence
of North African Slavery and Slave Culture,” Journal of Asian and African Studies 64, 2002, pp. 75-99.
28 See for example Searing: “God Alone is King,” p. 144.
1

2
prof. r. daVid goodman
dedicated as the Mouride in fostering social support and mutual aid structures for
slaves and ex-slaves. 29 Islam in Morocco did not provide a similar popular basis for
opposing slavery and traditional state structures. Though seen by the French as a
security threat, the politics and movements of the Tijâniyyah Sufi order throughout
North and West Africa did not coalesce on an abolitionist agenda. 30 This network
was of particular salience for Fes as it is home to the burial place of Sîdî ‘Ahmad
al-Tijânî and the continual site for West African Tijânî’s pilgrimage, often preceding
hajj. Throughout the Protectorate era there was regular attention to the interactions
of what was categorized as “Moroccan” versus “Sudanese,” “black,” and “moor”
Tijânî. 31 In this vein it was sometimes suggested that Moroccan Tijânî were hostile
toward “certain black Tidjani.” 32 Oral testimonies suggest that during and after the
Protectorate the Tijânî order in Fes was an occasional source of aid for individual
former slaves, but posed no organized opposition to the trade or institution. 33
Blanketing over dramatic regional differences was a powerful common colonial era
intellectual and cultural inheritance associating, even equating, Islam and slavery. 34
In Morocco this tendency was particularly pronounced, and the absence of a clear
colonial era abolition of the legal status of slave confirms the lack of support for a
Western legalistic opposition between slavery and freedom. 35 Rather than producing
debate or a cultural project considering kinship and assimilation, it was normalized
through a means of political expediency sometimes alluded to as a “Muslim policy”
among French colonial officials. By the early twentieth century “Muslim policy” was
a malleable feature of French imperialism, used on a larger scale than the Moroccan
29 See for example Klein: Slavery and Colonial Rule.
30 David Robinson: The Holy War of Umar Tal: the Western Sudan in the Mid-Nineteenth Century, Oxford
University Press, 1985.
31 For detailed examinations of French efforts to deploy manipulative policies involving color and
Islam in West Africa see Harrison: France and Islam; David Robinson: “French ‘Islamic’ Policy and
Practice in Late Nineteenth-Century Senegal,” The Journal of African History 29-3, 1988, pp. 415-435;
David Robinson: “France as a Muslim Power in West Africa,” Africa Today 46 3/4, 1999, pp. 105-127;
Bruce S. Hall: A History of Race in Muslim West Africa, 1600-1960, Cambridge University Press, 2011.
32 Rapport Sur Les Tidjaniya Marocains (n/d, no author) 10, Centre des archives diplomatiques
de Nantes (CADN).
33 Interviews, Fes, Morocco, 2003-2004.
34 François Renault: “L’abolition de l’esclavage au Sénégal: l’attitude de l’administration Française
(1848-1905)” Revue française d’histoire d’outre-mer 58, 1971, pp. 5-80; Harrison: France and Islam, pp. 29-
56; Robinson: “French ‘Islamic’ Policy;” Robinson: “France.”
35 While in the Sokoto Caliphate Islamic courts co-regulated slavery until 1936, in Morocco there was
no discernible legal cut off point. Concerning the comparative issues this raises see Suzanne Miers
and Igor Kopytoff, Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives Madison, University of
Wisconsin Press, 1977; Frederick Cooper: Plantation Slavery on the East Coast of Africa New Haven,
Yale University Press, 1977; Frederick Cooper: “Review: the Problem of Slavery in African Studies,”
The Journal of African History 20-1, 1979, pp. 103-125; Searing: “God Alone is King;” Gwyn Campbell,
Suzanne Miers and Joseph Miller (eds.): Women and Slavery Volume 1: Africa, the Indian Ocean World, and
the Medieval North Atlantic, Athens, Ohio University Press, 2007; Paul E. Lovejoy: Transformations in
Slavery: a History of Slavery in Africa, Cambridge University Press, New York, 2012 [third edition].

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
Protectorate, defying any simple definition. 36 It broadly referred to French colonial
policies informed by social scientific inquiry concerning Muslims and has been described
as having emerged as a “new framework for implementing the imperial project
and putting it into practice.” 37 A more precise depiction of what such a “new”
and purportedly singular framework entailed across diverse French interests, even
across the Maghreb, is unlikely. “Muslim policy” simultaneously appeared in theorizing
assimilation for Algerians and in Lyautey’s anti-assimilationist promotion of authentic
Moroccanness. Soon after the establishment of the Protectorate, knowledge
claims about Islam and slavery became integral to the official French relationship
to Moroccan domestic slavery, and over the course of the Protectorate, documents
addressing slavery consistently refer to the importance of “Muslim policy.” 38
Challenging the limitations of colonial ideas and sources in interpreting the history
of slavery and Islamic law requires avoiding the conflation of slavery’s endurance
with reified and ahistorical notions of Muslim society. The lived experiences of
slaves and the processes leading to greater autonomy cannot be captured with sweeping
legal references and assumptions about immutable ideals. Yet the tendency has
been toward sweeping references to and explanations of “Islamic slavery.” 39 Though
there is a Muslim world, and a history of slavery within it, the stubborn expectation
that what is necessarily most important or explanatory about particular locations and
periods within the Muslim world is their reflection or articulation of Islam continues
to spawn fallacies, and forms a great practical encumbrance to historical scholarship,
particularly regarding complex and often ongoing social transformations. Historical
36 While European orientalist knowledge production repeatedly played an important role
within French imperial interests such as with Napoleon Bonaparte’s late eighteenth-century
invasion of Egypt, and the nineteenth-century Bureaux Arabes, it has been asserted
that “Muslim policy” was first officially articulated as an object of importance for French
colonial praxis in the early twentieth century. Henry Laurens: Orientales II, La IIIe Republique
et l’Islam, CNRS Editions, Paris, 2004.
37 Valérie Amiraux: “Considering Islam from the West” Contemporary European History 15-1 ,
2006, pp. 85-101, 94.
38 Such references are concentrated in documents from the Direction des Affaires Chérifiennes, but
circulated more widely as well.
39 Variations of this tendency, and efforts to exceed its limitations, are found in Bernard Lewis: Race
and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry, New York, Oxford University Press, 1990; Patrick
Manning: Slavery and African Life: Occidental, Oriental, and African Slave Trades, Cambridge University
Press, New York, 1990; Humphrey J. Fisher: Slavery in the History of Muslim Black Africa, New York,
New York University Press, 2001; Ronald Segal: Islam’s Black Slaves: the Other Black Diaspora, New
York, Farrar, Straus and Giroux, 2001; John Hunwick and Eve Troutt Powell (eds.): The African Diaspora
in the Mediterranean Lands of Islam, Princeton, Markus Wiener Publishers, 2002; Paul E. Lovejoy
(ed.): Slavery on the Frontiers of Islam, Princeton, Markus Wiener Publishers, 2004; William G. Clarence-Smith:
Islam and the Abolition of Slavery, New York, Oxford University Press, 2006; Mohammed
Ennaji: Le Sujet et le Mamelouk: Esclavage, Pouvoir et Religion dans le Monde Arabe, Paris, Mille et une
nuits, 2007; Behnaz A. Mirzai, Ismael Musah Montana and Paul E. Lovejoy (eds.): Slavery, Islam and
Diaspora, Trenton NJ, Africa World Press, 2009; Roger Botte: Esclavages et Abolitions en Terres d’Islam:
Tunisie, Arabie Saoudite, Maroc, Mauritanie, Soudan, Bruxelles, A. Versaille éd., 2010.
3

prof. r. daVid goodman
interactions between religions and forms of slavery comprise a necessary and important
area of inquiry, yet approaching and characterizing slavery through an emphasis
upon generalizations about Islam, or details and ideals of Islamic law, without
significant specific evidence of historical change remains problematic.
This article attempts to address the present limitations of historiographical conventions
surrounding slavery and sharia by examining actual legal actions containing references
to domestic slaves. Six decades (1913-1971) of notarized Fasi family court
records establishes an historical outline of the institution’s decline and presents an
important approach toward evidence of social change within Fasi slave-owning families
and households. The argument, restated, is that Fasi domestic slavery ended at a
staggered pace amid social, familial and personal changes more observable through
attention to the dynamics across households and generations than to political policies
or external legal forces.
The duplicitous and ambivalent relationship of French and Moroccan authorities
toward domestic slavery throughout the gradual decline and end of the social institution
exposes a disjuncture from official registers of social and legal change among
slave-owning families and households. Insofar as the Protectorate influenced Moroccan
law, with respect to domestic slavery, we can conclude that selective French
reforms and preservations did not formally or directly influence clear and consequential
legal changes. Rather than an analysis and assessment of slavery through
official state-level French and Moroccan actions, or an ideologically-charged and
distracting quest for an essential sharia of slavery or sharia of freedom, it will be
shown that the most significant historical features of legal changes related to slavery
occurred within legal practices. 40
Manumissions and the Frequency of references
to slaves in Fes
In the early twentieth century domestic slavery was practiced throughout Morocco,
and it was a basic feature of life in Fes, Morocco’s most important and populous
city at the time. 41 For over a millennium household slaves had been integral to the
40 In 1928 colonial officer and prolific scholar Edouard Michaux-Bellaire promoted the nineteenth
century abolitionist writings of Moroccan scholar Ahmed Ben Khaled Naciri against the dominant
“Muslim policy,” which tolerated domestic slavery ostensibly out of respect for the traditions of the
Makhzan and Moroccan elites. “Note Sur Le Commerce Des Esclaves,” 20 October 1928 (BGA).
41 See for example Eugène Aubin: Le Maroc d’aujourd’hui, Paris, A. Colin, 1904; Gabriel Veyre: Au Maroc.
Dans l’intimité du Sultan, Paris, Librairie universelle, 1905; G. Saint-René Taillandier: Les origines du
Maroc français. Recit d’une mission 1901-1906, Paris, Plon, 1930; Jérôme Tharaud and Jean Tharaud: Fès

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
dynamics of this dense and complex North African medina, famed for its concentration
of religious, intellectual and political authorities who literally lived and worked
alongside the characters and activities of a regional center of crafts production,
trade and commerce. 42 Within and among Fasi homes varying numbers of slaves
participated in and performed all of the visible and behind the scenes forms of
work needed for the daily life and special occasions of their owner’s households. Fes
was emblematic of elite Moroccan households, who emulated and connected with
each other and the Makhzan, through the use and exchange of slaves as a means of
maintaining and circulating prestige throughout their social networks. 43
An element of continuity throughout the decline and end of domestic slavery was
that the majority of Moroccan slaves remained “black” and female. 44 In the legal
principals of Mālikī sharīa (the dominant school of Islamic law in Morocco), slavery
was not related to color or ethnicity, and in the multifaceted realities of Moroccan
slavery, light-skinned Berber female slaves were numerous. It is key to note that Fasi
Arab elites’ capacity to paternally claim and directly assimilate their children with
non-Arab and enslaved women was integral to their historic identity and unity. As
will be discussed, this ideal legal route to emancipation and assimilation was not
always guaranteed and realized. The well-worn patterns of social values and practice
related to slavery were complex and contingent. In the historical continuities of Fasi
society there was a lived continuum of color and human geography within which
blackness and slavery were generally associated with one another, and amid ordinary
ou les bourgeois de l’Islam , Paris, Plon, 1930. It remains difficult to accurately estimate how many slaves
there were in Fes (and Morocco) at this time. In 1900 Fes had approximately 100,000 inhabitants
and some 6,000 households. It has been suggested that as much as two-thirds of its male population
worked for wages in this period, see Stacy Holden: The Politics of Food in Modern Morocco, Gainesville,
University Press of Florida, 2009, p. 20. Holden cites research presented by Louis Massignon, who
concludes that earnings from 9,000 artisans supported half the total population of Fes, “Enquête
sur les Corporations Musulmanes d’Artisans et de Commerçants au Maroc,” Revue de Monde Musulman
58-2 (1924), pp. 1-13. Even if this offers a premise that one-third of Fasi households used slave
labor, we are still left without a systematic basis to account for or verify the numbers of slaves within
households. Considering all available sources, including the legal records and oral history gathered in
my research, it stands that there were well over 6,000 domestic slaves in Fasi households in 1900. Additionally,
it is estimated that there were several thousand palace slaves and slave soldiers in the early
part of the century, see Tharaud and Tharaud: Fès ou les bourgeois, p. 18. Including Makhzan slaves, as
much as ten percent of the total Fasi population was enslaved at this time.
42 Roger le Tourneau: Fès avant le Protectorate: Etude Economique et Sociale d’une Ville de l’Occident Musulman,
SMLE, Casablanca, 1949.
43 This conception has been employed by Nicolas Michel: Une économie de subsistances. Le Maroc précolonial,
Institut Français d’Archéologie Orientale, Cairo, 1997; and Aouad-Badoual: “Esclavage.” Madeline
C. Zilfi offers a parallel within the Ottoman empire in Women and Slavery in the Late Ottoman Empire:
the Design of Difference, Cambridge University Press, New York, 2010.
44 Bouazza Benachir: Negritudes du Maroc et du Maghreb: Servitude, Cultures a Possession et Transtherapies, Harmattan,
Paris, 2001; Bouazza Benachir: Esclavage, Diaspora Africaine et Communauteés Noires du Maroc,
Harmattan, Paris, 2005; Hall: A History of Race.

prof. r. daVid goodman
exceptions, black male and female slaves remained at the bottom of the social hierarchy.
Though law and legal status concerning slavery solicit expectations of clear and
singular official historical evidence and outcomes, the historical realities of law and
slavery in twentieth century Fes demand further critical evaluation. Beginning in
1912 the Protectorate implemented a French administrative umbrella over Moroccan
Muslim judicial organization and initiated legal reforms that observed careful
limitations. 45 A Ministry of Justice was created with the interest of unifying the responsibilities
for all institutions related to shaia. An immediate primary aim—which
can be interpreted as a longer term and larger scale imperial tactic—was to clarify
and define Moroccan legal authority. 46 A component of these reforms directly fortunate
for our available historical evidence was the mandate for the increased standardization
of notarized documents and their record in court registers.
At the beginning of the Protectorate depositories of legal records were established
for each court of the two qadis of Fes el-Bali: Mahkama Rcif and Mahkama Smat. 47
These records of Fes medina revealed a near complete omission of references to
slave sales. This absence is in itself worth consideration. While it is clear that the
trade in Fes continued, the extremely rare exceptions to this legal silence offer a further
source of corroboration, and far more importantly suggests the normalization
of its extra-legal character. 48 By the time of the 1905 public market closure, those in
Fasi society directly and indirectly concerned with reproducing slavery had participated
in an adaptation of the trade. This entailed members of the Fasi elite closing
ranks among themselves and controlling how and what they legally represented concerning
slavery and slaves. While in other Moroccan locations slaves continued to be
purchased through legal authorities with formal documentation, a consequence of
these new arrangements in Fes meant that slave purchases would take place outside
of well-established legal protections and recourse for buyers and slaves. 49 It seems
that the strong customary practices of Fasi business culture were substituted for
earlier norms and legal guarantees. 50
45 See Abdellah Ben Mlih: Structures Politiques du Maroc Colonial, L´Harmattan, Paris, 1990, pp. 132-137;
Maestracci, Le Maroc Contemporain, pp. 146-170.
46 Alan Scham: Lyautey in Morocco: Protectorate Administration, 1912-1925, Berkeley, University of California
Press,1970, pp. 177-186.
47 Le Tourneau: Fès avant le Protectorate. Mahkamat Rcif and Mahkamat Smat are hereafter noted as Rcif
and Smat. In addition to Fes el-Bali, Fes Jdid maintained a separate municipal administration with its
own legal records.
48 Very rare examples appear in reference to a post mortem debt Smat 21 Dhū al-ijja 1335/ 8 October
1917, and in monies designated within a bequest Smat 11 Dhū al-Qada 1333 / 21 September 1915.
49 The last known legal record of a slave purchase in Morocco was created in 1928.
50 For a study of Fasi business culture see Gabriel Pallez, “Les Marchands Fassis,” mémoire de stage,
Ecole Nationale d’Administration (Paris, 1948), pp. 17-20; microfilm (CADN).

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
Official declarations and explicit legal evidence do not document or help interpret
the end of slavery in Fes. In fact, legal references to slaves continued throughout the
Protectorate and after Moroccan independence within many forms of legal documents.
Beyond searching for clear historical moments or consequential declarations,
this research has sought to gather and plot the course of minor and mundane individual
legal references in which slaves appear. Fasi family matters requiring notarized
Islamic legal documents (such as bequests, inventories, guardianships, declarations
etc.) consistently reveal slaves within snapshots of the social historical realities of
slave owning households and families. With important exceptions, these documents
were not typically contexts which highlighted transitional moments for the interpretation
of “voices” and “agency” of individual litigants. 51 Evidence of contestation
along with a series of miniature legal portraits of Fasi norms were pieced together
to outline household and family changes realized across several generations.
The common references of ‘abd (pl. ‘abīd), literally meaning slave, and khādim, literally
meaning servant (although the term was also used to refer to slaves and carries a
strong connotation of blackness), 52 appear with other legal references to slaves such
as ama, mamlūk(a), and less often waīf(a) and raqīq. Mustawlida appears as another
common reference, signifying a female slave who is recognized as having given birth
to her owner’s child. 53 Other important forms of references are mu’taq(a), a former
slave who has been immediately freed, and a mudabir(a), who has been freed upon
the death of his or her owner. After being freed these former slaves continue to be
referred to in legal documents as having been freed with acknowledgement of the
person by whom they were freed. Even after a former slave’s marriage, she would remain
legally known as zawj mustawlida or zawj mu’taqa of her former owner, which
often referred to an owner other than her husband. 54
The documents which would seem most directly important for the end of slavery
are ‘itq or acts of emancipation. Rcif and Smat records revealed only seventy-three
total immediate emancipations and emancipations upon an owner’s death, the earliest
of which was 1913, and the latest 1952. 55
51 Richard L. Roberts: Litigants and Households: African Disputes and Colonial Courts in the French Soudan,
1895-1912, Portsmouth NH, Heinemann, 2005.
52 Arent Jan Wensinck: “Khādim,” Encyclopedia of Islam, Leiden, Brill, 1960.
53 Often referred to as umm al-walad (mother of children), this term signifies that a child of a female
slave by her owner was recognized and born free, and that the female slave mother would be freed
upon the death of her owner. As noted by Joseph Schacht: “umm al-walad is in contrast to umm albanīn
(‘mother of sons’) as the name for a free woman.” Joseph Schacht: “Umm al-Walad,” Encyclopedia
of Islam, Leiden, Brill, 1960.
54 Zawj here means wife.
55 Immediate liberations (´itq), liberations upon death (tadbīr).

Figure 1. Immediate Manumissions of Slaves (Smat and Rcif Courts, Fes)
prof. r. daVid goodman
Figure 2. Manumissions Upon the Death of Slave Owners (Smat and Rcif Courts, Fes)
The fact that there were very few legal manumissions of either variety is important
because this evidence should help dispel assumptions and expectations that legal
manumissions were a significant factor ending domestic slavery in this context. It
can be suggested that a frequency of retention increased in the historical contexts
in which slavery was ending. Yet at present without similar data from the nineteenth
century or prior, informed comparisons with previous rates of manumission cannot
be made. For the same reason, the issue of whether there were generally more immediate
manumissions (forty-one) than manumissions upon death (thirty-two), as
seen within this period, remains uncertain.
In looking at the general shape of the decline in these references there appears to
have been a pause in manumissions around the period of instabilities during the era

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
of the Second World War. Also earlier on there appears to have been a rise in immediate
manumissions from three during 1919-1922 to thirteen during 1923-1926. This
peak among relatively minor figures reveals that only a small handful of Fasi slave
owners freed their slaves in the period following the 1923 circular and demonstrates
the lack of any clear social trend prompted by official anti-slavery legal actions.
Otherwise the manumissions across this long period of decline reveal no relation to
specific historical legislation and raise a fundamental question about the relationship
between law and the end of slavery.
Scholars differ over the basic facts of relevant Moroccan legal history concerning
the end of slavery and no satisfactory analysis of law and the end of slavery
has been advanced. Features of the problem have been noted by several scholars.
Aouad-Badoual questions any formal abolition of the legal status of slavery. 56 In
contrast, Ahmad Alawad Sikainga points to the precedent of a 1925 law “explicitly
prohibiting slavery,” in which “all clauses recognizing servitude were removed from
the personal matters code.” 57 Protectorate reports cite Moroccan penal code articles
267, 282, and 289 as indirect references to the end of slavery. 58 Roger Botte holds
that slavery in Morocco was ended de facto by the Fundamental Law of the Kingdom
of Morocco in 1961, and the Moroccan Constitution in 1962. 59 Mohammed
Ennaji maintains that “(f)rom a purely judicial point of view, no law ever abolished
slavery once and for all,” and redirects our consideration of early twentieth-century
policies to an 1863 official decree from Sultan Muhammed b. ‘Abd al-Rahmān in
which the state offered refuge to slaves who sought it. 60 The actual impact of this
precursor to French policy by half a century was of little if any real consequence,
as Ennaji acknowledges. Yet his conclusion about the impact of the 1923 circular
deserves to be further extended: “However profound the effects of these measures,
they did not absolutely prohibit slavery, which continued to exist as a legal institution;
the law did not abolish it”. 61 The provocative conclusion that “law” did not
abolish the legality of the institution underscores the general challenge of reconstructing
the end of this institution.
Scholars differences and their collective vagueness all stem from a common source
the enduring legal legitimacy of slavery. It would be a far overstated claim to suggest
that Protectorate era attention to slavery brought into question the accepted basis
of Moroccan legal authority. More accurately, consequential changes in the legal
56 Aouad-Badoual: “Esclavage.”
57 Ahmad Alawad Sikainga: “Slavery and Muslim Jurisprudence in Morocco,” in: Suzanne Miers and Martin
A. Klein (eds.), Slavery and Colonial Rule in Africa, Frank Cass, Portland OR, 1999, pp. 57-72, 65.
58 A vague effort in the twilight of the Protectorate to consolidate such codes can be found
in a “Note from Direction des Affaires Chérifiennes,” Rabat, 7 december.1955 (CADN).
59 Roger Botte: Esclavages et Abolitions, pp. 145-187.
60 Ennaji: Serving the Master, pp. 113, 116.
61 Ennaji: Serving the Master, p. 114.

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legitimacy of slavery emerged among shifts and continuities in the lived realities of
slavery within Moroccan social and political relations. 62 The intentionally weak official
positions against slavery confirm that the extent of disinterest in ending the
slave trade was exceeded by a deeper and broader lack of political will to directly
confront practices of domestic slavery. Legal contradictions of this situation abound
and are best explained by reemphasizing that the imperatives of the Protectorate
and the Moroccan Muslim legal system concerning slavery were fully dominated
by broad accommodations for slave holding elites. The reality that Fasi slaves were
being legally manumitted long after they were ostensibly freed by the Protectorate
demonstrates that lawmaking was not an effective channel of abolitionist social
change in any meaningful sense. As has been documented, domestic slavery did not
end through masters legally manumitting; moreover it did not end through official
laws. As we cannot point to coherent and verifiable evidence that Protectorate or
Moroccan laws directly advanced slave manumissions or the end of slavery, it must
be concluded that in this historical context law did not serve as a direct or immediate
instrument of social change.
In contrast to the near complete absence of references to slave sales and the paucity
of manumissions, far more references to slaves are found within various other
kinds of Fasi family legal documents, particularly including documents concerning
inheritance and child custody. It should be noted that in keeping with an overall tendency,
the total of these references remain low-bound. Examination of a variety of
family legal documents from 1913 to 1971 in the two Moroccan controlled courts
of Fes al-Bali shows a decline across a total of 1,340 references to slaves and former
slaves.
Figure 3. References to Slaves in Fasi Family Legal Documents (Smat and Rcif Courts, Fes)
Despite expectations, legal references to slaves do not reveal a simple long slow
course of decline across the Protectorate years. Following the initial eight year period
of 1913-1920 the figures show an increase of references between 1921 and
1930. Though there is a decline of around fifty references for each ten year period
after 1921-1930, the period 1941-1950 shows that after over thirty years into
the Protectorate there were nearly as many references to legal slaves as when these
62 In this context see Lawrence Rosen: “Equity and Discretion in a Modern Islamic Legal System,” Law
& Society Review 15-2, 1980-1981, pp. 217-246; Lawrence Rosen: “Law and Custom in the Popular
Legal Culture of North Africa,” Islamic Law and Society 2-2, 1995, pp. 194-208. Wael B. Hallaq’s interpretations
of Islamic legal change and accommodation are broadly suggestive here. See his Authority,
Continuity, and Change in Islamic Law, Cambridge University Press, New York, 2001 and The Origins and
Evolution of Islamic Law, Cambridge University Press, New York, 2005.

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
depositories and the Protectorate itself began. By far the sharpest decline in references
to slaves occurred in the final years of the Protectorate and the decade thereafter,
clearly bringing into question the relevant influences upon the end of slavery. 63
It is also important to consider that in contrast to the assumption that domestic slavery
simply disappeared during the Protectorate period due to slaves’ dying and not
being replaced by further slaves, remarkably few of these references involve slave or
former slave deaths. Rather than an historical shift in legal principals mandating the
enforcement of law as a direct instrument and intervention bringing social changes
and an end to slavery, Fasi usage of legal records points to complex social changes
experienced within their families and households.
One area of relevant Protectorate era change occurred as increased rural instabilities
lead to the basis of a significant shift in Fasi household labor this brought an
increased presence of poor rural children, who could fulfill many of the roles of
slaves, given to Fasi households by their own families to work as servants for food
and shelter. Though light-skinned slaves were a perennial feature of the institution,
particularly associated with concubinage, several narratives confirm that by
the 1930s an important shift was evident in the increased presence of light-skinned
daughters of sharecroppers (khamas) given to landowning patron Fasi families as
servants. 64 This limited but important form of migration emerged with the growth
and immizeration of a rural proletariat amid Fasi families’ ongoing historical domination
of regional landownership. 65 In generalized periods and individual circumstances
of crisis, these arrangements were typically and ostensibly made in an effort
to ensure children’s basic needs. Other situations often entailed an element of calculated
interest on the part of poor rural families from the greater region, including the
promotion of financial and political favors and the possibility of a solidified channel
of alliance through their daughter’s possible marriage into and recognized children
within an important Fasi family. 66 These household additions often arrived as very
63
In 1957, one year after Moroccan Independence, the Rcif holdings of legal records were merged
with those of Smat.
c
Examples included interview with Hada Sousi (Fes, 13 march 2004), interview with Naima (Fes, 10
february 2004), interview with Eliza (Fes, 15 march 2004), interview with Mimouna and Fatima (Fes,
21 march 2004), interview with Kanata (Fes, 16 march 2004), interview with L’hsan (Fes, 24 march
2004).
65
Jean Grapinet: “Etude sur les relations sociales et économiques entre Fassis et gens du Bled,”mémoires
de stage des contrôleurs civil stagiaires, microfilm (1932) pp. 7-16 (CADN). Also see No Author “La
Colonisation Citadine aux Environs de Fes,” Bulletin Economique du Maroc, Société d’études économiques
et statistiques I-3 (1934), pp. 181-182. This map notes that population movement to Fes and the surrounding
region coincided with and entailed fifty percent or less Fasi land ownership by the 1930’s.
However this would change dramatically as elite Fasis as a group became better positioned to purchase
various forms of European owned lands, many of whom eventually re-emerged with larger
overall land holdings than prior to the Protectorate. Paul Pascon: Capitalism, notes this phenomenon
of consolidation in the Haouz lands, and its effects upon rural Moroccans. Also see René Gallisot: Le
patronat européen au Maroc: action sociale, action politique 1931-1942, Editions EDDIF, Casablanca, 1990.
66
Grapinet: Etude, pp. 91-121.
1

2
prof. r. daVid goodman
young girls who grew up working and socialized alongside slaves within their functions,
relations, and heritage, yet remained very clearly distinguished from slaves in
legal terms.
The limited forms of modernization amid widening inequalities characteristic of
the Protectorate era became a pronounced continuity following Moroccan independence.
Slave-owning elite families –of which Fasis were the most prominent– maneuvered
themselves to ensure benefits both from the conservative upholding of
traditional social organization while simultaneously centering themselves as major
beneficiaries of ongoing efforts toward economic and political modernization. 67
With the transference of power the Fasi elite demonstrated their continued importance
in the economy and government. 68 It has been convincingly argued that
the dominant political outcome of the Protectorate was an enhanced divine right
monarchy rendered modern and absolutist. 69 In tandem with the Dar Makhzan, the
modernizing Moroccan elite assembled and maintained its households amid many
ongoing changes, which did not encompass any definitive prohibitions or formal
programmatic measures to end slavery. 70 The most vulnerable ranks of the country
continued along their available paths as well. Notably, what came to be known as
the informal economy employed 69% of the Moroccan urban working population
by 1971. 71
Marriage, concubinage and the recognition
of children
Within Malīkī legal recommendations the only legal marriage between a free Muslim
man or woman and a slave first requires that the slave be freed. 72 Because a former
slave is introduced, or symbolically born, into legal recognition as a non-slave
through a free person responsible for and thereafter always legally (and to some ex-
67
Pennell: Morocco since 1830, p. 329.
68
Norman Cigar: “Socio-economic Structures and the Development of an Urban Bourgeoisie in Pre-
Colonial Morocco,” Maghreb Review 6-3/4, 1981, pp. 55-76, 55. In the mid 1960’s fourteen of eighteen
directors of public and semi-public finance were Fasi, nearly half of the ambassadors, and of
the hundred-and-eight Moroccan medical doctors between 1969-1971 fifty three were Fasi.
69
Abdellah Hammoudi: Master and Disciple: The Cultural Foundations of Moroccan Authoritarianism, University
of Chicago Press, 1997.
70
Dar Makhzan is a popular reference to the Moroccan state.
71
See note 66.
72
This law was almost exclusively relevant for men marrying women. A rare example notes a non-slave
Fasi woman married to a freed male slave Rcif 1 Muharram 1345/ 11 July 1926.

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
tent socially) referred to in the former slave’s authorized name, Fasi legal documents
record these spouses (wives) as zawj wa mu’taqa, or zawj wa mustawlida, or zawj
wa mudabira of a specific person and their family name. 73 Thus many of the freed
slave women we are considering appear as former slaves of other men and women,
even after long decades of their lifetime in freedom and marriage. Freedom and
legal marriage symbolized that a former slave had acquired a great degree of formal
social recognition.
In spite of powerful social constructions surrounding the sexual figure of a concubine
(referred to as mustawlida), as a Fasi legal identity and category the common
reference precisely signified a female slave’s recognition of having given birth to
her owner’s child. 74 In social and marketplace discourse, as well as within elite Fasi
household life, these were “slaves of the bed,” female slaves sold and bought expressly
to serve as sexual slaves. 75 However unless legally freed, or recognized to be
freed, their legal status would remain the same as “slaves of the kitchen” or “slaves
of the house.” As there was no form of legal prohibition against a male owner
having sex with any of his female slaves, a female slave’s future was not solely determined
by an ostensible purpose for which she or her ancestors, be they immediate
or multigenerational, were bought. Commonplace sexual relationships with slave
women across the range of domestic functions could blur any lines between slaves
and concubines, and produced many mustawlidas and children. The principal formal
legal route through which a slave could be freed for having served as a concubine
would be through a recognized child. 76
Several features of the overall shape of the decline of domestic slavery represented
within the chart below (Figure 4) are worth consideration. Firstly, of these figures
compiled from the over 1,340 total references to slaves within notarized family legal
documents from the Rcif and Smat courts of Fes medina throughout the period
between 1913 and 1971, it should be noted that the 224 total references to former
slave wives amounts to over three times the total references to immediate manumissions
or manumissions upon death, while the 647 total references to mustawlidas
73 Zawj wa means “wife and-.” In some cases notaries combined these designations, as for example with
the designation zawj mustawlida mu´taqa Smat 7 Dhū al-Qa´da 1362 / 14 January 1943.
74 An important contrast can be noted with the northern Nigerian legal documents which Lovejoy
and Hogendorn, Slow Death, based their analysis of “the persistence of concubinage” upon. While
oral history documents the routine sexual abuse of slaves, mustawlida only legally referred to a slave
woman who had given birth. Fasi legal documents from 1913 onward do not reveal a comparable
legal category and concubine status as sad’aka within the Sokoto Caliphate.
75 The relationship between legal and social norms of concubinage in earlier periods of Moroccan
history requires further investigation. The Moroccan jurist al-Wazzani is quoted: “I swear on my
religion that concubines can be acquired at a lower price than the advantages that one gets from
them. And there are no worries: one can take a large or a small number of them; one can treat them
as equal or not; one can choose to be or not to be intimate with them.” Mohammed Ennaji: “Young
Slaves and Servants in Nineteenth-Century Morocco,” Critical Quarterly 39-3,1997, pp. 59-68.
76 Also in certain cases pregnancies of concubines were formally recognized and recorded.
3

prof. r. daVid goodman
comprise nearly nine times the frequency of these manumissions. 77 Clearly manumission
was not as viable or frequent a formal legal practice as either of these family
relationships throughout the decline of the institution. Also it should be restated
that though these 871 references comprise the majority of all formal legal references
to Fasi domestic slaves throughout this period, these figures are extremely
low-bound.
Figure 4. References to Former Slave Wives and Concubines (Smat and Rcif Courts, Fes)
Further essential features of this data include the shifting historical relationships
reflected in the gradual decline of concubinage with a very slight increase at the
end of this period; and the increase, decline, then slight increase of references to
former slave wives. The decline in concubinage documents social changes in family
values and practices in which the purchase and the use of Fasi female slaves as sexual
objects and biological mates became decreasingly accepted. This incremental decline
shows that rather than a fixed historical moment or specific legal interventions,
Fasi families gradually pursued internal reorganizations in interaction with external
historical forces. The ongoing and very slight increase in references to recognized
concubines after independence perhaps raises the issue of the growing legal representation
of family and women, but more realistically this also must be associated
with the then overall meager endurance of the institution. The dynamic wave-like
rise in references to marriage with former slave women (from the late 1920s until
the end of the 1940s) signifies a social shift in which greater numbers of Fasi patriarchs
were recognizing their personal and familial relationships with slave women
77 Though it is clear that records of Fasi family legal actions were not comprehensively compiled, these
records provide a unique and invaluable window into these historical processes. It should be noted
that when a single document (or multiple documents referring to the same people) contain references
both to liberations and marriage, such references have been counted within both categories,
but only as a single reference among the total references to slaves. Also, the distinction of zawj mustawlida
has been calculated and analyzed distinctly from that of a mustawlida.

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
and attempted to assimilate them fully and legally as spouses, very frequently along
with their other wives and concubines. After the late 1940s both sorts of references
dropped sharply, reflecting changes in elite Fasi family life amid postwar currents and
turns that resulted in the continuity and reorganization of the dominant economic,
political, and social order; the new claims of which became fully evident following
the elite nationalist and monarchical consolidation of power with Independence in
1956. The small post-colonial rise of references to former slave wives following independence
is suggestive. Rather than indicating a rebounding social trend entailing
domestic slavery, the somewhat higher level of recognition of these relatively few
former slave wives in the period between 1968 and 1971 than since the late 1940s,
among other factors, corresponded to the post-colonial continuity of this status and
respective familial assimilation.
Figure 5. References to the Legal Recognition of Children (Smat and Rcif Courts, Fes)
The above chart (see Figure 5) addresses the legal recognition of children of former
slave wives and concubines, as well as a third category which will be explained.
The chart reflects no effort to account for the total number of Fasi children being
born during this time period by free women in general, but rather an interest in the
relative number of direct and explicit references to recognized motherhood among
these groupings. An important point called to our attention when comparing these
findings with the overall references to Former Slave Wives and Concubines in Figure
4 is the much higher overall percentage of children having been recognized within
the total references to Former Slave Wives (85 %) than within the total references
to Concubines (46.5 %). According to the ideal, all references to mustawlidas were
by definition legal recognitions of motherhood, and it could thus be postulated that
these discrepancies are due to the non-comprehensive available recorded data for
every recognized child of a mustawlida in Fes medina within Smat and Rcif documents
during this period. However, these figures stand as highly suggestive, even
emblematic, of the familial and social politics of recognition and broader household
and social challenges confronted by Fasi slaves, former slaves and their children.

prof. r. daVid goodman
In a total of 214 cases, sometimes within the same documents as references to the
children of former slave wives or concubines, the maternity of legally recognized
children was given the oblique signification “from another”. 78 Thus in more instances
than the total of recognized children of former slave wives (191), there was an
unclear reference, which might have represented divorced or deceased wives. Yet,
Fasi notaries generally were meticulous, and the total incidence of these references
did not result from random sloth. Rather, they suggest a simple and effective legal
device representing the realities of particular patterns of family arrangements in
which children were far more readily entitled to familial, legal, and social recognition
than their slave or former slave mothers. There were also larger lived implications
for the inheritance, social and familial standing of these children.
Due to the potential familial conflicts that arose concerning recognition of the children
of slaves and former slaves, some Fasi slaveowning fathers used a notary for
the expressed purpose of officially recording their declaration of guardianship over
their own child. 79 An important form of recognition that included the children of
slaves was an ihsā´ which legally designated their guardianship (and protected their
inheritance), following their father’s death, until legal recognition of their majority
(a rushd). These arrangements would ostensibly provide the children of slaves and
former slaves with formal substitute “protectors.” However ihsā´ and other legal
sources reveal very mixed realities.
Even during a mustawlida’s pregnancy, unborn children could be recognized, and
given an ihsā´. 80 Also a slave owner could provide a mu´taqa with an ihsā´ stipulating
guardianship over her child. Through the action of granting guardianship, a child
who may have been biologically descended from an owner or former owner would
not necessarily then be recognized as their descendent. In one such situation, the
daughter of a mu´taqa was awarded inheritance from her mother’s owner, along
with the statement that she will remain with her mother, in an emphasis that reveals
a deliberate legal gesture carefully designed to oppose any familial forces that might
challenge the vulnerabilities of her former slave mother. 81 In fact, guardianship was
78
Sometimes children “from another” (min ghayrihā) were specified in number but not by name, as
found in for example in Rcif 25 Ramadān 1351 / 22 January 1933, and Rcif 1 Rabī al-Awwal 1369
/ 21 december 1949.
79
As in one example noting the guardianship of children from a slave, Smat 13 Muharram 1336 / 29
august 1917.
80
As noted in the following case of a pregnancy of a former slave wife, stressing her free status in a
will Smat 12 Rabī´ ath-Thānī 1342 / 21 november 1923. Other examples of recognized pregnancies
include: in a will Rcif 22 Muharram 1335 / 18 november 1916; in an act of liberation Rcif 4 Safar
1342 / 15 September 1923; a recognition with reference to a pregnant zawj mu´taqa in a will Smat
3 Dhū al-Hijja 1357 / 24 january 1939; as well as examples of guardianship for unborn children of a
mu´taqa mustawlida Rcif 9 Rabī al-Awwal 1364 / 22 february 1945, and the child of a mustawlida Smat
22 Safar 1347 / 9 september 1928.
81
Smat 15 Rabī ath-Thānī 1334 / 19 february 1916. In a similar case a child is protected, and allowed
to stay with her mother Smat 16 Dhū al-Hijja 1334 / 14 october 1916.

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
frequently applied to mustawlidas themselves. In many cases a mustawlida was not
the designated legal caretaker of her children, a situation which could dramatically
reinforce or reshape experiences of power relations within a family, as when another
free wife was made legal guardian. 82 Having a legal guardian did not mean that
children lived with or were raised by their guardians; relations or even friends were
often made the legal guardians of the children of mustawlidas, as well as mustawlidas
themselves. 83 Because elite Fasi men continued to have children, particularly with slaves
and former slaves, long after women of their own generation had entered menopause,
it was also not uncommon to award guardianship to protect a mustawlida and children
from her to his previous children, who could be considerably older. In one
example, a zawj mu’taqa who was recognized as mother of four children was thirty
years younger than her former owner and current husband’s son. 84
Frequently added to the situation were conditions for the protection of recognized
children and mustawlidas. In one such instance, a man stipulated that his wife Fātima
would protect all minors in the family, including the recognized children of a concubine,
but if Fātima were to remarry then the guardianship would go to his grandson
Ahmad. 85 Furthermore, there were formal legal refusals to recognize children. In
one such case an owner declares that he refuses to recognize a son. 86 In another, an
owner manumits a pregnant slave referred to as a mustawlida, carefully noting that
he does not recognize the child, and fears that it is from one of his own children. 87
Though facing multiple disadvantages, recognized slave mothers and former slaves
also repeatedly pursued their interests through legal channels. In one case, a woman
who has presented herself before a judge as a mustawlida had three children who
were not recognized. It is detailed that Abslim lived with this woman like she was his
wife until there was a dispute between them and he kicked her and her children out.
In a direct and powerful condemnation, the Fasi judge refused to even recognize the
82 One such document was written on behalf of a grandchild Rcif 2 Rabī al-Awwal1335 / 27 december
1916. In another case a free wife is made the guardian of the two children of a mustawlida Smat 6 Dhū
al-Qa´da1346 / 27 april 1928.
83 In one instance the children of three mustawlidas are placed under the protection of a friend Smat
14 Ramadān1347 / 24 february 1929. cf. Smat 15 Rabī ath-Thānī 1334 / 19 february 1916, Smat 12
Rajab 1347 / 25 december 1928.
84 Smat 11 Rabī ath-Thānī 1382 / 11 november 1962.
85 Smat n/d 1337 / 1938-1939. In another such example the condition of being granted guardianship
over children was such that if a former slave remarried, guardianship of her children would be
given to another free wife Smat 17Rabī al-Awwal 1340/17 november 1921. Other cases with such
conditions are interesting for how mothers are described, in one instance a zenjíya (black) mustawlida
is given a conditional guardianship Smat 26 Muharram 1342 / 8 november 1923 and in another a
woman is first noted as an ama, then a mustawlida, providing her with the inheritance of her child until
she comes of age Smat 10 Rajab 1342 / 4 february 1925.
86 Smat 8 Dhū al-Hijja 1337 / 15 february 1924.
87 Rcif 13 Rabī al-Awwal 1339 / 24 november 1920.

prof. r. daVid goodman
case, let alone whether she was a mustawlida and called her a “miserable jāriya”. 88
In other instances, women who were legally confirmed former slave mothers pursued
an ihsā´ for their children; as was recorded with Yāqūt, a “zawj mu’taqa”
who successfully appealed to a judge for an ihsā´. 89 Former slaves even sought, with
limited success, to overturn the conditions of an ihsā´, as seen with a former slave
and former wife who appealed to be able to both remarry and keep guardianship
and custody of her children. 90 Such instances document complex and under-recognized
registers of social change amid which domestic slavery both declined and
morphed.
conclusion
This examination of the ambiguous end of slavery in Fes has presented a critical
analysis of a form of legal evidence gathered and charted over time in an effort
to enhance and extend our related modes of historical analysis. 91 Bringing detailed
focus to these legal practices shifting over time has shown that this “end of slavery”
can be interpreted as an historical process, not an obscure, unapproachable, even
effectively lost, event. Rather than working from ahistorical or limiting overarching
notions of norms within “Islamic slavery,” these details of a specific setting in
which Islamic legal authority and law were integral, have been approached from the
vantage that religious and legal ideals might help to interpret, but never substitute
88 Shekait and Mounazat 7 Ramadān 1371 / 31 May 1952. These documents refer to correspondence
among judges and employ language not typically found in other notarized Smat and Rcif legal documents.
A rare use of the term jāriya here connotes concubine or prostitute as well as slave.
89 Rcif 19 Ramadān 1376 / 20 april 1957. In another case a mustawlida Yasmine came before twelve
witnesses to insure the protection of her daughter Hebah Smat 25 Rabī al-Awwal 1341 / 22 november
1922. A similar case can be found in inter-court correspondence Shekait and Mounazat 2 Dhū
al-Qa´da 1386 / 12 february 1967.
90 Shekiat and Mounezat n/d, circa 1343-1346 / 17 october1917- 6 november 1918.
91 Nelly Hanna writes, in reflecting on methodological issues concerning slavery within Ottoman
Egypt: “There have, however, not been legal studies that show how the opinions of jurisconsults
regarding this institution may have evolved in time or been modified by the social setting in which
they functioned. Historians have, moreover, not attempted to study this legal material within the
context of a particular time and place or to analyze the work of particular legal scholars in relation
to their own societies. Consequently, studies of this nature have so far tended to be ahistorical.” In
making the case for the usage of legal practices within Fasi family documents to demonstrate the
end of slavery, this article has advanced a methodology for a form of evidence of change over time
distinct from the also valuable opinions of jurisconsults. See Nelly Hanna: “Sources for the Study
of Slave Women and Concubines in Ottoman Egypt,” in: Amira El-Azhary Sonbol, (ed.), Beyond the
Exotic: Women’s Histories in Islamic Societies, Syracuse University Press, Syracuse NY, 2005, pp. 119-30,
p. 119.

Socio-legal practices and the end of domestic slavery in Morocco
for, the complexities of lived contexts and historical realities. The historical data of
Islamic legal records interpreted here to document a context of the end of slavery
does not support sweeping explanations based upon broad historical constructs and
generalizations about “Islamic slavery.” At present, any such historical conceptualization
points toward a largely uncharted area of inquiry, and not an established
comparative category.
Oversimplification of the often unclear conditions within which important forms
of social change occur can predictably lead to historiographic distortions. Though
the historical study of the end of slavery necessarily raises important expectations
of clarity about social status and official emancipation, in fact, the actual experiences
and dynamics of Fasi households and families which embodied the social transformations
within which slavery declined and ended proved fluid, contingent, and
complex. There was an historically knowable end to the social institution, but not
necessarily through the expected means or pace. Careful attention to the varied pace
of changes relevant to slavery in Fes (such as marriages, concubinage, and the recognition
of children) offers evidence and a basis for reconstructing and characterizing this history.
Shifting legal practices and the lived ongoing paths of the end of domestic slavery
within families and households not only informed one another, but also were
inseparable. The early twentieth-century shift rendering the slave trade a discreet
and clandestine affair reflected a profound general deference to the expectations
and operations of slave-owning families and households. This makes reconstructing
the historical realities of this transformation challenging work that constructively
problematizes the basis of demarcating or declaring an historical moment of full
and complete freedom for all Moroccans. In this sense, the nebulous reality of shifting
usages of law related to domestic slavery proves to have great implications for
the ongoing reconsideration and politicization of family and personal status within
Islamic law and legal practice evident in post-independence Moroccan society and
beyond. 92
92 See for example Bruce Maddy-Weitzman: “Women, Islam, and the Moroccan State: the Struggle over
the Personal Status Law,” Middle East Journal 59-3, 2005, pp. 393-410; and Zakia Salime: Between Feminism
and Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2011.

4 0
derecHo Y Violencia contra la MUJer
en la relación conYUGal desde
Una PersPectiVa de GÉnero
introducción
MsC. aida teresa torralBas Fernández
Cuba
La violencia es un fenómeno que tiene en su base una relación de poder. A través
de los siglos, en la medida que esta relación se hace más o menos visible, su
reconocimiento, tolerancia y aprobación se han modificado ante la percepción social.
Específicamente la violencia ejercida contra la mujer en el marco de la relación
conyugal tiene un análisis muy controversial pues entremezcla creencias heredadas
secularmente con un supuesto sentido común y con nuevos saberes que en ocasiones
resultan contradictorios.
La historia devela las transformaciones que a través del tiempo ha sufrido lo legislado
para las relaciones conyugales. Como ejemplos se pueden citar que en el año
400 a. c. en Bizancio, según las leyes establecidas, toda la familia debía obediencia al
padre-esposo y dependían completamente de él. La esposa era tan insignificante que
no podía recibir herencia ni beneficio alguno. En 1359, en Burdeos, Francia, estaba
estipulado que si un hombre mataba a su esposa en un arrebato de cólera, siempre
que se confesara arrepentido mediante juramento, no era castigado. En la edad media,
como un “logro” en la protección a la mujer se instauró en Inglaterra la “Regla
del Dedo Pulgar” que se refería al derecho del esposo a golpear a su pareja con una
vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su obediencia, tratando así
que los daños que ocasionaran no causaran la muerte de la víctima.
En 1882, en EEUU, en el Estado de Maryland, se dicta la primera ley para castigar el
maltrato conyugal, sin embargo esta ley fue derogada en 1953. Actualmente en muchos
países del mundo existen leyes específicas referidas a la protección de la mujer

Derecho y violencia contra la mujer en la relación conyugal desde una perspectiva...
en el marco del matrimonio, pero aúnque parezca absurdo aun hay leyes extremadamente
discriminatorias y que legitiman la violencia contra la mujer como es el caso
del Decreto Ley aprobado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak
firmado en 1990, donde se permite asesinar a las mujeres de la familia si incurren
en adulterio o deshonra, para lo cual se apedrean de una manera extremadamente
inhumana hasta causarle la muerte. 1
En la actualidad el problema de la violencia contra la mujer es considerado un asunto
de Derechos Humanos que ha llamado la atención a los organismos de las Naciones
Unidas. Por tal motivo se han desarrollado numerosos instrumentos internacionales
que la condenan. Dentro de ellos los más importantes son: Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), emitida
por la Asamblea General de la ONU en 1981, Plan de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Derechos Humanos de Viena, Austria. Asamblea General de
la ONU, 1993, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, Belem do Pará, 1994, Conferencia Regional sobre Integración
de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe,
Mar del Plata, Argentina, 1994, Conferencia Mundial de Naciones Unidas para la
Mujer, Beijing, 1995, Beijing + 5, Nueva York, 2000. 2
El gobierno cubano ha demostrado su voluntad política en función de lograr el
avance de la situación de la mujer y por ello fue el primer país en firmar la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer y el
segundo en ratificarla. Por tal motivo, desde la Constitución de la República de Cuba
se proclama que “La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico,
político, cultural, social y familiar”. 3 Sin embargo, la legislación no es suficiente para
cambiar una problemática que tiene sus fundamentos en una cultura y la situación
se vuelve aun más compleja cuando esta ocurre en el seno de la familia, espacio
considerado privado y donde es difícil hacer valer o controlar lo que se dicta desde
un afuera.
1 S. García: “La violencia contra la mujer: historia y realidad actual”, en: Revista Jurídica, No 2. Noviembre,
Ministerio de Justicia. La Habana, 2000 pp. 54-62
2 M. Romero: Atención a victimas de la violencia sexual. Manual para personal de procuración de justicia. Equidad
de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. México 2008, pp. 28-29
3 M. Álvarez y cols: Situación de la niñez, la adolescencia, la mujer y la familia en Cuba, UNICEF, La Habana,
2000, pp. 160-161
1

2
Violencia de género y legislación
mS.C aida tereSa torralbaS fernández
La violencia contra la esposa es la violencia estadísticamente más frecuente en todas
partes del mundo. En 1974 investigaciones de diversos países arrojaron que de toda
la muestra estudiada donde existía violencia, un 1 % eran mujeres que maltrataban
a su esposo, en un 23 % la agresión era mutua y en un 76 % contra la mujer. 4 Más
recientemente un estudio auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud
en diez países centroamericanos, concluyó que la violencia doméstica contra la mujer
es un grave problema de salud pues en cada comunidad pesquisada cada proveedor
de salud había recibido entre 15 a 27 mujeres de 15 años o más con esta condición
en los últimos dos años. Hay claridad que pueden ser mayores las cifras si se tiene en
cuenta que muchas veces la situación pasa desapercibida por el profesional. 5
Aunque en nuestro país no es común encontrar datos cuantitativos que reflejen la
frecuencia y tipificación de la violencia, han comenzado a proliferar estudios cualitativos
que muestran peculiaridades de su comportamiento en nuestra nación. En
estudios realizados en Pinar del Río y Ciudad de la Habana se identifica la presencia
de la violencia en la relación de pareja así como la baja percepción de la misma por
parte de quienes la sufren. 6 De la misma manera, en investigaciones realizadas en las
provincias centrales con parejas de Villa Clara, Cienfuegos, Santi Spíritus, Ciego de
Ávila y Camagüey se constató en ellas la presencia de manifestaciones de la violencia
en una alta proporción de las mismas. 7 Aúnque la violencia psicológica se identifica
predominantemente en estas pesquisas no deja de ser la violencia física y sexual parte
de la cotidianeidad de algunas parejas, las cuales se mantienen en estas condiciones
como lo demuestran estudios realizados en el municipio Cacocum de la provincia
Holguín. 8
Las macrocategorías en las que más comúnmente se clasifica la violencia son física,
sexual y psicológica. La violencia psicológica muchas veces pasa desapercibida por
considerarse sus manifestaciones como “maneras naturales” de relacionarse la pareja.
Esto se puede dar lo mismo en quien la padece como en quien es testigo de la
misma. Investigaciones con profesionales de la psicología han demostrado que ellos
4 A. Bruno, A. Mira: El golpe y otras modalidades de violencia. Mujer Golpeada. Opúsculos de derecho penal y
criminología, Editora Córdova, Argentina, 1993.
5 M. Velzeboer: “La violencia contra las mujeres: responde el sector salud”, Publicación ocasional,
no 12, Organización Panamericana de la Salud, Washington D.C., 2003.
6 C. Proveye: “La naturalización de la violencia de género en mujeres cubanas. Algunos apuntes para
una campaña permanente”, en: Desde otra perspectiva, Federación de Mujeres Cubanas, Editorial
de la Mujer, 2011, pp. 19-31
7 D. Ferrer: “Violencia y relaciones de pareja. Un análisis desde el género”, en: Desde otra perspectiva,
Federación de Mujeres Cubanas. Editorial de la Mujer, 2011, pp 33-47
8 Y Batista: “Violencia y relaciones de pareja. Estudio de casos”, Tesis de grado, Departamento de
Psicología, Universidad de Holguín, 2011.

Derecho y violencia contra la mujer en la relación conyugal desde una perspectiva...
perciben de manera más tolerante las expresiones de violencia psicológica que las
de violencia física, cuando supuestamente este debe ser un profesional entrenado
para reconocer y predecir la nocividad de la misma. 9 Algo similar debe pasar con
otros profesionales de las ciencias sociales, humanísticas o naturales. A pesar de las
consecuencias perniciosas que sobre la vida y la salud de la mujer tiene la violencia
psicológica, la plataforma jurídica de nuestro país no tiene legisladas leyes que protejan
a la mujer de esta situación, salvo cuando se trata del delito de amenaza. De hecho,
aúnque en muchos países existen leyes específicas contra la violencia de género
contra la mujer, en Cuba la protección a la esposa se diluye en el cuerpo legislativo
indiferenciadamente. Aúnque la violencia física y sexual contra la mujer son muy
condenadas en nuestra cultura la protección judicial de la misma implica un proceso
complejo y que en no pocas ocasiones revictimiza a la agredida.
Las normas jurídicas son un reflejo de los valores que imperan socialmente, también
son un reflejo de la ideología dominante en una sociedad dada. Norma jurídica
e ideología dominante interactúan dialécticamente pues las leyes se dictan respondiendo
a la necesidad de preservar valores sociales, los que a su vez son legitimados
socialmente como valiosos en la medida en que estén jurídicamente respaldados.
Según Mariblanca Staff Wilson, el Derecho, es el conjunto de leyes y de disposiciones
que determinan las relaciones jurídicas y sociales de un pueblo, debe ser también
sinónimo de justicia y libertad. Por su parte, el Sistema Jurídico es el conjunto de
leyes y normas vigentes de un país, de toda clase y jerarquía, que forman un sistema
unitario y coherente, a cuyo cumplimiento están sujetas todas las personas.
Teniendo en cuenta que el Derecho rige las relaciones sociales, constituye un factor
determinante para la igualdad o la desigualdad entre hombres y mujeres. Históricamente
las leyes han mantenido normas prohibitivas y discriminatorias contra la
mujer que muchas de ellas han sido reformadas gracias al Derecho por ser un mecanismo
de gran influencia en las relaciones sociales. A través de la creación de las leyes
se puede generar no solo opinión, sino promover las transformaciones necesarias
para la construcción de una sociedad más equitativa, humana y solidaria.
El enfoque de género como herramienta de análisis del fenómeno jurídico permite
comprender que las leyes no son neutrales y por lo tanto no tienen iguales efectos
en hombres y mujeres pues la historia ha demostrado que esta igualdad ante la ley es
solo formal. Esto lleva a entender que el Derecho no es un conjunto de normas escritas
que se aplican de manera aislada de un contexto social, cultural, político y económico,
sino por el contrario, son impactadas irremediablemente por las creencias,
costumbres y pensamientos de las personas que las elaboran, aplican y fiscalizan.
9 A. Torralbas: “El psicólogo clínico y la violencia contra la mujer”, Tesis maestría, Facultad de Psicología,
Universidad de la Habana, 2009.
3

mS.C aida tereSa torralbaS fernández
Este imaginario colectivo de una sociedad, determina la condición y posición de las
mujeres y los hombres en ella. 10
Es así entonces que el fenómeno jurídico desde esta concepción, está formado por
tres componentes que describe la reconocida feminista costarricense Alda Facio:
• El componente formal-normativo o formal-sustantivo.
• El componente estructural.
• El componente político-cultural.
Según ella “Estos componentes están dialécticamente relacionados entre sí de tal
manera que constantemente uno es influido, limitado y/o definido por el otro al
tiempo que influye, limita y/o define al otro a tal grado, que no se puede conocer el
contenido y efectos que pueda tener una determinada ley, un principio legal o una
doctrina jurídica, sino se toman en cuenta estos tres componentes”.
Esta autora explica que el componente formal-normativo es lo relativo a la ley formalmente
promulgada ya sea como ley constitucional, tratado internacional, leyes
sustantivas y adjetivas, los decretos, reglamentos, convenciones colectivas, etcétera.
El componente estructural se refiere a las leyes informales que se forman a través de
la administración e interpretación de esas leyes formalmente generadas. Por su parte,
el componente político-cultural se conforma a través de las costumbres, tradiciones,
políticas, así como del conocimiento que se tenga y el uso que las personas le dan a
las leyes formalmente promulgadas o formalmente interpretadas. 11
En Cuba, la legislación sustantiva en materia de protección a la mujer en el marco
de la relación de pareja heterosexual, descansa principalmente en el Código de la
Familia como preceptos éticos que regulan su funcionamiento armónico y el Código
Penal que sanciona los hechos de violencia que considera actos delictivos.
Cuando la elaboración de la legislación pasa por alto algunas condiciones socioculturales
del contexto donde se aplican y que impactan diferenciadamente a hombres y
mujeres se pueden encontrar contradicciones y vulnerabilidades que atentan contra
el propósito de las mismas. Analizando las leyes y artículos de estos Códigos desde
una perspectiva de género en el ámbito sociocultural cubano, se pueden encontrar
varios puntos que pudiera ser útil llevar a la reflexión.
En el Código de Familia (ley no. 1289 del 14 de febrero del 95), en el capítulo II
sobre derechos y deberes entre los cónyuges en sus artículos del 24 al 28 declara:
10 Mariblanca Staff Wilson: “La perspectiva de género desde el Derecho”, Material en soporte
digital.
11 A. Facio: Cuando el género suena cambios trae una metodología para el análisis de género del fenómeno legal, San
José, C.R. ILANUD, 1992..

Derecho y violencia contra la mujer en la relación conyugal desde una perspectiva...
Artículo 24. El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y
deberes de ambos cónyuges. Artículo 25. Los cónyuges deben vivir juntos, guardarse
la lealtad, la consideración, el respeto debido y ayudarse mutuamente. Los derechos y
deberes que este Código establece para los cónyuges, subsistirán íntegramente mientras
no se extinga legalmente el matrimonio, aúnque por motivo justificado no mantuvieren
un hogar común. Artículo 26. Ambos cónyuges están obligados a cuidar la
familia que han creado y a cooperar el uno con el otro en la educación, formación
y guía de los hijos conforme a los principios de la moral socialista. Igualmente, en
la medida de las capacidades o posibilidades de cada uno, deben participar en el gobierno
del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. Artículo 27. Los
cónyuges están obligados a contribuir a la satisfacción de las necesidades de la familia
que han creado con su matrimonio, cada uno según sus facultades y capacidad
económica. No obstante, si alguno de ellos sólo contribuyere a esa subsistencia con
su trabajo en el hogar y en el cuidado de los hijos, el otro cónyuge deberá contribuir
por sí solo a la expresada subsistencia, sin perjuicio del deber de cooperar a dicho
trabajo y cuidado. Artículo 28. Ambos cónyuges tienen derecho a ejercer sus profesiones
u oficios y están en el deber de prestarse recíprocamente cooperación y ayuda
para ello, así como para emprender estudios o perfeccionar sus conocimientos, pero
cuidarán en todo caso de organizar la vida en el hogar de modo que tales actividades
se coordinen con el cumplimiento de las obligaciones que este código les impone.
Este código reafirma postulados de igualdad social y de derechos para ambos cónyuges,
sin embargo más allá de lo que declara la ley, la interpretación y el ejercicio personal
de la misma pasan por la subjetividad individual. Por ello se hace importante
recordar que la doble moral sexual que existe en las sociedades patriarcales presentan
concepciones sexistas y diferentes sobre la lealtad, consideración y respeto conyugal
en dependencia de si es hacia hombres o mujeres. Por otro lado, como esta ley no es
procesal, cuando ocurre el incumplimiento de la misma no se encuentran referentes
en el código penal que regule o sancione el incumplimiento de dicha norma. Un
ejemplo pudiera ser ¿cómo hacer cumplir la normativa cuando la esposa se encuentra
insatisfecha porque el esposo solo contribuye parcialmente a la satisfacción de las
necesidades económicas de la familia teniendo condiciones para aportar más?
Aúnque este Código se consideró al elaborarse en uno de los más avanzados en América
Latina, actualmente cuenta con más de treinta años sin haber sufrido transformaciones
que lo atemperen a las complejas transformaciones ocurridas en la familia y
la sociedad actual. A pesar de que desde hace varios años se anunció que se viene
trabajando en el perfeccionamiento del mismo, 12 aun esto no se ha materializado
salvo en la creación de los Tribunales de Familia, que se centran fundamentalmente
en la conciliación como manera de ofrecer protección a los menores. Al respecto, la
situación de la violencia hacia la esposa continúa siendo un asunto pendiente.
12 M. Garrudo, Y. González: “Mujeres con derechos. Una aproximación desde la legislación cubana”.
Revista Cubana de Derecho no. 18 julio-diciembre, Unión Nacional de Juristas de Cuba, La Habana,
2001.

mS.C aida tereSa torralbaS fernández
En relación al Código Penal, las leyes relacionadas con el fenómeno en estudios son:
Asesinato, Lesiones, Privación de Libertad, Amenazas, Delitos contra el derecho de
igualdad, Violación y Bigamia.
Con respecto al asesinato, una las últimas modificaciones realizadas a este código se
relaciona con la violencia contra la mujer por su pareja, pues a propuesta de la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC) en el año 1999, 13 se plasmó en la Ley no. 87: incluir
como una de las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal “ser cónyuge
y el parentesco entre el ofensor y la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad...”, la cual solo se tiene en cuenta en los delitos contra la vida
y la integridad corporal y contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la
familia, la infancia y la juventud.
El hecho de que resulte una agravante cometer violencia contra un miembro de la
familia de pertenencia, sea cual sea el rol que se tenga dentro de ella, valida la idea de
que ningún miembro de la familia tiene potestad para someter a otro y que la violencia
conyugal es inadmisible. Sin embargo, investigaciones realizadas en instituciones
especializadas de México coinciden con otras aplicadas en nuestro país, donde se
da fe de que las circunstancias en las que ocurren las agresiones hombre a mujer y
mujer a hombre en el delito de asesinato (u homicidio) son diferentes 14 . Por lo general
las mujeres que asesinan a sus parejas han sido víctimas de manera sostenida del
maltrato por parte del esposo y en ocasiones esta se vuelve una manera de salvar su
vida. Por su parte, cuando los hombres asesinan a su compañera (fenómeno que se
da en mayor proporción que a la inversa) los motivos tienden a estar relacionados
con los celos y la necesidad de posesión y control sobre ellas. Todo esto apunta a la
vulnerabilidad de la legislación donde se legisla por igual para hombres y mujeres a
pesar de que sus condiciones psicosociales son marcadamente diferentes.
Ante el delito de Lesiones, para dar curso a un proceso por esta causa es necesaria
la evidencia material de que ha ocurrido el hecho y por lo tanto solo respalda a la
violencia física. No obstante, si se recuerda que la violencia física va desde jalones de
cabello, pellizcos, cachetadas, golpes de diversa intensidad, hasta la muerte, hay una
amplia gama de maltratos físicos que por no dejar huellas en el cuerpo no procede
su curso legal y por lo tanto el agresor queda impune ante un acto de este tipo. En el
artículo 274 se da la salvedad de dar cabida al daño psicológico cuando expresa: “El
que cause lesiones corporales o dañe la salud a otro que, aun cuando no ponen en
peligro la vida de la víctima, ni le dejan las secuelas señaladas en los artículos 272 y
273, requieren para su curación tratamiento médico, incurre en sanción de privación
de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”. Sin
embargo, si el profesional de la salud y en ocasiones el mismo paciente, no identifican
en la etiología del trastorno o entidad que se trata, la violencia ejercida contra
13 Y González: “Legislación y participación social: Una mirada desde la organización de las mujeres cubanas”,
Dossier bibliográfico Maestría en Estudios de Género. Universidad de la Habana. Marzo 2009.
14 C. Proveyer:Ob. cit., pp. 19-31

Derecho y violencia contra la mujer en la relación conyugal desde una perspectiva...
la paciente, no habrá un soporte legal que le de curso al procesamiento penal del
agresor. Investigaciones realizadas en Cuba han demostrado que existen vacíos en la
formación de médicos y psicólogos para comprender y manejar el fenómeno de
la violencia conyugal lo que constituye una limitante respaldar estas circunstancias
en el ejercicio de la justicia.
El delito de Amenaza solo tiene fuerza legal si la misma es “capaz de infundir serio
y fundado temor a la víctima”. Sería valioso tener en cuenta que el temor que experimente
el amenazado no tiene que ser proporcional a la seriedad de la amenaza y
viceversa, por lo tanto este detalle puede volver inoperante a la ley en ocasiones. Por
otra parte, más allá de la seriedad de la intensión, la amenaza es siempre una expresión
de violencia psicológica que si no cumple con los requisitos antes expuestos,
queda impune.
La violación, es a juicio de la autora de este trabajo, la expresión de violencia más
censurada por consenso general cuando ocurre entre desconocidos, sin embargo
para muchos es absurdo concebirla en el marco de la relación conyugal. No es el hecho
de que se piense que en las parejas no se dan relaciones sexuales sin que la mujer
esté conforme, sino que desde el antiguo precepto bíblico que expone que el sexo es
parte de “los deberes conyugales de la esposa” hasta nuestros días, el placer y el erotismo
de la mujer son subvalorados como parte de la ideología patriarcal. Por solo
citar un ejemplo muy reciente en el año 2011 se televisó en Cuba como “mensaje de
bien público” un spot donde se acusaba a una mujer de violentar psicológicamente al
esposo al negarle “afecto” cuando en el lecho conyugal no se mostraba “dispuesta”.
Todas estas circunstancias socioculturales contribuyen a que las disposiciones legales
que amparan ante una violación, lo hagan de manera diferenciada en dependencia de
si está mediada o no por la conyugalidad.
Otros delitos contemplados en este código que quebrantan la ley escrita son los de
Privación de Libertad, Delitos contra el Derecho de Igualdad y Bigamia. Aunque
desde el las normas sociales implícitas, en Cuba existe el consenso social de asumir
estas conductas como típicas o probables dentro de la relación de pareja sin que
ellas lleguen a considerarse delitos o motivos para iniciar procesos legales o de litigio
legal.
Cuando un esposo prohíbe que su mujer trabaje o visite la familia, las amistades
o que asista a actividades extralaborales o recreativas sin él, está incurriendo en la
privación de la libertad personal de su esposa. Incluso pudiera considerarse que
tal conducta tiene el agravante “de resultar de grave daño para la salud (mental), la
dignidad o el patrimonio (posibilidad de generar ingresos propios) de la víctima”.
Sin embargo, aúnque de manera general la sociedad critica estas conductas, las asume
como parte de las peculiaridades que pueden tener las parejas y no se conciben
como delitos. De igual manera se incide en Delito contra el Derecho de Igualdad
cuando por lo general el esposo que prohíbe estas conductas no se limita a si mismo
de igual manera, incurriendo en lo que dicta el código en el artículo 295.1 “El
que discrimine a otra persona… con acciones para obstaculizarle o impedirle, por

mS.C aida tereSa torralbaS fernández
motivos de sexo… el ejercicio o disfrute de los derechos de igualdad establecidos en
la Constitución, incurre en sanción de…”. Una vez más la doble moral sexual hace
que cuando el ejercicio violento del poder se realiza en la pareja y contra la mujer
existan acuerdos tácitos sociales que “normalizan” estas situaciones.
Con respecto a la Bigamia, en la Sección tercera, en el artículo 306 se declara que:
“El que formalice nuevo matrimonio, sin estar legítimamente disuelto el anterior
formalizado, incurre en sanción de…”. Resulta interesante destacar que el Código
de Familia cubano reconoce en su artículo 18 la unión consensual entre un hombre y
una mujer bajo los mismos efectos del matrimonio reconocido judicialmente. Por lo
tanto, cuando un hombre que estando en matrimonio formalizado legalmente o no,
mantiene de manera estable otra relación estable de pareja paralela, está incurriendo
en el delito de bigamia. Esta conducta, que el Código Penal recoge como delito, en
la cultura machista cubana se da con relativa frecuencia. Es más común encontrarla
en aquellos hombres con mayores cuotas de poder real o simbólico (acceso a recursos
económicos, altos estatus sociales, posiciones laborales jerárquicas) y además
es independiente del nivel cultural o la instrucción que se tenga. Resulta llamativo
que desde la percepción social (legitimado por instituciones como los medios de
comunicación) mientras el hombre mantenga responsabilidad y entrega al trabajo y
fidelidad a los principios revolucionarios aúnque descuide las necesidades e intereses
de la familia y sea infiel a la esposa será calificado positivamente. Cuando ocurre a la
inversa, este puede ser tildado de débil, reflejándose así como la ideología patriarcal
en el contexto cultural cubano que subvalora subliminalmente la relevancia social de
la familia y revela el papel cosificado de la esposa en la relación conyugal. No ocurre
lo mismo cuando es la mujer la que mantiene esta conducta. Estas condiciones son
caldo de cultivo que naturalizan el mantenimiento masculino de relaciones paralelas
con consentimientos y complicidades sociales sin que se conciba como delito.
El análisis realizado demuestra que la manera en que las leyes se usan, validan, ejecutan
o no, está en correspondencia con el contexto donde existan. Por tal motivo
es importante agregar que para lograr relaciones de género más equitativas desde el
Derecho, no basta con la modificación del componente sustantivo de la ley, también
o más importante se vuelve capacitar y sensibilizar al personal que opera con estas
leyes. El español Juan Ramón Sáez de Varcárcel, vocal del Consejo General del Poder
Judicial en Andalucía, explica cómo desde su experiencia, en un país donde se
ha logrado mucho en materia de legislación contra la violencia doméstica y donde
existe una ley específica para el tratamiento de este fenómeno, se sigue constatando
que uno de problemas esenciales es que no se aplican los tipos penales estipulados
en la ley para perseguir estos comportamientos delictivos. Además coincide con
otros especialistas sobre la ignorancia de los profesionales acerca de la problemática
sociopsicológica de la mujer violentada. 15
15 J. Sáez: “La actuación de la Administración de Justicia ante los malos tratos a las mujeres”, Foro
Andaluz contra la Violencia de Género, Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, pp. 75-82.

Derecho y violencia contra la mujer en la relación conyugal desde una perspectiva...
conclusiones
La Teoría de Género brinda herramientas de análisis para reinterpretar los fenómenos
sociales. La violencia de género contra la mujer tiene en su base una relación
de poder que solo quien tiene conocimientos y sensibilización sobre el tema puede
identificar. La elaboración, interpretación y aplicación de las leyes pasa por la ideología
de quien las ejecuta y propone, de no ser así quedan vacíos e incongruencias que
impiden el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, la apropiación de la perspectiva
de género en los juristas, debe ser uno de los pasos imprescindibles en su formación
profesional para lograr un tratamiento judicial efectivo, tanto en la adecuación de
las leyes como en la aplicación de las mismas, ante la violencia contra la mujer en la
relación conyugal.

4 0
Un breVe acercaMiento a la Mirada
de GÉnero en el Proceso de Mediación
FaMiliar
MsC. YaMila González Ferrer
MsC. ana María pozo arMenteros
Perspectiva de género y mediación familiar.
Una alianza necesaria
Cuba
A partir de la socialización patriarcal, las mujeres y los hombres van aprendiendo actitudes,
roles y comportamientos, así como rasgos psicológicos 1 “apropiados” para cada
sexo, que serán la clave para el desenvolvimiento de la comunicación interpersonal.
Este fenómeno visualizado desde las ciencias sociales a partir de la conceptualización
de la categoría “género” nos explica que el deber ser de los seres sexuados, está
predeterminado por construcciones culturales estructuradas a lo largo de la historia.
A la pervivencia y obligatoriedad de estos patrones de conducta, responsabilidades y
juicios de valor diseñados y atribuidos a mujeres y hombres, ha contribuido en gran
medida el Derecho. 2
1 http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/x0220s/x0220s01.htm
2 El Derecho es quien ha asumido a lo largo de los siglos el papel de regulador de las conductas de
los seres humanos, guiando las mismas a través de su normativa hacia determinados paradigmas de
comportamiento y convivencia, enmarcando los roles que unas y otros desempeñarán dentro de la
sociedad de que se trate. Por tanto el poder coactivo del Derecho y coercitivo de sus normas recae
sobre los sujetos obligados a la realización y el cumplimiento de las mismas. Para entender esto debemos
tener en cuenta que no es posible definir el Derecho desde una mirada esquemática y unilateral.
El Derecho es ante todo un fenómeno multidimensional:
Dimensión axiológica: Es la que expresa los valores, creencias, tradiciones construidas, es decir la ideología.
Dimensión política: refleja la ideología a través de la voluntad de la clase dominante y manifiesta, por
sobre todo, la esencia clasista que lo define como instrumento de dominación y de poder.
Dimensión socio-histórica: Se refiere a las características y particularidades socio-históricas de cada país.
Al marco geográfico y a las condiciones particulares de cada momento histórico, las que determinarán,
en última instancia, el sentido y alcance de su regulación.

Un breve acercamiento a la mirada de género en el proceso de mediación familiar
Esta construcción socio-histórica llega hasta nuestros días con un arraigo tal, que
desde que se produce el alumbramiento y comienza a formarse la personalidad del
individuo en las edades más tempranas (lo cual incluye el proceso de socialización
del mismo con el resto de la sociedad) se le educa para comportarse y manifestarse
según las barreras y esquemas sociales admitidos; tanto así que la sociedad en sí misma,
llega a aceptar dichas conductas como “naturales”. 3
Moya, refiere que,
el proceso de construcción cultural de lo femenino y lo masculino está legitimado por
una red cognitiva de prácticas, significados, acciones y simbolismos… las consecuencias
de lo psíquico y lo biológico en la conducta humana tienen que ser incluidas en una
reflexión rigurosa sobre el distinto estatus social de las mujeres y los hombres. El ser
mujer u hombre no se constituye solamente a partir de un hecho biológico; los sujetos
sexuados se constituyen en la historia y adquieren su identidad en un movimiento relacional
y complejo de interacciones sociales. 4
La subjetividad del género es analizada por Lagarde y establece que: “Hay formas
de pensamiento enseñadas a las mujeres y formas de pensamiento enseñadas a los
hombres. Luego está el contenido de lo que pensamos los géneros de acuerdo a la
Dimensión normativa: La cuarta dimensión del fenómeno jurídico se refiere a su carácter normativo,
o sea, a su faz externa, ya que su contenido se expresa en normas. Estas deberán estar armonizadas
según establece la teoría del ordenamiento jurídico y serán o no de obligatorio cumplimiento para
los usuarios de las mismas según posean una tipología dispositiva o imperativa. Pero en todo caso
han de ser fieles receptoras de la ideología imperante expresada en la voluntad de la clase dominante
y adecuada a un momento socio-histórico determinado.
Atendiendo a este análisis es posible comprender por qué la ideología patriarcal ha tenido un soporte
jurídico a lo largo de la historia conocida de la civilización.
3 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (CE-
DAW por sus siglas en inglés) aprobada en la ONU en 1979, crea un Comité de Expertas que tiene
entre sus atribuciones, la potestad de realizar Recomendaciones de carácter general a los Estados partes
de la Convención con el objetivo de clarificar y profundizar en el articulado de dicho documento
jurídico internacional. Este Comité de Expertas de la CEDAW define el género en la Recomendación
General 25 como: “Significados sociales que se confieren a las diferencias biológicas entre los sexos.
Es un producto ideológico y cultural aunque también se reproduce en el ámbito de las prácticas
físicas; a su vez, influye en los resultados de tales prácticas. Afecta la distribución de los recursos, la
riqueza, el trabajo, la adopción de decisiones y el poder político, y el disfrute de los derechos dentro
de la familia y en la vida pública. Pese a las variantes que existen según las culturas y la época, las
relaciones de género en todo el mundo entrañan una asimetría de poder entre el hombre y la mujer
como característica profunda. Así pues, el género produce estratos sociales y, en ese sentido, se asemeja
a otras fuentes de estratos como la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad y la edad. Nos ayuda
a comprender la estructura social de la identidad de las personas según su género y la estructura
desigual del poder vinculada a la relación entre los sexos”.
4 Isabel Moya Richard: “Del Género y Otros Demonios”, Sin Contraseña Género y Transgresión Mediática,
Ameco Press, Madrid, 2010, p.30.
1

2
mS.C. yamila gonzález ferrer, mS. C. ana maría pozo armenteroS
asignación de credo y a otras asignaciones. La identidad de género abarca mucho
espacio de la identidad personal”. 5
A partir de esto se puede comprender que el proceso de mediación 6 como método
para resolver conflictos no escapa de la perspectiva de género 7 . Hombres y mujeres
manifiestan o evidencian en este proceso comportamientos y formas de comunicarse
que inobjetablemente están determinados por los roles 8 que la propia sociedad les
ha asignado a ellos, a lo largo de la historia.
Esta mirada tiene una estrecha conexión con el principio de ideología 9 que informa
el proceso de mediación y que constituye el sistema de creencias, ideas y valores
construidos socio-históricamente por los seres humanos, vemos que los roles asignados
y asumidos a la mujer y al hombre en la familia crean también en su interior
5 Marcela Lagarde: “La multidimensionalidad de la categoría género y del feminismo”, en María Luisa
Gómez Morín: Metodología para los estudios de género, UNAM, México, 1996, p.47.
6 La mediación es uno de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Al decir del profesor Armando
Castanedo Abay “es definida de una manera sencilla como un entendimiento facilitado”.
“significa que usted adquiere la responsabilidad de solucionar su conflicto. Es un proceso mediante
el cual un mediador le ayuda, facilitándole un método privado e informal, para reflexionar acerca
del conflicto o disputa interpersonal (“discutir el asunto”) y tratar de resolverlo. El mediador no
es un juez y no decide quién es culpable o inocente. El proceso de mediación es flexible y permite
encontrar con el mediador sus necesidades más importantes”. Y más adelante afirma: “Una de las
cuestiones fundamentales a tomar en consideración para solucionar la disputa interpersonal consiste
en el restablecimiento, en el mayor grado posible, de la comunicación entre las partes del conflicto, lo
que generalmente se logra a partir de la comprensión por estas de que existen intereses concluyentes
o complementarios entre ellas…. y que el “arreglo” es posible entre ellas si se ponen de acuerdo.”
Armando Castanedo Abay: “Mediación. Una alternativa para la solución de conflictos.” Colegio Nacional de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Hermosillo, Sonora, México, 2001. p. 17.
7 El género es una construcción sociocultural e histórica concretada en una red de rasgos de personalidad,
actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a mujeres y hombres.
8 Los roles de género es el papel que le corresponde por igual a cada uno, están los roles productivos
que incluyen las tareas o acciones encaminadas a la producción de bienes o servicios en dinero o
especie, los reproductivos que se encargan de las acciones o tareas encaminadas a garantizar la reproducción
social y biológica
9 Este principio fue esbozado por la prestigiosa mediadora argentina Marinés Suares en su obra Mediando
en Sistemas familiares.
“La mediación considera que los seres humanos son capaces de resolver por sí mismos sus conflictos
y/o disputas en forma efectiva. Esto ocurre permanentemente, solo algunas veces se empantanan; en
mediación se busca rescatar esta capacidad que se encuentra, por algún motivo, obstaculizada. Los
mediadores no son jueces ni consejeros, por lo tanto no deben buscar la “verdad” ni juzgar lo que
se les narra, su función es restablecer e incrementar la capacidad negociadora que todos poseemos.”
Marinés Suares:“Mediando en sistemas familiares”, Argentina, Paidós Mediación 11, 2002, p 29.

Un breve acercamiento a la mirada de género en el proceso de mediación familiar
una manera de relacionarse entre estos, que enfoca de un modo muy peculiar el
ejercicio del poder. Como la investigadora Joan Scott señala “el género es el campo
primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder”. 10
En tal sentido encontramos en disímiles procesos de mediación familiar, hombres
incapaces de asumir roles que distan o rompen el esquema patriarcal, y mujeres que
aún trascendiendo en el espacio público mantienen o reproducen hacia el interior
de la familia patrones de conducta o estereotipos asignados como femeninos, que
trascienden inevitablemente al resto de los miembros de la familia.
Apartarse de estas antiguas fórmulas de encarar la vida, resulta difícil, siglos de presencia
del llamado machismo, 11 o modelo hegemónico de masculinidad en nuestro
entorno, así lo demuestran. De esta forma presenciamos en procesos de mediación
familiar cómo estas dinámicas patriarcales, inciden negativamente en la solución armónica
de los conflictos lo que repercute notablemente en la atención y cuidado de
hijos e hijas.
Resulta que cualquier estereotipo de género, puede provocar conflictos en el seno
de la pareja y de la familia. Cualquier inequidad o desigualdad de poder relacionados
con el género puede entorpecer la presencia de relaciones humanas armónicas, pacíficas
y constructivas.
Es por esta razón que la Asociación Mundial para la Salud Sexual ha dispuesto la exhortación
a la igualdad de género 12 como objetivo de Desarrollo Milenio 3 13 (ODM 3)
porque la consideran esencial para el bienestar humano.
10 Martha Lamas cita a Joan Scott, reconocida feminista e investigadora y apunta que ésta “ordena y
clarifica el debate, y propone una vinculación con el poder”. Martha Lamas: “Usos, dificultades y posibilidades
de la categoría género”, en http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2009/05/17/usosdificultades-y-posibilidades-la-categoria-genero-i,
consultado el 15 de abril del 2010.
11 El machismo proviene de la región mediterránea de Europa, se asocia a la imagen de macho, el cual
tiene muchas mujeres, protege su honra y llega a vivir situaciones de violencia a través de peleas
o duelos con sus enemigos, de ahí que bajo la óptica del machismo , los hombres son depredadores
sexuales y las mujeres puras e inocentes,…las mujeres deben quedarse en casa, mientras que el hombre
demuestra su virilidad conquistando a otras mujeres y teniendo muchos hijos. Julio César González
Pagés: “Macho , varón, masculino. Estudios de masculinidad en Cuba”, Editorial de la Mujer , 2010, p. 39
12 Igualdad de género es el tratamiento igualitario para mujeres y hombres en las leyes, políticas, acceso
igualitario a los recursos, servicios, es decir exige que… “hombres y mujeres disfruten por igual de
los bienes, las oportunidades, los recursos y las recompensas”. World Association for sexual Health,
2008, p. 50. Encontramos que se utiliza indistintamente el término igualdad de género y equidad de
género lo que desde nuestro punto de vista no es adecuado. La equidad de género es el proceso de
tratar con justicia a las mujeres y a los hombres. La equidad es uno de los elementos que conduce a
la igualdad.
13 Salud sexual para el Milenio Declaración y documento técnico, Minneapoli, MN USA, World Association
for sexual Health, 2008.
3

mS.C. yamila gonzález ferrer, mS. C. ana maría pozo armenteroS
la especial repercusión de los conflictos
familiares, particularmente los procesos
de separaciones y divorcios, en la vida
de niños, niñas y adolescentes
Particularmente difíciles son los conflictos generados por la separación o divorcio
de la pareja, sobre todo cuando existen hijos e hijas menores de edad, y las consecuencias
que para la familia y el normal desarrollo psicológico de esos niños y niñas
tiene. Este acontecimiento convulsiona la vida familiar, saca a flote muchos de los
estereotipos sexistas asumidos, representa una afectación en la vida psíquica y física
de sus miembros y ante esta situación desagradable no existe fórmula única que pueda
resultar la más conveniente que ayude a resolver y enfrentar la ruptura conyugal
con el menos “costo” posible para las personas involucradas.
En el proceso de mediación familiar en casos de separaciones y divorcios donde
existen hijos e hijas menores de edad, el mediador o la mediadora no solo debe tener
en cuenta la relación conflictual entre madre y padre desde una mirada de género,
sino que además, debe estimar el grado de incidencia del conflicto en la vida de los
menores de edad y la significación del resultado o del acuerdo obtenido en este
proceso en ellos, máxime cuando estos muchas veces están ausentes físicamente en
el mismo.
Es decir, el mediador o la mediadora en su trabajo con madres y padres en conflicto
velará desde una perspectiva de género porque los acuerdos relacionados con la responsabilidad
parental, no interfieran o afecten el interés superior del niño o niña, 14 lo
cual a nuestro juicio, merece la máxima atención.
Por lo general en una separación o divorcio, los hijos e hijas menores de edad son
las principales víctimas de los conflictos que generan sus madres y padres que, sin
proponérselo, actúan de forma tal, que desarrollan en ellos sentimientos de culpabilidad,
de confusión, o de miedo, efectos negativos que el mediador o la mediadora
de alguna forma debe minimizar en su labor.
Ante la vulnerabilidad de las hijas e hijos en un proceso de separación o divorcio
donde se discuten cuestiones tan importantes como la guarda y cuidado, régimen de
comunicación y pensión alimenticia, y por qué no, temas también relevantes como
la educación, la forma de esparcimiento, o manera de aprovechar el tiempo libre,
14 El interés superior del niño está ampliamente abordado en la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. El Código
de Familia cubano vigente desde 1975 adelantó este concepto al enfocar la actuación judicial “en
beneficio de los intereses de los menores”.

Un breve acercamiento a la mirada de género en el proceso de mediación familiar
el mediador o mediadora podría sugerir a los progenitores en conflicto la factibilidad
de incorporarlos al proceso y de escucharlos, lo cual estaría acorde con algunos de
los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño referidos al derecho
del niño y niña a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan
así como la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo,
teniendo en cuenta su capacidad. 15
Revertir la crisis y convertirla en un evento positivo tanto para la pareja como para
los hijos/as es un proceso escabroso donde la intervención de un tercero pudiera
resultar muy positiva al facilitarles visualizar los puntos de encuentro o intereses
comunes que tienen y cómo asumirlos de una manera constructiva para todos los
miembros de la familia. En este sentido:
Planteada la crisis, será necesario intervenir a fin de reorganizar el grupo familiar. Una
forma de intervención es la mediación familiar…Según Risolía de Alcaro un objetivo
básico de la mediación familiar es lograr no tanto un acuerdo sino la colaboración a
través de un acuerdo. La mediación familiar ofrece la creación de un contexto donde las
partes afectadas pueden encontrar y generar condiciones de posibilidad y oportunidades
para el cambio. Es evidente, que cualquier grupo familiar que se encuentre inmerso
en un ambiente de conflicto, está destinado a continuar su relación; pero moviéndose en
otros parámetros diferentes sin romperse el vínculo que les relaciona. Schiffrin, resalta
la conveniencia de elegir la mediación cuando existe entre las partes una relación que
subsistirá en el futuro. 16
Este último aspecto nos parece de vital trascendencia ya que el objetivo primordial
de la mediación familiar debe ser impedir que el conflicto destruya la familia y por
ende a la sociedad. Las relaciones familiares son perdurables en el tiempo y debe
lograrse que sus miembros incorporen e interioricen formas pacíficas de resolución
de conflictos. En la medida que seamos capaces de informar y orientar a las familias
sobre las opciones de solución de controversias en ambientes armónicos, en particular
la mediación, estaremos educando a las personas a negociar pacíficamente sus
problemas y garantizaremos un futuro donde la paz prime.
15 Cuando nos referimos a la capacidad de los menores de edad lo hacemos desde la perspectiva de la
capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes, en razón de su edad y grado de madurez.
16 Silvia Hinojal López: “La mediación familiar en el ámbito de las administraciones públicas. La mediación
familiar en el divorcio o proceso legal de separación: Diferentes programas de intervención
y desarrollo de la mediación familiar en España. Otras instituciones y centros que intervienen en
mediación familiar, Ponencia de la autora. 2003.

mS.C. yamila gonzález ferrer, mS. C. ana maría pozo armenteroS
la conciliación judicial, antesala de la mediación,
en el proceso familiar cubano
La experiencia ha demostrado que en los conflictos de familia, adquiere mucha más
importancia la utilización de métodos consensuales. Las transformaciones en el seno
familiar se inclinan hacia un modelo menos jerárquico y más igualitario, donde pueden
producirse profundas crisis y disímiles problemáticas, que demandan soluciones
más flexibles, más restauradoras, y menos impositivas que resuelvan eficazmente la litis.
Los conflictos familiares más que legales, son conflictos relacionales, basados en
fuertes lazos de parentesco o de carácter afectivo, que por su propia naturaleza,
perduran más allá del conflicto, de ahí la importancia de utilizar vías o métodos que
pacifiquen la relación, que preserven las relaciones familiares, que recompongan a la
familia desde “dentro” en un clima de cooperación y de respeto mutuo, reforzando
el papel de la familia en el desarrollo y bienestar de sus miembros.
La Instrucción 187 de 20 de diciembre de 2007 del Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular redactada desde el articulado de la vigente Ley ritual que
comenzó a regir de manera experimental el 3 de enero de 2008 y que ya hoy se aplica
en todo el país a partir del Acuerdo 26 de 11 de febrero de 2009, le concede especial
relevancia, entre otros aspectos, a los siguientes:
• La necesidad de establecer, en correspondencia con la Convención de los
Derechos del Niño, que cuando las circunstancias lo permitan, el niño o niña
sea oído por el tribunal que conoce del asunto, en aquellos litigios en que se
discuta lo relativo a su guarda y cuidado.
• La convocatoria a la comparecencia que autorizan los artículos 42 y 384 de la
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico 17 ante conflictos
suscitados por separaciones y divorcios, en especial cuando se traten
cuestiones relacionadas con menores de edad.
17
La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico aprobada en agosto de 1977,
establece:
Artículo 42. El Tribunal, en cualquier estado del proceso, podrá hacer comparecer a las partes para
interrogarlas sobre los hechos del litigio, u ordenar la inspección de las cosas que fueron objeto del
mismo y de los libros o documentos que tengan relación con el pleito, siempre que ello sea indispensable
para el conocimiento de los hechos.
Artículo 384. Contestada la demanda, el Tribunal aprobará lo relativo a la guarda y cuidado de los
hijos y pensión alimenticia si sobre ello hubiere conformidad de las partes. En otro caso, señalará
día y hora para la celebración de una comparecencia a fin de tratar sobre los extremos en que exista
disparidad.
Dicha comparecencia deberá tener lugar dentro de los seis días siguientes, con citación de las partes,
que podrán concurrir personalmente o representadas por los abogados que designen.
El Tribunal procurará obtener el acuerdo de las partes sobre los extremos que son objeto de la comparecencia,
y de no obtener este, en todo o en parte, oirá las alegaciones que hagan al respecto.

Un breve acercamiento a la mirada de género en el proceso de mediación familiar
• La conveniencia de que, en los asuntos en que se requiera dada su complejidad
y características, los tribunales puedan recabar el parecer de un equipo
técnico asesor multidisciplinario, que posibilite el acceso de los jueces y juezas
a criterios profesionales especializados en esta materia.
• La especialización de los jueces y juezas lo que les posibilita utilizar adecuadamente
las herramientas técnicas que brinda la legislación vigente y redunda
en el incremento de la calidad en el tratamiento judicial de las cuestiones
comprendidas en el Derecho de Familia.
Esta experiencia ha sido sumamente enriquecedora, aunque no ha estado exenta de
dificultades, y ha significado un perfeccionamiento de alta calidad en nuestro sistema
de justicia. Los jueces y juezas encargados de su aplicación, han confirmado sus beneficios
al dotarlos de mejores herramientas para dar solución a los complejos y sensibles
asuntos de familia. La experiencia, cumple el objetivo de dar un tratamiento especializado
a los asuntos de familia que se diferencian sustancialmente de los propios del
derecho civil o de carácter patrimonial y demuestra su necesidad y efectividad.
Ha resultado muy efectiva la puesta en práctica de la comparecencia prevista en
los artículos 42 y 384 de la Ley de Procedimiento Civil Administrativo, Laboral y
Económico (LPCALE), que ha permitido resaltar el papel conciliador del Tribunal
para los sensibles asuntos de familia y ha posibilitado llegar a acuerdos totales o
parciales entre las partes, con un mejoramiento ostensible de la comunicación entre
los involucrados y una aceptación y agradecimiento por parte de la familia al resultar
beneficiada; haciéndose innecesaria en muchos casos la práctica de pruebas.
Esta experiencia ha demostrado también la factibilidad de la incorporación del equipo
técnico asesor multidisciplinario, cuyos integrantes son profesionales colaboradoras
y colaboradores de las Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia de la Federación
de Mujeres Cubanas 18 , que auxilia al Tribunal brindándole elementos para la toma
de decisiones en las comparecencias, le auxilia en las investigaciones y los dictámenes
periciales, ha propiciado una valoración más integral de los casos. La intervención
multidisciplinaria además, favorece la implementación de acciones preventivas y de
atención que actúan como paliativos del conflicto en el ámbito extrajudicial, lo que
ha constituido uno de los mayores logros de su intervención, pues se le ha dado seguimiento
a los casos a través de la Federación de Mujeres Cubanas.
18 La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), es una Organización No Gubernamental, constituida oficialmente
en 1960 con una amplia base social, que abarca todos los sectores femeninos de la sociedad
cubana, y es el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer en nuestro país, debido a su enorme
fuerza, representatividad, influencia y prestigio. Agrupa a más de 4 millones 200 mil mujeres para el
88,7 % de la población femenina en edad de incorporación (14 años mínimo). Entre sus objetivos
principales se encuentra: luchar por la plena incorporación, participación y promoción de la mujer
en la vida económica, política, social y cultural del país, en condiciones de igualdad de derechos y
oportunidades. Además, tiene estatus consultivo especial ante ECOSOC-ONU.

mS.C. yamila gonzález ferrer, mS. C. ana maría pozo armenteroS
Ha sido muy provechosa la posibilidad de escuchar a los menores de edad en un
ambiente adecuado, en las sedes de la Federación de Mujeres Cubanas donde radican
las Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia, 19 con la asistencia de su equipo
técnico asesor multidisciplinario.
Por otra parte el proceso de capacitación que han recibido de manera sistemática
jueces y juezas, abogados y abogadas, fiscales, así como los integrantes de los equipos
técnicos multidisciplinarios en temas de género y derecho, violencia, sexualidad, entre
otros, han propiciado la calidad y excelencia en el ejercicio de sus funciones, incorporando
una perspectiva novedosa e integral a sus conocimientos lo que tributa
directamente al bienestar de las familias.
a modo de conclusiones
Los beneficios que ha reportado la labor conciliadora de jueces y juezas, así como
insipientes experiencias en espacios comunitarios, constata la necesidad de potenciar
la utilización de la mediación extrajudicial para la solución de los litigios familiares y
evitar de esta forma que gran cantidad de asuntos se presenten a los Tribunales.
Se hace indispensable incorporar la perspectiva de género como una herramienta estratégica
de mediadores y mediadoras para adentrarse en las raíces de los conflictos interpersonales
que se les presenten y coadyuvar al mejoramiento de la comunicación entre
los miembros de la familia y a la búsqueda de soluciones integrales y a largo plazo.
Las relaciones interpersonales en el ámbito familiar son perdurables en el tiempo y
debe lograrse que sus miembros incorporen e interioricen formas pacíficas de resolución
de conflictos. En la medida que las controversias se solucionen en ambientes
armónicos, con el apoyo de profesionales debidamente capacitados que puedan
contribuir al acercamiento y la comunicación, las personas aprenderán a negociar
pacíficamente sus problemas, apreciarán los beneficios y se garantizará un futuro
donde la paz prime.
19 Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la FMC surgen en la década de los 90 como un
espacio de reflexión y aprendizaje, para compartir, recibir orientación y ayuda. Ubicadas en todos
los municipios del país, están dirigidas a las mujeres y demás miembros de la familia, a los(as) jóvenes,
adolescentes, ancianos(as) y a las personas interesadas en los temas relativos a la mujer. Son un
espacio concientizador sobre el papel de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad, y el de
los padres y madres en la educación, formación y cuidado de los hijos e hijas. Tienen como principal
objetivo implementar programas de orientación que satisfagan intereses, inquietudes y expectativas
de las diversas problemáticas de las mujeres y sus familias a partir de los métodos de caracterización y
diagnóstico permanente. Cuentan para su labor con grupos de colaboradores(as), mujeres y hombres
profesionales de diversas disciplinas, que convocados por la FMC y de manera voluntaria se integran
junto a las dirigentes y activistas de la organización para constituir el equipo de trabajo de la Casa.

PersPectiVa de GÉnero en sede
FaMiliar. sU VincUlación
con los PrinciPios de iMParcialidad
e indePendencia
introducción
liC. isis santos Quian
dra. ivonne pérez Gutiérrez
MsC. YaMila González Ferrer
Cuba
Aunque en los últimos años se ha hecho frecuente la referencia a temas relacionados
con el género y su incidencia en la sociedad, aún su conocimiento dista de ser amplio
y muy pocos han interiorizado la necesidad de incorporar esta perspectiva. Indiscutiblemente
resulta difícil comprender y asumir sin reticencias que la realidad que se
pensaba que era inmutable, natural y única, no es más que una visión que ha sido
construida e impuesta.
Desde el surgimiento mismo de las clases sociales y del Estado, se han venido construyendo
la familia y la sociedad con un contenido patriarcal, mediante el establecimiento
de rígidos estereotipos que definen los géneros por contraposición y asignan
roles sexuales que han sido asumidos de generación en generación como un dogma,
con tanta fuerza que han llegado a considerarse como “naturales” por la sociedad
en sí misma.
Indudablemente, el proceso en aras de lograr la liberación de la mujer y su igualdad
en la sociedad no es tarea fácil, sino que transita por un camino lento y difícil pero
muy necesario, que ha comenzado con el cuestionamiento de los pilares androcéntricos
y la búsqueda de las causas que históricamente le han colocado en posición
de subordinación y discriminación y que han restringido o anulado sus derechos y
libertades más elementales con innumerables prejuicios, trabas y limitaciones sociales
de toda índole.
4

00
dra iVonne pérez gutiérrez
Para alcanzar estos objetivos no ha sido suficiente el empeño de los movimientos
sociales, feministas, progresistas –aunque todos ellos han sido fundamentales en el
desencadenamiento y desarrollo de estas luchas en las que se ha ido ganando más
espacios, y en la obtención de muchos de los logros que hoy disfrutamos– sino que
además se requiere de la voluntad política y la responsabilidad de los Estados, las organizaciones
internacionales y nacionales, para que con el esfuerzo común se alcance
una conciencia social promotora del cambio. Conciencia que debe ser construida
desde los procesos de socialización y reproducción de nuestra cultura, al desmontar
esquemas e imágenes preconcebidas que funcionan como estereotipos inamovibles
del patriarcado, cual sistema de dominación.
En Cuba, desde el triunfo revolucionario, la lucha por la igualdad de la mujer ha
estado indisolublemente ligada a la construcción de la nueva sociedad, es decir, con
todo el proceso de cambios socioeconómicos que abarcan las esferas económica,
política, jurídica y cultural, y en las que la participación de la mujer ha sido un factor
determinante para la realización de dichos cambios. Por ello se hizo necesario implementar
normas jurídicas a tono con las transformaciones producidas y que hicieran
posible el ejercicio y cumplimiento de los principios y derechos proclamados a favor
de estas.
El Código de Familia de 1975 introdujo una mirada de género en la regulación de sus
instituciones y significó un gran avance para el logro de la tan pretendida igualdad,
sobre todo por lo revolucionario y liberador que fue para su momento. Sin embargo,
aún subsisten algunas manifestaciones de discriminación indirecta, tanto en la ley
como en su aplicación, lo que afecta el ejercicio de los derechos y la plena realización
de los principios de imparcialidad e independencia en el actuar de las/los juezas/ces,
además de que a la luz de la situación actual y el desarrollo que han alcanzado las
relaciones familiares, se hace imprescindible su actualización.
De ahí que nos parece relevante desarrollar algunas reflexiones, dirigidas específicamente
a la administración de justicia en sede familiar, 1 por varias razones fundamentales:
La primera se debe a que es el ámbito familiar uno de los que más reflejan y, a la vez,
conservan los estereotipos de género, por ser la familia la estructura que de manera
más fiel reproduce los pilares de la sociedad patriarcal. Otro motivo está dado por
la importancia que le atribuimos a nuestro sistema judicial, al constituir uno de los
principales componentes del fenómeno jurídico donde a diario se dirimen los asuntos
de esta índole, cuya función los coloca en una posición privilegiada, pero a su vez
delicada, para aplicar y adaptar el Derecho Familiar –hasta tanto se materialicen las
modificaciones necesarias de esta legislación– a las nuevas relaciones sociales que
1 Este artículo es parte del trabajo de curso que la Lic. Isis Santos Quian realizara como estudiante de
Derecho en el año 2011, y que profundizó en su tesis de Diploma en el año 2012 con la que obtuvo
el Título de Licenciada en Ciencias Jurídicas, bajo la tutoría de la Dra. Ivonne Pérez Gutiérrez y la
MsC. Yamila González Ferrer, con el mismo título. Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana.

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
se presenten desde un prisma progresista, justo y que busque la igualdad de género,
sin que se vean afectados los megaprincipios de imparcialidad e independencia que
deben guiar la actuación judicial, demostrando así la capacidad de nuestros juzgadores/as
de proteger los derechos humanos y alcanzar la justicia y el bienestar social,
sin contravenir el principio de legalidad. Por último, nos motiva aún más el hecho
de aportar a los estudios de género desde la perspectiva técnico-jurídica, arista esta
todavía menos desarrollada.
nociones generales sobre la perspectiva
de género y su incidencia en el fenómeno jurídico
el principio de igualdad de género
A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la igualdad deja de ser
considerada un hecho para convertirse, incluso más que un derecho, en un principio
normativo que atraviesa y le otorga contenido a los restantes. Alda Facio expresa al
respecto:
La lucha de las mujeres por la igualdad entre los sexos ha sido una lucha por el reconocimiento
de nuestra pertenencia a la especie humana, condición que ya habían alcanzado
la mayoría de los hombres. Así, se puede entender que la lucha por la igualdad no ha
sido una por ser idénticas a los hombres sino todo lo contrario, una lucha por diversificar
lo que se entendía por ser humano que en aquel momento era sinónimo de hombre
(…) Las luchas de las mujeres fueron principalmente para que se reconociera que somos
tan humanas como los hombres en nuestras diferencias mutuas y por lo tanto, con
igual derecho a tener derechos. 2
Para entender cabalmente lo que la igualdad significa, se debe partir de los tres principios
que para el Comité de la CEDAW la conforman, a saber, el de no discriminación,
el de responsabilidad estatal y, como consecuencia de los dos primeros, el de
igualdad sustantiva. En este breve trabajo abordaremos únicamente el primero de
ellos para acercarnos a los conceptos de discriminación directa e indirecta.
2
Alda Facio Montejo: “La igualdad substantiva. Un paradigma emergente en la ciencia jurídica”,
pp. 2-3, versión digital.
01

02
igualdad como no discriminación
dra iVonne pérez gutiérrez
Discriminar a una persona o a una colectividad consiste en privarle, activa o pasivamente,
de gozar de los mismos derechos que disfrutan otras. Se refiere al trato de
inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una persona o grupo de personas
por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, políticos, ideológicos,
lingüísticos, geográficos, de filiación, de discapacidad, de estatus migratorio, o por
cualquier otra condición social. 3
Más específicamente, la CEDAW establece en su artículo 1 que la expresión “discriminación
contra la mujer” denotará “toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera”. Esta constituye una definición jurídica de indudable trascendencia, entre
otras muchas razones, al establecer las diferentes formas (distinción, exclusión
o restricción) y grados (parcial, al “menoscabar”, o total, al “anular”) que puede
revestir la discriminación. También se especifica que un acto discriminatorio puede
serlo tanto si tiene “por objeto”, como si tiene “por resultado” la violación de los
derechos humanos de las mujeres. De aquí se desprende que la discriminación puede
ser directa o indirecta.
La discriminación directa siempre será intencional, al tener precisamente por objeto
discriminar a una persona, a partir de determinado criterio de valoración, en este
caso, el sexo, con respecto a otra que no lo sea, en una situación similar. Un ejemplo
de ello lo son las leyes que establecen que las mujeres casadas no pueden disponer
libremente de sus propiedades.
Por su parte, la discriminación indirecta o involuntaria se da cuando una disposición,
un criterio o una práctica aparentemente neutros son susceptibles de implicar una
desventaja para determinadas personas a partir de ese criterio de valoración. Para detectarla,
en el caso de la que sufren las mujeres, resulta necesario, tener conciencia de
género, que es lo que permite su visibilización, ya que se trata de examinar más cualitativamente
cuáles son los efectos potenciales desfavorables de una medida sobre
personas que responden a un criterio determinado en relación con otras. 4 Se trata de
aquellos actos que sin tener la intención de discriminar, terminan discriminándonos,
como son las leyes que supuestamente “protegen” a las mujeres y, sin embargo,
proscriben la realización de trabajos peligrosos, nocturnos o de fuerza.
3 A partir de que se incluyera en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, dentro de los fines
de la organización, la protección de los derechos humanos sin distinción en cuanto al sexo, todos los
tratados internacionales de derechos humanos han establecido no solo el derecho a la igualdad ante
la ley, sino el derecho al goce sin discriminación basada en el sexo de todos los derechos humanos
que ellos mismos consagran.
4 Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género, p. 8 y Yamila González Ferrer: “Importancia
de la CEDAW”, p. 20.

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
Otro de sus mayores impactos lo constituye el conceptualizar a la discriminación
como un acto violatorio del principio de igualdad y a la mujer como sujeto jurídico
equivalente al hombre en dignidad humana, estableciendo una concepción de igualdad
basada en la protección de los derechos humanos de las mujeres.
No obstante, no debemos pasar por alto que, si bien son las mujeres las que históricamente
y con mayor frecuencia han sido víctimas de la discriminación, en la práctica
pudiera suceder con los hombres, por lo que, debiera entenderse este concepto en
un sentido amplio, o sea, hablar de discriminación por motivo del sexo o del género,
lo que incluye a ambos.
Esta definición refleja de modo preciso el estrecho vínculo entre la igualdad y la no
discriminación. El propósito de la CEDAW es eliminar la discriminación en todas
sus formas para alcanzar no solo la igualdad de jure, sino la igualdad de facto o real
entre hombres y mujeres pero también entre las mujeres mismas. Además, una vez
ratificada la Convención por los Estados, se inserta en su normativa nacional. Esto
obliga a legisladores/as, jueces/zas y otros funcionarios/as a actuar conforme a ella,
aunque ello no siempre se cumple.
influencia del enfoque de género en los principios
de independencia e imparcialidad
nociones generales acerca de la Jurisdicción.
Principios que la informan
En palabras de Montero Aroca, la jurisdicción es la potestad imanante de la soberanía
del Estado, ejercida exclusivamente por los tribunales 5 , integrados por jueces
independientes, de realizar el Derecho en el caso concreto al juzgar de modo irrevocable
y ejecutar lo juzgado. La jurisdicción no solo es única, es también indivisible y,
por tanto, todos los órganos jurisdiccionales la poseen en su totalidad. 6
5 Es de vital importancia comprender que para este autor español, la jurisdicción es ejercida exclusivamente
por los tribunales, mientras que para nosotros, esto constituye solo la regla –dada la existencia
de otros órganos con dicha facultad–; no obstante, a los efectos de este trabajo, cuando aludamos
a órganos jurisdiccionales y a la jurisdicción, estaremos refiriéndonos a los órganos jurisdiccionales
judiciales y a la jurisdicción judicial.
6 Juan Montero Aroca: “La jurisdicción”, en: Juan Montero Aroca : Derecho Jurisdiccional I. Parte General,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 36.
03

0
dra iVonne pérez gutiérrez
De esta definición de la jurisdicción se desprenden los principios que la informan,
en cuanto potestad del Estado (unidad, exclusividad, juez/a legal o predeterminado).
Sin embargo, en este trabajo trataremos los referidos a los órganos a los que se atribuye
esa potestas, es decir, a los tribunales y, más concretamente, a las personas que dentro
de ellos aparecen como titulares de la misma, o sea, a los jueces y juezas. 7
La ética judicial, entendida como la disciplina que establece las exigencias racionales
que están llamadas a regir la conducta del juez/a, cuenta con la independencia e imparcialidad,
indudablemente, como sus principios más apremiantes. Aún cuando lo
primero –la independencia– ciertamente encuentra una consagración más o menos
expresa en la Carta Magna de la Nación, con lo segundo -la imparcialidad- no acontece
lo mismo, siendo el caso de que por estar ambas categorías tan mancomunadas
entre sí, no se concibe en la ética judicial la vigencia de la una sin el concurso de la
otra. Son estos y no otros, los principios que más nos interesan, pues son los que
más vulnerados pudieran resultar al impartirse justicia con enfoque sexista.
el principio de imparcialidad
“La misma esencia de la jurisdicción supone que el titular de la potestad jurisdiccional
no puede ser al mismo tiempo parte en el conflicto que se somete a su decisión.
En toda actuación del derecho por la jurisdicción han de existir dos partes enfrentadas
entre sí que acuden a un tercero imparcial, que es el titular de la potestad, es
decir, el juez. Esta no calidad de parte ha sido denominada también impartialidad. 8
Se trata, por tanto, del ejercicio objetivo y desinteresado de la función judicial. Al
referirse a este principio, Alarcón Polanco alegaba: “La imparcialidad se manifiesta
en un estado, a veces ideal, de conciencia e introspección, en que el Juez no se siente
parcializado, esto es que no se identifica con ninguna de las partes en causa ni en
lo personal ni en lo profesional, y al recibir el expediente sobre el que tendrá que
decidir, se encuentra libre de prejuicios y compromisos”. Y en otro momento de
su exposición aseguraba que “el propio criterio filosófico de “justicia” envuelve el
de imparcialidad con todo cuanto de ello se deriva. Luego, la justicia es imparcial o
simplemente no es justicia”. 9
7 Con independencia de las distinciones terminológicas que existen, en nuestro país nos referimos
comúnmente a los órganos jurisdiccionales judiciales como “tribunales” o “tribunales de justicia”, y
a los titulares de la función jurisdiccional judicial como “jueces”.
8 Juan Montero Aroca: Ob. cit., p. 107.
9 Edynson Fco. Alarcón Polanco:“La Constitución como fuente primigenia de la independencia e
imparcialidad del juez”. Segundo Concurso Nacional de Ensayos Judiciales para Jueces, 2002, organizado
por la Escuela Nacional de la Judicatura, República Dominicana, pp. 10, 47-48.

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
Sin embargo, sobre la imparcialidad de los jueces/zas el acervo constitucional es
poco copioso, tanto en previsiones específicas que encaren directamente el problema,
como en dictados que por inferencia se refieran a él.
Tanto la Ley no. 82 de 1997, Ley de los Tribunales Populares (en lo adelante LTP) 10
como la Ley no. 7 de 1977, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y
Económico 11 (a partir de ahora LPCALE) 12 , responden a la concepción de que todos
somos iguales ante la ley y de que las partes son iguales en el proceso (igualdad legal).
Obviamente, el legislador ha querido asegurarse de que todo aquel que por alguna
u otra razón comparezca por ante nuestros tribunales de justicia, esté protegido por
la más amplia garantía de que las normas de procedimiento, en la conducción de su
proceso, le serán reconocidas y aplicadas con verdadero criterio de imparcialidad, sin
que resulte importante su raza, su religión, su sexo o su nacionalidad, entre otros.
Legalmente la igualdad puede pretenderse utilizando el derecho material, pero no el
procesal. Por ejemplo, en la legislación familiar, puede políticamente decidirse que
se debe proteger a las mujeres-madres, pero la protección no puede consistir en que
los padres no puedan acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, de los que
la ley les concede.
Tampoco puede corregirse la desigualdad dejando al criterio del juez/a la conformación
del proceso-procedimiento, para que lo acomode a las especialidades del caso
concreto. Se destruiría así otro de los pilares de la propia existencia del derecho, la
seguridad jurídica. El principio de legalidad es consustancial con la idea de proceso;
la certeza del derecho exige que la persona que pretende pedir justicia sepa exactamente
cuáles son los actos que debe realizar para obtenerla, qué derechos y qué
cargas le comporta la condición de parte procesal.
En igual medida, sería inapropiado pretender que el juez/a deba abandonar su actitud
de imparcialidad y convertirse en protector de la parte más débil. Si llegara a admitirse
esto, entraría en quiebra la existencia de la jurisdicción en sí misma. Una cosa
es conceder al juez/a facultades para corregir y subsanar los defectos en que hayan
incurrido las partes en la realización de los actos procesales, e incluso que instruya a
las mismas de los presupuestos que condicionan la validez del acto, y otra cosa muy
distinta que se convierta en abogado/a de una de las partes frente a la otra. El juez/a
puede –cuando más– aconsejar y ayudar, pero no puede ser, a la vez, juez/a y abogado/a
para los débiles pues, aun siendo de buena fe, se estaría mostrando partidario de una
10 Artículo 2.2.-La función judicial, además, se ajusta fundamentalmente a los principios siguientes:
a) La justicia se imparte sobre la base de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el tribunal.
11 Su denominación originaria es Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, la cual cambia
con el artículo 4 del Decreto-Ley no. 241 de 2006 que inserta el proceso económico.
12 Artículo 39.-El Tribunal acordará, de oficio, las medidas necesarias para mantener la igualdad de las
partes en el proceso, evitar demoras y concentrar en un solo acto las diligencias que puedan practicarse
conjuntamente, e imponer lealtad y probidad en el debate judicial. Asimismo prevendrá y
corregirá, en su caso, cualquier conducta contraria al estricto respeto a estos principios.
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justicia parcializada. Es tan evidente el hecho de que los jueces/zas no pueden ser a
la vez parte en el asunto que deben decidir, que las leyes ni siquiera suelen disponerlo
de forma expresa.
La consideración del juez/a como no parcial hace referencia a algo que no es objetivo
sino subjetivo. En efecto, dependerá de cada persona el ser o no capaz de actuar
con objetividad en el caso concreto: así, por ejemplo, el juez/a puede tener con una
de las partes una relación de parentesco y ello no impedir que en el asunto concreto
actúe con imparcialidad, mientras que en idéntico caso, otro juez/a sin esa relación
podría parcializarse. Pero es manifiestamente imposible que la regulación de este
principio en las leyes atendiese a descubrir el ánimo de quien juzga en cada caso. Lo
que estas hacen es objetivar la imparcialidad y así establecen una relación de situaciones
concretas y constatables objetivamente, en virtud de las cuales el juzgador/a
que se encuentre en las mismas se convierte en sospechoso de parcialidad y debe
apartarse del conocimiento del asunto o puede ser separado del mismo.
De lo anterior resulta que la imparcialidad no es una característica abstracta de los
jueces/zas, sino que hace referencia concreta a cada caso que se somete a su decisión.
Como bien explica Moreno, “los ciudadanos no tienen la posibilidad de elegir
al juez que vaya a decidir sus asuntos; le viene dado en función de reglas objetivas de
competencia. Sí puede, en cambio, rechazarlos si no reúne las debidas condiciones
de idoneidad”. 13 Aparecen entonces la abstención y la recusación como instrumentos
de garantía de la imparcialidad del juzgador.
Tales garantías podemos encontrarlas en el Capítulo VIII de la LPCALE, titulado
precisamente De la Recusación y Excusa de los Jueces y Secretarios.
La probidad y rectitud que deben caracterizar a los titulares de la administración de
justicia indican que la regla, o sea, lo más correcto y común, debía ser que el juez/a
en quien concurra alguna de las causales previstas en la ley, se abstenga del conocimiento
del asunto, sin esperar a que se le recuse y aún cuando considere que dicho
motivo no le va a influir en su decisión; la abstención debe producirse tan pronto
como el juzgador/a tenga conocimiento de la existencia del asunto y de la concurrencia
de la causa. Por lo que quedaría para las partes 14 la posibilidad de promover la
recusación en los casos en que aquel no se hubiese separado del proceso por sí solo.
Aunque de la forma en que empiezan a desarrollarse estos artículos de la LPCALE
13 Juan Damián Moreno: Introducción al sistema judicial español, Dykinson, S. L., p. 58.
14 Entendida como derecho de las partes, es lógico que la legitimación para recusar se reconozca a estas
en cada asunto concreto (artículo 52 de la LPCALE). En el procedimiento familiar el Fiscal como
parte lo puede todo (arts. 47 y 48); consecuentemente, puede recusar aunque no esté expresamente
previsto, por estar incluido en el criterio de ley, como parte legitimada. La recusación da lugar a un
verdadero incidente, con tramitación propia (arts. 53 y siguientes de la LPCALE).

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
se deduce lo contrario, el artículo 60 –que por cierto, es el último del capítulo, cuando
a nuestro juicio debía ser el primero–, 15 refleja la prioridad que debe dársele a
la excusa del juez/a y el carácter supletorio que ha de ostentar la recusación con
respecto a aquella. 16
En ese sentido, el artículo 50 prevé una serie de causales que pueden dar motivo a
la excusa o, en su defecto, a la recusación; enumeración que se establece con un insalvable
carácter taxativo, lo que es reafirmado por el artículo 56 –sin dejar margen
a la duda- al sancionar con el rechazo de plano a la recusación que no se funde en
alguna de estas causales. 17
Así pues, quedarían fuera de la recusación los supuestos de filiación política, 18 creencia
religiosa, notoria homofobia o enfoque sexista del juez/a que conoce, entre otros.
Dado el caso, pudiera estar predispuesto un juez/a para con un asunto sometido a
su conocimiento o con una de las partes intervinientes en el mismo, como resultado
de su forma de pensar discriminatoria o radicalmente conservadora, lo que evidentemente
pudiera comprometer su debida imparcialidad en el proceso. De comprobarse
tal hipótesis en la práctica, no contaría la parte afectada con solución procesal alguna
15 Artículo 60.-El Juez o Secretario comprendido en alguna de las causas de recusación lo pondrá en
conocimiento del Tribunal a que pertenezca, sin esperar a que se le recuse; y el Tribunal siendo
aquella cierta, lo tendrá por excusado, quedando desde ese momento eximido de intervenir en las
actuaciones sucesivas del proceso.
16 Esta es la posición que adoptó el Anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica
en su Artículo 289 que regula las causas e iniciativa de la recusación:
289.1. Será causa de recusación, toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad
del Juez, por presunto interés en el proceso en que interviene, por afecto o enemistad en relación a
las partes o sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa
sometida a su decisión (prejuzgamiento).
289.2. El Juez que se considerare incluido en alguna de las circunstancias mencionadas en el ordinal
anterior, lo hará saber a las partes, las que dispondrá del plazo de seis días para promover el incidente
de recusación; en caso de no hacerlo, se entenderá que renuncian a invocar el impedimento.
289.3. Cuando el Juez estimare necesario su apartamiento del proceso, podrá declararse inhibido de
oficio, indicando la causa que motivare su apartamiento.
289.4. Si solo se tratare de causales de decoro o delicadeza, el Juez no podrá inhibirse si no obtiene la
previa autorización del Tribunal superior que corresponda o del Tribunal que integra, si es colegiado;
la solicitud, con expresión de sus fundamentos, se planteará en forma verbal o escrita.
289.5. El incidente de recusación podrá ser promovido por la parte interesada, aún cuando nada
haya expresado el Juez. En este caso, la recusación deberá plantearse en la primera actuación que la
parte realice en el proceso. Si la causal fuere superveniente, deberá ser deducida no bien se tuviere
conocimiento de su existencia, hasta la conclusión de la causa.
289.6. Después que un Juez, que no sea recusable, haya comenzado a conocer en un asunto, no
podrán actuar en él los abogados o procuradores cuya intervención pudiere producir su separación.
17 Artículo 56.-El Tribunal podrá rechazar de plano la recusación propuesta si no se funda en alguna de
las causas taxativamente señaladas en la ley, o la alegada fuere manifiestamente infundada.
18 Se cuestiona si la ideología política del juez puede ser causa de abstención y de recusación. En
nuestro derecho positivo, por razones bastante obvias (no existe el multipartidismo ni las campañas
políticas que tanto peso tienen en otros sistemas), no se ha objetivado ese motivo.
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para excluir al juzgador/a sugestionado, con lo que se conculcan los principios de
imparcialidad e independencia y se coloca así a esta parte en una manifiesta situación
de indefensión y desproporción con respecto a su contrario. 19
No obstante, visto que ambos artículos aluden a la recusación, entendemos que esta
limitación no alcanza a la excusa de los jueces/zas, lo que sería manifiestamente inapropiado,
pues dada la probidad del juzgador a la que hemos hecho referencia anteriormente,
debe estar facultado para separarse del conocimiento de un caso siempre
que considere que por razones suficientes pudiera verse comprometida su imparcialidad,
aunque las mismas no estén incluidas en una lista de causales que, por lógica,
no puede concebir todas las situaciones que en la práctica pudieran presentarse. 20
De cualquier forma, resulta contraproducente imponer un carácter exclusivo a la
recusación; institución cuya función ha de estar encaminada a garantizar la transparencia
del proceso y la igualdad de las partes en el mismo. Es así que nos parece
imperiosa la necesidad de eliminar el rechazo de plano como sanción a quien pretenda
combatir la imparcialidad por otras vías no previstas expresamente. De igual forma,
consideramos que sería pertinente sustituir esta enumeración de razones en numerus
clausus por una más abierta y previsora, ora por la incorporación en el enunciado
de algún indicio de que se trata de ejemplos de causales o de que estas son las más
comunes pero no las únicas; ora, al adicionar un supuesto específico relativo a las
cuestiones discriminatorias por razón de sexo u otras afines; o, al agregar un precepto
a través del cual se puedan incluir otros supuestos que pudieran afectar la imparcialidad
de los jueces/zas mediante el llamado “saco legislativo”.
19 Resulta interesante y un poco contradictorio el hecho de que el Código de Procedimiento Civil de
Venezuela en su artículo 82 establezca con carácter taxativo 22 causales de recusación, y en toda esa
excesivamente extensa y casuística relación no haya ninguna referencia a temas discriminatorios o
algún precepto incluyente de nuevos motivos, mientras que el Código Orgánico Procesal Penal de
ese país cuenta con un artículo 86 con solo 7 causales específicas y un “saco legislativo” en el número
8 que señala: “Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad”. En
ambos cuerpos legales se dispone la inhibición obligatoria del juez con independencia de que sea
recusado o no (artículos 84 y 87, respectivamente).
20 De manera similar lo regula la Ley 17.454, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, de
1981 concibe una recusación sin expresión de causa para los jueces de primera instancia y para un
juez de las cámaras de apelaciones, al día siguiente de la notificación de la primera providencia que
se dicte; la misma no procede, sin embargo, en el proceso sumarísimo, tercerías, juicios de desalojo
ni en los procesos de ejecución. Por otra parte, si bien el artículo 17 parece establecer una enumeración
numerus clausus de las causales de recusación (recusación con expresión de causa), el artículo
30 al disponer la excusa obligatoria de los jueces abre la posibilidad de que estos se abstengan del
proceso también cuando “motivos graves de decoro o delicadeza” se lo impongan. A mi juicio, son
dos puertas semiabiertas para alegar la discriminación y el sexismo como motivos para apartar a un
juez/a del conocimiento de un asunto, si bien en el segundo supuesto parece limitarse a la excusa del
juzgador

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
Ahora bien, la imparcialidad no puede suponer solo que el titular de la potestad
jurisdiccional no sea parte, sino que ha de implicar también que su juicio ha de
estar determinado solo por el cumplimiento correcto de la función, es decir, por la
aplicación del derecho objetivo en el caso concreto, sin que circunstancia ajena a esa
función influya en el juicio.
La motivación de las sentencias es otra condición de imprescindible concurrencia
en un juicio imparcial. Una decisión no motivada sería automáticamente tildada de
arbitraria, ya que la finalidad de la motivación es justificar el fallo rendido, mediante
la persuasión a las partes de que su orientación es justa y fundada.
el principio de independencia
legitimación democrática: sumisión a la ley
Cualquier lectura que se haga de la Constitución lleva a la conclusión de que la característica
esencial de la función jurisdiccional es la independencia; esta deviene en
el principio básico en torno al que giran los restantes. Es tal la importancia de que el
juez/a sea independiente, que se suele iniciar por aquí el estudio del poder judicial. 21
Pero es necesario tener en cuenta que la sumisión únicamente a la ley deviene en la
forma en que constitucionalmente se hace realidad el principio de legitimación democrática
de la función judicial y constituye, además, el principio en el que se basa
la independencia del juez/a.
Aparentemente se trata de una contradicción, pero en verdad estamos ante una relación
de dependencia y complemento, pues la independencia del juzgador/a se fundamenta
en la sumisión a la ley y es resultado de ella, a la vez que, para quedar solo
sometido a esta, tendrá que ser independiente de todo lo demás. Dejemos mejor que
Pérez Royo nos lo aclare:
El juez es independiente porque está sometido únicamente a la ley. Si no fuera por esta
dependencia de una voluntad ajena objetivada en una norma jurídica, la independencia
del juez sería lo contrario de la seguridad jurídica, además de ser puramente ilusoria.
Es la fuerza de la ley y el hecho de estar sometido únicamente a ella lo que posibilita
21 No obstante su carácter esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional, su reconocimiento
constitucional resulta relativamente reciente. Hasta el constitucionalismo democrático europeo del
período de entreguerras lo que preocupaba a los constituyentes no era tanto la independencia del
juez como la independencia del poder judicial en cuanto poder del Estado, por lo que es a partir de
entonces que se produce una afirmación expresa en las Constituciones del principio de independencia
judicial.
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que pueda afirmar su independencia frente a los demás poderes políticos o las fuerzas
sociales que quieran influir en su actividad. Dependencia de la ley e independencia del
juez son las dos caras de la misma moneda”. 22
definición y alcance
La independencia supone en el juez/a, la absoluta libertad para juzgar solo con apego
a la ley y conforme a su conciencia y entendimiento de los hechos y el Derecho, sin
ligaduras para con ninguna forma de poder, ni siquiera para con el judicial, sin ceder
ante presiones económicas, políticas, militares, o de ningún otro tipo.
Como parte de una función estatal cada vez más independiente, el juez/a no está
llamado/a a servir a intereses particulares de nadie, porque al deberse a la Constitución
y las leyes, encarna la suprema garantía de que estas sean honradas y respetadas.
La independencia se encuentra, así, concebida como el único soporte en que puede
descansar la verdadera funcionalidad de la Organización Judicial.
La independencia suele verse como una reivindicación de los tribunales o un privilegio
establecido en beneficio de los jueces/zas, cuando en realidad, y es lo más
importante, también constituye una prerrogativa de los justiciables. “Con este principio
no se trata de favorecer a los juzgadores, sino hacer posible el ejercicio de una
potestad y el cumplimiento de una función atribuidas en exclusiva, las cuales están al
servicio de los ciudadanos. Cuando se reclama la independencia de los jueces no se
está pidiendo nada para los jueces mismos, sino que se está exigiendo algo que sirve
para asegurar los derechos de los ciudadanos”. 23
Este principio ha alcanzado reconocimiento en instrumentos jurídicos internacionales
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 24 el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 25 el Convenio Europeo para la
22
Javier Pérez Royo: Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
Madrid, 1997, p. 614.
23
Juan Montero Aroca: Ob. cit., p. 109.
24
Artículo. 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
25 Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (…).

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 26 y el citado
Anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica 27 . En nuestro
país contamos con el postulado constitucional de que los jueces son independientes,
28 así como su correlato en las declaraciones de la referida Ley no. 82 29 .
En la delimitación de esta máxima de la función jurisdiccional, somos seguidores de
Montero Aroca, para quien la independencia supone, a grandes rasgos, un grupo
de presupuestos ineludibles. 30
Sumisión exclusiva a la ley
Ante todo es preciso comprender que, más que un límite o excepción a la independencia,
la sumisión a la ley sirve de fundamento o base para explicarla y justificarla;
es decir, para que los jueces puedan cumplir con su función de aplicar el derecho
objetivo al caso concreto con la única vinculación a la ley.
26 Artículo 6.1 (Derecho a un proceso equitativo). Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de
manera equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial,
establecido por la ley, que decidirá de los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter
civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (…).
27 Artículo 22. (Imparcialidad, independencia y autoridad del Tribunal) 1.-Cada Tribunal es independiente en
el ejercicio de sus funciones. Debe actuar con absoluta imparcialidad en relación a las partes.
22.2-Las decisiones del Tribunal deben ser acatadas por todo sujeto público o privado, los que, además,
deben prestarle asistencia para que se logre la efectividad de sus mandatos.
Para lograr esta efectividad, el Tribunal podrá: a) utilizar el auxilio de la fuerza pública, que deberá
prestarse a su solo requerimiento, b) imponer compulsiones o conminaciones, sean económicas, bajo
forma de multas periódicas, sean personales, bajo forma de arresto dentro de los límites prefijados
por la ley y abreviando la conducción forzada o el arresto.
22.3- La ley orgánica reglamentará las condiciones de selección y los medios económicos necesarios
para preservar la independencia en los agentes judiciales.
28 Artículos 121 y 122.
Artículo.121.-Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia
funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder
Popular y al Consejo de Estado.
El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones, en este orden, son
definitivas.
Mediante su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma
decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la
experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial
uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.
Artículo.122.-Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia
más que a la ley.
29 Artículos 1.1 y 2.1
Artículo 1.1.-Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales estructurado con independencia
funcional de cualquier otro, y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder
Popular y al Consejo de Estado.
Artículo 2.1.-Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia
más que a la ley.
30 Juan Montero Aroca: Ob. cit., pp. 110-112.
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Como bien expresa este reconocido autor, la independencia no supone discrecionalidad,
ni que el juez/a quede sujeto solo a su conciencia a la hora de ejercitar su
potestad en el caso concreto. Se es independiente para poder quedar sometido solo
a la ley, pero teniendo en cuenta:
1. Cuando se habla de “ley”, esta debe entenderse en sentido amplio, comprendiendo
así a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Sin embargo, sumisión a la ley no supone sumisión al poder legislativo. El juez/a
aplica la ley elaborada por ese poder, pero ello no implica que cualquier acto de la
Asamblea le vincule.
2. La sumisión a la ley no supone sujeción a cualquier ley, sino solo a la ley constitucional.
Esta manifestación de la independencia no hace referencia a la ley promulgada con
este rango supremo, sino a la ley que no contradiga o se oponga de forma alguna a
los preceptos y principios establecidos en la Constitución, que sea constitucionalmente
válida.
La Constitución representa la máxima fuente legal de cualquier sistema jurídico, no
solo por su mayor jerarquía normativa, sino porque es en este texto donde se establecerá
la forma misma de adoptar las decisiones futuras. Es por ello que la validez de
todas las normas y actuaciones posteriores a la Carta Magna dependerá, ante todo,
del cumplimiento del procedimiento por ella establecido.
Las leyes, debidamente promulgadas, gozan de una presunción de legitimidad que
obliga a quienes administran justicia a observarlas y cumplirlas plenamente. Solo
cuando sea manifiesta e indudable la contradicción de la norma de rango inferior
con un precepto constitucional, y siempre que no exista otra vía para salvaguardar
los derechos o garantías fundamentales que se vean amenazados, procederá la declaración
de su inconstitucionalidad. Esta constituye la más delicada de las funciones
susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia.
En nuestro caso, no contamos con un proceso ni con un tribunal especializado en
las cuestiones de inconstitucionalidad, por lo que la aplicación de las leyes se torna
obligatoria en todos los casos, aún cuando esta pueda ser considerada injusta o ilegal
para el juez/a que debe observarla. Lo contrario sería vulnerar el principio de
seguridad jurídica y proporcionar una situación de arbitrariedades y excesos de los
jueces/zas sin control institucional alguno de su actuación. No obstante, nada obsta
para que el tribunal pueda señalar en el razonamiento del fallo (Considerandos) sus
criterios sobre la vulneración del texto constitucional y de Convenios internacionales
de los cuales Cuba sea signataria, para con ello “moldear” la mente de operadores
jurídicos, legisladores y sociedad acerca de posibles cambios legislativos.

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
3. La sumisión a la ley implica también sujeción a los reglamentos que emanan
de la potestad reglamentaria del Gobierno, pero dado que los tribunales ordinarios
tienen el control de esa potestad reglamentaria, su sumisión no se
extiende a los reglamentos ilegales. Más aún, los tribunales están obligados a
no aplicar los reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la Constitución,
a la ley o al principio de jerarquía normativa.
No sumisión a tribunales superiores
La independencia del juez/a es incompatible con la vigencia del principio de jerarquía.
Respecto de los jueces/zas y tribunales se habla de superior e inferior solo con
relación a su actuación administrativa, no sobre la jurisdiccional. Tanto es así que, en
este orden, todos tienen la misma potestad, cada juez/a o tribunal tiene su competencia
y dentro de ella ejerce la potestad únicamente vinculado a la ley. 31
En lugar de ordenación jerárquica habría que hablar de sucesión temporal en el conocimiento
de los mismos asuntos, con la consiguiente posibilidad para el órgano
que entiende en un momento posterior de corregir la decisión adoptada por el que
se pronunció antes. Dicho en otras palabras, los órganos judiciales superiores lo son
porque a través del sistema de recursos previsto en el ordenamiento pueden revocar,
modificar o confirmar las decisiones tomadas por los órganos inferiores. “Tal
organización “impropiamente jerárquica” responde a la función del poder judicial
de definir la verdad de la sociedad en los conflictos jurídicos. Tal función exige un
proceso de verificación, de tal suerte que se excluyan los errores en la medida en
que ello es posible en los asuntos humanos. De ahí la doble instancia y el sistema de
recursos”. 32
En nuestro sistema jurídico la regulación de recursos no supone que unos órganos
judiciales estén vinculados por el precedente creado por otros órganos, de modo
que aquellos pueden seguir sosteniendo su exclusiva vinculación a la Ley. Muchos
autores, en defensa de la jurisprudencia, consideran que esta no atenta contra
la creatividad ni contra la independencia judicial, sino que la ven indispensable
para garantizar el necesario equilibrio y uniformidad en el sistema de
aplicación del derecho.
A nuestro criterio, sí se estará debilitando la independencia de un juez/a, a lo interno
de la organización judicial, cuando este debe aceptar y observar con carácter vinculante
las interpretaciones y aplicaciones de la ley por el máximo tribunal de un país
que ha sentado criterio en la jurisdicción, pues este principio precisamente confiere
a cada juzgador/a la prerrogativa de resolver casos concretos, si bien no de forma
ilimitada, por lo menos con la única exigencia de respetar la Constitución y las Leyes.
Es decir, la independencia no está concebida para seguir instrucciones ni tener que
31 Véanse los citados artículos 121 y 122 de la Constitución y los artículos 1.1 y 2.1 de la LTP.
32 Ídem, p. 629.
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decidir los asuntos sometidos a su conocimiento de la misma forma que otros lo han
hecho antes haciendo uso de su propia independencia. Con ello no abogamos por
una total anarquía en el sistema de justicia, donde cada tribunal interprete y aplique
las leyes libérrimamente, pues ello sería un franco atentado a principios básicos de
toda sociedad como el de seguridad jurídica e igualdad de todos ante la ley, principalmente.
Aspirar a una práctica judicial uniforme, como se ha tratado de buscar en nuestro
país, puede verse como algo positivo, pero no corre igual suerte el contenido obligatorio
e impositivo que estas decisiones suelen tener en los países donde existe la
jurisprudencia como fuente legal; máxime si tenemos en cuenta que a pesar de estar
conformado el tribunal superior por jueces/zas que deben tener mayor preparación
y experiencia, se trata igualmente de personas con las mismas cargas subjetivas que
otros y, en consecuencia, pueden cometer los mismos errores que los jueces/zas de
tribunales inferiores.
En idéntico orden de cosas, tampoco podrán los jueces/zas y tribunales dictar instrucciones
de carácter general o particular dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación
o interpretación del ordenamiento jurídico que llevan a cabo en el ejercicio de
su función jurisdiccional.
Pudiera pensarse que esta afirmación entra en contradicción con la facultad atribuida
al CGTSP de adoptar decisiones y dictar normas sobre la actuación judicial propiamente
dicha, que deberán ser observados de forma preceptiva e improrrogable por
todos los tribunales de justicia. No obstante, este criterio es erróneo si tenemos en
cuenta, primero, que este constituye un órgano gubernativo, cuyas funciones –que
no son jurisdiccionales- están encaminadas a velar por el correcto desempeño de los
tribunales y jueces en su actuar (artículo 121 Constitución, 33 artículo 15.2 34 y 19.1 35
LTP y artículo 5 y 8 Reglamento LTP) 36 . Algo similar ocurre con las atribuciones de
los Consejos de Gobierno de los Tribunales Provinciales. 37
33 Nota 28.
34 Artículo. 15.2. Por medio de su Consejo de Gobierno, [el TSP] ejerce la iniciativa legislativa en materia
relativa a la administración de justicia y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas
generales de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de
estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en
la interpretación y aplicación de la ley.
35 Artículo.19.1.
36 Artículo 5.-La organización del trabajo administrativo o gubernativo de los Tribunales Populares,
se realiza de acuerdo con las disposiciones que dicten el Consejo de Gobierno y el Presidente del
Tribunal Supremo Popular. Artículo. 8.
37 Artículo 28.1 LTP y 32 RLTP.

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
En segundo lugar, pudiera alegarse que esas disposiciones, si bien son de obligado
cumplimiento para todos los tribunales 38 , no refieren o sustituyen la decisión de casos
concretos por estos, lo que está expresamente proscrito en la ley. 39 Dichos acuerdos
e instrucciones del CGTSP 40 pueden tener carácter general o particular, según
resuelvan cuestiones que afecten a la aplicación e interpretación de la ley (omisiones,
oscuridades o equívocas redacciones legislativas) (artículo 15.2 41 y 19.1 h) 42 LTP) o
constituyan respuesta a consultas o inquietudes concretas de algún juez o tribunal
que reclama su asistencia (artículo 19.1g) LTP 43 y 73 RLTP 44 ); supuestos que pudieran
causar inseguridad o duda al momento de administrar justicia.
Sin embargo, en ningún caso, tales disposiciones –que por demás alcanzan rango de ley,
según se deduce del artículo 630.1 de la LPCALE 45 – se equiparan a la jurisprudencia
38
Artículo. 3 y 75 RLTP.
Artículo 3.- Las disposiciones emanadas del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular o
del Presidente del Tribunal Supremo Popular, son obligatorias para todos los tribunales; las de los
tribunales superiores tienen igual carácter para los inferiores, y estos a la vez, responden ante aquellos
y les rinden cuenta de su gestión cuando lo soliciten.
Artículo 75.- Las Instrucciones y los Dictámenes acordados son de obligatoria observancia por los
tribunales, una vez circulados entre ellos.
39
Artículo 67 RLTP.- La formalización de una consulta tiene como finalidad exclusiva establecer una
práctica judicial uniforme y coherente en la interpretación y aplicación de la Ley, y no la de dar solución
a los asuntos particulares que pendan ante los Tribunales, por cuya razón en ningún caso, puede
formularse con tal objetivo y, por consiguiente, no se puede dilatar, posponer, suspender o aplazar
las resoluciones que deban dictarse en un proceso, ya sean interlocutorias o definitivas, en espera de
que sea evacuada la consulta.
40
Criterio del profesor Mendoza que diferencia a los acuerdos de las instrucciones según su origen,
procedimiento y efectos. Juan Mendoza Díaz: “Las fuentes formales del Derecho Procesal Civil”, en:
Juan Mendoza Díaz (Coordinador), Lecciones de Derecho Procesal Civil, Félix Varela, La Habana, 2001,
pp. 16 y 17.
41
Nota 34.
42
Artículo 19.1. Corresponde al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular:
h) impartir instrucciones generales de carácter obligatorio para los tribunales, a los efectos de
establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley;
43
Artículo 19.1. Corresponde al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular:
g) evacuar las consultas de carácter general que le formulen sus propias salas, los tribunales, el Fiscal
General de la República y el Ministro de Justicia;
44
Artículo 73.-Las consultas se resuelven por medio de Instrucción, cuando la índole propia de las
cuestiones de que se trate requieran regular la forma de proceder, en los demás casos, se resuelven a
través de Dictámenes.
No es necesario adoptar la forma de Dictamen, cuando la cuestión que se plantea esté claramente
resuelta en la Ley; en este caso, basta que el Consejo de Gobierno lo exprese así al consultante con
indicación de la disposición aplicable.
En todos los casos la decisión se adopta mediante el correspondiente Acuerdo.
45
Artículo 630.-Procede el recurso de casación por los motivos siguientes:
1) que la sentencia o resolución contenga infracción por falta de aplicación interpretación errónea o
aplicación indebida, con trascendencia al fallo, de las leyes, de las interpretaciones de estas demandas
del Consejo de Estado, de las instrucciones de carácter obligatorio dictadas por el Pleno del Tribunal
Supremo Popular o su Consejo de Gobierno, recogiendo la experiencia de la actividad judicial en
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que regulan otros sistemas jurídicos con carácter de fuente formal, 46 pues esta alude
a la decisión reiterada del máximo órgano de justicia de un país, en su función de
resolver casos concretos (función jurisdiccional) y que obliga a los de rango inferior
a observar tales criterios en la aplicación e interpretación de las leyes, al punto de que
sus propias decisiones puedan ser nulas de pleno derecho en caso de contravenir de
alguna forma lo dispuesto por aquel.
No obstante, contamos con otros mecanismos para evitar y/o corregir las interpretaciones
contrapuestas que pudieran conllevar a una diferente aplicación de la ley a
casos semejantes. Nos referimos a los recursos, en especial al recurso de casación, y
a los acuerdos e instrucciones del CGTSP. En el primer caso, insistimos, no se trata
de la jurisprudencia presente en muchos de los sistemas de derecho, pues a pesar de
ser resueltos por la máxima instancia judicial y tener como su objeto primordial el
de uniformar un criterio judicial en la interpretación del Derecho en todo el país y
de garantizar la efectiva aplicación de la ley, sus decisiones no son vinculantes sino
aconsejables para los tribunales inferiores; es decir, el llamado “criterio de la sala” no
tiene que observarse por estos con carácter obligatorio al momento de dar solución
a conflictos similares, sino que les sirven de referente o guía en la administración de
justicia.
En cuanto al segundo mecanismo (véanse los citados artículos 121, tercer párrafo,
de la Constitución y 67 del RLTP), ya referido, aunque las instrucciones o acuerdos
del CGTSP sí poseen carácter vinculante, en ningún supuesto este se erige en órgano
jurisdiccional, pues no decide directamente un conflicto concreto, no administra
justicia ni constituye una instancia judicial o tribunal, sino el órgano gubernativo del
poder judicial. Por tanto, en ninguno de estos casos se vulnera o conculca el principio
de independencia que sirve de base a la actuación judicial.
No sumisión a entidad alguna
Desde su surgimiento, la independencia judicial se ha proclamado como una aspiración
frente o contra los otros “poderes” del Estado y sobre todo contra el poder
ejecutivo. En nuestra organización judicial, como en otras tantas, se pretendió
desapoderar al ejecutivo de las funciones que este había asumido sobre el judicial,
creándose el aludido CGTSP con la misión esencial de reforzar jurídicamente la
independencia de la organización judicial, garantizándose que todo lo que afecte
al estatus de jueces, así como su futuro profesional no dependa de un órgano del
Estado ajeno al poder judicial, sino de un órgano compuesto mayoritariamente por
miembros de la carrera judicial.
la interpretación y aplicación de las leyes, o de las decisiones dictadas por esos órganos al evacuar
consultas de los Tribunales sobre conflictos entre las leyes y otras disposiciones de rango normativo
interior.
46 “Solo tendrá el carácter de fuente formal del Derecho, aquello de lo que el juez puede hacer uso para
fundamentar jurídicamente su actuar en un proceso determinado”. Juan Mendoza Díaz: Ob. cit., p. 9.

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
Sin embargo, lo anterior tampoco debe ser visto en un contexto de absoluta rigidez,
ya que en el entramado institucional propiciado por la misma Constitución, subyace
a todas luces la intención de que la organización judicial interactúe con las demás
funciones estatales, en aras de un importante y necesario equilibrio político-social.
Garantías de la independencia judicial
La credibilidad y operatividad de la justicia depende, en gran medida, de las garantías
que rodeen a quienes la administren. Proclamada la independencia, la organización
judicial debe integrarse en su mayor parte por normas que tiendan a garantizarla.
Como casi todas las legislaciones, la nuestra cuenta con una garantía de tipo formal
y con una serie de presupuestos o medidas que tiendan a sustentar la independencia,
previo a la actuación de los jueces, aunque subsisten después de iniciada su actividad.
Así, podemos mencionar como garantías materiales: las condiciones necesarias para
el ejercicio de la función o carrera judicial; las incapacidades, incompatibilidades y
prohibiciones; la inamovilidad y consiguiente responsabilidad; el régimen de selección,
nombramiento, promoción, suspensión, sustitución y revocación de jueces, entre
otras. 47 También se cuenta con una garantía institucional: el ya aludido CGTSP.
Para contrarrestar y reforzar el sistema de garantías a la independencia judicial, se
establece el control y supervisión sobre las actuaciones y actividades de los jueces,
se acentúan las reglas de publicidad de los procesos y se insiste también en la obligatoriedad
de motivar el porqué de las decisiones que se dicten, con el fin de evitar que
abusen de la tremenda autoridad que la ley les confiere. 48
No obstante, nuestro ordenamiento jurídico no estipula expresamente medidas o
garantías materiales para combatir las violaciones o amenazas efectivas a este principio
rector de la actuación de los tribunales de justicia, por lo que se requiere de un
pronunciamiento del órgano legislativo al respecto. Mientras ello no suceda, deberán
aplicarse soluciones análogas a las previstas en otras legislaciones 49 o integrar el Derecho
Interno, en pos de la protección de la necesaria independencia de los jueces.
47 Artículos. 9, 42-44, 45-51, 52, 54-61, 62-63, 64-65, 66-69, 70, 112 de la LTP; artículos. 93-98, 107-
112, 120-125 del RLTP y artículos. 120, 2do párrafo, y 126 de la Constitución.
48 Artículos. 68b),c), 125 de la Constitución; artículos. 2.2g), 19.1e),f), 40-41, 71 y siguientes de la LTP;
artículos. 64-66, 76 del RLTP; artículos. 12, 61 y 62 LPCALE.
49 Refiriéndose a la legislación española, Montero Aroca expresa: “El artículo 13 de la LOPJ hace la
declaración retórica de que todos están obligados a respetar la independencia de jueces y magistrados
y para el caso de que alguno se considere aquietado o perturbado en su independencia el artículo 14
prevé varios caminos a seguir:
• Ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial para que lo solucione o haga llegar
al Órgano del poder ejecutivo perturbador la queja del juez o magistrado.
• Dar cuenta de los hechos al órgano judicial competente para seguir el procedimiento adecuado, con
lo que parece referirse al delito del artículo 508 del nuevo Código Penal.
• Practicar por sí mismo las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia
y restaurar el orden jurídico.
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Lo que sí está claro es que no puede mostrarse una situación contraria y quedar
impune, en franca vulneración de las garantías y derechos de los ciudadanos y crear
de esa forma inseguridad en el sistema de justicia encargado de velar por estos.
interrelación de los principios de independencia
e imparcialidad
A pesar de haber sido tratados por separado, los principios de imparcialidad
e independencia se hallan estrechamente intervinculados, se presuponen
mutuamente, teniendo zonas de confluencia o superposición. En realidad, la
cuestión principal reside en la necesidad de asegurar la igualdad de las partes
en el proceso, lo que supone la libertad de criterio del juzgador/a para resolver
los conflictos sin ataduras, compromisos ni interferencias extrañas, bajo
la sola sumisión a la Ley.
La independencia constituye, pues, el primer paso hacia la imparcialidad de
los jueces/zas, y así condicionada, esa imparcialidad amerita ser vigilada constantemente.
Las medidas aludidas para salvaguardar la independencia de la
justicia, tienen como fin último el de asegurar la tan necesaria objetividad e
imparcialidad del juez/a, a la vez que prevenir y eliminar cualquier situación
indeseable capaz de comprometer la idoneidad de la función jurisdiccional.
Vinculación del Género con los principios
de independencia e imparcialidad
Los juzgadores/as no solo no pueden tener interés o relación con ninguna de las
partes, sino que también deberán estar en condiciones intelectuales de fallar sin prejuicios.
El juicio debe ser un acto puro de valoración de alegaciones y pruebas, sin
posiciones previas ni condicionamiento alguno.
Como es obvio, la justicia es humana y los juzgadores/as no interpretan ni aplican
las normas de forma mecánica, sino que en este proceso estarán siempre presentes
los sentimientos, razonamientos y prejuicios del juez/a de que se trate. El género,
• Pedir al Ministerio Fiscal que promueva las acciones pertinentes en defensa de la independencia (arts.
1241 CE, 142 y 435.1 LOPJ y 1 EOMF).
Naturalmente, la exigencia de independencia no se realiza solo contra el poder ejecutivo, sino también
contra cualquier persona o entidad, de modo que quedan comprendidos –en su caso– los partidos
políticos, los sindicatos, las asociaciones, los medios de comunicación y los grupos de presión.”
Montero Aroca, Ob. cit., p. 113.

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
como categoría socialmente construida, no constituye la excepción, por lo que siempre
existirá cierta incidencia –sea favorable o no- de la forma en que se le conciba y
valore en la solución de los casos sometidos a jurisdicción.
¿En qué medida estarán garantizados los referidos principios de independencia e
imparcialidad que deben regir la conducta de los jueces/zas en su actuación jurisdiccional,
cuando a la hora de decidir sobre un caso concreto sometido a su conocimiento,
se colocan en la posición del sujeto activo o pasivo o están en ellos presentes
estereotipos de género que los llevan a discriminar a una de las partes en el asunto,
ya sea porque la consideran inferior y subordinada a la otra; ya por pensar que con
determinada solución se le estaría ayudando, cuando en verdad se le perjudicaría aún
más?
Digamos, por ejemplo, que se trata de una jueza con estereotipos de género 50 , que no
se percata o no lucha contra su propia discriminación como mujer por creerlo como
algo natural, “que debe ser así”, juzgando un conflicto donde otra mujer pretenda
luchar por el papel y los derechos que le corresponden en una relación jurídica o
social, en este caso de familia: resulta evidente entonces la gran posibilidad de que la
jueza no solo no apoye la pretensión fundada de aquella, sino que pueda oponerse a
esta por considerarla absurda, injustificada o impropia para lo que se espera de una
buena esposa, de una buena hija, de una buena madre.
Pero no siempre ha de ser la mujer o la madre, la parte débil o necesitada de tutela
judicial; también pueden darse ejemplos de discriminación masculina o paterna.
Enaltecen a la sociedad cubana los casos –loables pero excepcionalísimos, como
hemos podido comprobar con el análisis de un grupo de expedientes familiares– en
que el padre reclama con fuerzas y con razones suficientes la guarda y cuidado de
su hijo o hija, por encontrarse en mejores condiciones que la madre para asumirla,
por serle más apropiado para sus estudios o su salud, por preferirlo así el menor de
edad o por cualesquiera otras circunstancias, las que deberán observarse y valorarse
casuísticamente.
Entonces pudiera suceder que el tribunal no conciba u ofrezca cierta resistencia a
aceptar que no sea la madre del infante quien se quede con él. Cuantas veces no
hemos escuchado en el argot popular, frases provenientes de una madre –que pudiera
ser jueza– como: “a mi hijo no me lo quita nadie”, o “se queda conmigo así nos mate
el hambre”, “no lo tendrá todo pero es con su madre con quien tiene que estar”. De
tales aseveraciones puede colegirse que está muy generalizada la creencia milenaria de
que los hijos e hijas nacieron para estar con sus progenitoras, como si el padre no fuera
igualmente importante y necesario para el desarrollo del menor de edad y tuviese los
mismos deberes para con la educación y el crecimiento de los hijos.
50 Los estereotipos de género son modelos de conducta social basados en opiniones preconcebidas,
que adjudican valores y conductas a las personas en función de su sexo.
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En todos los supuestos donde esté presente la discriminación del juez/a –directa o
indirectamente– el juzgador/a se habrá parcializado, con incidencia para su decisión de
lo que cree más correcto y, en consecuencia, resultará lesionada en su derecho la parte
discriminada. O sea, a nuestro juicio, estaría presente un elemento externo al caso –la
propia percepción sexista del juzgador/a y la influencia socio cultural del medio que le
rodea– y muy probablemente alejado del sentido de la ley, lo que viola los principios
de independencia e imparcialidad judicial.
No obstante, si un juez/a se percata durante la tramitación de un asunto concreto que
las partes no se hallan en un plano de igualdad real, y considerando esta desproporción
toma ciertas providencias sin contravenir los presupuestos y garantías del proceso, ello
no vulneraría el principio de imparcialidad, pues se mantiene intangible la igualdad
legal o procesal de las partes. No se trata de proporcionar a la parte en desventaja más
medios de pruebas ni plazos más extensos, sino de equilibrar lo que en la práctica no
constituye una relación de igualdad. El tribunal pudiera, por ejemplo, hacer uso de la
potestad que la ley le confiere de disponer de oficio la práctica de pruebas, en aras de
buscar la verdad material, cuando esta no haya quedado completamente expuesta a
pesar de haber agotado las partes su carga/derecho a la prueba y sin que supla de esta
forma la inactividad o negligencia de una de ellas.
En resumen, no sería parcial el juez/a que con un enfoque de género 51 y sin discriminación
ni sobreprotección de ningún tipo, busca rescatar en el proceso la igualdad real
que se ha vulnerado fuera de este, sin menoscabo de las normas y garantías procesales
y sin que ello determine exclusivamente su decisión final.
Y es que no se debe confundir imparcialidad con neutralidad: se trata de no tomar partido
por ninguna de las partes en ningún asunto, pero ello no puede implicar en modo
alguno indiferencia ni apatía ante las dificultades de las partes o los valores básicos y
los principios que están en juego. Buscar la solución más conveniente y justa en cada
proceso sigue siendo la primera y más sagrada obligación del juez/a, garantizando y
cultivando así los derechos humanos de todo el pueblo, con particular énfasis en los
“débiles, las minorías y los marginados”.
Aunque de forma muy general y no desde la óptica del género, estos criterios son
compartidos por el mencionado Montero Aroca cuando afirma:
En el proceso civil, y en sus derivados, la igualdad de las partes no puede lograrse estableciendo
desigualdades procesales de signo contrario, sino que el legislador, partiendo
del conocimiento de la desigualdad real de las partes, debe favorecer todas aquellas instituciones
que puedan servir para poner a la parte socialmente más débil en condiciones
51 El enfoque o perspectiva de género es la “herramienta o mecanismo de análisis, que busca explicar
el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres. Consiste en el enfoque de
las cosas, situaciones o problemas, tomando en consideración la diversidad en los modos en que se
presentan las relaciones de género en la sociedad, pero entendiendo a la vez la identidad de género,
tanto de hombres como mujeres”. Mariblanca Staff Wilson: “La perspectiva de género desde el
Derecho”, Rivera, Staff & Asociados, p. 5, versión digital.

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
de paridad, y desechar aquellas otras que contribuyen a convertir la igualdad de derecho
en desigualdad de hecho. 52
Desde otra óptica, consideramos que la influencia también pudiera darse en la dirección
contraria a la que hemos analizado hasta aquí: lo más común es que tal influencia
se dé en la dirección género-principio de independencia. Así, pudimos apreciar
cómo una visión sexista inmersa en la conciencia y la forma de pensar del juzgador/
a, pudiera en un caso concreto o en todos los casos sometidos a su conocimiento,
repercutir en su valoración de los hechos y en la decisión a adoptar, conculcando los
citados principios.
Pero a su vez, este fenómeno pudiera tener una arista positiva, en el sentido de que
un respeto estricto de las máximas de independencia e imparcialidad que deben guiar
la actuación de los jueces/zas y una cada vez más progresista e integral preparación
de estos, 53 pudiera obligarlos, conscientemente o no, a actuar en el caso que conoce
y decide con cierta perspectiva de género (y no con un enfoque sexista, como en
los supuestos anteriores), sin discriminación ni distinción alguna y considerando la
semejanza en la diversidad; aún cuando fuera del proceso en cuestión, de haber tenido
en cuenta su manera de sentir y razonar ante la vida y ante sus propios asuntos
personales, su opinión o posición no hubiese sido la misma. Generalmente es mucho
más fácil reconocer las cosas cuando se trata de los demás que cuando el problema
versa sobre nosotros mismos, aún más cuando no nos percatamos de que ese mal
nos afecta tan de cerca, por lo que el juez/a pudiera comprender y beneficiar a otros
que se lo merezcan y no valorar de igual forma su propia situación.
Es deber del juez/a actuar con objetividad: ha de identificar y dar expresión a los
valores básicos de la sociedad, aún cuando el mismo no los comparta; abstenerse de
imponer sus propios valores subjetivos a la ciudadanía; ser sensible al peso de su cargo
y a las limitaciones que le impone; ser autocrítico y carecer de cualquier rastro de
arrogancia que le pueda inducir a equivocarse en su propia solemnidad y dar pruebas
de humildad intelectual, permitiéndose de ese modo admitir sus errores.
52 Juan Montero Aroca: “Estructura del proceso”, en: Juan Montero Aroca: Ob. cit., p. 331.
53 A partir del 2010, se han realizado diferentes acciones de capacitación y sensibilización en materia de
género y Derecho por parte de la Unión Nacional de Juristas de Cuba con el apoyo de la Federación
de Mujeres Cubanas y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, dirigidas al sector
jurídico: I y II Edición del Diplomado “Mediación, Género y Familia” (2009-2010 y 2011-2012, respectivamente);
cursos de postgrado “Género y Derecho” para jueces en cargos de dirección (diciembre
2010) y los desarrollados en las provincias de Holguín (febrero 2011), La Habana (marzo 2011),
Ciego de Ávila y Granma (diciembre 2011). En los mismos se preparaba a juristas de las más diversas
esferas en este necesario enfoque, con un carácter esencialmente práctico y de intercambio; y los
participantes tuvieron la posibilidad de emitir sus criterios y posturas, con los que logramos mayor
información y percepción en relación con este tema y constatamos las discriminaciones indirectas
aún latentes en nuestro sector. Fue palpable el cambio experimentado por los cursistas al recibir los
contenidos de género desde la perspectiva de su interrelación con el Derecho, con efectos positivos
para su ejercicio profesional.
21

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dra iVonne pérez gutiérrez
Ahora bien, si tenemos en cuenta que el principio de independencia consiste en el
respeto a la ley, como única limitante a la función jurisdiccional, y que con arreglo
a ello, los jueces/zas podrán resolver las controversias que se le presenten sobre la
base de las máximas de su experiencia –dentro del referido marco que las normas
jurídicas le fijan–; entonces considero que si se tratase de un juez/a que decide con
enfoque sexista, ello no violaría directamente el principio de independencia pues
estaría juzgando el caso en concreto conforme a la ley y de acuerdo con sus propios
principios, su conciencia y su sentido de “lo ético”, “lo justo” y “lo normal”.
Así pues, de darse este supuesto en la práctica, no estaríamos ante la presencia de un
factor externo que vulnere la independencia del juez/a, sino que, desde el principio
de independencia se decidirá un caso con exclusivo apego a la ley y quizás hasta con
imparcialidad, pero sobre una base psicológica errónea o no del todo justa, solución
esta que probablemente se repita ante supuestos semejantes pues provienen de la
mente del juzgador/a, más que de los hechos y de las pruebas que arroje el proceso.
No podemos olvidar que la jurisdicción, ante todo, es humana y, por lo tanto, falible
e imperfecta, además de condicionada socio-históricamente.
Para desarrollar mejor esta idea, pudiéramos partir de dos posiciones o momentos
distintos: el primero pudiera darse cuando, apartándose del sentido y el dicho de la
ley, el juez/a interpreta y aplica la norma de forma tal que se vulneran los derechos
de las partes o de una de ellas debido a su enfoque sexista, supuesto este en que su
actuación constituirá una clara y franca violación al principio de legalidad y, consecuentemente,
a los de independencia e imparcialidad; en otras palabras, el juzgador/
a ha colocado su forma de pensar –por demás errónea– por encima de su obligación
de respetar y aplicar la ley.
En el otro supuesto posible, la ley ofrece el modo de actuación a seguir por el juzgador/a,
eligiendo entre múltiples opciones la solución que ante determinado supuesto
de hecho considere más conveniente, y es este quien, teniendo como base su
formación personal o su conciencia, opta por una decisión que resulta no ser la más
indicada o justa. Aquí tenemos que, a diferencia del anterior, el juez/a no contradijo
ni violó directamente la norma jurídica, sino que, amparado en esta, optó o valoró
determinado caso de forma errónea o simplemente arbitraria. De manera que no ha
sido vulnerado el principio de independencia, aunque sí pudiera quedar afectado, en
su caso, el de imparcialidad, pues aunque en su decisión el juez/a observó y aplicó la
norma que legitimó su actuar, la decisión final estuvo permeada de enfoques sexistas
y discriminatorios que, a la postre, también conculcan megaprincipios como el de
legalidad (en sentido amplio), igualdad y libertad, entre otros.
La tarea más delicada de los juzgadores no consistirá en aplicar las leyes justas y
completas a los asuntos sometidos a su conocimiento, sino que el máximo aporte
de creatividad jurisprudencial se encontrará en los casos donde las mismas presenten
lagunas o cuando existan contradicciones entre normativas dictadas en épocas
distintas y bajo desiguales enfoques socio-políticos. En todos los casos, esa función
creadora no puede reducirse a una aplicación mecánica de la ley por un juez/a in-

Perspectiva de género en sede familiar. Su vinculación con los principios de imparcialidad...
diferente ante los conflictos de la sociedad, ni por el contrario conducir a negar su
sometimiento a la ley.
Como hemos podido analizar, dentro de los diversos tipos de condicionantes que
pueden incidir de alguna forma en la independencia del juez/a al administrar justicia,
las llamadas “condicionantes sociales” constituyen factores de incidencia quizás más
sigilosa y que, por esa razón, resultan más influyentes y peligrosos al dimanar de la
comunidad en su conjunto. La sociedad sustenta valores compartidos que se originan
en tradiciones y usos inveterados o son propios de la idiosincrasia colectiva, de manera
que corresponde al juez/a interpretar esos valores y sentimientos comunitarios
a los que debe adecuar sus decisiones. No puede actuar o pensar ajeno e insensible a
la realidad; esta no representa una limitación formal ni legalmente establecida, pero
se hace sentir y se refleja en el ánimo de quien debe juzgar. La “opinión pública”,
que se nutre de los valores prevalecientes, condiciona las actuaciones de los jueces,
en ocasiones en forma de límite y control frente a las arbitrariedades u obstinaciones
y a veces como freno de la justicia y el progreso social.
El juez/a es parte de su pueblo y velador de su seguridad, por ello es de capital
importancia que este sea plenamente consciente de lo que le rodea, de los acontecimientos
y problemas que preocupan a su pueblo. La historia del Derecho es la
de la búsqueda de la armonización de la ley con las necesidades cambiantes de la
sociedad.
a modo de conclusiones
La incorporación del enfoque de género en la creación, aplicación e interpretación
de las leyes constituye un paso previo e imprescindible para la búsqueda de la plena
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. A la igualdad jurídica
deben seguir o confluir las acciones para alcanzar una igualdad de hecho en pos
de una eficacia normativa.
El enfoque de género del juzgador/a influye en la plena realización de los valores de
justicia e igualdad de género, así como en el cumplimiento de los principios de independencia
e imparcialidad que guían su actuación. En cuanto a la legislación vigente,
carece de ciertos mecanismos para garantizar el cumplimiento de los principios de
imparcialidad e independencia, pues la discriminación del juez por razón de sexo
no encuentra cabida entre las causales de recusación y excusa, así como tampoco se
estipulan expresamente medidas para combatir las violaciones o amenazas efectivas
a la independencia por cualquier razón, entre ellas, debido a un enfoque sexista.
A pesar de las acciones de capacitación realizadas en los últimos años, aún continúa
siendo insuficiente la formación de las y los juristas en el enfoque de género, sobre
23

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todo a la luz de los principales instrumentos jurídicos internacionales al respecto,
para que puedan identificar y combatir las expresiones de discriminación sexista,
sobre todo indirecta.
El estudio realizado demostró que aún persisten, si bien en menor medida, ciertas
discriminaciones indirectas y estereotipos sexistas ocultos en el subconsciente de los
operadores jurídicos, lo que imprime a este tema un carácter sumamente subjetivo
y, por ende, una singular importancia, por lo cual amerita un mayor compromiso y
la realización de múltiples acciones para lograr su concientización, demostración y
erradicación.
De ahí la necesidad de incorporar la perspectiva de género a todos los niveles de la
sociedad para lo cual se deberá seguir dando cumplimiento a los Acuerdos del Plan
de Acción Nacional de la República de Cuba de Seguimiento a la IV Conferencia
de la ONU sobre la Mujer y a las Recomendaciones formuladas por el Comité de
Expertas de la CEDAW al gobierno cubano en cuanto al tema de capacitación en
materia de género al sector jurídico.
En el orden normativo se hace imprescindible actualizar el vigente Código de Familia,
así como la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico,
particularmente en relación a lo regulado en el Capítulo VIII de la LPCALE, De la
Recusación y Excusa de los Jueces y Secretarios, deberá valorarse la modificación de
los artículos 50 y 56 en el sentido de sustituir el carácter taxativo y exclusivo de la
enumeración de causales previstas por una redacción más abierta que permita incluir
otros supuestos que pudieran comprometer la imparcialidad de los jueces/zas. Este
propósito pudiera alcanzarse empleando alguna(s) de estas variantes: incorporar en
el enunciado algún indicio de que se trata de ejemplos de causales o de que estas son
las más comunes pero no las únicas; adicionar un supuesto específico relativo a las
cuestiones discriminatorias por razón de sexo u otras afines; o agregar al final un
precepto “saco” mediante el cual se puedan incluir otras situaciones.
De igual forma deberá valorar la estipulación expresa –ya sea en la LTP o en su Reglamento
como en la LPCALE– de medidas o garantías para prevenir las amenazas
al principio de independencia de los jueces/zas, o para combatir su violación, una
vez presentada. Mientras tanto, deberán aplicarse soluciones análogas a las previstas
en otras legislaciones o integrar el Derecho Interno, en pos de la protección de la
necesaria independencia judicial.

Una Visión internacional del enFoQUe
de GÉnero en el trabaJo en el actUal
orden econóMico Y social
MsC. lYdia Guevara raMírez
Cuba
¿Qué sucede actualmente en el mundo?
Para dar respuesta a esta interrogante, se requiere revisar informaciones sobre las actuales
reformas laborales que han tenido lugar en infinidad de países, sobre todo, al
interior de la Unión Europea, así como en América Latina, algunas veces con enfoque
positivo y otras de una precarización acelerada del empleo, pudiéndose afirmar
que ha entrado en crisis el modelo de relaciones laborales, con énfasis en el criterio
de que tantos beneficios otorgados a los trabajadores y trabajadoras en el espacio de
trabajo han provocado el estado de cosas que hay que modificar para “salvar el mercado”
y con ello posibilitar el acceso al trabajo de una mayor cantidad de personas,
reduciendo el desempleo con un Programa y Plan de empleo a nivel internacional y
al interior de cada país.
Pero también hay un cambio notable en el modelo de organización de la sociedad y
del trabajo productivo y reproductivo y el enfoque del “padre proveedor” y la “madre
cuidadora y reproductora”. En tales condiciones nos acostumbramos a la mujer
del hogar, ama de casa o trabajadora, pero con las facilidades del trabajo a tiempo
parcial para el cuidado del hogar, de la familia y el padre sería el proveedor del dinero
y garante de la alimentación, vivienda y otras necesidades de su familia.
Todo pasa por un enfoque de género con una mirada patriarcal que ha sido estudiada
en los diferentes países y por las organizaciones internacionales, entre ellas, por la
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propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1 y que ha conllevado a que en
eventos internacionales, diferentes organizaciones hayan debatido cómo garantizar
el principio de igualdad, evitando que las desigualdades existentes entre hombres y
mujeres generen discriminaciones. 2
No obstante habría que analizar a qué se debe el cambio del modelo de organización
de la sociedad, que a nuestro entender pasa por profundas transformaciones tanto
en el ámbito demográfico, en la estructura familiar y en la propia organización y diseño
de los puestos de trabajo dentro de las empresas y organizaciones.
Ahora hay más mujeres vinculadas a una relación laboral, más del 40 % de la fuerza
de trabajo en el mundo está representada por mujeres, en algunos países como sucede
en Cuba casi alcanza la paridad con el hombre, siendo resultado de un cambio de
enfoque en la correlación padre y madre, pues la estructura al interior de la familia
también se encuentra sumida en un profundo cambio en el sentido de madre y padre
al unísono, o sea, mujer trabajadora, madre soltera y con hijos que es proveedora y
cuidadora a la vez, por lo que se entroniza en su célula familiar una doble y hasta
triple jornada laboral diaria, en que el descanso ocupa la menor parte, la atención
personal casi es inexistente y todo se vuelca hacia el sostenimiento de la familia con
jornadas laborales excesivas de hasta 12 horas diarias para alcanzar el nivel de ingresos
que cubra la canasta básica y permita satisfacer algunas necesidades esenciales
complementarias.
Igualmente ha habido sensibles cambios en la organización empresarial con un acercamiento
mayor al sector de los servicios más que al sector productivo el cual se
nutre muchas veces de equipos electrónicos y tableros de mando para aliviar la carga
física del trabajador y trabajadora, aunque supera con creces la carga emocional y
mental de aquellos que controlan los dispositivos antes mencionados. Hoy en día
es mayoritaria la participación y presencia femenina en el sector de los servicios
bancarios, científicos, farmacéuticos, turísticos, gastronómicos, inmobiliarios y otros
que requieren una determinada preparación profesional, observándose además que
las mujeres gozan muchas veces de un alto nivel escolar, sin embargo en la generalidad
de los países ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, a pesar de las
1 Al respecto consultar los informes de OIT sobre “Igualdad de género y raza en el trabajo: avances y
desafíos”, del 2010, “Notas de la OIT sobre trabajo y familia. Trabajo y responsabilidades familiares:
nuevos enfoques”, 2009.
2 “Las diferencias de género en la participación y en las tasas de desempleo son una característica
persistente en los mercados laborales mundiales, a pesar de los avances logrados respecto al nivel
educativo de la mujer. Las mujeres sufren de múltiples desventajas en el acceso al mercado de trabajo
y en la mayoría de los casos no cuentan con las mismas oportunidades que los hombres en sus opciones
laborales o para acceder a las condiciones de trabajo a las que aspiran. Esta exclusión laboral
es particularmente importante en el caso de las jóvenes migrantes. Además, los roles sociales establecidos
tradicionalmente sobrecargan a las mujeres con responsabilidades ligadas al cuidado de otros
miembros de la familia y tareas del hogar o trabajo familiar. (Resolución sobre igualdad de género,
2do Congreso de la Confederación Sindical Internacional, 2CO/S/6.3 (final), 2010).

Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico...
declaraciones constitucionales de que “a igual trabajo, igual salario”. E igualmente
por las tareas domésticas que asumen, “son vistas como trabajadoras menos productivas,
lo que afecta negativamente sus posibilidades de promoción y de remuneración”.
3
Pero hay más factores que deben tomarse en cuenta para que el análisis sea completo:
• Aún cuando las mujeres han pasado a compartir con el hombre el trabajo
remunerado, no existe lo mismo con las tareas domésticas y además se mantiene
como una verdad irrefutable que las responsabilidades familiares son un
asunto privado, cuando en verdad, intervienen muchos elementos a favor y
en contra, el Estado es uno de los participantes más importantes en la solución
de muchos problemas desde el aspecto institucional, así como debe ser
el garante del accionar de las empresas y demás instituciones para mejorar la
capacidad de respuesta hacia el entorno familiar y con ello contribuir a una
mayor presencia de la mujer en el trabajo.
• Todavía persisten individuos honestamente convencidos de que las tareas del
hogar y la responsabilidad familiar deben ser asumidas principalmente por las
mujeres como su obligación y que la participación del hombre es “en calidad
de apoyo o ayuda”, ya que desde que somos niños y niñas, nos enseñan que el
varón tiene una actividad física y emocional diferente a la niña y que al crecer,
la gestión de la casa y la familia es una habilidad natural de las mujeres, además
de ser de su entera incumbencia, porque el espacio de la casa y la familia es
femenino y el de la esfera pública es eminentemente masculino.
• En dependencia del nivel de solvencia económica, se puede acceder a algunos
servicios para facilitar el acceso de la mujer al trabajo, que no todos pueden
disfrutar y que recarga a la familia de más bajos ingresos.
• Por último, en este orden de cosas, cada día se hace más difícil a la mujer trabajadora
conciliar su vida laboral con las responsabilidades familiares y con
su propia persona, ya que su aspecto personal también influye en el entorno
laboral y en sus relaciones individuales en el grupo y en la comunidad.
En todo este análisis, vale la pena reflexionar en otro aspecto de suma importancia
en la condición del trabajo femenino y es lo referido a la brecha salarial entre
hombres y mujeres, como detonante de discriminación, en contra del principio de
igualdad que debe enarbolar toda relación de trabajo.
En todo el mundo, las mujeres cobran en promedio 18 % menos que sus colegas
de trabajo masculinos, habiéndose constatado en la última década que los salarios
de las mujeres se han estancado, por lo que la brecha salarial de género parece haber
quedado detenida en el tiempo prácticamente en todo el mundo:
3 Carla de Castro Gome: “Mujeres en la Política: ¿igualdad de género? Informe sobre Desarrollo mundial,
2012 del Banco Mundial. En Revista Sociología, Edición 40 junio-julio, Brasil, 2012.
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Las mujeres están sobre-representadas en empleos con bajos salarios, subrepresentadas
en puestos ejecutivos, directivos y técnicos, y a menudo deben soportar condiciones
de trabajo deplorables. Las capacidades y los empleos de las mujeres han sido históricamente
infravalorados y la brecha salarial de género se sitúa en cerca del 22 %. Las
políticas y los programas para lograr la igualdad de género resultan esenciales, pero no
han demostrado su eficacia para eliminar los estereotipos y superar injusticias. 4
A nivel mundial, la participación de la mujer en el mercado laboral se mantuvo estable
entre 1990 y 2010, pero la brecha de género de la participación de la mano de
obra sigue siendo considerable a todas las edades. Las mujeres están empleadas cada
vez más en el sector servicios.
El empleo vulnerable (trabajo por cuenta propia y contribución al trabajo familiar)
prevalece en muchos países entre las mujeres y mucho más cuando se trata de familias
pobres, la mujer tiende a concentrarse en empleos del sector informal y mucho
más precarios. 5 La gran mayoría de los trabajadores de la economía informal, las
zonas francas industriales o el trabajo doméstico son mujeres, las cuales constituyen
cerca de un 70 % de las personas pobres del planeta y un 65 % de los analfabetos.
impacto de las reformas laborales en el empleo
femenino
La situación actual de la economía mundial se debate en crisis medioambiental, financiera,
inmobiliaria, energética, en los mercados de créditos y que influyen decisivamente
en una crisis del empleo, como resultado de lo cual hay un boom del trabajo
precario e informal en prácticamente todos los países. La crisis económica de 2008
no ha hecho más que acelerar el proceso, ya rápido de por sí, de la informalización
del trabajo. Se considera que las mujeres son las más afectadas por estas tendencias
de los mercados laborales.
El impacto inicial que ha tenido la crisis económica mundial en el empleo, que ha dejado
a más de 27 millones de hombres y mujeres sin trabajo, está bien documentado.
El informe analiza diversas investigaciones internacionales recientes provenientes de
distintas fuentes, haciendo hincapié en una segunda oleada de impactos en el empleo
4 Resolución sobre igualdad de género, 2do Congreso de la Confederación Sindical Internacional,
2CO/S/6.3 (final), 2010.
5 Internacionalmente se reconoce como trabajo informal y/o precario las formas de trabajo con inseguridad
laboral, ingresos bajos y beneficios sociales y derechos legales limitados. Los empleos que se
crean así no son, por regla general, permanentes, sino temporales, ocasionales, inseguros y contingentes.

Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico...
que afecta en particular a las mujeres y que apenas queda reflejada en las estadísticas
oficiales y en las políticas de los Gobiernos. La tendencia, existente desde hace tiempo,
a arreglos precarios de empleo y una creciente informalización del mercado laboral se
ha visto considerablemente acelerada por la crisis, dejando a un número cada vez mayor
de mujeres sin empleo y sin seguridad económica y haciendo que sus salarios sigan
disminuyendo. 6
En los informes de Tendencias del Empleo en el Mundo, 2010 y 2011, la OIT declara
que “la crisis tiene un efecto de gran alcance para las mujeres, exacerbando
su posición históricamente desfavorecida”, lo cual es posible dado que las mujeres
tienen una baja representación en los niveles decisorios o donde se ejerce el poder,
sin embargo su participación es más significativa en el empleo informal, vulnerable y
ocasional. Por tanto las desigualdades de género pre-existentes se exacerban a partir
de la crisis.
Según la OIT, entre 2007 y 2009 la tasa mundial de desempleo femenino aumentó
del 6 al 7 % ligeramente más que la tasa de desempleo masculino, que aumentó del
5,5 al 6,3 %. Aunque las estimaciones mundiales muestran que el impacto de la crisis
en el desempleo ha sido prácticamente igual de perjudicial para hombres y mujeres
de todo el mundo, las bajas tasas de empleo entre las mujeres y su concentración
en formas vulnerables o informales de empleo con bajos ingresos y una protección
social inadecuada son factores que sitúan a la mujer en una posición de desventaja
frente a los hombres a la hora de capear el temporal en tiempos de crisis. 7
¿Qué han hecho los gobiernos ante esta situación? Según Naomi Klein, han aplicado
la doctrina del shock que consiste en la utilización de situaciones contingentes
especialmente graves como justificación para la adopción de medidas impopulares,
aún cuando resulte dudosa la relación entre las unas y las otras. Y lo que se aplica es
una contrarreforma laboral cuyo supuesto es situar a las relaciones laborales como
supuestas causantes de la crisis y por tanto se requiere de todos ceder derechos
sociales para la superación de la misma. Aparece el dogma consistente en que las
empresas han tenido que cesar en su actividad laboral y generar empleos por la supuesta
rigidez de las relaciones laborales y la legislación vigente. Se hace un llamado
a la tercerización, la intermediación en el empleo, el trabajo a tiempo parcial y la
inestabilidad en el empleo.
Esto no es nada más y nada menos que una visión mercantilista del trabajo cuyo
fin es reducir el riesgo empresarial, consolidar la temporalidad laboral, facilitar el
despido, modificar las condiciones de trabajo, utilizar el contrato de trabajo tan solo
cuando sea imprescindible, sin asumir riesgos y costes por su extinción o modificación.
El riesgo empresarial se reduce a la mínima expresión, trasladando el mismo a
los trabajadores y trabajadoras, quienes deben asumir la crisis a través de sus ingresos
laborales.
6 TUC, CSI, IGB: “Vivir con inseguridad económica: mujeres y trabajo precario”,2011
7 “Tendencias mundiales del empleo”, OIT, Ginebra, 2010.
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La crisis ha provocado en América Latina un aumento de la pobreza en una región
que ya tiene 180 millones de pobres y más de 70 millones de indigentes, incrementándose
el desempleo del 7,4 % en el 2008 al 9 % en 2009 y actualmente otros 3
millones de personas en la región carecen de empleo. Los países latinoamericanos y
caribeños, proveedores de materias primas, han reducido los términos de intercambio
de sus productos, en 10,8 %. Por su parte, los norteamericanos son cada vez
más pesimistas en cuanto a la salida de la crisis puesto que la tasa de desempleo está
en 8,2 por ciento y cada vez se elevan más los precios de los combustibles La temporalidad
media en la Unión Europea de los 27 es del 14 %, afectando mucho más
a las mujeres que a los hombres. Según el Banco Mundial, más de 900 millones de
personas (el 13 % de la población global) sobreviven en extrema pobreza, y apenas
17 millones habrán salido de dicho estado de penuria en el 2015.
En Grecia se propuso aplicar un recetario neoliberal de brutales recortes como condición
para acceder a los rescates financieros, con cuatro años de recesión, un nivel
de desempleo del 21 %, más de tres millones de personas en la pobreza y un recorte
del gasto público en sectores como la educación y la sanidad, la destrucción de empleos,
reducción de salarios y pensiones, así como privatización de las pocas empresas
que siguen en manos del Estado.
Los jóvenes de entre 15 y 24 años siguen siendo los más afectados por el paro, pues
más de la mitad de ellos (50,8 %) no tienen trabajo. Los datos de comienzos del 2012
se traducen en que un millón 84 mil personas, en un país de cerca de 11 millones de
habitantes, carecen de una vía para ganarse la vida.
En cuanto a España, la destrucción de empleo ha sido más intensa en ciertos colectivos,
especialmente los jóvenes cuya tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza
casi el 50 %. Por lo que hay una incertidumbre acrecentada a la hora de entrar
en el mercado de trabajo, y ello está provocando que muchos jóvenes con formación
profesional abandonen el mercado de trabajo español en busca de oportunidades en
el extranjero.
La reforma laboral es completa, contiene medidas incisivas y de aplicación inmediata,
al objeto de establecer un marco que contribuya “a la gestión eficaz de las
relaciones laborales”, que facilite la creación de puestos de trabajo, y la estabilidad en
el empleo que necesita el país.
¿Cuáles son las medidas que adopta la Reforma laboral española a través del Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral?
• Despido libre o sin causa durante un año en las pequeñas y medianas empresas.
• Incremento de la precariedad de determinados colectivos de trabajadores
cuya contratación se bonifica (mujeres, jóvenes y desempleados mayores de
45 años);

Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico...
• Se flexibiliza el despido rebajando sus costes económicos y de procedimientos
(eliminación de la autorización administrativa en los procesos de despido
colectivo, suspensión del contrato y reducción de la jornada de trabajo).
El RDL 3/2012 pone en duda el cuadro institucional del Derecho del Trabajo y facilita
la sobreexplotación de la clase obrera, abriendo el camino a la implantación de
condiciones extremadamente dura.
En contraposición a este cuadro, se adopta en Venezuela el Decreto no. 8.938 de 30
de abril de 2012 que puso en vigor la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y
Trabajadoras la cual es diametralmente opuesta a la anterior con las siguientes medidas
a favor de trabajadores y trabajadoras:
• Estabilidad en el empleo y prohibición del despido sin causa.
• Vigencia de los principios de intangibilidad y progresividad de los derechos y
beneficios laborales, los que no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo
desarrollo.
• Limitaciones a la subcontratación. La tercerización se considera fraude y está
prohibida.
• Jornada máxima semanal de 40 horas.
• Titularidad individual del derecho de huelga y estabilidad durante su ejercicio.
• Presunción amplia de la existencia de relación de trabajo.
• Protección a la familia, con aumento del período de licencia pre y postnatal y
mayores beneficios no salariales, como es el pago de cursos de capacitación,
gastos funerarios, reintegro de gastos médicos y odontológicos.
Y además véase la diferencia de una visión no mercantilista del trabajo cuando se
aplican sanciones con arrestos a patronos, por faltas o incumplimientos, como son la
negativa a reenganchar a un trabajador, la violación del derecho de huelga, el incumplimiento
y la obstrucción a la ejecución de actos de las autoridades del trabajo que
serán sancionados con medida de arresto policial de seis a quince meses. El patrono
o patrona que de manera ilegal e injustificada cierre la fuente de trabajo será sancionado
o sancionada con la pena de arresto de seis a quince meses por los órganos
jurisdiccionales competentes a solicitud del Ministerio Público.
Los siguientes aspectos muestran un cuadro actualizado sobre la mujer trabajadora
en el mundo 8
• A nivel mundial, la participación de la mujer en el mercado laboral se mantuvo
estable entre 1990 y 2010, mientras que la de los hombres fue disminuyendo
constantemente a lo largo del mismo período. La brecha de género relativa
a la participación de la mano de obra sigue siendo considerable a todas las
edades, excepto en los primeros años de la edad adulta.
8 “La Mujer en el Mundo 2010: Tendencias y Estadísticas”, Naciones Unidas, Octubre 2010
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• Las mujeres están empleadas predominantemente y cada vez más en el sector
servicios.
• El empleo vulnerable (trabajo por cuenta propia y contribución al trabajo
familiar) prevalece en muchos países de África y Asia, sobre todo entre las
mujeres.
• En las regiones menos desarrolladas el sector informal es una importante
fuente de empleo para mujeres y hombres, aunque más para las mujeres.
• La segregación ocupacional y las brechas salariales de género siguen persistiendo
en todas las regiones.
• En la mayoría de las regiones más desarrolladas y en algunas regiones menos
desarrolladas el empleo a tiempo parcial es habitual entre las mujeres, y está
aumentando en casi todas partes tanto entre mujeres como hombres.
• Las mujeres dedican por lo menos el doble de tiempo que los hombres al trabajo
del hogar, y si se tiene en cuenta la totalidad del trabajo realizado –remunerado
y no remunerado– las mujeres trabajan más horas que los hombres.
Por último se reconocen cuatro áreas clave para la solución del empleo tanto femenino
como masculino que se expresan a continuación:
• Creación de empleos de calidad.
• Aplicación de medidas de igualdad de género en el mercado laboral.
• Acceso universal a la seguridad social con un piso de protección social para todos
los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación de empleo.
• Protección legal a los trabajadores con formas inseguras y precarias de empleo.
¿Qué dice la oit con respecto al tema de género
para un trabajo digno?
Primeramente debemos destacar que entre los 8 objetivos de Desarrollo del Milenio
hay uno referido a promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer en el
contexto de los 7 restantes indicados a continuación:
• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• Lograr la enseñanza primaria universal
• Reducir la mortalidad infantil
• Mejorar la salud materna
• Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico...
Pero el panorama sigue siendo sombrío para el próximo decenio. La OIT ha expresado
en sus informes recientes que el impacto de la actual crisis económica mundial
en el mercado laboral afectará más a las mujeres, que a los hombres, por lo que de los
50 millones de empleos que podrían perderse, 22 millones serán de mujeres. A primera
vista parecería que la influencia es menor, pero cabe recordar que son más los
hombres ocupados en el trabajo formal que las mujeres, que se dedican más al sector
informal y precario, por tanto la cifra es alarmante para conseguir la incorporación
futura de la mujer al trabajo protegido legalmente. Se completa el cuadro a partir de
informaciones publicadas respecto a que las mujeres representan cerca de la mitad
de los migrantes en todo el mundo y que muchas de ellas trabajan en los sectores
menos protegidos y más explotados, y con cada vez mayor frecuencia caen en manos
de redes de trata de personas para el empleo y prostitución. 9
Solo en América Latina, de los 6 millones de personas que ingresarán en la categoría
de pobres, unos 4 millones de personas que actualmente pertenecen a la clase media,
descenderán por debajo de la línea de pobreza, cuando 2 millones de pobres no saldrán
de la pobreza. Se completa el cuadro con la cifra de entre 1,8 y 2,3 millones de
nuevos desempleados que se sumarán a los 16 millones actuales, por lo que la tasa de
desocupación llegaría a 8-8,5 % promedio regional.
Según la OIT, con datos de febrero de 2012, “más de 400 millones de nuevos puestos
de trabajo serán necesarias durante la próxima década para absorber los 40 millones
de crecimiento de la fuerza laboral cada año, enfrentándose el mundo al reto
adicional de crear empleos decentes para los casi 900 millones de trabajadores que
viven con sus familias por debajo de la línea de pobreza, sobre todo en los países en
desarrollo.”
Se completa el cuadro del empleo con los datos de igual fecha en los que las estadísticas
confirman la tendencia de que los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y
24 años, son los más afectados por el desempleo y se estima en 75 millones el desempleo
juvenil, por lo que a nivel mundial, los jóvenes tienen casi tres veces más probabilidades
que los adultos de estar desempleados.
En la 98ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 2009 en Ginebra, ante
la situación de la crisis internacional, se adoptó un Pacto Mundial para el Empleo
con el fin de involucrar a los gobiernos, junto a las organizaciones de trabajadores
y los empleadores, con el compromiso de las acciones para recuperar el empleo
en los diferentes países. Se presentaron tres objetivos fundamentales: creación de
empresas sostenibles, servicios públicos de calidad y protección de las personas. No
obstante, la solución no fue tan efectiva, ya que dos años posteriores, la crisis se hizo
9 Se completa la visión anterior con datos publicados en los Informes de Desarrollo Mundial de ONU
y en los informes sobre Trabajo en el Mundo de la OIT, que ratifican que 100 millones de niños y
niñas latinoamericanos/as de 10 a 14 años están inmersos en la delincuencia, participan en conflictos
armados, en la trata de blancas, el narcotráfico y la explotación sexual entre otras formas de violencia,
especialmente en el trabajo.
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más profunda y el empobrecimiento de la fuerza laboral ha sido mayor, en especial,
de las mujeres con doble condición de proveedoras para el hogar y cuidadoras de la
familia.
La OIT ha publicado sus informes sobre Tendencias del Empleo en el Mundo 2010,
2011 y 2012 y en todos se aprecia que la situación podría ir mejorando a partir del 2015:
Según los últimos indicadores, la desaceleración del empleo ha empezado ya a materializarse.
Esto es evidente en dos tercios de las economías avanzadas y en la mitad
de los países emergentes y en vías de desarrollo con disponibilidad de datos. Mientras
tanto, los jóvenes siguen entrando al mercado laboral. Como consecuencia, durante los
próximos dos años será necesario crear alrededor de 80 millones de nuevos puestos de
trabajo, 27 en las economías avanzadas y el resto en los países emergentes y en vías
de desarrollo, para restablecer las tasas de empleo existentes antes de la crisis. Sin embargo,
dada la reciente desaceleración de la economía, es probable que tan solo la mitad
de estos empleos pueda ser creado; por lo cual se estima que los niveles de empleo en
las economías avanzadas no volverán a la situación registrada antes de la crisis hasta el
2016, es decir, un año más tarde de lo previsto por el Informe sobre el trabajo en el
mundo 2010. 10
Y lo peor que ha podido suceder, por valoraciones de la propia OIT es que se ha
incrementado el descontento y la desconfianza de los trabajadores en la solución
de la crisis que, si bien se originó en la economía financiera, hecha de intangibles,
valores futuros, índices y papeles, la economía social, es la que al final está sintiendo
los rigores de la crisis. La sensación de desconfianza se traduce en desinversión, falta
de crédito, baja productividad, menos comercio, pérdida de empleos y de valor en
los balances contables y personales. En síntesis, pobreza. “Urge cambiar el enfoque.
La oportunidad para impulsar la creación de empleos y la generación de ingresos se
está acabando puesto que la exclusión del mercado de trabajo se está instalando y el
descontento social va en aumento”. 11
Por tanto, es un imperativo de estos tiempos seguir trabajando en pos de una inversión
de los conceptos: son los mercados los que deben ponerse al servicio del empleo
y no los trabajadores salir a salvar el mercado. Eso es tarea fundamentalmente
y responsabilidad compartida de los gobiernos nacionales, los cuales, entre otras
posibilidades, cuentan con el ya citado Pacto Mundial para el empleo de la OIT, que
posee una gama de medidas a aplicar para la reanimación de los empleos, con medidas
que van desde la protección social que favorecen el empleo, hasta regulaciones
de salarios mínimos y empleo bien diseñadas, pasando por el diálogo social productivo.
Para que se movilicen tales recursos es necesario que se establezca un marco
macroeconómico y financiero que favorezca al empleo.
10 Instituto Internacional de Estudios Laborales, OIT, Informe sobre el trabajo en el mundo 2011, p. 2
11 Ibídem, p. 4.

Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico...
He aquí una tabla de estimaciones de la OIT extraído del informe consultado sobre
el Trabajo en el Mundo, 2011.
Regíon
Tabla 1. Escasez estimada de empleos en 2012-2013
Número de
empleos que se
necesitan durante
los próximos dos
años para alcanzar
la tasa de empleo
de 2007 (millones)
Proyecciones de
creación
de empleo
en 2012-2013
(millones)
Escasez de puestos
de trabajo
(millones)
Economías
avanzadas
Economías emer-
27,2 2,5 -24,7
gentes y en vías de
desarrollo
52,8 37,7 -15,1
Mundo 80,0 40,1 -39,9
Nota: El empleo y la población en deda de trabajar se refieren a las personas de 15 años o más. La tercera
columna resulta de la diferencia entre la segunda y la primera.
Fuente: Estimaciones del IIEL basados en Laborista y KILM (Véase Capítulo 1)
Siguiendo en nuestro tema central referido a la condición del empleo femenino en
la actual crisis, podríamos también citar la actividad desarrollada por la OIT en pos
de la aplicación del principio de igualdad e incluso un enfoque de género con “desigualdad
positiva”, habiendo adoptado desde el año 1951 una serie de convenios
internacionales para la debida protección de la mujer y la familia como son:
• Igualdad de remuneración, (no. 100).
• Discriminación (empleo y ocupación), (no. 111).
• Trabajadores con responsabilidades familiares, (no. 156).
• Trabajo a tiempo parcial, (no. 175).
• Trabajo a domicilio, (no. 177).
• Protección de la maternidad, (no. 183).
• Trabajo decente para los trabajadores del hogar (no. 189).
• Recomendaciones de la Conferencia de la OIT de 2009 respecto a “La igualdad
de género como eje del trabajo decente”
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Violencia de género, como forma
de discriminación en el empleo
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Abordemos ahora la erradicación de toda forma de violencia laboral con enfoque de
género, como factor de riesgo en las relaciones de trabajo y con efectos en el medio
ambiente interno, tanto en su forma de acoso sexual, como de acoso moral, siendo
una forma efectiva de discriminación en el empleo. La violencia de género, cuyas
víctimas son mujeres en el 90 % de los casos, constituye un problema acuciante que
afecta a todos los países, siendo una manifestación de la desigualdad persistente de
manera universal.
Es un hecho social generalizado, con una fuerte resistencia por parte de los gobiernos
y el Estado en general a su reconocimiento, por tanto se convierte en “un
hecho invisible en muchos países” y en consecuencia, en un factor de riesgo en las
relaciones de empleo. Es importante remarcar que la violencia laboral actúa en otras
relaciones interpersonales, provocando exclusión social, destrucción de la familia y
otros. En tal sentido es necesario su tratamiento transdisciplinario y con un enfoque
multidisciplinario.
La Declaración de ONU de la eliminación de la violencia contra la mujer adoptada
por la Asamblea General en el año 1993 se expresa en los siguientes términos:
la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de
la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto
pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales
fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto
del hombre.
La Recomendación no. 19 12 explícita en el artículo no. 1 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la violencia es
un elemento discriminatorio cuando señala…”la definición de discriminación incluye
la violencia basada en el género, esto es la violencia que es ejecutada directamente
contra la mujer por ser mujer, o que afecta a la mujer desproporcionadamente”.
Podemos atenernos al texto de la Convención de Belén do Pará 13 , adoptada en Brasil,
la cual prescribe que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción
o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
12 Aprobada en la 11ª Sesión del Comité para la Eliminación de la discriminación contra la mujer, 1992.
13 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención
de Belén do Pará” del 9 de junio de 1994.

Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico...
Casi todos los países tienen regulados como delitos en sus leyes penales el ultraje
sexual, el abuso, hostigamiento y violencia sexual, no así en las leyes laborales, pero
esto no es óbice para que se establezcan estrategias preventivas, sobre todo de carácter
informativo y educativo y cuando ellas fallen, existan los Convenios Colectivos
de Trabajo para en un texto interno empresarial de carácter bilateral se apliquen
sanciones a los que realicen dichas prácticas, con la correspondiente indemnización
del daño moral.
En la Exposición de Motivos de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres
y mujeres de España, se establece la necesidad de emprender una acción normativa
dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y
hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
Este cuerpo legal contiene las regulaciones no solo para los actos de violencia
doméstica, sino también todos los referidos al acoso sexual y acoso en razón del
sexo, independientemente del lugar donde se realicen y los sujetos que participen.
Con ello ha ganado la sociedad española la tutela legal contra este tipo de violencia,
independientemente de si la víctima sea hombre o mujer.
Una de las variedades de esta violencia laboral es el llamado “mobbing maternal”,
por el cual se aplican episodios de acoso y hostigamiento a las mujeres por el hecho
de querer ser madres, olvidando los empresarios el efecto nocivo que esto produce
desde el punto de vista demográfico y ya siendo tales, por el cuidado que deben dispensar
a sus hijos. Esta medida convierte en chivo expiatorio a la mujer víctima de
él, en el sentido de servir de “ejemplo” al resto, de lo que les ocurriría si estuviesen
en igual situación. Agregamos que es un tipo de discriminación hacia la mujer por
motivos de fertilidad, embarazo, lactancia, cuidados maternos, responsabilidades familiares
para acceder, permanecer o ser promovida en el empleo y no solo afecta la
incorporación de la mujer y su permanencia en el trabajo sino que también limita la
participación en el ámbito de lo público al asignársele solo funciones procreativas y
desestimar sus aportaciones al mundo de lo público.
Vale la pena, a modo de constatación de lo dicho, nombrar el Estudio Cisneros (XI)
que se basa en una investigación que desde varios años está realizando el Dr. Iñaki
Piñuel, de España, para demostrar las acciones y consecuencias de la violencia laboral
y según los datos más recientes se constata que:
• El 18 % de las trabajadoras denuncian presiones por causa de su maternidad.
• El 8 % de las trabajadoras acosadas refieren como causa principal su maternidad.
• El 16 % son por reclamar derechos laborales que les corresponden.
• El 16 % denuncian acoso simplemente por el hecho de ser mujeres.
53

5400
mSC. lydia gueVara ramirez
Las mujeres que son víctimas de la violencia de género sufren un grave atentando
contra buena parte de sus derechos más fundamentales como son a la igualdad y a la
prohibición de toda clase de discriminación, a la vida y a la integridad física y moral,
a la libertad y a la seguridad, teniendo todos de una forma u otra reconocimiento
constitucional. Se ven igualmente afectados otros derechos que conectan con el
bienestar de la persona y su familia como son el derecho al trabajo y a la protección
social de la familia y de los hijos, con prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad.
La discriminación en el empleo de la mujer es un hecho real por varios motivos, entre
los que resaltan la ausencia de igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres, así
como la falta de comprensión de los empresarios y empresarias con respecto al género,
incidiendo por tanto en un mayor desempleo femenino y en la poca presencia
de mujeres en empleos con responsabilidad política, social, cultural y económica.
Como expresa Ventura Franch:
La igualdad es un valor y a la vez un principio pero, en realidad, cuando hablamos de
igualdad ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿Nos referimos a la igualdad de iure o a
la igualdad de facto?; ¿o, lo que es lo mismo, a la igualdad formal y la igualdad real o
sustancial, como también se denominan? Se ha intentado identificar la igualdad con
conceptos diferentes e incluso contrapuestos, es decir, por una parte estaría la igualdad
formal, y por otra la igualdad real o material. 14
La violencia laboral incluye todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora,
somete y subordina a las mujeres en su existencia, siendo un ataque material y
simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral
y/o física.
Y surge la siguiente interrogante: ¿Por qué las mujeres sufren más la violencia en el
trabajo que los hombres? Y la respuesta no se hace esperar con los siguientes motivos:
• Por la construcción del empleo y las diferencias sociales entre trabajo masculino
y femenino.
• Como resultado de los roles tradicionales de hombres y mujeres que atribuyen
valores a la supremacía masculina además del ejercicio del poder.
• Porque ellas son las que principalmente acceden a los empleos precarizados
(contrataciones eventuales, empleo informal, horarios irregulares), que las coloca
en situación de mayor vulnerabilidad de sufrir hostigamiento laboral y/o
acoso sexual.
14 Asunción Ventura Franch,: “El derecho a la protección social de las víctimas de la violencia de género.
Estudio sistemático del título II de la Ley Orgánica 1/2004”, de 28 de diciembre, de protección
integral contra la violencia de género de acuerdo con la distribución territorial del Estado, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, España.

Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico...
Las causas fundamentales están dadas en el crecimiento de las tasas de participación
de las mujeres en la fuerza de trabajo y en la existencia y perfeccionamiento de las
disposiciones legales y reglamentarias.
Sin embargo, la igualdad es un principio ius cogens que conduce a la efectiva consideración
de las diferencias para evitar la discriminación que aún persiste en todos los
países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y uno
de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género, siendo inaceptable, ya
sea cometida por el Estado o sus agentes, en el ámbito público o privado. Es de carácter
mundial y sistémica, arraigada en los desequilibrios de poder y la desigualdad
estructural entre los hombres y las mujeres siendo sus manifestaciones principales
la imposición de obstáculos a su acceso al empleo, estabilidad o permanencia, el
establecimiento de requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o
realización de test de embarazo, el quebrantamiento del derecho de igual remuneración
por igual tarea o función hasta el hostigamiento psicológico en forma sistemática
con el fin de lograr la exclusión laboral.
Concluimos este espacio con la preocupación internacional por las cuestiones de la
mujer en el mundo que como se verá a continuación, ha sido un tema recurrente en
varios encuentros de carácter mundial, aunque consideramos que habrá que realizar
al igual que Río+20, un evento dedicado a Beijing+20, o sea, resultados de la Conferencia
de Beijing, 20 años después:
• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, Nueva York, 1979.
• 2da Conferencia Mundial de la Mujer, Copenhague, Dinamarca 1993.
• Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Austria, Viena, 1993.
• Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo, 1994.
• Convención Interamericana para prevenir , sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer, Belém do Pará, 1993.
• Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, Beijing, 1995.
• Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
México, 2004.
541

5422
mSC. lydia gueVara ramirez
conciliar trabajo y familia, desafío pendiente
para américa latina
Por último y no por ser menos importante, pero a modo de culminación de las
reflexiones expuestas en este breve análisis, se requiere aplicar el principio de corresponsabilidad
social que en términos generales es una forma de enfrentar la crisis
económica con empleo y protección, a partir de que los gobiernos, las empresas,
los propios trabajadoras/es y la sociedad civil, ofrezcan soluciones a la vez que defiendan
el derecho de las personas a cuidar y a ser cuidadas, a asumir las responsabilidades
familiares en igualdad de condiciones, en un proceso de cambio en la
redistribución de dichas responsabilidades al interior del hogar con la participación
de todos y todas, no solamente visto como un asunto privado, sino con miras a eliminar
la discriminación de la mujer y garantizar su plena incorporación como derecho
humano fundamental.
La igualdad de género debe abordarse como un elemento central de todos los aspectos
de la política de empleo, incluyendo marcos macroeconómicos, políticas activas
del mercado de trabajo, desarrollo de capacidades, promoción empresarial y programas
de infraestructura que permitan una incorporación mayor de las mujeres con
seguridad y salud en el trabajo, condiciones dignas y salarios equitativos.
Los gobiernos de la región en mayor o menor medida han ido evolucionando a favor
del cumplimiento de los convenios y declaraciones internacionales, sobre todo
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, en particular la Sección
F sobre la mujer y la economía, y en tal sentido 19 países de la región han adoptado
leyes relativas a la protección de las mujeres contra la violencia, no siendo igual el
tratamiento legal con respecto a la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la conciliación
de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, la protección de la
vida laboral de las mujeres. A modo de ejemplo, en la actualidad hay leyes de igualdad
vigentes en los siguientes países de la América Latina.
• Ley de Igualdad de la Mujer de Venezuela de 1999.
• Ley 28983/2007 de Perú.
• Decreto No. 34/2000 de Honduras.
• Ley No. 648 de 2008 de Nicaragua.
• Ley 823 de 2003 de Colombia.
• Ley 18104 de 2007 de Uruguay.
• Nueva Ley DOF 02-08-2006 de México y otras.
Sin embargo, nuestra conclusión continúa señalando que este desafío no se consigue
solamente a golpe de legislación.

Una visión internacional del enfoque de género en el trabajo en el actual orden económico...
Para ello también hay que superar un conjunto de dogmas y políticas en la dimensión
interna de las empresas, como son la falta de flexibilidad en la relación laboral que
solamente admite la presencia física, cuando también es válido el trabajo a distancia,
las jornadas prolongadas, como si una permanencia mayor a las 8 horas de trabajo
pudiese garantizar mayor productividad, cuando el efecto es opuesto, pues los estudios
de seguridad y salud en el trabajo advierten las consecuencias nocivas de un
alargamiento de las horas de trabajo y de la carga física y mental que como resultado
se produce en las personas.
Pero también hay que superar el enfoque mecanicista con respecto a la maternidad
que los empresarios consideran como un lastre para sus resultados de eficiencia y
productividad por motivo del cuidado que se debe dispensar a los hijos, sobre todo
por parte de las madres, ante la falta de equilibrio en la distribución de las responsabilidades
familiares.
Entonces será una tarea pendiente por parte del Estado retornar a su papel regulador
y no solamente de espectador del diálogo social, adoptando medidas administrativas,
legislativas y judiciales para asegurar el goce de los derechos humanos de las
mujeres y que no sean víctimas de discriminación para que puedan en pie de igualdad
construir su familia y participar en los ámbitos educacionales, laborales, políticos y
sociales.
Consideramos que aún hay un conjunto de aspectos a resolver como son, y
el listado no es exhaustivo:
• Establecer políticas y programas para hacer frente a las múltiples formas de
discriminación contra la mujer, fundamentalmente a través de información y
divulgación.
• Brindar a las mujeres acciones de capacitación para garantizar el acceso a
empleos en sectores en pleno crecimiento y no tradicionales, no solamente
en el sector de los servicios y en empleos precarios, o a tiempo parcial, que se
conjugan con salarios inferiores.
• Promover la igualdad de oportunidades para las mujeres con iniciativas que
logren conjugar la redistribución equitativa de las responsabilidades familiares
entre hombres y mujeres, con vistas a conciliar adecuadamente trabajo y vida
personal, especialmente en relación con el cuidado de niños y otros familiares
dependientes.
• Combatir y lograr una aplicación más efectiva a escala nacional e internacional
de las medidas necesarias para erradicar la trata de personas y el comercio
sexual como forma de empleo para las mujeres.
543

544
los desaFÍos de la MUJer ante
la discriMinación Y la Violencia
en el MUndo laboral
Introducción
proF. teresa henríQuez FarFán
Venezuela
En todas las etapas el hombre ha tenido que enfrentar a la naturaleza para procurar
su sustento, desde los alimentos y vestido, hasta un espacio territorial donde formar
su hábitat y hogar, es decir, que ha tenido que trabajar para procurarse un modo de
vida adecuado a su tiempo. En igual forma en ese batallar ha sido objeto de violencia
por parte de los demás hombres para poder conseguir un lugar en la vida.
En las diferentes etapas por las que ha atravesado en ese camino, comunidad primitiva,
donde las relaciones entre sus integrantes era de solidaridad, armonía y compañerismo,
el trabajo y el producto del mismo eran compartidas y no existían problemas
con esta distribución; la etapa esclavista, donde, producto de las guerras, a los prisioneros
los convertían en esclavos, siendo esta la forma de explotación mas brutal del
hombre por el hombre; después vino el feudalismo donde se atenúa un poco la explotación
de la que venía siendo objeto, para pasar luego a la etapa capitalista, donde
se sigue explotando bajo una figura de venta de su fuerza de trabajo por un salario,
que en muchos casos no representa ni la mitad de lo que debería corresponderle por
el esfuerzo realizado, que pasa a manos del patrono.
Como podemos observar el hombre ha sido víctima de la violencia en sus diferentes
manifestaciones, unas formas de violencias más fuertes que en otras, y ahora en
épocas recientes y como resultado de los procesos de liberación de la mujer, quien
hasta hace muy pocas décadas, cumplía el rol exclusivo de ama de casa y responsable
de la crianza de los hijos y atención del esposo, pero que al incursionar en el mundo
laboral, es ella la que, con más fuerza, sufre los rigores de la violencia en el medio
laboral.

Los desafíos de la mujer ante la discriminación y la violencia en el mundo laboral
El por qué del rechazo de la mujer en los espacios de trabajo. Esto se debe a que durante
muchos siglos se la ha considerado como un ser débil, inferior, tanto física como
intelectualmente, que depende de la protección que le brinda el hombre, “sin la
representación de la figura masculina la mujer no es nada” este considerado como
el que tiene el conocimiento, la fuerza, el poder, y en consecuencia es tenida como
un objeto que solo representa dentro de la relación la que debe servir al hombre,
mientras este es el que domina, trabaja en la calle. Las mujeres aceptaron ser discriminadas
y dominadas gracias a la existencia de un pacto social entre ambos agentes
sociales, como mecanismo para poder reproducir las condiciones sociales de la
producción. Una vez estatuido dicho pacto, la ideología garantizó su perpetuación
–vía la reproducción– de la discriminación y la dominación, como si se tratase de
categorías naturales. 1
El feminismo, como ideario y como movimiento social y político se enfrenta al patriarcado,
que es la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y a
la sociedad en general.
La incursión de la mujer en el mundo laboral, ocupando cargos que anteriormente
eran monopolio de los hombres, tales como Presidenta, diputadas, ministras, gerentes,
cargos tradicionalmente reservados a los hombres, la coloca en blanco de
ataques, no solo de los hombres sino también de las mismas mujeres, con una mentalidad
machista heredada de sus progenitoras. Lo que define una sociedad patriarcal
no es tanto una distribución arbitraria e injusta de los roles, como una posición
general femenina de subordinación. 2
Este rechazo a las mujeres que se traduce en violencia en los espacios de trabajo,
vemos que cada día se intensifica más, ya que al verse desplazados en los espacios
de poderes por las mujeres han utilizados mecanismos diversos para desplazarlas, de
manera imperceptible, en mucho de los casos, lo que los coloca en conducta, muchas
veces tipificadas como delitos en diferentes instrumentos legales, por negarse
a compartir en igualdad de condiciones, responsabilidades laborales, familiares, económicas,
sociales, con las mujeres.
En vista de esta situación el Estado ha tenido que reglamentar los principios constitucionales
que establecen la igualdad de los seres humanos ante la ley y en este
sentido encontramos en Venezuela regulaciones tanto en la Constitución, como en
diversas leyes, normas en función de borrar las fronteras entre hombre y mujeres.
Políticas y programas impulsados por el Gobierno del Presidente Chávez dirigidas a
consagrar ciertos derechos hacia la condición de la mujer, como el reconocimiento
1 Iraida Vargas Arenas: Resistencia y lucha de las mujeres venezolanas. La producción y reproducción
de la ideología patriarcal, Cumbre Social por la Unión Latinoamericana y Caribeña, 2007,
p. 116.
2 Alba Carosio: El feminismo como imperativo ético de la transformación social. Cumbre Social
por la Unión Latinoamericana y Caribeña, 2007,p. 74

prof. tereSa henríQuez farfán
constitucional al trabajo doméstico, Ley de Igualdad de Oportunidades, artículo 144
de la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, Ley sobre el Derecho de la
Mujer a una Vida libre de Violencia, la implementación de un lenguaje no sexista en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la educación, capacitación
laboral y asistencia social a las jóvenes y a las mujeres adultas en estado de indefensión,
como son: Robinson, la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Banco de la
Mujer, Vuelvan Caras, Madres del Barrio y Negra Hipólita, las misiones educativas,
por sólo nombrar las más conocidas. 3
¿Por qué las mujeres sufren más la violencia laboral
y sus efectos?
Por su condición de género. Por la construcción social y laboral de las diferencias
entre el trabajo femenino y masculino y la relación de estos. Es decir, los roles tradicionales
asignados sociales y familiarmente a hombres y mujeres, marcan comportamientos
y asignan la supremacía a los valores masculinos y al ejercicio de poder
como una forma cotidiana de vida donde están ausentes aún la igualdad entre los
actores de la vida familiar y social.
La violencia laboral produce efectos negativos tanto en las personas trabajadoras,
hombres y mujeres, como en las propias empresas. En las mujeres porque cuando
estas sufren violencia en el sitio de trabajo, se les manifiesta en frustración, adicciones,
alteraciones en el sueño, alteraciones físicas, ansiedad, apatía, baja autoestima,
depresión, fatiga mental crónica, enfermedades de tipo psicosomático recurrentes,
impotencia, inseguridad social y personal, irritabilidad, desintegración familiar, deterioro
de la vida social, tensión, pobreza y consecuencias para la empresa porque
el fenómeno de la violencia también se refleja en una cultura de la discriminación
entre patrono-trabajador y entre los mismos trabajadores, se alteran las relaciones
interpersonales, y deviene en baja productividad, otro fenómeno que se refleja es
la rotación de personal interno y externo, creando un clima de tensión laboral, que
genera los accidentes de trabajo, y por ende el ausentismo. Factores estos que deterioran
la imagen de la empresa al disminuirse la calidad de trabajo lo que altera la
organización del trabajo.
3 Betsy Estévez-Darling: La mujer para el siglo xx: retos y oportunidades, VI Cumbre Social por la Unión
Latinoamericana y Caribeña, 2007, p. 90.

Los desafíos de la mujer ante la discriminación y la violencia en el mundo laboral
Fundamento constitucional y legal de la igualdad
El legislador ha intentado incluir normas que garanticen la igualdad entre los hombres
y las mujeres ya que en condiciones desiguales un trato igualitario promueve la
profundización de las brechas. Si no hay igualdad ante la vida, la igualdad ante la Ley
se convierte en una burla. Se promete la igualdad y lo que la sociedad brinda es una
desigualdad solapada. 4
Así, en la constitución de 1999 se incluyó el Artículo 21 el cual reza: Todas las personas
son iguales ante la ley; en consecuencia:
• No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la
condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de
igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 5
En igual sentido el artículo 88 ejusdem va más allá y establece explícitamente la igualdad
del hombre y la mujer al derecho al trabajo: “El Estado garantizará la igualdad
y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado
reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado
y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad
social de conformidad con la ley.
normas internacionales (oit)
La Oraganización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que vela por los derechos
de los trabajadores a nivel internacional ha promulgado convenio sobre la igualdad
de la mano de obra masculina y femenina y así encontramos el convenio no. 100
sobre igualdad de remuneración del año 1951 que en su artículo 1 expresa: 6
4
Carosio, Alba. El feminismo como imperativo ético de la transformación social. Cumbre Social por la Unión
Latinoamericana y Caribeña, 2007.pag. 77
5
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Extraordinario no. 5.908, 19
de febrero de 2009.
6
Guía sobre las Normas Internacionales del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del
Trabajo, Ginebra, 2008.

A los efectos del presente Convenio:
prof. tereSa henríQuez farfán
• El término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o
minino y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el
empleador, directa o indirectamente al trabajador, en concepto del empleo de
este último.
• La expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de
remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.
ley orgánica del trabajo
A nivel de leyes encontramos en Venezuela la Ley Orgánica del Trabajo publicada en
Gaceta Oficial Extraordinaria no.. 5.152 del 19 de junio de 1977, que en sus artículos
381, 382 establece formas de impedir violaciones por parte del patrono en el sentido
de prohibirle la presentación de exámenes médicos a fin de verificar si la trabajadora
está embarazada y así negarle el derecho al trabajo.
Artículo 381. “En ningún caso el patrono exigirá que la mujer aspirante a un trabajo
se someta a exámenes médicos o de laboratorio destinados a diagnosticar embarazo,
ni pedirle la presentación de certificados médicos con ese fin. La mujer trabajadora
podrá solicitar que se le practiquen dichos exámenes cuando desee ampararse en
las disposiciones de esta Ley” (Artículo 124 Rg Lot), y en el artículo 382 ejusdem,
prohíbe los trabajos que representen un esfuerzo físico considerable a las mujeres
en estado de gravidez:
Artículo 382. “La mujer trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar
tareas que, por requerir esfuerzos físicos considerables o por otras circunstancias,
sean capaces de producir el aborto o impedir el desarrollo normal del feto, sin que
su negativa altere sus condiciones de trabajo” (Artículo 18 Rg. LOT).
El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, 7 en su artículo 9, literal e, contempla
el principio de no discriminación arbitraria en el empleo, por razones de género o
preferencia sexual, condición social, raza, religión, ideología política, actividad sindical,
o cualquiera otra fundada en criterios de relevancia incompatibles con el ordenamiento
jurídico.
7 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Gaceta Oficial no. 38.426, abril de 2006.

Los desafíos de la mujer ante la discriminación y la violencia en el mundo laboral
ley orgánica de Prevención, condiciones y Medio
ambiente de trabajo 8
Es precisa en afirmar entre los deberes de los empleadores y las empleadoras.
La obligación de abstención de realizar toda conducta ofensiva, maliciosa contra el
trabajador: Artículo 56 5. Abstenerse de realizar, por sí o por sus representantes,
toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique
psicológica o moralmente a los trabajadores y trabajadoras, prevenir toda situación
de acoso por medio de la degradación de las condiciones y ambiente de trabajo,
violencia física o psicológica, aislamiento o por no proveer una ocupación razonable
al trabajador o la trabajadora de acuerdo a sus capacidades y antecedentes y evitar
la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y una
sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o la trabajadora, o su labor.
Gerencia Corporativa de Ambiente e Higiene Ocupacional.
Y en el artículo 56 numeral 8 regula el acoso sexual y señala: 8. Tomar las medidas
adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual y establecer una política destinada
a erradicar el mismo de los lugares de trabajo.
ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia 9
Esta ley de reciente data, y que ha causado mucho revuelo en Venezuela por su carácter
punitivo de cualquier tipo de violencia dirigida a la mujer, en su capítulo VI
de los delitos, prevé los casos en los cuales se consideran violencia hacia la mujer y
establece unas sanciones que no estaban establecidas en instrumento alguno en el
pasado. Y así vemos como en el artículo 39 se sanciona la amenaza dirigida hacia la
mujer en los siguientes términos: Quien con el fin de intimidar, amenace con causarle
un daño físico, psicológico, sexual, laboral y/o patrimonial a una mujer, será
castigado con prisión de seis a veinte meses.
8
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Gaceta Oficial no. 38.236,
Julio de 2005
9
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Gaceta Oficial no.
37.770, septiembre de 2007

0
la ley de igualdad de oportunidades
para la mujer 0
prof. tereSa henríQuez farfán
Esta establece en sus artículos 1º: El ejercicio de los derechos y garantías necesarias
para lograr la igualdad de oportunidades para la mujer, con fundamento en la Ley
aprobatoria de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. En esta misma Ley se le garantizan el pleno ejercicio de sus
derechos, y el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades, así como la
igualdad jurídica de la mujer para todos los actos y negocios jurídicos, y señala que
El Estado garantizará la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, a través
de políticas, planes y programas, sobre la base de un sistema integral de seguridad
social donde se asuman los aspectos de salud, educación, alimentación, recreación,
trabajo y estabilidad laboral.
Se trata de construir un camino tanto en el plano jurídico como sociológico, más allá
de las discriminaciones directas, se tiende a reparar las discriminaciones indirectas,
que aparentemente son neutras pero que afectan de manera desproporcionada a las
personas de determinado sexo, especialmente a las mujeres.
Las medidas que prevé esta ley reivindican las acciones dirigidas a prevenir y compensar
las desventajas que resultan de las actitudes, comportamientos y estructuras
existentes.
la discriminación, una forma de violencia
El problema de la violencia hacia la mujer, en el medio de trabajo, se manifiesta de
diversas formas, muchas de las cuales pasan desapercibida a la vista de los demás trabajadores,
por la manera sutil en que el patrono, o los demás trabajadores expresan
su conducta. La mujer no solo sufre la violencia de los patronos y demás trabajadores
hombres, sino también de las mismas trabajadoras, por aquella costumbre del
machismo presente en algunas de ellas, y vemos en algunos casos, que la violencia
muchas veces es más frecuente en las mujeres hacia otras mujeres. También es bueno
señalar que existen puestos de trabajos, que son considerados propios de mujeres,
y hay otros cargos donde el acceso a las mujeres, muchas veces se torna difícil, sino
imposible.
10
La ley de igualdad de oportunidades para la mujer Gaceta Oficial no. 5.398 Extraordinario, 26 de
octubre de 1999.

Los desafíos de la mujer ante la discriminación y la violencia en el mundo laboral
El patrono conociendo la necesidad que tiene la mujer de ganarse la vida, aprovecha
esta situación para ofrecer condiciones injustas u ofensivas a la dignidad humana.
Desde el mismo momento en que comienza el proceso de selección se manifiesta la
violación a la condición de mujer, cuando se le exige que deba presentar certificado
de no estar embarazada, como condición para ser contratada, o por ejemplo de ser
soltera, o tener hijos. Situación esta que para un patrono acosador, constituye el escenario
perfecto para realizar sus fechorías.
En otros trabajos se les exige que deben ser menores de 35 años, porque saben que
hasta esa edad la mujer puede ser mejor explotada y manipulada, o en otros trabajos
les exige tener buena presencia, o buenos modales, lo que representa en muchos casos,
una discriminación hacia cierto tipo de raza y cultura, constituyendo una violencia
explícita por condición de raza o condición social. Todo tipo de discriminación
trae consigo una violación de la condición del ser humano.
¿Qué es la discriminación? Existen dos tipos de discriminación:
La discriminación directa, que se da cuando una persona es tratada, o considerada en
condiciones de inferioridad con respecto a otra por razones de raza, etnia, religión
o creencia, edad, orientación sexual, o discapacidad. Esta se manifiesta cuando un
patrono se niega a emplear a una persona, plenamente calificada para el cargo, simplemente
porque pertenece a una raza, o etnia, por ejemplo o cuando especifica en
un anuncio de prensa u otro, que el trabajo es solo para personas jóvenes, cuando
este puesto puede ser ejercido perfectamente por una persona adulta mayor.
La discriminación indirecta, que se manifiesta cuando se hacen especificaciones y
criterios aparentemente neutrales que colocarían en desventajas a un grupo racial
o religioso, por edad u orientación sexual, a menos que esta observación pueda ser
objetivamente justificable.
Ejemplo: en una empresa de transcripción se le exija al posible trabajador, el tener
licencia de conducir, para despachar los documentos a los clientes, y existirían muchas
personas que no aplicarían por tener discapacidades para manejar, o no tienen
vehículos. O el departamento de venta prohíba a sus empleados portar sombreros o
velos, ya que estas medidas tienden a excluir o discriminar a ciertos grupos religiosos.
A menos que existan razones suficientes para justificarla.
1

2
prof. tereSa henríQuez farfán
lucha contra las discriminaciones
entre hombre y mujeres en el lugar de trabajo
En primer lugar se deben precisar qué es la igualdad y la diversidad. Cuál es la relación
entre igualdad y diversidad que están en el corazón de la pregunta de la integración
de las mujeres en el medio laboral. El principio de igualdad establecido en la
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano nacido a calor de la Revolución
Francesa que reza: Los hombres nacen y mueren libres e iguales en derechos,
de 1789, a pesar de su carácter de universalidad, tardó muchos años en aplicarse a las
mujeres. Puede observarse que a nivel del empleo y en el medio laboral, la protección
de las mujeres en el trabajo comienza a manifestarse a partir del siglo xix y principios
del siglo xx. La lógica de la igualdad no se expresa sino en los años 1970, al nivel de
los principios de igualdad y de no discriminación en derecho.
Formas de discriminación
Los más bellos y las más bellas obtendrán los mejores trabajos, los mejores salarios.
El peso de la apariencia: en muchas empresas, públicas y privadas, detentan los
mejores cargos, las personas con una apariencia bonita: son considerados los más
inteligentes, los más ambiciosos, los más amigables, equilibrados y menos agresivos.
Según los sociólogos, del Observatorio de las discriminaciones 11 , la apariencia física
constituye, de hecho, el factor más insidioso de discriminación social y reproductor
de las desigualdades.
La paradoja de la belleza femenina: Las mujeres no escapan del tema de la apariencia,
ya que para ellas este factor puede ser favorable pero también puede constituir una
desventaja, teniendo en cuenta el cargo que ocuparán. El atractivo físico beneficia a
las mujeres que ocupan cargos subalternos, pero constituye un inconveniente para
las mujeres con cargos de dirigentes.
Así, las mujeres que persiguen carreras reservadas tradicionalmente a los hombres,
para no verse afectadas negativamente, deben renunciar a su apariencia femenina,
como es el caso de las mujeres militares, o mujeres policías.
11 CERGORS (Centre d´étude et de Recherche sur les Organisations et les Relations Sociales) de
l`Université Paris I Panthéon Sorbonne, l`Observatoire des Discriminations. Responde a la voluntad
de desarrollar investigaciones y estudios en el dominio o la necesidad de conocimiento es importante.
La medida de las desigualdades de oportunidades en el empleo y de su evolución constituyen
un desafio económico, social y político mayor.

Los desafíos de la mujer ante la discriminación y la violencia en el mundo laboral
Otro aspecto físico que se toma en cuenta a la hora de otorgar cargos de dirigentes
es la altura de detenta el o la candidata. Los hombres y las mujeres prefieren no
solo la belleza física, sino también la estatura. Los hombres y mujeres de talla más
alta, tienen ya una ventaja para el éxito social, y por ende laboral. No en vano en los
últimos años han proliferado cabinets de coaching en imagen personal.
Concepto de violencia: La violencia se define como un acto intencional, dirigido a dominar,
controlar, agredir o lastimar a alguien más. Casi siempre es ejercida por las
personas que tienen el poder en una relación, como el padre y/o la madre sobre los
y las hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los hombres sobre las mujeres, los
hombres sobre otros hombres y las mujeres sobre otras mujeres, pero también se
puede ejercer sobre objetos, animales o contra uno mismo.
La violencia es un acto que, ya sea que se dé una sola vez o se repita, puede ocasionar
daños irreversibles. Implica un abuso del poder mediante el empleo de la fuerza, ya
sea física, psicológica, económica o política. 12
En estos tiempos en que producto de la liberación de la mujer, y el subsiguiente rol
de la mujer como madre, como hija, como esposa y ahora como trabajadora, está
propensa a sufrir con más rigor los embates de la violencia de manera multi espacial:
en el hogar, en el trabajo, en la calle, hecho que la convierte en un sujeto de protección
especial por parte del Estado.
Muchas veces se asevera que la violencia es intencional, porque el que la practica,
sabe de antemano que causa daño sea físico como psicológico, moral, con intención
inequívoca de crear temor, sumisión, respeto, en ciertos casos y muchas veces sin
que constituya una forma de comportarse, adquirida en el hogar, en el colegio, y
luego en el trabajo, y futuros espacios en los que esté llamado a participar, porque se
les educó con la consciencia de que es la manera en que se triunfa en todas las relaciones
sociales en las que tenga participación. Los grupos más propensos a padecer
la violencia, las mujeres, los niños, los afrodescendientes, los indígenas.
la violencia en el sitio de trabajo
en sus diferentes manifestaciones
Violencia física: La violencia el sitio de trabajo se manifiesta de diferentes maneras,
siendo las más comunes, la violencia física, que dañan el cuerpo y la salud física, y se
manifiestan en dar al trabajador actividades que superan la capacidad física y mental,
o más directamente se traducen en empujones, bofetadas, puñetazos, puntapiés y
los golpes con objetos; dejando secuelas, cicatrices, enfermedades que duran toda la
vida, y lesiones leves o severas, que incluso pueden causar la muerte.
12 Red Nacional de Refugios. www.bannermarkerpro.com. Consultada el 06 de febrero 2011.
3

prof. tereSa henríQuez farfán
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia en su
artículo 42 describe lo que significa la violencia física en los siguientes términos:
Artículo 42: Quien mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento
físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones, aún sin causarle lesión que
afecte su integridad física, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses.
La violencia verbal o mobbing 13 : En que el patrono o superior jerárquico se dirige a
sus trabajadores utilizando expresiones o palabras ofensivas, improperios, injuriosas,
humillantes, muchas veces con gritos, y delante de los demás trabajadores, creando
un clima de temor, y subordinación, dual, por cuanto conlleva el temor de perder el
empleo y el ser humillado delante de sus compañeros de trabajo.
Acoso u hostigamiento: Esta modalidad de violencia está prevista en el artículo 40 ejusdem
en los términos siguientes:
Artículo 40: La persona que mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas,
o mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento
que atenten contra la estabilidad laboral, económica, familiar o educativa
de la mujer, será sancionado con prisión de 8 a 20 meses.
La violencia emocional o psicológica: Otro tipo de violencia es la emocional o psicológica,
que por estar dirigida a aniquilar internamente a la persona es más difícil de detectar
por los demás trabajadores, se manifiesta por palabras que pretenden chantajear,
intimidar, denigrar, pero utilizando artilugios que van desde la ignorancia, el silencio,
gestos de desprecio, chantajes, que si bien no dejan huella, crean en la persona que
los recibe, el sentimiento de que no sirve para el trabajo llamado a realizar, y en consecuencia,
el temor a ser despedido en cualquier momento.
En el medio laboral las desigualdades se observan en las funciones llamadas a ser
realizadas por las mujeres: tareas que desvalorizan o se ejerce un control más reforzado
hacia ellas, lo que constituyen formas de violencias psicológicas.
Violencia sexual: Que incluye todo tipo de insinuaciones de tipo verbal o físico con
connotaciones sexuales sin el consentimiento de la persona a quien va dirigida, que
no solo daña la autoestima de la persona, sino que genera inseguridad, dominación y
angustia. El acosador se manifiesta hostigando, acosando sexualmente, y en muchos
casos va mas allá del simple acoso porque su conducta puede estar encuadrada en
delito tales como el tráfico y explotación sexual, hasta la violación.
El Acoso Sexual está previsto en el artículo 43 de la citada Ley en los términos
siguientes: El que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido
13 Mobbing o acoso laboral, Lahoz (2004), quien define el mobbing en forma amplia, como cualquier
manifestación de conducta abusiva como palabras, gestos, escritos que puedan atentar contra la
personalidad, dignidad o integridad física y psíquica del individuo o que pueda poner en peligro su
empleo o degradar el clima de trabajo.

Los desafíos de la mujer ante la discriminación y la violencia en el mundo laboral
sexual para sí o para un tercero o procurare un acercamiento sexual no deseado,
prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente o con ocasión de
relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle un daño
relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha
relación, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Violencia salarial: La inequidad salarial es otro tipo de violencia, cuando hombres
y mujeres con idéntica responsabilidad y en igualdad de condiciones no reciben la
misma remuneración; o que el/la trabajador/a tenga bajo su responsabilidad la ejecución
de tareas que no se derivan de su jerarquía ni de su funciones.
Producción versus reproducción: La violencia en el área laboral viene determinada
por el enfoque que se tiene del mundo socio productivo, dividido en dos grandes
esferas la productiva y la reproductiva, desde el enfoque de género, la división sexual
del trabajo, característica de la sociedad contemporánea, que consiste en separar el
mundo laboral en dos esferas (productiva y reproductiva), y asignar cada una a un
sexo determinado (el productivo al masculino y el reproductivo al femenino), es la
base de las discriminaciones de las mujeres en el trabajo. La separación entre la producción
y la reproducción de la vida: el trabajo del cuidado y la reproducción en los
que históricamente se especializaron las mujeres son entendidos como “no trabajo”,
es decir,: “no avance”, y “no progreso”, trabajos en los que no hay creatividad.
Violencia Institucional: Esta modalidad de violencia se da cuando la persona que esté
en la función pública independientemente de su rango, retarde, obstaculice, deniegue
la debida atención o impida a la mujer acceder al derecho a la oportuna respuesta de
la institución a la cual esta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado
con los derechos que garantiza la Ley.
Tipos de violencia con ocasión del Trabajo: Hay conductas, en los sitios de trabajo, que por
sí solas constituyen un delito como la prostitución forzada y se manifiesta mediante
el uso de la fuerza física, la amenaza de violencia, la coacción psicológica o el abuso
de poder, obligando a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con
el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole en
beneficio propio o de un tercero.
Tráfico de mujeres y niñas y la esclavitud sexual: La discriminación de la mujer en el trabajo
pasa por formas de cosificación humana de la que son objeto: la trata y el tráfico
de personas en particular de las niñas y de las mujeres, el trabajo esclavo y servil, la
prostitución y la pornografía así como todas las formas de dominación y violencia de
género en particular la violencia feminicida y la mortalidad y precariedad materna.

otras formas de violencia
prof. tereSa henríQuez farfán
Violencia procreativa: Que tiende a impedir que la mujer tenga hijos para que
en caso de que se le quiere despedir no encuentre obstáculo por estar amparada
por la inamovilidad según el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo
venezolana. Algunas de las manifestaciones de este tipo de violencia son: el
solicitarle certificado de no gravidez para acceder o permanecer en el trabajo;
comprometerse a renunciar en caso de embarazo; controlar su fertilidad (uso
de anticonceptivos o esterilización) como requisito para permanecer en el
empleo; peligro de no ser reinstalada en el puesto después de un permiso de
maternidad o de lactancia y negarle permisos para responsabilidades, porque
lamentablemente, las normas que otorgan una licencia por maternidad son
entendidas como un privilegio para las mujeres en vez de una medida necesaria
para toda la sociedad, pues es a todos los seres humanos a quienes interesa la
reproducción saludable de la especie y no solo a las mujeres.
luchas sociales de algunas trabajadoras consideradas
como esclavas en la actualidad.
caso de “las conserjes”
El trabajo de las mujeres con el oficio de conserjes está asociado al trabajo doméstico,
esto le otorga el carácter de ser una “profesión feminizada”, categoría asociada al
trabajo dedicado al servicio y cuidado del bienestar de los otros. 14 El trabajo doméstico
si bien no genera plusvalía, produce bienestar y las condiciones necesarias para el
sostenimiento del sistema económico imperante, sin embargo el trabajo doméstico
es invisibilizado y desvalorizado en nuestra sociedad. 15
En Venezuela, las conserjes se han organizado y han creado un movimiento para
mejorar su situación laboral y defender sus derechos como ciudadanas, encabezado
por la trabajadora de oficio conserje, Nélida Cordero, vocera de la organización, con
el objetivo de presentar ante la Asamblea Nacional una propuesta de Ley en beneficio
de este sector.
14 Rocío Guadarrama: “El territorio de las identidades”, en Rocío Guadarrama y J. L. Torres (Coordinadores)
Los significados del Trabajo Femenino en el mundo Global. Estereotipos, transacciones y rupturas, Editorial Anthropos,
México, p. 922.
15 Tania Eliaz: Procesos de formación permanente con mujeres trabajadoras de la Asociación Civil
Conserjes de Unidos(as) por Venezuela. Trabajo realizado para optar a la categoría de profesora
instructora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, 2009.

Los desafíos de la mujer ante la discriminación y la violencia en el mundo laboral
Este grupo de trabajadoras conserjes, se unieron para luchar contra los maltratos a
los que son sometidas a diario por parte de sus empleadores. Luego de que se organizaron
han sido atacadas constantemente por los patrones ya que denuncian la
violación de sus derechos fundamentales, tales como la restricción de ciertas libertades,
las cuales son necesarias para su desarrollo cotidiano del ser humano. “Se prohíbe
la recreación y el uso de las instalaciones del edificio donde trabajamos, no podemos
tener más de dos o tres hijos, no podemos salir embarazadas y como familia se nos
privan muchas libertades”, apuntó la trabajadora conserje Nélida Cordero. 16
Señala la trabajadora que “el problema no es laboral sino jurídico, en virtud de que las
leyes fueron construidas por sus patrono para mantenerlas dentro de la esclavitud”.
El lugar de encuentro de estas trabajadoras ha sido, entre otros, la Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV), donde han construido una propuesta de Ley en mesas
de trabajo con el apoyo de los trabajadores académicos de esa casa de estudios y
diversas organizaciones sociales. Este es uno de los avances que se han realizado
en Venezuela para luchar contra los abusos de algunas trabajadoras por parte de los
patronos, de igual manera la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la
Mujer a una Vida libre de Violencia, que aun cuando contemple algunos excesos en
la aplicación de las sanciones, representa un freno a tantos hombres acostumbrados
a maltratar y violentar a la mujer en todos los espacios.
conclusiones
• La violencia contra la mujer es un flagelo que es necesario combatir, ya sea
mediante la organización y concientización desde los hogares y escuelas en el
reconocimiento, que como ciudadanos libres e iguales.
• La transformación y creación de nuevas leyes que regulen el tema de la violencia
para tener los correctivos efectivos y evitar la violación de los derechos
de la mujer a una vida digna en igualdad de condiciones en todos los espacios,
donde participe como parte una relación saludable.
16 Entrevista a Nélida Cordero, realizada por la periodista Patrcia Pineda, Diario Noticias 2H, 11 de enero
de 2011. Es Vocera de las Conserje Unidas por Venezuela, organización que se fundó luego del
sabotaje petrolero perpetrado a finales de 2002 y principios de 2003..

55
la MUJer trabaJadora en VeneZUela
introducción
proF. thania C. navas raMírez
Venezuela
Estamos transitando una crisis del capitalismo financiero que sin duda ha incidido
en nuestros pueblos y en el mundo del trabajo, y ante la cual fortalecemos la mirada
hacia el desarrollo endógeno y un nuevo modelo productivo más justo.
Sin embargo, ese modelo capitalista, desarrollado a través del neoliberalismo logró
el dominio de muchas dinámicas sociales en gran parte del mundo, creando una
relación de subordinación y dependencia en los ámbitos: tecnológico, alimentario,
productivo, cultural, económico, financiero, educativo, entre otros, y construyendo
unos valores que impregnaron gran parte de la sociedad, orientados al individualismo,
la ganancia particular, la competencia, exclusión, desigualdad social, contra los que
hay que luchar.
En Venezuela el socialismo es planteado como la alternativa para superar el capitalismo
y la explotación de los y las trabajadoras. Modelo que se asume en Venezuela
bajo la consigna de “Socialismo del Siglo xii” y que busca la transformación de la sociedad
para enaltecer la dignidad humana y el logro de una verdadera justicia social.
Este modelo, que requiere la conformación de nuevas relaciones sociales se construye
reconociendo nuestros pueblos y comunidades originarias, el pensamiento de
nuestro Libertador Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y Zamora (árbol de las tres
raíces), tomando los fundamentos teóricos de los principales exponentes del Socialismo,
así como la experiencia de otros países, pero sin olvidar el contexto en que se
está desarrollando, las condiciones objetivas y subjetivas de nuestra sociedad.

La mujer trabajadora en Venezuela
Las acciones que se emprendan no pueden desconocer también, que hemos sido
colonizados y se ha mantenido en los países latinoamericanos, un “capitalismo subdesarrollado”,
por lo general, mono productor, como en el caso de Venezuela, que
el principal rubro de exportación es el petróleo, y donde se hace necesario importar
una gran cantidad de productos, y en mucho somos el mercado entonces, del capitalismo
desarrollado. Esto hace, que coexistan diferentes modelos productivos, con
variantes, resultado de las condiciones históricas propias de esta región, y por ende,
diversas formas de explotación.
De allí que la construcción de un nuevo sistema económico, de un modelo productivo
socialista, como lo plantea el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en el Primer Plan Socialista
de la Nación de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, tiende
a generar nuevas relaciones de producción, capaces de “reconstruir” el sentido común
imperante y construir una nueva lógica, un nuevo sentido común, una nueva cultura
política, valores de solidaridad, cooperación, igualdad social, inclusión, entre otros.
El evidenciar las consecuencias negativas que ha generado y mantenido el sistema
capitalista, impulsa los cambios necesarios para superarlos, y uno de ellos es la brecha
entre el trabajo de las mujeres y el de los hombres, ya que la mujer en este sistema
capitalista es doblemente oprimida. Y tan es así, que la lucha de las mujeres ha estado
unida en mucho, a la lucha contra la explotación del sistema capitalista. Es necesario
entonces, la transformación del modelo productivo, y en ese camino la organización
y participación protagónica de las mujeres en todos los espacios, así como políticas
públicas que desarrollen medidas de acción afirmativa tendentes a lograr una igualdad
real, ya que es evidente que la igualdad ante la ley no es suficiente, para que las
mujeres logremos ser reconocidas y valoradas laboral y socialmente.
En nuestra Constitución la equidad de género se transversaliza definiendo una
“nueva relación que en lo jurídico, en lo familiar, en lo político, en lo socioeconómico
y cultural caracteriza a la nueva sociedad, en el uso y disfrute de las oportunidades”. 1
Sin embargo, y sin subestimar la importancia que ello representa, no es suficiente. Es
un problema, con muchas aristas, donde hay prácticas que se han naturalizado como
válidas en detrimento de las mujeres.
Es incluso un problema de los conceptos con los que entendemos la realidad, en
el mismo derecho del trabajo, se asumen conceptos descontextualizados, abstractos
y supuestamente objetivos, y además de ocultar la explotación del sistema capitalista,
ocultan gran parte de la realidad cultural. Como señala Vittoria Ferrara-Bardile
(2000) citada por Carmen Zuleta de Merchán “el lenguaje no es inocente ni neutro:
transmite ideología, interpreta, reproduce la cultura, refuerza los valores imperantes
en la sociedad y condiciona nuestra visión de la realidad”. 2
1 Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en
Gaceta Oficial no. 5.453 Extrarodinario del 24 de marzo de 2000.
2 Carmen Zuleta de Merchán: Visión de Género en la Doctrina de la Sala Constitucional, Tribunal Supremo
de Justicia, Caracas, 2008, p. 25.

0
prof. thania C. naVaS ramírez
Así entonces, coincido con Jacqueline Richter 3 cuando señala que “la fuerza de trabajo
tiene un género, una clase social, una nacionalidad, una identidad sexual que
son determinantes, tanto para las condiciones de su compra y venta como del lugar
que esa persona ocupará en el mercado de trabajo”. Y le agregaría, que esa fuerza
de trabajo también tiene una cultura, ya que si no lo mencionamos, se invisibilizan
todos estos factores que condicionan y que refuerzan unos valores y requieren un
tratamiento diferente.
También cuando se habla de mujeres en el mundo del trabajo, no podemos pensar
que se trata de un grupo o sector homogéneo, existirán entonces tratamientos y problemas
diferentes de acuerdo a la clase social, nivel de profesionalización, condición
familiar, así como situaciones diferenciadas de acuerdo a la edad, y a otras condiciones
como la maternidad, la cultura. Así tenemos, que el oficio o profesión que
deciden hombres y mujeres, y todo el entramado que lo lleva a ocupar unos u otros
cargos, oficios u ocupaciones en el trabajo, “constituyen una expresión más profunda
de fenómenos estructurales como la división sexual del trabajo y la segregación
de los mercados de trabajo”. 4
Aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela realiza un significativo
avance en este sentido, cuando en el año 1999 señala que “el Estado garantizará
la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho del trabajo”, 5
no es suficiente el reconocimiento y la garantía del derecho, en un problema como
este, tan arraigado culturalmente, se hace necesario la reflexión constante de todos
y todas, sobre nuestras prácticas, las formas como nos relacionamos y como se establecen
las relaciones de trabajo.
división sexual del trabajo–patriarcado
El proceso de definir qué es lo femenino y qué es lo masculino es un resultado de
la sociedad, es un producto cultural, de allí que existan diferencias sustanciales entre
una sociedad y otra. “Ello significa que no hay mujeres universales o abstractas con
3
Jacqueline Richter: “Segmentadas y segregadas: las mujeres en la fuerza de trabajo en Venezuela”,
Revista Politeia, no. 39, vol. 30, Instituto de Estudios Políticos, UCV, 2007, p. 152.
4
Rocío Guadarrama: Los Significados del Trabajo Femenino en el Mundo Global, Editorial Anthropos,
España, 2007, p. 14.
5
Artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial
no. 5.453 Extrarodinario del 24 de marzo de 2000.

La mujer trabajadora en Venezuela
identidades unitarias(...) Contextualizar los procesos macro estructurales en el tiempo,
permite pensar en el significado que éstos adquieren en la vida y en la biografía de
las mujeres…” 6 .
Diferentes procesos históricos, definieron en Venezuela, una cultura patriarcal, allí
“la dependencia, por ejemplo, ha sido adscrita a lo “femenino” y, coherente con ello,
se han desarrollado estrategias educativas tendientes a perpetuarla”. 7 Dependencias
en todos los ámbitos de la vida se imponen así, a la mujer con respecto al hombre,
principalmente en lo económico, cuando se le dificultad obtener ingresos y lograr
autonomía, y en lo cultural, cuando en mucho se requiere la “representación” de un
hombre para ser aceptada en la sociedad.
En Venezuela, “fue durante la colonia, precisamente, cuando se fortalece e institucionaliza
la separación de los espacios de actuación de los géneros que había surgido
entre las sociedades tribales estratificadas”, 8 quedando el espacio público para los
hombres y el espacio privado, del hogar, para las mujeres. De esta forma, la mujer
participa en la reproducción de esos valores en la educación de sus hijos, y queda
fuera de los espacios de participación política, y de los espacios productivos valorados
socialmente. El respecto:
La naturalización de la familia patriarcal por parte de los sectores dominantes desde la
colonia ha sido un factor fundamental que ha propiciado la exclusión y discriminación
de las mayorías populares, toda vez que éstas… han creado y reproducido otras formas de
organización familiar que son contrarias al modelo tradicional que las minorías dominantes sostienen.
Estas últimas no han podido o no han querido ver en esas expresiones familiares la
variabilidad de formas de relación, de conducta y asociación que obedecen a causas
históricas, étnicas, culturales, de género y de clase. Por el contrario, la ideología de la
dominación ha convertido esas formas familiares matriarcales en un anti valor y, en
consecuencia, a sus creadoras en elementos disfuncionales del sistema social, lo que ha
contribuido a la estereotipación de las mujeres de los sectores populares como promiscuas,
amorales, que no obedecen a ninguna autoridad, sin afectos ni sentimientos positivos,
cuyas expresiones de vida no son importantes para la sociedad nacional. 9 (cursivas
mías).
Otro condicionamiento importante, en la construcción cultural de la mujer, ha sido
su identificación con la maternidad, su condición de cuidadora y protectora de la
familia, estigmatizando incluso a la mujer que se niega a cumplir solo esta función en
la vida y lucha por hacer entender que son corresponsables del cuidado y protección
tanto en el ámbito privado como en el público, tanto el padre como la madre.
6 Guadarrama: Ob. cit., p. 32.
7
Clara Coria: Las Negociaciones Nuestras de Cada Día, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 164.
8
Iraida Vargas Arenas: Historia, mujer, mujeres. Fundación Editorial el perro y la rana. Caracas, 2007,
p. 175.
9
Ibídem, pp. 183 y 184.
1

2
En este sentido:
prof. thania C. naVaS ramírez
La identificación Mujer=Madre está sustentada por concepciones biologistas y esencialistas
que confunden sexo con género. Esta confusión contribuye a perpetuar la
creencia de que se mujer es equivalente a ser una madre que responda al ideal maternal
construido sobre la base de tres características centrales: altruismo, incondicionalidad y
abnegación. Esta identificación no es inocua y acarrea serias consecuencias que perturban
y condicionan la incorporación de pautas del género femenino.
A partir de la identificación Mujer=Madre, los atributos adscritos a la maternidad son
transferidos a la mujer. De esta manera, actitudes tales como tolerancia extrema, renunciamiento
y auto postergación (entre muchas otras) son consideradas como atributos de
una “buena madre”, y terminan por ser las expresiones más acabadas de la feminidad. 10
Es necesario reconocer y proteger la maternidad y la paternidad, si queremos construir
una sociedad más justa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
lo hace en los siguientes términos: “La maternidad y la paternidad son protegidas
integralmente,(…) El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de
criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas”. 11
Y sin negar las importantes implicaciones de la maternidad, y todo lo que ella conlleva,
la lucha se orienta a visibilizar las enormes contribuciones sociales que la mujer
ha hecho y continua haciendo en la sociedad, la importancia de que el padre asuma
la paternidad, así como la necesidad de que la mujer pueda participar en muchos espacios
en los cuales se ha negado su presencia, y genere otra mirada, desde la mujer,
que contribuya a redimensionar conceptos, procesos, costumbres construidas solo
desde los intereses del hombre.
Y todo esto no solo pasa en cuanto al trabajo del hogar, que se ha estigmatizado
como femenino, sino que la división de las tareas y funciones opera en ambos sentidos,
vertical y horizontalmente.
En cuanto a la segregación, se observa tanto horizontal como verticalmente, resultado
de identificar como femeninas las profesionales con responsabilidad de servicio
y cuido a otras personas, así como limitar el acceso a los cargos de dirección. Esas
profesionales feminizadas son también de menos reconocimiento social y menores
ingresos, tenemos entonces que se han visualizado como ocupaciones mayoritariamente
para las mujeres “las vendedoras dependientes, las de apoyo administrativo
y el servicio doméstico, o altamente masculinizadas, como las relacionadas con el
trabajo agropecuario e industrial. Y en las proporciones masculinas superiores a las
femeninas en ocupaciones de alto mando, como las de funcionarios o directivos”. 12
10 Clara Coria: Ob. cit., p. 166.
11 Artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial
no. 5.453 Extrarodinario del 24 de marzo de 2000.
12 Guaderrama. Ob. cit., p. 14.

La mujer trabajadora en Venezuela
la doble jornada
Los condicionamientos culturales que se le han creado a la mujer, definen entre otras
cosas lo que se espera de ella, se entiende culturalmente que sus roles fundamentales
deberían ser la maternidad, el cuidado de los hijos y la familia en general y las labores
de limpieza y mantenimiento del hogar; lo que hace que en este proceso de lucha y
transición por el reconocimiento de los derechos y de condiciones de igualdad de
género en el trabajo, la mujer que asume el trabajo “productivo”, deba mantener dos
trabajos, el externo y el de la casa. Por todo esto es que vemos que:
La importancia del trabajo remunerado como un ámbito fundamental de sentido, acción
y responsabilidad para las mujeres, no reemplaza ni se opone al espacio familiar,
que sigue constituyendo un importante referente identitario para todas ellas. Se trata
más bien de una permanente articulación que realizan las mujeres entre trabajo reproductivo
y productivo como ejes fundamentales e indisolublemente entrecruzados de
sus identidades. 13
Ahora, esta doble jornada a la que están sujetas las mujeres trabajadoras, no es percibida
de igual manera, por todas, así:
Para las mujeres profesionales, aparece como espacio para la autorrealización y expresión
de una vocación profesional. Es visto como una opción deseada y legitimada socialmente,
por lo que no hay duda respecto de si deberían trabajar o no. Son muy
enfáticas respecto del rechazo a una vida dedicada exclusivamente al trabajo doméstico
y a la maternidad, percibida como una opción poco estimulante y menos reconocida
socialmente. 14
Mientras que en las trabajadoras no calificadas u obreras, el trabajo asume otro significado,
y en muchos casos se sacrifica toda la atención que quisieran dar a sus hijas
e hijos, así como al hogar:
Entre las mujeres empleadas no calificadas y obreras, el significado del trabajo es
percibido como un medio para alcanzar mayores grados de libertad personal, para
incrementar sus capacidades de tomar decisiones y para adquirir mayor control sobre
sus vidas. Les provee además un sentido de capacidad, reconocimiento social y
es crucial en su auto valoración…
El trabajo constituye un motivo de orgullo porque gracias a él han sido capaces de salir
adelante con sus familias, lo que se cristaliza en la imagen de la “mujer luchadora”. Es
decir, el trabajo constituye más la lucha por el bienestar familiar que la expresión de una
vocación profesional, de un oficio o predominantemente de un proyecto de autorreali-
13 Ibídem, p. 93.
14 Ídem.
3

prof. thania C. naVaS ramírez
zación personal. Pero es, al mismo tiempo, un motivo de sufrimiento por lo que sienten
como abandono de los hijos por las exigencias laborales. 15
Muchas veces las mujeres que trabajan en el servicio doméstico y cuidan los hijos de
otra familia, tienen que dejar solos los propios durante todo el día, para poder obtener
los ingresos que les permitan sostener de alguna forma su familia. Esa situación
refleja la segregación de las ocupaciones, que a pesar que hoy con más frecuencia
vemos mujeres ocupando puestos de trabajo productivos, muchas veces otra mujer
es entonces la que cumple las funciones que la sociedad le había asignado a ella.
Ha sido de tal manera, estigmatizada la mujer, que el trabajo del hogar, llamado también
trabajo “doméstico”, aún se considera responsabilidad de la mujer, y la relación
que se establece con el hombre en el mejor de los casos, es de ayuda o colaboración.
Todo esto como ya se dijo, establecido por múltiples condicionantes culturales, que
han sido reforzados política y socialmente, y respaldados por el Derecho, “como
muestra de esta tan arraigada influencia androcéntrica, todavía en nuestros días existe
jurisprudencia reiterada que configura como causal de divorcio la negativa de la
esposa a efectuar labores domésticas, calificándose esta conducta como “abandono
voluntario”. 16
Una fotografía desde las estadísticas
Para realizar la comparación de algunos datos, se ha tomado como fuente de información,
la Encuesta de Hogares por Muestreo que realiza el Instituto Nacional de
Estadística y que se encuentra disponible por semestres en su página Web. 17
Se compara la información del primer semestre del 2004 versus el primer semestre
del 2010, para observar los cambios más significativos, en el período de los últimos
seis años. Destaca en esta información que la población económicamente activa
disminuye del primer semestre 2004, que era el 68,8 %, al 64,4 %, en el primer semestre
del 2010. La tasa de actividad de las mujeres, disminuyó del 54,9 % al 50,1 %,
proporcionalmente a la disminución general de la población económicamente activa.
Ahora la tasa de ocupación pasa del 83,4 % al 91,4 %, lo que muestra la disminución
significativa del desempleo.
También nos muestran estas cifras que los quehaceres del hogar siguen siendo una
actividad principalmente de las mujeres, y pasa de 2.537.971 mujeres en el 2004, a
15 Ídem.
16 Zuleta de Merchán: Ob. cit., p. 26.
17 http://www.ine.gov.ve/

La mujer trabajadora en Venezuela
3.032.929 en el primer semestre del 2010. Y a pesar de que la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, establece: “… El Estado reconocerá el trabajo
del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y
bienestar social…” 18 , se clasifica dentro de la población económicamente inactiva.
Tabla 1. Población Económicamente activa, 2004-2010
Situación en la fuerza de Primer Semestre 2004 Primer Semestre 2010
trabajo de 15 años y más Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Activa 4 813 310 7 223 022 5 075 137 7 892 789
Ocupada 3 857 220 6 178 521 4 616 220 7 210 480
Desocupada 956 090 1 044 501 458 917 682 309
Inactiva 3 952 582 1 510 363 5 054 486 2 120 833
Estudiante 988 735 809 579 1 414 752 1 138 622
Quehaceres del Hogar 2 537 971 32 601 3 032 929 63 671
Incapacitada para trabajar 107 450 121 935 109 552 157 088
Otra situación 318 426 546 248 497 283 761 452
Tasa de actividad 54,9 % 82,7 % 50,1 % 78,8 %
Tasa de ocupación 80,1 % 85,5 % 91,0 % 91,4 %
Tasa de desocupación 19,9 % 14,5 % 9,0 % 8,6 %
Tasa de inactividad 45,1 % 17,3 % 49,9 % 21,2 %
Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo INE.
Políticas públicas con perspectiva de género
en los últimos años en Venezuela
Según Decreto no. 6 663 y 6 665 de fecha 08 de marzo de 2009, publicado en la
Gaceta Oficial no. 39 156 del 13 de abril de 2009, se crea el Ministerio del Poder
Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, antes existía el Ministerio de Estado
para Asuntos de la Mujer. A este Ministerio se encuentran adscritos el Instituto Nacional
de la Mujer (Inamujer); el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) y la
Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez.
En este sentido, se destaca la actividad del Banco de la Mujer, el cual ha sido concebido
como un Banco con perspectiva de género, que asume no solo facilitar el crédito
a las mujeres, sino que promueve su organización de conformidad con los principios
de la economía social que han sido desarrollados en el Plan de la Nación, antes
mencionado. De esta forma, se busca que a través de la organización y la formación
en una determinada actividad económica de las mujeres, ellas puedan apropiarse de
18 Artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

prof. thania C. naVaS ramírez
parte de su realidad, generando formas de producción más justas y equitativas. Y es
una política que se identifica no solo en pro de la reivindicación de los derechos de
las mujeres, sino que se quiere superar el modelo productivo, y de esa forma lograr
una solución estructural. Así se contrapone la visión que ha defendido el llamado
feminismo burgués y el feminismo obrero, así:
El feminismo burgués sería la exposición de la conciencia de su opresión por parte de
la mujer burguesa, que se planteara su igualdad con el hombre en los terrenos político,
legal y económico, en el marco de la sociedad burguesa. El feminismo obrero, en cambio,
se propondría la superación de la subordinación social en el marco de una sociedad
sin clases, según la modalidad política a la cual se adhiera, sea socialista, anarquista o
comunista 19
avances legislativos y jurisprudenciales
En Venezuela el reconocimiento a nivel constitucional y legislativo de los derechos
de las mujeres, así como las medidas de acción afirmativa para lograr una igualdad
real entre hombres y mujeres, ha sido un proceso lento, así tenemos que es en la
Constitución aprobada el 5 de julio de 1947 cuando se establece por primera vez el
derecho al voto de la mujer, por ejemplo.
Nuestra Constitución de 1999 marca un hito en la protección contra la discriminación
por género, y concretamente en el trabajo, entre otras normas señala expresamente
que “El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el
ejercicio del derecho al trabajo” 20 , sin embargo, no se pretende realizar un recorrido
histórico del avance normativo, sino por el contrario mostrar algunos logros importantes
en los últimos años principalmente (2004-2010), donde han destacado la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada
en la Gaceta Oficial no. 38 770 de fecha 17 de septiembre de 2007, Ley para la Protección
de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, publicada en la Gaceta Oficial
no. 38 773 del 20 de septiembre de 2007, así como una referencia a lo anunciado por
el Presidente de la República en atención al trabajo planteado por movimientos de
trabajadores y principalmente trabajadoras de la conserjería.
La legislación y políticas de los últimos años, ha estado proponiendo un nuevo
paradigma ante la violencia de género, y ante la visión represiva de la violencia
contra la mujer, asistencialista y animada solo a disminuir la violencia,
19 Andrée Michel: “El feminismo”, citado por D´Atri en Pertenencia de género y antagonismo de clase en el
capitalismo, Fundación Editorial el Perro y la Rana, Caracas, 2006, p. 20.
20 Artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La mujer trabajadora en Venezuela
se asume entonces que la violencia contra la mujer es una de las peores formas de
violación de los derechos humanos, la igualdad y equidad de género son políticas de
estado, y como es un problema social, estructural, reforzado por el modelo capitalista
y los valores que este defiende, manteniendo una cultura patriarcal, se asumen
las siguientes posiciones:
• La igualdad y la equidad de género son políticas de Estado para el desarrollo
democrático porque las mujeres son la mitad del mundo.
• La violencia contra la mujer es la más vergonzosa violación de los derechos
humanos porque no conoce límite alguno.
• La violencia de género es un problema social estructural producto de la vigencia
de una arcaica cultura patriarcal.
• La función del Estado es erradicar la violencia de género para lo cual se requiere
transversalizar la noción de género en todas las manifestaciones sociales,
políticas y culturales.
• Las constituciones y leyes deben tener un carácter emancipador de la mujer
que las empodere para actuar por sí mismas y no para igualar ni para desplazar
a los hombres.
• La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones debe ser objeto
de delitos específicos y juzgados por tribunales especializados. 21
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
tipifica como la violencia laboral en los siguientes términos:
La persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia
física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio
o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el
acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con multa
de cien (100 U.T.) a mil unidades tributarias (1 000 U.T.), según la gravedad del hecho.
Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del Estado,
la sanción se impondrá a la máxima autoridad de la misma. En el supuesto de empresas
privadas, franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza
la máxima representación en el país.
La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas, engañosas o
fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho a
igual salario por igual trabajo. 22
21 Carmen Zuleta de Merchán: Ob. cit., p. 36.
22 Artículo 49 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. Gaceta
Oficial no. 38.770 del 17 de septiembre de 2007.

prof. thania C. naVaS ramírez
En particular tenemos la aplicación que ha tenido esta norma por los Tribunales
de Violencia contra la Mujer, y los diferentes casos que se han presentado, en muchos
ha quedado evidenciada prácticas que se consideran legítimas amparados por
normativas desfasadas de la realidad y de los principios constitucionales que ya hoy
garantizan la igualdad de género. Resulta particularmente interesante el caso de una
estudiante de una Escuela de Policía, que fue presionada para que solicitara “la baja”
porque estaba embarazada, después de ser obligada a realizarse exámenes médicos
porque estaba embarazada; sorprendió que tal procedimiento fue el resultado de
aplicación de un Reglamento anticonstitucional, resultando que esos “son exámenes
que se ordenan cada tres (03) meses, entre el personal femenino de la escuela, con
el objeto de descartar embarazos, (…) tal como quedó evidenciado del contenido
del artículo 71 numeral 16.3 del Reglamento Disciplinario y de Incentivo”, 23 ante
esa situación acertadamente el Tribunal decide restablecer los derechos violados a la
estudiante, y exigiendo que se tomaran las medidas necesarias para su continuidad,
declarando además que constituía una práctica “total y absolutamente discriminatoria
en contra de las alumnas de la Escuela de Policía, (…) violentándose de este
manera derechos inherentes a su condición humana, y (…) representa una clara
discriminación basado en el género”. 24
La Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad declara el
principio de igualad de derechos y deberes entre todos los integrantes de la familia,
así se protege la maternidad y también la paternidad, se reconocen las diferentes formas
de organización de la familia y se da una protección integral, lo que en definitiva
redunda en identificar a todos los miembros de la familia con las obligaciones familiares
de cuidado y protección de los niños y de sus miembros y no solo a la madre.
Propuesta desde la Organización Conserjes Unidas por Venezuela para una Ley para los
trabajadores y trabajadoras que realizan labores de conserjería, que podría ser aprobada
en el marco de la Ley Habilitante del Presidente de la República. Esta organización conformada
en su mayoría por mujeres que han tenido que cumplir la función de conserjería,
se organizaron “para defender sus derechos como habitantes de una comunidad
donde no se les reconoce como tales, y por el reconocimiento de sus derechos como
trabajadores y trabajadoras que viven y laboran en condiciones de sobreexplotación”. 25
Claro, por ahora, la tarea es por lo menos que se les reconozcan derechos como
trabajadora dentro de un sistema explotador, sin embargo, más allá deben establecerse
otras relaciones en la familia que permitan asumir y compartir las tareas dentro
de sus miembros, y en los inmuebles multifamiliares (edificios) donde trabajan las
conserjes.
23 Sentencia del Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Juicio de Barquisimeto del 6 de
mayo de 2009, asunto KP01-O-2009-000032. Acción de amparo constitucional (Ayrileth Coromoto
Mariño Aricuco vs. Director de la Escuela de Policía del estado Lara General de División “Juan
Jacinto Lara).
24 Ídem.
25 Disponible en: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia

La mujer trabajadora en Venezuela
Finalmente, debo señalar que aunque aún persisten formas de discriminación por
género en el trabajo que se han connaturalizado, se ha avanzado en la garantía efectiva
de los derechos de la mujer trabajadora, se ha logrado la mayor participación de
las mujeres en el llamado trabajo “productivo” y se dan pasos en la transformación
del modelo capitalista para construir una sociedad más justa.

570
GÉnero, dUración de deseMPleo
Y actitUdes Hacia el trabaJo
en los MaYores de 45 aÑos
introducción
dr. toMás izQuierdo rus
eSpaña
En la actualidad el fenómeno del desempleo se está convirtiendo en uno de los principales
motivos de preocupación, a nivel social e individual, donde los diferentes
esfuerzos no están ofreciendo soluciones al problema. No solo afecta a las personas
que están sin trabajo sino también a los trabajadores en activo ante la incertidumbre
por la pérdida constante de puestos de trabajo. Esta situación ha generado multitud
de debates, encuentros, seminarios e investigaciones desde una perspectiva predominantemente
economicista, centrados en la cuantificación estadística del número
de desempleados. Esta visión fragmentaria del fenómeno ha permitido un interés,
cada vez mayor, de investigadores preocupados por las consecuencias psicosociales
del desempleo.
Es importante al estudiar el desempleo no solo centrar la atención en las consecuencias
psicosociales que genera sino también en los factores mediadores de su impacto.
El desempleo es vivido de forma diferente acorde a una serie de características individuales
y recursos de los que se dispone. Estas características y recursos influyen de
forma considerable en las actitudes de las personas desempleadas, facilitando u obstaculizando
su retorno al mercado laboral. Varios investigadores han señalado que
las diferencias individuales se deben al efecto de algunas características personales y
factores psicosociales, que actúan como mediadores de la situación del desempleo.
La edad, el género, el tiempo en desempleo, la percepción de prestaciones, el apoyo
social, entre otros, se configuran como los mediadores más importantes en las respuestas
ante la situación de desempleo.

Género, duración de desempleo y actitudes hacia el trabajo en los mayores de 45 años
La investigación psicosocial del desempleo ha alcanzado sus mayores cuotas en los
periodos de crisis económica, caracterizados por un incremento de las cifras del
desempleo. La elevada tasa de desempleo de España ha generado variedad de investigaciones
centradas en el análisis de los factores económicos y en las políticas económicas
más adecuadas para hacerle frente. Esta situación ha generado una serie de
debates, informes e investigaciones donde prevalece una visión economicista y una
excesiva preocupación por cuantificar el número de personas desempleadas.
Este interés coexiste con un impulso por el estudio de las consecuencias psicológicas
que provoca el desempleo en las personas, que se manifiesta en aspectos como
la percepción de las causas, el comportamiento de los desempleados en el mercado
laboral o las actitudes hacia el trabajo. Eby y Buch 1 identificaron la prevalencia de
una serie de factores intrínsecos (psicológicos) como determinantes en la búsqueda
de empleo, por encima de los propiamente económicos.
Estas consecuencias, en ocasiones, están motivadas por la influencia que juegan las
variables mediadoras en el impacto del desempleo. Esto ha provocado que la investigación
psicosocial sobre el desempleo centre su atención en la identificación de las
variables que reducen o acentúan los efectos ante la falta de trabajo. Diversos autores
(Buendía 2 ; García y García 3 ; Garrido 4 ; Izquierdo 5 ; Izquierdo 6 ; Izquierdo 7 ) ponen de
manifiesto la existencia de diversos factores como variables mediadoras del impacto
psicológico que produce el desempleo en la aparición de actitudes negativas hacia
el trabajo.
La identificación de los variables que explican la heterogeneidad de respuestas ocupa
un lugar importante en las investigaciones psicosociales sobre el desempleo ya que
permitiría predecir las actitudes hacia el trabajo. Estas investigaciones permitirían
no solo conocer diferencias en el impacto negativo del desempleo sino también
pasarían a ser una valiosa aportación con respecto a las intervenciones que se lleven
a cabo con personas desempleadas. La intervención adquiere mayor relevancia, sin
duda, en un periodo donde la orientación laboral centra su atención preferente en la
1 L.T. Eby, y K. Buch: “The effect of job search method, sex, activity level, and emotional acceptance
on new job characteristics: implications for counseling unemployed professionals”, Journal of Employment
Counseling, 31 (2), 1994, pp. 69-82.
2 J. Buendía: El impacto psicológico del desempleo. Murcia: Editum, 2001.
3 A. M. García y M. G. García: “La influencia de los rasgos psicológicos en las actitudes hacia el empleo”,
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 24 (2), 203-233, 2008.
4 A. Garrido: Sociopsicología del Trabajo, Barcelona, UOC, 2006.
5 T. Izquierdo: Actitudes hacia el trabajo de los desempleados mayores de 45 años, Granada, EUG, 2006.
6 T. Izquierdo: El desempleo en los mayores de 45 años, Jaén, CES, 20089.
7 T. Izquierdo: Los nuevos retos del mercado laboral: una perspectiva desde la orientación profesional. Úbeda, Amaran-
tos, 2010.
1

2
dr. tomáS izQuierdo ruS
motivación y en el apoyo de conductas motivadas hacia el empleo, 8 lo que posibilita
la confianza en la ejecución de las propias habilidades para encontrar trabajo. 9
Desde la intervención, la identificación de determinadas características 10 condicionan
el éxito para encontrar trabajo mediante la puesta en marcha de programas específicos
de orientación profesional. La formación ocupacional adquiere especial importancia
ya que afecta favorablemente a las actitudes hacia el trabajo y, en consecuencia,
aumenta la probabilidades de inserción. 11 Cuanta mayor es la motivación mayor son las
actividades búsqueda, con lo que la probabilidad de encontrar un trabajo aumenta. 12
Son pocas las investigaciones donde se analiza la asociación entre variables mediadoras
y las actitudes hacia el trabajo, en comparación con la que se ha llevado a cabo
sobre otras consecuencias derivadas de la falta de trabajo. Si tenemos en consideración
aquellos grupos con mayores dificultades de inserción, son escasos los estudios
que analizan la influencia de las variables mediadoras en el desempleo en aquellos
colectivos con mayores dificultades de inserción Turner y Turner 13 observaron que
el impacto emocional del desempleo es mayor en aquellos colectivos con mayores
dificultades.
Estudios como el de Izquierdo (2005) e Izquierdo y Alonso (2010) 14 han tratado de
analizar las actitudes hacia el trabajo en desempleados mayores de 45 años. A pesar
de la importancia del tema existe un escaso número de investigaciones realizadas
con mayores de 45 años, en comparación con otras etapas del ciclo vital (Izquierdo
2008; Izquierdo y Hernández 2011 15 ; Izquierdo, Hernández y Maquilón 2010 16 ).
8 A. Altuna: El rol del orientador: tomas de posición para una orientación laboral más efectiva, Capital Humano,
192, 2005, pp. 109-115.
9 D. Gelpe: Motivation in formation in unemployed subjects and professional aspirations. Bulletin de Psychologie,
54 (3), pp. 251-260, 2001.
10 R. A Tango y P. Kolodinsky: “Investigation of placement outcomes 3 years after a job skills training
program for chronically unemployed adults”, Journal of Employment Counseling, 41 (2), pp. 80-92,
2004.
11 M. F. Martínez, M. García, y I. Maya: “El rol del apoyo social y las actitudes hacia el empleo en el
emplazamiento laboral de inmigrantes”, Anuario de Psicología, 32 (3), pp. 51-65, 2001.
12 R. G. McFadyen y J. P. Thomas: “Economic and psychological models of job search behavior of the
unemployed”, Human Relations, 50 (12), pp. 1461-1484, 1997.
13 J. B. Turner, y R. J. Turner: “Physical disability, unemployment and mental health”, Rehabilitation
Psychology, 49 (3), pp. 241-249, 2004.
14 T. Izquierdo y H. J. Alonso: “Valores culturales y consecuencias psicosociales del desempleo en
América Latina”, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 26 (2), pp. 123-133, 2010.
15 T. Izquierdo, y F. Hernández: “Orientación profesional y desempleo adulto”, en J. Maquilón et al.
(Coordinadores), Cambios educativos y formativos para el desarrollo humano y sostenible, pp. 519-526, Editum,
Murcia, 2011.
16 T. Izquierdo, F. Hernández, y J. J. Maquilón: “Psicología del ciclo vital en el desempleo adulto”, Actas de
I Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 2-4 septiembre, Buenos
Aires, 2010.

Género, duración de desempleo y actitudes hacia el trabajo en los mayores de 45 años
Los resultados de estas investigaciones ponen de manifiesto que las variables mediadoras
afectan de forma generalizada a las personas que se encuentran sin trabajo.
La utilización de investigaciones cualitativas es, cada vez, menos frecuente en la investigación
actual, predominando los estudios cuantitativos. Desde una perspectiva
cuantitativa, en el estudio de Izquierdo, Hernández, Maquilón y López (en prensa) 17
se validó un instrumento para evaluar las actitudes en el contexto de la inserción
laboral. Este instrumento permite no solo una exploración de las actitudes hacia el
trabajo en grupos con mayores dificultades de inserción sino también una herramienta
para la intervención en los programas de orientación.
En contraste con las investigaciones cuantitativas, el uso de investigaciones cualitativas
permite conocer los mecanismos y procesos que hacen del desempleo una experiencia
distinta en cada una de las personas afectadas. La escasez de estudios sobre el
tema y la utilización de una metodología cualitativa es lo que justifica la realización
de la presente investigación.
estudios sobre la duración del desempleo
Si bien, la investigación en psicología psicosocial del desempleo tuvo sus inicios en
los años 30, no será hasta las últimas décadas cuando las investigaciones tratan de
analizar aquellas variables que pueden jugar un papel determinante en las actitudes
hacia el trabajo. Según Blanch 18 las actitudes hacia el trabajo hacen referencia, entre
otras dimensiones, a la importancia que se le atribuye a tener un trabajo, al autoconcepto
profesional, al estilo más o menos activo de búsqueda de empleo y al grado de
disponibilidad para diversas condiciones laborales.
Garrido (2006) señala las variables más utilizadas para analizar las consecuencias psicosociales
del desempleo. Entre ellas destacan el género, la edad, el apoyo social, el
grado de implicación en el trabajo, el nivel de ingresos económicos, la clase social y la
duración del desempleo. Esta última ha sido una de las variables más utilizadas para
explicar la heterogeneidad en las respuestas ante el desempleo. Artazcoz, Benach,
Borrell y Cortes 19 destacan la necesidad de comprender los efectos del desempleo
teniendo en cuenta la interacción de estas variables.
17 Izquierdo, Hernández, Maquilón y López (en prensa). Adaptación y validación de la escala de actitudes
hacia el trabajo en desempleados mayores de 45 años. Revista iberoamericana de diagnóstico y
evaluación psicológica.
18 J. M. Blanch: Del viejo al nuevo paro. Un análisis psicológico y social. Barcelona, PPU, 1990.
19 L. Artazcoz, J. Benach, C. Borrell, y I. Cortes: “Unemployment and mental health: understanding
the interactions among gender, family roles and social class”, American Journal of Public Health, 94 (1),
pp. 82-88, 2004.
3

dr. tomáS izQuierdo ruS
Los resultados de algunos estudios muestran que el deterioro psicológico provocado
por el desempleo es mayor a medida que se prolonga el periodo de desempleo. Álvaro
20 destacó la existencia de una asociación significativa entre duración del desempleo
y actitudes. La transversalidad del estudio no permite establecer una relación de
causalidad entre ambas variables, aunque si mantiene la necesidad de considerar la
duración del desempleo en los estudios sobre la incidencia psicológica diferencial del
desempleo en la población desempleada. Un menor tiempo en desempleo propicia
una mayor actitud hacia la búsqueda. 21
La variable motivacional juega un papel fundamental que se considera como un importante
predictor de la intensidad de búsqueda en desempleados de larga duración.
Del Pozo, Ruiz, Pardo y San Martín 22 observaron que las actitudes tienden a empeorar
progresivamente a medida que aumenta el periodo en desempleo. Las actitudes determinan
la intensidad de búsqueda y, en ocasiones, determinan el éxito posterior en
la inserción laboral (Wanberg, Kanfer y Rotundo, 1999 23 ).
La teoría de la expectativa-valencia se convierte en un marco útil para entender la
motivación en el contexto de la inserción laboral. No obstante, Aramburu-Zabala 24
sugiere la necesidad de revisar algunos aspectos de esta teoría en relación al campo
concreto de la búsqueda de empleo. Esta necesidad contrasta con la inclusión de
conceptos como la actitud del individuo hacia la búsqueda de empleo propuesta por
Vinokur, Ryn, Gramlich y Price 25 . Lind-Stevenson 26 concluye que la expectativa del
sujeto en encontrar un trabajo facilita la aplicación de todo tipo de conductas dirigidas
a un proceso de búsqueda activa de empleo. La intención de buscar un trabajo
predice la aplicación de conductas dirigidas hacia la búsqueda de empleo. Prusia,
Furgate y Kinicki 27 subrayan que la intensidad de conductas aplicadas y orientadas
a la consecución de un trabajo predicen positivamente la reinserción laboral de las
personas desempleadas.
20 J. L. Álvaro: Desempleo y bienestar psicológico, Siglo xxi, Madrid, 1992.
21 L. Kulik: “Impact of length of unemployment and age of jobless men and women: A comparative
analysis”, Journal of Employment Counseling, 38 (1), 2001, pp. 15-27.
22 J. A. Del Pozo, M. A. Ruiz, A. Pardo, y R. San Martín: “Efectos de la duración del desempleo entre
los desempleados”, Psicothema, 14 (2), 2002, pp. 440-443.
23 C. R. Wanberg, R. Kanfer, y M. Rotundo: “Unemployed individuals: Motives, job-search competencies,
and job-search constraints as predictors of job seeking and reemployment”, Journal of Applied
Psychology, 84 (6), 1999, pp. 897-910.
24 L. Aramburu-Zabala: “Determinantes psicosociales de la búsqueda de empleo”, Revista de Psicología
del Trabajo y de las Organizaciones, 14 (3), 1998, pp. 315-331.
25 A. D. Vinokur, M. Van Ryn, E. Gramlich, E. y R. H. Price: “A long term follow-up and cost-benefit
analysis of a successful preventive intervention for the unemployed”, Journal of Applied Psychology, 76,
1991, pp.1-7.
26 R. M. Lynd-Stevenson: “Expectative-value theory and predicting future employment status in the
young unemployed”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72 (1), 1999, pp. 101-106.
27 G. E. Prusia, M. Furgate, y A. J. Kinicki: “Explication of the coping goal construct: Implications for
coping and reemployment”, Journal of Applied Psychology, 86 (6), 2001, pp. 1179-1190.

Género, duración de desempleo y actitudes hacia el trabajo en los mayores de 45 años
La teoría de la conducta planeada (TPB) de Azjen y Madden 28 es otra valiosa fuente
de información para predecir la intención de búsqueda de empleo. Autores como
Van Hooft, Born, Taris et al. 29 apoyaron la pertinencia del TPB, al hallar que la
relación entre actitud e intención de búsqueda era más fuerte en las personas desempleadas.
Las personas que sienten que no tienen control sobre la práctica de una
conducta de búsqueda de empleo, puede que se abstengan de realizarla o no seguirán
sus intenciones de ejecutar dicha conducta, no importando sus actitudes y normas
subjetivas. Sin embargo, una persona que se sienta confiada en su habilidad de realizar
una conducta de búsqueda es más probable que intente realizar la conducta y/o
mantenga sus intenciones de realizarla. 30
En los mayores de 45 años se incrementa los efectos de la duración del desempleo
provocada, en muchas ocasiones, por el desajuste entre la formación y los cambios
tecnológicos. 31 La formación para el empleo se convierte en una alternativa para la
adquisición de las nuevas competencias profesionales requeridas por el mercado
laboral. Stenberg 32 encuentra una significación entre la duración del desempleo y
una baja participación en programas de formación. De esta forma, el desempleo se
convierte en un impedimento importante para alcanzar una completa integración en
la sociedad. 33
En general, son múltiples las evidencias empíricas sobre la influencia de la duración
del desempleo en las actitudes hacia el trabajo. Sin embargo, esta asociación no ha sido
explorada en determinados grupos de desempleados, y mucho menos se ha establecido
diferencias con respecto a las actitudes hacia el trabajo en personas en situación de
desempleo. Dilucidar este tema en desempleados mayores de 45 años es la finalidad
principal de la presente investigación.
28 I. Ajzen, y T. J. Madden: “Prediction of goal-directed behavior: Attitudes, intentions, and perceived
behavioral control”, Journal of Experimental Social Psychology, 22, 1986, pp. 453-474. B. Smith, y M.
Stasson: A comparison of health behavior constructs: Social psychologycal predictors of AIDS - preventive
behavioral intentions. Journal of Applied Social Psychology, 30, 200, pp. 443-462.
29 E. A. Van Hooft, M. P. Bom, T. W. Taris: “Predictors of job search behavior among employed and
unemployed people”, Personal Psychology, 57 (1), 2004, pp. 25-35.
30 B. Smith, y M. Stasson: Ob. cit., pp. 443-462.
31 A. Olechnowicz: “Unemployed workers, “enforced leisure” and education for the right use of leisure
in Britain in the 1930´s”, Labour History Review, 70 (1), 2005, pp. 27-52. A. Stenberg: “Comprehensive
education for the unemployed–evaluating the effects on unemployment of the adult education initiative
in Sweden”, Labour, 19 (1), 2005, pp. 123-146.
32 Ídem.
33 T. Kieselbach: “Long-term unemployment among young people: the risk of social exclusion”, American
journal of community psychology, 32 (1), 2003, pp. 69-76.

Metodología
dr. tomáS izQuierdo ruS
La compleja y variada realidad del desempleo condiciona la elección metodológica
más idónea para entender cualquier fenómeno social desde la perspectiva del propio
sujeto. En esta investigación se pretende un acercamiento a la realidad del fenómeno
a través de la experiencia de los desempleados mayores de 45 años. Optar por una
metodología cualitativa supone no solo un acercamiento a la realidad del desempleo
sino también pone énfasis, según León y Montero, 34 en descubrir y describir lo
particular.
Participantes
Participaron 161 personas desempleadas residentes en la comunidad de Andalucía,
accediendo a través de los datos facilitados por el Servicio Regional de Empleo.
Distribuidos, según género, participaron 118 mujeres y 43 hombres, todos mayores
de 45 años. Se les explicó el propósito de la investigación y se les garantizó, en todo
momento, el anonimato y el uso confidencial de las respuestas obtenidas.
instrumento
Se utilizó la entrevista de actitudes hacia el empleo, tras garantizar los requisitos
técnicos de fiabilidad y validez. 35 Este instrumento se compone de treinta y tres cuestiones,
agrupadas en las siguientes dimensiones: centralidad del empleo, explicación
del desempleo, autoconcepto personal y profesional, disponibilidad para el empleo,
percepción subjetiva sobre la contratación de los empresarios y estilo de búsqueda
de empleo.
Procedimiento
Se contactó con los participantes a través de la base de datos informatizada del
Servicio Andaluz de Empleo, organismo regional con las competencias en materia
de empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se tuvo como criterio en la
34 O. León, y I. Montero: Métodos de investigación en psicología y educación, McGraw-Hill, Madrid,
2010.
35 T. Izquierdo: Ob. cit., 2008.

Género, duración de desempleo y actitudes hacia el trabajo en los mayores de 45 años
selección ser mayor de 45 años y estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo. Se
solicitó a los desempleados seleccionados la realización de la entrevista, explicándoles
la naturaleza de la investigación y matizando que la participación era totalmente
voluntaria. Las respuestas obtenidas fueron transcritas al procesador de textos Word
2007 y analizadas con el programa estadístico ATLAS.ti 6.2. Este software permitió
las siguientes fases: identificación de las categorías, asignación de códigos a las entrevistas,
organización de la información mediante redes semánticas y explicación de
las relaciones entre las categorías identificadas.
análisis de los datos e interpretación
de resultados
Como se señalaba al comienzo, el objetivo de esta investigación ha consistido en el
análisis de los efectos de la duración del desempleo en las actitudes hacia el trabajo
de los mayores de 45 años. Las actitudes se representan a través de redes semánticas,
donde se muestran las diferentes categorías analizadas. A continuación se describen
cada una de las redes semánticas.
Figura 1. Centralidad del empleo y atribución causal del desempleo.

dr. tomáS izQuierdo ruS
En el la figura 1 se observa la importancia concedida al trabajo, en tanto valor, como
medio de realización personal y profesional. Los participantes destacan el aporte del
trabajo en sus vidas, favoreciendo su autoestima, y el beneficio derivado en cuanto a
la obtención de un salario. La realización de un trabajo les permite, además, no solo
ser útiles en la sociedad sino también el desempeño de sus cualidades personales y
profesionales. Estas cuestiones manifiestan el importante papel que tiene el trabajo en
la vida de las personas y su implicación en la conducta ante la búsqueda de empleo.
Otros de los aspectos presentados en la figura 1, por la relación directa que tiene con
la centralidad del empleo, se refiere a la atribución causal del desempleo. Son diversas
las causas mostradas por los participantes, diferenciándolas en causas internas
y causas externas. Una de las razones más destacadas es la edad, como explicación
interna del desempleo, referida a la propia persona. Otra postura mencionada, como
posicionamiento más externo, se relaciona con la crisis económica actual. Ambas
posturas, ya sea de tipo interno o externo, determinan de forma considerable la conducta
de búsqueda de los desempleados.
Figura 2. Autoconcepto personal y profesional y disponibilidad para el empleo.

Género, duración de desempleo y actitudes hacia el trabajo en los mayores de 45 años
En cuanto al autoconcepto, como se observa en la figura 2, las personas entrevistadas
señalan una serie de características referidas a su imagen personal y profesional.
Como cualidad principal los participantes, dentro de las características profesionales,
destacan su experiencia laboral. De igual modo, resaltan una serie de cualidades
personales necesarias para su desempeño profesional, ofreciendo la dedicación y
responsabilidad precisa en cualquier puesto de trabajo. De las respuestas recogidas, se
muestra un equilibrio en las características representadas en autoconcepto personal
y profesional.
Asimismo en la figura 2 se muestra la disponibilidad para el empleo ofrecida por
los participantes. Presentan disposición hacia el trabajo siempre que esté acorde a la
legislación laboral y que no suponga riesgo para su salud. Señalan como prioridad
aquellas ocupaciones relacionadas con su formación y con mayor estabilidad. Como
condicionamientos previos en la elección, destacan la necesidad de tener contrato
con seguridad y, mayormente en el género femenino, la compatibilidad con la familia.
No obstante, se evidencia en los participantes una disponibilidad muy alta para
trabajar.
El criterio de selección seguido por los empresarios es percibido como otra de las actitudes
hacia el trabajo de los mayores de 45 años, tal y como se refleja en la figura 3. Los
entrevistados manifiestan que la edad es el hándicap principal con el que se enfrentan
en la búsqueda de empleo. Otros criterios valorados por el empresariado son el
género y la experiencia laboral. Estrechamente relacionado con la atribución causal,
toma relieve la importancia de aspectos internos como la presencia o, de tipo externo,
como la suerte. De igual modo, la situación económica y el tiempo en desempleo son
percibidos por los entrevistados. Todo lo anterior pone de manifiesto el papel que
pueden desempeñar determinadas características que se evidencian y e influyen, de
forma considerable, en la conducta de búsqueda de empleo.
En esta figura se aprecia igual el estilo de búsqueda de empleo mostrado por los
entrevistados. Son numerosas las fuentes utilizadas en la búsqueda de empleo, destacando,
entre otras, el contacto con otras personas, ir a la oficina de empleo y la
utilización de Internet. Un número importante de participantes realizan todas las
actividades, que están a su alcance, para lograr un puesto de trabajo. Las respuestas
obtenidas es el motivo que les lleva a utilizar, en mayor o menor número, unas u
otras. Sin embargo, otros participantes no realizan ninguna actividad de búsqueda
de empleo. Este doble posicionamiento está relacionado con la atribución causal de
desempleo: atribuciones externas reducen negativamente la búsqueda y atribuciones
internas aumentan considerablemente la búsqueda de empleo.

0
dr. tomáS izQuierdo ruS
Figura 3. Percepción subjetiva de los empresarios y estilo de búsqueda de empleo
conclusiones y discusión
Esta investigación ha permitido un acercamiento a una realidad social que no ha sido
estudiada específicamente en nuestro país, permitiéndonos una primera aproximación
al estudio de los efectos de la duración del desempleo. Esta variable en la población
desempleada adquiere una gran relevancia, pues puede llegar a esclarecer la
incidencia en las actitudes hacia el trabajo en los desempleados mayores de 45 años.
Con esta finalidad se analizaron las siguientes dimensiones: centralidad del empleo,
atribución causal del desempleo, disponibilidad para el empleo, contratación empresarial
y estilo de búsqueda de empleo.
Los resultados obtenidos indican que los participantes se inclinan hacia la convicción
personal de que el trabajo ocupa un lugar principal en sus vidas. Además se
observa una preocupación por la situación de desempleo, con atribuciones tanto
de tipo interno como externo. Estar en desempleo no es solo el resultado de condicionamientos
externos como la crisis económica sino también de características

Género, duración de desempleo y actitudes hacia el trabajo en los mayores de 45 años
personales como la formación o la experiencia laboral. Resultados similares se han
encontrado en García y García (2008) en África, Izquierdo (2008) en España, Izquierdo
y Alonso (2010) en América del Sur y Schafgans (2000) 36 en Asia.
Comparten una valoración positiva de su imagen personal y profesional y una alta
disponibilidad para la búsqueda de empleo, lo que avala el compromiso por salir
de la situación de desempleo. Muestran rechazo hacia la economía sumergida y los
contratos en precario y a ocuparse en trabajos a tiempos parcial en determinadas circunstancias
(familiares, económicas…). Diversas evidencias destacan la importancia
del autoconcepto y la disponibilidad en la consecución de un empleo. 37
Entre las actitudes hacia el trabajo se abordan, en último lugar, la percepción subjetiva
sobre la contratación de los empresarios y el estilo de búsqueda de empleo. Determinadas
características son percibidas como exitosas en la selección de trabajadores
y predomina una búsqueda de empleo activa en los participantes. La consideración
de atribuciones externas y la no realización de actividades búsqueda de empleo reducen
considerablemente las oportunidades laborales. Otras situaciones como la percepción
de prestaciones pueden condicionar la búsqueda activa de empleo. 38
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la duración del desempleo ejerce
el papel de variable mediadora en las actitudes hacia el trabajo de los desempleados
mayores de 45 años. Adoptar una metodología cualitativa en el estudio del desempleo
nos ha permitido “comprender las perspectivas y experiencias de las personas
que son entrevistadas” 39 y apoyarnos de las narraciones efectuadas por personas que
han perdido su empleo. 40
Esta metodología puede ser útil para emprender nuevas investigaciones que tengan
por objeto el análisis de las actitudes hacia el trabajo en otros grupos sociales y
contextos culturales. La inclusión de jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas con
diversidad funcional, etc., nos permitiría extraer los mecanismos diferenciadores del
desempleo en cada uno de los grupos. Además el contexto económico, social y
cultural resultan especialmente importantes, debido a las grandes diferencias entre
países respecto a las tasas de desempleo, índices de pobreza y cobertura social a las
personas sin empleo (Gallardo, 2011) 41 .
36
M. M. A. Schafgans: “Gender wage differences in Malasya: parametric and semiparametric estimation”,
Journal of Development Economics, 63 (2), 2000, pp. 351-378.
37 T. Izquierdo: Ob. cit., 2008.
38
I. García y L. Toharia: “Prestaciones por desempleo y búsqueda de empleo”, Revista de Economía
Aplicada, 23 (8), 2000, pp. 5-33.
39
L. Buendía, P. Colás y F. Hernández: Métodos de investigación en psicopedagogía, McGraw-Hill, Madrid,
2003.
40
M. A García Calavia: “La lógica de los trabajadores. Un estudio sobre la racionalidad, la autonomía
y la coherencia de las prácticas y los significados de los trabajadores” Revista Internacional de Sociología,
51, 2008, pp. 123-144.
41
J. Gallardo: “Juventud, trabajo, desempleo e identidad: un enfoque psicosocial”, Athenea Digital, 11
(3), 2011, pp. 165-182.
1

2
dr. tomáS izQuierdo ruS
Es necesario realizar más investigaciones que incluyan otras variables con las que
poder dar más sentido a la experiencia individual del desempleo. Variables como el
género, el nivel educativo, los recursos económicos y el apoyo social, que pueden
tener un efecto mediador en las personas desempleadas. Al analizar la duración del
desempleo sería conveniente, además, homogeneizar los periodos de desempleo al
no existir un criterio uniforme en los periodos establecidos. 42
La presente investigación tiene implicaciones prácticas que afectan a las actitudes
en los programas de orientación. Los resultados de este estudio pueden orientar el
desarrollo de actividades que favorezcan el cambio actitudinal de los desempleados
mayores de 45 años. Promover el cambio actitudinal no solo reduciría el coste
económico y social que provoca el desempleo sino también incrementaría las
oportunidades de retorno al mercado laboral.
42 T. Izquierdo: Ob. cit., 2008.

cUltUra, Valores Y GÉnero
en los nUeVos escenarios laborales
introducción
dr. toMás izQuierdo rus
dra. Fuensanta hernández pina
dr. andrés esCarBaJal Frutos
dr. Javier J. MaQuilón sánChez
lda. ana B. Mirete ruíz
dra. MiCaela sánChez Martín
lda. noelia orCaJada sánChez
Cuba
Actualmente, no podemos entender realmente el debate sobre el empleo si no tenemos
en cuenta una imagen amplia de lo que está sucediendo en el mundo. De lo
contrario, contemplar las tasas de desempleo desde una perspectiva localista o nacionalista,
nos llevaría a distorsionar la realidad. Si a ello le sumamos que el mundo
(y especialmente la sociedad europea) es cada vez más plural y complejo, como consecuencia
de los movimientos migratorios (muchos de los cuales promovidos por la
búsqueda de empleos) y el consiguiente aumento de la diversidad en la composición
cultural de los grupos humanos, entenderemos que nuestra cultura, nuestra escala de
valores y nuestra convivencia hayan sido afectadas de alguna manera.
En la sociedad compleja, pluricultural y globalizada en la que nos ha tocado vivir,
es urgente reconocer a la educación un rol de primer orden para la promoción de
las relaciones interpersonales que fomenten la formación, la orientación laboral y
potencien valores como el de la resiliencia para asumir con flexibilidad situaciones
límite como la actual y saber sobreponerse a ellas. Se están depositando muchas expectativas
sobre la capacidad de la educación para resolver los problemas sociales de
desempleo que han surgido en la actualidad. Pero para ello, debemos estar convencidos
de que si el fin último de la educación es la formación integral de la persona,
es indispensable el desarrollo armónico de las distintas capacidades comunes a todas
las personas.
5 3

dr. tomáS izQuierdo ruS
El tercer milenio se inició con la creciente globalización de los mercados en un planeta
cada vez más multicultural y multiétnico debido a los movimientos migratorios
provocados por las enormes diferencias económicas entre países, pero también a
las guerras, a los fundamentalismos religiosos y políticos, la situación de las mujeres
en espacios determinados, el auge de las tecnologías de la información y la comunicación.
Es evidente que la inclusión no debe ser considerada de manera aislada,
sino vinculada a otras circunstancias y condiciones sociales, pero, en todo caso, es
también innegable que, junto a esas circunstancias y situaciones socioeconómicas
mundiales, no hemos de olvidar algo importantísimo: los problemas económicos,
sociales, políticos, culturales y personales que sufren las personas en riesgo de exclusión.
1
Las condiciones de trabajo, vivienda, socialización, etc., no dependen de una especie
de determinismo, ni de supuestas carencias de los grupos minoritarios, sino de la
forma como está organizado el mercado de trabajo y de la actitud de la sociedad
receptora (Pedreño 2 ; Briceño 3 ). Estar en riesgo de exclusión no debe suponer estar
expuesto a una serie de problemáticas de cuya solución dependerán los modos de
inclusión social, formación, relaciones afectivas, situación laboral, formación ideológica,
proyecto vital.
Desde la perspectiva abierta e integradora de la interculturalidad, el objetivo de una
sociedad democrática debe ser construir espacios donde todos tengan sitio, en los
que todos aporten un grano de arena en su construcción. El establecimiento de
políticas de inclusión laboral ayudará a construir una sociedad más justa para todos,
ofreciendo los apoyos necesarios a aquellos ciudadanos que lo necesiten para evitar
la exclusión de aquellas personas que, en principio, parecen correr ese riesgo. Se trata,
pues, de fomentar y hacer realidad la inclusión sociolaboral, establecer un orden
social democrático, justo y solidario que afecte a todos los niveles (sociales, políticos,
educativos, culturales) de todos los ciudadanos; lo que, en definitiva, supone un
replanteamiento de los modelos sociales y laborales existentes.
Beck 4 sostiene que se está produciendo un nuevo tipo de conflicto en el siglo xxi que
tiene que ver con los nuevos excluidos de la globalización, y no solo referido a los
países del llamado tercer mundo, sino también a las bolsas de marginación que han
aparecido en las grandes ciudades.
1
J. A. Zamora: “Políticas de inmigración, ciudadanía y estado de excepción”, Arbor, 713, 2005, pp.
53-66.
2
A. Pedreño: “Sociedades etnofragmentadas”, En A. Pedreño y M. Hernández (Coordinadores.), La
condición inmigrante. Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia, pp.75-103: Universidad de
Murcia, Murcia, 2005.
3
Y. Briceño: “Inmigración, exclusión y construcción de la alteridad. La figura del inmigrante en el
contexto español”, en D. Mato (Coordinadores), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización,
FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2004, pp. 201-219.
4
U. Beck: “La revuelta de los superfluos”, El País, 27 de noviembre, 15, 2005.

Cultura, valores y género en los nuevos escenarios laborales
En la presente ponencia se enfatiza que, para ayudar a construir una sociedad más
equitativa, se han de establecer políticas inclusivas laborales (también sociales y educativas)
en las que no haya diferencias entre las ofertas y condiciones establecidas
para los grupos minoritarios, que exista un abanico de apoyos a aquellos que más
lo necesiten para buscar planos de igualdad y que todos puedan competir con las
mismas garantías por los puestos de trabajo.
la inclusión sociolaboral y grupos desfavorecidos
Tanto las políticas de fronteras abiertas como las de impermeabilización plantean
graves dificultades a las economías occidentales al no soportar un crecimiento descontrolado
de la mano de obra y, ocasionan, por una parte, optar por la economía
sumergida; y por otra parte, la sociedad no parece estar demasiado preparada para
asumir en poco tiempo los numerosos cambios del mercado laboral. Ante ello, el
modelo de inclusión laboral se perfila hoy en día como el camino hacia donde dirigir
esfuerzos para ofrecer un sistema social integrador de calidad, para todos los trabajadores,
sean cuáles fueren sus circunstancias sociopersonales.
Muchas personas en riesgo de exclusión no son vistos como ciudadanos con derechos,
sino como mera fuerza de trabajo, que el empresario exige sea considerada
en condiciones de precariedad y vulnerabilidad 5 . Estudios como el de Alesina y La
Ferrara 6 concluyen que en los países pobres la diversidad étnica actúa como una
carga para el crecimiento económico, mientras que en los países con mayor nivel de
desarrollo resulta beneficiosa.
Del hombre como ciudadano se ha pasado al hombre como recurso humano, como un
coste más; la cosificación de la persona, que se ve traducida a números y estadísticas,
rentabilidad y beneficios, hasta el punto de que antes de la crisis económica mundial se
hablaba del siglo xxi como el del mercado globalizado. En él, las personas se traducen
en términos mercantiles. Forrester 7 considera que hay algo peor que la explotación del
hombre por el hombre: la falta de explotación. Lo peor, pues, es sobrar en el proceso
de producción, no ser necesario, como ocurre ahora con la crisis económica en los
grupos minoritarios. Para acentuar la cuestión, se produce ese horror cuando, además,
se acusa a los desempleados de lo que son en realidad, víctimas de llevar una vida subvencionada
e improductiva.
5 E. Rojo: Inmigración y mercado de trabajo en la era de la globalización: estudio de la normativa internacional,
comunitaria y española, Lex Nova Valladolid, 2006.
6
A. Alesina, E. La Ferrara: “Ethnic Diversity and Economic Performance”, Working Paper, 103(43),
2005, pp. 762-800.
7
V. Forrester: El horror económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.

dr. tomáS izQuierdo ruS
Conviene recordar que la Carta Social Europea 8 , revisada en 1996 y con entrada en
vigor en 1999, destaca, en su apartado de empleo, el derecho de todo ciudadano a
ganarse la vida en una ocupación elegida libremente, en condiciones de trabajo equitativas.
Asistimos a una visión donde la vocación de cualquier persona en riesgo de
exclusión es integrase, de alguna manera, en el tejido social, cultural y laboral del país
de acogida, pero esta dinámica suele verse contrariada por la ausencia de una política
clara de integración 9 .
desempleo, género, percepciones
y exclusión social
Apostar por la inclusión sociolaboral supone plantear mucho más que estrategias
laborales; es sacar a la luz los conflictos que subyacen en nuestra sociedad, vinculados
a situaciones que van más allá de las políticas laborales. No hace falta sufrir,
intelectualmente hablando, para reconocer que no vivimos en un mundo igualitario
y ser conscientes de que hay diferencias no solo culturales, sino económicas, sociales
y políticas, lo que verdaderamente separa a las personas.
Estereotipos frecuentes como ser mujer, inmigrante, analfabeta, pobre, mayor, sin
trabajo son percepciones asumidas por los desempleados, con un papel decisivo con
vistas a lograr un puesto de trabajo. Escarbajal comprobó que grupos minoritarios
tienen, cada vez más, estudios superiores y proceden de lo que podría ser la clase
media. En general, estos grupos tienen una alta capacidad emprendedora, iniciativa,
coraje y voluntad de mejorar (Delpino 10 ; Checa 11 ).
Estar en desempleo ocasiona, en muchos casos, situaciones como familias desestructuradas,
problemas emocionales que conllevan, de forma paulatina, a la exclusión
social. Además esta situación juega un papel determinante en las actitudes hacia el
empleo y, en consecuencia, en la inclusión sociolaboral. Estas actitudes están relacionadas
con el comportamiento y no son la conducta en sí sino un indicador de la
misma. 12
8 Carta Social Europea, 1996, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ presentation/
escrbooklet/Spanish.pdf 12 de enero de 2012.
9 A. Escarbajal Frutos, Educadores, trabajadores sociales e interculturalidad, Dykinson, Madrid.
10 N. A. Delpino: La inserción de los adolescentes latinoamericanos en España. Algunas claves, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
11 F. Checa: Mujeres en el camino. El fenómeno de la migración femenina en España, Icaria, Barcelona, 2005.
12 M. Ansa y A. Acosta: “La actitud hacia el trabajo del personal administrativo en el núcleo humanístico
de la Universidad del Zulia”. Revista de Ciencias Sociales, 14 (1), 2008, pp. 121-130.

Cultura, valores y género en los nuevos escenarios laborales
Para facilitar la inclusión sociolaboral de los grupos minoritarios, el proceso de acogida
y adaptación debe entenderse de una forma compleja, incluyendo información,
conocimiento y una orientación laboral que impida la irregularidad, opciones para
acceder a viviendas dignas e información para un posible reagrupamiento familiar,
así como aquella información imprescindible para la adecuada utilización de los servicios
públicos de salud, educativos y sociales. No disponer de estas necesidades
básicas impide una vida digna. 13
A lo largo de este trabajo se han presentado múltiples evidencias empíricas que justifican
la importancia de las percepciones psicosociales como fuente de exclusión social.
Sin embargo, esta asociación no ha sido explorada en determinados grupos sociales, y
menos aún en personas en desempleo.
conclusiones
Los seres humanos vivimos la cultura como guía de la experiencia, como vehículo
que nos permite ir abriéndonos camino en las diferentes situaciones sociales, al
proporcionarnos el sentido y la dirección de estas. Igualmente, la cultura nos pone
límites a lo que podemos y no podemos hacer, y lo mismo nos vale para adaptarnos
como para transformar los espacios naturales y convertirlos en lugares de convivencia.
Todo ello puede conseguirlo el ser humano desde sus referentes axiológicos y
culturales.
La realización de investigaciones supone un acercamiento al fenómeno social del
desempleo desde la perspectiva del propio sujeto, destacando el papel de las percepciones
psicosociales en la exclusión social de los grupos minoritarios. Una revisión
de los estudios anteriores ha ofrecido unas conclusiones teóricas de gran interés.
Núñez 14 destaca que el desafío de lo social pasa hoy por la encrucijada de una sociedad
atomizada en diversidad cultural que va aumentando paulatinamente porque
ha sido reducida a una racionalidad instrumental. Esto conlleva el aumento de la
exclusión social y las desigualdades sociales a todos los niveles.
Las conclusiones de diversas investigaciones ponen de manifiesto la existencia de
una serie de condicionamientos de gran importancia, valorados por los empresarios
en la selección de sus trabajadores. La situación socioeconómica, los prejuicios, la
explotación laboral y la discriminación laboral conforman, según Izquierdo 15 una
13 J. Herrera: Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto, Los libros de la
Catarata, Madrid, 2005.
14 L. Núñez, (Coordinadores): La educación en tiempos de incertidumbre: las apuestas de la pedagogía
social, Barcelona, Gedisa, 2002.
15 T. Izquierdo: El desempleo en los mayores de 45 años, CES, Jaén.

dr. tomáS izQuierdo ruS
actitud que determina la toma de decisiones y, en consecuencia, su inclusión sociolaboral.
Resultados similares se han encontrado en García y García 16 en África,
Schafgans 17 en Asia e Izquierdo y Alonso 18 en América del Sur.
Poner en marcha actividades de inclusión laboral es, hoy en día, un gran reto si
queremos que las relaciones de justicia social entre los distintos grupos sociales y
culturales acaben para siempre con los fenómenos de discriminación que aún se
perciben en muchas conductas humanas. Estas actividades deben convertirse en la
piedra angular de las nuevas sociedades favoreciendo el desarrollo social, sin exclusión
de grupos o culturas minoritarias. Para acceder, en igualdad de condiciones, a
los mismos puestos laborales, se ha de comenzar por las instituciones formativas,
que deben trabajar para evitar la exclusión y educar en actitudes inclusivas. Solo así
se podrá construir un sistema social libre de prejuicios que, según Soler 19 ayude a las
personas en su ánimo de progreso.
Apostar por una sociedad inclusiva conlleva a asumir los procesos políticos, sociales,
jurídicos y educativos que favorezcan la inclusión de todos los ciudadanos, independientemente
de sus orígenes e historias personales. Por tanto, la inclusión rompe las
barreras de los prejuicios, creando situaciones de interdependencia e intercambio.
Ello exige el reconocimiento explícito de los derechos de personas y grupos socioculturales
distintos y la promoción y defensa de estos en todos los planos sociales,
fundamentalmente en el laboral.
La inclusión sociolaboral, más que una ideología es un conjunto de principios antisegregadores
con un fuerte potencial de igualitarismo. Una sociedad inclusiva requiere,
al menos, la promoción y el desarrollo de prácticas participativas y aprovechar el
desarrollo del conocimiento para la mejora económica y cultural de los pueblos, a
través del acceso al trabajo, a la educación, a la información y el respeto activo de la
diversidad cultural y lingüística. Orientaciones de buenas prácticas podrían incluirse
en los programas de orientación sociolaboral, para la mejora de la calidad de la intervención
en aquellos grupos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral
y, por consiguiente, de exclusión 20 . Conseguir la inclusión sociolaboral de los grupos
minoritarios supone un compromiso con las causas de los grupos más excluidos en
16 A. M. García, y M. G. García: “La influencia de los rasgos psicológicos en las actitudes hacia el empleo”,
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 24 (2), 2008, pp. 203-233.
17 M. M. A. Schafgans: “Gender wage differences in Malasya: parametric and semiparametric estimation”,
Journal of Development Economics, 63 (2), 2008, pp. 351-378.
18 T. Izquierdo, y H. J. Alonso: “Valores culturales y consecuencias psicosociales del desempleo en
América Latina”, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 26 (2), 2010, pp. 123-133
19 J. Soler: “La mala educación”, El País, 18 de mayo de 2008.
20 T. Izquierdo: Los nuevos retos del mercado laboral: una perspectiva desde la orientación profesional, Amarantos,
Úbeda, 2010.

Cultura, valores y género en los nuevos escenarios laborales
defensa de su dignidad y facilitarles el acceso laboral en el marco de valores democráticos
de equidad y participación social. 21
Esta investigación, comparte los argumentos de otros estudios científicos (Arnaiz 22 ;
Escarbajal 23 ) en buscar la equidad como garantía de igualdad de oportunidades y en
el peligro de considerar a los grupos minoritarios como únicos destinatarios de las
políticas de inclusión.
En esta ponencia, además de dar cuenta de la realidad de la inclusión sociolaboral,
se apuesta por una metodología de gran utilidad para el análisis de este fenómeno en
otros contextos sociales. Nuevas líneas de investigación podrían plantear la incorporación
de otros grupos sociales y variables que pueden tener un efecto moderador
en la inclusión sociolaboral.
21 A. Escarbajal Frutos: “Pluriculturalidad, instituciones educativas y formación del profesorado”, REIFOP
13 (3), 2010a, pp. 95-103.
22 P. Arnaiz: “Análisis de las medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria”,
Revista de Educación, 349, 2009, pp. 203-233.
23 A. Escarbajal Frutos: “Estudio de las respuestas socioeducativas ofrecidas a los inmigrantes en la Región
de Murcia”. Revista de Investigación Educativa, 28 (1), 2010b, pp. 157-170.

5 0
la MUJer rUral en el conteXto
internacional Y nacional. desaFÍos
leGislatiVos Para el derecHo
aGrario en cUba
introducción
MsC. teresa hinoJosa torres
Cuba
Inspirada en las experiencias obtenidas en el 56 Período de Sesiones de la Comisión
Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y Social de la ONU, celebrada
desde el 26 de febrero al 10 de marzo de 2012, con sede en esa organización mundial,
la que tuvo como tema central “El empoderamiento de la mujer rural”, decidí
elaborar este artículo el que, en primer orden, dedico a todas las mujeres que en
cualquier lugar de nuestro planeta, día a día, emplean el mayor tiempo de sus vidas a
cultivar la tierra y de sus frutos dar alimento a sus hijos y a sus congéneres o contribuir
con el desarrollo económico de su comunidad o la sociedad en general.
En segundo orden, está destinado fundamentalmente a plasmar las principales consideraciones,
luego del estudio y recopilación de informaciones, acerca de la situación de
la mujer de las zonas rurales tanto en el ámbito internacional como nacional, pero
sobre todo, abordando desde el punto de vista jurídico, algunas instituciones del
derecho como la herencia de la tierra y la seguridad social, en las que existen limitaciones
o sencillamente desprotección para ellas, con un enfoque de género, categoría
esta de utilización necesaria en la actualidad, para tratar cualquier tema relacionado
con la mujer, cuando de igualdad o comparaciones han de referirse.
Vale destacar en esta introducción, que la mayor parte de las mujeres de las zonas rurales
tanto en países desarrollados como subdesarrollados y pobres, siguen viéndose
afectadas por condiciones de salud y trabajo cada vez peores, un acceso limitado a
la educación y al control de los recursos naturales, falta de seguridad en el empleo
y un nivel bajo de ingresos. Esta situación se debe a diversos factores, como la

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
creciente competencia en los mercados agrícolas, que aumenta la demanda de mano
de obra flexible y barata, la creciente presión y los conflictos en torno a recursos
naturales, la disminución del apoyo de los gobiernos a las explotaciones pequeñas y
la reasignación de los recursos económicos a favor de grandes agroempresas. Otros
factores son la creciente exposición a riesgos relacionados con catástrofes naturales
y cambios ambientales, el deterioro del acceso al agua y el aumento de los riesgos
ocupacionales y sanitarios.
A pesar del avance alcanzado en materia de políticas nacionales e internacionales
desde la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1975, aún se
necesitan medidas urgentes para hacer efectiva la igualdad de género y la equidad
social en las políticas y prácticas relacionadas con los conocimientos de la ciencia
y las tecnologías agrícolas, a fin de poder abordar mejor las cuestiones de género
como parte integral de los procesos de desarrollo. Dichas medidas deben comprender
el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones públicas y las ONG para
comprender mejor los cambios en la participación de la mujer en las actividades
agrícolas; evaluar los efectos negativos y los riesgos de las prácticas y la tecnología
agrícolas, incluidos los plaguicidas, en la salud de las mujeres y adoptando medidas
para reducir su uso y la exposición a ellos; poder reconocer mejor a la mujer como
parte integral del desarrollo sostenible, para ello es fundamental garantizar la paridad
entre los géneros en la toma de decisiones a todos los niveles y prever mecanismos
para que las organizaciones rindan cuentas acerca de los avances logrados en los
ámbitos antes mencionados.
También es preciso asignar prioridad al acceso de la mujer a la educación, la información,
la ciencia y la tecnología, así como a servicios de extensión para que pueda
mejorarse el acceso, la propiedad y el control de las mujeres en lo que se refiere a
recursos económicos y naturales, para asegurar todo esto, hacen falta medidas de
carácter jurídico, planes adecuados de financiamiento, apoyo a las actividades que
generan ingresos para las mujeres y fortalecimiento de las organizaciones y redes
femeninas. Esto, a su vez, depende del fortalecimiento de la capacidad de las mujeres
para beneficiarse de las oportunidades del mercado gracias a instituciones y políticas
que asignen una prioridad expresa a los grupos de mujeres agricultoras en las cadenas
de valor.
En nuestro país, se ha logrado en gran medida la incorporación de la mujer a las actividades
de la producción y los servicios, además de constituir uno de los más altos
objetivos del Estado y Gobierno, como requerimiento impostergable del desarrollo
económico y en consonancia con los informes e instrumentos internacionales que
sostienen la necesidad del desarrollo de la mujer en todos los ámbitos y niveles, para
alcanzar el pleno goce de sus derechos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, encontramos que aún existen algunas
brechas que van al lado de la discriminación de la mujer rural, como se verá en
los análisis que se hacen correspondientes a las instituciones del derecho referidas:
la herencia y la seguridad social.
1

2
mSC. tereSa hinoJoSa torreS
consideraciones generales sobre el rol de las
mujeres en el área rural con una perspectiva
de género, en el contexto internacional
Iniciamos este trabajo haciendo una valoración de cómo se concretan las diferencias
de género, cuándo son más marcadas y cómo se manifiestan en los programas y
políticas de desarrollo, en el contexto internacional, en el que se inscriben hombres
y mujeres.
Las mujeres rurales desempeñan una función clave de apoyo a sus hogares y comunidades
para lograr la seguridad alimentaria, no obstante a la baja tasa de empleo de las
mujeres en general, la proporción de las que trabajan en la agricultura frente a otros
sectores es normalmente igual o superior que la de los hombres. Casi el 70 % de las
mujeres empleadas en Asia meridional y más del 60 % de las mujeres empleadas en
el África subsahariana trabajan en la agricultura, según datos estadísticos emitidos
por la FAO en el 2011. 1
Un número importante y creciente de estudios demuestran que las mujeres son las
principales responsables de la producción destinada a la alimentación de los miembros
del hogar. Pese a ello, las mujeres que trabajan en la agricultura lo hacen en condiciones
desventajosas. Cuando no tienen acceso a la tierra, lo cual es frecuente, no
se les reconoce el derecho al crédito, a la participación en organizaciones rurales, a la
capacitación ni a los servicios de extensión. Su pesada carga de trabajo y la carencia
de insumos agrícolas esenciales para aumentar la productividad son las principales limitaciones
que contribuyen a la inseguridad alimentaria y a la malnutrición en millones
de hogares, especialmente en los encabezados por mujeres.
La naturaleza de las relaciones entre mujer rural y medio ambiente se encuentra,
sobre todo, en el uso y manejo de los recursos naturales, en especial leña y agua,
necesarios para preparar el alimento para la familia. El deterioro del medio ambiente
implica una mayor carga de trabajo para la mujer. Al mismo tiempo el limitado acceso
a los recursos y medios de producción la obligan a sobre-explotar los recursos
naturales disponibles.
Las mujeres son contemporáneamente las más y las menos preparadas para manejar
el medio ambiente y velar por su conservación. Por un lado, poseen la experiencia y
los conocimientos acumulados a lo largo de los años en la custodia de la biodiversidad
porque la vida silvestre es un componente importante de la seguridad alimentaria
de los hogares pobres. Por el otro, pese a su papel esencial en el manejo del
1 FAO: “El Estado Mundial de la Agricultura: la Alimentación. 2010-2011”, p.18, Roma (http//www.
fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s.pdf). Fuente original: OIT, Indicadores laborales del mercado
laboral, 6ta edición, Ginebra, Suiza, 2009.

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
entorno natural, se les excluye de la toma de decisiones respecto al medio ambiente y
rara vez sus necesidades y su saber son considerados por las políticas y programas de
desarrollo. Sin lugar a dudas, los programas que apuntan a luchar contra la pobreza,
garantizar la seguridad alimentaria y lograr un desarrollo sostenible, tendrán mayores
posibilidades de éxito, si valorizan e incorporan los conocimientos que tienen las
mujeres al respecto y aseguran su participación en el proceso.
A pesar de las continuas campañas miradas a limitar el crecimiento de la población
mundial, las familias pobres, especialmente las rurales, continúan a apreciar los hogares
numerosos ya que para ellos los niños representan mano de obra con un alto
valor agregado. La recolección de datos y la construcción de estadísticas con perspectiva
de género podría contribuir a comprender las tendencias demográficas, con
el fin de adoptar políticas miradas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
rurales, entre ellas las mujeres.
Esta considerable implicación de la mujer rural en la agricultura, fundamentalmente
en empleos no remunerados o como trabajadoras familiares, señala la importancia
de elaborar políticas y programas que se ocupen de las necesidades, los intereses y
las limitaciones a las que se enfrentan en este sector. Para ello hay que modernizar
y reforzar los sistemas de extensión para que sean más inclusivos y sensibles a la
situación de las mujeres, hacer frente a las barreras estructurales de su acceso a los
recursos productivos y mejorar los sistemas financieros para que respondan a las
necesidades de las mujeres productoras y empresarias rurales, incluido el abandono
de los segmentos menos productivos de la economía rural. 2
Datos expresados por varios países de África, Asia y Latinoamérica, señalan que
el salario medio de los hombres es mayor que el de las mujeres, tanto en las zonas
rurales como en las urbanas, que las mujeres tienen menos probabilidades que los
hombres de realizar empleos rurales remunerados, en los casos en que realizan actividades
remuneradas, suelen hacerlo en empleos a tiempo parcial, estacional y/o
mal remunerados. 3
También se indica en el folleto “La mujer rural y los objetivos de desarrollo del milenio”
4 que en la mayoría de las regiones, las mujeres están subrepresentadas en los
procesos políticos y de toma de decisiones, existiendo en general a todos los niveles
2 FAO, FIDA, OIT,: “Género y Empleo Rural. Documento de Orientación”, 2010, (http//www.fao.
org/docrep/014/i20085/i200850.pdf)
3 FAO, FIDA, OIT: “Género y empleo rural. Documento de Orientación Nffl 4. El desarrollo de las
cadenas de valor agrícola ¿amenaza u oportunidad para el empleo femenino?”, 2010, (http//www.
fao.org/docrep/014/i20085/i2008504.pdf)
4 Se trata de un folleto informativo elaborado por el Grupo de Acción Interinstitucional sobre la
Mujer Rural que dirigen FAO, FIDA y PMA y que se compone de los siguientes miembros: PNUD,
ONUDI, ONU Mujeres, UNESCO, UNFPA, OMS, CIF-OIT, PNUMA, UNCTAD, el que fue
emitido en diciembre de 2011 para el 56 Período de Sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la
Mujer en febrero de 2012.
3

mSC. tereSa hinoJoSa torreS
una brecha de género en el acceso por parte de las mujeres al poder y el liderazgo,
incluso en consejos rurales. No obstante, desde 1995 se ha avanzado en la representación
política de las mujeres, lo cual pudimos constatar a través de otro folleto emitido
por ONU Mujer con estadísticas del 2012, en el que, para orgullo de las cubanas,
aparece Cuba en el tercer lugar con 265 mujeres en nuestro parlamento, para un 45,2
% y en el lugar 36 con 7 mujeres ministras, de 31 ministros existentes en el país, para
un 22,6 %, para ambos casos en listas comparativas de más de 140 países.
Otras de las problemáticas que enfrenta la mujer rural es la relacionada con la violencia,
según un estudio presentado por la OMS, las mujeres rurales padecen más
violencia física que la de las áreas urbanas, al respecto consideró que un aspecto
fundamental para garantizar el empoderamiento de la mujer y erradicar la pobreza,
es hacer frente a la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres
y a las normas y creencias continuadas que mantienen la violencia de género y las
prácticas tradicionales dañinas, como la mutilación genital femenina, el matrimonio a
edades tempranas o la herencia de esposas; la otra está relacionada con la educación,
en este sentido aseveraron varias organizaciones internacionales, especialmente la
FAO, la FIDA y la OIT 5 que más de dos tercios de los 796 millones de analfabetos en
el mundo son mujeres, muchas de las cuales viven en áreas rurales. Manifestaron que
el hecho de que las mujeres reciban educación, tienen más probabilidades de contar
con salud, generar ingresos mayores y tener mayor poder de decisión.
reseña de algunos instrumentos internacionales
que brindan protección a la mujer rural
No cabe duda que en este mundo cada vez más globalizado e interconectado, la clave
del éxito reside en la utilización de todos los recursos sociales y económicos en aras
de alcanzar la igualdad de género, sin embargo, se pudo conocer que aún la mujer
se mantiene en un gran por ciento a nivel mundial marginada, discriminada y excluida
a pesar de que la igualdad entre hombres y mujeres aparece como un precepto
universal reconocido internacionalmente como un derecho humano fundamental e
inviolable.
La casi totalidad de los países han ratificado este valor al reconocer las normas expresadas
en los tratados internacionales que articulan a nivel estatal un amplio abanico
de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Una serie de
documentos subraya las responsabilidades estatales y de protección de los derechos
humanos de las mujeres, de las poblaciones indígenas, de los niños y niñas, de los
trabajadores y de las personas discapacitadas.
5 Ídem.

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
Desde que fue adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948,
primer instrumento internacional en que se detallan los derechos y libertades de la
persona (haciéndose eco de la Carta de las Naciones Unidas que insta a respetar los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas), las Naciones
Unidas se han esforzado en traducir los principios de esta Declaración en tratados
internacionales que protegen derechos concretos, hoy día hay más de 60 tratados
en diversos temas: esclavitud, genocidio, derechos internacional humanitario, todos
estos tratados se basan en las nociones de igualdad y no discriminación recogidas en
la Declaración Universal y muchas disponen explícitamente que los derechos que se
consagran conciernen por igual a mujeres y hombres.
En 1967, la comunidad internacional adoptó la Declaración sobre la Eliminación
de la Discriminación Contra la Mujer en la que expresó su preocupación porque, a
pesar de los progresos alcanzados en el terreno de los Derechos Humanos, siguiera
existiendo una enorme discriminación contra la Mujer.
Esta Declaración, de carácter no vinculante, sentó las bases para la elaboración y
adopción en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, la cual aúna, en un único instrumento vinculante
jurídicamente, disposiciones que exigen eliminar la discriminación basada en el sexo,
en lo tocante al goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
y derechos específicos de especial interés para las mujeres, muchachas y niñas.
La adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas 6 el 18 de
diciembre de 1979, constituyó la culminación de decenios de esfuerzos internaciona-
6 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, establece en el artículo 7 que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país
y en particular, garantizarán a las mujeres en igualdad de condición con los hombres, el
derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndum públicas y ser elegibles para todos los organismos
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los cargos gubernamentales.
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida política
y pública del país.
En su artículo 14 se expresa que los Estados partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que
hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su
familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía y tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de
la zonas rurales.
Asimismo asegurarán los derechos a:
a) Organizar grupos de auto ayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades
económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena.
b) Participar en todas las actividades comunitarias.
c) Obtener acceso a los préstamos y créditos agrícolas, los servicios de comercialización y a las tecnologías
apropiadas y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento.

mSC. tereSa hinoJoSa torreS
les para proteger y promover los derechos de las mujeres en el mundo. Fue fruto de
iniciativas adoptadas en la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, el órgano
establecido en el Sistema de Naciones Unidas en 1946 para analizar y formular recomendaciones
de política a fin de mejorar la condición jurídica de la Mujer.
Firmaron la Convención en aquel momento 64 Estados, dos de los cuales entregaron
el instrumento de ratificación en una ceremonia oficial celebrada en la Conferencia
del Decenio de las Naciones Unidas, en Copenhague en 1980 (Suecia, Cuba y Guyana
los tres primeros).
Cabe resaltar aquí que Cuba, de acuerdo con la voluntad política que siempre ha
caracterizado al Estado de eliminar cualquier forma de discriminación y opresión
de clase, género y raza, fue el primer país en firmar la Convención y el segundo en
ratificarla.
Además, la adopción a nivel internacional de la Plataforma de Acción de Beijing 7 ,
adoptada por 189 países en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 y
7 La Plataforma de Acción es un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación
del papel de la mujer en la sociedad. Tiene por objeto acelerar la aplicación de las Estrategias
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que
dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante
una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas
económica, social, cultural y política. Esto también supone el establecimiento del principio de que
mujeres y hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de
trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional. La igualdad entre mujeres y
hombres es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro de la justicia
social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la
paz. Para obtener el desarrollo sostenible basado en el ser humano, es indispensable que haya una
relación transformada, basada en la igualdad, entre mujeres y hombres. Se necesita un empeño sostenido
y a largo plazo para que mujeres y hombres puedan trabajar de conjunto para que ellos mismos,
sus hijos y la sociedad estén en condiciones de enfrentar los desafíos del siglo xxi. También reafirma
el principio fundamental, establecido en la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de que los derechos humanos de las mujeres y
las niñas son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Como
programa de acción, la Plataforma apunta a promover y proteger el pleno disfrute de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo de su vida.
En su Capítulo II fundamenta el contexto mundial en el que se adopta la Plataforma, cuyas condiciones
se mantienen en la actualidad y en muchos casos han empeorado y al respecto de cobertura
al tema de la mujer rural a partir del epígrafe 20 en el que expone que “Las políticas y los programas
macroeconómicos y microeconómicos, incluido el ajuste estructural, no siempre han sido concebidos
teniendo en cuenta las consecuencias que pueden acarrear para las mujeres y las niñas, en especial
las que viven en condiciones de pobreza. La pobreza ha aumentado en términos absolutos y relativos
y el número de mujeres pobres ha aumentado en la mayoría de las regiones. Muchas mujeres de las
zonas urbanas viven en la pobreza, pero merece especial atención la difícil situación de las mujeres
que viven en las zonas rurales y remotas, debido al estancamiento del desarrollo en dichas zonas.
En los países en desarrollo, aún en aquellos en que los indicadores nacionales han mostrado una
cierta mejoría, la mayor parte de las mujeres de las zonas rurales siguen viviendo en condiciones de
subdesarrollo económico y marginación social.” También en el epígrafe 34 aborda el tema cuando
refiere que “La incesante degradación del medio ambiente, que afecta a todos los seres humanos,
suele tener una repercusión más directa en la mujer. La salud de la mujer y sus condiciones de vida

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
la Declaración del Milenio adoptada por 189 países en el año 2000, también contribuyen
a la indispensable implementación del marco de los derechos humanos.
No podemos dejar de mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales 8 adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre
de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976, el que de manera muy particular
reconoce que el goce de los derechos económicos, sociales y culturales tienen por
base la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos
iguales e inalienables, estableciendo en su articulado los derechos que los Estados
partes convienen tomando como punto de partida la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, procurándose que se garantice el ejercicio de los derechos
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política y de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
comentarios sobre la mujer rural en cuba
A lo largo de los últimos 30 años, las alternativas y trayectorias de la economía
cubana han visualizado elementos y rasgos nuevos que muestran el efecto de las
transformaciones socioeconómicas. Así pues, muchos campesinos y campesinas han
arrendado o vendido sus tierras emigrando hacia nuevos asentamientos rurales o a
las ciudades.
El proceso de cooperativización también agrupó o reagrupó a otros, unido a la creación
de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y las Cooperativas
de crédito y Servicio (CCS). La creación de las UBPC en septiembre de 1993, llevó
se ven amenazadas por la contaminación y los desechos tóxicos, deforestación en gran escala, la
desertificación, la sequía y el agotamiento de los suelos y de los recursos costeros y marinos, como
indica la incidencia cada vez mayor de problemas de salud, e incluso fallecimientos, relacionados con
el medio ambiente, que se registran entre las mujeres y las niñas. Las más afectadas son las mujeres
que habitan en zonas rurales y las indígenas, cuyas condiciones de vida y subsistencia diaria dependen
directamente de ecosistemas sostenibles.
8 Dispone en su artículo 7 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al goce de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, en particular,
debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con
salario igual por trabajo igual.
b) La seguridad e higiene del trabajo.
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones
periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

mSC. tereSa hinoJoSa torreS
a la reestructuración de fondo de la agricultura estatal cubana, que va más allá de
las formas netamente organizativas, pues se centra ante todo en el problema de la
propiedad, con excepción de la propiedad sobre la tierra. La creación de esta nueva
forma de producción por iniciativa y acuerdo del Buró Político del PCC, respondió
a un cambio estructural dentro de la agricultura cubana ante la profunda crisis económica.
Con la creación de las UBPC se alcanzó un nivel superior en la participación de los
trabajadores de estas unidades con relación a la organización de la producción y las
estructuras del sector estatal implementadas, pero, pese a ello se ha dado la dificultad
del grado de fluctuación de la fuerza laboral, que ha sido evaluado en todos los años,
mayormente en el caso de las mujeres, quienes fluctúan a consecuencia del tipo de
cultivo a producir, además por la participación en los cargos de dirección y por cuestiones
de bajo salario.
Con el recrudecimiento de la crisis económica se hizo necesario por el gobierno
tomar otras alternativas de solución, entre ellas, la descentralización de funciones
en determinados cultivos y labores, así como otras estrategias por ejemplo en el
Programa Alimentario, se tiene la intención de disminuir la dependencia mediante
la sustitución de importaciones. Ante esto se crearon áreas de autoabastecimiento a
nivel de empresas, apareciendo así los llamados “parceleros” que tuvieron la posibilidad
de sembrar y cultivar en áreas ociosas para su autoconsumo, ya fuera mediante
contratos colectivos o individuales y a cambio de una parte de la cosecha. Este nuevo
sistema parcelario sirvió de fuerte incentivo para los trabajadores y ayudó a estabilizar
la fuerza de trabajo en el campo sobre todo para las mujeres.
Las comunidades rurales constituyen por lo tanto un “agente de cambio” en las condiciones
materiales de vida de la mujer rural e implica consecuentemente cambios en
el régimen de reproducción de la población y de la fuerza de trabajo. Por tanto, ello
se considera que el continuo desarrollo de la infraestructura al interior y en el entorno
de las comunidades rurales, amplían hoy las posibilidades del empleo femenino.
Así vemos, con estadísticas obtenidas con fecha bien reciente del mes mayo de 2012,
ofrecidas por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la fuerza
laboral en la provincia de Camagüey de las Cooperativas de Producción Agropecuaria
(CPA) es de 4 050, de esta cifra 885 son mujeres para un 21,85 % y en las CCS
4196 son mujeres de un total de 23 263, lo que representa el 18,03 %, con lo cual se
considera que no se excluye en ningún momento a la mujer, aunque deben buscarse
mecanismos más atractivos para su mayor incorporación al sector agrícola.
El Equipo de Estudios Rurales también se ha encargado de llevar a cabo otras investigaciones
similares, con lo cual se llegó a una tipificación de las mujeres dentro del
sector agrícola, quedando reagrupadas en dos grandes grupos en función del trabajo
y la vida social que cada una realiza. Se puede encontrar así a la llamada mujer campesina
individual y la cooperativista.

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
la mujer campesina individual
En el hogar campesino donde la propiedad de la tierra es individual o privada, la
mujer tiende a aislarse de la producción social y se dedica a tareas para la reproducción
de la fuerza laboral, no estando incorporada directamente a la producción
agrícola debido a que están a cargo de todo el trabajo doméstico. A las campesinas
individuales, la actual situación económica le amplía el tiempo dedicado a las labores
familiares, estableciéndose una sobrecarga en las condiciones de vida. El hombre o
esposo colabora poco con el trabajo en la casa o no lo hace, en cambio, atribuye un
espacio significativo a la contribución de la mujer en la economía familiar. Todo ello
implica una mayor limitación en la participación social o socialización de la mujer
campesina individual.
la mujer cooperativista
A partir de 1977 la incorporación del número de familias campesinas a las CPA abrió
la posibilidad de que las mujeres cooperativistas, agrupadas bajo esta nueva forma
de organización, ampliaran sus perspectivas de desarrollo a la par que los hombres,
es decir, dichas mujeres pasaron a ser miembros activos de las CPA, disfrutando de
iguales deberes y derechos que incluían la seguridad social, la capacitación y especialización.
Unido a ello, se les garantizó nuevas viviendas y espacio de participación
en la toma de decisiones, incluyendo por supuesto el autoconsumo. No obstante,
muchas mujeres pasaban a formar parte de las CPA por el solo hecho de ser las esposas
de los campesinos agrupados en cooperativas y recibían entonces autoconsumo
como amas de casa.
Por otra parte, aún existen discrepancias en cuanto a la ocupación y dirección de
cargos y responsabilidades, pues en jerarquía han sido siempre los hombres quienes los
han ocupado. Escasas son las cooperativas del país dirigidas por mujeres, según cifras
emitidas por la ANAP con cierre de abril de 2012, en la provincia de Camagüey, 6
mujeres cooperativistas son Presidentas de la ANAP en los territorios municipales.
En fin, la mujer cooperativista ha logrado mejorar con su esfuerzo el modo de vida.
En comparación con las campesinas individuales, es remunerada y participa activamente
de la vida laboral y social.
Realmente no son muchos los estudios que reflejan directamente la condición de la
mujer rural cubana en cuanto a sus perfecciones, modo de vida, afectividad, etcétera.
Actualmente he observado mediante la lectura de artículos en la prensa o en
publicaciones de la ONG cómo la Asociación Cubana de Técnicos Agropecuarios y
Forestales y de la Asociación Cubana de Producción Animal, a través de proyectos

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y materiales para capacitaciones para la implementación de una estrategia de género,
se ha comenzado a estudiar las funciones de la mujer en la agricultura, desde la óptica
de sus problemas, las relaciones de poder y sus formas de ejercicio como un elemento que
explica la inequidad entre los sexos y las oportunidades para el desarrollo.
Sobre esta línea de acción, Cuba se encamina guiada por el Plan de Acción aprobado
por Acuerdo del Consejo de Estado, que pretende instrumentar los acuerdos de la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing 1995, principalmente
para trabajar en los aspectos referidos a la mujer campesina y su empleo, por lo que
se hace necesario realizar un trabajo profundo con la mujer campesina con vistas a
romper sus “cautiverios” internos y externos y así generar identidad propia, desarrollando
la autoestima y creando espacios de autovaloración. Para ello se precisa de un
conocimiento previo e integral de aquellos determinantes económicos, culturales y
sociales presentes en las condiciones de la mujer rural, partiendo del estudio de aptitudes
y opiniones sobre determinados aspectos de realidad social como condiciones
de vida, trabajo, tiempo libre y dinámica familiar.
algunos apuntes sobre el tratamiento jurídico
a la mujer rural en el ámbito nacional
Como resultado de un largo proceso se ha acumulado en Cuba un extenso material
normativo, encaminado a regular las múltiples relaciones que se producen en el sector
agropecuario, conformado por varias leyes, decretos y numerosas resoluciones
del Ministerio de la Agricultura y de su antecesor INRA, aún vigentes y del Ministerio
del Azúcar, ahora denominado Grupo Empresarial AZCUBA y en relación con
ese conjunto de normas, el estado de la legislación no puede calificarse de ideal a
la vista de algunos problemas que en virtud del tema que nos ocupa hemos podido
constatar a partir de la revisión realizada de la legislación agraria.
Como primera dificultad a la que nos enfrentamos es la relacionada con el régimen
sucesorio regulado en el Decreto Ley 125 sobre el Régimen de Herencia de la Tierra
y Bienes Agropecuarios o su Precio por Fallecimiento del Agricultor Pequeño 9 , en el
9 Artículo 18.-Tendrán derecho a heredar la tierra y bienes agropecuarios que hayan sido propiedad y
estado en posesión de un agricultor pequeño fallecido, y a su adjudicación en proporciones iguales,
sus hijos, padres, hermanos y el cónyuge sobreviviente, siempre que hayan trabajado la tierra en
forma permanente y estable desde cinco años antes de la muerte del causante. Los nietos y sobrinos
siempre que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo anterior se considerarán con derecho
cuando sus progenitores hayan fallecido, o cuando estos vivos no tengan derecho a la tierra. No
obstante lo señalado en los párrafos anteriores, el Ministerio de la Agricultura podrá disponer que la
adjudicación no se realice en igual proporción, sino en correspondencia con la forma en que se haya
explotado la unidad de producción.

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
que se desprotege al cónyuge que no haya trabajado la tierra. Es evidente la desventaja
que presenta el cónyuge ante esta disposición, aún y cuando no haya trabajado la
tierra, si de mujer se trata, ha tenido una participación efectiva en las labores domésticas,
en la atención incluso a la crianza de animales y a determinados cultivos y otras
en torno al mantenimiento y continuación de la vida del pequeño agricultor y de la
familia en general, la que en la mayoría de las ocasiones, muchos de sus miembros
también trabajan la tierra.
Resulta evidente, que existe cierta zona o área que define los alcances de la norma en
cuanto al concepto trabajo permanente y estable, que aparece nítidamente muy definida,
en la que se incluirían con toda claridad, la siembra, las labores de rotulación
del terreno, la limpia, fertilización, fumigación y la cosecha. Pero no puede afirmarse
lo mismo en cuanto al transporte de los productos al mercado, el trillado de semillas
y otros productos, trabajo en secaderos, en las casas de curar tabaco, limpieza y lavado
de frutas u otros productos, la contabilidad de los productos, ingresos, gestiones;
pago de impuestos, liquidaciones, el cuidado y atención de animales domésticos y
las labores propias del hogar, que por el contrario se encuentran, digamos que en
una zona más difusa e incierta respecto a estar comprendidas o no dentro del referido
concepto de trabajo permanente y estable. Es normal, que en estas labores
participen todos los miembros de la familia, hasta los niños y ancianos, aunque sea
esporádicamente o en momentos picos de la cosecha y de necesidad de fuerza de
trabajo. Y es normal que esta sea la posición en que habitualmente se encuentren
muchas mujeres campesinas respecto a la posibilidad de tener o no derecho a la tierra
agropecuaria y a la transmisión a su favor.
Al respecto, estimo que pudiera en una futura modificación de la normativa vigente,
intentarse una regulación que sea más expresiva de la visión adecuada que debe
tenerse del concepto de trabajo permanente cuando se trata de una mujer, presunta
heredera de la tierra que era propiedad del agricultor fallecido, en este caso la viuda,
hermanas, hijas o la madre del causante.
Puede entenderse que el logro de soluciones justas para estos casos no resulte tarea
sencilla, debido a los factores objetivos y subjetivos incidentes, por eso estimo que
no del todo puede culparse a la legislación, pues siempre harían falta también cambios
en el entorno, incluyendo avanzar un poco más en contar con una buena dosis
de un pensamiento flexible, despojado de mecanicismos y prejuicios.
A esto se le une y que puede estar influyendo en el hecho de que no siempre se adopten
soluciones adecuadas a estos casos, un grupo de factores de diversa índole, me
atrevería a mencionar algunos como por ejemplo, la legislación vigente en materia
procesal adjetiva agraria no contiene regulaciones expresas sobre los principios y
fines de la jurisdicción en asuntos agrarios y en el orden institucional hay que considerar
que tampoco resulta favorable la concepción del mecanismo de solución de los
conflictos agrarios, a los efectos de que las decisiones resulten un modelo de justicia,
calidad técnica y realismo.
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Partiendo del principio constitucional regulado en el artículo 24 de nuestra Constitución,
se reconoce el derecho a la herencia de la tierra y de los demás bienes
vinculados a la producción que integran la propiedad de los agricultores pequeños,
solamente por aquellos herederos que trabajan la tierra, amén de las excepciones que
la legislación agraria específica provee.
Como se puede apreciar en el precitado artículo 18 del Decreto Ley 125, se indican
los parientes del pequeño agricultor que tendrán derecho a heredar, a diferencia de
la legislación sucesoria común donde el más próximo excluye al más lejano y se exige
como requisito que hayan trabajado la tierra de forma permanente y estable desde
cinco años antes a la muerte del causante.
Este término resulta en extremo extenso, si se tiene en cuenta que en las actuales
condiciones con la puesta en vigor del Decreto Ley no. 259 de 10 de julio de 2008,
unido a las Resoluciones 356 y 357, ambas de 28 de septiembre de 1993, aún vigentes,
que establecen la entrega de tierras en usufructo gratuito, lo que demuestra que
el trabajo en la agricultura se ha retomado, entre otras cuestiones para alcanzar seguridad
alimentaria, como uno de los lineamientos de la política económica trazados en
el VI Congreso del PCC, luego entonces, si los herederos han estado trabajando la
tierra, demostrándose que ha sido de forma permanente y estable, no tiene sentido
que se extienda en un término tan amplio, fundamentalmente cuando se trata del
cónyuge que bajo cualquier circunstancia siempre será la mano derecha del pequeño
agricultor, dado el apoyo que le brinda, tal y como se expuso antes. Para ilustrar la
participación femenina en la entrega de tierras en usufructo en nuestra provincia, las
estadísticas del 4 de mayo de 2012 arrojaban 3 472 solicitudes de mujeres, de ellas
3 317 fueron aprobadas, entregándoseles en usufructo la tierra.
Con relación a la transmisión del derecho al usufructo de tierras agropecuarias en
caso de fallecimiento del usufructuario cuando concurren la viuda, hijas o hermanas
del causante, sucede algo similar. La legislación vigente, en este caso es la Resolución
Conjunta 01/2000 del Ministerio de la Agricultura y del Ministerio del Azúcar de 31
de diciembre de 2000, Sistema de Control de la Tierra 10 , previéndolo en el artículo 33.
De la propia lectura de este artículo, se pueden observar algunas incongruencias que
llaman la atención, no se expresa si es necesario o no la existencia de un tiempo de
trabajo determinado para adquirir la condición de usufructuario y ante la situación
de las mujeres incluidas en el ámbito familiar o dentro de la categoría de “otras
personas” ¿se tendría en cuenta el trabajo doméstico que realizan, la atención a los
animales o al trabajo productivo que no con tanta frecuencia realizan, tal y como ya
se explicó en el análisis realizado del Decreto Ley 125?
10 Artículo 33: Las tierras concedidas a personas naturales se le extingue el usufructo a partir de su
fallecimiento, elaborándose un nuevo proceso en aquellos casos que algún familiar u otras personas
la hayan estado trabajando de forma permanente y estable. En los casos de usufructuarios de tabaco,
café y cacao y autoabastecimiento familiar no es admisible el otorgamiento de un nuevo usufructo a
las viudas u otras personas que no trabajen la tierra de forma personal.

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
Pienso que resultan comprensibles los propósitos de las medidas emprendidas para hacer
que la tierra cumpla su función productiva en beneficio social y colectivo, y de establecer
un eficaz sistema de control de la tierra, que constituye uno de los fines de la referida
regulación. Resulta incuestionable el principio jurídico que reza que el derecho de usufructo
no es heredable; sin embargo, estimo que pudo haberse encontrado una manera
de regular este aspecto que no tuviera esta apariencia discriminatoria de la mujer.
Abordaré, a modo de comentarios, algunas disposiciones jurídicas que regulan la adjudicación
de la tierra en algunos países de América Latina como México, Venezuela,
Honduras, Colombia, respecto a la mujer rural con una visión de género.
Primeramente, debo destacar que se aprecia como regularidad el hecho de que en las
leyes de reforma agraria dictadas en los países de nuestro ámbito continental se habla
de los beneficiarios o sujetos del derecho a las adjudicaciones de tierra, utilizando
términos generales desde el punto de vista de género, aludiendo indistintamente a:
“el hombre que la trabaja”, “individuos o agricultores” como en los artículos 1 y 2,
ambos de la ley venezolana 11 , “persona natural”, como en la Ley de Reforma Agraria
boliviana de 1996 -la última instrumentada en el siglo xx en el continente americano-
12 lo que en mi consideración, está dado al arraigo que aún en estos tiempos
prevalece de una cultura patriarcal o machista.
Por otro lado, es justo apreciar una tendencia a reconocerle en el plano legislativo,
prioridad al cónyuge supérstite en cuanto al derecho a adjudicarse la tierra en el derecho
agrario latinoamericano.
Así vemos como en México, las mujeres reciben la “tutoría” del derecho ejidal del
hijo hasta que este cumpla 16 años, a excepción de que no tenga hijos varones o el
cónyuge haya testado en favor de la viuda. A esto se debe agregar la situación de las
mujeres unidas en uniones consensuales, por cuanto, en general, no tienen posibilidad
alguna de heredar de sus parejas, en circunstancias de que las labores agrícolas fueron
desarrolladas por ambos cónyuges. 13
Se aprecia en la Ley de Reforma Agraria de Honduras, de 1 de enero de 1975 en su
artículo 84, en la cual se estableció que al fallecimiento del adjudicatario de un predio,
tendrán derecho preferente al mismo, la esposa compañera de hogar o algunos de
sus hijos que reúnen los requisitos para ser adjudicatario. 14
11
Ley de Reforma Agraria venezolana de 5 de marzo de 1960, Gaceta Oficial, no. 611, Edición Extraordinaria,
de 19 de marzo de 1960, Caracas, Venezuela.
12
Ley 1715 de 15 de Octubre de 1996, del Servicio Nacional de Reforma Agraria, La Paz, Bolivia,
Octubre de 1996.
13
FAO “Mirando hacia Beijing 95. Mujeres rurales en América Latina y el Caribe”, www.fao.org/docrep/X0248S/x0248s07.htm
14
Ley de Reforma Agraria de Honduras apud Estela Díaz, Luisa Cabrera y Rolando Pavó; “Sobre la
Sucesión de la tierra en Cuba y países de Latinoamérica”, Ponencia presentada en la Conferencia
Científica Provincial de la Organización de Bufetes Coletivos, Santiago de Cuba, diciembre, 1998.
03

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mSC. tereSa hinoJoSa torreS
Los legisladores de varios países de la región han considerado el problema de las
uniones de hecho y han dado una respuesta legal a una situación muy extendida.
El reconocimiento jurídico de la unión de hecho es regulado en las legislaciones
de Cuba, Guatemala, México (D.F.), Perú y Venezuela. Sin embargo, en México y
Venezuela la disposición se invalida en aquellos casos en que se ha contraído un
matrimonio anterior, por lo que pierde eficacia para muchas personas. Concordando
con el reconocimiento legal de las uniones de hecho, las leyes agrarias de Cuba,
México y Perú reconocen a la compañera o compañero para suceder al causante en
la adjudicación de la tierra. Sin embargo, en Venezuela, a pesar del reconocimiento
legal de la unión de hecho, la Ley de Reforma Agraria no contempla esa situación y la
mujer puede, en ese caso, acogerse a la Ley del Amparo Agrario. En Colombia, aunque
no hay reconocimiento legal de las uniones consensuales, existe jurisprudencia
al respecto: en la legislación laboral se considera al compañero o compañera como
beneficiario del derecho de pensión o de jubilación del causante, constituyendo una
conquista de los sindicatos; la Ley de Reforma Agraria también considera al compañero
o compañera en los derechos de sucesión por defunción de los adjudicatarios
de la tierra.
Ahora nos adentraremos en otra de las problemáticas detectadas, la relacionada con
la seguridad social para este sector, la cual de manera general está regida por la Ley
no. 105 de Seguridad Social de 27 de diciembre de 2008, la que en su artículo 5 establece
que los regímenes especiales protegen a las personas que realizan actividades
que, por su naturaleza o por la índole de los procesos productivos o de servicios,
requieren adecuar los beneficios de la Seguridad Social a sus condiciones, de allí que
para el caso de las Cooperativas de Producción Agropecuarias se dispuso mediante
el Decreto-Ley 217 de 8 de febrero de 2001. Al revisar su articulado nos percatamos
que en lo previsto en su artículo 27 15 correspondiente a la Pensión por muerte del
15 Artículo 27: El fallecimiento o la presunción de muerte de un cooperativista o de un pensionado por
edad o invalidez total, origina el derecho a pensión a favor de los miembros de su familia siguientes:
a) la viuda de matrimonio formalizado, o reconocido judicialmente de 55 o más años de edad o incapacitada
para el trabajo, que dependiera económicamente del causante, siempre que el matrimonio
hubiera tenido no menos de un año de constituido o cualquier tiempo si existieran hijos comunes
o si el fallecimiento del causante se hubiera debido a accidente común o del trabajo, o como consecuencia
de lesiones recibidas en un acto heroico;
b) el viudo de matrimonio formalizado, o reconocido judicialmente, de 60 o más años de edad, o
incapacitado para el trabajo, que carezca de medio de subsistencia y hubiera dependido económicamente
de la causante, siempre que el matrimonio hubiera tenido no menos de un año de
constituido o cualquier tiempo si existieran hijos comunes, o si el fallecimiento de la causante
surgiera debido a accidente común o de trabajo, o como consecuencias de lesiones recibidas en
un acto heroico;
c) la compañera sobreviviente de unión matrimonial estable y singular, no formalizada ni reconocida
judicialmente, de 55 o más años de edad o incapacitada para el trabajo, que dependiera económicamente
del causante, siempre que la unión hubiera tenido no menos de un año de constituida o
cualquier tiempo si existieran hijos comunes o el fallecimiento del causante se hubiera debido a
accidente común o de trabajo o como consecuencia de lesiones recibidas en un acto heroico;
d) el compañero sobreviviente de unión matrimonial estable y singular, no formalizada ni reconocida
judicialmente, de 60 o más años de edad o incapacitado para el trabajo, que carezca de medios de

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
cooperativista se desprotege a la viuda o a la compañera con la que mantiene una
unión estable y singular de matrimonio no formalizado ni reconocido judicialmente,
o ambas incapacitadas para el trabajo, que dependieran económicamente del causante,
de menos de 55 años edad.
Encuentro, en mi opinión, una respuesta a la protección que se da a partir de la edad
indicada, en el sentido de que este propio documento legal establece la edad de jubilación
para las mujeres en este sector a partir de los 55 años, lo cual sería extensivo
para que puedan recibir la pensión por muerte con más de esa edad por no contar
con la capacidad laboral, sin embargo, tratándose de la desprotección a que se hace
referencia para aquellas mujeres con una edad permisible para contraer vínculo laboral,
pudiera encontrarse en los casos de estar incapacitada para trabajar y por esta
razón depender económicamente del cooperativista fallecido, lo cual sucede en la
práctica, aún y cuando cumpla con los requisitos previstos en cuanto al matrimonio
formalizado o no, siendo entonces totalmente excluida de los beneficios que pudiera
recibir de la seguridad social.
Ahora bien, en este contexto de la seguridad social, una necesidad sentida y cada vez
más expresada es precisamente la ausencia de gozar de este beneficio en materia de
jubilación por ancianidad, pensión y subsidio por los agricultores pequeños, convirtiéndose
en una preocupación por cada uno de ellos y de las nuevas generaciones
que los suceden, ya que existe el cuestionamiento de cómo podría alimentarse el
pequeño agricultor que se enferme o se accidente y debe abandonar las labores productivas,
así como cuando arribe a la edad de jubilación y no perciba una retribución
económica por la labor social realizada durante toda su vida, todo lo cual a su fallecimiento
también trasciende a otros miembros de su familia como a la viuda o hijos
e hijas menores de edad y que dependieran económicamente de él. Esta situación se
hace extensiva a los miembros de las Cooperativas de Créditos y Servicios y para los
hombres y mujeres tenentes de tierras ociosas que adquirieron para su explotación
por el Decreto Ley 259.
No obstante, estas personas disfrutan de los beneficios de los servicios y especies
que brinda la seguridad social, quedando expresado en los artículo 9 y 10 de la Ley,
como cualquier ciudadano y cualquier trabajador, pero no disfrutan de los beneficios
monetarios del artículo 11, desde el inciso a) hasta el e) y que explícitamente dice:
subsistencia y hubiera dependido económicamente de la causante siempre que la unión tuviera no
menos de un año de constituida o cualquier tiempo si existen hijos comunes, o el fallecimiento
de la causante se origina por un accidente común o de trabajo, o como consecuencias de lesiones
recibidas en un acto heroico;
e) los hijos, de uno u otro sexo, menores de 17 años de edad y solteros
f) los hijos, de uno u otro sexo, mayores de 17 años de edad y solteros, incapacitados para el trabajo
en el momento del fallecimiento del causante o al arribar a los 17 años de edad que dependían
económicamente del fallecido;
g) la madre y el padre, siempre que carezcan de medios de subsistencia y hubieran dependido económicamente
del fallecido.
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mSC. tereSa hinoJoSa torreS
pensión por edad, subsidio por enfermedad y accidente, pensión por invalidez total
o parcial, pensión por la muerte del trabajador, el pensionado o de otra persona de
las protegidas por la Ley y por maternidad de la trabajadora.
Debe pensarse entonces en buscar soluciones que permitan brindar seguridad a los
pequeños agricultores y demás personas que se relacionaron, ahora desamparadas
en este sentido, que bien pudiera ser el incremento del por ciento de la contribución
que estos hacen a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria para que vaya
a cargo de la seguridad social. Si se logró crear un régimen de seguridad social para
los trabajadores por cuenta propia, puede lograrse igualmente para ellos.
Por último, me referiré muy brevemente a un elemento de vital importancia en los
tiempos actuales, dada la implementación de los Lineamientos de la Política Económica
y Social del Estado y la Revolución que conllevará la promulgación de nuevas
disposiciones legales y las modificaciones de otras vigentes, lo cual significa que
se hace cada vez más imperiosa la necesidad del asesoramiento legal en el sector
agropecuario, tanto para el funcionamiento de las diversas formas de organización
existentes en él, lo que redunda en los funcionarios que deben aplicarlas como en el
campesinado para el conocimiento de sus deberes y derechos, no solo en el ámbito
laboral sino también en el social se ha podido constatar con tristeza que aún existe
un gran número de cooperativas y UBPC sin servicios jurídicos en el país, lo que ha
llevado al Ministerio de Justicia (MINJUS) para este año como objetivo estratégico
potenciar la asistencia jurídica en este sector. Bajo estas circunstancias, la costumbre
constituye una normativa paralela, que refuerza la subordinación de la mujer. Debido
a ello, las disposiciones legales que se emiten, debieran contemplar una amplia
difusión en la comunidad rural y una intensiva capacitación a los funcionarios, que
incluya contenidos de género, ya que, en definitiva, son quienes tienen influencia
directa en la aplicación y cumplimiento de la ley.
ideas conclusivas
A partir de las consideraciones expuestas, concluyo, que no cabe dudas de la necesidad
de dar a conocer en los diferentes escenarios de la vida social del país y del mundo,
la labor que desempeñan las mujeres en el ámbito rural, siendo éste un sector
muy sensible de la economía de cualquier país, dada la incidencia con mayor fuerza
de los azotes que acompañan los cambios climáticos y la carencia de recursos para
hacer la vida más desahogada a diferencia de las zonas urbanas, todo lo cual implica
en la actualidad que la legislación debe estar a tono con las realidades circundantes.

La mujer rural en el contexto internacional y nacional. Desafíos legislativos para el derecho...
Es por ello que al desarrollo del derecho agrario histórica e institucionalmente corresponde
un movimiento posterior de igual magnitud en el campo del proceso,
pues las características específicas de la materia jurídica agraria imponen la existencia
de un proceso apropiado para el cumplimiento y satisfacción de sus necesidades.
Derecho y proceso son expresiones diversas de una misma realidad social, unidas
por una relación de complementariedad, cuya realidad impide concebir la existencia
aislada de uno sin el otro. Porque il processo segue il diritto come l´ombra segue il corpo,
según la fórmula plástica de Calamandrei, la complementariedad entre derecho sustancial
y derecho procesal lleva a la afirmación de que, siendo aspectos de una misma
realidad social, cuando varían los principios fundamentales de uno de ellos se da en
igual forma una modificación del otro, en esta forma la relación adquiere una nueva
proporcionalidad y no resulta un proceso inapropiado para el derecho sustantivo
a interpretar o actuar, o, al contrario, un derecho insuficiente para el proceso en
vigencia.
Como las normas procesales siguen, no anteceden a las sustantivas y las relaciones
agrarias exigen un tratamiento apropiado, la necesidad del proceso es cada vez
más palpable como exigencia de validez histórica, para una adecuada humanización
de todos los institutos del derecho sustantivo. Partiendo de estas consideraciones,
muestro algunas ideas conclusivas que encontramos atinadas para el perfeccionamiento
de la legislación agraria cubana, fundamentalmente atendiendo a las aristas
que desarrollamos en el trabajo, en su IV Capítulo:
• Se deben buscar marcos conceptuales más claros acerca de los fines, objetivos
y principios que rigen en cuanto al procedimiento de solución de casos y
conflictos sobre tierra y bienes agropecuarios, así como en cuanto al uso de
la frase trabajo permanente y estable, en el sentido de que resulte más indicativa de
la inclusión en este concepto de las labores que normalmente desempeña la
mujer del campo, a los efectos de reconocer su derecho a la tierra y alcanzar
mayores niveles de materialización del principio constitucional de igualdad
jurídica.
• Considero oportuno insistir en que el órgano legislativo, debe dejar legalmente
definidos los objetivos, principios y fines que rigen el mecanismo y
los procedimientos de solución de las reclamaciones y conflictos en materia
agraria; así como en la necesidad de implantación de órganos jurisdiccionales
agrarios, lo que sin dudas posibilitaría adoptar soluciones jurídicas de mayor
calidad y grado de justeza en este sentido.
• Disminuir el término de los cinco años establecidos para tener derecho a la
tierra por los herederos, por considerarlo excesivo, pudiéndose reducir a un
término de tres años o quizás menos, teniendo en cuenta cuenta de las posibilidades
actuales de entregas de tierra para su explotación aunque en concepto
de usufructo, el cual puede ser extendido en el tiempo mientras sea trabajada
de forma permanente y estable, tal y como también se pronuncia el Decreto
Ley 125, con iguales requisitos para ser otorgado una vez fallecido el titular
del usufructo.
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mSC. tereSa hinoJoSa torreS
• Establecer definitivamente el régimen de seguridad social para los pequeños
agricultores, para los miembros de las Cooperativas de Créditos y Servicios y
para los hombres y mujeres tenentes de tierras ociosas que adquirieron para
su explotación por el Decreto Ley 259, a fin de garantizarles sus derechos a
contar con una jubilación, subsidios por enfermedad o accidentes, pensiones
por invalidez total o parcial y maternidad de la trabajadora, al igual que a los
demás trabajadores del país.
• Lograr protección legal para otorgar por seguridad social pensión a la viuda o a
la compañera con la que mantuvo una unión estable y singular de matrimonio
no formalizado ni reconocido judicialmente, o ambas incapacitadas para el
trabajo, que dependieran económicamente del cooperativista fallecido, de menos
de 55 años edad.
• Alcanzar niveles superiores en el asesoramiento jurídico de las entidades en
el sector agropecuario como un modo de divulgar nuestra legislación en las
diversas materias del Derecho, coadyuvando así con la elevación de la cultura
jurídica de hombres y mujeres en las zonas rurales.

Protección a la Maternidad de la
MUJer trabaJadora rUral cUbana.
retos Y PersPectiVas
introducción
La mujer es un sector de nuestro país
que necesita también ser redimido,
porque es víctima de las discriminaciones
en el trabajo y en muchos
otros aspectos de la vida. 1
MsC. tania orozCo saéz
MsC. Fernando de Jesús eCherri Ferrandiz
Cuba
Uno de los derechos fundamentales de los trabajadores en una relación jurídica laboral
es el beneficio de la Seguridad Social, la que incluye la maternidad para las madres
trabajadoras. La actividad económica de las mujeres es esencial para la economía, la
colectividad, la familia y la propia mujer. Con su trabajo, las mujeres contribuyen al
desarrollo de su país, al mejoramiento del nivel de vida de su familia, a la eclosión de
su propia personalidad y de sus capacidades individuales.
En todos los países sin embargo, las mujeres siguen haciendo frente a discriminaciones
considerables tanto desde el punto de vista social como legal, lo que es incompatible
con los derechos fundamentales de las mujeres, el interés de la economía, el
bienestar de la familia y de la sociedad.
Aun cuando la madre trabajadora cubana tiene múltiples garantías laborales para
enfrentar la gravidez en un ambiente sano que ayude a un crecimiento de su infante,
sigue enfrentándose a retos que le impiden tener una familia más numerosa, sobre
todo la mujer rural, que a pesar de estar sometida a la realización de labores rudas,
y en precarias condiciones, no tienen una especial protección en nuestra legislación
positiva, ni tan siquiera en la maternidad.
1
Fidel Castro Ruz: Mujeres y Revolución, Federación de Mujeres Cubanas Editorial de la Mujer, La Habana,
2006.
60

10
definición de Maternidad
mSC. tania orozCo Saéz, mSC. fernando de JeSúS eCherri
Los términos más comunes para referirse al proceso reproductivo de la mujer son
embarazo, gestación y maternidad. El último es el empleado en la legislación laboral
y de seguridad social, la razón puede obedecer a su amplitud conceptual al abarcar
además del proceso fisiológico, periodos como lactancia y el puerperio. La gestación
se refiere estrictamente al proceso de formación del producto en el vientre materno.
Jurídicamente la maternidad tiene la naturaleza de un hecho jurídico, relacionado
con la reproducción del ser humano, del cual surgen derechos y obligaciones. En las
relaciones jurídicas de las trabajadoras surgen derechos relacionados con la maternidad,
por ello la legislación laboral y la de Seguridad Social contienen disposiciones
concretas acerca del desempeño de su trabajo durante el periodo de gestación, y
después de este, que contribuyen a la protección legal de la mujer trabajadora.
El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación
o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer
trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer
trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede
sobrevivir extra útero sin soporte médico).
La maternidad cumple con la misión esencial de perpetuar la especie humana. Cumple
también con la importante función social de integrar al grupo familiar, de convertirlo
en célula en la cual se fundamente la sociedad y en donde surgen los primeros
lazos de control social básico e indispensable.
La condición biológica normal de la mujer es procrear, no obstante, la mujer debe
compartir con el sexo masculino las responsabilidades sociales y económicas. La
igualdad no es absoluta y la diferencia sexual justo lo confirma. Empero, la igualdad
jurídica para ambos sexos debe pasar como tal y las distinciones hechas con motivo
de la protección de la maternidad dejan de ser privilegios. Las consideraciones de
orden médico, de higiene y las de índole social, se justifican plenamente y si bien
pueden considerarse como discriminación positiva, habrá que entenderlas como
más como medidas de protección. No obstante considero que dentro incluso de las
féminas debe existir sin lugar a dudas distinción entre las trabajadores gestantes del
sector urbano y las del sector rural.

Protección a la maternidad de la mujer trabajadora rural cubana. Retos y perspectivas
antecedentes del régimen jurídico de protección
de la maternidad de la mujer trabajadora
La maternidad ha formado parte, desde los inicios de los programas de los seguros
sociales y de su instauración posterior al sistema de Seguridad Social. Antes del
1959 existieron en nuestro país esbozos sobre el tratamiento de la Maternidad. La
fuerza de trabajo femenina permaneció subutilizada hasta 1959. En la Habana y en
las capitales de provincia se concentraba el trabajo de la mujer, especialmente en el
comercio, donde el empresario se beneficiaba con el abaratamiento de la mano de
obra. El servicio doméstico, que constituía el sector más humilde, recogía gran parte
de la poca fuerza de trabajo femenina con que contaba nuestro país.
En 1934 apareció el seguro de maternidad dirigido por la Junta Central de Salud y
Maternidad, sostenida mediante los descuentos efectuados sobre los salarios de los
trabajadores, los aportes patronales y otros ingresos; que poco tiempo después fue
organizado de manera de ente autónomo desvinculado de los demás institutos de
seguro social, y funcionó hasta el 31 de diciembre de 1960.
Se caracterizaba aquel régimen jurídico por las prestaciones que establecía como la
asistencia médica y hospitalaria, tanto de la trabajadora como de la esposa o compañera
del trabajador, a las que se tenía derecho si se cumplía un mínimo de las cotizaciones,
pero ello solo se ofrecía en la capital y en alguna otra ciudad importante. Los
trabajadores tenían derecho a una licencia pre y post natal de 12 semanas de duración
total; y la cuantía de la prestación monetaria por licencia retribuida equivalía al salario
que no podía exceder de $ 5,00 diarios ni inferior de los $ 2,00. Se podían conceder
jornadas reducidas de una hora para la lactancia del recién nacido; y se efectuaba un
donativo de $ 25,00 cuando no se hacía uso del hospital de seguro, existiendo una
total omisión en el sector campesino hasta el año 1951, que se extendió a la población
campesina a través del Decreto Presidencial de 1951.
Al triunfo de la Revolución cubana y durante todo el proceso revolucionario las mujeres
han sido sujetos activos y principales beneficiarias de las conquistas revolucionarias.
Como parte de la lucha por la justicia social se inició la batalla por el ejercicio
pleno de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en todos
los ámbitos y a todos los niveles de la vida nacional. El Gobierno Revolucionario
desde 1959 adoptó una serie de medidas legislativas, judiciales y administrativas que
garantizaron de inmediato el cumplimiento de los Derechos Humanos fundamentales
de todo el pueblo y en particular de las mujeres, niños(as) y ancianos(as); creando
con esto las bases necesarias para la implementación posterior de una legislación que
proclamara y sustentara estos principios; entre los cuales ocupó un lugar prioritario
luchar por erradicar cualquier tipo de desigualdad o discriminación, entre ellas la
originada por motivo de sexo.
11

12
mSC. tania orozCo Saéz, mSC. fernando de JeSúS eCherri
Durante un tiempo hubo un exceso de “proteccionismo”, excluyendo a la mujer de
opciones laborales que podía desempeñar, lo que impedía el ejercicio pleno de sus
derechos. La Federación de Mujeres Cubanas jugó un papel importante en que se
modificaran estos conceptos y las normas establecidas al respecto; sobre la base de
que solo la protección de la maternidad constituye un límite laboral y no la tendencia
sexista de prohibírsele ejecutar determinadas labores solo por ser mujer.
En materia de Seguridad y Asistencia Social, en 1963 se dicta la Ley no. 1100 de
Seguridad Social donde se plasman principios encaminados a proteger a la mujer y
en 1979 esta se sustituye por la Ley no. 24, que ratifica y amplia los beneficios sociales
a favor de los trabajadores en general y en especial a favor de la mujer.
Con la Ley 1100 de 1963, en su Título II, dispuso la debida protección de la maternidad
de la trabajadora o de la esposa o compañera del trabajador, los accidentes de
ese estado, el parto y el cuidado del recién nacido, al regular situaciones no previstas
en el anterior Derecho Laboral cubano y otorgar verdaderas garantías en ese sentido.
Estableció en su afán de mejorar las situaciones antes sufridas, que durante el
período de maternidad la trabajadora o la esposa o compañera del trabajador tendrían
derecho a las prestaciones en servicio y en especie que se establecían en dicha
ley; es decir, a los servicios de asistencia médica y odontológica, preventiva y curativa,
hospitalaria general y especializada; a la rehabilitación y reeducación médica social;
y al suministro de medicamentos y alimentación adecuada mientras la paciente se
hallare hospitalizada o recluida en establecimiento médico. La propia ley 1100 estableció
el derecho para el recién nacido de recibir las mismas prestaciones en servicio
y en especie durante el tiempo que permaneciere ingresado en el establecimiento
hospitalario.
Las instrucciones dictadas por el Ministerio de Salud Pública para la aplicación del
régimen de seguridad social instaurado por la Ley 1100, en sus reglas 10 y 14, establecieron
el procedimiento para que la trabajadora y la esposa o compañera del trabajador
pudieran disfrutar de tales prestaciones, consistentes en la presentación en
el centro asistencial que le correspondiere, conforme a su domicilio, de una comunicación
del centro de trabajo, en que se hagan constar el hecho de que el solicitante,
su esposo o compañero, prestan servicios allí.
No es hasta 1974 que se publica la Ley 1263 dictada por el Consejo de Ministros
con fecha 14 de enero así como la Resolución número dos dictada por el Ministerio
de Trabajo, que contiene el Reglamento de la antes citada ley, mediante las cuales
se estableció un nuevo régimen jurídico para la protección de la maternidad de la
trabajadora que comenzó a regir a partir del 16 de enero de 1974. Durante el año
1973 tuvo lugar la discusión masiva, a todo lo largo del país, del anteproyecto de ley
sobre la maternidad de la mujer trabajadora que se convertiría en Ley 1263 de enero
de 1974.

Protección a la maternidad de la mujer trabajadora rural cubana. Retos y perspectivas
Los objetivos principales de la Ley 1263 fueron:
• La necesidad de dotar a nuestras trabajadoras de una legislación en la que los
criterios médico-científicos de la época sobre la maternidad fueran incorporados
y se posibilitara el efectivo disfrute de este derecho.
• Que la trabajadora grávida tuviera el debido descanso a partir de las treinta y
cuatro semanas de gestación de manera que se posibilitara un parto normal, el
aumento de peso y desarrollo del futuro hijo y se evitaran los partos prematuros.
• Que la mujer trabajadora dispusiera del tiempo necesario para lactar al hijo y
en los tres meses siguientes al nacimiento como período indispensable, contribuyendo
así a la inmunidad del recién nacido a ciertas enfermedades, y al
establecimiento de mejores relaciones emocionales madre-hijo.
• Que atendiera al niño regularmente en la consulta médica durante su primer
año de vida, para lograr que su crecimiento fuese adecuado y armonioso.
En virtud de lo anterior se define que incluye la aludida Ley lo siguiente:
• La autorización y retribución durante seis días o doce medios días, para que la
trabajadora embarazada concurriera a las consultas médicas y estomatológicas
durante el período de gestación.
• La ampliación de la licencia de maternidad de doce a dieciocho semanas.
• Evitar que la mujer embarazada permaneciera laborando más allá de las treinta
y cuatro semanas, estableciéndose que a partir de este término debía recesar
las labores.
• Especial consideración en los casos de embarazo múltiple, introduciéndose
por primera vez en la legislación de maternidad una atención especial a estos
casos, consistente en la ampliación de la licencia prenatal a ocho semanas (en
lugar de seis) anticipándose el receso de la trabajadora al arribar a las treinta
y dos semanas de gestación. Esta extensión de la licencia de maternidad se
retribuye también a la trabajadora.
• Se toma en consideración la posibilidad del error facultativo, cuando no ocurriera
el parto en la fecha inicialmente prevista, ampliándose de esta forma la
licencia prenatal, retribuida en dos semanas más.
• La autorización para disponer de un día al mes con pago garantizado a fin de
que la madre concurriera con su hijo a la consulta de puericultura durante su
primer año de vida.
Esta Ley regula además la prestación económica de la trabajadora en el período de la
licencia por maternidad. La Ley número 61 de 29 de septiembre de 1987 modificativa
del artículo 10 de la Ley 1263 de 14 de enero de 1974 “Ley de la Maternidad de la
Trabajadora”, establecía que la prestación económica que recibiría la trabajadora en
el período de la licencia de maternidad sería igual al promedio de ingresos semanales
que por concepto de salarios y subsidios haya percibido en los 12 meses inmediatos
anteriores al inicio de su disfrute. Esta prestación nunca será inferior a veinte pesos
semanales.
13

1
mSC. tania orozCo Saéz, mSC. fernando de JeSúS eCherri
Esta nueva ley constituía una garantía y ofrecía mayores beneficios a la madre trabajadora
por cuanto aumentaba la cuantía mínima de los ingresos semanales que percibían
en concepto de prestaciones por las licencias de maternidad con independencia
del salario a devengar.
Como requisitos indispensables para que la trabajadora tuviera derecho al cobro de
la licencia de maternidad, se exigía que la misma estuviese debidamente expedientada,
salvo que no lo estuviera por negligencia administrativa, y hubiese laborado no
menos de setenta y cinco días en los doce meses inmediatos anteriores al inicio de
su disfrute.
No obstante aun cuando se reúnan estos requisitos la trabajadora tendría derecho al
cobro de la licencias complementarias consistentes en el disfrute de seis días, o doce
medios días de licencia retribuida hasta las treinta y cuatro semanas del embarazo, a
los fines de su atención médica y estomatológica anterior al parto.
La precitada “Ley de Maternidad” contenía irrefutables progresos como las licencias
retribuidas para la atención médica y estomatológica de las gestantes; el receso laboral
obligatorio a las treinta y cuatro semanas de gestación; la licencia retribuida de
dieciocho semanas, de las cuales doce son posteriores al parto; y licencias retribuidas
y no retribuidas para la atención del menor de edad. Pero los estudios y la experiencias
adquiridas respecto al tema; específicamente los referidos a la maternidad, la
paternidad y el cuidado de los hijos e hijas, influyeron en la introducción de algunas
modificaciones y adiciones a la “Ley de la Maternidad” para extender los derechos
a la madre trabajadora y fueran objeto de una protección más abarcadora, acorde
con los principios de nuestro Estado Socialista y en consonancia con los criterios
científicos manejables en ese entonces, por lo que se hizo necesaria la promulgación
del Decreto Ley número 234 “De la Maternidad de la Trabajadora” que será objeto
de análisis posteriormente en esta investigación.
En el año 1991 por Resolución no.10 del Ministro Presidente del Comité del Trabajo
y Seguridad Social, hoy Ministerio de Trabajo, se estableció que la madre trabajadora
que por razón del cuidado de su hijo(a) no le fuera posible incorporarse al trabajo,
una vez vencido el período de Licencia de Maternidad, pudiera acogerse opcionalmente
a recibir una prestación social ascendente al 60 % de su salario. Si el niño(a)
arribare a los 6 meses de nacido y la trabajadora no pudiera incorporarse al trabajo,
tendría derecho a una Licencia no retribuida, conservando el derecho a ocupar su
puesto de trabajo hasta arribar el hijo(a) a un año de edad. Diez años más tarde, por
un planteamiento del movimiento obrero en su xViii Congreso, se dicta la Resolución
no. 11 de 30 de abril de 2001 que deroga la anterior y dispone una extensión del
otorgamiento opcional de la prestación social ascendente al 60 % del salario a partir
del vencimiento de la licencia postnatal y hasta que el niño(a) arribe al primer año de
vida, o antes de esa fecha, si la madre se incorpora al trabajo.
La Ley 1263 de maternidad de la mujer trabajadora y todo el articulado que tanto
el Código de Trabajo como otras legislaciones laborales tienen con relación a la

Protección a la maternidad de la mujer trabajadora rural cubana. Retos y perspectivas
protección a la maternidad es un ejemplo de las medidas de discriminación positiva
que han sido necesarias establecer y que han servido a lo largo de los años para proteger
los derechos que en el orden laboral deben garantizárseles a las mujeres. No
obstante todavía quedan insatisfacciones en relación con la mujer rural, que no tiene
en esta legislación una especial protección.
La legislación vigente del régimen general de la Seguridad Social que establece
la protección por maternidad a la trabajadora y el cuidado del menor se regula
en el Decreto Ley 234 del año 2003 y Resolución 22 del propio año su Reglamento,
y en la Instrucción no. 8/04 se hacen las aclaraciones sobre la misma.
Este Decreto contiene incuestionables avances como las licencias retribuidas
para la atención médica y estomatológica de las gestantes; el receso laboral
obligatorio a las treinta y cuatro semanas de gestación; la licencia retribuida
de dieciocho semanas, de las cuales doce son posteriores al parto; y licencias
retribuidas y no retribuidas para la atención del menor de edad.
Mediante dichos instrumentos jurídicos se protege a las mujeres trabajadoras
al tutelar todos los aspectos derivados de su valiosa función materna y
garantizar la atención facultativo médica necesaria durante la etapa anterior al
parto, el descanso imprescindible, anterior y posterior al alumbramiento, que
le posibilite las óptimas condiciones físicas y psíquicas para enfrentarse a los
duros instantes del alumbramiento y su posterior recuperación, así como para
dedicarle el cuidado y atención que la nueva criatura exigirá en los primeros
meses de vida.
análisis normativo del decreto ley 234/2003
La protección jurídica a la maternidad de la mujer trabajadora cubana en el régimen
general de la Seguridad Social se materializa en la regulación del Decreto-Ley 234
de 13 de agosto de 2003. Dicho texto legal concede derechos a la mujer trabajadora
y protege su maternidad, asegurando y facilitando su atención médica durante el
embarazo, el descanso pre y postnatal, la lactancia materna y el cuidado de los hijos
e hijas menores de edad, así como el tratamiento diferenciado en el caso de discapacidad
de estos. Contribuye además, a propiciar la responsabilidad compartida de la
madre y el padre en el cuidado y atención de los hijos e hijas, y la del padre en caso de
fallecimiento de la madre. Es notorio en este nuevo cuerpo legal un nuevo enfoque
de género, pues prevé al padre trabajador como uno de los sujetos de la disposición
jurídica (en la ley derogada -Ley 1263 de 1974- se hacía referencia solo a la madre
trabajadora) y reconoce los sexos de la descendencia (hijos e hijas) mientras que
la legislación derogada hacía referencia solamente al término genérico de “hijos”.
Aunque lo último puede considerarse un formalismo, de hecho constituye un reconocimiento
legal de la igualdad en el tratamiento de ambos sexos.
1

1
mSC. tania orozCo Saéz, mSC. fernando de JeSúS eCherri
Este Decreto-Ley 234 es de aplicación a la madre y al padre adoptivos en todo lo
que concierne a la protección de los hijos e hijas. El derecho a disfrutar de los beneficios
establecidos en el Decreto Ley se origina en primer término para la madre,
si es trabajadora y en caso de fallecimiento de esta al padre y otros familiares si son
trabajadores. Si la madre no es trabajadora y fallece y el padre y otros familiares son
trabajadores no les asiste el derecho a disfrutar de los beneficios del Decreto Ley
porque este es de aplicación a las madres trabajadoras en primer orden.
En Cuba la legislación para cuando nazca un niño o niña incluye también a los del
sexo masculino. Desde agosto del 2003, cuando se promulgó el Decreto-Ley 234,
los hombres pueden acogerse a la protección que se establece para las féminas tras
el parto, algo novedoso a partir de entonces, teniendo en cuenta que hasta ese momento
los varones no estaban incluidos.
El principio del mencionado decreto es propiciar la responsabilidad compartida de la
madre y el padre en el cuidado y atención de los hijos e hijas, y se aplica en casos
del fallecimiento de la madre tras el parto, o cuando es más conveniente por la
remuneración económica del hombre respecto a la mujer, entre otras situaciones.
Los trabajadores acogidos están alejados de su puesto laboral hasta que el niño o la
niña cumplan el primer año de vida, y en ese período reciben el 60 % del salario que
devengan normalmente.
Reconoce los derechos del padre al cuidado de sus hijos(as) en esta primera etapa
y en otras posteriores (licencias complementarias y licencias no retribuidas), preservando
sus derechos como trabajador. Este derecho quedó plasmado en el artículo
16 de dicho cuerpo jurídico.
Cuando los padres se quedan cuidando a los hijos, las madres trabajadoras incorporadas
al empleo, al vencer el período de licencia postnatal, tienen derecho a una hora
diaria libre para la lactancia, hasta que la descendencia arribe al primer año de edad.
Igualmente se aplica a madres y padres adoptivos en todo lo relativo a la protección
de hijos e hijas. Consideramos que esta hora debe ser ampliada para el caso de las
madres trabajadoras del sector rural atendiendo a la lejanía que generalmente existe
entre su lugar de residencia y su centro de labor.
Es cierto que las cifras de hombres protegidos por este concepto no son significativas
todavía, pero evidencia una arista poco común a nivel internacional, en favor del
cuidado de la niñez en Cuba. La nueva legislación otorga nuevos derechos y ofrece
la posibilidad a los padres de elegir quién disfrutará de la licencia laboral dentro del
grupo familiar.
Sería bueno centrar la comparación entre el Convenio 102 acerca de las normas mínimas
de Seguridad Social, y nuestra norma nacional de maternidad Decreto-Ley no. 234 de 13
de agosto de 2003 en los puntos siguientes: campo de aplicación personal, contingencias
cubiertas, duración de la licencia; y cuantías de las prestaciones. Es prudente
consignar que desde el ángulo jurídico, la maternidad de la mujer trabajadora es

Protección a la maternidad de la mujer trabajadora rural cubana. Retos y perspectivas
normada, internacionalmente, por los Convenios no. 102 (en sus Partes II y VIII) y
183 (año 2000) y por la Recomendación no. 191, en tanto que, en el ámbito nacional,
además del citado Decreto-Ley 234, coexisten la Resolución no. 22 y la Instrucción
no. 8, ambas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 23 de octubre de
2003 y 27 de septiembre de 2004, respectivamente.
Regula el Convenio 102, en cuanto al campo de aplicación personal, que sea a todas
las mujeres pertenecientes a las categorías prescritas de asalariados que en total,
constituyan, por lo menos, el 50 % del conjunto de los asalariados, mientras que el
Convenio 183 extendió la protección a todas las mujeres empleadas El Decreto-Ley
234 está en plena armonía con esta última norma internacional al prodigar el beneficio
económico a todas las mujeres pertenecientes a las categorías prescritas de la
población económicamente activa, que constituya en total, por lo menos, el 20 % de
todos los residentes.
En nuestro país todas las mujeres, aún aquellas que no tienen vínculo laboral, son
protegidas por el régimen de asistencia social, si su precaria condición de maternidad
lo requiere, amén de las prestaciones en servicios médicos perinatales que reciben
gratuitamente en los centros asistenciales del país.
Como contingencias cubiertas, el Convenio 102 hace mención del embarazo, el parto
y sus consecuencias, así como a la suspensión de ganancias que ocasionen. El Decreto-Ley
234, con trazos similares, cubre la maternidad, asegurando y facilitando
su atención médica durante el embarazo, el descanso pre y postnatal, la lactancia
materna y el cuidado de los hijos e hijas menores de edad, así como el tratamiento
diferenciado en el caso de discapacidad de estos. Su última expresión es más abarcadora;
el Convenio nada dice al respecto.
Inicialmente, el Convenio 102 contempló, al menos, 12 semanas de descanso por
maternidad, de las cuales 6 deben tomarse con posterioridad del parto. Dicho término
fue prolongado por el Convenio 103 (2000) en dos semanas más. Posteriormente,
en virtud de recomendación 191, el término fue extendido hasta 18 semanas. Este
período venía observándose en nuestro país desde el año 1974. De tal forma, la norma
cubana concede 6 semanas de descanso prenatal y 12 de postnatal, prorrogable
el primero en dos semanas más, en caso de embarazo múltiple.
Para el Convenio 102 la prestación monetaria se debe extender, por lo menos, doce
semanas y con un monto mínimo del 45 % del salario de referencia. Por su lado, la
Recomendación 191 arguye a favor de una prestación económica equivalente al 100
% de las ganancias anteriores de la trabajadora. Para el Decreto-Ley 234 la prestación
económica de maternidad se extiende a lo largo de sus 18 semanas y concluidas
estas, se inicia el pago de la prestación social hasta el que menor arribe a la edad de
un año. Por lo que está, muy por encima de la norma mínima que regula el Convenio
102. Las cuantías de ambas prestaciones se estiman sobre la base anual de los salarios
percibidos por la beneficiaria. Si bien es cierto que la norma cubana no regula un
porcentaje para la prestación económica, esta es del orden del 100 % de su salario, si
no se han presentado ausencias injustificadas al trabajo.
1

1
mSC. tania orozCo Saéz, mSC. fernando de JeSúS eCherri
El Decreto-Ley 234 sí dispone el 60 % de la base de cálculo de la licencia retribuida
como prestación social a la madre trabajadora. Como colofón de este punto contrasta,
que la norma doméstica sobrepasa el Convenio 102 y se atempera a la Recomendación
191.
Mesuradas resultan ambas normas al fijar períodos de calificación para evitar abusos
en su concesión. La cubana establece como requisitos indispensables la vinculación
laboral de la trabajadora y haber laborado no menos de 75 días en los doce meses inmediatos
anteriores al inicio de su disfrute, donde en el Decreto Ley 268 que es modificativo
del régimen laboral, en el capítulo IV de la maternidad de la trabajadora, en
su artículo 16 se especifica cuáles son los días que se contemplan como trabajados.
A todas luces, el Decreto-Ley 234 deja muy atrás a las normas internacionales en su
protección a la maternidad.
Baste señalar, entre otras las situaciones relevantes siguientes: el traslado de puesto
de trabajo de la trabajadora gestante cuando el desempeño del suyo puede considerase
perjudicial para el normal desarrollo del embarazo, sin afectación salarial. Obligatoriedad
del descanso pre y postnatal para la madre trabajadora que no cumpla con
los requisitos de calificación. Prolongación de la suspensión de la relación laboral de
la madre, con el disfrute de la prestación social hasta que el menor arribe a la edad
de un año. Asunción por el padre (u otro familiar) del cuidado de los hijos menores
de hasta un año, con derecho al cobro de la prestación social. Reducción de la jornada
laboral (en una hora) para la lactancia del hijo menor de un año de edad, si la
madre no está acogida a la prestación social y comienza a laborar. Concesión de
licencias no retribuidas (tanto a la madre como al padre) para la atención de sus hijos
menores de 16 años de edad. Ciertamente, la institución de la maternidad prestigia al
sistema de seguridad social cubana.
Con el Decreto-Ley No. 278 “Del régimen especial de Seguridad Social para los trabajadores
por cuenta propia, que posee como base un modelo contributivo se protege
a dichos trabajadores, y le brinda amparo legal con el resurgimiento de esta figura
jurídica. Los derechos que ofrece este régimen especial a dichos trabajadores son: a
la pensión por edad ordinaria y extraordinaria; la pensión por invalidez total temporal
o permanente; la pensión por causa de muerte para los familiares del trabajador
o trabajadora fallecido(a) y la trabajadora tiene derecho a la licencia retribuida por
maternidad pre y postnatal. Además, de no poder reanudar su labor al concluir dicha
licencia, se exonera del pago de la contribución a la seguridad social hasta que el
menor arribe a su primer año de vida, tiempo que se le considera como si hubiera
contribuido efectivamente. 2 Para tener derecho a la licencia pre y postnatal por maternidad
y a que se le considere como tiempo de contribución el no laborado para
dedicarse al cuidado del menor hasta que arribe a su primer año de vida, la trabajadora
debe haber contribuido en los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de
inicio de la licencia.
2 Tania Orozco Sáez, Fernando Echerri Ferrandiz: “La Maternidad de la Trabajadora en Cuba”, Monografías,
Editorial Feijoo, UCLV, 2010.

Protección a la maternidad de la mujer trabajadora rural cubana. Retos y perspectivas
situación de la mujer rural en cuba
Según datos de la CEPAL, las mujeres realizan sus actividades principalmente en el
sector servicios y luego en el industrial y por último en la agricultura, así vemos que
en Cuba, los por cientos son 68,1 en el sector de los servicios, 21,5 en la industria
contra un 10,4 en la agricultura.
Las mujeres rurales, realizan tareas productivas y reproductivas, y sin embargo existe
una tendencia a no reconocer la actividad económica de la mujer rural, se subvalora
y no se contabiliza.
A pesar de que las mujeres participan activamente en las labores productivas, ni la
sociedad, ni siquiera ellas mismas reconocen ni valoran su contribución al desarrollo
económico y social. Ignorar el papel de la campesina como productora conduce a
que por un lado, ella no exija sus derechos y por el otro, se vea marginada del acceso
a la tierra y de todos los servicios asociados con la producción como el crédito, la
asistencia técnica y la capacitación. Dado que la mujer juega un papel determinante
en la producción agropecuaria y en la seguridad alimentaria familiar es imprescindible
garantizarle el acceso y la propiedad de la tierra.
En la gran generalidad de los países el hombre es quien por lo general ejerce la jefatura
de los hogares rurales, debido a factores culturales y en algunos casos, a las
normas jurídicas vigentes. Los porcentajes más altos de mujeres jefes de hogar se
encuentran en Cuba (28,1 % [13]) y en Nicaragua (en 1993 alcanzó un 28 % [14]).
La legislación agraria contempla a la mujer en un plano de igualdad con el hombre.
En la agricultura trabajan 223 592 mujeres, de ellas 108 104 en el sector empresarial
agrícola, 106 209 en las unidades productivas, y 2 063 en la rama de la ciencias
agrícolas, de las cuales 253 poseen categoría científica. En el sector agropecuario ha
crecido la presencia femenina. Actualmente laboran 59 411, de ellas 11 283 pertenecen
a cooperativas de producción agropecuaria y cooperativas de crédito y servicios
y 48 128 son campesinas, para un 21 y 16 % respectivamente.
Aún cuando constituye un desafío continuar descaracterizando roles tradicionales y
patrones sexistas, se constatan logros en la participación de las mujeres rurales en la
toma de decisión. Del total de directivos del sector, 590 son mujeres, que representa
el 9 %. De ellas 41 son Directoras de Empresas, 9 provienen de Complejos Agroindustriales
y una Directora de Grupo Empresarial. No son los indicadores a los que
se aspira, pero marcan un punto de inflexión en el protagonismo de las mujeres en
el sector agropecuario, que en otra época era casi exclusivo de los hombres. Es por
ello que sin lugar a dudas necesitamos de una legislación especial y específica que la
proteja en relación con la Maternidad, pues están expuestas en casi todos los casos a
condiciones anormales de trabajo y a condiciones no adecuadas para su desempeño
laboral, amén de la lejanía de su centro de labor en relación con su domicilio.
1

20
mSC. tania orozCo Saéz, mSC. fernando de JeSúS eCherri
Ahora bien debemos aclarar que la presencia de la mujer en las cooperativas es reducida
y cuando logra formar parte activa, no tiene la posibilidad de participar en la
toma de decisiones, ya que por lo general estas le corresponden a los hombres. La
baja integración de la mujer rural a las cooperativas se debe en parte, a factores de
índole cultural y a su poca disponibilidad de tiempo, ya que no solo desempeña variadas
labores productivas, sino que tiene a su cargo la responsabilidad y la realización
de las tareas domésticas.
En Cuba la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha promovido la igualdad en
los derechos de las mujeres y su incorporación a los programas y leyes. La reforma
agraria cubana en cambio, fue el resultado de una transformación política, económica
y cultural de gran envergadura. Las leyes agrarias y las normativas presentes en
los Códigos, tanto Civil como de Familia, establecen clara y abiertamente la igualdad
absoluta de derechos y responsabilidades para ambos sexos. Esta situación de
paridad jurídica en teoría debería haber garantizado el acceso de la mujer a la tierra.
Sin embargo, a pesar de que la población femenina cubana ha sido la que más se ha
beneficiado de la reforma agraria, las mujeres que poseen tierras o que participan en
las cooperativas aún son pocas y muy limitadas aquellas que logran ocupar cargos
directivos en estos organismos.
Para abordar la problemática de la mujer rural en nuestro país, necesario resulta
diferenciar a la mujer estatal del sector estatal, y a las vinculadas al no estatal, por
pertenecer a las CCS, CPA y UBPC.
En las CCS
El trabajo fuera del hogar de la esposa del campesino cañero es escaso. La mayoría
de estos propietarios individuales considera que el motivo de esta no incorporación
es la necesidad que tienen las mujeres de atender el trabajo doméstico y a los
hijos.
La mujer por lo regular considera que el motivo fundamental de su no incorporación
es que tiene que atender el trabajo doméstico y a los hijos. Otras razones son: no
tener en la mayoría de los casos una imperiosa necesidad económica ni social, la
posibilidad de acceso a los servicios sociales, problemas de salud y atención de
ancianos.
Estas mujeres desempeñan un papel menos pasivo ante las decisiones del esposo.
Pero sobre ellas recaen con fuerza las prácticas de subordinación y exclusión que
refuerzan los papeles patriarcales. Muy pocas desean incorporarse a una Cooperativa
de Producción Agropecuaria porque esta forma organizativa no puede ofrecerle
mejoría en las condiciones de vida que ya poseen.
En las CPA
Hacia finales del primer quinquenio de los años 80 se produjo un decrecimiento
tanto de incorporación como de baja retención de la mujer en el movimiento co-

Protección a la maternidad de la mujer trabajadora rural cubana. Retos y perspectivas
operativo. Eso se ha traducido, al menos para la mujer en: promoción insuficiente
de fuentes de empleos para ellas, o puestos existentes pero poco atrayentes tanto
por la remuneración como por el contenido del trabajo. También en la mayoría de
las comunidades de las cooperativas el desarrollo de la infraestructura social se ha
rezagado, aspecto que resulta vital para la estabilización laboral de la mujer. En las
CPA siempre el promedio de días trabajados por las cooperativistas durante el mes
ha sido menor que el de los hombres (17,4 para ellas y 24,4 para los hombres). En
las condiciones más agudas de la crisis el hecho del ausentismo y la desincorporación
de las mujeres cooperativistas trajeron como reacción en algunas CPA la toma
de acuerdos explícitos de no permitirles la entrada.
En algunas de las historias de vida realizadas las mujeres trabajadoras de las CPA
se refleja tanto la autosubordinación como la subordinación en las cuales están insertadas.
En general no aspiran a ocupar un cargo de dirección por varias razones,
entre ellas: no tener aptitud para esa actividad, el trabajo que realizan es muy duro
lo cual le dificulta asumir ese tipo de responsabilidad; el hecho de que los cargos
reotorgan, en general, a los hombres, no tener suficiente nivel educacional. Sin
embargo, algunas expresan que debían recibir cursos de capacitación para realizar
este tipo de tareas y además reconocer su posible capacidad de dirección.
En las UBPC
Como estrategia de las direcciones las mujeres son desestimadas en el momento
de la decisión sobre nuevas incorporaciones. Aunque las direcciones reconocen el
esfuerzo que realizan, la importancia de su trabajo es subestimada y solo se acepta
asociada a determinados sectores dentro de la unidad, por ejemplo, el de los servicios.
Se constata la marginación de la mujer. Aunque su inclusión de determinadas tareas
con mejor remuneración y de mayores beneficios por ejemplo el riego de abono no
está estipulada en ningún documento, es un hecho en la práctica; pudiera argumentarse
como correspondiente a una política de protección a la mujer, aunque resulta
contradictorio el hecho de que se emplee como mano de obra en labores como el
chapeo y el guataqueo sin ninguna diferencia.
¿igualdad?
Podemos decir que en materia de igualdad ha quedado demostrado que si bien existe
en nuestro país igualdad de género, esta no es absoluta, pues entre hombre y mujer
hay una discriminación positiva, si evaluamos por ejemplo la imposibilidad de la
maternidad masculina en todo su esplendor, sin embargo entre mujer rural y mujer
urbana si hay una discriminación negativa involuntaria, por las condiciones en que
las mismas realizan su actividad laboral.
21

22
mSC. tania orozCo Saéz, mSC. fernando de JeSúS eCherri
tratamiento General de la Maternidad
• Protege en el Sector Estatal.
• Mujer Trabajadora Urbana.
• Mujer Trabajadora Rural vinculada a Granjas Estatales.
• Protege en El Sector No Estatal:
• Mujer Cuentapropista
• Mujer Trabajadora De CCS, CPA y UBPC
condiciones de trabajo
Mujer Urbana
• Mayor salubridad.
• Mejor higiene.
• Mejores condiciones laborales ambientales.
• Disfrute de Círculos Infantiles y semi internados.
• Mejor transportación al puesto de trabajo.
Mujer Rural
• Trabaja expuesta a un medio ambiente agreste (calor, humedad, sustancias
tóxicas que pueden afectar el embarazo, etcétera)
• Pocas condiciones higiénicas sanitarias.
• No tiene condiciones para el cuidado de sus hijos menores (círculos infantiles
y seminternados).
• Lejanía y falta de trasportación adecuada de su puesto de trabajo al hogar.
En virtud de lo expuesto, sin lugar a dudas la mujer trabajadora rural está necesitada
de una especial protección, dígase la que trabaja en unidades productivas estatales,
así como aquellas que trabajan en formas no estatales.
conclusiones
• La mujer cubana había permanecido hasta el Triunfo Revolucionario marginada
y vilipendiada por la sociedad, revertiéndose esta situación con el apoyo
de la Federación de Mujeres Cubanas y del propio Estado, el que se dio a la
tarea de incorporarlas a la sociedad y garantizarles sus derechos como mujer
y como madre trabajadora.

Protección a la maternidad de la mujer trabajadora rural cubana. Retos y perspectivas
• La normativa legal cubana en torno a la especial protección de la madre trabajadora
ha evolucionado de manera positiva, incluyendo en cada cambio
legislativo garantías protectoras de estas, las que han devenido en consonancia
con los adelantos científico-técnicos y con las necesidades sociales, sin embargo
aún no se ha logrado la diferenciación de la mujer trabajadora rural en
relación con la urbana, a pesar de la universalidad de la norma.
• La legislación que protege el adecuado desarrollo de la maternidad de la trabajadora
cubana es universal, constituye una de las más acabadas del mundo
y ofrece múltiples garantías, a la que nos hemos referido en el cuerpo de este
artículo, pero dada la baja natalidad que sufre el país, se hace necesario que sea
modificada la norma jurídica vigente, incluyendo cambios generales y otros
particulares, en relación con la maternidad de la mujer trabajadora rural.
• Teniendo en cuenta las condiciones laborales, la mujer trabajadora rural, sin
discriminación negativa, en comparación con la mujer trabajadora urbana, necesita
urgentemente de una legislación protectora en materia de Maternidad,
al igual que lo tuvo recientemente la trabajadora cuentapropista, como parte
del sector no estatal de nuestro país, en el proceso de actualización del modelo
económico cubano.
• Que la legislación que sea dictada en su momento tenga en sus Bases los siguientes
presupuestos:
a) Que la mujer trabajadora rural sea considerada como una trabajadora de
la categoría II de la actual Ley 105 de Seguridad Social, por considerar
que la misma trabaja en condiciones laborales anormales, expuesta a un
medio ambiente laboral N veces más agresivo que en el entorno laboral
urbano.
b) Que el disfrute de la licencia de maternidad de la mujer rural comience a
discurrir a las 30 semanas en embarazos múltiples y a las 32 semanas en
embarazos normales.
c) Que el periodo de lactancia de una hora previsto para la mujer trabajadora
urbana, se extienda a dos horas en el caso de la mujer rural, teniendo
en cuenta las largas distancias que existen entre su domicilio y el área de
trabajo.
d) Que la protección económica post natal que se le otorga a la trabajadora,
se extienda de 6 a 10 semanas, para que tenga un mayor tiempo de recuperación,
en el caso incluso del fallecimiento del recién nacido.
• Que por medio de la ANAP se estimule en las unidades productivas no estatales,
la creación de Círculos Infantiles u otras vías no formales para el cuidado
de los hijos pequeños de la mujer trabajadora rural.
• Que en la medida de las posibilidades las mujeres trabajadoras rurales vinculadas
directamente a la producción, se trasladen a otros puestos de trabajos de
la unidad productiva donde trabajan, y que laboren sobre todo en tierras con
fertilizantes orgánicos.
23

624
MUJeres Y rUralidad: inserción
FeMenina en orGaniZaciones
aGroPecUarias
(cooPeratiVas-colectiVas) cUbanas
introducción
dra. niurka pérez roJas
liC. daYannY roMero Bartolo
Cuba
El objetivo del presente trabajo es presentar algunos resultados obtenidos por el
Equipo de Estudios Rurales (EER) en las investigaciones sobre la mujer rural insertadas
en el sector cooperativo campesino (Cooperativas de Créditos y Servicios
(CCS)) y cooperativo-colectivo (Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)) y
Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)) que forman parte del heterogéneo
sistema agropecuario cubano 1 (figura 1):
Figura 1. Sistema agropecuario nacional
1 Víctor Figueroa, et.al: Consideraciones sobre el “Anteproyecto de Ley de Cooperativas Agropecuarias”; una visión
desde la Economía Política. Ponencia presentada en la Primera Bienal de Cultura Agraria, Cabaigüán,
Sancti Spiritus, enero del 2003, (Texto mecanografiado).

Mujeres y ruralidad: inserción femenina en organizaciones agropacuarias...
En nuestro país, desde el triunfo de la Revolución, se han desarrollado diferentes
estrategias, muchas de ellas lideradas por la Federación de Mujeres Cubanas, para
aumentar la participación de las mujeres en el mundo público.
A través de diferentes políticas sociales se logró una distribución más equitativa de
los ingresos y el acceso masivo a los servicios de salud y educación. Estas políticas,
aunque se proponían beneficiar a todos por igual, enfatizaron en aquellos sectores
en desventaja social. Las mujeres desde el principio fueron beneficiarias de diferentes
políticas que buscaban eliminar las desigualdades en lo económico y en lo social.
Entre las principales leyes adoptadas en los primeros años de la Revolución y que beneficiaron
sin excepción a las mujeres se encuentran las Leyes de Reforma Agraria,
Reforma Urbana, la Nacionalización de la Enseñanza, Código del Trabajo, Ley de
Seguridad y Asistencia Social, Ley de Maternidad, Ley de Cooperativas, Reglamento
General de Cooperativas, Resoluciones sobre Unidades Básicas de Producción Cooperativas
(UBPC). Este marco llegal no es discriminatorio por razón de sexo, color
de la piel.
Participación de la mujer en la agricultura:
el caso de cuba
Desde la implementación de la política de empleo del país, se mantiene una intención
de equidad, tanto para mujeres y hombres, desde el principio de igualdad de oportunidades
sin discriminación de ningún tipo, a partir de la idoneidad demostrada, en
empleos en plazas vacantes y trabajos útiles –para evitar la inflación de plantillas– y
donde por igual trabajo se perciba igual salario.
No obstante, la evolución de la participación de las mujeres en la actividad económica
es la siguiente:
• 38 % de la fuerza laboral empleadas en la economía.
• Como técnicas y en sectores tradicionales (en Agricultura, Pesca y Silvicultura
solo 17,4 %):
En la figura 2 se muestra con mayor especificidad:
2

2
dra. niurka pérez roJaS, liC. dayanny romero bartolo
Figura 2. Mujeres ocupadas por clase de actividad económica, 2008 (%)
Fuente: Oficina Nacional de Estadíticas, 2009.
Existen, además, limitaciones socioeconómicas al empleo femenino:
En zonas rurales:
• Pobres ofertas de empleo.
• Insuficiencia o lejanía de instituciones para el cuidado infantil, de discapacitados,
de ancianos.
• Malas condiciones de transporte y vías de acceso.
Algunas consecuencias de estas limitaciones son los siguientes factores socioeconómicos:
• Migraciones hacia la capital principalmente de mujeres en edad laboral.
• Población rural mayoritariamente de hombres.
• Provincias con mayor crecimiento de mujeres en edad laboral: Mayabeque,
Artemisa, Ciego de Ávila y Matanzas, pero posible migración hacia zonas
“trampolín” para facilitar acceso a otros empleos y mejorías económicas.
Presencia femenina en el sector agropecuario
En el sector productivo la mayor concentración se produce en las formas campesinas
(parceleras, Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y Cooperativas de
Producción Agropecuaria (CPA) y en las actividades cafetaleras, tabacalera, y en la
de producciones de cultivos varios (frijoles, maíz, hortalizas); en detrimento de las
UPBC y las Empresas estatales.
Este patrón reproductivo ubica mayoritariamente a la mujer en ocupaciones que
constituyen una extensión del trabajo doméstico y que se acepta acríticamente, lo
cual genera pocos ingresos y representa espacios menores de poder. Además, el
tiempo libre para la mujer es escaso.

Mujeres y ruralidad: inserción femenina en organizaciones agropacuarias...
situaciones
¿Incorporarse o no?: CCS
• Rol tradicional de “cuidadoras”.
• Papel pasivo ante decisiones productivas de los varones (cónyuge, padre, hijo,
hermano).
• Mujeres como fuerza de trabajo no remunerada.
• Invisibilización de su aporte a la unidad productiva.
¿Incorporarse o no?: CPA
• Mayoritarias en puestos administrativos y de servicios.
• Desigualdad en el anticipo por roles tradicionales (ausentismo derivado de su
rol tradicional de “cuidadoras”).
• Limitaciones explícitas e implícitas para su incorporación.
• Autolimitaciones para dirigir.
• Invisibilización de su aporte productivo a la Cooperativa y a la familia.
• Limitadas ofertas de trabajos dentro de la CPA, y la mayoría dirigidas a los
roles tradicionales.
• Deterioro de las condiciones de trabajo y de vida con relación a años anteriores.
¿Incorporarse o no?: UBPC
• Desigualdades en el anticipo por roles tradicionales (ausentismo derivado de
su rol tradicional de “cuidadoras”).
• Limitaciones explícitas e implícitas para su incorporación.
• Subvaloración de su aporte a la UBPC.
• Empleos por lo general asociados a actividades tradicionales, de menor remuneración
y reconocimiento.
• Deterioro de las condiciones de trabajo y de vida con relación a años anteriores.
En el 2008, se aprobó el Decreto Ley 259/2008 2 , que hasta 2011, había beneficiado
a 142 740 usufructuarios. De ellos: 130 254 son hombres y 12 486 son mujeres (9 %
del total, en CPA y CCS) 3 . De estas mujeres, 10 778 solicitaron tierras en su nombre,
que representan el 86,3 %. El resto son familiares de los solicitantes hombres.
Amas de casa rurales: trabajadoras no remuneradas.
2 Las personas beneficiarias por este Decreto se vinculan a una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS).
3 En marzo 2012: 17 000 mujeres se habían acogido al Decreto. Barbara Pesce-Monteiro:
“Empoderar a la mujer rural”, Granma, Año 48, no. 57, 8 de marzo 2012, p. 5.
2

2
dra. niurka pérez roJaS, liC. dayanny romero bartolo
En general, las amas de casa rurales carecen de reconocimiento social y de compensación
económica; se les clasifica como población inactiva que no busca ni tiene
empleo, a pesar de sostener y reproducir las fuerzas y energías de la sociedad desde
el ámbito familiar.
algunos resultados del aporte de los Proyectos
de cooperación en temas de mujeres
• Los proyectos de cooperación forman un mecanismo de creación de empleos
estables para mujeres, aunque constituye un aporte modesto ante un problema
más amplio de falta de empleo para las mujeres campesinas, ante el amplio
potencial y reserva de mano de obra femenina.
• El número de mujeres en puestos de liderazgo ha crecido, aunque todavía es
poca su ocupación de puestos de mayor toma de decisiones.
• Una mayor valoración de la capacidad de las mujeres líderes, sobre todo por
parte de los hombres, aunque también se evidencia que no todos los hombres
aceptan al liderazgo de mujeres. Esta aceptación es resultado del gran dinamismo,
dedicación y capacidad demostrada de numerosas mujeres dirigentes,
a veces teniendo que sobresalir para ser reconocidas.
Algunos resultados del aporte de los Proyectos de cooperación en temas de género.
• Si bien los proyectos productivos han favorecido a las mujeres en términos
económicos, en el aprendizaje de nuevas tecnologías de producción, y en algunos
casos en mejorar su autoestima, consideramos que esta estrategia no
conlleva al empoderamiento de mujeres en términos más profundos, a menos
que sea acompañada por procesos de formación en género o de mujeres líderes.
obstáculos en el trabajo de género
• Falta un análisis de género en la visión general / transversal.
• Insuficiencias en el análisis de género a partir de las relaciones de poder en lo
familiar/laboral.
• Confusión sobre el concepto de Género con relación a las mujeres y los
hombres.

Mujeres y ruralidad: inserción femenina en organizaciones agropacuarias...
• Prima un enfoque de mujer y desarrollo: los proyectos van dirigidos a incrementar
los puestos de trabajo para mujeres y no el análisis de las relaciones de
género.
¿cambios recientes?
• Leve incremento en empleos no tradicionales (macheteras, choferes de combinadas
y camiones) en CPA y UBPC.
• Influencia en decisiones productivas a nivel de base, pero no llegan a la dirección.
• Expectativas a partir de la implementación de los Lineamientos del PCC.
a modo de conclusiones
La existencia de voluntad política y un marco legal no discriminatorio por razón
de sexo ofrece oportunidades para la inserción de las mujeres a las organizaciones
agropecuarias. Si bien, este contexto propicia el empoderamiento de las mujeres, en
la práctica se mantienen comportamientos que muestran limitaciones a su incorporación
relacionadas con la construcción de género.
Esta situación está dada tanto por las malas condiciones materiales de muchas organizaciones
productivas y del propio trabajo agropecuario como por la permanencia
de estereotipos de género que mantienen a las mujeres en su rol reproductivo, como
cuidadoras y administradoras del hogar, y que se traslada a las cooperativas donde se
mantienen en trabajos y puestos relacionados con estos roles.
Para potenciar la participación de las mujeres en las organizaciones productivas agropecuarias
se ha hecho necesario pasar del fomento del ingreso numérico de mujeres
como socias o miembros hacia una estrategia más integral que permita modificar,
aunque sea paulatinamente, los estereotipos relacionados con el trabajo agrícola y el
doméstico, sus decisiones, inversiones y las ganancias que de él se derivan y la posición
de hombres y mujeres en cada caso.
Esta estrategia debe facilitar no solo la independencia económica de las mujeres sino,
además, la comprensión y transformación de comportamientos de habitantes de las
zonas rurales y los directivos de las diferentes organizaciones que en ella intervienen
de forma tal que fomente un discurso y una práctica sensible al género que sea coherente
y pertinente con los principios de justicia y equidad que propugna nuestro
sistema.
2

los derecHos reProdUctiVos son
derecHos HUManos
dra. alda FaCio MonteJo
Costa riCa
necesidad de enmarcar la salud sexual
y reproductiva en un marco de derechos humanos 2
Al conmemorar en 2012 el 25 aniversario de la Iniciativa para la Maternidad sin
Riesgo 3 ; la trágica realidad es que cada minuto una mujer pierde la vida debido al
embarazo y al parto. Y este es solo el ápice del iceberg. Por cada mujer que muere,
hay entre 20 y 30 que sobreviven al parto pero padecen lesiones debilitantes. En
parte esto se debe a que un poco más de la mitad de las embarazadas de todo el
mundo siguen careciendo de acceso a la atención del parto por personal capacitado,
y las consecuencias son devastadoras. Según se estima, cada año 529 000 mujeres
pierden la vida a raíz de complicaciones del embarazo y el parto; además, mueren
cuatro millones de recién nacidos y otros cuatro millones nacen muertos. Este total
es superior a la cantidad combinada de muertes debidas al SIDA, la tuberculosis y
el paludismo. Además, otros diez millones de mujeres padecen lesiones debilitantes,
inclusive infecundidad, prolapso uterino o fístula obstétrica. La atención por personal
capacitado tiene importancia crítica para reducir el número de mujeres muertas
o lesionadas al dar a luz. Según se estima, si se asegurara la atención del parto por
personal capacitado, con respaldo de atención obstétrica de emergencia, podría reducirse
en un 75 % el número de defunciones derivadas de la maternidad.
1 Este texto es una adaptación resumida del artículo “Asegurando el Futuro, los derechos reproductivos
y las instituciones nacionales de derechos humanos”.
2 Todos los datos son tomados de las páginas web de UNIFEM, FNUAP, OMS, y la CEPAL.
3 Tomado del Mensaje de Thoraya Ahmed Obaid, Directora Ejecutiva del UNFPA en el Día Internacional
de la Salud, 2007.
633

634 3
dra. alda faCio monteJo
De lo anterior podemos inferir que no todos los casos de muerte o mala salud
reproductiva y/o sexual son producto de violaciones a los derechos humanos. La
mortalidad materna y la mala salud reproductiva se constituyen en una violación de
los derechos humanos cuando son causadas, en su totalidad o en parte, por el hecho
de que el Estado incumple su deber de respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos que conforman lo que hoy llamamos derechos reproductivos. Cuando los y
las funcionarias de un Estado ni siquiera saben que los derechos reproductivos son
derechos humanos, o no saben enmarcar la salud reproductiva y sexual en un marco
de derechos humanos, es mucho más probable que se cometan violaciones a los derechos
humanos relacionados con ella. Por eso, uno de los objetivos de este artículo
es demostrar que los derechos reproductivos son derechos humanos.
Aunque, como dije, no todos los casos de mala salud sexual y reproductiva sean
debidos a la violación de derechos humanos, sí se puede decir que la mayoría de los
casos de mala salud sexual y reproductiva de las mujeres son gracias al poco valor
que la sociedad otorga a su vida, salud y bienestar o al hecho de que el paradigma
de un ser saludable es el hombre, blanco, occidental, propietario, heterosexual y sin
discapacidades. Por ende, considero que la mayor parte de los casos de mala salud
sexual y reproductiva de las mujeres son casos de violación a su derecho humano a la
igualdad y no discriminación. El sexismo o las relaciones de género que resultan en
discriminación contra las mujeres juegan un papel muy importante en el desproporcionado
número de mujeres y niñas que sufren de mala salud sexual y reproductiva.
Por ende, somos las mujeres las personas a quienes más se nos violan los derechos
reproductivos. Por ello, somos las mujeres las más necesitadas de que los derechos reproductivos
sean entendidos como derechos humanos.
De los numerosos obstáculos a la salud sexual y reproductiva de ambos sexos solo
unos cuantos están determinados por factores biológicos. En realidad las condiciones
sociales y económicas influyen de modo considerable en la determinación de la
salud sexual y reproductiva de la mujer. La baja condición social de las mujeres de todas
las edades y su poco poder frente a los hombres de su familia o comunidad suele
contribuir a su mala salud sexual y reproductiva. Muchas mujeres sufren violencias
durante el embarazo, que pueden provocar abortos y nacimientos prematuros, y el
peso insuficiente de los recién nacidos. Usos y costumbres, prácticas y creencias
tradicionales en materia de sexualidad generalmente afectan más negativamente a
las mujeres como lo son la mutilación genital, el matrimonio temprano, los abusos
sexuales a niñas, etcétera. Ideas sobre el lugar de la mujer y su sexualidad obstaculizan
la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, como el suministro de
información fiable, y tienen un efecto especialmente nocivo para las adolescentes.
La pobreza guarda relación con la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios
y a los factores determinantes de la salud y ya sabemos que las mujeres son las más
pobres de los pobres.
El planteamiento de estas cuestiones desde una perspectiva de género de los derechos
humanos contribuiría a identificar políticas eficaces, equitativas, igualitarias

Los derechos reproductivos son derechos humanos
y pragmáticas. En otras palabras, abordar estos problemas desde un marco de los
derechos humanos con perspectiva de género ayudaría a desmantelar las barreras
a la salud sexual y reproductiva que sufrimos todas las personas porque al incluir
una perspectiva de género, se estaría tomando en cuenta las diferencias biológicas y
sociales entre hombres y mujeres con el fin de desarrollar políticas y programas que
resultarán en una buena salud sexual y reproductiva para toda la humanidad.
evolución de los derechos humanos:
hacia la inclusión expresa
de los derechos reproductivos
Una característica de los derechos humanos es que son dinámicos y están en permanente
expansión en razón de las demandas de grupos de seres humanos excluidos
de su protección o debido a los avances en el conocimiento humano. Es más, una
constante en la evolución de los derechos humanos, ha sido el hecho de que progresivamente,
tanto desde su teoría como en su práctica, se ha ido profundizando y
ampliando el contenido de cada derecho humano, al tiempo que se sumaban nuevos
derechos como parte integral e indivisible de los derechos humanos reconocidos.
Como ejemplos de esta expansión, profundización o incorporación de nuevos
derechos al derecho internacional de los derechos humanos puedo mencionar las
generaciones de derechos humanos así como la agrupación o reagrupación de algunos
derechos humanos ya reconocidos para conformar un nuevo derecho humano.
Ejemplo de esto último es el derecho a vivir una vida libre de violencia de género que
es el nombre que se le da a la agrupación de varios derechos incluidos en tratados
internacionales de derechos humanos como el derecho a la dignidad, a la integridad,
a la seguridad personal, a estar libre de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes,
etcétera.
Con la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de la realidad y en la
teoría y práctica de los derechos humanos, se han ido ampliando aún más los derechos
humanos para responder a las necesidades e intereses de la población femenina
-un poco más de la mitad de la población humana- que antes de la utilización de la
perspectiva de género para analizar las violaciones a los derechos humanos, estaban
excluidas de su protección. Además, hay que tener presente que los derechos humanos
de las mujeres no atañen a un “sector” de la población sino a todos los sectores
ya que hay personas del sexo femenino en todos y por lo tanto, la expansión de los
derechos humanos a las mujeres significa la más inclusiva ampliación que han sufrido
los derechos humanos en su dinámica historia.
Por otro lado, con la perspectiva de género también se visibilizaron las necesidades
e intereses de los hombres en tanto que género masculino porque la perspectiva
635 3

636 3
dra. alda faCio monteJo
androcéntrica no parte de la visión de los hombres como género sino de los hombres
como estereotipo o como representantes de la humanidad toda. Por ende, las
necesidades de los hombres en tanto género masculino también son invisibilizadas
por la perspectiva androcéntrica debido a que desde esta perspectiva solo se consideran
violaciones a los derechos humanos aquellos actos cometidos en la esfera
pública por agentes del Estado. Así, la nula oferta de vasectomías en condiciones
dignas, por ejemplo, no era considerada una violación a varios derechos humanos de
los hombres, como por ejemplo, su derecho a decidir el número y espaciamiento de
hijos, el derecho a la autonomía reproductiva, etcétera.
Una vez que el androcentrismo en la teoría y práctica de los derechos humanos fue
sustituido por una perspectiva de género, fue fácil entender que los derechos humanos
reconocidos sí incluían los derechos reproductivos. Esto es así porque la perspectiva
de género permitió ver toda una gama de intereses y necesidades humanas,
así como violaciones a los derechos humanos, que eran sentidas mayoritariamente
por mujeres pero también por hombres en cuanto a su género y que por lo tanto no
eran visibles con la perspectiva androcéntrica. Desde una perspectiva androcéntrica,
solo se ven las necesidades e intereses de los hombres en tanto que seres paradigmáticos
de la humanidad o las necesidades e intereses que ellos creen tienen las mujeres,
en tanto que seres no autónomos. Necesidades e intereses como la contracepción,
el aborto, el parto, la esterilización, etcétera. fueron planteadas por las feministas
como temas de derechos humanos porque tenían que ver directamente con la vida y
cuerpos de los seres humanos de sexo femenino. Fue así como se comprendió que el
derecho a la salud, por ejemplo, tenía que incluir el derecho a la salud reproductiva y
sexual si realmente iba a proteger y garantizar la salud de las mujeres también.
Pero hay que recordar que antes de la década de los 90, la mayoría de las ONGs,
Estados, agencias y órganos de Naciones Unidas no utilizaba el sistema de derechos
humanos para promover el adelanto de la condición jurídica y social de las mujeres.
Cierto que antes de esta década existían entidades que se dedicaban exclusivamente
al mejoramiento de las condiciones de las mujeres, pero no lo hacían desde la óptica
de los derechos humanos sino más bien desde una óptica asistencialista o desde el
enfoque del desarrollo. Sin embargo, después de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos en Viena, 1993, la necesidad de trabajar el tema del adelanto de las
mujeres desde el marco de los derechos humanos se hizo obligatoria. Esto llevó
a la comunidad internacional a darse cuenta que tenía la obligación de promover,
proteger y garantizar también los derechos sexuales y reproductivos porque no se
puede hablar de derechos humanos de las mujeres sin hablar de derechos sexuales y
reproductivos ya que de estos depende la vida, salud y bienestar de las mujeres. Es así
que todas las instancias del Estado, incluyendo las de administración de justicia y de
implementación de políticas deben proteger los derechos sexuales y reproductivos
de todas las personas bajo su jurisdicción sin discriminación de ninguna clase.
En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en
El Cairo en 1994, los Estados participantes reconocieron que la salud sexual

Los derechos reproductivos son derechos humanos
y reproductiva es fundamental para las personas, las parejas y las familias, así como
para el desarrollo social y económico de las comunidades y las naciones. La Conferencia
representó la superación de programas de planificación centrados en “la
familia”, situando a la mujer en el centro de un planteamiento integral de la reproducción.
Además, reconoció que la salud reproductiva y sexual tenía que entenderse
en el marco de los derechos humanos desde una perspectiva de género.
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
aprobado por consenso, establece 15 muy importantes principios relacionados
con la salud sexual y reproductiva. El principio 1 da comienzo con la frase: “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Según el principio
8: “Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental. Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios
de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que
incluye la planificación de la familia y la salud sexual”. Además, el capítulo VII, se
titula “Derechos reproductivos y salud reproductiva” con lo cual se hace un vínculo
explícito entre los derechos reproductivos y la salud. El párrafo 7.2 es largo, pero
es tan importante en el desarrollo de los derechos reproductivos como derechos
humanos que lo incluyo completo:
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de
mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva
entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de
procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.
Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información
y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para
la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos
seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de
atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas
las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición
de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto
de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al
evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también
la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y
no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades
de transmisión sexual.
También incluyo completo el párrafo 7.3 porque claramente establece que los derechos
reproductivos son derechos humanos:
Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan
ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los
documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes
de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en
637 3

63
dra. alda faCio monteJo
el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y de cada persona a decidir
libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el
intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho
a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye
su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos
humanos. En el ejercicio de este derecho, las parejas y las personas deben tener en
cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad.
La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de todos debe ser la base
primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud
reproductiva, incluida la planificación de la familia.
Al año siguiente, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en
Beijing, este planteamiento fue ratificado también por consenso agregándose lo siguiente:
“Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva,
y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la
discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias ente la mujer y el hombre
respecto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos
y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias
del comportamiento sexual.”
Vemos así que es fácil comprobar que los derechos reproductivos son parte integral
e indivisible de los derechos humanos pero como la ampliación y profundización
de los derechos humanos en general y de los derechos humanos de las mujeres en
particular, es un proceso dinámico, a continuación se describe cómo los derechos
humanos reconocidos en instrumentos internacionales, incorporan los derechos reproductivos
y como estos han sido definidos por algunas agencias y órganos de la
ONU y de la OEA.
Aquí quisiera advertir que no siempre es posible distinguir los derechos sexuales de
los derechos reproductivos. Si bien la sexualidad y reproducción humanas no son
intercambiables y no siempre van juntas, no siempre es posible saber si estamos
frente a uno u otro tipo de derechos. Por ejemplo, gozar de la sexualidad sin la obligación
de reproducirse o reproducirse sin tener relaciones sexuales pueden ser tanto
un derecho reproductivo como un derecho sexual. El derecho a la educación sexual
es tanto un derecho reproductivo como un derecho sexual. El derecho a la información
sobre la sexualidad incluye el derecho a la información sobre la reproducción y
el derecho a no ser despedida por embarazo es tanto un derecho sexual como uno
reproductivo como también lo es el derecho a no morirse por parto o embarazo. El
derecho a no ser discriminada/o por razones de orientación o preferencia sexual y
muchos derechos de las personas “trans” tal vez sí pueden considerarse solamente derecho
sexuales pero en todo caso, creo que falta más desarrollo doctrinario al respecto.
En este artículo me he circunscrito a los derechos reproductivos porque son los que
jurisprudencialmente están más desarrollados. Espero que estas ideas sirvan para

Los derechos reproductivos son derechos humanos
que se reflexione y escriba más sobre los derechos sexuales, no solo desde la perspectiva
de las personas discriminadas por su sexualidad como lo son las personas
BGLTT, sino también desde las necesidades e intereses de todas las mujeres heterosexuales
que también tienen mucho que perder si estos derechos no se desarrollan
de manera que nos protejan de tantos abusos, explotaciones, exclusiones y discriminaciones
a las que hemos estado sometidas todas las mujeres en este patriarcado
capitalista.
alcance y contenido de los derechos
reproductivos. los doce derechos que conforman
los derechos reproductivos
Aunque fue en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en
Teherán en 1968, cuando por primera vez se habla del derecho humano a determinar
libremente el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos, no fue hasta finales
del siglo pasado, en la Conferencia Mundial Sobre la Población y el Desarrollo,
celebrado en El Cairo, en 1994, que se acuñó el término “derechos reproductivos”
para designar al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva
y más ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre
la reproducción humana así como aquellos que afectan el binomio población-desarrollo
sostenible.
Es más, como ya lo mencioné, en el Programa de Acción del Cairo, se define explícitamente
qué se debe entender por “derechos reproductivos”. Si bien estos derechos
no están explicitados como tales en ningún instrumento legal internacional de derechos
humanos, sí están dispersos en todos y sí hay consenso sobre la aplicabilidad
de los derechos fundamentales en ámbitos de la vida reproductiva. Es por ello que
se puede afirmar que los derechos reproductivos sí están reconocidos internacionalmente
y sí son jurídicamente vinculantes.
Hay que recordar que en el plano internacional las resoluciones finales de órganos
convencionales, adoptadas en el marco de sus atribuciones para recibir y procesar
denuncias, luego de un procedimiento equitativo y que garantice la defensa de los
intereses del Estado que ha aceptado voluntariamente esa competencia, son de cumplimiento
obligatorio por parte del Estado por lo que las y los activistas de derechos
humanos pueden referirse a ellas a la hora de formular una queja, iniciar una campaña
educativa, hacer una investigación. 4
4 Por esta razón se han incluido varias resoluciones sobre derechos reproductivos de los distintos
comités.
63

6400
dra. alda faCio monteJo
Debido al dinamismo inherente a la teoría y práctica de los derechos humanos, el
universo de los derechos reproductivos se está ampliando constantemente. Sin embargo,
por la naturaleza de este documento, se ha delimitado 5 este universo a los
siguientes doce derechos humanos fundamentales 6 ya reconocidos en instrumentos
internacionales, regionales y nacionales:
1. El derecho a la vida que incluye el derecho a no morir por causas evitables relacionadas
con el parto y el embarazo.
Este derecho, al ser indispensable para el ejercicio de todos los demás, está reconocido
explícita o implícitamente en todos los tratados internacionales de derechos
humanos. Además, todos establecen, de una u otra manera, que este derecho debe
ser protegido por ley. Si bien es cierto que hace algunas décadas se interpretaba este
derecho de manera demasiado restrictiva como la prohibición de la privación arbitraria
de la vida, hoy en día se entiende que entraña, entre otras, la obligación Estatal de
crear y garantizar las condiciones necesarias para que los seres humanos no mueran
por causas evitables. Esto quiere decir que el derecho a la vida incluye el derecho que
tienen todas las mujeres a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y
el embarazo. En conclusión, el derecho a la vida incluye el derecho a no morir por
causas evitables relacionadas con el parto y el embarazo.
2. El derecho a la salud que incluye el derecho a la salud reproductiva.
La salud reproductiva fue definida en el Programa de Acción del Cairo como:
un Estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades
o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y
sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad
de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para
decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. Esta última condición lleva
implícito el derecho del hombre y de la mujer a obtener información y de planificación
de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la
fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces,
asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud
que permitan los embarazos y los partos sin riesgos, y den a las parejas las máximas
posibilidades de tener hijos sanos.
5 Derechos humanos como la libertad de tránsito y el debido proceso también pueden interpretarse
como formando parte del universo de los derechos reproductivos, ya que el primero es parte de la
autonomía reproductiva y el segundo es necesario para garantizar todos los derechos.
6 Para el análisis de los derechos que forman el universo de los derechos reproductivos, este documento
se basa en el libro Cuerpo y derecho, del Centro para derechos reproductivos y políticas públicas
(CRLP) y la Facultad de Derechos de la Universidad de Los Andes, Editorial Themis, S.A., Bogotá,
2001, pp. 17-43.

Los derechos reproductivos son derechos humanos
Si el derecho a la salud reproductiva es parte del derecho a la salud, es obvio entonces
que el derecho a la salud reproductiva está garantizado por varios tratados
internacionales, como la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, y el Protocolo Adicional a la Convención
Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador.
3. El derecho a la libertad, seguridad, e integridad personales, que incluye:
• El derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes.
• El derecho a estar libre de violencia basada en el sexo y el género.
• El derecho a vivir libre de la explotación sexual.
Este derecho se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el
artículo 3 como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. En el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está consagrado en el artículo 9
también como el derecho a la libertad y a la seguridad personal y en la Convención
Americana de Derechos Humanos está inscrito en el artículo 5 como el derecho a la
integridad personal que incluye el derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes que su vez incluye el derecho a estar libre
de violencia basada en el sexo y el género, que también abarca el derecho a vivir libre de
la explotación sexual.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará establece específicamente
el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia basada en el sexo o el
género y en su artículo 1 define la violencia contra la mujer como "cualquier acción
o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado".
La violencia de género en sus diversas formas, además de constituir violaciones
directas del derecho a la vida, la dignidad, la integridad corporal y a estar libres de
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, muchas veces también es
una violación de los derechos reproductivos de las mujeres puesto que repercute en
su salud y autonomía reproductiva y sexual. La violencia sexual viola los derechos
reproductivos de las mujeres, en particular sus derechos a la integridad corporal y al
control de su sexualidad y de su capacidad reproductiva. La violencia sexual pone
también en grave riesgo el derecho de la mujer a la salud, incluida su salud física,
psicológica, reproductiva y sexual. Puesto que la violencia sexual ocurre tanto en la
esfera privada como pública y se considera una violación de los derechos humanos
de las mujeres tanto si el perpetrador es un agente del Estado como un particular.
Sobre la explotación sexual y su relación con los derechos reproductivos, hay un vínculo
muy estrecho. Por ejemplo, las mujeres obligadas a la prostitución se encuentran más
expuestas a graves riesgos para la salud, incluidas las enfermedades de transmisión
641

6422
dra. alda faCio monteJo
sexual, incluyendo el SIDA. Aparte de este riesgo de infección por relaciones sexuales
con numerosos clientes, el empleo de inyecciones anticonceptivas en los burdeles
expone aún más a esas mujeres pues se utiliza la misma aguja muchas veces, posiblemente
contaminada. Cuando se contrae el SIDA y otras enfermedades que pueden
dejarlas estériles, estas mujeres pueden verse obligadas a volver a la prostitución
porque en muchas culturas las mujeres estériles o promiscuas, no pueden casarse,
perpetuando así el círculo vicioso de servidumbre sexual.
Es debido a la complejidad del problema de la explotación sexual, que además de la
protección ofrecida por la Convención contra el Tráfico de Personas y la CEDAW,
la Convención de Belém do Pará, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención de los Derechos del Niño y diferentes convenciones contra
la esclavitud proveen un marco de protección muy amplio, en reconocimiento a la
variadísima gama de formas de explotación sexual.
4. El derecho a decidir el número e intervalo de hijos que incluye:
• El derecho a la autonomía reproductiva.
• El derecho a realizar un plan de procreación con asistencia médica o de una
partera reconocida, en un hospital o en un ambiente alternativo.
Este derecho, conocido como el derecho a la autonomía reproductiva, está explícitamente
reconocido en el artículo 16 de la CEDAW, que expone que todas las mujeres
tienen el derecho: "a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los
medios que les permitan ejercer estos derechos". También está reconocido en artículo
3 de la Declaración Universal y en el artículo 7 de la Convención Americana como
el derecho a la libertad que incluye, obviamente, la libertad de decidir cuántos/as y
cuándo tener hijos/as.
El Comité de la CEDAW determinó que este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan
los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a
controlar su fecundidad, y tanto este Comité de la CEDAW como el CDH se han
pronunciado a este respecto al monitorear las obligaciones de varios países latinoamericanos
y caribeños. Particularmente, estos comités han expresado su preocupación
por las denuncias de esterilizaciones involuntarias y métodos anticonceptivos
impuestos sin consentimiento que se han llevado a cabo, generalmente en mujeres
rurales o indígenas.
Los diferentes comités han señalado que el derecho a decidir el número de hijos
está directamente relacionado con el derecho a la vida de la mujer cuando existen
legislaciones prohibitivas o altamente restrictivas en materia de aborto, que generan
altas tasas de mortalidad materna. También es obvio que el derecho a decidir el número
de hijos está directamente relacionado con la capacidad de decidir cuándo y
con quién tener relaciones sexuales. Muchas mujeres aún no tienen esta capacidad.
La intimidación, la coacción, el incesto, la prostitución forzada, la explotación, la

Los derechos reproductivos son derechos humanos
violación sexual y todo ejercicio de poder para conseguir el dominio sexual son algunas
de las circunstancias que inciden en la imposibilidad de la mujer para decidir
sobre cuándo quedar embarazada. En situaciones de conflicto armado, como sucede
en Colombia y ha sucedido en Guatemala, México y otros países de la región, la
violación, la explotación sexual, el embarazo forzado son fenómenos de ocurrencia
frecuente. Ante estos embarazos no deseados, no planeados y hasta forzados,
la mayoría de las mujeres de la región no tienen acceso al aborto y ni siquiera, a la
anticoncepción de emergencia.
5. El derecho a la intimidad que incluye:
• El derecho de toda persona a decidir libremente y sin interferencias arbitrarias,
sobre sus funciones reproductivas.
El derecho a la intimidad se encuentra protegido en diferentes tratados internacionales
de derechos humanos tales la Declaración Universal en su artículo 12, la
Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 16, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17 y en la Convención Americana en
su artículo 11.
En el contexto de los derechos reproductivos, este derecho es violado cuando el
Estado o los particulares interfieren en el derecho de la mujer a tomar decisiones
sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva. Vale la pena resaltar que la Comisión
Europea de Derechos Humanos ha sostenido que las decisiones que cada persona
toma sobre su cuerpo, y particularmente las decisiones sobre la capacidad reproductiva,
recaen en la esfera privada de cada individuo. El CDH también ha establecido la
conexión entre este derecho y el derecho a la igualdad, estableciendo que el derecho
a la igualdad puede verse seriamente afectado cuando los Estados no respetan el
ejercicio del derecho a la intimidad de la mujer y cuando se imponen obstáculos que
limitan la toma de decisiones de las mujeres con respecto a sus funciones reproductivas.
6. El derecho a la igualdad y a la no discriminación que incluye:
• El derecho a la no discriminación en la esfera de la vida y salud reproductiva.
Este derecho es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos reconocidos
en el derecho internacional. Es más, está reconocido en casi todos los tratados
internacionales de derechos humanos: el artículo 2 de La Declaración Universal, los
artículos 2 y 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los artículo 2 y 3 del Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 1 de la
Convención Americana establecen explícitamente la protección a este derecho pero
el principio de igualdad entre mujeres y hombres está implícito en todos los demás.
Sin embargo, es la CEDAW la que de manera comprehensiva elabora y amplía la
noción de discriminación por sexo y establece la obligación de los Estados de garantizar
la igualdad ante la ley.
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dra. alda faCio monteJo
En su Recomendación General No. 24 sobre la mujer y la salud, el Comité de la
CEDAW expresa que:
la obligación de respetar los derechos exige que los Estados Partes se abstengan de poner
trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia
de salud. Los Estados Partes han de informar sobre el modo en que los encargados de
prestar servicios de atención de la salud en los sectores público y privado cumplen con
su obligación de respetar el derecho de la mujer de acceder a la atención médica. Por
ejemplo, los Estados Partes no deben restringir el acceso de la mujer a los servicios de
atención médica ni a los dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización
de su esposo, su compañero, sus padres o las autoridades de salud, por no estar
casada o por su condición de mujer.
Agregando en esta misma recomendación que "las leyes que penalizan ciertas intervenciones
médicas que afectan exclusivamente a la mujer constituyen una barrera
para acceder al cuidado médico que las mujeres necesitan, comprometiendo sus derechos
a la igualdad de género en el área de la salud y violando con ello la obligación
internacional de los Estados de respetar los derechos reconocidos internacionalmente.
En varias observaciones finales el Comité de la CEDAW, así como el CDN, han
insistido sobre su preocupación en cuanto a la situación de discriminación que viven
las mujeres indígenas y rurales en cuanto a la salud reproductiva y en especial, en
cuanto a la esterilización no consentida. También han realizado determinados pronunciamientos
sobre la relación entre los derechos reproductivos de las mujeres y
la discriminación racial o étnica, por discapacidad física o mental y por orientación
sexual.
7. El derecho al matrimonio y a fundar una familia, que incluye:
• El derecho de las mujeres a decidir sobre cuestiones relativas a su función
reproductora en igualdad y sin discriminación.
• El derecho a contraer o no matrimonio.
• El derecho a disolver el matrimonio.
• El derecho a tener capacidad y edad para prestar el consentimiento para contraer
matrimonio y fundar una familia.
De acuerdo con las normas de derechos humanos, el derecho al matrimonio implica
el derecho a contraerlo libremente y a fundar una familia, a disolverlo y a tener capacidad
y edad para prestar el consentimiento.
Gran cantidad de convenciones, declaraciones y recomendaciones dan gran importancia
a la familia y a la situación de igualdad que debería tener la mujer en el seno
de la familia. Entre ellas se cuentan la Declaración Universal, artículo 16, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 16, la Convención sobre la
Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre el consentimiento para el

Los derechos reproductivos son derechos humanos
matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios,
etcétera.
La CEDAW, artículo 16 y la Recomendación General 21 de su Comité también establecen
este derecho. Y en cuanto al derecho a fundar una familia y al rol de la mujer
en ella, la Recomendación 21 establece:
Los Estados Parte deberían velar por que conforme a sus leyes, ambos padres, sin
tener en cuenta su Estado civil o si viven con sus hijos, compartan los derechos y las
obligaciones con respecto a ellos en pie de igualdad. Las obligaciones de la mujer de
tener hijos y criarlos afectan a su derecho a la educación, al empleo y a otras actividades
referentes a su desarrollo personal, además de imponerle una carga de trabajo injusta. El
número y espaciamiento de los hijos repercuten de forma análoga en su vida y también
afectan su salud física y mental, así como la de sus hijos. Por estas razones, la mujer tiene
derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos que tiene (...) La decisión
de tener hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en consulta con el cónyuge y el
compañero, no debe, sin embargo, estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero
o el gobierno (...) Estos derechos deben garantizarse sin tener en cuenta el Estado civil
de la mujer.
La Observación General 28 del CDH también prohíbe la discriminación de la mujer
por su Estado civil y establece la igualdad en derechos y deberes dentro del matrimonio
y en las relaciones familiares. El derecho que enuncia el artículo 16 en el
sentido de que “todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento
de su personalidad jurídica es particularmente pertinente en el caso de la mujer, que
suele verlo vulnerado en razón de su sexo o su Estado civil. Este derecho supone
que no se puede restringir en razón del Estado civil o por otra causa discriminatoria
la capacidad de la mujer para ejercer el derecho de propiedad, concertar un contrato
o ejercer otros derechos civiles...” como son el derecho a decidir sobre su función
reproductiva en libertad y sin coacción.
En este sentido, el CDH, el Comité de la CEDAW y el CDN han recomendado
modificaciones a disposiciones discriminatorias dentro del matrimonio y las relaciones
familiares a todos los países que han presentado informes. El CDH se ha
pronunciado sobre las violaciones al derecho al matrimonio y a fundar una familia
que implican las normas discriminatorias de la mujer en el matrimonio que persisten
en la legislación civil de la mayoría de los Estados latinoamericanos y caribeños así
como la diferencia de edades que se establece como requisito para el matrimonio de
menores. También, en el caso de Chile, el CDH ha dicho que la inexistencia de una
ley de divorcio puede equivaler a una violación del parágrafo 2 del artículo 23 del
Pacto de Derechos Civiles.
En cuanto al matrimonio de menores, muchos estudios demuestran que la maternidad
temprana está relacionada con la edad a la primera unión por lo que permitir que
las jóvenes se casen a edades tan tempranas como 12 años, como sucede en algunos
países de la región, podría ser violatorio de su derecho a la vida.
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8. El derecho al empleo y la seguridad social que incluye:
dra. alda faCio monteJo
• El derecho a la protección legal de la maternidad en materia laboral.
• El derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual.
• El derecho a no ser discriminada por embarazo.
• El derecho a no ser despedida por causa de embarazo.
• El derecho a la protección de la maternidad en materia laboral.
• El derecho a no sufrir discriminaciones labores por embarazo o maternidad.
La CEDAW prohíbe la discriminación por causa de embarazo, artículo 1 y 11 y
establece en su artículo 4 que todas las medidas encaminadas a la protección de la
maternidad no son discriminatorias. El Comité de la CEDAW ha sostenido que la
mujer tiene derecho a condiciones de trabajo justas y favorables. En sus observaciones
finales a varios países de la región este mismo comité ha señalado que a pesar
de existir una protección legal a la maternidad en materia laboral, en muchos casos
esto no se traduce en la práctica, lo que hace que las madres trabajadoras tengan que
enfrentar muchos obstáculos en la consecución y/o mantenimiento de su empleo.
El CDH se pronunció sobre la falta de una ley amplia en algunos países de la región
que prohíba la discriminación en la esfera laboral privada y tanto el CDESC como el
Comité de la CEDAW condenaron la práctica identificada en las maneras de someter
a las mujeres a pruebas de embarazo como requisito para obtener o permanecer en
el empleo.
La Recomendación General 19 de la CEDAW incluye explícitamente el acoso sexual
como una forma de violencia contra la mujer y como trato discriminatorio en el
empleo, instando a los gobiernos a tomar medidas específicas frente a esta problemática.
En este mismo sentido, el CDH ha recomendado a varios países de la región
adoptar la legislación que tipifique el acoso sexual como un delito.
Por su parte, la OIT tiene varios convenios relativos a la protección de la maternidad
que reflejan la evolución sobre el concepto de maternidad. Así, la Recomendación
123 sobre empleo de las mujeres con responsabilidades familiares de 1965, refleja ya
la preocupación producida por las discriminaciones en el empleo padecidas por las
mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares. Y ya para 1981 se adoptó el
Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Este Convenio
se aplica a hombres y mujeres trabajadoras con responsabilidades hacia miembros
de su familia inmediata cuando esas responsabilidades reducen sus posibilidades de
prepararse para, entrar o participar en, o avanzar sus actividades económicas. En él
se reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario
modificar el papel tradicional tanto del hombre como el de la mujer en la sociedad
y en la familia.

Los derechos reproductivos son derechos humanos
9. El derecho a la educación que incluye:
• El derecho a la educación sexual y reproductiva.
• El derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho.
Este derecho incluye el derecho a la educación sexual y reproductiva así como el
derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho.
El derecho a la educación y su relación con los derechos reproductivos puede ser
analizado en diferentes niveles. En un primer nivel, el derecho a la educación básica
es esencial en el contexto de los derechos reproductivos. El acceso de las mujeres a
la educación básica, contribuye a su empoderamiento dentro de su familia y en su
comunidad; a que tome consciencia de sus derechos y le permite acceder en condiciones
de mayor competitividad al mercado laboral.
Así mismo, como el derecho a la educación incluye el derecho a recibir educación
sobre salud reproductiva, esta debería incluir, entre otros, información sobre los
derechos sexuales y reproductivos, sobre el fomento de factores protectores y de
prevención y control de factores de riesgo para una sexualidad y una reproducción
sanas, seguras y responsables y sobre la posición de las diferentes religiones y culturas
sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Además, la educación sexual y reproductiva debería estar enmarcada de forma tal
que se eduque a las mujeres a ejercer su derecho a decidir el número y espaciamiento
de sus hijos de manera libre y responsable y a los hombres a ejercer su sexualidad
y paternidad de manera responsable. Es decir, la educación sexual y reproductiva
no debe estar centrada solamente en la mujer o en aumentar el uso del condón y la
vasectomía por parte de los hombres. “Involucrar a los varones en la salud sexual y
reproductiva no se reduce al uso de medios anticonceptivos. El propósito es promover
una conciencia de igualdad de género en todos los ámbitos y animar a los hombres
para que asuman responsablemente sus roles sexuales, reproductivos, sociales
y familiares.”
Esta nueva concepción de la participación masculina, implica enfrentar barreras culturales
fuertemente arraigadas. Los varones han sido educados en los estereotipos de
la inmediatez en la satisfacción y potencia sexual, en el imperativo de la reproducción
y de la provisión económica. Educar a los hombres para la paternidad es una necesidad
apremiante. Esta educación incluye, no solo asumir la responsabilidad de su
sexualidad sino también, ejercitar y disfrutar la paternidad elegida en forma compartida
con su compañera, durante todas las etapas del proceso de crianza y formación
de los hijos e hijas.
También se puede identificar otro nivel en el que el derecho a la educación se relaciona
de manera directa con el derecho a la no discriminación en relación con los
derechos reproductivos. La CEDAW, artículo. 10, establece el derecho a la educación
de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres en cuanto a acceso,
igualdad en los programas de estudios y opción de carreras profesionales entre otros.
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dra. alda faCio monteJo
Particularmente establece que deben disminuirse las tasas de deserción estudiantil
femenina. En este sentido el Comité de la CEDAW se ha pronunciado reiteradas
veces sobre cómo las expulsiones de los establecimientos educativos, cancelación de
matrículas o asignación de tutores a mujeres jóvenes embarazadas, prohibiéndoles
continuar formando parte de sus grupos de estudio, constituyen una violación del
derecho a la educación y a la igualdad. Por ejemplo, el Comité de la CEDAW pidió
específicamente al gobierno chileno que tomara las medidas necesarias, incluyendo
la expedición de una ley, para prohibir la expulsión de adolescentes de los colegios
públicos y privados por razones de embarazo.
10. El derecho a la información adecuada y oportuna, que incluye:
• El derecho de toda persona a que se le dé información clara sobre su Estado
de salud.
• El derecho a ser informada sobre sus derechos y responsabilidades en materia
de sexualidad y reproducción y acerca de los beneficios, riesgos y efectividad
de los métodos de regulación de la fecundidad y sobre las implicaciones de un
embarazo para cada caso particular.
Este derecho se encuentra regulado en varios textos internacionales, incluyendo el
artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
En la Plataforma de Acción del Cairo, en el capítulo VII, se establecen varias medidas
que deben ser tomadas por los Estados en relación con este derecho entre las
que se encuentra la elaboración de programas innovadores para que todos los adolescentes
y hombres adultos tengan acceso a información, asesoramiento y servicios
de salud reproductiva que incluyan la educación para el hombre sobre su obligación
de compartir las responsabilidades de la planificación de la familia y las labores domésticas
y de crianza de los hijos y para que acepte la responsabilidad de prevenir las
enfermedades de transmisión sexual.
En cuanto al derecho a la información sobre cuestiones relativas a la reproducción
humana, el Comité de la CEDAW, en comunicación no. 4/2004 de A.S. c. Hungría
recordó que según el apartado h) del artículo 10 de la Convención los Estados Partes
deben asegurar a las mujeres el acceso al material informativo específico que
contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y
el asesoramiento sobre planificación de la familia y por ello encontraron que el Estado
Parte infringió ese apartado al no proporcionar información y asesoramiento
sobre planificación de la familia. En esta decisión el Comité citó su recomendación
general no. 21, sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, en
la que se reconoce que, en el contexto de las “prácticas coercitivas que tienen graves
consecuencias para la mujer, como... la esterilización forzada”, a fin de adoptar una
decisión con conocimiento de causa respecto de medidas anticonceptivas seguras y
fiables, las mujeres deben tener “información acerca de las medidas anticonceptivas
y su uso, así como garantías de recibir educación sexual y servicios de planificación
de la familia”.

Los derechos reproductivos son derechos humanos
11. El derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer, que incluye el derecho
a modificar las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las mujeres
y las niñas.
Este derecho se encuentra explicitado en el artículo 2 de la CEDAW, inciso f) y g).
Así como en el inciso a) del artículo 5 y también en el artículo 24 inciso 3 de la Convención
sobre los Derechos del Niño y por supuesto, incluye el derecho a modificar
las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las mujeres y las niñas. La
Plataforma de Acción del Cairo, en su capítulo IV contiene un listado de muchas
acciones que deberían implementar los Estados para cumplir con su obligación de
proteger, promover y respetar este derecho entre las que está la necesidad de fomentar
la ampliación y el fortalecimiento de los grupos de activistas, comunitarios y de
apoyo a la mujer.
En relación a este derecho el Comité de la CEDAW en su Recomendación General
no. 21, señaló lo siguiente:
la poligamia se practica en varios países. La poligamia infringe el derecho de la mujer
a la igualdad con el hombre y puede tener consecuencias emocionales y económicas, tan
graves para ella, al igual que para sus familiares a cargo, que debe desalentarse y prohibirse.
El Comité observa con preocupación que algunos Estados Partes, en cuyas constituciones
se garantiza la igualdad de derechos, permiten la poligamia de conformidad
con el derecho de la persona o el derecho consuetudinario, lo que infringe los derechos
constitucionales de la mujer y viola las disposiciones del apartado a) del artículo 5 de la
Convención (párr. 14).
Según el informe anual de 1999 de la Relatora Especial sobre violencia contra las
mujeres las prácticas que en sí mismas constituyen violencia contra la mujer y que
pueden representar violaciones graves a su derecho a la salud reproductiva son: la
violación, la violencia en el hogar, la mutilación genital femenina, los matrimonios
tempranos y los embarazos precoces, los abortos para la selección del sexo, el infanticidio
de niñas, la trata de mujeres y la prostitución forzosa. Siempre según este
informe, estas prácticas ponen en peligro las libertades y derechos reproductivos de
la mujer y pueden tener consecuencias devastadoras para la salud física y psicológica
por lo que los Estados tienen la obligación de promulgar y aplicar efectivamente
leyes que prohíban y castiguen todas estas prácticas. También tienen la obligación de
diseñar y aplicar políticas y programas para transformar estas prácticas que según la
Relatora son actos de violencia.
12. El derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento para ser objeto de experimentación,
que incluye:
• El derecho a disfrutar del progreso científico en el área de la reproducción
humana.
• El derecho a no ser objeto de experimentación en el área de la reproducción
humana.
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dra. alda faCio monteJo
Este derecho está consagrado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y por supuesto, en la Declaración de la ONU sobre
la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio
de la humanidad. Incluye el derecho a disfrutar del progreso científico en el área
de la reproducción humana, así como el derecho a no ser objeto de experimentación
en esta área, derecho que está explícitamente contemplado en el Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 7.
Los derechos reproductivos asociados al derecho a disfrutar del progreso científico,
especialmente los relacionados con la manipulación genética y fecundidad artificial
tendrán que ser desarrollados con mucha atención a las desigualdades de género,
raza, etnia, edad, clase, etcétera. ya que las nuevas tecnologías reproductivas pueden
dar cabida a muchos tipos de abuso, especialmente de las mujeres más pobres. Por
eso es tan importante entender y trabajar todos los asuntos relacionados con la reproducción
humana en un marco de derechos humanos.
Es más, ante el desafío de cómo poder utilizar los avances científicos para mejorar
la calidad de vida y la salud reproductiva, especialmente la de las mujeres, sin crear
aún más formas de discriminación y violencia en su contra o sin negar la autonomía
reproductiva y dignidad de las mujeres, la solución bien puede encontrarse en los derechos
humanos. El marco de los derechos humanos nos puede ayudar a encontrar
un equilibrio entre la dignidad de la persona humana y el avance científico que ha
ayudado a miles de parejas a procrear. El tema es por demás delicado y precisa ser
tratado en el plano normativo con una técnica interdisciplinaria especial, ya que el
debate trasciende el campo de lo individual o grupal para convertirse en un asunto
que nos compete a todos y todas como seres humanos iguales. Por eso es tan importante
desarrollar más doctrina y jurisprudencia sobre este derecho reproductivo
en particular.
La Declaración de la UNESCO fija conceptualmente los límites a los que deberá
ajustarse la investigación científica referida a la manipulación, dice el artículo 10:
“Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones
en particular en la esfera de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer
sobre el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y de la dignidad
de los individuos o si procede, de grupos de individuos”
la responsabilidad u obligación del estado
frente a los derechos reproductivos
Para cada uno de los doce derechos reproductivos que acabo de analizar, los Estados
tienen tres niveles de obligación: tienen que respetar el derecho, protegerlo y cumplirlo.
Como veremos más adelante en más detalle, respetar un derecho generalmente

Los derechos reproductivos son derechos humanos
significa que el Estado no debe violarlo directamente y debe reconocerlo como derecho
humano. Esto es muy importante para los derechos reproductivos porque
muchos Estados insisten en que no reconocen los derechos reproductivos como
derechos humanos y con ello están violando su obligación de respetar. Proteger
un derecho significa promulgar las leyes y crear los mecanismos para prevenir su
violación. Cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las medidas necesarias
y crear las instituciones y los procedimientos, así como la distribución de recursos,
para permitir que las personas puedan gozar de un derecho.
La teoría y mecanismos de los derechos humanos reconocen que la falta de recursos
y la oposición de grupos religiosos poderosos pueden imposibilitar que un gobierno
cumpla con todos los derechos reproductivos en forma inmediata y completa. En el
tercer nivel de obligación del Estado, el compromiso con el derecho a la salud reproductiva,
por ejemplo, requiere más que la aprobación de una ley. Procura recursos
económicos y humanos, personal capacitado, instalaciones y, sobre todo, una infraestructura
sostenible. Por lo tanto, generalmente se entiende que el cumplimiento de
los derechos, especialmente los económicos, sociales y culturales, se va logrando en
forma progresiva, lo que implica un progreso sostenido hacia un objetivo.
La vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos se realiza en primer lugar
a nivel nacional por parte de los mismos Estados a través de sus instituciones nacionales
de derechos humanos. Si los gobiernos fracasan o no tienen voluntad para
hacerlos cumplir, se puede utilizar el sistema internacional de derechos humanos.
En este punto es muy importante que se entienda que el sistema internacional no
está pensado para castigar a los Estados por su incumplimiento sino para establecer
estándares de conducta que ayuden a los Estados en su obligación de respetar, proteger
y cumplir los derechos humanos.
Además de su obligación legal de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
los Estados son accountable por su implementación así como por su violación
ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional. Como otros conceptos en
inglés este de accountability es un término que no tiene un equivalente preciso en nuestro
idioma. Algunas personas lo traducen como control, otras como fiscalización,
otras como responsabilidad. Sin embargo, en el mundo de los derechos humanos,
la traducción que me parece más cercana, aunque no me termina de gustar, es la
rendición de cuentas.
Pero hay matices que diferencian estos dos conceptos. Mientras accountability conlleva
un sentido claro de obligación, la rendición de cuentas parece sugerir que se trata de un
acto voluntario, de una concesión generosa del que rinde cuentas por voluntad propia,
y no porque esté obligado legalmente a hacerlo. Por eso tal vez lo mejor es decir
que accountability es la rendición obligatoria de cuentas.
Adicionalmente, junto con la rendición de cuentas (por obligación), el concepto de
accountability también incluye la exigencia de cuentas por parte de los derechos habientes
porque en la teoría de los derechos humanos, cada derecho genera obligaciones para
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dra. alda faCio monteJo
el Estado. La idea de accountability en cuanto a los derechos humanos contempla de
antemano a las dos cosas, es decir, la obligación Estatal de rendir cuentas y el derecho
de las personas a exigir que el Estado rinda cuentas.
Y algo muy importante en cuanto a este concepto, es que en su esencia está el diálogo
crítico. La rendición de cuentas no es un derecho de petición. Es un derecho
a la crítica y al diálogo. Y eso es precisamente lo que pasa cuando un Estado rinde
cuentas ante un Comité de derechos humanos. Se produce lo que en la ONU llaman
un diálogo constructivo entre el comité y el Estado parte con el fin de que el
Estado entienda mejor cuáles son sus obligaciones con respecto a cada uno de los
derechos.
Esta cuestión de la rendición de cuentas a menudo produce un malentendido importante.
Aunque los derechos reproductivos, como hemos visto, exigen que se asuman
responsabilidades, eso no significa que todas las personas que trabajan en la esfera
de la salud reproductiva, o en la educación sexual o en los medios de comunicación
tengan la obligación de conseguir que los responsables rindan cuentas; tampoco
significa que todas las y los profesionales de la salud o los organismos especializados
en temas relacionados con la salud o educación sexual o en temas relacionados con
la reproducción humana deban encargarse de vigilar el cumplimiento por parte del
Estado de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos reproductivos.
Lo que significa es que debe haber mecanismos accesibles, transparentes y
efectivos de rendición de cuentas en relación con la educación, la información y salud
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Por ejemplo, el movimiento
en pro de la salud sexual y reproductiva debe estar enterado de los mecanismos que
existan para la rendición de cuentas pero lograrla no debería ser su mayor preocupación.
Como ya lo insinué anteriormente, en la rendición de cuentas por parte de los Estados
a la comunidad internacional, el objetivo no es buscar la culpabilidad o el castigo
de los responsables. La rendición de cuentas es mejor entenderla como un proceso
para determinar lo que funciona (y por lo tanto se puede repetir) y lo que no funciona
(y por lo tanto se puede corregir).
Para determinar si un gobierno está haciendo todo lo posible para asegurar que
los derechos se puedan gozar y ejercer, primero debemos observar el alcance de
sus obligaciones (respetar, proteger, cumplir), y luego las limitaciones permitidas a
cada derecho. A partir de allí es posible comenzar a determinar si ha ocurrido una
violación.
Por eso es tan importante entender que los gobiernos pueden restringir la mayoría
de los derechos legítimamente. Primero porque la mayoría de los derechos no son
absolutos. Los derechos que nunca pueden ser restringidos, aunque se justifique
como una necesidad para el bien público, son el derecho a no ser sometido a torturas
ni a la esclavitud ni a la servidumbre, el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad
de pensamiento y el derecho a la igualdad y no discriminación. En otras palabras,

Los derechos reproductivos son derechos humanos
el orden público puede ser una justificación válida para restringir muchos derechos.
Por ejemplo, la interferencia de un Estado en la libertad de movimiento para limitar
la cantidad de automóviles en determinadas vías o cuando es necesaria para restringir
el acceso a ciertos lugares peligrosos. También la salud pública puede ser una
justificación válida como cuando el Estado impone una cuarentena o aislamiento en
un momento particular debido a una enfermedad contagiosa seria. Estas son restricciones
necesarias para el bien público y por lo tanto podrían considerarse legítimas
según las leyes internacionales de derechos humanos. Los principios básicos que
se deben considerar antes de que un derecho pueda ser legítimamente restringido,
como en los casos mencionados están desarrollados en los Principios de Siracusa. 7
Aunque hay otras exigencias, podría resumir los Principios de Siracusa diciendo que
exigen que para que una limitación sea “necesaria”, esta tiene que a) estar basada
en uno de los motivos que justifican las limitaciones reconocidas por el artículo
pertinente del tratado; b) responder a una necesidad pública o social apremiante;
c) responder a un objetivo legítimo, y d) guardar proporción con este objetivo.
Y volviendo al tema de las obligaciones Estatales, si bien la responsabilidad primaria
corresponde siempre a los gobiernos nacionales, todos los demás gobiernos tienen
la responsabilidad de abstenerse de adoptar medidas que causen violaciones a los
derechos humanos de las personas que habitan fuera de su jurisdicción.
En el contexto de la globalización neoliberal, en que los gobiernos nacionales ya no
disfrutan de un monopolio completo del poder, también es fundamental ampliar las
obligaciones en materia de derechos humanos a otros poderosos agentes, como las
organizaciones internacionales y las empresas transnacionales privadas.
En un intento por mejorar y consolidar la comprensión de las obligaciones que
conllevan los derechos reproductivos, a continuación he tratado de establecer un
marco conceptual que detalla las obligaciones específicas de los Estados pero he
querido hacer énfasis en que también otros poderosos agentes públicos y privados
deben ser llamados a responsabilizarse por los derechos humanos en general y por
los derechos reproductivos en particular. Así, aunque en este artículo me limito a
esbozar las obligaciones de los Estados, quiero dejar claro que los Estados son los
principales pero no únicos obligados legalmente a respetar, proteger y cumplirlos o
garantizarlos.
Aunque la globalización no es un fenómeno nuevo, el alcance de la interdependencia
entre los países es mucho mayor que nunca, lo que significa que las políticas y programas
de un país pueden tener repercusiones sobre el derecho a la salud, la educación,
la vida, la información y todos los demás derechos reproductivos de personas
que viven en otros países. Por tanto los gobiernos deben tomar conciencia de sus
7 Comisión de Derechos Humanos, 41 Período de sesiones, Temas 18 del programa provisional
“Situación de los pactos internacionales de derechos humanos”.
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dra. alda faCio monteJo
responsabilidades extraterritoriales que los obliga a abstenerse de violar los derechos
reproductivos en otros países. No debemos olvidar que en el proceso de privatización
generado por la globalización neoliberal han desempeñado un papel fundamental
organizaciones intergubernamentales como la OMC, el Banco Mundial y el FMI
y por lo tanto deben responsabilizarse por los estragos que dichas privatizaciones
han tenido en el goce de los derechos reproductivos de millones de seres humanos.
La aparición de las empresas transnacionales privadas, que hoy en día tienen mayor
poder económico y financiero que muchos Estados, también requiere la ampliación
de los límites de las obligaciones en materia de derechos reproductivos. Dado el riesgo
de que estos agentes privados abusen de su poder de monopolio, debe exigírseles
que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El poder debe
llevar aparejada la responsabilidad.
El compromiso con los derechos humanos y por ende con los derechos reproductivos
supone que los Estados asuman obligaciones para garantizar que en todo
momento todas las personas puedan disfrutarlos en la medida de lo posible para
cada Estado. Al comprometerse con los doce derechos humanos que conforman
los derechos reproductivos mediante la ratificación de los convenios internacionales
pertinentes, los gobiernos se obligan a respetar, proteger y garantizar o cumplir
estos derechos y eso significa que deben rendir cuentas ante sus poblaciones por la
violación de esas obligaciones. Esos tres niveles de obligación han sido definidos
por varios Comités refieriéndose a derechos específicos. Yo voy a tratar de hacerlo
refiriéndome a los doce derechos humanos que he considerado conforman lo que
podemos llamar derechos reproductivos.
obligación de respetar
La obligación de respetar significa que el Estado primero que nada debe reconocer
la existencia de los derechos reproductivos y no debe privar arbitrariamente a las
personas de cualquiera de ellos en razón de usos y costumbres o creencias religiosas.
Tampoco debe dificultar el acceso de las personas al disfrute de estos derechos. La
obligación de respetar algunos de los derechos reproductivos es una obligación negativa,
puesto que supone un límite del ejercicio del poder por el Estado que pudiera
amenazar el acceso de la población a los servicios de salud reproductiva.
Se produciría una violación de la obligación de respetar si, por ejemplo, el gobierno
suprimiese las disposiciones relativas a la seguridad social sin asegurarse de que
las personas vulnerables dispongan de medios alternativos para cuidar su salud o
privatizara la educación sin asegurarse que los y las niñas puedan recibir una buena
educación sexual y reproductiva en instituciones educativas privadas.
Por ejemplo, en el caso de la salud reproductiva, el deber de respetar obliga a los
Estados a no denegar o limitar la igualdad de acceso a los servicios de salud preventiva,
curativa y paliativa a todas las personas, incluidos las y los presos, las minorías

Los derechos reproductivos son derechos humanos
o mayorías étnicas, las personas con discapacidades, las minorías sexuales, las y los
solicitantes de asilo y las y los inmigrantes ilegales.
El caso “D. c. el Reino Unido” se refería a la intención de las autoridades británicas
de deportar a un hombre agonizante a causa del SIDA a Saint Kitts y Nevis, su país
de origen. D. había sido diagnosticado seropositivo durante su reclusión en una
cárcel del Reino Unido. Solicitó un permiso por compasión para permanecer en el
Reino Unido al final de su condena. Su deportación a Saint Kitts y Nevis lo privaría
del tratamiento médico que recibía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
falló que la retirada abrupta del tratamiento causada por la deportación de D. a Saint
Kitts y Nevis lo expondría a un peligro real de muerte en circunstancias muy angustiantes
y, por lo tanto, equivaldría a trato inhumano. El Tribunal ordenó que D. no
fuera deportado. 8
El caso “K. L. c. el Perú ” 9 se refería a una peruana de 17 años de edad a la que se
negó un aborto terapéutico. Cuando K. L. tenía 14 semanas de embarazo, los médicos
de un hospital público de Lima diagnosticaron que el feto sufría una anencefalía,
anormalidad fetal que pondría en peligro la salud de K. L. si no interrumpía el
embarazo. El Código Penal del Perú permite el aborto terapéutico siempre que sea
necesario para preservar la vida o la salud de la madre. No obstante, el director del
hospital negó a K. L. un aborto terapéutico. Fue obligada a dar a luz y a alimentar al
lactante hasta su inevitable defunción varios días después de nacer. El Comité de Derechos
Humanos dictaminó que, al denegar la petición de aborto de la demandante
conforme al Código Penal del Perú, el Gobierno había incumplido las obligaciones
que le impone el Pacto. El Comité decidió, entre otras cosas, que el Gobierno debía
adoptar medidas para evitar que en el futuro se produzcan violaciones similares. Una
medida podría ser crear un protocolo de atención para guiar a las y los médicos y
otros profesionales de la salud sobre los casos en que el aborto terapéutico es lícito
y debería realizarse.
obligación de proteger
La obligación de proteger significa que el gobierno debe promulgar y aplicar leyes
para que las mujeres y los hombres puedan ejercer sus derechos reproductivos
incluyendo leyes para evitar que personas u organizaciones poderosas conculquen
los derechos reproductivos de las personas marginadas o vulnerabilizadas por las
jerarquías sociales como los y las indígenas, los y las niñas, las personas con discapacidades,
las minorías sexuales, etcétera.
8 Ver también Netherlands, Application no. 13669/03, 24 june 2003.
9 Karen Noelia Llantoy Huamán c. Peru, comunicación no. 1153/2003, UN Doc. CPR/C/85/
D/1153/2003 (2005).
655

656
dra. alda faCio monteJo
La obligación de proteger exige a los Estados que regulen a los agentes no estatales,
especialmente las empresas o las personas que puedan amenazar el derecho de otras
personas. El gobierno también debe establecer órganos para investigar y proporcionar
recursos eficaces, en particular el recurso a la justicia, si se viola cualquiera de
estos derechos.
Por ejemplo, si el gobierno no interviene cuando una empresa poderosa despide a las
mujeres embarazadas, ese gobierno estará incumpliendo la obligación de proteger el
derecho a la maternidad, a no ser discriminada por motivo de maternidad y a no ser
discriminada en el empleo. El gobierno estaría incumpliendo también esa obligación
si no adoptase ninguna medida en el caso de que una escuela privada expulsara a las
adolescentes embarazadas o una empresa contaminase el abastecimiento el agua de
una comunidad y esto afectara la salud reproductiva de las personas. Para proteger
estos derechos, el gobierno también podría tener que adoptar medidas si se negase
a las personas el acceso a ciertos procedimientos que solo ellas necesitan como por
ejemplo el aborto, la esterilización, etcétera. También tendría, por ejemplo, que promulgar
leyes para proteger a las y los consumidores contra productos farmacéuticos
o alimenticios experimentales o peligrosos para la salud reproductiva. Ello podría incluir
la introducción del etiquetado de los fármacos o alimentos o de legislación sobre
la utilización de plaguicidas o sobre los alimentos modificados genéticamente.
En el caso “Consejo Municipal de Ratlam c. Vardi Chand,” 10 el Tribunal Supremo de
la India sostuvo que los municipios tenían el deber de proteger el medio ambiente
en el interés de la salud pública. El Tribunal falló que las sustancias contaminantes
expulsadas por las grandes fábricas eran un obstáculo para el componente de justicia
social del imperio de la ley.
El Tribunal falló que la preservación de la salud pública, que se basaba en la decencia
y la dignidad de las personas, era una faceta no negociable de los derechos humanos
que exigía medidas por parte del Estado.
obligación de garantizar o cumplir
El deber de cumplir o garantizar obliga a los Estados a adoptar las medidas legislativas,
administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole que sean necesarias
para la plena realización de los derechos reproductivos.
El caso “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz c. Perú” 11 , aunque no es un caso
de derechos reproductivos, establece claramente cuál es el derecho de garantizar
10 A.I.R. 1980 S.C. 1622.
11 CIDH, Cantoral Huamaní vs. Perú del 10 de julio de 2007, Serie C, no. 167.

Los derechos reproductivos son derechos humanos
que obliga al Estado con respecto al derecho a la vida una vez que la víctima ha
muerto:
Tal como fue indicado (supra párr. 79), además del deber de respetar los derechos consagrados
en la Convención, el Estado también tiene el deber de garantizar tales derechos.
La Corte ha establecido que “una de las condiciones para garantizar efectivamente los
derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personales es el cumplimiento del
deber de investigar las afectaciones a los mismos, que se deriva del artículo 1.1 de la
Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido
o garantizado.
El deber de garantizar implica la obligación positiva de adopción, por parte del
Estado, de una serie de conductas, dependiendo del derecho sustantivo específico
de que se trate. En el presente caso, cuyos hechos se refieren a la privación ilegítima
de la libertad de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz, seguida del
sometimiento a un tratamiento violatorio de su integridad personal y su posterior
ejecución, la obligación de garantizar los derechos protegidos en los artículos 4, 5 y 7
de la Convención conlleva el deber de investigar los hechos que afectaron tales derechos
sustantivos. La obligación de investigar constituye un medio para garantizar los
derechos protegidos en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, y su incumplimiento
acarrea la responsabilidad internacional del Estado. 12
En el presente caso, la Comisión alegó que el Estado “violó su obligación de garantizar
el derecho a la vida que surge del artículo 4(.1) en conexión con el artículo 1(.1)
de la Convención (...) por no haber investigado y sancionado a los autores materiales
e intelectuales de la ejecución”.
He querido incluir este caso porque nos ayuda a entender que la obligación de garantizar
o cumplir será diferente para cada derecho y dependiendo de las circunstancias.
En este caso, aunque el Estado no haya sido responsable de la tortura y muerte de
las víctimas, sí incumplió su deber de garantizarle a los familiares de las víctimas, una
investigación con la debida diligencia para llegar a la verdad. En otras palabras, el
derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos, obliga al Estado a investigar
las muertes violentas aunque no hayan sido cometidas por agentes del Estado.
En su Observación General no. 14, el comité que vigila el Pacto internacional de los
derechos económicos, sociales y culturales, establece cuál es la obligación de cumplir
12 “Caso Velásquez Rodríguez”, supra nota 54, párrs. 166 y 176; “Caso Godínez Cruz”, Sentencia de
20 de enero de 1989, Serie C, no. 5, párr. 175; “Caso La Cantuta”, supra nota 8, párr. 110; “Caso Masacre
de Pueblo Bello”, supra nota 54, párr. 142; “Caso Vargas Areco”, supra nota 6, párr. 74; “Caso
Goiburú” y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C, no. 153, párr. 88; “Caso Servellón
García y otros”, supra nota 13, párr. 108; “Caso Montero Aranguren y otros” (Retén de Catia), Sentencia
de 5 de julio de 2006. Serie C, no. 150, párr. 66; “Caso Ximenes Lopes”, supra nota 13, párr. 177;
“Caso de la Masacre de Mapiripán”, supra nota 54, párrs. 232 a 234; “Caso de los Niños de la Calle”
(Villagrán Morales y otros), supra nota 6, párr. 225.
657

65
dra. alda faCio monteJo
que tienen los Estados con respecto al derecho a la salud, que debe ser entendido
como incluyendo también el derecho a la salud sexual y reproductiva. A continuación
se cita:
La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Partes reconozcan suficientemente
el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos
nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, y adopten una política nacional
de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud. Los
Estados deben garantizar la atención de la salud, en particular estableciendo programas
de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, y velar por el acceso
igual de todos a los factores determinantes básicos de la salud, como alimentos nutritivos
sanos y agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condiciones
de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe proporcionar servicios
de salud sexual y genésica, incluida la maternidad segura, sobre todo en las zonas rurales.
Los Estados tienen que velar por la apropiada formación de facultativos y demás
personal médico, la existencia de un número suficiente de hospitales, clínicas y otros
centros de salud, así como por la promoción y el apoyo a la creación de instituciones
que prestan asesoramiento y servicios de salud mental, teniendo debidamente en cuenta
la distribución equitativa a lo largo del país. Otras obligaciones incluyen el establecimiento
de un sistema de seguro de salud público, privado o mixto que sea asequible a
todos, el fomento de las investigaciones médicas y la educación en materia de salud, así
como la organización de campañas de información, en particular por lo que se refiere al
VIH/SIDA, la salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales, la violencia en el hogar,
y el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras sustancias nocivas. Los
Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la
salud representan la contaminación del medio ambiente y las enfermedades profesionales,
así como también contra cualquier otra amenaza que se determine mediante datos
epidemiológicos. Con tal fin, los Estados deben formular y aplicar políticas nacionales
con miras a reducir y suprimir la contaminación del aire, el agua y el suelo, incluida la
contaminación causada por metales pesados tales como el plomo procedente de la gasolina.
Asimismo, los Estados Partes deben formular, aplicar y revisar periódicamente
una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes
laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional coherente
en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud.
La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que los Estados adopten medidas
positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades disfrutar del
derecho a la salud. Los Estados Partes también tienen la obligación de cumplir (facilitar)
un derecho específico enunciado en el Pacto en los casos en que los particulares o
los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por
sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición. La obligación de
cumplir (promover) el derecho a la salud requiere que los Estados emprendan actividades
para promover, mantener y restablecer la salud de la población. Entre esas obligaciones
figuran las siguientes: i) fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen
al logro de resultados positivos en materia de salud, por ejemplo la realización de

Los derechos reproductivos son derechos humanos
investigaciones y el suministro de información; ii) velar por que los servicios de salud
sean apropiados desde el punto de vista cultural y el personal sanitario sea formado de
manera que reconozca y responda a las necesidades concretas de los grupos vulnerables
o marginados; iii) velar por que el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la
difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir y la alimentación sanas,
así como acerca de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios;
iv) apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que
respecta a su salud.
Eso sí, si bien los Estados están obligados a garantizar los derechos humanos, la
realización de muchos de los derechos reproductivos, al ser derechos económicos,
sociales y culturales, está sujeta a salvedad en la medida en que deben lograrse de
forma progresiva y en la mayor medida que permitan los recursos disponibles, según
se expresa en el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: “Cada uno de los Estados Partes se compromete a
adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente,
por todos los medios apropiados la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos”.
Esto significa que no se espera que un país de bajos ingresos pueda garantizar inmediatamente
el mismo nivel de prestaciones económicas, sociales y culturales que
puede ofrecer un país de altos ingresos. Sin embargo, hasta el país más pobre está
obligado a garantizar el nivel más alto que permitan sus recursos y, por lo menos, un
nivel básico mínimo de derechos económicos, sociales y culturales.
Además, al rendir cuentas, debe demostrar que hay progreso en la realización de
estos derechos. Es decir, el concepto de “realización progresiva” de algunos de los
derechos reproductivos, no puede utilizarse para justificar la persistencia de la injusticia
y la desigualdad. Ello entraña también el “principio de no regresión”, que
significa que los gobiernos no deben adoptar políticas regresivas que conduzcan al
empeoramiento del acceso al goce de los derechos reproductivos. Así pues, lo que
deben hacer los gobiernos es adoptar un plan de acción con objetivos concretos y
plazos establecidos y vigilar los progresos conseguidos a lo largo del tiempo para
evaluar la realización progresiva. Los esfuerzos nacionales actuales para vigilar la realización
del Objetivo de Desarrollo del Milenio con respecto a la disminución de la
mortalidad materna constituyen un importante paso en esa dirección. Sin embargo,
también debe exigirse a los gobiernos que expliquen y justifiquen cualquier regresión
en la realización de cualquiera de los derechos reproductivos.
En virtud del derecho internacional, la prohibición de discriminar no está sujeta a la
limitación de la realización progresiva. La obligación de no discriminar es un deber
inmediato y la discriminación en el acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo,
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social, como se estipula en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto Internacional de los
65

6600
dra. alda faCio monteJo
derechos económicos, sociales y culturales, no puede justificarse en ninguna circunstancia,
incluido el bajo nivel de recursos.
En otras palabras, si bien muchos elementos de los derechos reproductivos están
sujetos a realización progresiva y a la disponibilidad de recursos, estos derechos
también crean algunas obligaciones de efecto inmediato que no están sujetas a esos
dos factores. Como ya dije, la igualdad de trato entre la mujer y el hombre no está
sujeta a realización progresiva ni a la disponibilidad de recursos. Ningún Estado
puede sostener que no tiene recursos suficientes para prestar servicios a mujeres y
hombres en igualdad de condiciones y que, por lo tanto, por el momento va a brindar
educación sexual y reproductiva solo a los niños, pero progresivamente incluirá
estos cursos para las niñas en los años venideros, a medida que disponga de los
fondos necesarios.
Además, la realización progresiva no significa que un Estado sea libre de adoptar
cualquier medida que, en general, vaya en la buena dirección. Los Estados tienen la
obligación jurídica de adoptar medidas “deliberadas, concretas y encaminadas” a la
realización de los derechos reproductivos para todas y todos. La investigación y la
experiencia confirman que algunas medidas funcionan mejor que otras. Los Estados
están obligados a adoptar las mejores medidas de que dispongan.
Es indispensable seguir tratando de aclarar cuáles son las obligaciones inmediatas
de los Estados con respecto a los derechos reproductivos. Pero aún en a aquellos
casos en que un gobierno de un país de ingresos bajos no tenga recursos suficientes
para cumplir sus obligaciones inmediatas o no en materia de derechos reproductivos,
corresponde a aquellos que estén en condiciones de hacerlo prestarle la asistencia
y cooperación internacionales necesarias para que ese gobierno pueda cumplir sus
obligaciones más urgentes como lo es la reducción de la mortalidad y morbilidad
maternas.
en conclusión
Para concluir quisiera reiterar que los derechos reproductivos y los derechos sexuales,
al igual que todos los otros derechos humanos, están en constante expansión y
profundización debido al carácter dinámico de los mismos. Lamentablemente, los
derechos reproductivos también sufren constantes ataques y retrocesos por parte de
las fuerzas conservadoras y misóginas que no valoran la vida y salud de las mujeres.
Vida y salud que dependen directa o indirectamente del respeto, protección y garantía
de los derechos reproductivos.
La posibilidad de tomar decisiones libres, soberanas y responsables sobre el propio
cuerpo es una condición indispensable para el disfrute de los derechos humanos, y

Los derechos reproductivos son derechos humanos
sin embargo, esto generalmente nos es negado a las mujeres precisamente porque
tenemos el poder de reproducir la especie humana en nuestros propios cuerpos.
Una manera de apropiarnos de nuestros cuerpos es utilizando los instrumentos y la
teoría de los derechos humanos para defendernos de esos ataques y retrocesos. Sin
embargo, como se desprende de este estudio, todavía falta mucha doctrina y jurisprudencia
sobre la mayoría de los derechos que conforman los derechos reproductivos.
Espero que este estudio contribuya a fortalecerlos.
661

662
cUba: Una reVolUción de GÉnero,
cUerPos Y seXUalidades
MsC. Mariela Castro espín
la erosión del patriarcado como paradigma
de poder
CuBa
La Revolución constituyó un proceso de metamorfosis cultural complejo, propiciador
de confrontaciones y diálogos entre generaciones, patrones culturales, clases y
estratos sociales en el que las mujeres fueron simultáneamente beneficiarias y protagonistas.
La primera Ley de Reforma Agraria aprobada en mayo de 1959, entregó la propiedad
de la tierra a mujeres y hombres por igual. Ese mismo año se estableció igualdad
de salarios por igual trabajo para hombres y mujeres. En este nuevo escenario de
amplia participación popular se gestaron las primeras acciones para implementar los
cambios políticos, económicos y sociales que impactaron, sin precedentes, a la familia,
especialmente en sus relaciones intergeneracionales e intergénericas.
En 1960, se constituyó oficialmente la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) como
movimiento organizado y masivo de las mujeres en la sociedad civil, resultante de
la unión de los grupos feministas y de un movimiento heterogéneo de mujeres que
operaban en la isla con diferentes plataformas de acción. Desde entonces la FMC,
articuló un proyecto propio, genuino, de empoderamiento de las mujeres como
sujetos de derecho, con profundo impacto en toda la sociedad, la política y la cultura,
que se ha erigido como una de las fuerzas impulsoras del desarrollo social cubano. 1
1 Fidel Castro Ruz: Informe del Comité Central del PCC al Primer Congreso, Editorial de Ciencias
Sociales, Ciudad de La Habana, 1978, p.171.

Cuba: una revolución de género, cuerpos y sexualidades
Simultáneamente se desarrollaron otras iniciativas de amplia participación popular,
como las movilizaciones militares para defender a la población de agresiones organizadas
desde los Estados Unidos ; las mujeres llegaron a sus casas vestidas de
milicianas y se hicieron cotidianas sus imágenes en este nuevo rol, tanto en el país
como en el extranjero.
La amplia incorporación de la mujer al trabajo y a todo lo que acontecía públicamente
tuvo gran impacto en la sexualidad. La nueva condición social de las mujeres
-que, en consecuencia, modifica la del hombre- cambió el patrón reproductivo real
de 6 hijos a menos de un hijo por mujer aunque la última encuesta nacional de fecundidad
plantea que el ideal reproductivo de la mujer es 2,13 y el de los hombres
2,31.
El nuevo sistema de becas para internados estudiantiles y la eliminación de la enseñanza
privada -la mayor parte controlada por órdenes religiosas- junto a la promulgación
de una educación gratuita, obligatoria y laica, sentaron las bases para contribuir
al deterioro de los antiguos prejuicios raciales, de clase y de género.
En 1965, se institucionalizó el aborto como un servicio del sistema nacional de salud,
de manera gratuita, por manos expertas, en condiciones hospitalarias y bajo el
consentimiento de la mujer. Esto se hizo con el objetivo de disminuir la mortalidad
materna por esta causa, así como el de promover y garantizar el derecho humano de
la mujer a decidir sobre su cuerpo. La violación de estos requisitos quedó penalizada
en 1979.
Como resultado de un proceso participativo liderado por la organización de mujeres,
en 1972, se organizó un grupo multidisciplinario que posteriormente gestó el Programa
Nacional de Educación Sexual.
La importancia de la educación sexual, que había sido reconocida en los acuerdos del
Segundo Congreso de la FMC en 1974, quedó establecida como política de Estado en
los postulados del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1975, sobre
todo en dos de sus resoluciones: “Sobre la formación de la niñez y de la juventud”
2
Ramón Sánchez Parodi: CUBA-USA. Diez tiempos de una relación, Editorial Ocean Sur, La Habana,
2011.
3
Marta Nuñez: “Estrategias cubanas para el empleo femenino en los noventa”, en: www.raco.cat/index.php/papers/article,
2001 (Revisado on line el 4 de enero de 2011).
4
Juan Carlos Alfonso Fraga: “El descenso de la fecundidad en Cuba: de la Primera a la segunda transición
demográfica”, en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662006000100002&script=sci
_arttext#asterisco#asterisco (Revisado on line el 10 de noviembre de 2010).
5
Oficina Nacional de Estadísticas. Principales resultados. Encuesta Nacional de Fecundidad 2009.
Resumen, Edición septiembre 2010, p. 25 en : http://www.one.cu/publicaciones/cepde/enf/
Publicacion%20completa.pdf [revisado on line 11 de julio 2012].
6
Vilma Espín Guillois: “Historia de la Educación Sexual en Cuba”, Conferencia Inaugural: XVI Congreso
Mundial de Sexología, Revista Sexología y Sociedad, año 13, no. 34, 2007, p. 5-17.
3

mSC. mariela CaStro eSpín
y “Sobre el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer”. En esta última se planteó la
necesidad de terminar definitivamente con la discriminación de la mujer y que
la educación sexual forme parte de la educación integral, adecuada a cada etapa de la
vida, tanto en la escuela como en la familia.
Las iniciativas de los 60’s se legitiman en 1975, con la aprobación del Código de
Familia, considerado el más avanzado para su época en todo el continente. Aunque
actualmente se proponen cambios sustanciales a esta normativa, desde su puesta
en vigor, ha promovido los vínculos en la familia basados en el cariño, la ayuda y el
respeto recíproco; así como el cumplimiento de iguales obligaciones y responsabilidades
domésticas y educativas, para hombres y mujeres.
En consecuencia, Cuba fue el primer país en firmar, y el segundo en ratificar, las
obligaciones como Estado Parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
Como en todo el mundo, estos cambios fueron liderados desde las mujeres, pero
los hombres se sintieron compulsados -por la enorme presión social- a aceptar estos
cambios, aunque que muchas veces no los comprendieran. Al mismo tiempo,
la FMC se caracterizó por ser una organización que no propugnaba el ataque ni la
desvalorización de los hombres, como era la tendencia de algunos grupos feministas
en el mundo, se identificaba como una organización de mujeres que, junto a los
hombres, se proponían participar en los procesos de transformación social. 8
el respeto a la libre orientación sexual
y la identidad de género
Cuba es un país de cultura hispano-machista, con una larga tradición homofóbica,
avalada por la religión católica dominante, el Código de Defensa Social español y una
producción científica universal, que estigmatizaba la homosexualidad.
La ciencia médica nacional que la Revolución encontró operaba como un bloque en
contra de una práctica que se consideraba ejemplo de enfermedad, preludio de la
locura y marca de decadencia moral.
7 CEDAW: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against, en: www.
un.org/womenwatch/daw/cedaw/ (Revisado on line el 29 de diciembre de 2010).
8 Espín Guillois, Vilma, “Discurso por el XX aniversario de la creación de la FMC” en La Mujer en
Cuba. Editora Política. La Habana. 1990.

Cuba: una revolución de género, cuerpos y sexualidades
Cuba era un país de tradición católica y ello implicaba el rechazo doctrinal a la homosexualidad,
tanto en las jerarquías de la institución como en sus feligreses. Desde
este ángulo, las derivaciones morales del postulado ideológico sobre el “hombre
nuevo” en esa etapa -reproducida en la variante cubana del socialismo- resultaron
coincidentes, en lo que respecta a las visiones sobre todo lo relacionado con la homosexualidad,
con tradiciones culturales, discursos médicos y jurídicos, transversalizados
por fundamentos religiosos que le precedían.
Paradójicamente, esta confusa coincidencia fue un factor favorable para que, durante
años, el tratamiento a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros)
fuese discriminatorio y excluyente. En este cruce de matrices culturales, en 1965,
surgen las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, conocidas por UMAP.
Concebidas como una modalidad del servicio militar obligatorio, en un contexto de
agresiones permanentes del gobierno de los EE.UU., las UMAP reprodujeron los
patrones homofóbicos, patriarcales y anticlericales que prevalecían en la sociedad
cubana. De manera diferenciada y estigmatizante se establecieron destacamentos
para homosexuales y religiosos. Aunque esta forma de movilización obligatoria para
la defensa del país no fue en modo alguno equivalente a campos de concentración
para homosexuales –tal y como se ha hecho común afirmar en diversos escenarios
mediáticos o espacios académicos–, no hay duda de que esta diferenciación humillante
constituía una práctica lesiva y discriminatoria. Después de una investigación
realizada por el alto mando del Ejército, las UMAP fueron cerradas en 1968.
En una entrevista reciente de Fidel Castro al periódico la Jornada , el líder revolucionario
asumió la responsabilidad de lo que allí sucedió, aunque sería muy superficial
hacer una interpretación literal de su planteamiento. Aún no se ha realizado una
investigación científica rigurosa que lo confirme, ya que existen al respecto criterios
contrapuestos sobre este tema. 10
Las grandes contradicciones de este período se expresaban en que prácticas discriminadoras
contra los homosexuales, como las UMAP, tuviesen su fin a los tres años
de creadas; sin embargo, los prejuicios y la exclusión resurgían en otros espacios
como en el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura de 1971.
Su declaración final llamaba a impedir las oportunidades de empleo para homosexuales
en el ámbito de la educación, la cultura y en los medios de comunicación,
por tratarse de instituciones de sustancial influencia en la formación de niños y jóvenes,
9 Carmen Lira Saade: Entrevista con Fidel Castro, La Jornada, Marzo 31, 2010, p. 26.
10 Marta María Ramírez: Pedir Perdón sería una hipocresía, en http://www.cooperacion-suiza.admin.ch/
cuba/es/Pagina_Principal/Noticias/Vista_detallada?itemID=195685. 2010 (Revisado on line el 10
de enero de 2011).

mSC. mariela CaStro eSpín
en tiempos en que la homosexualidad era considerada un trastorno mental por las
ciencias médicas. 11
A la aplicación de esta directiva se le llamó posteriormente proceso de “parametración”
y “quinquenio gris”. 1 Esta resolución fue abolida en 1975, por orden del Tribunal
Supremo, sobre la base de su carácter inconstitucional; sin embargo, el daño
espiritual a las víctimas de tal arbitrariedad permanece en el tiempo.
En 1976, cambió la política cultural con la creación del Ministerio de Cultura y, desde
entonces, artistas y escritores que padecieron la “parametración” han recibido del
Estado y sus instituciones premios, distinciones y otras formas de reconocimiento
público por su obra.
Desafortunadamente, la homofobia institucionalizada del período inicial revolucionario
ha sido sobredimensionada y ha formado parte de las permanentes campañas
para desacreditar esta experiencia histórica, cuando el escenario internacional presentaba
situaciones similares o incluso peores.
David Carter en su libro Stonewall, las protestas que encendieron la revolución gay escribió
que, en 1961, las leyes que penalizaban la homosexualidad en Estados Unidos eran
más duras que las aplicadas en Cuba, Rusia o Alemania del Este, países usualmente
criticados por el gobierno estadounidense por sus “métodos despóticos”. 1
Aunque se han hecho esfuerzos para ofrecer protección legal a las personas por
su orientación sexual e identidad de género, solo se ha logrado, hasta el momento,
que se despenalice la homosexualidad mediante el Decreto Ley 175 de 1979, en el
cual se excluyó toda referencia que se pudiera interpretar como discriminación por
orientación sexual.
En la actualidad, la Federación de Mujeres Cubanas, junto a otras instituciones y
organizaciones, está abogando por un anteproyecto de ley que modifica el Código
de Familia aprobado en 1975, en el que se incluye un nuevo articulado que norma el
respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, junto al reconocimiento
legal a las parejas del mismo sexo.
11
Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, Casa de las Américas, La Habana,
marzo-abril, 1971.
12
Ambrosio Fornet: “El quinquenio gris: revisitando el término”, Enfoques, IPS, 3 de febrero de 2007.
http://www.cubaalamano.net/sitio/client/article.php?id=8539 (Revisado on line el 2 de julio de
2011).
13
David Carter: “Stonewall, the riots that sparked the gay revolution”, St. Martin´s Griffin, New York,
2004, p. 16.

Cuba: una revolución de género, cuerpos y sexualidades
la educación sexual como política de estado
La educación sexual comenzó a configurarse como política desde etapas tempranas
de la transición socialista en Cuba. En la década de los setenta se crearon las primeras
estructuras encargadas de su desarrollo, como el Grupo Nacional de Trabajo de
Educación Sexual (GNTES, 1972), liderado por la FMC, que desde 1976 se aprobó
como grupo multidisciplinario -asesor de una comisión permanente de trabajo de la
Asamblea Nacional del Poder Popular (nuestro parlamento unicameral). En 1989,
este grupo de especialistas devino en Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX) como institución del Ministerio de Salud Pública, presupuestada por
el Estado.
El CENESEX ha tenido la misión de crear y coordinar el programa nacional de
educación sexual con la participación de organismos de la administración central del
Estado y organizaciones de la sociedad civil. La mayor responsabilidad se estableció
para los Ministerios de Salud, Educación y Cultura, la Federación de Mujeres Cubanas
y la Unión de Jóvenes Comunistas.
Desde entonces, estos vínculos se articulan en una red de comisiones de trabajo
que operan en cada provincia y municipio del país. Sus acciones están centradas en
estrategias comunicativas y de educación sexual, el impulso al trabajo académico y a
la investigación científica, servicios de orientación y terapia sexual, atención integral
a personas trans, atención a víctimas de la violencia de género y abuso sexual infantil,
consejería jurídica en el campo de los derechos sexuales con énfasis en los LGBT,
desarrollo de programas comunitarios y producción editorial y audiovisual.
La política de educación sexual ha pasado por un proceso que se inició con una mirada
biologicista, centrada en las mujeres y su función reproductiva, hasta incorporar
paulatinamente la visión integral, con enfoque de género y diversidad, basada en los
derechos, que caracterizan su etapa actual.
Un hito de particular importancia fue la iniciativa de la Federación de Mujeres Cubanas
de estimular y facilitar la publicación de numerosos libros de autores extranjeros,
entre ellos El hombre y la mujer en la intimidad del sexólogo alemán Siegfried Schnabl,
publicado en 1979, que resultó ser el best-seller del año en el país. En sus páginas, por
primera vez en Cuba, se podía leer la opinión autorizada de un científico afirmando
que la homosexualidad no es una enfermedad.
Aunque el Ministerio de Educación se resistía a la educación sexual en las escuelas,
entre las décadas de los 70’s y los 80’s se introdujeron temas relacionados con la función
reproductiva de la sexualidad en los textos escolares. No fue hasta 1996 que se
crea el programa de educación sexual en la escuela con enfoque de género, bajo el
título Por una Educación Sexual responsable y feliz que ha estado apoyado por numerosas
investigaciones y publicaciones.

mSC. mariela CaStro eSpín
Como el derecho a la salud universal y gratuita estaba mucho más esclarecido en el
imaginario colectivo de la población cubana, y la transexualidad es considerada en el
contexto científico internacional actual como un trastorno mental de identidad de
género, la atención institucional a la transexualidad comenzó de manera gratuita con
un enfoque biomédico dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde 1979.
De esta manera, la primera operación de adecuación genital realizada en Cuba tuvo
lugar en 1988 por médicos cubanos. Sin embargo, fue tal la oposición que ello despertó
en la población, que provocó la suspensión de este procedimiento quirúrgico
durante 20 años. En 2008, bajo la asesoría del CENESEX, se aprobó una resolución
del Ministerio de Salud Pública que legitima los servicios de salud especializados y
gratuitos para la atención a personas transexuales, incluyendo la cirugía de adecua-
1 y 1
ción genital.
El CENESEX comenzó a trabajar desde 2004 en una estrategia nacional de atención
integral a las personas transexuales, que incluye la formación de transexuales, travestis
y transformistas como promotores de salud sexual, con énfasis en la prevención
de las ITS y el VIH. La estrategia fue presentada entre 2005 y 2006 a tres comisiones
permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para sensibilizar en torno
a la necesidad de adoptar iniciativas legislativas que reconozcan los derechos LGBT
como derechos humanos.
Además, el CENESEX ha facilitado la articulación de redes sociales integradas por
la población LGBT para formar activistas por los derechos sexuales. Estas redes han
tenido la peculiaridad de integrar activistas heterosexuales que luchan contra toda
forma de discriminación, por lo cual nos identificamos como movimiento cubano
LGBTIH.
Otras acciones han sido dirigidas al desarrollo de cursos, en temáticas propias de la
educación sexual, para agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, fiscales, jueces,
abogados, dirigentes partidistas y sindicales.
Finalmente, deben ser resaltadas las iniciativas para el debate en el ciberespacio en
la sección de Diversidad Sexual de la página web del CENESEX (www.cenesex.sld.
cu/diversidad.htm), el blog paquitoeldecuba, Boletín Electrónico NotiG con más de
200 ediciones sobre temas del ambiente gay y numerosas iniciativas en la blogosfera
y el ciberespacio.
Un impacto significativo en la movilización de la conciencia social de la población
cubana ha sido la iniciativa de celebrar el 17 de mayo como día internacional contra
14 Mariela Castro Espín: “La atención integral no transexuales en Cuba y su inclusión en las políticas
sociales”, Revista Sexología y Sociedad, 2008, año 14, no. 36.
15 Mariela Castro Espín: “La educación sexual como política de Estado en Cuba: 1959 – 2010”, Revista
Sexología y Sociedad, 2011, año 17, no. 44.

Cuba: una revolución de género, cuerpos y sexualidades
la homofobia desde el año 2007 en diferentes ciudades del país, como parte de las
acciones de una estrategia educativa que promueve el respeto a la libre orientación
sexual e identidad de género para el ejercicio de la justicia y la equidad social. Estas
actividades son coordinadas por el CENESEX, otras instituciones del Estado y organizaciones
de la sociedad civil.
El desarrollo de programas de estudio e investigaciones en las Cátedras de la Mujer
y las de Género (en todas las Universidades del país), en las de Sexología y Sociedad
(en las universidades médicas) y en las de Promoción de Salud y Educación Sexual
(en las universidades pedagógicas), han realizado significativos aportes al Programa
Nacional de Educación Sexual.
La creación de espacios artísticos y culturales, como El Mejunje, hace 28 años en
Santa Clara; el Cine Club Diferente, con una frecuencia mensual desde 2008; numerosas
fiestas y espectáculos que integran el transformismo como fenómeno artístico
en centros estatales y privados, muestran una nueva visión que comienza a emerger
en Cuba en torno a las sexualidades, los géneros y el sentido de justicia hacia la población
LGBT.
Mientras la prensa cubana ha pasado por momentos de participación y otros de
silencio en este proceso, en el ámbito artístico, cinematográfico y literario siempre
espuntaron obras y espacios de diferentes géneros, temáticas y autores, que han expresado
el complejo proceso de cambios en la conciencia social de nuestra población
y las políticas institucionales.
consideraciones finales
En la Cuba de los 60’s, cuando comenzaba su vida la Revolución cubana, se gestó
un proceso de transformaciones profundas que impactaron la organización de la
sociedad y la vida de las personas.
La interacción entre las prácticas y las políticas significó una profunda ruptura en
el control de la familia patriarcal sobre las mujeres, en la reconfiguración de las
relaciones de enamoramiento y de pareja y en las expresiones de la sexualidad heterosexual.
A la vez comenzaron a estremecerse prejuicios e ideales tradicionales, como la virginidad
y su carácter condicionante para el matrimonio, la idea de la pareja para toda la
vida, el papel del hombre como proveedor y jefe de familia, la fidelidad de la mujer y
la infidelidad de los hombres, el rechazo a las relaciones interraciales, los mitos de la
menstruación, la descalificación a las madres solas y a las mujeres solteras.

0
mSC. mariela CaStro eSpín
El proceso emancipatorio de profunda transformación social, desde el paradigma
del socialismo en Cuba, ha constituido la base principal para demostrar la necesidad
de desarticular toda forma de discriminación, dentro de la que se identifica también
la homofobia y la transfobia.
El propósito de la sociedad cubana de alcanzar una sexualidad plena, sana, responsable
y feliz, en el escenario complejo y contradictorio de una revolución basada en
la cooperación, la justicia social y la solidaridad entre los seres humanos, transita por
una etapa de madurez expresada en sus nuevas estrategias y políticas que ponderan
la participación popular como ejercicio de poder democrático y soberano.
El socialismo llama a la participación libre y consciente en un marco de respeto y
dignidad plena al ser humano. Por ser un sistema transgresor del poder hegemónico
demanda grandes sacrificios personales y colectivos, que contemplan también el
derecho al placer y el goce.

la Protección de la diVersidad aFectiVo-seXUal
en eUroPa
introducción
proF. dr. víCtor luis Gutiérrez Castillo
españa
Numerosas iniciativas desarrolladas en los últimos años en el marco de organizaciones
internacionales y de práctica estatal demuestran una creciente sensibilización
hacia los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGTB) en Europa.
No obstante, a pesar de los avances de los últimos decenios, miembros de este
colectivo continúan sufriendo discriminación en nuestro continente en la práctica.
Pese a que en numerosos ámbitos existe la prohibición formal de la discriminación
por razón de la orientación sexual, son varios los Estados que continúan negando el
reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo y la concesión
de derechos civiles igualitarios como la adopción. Incluso más allá de los derechos
que se desarrollan en la esfera privada, se han documentado por algunas ONGs,
violaciones del derecho a la libertad de expresión y reunión en algunos países del este
de Europa, en donde se han prohibido los actos de celebración del 28 de junio con
motivo gaypride o no se ha dispensado la protección adecuada a los manifestantes
frente la irrupción violenta de grupos extremistas.
Ahora bien, a pesar de todo, es justo señalar que la situación de los derechos y libertades
del colectivo LGTB está, poco a poco, cambiando en Europa. Y ello, entre otras
razones, a la actividad desarrollada por organizaciones internacionales de carácter
regional, desde las que se ha ido avanzando en la construcción de una ciudadanía
completa e inclusiva, a través de las resoluciones de sus órganos y la jurisprudencia
de los tribunales internacionales. Con este trabajo se pretende hacer un recorrido
por las principales medidas adoptadas en Europa en el ámbito de la “discriminación
por orientación sexual”, analizando las bases jurídicas de un nuevo orden en esta
materia, al que, como se vereá, han contribuido decisivamente las organizaciones
regionales existentes en el continente.
671

2
prof. dr. ViCtor luiS gutiérrez CaStillo
reflexiones en torno a la protección
de la orientación sexual
La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectada a otra
persona. Es diferente de otros aspectos de la sexualidad como el sexo biológico, la
identidad de género (la sensación biológica de ser hombre o mujer) y el papel social
de género (la observación de normas culturales sobre la actitud masculina y femenina).
La orientación sexual se extiende pues, por una serie de formas diferentes de
sexualidad: de la homosexualidad hasta la heterosexualidad, incluso varias formas
de bisexualidad. Personas bisexuales pueden sentir una atracción sexual, emocional
y afectada a una persona del propio sexo y del sexo opuesto. Se usan los términos
gays (ambos hombres y mujeres) o lesbianas (solamente mujeres) para referirse a las
personas homosexuales.
Ahora bien, es importante distinguir entre orientación sexual de comportamiento sexual,
ya que aquella se refiere a los sentimientos emocionales y al concepto que tiene una
persona de sí misma. Otra cosa bien distinta es el comportamiento, que no siempre
refleja la orientación de la persona. De hecho, es frecuente por razón de presión
social y otras circunstancias, que gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (a partir de
ahora LGBT) oculten en público su orientación a través de su comportamiento. La
orientación sexual es un concepto relativamente nuevo en el área de la ley y práctica
de los derechos humanos y un concepto polémico en la política. Prejuicios, estereotipos
negativos forman gran parte de nuestro sistema de valores y estructura de
pensamiento, lo que explica que hoy día la diversidad sexual siga siendo una cuestión
tabú en algunos ámbitos.
Los temas más importantes en la aproximación legal de la orientación sexual son la
igualdad y la no discriminación. Defensores de los derechos humanos, abogados y
otros activistas intentan asegurar la justicia social y garantizar la dignidad personal
del colectivo LGBT. En muchos países se niega la igualdad de derecho y la igual
protección de la ley a través de provisiones criminales especiales o prácticas sobre
la base de la orientación sexual. A menudo, la ley establece mayor edad legal para
consentir relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en comparación con
la edad legal para parejas de sexo opuesto. Asimismo, es habitual la exclusión de la
categoría orientación sexual en leyes antidiscriminación, constituciones y leyes internas
protectoras de derechos humanos, como si no fuera susceptible de protección. De ahí que
aún existan países (no en Europa) cuyas legislaciones contemplen penas privativas de
libertad, castigos corporales o, incluso, la pena de muerte, para todos/as aquellos/as
que practiquen comportamientos sexuales contrarios a los aceptados por la sociedad.
De hecho, la detención arbitraria de individuos sospechosos de la identidad
homo/bisexual es una realidad en algunos países del mundo, donde a menudo se
carece de un proceso justo por los prejuicios de los jueces. Asimismo, no son pocos
los Estados en los que se niega el derecho a la vida privada por la existencia de leyes

La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa
de sodomía que pueden ser aplicadas a personas LGBT, aun en el caso de relaciones
privadas y consentidas entre adultos. 1
Asimismo, las minorías sexuales padecen limitaciones de libertades y derechos en
el ámbito de los derechos económicos; siendo el derecho al trabajo al más afectado
en la práctica. El derecho a la seguridad y ayuda social está afectado, por ejemplo,
cuando se precisa revelar la identidad del individuo con el que se comparte la vida.
El derecho a la salud física y mental está en conflicto con las políticas y prácticas discriminatorias,
debido a la homofobia de algunos médicos y la falta de la preparación
adecuada de personal de hospitales. Circunstancias todas ellas que, poco a poco, han
ido combatiéndose en Europa gracias a las medidas adoptadas por las principales
organizaciones internacionales de carácter regional existentes en el continente y que,
sin duda, han incidido en las legislaciones nacionales de los diferentes Estados.
la protección de la orientación sexual
en el marco de naciones Unidas
En el marco de Naciones Unidas se han adoptado varios textos destinados a la protección
de derechos humanos que, de forma indirecta, pueden servir para avanzar
en la lucha contra la discriminación por la orientación sexual. Textos antidiscriminación
que, por su diferente naturaleza, tendrán una mayor o menor influencia en la
praxis de los Estados a la hora de garantizar los derechos humanos de forma plena,
incluyendo los relativos a la comunidad LGTB. Especial referencia hay que hacer, en
este contexto, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y a los
convenios sucesivos, que veremos con detenimiento.
El artículo primero de la citada Declaración se establece que “todos los seres humanos
nacen libre e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, siendo los
artículos 2 y 7 los que recogen el principio de igualdad de trato ante la ley, afirmando
que:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, orientación nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa una persona,
1 Para más información puede consultarse UN. AG., “Discriminatory laws and practices and act sof
violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity”, A/HRC/19/41
de 17 de noviembre de 2011.
3

prof. dr. ViCtor luiS gutiérrez CaStillo
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía (artículo 2).
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igualdad protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda diferenciación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (artículo 7).
La unidad y la interdependencia de todos los derechos y de todas libertades proclamados
por la Declaración, contrasta con la enumeración de supuestos en los que,
expresamente, no se puede amparar una discriminación. De hecho, tras leer el texto
parece evidente que en el momento de su redacción existía la preocupación de que
las categorías enumeradas (raza, sexo…) fueran limitadas y quedaran sobrepasadas
en la práctica; de ahí que a través del artículo segundo introdujeran la expresión o
cualquier otra condición, con el fin de proteger a todas las minorías más allá de las expresamente
citadas. Además, la segunda parte del artículo rechaza por anticipado toda
excusa fundada en el estatuto político, jurídico o internacional del país o del territorio del que la
persona es nacional, subrayando de nuevo que la Declaración tiene carácter absolutamente
universal, protegiendo a todos los seres humanos.
Por otra parte, por lo que respecta a los convenios de derechos humanos, también
encontramos textos de los que se deriva una protección más o menos indirecta de
los derechos de la comunidad LGTB. Este es el caso, entre otros, del Convenio 111
relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación de 1958 2 , el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (en adelante, PIDCP, artículo 2,
apartado 26) 3 , la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes 4 o la Convención sobre los derechos del niño de 1989 5 . Textos, todos
2 Dicho convenio -aprobado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (ILO)-, no prohíbe
en sí la discriminación por motivo de la orientación sexual, pero permite a estados miembros
añadir aspectos jurídicos al texto del tratado. Adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo el 19 de junio de 1981 y entró en vigor el 11 de agosto de 1983, de
conformidad con el artículo 11.
3 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de marzo de 1976, de conformidad
con el artículo 49.
4 Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución
39/46, de 10 de diciembre de 1984. Texto que entró en vigor el 26 de junio de 1987, de conformidad
con su artículo 27.1. Este tratado es importante porque en su artículo 1 establece que “a los efectos
de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin
de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
5 Artículo 2 de la Convención prohíbe la discriminación y demanda a los gobiernos proteger a niños
de la discriminación. Esa Convención tendrá importancia en la lucha contra la discriminación de
niños de padres LGTB. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su

La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa
ellos, que han podido servir para amparar los derechos del colectivo LGTB y proteger
al individuo de las discriminaciones por orientación sexual.
En este orden de ideas, los mecanismos de garantía y protección establecidos en los
citados convenios de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y particularmente
la Comisión de Derechos Humanos, abordan cada vez con más frecuencia cuestiones
concernientes a la discriminación fundada sobre la orientación sexual. En este
sentido, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos ha demostrado una
especial sensibilidad a la hora de extender el paraguas de la protección de la “no
discriminación” a personas por su orientación sexual, a través del artículo 26 del
PIDCP, como “otra condición”. Así, en 1994, en el caso Toonen contra Australia 6 ,
el Comité de Derechos Humanos sostuvo que la legislación que penalizaba la homosexualidad
constituía una injerencia ilegal en el derecho a la intimidad, protegido y
garantizado en el artículo 17 del PIDCP y en la garantía de disfrute de este derecho
según el artículo 2.1. De esta manera el Comité dictaminó una violación del artículo 2(1)
y del artículo 17(1), interpretando que la categoría sexo del artículo 2(1) incluía la
orientación sexual 7 .
En relación con este caso, se ha afirmado que hubiese sido más satisfactorio utilizar
la disposición otra condición en los artículos 2 (1) y 26 del PIDCP para dar cobertura de
protección a la orientación sexual, en lugar de incluirlo en la categoría de sexo. Pero, en
cualquier caso y al margen de la oportunidad o no de asimilar la categoría orientación
sexual a la de sexo u otra condición, lo importante a los efectos que nos ocupa es constatar
que la acción de la Comisión ha ido en la dirección de una mayor protección
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad
con el artículo 49.
6 Toonen era un ciudadano gay australiano, residente en el estado de Tasmania, que adujo que los
Artículos 122167 y 123168 del Código Penal de Tasmania, que calificaban la relación sexual entre
hombres de antinatural y de ultraje contra la moral pública, violaban sus derechos a no ser discriminado
(Artículo 2(1) del PIDCP), a la intimidad (Artículo 17 del PIDCP) y a igual protección de la ley
sin discriminación (Artículo 26 del PIDCP).
7 El Estado Parte pidió asesoramiento al Comité sobre la cuestión de si la inclinación sexual puede
considerarse “otra condición social” a los fines del artículo 26. La misma cuestión podría plantearse
en relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto. Sin embargo, el Comité se limita a observar que,
a su juicio, se debe estimar que la referencia al “sexo”, que figura el párrafo 1 del artículo 2 y en el
artículo 26, incluye la inclinación sexual.

prof. dr. ViCtor luiS gutiérrez CaStillo
de la orientación sexual, como dan fe las decisiones adoptadas en los asuntos Young c.
Australia 8 y X c. Colombia 9 .
En este orden de ideas, también son significativas las posiciones seguidas por otros
comités como: el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ha considerado
que la Convención de los Derechos del Niño exige a los Estados adoptar
medidas apropiadas (incluyendo legislativas) para impedir toda discriminación concerniente
a los niños, fundada en la orientación sexual 10 ; el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social, que ha publicado
observaciones sobre la no discriminación en el ejercicio de derechos económicos,
sociales y culturales contenidos en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto Internacional
relativo a Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC) 11 y el
8 Comunicación n° 941/2000, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/941/2000(2003). En el caso de “Young
contra Australia”, el señor Young solicitó una pensión de jubilación como persona dependiente de
un veterano de guerra. El Departamento de Asuntos de Veteranos rehusó considerar su solicitud
debido a que su pareja de 38 años era también un hombre. La ley pertinente establecía que, para ser
“miembro de una pareja”, las personas debían ser del “sexo opuesto”. El señor Young denunció que
estaba siendo discriminado por razón de su orientación sexual. El Comité de Derechos Humanos
falló que el Estado Parte había violado el artículo 26 del PIDCP al denegar a la parte actora una
pensión de jubilación debido a su sexo u orientación sexual. El Comité recordó su jurisprudencia
anterior de que la prohibición de la discriminación según el Artículo 26 se refería asimismo a la
discriminación basada en la orientación sexual. A pesar de apuntar que no todas las distinciones
equivalían a la discriminación prohibida conforme al PIDCP, el Comité observó que el Estado Parte
no había presentado argumentos acerca de cómo esta distinción entre los miembros de una pareja
del mismo sexo -que están excluidos de las prestaciones de pensión de jubilación conforme a la ley-
y los miembros de una pareja heterosexual que no estén casados -a quienes se les conceden dichas
prestaciones- era razonable y objetiva. Tampoco había aportado pruebas que señalasen la existencia
de factores que justificaran dicha distinción. En consecuencia, el Comité dictaminó que el Estado
Parte había violado el Artículo 26 del PIDCP al denegar a la parte actora una pensión de jubilación
basándose en su sexo u orientación sexual.
9 Comunicación no. 1361/2005, U.N. Doc. CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007). El Comité de Derechos
Humanos adoptó una decisión similar en el caso X contra Colombia. El Comité señaló que “la
prohibición de la discriminación según el Artículo 26 incluye también la discriminación basada en
la orientación sexual, [y que] las diferencias en la obtención de prestaciones entre parejas casadas y
parejas no casadas, heterosexuales, eran razonables y objetivas, ya que las parejas en cuestión podían
escoger si contraían o no matrimonio con todas las consecuencias que de ello se derivaban”. El Comité
llegó a la conclusión de que una “víctima de una violación del artículo 26, tiene derecho a un
recurso efectivo, incluso a que se vuelva a examinar su solicitud de una pensión sin discriminación
fundada en motivos de sexo u orientación sexual”.
10 Documento CRC/C/15/Add. 134. El Comité de los Derechos del Niño ha enumerado la orientación
sexual entre las razones prohibidas de discriminación en sus Observaciones Generales relativas
a la salud y el desarrollo de los adolescentes, el VIH / SIDA y los derechos del niño.
11 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha indicado que “en virtud de lo dispuesto
en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3 [del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales], el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de
la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo,
por (...) el estado de salud (incluidos el VIH / SIDA), la orientación sexual (...), que tengan
por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del
derecho a la salud”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General

La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa
Comité contra la Tortura, que ha considerado que la orientación sexual es una de las
razones prohibidas incluidas en el principio de no discriminación.
Ahora bien, más allá de los citados textos (que como hemos dicho, no amparan de
forma directa y literal la protección de las minorías sexuales) y las interpretaciones
realizadas por los comités, también se puede constatar la adopción de medidas y
el desarrollo de iniciativas en el ámbito de Naciones Unidas tendentes a conseguir
este objetivo. Así, por ejemplo, desde abril de 1993 el Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados (ACNUR) 12 ha reconocido al grupo LGTB como miembro de
un grupo social especial según la Convención de Refugiados de 1951 y el Protocolo
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. De hecho, ha publicado una guía en la
que aborda cuestiones de derechos de refugiados relativas a la orientación sexual e
identidad de género 13 . En este sentido, también merecen nuestra atención los informes
sobre orientación sexual realizados por los relatores especiales de la Comisión
de Derechos Humanos 14 y la adopción (con el apoyo de 66 Estados 15 ) de la Declaración
sobre orientación sexual e identidad de género de 18 de diciembre de 2008. La declaración,
originalmente propuesta como resolución, provocó otra declaración en
no. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), párrafo 18. Vid. Etiam
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General no. 15: El derecho al
agua, párrafo 13.
12 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue creado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950. En la práctica el ACNUR
lleva más de 50 años de actividad ininterrumpida porque los conflictos y las crisis de refugiados no
han cesado de presentarse en el mundo, lo que ha significado que el mandato se ha extendido cada
cinco años. En la actualidad, el ACNUR es una las principales agencias humanitarias en el mundo.
El ACNUR cuenta con un Comité Ejecutivo (ExCom) conformado por 76 estados miembros que
se reúnen anualmente en Ginebra, y que se encarga de aprobar los programas del ACNUR, sus
directrices de protección y otras políticas. Además cuenta con un Comité Permanente o “grupo de
trabajo” que se reúne varias veces al año. Anualmente, el Alto Comisionado informa los resultados
del trabajo del ACNUR a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del Consejo Económico
y Social.
13 Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity, November 2008,
http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c22547,48abd5660,0.html.
14 El realizado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias y el que hizo el Relator especial de la Comisión de Derechos
Humanos sobre violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias.
15 Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina,
Brasil, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, República Centro Africana, Chile, Colombia, Croacia, Cuba,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Alemania,
Grecia, Guinea-Bissau, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda,
Nicaragua, Noruega, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Saint-Marin, Sao Tome y Príncipe, Serbia,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, «ex-República Yugoslava de Macedonia», Timor
Oriental, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. En marzo 2009, los EEUU dieron también el apoyo
a esta declaración.

prof. dr. ViCtor luiS gutiérrez CaStillo
sentido opuesto promovida principalmente por Estados islámicos 16 . La declaración
condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el
prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena
los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de
derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos.
Medidas contra la discriminación
por orientación sexual en europa
Sin duda alguna, es el continente europeo donde mayor cuota de protección se ha alcanzado
en derechos humanos del colectivo LGTB. La actividad desarrollada por las
principales organizaciones regionales existentes en el continente, ha sido, a nuestro
juicio, fundamental para el desarrollo y consolidación de esta protección. En especial
destaca la actividad llevada a cabo por la Unión Europea, el Consejo de Europa y la
OSCE. A ella nos referiremos a continuación.
en el seno de la organización para la seguridad
y la cooperación en europa
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha publicado
recientemente numerosos informes y documentos que exponen de manera
analítica ciertos aspectos problemáticos relativos a la discriminación fundada sobre
la orientación sexual o la identidad de género en el seno de los Estados participantes
en la OSCE; siendo buenos ejemplos de lo expuesto el Manual sobre los derechos
del hombre y libertades fundamentales del personal de las fuerzas armadas editado por la
16 Entre los primeros en posicionarse en contra de la declaración se encontró el Vaticano, que en
diciembre de 2008 defendió mediante unas controvertidas afirmaciones, que si la declaración era
ampliamente aceptada se podría forzar a otros países a reconocer el matrimonio entre personas del
mismo sexo. Rusia o China se han negado igualmente a firmar la declaración junto con los países
miembros de la Conferencia Islámica. Además el portavoz sirio leyó una declaración opuesta a
la despenalización de la homosexualidad firmada por 57 países. La declaración respaldada por la
Organización de la Conferencia Islámica (ahora Organización de Cooperación Islámica), rechazó
la idea de que la homosexualidad pueda deberse al código genético y afirmó que la declaración amenaza
con socavar el marco internacional de los derechos humanos. Añadiendo que la declaración
“profundiza en cuestiones que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” y podría
conducir a “la normalización social y, posiblemente, la legitimación, de muchos actos deplorables
incluida la pedofilia”. Además la OCI intentó suprimir la orientación sexual de una resolución formal
propuesta por Suecia donde se condenaban las ejecuciones sumarias.

La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa
OSCE 17 y un importante número de informes como los informes anuales de 2006 y
2007 sobre los Crímenes de odio en los países de la OSCE: incidentes y relaciones, el informe
de 2007-2008 sobre los Defensores de Derechos Humanos en los países de la OSCE: desafíos
y buenas prácticas 18 y, más recientemente, el informe de 9 de marzo de 2009 sobre Las
leyes sobre los crímenes de odio: guía práctica. Documentos e iniciativas, todas ellas, que en
cierta medida, recogen el espíritu de la declaración de la Asamblea Parlamentaria
(Declaración de Ottawa) emitida en 1995 y por la que se demandaba a los Estados
proveer de igual protección a todos sin discriminación.
en el seno del consejo de europa
Como es sabido, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos no menciona
explícitamente la categoría orientación sexual, sino que prohíbe la discriminación por
razón de sexo, raza, color, lengua, religión, opinión política u otras, el origen nacional
o social, la minoría nacional, la fortuna, el nacimiento o cualquier otra situación
(artículo 14 CoEDH). Ahora bien, a pesar de ello no podemos entender excluida de
la protección de este texto la categoría de orientación sexual, ya que supone una lista
abierta, y no enumerativa y cerrada. Por otra parte, como se sabe, dicho articulo 14
siempre hay que ponerlo en relación con otro derecho de la Convención al no ser
artículo autónomo; pudiéndose invocar no solo en relación con los derechos protegidos
por la Convención, sino también en relación derechos protegidos por cláusulas
nacionales, lo que constituye una novedad a partir del Protocolo XII.
La importancia del Convenio en la protección de los derechos del colectivo LGTB
ha quedado puesta de manifiesto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. En este sentido merecen ser destacadas algunas sentencias que
han constituido hitos en la construcción de la igualdad en Europa, como las pronunciadas
en el caso de Dudgeon contra Reino Unido (1981) 19 , “Norris contra Irlanda”
(1988) 20 o “Modinos contra Chipre” (1993). Casos, todos ellos, en los que el
Tribunal declaró que la discriminación penal entre heterosexuales y homosexuales
en relaciones consentidas era contraria al derecho a la vida privada del artículo 8 del
Convenio, dejando así la puerta abierta a la despenalización de la homosexualidad.
Asimismo, el Tribunal ha ido extendiendo la no discriminación por razón de orientación
sexual a ámbitos que trascienden el derecho penal, como el laboral, profesional,
familiar... Así, por ejemplo, con respeto a la discriminación de homosexuales en el
ejército, el Tribunal la consideró contraria al artículo 8 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos (caso “Lustig-Prean” y “Beckett contra Reino Unido”, 2000).
17 http://www.osce.org/item/30553.html.
18 http://www.osce.org/item/35711.html.
19 “Dudgeon c. Royaume-Uni”, arrêt du 22 octobre 1981, serie A no. 45, p. 21, 41.
20 “Norris c. Irlande”, arrêt du 26 octobre 1988, serie A no. 142, p. 18, 38.

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prof. dr. ViCtor luiS gutiérrez CaStillo
Asimismo, el Tribunal también ha amparado la igualdad en el seno familiar en el caso
“Salgueiro da Silva Mouta contra Portugal”, al considerar discriminatoria la decisión
de las autoridades portuguesas de privar a un padre de la custodia de su hija por ser
homosexual. En esta ocasión el Tribunal afirmó que un padre homosexual no puede
ser privado de la custodia de su hijo por su orientación (artículo 8), confirmando así
que el artículo 14 (no discriminación) incluía el concepto de la orientación sexual. 21
De esta forma, además, El Tribunal Europeo ratificaba expresamente la orientación
sexual como categoría prohibida de discriminación, cerrando la posibilidad de que
ésta pudiera ser un motivo de discriminación al constatar en el caso “Salgueiro”
que: “la homosexualidad del demandante era un factor que había sido decisivo en el
dictamen final. Respalda esa conclusión el hecho de que el Tribunal de Apelación, al
dictaminar sobre el derecho de contacto del demandante, le había advertido que no
adoptase una conducta que pudiera dar a entender a su hijo que su padre vivía con
otro hombre ‘en condiciones similares a las de marido y mujer”. 22
En este orden de ideas, es interesante el estudio realizado por el profesor Borrillo en
relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en
materia de protección de la diversidad afectivo-sexual, en el que distingue distintas
fases evolutivas, desde la “penalización” de la homosexualidad a la “criminalización”
de la homofobia. En efecto, como afirma el profesor Borrillo, hace 30 años el Tribunal
Europeo consideraba, por primera vez, contraria a la Convención la penalización
de las relaciones homosexuales entre adultos. Desde entonces y hasta hoy, los jueces
de Estrasburgo no han cesado de alimentar la jurisprudencia en materia de derechos
individuales y familiares de gays y lesbianas. De ahí que, siguiendo a dicho autor,
podamos hablar de cuatro etapas en la jurisprudencia 23 :a) etapa de justificación de
la penalización (1955-1977) 24 , b) etapa de transición (1977-1981) 25 , c) etapa de
21 Puede verse un interesante estudio de esta jurisprudencia en A. RIVAS VAñÓ: “Homosexualidad,
privacidad y discriminación en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Orientaciones, no. 1,
p. 13-41.
22 La traducción es nuestra. Asimismo, el Tribunal denunció que (“existía una diferencia de tratamiento
(...)basada en la orientación sexual del demandante, un concepto que indudablemente aborda el
artículo 14 del Convenio. Al respecto, el Tribunal reitera que la lista enunciada en dicha disposición
es ilustrativa y no exhaustiva, como indican las palabras especialmente por... [“any ground such as..”
(en inglés), y “notamment...” (en francés))”.
23 D. Borrillo: “De la penalización de la homosexualidad a la criminalización de la homofobia : el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la Orientación Sexual”, Revista de Estudios Jurídicos, no. 11,
2011, p. 1.
24 El 10 de octubre de 1955 tuvo lugar primera sentencia de la Comisión Europea de derechos humanos
en materia de homosexualidad. Otras decisiones sucesivas 104/55; 135/55; 167/56; 261/57;
530/59; 600/59; 704/60; 1307/61...
25 Decisión de la Comisión declarando admisible una demanda referente a la homosexualidad (7-07-
1977); Resolución 756 del Consejo de Europa (1981) “relativa a la discriminación de las personas
homosexuales”; Recomendación 934 del Consejo de Europa (1981) “relativa a la discriminación
hacia las personas homosexuales”.

La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa
despenalización parcial (1981-1997) 26 , d) etapa de igualdad (a partir de 1997) 27 y e)
etapa de criminalización de la homofobia 28 .
En el marco del Consejo de Europa también tenemos que tener el cuenta las aportaciones
que suponen en la defensa del colectivo LGTB, la Carta Social Europea de
1961 (tratado que protege los derechos económicos y sociales) y su Comité Europeo
de Derechos Sociales, órgano que examina el cumplimiento de los estados miembros
y oye las opiniones de grupos que tienen un estatuto consultivo, como la Asociación
Internacional de Lesbianas y Gays. Tampoco podemos olvidar la actividad
desarrollada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo en su función de controlar
y observar cómo es la situación de los derechos humanos en los Estados miembros
y los Estados candidatos del Consejo. En este sentido, destacan toda una serie de
resoluciones y recomendaciones relativas a la orientación sexual y a los normas del
Consejo, como la Recomendación 924/1981, la primera con la que se ha intenta determinar
con la discriminación de LGTB. O más recientemente, la Recomendación
CM/Rec (2010) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre medidas
destinadas a combatir la discriminación fundada sobre la orientación sexual o la
identidad de género, adoptada por el Comité de Ministros de 31 de marzo del 2010.
26 “Dudgeon c. Reino Unidoe Irlanda del Norte”, 22-10-1981, “Norris c. Irlanda”, 26-10-1988.,
“Modinos c. Chipre”, 22-04-1993.
27 “Sutherland c. Reino Unido” (Decisión de la Comisión del 1 de julio de 1997), “Laskey, Jaggard y
Brown c. Reino Unido”, 19-02-1997 (relaciones sadomasoquistas), “Lustig, Prean y Beckett c. Reino
Unido”, 27-12-1999 (militar homosexual), “Smith y Grady c. Reino Unido”, 27-12-1999 (militar
homosexual), “Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal”, 21-03- 2000 (pátria potestad), “A.D.T. c. Reino
Unido”, 31-07-2000 (relación homosexual con mas de una persona), “Fretté c. Francia”, 26-05-2002
(adopción), “L y V c. Austria”, 9-01-2003 y “S. L. c. Austria” 09-01-2003 (mayoría sexual), “Karner
c. Austria”, 24-07- 2003 (transferencia del contrato de alquiler), “E.B. c. France”, 22-01-2008 (adopción
plena por un homosexual), “Porubova c. Russia”, 08-10-2009 (media reports about politicians’
homosexuality), “Kozak c. Poland”, 02-03-2010 (transferencia del contrato alquiler), “Alexeyev c.
Russie”, 21-10-2010 (libertad de expresión, marcha gay), “Schalk&Kopf c. Austria”, 24-06-2010
(matrimonio entre personas del mismo sexo, vida familiar), “P.B. & J.S. c. Austria”, 22-07-2010 (seguro
de salud para parejas del mismo sexo), J.M. c. UK, 21.09.2010 (obligación alimentaria hijos en
parejas del mismo sexo), “Santos Couto c. Portugal”, 21-09-2010 (edad para consentir a relaciones
homosexuales).
28 “Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal”, 21-03-2000, TEDH, “Alexeyev c. Russie”, 21-10-2010,
TEDH. En este sentido, también destacan otras medidas (solo sentencias), como el parecer no. 216
(2000) : Proyecto de protocolo no. 12 por el cual la Convención Europea de Derechos Humanos
propone la protección de las personas homosexuales y lésbicas contra la discriminación fundada en
la orientación sexual, la Recomendación CM/Rec (2010)5 del comité de ministros del consejo de
Europa a los Estados miembros sobre medidas tendientes a combatir la discriminación basada en la
orientación sexual y la identidad de género, 31 de febrero de 2010, la Recomendación 1728 (2010) de
la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa sobre la discriminación basada en la orientación
sexual e identidad de género, 29 de marzo de 2010.
1

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en el seno de la Unión europea
prof. dr. ViCtor luiS gutiérrez CaStillo
En el marco de la Unión Europea encontramos, desde sus inicios, una amplia normativa
protectora del principio de igualdad y la no discriminación, aunque con un
marcado aspecto económico. 29 Entre ellas, la que mayor calado supuso fueron las
medidas aprobadas en el año 2000 por el Consejo de la Unión Europea por las
que se adoptaron un marco general en favor de la igualdad de trato en materia de
empleo y de trabajo, cubriendo explícitamente la orientación sexual como causa de
“no discriminación” y planteando, además, una proposición de directiva relativa a
la aplicación del principio de igualdad entre personas sin distinción de religión o de
convicción, discapacidad, edad u orientación sexual en otros ámbitos además del
trabajo.
En efecto, la Directiva 2000/78/CE sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación
30 establece un marco general para garantizar el respeto del principio de igualdad
de trato en materia de empleo y ocupación en todo el territorio de la Unión,
incluyendo a los nacionales de terceros países, independientemente de la religión o
convicción, discapacidad, edad u orientación sexual. Dentro del límite de las competencias
conferidas a la Comunidad, la Directiva tiene un ámbito de aplicación muy
amplio, que afecta tanto al sector público como al privado, las condiciones de acceso
al empleo, la promoción, la formación profesional, las condiciones de empleo y trabajo
29 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de La Unión Europea y el Tratado constitutivo
de La Comunidad Europea (13 de diciembre de 2007); Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo
y Del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad
de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) (5 de julio de
2006); Directiva 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (13 de diciembre de 2004); Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (7 de diciembre de 2000); Directiva 2000/78/CE del
Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación (27 de noviembre de 2000); Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico
(29 de junio de 2000); Declaración del Consejo relativa a la aplicación de la Recomendación de la
Comisión sobre la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (19 de diciembre
de 1991) ; Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, relativa a la protección de la dignidad de
la mujer y del hombre en el trabajo (27 de noviembre de 1991); Directiva 79/7/CEE del Consejo,
relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia de seguridad social (19 de diciembre de 1978); Directiva 76/207/CE, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (9 de febrero de 76).
30 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, DOCE de 2 de diciembre
de 2000. Para un análisis en profundidad de esta Directiva. K. Waaldijk: “Legislation in fifteen EU
Member States against sexual orientation discrimination in employment: the implementation of
Directive 2000/78/EC” en A. Weyembergh y S. Carstocea: The gays’ and lesbians’ rights in an enlarged
European Union, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruselas, 2006, pp. 17-47; K. Waaldijk y M.
Bonini-Baraldi: Sexual orientation discrimination in the European Union, TMC Asser Press, La Haya,
2006.

La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa
(incluidas las de despido y remuneración), así como la pertenencia a organizaciones
de trabajadores o de empresarios. Circunstancias todas ellas que no suponen, sin
embargo, ninguna limitación a los Estados para desarrollar una acción positiva por
parte de los Estados miembros a favor de determinados colectivos. 31
Ahora bien, uno de los avances que supone esta Directiva, es que establece unos
requisitos mínimos para la protección del principio de igualdad de trato, dejando
a los Estados que mantengan o introduzcan disposiciones más favorables para la
consecución de este objetivo. Asimismo, les obliga a suprimir las disposiciones de
sus respectivos ordenamientos jurídicos que violen el principio de igualdad de trato;
lo que ha llevado a las autoridades estatales ha adoptar las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
dicha norma con anterioridad al 2 de diciembre de 2003. 32
El objetivo y ámbito de aplicación de esta norma reviste una especial relevancia
puesto que, tal y como señala en su preámbulo, la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación constituye un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades
para todos y contribuye a la plena participación de toda la ciudadanía en la
vida económica, social y cultural, así como a su desarrollo personal. De este modo,
con la Directiva 2000/78/CE pasan a estar prohibidas en la UE las discriminaciones
salariales y los despidos motivados por las preferencias sexuales de los trabajadores
y trabajadoras, así como el acoso que aún sufren las personas homosexuales en el
entorno laboral. Asimismo, por lo que se refiere a los derechos de las parejas de igual
sexo en el ámbito laboral, se desprende de la Directiva 2000/78/CE que el trato
diferencial entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales no casadas violaría
el principio de igualdad de trato, puesto que se basaría únicamente en la orientación
sexual de los miembros de la unión. Por esta razón, los empresarios presumiblemente
habrán de reconocer las mismas prestaciones a las uniones estables del mismo
sexo que a las parejas no casadas de sexo opuesto. Sin embargo, habida cuenta de la
falta de competencia comunitaria en cuestiones de estado civil, la norma no afecta
a las ventajas que se derivan del matrimonio, por lo que, en principio, la diferencia
31
I. Manzano Barragán: “La protección de las minorías sexuales en la Unión Europea”, RDCE, año 13,
no. 32, 2009, p. 155.
32
El plazo máximo de transposición de la Directiva para los diez nuevos Estados miembros era el 1
de mayo de 2004, fecha de su entrada en la UE, y el 1 de enero de 2007 para Bulgaria y Rumanía.
Examinar la transposición de esta Directiva excede la ambición del presente artículo, por lo que
nos limitaremos aquí a remitir al informe presentado por la Comisión el 19 de junio de 2008 sobre
la aplicación de dicha norma: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “La aplicación de la Directiva
2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación”, COM (2008) 225 final, de 19 de junio de 2008. En el
caso de España, la transposición de la Directiva 2000/78/CE en el ordenamiento jurídico español
se realizó mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social (BOE 313 de 31 de diciembre de 2003).
3

prof. dr. ViCtor luiS gutiérrez CaStillo
de trato entre uniones estables homosexuales y parejas casadas no constituiría una
discriminación por motivo de orientación sexual.
En cualquier caso, dejando a un lado el principio de igualdad entre hombres y mujeres
y el principio de no discriminación por nacionalidad, de larga tradición dentro del
orden jurídico comunitario, conviene recordar que no fue hasta la entrada en vigor
del Tratado de Ámsterdam (1 de mayo de 1999) cuando la Unión Europea adoptó
un enfoque más social y menos orientado a la consecución del mercado interior en
materia de empleo, dando lugar a una importante modificación en los tratados originales.
La aportación de este tratado fue innegable: en primer lugar, porque el Tratado
establecía como principios de la Unión Europea la libertad, la democracia, el Estado
de derecho y el respeto de los derechos humanos, e introducía la posibilidad de
suspender los derechos de aquellos Estados miembros que hubiesen violado grave
y persistentemente dichos principios. En segundo lugar, porque suponía un avance
en la la protección de los derechos de la comunidad LGTB, al incluir el artículo 13
del TCE 33 , que permitiría al Consejo de la Unión Europea adoptar medidas para
combatir la discriminación basada en un conjunto de condiciones, entre las cuales se
encontraba la orientación sexual 34 . Protección que se vería respaldada con el tiempo
por la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada
en Niza en diciembre de 2003, y cuyo artículo 21(1), en el que se prohíbe « ... toda
discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos
o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio,
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual».
Ahora bien, más allá de lo dispuesto en el derecho originario y derivado de la Unión,
especial atención merece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en la que también se ha abordado la cuestión de la orientación
sexual y de la identidad de género, contribuyendo al conjunto de derechos sociales
y económicos de este colectivo. Así, en su sentencia en el caso de la Comisión de
las Comunidades Europeas contra la República Federal de Alemania 35 , el Tribunal
declaró que, al no adoptar todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas
necesarias para cumplir la Directiva del Consejo 2000/78/CE de 27 de
noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato
en el empleo y la ocupación, por lo que se refiere a la discriminación basada en la
33 “Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias
atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar
contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual” (artículo 13.1 TCE).
34 I. Manzano Barragán: Ob. cit., p. 155.
35 Sentencia del Tribunal (Sala Cuarta) de 23 de febrero de 2006, Commission of the European Communities
c. República Federal Alemana, Caso C-43-05.

La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa
religión o creencias, la discapacidad y la orientación sexual, la República Federal de
Alemania había incumplido sus obligaciones conforme a dicha directiva.
Desde entonces, han sido varios los casos en los que el Tribunal ha ido avanzando en
la consagración del principio de igualdad con independencia de la orientación sexual.
En el caso de “P. S. y el Consejo del Condado de Cornwall” 36 , el Tribunal de Justicia
consideró que la discriminación derivada de la reasignación de género constituía una
discriminación por razón de sexo 37 e impedía el despido de una persona transexual
por un motivo relacionado con una reasignación de género 38 , afirmando al respecto
que “tolerar dicha discriminación equivaldría, por lo que a dicha persona se refiere,
a no respetar la dignidad y la libertad a que tiene derecho y que el Tribunal tiene el
deber de proteger”. 39 En el caso de “Sarah Margaret Richards contra el Secretario de
Estado de Trabajo y Pensiones de Reino Unido” 40 , el Tribunal consideró inadmisible
la discriminación que por razón de sexo, había realizado el gobierno británico en
relación con la demanda de una pensión realizada por un transexual. 41 El Tribunal
en esta ocasión citó el caso de “P. contra S. y el Consejo del Condado de Cornwall”
36
Sentencia de 30 de abril de 1996, P. c. S. and Cornwall County Council, Caso C-13/94.
37
Directiva del Consejo 76/207/EEC, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y
a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (Directiva sobre igualdad de trato).
38
La demandante (P.) había trabajado en calidad de director general de un centro de enseñanza gestionado
por el Consejo del Condado, mientras que el demandado (S.) era el responsable del establecimiento.
P. había sido contratado como empleado masculino, pero después informó a S. que tenía
previsto someterse a una reasignación de género para vivir como mujer. La demandante escribió
después a S. confirmando que iba a someterse a una operación de reasignación de género. El consejo
escolar del centro recibió esta información, y durante el verano P. se dio de baja por enfermedad
para que le practicasen un primer tratamiento quirúrgico. En consecuencia, no tardaron en despedirle
con un pre- aviso de tres meses, y se le prohibió que, una vez le diesen el alta, se incorporara como
mujer. La intervención quirúrgica final tuvo lugar antes de que el preaviso expirara. P. presentó una
denuncia y el Tribunal falló que había sufrido discriminación por razón de sexo.
39
Sentencia de 30 de abril de 1996, “P. c S. and Cornwall County Council”, Caso C-13/94, párrafos
21-22, relativo a la discriminación sexual (reasignación de género). El reglamento del Reino Unido
en la material fue emitido en 1999 en cumplimiento de la decisión del Tribunal Europeo de Justicia
en el caso “P. c. S. and Cornwall County Council”. Este reglamento prevé en general que las personas
transexuales no deberán recibir un trato menos favorable en el empleo debido a su condición de
transexuales (antes o después de someterse a una intervención quirúrgica).
40
Sentencia de 27 de abril de 2006, “Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions”,
Caso de C-423/04.
41
El demandante había nacido el 28 de febrero de 1942 e inscrita en el registro como perteneciente al
sexo masculino. Al habérsele diagnosticado una disforia sexual, el 3 de mayo de 2001 se sometió a
una operación quirúrgica de cambio de sexo. El 14 de febrero de 2002 solicitó que se le reconociera
el derecho a una pensión de jubilación a partir del 28 de febrero de 2002, fecha en la que cumplía
60 años, la edad a la que, conforme a la legislación nacional, una mujer nacida antes del 6 de abril
de 1950 podía optar por beneficiarse de dicha pensión. El 12 de marzo de 2002 se desestimó la solicitud
debido a que “había sido presentada más de cuatro años antes de que el solicitante alcanzara
la edad de 65 años”, que es la edad de jubilación para los hombres en el Reino Unido. El Tribunal
consideró que la Directiva del Consejo 79/7/CEE203 se opone a una legislación que no reconoce
la pensión de jubilación, por no haber alcanzado aún la edad de 65 años, a una persona que cambia

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y recordó que el derecho a no ser discriminado por razón de sexo constituye uno
de los derechos humanos fundamentales cuyo respeto debe garantizar el Tribunal
de Justicia 42 , realizando así una interpretación amplia de la Directiva 79/7/CEE 43 y
extendiendo su protección a las discriminaciones por cambio de sexo. El Tribunal
Europeo declaró también en este caso que la desigualdad de trato obedecía a la imposibilidad
en la que se encontraba Sarah Richards, imposibilidad de que se le reconociera
el nuevo género que adquirió como resultado de una intervención quirúrgica
y consecuentemente de que obtuviera su pensión de acuerdo con la Ley de Pensiones
de 1995. A diferencia de las mujeres cuyo género no es el resultado de una operación
quirúrgica de cambio de género, y que pueden ser beneficiarias de una pensión de
jubilación a la edad de 60 años, Sarah Richards no estaba en condiciones de cumplir
uno de los requisitos para acceder a dicha pensión. De ahí que el Tribunal concluyera
que el trato desigual que había sufrido Richards debía ser considerado discriminatorio
y prohibido por el artículo 4(1) de la Directiva del Consejo 79/7/CEE. 44
De estos casos se desprende sin duda que la cuestión de la “identidad de género”
ha sido objeto de una protección considerable por el Tribunal de Justicia, dándole
cobertura en el capítulo de la discriminación basada en el “sexo”. De hecho, a lo
largo de los últimos años se han sucedido sentencias que han ido en este sentido,
consolidando así la protección de los derechos del colectivo LGTB, como es el
caso “Maruko” del 1 de abril de 2008 (donde se reconoce el derecho de uno de los
miembros de una pareja estable del mismo sexo a una pensión de viudez concedida
en el marco de un régimen de previsión profesional) o el caso “Römer c./Freieund
Hansestadt Hamburg ”de 10 de mayo del 2011 (donde se reconoce igualdad en las
del sexo masculino al sexo femenino, cuando esa misma persona habría tenido derecho a tal pensión
a la edad de 60 años si se hubiera considerado que, según el derecho nacional, era mujer.
42 Caso C-13/94, doc. cit., párrafo 19.
43 Directiva del Consejo 79/7/EEC, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (Véanse los
artículos 4,1 y 7,1).
44 El Tribunal recordó asimismo que se debe interpretar que el artículo 4(1) de la Directiva 79/7/EEC
prohíbe la legislación que no reconoce la pensión de jubilación a una persona que cambia del sexo
masculino al sexo femenino por no haber alcanzado aún la edad de 65 años, cuando esa misma
persona habría tenido derecho a dicha pensión a la edad de 60 años si se hubiera considerado que,
según el derecho nacional, era mujer. Caso C-423/04. Véase también el “Caso K.B c. NHS Agency”
en: http://www.pfc.org.uk/node/361. En este caso se afirma literalmente lo que el profesor británico
Stephen Whittle señaló: “…que a una persona transexual que viva de manera permanente con
un nuevo género se le denieguen prestaciones es, en principio, incompatible con las disposiciones
del Artículo 141 CE. El Artículo 141 establece que “cada Estado miembro garantizará la aplicación
del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o
para un trabajo de igual valor.” Esto es aplicable con independencia de que una persona trabaje en el
sector público o en el sector privado, debiendo entenderse por retribución el salario o sueldo normal
de base o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero
o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo”. (http://www.
pfc.org.uk/files/richards-analysis.pdf).

La protección de la diversidad afectivo-sexual en Europa
condiciones de recepción de pensión entre casados y personas del mismo sexo inscritas
como unión civil).
En este orden de ideas y al margen de la actividad propiamente normativa, no podemos
obviar la importancia del Parlamento Europeo 45 en el tema y los programas
diseñados expresamente para la lucha contra la discriminación, como por ejemplo, el
programa de acción contra la discriminación (2001-2006) o el programa de Estocolmo
de la Unión Europea 2 de diciembre de 2009 por el que se adoptaron medidas
contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la homofobia. Asimismo, es interesante
la actividad desarrollada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA), con la publicación de informes sobre estas cuestiones, como
el titulado “Homofobia y Discriminación fundadas sobre la orientación sexual y la
identidad de género”. 46
conclusiones
La afirmación del principio de igualdad constituye uno de los fundamentos de las
democracias occidentales. En Europa la lucha contra todas las formas de discriminación
se ha convertido en el primer programa político de la mayoría de los países,
yendo más allá de la pura conjetura filosófica. A esta realidad han contribuido las
principales organizaciones internacionales de carácter regional del continente europeo
que con sus medidas (resoluciones, recomendaciones, jurisprudencia de tribunales…)
han propiciado la despenalización de la homosexualidad y la conquista de
importantes cuotas de igualdad en el ámbito público y privado. Y es que el colectivo
LGTB no ha cesado de intervenir ante el TEDH y el Tribunal de Justicia de la UE
a efectos de cuestionar las diferentes legislaciones nacionales que, en la práctica,
suponían importantes violaciones del principio de igualdad en ámbito de sus vidas
privadas y familiares.
De esta forma, puede afirmarse que, a pesar de las carencias aún existentes en algunos
Estados europeos (no reconocimiento del matrimonio igualitario en todos
los Estados europeos o las limitaciones en materia de adopción) es evidente que
45 Sirvan como ejemplo, entre otras, las siguientes Resoluciones y Recomendaciones: Resolución del
Parlamento Europeo relativa a la discriminación en el ámbito del trabajo, 13 de marzo de 1984,
Resolución del Parlamento Europeo A3-0028/94 del 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos
de los homosexuales y lesbianas en la Unión Europea, Resolución del Parlamento Europeo
B4-824 y 0852/98 del 17 de diciembre de 1998 referente a la igualdad de derechos para las personas
homosexuales y lésbicas de la Unión Europea, Recomendación del Parlamento Europeo del 5 de
julio del 2001 a favor de los derechos de los homosexuales (en particular las uniones del mismo
sexo), la Resolución del Parlamento Europeo contra la homofobia del 19 de enero del 2006.
46 http://www.fra.europa.eu.

prof. dr. ViCtor luiS gutiérrez CaStillo
estas organizaciones han contribuido (y están contribuyendo) de forma decisiva a la
conformación de un orden social europeo en materia de igualdad, comprensivo de
los derechos y libertades de colectivos, como el de LGTB, marginados tradicionalmente.
Asimismo, todo hace pensar que la evolución de dicha jurisprudencia y de
los actos emanados por las citadas organizaciones regionales, tendrán un decisivo
carácter hermenéutico para el legislador europeo en futuras reformas legales que,
sin duda, contribuirán a la construcción de una ciudadanía plena e inclusiva de todos
los individuos.

los FUeros de la HeteroseXUalidad en sU ocaso
introducción
proF. José GaBilondo
estados unidos
Primero, tengo que reconocer a Yamila, Mariela y Macarena por este trabajo tan importante
e innovador que están haciendo. También, como cubano, jurista, y persona
gay, quisiera reconocer lo mucho que significa para mí el poder presentarme ante
ustedes. Quisiera hacer dos aclaraciones sobre mi ponencia. Primero, mi método ha
sido siempre enfocarme en el estudio de la heterosexualidad y no de la homosexualidad.
Así pongo en marcha las advertencias hechas por Edward Said que al estudiar
algo, uno lo constituye como objeto. 1 Eso implica ejercer un dominio sobre el tema,
excluyendo algunos aspectos y enfatizando otros. Los homosexuales ya hemos sido
estudiados y clasificados bastante, principalmente de una manera parcial y despectiva,
pero también más recientemente usando ópticas que son más amistosas. Pero
incluso cuando el propósito es ayudar, el hecho de enfocarse en lo gay -como si fuera
una problemática- también puede implicar una relación de dominación conceptual.
En cambio, debemos interrogar a fondo la institucionalidad de la heterosexualidad
como construcción social y aparato nefasto del poder. Hasta ahora la identidad heterosexual
se ha entendido como un fenómeno que existe antes y aparte de lo socialmente
pactado, logrando así disimular su naturaleza verdadera como artefacto
humano. Por ende, mi tarea analítica ha sido siempre poner en relieve lo intencional
y fabricado de lo heterosexual, en particular su dimensión jurídica que coercita y
disciplina.
La segunda aclaración es que hoy hablo del sistema jurídico estadounidense. Al venir
de la “Yuma” mis observaciones nacen más que nada de esa cultura tan particular.
6

0
proF. José GaBilondo
También reflejan mi orientación como feminista y jurista. No obstante, lo que digo
hoy también pudiera aplicarse a las polémicas desatadas en otros lugares por la incipiente
equiparación de las minorías sexuales, particularmente en sociedades donde
son los tribunales que encabezan la batalla contra la discriminación anti-gay.
la crisis de la Heterosexualidad
El título de mi ponencia es “Los Fueros de la Heterosexualidad en su Ocaso.” La
titulo así porque me parece que la heterosexualidad ha entrado en una crisis de fondo
de la cual no sale ilesa. Cuando se recupere, ya habrá perdido mucha de su fuerza
como norma obligatoria. Lo que quiero hacer hoy es explicar esta crisis, analizar el
papel que las instituciones del derecho han jugado en reforzar y ahora desbaratar la
hegemonía heterosexual, y dar dos ejemplos de cómo esta crisis está evolucionando
en el campo del derecho. Básicamente, después de haber sido fieles seguidores de
la heterosexualidad, las instituciones del derecho han traicionado a su antiguo amo.
Debemos aprovechar esta brecha para aclarar lo que está verdaderamente en juego
en la campaña contra la discriminación.
Empecemos con una definición: por ‘heterosexualidad’ no me refiero a la conducta
sexual entre hombre y mujer incluyendo el coito y las otras expresiones de ese deseo
y a los lazos afectivos que -ojalá- rodeen esta conducta. Esta definición aparta
la conducta sexual del marco normativo que le da la trascendencia social a la cual
nos hemos acostumbrado. Este marco normativo -los mecanismos de la coerción y
la obligatoriedad- convierte este régimen de deseo en una institución hegemónica.
Su disciplina cae fuertemente no solo sobre los mismos heterosexuales pero particularmente
contra aquellos que al amar a alguien del mismo sexo quedan fuera del
juego. Un día podrá haber una heterosexualidad que no se base en la coerción social.
Ojalá que llegue pronto y que nuestros esfuerzos aceleren su llegada. Hasta entonces
estaremos justificados -si queremos usar el idioma como arma política- en hablar
del heterosexual como si fuera lo mismo del hetero-normativo. Esta confusión de
las dos cosas (la heterosexualidad y la hetero-normatividad) no tiene que ser, pero
hasta ahora ha sido. Al seguir confundiendo ambas adrede ponemos presión sobre
los heterosexuales que se quieren apartar de las dimensiones más brutales de su
identidad.
La hegemonía de la heterosexualidad es material y simbólica. 1 Por material, me refiero
a las trincheras de la sociedad civil; el matrimonio, la familia, la iglesia, y la cultura.
Hasta hace poco, estas instituciones apoyaban a la heterosexualidad solidariamente.
1 Abarqué este tema por la primera vez en un ensayo que ofrecía materiales educacionales contra la
homofóbia. José Gabilondo: “Asking The Straight Question: How to Come To Speech In Spite of
Conceptual Liquidation As A Homosexual”, Wisconsin Journal of Law, Gender, and Society 2006.

Los fueros de la heterosexualidad en su ocaso
Pasó lo mismo con lo simbólico, de lo cual dos aspectos me parecen importantes. El
idioma es uno. La palabra es el marco del pensamiento. Lo que tiene que hacer un
homosexual que quiere salir de estas casillas es decir “Oye, quiero intervenir a pesar
de nuestro sistema simbólico. ¡Existo! ¡Estoy aquí! ¡Escuchen!” La práctica de salir
del closet es un ejemplo de una declaración.
El segundo aspecto simbólico importante es el conjunto de instituciones oficiales
que ostentan su poder a través de la figura de la autoridad. El sistema de las autoridades
ha sido siempre la primera fila contra las minorías sexuales. Este punto es
esencial porque el meollo de la crisis heterosexual es que son estas supuestas autoridades
quienes se han desacreditado por sí mismas: las iglesias, los médicos, los
juristas, los dirigentes, los académicos, y los historiadores para mencionar algunas de
las más importantes.
Aunque su forma varíe, cada una de estas autoridades ha mostrado su parcialidad
hacia lo gay. La historia ha sido cómplice en dar una versión oficial que suprime la
existencia homosexual. Las instituciones jurídicas han promovido la discriminación
y hostigamiento contra el homosexual, contribuyendo a su reclusión social y dando
forma institucional a la fantasía de que desaparezcamos del mundo. El clero no
ha solamente ignorado las necesidades espirituales del homosexual pero -lo que es
todavía peor- también ha facilitado el rechazo oficial y por parte de la familia de los
homosexuales. Esto de la familia es muy importante. Aunque los miembros de otras
minorías encuentren refugio del hostigamiento social dentro de sus propias familias,
para muchos homosexuales -particularmente cuando son jóvenes- sus familias también
participan en ese rechazo, haciéndolo más amargo y peligroso.
Nosotros nos sometemos a la autoridad creyendo en su competencia. Pero estos
defectos por parte de estas instituciones constituyen una delincuencia moral, poniendo
en entre dicho la validez de estas supuestas autoridades. Las mismas -al darse
cuenta que las fundaciones de su legitimidad tiemblan- perciben un desafío mortal
a sus fueros homofóbicos. Como un animal sin salida, las autoridades van a buscar
estrategias distintas para retener o recuperar su legitimidad. Algunos negarán que
existe esta crisis mientras que otros negarán que discriminaron entusiásticamente en
el pasado. Desacatemos sin clemencia el fraude de autoridad hasta que se adecuen a
la realidad social o renuncien su carga dando paso para un líder ético.
Como sabemos, nacer y vivir en un sistema como este deja secuelas en la persona
homosexual. Desde hace poco hay ambientes privilegiados donde una persona homosexual
puede vivir amparado por su familia y la sociedad local sin sentirse como
un recluido social. Pero estos siguen siendo excepciones a lo que todavía continua
como la regla general de menospreciar el homosexual en comparación con el ideal
heterosexual.
Lo que han tenido que hacer los homosexuales es educar a la sociedad, convirtiendo
parte de la vida en una jornada contra la homofobia, o sea una campaña de alfabetización
cultural. La campaña consiste en la práctica reiterada por parte de la minoría
1

2
proF. José GaBilondo
sexual de “salir del closet” (“coming out”) anunciando su identidad sexual a la familia
y a la sociedad. Sencillamente consiste en decir “Existo” y reiterar esa declaración
enfrente a la negación igualmente reiterada por parte de su público heterosexual. El
patrón ha sido así:
Homosexual: “Existo”
Autoridad: “No”
Homosexual: “Existo”
Autoridad: “No”
Homosexual: “Existo”
Autoridad: “No”
Homosexual: “Existo”
Autoridad: “Bueno…quizás, pero a ver cómo y en cuáles condiciones que yo impondré.”
Las prácticas de salir del closet se han convertido en una contra-institución. El efecto
agregado de que tantas personas salieran del closet ha provocado una crisis feroz
dentro del ordenamiento heterosexual. A través de esta crisis, al final hemos logrado
un pequeño espacio social, un modesto reconocimiento del hecho ontológico de
existir y haber existido en algún pasado, aunque la historiografía heterosexista sigue
poniendo trabas si intentamos hallarnos en el pasado. La crisis en la heterosexualidad
se prende de este pequeño reconocimiento porque –aunque sea modesto– deja
grietas en la hegemonía heterosexual. Por estas grietas se vislumbre los comienzos
de la restructuración de la sociedad.
el Papel del derecho – creador y destruidor
de la Hegemonía
Para entender esta crisis, hay que ver cómo el derecho le ha dado forma y vigor a
la hegemonía heterosexual. El derecho trabaja muy asiduamente en favor de la heterosexualidad.
Como hace la Academia Real de la Lengua con el idioma español,
el derecho a la heterosexualidad lo limpia, fija, y da esplendor. Esto consiste en
autorizar, acreditar, codificar, definir, y depurar la heterosexualidad para que se vaya
convirtiendo de un deseo -banal e irrelevante como cualquier otro- a una institución
supuestamente moral con carácter universal. En realidad, el derecho es la piedra
angular de la condición heterosexual, algo que trae consigo tanto ventajas como
desventajas.
El derecho hace esto a través de sus diversas manifestaciones; en particular todo
que tenga que ver con la familia y la reproducción física de la sociedad. Es a través

Los fueros de la heterosexualidad en su ocaso
de esta reproducción física que reproduce la hegemonía de la heterosexualidad. 2 El
derecho logra esto por clasificar las conductas sexuales e íntimas, jerarquizándolas,
en una relación en la cual lo heterosexual es lo supremo. El derecho también excluye,
logrando que ciertas ideas, sensibilidades, y anhelos queden permanentemente relegados
fuera del orden social. Es por esto que las campañas de visibilización a través
de “salir del closet” han tenido tantas repercusiones.
El derecho presume imponer esta hegemonía no solamente en la familia, pero también
en las diversas áreas de la vida social. Se trata de la parametrización de la consciencia,
el saber, y lo social por la métrica de la heterosexualidad. Como consecuencias
de estos procesos de definición, construcción social, y fiscalización, la persona
con una orientación heterosexual nace y vive empapado en un ambiente normativo.
Sin darse cuenta de ello, esta persona -metida en este caldo de cultivo- absorbe esta
dinámica de normatividad, volviéndose no solamente producto de él sino también
operador de lo mismo en una cadena de reproducción física y social. Los heterosexuales
gozan de cierto espacio para variar, pero es siempre dentro de estos parámetros.
Repitiendo y ampliando estos procesos, se va hilando la hegemonía heterosexual no
solamente a través del individuo heterosexual pero también en su núcleo familiar y
por extensión en la sociedad en general. Cuando entramos en escena, el proyecto de
la heterosexualidad ya ha adquirido su impulso -como un juggernaut imparable- pero
esto no es un movimiento natural. El impulso viene de algún lugar. El propósito de
estudiar la heterosexualidad es entenderla como una obra social masiva, producto
de la coordinación e inversión de recursos destinados para procurar que el proyecto
siga bien canalizado. Es clave que reconozcamos el carácter concertado de la heterosexualidad,
porque parte de su supuesta universalidad deriva de la idea que es
un fenómeno natural, previo a lo humano, como si no estuviera manchado por el
pecado original.
La crisis de la heterosexualidad que me concierne surge porque -en acto de traición-
el derecho empieza a apartarse de su amo, reconociendo tendencias contestatarias
que no solamente dejan de cooperar con el proyecto heterosexual, pero, lo que es
más, intentan destronar la heterosexualidad como norma obligatoria. Esto pasa a
través de los pequeños pero crecientes reconocimientos de una diversidad sexual
que sencillamente no puede caber dentro de la apretada hegemonía heterosexual.
Son estos los nodos de una sublevación cada vés más extendida que tiene como finalidad
nada menos que el derrumbe del campo heterosexualista y la entrada en una
nueva fase social cuya regulación sexual todavía no se ha determinado.
2 Jose Gabilondo: Irrational Exuberance About Babies: The Taste for Heterosexuality and its Conspicuous Reproduction,
28 B.C. Third World L.J. 1 (2008).
3

proF. José GaBilondo
Estas nuevas tendencias vienen de una reivindicación creciente por parte de las minorías
sexuales. Por primera vez en la historia, los militantes de la heteronormatividad
tienen que defender su planteamiento, buscando una justificación moral para
una relación de poder y dominación. No nos debemos sorprender que no lo estén
logrando.
las reacciones heterosexualistas
Como se puede imaginar, el tener que montar una defensa por algo que siempre ha
sido suyo ha producido una gama de reacciones. En el punto más reaccionario se
encuentran quienes denominan los heterosexualistas. Lo que señala el sufijo ‘-istas’
es el carácter intencional de su proyecto. Para ellos es demasiado tarde intentar fingir
que la superioridad heterosexual jamás fue algo más que una imposición brutal de
una mayoría a un grupo minoritario hasta ahora indefenso. Incluso ellos mismos
advierten que extender -o por lo menos conservar- los fueros de la heterosexualidad
va a requerir un esfuerzo constante con campañas políticas (especialmente de las
instituciones políticas Republicanas) y presión contra jueces que pudieran sentir simpatía
con la causa gay. Al otro punto de la gama se encuentran los heterosexuales que
celebran el desmoronamiento de su hegemonía, aunque no sepan que precisamente
lo que les espera en un mundo depurado de la hegemonía heterosexual que ha sido
la columna vertebral de la sociedad.
Reconozco que estoy simplificando mucho. Sabemos que existen varias polémicas
tanto dentro de los heterosexualistas como dentro de los activistas pero este breve
ensayo solo puede tocar la superficie del tema. Por ejemplo, hay que reconocer que
siempre ha habido muy buenos argumentos contra el matrimonio basados en preceptos
feministas que rechazan el matrimonio como yugo contra la mujer. Pero no
son estos los argumentos progresistas que utilizan los heterosexualistas.
Antes de seguir a dar dos ejemplos de estos conflictos dentro del derecho quisiera
resumir brevemente el argumento hecho hasta ahora. Por cuestiones históricas, el
mundo social se ha venido a constituir a través de una hegemonía heterosexual. A
pesar de los esfuerzos de disimularlo, esta hegemonía no es natural, sino producto
de una elaboración concertada entre numerosos actores. Dentro de ellos, el derecho
hasta ahora había hecho un papel fundamental en apoyar la idea que la heterosexualidad
era indiscutiblemente superior. Gracias a las reivindicaciones de las minorías
sexuales y sus aliados, el derecho se ha vuelto traidor. Desde hace poco se empieza a
interrumpir la antigua hegemonía heterosexual.
Ahora daré dos ejemplos emblemáticos de cómo el derecho se esta volviendo un
mecanismo de reforma en lugar de represión. Mi primer ejemplo viene de ese tema
que tanto está convulsionando a los ordenamientos jurídicos en materia de derecho

Los fueros de la heterosexualidad en su ocaso
de la familia -el matrimonio civil, donde estallan campañas contra la discriminación
heterosexual. Mi ejemplo viene de California, donde después de un proceso extendido
de reivindicación y contra reacción, se eliminó la discriminación en el matrimonio
a través de una decisión del su tribunal supremo estatal. Ilustrando esta dinámica
típica que se ha visto en Estados Unidos de avance y contra-reacción, después del
fallo una coalición anti-gay organizó y ganó un referendo para enmendar la constitución
estatal para reestablecer la discriminación contra el matrimonio gay.
Como somos un país de litigantes, cuando se aprobó el referendo anti-gay dos parejas
gays interpusieron un recurso de amparo contra la enmienda y a favor del derecho de
los homosexuales de casarse. El caso se conoció como “Perry v. Schwarzenegger”.
Como se trataba de la interpretación de la Constitución federal, la demanda se instó
en un tribunal federal de la primera instancia en San Francisco. 3
En los casos de revisión constitucional como este, la ley federal establece los criterios
doctrinales de revisión que debe seguir el juez. Estos criterios determinan el grado
de escrutinio analítico que debe aplicar el juez para determinar si la medida retada
es constitucional o no. Estos criterios también determinan quién tiene la carga de la
prueba y cuál es el grado y la cantidad de prueba requerido. Como se puede imaginar,
todo lo que tenga que ver con los criterios de la prueba implica discrecionalidad por
parte de los jueces. Es que muchas veces no se sabe precisamente cuál criterio se
debe aplicar y en esos casos de incertidumbre jurídica, quien decide es el juez.
Según estos criterios, cuando se trata de un derecho fundamental, el juez tiene que
aplicar más escrutinio. En este caso, el defensor de la medida retada se enfrenta con
una carga de prueba pesada porque el juez va a interrogar la calidad de esa prueba
minuciosamente para cumplir con los criterios de la revisión judicial. En cambio,
cuando la medida retada no presenta una violación posible de un derecho fundamental,
el juez no tiene que mirar muy a fondo el porqué de la prueba. Bajo este
criterio fácil -en realidad el criterio más flojo que hay- con tal que el defensor de la
medida ofrezca una prueba -cualquiera que sea- el juez tiene que respetar la medida.
Bajo este grado de escrutinio mínimo se aceptan desperfectos e injusticias que no
se aguantarían si se aplicara un criterio más intenso, como en el caso de un derecho
fundamental.
3 “Perry v. Schwarzenegger”, 704 F. Supp. 2d 921 (N.D. Cal. 2010). El juez falló a favor de los demandantes
(dos parejas homosexuales) y expuso que la Proposición 8, cual limitaba el matrimonio a parejas
heterosexuales en California, violaba los derechos fundamentales de las parejas homosexuales
y violaba la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos. El juez además no estuvo de
acuerdo con la proposición de los demandados de que los niños necesitan ser criados en un hogar
con una mamá y un papá, y expuso que de acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, padres
del mismo sexo o de sexos opuestos eran de la misma calidad. El juez no encontró ninguna evidencia
de que el matrimonio entre heterosexuales sería dañado si el matrimonio entre homosexuales era
permitido. La corte concluyó que la Proposición 8 era inconstitucional ya que California no tenía
ningún interés en discriminar contra parejas homosexuales.

proF. José GaBilondo
Como se puede constatar, en la época dorada de la discriminación la discreción judicial
solía usarse contra los argumentos y reivindicaciones de los homosexuales. Por
ende, solían ser los activistas los que siempre tenían que llevar la carga de la prueba,
presentando pruebas y argumentos contundentes justificando que discriminar contra
las minorías sexuales era un mal inconstitucional.
Lo significante -en realidad lo asombroso- del caso “Perry” fue que (de hecho) la
carga de la prueba pasó de los activistas a los heterosexualistas que querían imponer
discriminación. O sea, en lugar de exigirle a las minorías sexuales que demostrasen
por qué la discriminación contra ellos vulneraba un principio constitucional, se les
obligaba a los heterosexualistas que justificasen el por qué del tratamiento discriminatorio.
A la vez, el juez indicó que aplicaría el criterio de revisión más suave, porque
el derecho al matrimonio ha sido reconocido como un derecho fundamental para
los heterosexuales pero no para los homosexuales. Al aplicar un nivel de escrutinio
tan bajo, el juez hacía el trabajo de los heterosexualistas más fácil, porque ellos tan
solo tenían que alegar una razón -cuan absurda que fuera- para justificar la discriminación.
Hasta entonces los jueces habían usado mucha imaginación para encontrar e
inventar justificaciones para satisfacer el criterios de forma que los heterosexualistas
tenían muchos recursos.
No obstante, a pesar de sus peritos, los defensores de la hegemonía heterosexual no
lograron presentar las pruebas necesarias. Por ende, el juez de la primera instancia
falló en contra de la discriminación matrimonial. El caso fue apelado dos veces, pero
los tribunales de apelación afirmaron la decisión del juez de primera instancia. Veremos
si el Tribunal Supremo acepta la apelación del caso.
El fallo de “Perry v. Schwarzenegger” es muy significativo porque el juez fríamente
analizó cada una de las ideas que en otros fallos habían sido usadas para justificar la
discriminación. Acuérdense que lo que buscaba el juez era una razón -por ridícula
que sea- para darle la razón a los demandantes. Por eso, el juez cuidadosamente revisó
todos los argumentos posibles. El fallo que resulta es un tesoro de argumentos
contra la heteronormatividad. En realidad, el fallo de “Perry” contiene todos los
cimientos para acabar ya una vez por todas -en términos de justificación y retórica-
contra este tipo de discriminación antigua en el foro jurídico. Por eso fue tan
vigorosamente criticada por los juristas de la derecha y la ultra-derecha, sectores distintos
que se han fundido estratégicamente en los Estados Unidos bajo la categoría
“conservador”.
Del punto de vista de los heterosexualistas, lo más preocupante de “Perry” es que no
encontró ni una razón que justificara la discriminación. Hasta ahora los argumentos
de los heterosexualistas gozaban de una inmunidad de ser revisadas lógicamente
porque nunca llegaba el momento en el cual se tenía que justificar la discriminación.
Siempre se aceptaba como tal, algo que ha contribuido a cierta flojera analítica en los
argumentos de los heterosexualistas. Quienes siempre tenían la carga de la prueba
eran las minorías sexuales y se entendía de ante mano, que iban a perder, porque no
había forma de que ninguna queja seria contra la heteronormatividad prosperara.

Los fueros de la heterosexualidad en su ocaso
Uno pudiera preguntarse porqué seguir adelante pensando que va a perder. Pero el
activista -la persona que no tiene más remedio que contestar y pelear aunque pague
por sus principios- sigue adelante en esta situación. Sabe que es solo a través de estos
derrotes previsibles que se van haciendo los cimientos de un cambio social en un
futuro, aunque quizás él o ella no esté para compartir el triunfo con sus sucesores.
Mi segundo ejemplo nace como consecuencia de este giro de presunción ya señalado.
Es el mismo problema -un cambio de posición social y normativa tal que quienes
antes estaban arriba se encuentran abajo. En este ejemplo lo que vemos es que los
heterosexualistas-sintiéndose asediados por la tolerancia hacia el prójimo- buscan
refugio en los argumentos contra la discriminación. 4 Algunos creyentes homófobos
-principalmente fundamentalistas- dicen que ellos se han vuelto unas víctimas de
discriminación liberal. El problema surge porque en muchas instituciones públicas -al
no haber una norma federal contra la discriminación heterosexual- se han adoptado
normas prohibiendo este tipo de discriminación. La mayoría de la gente y las minorías
sexuales celebran esto pero hay un grupo de activistas religiosas que discrepan.
Lo que buscan estos es que les deje seguir discriminando contra los homosexuales
en nombre de su libertad religiosa.
En su caso, la discriminación consiste en la tolerancia creciente a favor de las minorías
sexuales. Esta tolerancia les agrede a los creyentes porque ahora su homofobia
no tiene el mismo respaldo social. Ante sus perjuicios tenían rango de ley y ahora se
ven como ignorancia, cada vez peor visto, particularmente por parte de las generaciones
venideras.
Lo irónico es que el ruego del homófobo parte de las mismas ideas liberales que
estos grupos religiosos habían opuesto cuando fueron avanzados en contextos anteriores
para proteger a otras minorías. En aquel momento, estos grupos religiosos vigorosamente
rechazaban la idea de discriminación pero ahora que tienen las espaldas
contra la pared, se agarran de estas mismas normas con entusiasmo. En la medida
que más personas vayan aceptando el matrimonio entre homosexuales, es cierto que
aquellos que insisten en la superioridad de la heterosexualidad se van a encontrar
hablando solos. El miedo es que el mundo civilizado los va a ver tan mal como hoy
se ven los racistas. Este futuro les asusta y con razón.
4 He escrito dos trabajos sobre este tema: Jose Gabilondo: When God Hates: How Liberal Guilt Lets the
New Right Get Away With Murder, 44 Wake Forest L. Rev. 617 2009; Jose Gabilondo: “Institutional
Pluralism from the Standpoint of its Victims: Calling the Question on Indiscriminate (In)Tolerance”,
21 Law & Literature 387, 2009.

conclusión
proF. José GaBilondo
Lo que muestran estos dos ejemplos es la dinámica constituyente de nuestra inmediatez:
el peso de la razón está girando, acercándose hacia el trato igual entre los
heterosexuales y homosexuales y abandonando a los heterosexualistas. Quien antes
ostentaba su homofobia en el nombre de la autoridad se quedará sin amparo, teniendo
que rendir cuentas. Este giro se siente en muchos argumentos. Debemos insistir
que las autoridades sigan el giro.
Cuando este cambio social haya terminado, nos habremos olvidado del conflicto original,
no porque habremos entrado en unos de esos pactos del olvido de los cuales
tarde o temprano hay que olvidarse. Sino porque habremos llegado a un nuevo equilibrio
social, sin esta discriminación tan rancia y nociva. No vamos a entender cómo
un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres podría haber suscitado semejante
controversia. Pero mientras tanto, nos ha tocado vivir este tema tan constituyente
de nuestros tiempos.
Gracias por sus atenciones y de nuevo quisiera reiterar lo mucho que ha significado
para mi poder compartir estas observaciones con ustedes.

eFleXiones sobre la Protección
JUrÍdica de la PareJa HoMoseXUal
coMo Modelo FaMiliar: Presente
Y PersPectiVas en cUba
dr. raFael roselló Manzano
CuBa
la interacción dinámica entre Familia y derecho.
la pareja homosexual como modelo familiar
Reflexionar sobre si la pareja homosexual es constitutiva o no de familia, que es el eje
central de este trabajo, requiere plantearse un grupo de cuestiones relativas al concepto
de familia, a la identificación o no de dicho concepto en sentido amplio con
el objeto de regulación del Derecho de familia, y más importante aún, a la capacidad
que debe tener o no el legislador, de manera autónoma e independiente para decidir
qué es familia y qué no lo es.
Luis Diez- Picazo 1 ha abordado el problema exponiendo dos posiciones extremas: i)
la panjurista: es familia solamente aquello que el Derecho regula y acota como tal (la
familia será entonces una institución de esencia jurídica, formada por un complejo
entramado de relaciones regidas por normas de Derecho), y ii) la posición pansociologista
o pansicologista. Para estas últimas la familia es una institución prejurídica de la que
solo a posteriori el Derecho se ocupa. Desde este último punto de vista la regulación
jurídica de la familia es indiferente para su configuración y tampoco ejerce influjo en
su modo de ser o en sus posibles líneas evolutivas. Como casi siempre sucede, las posiciones
extremas son incorrectas y es necesario encontrar el balance justo. Es cierto
que el Derecho no regula todos los aspectos de la familia como institución, pero sí
influye en un gran número de ellos, fijando normas de conducta por las que deben
regirse las relaciones familiares y estableciendo los requisitos y procedimientos para
la constitución y disolución de algunas de estas relaciones. Sin embargo, no debemos
1 Luis Diez- Picazo: Familia y Derecho, Ed. Civitas, Madrid, 1984, p. 15.
6

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dr. raFael roselló Manzano
perder de vista el hecho insoslayable de que el Derecho, frente a la familia es temporalmente
posterior: esta no es una creación de los legisladores, los que ven su labor
limitada, como ya se ha dicho, a fijar cauces jurídicos para el desenvolvimiento de
las relaciones familiares, dotando, al decir de Lacruz y Sancho 2 , de superestructura
jurídica a un grupo natural.
La familia es pues, una realidad prejurídica en la que influyen de forma decisiva
factores de orden social y cultural entre los que se incluye el Derecho, instrumento
de control y protección por el Estado, que además sirve a la perpetuación de determinados
modelos familiares a tono con los intereses del grupo dominante. Sin
embargo, es sabido que las previsiones legales no pueden abarcar toda la diversidad
de la vida social, más aún, que son desbordadas y superadas en su mayoría como
consecuencia del transcurso del tiempo, máxime cuando su objeto de regulación
es una realidad tan amplia, de tan difícil aprehensión y tan cambiante como lo es la
familia. Esto ha traído como consecuencia que se hable de una crisis del Derecho
de familia codificado, por lo difícil que resulta acomodar las normas positivas, que
muchas veces datan del siglo xix, a la dinámica de las relaciones familiares actuales.
Es comprensible que en esas condiciones, la formación de grupos que no se
encuentran dentro de los límites de las previsiones legales, y que no funcionan de
acuerdo a ellas es inevitable, por lo que en muchas ocasiones el concepto de familia
no es claramente identificable con el objeto de regulación del Derecho de familia.
Teniendo en cuenta esta realidad, el peor error de los operadores jurídicos y en especial
del legislador sería la endogamia: encerrarse en sí mismos y rechazar a otras
ciencias como la sociología, psicología y demografía, que proporcionan elementos y
conceptos valiosos sobre grupos sociales, matrimonios, filiación, parejas de hecho,
dinámica de las relaciones familiares, entre otros datos decisivos a la hora de legislar
sobre el tema. A ello se añade que sería muy complejo ofrecer un concepto general y
omnicomprensivo de lo que sea la familia desde el punto de vista legal, pues el grupo
familiar tiene distinta amplitud según los aspectos en que es considerado. En tales
circunstancias una definición legal unitaria sería (nunca mejor dicho) peligrosa y difícil
de lograr, o bien, si se logra, demasiado vaga y general como para ser útil. A pesar
de todos estos inconvenientes críticos, el legislador, a través del Derecho, ejerce una
función preceptiva, estableciendo los requisitos formales y personales para contraer
matrimonio, su régimen económico (o la posibilidad de su establecimiento mediante
la autonomía de la voluntad), las causales de disolución, el contenido y ejercicio de
las relaciones paterno-filiales, tutelares, de adopción, entre otras.
En sentido general, la familia es la instancia mediadora entre el individuo y la estructura
social. Todas las definiciones al respecto coinciden en considerarla como la “célula
fundamental de la sociedad”, que a pesar de los cambios que ha experimentado,
continúa siendo funcional para los individuos que la forman, transmisora de valores
2 José Luis Lacruz Berdejo: Francisco de Asís Sancho Rebullida: Elementos de Derecho Civil IV, Derecho
de Familia, José Maria Bosch Editor, Barcelona, 1997.

Reflexiones sobre la protección jurídica de la pareja homosexual como modelo familiar...
y actitudes positivas. Esa es precisamente la piedra angular que caracteriza la existencia
de la familia: las funciones que cumple, más allá de su extensión, composición
u orientación sexual de sus miembros. Dichas funciones se definen históricamente
según Patricia Ares en tres direcciones fundamentales:
• Función económica, de manutención, de satisfacción de necesidades materiales:
la familia como sustento económico de sus miembros.
• Función biológica, reproductora o de crecimiento demográfico.
• Función educativa y de satisfacción de necesidades afectivas y espirituales.
No existe para estas funciones (que también son por naturaleza cambiantes) un
orden de prelación, ni tienen que ser cumplidas en su totalidad. Es perfectamente
posible hablar de genuinas familias o tipos familiares que no las cumplen exhaustivamente
todas, sin embargo, para ser calificadas como tal no se pueden sustraer al
cumplimiento de al menos alguna de ellas. Por lógicas razones, la pareja homosexual
constitutiva de familia tendría limitaciones importantes en el ejercicio de la función
biológico-reproductora, pero lo mismo sucede con las parejas heterosexuales que no
pueden tener hijos y nadie se atrevería a pensar que éstas no pueden constituir una
familia 4 . En cuanto a la satisfacción de necesidades económicas, afectivo-espirituales
y educativas, es totalmente indiferente la orientación sexual de los miembros de la
pareja para su efectivo cumplimiento. Basados en el concepto de familia como célula
fundamental de la sociedad, y considerando especialmente las funciones que esta
cumple, podemos sostener que la pareja homosexual puede perfectamente constituir
una familia. La familia homosexual puede ser definida de muchas maneras, nosotros
proponemos una aproximación jurídica que la entienda como la unión voluntaria
de dos personas del mismo sexo, con propósitos de convivencia singular y estable
(con todas las consecuencias que esto pueda implicar en el plano legal, económico
y afectivo), que pueden incluir o no la tenencia de hijos mediante cualquiera de los
procedimientos posibles, la adopción, o la guarda y cuidado de hijos anteriores.
Es importante dejar claro que la discriminación de estas personas, llevada a cabo
en todas sus formas, incluido el no reconocimiento legislativo de las parejas que
forman, afecta la funcionalidad de las familias que crean y la identidad de sus componentes.
3 Patricia Ares: Psicología de la familia, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Guayaquil, 2002, p. 27.
4 De hecho, y como afirma acertadamente Luis María Díez-Picazo, “en los últimos decenios la perpetuación
de la especie ha dejado de depender exclusivamente del acto sexual entre hombre y mujer.
Una vez que la reproducción humana es posible por otras vías, no es de extrañar –cualquiera que sea
la valoración moral que a cada uno le merezca – que la ancestral exigencia de diversidad de sexos entre
los cónyuges se tambalee.” Luis María Díez-Picazo: “En torno al matrimonio entre personas del
mismo sexo”, en http://www.indret.com/pdf/420_es.pdf, consultado el 27 de abril de 2007, p. 12.
01

02
dr. raFael roselló Manzano
la protección jurídica de la pareja homosexual
constitutiva de familia en cuba
En el caso cubano existe en la actualidad una ausencia total de legislación que reconozca
y proteja a la familia homosexual. Ello es coherente con la fecha de aprobación
de la Constitución (1976) 5 y del Código de familia (1975). El análisis legislativo en el
contexto cubano debe regirse por las siguientes coordenadas: i) la constitucionalidad
de una norma que regule el matrimonio entre homosexuales, derivado de un análisis
de la norma constitucional relativa al matrimonio ii) la posible inconstitucionalidad
que nace de la no regulación del matrimonio entre homosexuales, por atentar contra
lo regulado constitucionalmente en materia de igualdad y no discriminación.
Lo preceptuado por el texto constitucional cubano en materia de igualdad tiene una
formulación impecable, y aunque el legislador no estuviera pensando precisamente
en los homosexuales, la amplitud de los artículos 41 6 y 42 7 del magno texto hace
que se apliquen perfectamente a ellos. ¿Qué duda cabe de que la discriminación por
motivo de la preferencia u orientación sexual es “lesiva a la dignidad humana”? ¿O
de que la educación debe propender a la igualdad y al respeto de las diferentes orientaciones
sexuales, y no a la discriminación? Como añadido, según la Constitución cubana
en su artículo 9, inciso a), el Estado es garante de la dignidad plena del hombre,
del disfrute de sus derechos y del desarrollo integral de su personalidad.
Apegados al debate tradicional, deberíamos considerar que la regulación del matrimonio
homosexual en una ley ordinaria sería inconstitucional, pues el artículo 36
define al matrimonio como la unión voluntariamente concertada de un hombre y
una mujer, con el fin de hacer vida en común 8 , texto que es copia exacta del artículo 2
del Código de familia vigente. Sin embargo, vista la formulación amplia del principio
de igualdad y la enumeración no taxativa de los motivos de discriminación, que
podría (y a mi juicio debe, aunque no haya estado en la mens legislatoris) abarcar la no
5 Si bien es cierto que la Constitución cubana fue reformada en 1992, dicha reforma (como tampoco
la de 2002) trajo cambios en la materia familiar, salvo el establecimiento de la corresponsabilidad de
la familia junto al Estado en la formación de las nuevas generaciones.
6 Artículo 41: “Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes”.
7 Artículo 42: “La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias
religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley. Las instituciones
del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los
seres humanos.” (Las negritas son mías).
8 Artículo 36: “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con
aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y
deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral
de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de
las actividades sociales de ambos.La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del
matrimonio, y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan.”

Reflexiones sobre la protección jurídica de la pareja homosexual como modelo familiar...
discriminación por razones de orientación sexual, pensamos que los artículos 36 de
la Constitución y 2 del Código de familia, que definen el matrimonio como la unión
entre un hombre y una mujer, son violatorios de dicho principio de igualdad y constituyen
un supuesto de discriminación.
Por otra parte, el artículo 35 dispone la protección estatal para “la familia, la maternidad
y el matrimonio”. La enumeración de sustantivos, separada por comas, no deja
lugar a dudas que se protege a la familia en general como “célula fundamental de
la sociedad” y no solamente a la familia fundada en el matrimonio. Aunque el texto
constitucional, después de la reforma de 1992, privilegia la función educativa de la
familia cuando expresa que el Estado le atribuye “responsabilidades y funciones
esenciales en la educación de las nuevas generaciones”, no se cree que esto excluya a
las familias homosexuales, que están perfectamente capacitadas para dicha función,
aunque no puedan procrear a través de los métodos tradicionales. La función educativa
no se ejerce solo respecto de los hijos, amén de que la pareja homosexual puede
convivir con hijos de anteriores matrimonios.
Las parejas homosexuales constitutivas de familia deben ser, a tenor de lo dispuesto
por la Constitución cubana, protegidas en su calidad de tales familias, y una de las
formas en que esta protección debe materializarse es el reconocimiento y la concesión
de efectos jurídicos. Todas las formas de discriminación, incluida la jurídica,
crean disfunciones hacia lo interno de la familia y en su interacción con la sociedad.
De esto se deriva que al no reconocer en el plano jurídico a la familia homosexual,
el legislador no solo peca por omisión, sino también por acción, al contribuir al
desmembramiento y la inestabilidad psicológica de una familia que por mandato
constitucional debe proteger.
A dicha protección, que en el ámbito jurídico se traduce en reconocimiento legal,
se puede llegar por dos vías: bien por una reforma del artículo 36 constitucional y 2
del Código de familia, que elimine el requisito de la diferencia de sexos para contraer
matrimonio, lo que no sería sino una muestra de coherencia con lo regulado en los
artículos 9 a), 35, 41 y 42 de la Carta Magna; o bien mediante una regulación paralela
que le conceda, con base en la protección de la familia por el artículo 35, a la unión
entre homosexuales constitutiva de familia un régimen legal con las mismas o similares
consecuencias jurídicas que el matrimonio heterosexual, sin importar cuál sea
su nomen iuris.
algunas sugerencias al legislador cubano
en ocasión de la reforma de la legislación familiar
No dudo que en el futuro, el cambio legislativo que hoy se gesta, se impondrá como
necesidad de una sociedad y una familia que son diferentes a las de la fecha de promulgación
del vigente Código de familia, y que el nuevo Código será tan revolucionario
03

0
dr. raFael roselló Manzano
como lo fue en su época el actual. Tampoco dudo que uno de los componentes
esenciales de la necesaria renovación lo es el reconocimiento, de una forma u otra,
del derecho de los homosexuales a conformar una familia a partir de su unión, con
los correspondientes efectos jurídicos.
En este sentido considero útiles algunas premisas que a continuación expongo:
• Evitar, dada la vocación de perpetuidad de todo texto constitucional, la contradicción
con el artículo 36 de la Carta magna vigente, para hacer viable su
puesta en vigor a corto plazo. El legislador debe abandonar de una vez la idea
de que solo mediante el matrimonio tradicional la familia homosexual puede
ser reconocida y tenida en cuenta por el Derecho, evitando las contradicciones
de todo tipo que implicaría cambiar la esencia del matrimonio como
institución cimentada durante siglos en la conciencia social. El debate, más
que en torno al tema de si las parejas homosexuales pueden contraer o no el
matrimonio que la ley prescribe para las parejas heterosexuales, debe girar
a favor de reconocer de forma positiva el derecho de la pareja homosexual a
fundar un grupo familiar y conceder efectos jurídicos a esa unión. Sin dudas,
el reconocimiento legislativo a la pareja homosexual constitutiva de familia
contribuirá de forma decisiva a perfeccionar la regulación del principio de
igualdad, y a la eliminar una de las formas que adopta la discriminación por
razón de la orientación sexual.
• Teniendo en cuenta lo anterior, y trascendida la disputa en cuanto al nomen,
lo más acertado es constatar valientemente la realidad: las uniones entre personas
del mismo sexo formalizadas de acuerdo a lo que en la ley se disponga
deben tener los mismos efectos que el matrimonio entre heterosexuales. Con
esto nos inscribiríamos en las tendencias legislativas más modernas, y evitaríamos
algún gazapo involuntario que pueda resultar discriminatorio en una
posible enumeración. Esto vale tanto para los efectos personales como patrimoniales.
El amor, la mutua comprensión y el afecto son las bases en que se
fundamentan las relaciones entre los cónyuges, ¿no lo son también en las relaciones
de pareja homosexuales? No es necesario detenerse en cada artículo:
no hay una sola letra en los artículos 24 al 28 del actual Código de familia, (los
que sin dudas son susceptibles de mejoras), es decir, en el contenido personal
del matrimonio heterosexual, que no sea aplicable a las uniones de parejas
homosexuales. En cuanto a los efectos patrimoniales, si finalmente se decide
una enumeración (que me sigue pareciendo peligrosa y discriminatoria), no
deben olvidarse la obligación de alimentos y el derecho a la sucesión intestada
en primerísimo lugar. En segundo, fijar reglas para la administración y
disolución de la comunidad de bienes, cuando la haya, en el entendido de que
los regímenes económicos que se dispongan para el matrimonio entre heterosexuales
serán aplicables a las uniones entre homosexuales. Por último, debe
disponerse también que les alcancen los beneficios de la seguridad social.

Reflexiones sobre la protección jurídica de la pareja homosexual como modelo familiar...
• Existen otras cuestiones agrupadas en la órbita de la exigencia de requisitos
especiales para formalizar la unión entre homosexuales, distintos de los normalmente
exigidos para los heterosexuales, o bien si estos últimos deben ser
aplicados de forma irrestricta. El ejemplo clásico es la mayoría de edad, que
plantea el problema de si es aplicable a las uniones homosexuales la posibilidad
que plantea el actual Código de que las mujeres mayores de 14 y los hombres
mayores de 16 años, previa autorización, puedan contraer matrimonio.
Una respuesta negativa sería a todas luces discriminatoria, aunque suponemos
que en la práctica, los prejuicios del elenco de autorizantes (padres, tutores,
abuelos) dificultará está posibilidad. Corresponderá al órgano jurisdiccional
tomar la distancia adecuada y decidir de manera imparcial, atendiendo al interés
social, o a lo que resulte más beneficioso para los menores de edad. El
aumento de la edad mínima a 16 años, y la posibilidad de exploración de los
menores de edad pueden ser herramientas que hagan aún más viable esta
posibilidad. Siguiendo con los requisitos para formalizar la unión, la aptitud
legal y el ánimo de hacer vida en común, no revisten grandes problemas,
son y deben ser exigidos tanto para las parejas homosexuales como para las
heterosexuales. Especialmente el último constituye un acierto de nuestro Código
un punto al fin que debe perseguir el matrimonio, pauta para apreciar
posibles vicios y causales de nulidad, que por lo tanto debe ser mantenida. Sin
embargo, la exigencia de mantener una relación singular y estable, es sin dudas
inútil, y puede ser discriminatoria. Aunque es el ideal a que se aspira, no es necesario
que las parejas heterosexuales, para formalizar su unión, prueben que
han mantenido una relación singular y estable antes de ese momento. Sencillamente
se les informa acerca del contenido personal de dicha unión (que
como dije, debe ser igual al del matrimonio), y se verifica que exista su piedra
angular: el consentimiento. La singularidad y la estabilidad deben ser acreditadas
si se pretende el reconocimiento judicial retroactivo de la unión, pues el
Derecho no puede dotar de efectos similares a la formalización a situaciones
de hecho que sean efímeras, inestables, o en las que prime la promiscuidad.
Sin embargo, en sede de formalización, tanto si el sentido de la regulación es
exigir pruebas de estabilidad y singularidad como presupuesto indispensable,
o bien si solo es un enunciado deontológico, refleja la vieja concepción de que
la pareja homosexual es necesariamente promiscua e inestable, sin caer en la
cuenta de que, aún cuando así fuera, la imposibilidad de formalizar la unión, y
otras formas de discriminación jurídica que de dicha imposibilidad se derivan,
son una causa nada desdeñable de dicha inestabilidad.
0

0
reflexiones finales
dr. raFael roselló Manzano
El legislador tiene la insoslayable tarea de, a través del ordenamiento jurídico, poner
orden, en la medida en que esto sea posible, en las transformaciones que inevitablemente
sufre la sociedad de manera constante. Según Díez- Picazo 9 , la función del Derecho
como instrumento de cambio social es relativamente nula, pues el Cambio social tiene
sus propios factores genéticos, que después son consagrados por el Derecho. Sin
embargo, aquí preferimos pensar en el Derecho como pieza clave de dicho cambio,
pues como afirma Prieto Valdés, “su relativa independencia respecto a los fenómenos
estructurales, le permite adelantarse y establecer las nuevas conductas y relaciones
sociales que admitirá, sobre las que estimulará su desarrollo”. 10
En este caso, la norma jurídica puede actuar como catalizador del cambio social y proveer
a la libertad y dignidad plena de los homosexuales y a su desarrollo y realización
personal y social, remediando así una injusticia histórica. Esperamos que así sea.
9 L. Diez- Picazo: Ob. cit..
10 Martha Prieto Valdés: “El Derecho”, en Yan Guzmán Hernández (Coordinador), Temas de Derecho
para luchadores sociales venezolanos, t. 1, Editorial Félix Varela, La Habana, 2003, p. 8.

derecHos seXUales relatiVos
a la orientación seXUal Y la identidad
de GÉnero: alGUnas reFleXiones
sobre sUs GarantÍas en cUba
a propósito de los derechos sexuales
liC. Manuel vázQuez seiJido
CuBa
La cuestión de los derechos sexuales no es algo nuevo en la arena internacional, sin
embargo, en el ámbito jurídico, el tema reclama de análisis inmediato por la comunidad
científica.
El documento Salud Sexual para el Milenio, emitido por la Asociación Mundial para
la Salud (WAS) identifica y examina ocho metas concretas que comprenden “un
enfoque integrado e integral de promoción de la salud sexual” 1 , una cuestión que
conecta directamente con la ejecución de los Objetivos del Milenio. No en balde, la
primera de estas metas alude al reconocimiento, promoción, garantía y consecuente
protección de los derechos sexuales. En este texto, resultado de un proceso de consulta
y perfeccionamiento efectuado por la mencionada asociación, se enuncian los
derechos sexuales como “componente integral de los derechos humanos básicos y
por consiguiente son inalienables y universales” 2 . Además, plantea que la ubicación
de los derechos sexuales dentro de los derechos humanos resulta una condición
indispensable para abogar de modo efectivo por la salud sexual.
Los derechos humanos, como el término claramente indica, son aquellos que le asisten
a las personas naturales por el mero hecho de ser humanos, entendiéndose como
1 World Association for Sexual Health: “Salud Sexual para el Milenio: Declaración y Documento Técnico”,
Minneapolis, World Association for Sexual Health, 2008.
2 Ídem.
707

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liC. Manuel vázQuez seiJido
inherentes a la personalidad, fundamentales y también identificándose como constitucionales
debido a su inclusión en la mayoría de las Cartas Magnas.
Definitivamente, los derechos sexuales se incluyen dentro del amplio grupo de derechos
señalados a priori, y su individualización obedece a lo complejo de su formulación
y relación con un área tan extensa como es la sexualidad humana; estos
conectan de modo evidente con los referidos a la libertad, la igualdad y la dignidad,
entre otros.
Vemos como las principales iniciativas internacionales ligadas a la promoción de
salud sexual tuvieron como basamento fundamental el hecho de que la realización
de los derechos humanos está vinculada de modo indisoluble al logro de aquellos
identificados como derechos sexuales. En este sentido deben citarse La Declaración
de Derechos Sexuales de la Asociación Mundial para la Salud (WAS) de 1999 y las
Definiciones de trabajo de los Derechos Sexuales de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
De modo general, los derechos sexuales permiten a las personas, sin distinción de
color de la piel, edad, origen étnico, nacionalidad, clase social, religión, sexo, orientación
sexual o identidad de género, el disfrute pleno de la sexualidad. En el documento
Gender and Reproductive Health Glossary, de la secretaría de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se propone como definición práctica que los derechos
sexuales son “derechos humanos relacionados con la salud sexual” 3 , pudiendo ser
definidos como tal. Lo anterior inserta, a todas luces, a los derechos sexuales dentro
del catálogo de derechos humanos que son regulados en los instrumentos jurídicos
internacionales.
su formulación
• Derecho a no sufrir discriminación, vista desde cualquiera de sus manifestaciones.
Cuestión que a todas luces garantiza que las personas no sean objeto de
acciones u omisiones por parte de terceros (tanto personas naturales como
jurídicas) que lesionen los derechos que les asisten, por motivos relacionados
con el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el color de
la piel, credo religioso, origen étnico o nacionalidad.
• Derecho a la libertad sexual, lo que implica la posibilidad del individuo de expresar
física y emocionalmente su sexualidad 4 , sin que en ello medie o influya
de ningún modo violencia física o psicológica.
3 Ídem.
4 La sexualidad es una esfera significativa de la personalidad, comprende todo lo relativo al sexo, la
identidad de género, los roles de género, la orientación sexual, el placer, el erotismo, la reproducción.
La sexualidad se experimenta y por lo tanto se expresa de múltiples formas: por medio de valores,

Derechos sexuales relativos a la orientación sexual y la identidad de género...
• Derecho al placer sexual, visto en el marco de las relaciones entre las personas
e incluyendo la autocomplacencia en el orden erótico. Esto conecta de
modo directo con el hecho de proporcionar a la persona bienestar en todos
los aspectos (físico, psicológico, intelectual, etc.).
• Derecho a la autonomía, la integridad y seguridad sexuales, lo que se vincula evidentemente
con la conocida inviolabilidad física o integridad física o corporal,
concretando esto en la capacidad que poseen las personas de disfrutar
y tomar decisiones sobre sus cuerpos; ello significa además que deben ser
protegidas ante la posibilidad de ser objeto de maltratos (tortura, mutilaciones
y cualquier otra conducta lesiva a la dignidad humana).
• Derecho a la libre asociación sexual, en virtud del cual las personas deciden de
modo voluntario el hecho de formalizar o no el matrimonio, a disolver este
vínculo o a unirse a otra persona en cualquier otra forma o modalidad, contemplada
en el ordenamiento jurídico o no.
• Derecho a decidir tener, o no, hijas o hijos, las veces que se deseen, así como tener
acceso pleno a los diferentes métodos anticonceptivos.
• Derecho a la información sobre sexualidad, la que debe fundamentarse en el conocimiento
científico. Ello implica que tal información, a la que todas las personas
tiene derecho a acceder, debe ser difundida de modo amplio y utilizando
todas la vías posibles hacia la totalidad de la sociedad.
• Derecho a la educación y a la atención de salud sexuales, de forma universal y gratuita.
• Derecho a formar una familia, independientemente de la orientación sexual e
identidad de género. El ejercicio de este derecho implica el absoluto respeto a
las diferentes configuraciones de familias que se producen (madre-padre, madre-madre,
padre-padre, madre trans-padre, madre-padre trans, madre transpadre
trans).
• Derecho a participar en la vida pública, independientemente de la orientación
sexual o identidad de género, o sea, la posibilidad de ocupar cargos públicos e
incluso puestos de tipo político, en los cuerpos armados, etc.
En este punto del análisis es preciso apuntar que un elemento importante en el ejercicio
de los derechos sexuales lo constituye la responsabilidad, vista desde su definición
más básica, en cuanto a la cualidad de ser responsable en todas las acciones u
omisiones que se derivan de la realización plena de los derechos abordados a priori.
Resulta evidente que el disfrute de los derechos sexuales no puede ser de modo
ilimitado, toda vez que ello pudiera significar un exceso en su ejercicio, por lo que la
responsabilidad a la que se hace referencia debe comprenderse en estrecha relación
con la observancia del respeto a los derechos que le asisten al resto de las personas,
comportamientos, creencias, deseos, etcétera. En ella influyen numerosos factores: sociales, biológicos,
psicológicos, culturales, políticos.
0

10
liC. Manuel vázQuez seiJido
en tanto resulta ilegítimo lesionar aquellos derechos consagrados a terceros. Es preciso
puntualizar que para pronunciarse sobre este particular, o sea, sobre la posibilidad de
que en el ejercicio de un determinado derecho se vulnere el disfrute de aquel o aquellos
que deban ser disfrutados por otras personas, habrá que remitirse al contenido esencial
de los mismos y no a la subjetiva interpretación de los titulares que pudieran
dilatar o contraer el alcance de estos.
los puntos críticos
Los derechos sexuales aún continúan franqueando diversos obstáculos hasta arribar
a su necesaria legitimación, reconocimiento y consecuente protección. La homofobia,
transfobia y la misoginia han resultado, entre otros elementos, alto muro ante
el reconocimiento amplio de los referidos derechos. No ha sido suficiente el hecho
de la evidente armonización de los derechos sexuales con los derechos humanos, las
declaraciones de repercusión internacional que los contienen e impulsan, así como
el apoyo de números grupos sociales que abogan en esta materia, pues los intentos
para lograr el consenso internacional para reconocer y proteger los derechos sexuales
en instrumentos jurídicos internacionales de carácter vinculante han encontrado
disímiles escollos. Resulta pertinente destacar que las referidas barreras no son insuperables.
En el seno y a opinión de determinados grupos sociales 5 , la discusión en torno a
los derechos sexuales es un tópico conflictivo debido a que estos abordan aspectos
de la actividad humana que han sido considerados como parte de la esfera íntima o
privada de cada sujeto, además de que la mirada hacia estos atraviesa el prisma de lo
cultural y lo religioso, más allá de lo puramente científico.
Con razón, Amuchástegui Herrera y Rivas Zivy explican que la defensa de los derechos
sexuales ha debido enfrentar diversos obstáculos para llegar a su legitimación y
aceptación, los que pueden ser relacionados con el resurgimiento de los fundamentalismos
religiosos y la emergencia de gobiernos de derecha que insisten en circunscribir
la sexualidad a la esfera conyugal y en desubicarla como afín a los espacios de
debate y acción política.
Estos obstáculos pueden colegirse de la lectura del documento Salud Sexual para el
Milenio, emitido por la Asociación Mundial para la Salud (WAS), donde se plantea
como claro ejemplo la posición vehemente de los representantes de Pakistán, respaldado
por otros países a la inclusión de la orientación sexual en un proyecto de
5 Relacionados fundamentalmente con la práctica de la religión católica y musulmana, tanto fieles o
devotos como autoridades clericales, en uno u otro caso.
6 A. Amuchástegui Herrera y M. Rivas Zivy: “Los procesos de apropiación subjetiva de los derechos
sexuales: Notas para la discusión”, Estudios Demográficos y Urbanos, 057, 2004, pp. 543-597.

Derechos sexuales relativos a la orientación sexual y la identidad de género...
resolución de la otrora Comisión de Derechos Humanos en 2003, alegando que se
trataba de un insulto a las personas musulmanas. En el propio texto se lee la posición
similar de la Iglesia Católica y de los clérigos musulmanes a la inclusión de las
referencias a la homosexualidad en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre Población y el Desarrollo de 1994, la Plataforma de Acción de Beijing
de 1995 y las plataformas y resoluciones del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida en 2002.
Por lo expuesto a priori, puede concluirse sobre una evidente crisis en la universalidad
de los derechos sexuales, toda vez que se experimenta resistencia en su aplicación
u observancia en el caso de las personas con orientación sexual diferente a la
heterosexual, personas transgénero e incluso, en el caso de niñas y mujeres. Lo que
genera a su vez las sabidas dificultades para obtener consenso internacional en el
entendido de su reconocimiento y protección.
derechos sexuales relativos a la orientación
sexual y la identidad de género. sus garantías
en cuba
Debemos comenzar puntualizando que, en el análisis que nos ocupa, centraremos
nuestras reflexiones en aquellos derechos sexuales que conectan con el tema de la
orientación sexual e identidad de género. Lo anterior no es fruto de azar, sino resultado
de una breve sistematización de los casos atendidos en los Servicios de Orientación
Jurídica (SOJ) del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Es preciso
señalar que el mencionado servicio funciona como espacio para la orientación, e
incluso, acompañamiento institucional a personas cuyos derechos sexuales han resultado
lesionados por diversos motivos. Las informaciones obtenidas durante el
proceso de atención arrojan que, de las personas que acuden al mismo, un número
importante lo hace debido a violaciones a sus derechos en relación con su orientación
sexual o identidad de género.
Por todo lo anterior, particularizaremos en aquellos derechos sexuales cuyos contenidos
aseguran a las personas el libre desarrollo de sus orientaciones sexuales e
identidades de género.
Se ha advertido una voluntad política del Estado cubano en realizar diferentes acciones
en función del reconocimiento y garantía de los derechos sexuales, lográndose
mayores avances en los temas relativos al aborto, la maternidad y paternidad, prevención
de infecciones de transmisión sexual (ITS) y del virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), así como en lo relativo al acceso a los servicios de salud e información
sexuales. No ha sucedido de igual modo en el caso de los derechos sexuales que
11

12
liC. Manuel vázQuez seiJido
particularizaremos, o sea, aquellos que abordan las esferas de la sexualidad humana
referida a la orientación sexual e identidad de género.
No obstante lo anterior, debemos señalar dos elementos importantes, primero, el
Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, el cual, en su
acápite dedicado a los derechos sexuales incluye acuerdos que contemplan acciones
específicas tendientes al reconocimiento y garantía de estos derechos en Cuba. De la
lectura de los referidos acuerdos, pueden colegirse algunos que conectan con el tema
fundamental que nos ocupa, por ejemplo:
El acuerdo 71, que apunta al fortalecimiento de la perspectiva o enfoque de género
“en todos los programas de salud, en general y en especial en los de salud sexual y
reproductiva, profundizando en la prevención y atención a enfermedades de transmisión
sexual, el de salud mental, el de enfermedades crónicas no transmisibles”.
El acuerdo 72, que implica “continuar de manera sistemática y permanente la actualización
de contenidos teóricos y metodológicos sobre Educación Sexual, en los
Programas de Educación y Orientación dirigidos a padres y maestros, de manera que
permita una participación más activa en la educación de los niños y jóvenes, libre de
estereotipos constituidos socialmente”.
El acuerdo 73, referido al enriquecimiento de “los programas de educación sexual
impartidos a médicos y enfermeras de la familia así como a otras personas que realizan
trabajo comunitario, haciendo énfasis en la afectividad, en la solidaridad, en el
respeto mutuo y en la responsabilidad compartida en la vida sexual y familiar”.
El contenido del documento abordado con anterioridad, pudiera constituir, sin lugar
a dudas, una plataforma importante en relación con las acciones necesarias en pos
del reconocimiento, garantía y defensa de los derechos sexuales vinculados al libre
desarrollo de la orientación sexual e identidad de género.
El segundo elemento al que debemos hacer referencia es uno de los resultados de las
amplias discusiones que tuvieron lugar durante la I Conferencia Nacional del Partido
Comunista de Cuba (PCC), celebrada en enero de 2012; el documento final del mencionado
evento contiene el objetivo número 57, el que se refiere al enfrentamiento
de “los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la piel, género, creencias
religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros que son contrarios a la
Constitución y las leyes, atentan contra la unidad nacional y limitan el ejercicio de los
derechos de las personas”. Sin lugar a dudas, lo anterior constituye la más reciente
concreción de la voluntad política del Estado cubano en función de la defensa de los
derechos sexuales, significando un paso de avance fundamental que podría sustentar
una serie de modificaciones centradas en la inclusión de las cuestiones relativas a la
orientación sexual e identidad de género en el sistema normativo cubano e integrarlo
a la praxis de los operadores y operadoras del Derecho.
El ordenamiento jurídico cubano no reconoce de modo expreso a los derechos
sexuales vinculados a la orientación sexual e identidad de género, por lo que puede

Derechos sexuales relativos a la orientación sexual y la identidad de género...
apuntarse que ante la ausencia de regulación no hay garantía formal de los mismos.
Luego de esta reflexión resulta ocioso pensar que se encuentren delimitadas el resto
de las garantías necesarias para el ejercicio de estos derechos sexuales. Sin embargo,
dejar el análisis en este punto sería obviar los matices que posee la temática en
Cuba.
Por vía indirecta se obtienen en Cuba los mecanismos para la promoción y defensa
de los derechos sexuales relativos a la orientación sexual e identidad de género, toda
vez que se encuentran garantizados otros derechos humanos y por esta forma se
ejerce la defensa de los sexuales.
constitución de la república de cuba ( 976)
En total concordancia con las ideas anteriormente plasmadas, en el texto constitucional
no se dedica espacio para regular los derechos sexuales a los que se hacen
referencia, no obstante puede observarse como en su artículo 1 expone que “Cuba
es un estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con
todos y para el bien de todos”, a tenor del artículo 9 “El Estado garantiza la libertad y la
dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento
de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad”, asimismo se dispone en
el artículo 41 que “Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a
iguales deberes” y en el artículo 42 se puntualiza “La discriminación por motivo de
raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a
la dignidad humana está proscrita y sancionada por la Ley”.
En los artículos precitados se garantiza precisamente el derecho a no sufrir discriminación
y pudiera considerarse, interpretando de modo amplio el referido artículo 42,
que la orientación sexual y la identidad de género pudieran ser motivos generadores
de discriminación que efectivamente lesionan la dignidad humana y el desarrollo de
los individuos. Por otro lado, y con base a tal interpretación amplia, pudiera aducirse
que la propia prohibición de hechos discriminatorios relacionados con la orientación
sexual e identidad de género garantiza el disfrute del derecho a la libertad sexual y el
derecho a participar en la vida pública.
En la Ley Fundamental cubana puede identificarse la voluntad del Estado de garantizar
el derecho a la salud a los ciudadanos, lo que a su vez puede ser utilizado como
mecanismo garante de los derechos sexuales que hacen alusión a la educación y salud
sexuales de forma universal y gratuita.
En su artículo 50 se regula que “Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su
salud”. Se aclara que el Estado garantiza esta cuestión a través de la prestación de la
asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de servicio
médico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento
especializado, así como con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de
13

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liC. Manuel vázQuez seiJido
educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras
medidas preventivas de las enfermedades. En estos planes y actividades coopera
toda la población a través de las organizaciones de masas y sociales. Evidentemente
esto no resuelve completamente el asunto, o lo que es lo mismo, no puede señalarse
como un precepto que garantice de modo cabal aquellos derechos sexuales que conectan
con el derecho a la salud, sino como precepto constitucional que requiere de
desarrollo normativo posterior para la garantía de los mismos.
El artículo 58 dispone que la libertad e inviolabilidad de las personas están garantizadas
a todos los que residen en el territorio nacional, lo que sería el resorte jurídico
constitucional para respaldar el ejercicio del derecho a la autonomía, la integridad y
seguridad sexuales.
No puede perderse de vista que en los preceptos constitucionales ya tratados no se
encuentran alusiones directas a los elementos de la orientación sexual e identidad de
género, lo que se justifica con el hecho de que el texto no contempla de modo expreso
la existencia de los derechos sexuales y por ello no incluye en su redacción estas
cuestiones. Ya se había apuntado que por esta razón no se encuentran delimitadas
las garantías necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos sexuales, y aunque
en la práctica se ancle la defensa en las garantías preexistentes, estas no resultan suficientes
por no estar concebidas para estas especificidades.
El propio texto constitucional bloquea la posibilidad de ejercicio de uno de los derechos
sexuales, es el caso del artículo 36, donde se define al matrimonio como la
unión voluntariamente concertada de un hombre con una mujer con aptitud legal
para ello, a fin de hacer vida en común.
Como resulta evidente, esta norma resulta escollo ante la posibilidad de garantizar
la libre asociación sexual, teniendo en cuenta que por mandato constitucional se
reserva la institución solo para hombre y mujer y no para parejas homosexuales.
La cuestión se agudiza si se tiene en cuenta que no hay alusión a otro tipo de unión
reconocida jurídicamente para personas del mismo sexo en la Carta Magna.
Tampoco el Código de Familia franquea la posibilidad de las uniones con efectos
jurídicos entre personas del mismo sexo, no obstante, ya se encuentran en franca
discusión las posibles modificaciones al mencionado código, siendo una de ellas la
regulación de uniones legales para personas del mismo sexo.
En relación con esto, también halla dificultad la realización del derecho a formar
una familia con independencia de las diferentes orientaciones sexuales y la identidad
de género, pues resulta que la posibilidad de adopción se reserva, en el Código de
Familia, a los cónyuges, o sea, a los unidos en matrimonio. Si bien es cierto que no
existe una única configuración o modalidad de familia válida y por lo tanto, la idea
de familia no puede circunscribirse solamente a la tradicional familia nuclear estructurada
con las figuras parentales y los hijos e hijas, también es lógico señalar que la
imposibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan recurrir a la adopción, resulta

Derechos sexuales relativos a la orientación sexual y la identidad de género...
un freno a aquellas parejas cuya voluntad sea la de formar una familia compuesta
por hijos e hijas.
código Penal (ley 62/ 987)
Vale destacar en este sentido que este cuerpo legal expone como uno de sus objetivos
la promoción de “la cabal observancia de los derechos y deberes de los ciudadanos”.
Se observa en este sentido, cómo los bienes jurídicos protegidos a través
de la formulación de tipos penales coinciden con los contenidos de algunos de los
derechos sexuales.
El artículo 295.1 regula el delito contra el derecho de igualdad, sancionando la conducta
discriminadora hacia otra persona o promueva o incite a la discriminación,
sea con manifestaciones y ánimo ofensivo a su sexo, raza, color u origen nacional
o con acciones para obstaculizarle o impedirle, por motivos de sexo, raza, color u
origen nacional, el ejercicio o disfrute de los derechos de igualdad establecidas en
la Constitución. Debe puntualizarse que existe una omisión importante, toda vez
que no contempla la orientación sexual y la identidad de género como motivos de
discriminación.
De igual forma, la norma penal cubana sanciona las conductas que atenten contra
la vida y la integridad corporal como bienes jurídicos superiores, a partir del artículo
261 y siguientes del Código Penal, lo cual a todas luces garantiza el disfrute del derecho
a la libertad sexual, así como el derecho a la autonomía, la integridad y seguridad
sexuales. También estos son garantizados a través de los delitos contra los derechos
individuales, contenidos del artículo 279.1 al 286.1 y de los delitos contra el normal
desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud, regulados
del artículo 298.1 al 310.1.
resolución 26 de 4 de junio de 2008, emitida
por el Ministerio de salud Pública
A través de esta disposición jurídica, se crea la Comisión Nacional de Atención Integral
a Personas Transexuales (CNAIPT), cuyas funciones son:
• La elaboración, implementación y coordinación de la política nacional de
atención integral a personas transexuales.
• La promoción de la mencionada atención.
• La aprobación, de acuerdo a los criterios de elegibilidad y disponibilidad de
contenidos en los protocolos de actuación para el tratamiento, la pertinencia
o no de la cirugía de reasignación sexual.
1

1
liC. Manuel vázQuez seiJido
• Direccionar metodológicamente el funcionamiento del Centro de Atención a
la Salud Integral de las personas transexuales.
• Promover investigaciones que coadyuven al desarrollo del conocimiento científico
multidisciplinario sobre la transexualidad.
Mediante esta misma resolución se crea el Centro de Atención a la Salud Integral de
las personas transexuales, con el objetivo básico de brindar los servicios de salud integral
que incluye el estudio, tratamiento, investigación asistencial y seguimiento a las
personas transexuales. Vale destacar que lo relativo a este centro aún no se encuentra
completamente implementado, pues aunque la atención a la salud integral se brinda,
no se realiza de modo concentrado en una única unidad asistencial.
Como se colige de lo anterior, en esta norma hallan clara garantía de orden material
e institucional los derechos sexuales relativos a la libertad sexual, la autonomía, integridad
y seguridad sexuales así como la educación y atención de salud sexuales de
forma universal y gratuita. A través de las condiciones que crea esta disposición se
asegura la posibilidad de expresar física y emocionalmente la sexualidad tal y como
desean las personas transexuales, así como la evidente capacidad de decidir sobre los
cambios que implican las cirugías de reasignación sexual sobre los cuerpos. Asimismo
el acceso de modo gratuito y universal a la atención de salud sexual se encuentra
debidamente asegurado a través de ambas estructuras, la Comisión y el Centro.
algunas consideraciones finales
Es una cuestión científicamente ostensible que los derechos sexuales forman parte
de los derechos humanos que asisten a todas las personas. Su reconocimiento y las
garantías para su ejercicio resultan hoy día tareas pendientes. Asimismo se impone
desarrollar las cuestiones relativas a los derechos sexuales desde el campo de la
dogmática jurídica, de modo que se perfeccione técnicamente el contenido de los
mismos.
Una posición importante para el logro de su reconocimiento internacional y en los
diferentes ordenamientos jurídicos nacionales lo constituye la documentación de los
eventos lesivos a los derechos sexuales y sus consecuencias para la salud, el bienestar
y la vida de las personas. Esto, unido a la necesaria abogacía desde la ciudadanía en
los diferentes procesos de participación política que franqueen los sistemas políticos
a fin de lograr consenso en torno al reconocimiento y regulación de los derechos
sexuales. Es necesario, para lograr el mencionado reconocimiento, ampliar y diversificar
las actividades de promoción en materia de derechos sexuales, las que deben
fundamentarse en acciones participativas y procesos dialógicos que impliquen y
aporten elementos desde las diferentes perspectivas culturales, religiosas y sociales.

Derechos sexuales relativos a la orientación sexual y la identidad de género...
En el escenario cubano, sucede otro tanto, donde resultan insuficientes las
garantías para los derechos sexuales relativos a la orientación sexual e identidad
de género, cuestión que halla su génesis en la ausencia de reconocimiento
formal de los mismos y por tanto genera un débil diseño de las garantías jurisdiccionales
que aseguren la vía procesal para la actuación ante vulneración,
o las instituciones ante las cuales reclamar la vulneración o las condiciones
materiales que aseguren el pleno disfrute y ejercicio de tales derechos. No
obstante, la dinámica social actual se muestra un tanto favorable; están siendo
sometidas a procesos de análisis y discusión, aunque dilatados, las propuestas
para las modificaciones al Código de Familia vigente, entre las que destaca el
reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo, con efectos
de índole personal y patrimonial similares a los del matrimonio.
El tema no queda, en ninguna medida, zanjado. Este será posiblemente el
inicio de muchas otras discusiones y análisis, que a su vez han sido precedidas
por otros tantos procesos de debate e intercambio crítico, transformadores,
revolucionarios. Sin embargo, la ruta crítica se visibiliza ahora con más claridad,
se trata de erguirse sobre las bases que se han construido desde la
voluntad política del Estado cubano y comenzar a materializar lo proyectado
en políticas sociales, que incluyan expresiones legislativas efectivas para el
reconocimiento y garantía de los derechos sexuales que contemplen el pleno
desarrollo de la orientación sexual e identidad de género.
1

71
el eJercicio de la acción ciVil
de caMbio de seXo en cUba.
consideraciones de leGeFerenda
Y leGe data
ideas preliminares
liC. Giselle paret GarCía
CuBa
Sin pretender retórica baladí, el goce y la promoción de una salud sexual armónica
y constructiva han de fomentarse como una responsabilidad (en el sentido de cargadeber)
desde lo individual y lo colectivo, desde lo interno y lo internacional; porque
los derechos sexuales son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos
humanos. En tal sentido, así lo proclamó en la Declaración Salud Sexual para el Milenio
la Asociación Mundial para la Salud Sexual 1 (WAS, según sus siglas en inglés)
aprobada en Asamblea General de la WAS celebrada en Sydney, Australia, el 17 de
abril de 2007 donde se patentiza que la salud sexual es ingrediente clave en la salud
y bienestar generales, con la exhortación, entre otras metas, de identificar, abordar y
tratar las preocupaciones, las disfunciones y los trastornos sexuales por su repercusión
en la calidad de vida. 2
1 La WAS es una organización internacional fundada en Roma en 1978 con la finalidad de impulsar la
colaboración internacional en la esfera de la sexología y coordinar las actividades destinadas a aumentar
la investigación y los conocimientos sobre sexología, en especial la educación sobre sexualidad,
salud sexual y alivio del sufrimiento relacionado con la sexualidad. Para ello, agrupa a personas y
organizaciones que desarrollan actividades de intercambio cultural, promoción, formación de redes
y relaciones de trabajo. De Cuba, son miembros: la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio
de la Sexualidad y el Centro Nacional de Educación Sexual.
2 WAS: Salud Sexual para el Milenio: Declaración y Documento Técnico, World Association for Sexual Health,
Minneapolis 2008, p. 19.

El ejercicio de la acción civil de cambio de sexo en Cuba...
El derecho a la libertad sexual; a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del
cuerpo; a la privacidad sexual; a la equidad sexual; al placer sexual; a la expresión
sexual emocional; a la libre asociación sexual; a la toma de decisiones reproductivas,
libres y responsables; a la información basada en el conocimiento científico; a la
educación sexual integral y a la atención a la salud sexual son enunciados cardinales
de los derechos sexuales. En su estado positivo o negativo expresan el bienestar o
sufrimiento físico, biológico, psicológico, económico, político, cultural, ético, legal,
histórico, religioso, espiritual y social del individuo que vive su sexualidad, lo que
indudablemente condicionará la elección de compañero sexual -hétero, homo o bisexual-,
la relación familiar, escolar, laboral, vecinal o comunal y social.
Resulta entendida la sexualidad 3 como parte integral de la personalidad de todo ser
humano que se construye a lo largo de la vida a través de la interacción entre el individuo
y las estructuras sociales que abarca el sexo, las identidades y los papeles de
género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción.
En definitiva, es propia e innata a cada individuo cual indicador de su identidad personal.
Uno de los aspectos más relevantes de la identidad personal, sin dudas, lo es
la identidad sexual.
El abordaje jurídico de los derechos sexuales es reciente; son considerados de cuarta
generación en un estado de dependencia con el resto de los derechos humanos reconocidos,
e incluso se plantea, que funcionan como concreción de estos, por ejemplo:
el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, la no discriminación, etcétera.
La protección de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, junto
a la vida, la libertad, el nombre, la imagen, la intimidad, como derechos inherentes
a la personalidad, -esenciales, inviolables, intrasmisibles, irrenunciables, no enajenables,
indivisibles e imprescriptibles- no encuentra escollos en el derecho patrio, en
cuanto a su consagración como derecho constitucional y enunciación en el campo
del derecho privado 4 aun cuando la dogmática no sea la más atinada. Sin embargo,
los mecanismos necesarios para su garantía –materiales, formales, institucionales
y procedimentales- son perfectibles. En lo que atañe a la identidad sexual, la práctica
jurisdiccional cubana la acoge al amparo de la integridad física que dimana de
la dignidad humana del sujeto; o como actos de disposición del propio cuerpo; o
como libre desarrollo de la personalidad; o como derecho a la salud entendida como
bienestar integral. 5
3 WAS: Ob cit, p. 160.
4 El artículo 38 del Código Civil reza: “La violación de los derechos inherentes a la personalidad consagrados
en la Constitución, que afecte al patrimonio o al honor de su titular, confiere a éste o a sus
causahabientes la facultad de exigir: -a) el cese inmediato de la violación o eliminación de sus efectos,
de ser posible; -b) la retracción por parte del ofensor; y -c) la reparación de los daños y perjuicios
causados”.
5 La Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana, en sentencia
no. 3 de 24 de enero de 2011, Recurso de Apelación, Primer Considerando. Ponente Blanco Pérez
pronunció: “haber decidido libremente someterse a una intervención quirúrgica para la ablación
1

20
liC. Giselle paret GarCía
En la construcción de la sexualidad el proceso de sexuación es determinante. Es un
proceso complejo de diferenciación sexual –de lo masculino o de lo femenino- donde
intervienen numerosos elementos sexuantes, como son: los cromosomas sexuales,
las gónadas, las hormonas, los genitales internos y externos, el sexo de asignación
al nacimiento, el sexo legal, la crianza diferencial, el rol de género, la pubertad y el
climaterio, etcétera.
Según Carbonnier “la regla general es que todos los componentes del sexo coincidan
en una misma dirección 6 ”, dígase el cromosómico (genético), anatómico, hormonal
y psicológico. Ello implica que tales elementos sean mutables dada la permanente
evolución de la personalidad del ser humano que se concreta en la forma de expresión
de los géneros, exceptuando el cromosómico, que es estático. Los rasgos, cualidades,
modos de conducta y de relaciones asociadas tradicionalmente a cada sexo no
están irreductiblemente ligados a la condición biológica de cada uno de ellos, sino
que han sido construidos y tienen el carácter de sociocultural. He ahí, un conflicto
socio-jurídico a dilucidar cuando se está en presencia de trastornos relacionados con
la identidad de género, disforia de género, identidad de género, o problemas con el
sexo, conocidos todos, como transexualismo.
Resulta una preocupación social los trastornos asociados con la identidad de género,
dada su repercusión negativa sobre la calidad de vida como sobre el estado emocional
del sujeto. Para el/la transexual hay un costo personal y social, tal es la lucha
interna que se le suscita una angustia e insatisfacción personal con sus caracteres
sexuales, de género, imagen corporal, la elección de pareja y la percepción con los
demás. Se originan graves consecuencias sobre la autoestima, la identidad y el bienestar.
Irresistiblemente se sienten que pertenecen al sexo contrario, desean cambiar
su morfología sexual y para ello acuden a la cirugía de reasignación sexual. Estos sujetos
generalmente afrontan censura moral y dificultades en sus relaciones sexuales,
en su ámbito familiar, escolar, laboral, y social. Por ende, esta realidad no puede ser
ignorada ni marginada por el Derecho.
de sus órganos reproductores masculinos, en virtud del iusvariandii que detenta, precisa su plena
defensa dadas las eventuales amenazas que pueden sufrir en cuanto a su integridad, demandando la
conformación de vías legales para su salvaguarda en la medida que dicho derechos dimanan en su
esencia de la dignidad humana, que inciden directamente en el desarrollo de su personalidad”, en
Pérez Gallardo, Leonardo B: Código Civil de la República de Cuba, Ley No. 59/1987 de 16 de julio. Anotado
y Concordado, Colección Jurídica, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2011.
6 Carbonnier: Droit Civil, vol. 1, Les Personnes. Personalité, Incapacités, Personnes morales (18 ed. para Las
Personnes y 14 ed. refundida para Las incapacité), París, 1992, p. 115, citado por: De Verda y José Ramón
Beamonte: La Transexualidad en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Universidad de Valencia, texto
digital, s/a.

El ejercicio de la acción civil de cambio de sexo en Cuba...
la rectificación de sexo en el asiento registral
de nacimiento según la práctica cubana
¿Existe en Cuba mandato jurídico expreso sobre la transexualidad y la rectificación
del sexo en el acta de nacimiento?
La atención y tratamiento integral a la salud de las personas transexuales en Cuba
lo coordina la Comisión Nacional de Atención integral a las personas transexuales
que dirige el Centro Nacional de Educación Sexual –CENESEX 7 - según dispone la
Resolución Ministerial del MINSAP número 126 de 4 de junio de 2008. Constituye
un hito legislativo la promulgación de esta resolución ministerial; ordenó en lo
sucesivo la política nacional de atención a las personas transexuales; creó el Centro
de atención a la salud integral de las personas transexuales como la única institución
del Sistema Nacional de Salud autorizada a realizar los tratamientos médicos totales
o parciales de reasignación sexual según los criterios de elegibilidad y disponibilidad
dispuestos en los protocolos e introdujo un glosario mínimo de términos como lo
son: sexo, sexo asignado, género, identidad de género, persona transexual, criterios
de elegibilidad, criterios de disponibilidad y cirugía de reasignación sexual.
Actualmente, tienen historia clínica en proceso de transexualización 208 personas
donde la generalidad transita de hombre a mujer; a 14 se le han practicado satisfactoriamente
los procederes de adecuación sexual, 12 transitaron a la identidad de género
femenina y 2 a la identidad de género masculina; y 7, ya han concluido hasta con el
proceso legal de cambio de sexo y de nombre.
Los antecedentes del diagnóstico y tratamiento de transexuales en nuestro país datan
de 1979; lo inició un equipo de trabajo multidisciplinario perteneciente a la Comisión
Nacional de Orientación y Terapia Sexual siguiendo las experiencias de algunos
países, que se consideraban de avanzada en la década del setenta (República Democrática
Alemana, Suecia, Checoslovaquia, Estados Unidos) con el tratamiento
médico y legal 8 . Así, en 1979 se emitió la primera evaluación diagnóstico de transexual
masculino y el 5 de mayo 1988 se practicó satisfactoriamente por especialistas
cubanos la primera cirugía de reasignación sexual a una transexual femenina sin
tener repercusión registral. Indudablemente la diferenciación sexual -masculino o
7 El CENESEX se creó mediante la Resolución Ministerial número 235, de 28 de diciembre de 1988
del MINSAP como una institución docente, investigativa y de orientación a la población subordinada
al Ministerio de Salud Pública; heredero del Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual. Actualmente
la misión y finalidad del CENESEX se fortalece y redimensiona; cuenta con un grupo de
redes sociales entre las que figura la Red de Juristas por los Derechos Sexuales, cuyos activistas son
estudiantes y profesionales del Derecho –profesores de la Facultad de Derecho, abogados, jueces,
registradores del estado civil y fiscales.
8 Mariela Castro Espín: Estrategia e implementación de políticas para la atención a los Trastornos de la Identidad
de Género en Cuba: estado actual. Exposición al parlamento, texto digital, 2005.
21

22
liC. Giselle paret GarCía
femenino-, como el nombre, la filiación y otros hechos y actos relacionados con el
individuo, que determinan el estado civil, tienen relevancia para el ordenamiento
jurídico. Se anotan o inscriben en el Registro del Estado Civil -registros públicos- en
tributo al principio de publicidad -artículo 108 del Código Civil-.
El estado civil de las personas se acredita mediante las certificaciones –en forma
literal o en extracto- que expiden los encargados del registro con vista a los asientos
que obren en el Registro del Estado Civil; las que gozan de eficacia plena y valor
probatorio no solo a los efectos de los interesados, sino ante terceros, ante la sociedad
y el propio Estado. El Registro del Estado Civil además, constituye un medio
para la formación de las estadísticas demográficas, de salud y otras de interés social
(-artículos 2, 31 y 34 de la Ley del Registro del Estado Civil, L 51/85-).
El procedimiento para la inscripción del nacimiento de un bebé opera dentro de las
setenta y dos horas posteriores al nacimiento, antes del egreso del recién nacido de la
unidad asistencial de salud, y el sexo del nacido se consigna con la palabra masculino
o femenino 9 ¿Cuál es el criterio de determinación y asignación del sexo del recién
nacido? Ello lo fija el profesional de la salud al asignar el sexo según las características
de los genitales externos y en concordancia, será este el sexo declarado por
los padres ante el funcionario encargado del Registro del Estado Civil en cuestión,
correspondiéndose entonces, sexo asignado con sexo registral o legal. Tratándose de
transexuales, ¿cabe modificar el sexo jurídico en la realidad cubana? 10
Visto que los asientos del Registro del Estado Civil constituyen la prueba del estado
civil de las personas solo pueden anularse mediante ejecutoría de tribunal competente
los errores, adiciones u omisiones sustanciales 11 que padezca un asiento en
cuestión, cuya rectificación, adición o enmienda se anota mediante nota marginal en
el asiento de que se trate (Artículo 31 y 32 L51/85).
Evidentemente el/la transexual que vive el proceso de transexualización que comporta
una atención psicoterapéutica, tratamiento hormonal y la cirugía de reasignación
sexual necesita asistencia y representación legal a fin que su derecho concreto
9 Artículo 40 y 41 de la Ley del Registro del Estado Civil, Ley número 51, de 15 julio 1985, en relación
con el artículo 73 y ss. del Reglamento de la Ley 51, Resolución número 157 del MINJUS, de 25 de
diciembre de 1985.
10 Las soluciones legales brindadas en las legislaciones foráneas difieren. Existen soluciones que
descansan en decisiones administrativas (Australia y Dinamarca), fallo del órgano jurisprudencial
(Suiza), otros optan por un instrumento legal específico con procedimientos y garantías (Suecia,
Alemania, Holanda, Italia, Canadá, Sudáfrica, España y Estados Unidos) y una minoría parte de las
vivencias personales sin requisitos o formalidad por la libre declaración del sujeto para acceder al
cambio de sexo.
11 El Reglamentode la L 51/85, distingue entre errores u omisiones en los asientos registrales de
carácter material y de carácter esencial. La declaración del tipo le corresponde al registrador. Si se
trata de error u omisión de carácter material le corresponde subsanarla de oficio o a instancia de
parte interesada para lo cual conformará un expediente. En cambio, si a juicio del registrador, el
error u omisión altera el hecho o acto registrado lo declara sustancial mediante resolución fundada
inhibiéndose de subsanarlo.

El ejercicio de la acción civil de cambio de sexo en Cuba...
-derecho a la identidad sexual, derecho a la salud sexual, bienestar general, o derecho
al libre desarrollo de su personalidad como quiere que se le llame- no quede inerme.
Obtener tal tutela jurídica implica dirigirse frente a los órganos del Estado competente
-órgano jurisdiccional o registro público- y solicitar que se reconozca su derecho
subjetivo asistido de dirección letrada.
Dicho derecho subjetivo se concreta en reclamar el cambio de nombre y cambio de
sexo, lo cual pudiera operar concomitante al proceso de transexualización o después
de concluido, es decir, una vez se hayan realizado satisfactoriamente los tratamientos
médicos totales de reasignación sexual.
La práctica seguida en Cuba indica que se dirigen contra los órganos jurisdiccionales
a solicitar la rectificación registral del sexo y el consiguiente cambio de nombre
una vez concluido el tratamiento médico-quirúrgico experimentado. Las alegaciones
se fundan sobre la certeza de que la cirugía de reasignación sexual tiene carácter
permanente e irreversible y la apariencia física del individuo está en armonía con
el sexo al cual ha sido reasignado en reflejo del género al cual se siente identificado
psicológicamente y se apela a la interpretación y aplicación de los postulados básicos
consagrados en la constitución y su integración con el resto de las normas del
ordenamiento jurídico. Lo cierto, es que solo la sentencia estimatoria y favorable a
tal petición es la que hace cierta tal situación, que en lo sucesivo cobra seguridad
jurídica, certeza, firmeza y el carácter de inatacable e inimpugnable.
Concomitante al proceso de transexualización que vivían 13 individuos -11 transexuales
femeninos y 2 masculinos- el 7 de febrero de 1997,en el CENESEX, se les
hizo entrega de sus cédulas de identidad con su foto actualizada y número que los
hacía propio del congénere que se identificaban. Tal decisión administrativa por parte
de la Dirección Nacional del carné de identidad, del Registro Especial del Ministerio
de Justicia (MINJUS) y del CENESEX obedecía al cambio de nombre que había
operado el encargado del Registro Especial del Estado Civil a cargo del MINJUS en
los asientos de nacimiento de estos, en las que el sexo registrado permanecía incólume,
tal cual se había declarado al momento de su nacimiento, justificando ello en la
conducta social y personal respetuosa asumida, cumplidores de las normas sociales y
legales y a su condición de transexual masculino o femenino según el caso.
Las resoluciones autorizantes del cambio que expidiera la registradora encargada
del Registro Especial del Estado Civil a cargo del Ministerio de Justicia el 19 de diciembre
de 1996 accedían al cambio de nombre al amparo del artículo 43 de la Ley
51/85.
La ley cubana no franquea que al inscrito del sexo masculino se le dé nombre masculino
y a la persona de sexo femenino nombre femenino como otras legislaciones
foráneas. Los padres o el interesado podrán escoger libremente los nombres -hasta
dos- en correspondencia con el desarrollo educacional, cultural del pueblo y sus
tradiciones. Durante el régimen de la patria potestad se podrá adicionar, modificar
23

2
liC. Giselle paret GarCía
o suprimir una vez el nombre y tras alcanzar la mayoría de edad hasta dos veces 12 .
Según el desarrollo educacional, cultural y las tradiciones del pueblo de Cuba se le
ponen a los nacidos nombres ambiguos como lo son: Andrea, Alex, Lourdes, o a
los del sexo masculino José María, Rafael María, Dolores, y a los del sexo femenino
Rafaela, Ernestina, Juana, Alexis, René, etcétera.
Por su parte, la judicatura cubana conoció y tramitó el primer caso de cambio de
sexo entre los años 1996 y 1998. Se incoó Expediente civil no. 128 de 1996 por la
Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de
Ciudad de La Habana que recayó en la sentencia estimatoria número 1 de 14 de
enero de 1998. Se trataba de un ciudadano cubano que se había sometido en el extranjero
a la cirugía de readecuación genital a femenino. Este caso es axiomático por
sus peculiaridades; el cónsul cubano en el país de residencia de la transexual declaró
en documento que ante sí concurría una mujer que a los efectos legales en Cuba la
misma era un hombre de generales distintas a las referidas en la identificación de
ese estado, y que ambos eran la misma persona, ello se demostró en el proceso y
el juzgador apeló -al no existir norma de aplicación directa- a la integración de los
principios generales del derecho, a las disposiciones de la Constitución, a la Ley del
Registro del Estado Civil y al postulado básico de la ley ritual civil que la jurisdicción
de los tribunales cubanos es indeclinable, pues se había interpuesto la demanda ante
la segunda instancia cuando el conflicto en razón de la materia era de conocerse por
los tribunales municipales. 13
Así, otros transexuales con residencia en el exterior presentaron sus solicitudes, esta
vez ante los tribunales de primera instancia y sus pretensiones in integrum estimadas,
a saber: Expediente civil radicado al número 31 del año 2001 de San Miguel del Padrón
que recayó en la Sentencia no. 110 de 28 de febrero del año 2002; Expediente
Civil radicado al número 610 del año 2002 de Playa que recayó en la Sentencia número
512 de 29 de septiembre del año 2003; Expediente Civil radicado al número
16 del año 2003 Tribunal municipal de Artemisa que recayó en la Sentencia número
285 de 30 de septiembre de 2003.
Para finales de la primera década del 2000 se reinician en el país las cirugías de
reasignación sexual por especialistas cubanos en colaboración con especialistas extranjeros.
Comienzan entonces, los tribunales a conocer de los cambios de sexo de
personas diagnosticadas por una institución cubana y tratados en Cuba. En cambio,
la realidad jurídica no ha variado, aún se reivindica una ley sustantiva sobre identidad
de género que desarrolle los preceptos constitucionales; sin embargo, contamos con
la Resolución Ministerial del MINSAP 126/08 que abre las brechas al reconocimiento
de los tratamientos médicos de los/las transexuales por el derecho sustantivo.
12 Artículo 94 al 112 del Reglamento de la L 51/85.
13 Marta Fernández Martínez: La Transexualidad. Un enfoque jurídico, texto digital.

El ejercicio de la acción civil de cambio de sexo en Cuba...
Obviamente, la cuestión del cambio de sexo atañe a la jurisdicción civil de naturaleza
contenciosa. El acto de iniciación, una Demanda sobre Rectificación de Sexo en Acta de
Inscripción de Nacimiento seguida por los trámites del Proceso Ordinario al amparo del
artículo 223 apartado segundo en relación con el artículo 5 apartado segundo de la Ley de Procedimiento
Civil, Administrativo, Laboral y Económico, en tanto se ordena que los tribunales
municipales -los de primera instancia- conozcan en materia civil los procesos sobre
el estado civil de las personas cuyas demandas se tramitarán en proceso ordinario, el
proceso de conocimiento modelo.
No se le dará curso a la demanda sin la aportación de algunos fundamentos probatorios
14 como son: Certificación de nacimiento del promovente, Certifico de la Directora
del CENESEX en su condición de Presidenta Comisión Nacional de Atención
a Personas Transexuales a fin de hacer constar la autenticidad y carácter indubitado
del proceso de transexualización que fuera sometido el individuo, el Resumen de
Historia Clínica y la Certificación del procedimiento seguido en la cirugía de reasignación
sexual, todo ello avalado por los profesionales de la salud actuante.
Los operadores cubanos le han dado diferentes denominaciones al proceso, a decir:
“Proceso ordinario sobre el ejercicio de la libre determinación sexual”; “Proceso
ordinario sobre el estado civil”; “Proceso Ordinario sobre modificación (cambio) de
sexo en el Registro del Estado Civil”; “Proceso Ordinario sobre rectificación de sexo
en el acta de nacimiento” y “Proceso ordinario sobre nulidad parcial de inscripción
de nacimiento”. La denominación del proceso puede resultar intrascendente cuando
inequívocamente lo alegado informa al juzgador que se funda en derecho concreto.
Eso si, rectificar o modificar el sexo en el acta de nacimiento fijado en la sentencia no
implica la nulidad del asiento, ni conlleva entonces la cancelación del asiento y practicar
una nueva inscripción con notas marginales de mutua referencia. La readecuación
sexual no supone la muerte del sujeto, simplemente se trata del mismo sujeto
con una nueva identidad sexual en tributo de su persona y personalidad jurídica. El
término cambio de sexo queda al margen del lenguaje técnico-forense aun cuando
sea el de mayor usanza en la legislación foránea.
Al referirse a una cuestión relevante del nacimiento, como lo es el sexo registrado y
declarado por los padres, en dicho acto resultan demandados los padres y el Fiscal, a
quien la postulación procesal en estos procesos -los referidos al estado civil- le viene
asignada por ley, artículo 47 de la ley ritual adjetiva.
Amplio puede resultar el material probatorio desde documental pública y privadas,
reproducciones; testifical; confesión judicial; reconocimiento judicial y pericial de
expertos del CENESEX. Resulta interesante el análisis que ofrecen los jueces en
nuestro contexto sobre el trastorno de la identidad de género, sus fundamentos de
hechos y de derecho. A continuación transcribimos algunas sentencias.
14 El artículo 227 de la ley de trámites civiles regula que se acompañan necesariamente a la demanda
los documentos en que el actor funde el derecho que alega.
2

2
liC. Giselle paret GarCía
“La transexualidad implica un comportamiento sensorial y social distinto al sexo
anatómico sin que deba considerarse tal cuestión, como una aberración o conducta
impropia”, sostenía la ponente de la Sentencia número 1 de 14 de enero de 1998
-TPPCH, Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo-. 15 El Tribunal Municipal
Popular de Artemisa en sentencia número 285 de 30 de septiembre de 2003 de la
Sección Civil del Tribunal Municipal de Artemisa definió “el transexual no tiene que
ver con el homosexualismo, no es un capricho, no disfruta de sus genitales, por lo
que si no puede hacer el cambio puede llegar a tener serios problemas”. Asimismo
estima: “no obstante los documentos (…) aportados por el demandante (…) no
es óbice para que ipso facto este Tribunal acoja como cierto que así sea, sino de la
valoración del resto del material probatorio (…) y aunque el ordenamiento jurídico
nuestro no contenga (…) norma que preceptúa la solución de conatos de este tipo, la
solución de los mismos es indeclinable, (…), correspondiéndole entonces al juez que
resuelve la integración del articulado de diferentes normas para fijar los fundamentos
de derecho que servirán de pilares al fallo que se dicte, (…) por lo que no puede
marginarse, ni dejar sin protección jurídica a quien ha decidido pertenecer anatómica
y síquicamente a un sexo diferente al biológico, no lacerando esta libertad los fines ni
existencia del Estado (…). Con la identidad sexual de cada persona se complementa
su estado civil visto este último como categoría referida no solo a estado conyugal
o no, sino como mas extendida a los nombres, en fin a aquellos datos más importantes
y reveladores contenidos en las inscripciones de nacimiento, las que (…) solo
podrían ser anuladas y rectificadas en virtud de ejecutoria del Tribunal (…), debiéndose
consignar por el registrador como dato en cada acta de nacimiento, el sexo de
la persona, (…), sin que se haga distinción en que si se trata de sexo biológico o del
sexo anatómico, no conteniéndose en esta Ley ni en ninguna otra, precepto expreso
que autorice lo que se pretende, así como tampoco hay prohibición en contrario y
la aplicación del Derecho a juicio de quien resuelve, va más allá de las fronteras que
impone la norma jurídica”.
Por su parte, la sentencia número 3 de 2011 de la Sala Segunda de lo Civil y de lo
Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana justificó la estimación
del recurso de apelación de la transexual femenina contra la sentencia de primera
instancia argumentando:
A pesar de que las leyes positivas no hayan previsto concretamente esas nuevas situaciones
devenidas de los avances de la ciencia médica como en el caso de las operaciones
por transexualismo, sin que pueda entonces ignorar el Derecho la mutación sufrida en
su esfera física, en tanto toda persona merece tener un sexo bien determinado en lo que
respecta a sus atributos psicológicos y sus caracteres físico-sexuales, del mismo modo
que no se le puede imponer a nadie el tener que mantenerse dentro de los márgenes de
un sexo que no le corresponde psíquicamente, el cual de hecho ya ha sido rechazado
por el recurrente, esto por encima de que sus caracteres genético-sexuales sigan siendo
15 Marta Fernández Martínez: La Transexualidad…, ob. cit.

El ejercicio de la acción civil de cambio de sexo en Cuba...
los de un masculino pues, en todo caso, el sexo comporta más que perfiles cromosómicos,
implica, además el aspecto físico-biológico o fenotípico que ha tomado ahora el ser,
unido a la trascendencia que también detenta comportamiento social como individuo,
siendo precisamente esos factores de la psiquis los más importantes en la medida que
inciden directamente en el desarrollo de su personalidad. 16
La sentencia número 21 de 2012 de la Sección de lo Civil del Tribunal Municipal
Popular de Playa 17 fundamenta en el Primer Considerando:
(…) lo pretendido por quien hoy acciona debe ser acogido in integrum, máxime si se tiene
en cuenta que quedó acreditado en las actuaciones el tratamiento médico-quirúrgico al
cual fue sometido el promovente a los efectos de corregir la discordancia entre el sexo
que psicológicamente siente como propio y el que anatómica y registralmente le correspondía
por sus órganos genitales a su nacimiento, hecho este que indiscutiblemente
difiere de lo consignado en la inscripción registral del promovente y con trascendencia
ello en el ámbito jurídico. (…) Se pudo constatar (…) el proceso por el cual ha transitado
xxx hasta ser reasignado quirúrgicamente con genitales femeninos, dejando de
tener definitivamente el sexo masculino, (…) al haberse construido de forma definitiva
genitales externos femeninos con funcionalidad adecuada (…) Que así mismo se pudo
constatar (…) la apariencia física del promovente en armonía con el sexo al cual ha
sido reasignado, y que reflejan en definitiva el género con el cual se siente identificado
psicológicamente.
Es incuestionable que la resolución judicial que concluye el proceso de rectificación
produce un estado de certeza jurídica. A través de esta, el órgano jurisdiccional concreta,
fija y le reconoce el derecho concreto al transexual, lo que resultaba incierto
ahora se hace cierto y posible.
consideraciones finales
Ciertamente, la rectificación de sexo en el asiento de nacimiento no persigue ningún
fin ilícito, ni reporta perjuicio a terceros ni atenta contra el orden público y “no tiene que
ser regulada de forma específica en ordenamiento jurídico alguno -la transexualidad- para
cobrar virtualidad jurídica y ser tutelados, por el solo hecho de ser consustancial a la
existencia de la persona misma”. 18
16 Leonardo B. Pérez Gallardo: Ob. Cit, pp. 46 y 47.
17 Expediente no. 175 de 2011, “Proceso ordinario sobre Rectificación de Sexo en Asiento Registral”.
ponente Guadarramos Pérez.
18 Ídem.
2

2
liC. Giselle paret GarCía
El fenómeno de la transexualidad, hoy en Cuba, está en formación desde la praxis
jurídica aun cuando los juzgados estén abiertos a este tipo de casos y ofrezcan una
solución favorable, en cuanto a la interpretación que hacen de los postulados constitucionales
y demás leyes. Los argumentos en nada conducen a lo absurdo, en cambio,
son razones claras y terminantes. Acá no hay conflicto con el Derecho ni la justicia
porque en lo expreso y terminante de la Constitución -artículos 9 inciso a) pleca
tercera, 42 y 50- se contiene el derecho concreto fundado, el de igualdad de todos
los seres humanos; atención y protección de la salud; libertad y dignidad plena del
hombre; desarrollo integral de su personalidad y el fundamental, toda discriminación
por motivo de sexo y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita
y sancionada por ley.

derecHo al aborto no PUnible.
Una sentencia eJeMPlar de la corte
sUPreMa de JUsticia de la nación
arGentina
Presentación del tema
aBG. norMa GraCiela Chiapparrone
argentina
En la República Argentina los abortos no punibles en caso de violación constituyen
un derecho de las mujeres según las normas de derecho común y del derecho supranacional
que integra el bloque de legalidad constitucional. Sin embargo, el ejercicio
de este derecho se ha visto seriamente confrontado en la realidad.
Partiendo del derecho de la mujer a la salud, incluida la salud reproductiva, amparado
en las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, intentaré establecer los parámetros que mejor se
adecuan para el pleno goce de ese derecho, y en lo pertinente acudiré a las Recomendaciones
Generales del Comité CEDAW que sobre el punto resultan de aplicación y
constituyen obligaciones para los Estados Partes.
En particular analizaré el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
dictado el 13 de marzo de 2012 precisando el alcance del aborto no punible y la
no judicialización de estos casos ante embarazos producto de una violación.
731

732 32
aclaración preliminar
abg. norma graCiela Chiapparrone
Partiendo de la punibilidad del aborto según nuestra legislación, este documento
no está referido al aborto como un derecho autónomo en sí mismo, sino dirigido
a analizar específicamente los supuestos en que existen situaciones contempladas
legalmente que los hacen posibles, los denominados abortos terapéuticos y los considerados
abortos no punibles con causa en violaciones o abusos contra la mujer,
con especial referencia a este último supuesto.
En este marco me propongo describir los escollos de distinto orden que impiden la
realización de este derecho, desnaturalizando los procedimientos, burocratizando las
prácticas médicas, obstruyendo el acceso a los mismos, judicializando el acto médico,
en definitiva, impidiendo su pleno ejercicio según las normas legales vigentes en
la República Argentina.
Para ello serán motivo de análisis dos casos: el dictaminado por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la Comunicación no. 22/2009
contra Perú, y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
de fecha 13 de marzo de 2012.
el aborto como un problema de salud pública
Desde una concepción feminista del Derecho no es posible ignorar o eludir el tema del
aborto, y por lo tanto no puede en modo alguno excluirse del análisis la existencia del
sistema patriarcal en el que se desenvuelve nuestra vida como mujeres; por ello se hace
necesario examinar el Derecho no solo como un orden meramente normativo, sino
también como un sistema de dominación en el cual las estructurales legales y culturales
nos imponen a las mujeres un modelo acerca del destino de nuestros cuerpos.
El tema de la legalización del aborto es controversial, y los supuestos de no punibilidad
aun estando previstos en las legislaciones nacionales, también enfrentan dificultades
en su interpretación y aplicación. Pero si solo estuviéramos discutiendo la aplicación
de una norma, la extensión y alcance de una determinada categoría jurídica y
nada más; si solo pretendiéramos hacer un examen teórico, sería suficiente abordar
la cuestión interpretando los datos de la estadística, y seguir las distintas opiniones de
la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo, estamos hablando de vidas de mujeres,
de historias signadas por la violencia, el desamparo, el maltrato, el abandono, la falta
de libertad, el ultraje a su dignidad.
Investigaciones de la sociedad civil indican que en la Argentina se realizan entre 460
mil y 600 mil abortos por año –cifras de junio de 2007-; y el 40 % de los embarazos

Derecho al aborto no punible. Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia...
termina en abortos clandestinos, una cifra que duplica el promedio de América Latina,
conforme datos de abril de 2005, según lo afirma la periodista Mariana Carbajal
especializada en derechos de la mujer y salud sexual y reproductiva. 1
A instancia del Ministerio de Salud de la Nación, el Centro de Estudios de Población
(CENEP) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), efectuaron
una investigación para estimar la magnitud del aborto inducido en la Argentina,
utilizando dos métodos distintos, con el propósito de ofrecer un rango de órdenes
de magnitud. Para el año 2000 se estimaron entre 446 998 y 371 965 abortos inducidos,
cifras obtenidas por medio del método basado en las estadísticas de egresos
hospitalarios por complicaciones. Se utilizaron dos hipótesis de trabajo, según que
a) la calidad de los datos se considerase aceptable y no ameritase ajustes, y b) que los
datos debieran ajustarse por el subregistro de los abortos espontáneos. 2
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la
Argentina fundamenta su proyecto de ley de interrupción voluntario del embarazo
partiendo de la base que según cifras oficiales en Argentina el aborto clandestino
es desde hace décadas la primera causa de muerte materna. Sostienen que la criminalización
del aborto que da como resultado los abortos inseguros y la muerte de
las mujeres, incluido el riesgo de muerte, resulta una violación directa del artículo
6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que expresa “El derecho
a la vida es inherente a la persona humana”. Refiriéndose al Comité de Derechos
Humanos, la Campaña recuerda que este ha señalado en sus observaciones finales
y recomendaciones de manera expresa su preocupación por estas violaciones, entre
ellas en la Observación General no. 28 (Igualdad de derechos entre hombres y mujeres),
señalando a los Estados que al presentar informes sobre el derecho a la vida
deberán aportar datos sobre el número de casos de muertes de mujeres en relación
con el embarazo y deberán proporcionar información sobre las medidas que hubieran
adoptado para que las mujeres no tengan que recurrir a abortos clandestinos que
pongan en peligro su vida (29/03/2000- Ob.Gral 28/ parr.10). También señalan
que “El comité observa con preocupación: a) las leyes estrictas sobre el aborto que
llevan a la práctica de un elevado número de abortos clandestinos con los riesgos
concomitantes para la vida y la salud de las mujeres” (Observaciones finales, Poland
29/07/99 CCPR/C/79/Add.110). El Comité también ha manifestado la preocupación
de “que el aborto esté sujeto a sanciones penales...y de que el aborto clandestino
sea la mayor causa de mortalidad materna ...” y ha recomendado expresamente “una
revisión de las disposiciones del Código Civil y del Código Penal a la luz de las obligaciones
establecidas en el Pacto...” así como “tomar las medidas necesarias para evitar
que las mujeres deban arriesgar su vida en razón de la existencia de disposiciones
legales restrictivas sobre el aborto” (O.F. Perú 18/11/96 - CCPR/C/79/ Add.72). 3
1 Mariana Carbajal: El aborto en debate. Aportes para una discusión pendiente, Editorial Paidós, Buenos Aires.
2 Movilidad materna severa en la Argentina, Estimación del aborto inducido, www.cenep.org.ar
3 Declaraciones en: www.abortolegal.com.ar
733 33

734 3
abg. norma graCiela Chiapparrone
la judicialización del aborto no punible según
el comité de derechos Humanos de la onU
Considero de interés mencionar en esta materia los casos de Perú y Argentina – a
los que luego me he de referir también en concordancia con la Convención y el funcionamiento
de su Comité-, pues ambos países fueron percibidos por el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), órgano que vigila la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según este instrumento internacional,
el Comité puede recibir quejas de violaciones de las disposiciones del Pacto
sobre igualdad de los sexos, en particular sobre el artículo 26.
Tal como sucede con las previsiones del Protocolo Facultativo de la Convención,
también existe un procedimiento de reclamaciones individuales por ante el Comité
de Derechos Humanos, el cual puede ser ejercido por particulares en los 76 países
que han ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Las mujeres de esos países pueden, por consiguiente, denunciar
violaciones de sus derechos a la equiparación jurídica protegidos por ese Pacto, así
como por el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y posiblemente
por otras convenciones internacionales de derechos humanos, siempre y cuando su
país sea también parte en esos tratados.
a) en el caso de Perú –K.L. vs. Perú– en el año 2005 el CDH dictaminó a favor
de una adolescente que fue obligada a llevar a término un embarazo de un
feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y estableció
que negar el acceso a servicios de aborto legal viola los derechos humanos de
las mujeres.
b) el caso argentino es más reciente- data de 2011-, y también trató sobre la negativa
a la práctica de un aborto a una adolescente víctima de violación que hubo
solicitado dicho procedimiento en un hospital público; si bien L.M.R. había obtenido
una sentencia del máximo tribunal local de la provincia donde acaecieron
los hechos, aun así, no logró el ejercicio de su derecho en el ámbito del sistema
hospitalario público.
Como puede observarse en los casos referenciados, y en muchos otros, el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifiesta su posición general relativa
a que debe permitirse el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia
de una violación. 4
4 Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, 15-11-2000, CCPR/CO/70/PER;
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Irlanda, 24-07-2000, A/55/40; Observaciones
Finales del Comité de Derechos Humanos: Gambia, 12-08-2004, CCPR/CO/70/GMB;
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4 del

Derecho al aborto no punible. Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia...
la cedaW y la labor de su comité
Conforme surge de los propios informes y documentos de Naciones Unidas, consultados
para la confección de este punto, 5 el artículo 17 de la Convención establece
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el cual tiene
como finalidad examinar los progresos realizados en la aplicación de sus disposiciones.
Funciona como un sistema de vigilancia, y tiene por objeto hacer un seguimiento
de la aplicación de la Convención por los Estados Partes, principalmente a través
del examen de los informes presentados por estos. El Comité estudia esos informes
y formula propuestas y recomendaciones sobre la base de su estudio. También puede
invitar a organismos especializados de las Naciones Unidas a que envíen informes
para su estudio y puede recibir información de organizaciones no gubernamentales.
El artículo 21 de la Convención establece que el Comité podrá hacer sugerencias y
recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los
datos transmitidos por los Estados Partes. Las Recomendaciones Generales tienen
alcance y efectos limitados; al dirigirse a todos los Estados Partes y no a Estados concretos,
el alcance de esas recomendaciones suele ser muy amplio, y el cumplimiento
resulta difícil de comprobar. Esas recomendaciones, al igual que toda propuesta hecha
por el Comité a los distintos Estados Partes, no tienen fuerza obligatoria.
La Convención es un documento legal y, por este motivo, puede ser preciso aclarar
sus disposiciones e incluso desarrollarlas con objeto de que los Estados conozcan
con perfecta claridad qué obligaciones contraen. Este proceso de elaboración de
una jurisprudencia es un proceso en marcha ya que la Convención es un documento
dinámico. Ha de ser lo bastante flexible para tener en cuenta la evolución de
las actitudes y circunstancias internacionales, a la vez que conserva su espíritu y su
integridad.
La interpretación de los artículos sustantivos de la Convención fue iniciada por el
Comité en su décimo período de sesiones, en 1991, cobrando nuevo ímpetu con la
aprobación de un programa de trabajo en cuya virtud se fueron examinando por
orden sucesivo los artículos sustantivos.
Cada cuatro años los Estados deben presentar ante el Comité de la CEDAW un
informe detallando las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier
otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención.
Las organizaciones no gubernamentales pueden también entregar al Comité
un informe sombra o paralelo. Después de examinar estos informes y reunirse con
22-03-2010; citados en F. 259. XLVI, F., A. L. s/medida autosatisfactiva. Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina; Centro de Información Judicial www.cij.gov.ar
5 En: www.ohchr.org
735 3

736 3
abg. norma graCiela Chiapparrone
representantes gubernamentales, el Comité emite sus conclusiones y recomendaciones
en un documento denominado “Observaciones finales”.
Hasta el año 2000 el Comité solo contemplaba este mecanismo de informes periódicos,
pero no estaba facultado para recibir denuncias ni iniciar investigaciones. Era
necesario dotar al Comité de esta facultad, y fue así que para superar esta limitante,
el movimiento de mujeres demandó desde principios de los años 90 que se dotara
a la Convención de un Protocolo Facultativo, el cual, aprobado en octubre de 1999,
entró en vigor en diciembre de 2000.
El Protocolo Facultativo de la CEDAW, introduce el procedimiento de peticiones
o comunicaciones individuales, por medio del cual cualquier víctima, “personas o
grupos de personas”, puede presentar al Comité quejas por una violación de sus
derechos, que resulte de una acción u omisión del Estado Parte. El Protocolo faculta
además al Comité para iniciar investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas
de los derechos de la mujer en un Estado Parte, y equipara la CEDAW con
otros tratados internacionales de derechos humanos; sin embargo, al ser opcional,
los Estados pueden no ratificarlo, incluso aquellos Estados que lo ratifiquen pueden
formular reservas a los procedimientos de comunicación e investigación. 6
la recomendación General no. 24 del comité
En su 20° período de sesiones, el Comité decidió con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 21 de la Convención, hacer una Recomendación General sobre el artículo
12, considerando que esta disposición es de capital importancia para la salud y el
bienestar de la mujer.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 12 los Estados Partes se comprometen a
eliminar la discriminación contra la mujer en relación con su acceso a los servicios
de atención médica durante todo su ciclo vital, en particular en lo vinculado con la
planificación de la familia, el embarazo, el parto y el período posterior a este. El término
mujer abarca asimismo a la niña y a la adolescente. La recomendación detalla
la interpretación dada por el Comité al artículo 12 y contempla las medidas encaminadas
a eliminar la discriminación a fin de que la mujer pueda ejercer su derecho al
más alto nivel posible de salud.
Especialmente vinculado con el tema aquí en comentario se encuentra la afirmación
relativa a que las medidas no se considerarán apropiadas cuando los sistemas de
atención médica carezcan de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades
propias de la mujer. Y asimismo, la negativa de un Estado Parte a prever la prestación
6 En: www.ohchr.org

Derecho al aborto no punible. Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia...
de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales
–estimo que acá se inscriben los abortos no punibles-, resulta discriminatoria. Es en
este punto donde se introduce la cuestión de la objeción de consciencia y el Comité
es claro cuando dice que si los encargados de prestar servicios de salud se niegan
a esa clase de servicios por razones de consciencia, deberán adoptar medidas para
que remitan a la mujer a otras entidades que sí los presten. Este deber de asegurar el
acceso a los servicios de atención médica, incluye para los Estados Partes, también,
el establecimiento de un sistema que garantice la eficacia de las medidas judiciales.
Cuando la Recomendación se refiere a las trabas que impiden que la mujer consiga
sus objetivos en materia de salud, está indicando también la existencia de otros
obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan
exclusivamente a la mujer y castiga a quienes se someten a esas intervenciones.
Entendiendo que la violencia por motivos de género es una cuestión relativa a la
salud de importancia crítica para la mujer, los Estados Partes deben garantizar protocolos
sanitarios y procedimientos hospitalarios adecuados, capacitar a los trabajadores
de la salud, e imponer sanciones a quienes cometan esas violaciones.
Existen muchísimas más medidas que resultan directamente aplicables al tema ANP,
lo que demuestra la pertinencia de su observancia en esta materia; de ellas, cabe
destacar el concepto de dignidad en tanto los servicios médicos deben ser aceptables
para la mujer, y estos lo son cuando se garantiza el consentimiento previo de la
mujer con pleno conocimiento de causa, se resguarda su intimidad, y se tienen en
cuenta sus necesidades y perspectivas. Finalmente, resulta ineludible mencionar que
en lo particular los Estados Partes, deberían, en la medida de lo posible, enmendar
la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a
mujeres que se hayan sometido a abortos. 7
el caso de Perú
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó
al Perú por violar los derechos humanos de una mujer adolescente que requería
servicios legales de aborto en el país, y determinó que el Estado debe establecer un
mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico.
El dictamen del Comité contiene elementos sustanciales a tener en cuenta para los
supuestos de aborto no punible que es tema de esta ponencia, y por eso, incorporo
su comentario ya que a mi juicio es un caso paradigmático para toda la región, y
7 En: www.unwomen.org
737 3

73
abg. norma graCiela Chiapparrone
también como se verá, porque tiene puntos de contacto con el caso argentino que
más adelante trataré.
Me animo a afirmar que esta condena a un país es también una condena a todos
aquellos países que no sepan leer sus postulados, y constituye un basamento fundamental
hacia el futuro en la aplicación e interpretación de las normas de cada uno de
los Estados Partes sobre la materia.
El caso “L.C. Vs Perú” (CEDAW/C/50/D/22/2009), que fue presentado por
PROMSEX y el Centro de Derechos Reproductivos, constituye una decisión histórica,
pues el Comité CEDAW estableció que Perú debe establecer condiciones que
protejan la salud física y mental de las mujeres de modo que se impida que en el
futuro se produzcan violaciones similares a las del presente caso. 8
L.C de 13 años de edad, víctima de violación, intentó suicidarse al saber que estaba
embarazada, y como consecuencia de ello quedó gravemente discapacitada. Le fue
negado el aborto terapéutico pero tampoco se le practicaron las intervenciones médico
quirúrgicas que exigía su salud con fundamento en su gravidez, para priorizar su
estado de salud física y mental. Pese a que su representante legal había solicitado la
interrupción del embarazo, fue solo después de que L.C. tuvo un aborto espontáneo
que los médicos estuvieron dispuestos a realizarle la cirugía. L.C. fue operada casi
tres meses y medio después de que se decidiera la necesidad de la intervención.
La decisión del Comité establece específicamente violaciones al derecho a la salud
sin discriminación, a la obligación de eliminar estereotipos de género y al derecho de
acceder a mecanismos efectivos frente a la vulneración de los derechos.
El Comité dispuso que el Estado peruano indemnizara y asistiera a la niña de forma
que pudiera acceder a un adecuado tratamiento para su rehabilitación; que adoptara
mecanismos efectivos para el acceso al aborto terapéutico modificando la restrictiva
interpretación del mismo; que adoptara directrices o protocolos para garantizar la
disponibilidad y el acceso de servicios públicos de salud reproductiva para las/los
adolescentes; y finalmente que revisara la legislación que criminaliza a las mujeres
que interrumpen sus embarazos producto de una violación.
el fallo de la corte suprema de Justicia
de la nación argentina
El Código Penal Argentino considera al aborto un delito según la previsión del
artículo 85, estableciendo las excepciones dispuestas en el artículo 86. Este último
8 Para ampliar ver: www.promsex.org

Derecho al aborto no punible. Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia...
contempla tanto el aborto terapéutico como el aborto no punible -incisos 1 y 2 respectivamente-.
La norma dice así: “El aborto practicado por un médico diplomado
con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: (1) Si se ha hecho con el
fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede
ser evitado por otros medios; o (2) si el embarazo proviene de una violación o de un
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
Algunos autores denominan aborto no punible ambos supuestos, llamando a los
del primer inciso como terapéuticos, en tanto a los del segundo los caratulan como
eugenésicos. 9
Los así llamados abortos terapéuticos exigen que el aborto sea practicado por un
médico diplomado y con consentimiento de la mujer, estableciendo las dos circunstancias
en que no son punibles cuando:
• El aborto es practicado con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer.
• El aborto es practicado con el fin de evitar un peligro para la salud de la mujer.
Este tipo de abortos –al igual que los del inciso segundo- también ha encontrado
obstáculos, dificultades y obstrucciones de carácter burocráticas tanto en el ámbito
sanitario como judicial. Si bien no es este el tema en análisis dentro de esta ponencia,
dejaré establecido que muchos de estos escollos se han ido superando con el transcurso
del tiempo, no sin tener que recorrer un largo camino -que incluye actos y
actuaciones de carácter administrativo, legislativo y judicial- para lograr su aplicación
plena. Su amplio tratamiento excede las posibilidades de la presente, aunque he querido
cuando menos dejar mínimamente referenciado el tema. Hecha esta mención,
me centraré en los supuestos de excepción previstos en el segundo inciso, que son
aquellos que quedaron expuestos en el fallo que comento.
Si bien este código data de 1921, pese al tiempo transcurrido no existía, sino hasta el
momento en que se dictó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una
interpretación que contemplara armónicamente los derechos de las mujeres y toda
la preceptiva legal y constitucional en juego, para una adecuada y justa aplicación del
citado artículo 86 inciso segundo.
Para ir abordando el tema, debo señalar que durante más de 90 años tuvimos la
norma del código con la misma redacción, pero, pese a ello, como consecuencia de
posturas más o menos restrictivas en su interpretación, su aplicación fue tornándose
en un ariete que terminaba condenando a las víctimas de violación, revictimizándolas,
impidiendo en la práctica su legítimo ejercicio a interrumpir los embarazos
productos de violación. Estos son los casos aprehendidos por el inciso 2 del artículo
86 cuya interpretación tomó a su cargo la CSJN.
9 Diana Maffia: “Aborto no punible: ¿qué dice la ley? Aborto no punible: ¿qué dice la ley argentina?”
en Susana Checa (compiladora.) Realidades y coyunturas del aborto. Entre el aborto y la necesidad., Paidós
Buenos Aires, 2006.
73

7400
abg. norma graCiela Chiapparrone
No creo que las sociedades estén en permanente evolución, antes bien, la historia
de los pueblos demuestra que existen instancias de retroceso, y refiriéndome al tema
de los derechos humanos de las mujeres, la cuestión en debate no ha sido ajena a
este periplo. Sin embargo, existen los que pueden denominarse saltos cualitativos, y
en ese sentido creo que en la Argentina asistimos a esta situación con el cambio en
la composición de la Corte Suprema de Justicia. Para así decir, debo expresar qué
características tiene esta Corte para mí. Según yo lo aprecio, es la primera vez en su
historia -y durante un gobierno democrático- que la integran dos mujeres, relevantes
juristas comprometidas con las cuestiones de género y la promoción y defensa de
los derechos de la mujer. Desde su incorporación, el Alto Tribunal ha asumido la
perspectiva de género como principio rector del ejercicio de su jurisdicción, y para
ello asimismo ha creado dos órganos que le dependen específicamente orientados
al tratamiento y enfoque de la violencia de género y la perspectiva de género en la
Justicia argentina. 10
¿Por qué estamos mayoritariamente tan satisfechas las mujeres, las entidades de la
sociedad civil y la comunidad académica en su conjunto con esta decisión máxima
del Alto Tribunal?
En mi opinión, el fallo no solo ha venido a superar una situación oscura del derecho
penal, sujeta a través del tiempo a múltiples explicaciones dependiendo la postura
a favor o en contra del aborto inducido, sino que finalmente ha establecido la interpretación
constitucional de la norma en debate; y fundamentalmente, porque el
Máximo Tribunal ha asumido su competencia, demostrando que como cabeza de
poder da cumplimiento a la manda de la Convención en tanto pone a cargo del Poder
Judicial también, la responsabilidad de su observancia.
El expediente llegó a la Corte por vía del remedio federal – recurso extraordinario
que habilita su intervención-, en la causa “A.F. s/medida autosatisfactiva”, y se resolvió
confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del
Chubut dictada en marzo de 2010, por la cual se autorizó la realización de un aborto
no punible a favor de una niña de 15 años de edad, quien fuera embarazada como
consecuencia de la violación de su padrastro.
Existen elementos de gran importancia en esta sentencia que intentaré explicar, a partir
de los siguientes datos, para comprender su significación como leading case que es:
• Cuando el caso llegó a la CSJN el aborto ya se había realizado;
• Por ello, el Alto Tribunal consideró que dada la rapidez con que se produce el
desenlace de este tipo de situaciones, es muy difícil que en la práctica lleguen
a estudio del Tribunal las importantes cuestiones que conllevan sin haberse
vuelto abstractas.
10 Me refiero a la creación de la Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer, que
dependen directamente de la CSJN.

Derecho al aborto no punible. Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia...
• Entendió que era necesario expedirse para casos futuros ante la posibilidad de
repetición dado que escaparían a su revisión por análogas circunstancias.
• Tuvo en cuenta que estaba comprometida la responsabilidad internacional del
Estado argentino.
Así, surgen del fallo tres reglas muy claras:
• Con fundamento en los principios de igualdad, dignidad de las personas y de
legalidad, estableció que este tipo de abortos no solo no están prohibidos sino
que tanto la Constitución Nacional como el derecho humanitario internacional
impiden su castigo.
• En ningún caso los médicos que intervienen en este tipo de procedimientos
deben requerir autorización judicial para esta práctica, debiendo atenderlos
requiriendo exclusivamente una declaración jurada de la víctima o de su representante
legal, donde se manifieste que el embarazo es la consecuencia de
una violación.
• Directamente dirigida a los integrantes del Poder judicial, la Corte dice que es
su obligación garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, y que su
intervención no puede en ningún caso constituir un impedimento u obstáculo
de su ejercicio, por lo que deben abstenerse de judicializar estos procedimientos,
los que quedan exclusivamente reservados al ámbito médico-paciente.
Con esto decir, se advierte de modo sencillo y claro la trascendencia del fallo que
comento. Sin embargo, la Corte avanzó aún más, y fue así como exhortó a las autoridades
políticas de las distintas jurisdicciones -nacional, provinciales y municipales- a
implementar protocolos hospitalarios que en todos los casos de abortos no punibles
permitan su efectiva atención, levantando cualquier barrera administrativa o fáctica
que impida el acceso a los servicios sanitarios así como resguardar el derecho del
personal médico en el ejercicio de su derecho de objeción de consciencia sin que ello
obste a la atención de las pacientes en tales circunstancias.
La decisión del Alto Tribunal tuvo en cuenta, entre otros aspectos, la posición de
la Organización Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos del
Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de
Naciones Unidas, que señalaban la necesidad que nuestro país garantizara el acceso
seguro a los abortos no punibles y la eliminación de las barreras de todo tipo que impedían
que las víctimas de violación accedieran a un derecho reconocido en la ley.
En resumen la Corte sostiene que no puede impedirse a las víctimas de violación el
ejercicio de su derecho a interrumpir el embarazo conforme lo autoriza el Código
Penal para estos casos, reafirmando el imperio del principio de legalidad en mérito al
cual las leyes están para ser cumplidas.
741

7422
abg. norma graCiela Chiapparrone
la opinión de la sociedad civil con relación
al fallo de la corte
Mayoritariamente la decisión de la CSJN precisando los alcances del ANP fue aplaudida
y recibida con gran satisfacción, y de este modo autorizadas voces de la sociedad
civil resaltaron la importancia del fallo en comentario; por ser tantas las entidades y
redes que se manifestaron en su favor, solo citaré algunas, dado que sería imposible
mencionarlas todas.
Para Marta Rozemberg esta sentencia viene a deconstruir el sentido unívoco y sacralizado
del embarazo, situándolo en el espacio de la significación por la mujer o niña.
Esta reconocida psicoanalista, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y
de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito enfatiza que cuando
el embarazo es fruto del abuso y el sometimiento violento, corresponde al Estado
garantizar el derecho a poner fin a dicha violencia mediante la interrupción de ese
embarazo, que guarda continuidad con el delito y su eficacia lesiva de los derechos
humanos de la víctima. Así, el derecho al aborto no punible restituye la dignidad de
la mujer que la violación ha destruido. 11
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género también se ha pronunciado positivamente
en torno del fallo de la Corte. En su parecer esta decisión judicial representa
un gran paso en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y
es el primer paso en la conquista de derechos que reconocen la dignidad y libertad
femeninas en cuanto a las decisiones sexuales y (no) reproductivas. 12
La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM- también celebró el
fallo de la Corte Suprema de Justicia, manifestando que: “Este fallo no significa un
cambio de la ley, pero es muy bienvenido porque significa superar la discusión sobre
la interpretación del artículo 86, inciso b, del Código Penal”. Mabel Bianco, presidenta
de FEIM agregó que “esto no va a obligar a ninguna mujer a interrumpir un
embarazo si no quiere hacerlo, pero sí permitirá que las mujeres, de cualquier edad y
condición, que hayan sido violadas si eligen interrumpirlo puedan hacerlo en forma
legal en un hospital público, sin poner en riesgo su vida y su salud”. 13
Desde el ámbito oficial se manifestó en distintos medios de comunicación Perla Prigoshin
titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración
11
Diario Página 12. 9 de abril de 2012. La polémica sobre el fallo de la corte Suprema. Debate sobre
el aborto.
12
Declaraciones aparecidas en distintos medios gráficos y digitales, y cuya mención puede verse en la
página web de las nombradas: www.ela.org.ar
13
Declaraciones efectuadas en varios medios gráficos y digitales y cuya mención en lo particular puede
verse en la página web de la fundación: www.feim.org.ar

Derecho al aborto no punible. Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia...
de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), creada por la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández, en el área del Ministerio de Justicia, con el objetivo de
aggiornar los marcos normativos para la efectiva aplicación de la ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (no. 26 485), sancionada
en 2009. La Dra. Prigoshin sostuvo que es un fallo histórico, porque si bien esto ya
estaba en el Código Penal había muchos sectores que trabajaban para no cumplir
con la ley y para obturar el ejercicio de un derecho constitucional. Entonces, que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea el máximo órgano intérprete de la
Constitución, se expida, es muy importante. Aunque no estén consagrando nada
nuevo, es un avance y un logro en términos de realidad. 14
La Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas 15 -entidad que integro-
respalda la sentencia de la Corte, no solo por sus alcances, sino porque haciendo
excepción al principio de la necesidad de un caso al momento de su dictado, ha
excitado su jurisdicción estableciendo un criterio que permitirá atender los casos
que se repitan a futuro. Así, se hace cargo de la responsabilidad que como poder
del Estado, la Convención establece para los Estados Partes, en tanto les impone a
estos la adopción de todas las medidas, administrativas, legislativas y judiciales que
permitan la plena vigencia del derecho a la salud, incluida la salud reproductiva, tal
como lo ha afirmado el Comité en su Recomendación General no. 24. Entendemos
también que el fallo es producto de un Tribunal que ha internalizado la perspectiva
de género, también indicada por el Comité en los Informes que presentara nuestro
país, y es sin duda alguna, el producto de la integración de dos grandes juristas argentinas
comprometidas con las cuestiones de género, las doctoras Carmen Argibay
y Elena Highton de Nolasco. 16
conclusiones
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer es un instrumento formidable que ha enriquecido nuestro bloque de
legalidad constitucional, al ser incorporada al artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta
Magna, junto a otros instrumentos internacionales de igual jerarquía.
14 Declaraciones efectuadas en diferentes medios gráficos y digitales y cuya mención en lo particular
puede verse en la página web de la nombrada: www.perlaprigoshin.com.ar
15 La Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas es la filial argentina de la Federación Internacional
de Mujeres de Carreras Jurídicas, ONG con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.
16 Así lo hemos manifestado ante diversas instancias y publicado en nuestra web: www.facebook.com/
aamcj.filial.fifcj
743

744
abg. norma graCiela Chiapparrone
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer previsto en el
artículo 17 de la Convención, constituye una instancia promisoria cuando los derechos
amparados en ella son desatendidos o interpretados negativamente por los
Estados Partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha sellado una controversia de
larga data estableciendo con toda firmeza la no punibilidad de los abortos en caso de
violación, efectuando una tarea de armonización de la normativa del más alto rango
con otra de derecho común -el artículo 86 inciso 2 del Código Penal-, analizando
globalmente el plexo normativo involucrado, incluido el supranacional, y concluyendo
en una interpretación amplia de dicho precepto.
La sentencia del Alto Tribunal observa la Recomendación General no. 24 en tanto la
misma establece que el deber de proteger los derechos relativos a la salud de la mujer
impone a los Estados Partes la adopción de medidas adecuadas de carácter judicial
-entre otras- en el mayor grado que lo permitan los recursos disponibles.
Los datos, elementos y comentarios volcados en el presente conducen a afirmar que
no existe obstáculo para que los Estados Partes se aboquen a la construcción de un
nuevo y mejorado orden jurídico, adecuando las legislaciones nacionales en coordinación
con el derecho humanitario internacional, armonizando y completando el
núcleo de derechos humanos básicos.
otro si digo
Considero que esta ponencia requiere que exprese mi opinión personal como mujer,
como abogada, y como militante de los derechos de la mujer.
Vengo de una práctica política y social de muchos años pretendiendo el reconocimiento
de los derechos de la mujer en mi país, sin discriminación, con libertad, en
igualdad con los hombres, bregando por los sectores más débiles también –mayoritariamente
integrados por mujeres y niños/as.
El camino ha sido largo y no concluye aún, pues creo que me falta mucho por hacer.
Ese tránsito ha sido el de mi propia transformación también; me he radicalizado en
algunos aspectos, he aprendido bastante y también sé que falta mucho por conocer
para ser más eficaz en mi tarea. Decididamente aprendí que es necesario incorporar
la perspectiva de género en el estudio y comprensión de las ciencias jurídicas.
Entendí que se impone el desarrollo de una teoría feminista del Derecho y que hay
que trabajar mucho para construirla. Las mujeres debemos apropiarnos del orden
instituído para transformarlo, para hacernos visibles, para cambiar el sistema patriarcal
que nos impone formas estereotipadas acerca de cómo ser mujer, cómo asumir la

Derecho al aborto no punible. Una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia...
maternidad, cómo interactuar en la sociedad y con la sociedad, cómo incorporarnos
al segmento del trabajo, a la vida pública; en síntesis, tenemos ante nosotras el desafío
de ser dueñas de nuestro propio destino, pudiendo elegir libremente qué queremos
ser y cómo hacerlo, pertenecernos, apropiarnos de nuestros cuerpos y nuestras
mentes asumiendo con dignidad nuestros derechos y su realización .
El tema que desarrollé se articuló a partir de algunas de estas premisas, pero especialmente
la idea más fuerte que fue creciendo a medida que iba avanzando en la
escritura, fue el de la apropiación de nuestros cuerpos, y la libertad para decidir con
autonomía que queremos ser y cómo hacerlo. Desearía haber hecho un aporte en
este sentido; ojalá así sea.
745

746
asPectos JUrÍdicos Y sociales
de la Violencia contra la MUJer
el punto de partida
Vivimos en un mundo donde nos escondemos
para hacer el amor aunque la violencia se practica a plena luz del día
John Lennon
aBG. valentina tarQui luCero
arGentina
Partiendo de la apreciación de Celia Amorós acerca de que lo privado y lo público
constituyen una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los espacios
adjudicados al hombre y a la mujer 1 , podríamos decir que la violencia contra
la mujer es un problema que ha trascendido las fronteras de lo privado para instaurarse
como un problema público.
En el mes de marzo de 2009, se sancionó en Argentina la Ley no. 26 485 de “Protección
Integral a las mujeres” para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en el ámbito de sus relaciones interpersonales. Vale preguntarse si esta ley –a
dos años de su sanción-, ha cumplido con el objetivo de su dictado, o ha mostrado
ineficacia frente a la violencia y la moral tradicional machista instaurada en casi todos
los ámbitos de nuestras vidas y común a una innumerable cantidad de mujeres.
Considero que la utilidad de indagar acerca de la eficacia o ineficacia de la norma radica
en que permite hacer un análisis de la problemática de la violencia en los términos
formulados por Rita Segato en Estructuras Elementales de la Violencia y un análisis
de la cuestión pública y privada planteada por Celia Amorós en Mujer: Participación,
Cultura, Política y Estado.
1 Celia Amorós Puente: Mujer: Participación, Cultura, Política y Estado, Ediciones de La Flor, Buenos
Aires, 1995, Cap. I, p. 7.

Aspectos jurídicos y sociales de la violencia contra la mujer
Rita Segato plantea en su obra someter a escrutinio el universo de la sociabilidad
en busca del sentido que atribuyen a sus propios actos los actores sociales situados,
interesados, involucrados en sus fantasías individuales y en deseos colectivamente
instigados, orientados por la cultura de su lugar y de su época. ¿Habrá sido la prevención,
erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres el sentido que
atribuyeron los/las legisladores/as al momento del dictado de esta ley, orientados
por la cultura de la Argentina de ese entonces?
Para dar respuesta, formularé una serie de consideraciones previas en relación a la
situación de Argentina y a los textos de estas dos autoras.
la situación actual de la violencia
Si bien la autora menciona el caso de la violencia en Brasil, reconoce que la violencia
contra las mujeres está arraigada en los hábitos de la vida comunitaria y familiar de
casi todos los pueblos del mundo. Y la Argentina no es una excepción a este cuadro
de situación.
Se suma a ello, el hecho de que no hay ninguna sociedad que no endose algún tipo
de mistificación de la mujer y de lo femenino, que no tenga algún tipo de culto a lo
materno, o a lo femenino virginal, sagrado y deificado, o que no lo tema en alguna
de las variantes del motivo universal de la vagina dentata o que no cultive alguna de
las formas del mito del matriarcado originario. Personalmente creo que esta mistificación
también forma parte de esa cultura arraigada en la vida comunitaria y familiar.
La universalidad de esa fe en una mística femenina es un correlato indisociable del
maltrato, tratándose, sin duda alguna, de dos caras de la misma moneda, de las estructuras
elementales de la violencia.
En Argentina, la situación es similar a la de Brasil: las estadísticas de violencia hacia
las mujeres son sumamente preocupantes, no obstante que se encuentran vigentes
numerosos instrumentos legales que tienden a erradicar la violencia. Aunque las
estructuras elementales de la violencia no se vean, están arraigadas en las rutinas, la
costumbre, la moral tradicional y la normalidad, junto a la fe en la mística femenina.
Esto muestra claramente el carácter digerible del fenómeno, percibido y asimilado
como una parte de la “normalidad” o, lo que sería peor, como un fenómeno normativo,
es decir, que participaría del conjunto de las reglas que crean y recrean esa normalidad.
El carácter coercitivo e intimidador de las relaciones de género “normales” se muestra
claramente en una situación exenta por completo de cualquier gesto de violencia
observable.

abg. Valentina tarQui luCero
Señalando el carácter de escalada, es decir, la tendencia a escalar propia de todos los
ciclos violentos, Segato destaca que víctimas y agresores se encuentran inmersos en
un proceso de sufrimiento, en la medida en que están aprisionados, sea por razones
culturales, sociales o psicológicas, en el lenguaje de la violencia. Y si bien se pretenden
paliar esos ciclos violentos, la medida generalmente es de carácter legislativa, la
cual muestra sus limitaciones si se separa de otras medidas, de allí que sostiene que
apostar simplemente en la criminalización y en el encarcelamiento, sobre todo si este
viene desacompañado de procesos reeducativos, significa investir en la misma lógica
de que se alimenta la violencia. La adopción de medidas capaces de combatir la violencia
de género depende de más investigaciones que permitan alcanzar diagnósticos
más precisos.
Por esas razones, prácticamente todas las formas de desigualdad que la costumbre
instaura y reproduce se ausentan de la ley, apagándose su inscripción en los códigos
que orientan los fallos de los jueces.
la situación actual a nivel legislativo
En Argentina, el panorama de las leyes relativas al género se encuentra hoy casi
completo: se ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer (más conocida como la CEDAW), adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, se ha ratificado el Protocolo
Facultativo de la CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Punir y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Bélem do
Pará. Dentro de este marco legal, existen leyes nacionales y provinciales que regulan
situaciones de violencia. 2
La CEDAW considera la violencia contra las mujeres como parte del conjunto de
formas de discriminación que pesan sobre ellas y se pronuncia explícitamente a favor
de modificar los comportamientos tradicionales de hombres y mujeres.
La Convención de Belém de Pará, aprobada por la Asamblea general de la Organización
de los Estados Americanos, establece que compete al Estado modificar los
patrones socio-culturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo la construcción
de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel
del proceso educativo, para contrabalancear preconceptos y costumbres y todo otro
tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera
2 Ley Nacional no. 24 417 de Protección contra la Violencia Familiar; Ley Nacional no. 26 061 de
Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Aspectos jurídicos y sociales de la violencia contra la mujer
de los dos géneros o en los papeles estereotipados del hombre y de la mujer o que
exacerban la violencia contra la mujer.
El Protocolo a la CEDAW (adoptado por la ONU en 1999) permite a la víctima o
a su representante llevar las causas de las mujeres al Comité de la CEDAW, o a la
Comisión Consultiva y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (a partir
de la ratificación de la Convención de Belém de Pará), una vez agotadas todas las
instancias en los fueros nacionales.
Estos instrumentos legales prevén mecanismos de control -sistemas de monitoreo-
para controlar si los compromisos asumidos por el país se traducen en leyes; si, a su
vez, estas se traducen en políticas públicas; si se encuentran previstas en el presupuesto
para la nación votado por el Congreso Nacional; si gozan del reconocimiento
efectivo por parte de los integrantes del poder judicial; si llegan al conocimiento y
modifican las prácticas de los ciudadanos; y, finalmente, si impactan los índices captados
por las estadísticas.
En Argentina sucede que la ley, su ejecución y vigilancia por parte de los jueces y las
fuerzas policiales se han orientado durante demasiado tiempo casi exclusivamente
hacia la protección del patrimonio, descuidando la protección y promoción de los
Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas, siendo el resultado señalado: el
incremento de los ciclos de violencia.
A pesar de que en la Argentina el marco legislativo es positivo, es necesario crear
otros presupuestos para eliminar la violencia como es la creación y garantía de las
condiciones para que las mujeres violentadas puedan acceder efectivamente a los
mecanismos legales, y de esa manera las leyes y la realidad que pretenden regular no
avancen por caminos disociados.
Ante este estado de situación, el objetivo trazado por la ley se logrará solo si las leyes
y las políticas públicas cuentan con presupuesto suficiente; si gozan del reconocimiento
efectivo por parte de los integrantes del poder judicial; si se modifican las
prácticas de los y las actores sociales; y finalmente, si esto impacta en las estadísticas
de violencia sufrida por las mujeres.
Justamente, la Ley Nacional no. 26 485 marca como deber del Estado promover y
garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen
violencia; desarrollar políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia
contra las mujeres; y remover patrones socioculturales que promuevan y sostengan
la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

0
las limitaciones invisibles de una ley
abg. Valentina tarQui luCero
Teniendo en cuenta que es precisamente una norma legal la que busca prevenir,
erradicar y sancionar la violencia de género, se presenta la cuestión políticamente
problemática que expone Judith Butler (en base a la afirmación de Foucault) de que
los sistemas jurídicos de poder producen a los sujetos a los que más tarde representan.
En este caso, las mujeres víctimas de violencia son discursivamente formadas
por la misma estructura política que, supuestamente, lucha contra la violencia que
fomenta, permite y deja impune. De modo que la estructura de poder crea y limita la
categoría de las mujeres, sujeto del feminismo 3 y las consecuencias son coercitivas y
reguladoras de esa construcción.
Otro problema político con el que se enfrenta una ley, al igual que el feminismo, es
con la presunción de que el término “mujeres” indica una identidad común de mujeres.
En la Argentina -como en casi todos los pueblos- no solo existen diferencias de
índole social, económica, política y cultural entre mujeres, sino que la violencia hacia
las mujeres adopta diferentes modalidades. Quizás por esa razón, una ley -basada en
una política de identidad- muestre sus limitaciones, al tratar de erradicar la violencia
y la desigualdad entre hombres y mujeres pero desconociendo las condiciones de
desigualdad existentes entre las mujeres mismas.
El otro problema particular de Argentina para la aplicación de una ley como la
26.485 es la situación cultural actual: existen patrones socioculturales basados en la
desigualdad de hombres y mujeres fuertemente arraigados, además de un alto índice
de casos de violencia y un marco legislativo basto y completo. No obstante, el contenido
de esta ley está orientado a prevenir y erradicar la violencia de género, pretende
orientar la consciencia y la práctica de los que intervienen en el abordaje de situaciones
de mujeres violentadas. En ese aspecto, la ley resulta alentadora y me atrevo a
decir que no victimiza a la mujer ni la sobreprotege. Hablo de sobreprotección en el
sentido de Celia Amorós, como la forma de no considerar a alguien como un igual,
es el trato que no se da en los espacios de paridad.
Rita Segato afirma que hasta las prácticas más irracionales tienen sentido para sus
agentes, obedecen a lógicas situadas que deben ser entendidas a partir del punto de
vista de los actores sociales que las ejecutan, y solamente mediante la identificación
de ese núcleo de sentidos siempre, en algún punto, colectivo, siempre anclado en un
horizonte común de ideas socialmente compartidas, comunitarias –podemos actuar
sobre estos actores y sus prácticas, aplicar con éxito nuestras acciones transformadoras,
sean ellas jurídico-policiales, pedagógicas, publicitarias o de cualquier otro tipo.
3 Judith Butler: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Editorial Paidós Studio 168,
Abril 2010, p. 8.

Aspectos jurídicos y sociales de la violencia contra la mujer
Este trabajo hermenéutico de comprensión demorada de los significados, por ejemplo,
de la violencia de género, aunque parezca un trabajo perdido, bizantino, impráctico,
es en realidad un método eficiente, pragmático y sobre todo necesario para
alcanzar el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Por lo tanto, si todos estos tratados, convenciones y leyes tienen como objetivo reformar
los afectos constitutivos de las relaciones de género tal como las conocemos,
será necesario crear las condiciones necesarias (ya sean jurídico-policiales, pedagógicas,
o de cualquier otro tipo) para que resulten eficaces y logren su objetivo.
relaciones contradictorias: lo público
y lo privado, la moralidad y la legalidad
Rita Segato menciona que, a pesar de todas las medidas legislativas, está la ley -el
contrato jurídico- que, inevitablemente, se deja infiltrar por el código de status de
la moral, una modernidad vulnerable a la tradición patriarcal sobre cuyo suelo se asienta y
con la cual permanece en tensión.
La ley se quiere igualitaria, una ley para ciudadanos iguales, pero percibimos la estructura
jerárquica del género tomándola por asalto en sus fisuras. Por detrás del contrato
igualitario transparente, vital, se encuentra el sistema de status que ordena el mundo en
géneros desiguales, así como en razas, minorías étnicas y naciones desiguales.
Es esta la ambivalencia de la ley, que se quiere moderna, contractual, igualitaria, pero
permanece con los pies de barro profundamente hincados en el sistema de status
que es el género. Se trata del sistema jurídico enfrentado al sistema de status.
En el discurso legal se constata la condición de la mujer como status-objeto, status-instrumento
del linaje y de la herencia, status-dependiente y vinculado a la honra masculina. La ley
tradicional del status se infiltra en la ley moderna del contrato jurídico.
Se señala, así, la ruptura del contrato por la re-emergencia de una ley previa, de un
derecho que se presenta como preexistente y que autoriza la dominación masculina,
anclada en la relación de status constitutiva del género tal como la moral y la
costumbre lo reconocen. Esta relación entre posiciones jerárquicamente ordenadas
desconoce –y posiblemente siempre desconocerá– la ley igualitaria del contrato, en
cualquiera de sus formas, sea la de compra-venta de un servicio sexual o la de un
acuerdo de mutuo respeto entre los ciudadanos de una nación moderna. Se trata,
1

2
abg. Valentina tarQui luCero
como Carole Pateman argumenta en su obra El Contrato Sexual, de dos regímenes
irreductibles, donde uno se perpetúa a la sombra y en las grietas del otro. 4
En el mismo sentido, Celia Amorós sostiene que el espacio público es de los que se
autoinstituyen sujetos del contrato social, donde no todos los que tienen el poder,
pero al menos pueden tenerlo, son percibidos como posibles candidatos o sujetos
de poder. Ese poder tiene que ser repartido, ha de constituir un pacto, un sistema de
relaciones de poder, una red de distribución. Es en ese espacio público donde se da
el principio de individuación, y por tanto, cada cual marca su lugar diferencial. Pero en
el espacio privado no sucede lo mismo, aquí no hay nada que repartir en cuanto a
poder, porque son las mujeres las repartidas y a ellas le son adjudicados los espacios,
no se da la individuación porque son todas iguales. 5
De manera que podría considerarse el patriarcado como una especie de pacto interclasista,
metaestable por el cual se constituye en patrimonio del genérico de los varones en
cuanto se autoinstituyen como sujetos del contrato social ante las mujeres -que son
en principio las pactadas (status-objeto). Por eso, citando a Carole Pateman, afirma
en su obra que las mujeres son pactadas en este pacto patriarcal del cual son partícipes
los hombres.
Esta digresión sobre el patriarcado como pacto viene para distinguir el espacio de los
iguales -los hombres-, del espacio de las idénticas –las mujeres-. Este es el espacio de lo
privado, en razón de las tareas a las que históricamente se ha condicionado a las mujeres,
es un ámbito de no relevancia que las condena a la indiscernibilidad.
Entre lo privado y lo público hay una articulación disimétrica, no es una relación de
simetría ni de complementariedad: en una de las categorías se ha puesto siempre
lo valorado socialmente y en la otra lo no –o lo menos- valorado, esto es una recurrencia
histórica. Mientras lo valorado está en el espacio público y se lo adjudican
los varones, lo no valorado está en el espacio privado y ese espacio se nos adjudica
a las mujeres.
En base a estas consideraciones, Amorós hace referencia a la división sexual del trabajo
planteada por Claude Lévi–Strauss: la división sexual del trabajo podría llamarse
prohibición de tareas porque se trata, en realidad, de una prohibición de tareas que los
hombres les hacen a las mujeres, prohibición de participar en las tareas de mayor
prestigio en esta sociedad y que se ritualizan, mientras que las funciones importantes
para la subsistencia de la comunidad la realizan las mujeres todos los días y no se
ritualizan.
4 Rita Segato: Estructuras Elementales de la violencia: Contrato y Status en la etiología de la violencia, Serie Antropológica
334, Brasilia 2003, p. 9.
5 Celia Amoros Puente: Mujer. Participación, Cultura Política y Estado, Ediciones de La Flor, Buenos Aires,
1995, pp. 9 y 10.

Aspectos jurídicos y sociales de la violencia contra la mujer
Es decir, hay tabúes sobre la división sexual del trabajo que necesitan una dosis de
racionalización ideológica tanto mayor cuanto en menor medida la biología pondría
allí fundamento in re. Por eso las racionalizaciones biológicas que se han dado
son racionalizaciones ideológicas; y los tabúes ideológicos que han pesado sobre
las actividades prohibidas a las mujeres, no guardan correlación con estos límites
biológicos.
En el desarrollo de su trabajo, Amorós se refiere al contrato de una época determinada
de la historia: la Ilustración, donde se plasma la concepción jurídico formal de
las subjetividades, como sujeto del contrato social, ya que la sociedad burguesa parte
de estos presupuestos y tiene que inaugurar un nuevo espacio de los iguales, un espacio
mucho más amplio de protagonismo político, virtualmente universalizador.
A su criterio, la Ilustración se caracteriza por el contrato social y tiene una deuda
pendiente con el feminismo, justamente porque el feminismo tiene sus raíces en la
ideología ilustrada: las premisas de las vindicaciones feministas están en la concepción
ilustrada del sujeto con un nuevo espacio de universalidad que se abre en principio
como espacio de intersubjetividad, sin las limitaciones que en la antigüedad se
dieron por el hecho de la institución de la esclavitud. 6
Si bien en esta época el poder político se legitimó con el contrato social basado en
voluntades (que son la esencia de ese contrato), el poder patriarcal no se legitimó
de la misma manera: mientras que el poder político fue un contrato en el espacio de
los iguales, que debía hacerse explícito, como portadores del logos; la mujer, al no
portar su propio logos, delegó en la voluntad del varón, como portador. El pacto es
un pacto entre varones.
el punto de encuentro entre rita segato
y celia amorós
Considero que el punto de encuentro entre las apreciaciones de Segato -en torno a
las estructuras elementales de la violencia- y las apreciaciones de Celia Amorós –en
torno a masculinidad/femineidad, espacio público/espacio privado- es la definición
ideológica de lo masculino y lo femenino, la estructura jerárquica del género.
Amorós afirma que se produce una redefinición cultural y simbólica cuando se trata
de organizar la jerarquización ideológica de los espacios 7 : La intención de desentrañar
la violencia fuertemente arraigada se enfrenta a la tradición patriarcal que
6 Ibídem, p 23
7 Ibídem, p.8.
3

abg. Valentina tarQui luCero
naturaliza el maltrato, y el resultado es que las mujeres son redefinidas cultural y
simbólicamente -según la mística femenina- en el espacio privado, jerárquicamente
inferior al espacio público, propio de los hombres.
De esta forma, los avances legislativos resultan inertes frente a la realidad que se
pretende revertir, porque tanto la desigualdad entre hombres y mujeres como la
violencia de género permanecen intactos.
Por esa razón, Segato sostiene la necesidad de acompañar los datos cuantitativos en
expansión y el universo de leyes también en expansión bajo la presión de los organismos
internacionales, de un marco de sentido que oriente la consciencia y la práctica
de todos aquellos que trabajan por este objetivo. Afirma: Es necesario que estos
perciban claramente que erradicar la violencia de género es inseparable de la reforma
misma de los afectos constitutivos de las relaciones de género tal como las conocemos
y en su aspecto percibido como “normal”. Y esto, infelizmente, no puede
modificarse por decreto, con un golpe de tinta, suscribiendo el contrato de la ley.
A mi juicio, existen diferencias –aunque no sustanciales- entre Celia Amorós y Rita
Segato, que nacen a partir del lugar desde el cual escribe cada una de ellas.
Celia Amorós es filósofa y centra su obra en las relaciones entre Ilustración y feminismo.
Pone de manifiesto los sesgos del androcentrismo y reivindica una revisión
crítica de dichos sesgos por parte de las mujeres. Como feminista de la igualdad,
brega por la igualdad entre los dos sexos, más específicamente la igualdad en instituciones
para obtener poder político como tiene el hombre. Afirma que el feminismo
reconoce sus fuentes en las raíces ilustradas y el sufragismo, y plantea la profundización
de la igualdad hasta abolir totalmente las diferencias artificiales en razón del
sexo.
El criterio de igualdad tiene sus raíces en las premisas de la ilustración, fundamentalmente
en el concepto de universalidad en el sentido de que todos los seres humanos
son sujetos y de que existe la intersubjetividad, de que todas las personas poseen
una naturaleza común y que en ese sentido son iguales. La igualdad no pretende
homogeneizar sino reconocer la diversidad de mujeres y de hombres y actuar en
base a ello para conseguir los mismos derechos y libertades. Esta autora afirma que
la igualdad de género es el concepto normativo regulador de un proyecto feminista
de transformación social.
Al mencionar el contrato sexual y los dos espacios interdependientes que origina:
por un lado el espacio público –propio del hombre, de la libertad, y de lo civil- y por otro
lado el espacio privado –propio de la mujer, de la sumisión y de lo natural-, deja entrever
que lo masculino y lo femenino son roles de género construidos socialmente, definidos
ideológicamente, y que por consiguiente, el contrato creado por la sociedad
perjudica a una parte de la humanidad. De manera que para acabar con esta cuestión,
habrá que revocar los roles de género.

Aspectos jurídicos y sociales de la violencia contra la mujer
Recurre a las categorías de lo femenino y lo masculino, ambos construidos social, histórica
y culturalmente para perpetuar la estructura y el funcionamiento de una sociedad
patriarcal: lo femenino y lo masculino constituyen la institucionalización social de la
diferencia de sexo. Otras categorías que utiliza son las de contrato y patriarcado.
Entiende que el sexo funciona como principio organizador, un código de conductas
por el cual se espera que las personas estructuren sus vidas, sean femeninas o masculinas
y se comporten femenina o masculinamente. En ese sentido, el género es una
categoría normativa.
Amorós rechaza el determinismo biológico del sexo o la diferencia sexual utilizados
habitualmente para justificar la discriminación de las mujeres. Reconoce diferencias
biológicas entre mujeres y varones pero destaca que estas son irrelevantes para la organización
social. La propuesta es justamente apartarse del determinismo biológico
y de las diferencias de sexo construidas ideológicamente en su entorno, para eliminar
la exclusión y la opresión de las mujeres y lograr que se ubiquen a un pie de igualdad
con los varones, logrando su individuación y alcanzando los mismos derechos.
Por otro lado, Rita Segato es antropóloga y posee un enfoque teórico desde el cual
critica el alto grado de violencia que subyace al sistema social, jurídico y político
instituido. Las categorías de análisis son la violencia, el sistema moral tradicional, la ley, el
sentido de los actos.
Afirma que la ley es importante no tanto en la producción de sentencias sino para
consagrar categorías, con la potencia con que la ley las sacraliza. Cuando sacraliza
una categoría, la ley hace un trabajo de ir transformando la sensibilidad ética de la gente. 8
La jerarquía que surge primordialmente entre las relaciones entre los géneros constituye
una forma paradigmática de poder. La estructura solo se realiza y se sustenta
a través de la violencia cotidiana, la que gana visibilidad solo en la medida en que es
analizada como elemento de la estructura general. Esa violencia es una regla de juego
que circula secretamente entre los pares, pero jamás es explicitada, su dinámica no
se percibe.
Mientras que Celia Amorós considera que el género es una categoría normativa, Rita
Segato considera que la categoría normativa es la violencia. No obstante, comparten
la idea de que una sociedad moderna encuentra su origen en un contrato jurídico
pero cuenta con un código de status de la moral que subyace y lo condiciona. El
sistema de status -o la moral tradicional machista- subyace a todo sistema legal y,
en términos marxistas, es la infraestructura que condiciona la superestructura, de
allí que el cambio del orden establecido solo pueda lograrse a través de un cambio
estructural del status jerárquico y desigual.
8 Rita Segato: “Las mujeres nunca han sufrido tanta violencia doméstica como en la modernidad”,
Diario Página/12, Suplemento Las 12, Buenos Aires, 08 de febrero de 2010.

los desafíos
abg. Valentina tarQui luCero
Considero que la importancia de analizar la situación de una política legislativa a la
luz de textos como los de Rita Segato y Celia Amorós radica en que surge una propuesta
política, debido al alcance teórico político y a la pertinencia teórica de ambos
trabajos.
Revertir la situación de desigualdad y violencia no dependerá de medidas legislativas
independientes, sino de echar por tierra la tradición patriarcal y la estructura jerárquica
del género. De allí que se imponga la necesidad de orientar la consciencia y la
práctica de la sociedad en su conjunto, educar sin patrones culturales basados en la
opresión y sumisión de las mujeres.
Es necesaria, más que la reforma de la ley, la reforma misma de los afectos constitutivos
de las relaciones de género tal como las conocemos y en su aspecto percibido
como “normal”, para poder erradicar -de una vez por todas- la violencia de género.
Las mujeres -tanto las que son víctimas de violencia como las que no lo son- podemos
y debemos dejar de ser sujetas pasivas, condenadas a la intrascendencia y al
anonimato del espacio privado, y pasar a hacer y escribir nuestra propia historia.
Como afirma Poullain de la Barre “Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han
dicho los hombres, las mujeres en la historia no han hablado, hay que hablar con
las mujeres”. 9 Se impone la necesidad de luchar contra el prejuicio, la tradición y el
argumento de autoridad, sin escatimar las mujeres el protagonismo político pleno y
empoderarnos.
Tratarán de disuadirnos al preguntarnos ¿Qué hay que objetar cuando lo privado es
un valor liberal tan importante y a la mujer se le adjudica el espacio de lo privado?
Pero lo privado adquirió connotaciones positivas con la Ilustración, porque antes
-en sentido griego- privado era sinónimo de privado de derecho y de todo reconocimiento.
Y justamente, la moral tradicional machista circunscribe a las mujeres al
ámbito de lo privado, pero ello no obedece a una sobrevaloración de la mujer sino
al objetivo de coartarles todo derecho y reconocimiento, endilgando obligaciones.
Si esta es la deuda que la Ilustración mantiene con el feminismo, se trata entonces de
empoderar a las mujeres y luchar por conquistar el espacio público y echar por tierra
la moral tradicional machista. Es necesaria entonces la revolución cultural -la más
profunda y auténtica, porque de lo contrario, las mujeres no dejarán de ser esclavas
en el hogar y verán impedido su desarrollo cultural como sujetas autónomas. 10
9 Celia A morós Puente: Ob.cit., p. 25.
10 “Una revolución no puede ser llamada como tal si no transforma las formas tradicionales de la vida
cotidiana que involucran la esclavitud de las mujeres en el hogar conservándolas en la servidumbre

Aspectos jurídicos y sociales de la violencia contra la mujer
Si se logra ese objetivo de actuar sobre los actores y sus prácticas, aplicando
exitosamente nuestras acciones transformadoras a nivel cultural, podremos pactar
-en situación de igualdad- mejores condiciones de oportunidad para mujeres y
hombres, porque la igualdad de género debe regir el proyecto de transformación
social.
doméstica e impiden su desarrollo cultural como sujetos autónomos.” Marta Henault: Las mujeres
dicen basta, Ediciones Nueva Mujer.

75
do tHe Greater HarMs oF seXUal
HarassMent and seXUal assaUlt JUstiFY
a lesser eVidentiarY standard? : a
looK at tHe neW rUles For aMerican
colleGes and UniVersities
introduction
proF. dan suBotnik
united StateS
What unites the speakers at this conference is the objective of bettering the lives of
women through law. This I wish to do by rejecting a new development in the United
States, one that is ostensibly is for the benefit of women. My position in short is that
not everything that increases women’s power is a step forward.
This paper deals with a subset (to be discussed below) of the larger problem of
sexual harassment and assault. Like other wrongs, sexual harassment and assault is
diminishing in the United States. Nevertheless, the incidence is too high. Part of the
problem is that many victims are reluctant to come forward with their complaints
because of 1) the trauma of reliving the incident at the investigatory and prosecutory
stages; 2) the problem of ostracism by friends and acquaintances; and 3) the
difficulty of prosecution in “he-said, she-said” environments.
Other factors also make these cases difficult to prove. Normally, there are no witnesses.
Nor is there often physical proof of bruising as there would be in the case of
a non-sexual assault. There might be physical evidence in the form of fluids or DNA
but these are not likely to be the basis for a conviction, especially in the context of a
dating relationship. Women’s rights activists have long argued that most assaults take
place in precisely this context and most sex is presumably consensual.
1 Professor of Law, Touro Law Center. Email: Dans@tourolaw.edu. Professor Subotnik thanks his wife Rose
R. Subotnik for her editorial assistance; Yamila Gonzalez Ferrer for her enormous efforts in connection with
the Conference; Lila Mester for her help in translating my oral presentation into Real Academia Spanish.

Do the greater harms of sexual harassment and sexual assault justify a lesser evidentiary...
There has been great political pressure on governments at all levels in recent years
to develop new procedures. With the objective of making the process easier for
complainants, many police departments and prosecutors’ offices have created sexual
assault units.
The subset of the general problem of harassment and assault in this short essay is
violations taking place on campus. According to the U.S. Department of Education,
which has jurisdiction over most colleges and universities, about one-fifth of women
have been assaulted or been the victims of attempted assault. This alarming datum,
to be sure, has been seriously questioned. 2 For my purpose here, however, I accept it.
The question under discussion here is how procedural rules have been modified so
that guilty parties can be successfully prosecuted in campus proceedings and the
sanctions imposed on them can serve to deter others from offending. To help encourage
complainants to come forward and to help prevent sexual assault -although
without explicit Congressional approval or input from colleges or universities, much
less from students themselves- the Office of Civil Rights of the Department of
Education in April 2011 promulgated Guidelines that have changed the rules for
disciplinary proceedings on campuses. The new Campus Law on sexual harassment
and assault will in some ways be stricter than that for assault generally, for robbery
or for murder.
The new rules for American colleges and universities
Among many other mandates, the affected institutions have to create educational
programs on sexual harassment and assault and on their consequences for all incoming
students. Students must be taught about their moral and legal responsibilities on
campus. Universities have to appoint and train a Coordinator.
Most of the new rules relate to the administrative process once evidence is received.
To illustrate: unless he receives permission, the accused has no right to be represented
by a lawyer. If he has the right of appeal, the complainant must also be given
this right. If the accused tries to speak to the complainant, he might be accused
of intimidation. The new rules warn schools not to charge underage women with
drinking. Such a policy could deter them from bringing their complaints forward.
Whether or not a woman or her family member wants the university to investigate a
charge of sexual harassment or assault, a university that knows or reasonably should
know of a violation must do so without delay to determine what happened and resolve
the matter. And this investigation must continue even if a police investigation
is going on simultaneously.
The most important change, and undoubtedly the most contested, is that universities
for their internal purposes must use a “preponderance of the evidence” standard
2 Sandy Hingston: The New Rules for College Sex, phillymag.Com (Sept. 2011), available at http://www.
phillymag.com/articles/the_new_rules_of_college_sex/ (last visited May 15, 2012).

0
prof. dan Subotnik
of proof instead of the apparently traditional “clear and convincing” one. Thus, if
there is a 50.01 percent probability that the student is guilty, the university will have
to record a disciplinary violation and perhaps even take action.
Some of the foregoing changes are desirable, such as mandatory education for students
who may arrive at the university untethered to family and other social networks
for the first time. The same can be said for the requirement to investigate regardless
of the cooperation of the complainant. Women, for example, may be reluctant to
pursue cases out of fear of being harassed. That cannot obviate the need for the
university’s own assessment; for the university has responsibilities too. Among the
most important of these, it must, like any institution, furnish a safe environment for
all those who come within its walls.
Other changes are not so desirable: A major concern of American criminal law is
“double jeopardy.” If a jury acquits, the prosecutor cannot appeal. Upon conviction,
conversely, the accused can appeal. Why should the rules be different on campus?
And why should the work have to be duplicated?
The most unfortunate change has to do with the evidentiary standard. To be sure,
more wrongdoers will be expelled under the new rules with their lower evidentiary
standards, and that is to the good. But, still, the change in policy is hardly a wise
one. The Association of American University Professors has come out against this
change, as has its women’s division, arguing that it would be sued to intimidate unpopular
faculty members. Protecting faculty members, however, does not seem a
serious enough reason to reject the policy, given that students are responsible for the
majority of violations. So the issue is whether students need these protections? 3
One could argue that the power of the university is limited to expulsion and therefore
normal criminal law safeguards are unnecessary. Nevertheless, expulsion is a
serious matter.
To see this, all we need do is imagine a student who after expulsion tries to finish
his studies at another school. Or who tries to fill out a government application form
that asks whether he has ever been subject to disciplinary action. Or who tries to get
admitted to the bar.
Presumably under the pressure of reformers, Stanford University, one of the most
prestigious institutions of higher learning in the country, has instructed its student
arbiters that in cases of sexual assault a neutral position is tantamount to siding with
the accused 4 and that they should be “very very, careful in accepting a man’s claim
3 The United States Senate thought they did. In April 2012 it passed S.1925 which, under Section 304,
would not have required a “preponderance of the evidence” standard. The House of Representatives
has not voted on this yet so the law is as represented above.
4 FIRE (Foundation for Individual Rights in Education) release, July 25, 2011.

Do the greater harms of sexual harassment and sexual assault justify a lesser evidentiary...
that he has wrongly accused of abuse or violence.” 5 How much justice can one expect
when the judges are pushed to lean in the direction of the complainant?
The problem of securing justice for the accused is compounded by the emotion
that surrounds charges of sexual assault. We in the United States have had a number
of front-page cases in recent memory, most notably, the infamous Duke Rape
case, 6 where three students were indicted for sexual assault; the Tawana Brawley
case, where a prosecutor was charged with rape; and most recently the Brian Banks
case where a man spent six years in jail before the complainant recanted her story. 7 In
neither of the first two cases was there evidence of any sexual contact.
Such anecdotes are not meant to substitute for data. And I do not suggest here that
sexual assault complainants are usually evil. I do mean that unlike criminal acts such
as nonsexual assault and robbery, most sex is consensual. And sex itself is still tied
to guilt, revenge, humiliation, ignorance, pregnancy and fear of punishment. For
example, though we have no idea why the complainant lied in the Duke Rape case,
Tawana Brawley seems to have done so to cover up the fact that she failed to come
home one night. In the Banks case, it would seem that the complainant kept silent
because she did not want to lose money she had received from a lawsuit and perhaps
was also afraid of punishment if she recanted.
Challenging the new rules need not signify the end of the effort to protect women.
If universities, or legislatures are inclined to change the definition of sexual assault
(as opposed to evidentiary standards) they should do so--but only after consultation
with the universities and especially the young women whose protection they are
seeking. This, as mentioned, was not done in the recent round of changes. Those
proposing rule changes should also explain why the rules should not apply equally
to the employment setting.
Redefining sexual assault will not be easy. Much wasted energy has gone into this
project. Securing consent from young women will prove even harder; these women
have a big stake in the matter. I know from personal experience. In prior published
work I tested the reactions of 313 women students to various sexual scenarios and
found that most of these women preferred the legal status quo. 8 This may well explain
the paradox suggested above.
5
FIRE release, August 12, 2011
6
Dan Subotnik: The Duke Rape Case Five Years Later: Lessons for the Academy, the Media, and the Criminal
Justice System Akron Law Review (spring 2012, forthcoming).
7
Ashley Power: His 10-year Nightmare is Over: Brian Banks’ Conviction is Tossed, Los Angeles Times (May 25,
2012).
8
Dan Subotnik: “Hands Off”: Sex, Feminism, Affirmative Consent, and the Law of Foreplay, 16
Southern California, Review of Law and Social Justice, 249 (2007 and Copulemus in Pace, or an Introduction
to Rape, Affirmative Consent to Rape, and Sexual Autonomy, University of Akron Law Review, spring
2008).
1

762
la MUJer VÍctiMa del delito
de Violación. sU VictiMiZación MÚltiPle
introducción
MsC. FiladelFa vidal aGuilar
MsC. aBel raMón iBarra Quevedo
Cuba
Para la confección de este trabajo, se escogió el tema “La mujer víctima del delito de
Violación. Su victimización múltiple”, por la importancia que reviste en la actualidad
el estudio de la víctima, luego de un difícil camino a lo largo de su historia (protagonismo,
neutralización y redescubrimiento) este último de gran interés por estudiosos
de la Victimología.
En los últimos 30 años el estudio de la víctima ha generado una nueva visión de su
rol en la escena del delito y su posterior tratamiento por parte de la justicia penal. Es
por ello de vital importancia para la justicia la problemática que en este trabajo se
aborda, a partir de lo establecido en nuestra Legislación Penal, proponiéndose algunas
recomendaciones a tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre esta temática,
toda vez que se sigue diciendo (y con razón) que la víctima ha sido la gran ausente
en el proceso penal de todos los tiempos, y a nuestro modo de ver, más aún cuando
se habla de la mujer víctima del delito de Violación.
La víctima es uno de los protagonistas de la trama criminal sin la cual aquella no tiene
razón de ser, quien es por sí misma sujeto de derechos y destinataria del sistema
penal.
El estudio y profundización en este tema resulta importante para el trabajo preventivo
respecto al entorno social. En primer lugar, por la necesidad de mitigar en alguna
medida la conmoción física y psíquica que producen en las personas las consecuencias
derivadas del delito, por cuanto estas no solo afectan a las víctimas directas, sino

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
también a sus familiares y a la comunidad en general, provocando el consecuente
disgusto y, con él, el deterioro de la sana cotidianidad comunitaria.
Pretendemos demostrar una vez más, las consecuencias que trae consigo para una
persona, además de resultar víctima de un acto delictivo, pasar por la difícil situación
de verse implicada en un proceso penal. Comienza para la víctima del delito
un camino lleno de situaciones indeseables, marcadas por dudas, discusiones y en
determinados momentos presión por los órganos judiciales y de investigación; todo
ese proceso para la víctima se patentiza cuando se presenta a formular la denuncia y
en lo adelante es testigo de no pocas acciones, en muchos casos carentes de la profesionalidad
necesaria, que concluyen solo después del juicio oral, dejándola marcada
por una imborrable secuela.
Todas estas acciones con determinada cuota de daño psíquico que produce en la víctima,
a partir de los razonamientos actuales de la Victimología. Además, procuramos
llamar a la reflexión a los que de una forma u otra intervienen en el proceso penal,
sobre la necesidad de ver desde otro punto de vista el tratamiento a las víctimas, la
necesidad de incrementar la profesionalidad en el actuar relativo al sujeto victimizado,
de respetar íntegramente todas las garantías establecidas en nuestra legislación.
Se analizan en una primera parte, algunas cuestiones referidas a la mujer que se
convierte en un blanco de la violencia social, la necesidad de su protección social y
jurídica, posteriormente se hace un análisis del delito de violación y las consecuencias
que el mismo acarrea para la mujer. En un segundo momento se incluye una
breve reseña de la protección que se brinda a la víctima en otros países, así como
los avances obtenidos por algunos de ellos en materia de la protección a la familia
y en especial a la mujer. Luego, se tratan los aspectos fundamentales de la víctima
en el proceso penal cubano en la actualidad y finalmente se evalúan los resultados
obtenidos de la investigación, a partir de la revisión de varias causas, la realización
de encuestas a víctimas y a operadores del Derecho y otros especialistas, lo que nos
posibilitó elaborar el plan de acciones concretas que permitirá ofrecer a la mujer víctima
del delito de Violación, un tratamiento más especializado por los órganos que
intervienen en la investigación.
El estudio realizado abarcó 18 casos de la provincia de Holguín en los que la cuestión
central fue el tratamiento procesal recibido y las afectaciones que pudo haberle acarreado
el proceso a estas mujeres que resultaron víctimas del delito de Violación.
Se trabajó con objetivo de demostrar cómo las víctimas de los delitos y, específicamente,
las mujeres víctimas del delito de Violación, no encuentran la debida
protección en nuestro procedimiento penal, resultando victimizadas durante todo el
proceso, y sobre esa base diseñar un plan de acciones que contribuya a perfeccionar
su tratamiento.
3

mSC. filadelfa Vidal aguilar, mSC. abel ramón ibarra QueVedo
consideraciones jurídicas doctrinales acerca
de la mujer víctima en el ámbito del derecho
procesal penal
la mujer como víctima de la violencia social
El interés por parte de las ciencias y la opinión pública por las víctimas de los delitos
se debe al proceso de civilización. Los individuos comprenden mejor la victimización,
han desarrollado una consciencia del carácter problemático de la violencia, en
particular de las formas cotidianas de violencia que ocurren en su entorno social.
Violencia de la que no escapa la mujer, la cual se sumerge, de igual forma en ese
mundo de la victimización. El concepto de víctima ha transitado un largo camino
hasta llegar a lo que en su acepción ordinaria y más general se denomina víctima a:
“persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita”. 1
La Asamblea General de Naciones Unidas en su Declaración sobre los ”Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, 22
estableció que: “Se considerarán víctimas de delitos a las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder’’.
La víctima en el transcurso de su historia no ha encontrado género específico
que le brinde ese estatus, víctima puede ser cualquier persona que se
encuentre en el camino del agresor y con más facilidad si esta persona posee
un estado de indefensión con respecto a este, encontrando como exponente
indiscutible a la mujer. Esto es un punto de partida para llegar a entender la
situación de la mujer como víctima, producto de la violencia social. Aspecto
que tiene sus antecedentes en la antigüedad, donde la mujer era convertida en
objeto de placer y satisfacción de las necesidades del hombre.
A lo largo de la historia se conocen varias personas célebres, por sus estudios o por
su posición, que sin lugar a dudas tuvieron concepciones androcéntricas y patriarcales
que solo valoraban a las féminas por sus posibilidades biológicas y domésticas
en cuanto a la maternidad y el cuidado de los hijos, el marido y el hogar; creándose
1
Definición en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Español, Grupo Editorial, España
1999.
2
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso
de Poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución no. 40/34, de
fecha 29 de noviembre de 1985.

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
mitos, creencias y criterios asimilados por tradición y costumbre que trataban de reducir
la identidad femenina al espacio privado y familiar, ignorando sus capacidades
intelectuales y su personalidad en general. El gran pensador griego Aristóteles afirmaba
que: “El hombre es superior por naturaleza y la mujer inferior,” 3 criterio este
fortalecido en los textos bíblicos, donde se identifica con un hombre, al “creador”,
que representa la protección, lo eterno, los valores más sagrados del ser humano y la
superioridad física, mientras que la mujer es incompleta, creada de una parte tomada
del cuerpo de Adán y responsable del pecado original y de la expulsión del Paraíso. 4
Una frase atribuida a Budas atestigua que: “El cuerpo de la mujer es sucio y no puede
ser depositario de la ley” 5 Otros pensadores del siglo xiii se referían a las mujeres
como seres incapaces de formar criterios o tener juicios propios, comparables con
los niños y los dementes. Lo anterior justifica el nacimiento de la violencia sobre la
mujer, el hombre sumergido en posiciones radicales en cuanto a la plena determinación
de la mujer a convivir con igualdad de deberes y derechos.
La violencia contra la mujer en nuestro país tiene sus raíces desde la época en que
Cristóbal Colón descubre nuestra Isla y como parte de la colonización se encuentra
la violación de las mujeres aborígenes que habitaban nuestro archipiélago. Conocida
es nuestra historia sobre cómo fue exterminada esta población aborigen, dando paso
a lo que se conoció como la trata negrera, alternativa buscada por los colonizadores
para suplantar la mano de obra exterminada por tanto abuso y crueldad. Con la trata
negrera comienza otra etapa de abuso y violencia contra la mujer que en todos lo
casos era vista simplemente como una esclava y tenía que cumplir con las mismas
normas de explotación a que eran sometidos los hombres. Comenzó así otra etapa
de abuso sexual contra la mujer y no es hasta el inicio de la guerra de independencia
que la mujer comienza a tener un protagonismo que la hace merecedora del respeto
y admiración del hombre.
Numerosos son los casos de mujeres que se ganaron el respeto con el filo del machete.
Terminada esta contienda y empezada la siguiente por la independencia total
de la Patria, la mujer una vez más escribe páginas de heroísmo y alcanza su momento
cumbre en la lucha contra la tiranía del tristemente célebre Fulgencio Batista. Todo
esto le mereció un lugar en la historia, pero no cambió mucho su estatus de seguir
siendo subyugada por el hombre. Si bien se han alcanzado logros importantes; de
hecho la mujer desempeña más de la mitad de los puestos de trabajo técnicos y
profesionales del país; todavía las concepciones discriminatorias de género están
presentes y la violencia contra ella se sigue manifestando.
3 M. Miedzian: “Chicos son, hombres serán: ¿Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia?”,
Cuadernos Inacabados 17, Editorial Horas y Horas, Madrid, España, 1996.
4 R. Fleitas: “Madres Adolescentes y Enfoque de Género”, Tesis en Opción del Título de Doctor en
Ciencias Sociológicas, Facultad de Sociología, La Habana, Cuba, p. 42, 2000.
5 M. L. Rojas: “Hacía modelos de masculinidad más positivos”, Web. Hombres por la igualdad, Nueva
York, EE.UU, pp. 3-4, 2001.

mSC. filadelfa Vidal aguilar, mSC. abel ramón ibarra QueVedo
las conquistas en la protección social y jurídica
de la mujer
La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y de
respeto a la dignidad humana, dificulta su participación en las mismas condiciones
que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, constituye
un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece
el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y
a la humanidad. Diferentes organizaciones internacionales han dirigido esfuerzos
a lograr la total emancipación de la mujer y que se le reconozcan plenamente los
derechos de igualdad. En tal sentido han emitido resoluciones, convenciones y leyes
encaminadas a la protección de la mujer.
La violencia tiene muchas aristas y se manifiesta de múltiples formas. Violencia contra
la mujer según la Asamblea General de Naciones Unidas en su Declaración sobre
los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder es: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 6
Estableció además que: “Se entenderán como víctimas del abuso de poder a las personas
que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas
o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no
llegan a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violan normas internacionalmente
reconocidas relativas a los derechos humanos”.
Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por la
Asamblea General de Naciones Unidas 7 acordó que: “La prensa y el público podrán
ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden
público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés
de la vida privada de las partes”. 8
De su simple lectura se aprecia que existe una protección para las víctimas dado que
establecía limitantes de actuación, fundamentalmente para los órganos de publicidad.
6 Artículo no. 1, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Resolución de la
Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
7 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas
en su resolución no. 2200 A (xxi) de fecha 16 de Diciembre del 1966, que entró en vigor en fecha 23
de marzo de 1976.
8 Artículo no. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de carácter permanente,
independiente y vinculado con el sistema de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
Asimismo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional planteó que: “La
Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico
y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. La Corte establecerá
principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y
la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes”. 9
De lo cual se infiere el papel protagónico que se les concede no solo a las víctimas,
sino hasta sus familiares más allegados, ante la ocurrencia de un acto criminal. Es
por tanto, fácil comprender que existen mecanismos internacionales que protegen
legalmente a las víctimas.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Resolución
de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, hace primeramente
un análisis sobre el problema de la mujer en el mundo de hoy y reconoce la urgente
necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos
a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos.
Además dicha Resolución manifiesta que la violencia contra la mujer constituye una violación
de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente
a la mujer gozar de dichos derechos y libertades.
Más adelante en este documento se aprecia una acción concreta donde la protección
a la mujer, sin lugar a dudas, es la razón de ser de la resolución, cuando expresa:
“Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna
costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar
eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora
una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer”. 10
La violencia machista y los malos tratos han formado parte de la vida cotidiana de
muchas mujeres a lo largo de la historia. Los movimientos de mujeres a partir de los
años 70 comenzaron a desarrollar de forma colectiva y organizada acciones en contra
de la violencia que comenzó a ser percibida, siendo los organismos internacionales
los primeros que tomaron consciencia de la difícil situación en que se encontraban
muchas mujeres y los que, por medio de diversas declaraciones, dieron visibilidad a
una lacra social escondida hasta ese momento en la privacidad de los hogares.
En 1980 la ONU, en su II Conferencia Internacional sobre la mujer, declaró por primera
vez, que: “la violencia que se ejerce contra las mujeres en la familia es el crimen
más encubierto del mundo” y planteó la importancia de visualizar públicamente esta
problemática que afecta a un gran número de mujeres.
9 Artículo no. 75, Reparación a las víctimas, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
10 Artículo 4 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer Resolución de la
Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993

mSC. filadelfa Vidal aguilar, mSC. abel ramón ibarra QueVedo
En 1985, en Nairobi la Conferencia mundial para el examen y evaluación de los
logros del decenio de las Naciones Unidas para las mujeres, declaró que la violencia
ejercida contra las mujeres supone un importante obstáculo para la paz.
En 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena bajo el
auspicio de la ONU, reconoce que los derechos humanos de las mujeres y las niñas
son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.
El 20 de diciembre del mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración
sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer, en la que se reconoce
que esta constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales
que han conducido a la dominación de la mujer y a su discriminación por
parte del hombre e impedido el avance pleno de esta.
En 1995 la Declaración de Beijing, surgida de la IV Conferencia mundial sobre la
mujer, aprobó la Plataforma de Acción con el fin de potenciar el papel de las mujeres
en todas las esferas de vida. En ella se reconoce que la violencia de género es
un obstáculo para el logro de objetivos de igualdad, desarrollo y paz, que menoscaba
o impide el disfrute por la mujer de sus derechos humanos y de las libertades
fundamentales, equiparando por primera vez la violencia contra las mujeres como
violencia de género, entendiendo esta como una construcción cultural que rige las
relaciones sociales y de poder entre los sexos. Esta construcción cultural es la base
sobre la que se establecen los códigos normativos y axiológicos a partir de los cuales
podemos hablar de lo masculino y lo femenino en un marco de relaciones de poder
asimétricas, pero susceptibles de ser modificadas en el tiempo a través de los procesos
de socialización.
En el 2002 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución
2002/52, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, a la vez que condenó
claramente todos los actos de violencia perpetrados contra las mujeres y las niñas,
incluye en su definición sobre la violencia de género otras nuevas como los crímenes
pasionales, el matrimonio precoz y forzado, el infanticidio de niñas, y la violencia
relacionada con la explotación sexual comercial y la explotación económica.
El Manifiesto de las Mujeres con discapacidad de Europa, adoptado en Bruselas el
22 de febrero de 1997 por el Foro Europeo de la Discapacidad, establece recomendaciones
relativas a la violencia, al abuso sexual y a la seguridad de las mujeres y niñas
con discapacidad dirigidas a los Estados miembros de la UE.
Se puede apreciar ciertamente que la mujer ha alcanzado éxitos relevantes en lo que
se refiere a la libertad plena de sus derechos y por tanto en el mundo de hoy su papel
es protagónico en la existencia de la sociedad.
En lo que respecta a la mujer cubana, en todas las épocas desarrolló papeles protagónicos
que la han hecho merecedora de prestigio y reconocimiento social. En las
guerras de Independencia, durante la celebración de la Asamblea de Guáimaro, Ana
Betancourt, rompiendo las barreras de su tiempo, reclamó el derecho de la mujer a

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
ser liberada de la esclavitud, que no era de raza ni de cuna, sino de sexo. De igual
forma la Capitana Isabel Rubio declinó sus tareas en la retaguardia de la insurgencia
mambisa para estar en la primera línea de combate demostrando sus cualidades
combativas.
Durante la República, las mujeres realizaron manifestaciones y acciones en contra de
los gobiernos de turno, pero además, se crearon movimientos feministas exigiendo,
entre otras demandas, el derecho al voto, a la patria potestad y al divorcio.
En la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, tanto en la lucha clandestina
como en la lucha armada en la Sierra Maestra, fueron numerosas las mujeres que
participaron en acciones como sabotajes, distribución de propaganda y como enlaces
o mensajeras; sufriendo detención, tortura y muerte por defender los ideales revolucionarios.
Paradigmas de estas mujeres son las heroínas Lidia Doce y Clodomira
Acosta Ferrals, quienes prefirieron morir torturadas y asesinadas antes que delatar a
sus compañeros y revelar las importantes informaciones que conocían.
Estos hechos sin embargo, no posibilitaron que la mujer ocupara plenamente el
rol social merecido, el espacio público continuó en manos del poder masculino, no
permitiéndole a la mujer desterrar de su vida la posición subordinada trasmitida
generacionalmente.
Fueron necesarios cambios políticos y sociales relevantes para que esta pudiera comenzar
a hacerse visible fuera de la vida doméstica. El Gobierno Revolucionario
como parte de su política social estimuló la participación de las mujeres en todas las
tareas, incrementando su incorporación al trabajo y a la enseñanza técnica y profesional,
a la defensa de la Patria y así fue compartiendo paulatinamente la posición
egocéntrica y pública, que hasta entonces era privativa del hombre.
En 1960 se funda la Federación de Mujeres Cubanas, organización que agrupa a todas
las féminas a partir de los 14 años de edad, la que propicia que la mujer participe
de forma activa en la vida social y política del país.
Se dictaron leyes a favor de todo el pueblo, sin discriminación de raza, etnia o sexo;
siendo ejemplo de ello la Constitución de la República (1976) que en sus Artículos 4
y 6 formula la protección estatal de la familia, la maternidad y el matrimonio, y reconoce
la igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos; también el Código
de Familia (1975) tiene dentro de sus objetivos esenciales proteger a la sociedad, la
familia y las personas y proclama y reconoce los derechos de plena igualdad de la
mujer. Se crearon las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia en cada municipio,
con el objetivo de brindar orientación, ayuda y asesoramiento en diversidad de
aspectos que favorecen el desarrollo individual, familiar y social.
Las Universidades como centros fundamentales de enseñanza superior del país, han
creado las Cátedras de Estudios de la Mujer y la Familia, donde se discuten y analizan
problemáticas sociales que forman parte de la realidad actual de las mujeres.
En nuestra Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, existe dicha Cátedra,

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de la cual la autora de este trabajo es su Presidenta de Honor. A través de estas se
desarrollan intercambios y conversatorios, se estimula la participación en eventos
nacionales e internacionales y el incremento de investigaciones científicas encaminadas
al conocimiento de la situación social de las mujeres, tanto en Cuba como en
el resto del mundo.
El proyecto social cubano propicia condiciones legales y sociales para que las mujeres
asuman papeles protagónicos en la vida social y en la esfera privada; lo que
no basta para desarraigar todos los factores que influyen en las manifestaciones de
violencia aún presentes en nuestra sociedad lo que no se resuelve solo con normas
jurídicas y voluntad política; sino, además, con modificaciones en la mentalidad de
las personas y romper con las concepciones, costumbres y estereotipos arraigados
durante tanto tiempo, lo que implica cambios sustanciales en el modo de percibir la
realidad y de actuar en la vida.
la víctima del delito de violación
Evidentemente, cuando se aborda el tema de la víctima del delito de Violación nos
referimos a la mujer contra la que se comete este, regulado en nuestra Ley Penal y
de gran rechazo por parte de la sociedad. Dicho delito, estudiado con esmero por
nuestros penalistas, presenta diversas formas de manifestarse y es cometido por gran
diversidad de hombres contra igual diversidad de mujeres.
Violación, término que proviene del latín ‘violare’, significa acceder a alguna cosa
por medio de la violencia. La violencia sexual degrada, deshumaniza y viola la integridad
y la identidad de la persona agredida. Estudios realizados por diferentes
investigadores, entre ellos, especialistas del Centro Nacional de Educación Sexual,
demuestran que la violencia sexual contribuye a disfunciones de la respuesta sexual
en ambos sexos.
El empleo de fuerza no se refiere necesariamente a violencia física por parte del
hombre; es suficiente la coacción, la intimidación, el miedo que se experimenta ante
una amenaza con un cuchillo, arma de fuego u otro medio, en ocasiones hasta la
propia amenaza verbal.
De todo lo anterior se puede deducir que, dependiendo del empleo de violencia
corporal, la violación presenta dos modalidades: la violación con violencia física, que
se traduce en la existencia de lesiones en la víctima, o sin violencia física, incluyendo
dentro de esta última variedad, la violación donde concurra alguna del resto de las
circunstancias reflejadas en el Código Penal.
Cuando la mujer se convierte en víctima de violación comienza para ella un duro
camino pues en el mismo momento en que es violada está sufriendo violencia, que
en muchos casos, deja secuelas perennes, específicamente cuando se utilizan armas

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
blancas u otros instrumentos que son portados por el violador. Esta violencia física
se traslada a la violencia psicológica, cuyas consecuencias quedan en la víctima en
algunos casos de por vida, ocasionando serios problemas sociales que inciden no
solo en la persona objeto del hecho sino que se victimiza, además, a una familia o
parte de ella.
La violencia sexual trae consigo consecuencias de gravedad para la víctima, pues su
salud física, personalidad y conducta pueden verse afectadas. Este tipo de violencia
es más frecuente de lo que se constata en la práctica, pero sucede que en numerosas
ocasiones las víctimas no hacen públicos los hechos, sobre todo cuando surgen
dentro de la pareja, pues la tendencia social es responsabilizar a la mujer con estos
sucesos. Además la propia agredida, por los sentimientos de humillación, miedo,
vergüenza y culpa que desarrolla, prefiere guardar silencio que ser victimizada otra
vez al tener que relatar y vivenciar nuevamente lo acontecido, en el Servicio Médico,
la Policía y los Tribunales.
En este aspecto se hace énfasis sobre el tratamiento que recibe en cada uno de estos
momentos, los cuales independientemente de ser necesarios, se convierten en engorrosos,
indeseables y difíciles, convertidos así por procedimientos inapropiados y en
algunos casos, carentes de profesionalidad de los órganos de investigación para el
procesamiento de este delito.
Cuando la mujer violada se persona para formular la denuncia es atendida por varios
funcionarios hasta llegar al Instructor Policial, que en lo adelante investigará los
hechos, cada uno interroga sin metodología alguna a la víctima, lacerando su psiquis
cada vez que tuvo que repetir las acciones ejecutadas por el agresor, hasta que, no
bastando con la declaración tomada por el Instructor se hace necesario que el Fiscal
interrogue nuevamente a la víctima y otra vez tenga que recordar cada instante por
los momentos que pasó cuando era violada, proceso que se repetirá durante el juicio
oral donde tendrá, además, que enfrentar al representante legal del acusado, el cual
tratará de cumplir con su papel, aunque para ello tenga que humillar a la víctima, la
cual, en la mayoría de los casos, sin conocimientos especializados, no sabrá cómo
defenderse.
Otro proceso no menos difícil pasará la víctima cuando se persone ante el Médico
Legal, el cual necesariamente y en ocasiones por razones de incompetencia policial
ante una escueta solicitud de peritaje, tendrá que hacer repetir a la víctima las acciones
del hecho. Sin olvidar que este sujeto para la víctima es un extraño que se adentrará
en sus intimidades, aunque sea un proceso inevitable para el esclarecimiento
del hecho.
Agregamos a este interminable camino para la víctima violada la ausencia de personal
especializado en psicoterapia u otra ayuda para atenuar el daño psíquico recibido
durante el hecho y posterior a este, es decir durante todo el proceso.
1

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mSC. filadelfa Vidal aguilar, mSC. abel ramón ibarra QueVedo
No son estos los únicos que convierten a la mujer en víctima de este delito ya que en
el peor de los casos, se producen infecciones de transmisión sexual dentro de las cuales
encontramos enfermedades como el VIH-SIDA de consecuencias letales. Otro
riesgo o consecuencia es que puede quedar embarazada, lo que puede comprometer
su propia vida, ya que de inmediato debe pasar por la interrupción del embarazo, o
de ser imposible esto por otras razones, se puede crear el problema de continuar con
un embarazo no deseado y del reconocimiento o no de la paternidad.
tratamiento a las víctimas en legislaciones
de otros países y en la legislación penal
cubana
la víctima desde el derecho comparado
Tomando como base fundamental los Códigos Procesales Penales de varios países,
fundamentalmente de Iberoamérica, teniendo en cuenta estudios realizados, es en
estos países donde mayor protección jurídica se les brinda a las víctimas sobre todo
cuando se trata de mujeres.
En el caso de los países iberoamericanos se concibió un Código Procesal Penal Modelo
que uniforma la participación del perjudicado de forma muy similar e introduce
como figura importante al Querellante Adhesivo que prevé que toda persona con
capacidad civil podrá provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por
el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por el cónyuge supérstite,
los padres y los hijos sobrevivientes, el último tutor, curador o guardador del
fallecido y la persona que convivía con él. 11 Con esta nueva figura las personas que
se convierten en víctimas tienen ante sí una satisfacción en alguna medida de sus
principales demandas, al poder tomar parte en cualquier momento del proceso.
En el ámbito latinoamericano uno de los problemas más negativos que se aprecia, es
la implementación de normas y modelos legales sin someterlas al rigor crítico de la
realidad de nuestras naciones, lo que provoca la aceptación de instituciones y modelos
foráneos muy favorables en su concepción, pero poco viables en nuestras realidades,
donde las víctimas, generalmente son aquellas personas desamparadas por la
sociedad, que carecen de voz y voto ante los entendidos en la materia del Derecho.
11 Código Procesal Penal Gaceta Oficial no. 5.208 Extraordinaria, de fecha 23 de enero de 1998.

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
En los materiales que se analizaron a pesar de advertirse la existencia de un mayor
espacio para la actuación de la víctima, se aprecia en la realidad cierta desprotección,
pues en ocasiones se identifica al autor del hecho formando parte de los sectores
más pobres y desprotegidos de la sociedad, lo que no escapa a las víctimas, que
muchas veces corresponden a esos sectores y no siempre tienen el nivel cultural y la
solvencia económica que les permita hacer efectivos esos derechos, quedando limitados
a un reconocimiento legal de los mismos.
En la República Bolivariana de Venezuela su Código Orgánico Procesal Penal reconoce
la institución del acuerdo reparatorio 12 entre inculpado y víctima, estableciéndose
la extinción de la acción penal respecto del imputado que hubiere intervenido
y de incumplirse, el proceso continuará. 13 Algo similar a lo concebido en nuestra ley
sustantiva respecto al delito de Daños, que prevé la posibilidad de llegar a un acuerdo
entre las partes. 14 Asimismo en lo relativo a la recusación se otorga la posibilidad de
ejercitarla, entre otros, a la víctima. 15 Además todo aquel que sea considerado víctima
podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos: 1) presentar querella; 2) ser
informada de los resultados del proceso; 3) solicitar medidas de protección frente
a probables atentados en contra suya o de su familia; 4) adherirse a la acusación del
Fiscal o formular una acusación propia contra el imputado; 5) reclamar la responsabilidad
civil proveniente del hecho punible; 6) ser oída por el Tribunal antes de la
decisión de sobreseimiento o de otra que ponga término o suspenda el proceso; 7)
impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria 16 Se reconoce su condición
de querellante adhesivo por lo que puede sumarse a la acusación formulada por el
Ministerio Público.
Es imprescindible en el caso de Venezuela abordar además la “Ley orgánica sobre el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” 17 conformada específicamente
para la protección de estas víctimas, la que tiene como objeto “garantizar y promover
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera
de sus manifestaciones”.
12
Código Procesal penal publicado en la Gaceta Oficial No. 5.208 Extraordinaria, de fecha 23 de enero
de 1998.
13
Se puede encontrar en la Sección Segunda, artículo no. 34 del Código Procesal Penal Venezolano. No
es más que cuando el hecho punible recaiga sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial
o cuando se trate de delitos culposos, el juez podrá, desde la fase preparatoria, aprobar acuerdos
reparatorios entre acusado y víctima, verificando previamente que haya ocurrido esto de forma libre
y que las partes conozcan a plenitud sus derechos.
14
Ídem
15
Se dispone en el artículo no. 82 del Código Procesal Penal Venezolano.
16
Contenidos estos derechos en el artículo no. 117 del Código Procesal Penal Venezolano
17
Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tercera edición 25 de
noviembre del 2006. Artículo 1.
3

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Dicha ley prevé la definición de violencia contra la mujer, así como qué es violencia
sexual. De una manera detallada, explica estos términos los cuales permiten adquirir
un conocimiento específico respecto a las víctimas de estos delitos sexuales o de otra
índole cometidos contra la mujer.
La Ley atribuye un grupo de funciones específicas a los organismos encargados de
su cumplimiento, estableciendo los derechos que le asisten a las mujeres víctimas de
violencia, entre las que encontramos las atribuidas al Instituto Nacional de la Mujer
como ente rector, “formular las políticas de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres. El ejecutivo nacional dispondrá de los recursos necesarios para
financiar planes, programas, proyectos y acciones de prevención y atención de la violencia
de género organizaciones sociales promovidos por los Consejos Comunales,
las organizaciones de mujeres y otras de base”. 18
En su artículo 20 y siguientes se establecen los diferentes programas y los organismos
encargados de su ejecución. 19
Apreciamos cambios significativos respecto al tratamiento que en nuestra legislación
adquiere la víctima, la que no está desprotegida en su totalidad, pero realmente no
tiene todas las posibilidades que la ley venezolana le facilita a esta, además de no
contar con una ley específica para la protección de la víctima de la violencia contra
la mujer.
El Código Procesal de Guatemala en su Libro Primero, Título I, establece entre
sus principios básicos el siguiente: Serán perseguibles, solo por acción privada, los
delitos siguientes: Los relativos al honor; Daños; al Derecho de Autor, la Propiedad Industrial
y Delitos Informáticos, Alteración de programas; Reproducción de Instrucciones
o Programas de Computación; Usos de información, Violación y Revelación
de Secretos y Estafa mediante cheque”. 20
En todos esos casos se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme
a un procedimiento especial previamente establecido, de lo cual se deduce que a diferencia
del nuestro, en el mismo son varios los bienes jurídicos que se protegen y por
ende se les reserva una posibilidad mayor a las personas que resultan perjudicadas en
virtud de cualquier acto criminal, aunque sí se mantiene la similitud en cuanto a los
delitos contra el honor.
En el Código Procesal de Costa Rica se regulan las garantías de la víctima en un
título independiente, donde se establece que la misma aunque no se haya constituido
como querellante tiene los siguientes derechos: 1) intervenir en el proceso; 2) será
informada de las resoluciones que finalicen el proceso; 3) apelar la desestimación y
18 Ibídem.
19 Ibídem.
20 Contenido en el artículo 24 del Código Procesal Penal de Guatemala, aprobado según decreto no. 51
de 1992 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 7 de diciembre de ese mismo año.

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
el Sobreseimiento Definitivo; 4) será informada sobre sus derechos, cuando realice
la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento”. 21
Preceptúa también, a diferencia del proceso penal cubano, que en los delitos de
acción penal pública, la víctima podrá provocar la persecución penal, adherirse a
la ya iniciada por el Ministerio Público o continuar con su ejercicio…” 22 De ahí la
posibilidad de convertirse en el denominado “querellante adhesivo”.
Amplía las posibilidades de acción pública perseguibles solo a instancia privada al incluir
un número significativo de delitos en los que puede impulsar la acción privada,
tales como: 1) los delitos derivados de las relaciones sexuales consentidas con una
persona mayor de doce años y menor de quince; 2) las agresiones sexuales y otros
delitos. 23 En este caso relativo al delito de las agresiones sexuales la acción pública
es perseguible solo a instancia privada y tiene similitud con nuestra Ley Procesal
Penal, donde es perseguible a instancia de parte, siendo de oficio cuando la víctima
es menor de doce años.
En análisis el Código Procesal de Perú la víctima o el agraviado, tendrá los siguientes
derechos: 1) a ser informado del resultado del procedimiento, siempre que lo solicite;
2) a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión
de la acción penal, siempre que lo solicite; 3) a recibir un trato digno y respetuoso
por parte de las autoridades competentes, y a la protección de su integridad y la de
su familia 4) a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
El Código de Procedimiento Penal de Ecuador prevé la igualdad de derechos de las
partes y en tal sentido se garantiza al Fiscal, al imputado… y a las víctimas el ejercicio
de todas sus facultades y derechos. 24 Encontrándose entre estos últimos los siguientes:
1) a intervenir en el proceso penal como acusador particular; 2) a ser informado
por el Fiscal el estado del proceso; 3) ser informado del resultado final del proceso,
aún sin haber intervenido en él; 4) solicitar al Juez que requiera del Fiscal que se
pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción; 5) a que se proteja su
persona y su intimidad, y a exigir que se adopten para ello las decisiones necesarias;
6) a quejarse ante el Fiscal superior respecto de la actuación de otro Fiscal, en los
casos siguientes: Cuando no se le informe sobre la investigación luego de haberlo
solicitado, cuando se aprecie falta de diligencia en la actividad investigativa, la inadecuada
actuación del Fiscal que ponga en riesgo la conservación de las pruebas y
cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las obligaciones del Fiscal.
21 Ver contenido del Título III, capítulo I, artículo no. 71 del Código Procesal Penal de Costa Rica.
22 Contenido en el artículo no. 16 del Código Procesal Penal de Costa Rica, Diario Oficial, 1996, pp. 1, 2, 3.
23 Todas esas posibilidades de accionar como instancia privada se contemplan en el artículo no. 18 del
Código de Procedimiento Penal de Costa Rica, que entró en vigor a través de la Ley no. 1970, aprobada
el 25 de marzo de 1999.
24 Ver contenido del artículo no. 14 del Código Procesal Penal de Ecuador.

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También Ecuador posee la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, actualizada
en abril del 2010, la que tiene como objeto: “proteger la integridad física, psíquica
y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia mediante la prevención y
la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los
de su familia”.
Esta Ley define claramente las conductas que constituyen violencia contra la mujer,
dentro de ellas la violencia sexual y establece medidas para el tratamiento y la
prevención de dichas conductas, expresamente por quienes tienen la obligación de
ejecutarlas.
Chile en su Código Procesal Penal 25 considera a la víctima como uno de los intervinientes
26 en el proceso penal. Entre sus principios básicos: obliga al Ministerio Público
a velar por esta en todas las etapas del procedimiento penal. 27 Para materializar
lo anterior se obliga al Fiscal a: 1) darle información acerca de sus derechos en el
proceso; 2) ordenar por sí mismo o solicitar al Tribunal las medidas destinadas a su
protección y a la de su familia frente a probables agresiones; 3) informarle sobre su
derecho a indemnización; 4) escuchar a la víctima antes de suspender o terminar el
proceso. Por su parte la víctima puede: 1) impugnar el sobreseimiento temporal o
definitivo o la sentencia absolutoria, aún cuando no hubiere intervenido en el proceso;
2) podrá solicitar por escrito al Juez de Garantía la imposición de medida cautelar
al acusado; 3) recurrir las resoluciones judiciales.
Otra de las posibilidades legales de las que disfruta es precisamente el hecho de
prohibir todo tipo de información a los medios de comunicación social acerca de la
identidad de las víctimas que pudieren resultar vinculadas a la investigación de un
hecho punible, propicio en los delitos sexuales donde se cuida el honor y la dignidad
de la víctima.
El Código Procesal Penal de Bolivia, entre una de sus garantías fundamentales está
que: “La víctima podrá intervenir en el proceso penal y tendrá derecho a ser escuchada
antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal
y, en su caso, a impugnarla”. 28
Aunque a diferencia de otros países el delito de Violación no se encuentra dentro de
los que están por acción privada y sí por acción pública a instancia de parte, privando
a la víctima del derecho de abstenerse a formular denuncia en caso de que así lo apreciase
en pos de cuidar su honor, según su consideración. Otras cuestiones referidas a
25
Código Procesal Penal de Chile, aprobado por su Congreso Nacional a través de la Ley no. 19696,
de fecha 29 de septiembre del 2000.
26
Entiéndase como Parte en el Proceso Penal.
27
Está contemplado en el Libro Primero, Disposiciones Generales, Título I, artículo no. 6 del Código
Procesal Penal chileno.
28
Artículo 11, Título I, de la Ley 1970 de fecha 25 de marzo de 1999, Código Procesal Penal de Bolivia.

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
las posibilidades que tiene la víctima dentro del proceso penal de ese país son: 1) que
deberá ser informada de sus derechos y sobre los resultados del proceso, 2) podrá
impugnar el Sobreseimiento Provisional decretado por el Fiscal 29 3) tiene derecho a
recurrir las resoluciones judiciales, aunque no se haya constituido en querellante. 30
En el Código Procesal Penal de Nicaragua 31 se plantea dentro de sus principios la
intervención de la víctima, reconociéndola como parte en el proceso penal desde su
inicio y en todas sus instancias. 32 Posibilidad esta que nos da la medida de las amplias
libertades legales de las cuales goza, al otorgársele la acción penal tanto en los delitos
como en las faltas cometidas por el inculpado. 33
Puede asimismo adherirse a la acusación presentada por el Ministerio Público, y
continuar de forma conjunta el proceso, en el que se le reconocen entre sus derechos
los siguientes; 1) conocer oportunamente la propuesta de acuerdo mediante el cual
el Fiscal prescindirá de la persecución penal y hacer uso de sus derechos; 2) intervenir
en las audiencias públicas del proceso; 3) solicitar medidas de protección frente
a probables atentados en contra suya o de su familia; 4) ser Acusador Particular; 5)
ofrecer medios de prueba; 6) interponer recursos.
Existe algo novedoso en este procedimiento en torno a su protección por razones
humanitarias, en el caso de víctimas de escasos recursos: las escuelas, facultades de
Derecho y organizaciones humanitarias, podrán proporcionarle por medio de sus
abogados asistencia jurídica gratuita a estas. Asimismo como parte en el proceso,
tienen la posibilidad de opinar sobre la medida cautelar impuesta al acusado.
En el caso de Argentina se reconoce como otra forma del ejercicio de la persecución
penal, la reparación, como tercera vía del Derecho Penal, que permite ciertos
acuerdos en favor de la víctima para dejar a un lado la pena o para aminorarla, y su
método procesal correlativo, la conciliación, que posibilita la intervención beneficiosa
de la víctima en el procedimiento penal, con la idea de que los bienes jurídicos
no son ficciones abstractas, sino realidades portadas por un ser humano, con cierto
poder de decisión sobre ellos, al menos para auxiliar o no dificultar la reinserción
social del autor. 34
29
Artículo no. 394 del Código Procesal Penal de Bolivia.
30 Ídem.
31
Ley no. 406, en virtud del cual se dictó el Código Procesal Penal de Nicaragua, aprobado a los 13 días
de Noviembre del 2001.
32
Previsto en el artículo no. 9, Título Preliminar, referido a los Principios y Garantías procesales de las
víctimas, del Código Procesal Penal de Nicaragua.
33
Título II, De las acciones penales, Capítulo I, Del ejercicio de la acción penal, artículo no. 51 del
Código Procesal Penal de Nicaragua.
34
Artículo no. 78 del código Procesal Penal de Argentina.

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Hoy, en cambio, la defensa de los mecanismos de consenso se vincula directamente
al fenómeno del denominado “neopunitivismo” o “fascinación por el Derecho
Penal”, 35 lo cual es contrario a la idea constitucional de un Estado Democrático de
Derecho.
Por ejemplo en el caso de España la Ley Orgánica no. 1 de 2004 en su Título IV introduce
las normas de naturaleza penal, mediante la cual incorpora como agravante
de la sanción, el carácter de esposa, bien con carácter actual o que haya estado la misma
ligada al acusado por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia”. 36
Asimismo en el Título V se establece tutela para garantizar un tratamiento judicial y
con ello un procedimiento adecuado y eficaz en cuanto a la situación jurídica, familiar
y social de las víctimas de violencia de género en las relaciones intrafamiliares. 37
Del mismo modo, la Ley Orgánica 15/2003 38 estableció como una sanción accesoria:
“La prohibición de aproximarse a la víctima…”, lo que se amplía en varios artículos
en el sentido siguiente: “La prohibición de comunicarse con la víctima, o con sus
familiares…, lo cual se impide al sancionado, por cualquier medio de comunicación
o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual”. 39
En el ordenamiento jurídico español existe una Ley de Asistencia a las víctimas del
delito, 40 la que incorpora un reconocimiento indirecto a la asistencia de una serie de
derechos de las víctimas.
Se les reconocen a las víctimas, además, los siguientes derechos: 1) exigir tutela efectiva
de jueces y tribunales; 2) la existencia de una responsabilidad pública cuando hay
un funcionamiento anormal de la justicia, puede entenderse que existe un derecho a
no sufrir victimización secundaria; 41 3) ser parte en el proceso. 42
En el Procedimiento Penal Alemán existen varias modalidades delictivas que son
perseguibles a instancia privada o por petición penal, 43 facultad extensiva a los hijos,
al cónyuge, padres, hermanos o nietos, si la víctima fallece antes de dicha petición.
35
Artículo no. 110 del Código Procesal Penal de Argentina.
36
Ley Orgánica no. 1 de 2004.
37
Artículo no. 262 del Código Procesal Penal de Argentina.
38
Contenido en III Encuentro Internacional, Justicia y Derecho 2006, artículo “Constitución y Procedimiento
Penal”, del Dr. Julio Bernardo Maier, Catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Juez
del Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires.
39
Daniel Pastor: “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio de los
derechos humanos”, en Nueva Doctrina Penal, Editorial del Puerto, Buenos Aires, 2005/A, I, pp. 73.
40
Está contenido en la Ley Orgánica no. 1 del 2004, de la Jefatura del Estado, contentiva de las Medidas
de Protección Integral Contra la Violencia de Género, que entrara en vigor el 29 de Junio del 2005.
41
Ídem
42
Artículo no. 39, inciso g) de la Ley Orgánica no. 15 del 2003, de fecha 25 de noviembre de ese año,
del Código Penal.
43
Previsto en el artículo no. 48, inciso 2) de la Ley Orgánica no. 15 del 2003.

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
Son varios los delitos perseguibles por petición, por ejemplo: 1) Violación de Domicilio;
2) Injuria; 3) Violación al Secreto de la Palabra; 4) Violación del Secreto de la
Correspondencia; 5) Violación del Secreto Privado; 6) Aprovechamiento del Secreto
Ajeno; 7) Daño Material; entre otros. 44
En el Congreso de Juristas celebrado en Hamburgo en 1974 se exigía la supresión de
la acusación del particular. 45 El motivo era que, sencillamente, no parecía adecuarse a
la política criminal acuñada en aquel entonces por pensamientos resocializadores.
También Alemania contempla en su Ley Procesal un procedimiento que denominan
de “Provocación de la acción” que se diferencia del anterior en que faculta al ofendido
a iniciar un proceso aun contra la voluntad del Ministerio Público, si se le deniega el
ejercicio de la acción privada; esto ocurre luego de denunciados los hechos por la víctima,
cuando el Fiscal decide no proceder o archivar las actuaciones por falta de evidencias,
lo que dará margen a la víctima para apelar la decisión ante el superior jerárquico
y de resultar infructuosa la vía, podrá solicitar una decisión judicial sobre el asunto que
para este caso compete a la Audiencia Superior, la que a su vez puede considerar fundada
la solicitud del ofendido, lo cual vincula al Ministerio Público, que estará obligado
a continuar el proceso, quedando la víctima como actor adhesivo.
Por lo que, sin lugar a dudas, esta legislación alemana confiere amplias posibilidades
de actuación a aquellas personas que de uno u otro modo han resultado perjudicados
por un hecho punible.
Como es sabido, nuestro país tiene como tronco común el Sistema Europeo-Continental,
con su sistema de enjuiciar Mixto 46 sin negar que este se haya enriquecido,
con las modernas ideas propugnadas por Naciones Unidas y los contemporáneos,
así como por la experiencia práctica de nuestra realidad nacional. Lo cierto es que
hasta tanto no se conciba a la víctima como parte en el proceso penal es muy difícil e
44 Ley de Asistencia a las Víctimas contenida en la Ley no. 35 de 19995 de Alemania.
45 Artículo enunciado en la nota anterior. Detalladamente Grünwald, Gutachten C zum 50.
46 Nuestro país acoge el Sistema de Enjuiciar Mixto, donde tomó lo positivo y más trascendental del
Inquisitivo y el Acusatorio y lo lleva a su ordenamiento. Encontrándose entre los aspectos más sobresalientes
que contempla de aquellos: a) La iniciativa estatal y privada, lo cual se refleja en el hecho
que el proceso se puede iniciar lo mismo a través de la denuncia del perjudicado o por la actuación
de las autoridades competentes, en el caso de descubrirse un hecho delictivo o a través del proceso de
querella establecida para los delitos perseguibles a “instancia de partes”; b) La oralidad y la escritura,
ambos rasgos, el primero del Acusatorio y el segundo del Inquisitivo, se emplean, prevaleciendo la
escritura en la fase preparatoria e intermedia y la oralidad en el juicio oral. c) Secretividad y Publicidad,
donde existe un período relativamente breve donde predomina la secretividad que se establece
mientras no se le ha fijado medida cautelar y por ende no es parte el acusado en el proceso; ch) La
libre apreciación de la prueba, donde el Tribunal ha de dictar sentencia sobre la base de la apreciación
que haga de la prueba, sobre la base de su conciencia y criterio racional, por tanto no está obligada
a darle una mayor importancia a una prueba practicada que a otra; d) Pluralidad de actos, propio
del Inquisitivo, al considerar la división del proceso en tres partes: preparatoria, intermedia y juicio
oral, considerando al juicio en un solo acto o sesiones consecutivas; y e) La Participación Popular
caracterizada por la conjugación de los jueces profesionales y legos.

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mSC. filadelfa Vidal aguilar, mSC. abel ramón ibarra QueVedo
inaccesible para esta su participación directa y efectiva en el proceso. Asimismo nos
percatamos que en la mayoría de los textos analizados es más amplia la cantidad de
delitos en los que las víctimas pueden llevar a cabo la iniciativa privada y con ella iniciar
el proceso, predominando en varios de ellos la figura del querellante adhesivo.
regulaciones jurídicas sobre la víctima
en el derecho procesal penal cubano
El Dr. Reyes Tayabas, en su artículo Derechos del ofendido por causa del delito expresa: “el
carácter público del proceso y de la pena no puede conducir a negar que el ofendido
siempre tendrá un interés propio, y por ello, individual o privado que no debe ser
mutilado o eliminado, el hecho que converja con el interés social; antes bien, la víctima,
deberá ser protegida en su derecho -con amplitud no menor que el reo en el
suyo- de tener una sentencia justa”.
Como bien expresa Reyes Tayabas, la víctima merece una protección mayor en el
disfrute de sus derechos iguales a las posibilidades que tiene el acusado. En muchos
casos la víctima no queda satisfecha con la sanción impuesta y se ve imposibilitada
de actuar, por corresponderle esta facultad al Ministerio Público, solo pudiendo
brindar una opinión que en no pocos casos, es ignorada.
Los artículos 121 y 124 de nuestra Ley Procesal, referidos a la decisión de archivar la
denuncia por el Instructor y ratificada por el Fiscal en el supuesto de que la persona
del denunciante sea diferente a la víctima del delito esta queda excluida de conocer
tal decisión. Igual ocurre con el archivo provisional del expediente investigativo.
Algo positivo en nuestro procedimiento penal es lo contenido en el artículo 133 el
que expresa que durante la reconstrucción de los hechos no se realizarán actos que
puedan menoscabar la dignidad o el honor de las personas que en él participen o
redundar en perjuicio de su salud donde la víctima es tenida en cuenta, aunque su
presencia depende de la solicitud del Instructor o el Fiscal según establece el artículo
134, si su participación se considera necesaria.
En el Título VI referido a las disposiciones especiales a la fase preparatoria se regula
la única excepción en que el perjudicado se convierte en parte, salvo en los delitos
perseguibles a instancia de parte y es el caso del artículo 268 mediante el cual el Fiscal
solicita el sobreseimiento libre y el Tribunal lo estima injustificado y es aquí cuando
se le ofrece el procedimiento al perjudicado quien decidirá si ejercita o no la acción
penal, constituyéndose como parte en el proceso.
Como hemos podido observar en esta fase del proceso la víctima del delito no juega
un papel importante, es excluida de toda información, por lo que desconoce totalmente
el estado del proceso.

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
Veamos ahora qué ocurre en el juicio oral, el cual constituye la etapa esencial del
proceso penal donde los pilares fundamentales del sistema acusatorio adquieren su
plena vigencia: oralidad, publicidad e igualdad de las partes en el debate.
El juicio oral es tratado por la ley adjetiva en el Libro IV, a partir del artículo 314
hasta el 331 establece el examen de los testigos, incluyendo la víctima que comparece
como un testigo más.
En el artículo 349 aparecen algunas funciones del acusador particular si lo hubiere,
por su parte el artículo 356 le da la oportunidad a este de firmar el acta del juicio
así como formular protesta por la incomparecencia de testigos que él estime necesarios.
El artículo 358 establece todo lo relacionado con la sentencia, la que no se notificará
a la víctima, por lo que si es de su interés conocer el fallo del Tribunal deberá dirigirse
al Fiscal para que este le comunique lo que se resolvió en la sentencia.
En el Título iii de la referida Ley se regula lo relacionado con la recusación y la excusa,
la víctima si no está de acuerdo con algún miembro del Tribunal no tiene derecho
de recusarlo solo en los casos en que comparezca como acusador particular.
La fase final del proceso, que es la ejecución de la sentencia, en algunos ordenamientos
jurídicos que se rigen por el sistema Anglosajón; en el caso de la institución de la
libertad condicional se le reconoce a la víctima el derecho de ser escuchada a la hora
de otorgarle este beneficio al culpable del hecho delictivo.
En este aspecto, es mi opinión que el Tribunal es bastante cuidadoso a la hora de
adoptar decisión al respecto; no obstante considero, aunque no en todos los casos,
pero sí en aquellos delitos donde hayan quedado secuelas físicas o mentales como
en la violación, lesiones graves y otros, que se tenga en cuenta su criterio a la hora de
otorgarle la libertad condicional al culpable de dichos delitos siempre y cuando ese
criterio sea razonable y el Tribunal lo considere como tal.
De todo este análisis se infiere que la víctima es obviada en el proceso, teniendo una
participación muy pasiva en el mismo. No olvidar que sin la víctima no hay proceso,
por lo cual merece que se tenga en cuenta en las diligencias cuyo resultado influya
en que la misma se sienta segura, confiada y complacida respecto al desarrollo del
proceso.
1

2
mSC. filadelfa Vidal aguilar, mSC. abel ramón ibarra QueVedo
análisis de los resultados a partir
de los instrumentos de investigación aplicados
análisis de los expedientes por delitos de violación
Para demostrar las cuestiones abordadas en el capítulo anterior, se realizó un muestreo
de 10 de los 18 expedientes de las Causas radicadas en el Tribunal Provincial
de Holguín, en el año 2010, por el delito de Violación, con el objetivo de verificar
las garantías procesales a las víctimas, y las insuficiencias que existen respecto a los
derechos de las mujeres que resultan afectadas por la comisión de este delito para, a
partir de los resultados obtenidos, confeccionar un grupo de recomendaciones que
puedan contribuir a la solución del problema planteado, centrando la atención en
el hecho de averiguar cómo son tratadas las víctimas de este delito desde el mismo
momento en que comparecen a formular la denuncia ante la autoridad competente,
hasta concluido el juicio oral.
En el tal sentido se constató que las victimas de este delito carecen de un tratamiento
especializado, que comienza desde la compartimentación del lugar donde será tomada
su declaración, transitando por un largo camino que es precedido por repetidas
tomas de declaraciones, escuetas y faltas de elementos aclaratorios, las que conllevan
a una y otra toma de declaración en el período de la investigación, sin dejar de mencionar
varias diligencias, que aunque laceran su honor, deben practicarse. Unido a
este proceso encontramos la ausencia de tratamiento psíquico-social que ayude en
medida alguna al paso engorroso de la víctima durante la larga espera hasta la conclusión
del caso con la realización del juicio oral.
análisis de los resultados de la encuesta aplicada
a víctimas del delito de violación
El principal objetivo fue tratar de conocer cómo las víctimas de este delito fueron
tratadas durante todo el proceso, partiendo del hecho relacionado con el respeto a
su persona, a la discrecionalidad, a la compartimentación de los detalles narrados por
ellas, a la ética y profesionalidad conque fueron tratadas y otros aspectos de interés.
Utilizamos una encuesta, que fue aplicada a 18 mujeres, víctimas de este delito y que
conforman la totalidad de la muestra.
El resultado obtenido nos permite determinar que cuando la víctima del delito de
Violación arriba a la unidad para formular denuncia quiere ser atendida por la mayoría
de los agentes encargados de la investigación, estableciéndose que un 27 % fue
atendida por una sola persona, en tanto un 39 % expresa que fue atendida por dos

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
personas, así como un 17 % fueron atendidas por tres y cuatro personas. Lo que
demuestra que la misma debe describir innecesariamente los hechos a personas que
no son de competencia para la investigación.
Sobre las posibles dudas que inicialmente tengan los investigadores, lógicas en un
proceso investigativo, un 39 % respondió positivamente, en tanto un 61 % alega
que no observaron que tuvieran dudas sobre su testimonio, aspecto que demuestra
la falta de discreción en el momento que es tomada la declaración, pues, aunque
dicha declaración vislumbre dudas, estas no deben dársele a entender a la víctima
y por consiguiente desarrollar el trabajo según lo establecido en las normas de investigación.
En la continuación de dicha encuesta se determinó que el 66 % se sintió tratada con
el mayor respeto, observándose su condición de víctima de un delito sumamente
repudiado por toda la sociedad, en tanto un 34 % alegó que no fue tratada como una
víctima sino como a una persona que fue testigo de un hecho, sin tener en cuenta el
daño psíquico por el que estaba pasando.
Sobre el hecho de que en ocasiones los funcionarios encargados de la investigación
le expresan determinada culpabilidad a la víctima un 44 % respondió que sí y un 56
% respondió que no, dando la medida de que muchos funcionarios no se enmarcan
en el dicho de la víctima y expresan su inconformidad incorrectamente, llegando en
ocasiones a realizar imputaciones acusatorias, que lejos de ayudar a esclarecer los
hechos, entorpecen la verdad y hacen que la víctima se sienta más humillada.
En el siguiente aspecto la víctima alegó en un 22 % tener dudas en el momento de
realizar la denuncia y el 78 % demostró seguridad para presentarse ante el órgano
competente, especificando que ese 22 % expresa su duda por la trascendencia del
hecho, la repercusión social que de cierto modo pueda lacerar su imagen, es decir,
en ningún momento se duda de la competencia de los diferentes investigadores o
funcionarios encargados de tramitar el proceso hasta su culminación.
Sobre el tratamiento de la víctima por los diferentes funcionarios se determinó que
un 39 % se sintió arrepentida de haber formulado la denuncia, mientras el 61 % manifiesta
seguridad en el paso dado, demostrando que este aspecto aun adolece de una
profesionalidad extrema que le manifieste a la víctima sensibilidad y solidaridad con
la situación por la cual transita. Es correcto señalar que de este 39 % un 14 % expresó
su arrepentimiento en el momento que era atendida por el Instructor Policial, un
57 % cuando se celebraba el juicio oral y un 29 % cuando tuvo que presentarse ante
el Médico Legal, se resalta el por ciento más elevado ante la presencia del juicio oral
por temor a comparecer ante tantas personas incluyendo el victimario, donde tendrá
que revivir la amarga experiencia vivida.
Sobre las veces que la víctima fue presentada para la toma de declaración u otra acción
de instrucción un 16 % expresa haberse presentado solo una vez, un 56 % se
personó en tres ocasiones para declarar, en tanto un 28 % lo hacía en cuatro o más.
3

mSC. filadelfa Vidal aguilar, mSC. abel ramón ibarra QueVedo
La respuesta a la variedad de funcionarios que interrogaron a la víctima demostró
que un 22 % fue interrogada por el Carpeta, el 100 % por el Instructor y un 16 %,
además, por el Fiscal, o sea, tres funcionarios en distintos momentos entrevistaron a
la víctima y en el caso del Carpeta se percibe que es innecesaria dicha comparecencia,
pues este solo debe limitarse a trasladar el hecho al Instructor que lo atenderá. En el
caso del Fiscal se aprecia que fue necesaria su intervención ya que el Instructor no
fue convincente en cuanto a los hechos investigados.
Más adelante se determina que el lenguaje utilizado por el funcionario se comportó
de forma técnica en un 88 %, mientras que un 22 % lo hizo con un lenguaje vulgar,
aspecto que suscitó malestar, pues independientemente a que la declaración debe
recoger las palabras textuales de la víctima el investigador puede ayudar a que dichas
palabras, sin perder su significado, sean lo más cultas posibles.
La motivación por saber las condiciones en que se le celebró el juicio oral nos esclareció
que el 100 % fue hecho a puertas cerradas, quedando claro el principio de
no dañar la privacidad e intimidad, que con palabras y acciones pueden provocar
inconformidad con la víctima o sus familiares.
Resultando significativo señalar que un 78 % expresó su conformidad con las personas
que participaron en el juicio, en tanto un 22 % prefirió que no estuvieran
presentes algunas de ellas, como: empleados del Tribunal, familiares del acusado o
de la propia víctima, durante dicho acto por considerar que eran innecesarias y solo
dañarían su dignidad al conocer pormenores que ocurrieron durante los hechos por
los cuales ella se convirtió en víctima.
Referente a este mismo acto legal, un 39 % compareció solo una vez, en tanto igual
por ciento que el anterior lo hizo en dos ocasiones, así como que un 16 % lo hizo en
tres ocasiones y un 6 % se personó en cuatro momentos.
En el último aspecto se conoció que la víctima en su totalidad obtuvo conocimientos
sobre la sanción impuesta al acusado mediante terceras personas, en la mayoría de
los casos por familiares del acusado u otras personas ajenas al proceso.
Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a instructores policiales, fiscales,
jueces y médicos legales
Indagamos a través de la encuesta, cómo los funcionarios que tienen que dirigir las
acciones de la investigación hasta el juicio oral, se comportan respecto al tratamiento
que le dispensan a aquellas mujeres que han sido afectadas por el delito de Violación,
para confirmar los criterios o respuestas que han dado las víctimas acerca del tratamiento
que reciben durante dicho proceso. La encuesta fue aplicada a 22 especialistas
que conforman la muestra.
Para su aplicación se escogió un total de 10 Instructores Policiales de la Unidad
Regional de Instrucción Policial de Holguín y de la Unidad de Instrucción de Operaciones
Policiales de Holguín; seis Fiscales penalistas, todos con más de diez años
de experiencia en la actividad, cuatro Jueces Profesionales del Tribunal Provincial

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
Popular de Holguín, así como dos Médicos Legales del departamento de Medicina
Legal de Holguín.
Se constató que los funcionarios encargados de investigar e impartir justicia están
estrechamente ligados con la investigación de este delito, señalando que en el caso
de los Instructores Policiales solo el 50 % trabaja sistemáticamente el delito de Violación,
en tanto el otro 50 % asiste al hecho como parte de una guardia operativa, realizando
las primeras acciones para después pasar el hecho al Instructor que finalmente
trabajará dicho delito. En el caso de los Fiscales, Jueces y Médicos Legales trabajan
todos los delitos sin especializarse en algunos de ellos, lo cual influirá en los criterios
que emitirán con respecto a las preguntas restantes de la encuesta realizada.
Referente a la vocación por investigar dicho delito, al 40 % de los Instructores no le
agrada lo relacionado al delito de Violación, en tanto el resto, que se compone del
60 % siente vocación y preferencia por la investigación de este delito. En el caso de
los Fiscales, Jueces y Médicos Legales el 100 % expresa interesarle la investigación
de hechos relacionados con este delito.
Referente a la preparación para la investigación en esta tipicidad delictiva en los Instructores,
el 30 % señalan que han sido preparados para el trabajo con las víctimas de
este delito, otro 30 % dicen haber recibido entrenamiento y un 20 % han estudiado
por sí mismos aspectos para el tratamiento a las víctimas del delito de Violación,
mientras el otro 20 % no conocen el tratamiento especializado que se les debe brindar
a dichas víctimas En cuanto a los Fiscales y Jueces refieren que durante los estudios
superiores trataron aspectos generales sobre este delito en tanto los Médicos
Legales señalan que han recibido preparación especializada para el tratamiento a las
víctimas de este delito.
Con relación al dominio de técnicas para la realización del interrogatorio o toma
de declaración a las víctimas solo el 25 % de los Instructores las dominan, el 45 %
tienen nociones de ellas y el 30 % se han autopreparado. En los Fiscales disminuyen
considerablemente tales conocimientos al igual que en los Jueces y Médicos Legales
los cuales expresan haberse autopreparado para dicho trabajo. De ello se infiere que
en ocasiones el tratamiento que brindan a la persona a quien deben interrogar o entrevistar
no es el más adecuado ni contribuye al total esclarecimiento de los hechos,
necesitándose de la reiteración de declaraciones para lograr el conocimiento más
cabal de lo acaecido.
Referente al tratamiento que se le da a la persona afectada por el delito y que incluye
desde que se produce la denuncia, hasta que concluye con el juicio oral, los Instructores
Policiales respondieron en el 80 % que le daban un tratamiento de víctima
especial mientras que el resto manifiestan que la tratan como a una persona más que
acude al lugar, agregando este último grupo de Instructores que ello se debe a que
la Ley de Procedimiento Penal no les permitía darles otro tratamiento, además del
agobio de trabajo existente que influye en buena medida en ello. Los Fiscales respondieron
en el 50 % que las tratan como a simples testigos, mientras que el resto dice

mSC. filadelfa Vidal aguilar, mSC. abel ramón ibarra QueVedo
tratarla como a una víctima especial, al propio tiempo que los Jueces en el 100 % expresan
que la tratan como víctima especial y buscan las formas de hacerle comprender
los derechos que se les garantiza para defender sus intereses. Igual tratamiento
que el de los Jueces manifiestan los Médicos Legales, los que, sensibilizados con las
consecuencias que palpan en la víctima manifiestan un tratamiento especial.
Relacionado con el tratamiento que recibe la persona afectada por el delito durante
el proceso investigativo y muy particularmente durante la fase preparatoria, el 20 %
utiliza el interrogatorio el cual lo define como a víctimas especiales, dando por entendido
que una gran parte de los Instructores no interrogan debidamente, el 90 %
de los Instructores respondió que trataba de crear un clima de confianza, mientras
que el 80 % actuaban desconfiados, apoyándose el 100 % en un trato respetuoso; así
como el 50 % lo llevaban a cabo compartimentado y con la utilización de un lenguaje
normal, dentro del cual se incluyen expresiones vulgares, en tanto el 70 % utilizan
un lenguaje técnico.
Entre los Fiscales el trato respetuoso representa el 100 % como también el lenguaje
utilizado es de carácter técnico, mientras que el 90 % contestó que creaban un clima
de confianza. Al propio tiempo que los Jueces en el 90 % crean un clima normal durante
la celebración del juicio, el 100 % son respetuosos y utilizan un lenguaje técnico
o de acuerdo al uso correcto del idioma, tratando de compartimentar lo mayormente
posible el asunto.
En el caso de los Médicos Legales el 100 % expresa clima de confianza, respeto y
sobre todo compartimentación. De la obtención de estas respuestas, particularmente
durante el proceso de instrucción se confirman las deposiciones de las víctimas
encuestadas sobre el estado en que se encuentran en dicha fase y los criterios desfavorables
que tienen sobre el tratamiento que han recibido, confirmando lo que en
todo el proceso padece la víctima.
Finalmente el 90 % de los Instructores coinciden en que las personas que han sufrido
un delito de Violación son víctimas especiales, solo un caso respondió que para él
era una víctima más, es decir que además de perjudicado el móvil que lleva a tramitar
el asunto ante los órganos de represión del Estado es el interés porque se le repare el
daño causado o la afectación sufrida. En el caso de Fiscales Jueces y Médicos Legales
el 100 % manifiesta tener ante sí una víctima especial que requiere un tratamiento
igualmente especial.
Se puede concluir planteando que el tratamiento que se les dispensa a las víctimas del
delito de Violación en nuestro ordenamiento procesal en los diferentes momentos
de la investigación, constituyen razones que influyen en criterios contrarios a reconocerles
el derecho de ser incluidas como parte en el proceso y establecer reclamaciones
contra las actuaciones de los funcionarios que llevan a cabo la investigación y
la administración de justicia, hasta ir contra la sentencia que en su momento dicten
los tribunales.

La mujer víctima del delito de violación. Su victimización múltiple
conclusiones
Que del estudio realizado a los diferentes Códigos Procesales de otros países se
pudo constatar que estos les reconocen a las víctimas y en especial a la mujer cuando
es lacerado su honor y dignidad una amplitud de derechos procesales en los que
pueden, incluso, ejercer la iniciativa privada.
Nuestro ordenamiento procesal penal adolece de las garantías necesarias respecto
a la protección a las víctimas de los delitos y en el caso de las víctimas del delito de
Violación, no contempla medidas de orden especial que permita una adecuada defensa
de sus intereses y evite que la misma siga siendo victimizada por las múltiples
acciones que se llevan a cabo durante el proceso investigativo hasta la celebración
del juicio oral.
Los operadores del Derecho no establecen una diferenciación entre las víctimas de
este delito respecto de las demás y no existe una adecuada metodología para la investigación
y el tratamiento a las víctimas del delito de Violación que haga del proceso
una vía rápida y eficaz.
Las víctimas de este delito no tienen información suficiente acerca de sus derechos y
garantías procesales así como del curso que ha tomado la investigación y de su resultado
final, lo que crea incertidumbre e insatisfacción, en relación con el tratamiento
recibido.

7
esFUerZos Y eXPeriencias Para
aPlicar el Modelo nórdico en aMÉrica
latina Y el caribe
introducción
MsC. teresa C. ulloa ziáurriz
méxiCo
No podemos analizar el Modelo Nórdico sin reconocer la vinculación entre el mercado
del sexo de paga o prostitución, con la trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes
con propósitos de explotación sexual, ya que es la demanda la que mueve y
sostiene este mercado global ilícito que ha convertido a las personas en mercancía
que se compra, que se vende o que se alquila.
Ya el Manifiesto del Partido Comunista 2 (1848), (Marx, K. & Engels, F.) expresa:
Nada más ridículo, por otra parte, que esos alardes de indignación, henchida de alta
moral de nuestros burgueses, al hablar de la tan cacareada colectivización de las mujeres
por el comunismo. No; los comunistas no tienen que molestarse en implantar lo
que ha existido siempre o casi siempre en la sociedad.
Nuestros burgueses, no bastándoles, por lo visto, con tener a su disposición a las mujeres
y a los hijos de sus proletarios -¡y no hablemos de la prostitución oficial!-, sienten
una grandísima fruición en seducirse unos a otros sus mujeres.
La prostitución o, mejor dicho, el acceso masculino pagado al cuerpo de las mujeres,
constituye una práctica social inmemorial, arcaica y antigua como la supremacía
1 Preparado para ser presentado en la VI Conferencia Internacional sobre Género y Derecho, celebrada
en La Habana Cuba, del 8 al 10 de mayo de 2012.
2 K. Marx y F. Engels: Manifiesto del Partido Comunista, 1848, Alemania.

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
masculina sobre las mujeres desde el establecimiento del patriarcado como sistema
social imperante. En efecto, la prostitución es una versión más de las modalidades
en que se manifiesta y asegura el principio de la autoridad patriarcal 3 , y no tiene en sí
misma, ninguna diferencia de otras formas en que el hombre ejerce su superioridad
y poder contra las mujeres, entre las que podemos mencionar la mutilación genital,
la violencia familiar autorizada a los jefes de la familia (patriarcas) para castigar a sus
esposas (incluyendo el maltrato físico y psicológico), la violencia relacionada con la
dote, la violencia sexual y las violaciones en tiempos de guerra.
El poder político ha organizado y participado activamente, desde todos los tiempos,
en seleccionar y tener disponibles a mujeres para ser usadas pública y colectivamente
por los varones. 4
En la época de Solón (640-558 A.C.) encontraremos cómo se organiza el mercado
de las mujeres y las normas establecidas para el acceso a sus cuerpos. Más adelante,
en la Edad Media, la teología católica aportará la excusa moral para legitimar dichas
prácticas, cuando estableció que en la escala del pecado, lleva menor penitencia la
fornicación con mujer soltera y sin vínculo estamental que la fornicación con mujeres
casadas, con varón o con bestia. 5
Marco de referencia
No podemos, ni debemos analizar la prostitución, especialmente, de mujeres y niñas,
sin referirnos al patriarcado como modelo social imperante, que avanza y se transforma,
de la misma manera que avanza y se transforma la globalización, el crimen
organizado y el modelo neoliberal de la economía.
Y cuando hablamos del patriarcado del siglo xxi, o neo-patriarcado, tenemos que
tomar en cuenta que el patriarcado, como parte del modelo masculino tradicional, es
un orden sociocultural de poder basado en patrones de dominación, control o subordinación,
como la discriminación, el individualismo, el consumismo, la explotación
humana y la clasificación de personas, que se transmite de generación en generación,
o sea de padres a hijos; se identifica en el ámbito público (gobierno, política, religión,
escuelas, medios de comunicación, ecétera), y se refuerza en lo privado (la familia, la
pareja, los amigos), pero es dialéctico y está en constante transformación, manifestándose
en formas extremas de violencia y discriminación de género.
3
Rosario Carracedo: Feminismo y Abolicionismo, Red Feminista, Madrid, España, 2007.
4 Ídem.
5
T. Ulloa: “La Prostitución: Una de las Expresiones más Arcaicas y Violentas del Patriarcado contra
las Mujeres”, 2011, Pensamiento Iberoamericano, no. 6, Madrid.

0
mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
Los seres humanos que crecemos y nos educamos en culturas occidentalizadas,
como las nuestras, hemos generado un sistema en el que desarrollamos y aprendemos
diferentes maneras de relacionarnos, ser y estar en el mundo, de acuerdo a
reglas muy específicas que vamos conociendo en nuestros hogares y reproduciendo
en nuestra escuela, trabajo o con nuestras propias familias.
La explotación humana, como parte del sistema de dominación del patriarcado, se
estructura en lo general, pero alberga modalidades, como la sexual, que parte del
control del cuerpo de las mujeres y las niñas, determinándolas en calidad de objetos
para el placer masculino, inclusive violentándolas y forzándolas para integrarlas a las
filas de la prostitución o la pornografía, en el comercio sexual.
Esto provoca la construcción de cadenas de complicidad al margen de la ley y del
respeto a la dignidad de las mujeres y sus derechos humanos, permitido por las instituciones,
pero que, debido a esta ideología, se normaliza y da pauta para su aceptación
en cualquier ámbito, sin importar nivel socioeconómico, escolaridad o edad.
Los comportamientos patriarcales se manifiestan en muchas formas diferentes, entre
las que sobresale el machismo o sexismo que se resume en: abusos contra las
mujeres, violación, violencia familiar, abusos patrimoniales y económicos, abusos
de poder, violaciones a los derechos humanos, la pobreza y la feminización de la
pobreza, el consumo de prostitución y pornografía y muchas otras formas de comportamientos
individuales y sociales disfuncionales y dañinos contra las mujeres y
las niñas.
El síndrome falocéntrico es otra consecuencia del patriarcado, que está íntimamente
relacionado con el significado que en nuestra cultura tiene el pene y la penetración
durante la relación sexual, como una forma de someter o poseer a la mujer a través
de la introducción del pene, y que tiene como consecuencia la violación y el consumo
de prostitución, en las que, generalmente, no se involucran sentimientos ni afectos,
sino la necesidad de dominar, poseer, o desahogar necesidades biológicas a través de
la humillación y control del acceso al cuerpo de las mujeres y las niñas. También es
la razón para la compra de prostitución para dar rienda suelta a las perversiones o
fantasías sexuales que los hombres no comparten con sus esposas, novias, concubinas
o parejas permanentes.
Las y los estudiosos de este fenómeno han encontrado que en este tipo de eventos
ni los hombres, ni las mujeres en prostitución experimentan placer y sí se exponen
a prácticas sexuales de riesgo, además de infringir en la mujer un daño físico y psicológico
que a la larga la lleva a sentirse sucia, a la pérdida de autoestima y a sentirse
incapaz de vivir y sobrevivir en su comunidad de otra manera, rompiendo sus lazos
familiares y las redes sociales de apoyo. Más aún, es una forma de violencia contra
las mujeres que implica la pérdida de la dignidad y un abuso de su situación de vulnerabilidad
o necesidad.

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
evolución histórica
Existe un sorprendente parecido entre la historia de la prostitución en América Latina
y otras versiones a través de las culturas. Esto no es una coincidencia, sino más
bien el resultado de la manera en que la prostitución ha sido históricamente conceptualizada,
así como lo ha sido el rol de las mujeres en nuestra sociedad. 6
La prostitución es la misma universalmente. La historia registra la aparición de la
prostitución en los tiempos de la Grecia y Roma antiguas. Aunque miles de años y
kilómetros separan la realidad latinoamericana de Grecia y Roma antiguas, su aparición
data de los tiempos de la colonización, en la que se pagaba el tributo de guerra
con los cuerpos de las mujeres.
El argumento para justificar la existencia de la prostitución es el mismo, su universalidad
y su inevitabilidad, debido a su intrínseca relación con lo que se llama la
necesidad de satisfacer necesidades humanas, o sea, la satisfacción del deseo sexual
masculino, que socialmente se justifica, normaliza y perpetua como insaciable, instintivo
e incontrolable.
En primer lugar tendríamos que partir de que el marco legal de los derechos humanos
ha sido tradicionalmente abolicionista, lo que quiere decir que todos los tratados
de derechos humanos: declaraciones, pactos, convenios, convenciones y programas
de acción y plataformas, se han orientado desde el sistema abolicionista.
La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena fue adoptada el 2 de diciembre de 1949 por Naciones Unidas,
al término de la Segunda Guerra Mundial, justo un año después de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y se enmarcó en el espíritu humanista de la
época 7 . Esta convención es el resultado de una larga lucha abolicionista y feminista,
que nació en 1866 y fue llevada a cabo en Inglaterra por Josephine Butler. Mientras
que la esclavitud acababa de ser abolida en la mayor parte de los países europeos,
Josephine Butler consideraba que el sistema de la prostitución constituía una forma
contemporánea de esclavitud que oprimía a las mujeres y que atentaba contra la
humanidad en su conjunto. 8
6 Convención Sobre la Esclavitud. Firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926, entrada
en vigor: 9 de marzo de 1927, de conformidad con el artículo 12.
7 Convención Suplementaria Sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud. Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada
por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956. Hecha
en Ginebra el 7 de septiembre de 1956. Entrada en vigor: 30 de abril de 1957, de conformidad con
el artículo 13
8 Malka Marcovich: Guía de la Convención de la ONU, de 2 de diciembre de 1949, http://action.web.
ca/home/catw/readingroom.shtml?x=12038
1

2
mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
El sistema de reglamentación de la prostitución erigido por Napoleón III en Francia,
pronto denominado “el sistema francés”, fue implantado en un buen número de
países europeos utilizando el pretexto higienista de luchar contra las enfermedades
venéreas y en nombre de la salud pública. El médico francés Parent-Duchatelet, defensor
del higienismo y de la reglamentación en el siglo xix, consideraba la prostitución
como un “mecanismo de desagüe” y asimilaba la eyaculación a una “evacuación
orgánica”.
En realidad, el sistema reglamentarista estaba fundado en una visión de la sociedad y
de la sexualidad humana donde las mujeres quedaban reducidas a meros instrumentos
del placer sexual masculino. Se instauró una política de control de buenas prácticas
para vigilar el correcto funcionamiento del sistema. No solamente los proxenetas
y traficantes podían desarrollar sus negocios con toda impunidad, sino que también
los municipios podían enriquecerse gracias a los impuestos con que se gravaba a los
burdeles. Las mujeres prostituidas estaban sometidas a vejaciones, servidumbres, y
a controles sanitarios descritos como auténticas torturas sexuales. Algunos decretos
contra las enfermedades venéreas, especialmente en Inglaterra, obligaban a algunas
mujeres sospechosas de prostituirse, a someterse a estos controles o incluso a ir a
prisión.
Indignada por esta situación de injusticia social que según ella agravaba la victimización
de las mujeres que estaban en prostitución y que consideraba una forma
extrema de discriminación sexual, Josephine Buttler comenzó lo que ella denominó
“la gran cruzada” para poner fin al sistema de reglamentación de la prostitución. En
1869 redactó un manifiesto que fue firmado por 1 220 personalidades de la época,
justo después de que un grupo de médicos le pidiera que lanzara una campaña contra
la reglamentación de la prostitución. Este movimiento pronto se extendió al resto
de Europa, Estados Unidos y a las colonias. El movimiento abolicionista encontró
rápidamente un gran eco tanto en los medios laicos como religiosos. Numerosos
intelectuales que defendían un humanismo laico se unieron al movimiento abolicionista,
especialmente Jean Jaurès y Víctor Hugo en Francia. Las mujeres militantes del
movimiento por la emancipación de las mujeres también se adhirieron al combate
abolicionista. 9
Los textos de Josephine Buttler ponen el acento en la responsabilidad de los hombres
y en su rol como proveedores y compradores de la prostitución. Ella interpeló a
los legisladores de la época haciendo hincapié en la justicia a dos niveles –una justicia
para los hombres y otra para las mujeres– sobre la que estaba basada la reglamentación
de la prostitución. Los argumentos sobre la responsabilidad de los hombres
en la promoción de la prostitución, y la crítica de la sexualidad masculina calificada
de “irreprimible”, pretexto extensamente utilizado para legitimar la necesidad de la
prostitución, que fue retomado de nuevo por las feministas durante la primera mitad
del siglo xx.
9 Ídem.

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
En este mismo periodo, grandes asociaciones de defensa de los derechos humanos,
como la Liga de Derechos Humanos se adhirieron a las abolicionistas. Desde su
origen, el movimiento abolicionista interpeló a los gobiernos para que pusieran fin
al sistema de la reglamentación. Ya se había constatado de forma evidente que este
sistema facilitaba la trata de mujeres.
Después de la Pirmera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones creó en 1919 un
comité de seguimiento sobre todas las cuestiones relativas a los derechos de las
mujeres y a la trata con fines de explotación sexual. Los gobiernos y las asociaciones
realizaban informes sobre los salarios de las mujeres, su situación económica,
y la situación de la prostitución en numerosos países. Se establecieron nexos de
unión entre la prostitución, la trata y la pornografía calificándola como “publicaciones
obscenas”. Parecía bastante claro de lo que se desprendía de los informes
de estos comités y de las resoluciones del Consejo y de la Asamblea de la Sociedad
de Naciones, que los países habían adoptado un sistema abolicionista, el cual venía
acompañado a su vez de una disminución de la trata de mujeres y de una regresión
de las enfermedades venéreas. En Francia, es muy significativo que, al término de la
Segunda Guerra Mundial, el voto de las mujeres coincidiera con el cierre de las casas
de tolerancia. 10
Fue hasta 1949 cuando la lucha de Josephine Buttler se vio coronada a través de la
aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, único
instrumento internacional de derechos humanos que exigió a los Estados que se
persiguiera la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena.
la figura del comprador de “servicios sexuales”
permanece invisible
Las primeras abolicionistas lucharon por poner fin al sistema de la reglamentación
de la prostitución y a establecer un lazo de unión entre la prostitución y la trata de
seres humanos. La adopción de la Convención de 1949 constituyó una victoria después
de 80 años de larga y ardua lucha. Sin embargo, la cuestión del “comprador”
no fue tratada ni mencionada por la Convención, a pesar de que las abolicionistas
feministas históricamente pusieran de manifiesto el hecho de que son los hombres
los que alimentan la demanda de la prostitución. Aunque ellas constataran la doble
justicia moral que toleraba que los hombres, en nombre de una “necesidad biológica”
compraran a las mujeres que estaban siendo prostituidas, y que las mujeres eran
10 Ídem.
3

mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
castigadas, humilladas, registradas y forzadas a realizar exámenes médicos, la Convención
no incluyó ningún artículo que castigara a los “compradores”.
Bien es cierto que en 1949, la violencia masculina contra las mujeres no constituía
una cuestión central en materia de derechos humanos como lo es hoy. Desde hace
20 años, las feministas han hecho especial hincapié en la responsabilidad masculina
en la violencia doméstica que sufren las mujeres, la violación, el incesto y otras formas
de violencia sexual y de abuso. Ya es hora de que se visibilice el rol del comprador,
en tanto que primer actor de la explotación sexual global de las mujeres; ellos
generan la demanda de sexo de la prostitución y son causa también de la creciente
industria del sexo y de su expansión actual. El comprador de “servicios sexuales” no
debe permanecer por más tiempo invisible. El nuevo Protocolo de Naciones Unidas
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Niñas
y Niños 11 , reconoce que la “demanda” favorece todas las formas de explotación
de las mujeres, niñas y niños. 12
el consentimiento no puede ser utilizado como
instrumento de defensa por los acusados
Esta disposición tiene dos consecuencias en los procedimientos contra tratantes y
proxenetas: 1) la carga de la prueba no recae sobre las víctimas; 2) la policía puede
realizar una investigación sin necesidad de demanda ni de cooperación de la víctima
(método pro-activo).
las convenciones internacionales desde la
convención de 949
La Convención de 1949 ha sido tomada como referencia normativa para la redacción
de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW) de 1979 y para la Convención relativa a los Derechos
11 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
12 Marcovich: Ob. cit.

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
de la Niñez de 1989 13 . En 1998, se creó un comité especial para la elaboración de
una convención internacional contra el crimen transnacional organizado que a su
vez estaba dotado de otro protocolo adicional sobre la trata de personas, particularmente
de mujeres, niñas y niños 14 . Los trabajos de este comité concluyeron con la
firma en Palermo de estos instrumentos en diciembre de 2000. El protocolo sobre la
trata de personas reconoce la prostitución, y no solamente la prostitución “forzada”,
como primera forma de explotación sexual. Reconoce que la trata puede desembocar
sobre otras formas de explotación, como el trabajo o los servicios forzados, la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Por primera vez en una Convención de la ONU, se aborda y se reconoce el fenómeno
de la demanda como elemento favorecedor de la trata. En el artículo 9.5, el
Protocolo indica que los Estados parte deben adoptar o reforzar “todas las medidas
legislativas o de otra índole (...), afín de desalentar la demanda que propicia
cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente
mujeres, niñas y niños”. El Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de
Esclavitud, todavía va más lejos en sus recomendaciones de 16 de julio de 2001 (E/
CN.4Sub.2/2001/30): “Convencidos de que en materia de explotación sexual la demanda
juega un papel crítico en el desarrollo y la expansión de la industria mundial
del sexo”. El Grupo de Trabajo subraya igualmente el éxito de la puesta en marcha
de la ley sueca que sanciona la compra de servicios sexuales.
Sin embargo, el nuevo Protocolo sobre la trata de la ONU no se pronuncia sobre
todos los aspectos del proxenetismo tal y como quedan definidos en la Convención
de 2 de diciembre de 1949. Tampoco prohíbe a los estados organizar e industrializar
la prostitución, en concreto a través de controles administrativos o de la reglamentación
legal de la prostitución. 15
Los dos años de negociaciones para la elaboración del nuevo protocolo de Naciones
Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, dieron un
nuevo impulso a la Convención de 2 de diciembre de 1949. Durante estas negociaciones,
la mayoría de los países afirmaron su adhesión a los principios y a la terminología
de dicha Convención 16 .
13 La Convención Sobre Los Derechos De La Niñez. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por
la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de
septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.
14 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre del 2000, mediante resolución
A/RES/55/25.
15 Marcovich: Ob. cit.
16 Tercera Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Transnacional Organizada (Oct. 2006) en http://action.web.ca/home/catw/readingroom.
shtml?x=92308

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950– 980. desviación de los argumentos
feministas
La Convención de 2 de diciembre de 1949 es el resultado de 80 años de lucha abolicionista,
feminista y humanista. Las abolicionistas de la época creían que esta Convención
sería un punto de partida para provocar nuevas actitudes frente a la prostitución
y que no existiría riesgo de retroceso. Las feministas continuaron su combate
para reivindicar otros derechos en el terreno privado, político y económico, por la
autodeterminación de las mujeres, por una sexualidad autónoma, por la negación
a encerrarse en la esfera del matrimonio, y por el acceso a la anticoncepción y al
aborto.
Durante esta campaña feminista por la igualdad, resurgieron argumentos esgrimidos
anteriormente por voces feministas de renombre como Simone de Beauvoir, que
afirmaban que el matrimonio era la cárcel y la prostitución, la libertad. De repente,
la imagen romántica de la prostituta idealizada por ciertos autores del siglo xix y recurrente
en el cine del siglo xx volvió a salir a la superficie. La mujer en prostitución
se convertía en el emblema mismo de la mujer insumisa, rebelde, controladora de
su sexualidad, reaccionaria y opuesta al orden moral establecido. Desaparece y es
vaciada de contenido toda la crítica estructural de la prostitución, del papel de la industria
del sexo, incluyendo el proxenetismo, del comprador y de los burdeles. Todos
los proyectores se volvían hacia este retrato fantasmagórico de la prostituta, mujer
“libre”, con “poder” sobre los hombres puesto que les hacía pagar si ellos deseaban
tener acceso a su cuerpo, en contraposición a la mujer casada, considerada una
“esclava” del hombre, y cuyo cuerpo, decían que no le pertenecía. En nombre de la
libertad sexual, el “derecho a ser prostituta” sustituyó al “derecho a no ser sometida
a ningún tipo de explotación sexual” y al “derecho a estar libre de la prostitución”.
Pronto, la industria del sexo y países que no habían ratificado la Convención de 1949
como los Países Bajos, utilizaron los argumentos feministas de “autodeterminación”
para legitimar la explotación de mujeres en el sector del sexo.
979 – Una nueva campaña abolicionista
feminista
En 1979, la Convención por la eliminación de todas las formas de discriminación
contra las mujeres (CEDAW) marcó una etapa esencial en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres a ser libres de toda explotación sexual. Este mismo año,
Kathleen Barry retomó la lucha abolicionista feminista cuando publicó Female Sexual
Slavery. En 1988 fundó con Dorchen Leidholdt la Coalición Contra el Tráfico de

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
Mujeres. Durante los años 1980 y 1990, algunas sobrevivientes de la prostitución
comenzaron a hablar y a denunciar el sistema de la prostitución. No solamente estas
fuertes voces permitieron sacar a la luz los efectos devastadores que la prostitución
ocasiona a las mujeres, sino que también se puso de relieve el rol del “comprador”
como creador de la demanda de la prostitución y como parte integrante del sistema
prostitucional. Esta nueva campaña abolicionista feminista también se dirigió hacia
otras formas de explotación sexual, como el turismo sexual, los matrimonios por
correspondencia y las diversas manifestaciones de la prostitución en las diferentes
regiones del mundo. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres pensó en la necesidad
de una nueva Convención Internacional contra la Explotación Sexual para que fueran
abordadas tanto todas estas nuevas situaciones como la expansión de la industria
del sexo.
A partir de 1980 las feministas suecas llevaron a cabo una campaña contra la violencia
hacia las mujeres. Esta acción desembocó en la nueva ley Contra la Violencia
hacia las Mujeres, que contiene un artículo que se refiere a la penalización de los
compradores de “servicios sexuales”. Esta ley afirma que la prostitución es una violación
al derecho a la igualdad de las mujeres, hoy asumida por Noruega, Islandia y
conocida como el Modelo Escandinavo.
Factores claves para la existencia
de la prostitución
Entre los principales factores, Magdalena González en su artículo “Patrio de atrás
del sexo” 17 (2009), menciona:
• El sistema patriarcal productor y reproductor de la opresión, esclavización y
muerte de mujeres, y básicamente de las mujeres a quienes prostituye.
• La demanda del prostituidor cliente que determina la existencia de la prostitución
(sin demanda no hay oferta).
• El imaginario social prostituidor.
• Las crisis económicas.
• El capitalismo en su fase neoliberal como productor de esclavitud.
• El prostituyente reclutador o explotador, personaje clave para destruir la resistencia
de las mujeres con el objeto de integrarlas a la prostitución, llegando
incluso al secuestro.
17 Magdalena González: Claves para la Existencia de la Prostitución: Patrio de atrás del Sexo, Buenos
Aires, Argentina, 2007, en http://www.pagina12.com.ar/diario/psicología/9-127578-
2009-07-02.html

mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
• La globalización que propicia las redes internacionales de trata produciendo
el brutal incremento del secuestro, trata y muerte de jóvenes, niñas y niños.
• Los medios de comunicación masiva, que inducen y ofrecen modelos sexuales
prostituidores, actuando sobre el imaginario social y favoreciendo la dominación
proxeneta. Así se consolida la opinión pública afín a la prostitución y
se genera también su expansión.
• La trata de mujeres avalado por los Estados y el sistema patriarcal-neoliberal
favorecido por la globalización pretenden hacer pasar la explotación sexual
como si fuera un trabajo, buscando legalizar el poder obtenido mediante la
violencia y el secuestro, y así incrementar aún más sus ganancias.
• La participación de sectores de los gobiernos vinculados a las redes de trata
de mujeres que, a su vez, se relacionan con los demás tráficos (drogas, armas,
etcétera).
Y, sin embargo, los debates sobre la prostitución continúan planteándose con el
mismo ardor desde hace más de un siglo. Durante estos últimos decenios y con la
explosión, a escala mundial, de industrias basadas en la producción, venta y consumo
de sexo, encarnado en primer lugar en los cuerpos de las mujeres, resulta aún más
urgente comprender la expansión y las múltiples formas de la mercantilización del
sexo en la pornografía, los “entretenimientos sexuales” y la prostitución.
análisis feministas divergentes
Hay quien sostiene que la prostitución es una práctica de resistencia y de liberación
sexual de las mujeres frente a las normas sexuales y a los preceptos morales tradicionales
que han servido para controlarlas y someterlas.
La corriente feminista radical, por el contrario, analiza la prostitución como una
forma más de colonización de los cuerpos de las mujeres, como un soporte de control
patriarcal y de la sujeción sexual, cuando afirman que el matrimonio representa la
propiedad privada del cuerpo de las mujeres y la prostitución la propiedad colectiva.
Más aún se esgrime para convalidar la prostitución el derecho a la autodeterminación
por parte de los portavoces de la posición “pro-prostitución”, para defender el
derecho a prostituirse. Este es interpretado como el derecho de una persona a elegir
y tomar decisiones con total autonomía, lo que puede incluir el hecho de implicarse
en relaciones sexuales comerciales o de definir las modalidades de este intercambio
sexual.
Esta posición nos deja ver su incapacidad para discernir los desequilibrios estructurales
sociales, económicos y políticos, y las relaciones sexuales de poder entre las
mujeres y los hombres que forman el contexto de estas elecciones y decisiones. Más

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
aún, lleva a un callejón sin salida en una cuestión crucial, la de saber si la prostitución
puede conducir a la igualdad social y sexual para las mujeres o si no es, en realidad,
un medio de perpetuar y reforzar las desigualdades de género en materia de derechos
humanos de las mujeres, y aunque quisiéramos dejar pasar por alto el fenómeno de la
dominación masculina sobre las mujeres, tanto en la esfera privada como en la pública,
esta reivindicación del derecho a la autodeterminación puede reforzar la opresión
de las mujeres, ya que se trata de un sistema de dominación y violencia masculina.
Peor aún, esta posición oculta las desigualdades de clase y representa esencialmente
el punto de vista de los países del Norte. Trivializa el fenómeno masivo del rapto,
el engaño y la trata de mujeres y jóvenes adolescentes que proceden principalmente
de los países del Sur, y actualmente de las economías en crisis del Este de Europa, y
el hecho de que son estos métodos de reclutamiento los que están más extendidos
a escala mundial. Esta posición tampoco tiene en cuenta el hecho, sin embargo evidente,
de que los usuarios masculinos de la prostitución no se preocupan por saber
si la mercancía humana que ellos adquieren consiente en ser puesta a su disposición
sexual, cuestión que no les inquieta en lo más mínimo. El consentimiento declarado
de algunas mujeres puede así afectar a las otras, a todas estas mujeres y jóvenes que
en ningún caso han consentido la prostitución.
La cuestión del consentimiento, de la “política de elección personal”, se basa en una
visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las elecciones
individuales por encima de todos los otros derechos humanos y de toda noción
de bien común. Sin embargo, ante los avances de las biotecnologías, se ha cuestionado
el concepto de elección personal planteando cuestiones éticas sobre la integridad
del cuerpo humano y de la persona, por ejemplo en lo que concierne a la venta de
órganos, los vientres contratados o subrogados, o la clonación humana; así como la
elección individual no es aceptada como argumento a favor del uso de drogas. En
nombre de una cierta concepción del ser humano y del bien común, la colectividad
ha juzgado necesario poner límites a las libertades individuales. Bajo este criterio, se
habría podido admitir la esclavitud si algunos esclavos o esclavas hubieran dicho que
vivían felices siéndolo. 18
Admitir el hecho de que las mujeres no tienen mejor opción profesional que la
prostitución, es renunciar al combate político de empoderar a las mujeres y tolerar
las actividades florecientes y extremadamente lucrativas de la industria del sexo, de
la cual las mujeres son la materia prima. La prostitución es una industria capitalista
mundialmente extendida que ofrece los cuerpos de mujeres, de jóvenes y de niñas a
la demanda. La prostitución, más que un “trabajo”, es “la reducción más sistémica e
institucionalizada de las mujeres a un sexo”. Un documento publicado por la ONU
en 1992, reconoce el impacto de la prostitución sobre las mujeres en tanto que clase:
18 Cecilia Hofman: Sexo: De la Intimidad al “Trabajo Sexual”, o ¿Es la Prostitución un Derecho
Humano?, Manila, Filipinas, 1997, en http://www.aboliciondelaprostitucion.org/pdf/doc_
art7.pdf

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mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
“Reduciendo a las mujeres a una mercancía susceptible de ser comprada, vendida,
apropiada, intercambiada o adquirida, la prostitución ha afectado a las mujeres en
tanto que grupo. Ha reforzado la ecuación establecida por la sociedad entre mujeres
y sexo, que reduce a las mujeres a una menor humanidad y contribuye a mantenerlas
en una situación inferior en todo el mundo”. Pretender promover la libertad sexual
de las mujeres sustrayendo la prostitución y la pornografía de la dominación masculina
y de la ideología y prácticas sexuales que se fundan en el odio a las mujeres, es
falaz y pone a las mujeres en peligro. Y mientras que aquellas personas que claman
a favor de la prostitución se presentan como “pro-sexo” y acusan a las abolicionistas
de ser “anti-sexo” o “puritanas”, es muy significativo que no cuestionen jamás
los presupuestos fundamentales del patriarcado, ni las normas y prácticas sexuales
masculinas.
Prostitución y violencia de género
Enrique Javier Díez Gutiérrez escribió: “La prostitución no es el “oficio” más antiguo
del mundo, sino que es la explotación, la esclavitud y la violencia de género
más antigua que los hombres inventaron para someter y mantener a las mujeres a
su disposición sexual.” Y a pesar de que se ha reconocido que es una forma de violencia
extrema contra las mujeres y las niñas, concomitantemente resurgen voces,
por cierto, la mayoría de hombres, que debaten sobre la necesidad de “regular” la
prostitución de mujeres. Es decir, convertir esta violencia en una profesión como
cualquier otra para las mujeres. Y aunque hoy se habla de transversalizar la perspectiva
de género, de la necesidad de educar para la igualdad, cómo podemos hacerlo
cuando lo que se les trasmite a las jóvenes es que su futuro puede ser la explotación
de la prostitución u otras formas de explotación sexual, y cuando los jóvenes aprenden
que tienen el derecho de usarlas para su satisfacción sexual, si tienen el suficiente
dinero, fuerza o poder para lograrlo.
La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión
que hay que reglamentar. Es una forma de violencia de género… porque el hecho de
que se pague una cantidad de dinero no puede transformar esa violación pagada en
un empleo, al que se le quiere dar el nombre de “trabajo sexual”. 19
Reglamentar o legalizar la prostitución legitima las relaciones patriarcales y las perpetúa.
Equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres,
establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres,
19 Enrique Javier Díez Gutiérrez: Prostitución y Violencia de Género, León, España, 2007, en http://www.
hombresigualitario.ahige.es/index.php?option=com_content&view=article&id=315:prostituciony-violencia-de-genero&catid=47:violencia-de-genero&ltemid=60

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad, con un
efecto negativo, no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en situación de
prostitución, sino sobre el conjunto de mujeres como grupo, ya que la prostitución
confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función sería
estar al servicio sexual de los hombres. 20
La prostitución viola el derecho a la integridad física y psicológica, porque la sexualidad
de las mujeres se apropia, se envilece y se convierte en una cosa que se compra
y se vende. Viola la prohibición de la tortura y de tratos crueles inhumanos y degradantes,
porque las prácticas de “entretenimiento sexual” y de la pornografía, así
como las ejercidas por los clientes, son actos de poder y de violencia sobre los cuerpos
de las mujeres. Viola el derecho a la libertad, la dignidad y la seguridad, así como
la prohibición de la esclavitud y de la trata de seres humanos, porque millones de
mujeres y niñas de todo el mundo son mantenidas en esclavitud sexual para atender
la demanda de sus consumidores masculinos, más numerosos que ellas y para generar
beneficios para los empresarios del sexo. Viola el derecho a disfrutar del bienestar
físico y sexual, porque la violencia, las enfermedades, los embarazos no deseados,
los abortos en condiciones insalubres y el SIDA, representan riesgos graves para las
mujeres, jóvenes y niñas que están en situación de prostitución y les impiden tener
una consciencia positiva de su propio cuerpo y una relación sana con él. 21
La prostitución debe ser reconocida no solo como parte de, sino como un fundamento
del sistema de subordinación patriarcal de las mujeres. Las feministas tenemos el deber
de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un
mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin infanticidio ni mutilación femenina. Finalmente,
las relaciones de género deben ser reestructuradas de tal forma que la sexualidad pueda
ser de nuevo una experiencia de placer y no una mercancía que se compra y se vende.
el modelo nórdico: esfuerzos y experiencias
en américa latina y el caribe
Partimos de que hay dos modelos que se enfrentan sobre la concepción de la igualdad
de género cuando hablamos de la prostitución. El primer modelo define la prostitución
como una violación de los derechos de las mujeres y como una forma extrema
de violencia contra ellas. Este modelo sostiene que normalizar la prostitución
o legalizarla de cualquier manera, es legalizar la esclavitud sexual y la desigualdad de
género para las mujeres. 22
20 Ídem.
21 Hofman: Ob. cit.
22 Janice G. Raymond: Guía para el nuevo Protocolo de Naciones Unidas sobre Tráfico de Personas
http://action.web.ca/home/catw/readingroom.shtml?x=16701
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mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
El segundo modelo mantiene que la prostitución por sí misma promueve la igualdad
de género, a través de propiciar el derecho de la mujer para controlar lo que quiera
hacer con su cuerpo. Quienes proponen de este modelo dicen que la prostitución
solo es otra forma de trabajo, y la mejor manera para proteger a las mujeres en prostitución
es mejorar sus “condiciones de trabajo” y profesionalizar la prostitución
como “trabajo sexual”. Este modelo argumenta que la prostitución al ser reconocida
como trabajo legal, permite a las mujeres contratar gerentes, conocidos en la industria
ilegal del sexo como proxenetas.
La principal diferencia entre estos dos modelos de igualdad de género es que ver
la prostitución simplemente como “trabajo” ayuda a mantener a las mujeres en la
prostitución. Ver la prostitución como una violación de los derechos humanos de las
mujeres ayuda a las mujeres a salir de la prostitución.
Legalizar la prostitución es legalizar a la industria del sexo, no solo a las mujeres en
prostitución, sino también a los proxenetas, a los compradores y a los burdeles. Los
que promueven este modelo, sin embargo, no hacen énfasis en esto, ni lo mencionan.
Por el contrario, argumentan que la legalización y despenalización de la industria
de sexo protegerá a las mujeres al mantenerlas fuera de las calles y supuestamente
estarían “más seguras” en sitios regulados, tal como burdeles, clubes de sexo y otros
lugares cerrados. Afirman que la violencia se reduciría considerablemente en la mayoría
de los lugares cerrados, y que la prostitución callejera sería mucho más segura
para las mujeres.
El argumento de que la prostitución promueve la igualdad de género se refutó por
los grados de violencia que reportan las mujeres que han sido tratadas y prostituidas
en ambas industrias sexuales, la local y la transnacional.
La Coalición Contra el Tráfico de Mujeres hizo dos estudios, en los cuales entrevistamos
a un número combinado de 186 mujeres en prostitución. El primer estudio fue
realizado en cinco países e incluyó a mujeres tratadas en el proceso de migración. Los
índices y frecuencia de la violencia fueron extremamente altos, con daño físico (casi
80 %), violación sexual (más de 60 %), abuso emocional (más de 80 %), amenazas
verbales (más de 70 %), y control a través del uso de drogas o alcohol (casi 70 %).
La mayoría de mujeres en prostitución vienen de grupos marginados con una historia
de abuso sexual, dependencias a las drogas y el alcohol, pobreza o desventaja
económica, falta de educación e historias de otras vulnerabilidades. Un gran número
de mujeres en prostitución son explotadas y arrastradas a la industria del sexo siendo
muy jóvenes. Más aún, no hay evidencia que en países en que han despenalizado o
legalizado la prostitución, las cosas sean mejores para mujeres en situación de prostitución,
o que la trata y otros crímenes se hayan reducido.
En 2002, Alemania despenalizó el proxenetismo y la promoción, lo que hizo legalmente
más fácil establecer burdeles y otras empresas de prostitución, eliminó la
prohibición contra la promoción y procuración de la prostitución, y propuso con-

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
tratos y prestaciones para mujeres en establecimientos de prostitución. En 2007,
un informe del gobierno federal encontró que la Ley de Prostitución Alemana no
ha mejorado las condiciones para las mujeres en la industria de la prostitución, ni
les ayudó a salir. También falló en lograr “reducir los delitos que se cometen en el
mundo de prostitución”. Finalmente, el informe concluyó que “la prostitución no
debería ser considerada un medio razonable para garantizar la sobrevivencia de una
persona”.
Los resultados son igual de obscuros en Holanda, donde la prostitución y la industria
de sexo se legalizaron desde el 2000. Un informe comisionado por el gobierno en
2007, encontró que la mayoría de mujeres en los burdeles de los aparadores todavía
están sujetas a control de las proxenetas, y su bienestar emocional es inferior al de
2001 “en todos los aspectos medidos”. Un informe de la Policía Nacional Holandesa
de 2008 concluye de manera indubitable: “La idea de que un sector empresarial
limpio y normal ha surgido es una ilusión…”
En una era donde algunos gobiernos han legalizado la prostitución, la mayoría de
países Nórdicos han rechazado este modelo; y lo han hecho tomando como base los
principios de la igualdad de género. Estudios de la ONU confirman que los países
Nórdicos lideran al mundo en indicadores estratégicos de igualdad de género. Sin
embargo, no es tan reconocido el hecho de que la mayoría de los países Nórdicos
han rebasado a otros en la acción legal para reducir el comercio sexual al fijar sus
políticas en los perpetradores anónimos— los compradores, en su mayoría hombres,
que compran en su mayoría mujeres, niñas y niños en situación de prostitución.
En 1999, Suecia aprobó una legislación que sentó precedente al penalizar a los compradores
de servicios sexuales. La ley fue construida sobre el consenso público de una
sociedad que aspira a avanzar en la igualdad de las mujeres, y por tanto es inaceptable
para los hombres comprar mujeres para su explotación sexual, sin importar si se racionaliza
como una elección sexual o como “trabajo sexual”. La ley no penaliza a las
personas en prostitución, pero, en cambio, pone a su disposición recursos para ellas.
En Julio de 2010, el gobierno de Suecia publicó una evaluación de los primeros 10
años de la ley. Mientras reconoció que faltaba todavía mucho por hacer, las conclusiones
del informe fueron en su mayoría positivas:
• La prostitución callejera se ha reducido a la mitad, “un resulto directo de la
penalización de los compradores de sexo”.
• No hay evidencia que la disminución de la prostitución callejera haya dado
lugar al aumento de la prostitución en otros lugares, ya sea en lugares cerrados
o en el internet.
• Existe una gama amplia de servicios en las principales ciudades para
ayudar a las personas explotadas en la prostitución.
• Menos hombres dicen que compran servicios sexuales; y más del 70 %
de la población sueca apoya la ley.
03

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mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
Inicialmente crítico, ahora la policía confirma que la ley funciona bien y ha tenido un
efecto disuasivo en otros organizadores y promotores de la prostitución, especialmente
en los tratantes, quiénes encuentran en Suecia un ambiente hostil para vender
mujeres, niñas y niños para servicios sexuales. Parece que Suecia es el único país en
Europa donde la prostitución y la trata con fines sexuales no han aumentado.
El fracaso de la política de la legalización de la prostitución en Europa ayudó a que el
modelo Sueco se convirtiera en modelo Nórdico, cuando en 2009 Noruega prohibió
la compra de mujeres, niñas y niños para actividades sexuales. Los resultados fueron
inmediatos y dramáticos un año después de que la ley Noruega entró en vigor. Un
encuesta aplicada en el municipio de Bergen estimó que el número de mujeres en la
prostitución callejera disminuyó 20 % y la prostitución en lugares cerrados también
descendió 16 %. La policía de Bergen mantiene que los anuncios de actividades
sexuales han disminuido 60 %. El monitoreo efectivo de los números telefónicos
de los compradores quien responde a dichos anuncios, no solo permite a la policía
identificar y penalizar a los compradores, sino también ubicar a una red más amplia
de grupos criminales involucrados en la prostitución de niños y niñas, pornografía
y el tráfico de drogas. En Oslo, la policía también informa que hay mucho menos
compradores en las calles. El mismo año que Noruega, Islandia aprobó una ley muy
estricta que criminaliza la compra de servicios sexuales.
El éxito del modelo Nórdico no es tanto la penalización de los hombres (las sanciones
son mínimas) sino haber logrado la eliminación de la invisibilidad de los
consumidores quienes son penalizados cuando los atrapan. La policía informa que
el negocio se ha convertido en menos rentable para los proxenetas y los tratantes al
buscar de establecerse en países donde sus clientes tienen miedo de perder su anonimato
y por eso son cada vez menos.
No solo en Europa, sino que en las Filipinas y Corea, el anclaje de la política de la
prostitución está cambiando de la legalización a enfrentar la demanda de la prostitución.
A últimas fechas ya discute este Modelo el Reino Unido, Francia y acaba de
ser implementado en Albania. Esto ya sucedió en El Salvador y en Guatemala. Las
Naciones Unidas ha prohibido a sus fuerzas de paz y personal relacionado la compra
de mujeres para actividades sexuales en la prostitución, incluso si la prostitución es
legal en la jurisdicción en la que están comisionados.
Muchos de estos países también han tenido éxito en cuestionar los anuncios en los
medios de comunicación que ofrecen mujeres y niñas para la explotación sexual. Dichos
anuncios permiten a los hombres un fácil acceso a la compra de mujeres, niñas
y niños, especialmente a través de sitios del internet tal como Craigslist mundialmente.
En efecto, por aceptar y publicar estos anuncios, los medios están ayudando
a facilitar la trata y la prostitución. Los países deberían darle un tratamiento jurídico
a estos anuncios como una violación de sus leyes contra la promoción o facilitación
de la prostitución.

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
Las defensoras latinoamericanas contra la trata están pidiendo que los medios no
acepten estos anuncios, y también están haciendo un llamado para contar con medios
responsables que no solo eduquen a sus audiencias sobre la realidad de la violencia
sexual y la explotación, sino que adopten pasos concretos para cambiar su papel
histórico en la promoción y/o facilitación de la violencia contra mujeres y la explotación
sexual. La Presidenta de Argentina prohibió por decreto estos anuncios.
Estas acciones, hasta hoy implementadas en América Latina y el Caribe, han sido acciones
aisladas y desarticuladas, en tanto que en la mayoría de los países existen leyes
contra la trata y planes nacionales, aunque también tenemos países como Uruguay
que han legalizado la prostitución, aunque penalizan la trata.
Fue por eso que intentamos aprovechar una revisión general de la Ley mexicana para
impulsar el Modelo Nórdico. Después de tres años de exhaustivo trabajo tratando
de lograr el Modelo Nórdico, que ha probado ser el más eficiente en el Combate a la
Trata, y tratando que esta Ley se convirtiera en una Ley Modelo para aquellos países
bajo el Sistema Legal Civil (Derecho Romano), después de más de 20 proyectos de
iniciativa, más de 50 análisis de los dictámenes de las Comisiones del Senado y la
Cámara de Diputados, el 26 de abril del 2012, finalmente el Congreso Mexicano
aprobó la Ley, que se aplicará en todo el país, y que distribuye competencias entre el
orden federal y local, aunque no fuimos capaces de conseguir la aplicación total del
Modelo Nórdico.
En el tema de protección y asistencia a las víctimas, y en el tema de la prevención,
logramos avances muy importantes, inclusive logramos la penalización del que contrata
y del medio que publica anuncios de contacto sexual y pornografía, exhibiciones
sexuales, ecétera, pero redujeron las penas considerablemente, sobre todo en la
explotación sexual. Tratamos de separar el delito en tres fases para evitar la reclasificación
del delito, la trata se definió como el proceso de reclutamiento, la explotación
y la esclavitud. Y logramos que incluyeran en la explotación de prostitución, turismo
sexual, pornografía de personas adultas y niñez, esclavitud, explotación laboral, trabajos
forzados, servidumbre, explotación de la mendicidad ajena, venta y compra
de novias, matrimonios forzados, tráfico de órganos, tejidos o sus componentes,
así como experimentación biomédica ilegal, también para adopciones ilegales. Logramos
también que se incluyera que el consentimiento otorgado por la víctima no
es causa excluyente de la responsabilidad penal, aunque en los delitos se incluyeron
medios comisivos que las víctimas tendrán que probar. En el castigo a la demanda,
que incluye pena de 2 a 40 años, incluyeron la condición de que el cliente debe saber
que la persona que están contratando es víctima de trata, lo que hará casi imposible
probar que saben, así que este delito se incluyó como requisito y debido a nuestra
presión, sin embargo será inútil. Se establece pena a quien organiza el turismo sexual,
pero no se penaliza al turista, pienso que con toda intención para proteger negocios
e intereses.
Se logró un programa de protección a víctimas, ofendidos y testigos de trata y demás
delitos previsto en la Ley, que incluye cambio de identidad y reubicación nacional o
internacional a cargo del Estado cuando esté involucrada la delincuencia organizada.
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mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
Y que las víctimas pueden disfrutar de todos los servicios y protección aunque no
denuncien.
Lo que realmente estuvo muy mal es que incluyeron la fuerza, la amenaza, el engaño
como medios comisivos, y también incluyeron un doble agravante, por edad, por
relación familiar o afectiva, por adicciones, lo que hará que la Ley sea muy débil o los
acusados obtengan el amparo porque esto viola la garantía de la Seguridad Jurídica.
Pero también incluyeron dos artículos que copiaron del Código Penal de Australia,
donde la prostitución está legalizada, que establece la posibilidad de contratar personas
para ser explotadas sexualmente por medio de contratos lícitos o ilícitos. Esto es
muy grave porque legalizaron la explotación de la prostitución ajena y otras formas
de explotación sexual, y resulta contradictorio con el resto del contenido de la Ley.
Por otro lado, se incluyó como medio de prevención programas educativos dirigidos
a desalentar la demanda. Actividad que la CATWLAC viene ejecutando desde el
2005 en 11 países de América Latina a través del Modelo “Masculinidad, Iniciación
Sexual y Consumo de la Prostitución”, que promueve una sexualidad entre iguales,
consensuado, informado y responsable, y que garantice el derecho al placer entre las
partes, sin violencia, sin sometimiento o sojuzgamiento de una de las partes y que
hoy está construyendo redes de “Cascos Rosas” en los países donde se ha aplicado
este modelo.
Fallamos en lograr el Modelo Nórdico. El Pacto Patriarcal se activó en el Congreso
Mexicano y el machismo y sexismo impidió que avanzáramos para proteger su derecho
a continuar teniendo acceso a los cuerpos de las mujeres y las niñas.23 En mi
país es solo una simulación en lo que se refiere a la igualdad de la mujer y las políticas
transversales o la lucha contra la violencia. Hicimos una evaluación incorrecta, porque
pensamos que como estamos en medio del proceso electoral y se había aprobado
una reforma constitucional que elevó a nivel constitucional los tratados ratificados
por México, esto obligaba al Congreso a poner en el centro de las leyes y de las acciones
gubernamentales el principio pro-homine, o pro-persona, el principio de la debida
diligencia y la garantía de la no repetición, y pensé que era el momento exacto para
avanzar con el modelo nórdico, principalmente porque el 53 % del padrón electoral
somos mujeres, pero, lamentablemente eso no hizo ninguna diferencia.
Lo que es más preocupante es que los países de Centro América ya están considerando
la Ley como una Ley Modelo a seguir. Y pronto, seguramente toda Latinoamérica,
es por eso que estamos intentando una acción de inconstitucionalidad para que
no se establezca un antecedente tan grave.
Se logró si, una visión integral y holística para la prevención y protección de las víctimas,
inclusive se pudieron establecer los fundamentos para una política de Estado
23 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5014568

Esfuerzos y experiencias para aplicar el modelo nórdico en América Latina y el Caribe
para prevenir y sancionar la trata de personas y demás delitos relacionados con ella y
asistir y proteger a las víctimas. Sin embargo en el tema de la penalización, estamos
seguras será totalmente imposible de aplicarse por los operadores de justicia. El
Sistema Patriarcal defendió su derecho a continuar disponiendo de los cuerpos de
las mujeres y las niñas, lo que, por supuesto, provocará más impunidad, principalmente
ahora que nuevos propósitos para la trata se han detectado y documentado
en nuestra Región.
El Presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones del PRI, declaró que estaba muy
satisfecho con la Ley, porque se había preservado la prostitución, así, sin pudor, nos
deja ver que hay intereses que se protegen desde los más altos niveles de poder político
y económico que reducen a las mujeres a mercancías.
conclusiones
Debemos reconocer que la pobreza es una de las principales causas de la prostitución,
la que ha provocado que el fenómeno de la trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual, se haya disparado y multiplicado. Pero, también debemos
reconocer que la prostitución jamás se da en condiciones de libertad; nunca es objeto
de un contrato de compraventa entre personas iguales en derechos y libertades.
No se vende la actividad o el producto, como en cualquier trabajo, es una forma de
“violación remunerada”.
Como se puede advertir, el combate a esta operación criminal requiere, además de
un intenso y extenso trabajo preventivo y punitivo, de una perspectiva género sensitiva,
dado que son las mujeres, niñas y adolescentes quienes son más vulnerables a
ser reclutadas por las redes del crimen organizado, pero además, porque el 87 % de
las víctimas de la trata son para la industria sexual y de ese 87 % el 90 son mujeres y
niñas. Por eso nos parece indispensable que las políticas públicas y leyes que implementen
las autoridades nacionales sean género sensitivas, no pueden ser neutrales
al género.
Las sobrevivientes presentan daño físico grave y síndrome de Estocolmo, síndrome
de guerra, estrés postraumático, intentos recurrentes de suicidio o automutilación,
flash backs, personalidad bipolar o border line ecétera, que les provocó el ejercicio del
poder del dinero de alguien con síndrome falocéntrico.
Vemos con preocupación en las legislaciones, con excepción de las escandinavas,
ausencia de propuestas o consideraciones de la sanción al consumo o demanda o
incluso propuestas a este respecto en las medidas de prevención, ya que debemos
reconocer que la industria del sexo es ya el segundo mercado ilícito más productivo
del mundo –que se proyecta que en el 2011 será el primero–, que no solo atenta
contra la dignidad de las mujeres, sino que se rige por la ley de la oferta y la deman-
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mSC. tereSa C. ulloa ziáurriz
da, ya que si no existiera un mercado para la prostitución, no existiría ni explotación
sexual comercial de la niñez, ni un mercado en el que se pudieran comercializar seres
humanos como artículos de consumo. Además es claro que no existe un mercado
específico para la prostitución voluntaria y otro para la prostitución forzada.
No hay que olvidar que no solo existen las mujeres en prostitución, sino los demandantes
de prostitución, y que mientras más se diversifica la demanda, más crece y se
diversifica la oferta. Son los clientes, quienes a través de la demanda de prostitución,
representan el incentivo económico para los tratantes de mujeres, jóvenes y niñas
con propósitos de explotación sexual, y que son los perpetradores de una forma
más de violencia, y que en la misma forma que los violadores, los golpeadores y los
narcotraficantes, también los clientes deben ser sometidos al imperio de la ley.
La prostitución entendida y consentida como “trabajo”, facilita que la industria del
sexo expanda sus negocios y pone en grave peligro a las mujeres, niñas y jóvenes. No
se trata de un simple fenómeno migratorio o turístico, o una manera de hacerse de
dinero fácil, es una forma de perpetuar estereotipos en que sus cuerpos son para el
placer sexual de los hombres, se les trata como una mercancía que se puede comprar,
vender o alquilar, incluso hasta matar (feminicidio). Exigimos que se garanticen a
todas las mujeres, niñas, y jóvenes una vida libre de violencia y todos sus derechos
sociales, económicos y culturales, mediante mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad,
porque sus vidas y sus cuerpos no son mercancías, ni sus vaginas, bocas o anos
son instrumentos de trabajo.
La igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los hombres compren,
vendan y exploten mujeres, niñas y jóvenes, prostituyéndolas. Y cuando argumenten
que la prostitución siempre ha existido, tenemos que argumentar que también las guerras,
la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre, pero
que siempre hayan existido, no es prueba de legitimidad, ni validez. Tenemos el deber
de ser coherentes con nuestros discursos de igualdad entre mujeres y hombres y las
prácticas reales que mantienen y fomentan estereotipos que perpetúan el patriarcado
y ser congruentes exige romper nuestro silencio cómplice y comprometernos activamente
para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. 24
La prostitución es “una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores
de una sociedad democrática”, porque supone “un retroceso en el camino a la igualdad
real entre las mujeres y los hombres” y un “importante obstáculo para lograr una
sociedad en la que las mujeres puedan vivir libres de la violencia de los hombres”. 25
24 Díez Gutiérrez: Ob. cit.
25 Ídem.

el Modelo escandinaVo Para PreVenir
Y coMbatir la trata de MUJeres
Y niÑas. Una eXPeriencia en Madrid
introducción 25
liC. asunCión Miura
eSpaña
Es mi deseo comenzar posicionándome en este tema : soy una mujer que desde mi
época de estudiante en la Universidad Complutense de Madrid, he venido participando
y militando en la lucha activa por los derechos de las mujeres, y particularmente
en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en sus diferentes manifestaciones
(soy cofundadora de la Asociación “Comisión para la Investigación de malos tratos
a mujeres” primera asociación de mujeres que, en España a principios de los años
80, hizo emerger el problema de la violencia de pareja, algo tabú hasta entonces en
mi país).
Soy abolicionista y considero que la prostitución es un atentado a la dignidad y una
forma terrible de violencia hacia sus víctimas y que por tanto hay que trabajar para
llegar a erradicarla. Además, opino que es una asignatura pendiente dentro del feminismo
y en la lucha por los derechos humanos.
25 Es mi deseo, en primer lugar agradecer a la organización de la IV Conferencia Internacional Mujer,
Género y Derecho, haberme dado la oportunidad de estar en La Habana, compartiendo experiencias e
inquietudes.
Gracias Yamila, gracias Sonia y gracias a mis compañeras de mesa Agnete y Teresa, que son también
compañeras de “fatigas” en la CATW, a cuyo Comité Directivo pertenezco, y la represento en España,
en la lucha en esta problemática de violencia hacia las mujeres, que abordamos en el Panel El
modelo escandinavo para prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas, desarrollado en el evento.
0

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liC. aSunCión miura
Y hablo de “prostitución”, porque debemos tener muy presente que sin prostitución
no existiría la trata, pues esta no es sino la “globalización de la prostitución”
Y hago esta aclaración porque actualmente hay muchos intereses para diferenciar el
ejercicio de la prostitución de la trata.
No puedo dejar de hacer referencia a la lucha que llevamos a cabo, las Organizaciones
de mujeres españolas, en su día, en los momentos de salida de la dictadura
franquista, a finales de los años 70, para hacer emerger la enorme problemática de
violencia de género que sufríamos las mujeres en España. Tras ello, tuvimos que
luchar por el cambio de mentalidad de cultura en definitiva, y estas acciones de años
dieron fruto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de “Medidas de protección
Integral contra la Violencia de Género”.
Evidentemente la promulgación de esta Ley, conocida como la Ley contra la violencia
hacia las mujeres, no ha supuesto su erradicación, pero sí se ha dado un paso
importante, ya que conlleva la implicación de los poderes públicos, algo fundamental
para llegar a su erradicación.
Quiero, asimismo, destacar que –para quienes venimos trabajando desde hace ya
bastantes años para lograr la realidad de la “igualdad entre mujeres y hombres” y
para que la violencia, hacia las mujeres en todas sus manifestaciones sea erradicada
de nuestras sociedades- tienen estos momentos que estamos viviendo, en los que el
debate y la reflexión, sobre esta auténtica lacra que es la prostitución, comienzan a
producirse. Pues, hasta que un problema no aflora, difícilmente podrá abordarse, y
es necesario el abordaje de esta forma contemporánea de esclavitud que es la prostitución
y la trata, y que, sorprendentemente, pervive en nuestras sociedades a pesar
de encontrarnos en el siglo xxi.
Es por ello que actividades como este Coloquio, adquieren especial importancia. Estos,
son debates oportunos y necesarios, máxime, cuando esta realidad de la que hablamos
hoy, alcanza cifras realmente alarmantes y tengamos muy presente que, tras
las cifras –y esto es lo escalofriante y grave- se hallan las víctimas y sus historias.
Prostitución y su enfrentamiento.
Una experiencia de aplicación en Madrid
La prostitución ha existido en nuestros países desde épocas inmemorables, pero
eso no significa que la “prostitución sea el oficio más antiguo del mundo”, como
escuchamos machaconamente y como se empeñan, -determinados sectores, interesados
en describir-. Sí que es probablemente, una de las formas de violencia hacia las
mujeres más antiguas que se conocen. Tan antigua como lo ha sido la dominación
patriarcal.

El modelo escandinavo para prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas...
Porque, hay que tener muy claro que la prostitución No es un trabajo: No es lo mismo
“vender/alquilar la fuerza del trabajo que comercializar el propio cuerpo”. No
podemos imaginar que se firme, libremente, un contrato laboral para ser maltratada,
vejada escupida, ultrajada porque maltratar, humillar a alguien no puede considerarse,
sino una vulneración de derechos humanos. Y digo todo esto porque al hablar
de prostitución estamos hablando de una forma de violencia que se ejerce contra las
mujeres.
La situación en España, en lo referente al ejercicio de la prostitución cambia con la
reforma del Código Penal español de 1995, por el que, entre otros, se despenaliza
la figura del proxeneta. Fue una reforma con “un fondo de permisibilidad hacia la
prostitución…” (como cada ser humano, dispone de su propio cuerpo). Y esta reforma
se llevó a cabo pese a los esfuerzos de varias organizaciones de mujeres que
tratamos de impedirlo. Esta regulación estuvo vigente hasta el año 2003 que volvió
a penalizarse al proxeneta, pero no así la “tercería locativa”, que también había sido
despenalizada en el año 1995. Pero, España, en esos 8 años se convirtió en un auténtico
paraíso para traficantes y explotadores (sobre todo traficantes de mujeres procedentes
de los países de la antigua Europa del este y de África subsahariana. Aunque
según las diferentes regiones de España, cambia la procedencia de las mujeres en
trata, pero, se calcula que tres mujeres de cada 10 dedicadas a la prostitución en
España, proceden de países del este de Europa, una de países de África –nigerianas
fundamentalmente- el resto proceden de diferentes países latinoamericanos, y una
minoría de esas 10, son españolas).
Ante este panorama de prostitución y explotación en mi país, es alarmante, y en todo
caso, indigno, algunos responsables públicos decidieron llevar a cabo programas e
iniciativas diferentes con objetivos también diferentes, dependiendo del lugar: ciudad,
pueblo donde se hayan llevado a cabo.
Yo, voy a referirme a una experiencia llevada a cabo en la ciudad de Madrid, desde
los servicios del Ayuntamiento de esta ciudad.
No es mi deseo, en absoluto, hacer una intervención “triunfalista”, pues opino que
estos Foros son para hablar claramente de situaciones y pensar en “estrategias”
–lamentablemente todavía, pues recordemos que fue en la Conferencia de Naciones
Unidas celebrada en Nairobi en 1985 cuando se hablaba de “estrategias”, pero ya en
la Conferencia de Pekín del año 1995 se hablaba de “compromisos y desde los Gobiernos”-
pero, estamos ante un problema que requiere de estrategias y sobre todo
de posicionamientos, que no se podrán producir en tanto no se produzca ese debate
y reflexión a los que, antes, hacía mención.
Mi intención es explicar lo que se hizo en Madrid, con qué objetivos y lo que es posible
hacer y conseguir, cuando hay “voluntad política” para ello:
En el año 2004, el Ayuntamiento de Madrid, ante las informaciones y estudios, entre
otros, del Instituto Europeo para la prevención del Crimen que estimaba que España
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liC. aSunCión miura
se había convertido en un “imán” para las bandas de traficantes y emparejaba “el
mercado español del sexo con el de Alemania”, que es el otro “mercado” europeo,
pese a contar con la mitad de habitantes, decidió llevar a cabo lo que se denominó:
Plan contra la explotación sexual.
Plan contra la explotación sexual de la ciudad
de Madrid
El Plan partió del supuesto de que la prostitución es una forma de violencia y un
atentado a la dignidad del ser humano. Así como, no deseábamos que la ciudad
de Madrid fuera destino de redes mafiosas de tratantes y explotadores sexuales, de
proxenetas y de turismo sexual.
Nuestro modelo era el modelo sueco. Trabajar para disuadir a los hombres, potenciales
clientes/prostituidores. Ofreciendo a las mujeres en prostitución, auténticas
víctimas, el apoyo que necesiten en cada caso individualizado, para salir de esas situaciones.
Trabajando para un cambio de mentalidad social: trabajando hacia una
“cultura de la igualdad”, que no existe en nuestra sociedad y que es fundamental para
eliminar todas estas desigualdades y formas de violencia.
• Para ello, se decidió iniciar este Plan con campañas de sensibilización dirigidas
a los potenciales clientes:
“Porque Tú pagas existe la prostitución” y con este eslogan, en una imagen en la
que se ven varios hombres de diferentes edades, cientos de carteles fueron mostrados
en diferentes lugares públicos: calles, mobiliario callejero, autobuses, Metro,
edificios públicos, comisarías de policía, hospitales. Asimismo, fueron distribuidas
tarjetas postales con la misma imagen y slogan en cientos de bares, restaurantes,
centros docentes, y fueron también distribuidos folletos explicando, entre otros, qué
es realmente la prostitución, que sin demanda masculina no habría oferta, y que “al
comprar “ servicios sexuales se es cómplice de esa situación en la que se encuentran
atrapadas miles de mujeres. Se trataba de disuadir a los “potenciales” clientes/prostituidores.
• Paralelamente, se organizaron mesas de debate y charlas por todos los Distritos
de Madrid sobre el tema.
• Una unidad móvil, con trabajadora social, psicóloga, educadora de calle, circulaba
por los diferentes lugares donde existía prostitución de calle, dirigiéndose
a las mujeres en prostitución para informarles a través de folletos, en diferentes
idiomas, de un Centro al que podían acudir para recibir información
y ayuda si así lo deseaban. Se trataba de hacerles ver que “no estaban solas”,
que podían contar con este Plan que las apoyaba.

El modelo escandinavo para prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas...
• Este Centro, se ubicó en un barrio en el que existe la prostitución desde hace
muchos años, y en él, trabajaron especialistas psicólogos, educadores, trabajadores
sociales. Primero para informar, y una vez que la mujer se decidía se
comenzaba con ella un Programa de rehabilitación cuya duración dependía
de la situación en la que la mujer se hallaba, pues la idea era la de programas
individualizados. En el momento en el que se estimaba estaba preparada para
ello, también se les remitía desde este Centro a programas de Formación para
el Empleo e incluso a Talleres de Empleo, ya remunerados.
• Se aumentaron plazas en centros de acogida para mujeres víctimas de prostitución
que deseaban salir de esta, y en los que, de acuerdo y en coordinación
con el Centro descrito se seguía con la labor de rehabilitación personal, con
mujeres que no tenían donde residir. En alguno de estos Centros se las acogía
con su hijas/hijos.
En este Plan, se coordinaron diferentes Departamentos del Ayuntamiento. Algo
Fundamental, bajo la Dirección del departamento que diseñó y puso en marcha este
Programa: La Dirección general de Igualdad de Oportunidades, en la que yo estaba
en ese momento al frente.
Los diferentes Departamentos que participaron en este Programa fueron:
• La Dirección general de Igualdad de Oportunidades (dependiente de la Concejalia/Área
de Gobierno de Empleo y servicios a la ciudadanía).
• Policía Municipal (Área de Gobierno/Concejalia de Seguridad).
• Varios Departamentos de otras Áreas de Gobierno Municipales relacionados
con competencias de consumo, Inspecciones de locales.
Quiero señalar que las ciudades en España, no tienen muchas competencias para el
abordaje de esta problemática, por lo que toda esta labor descrita se llevó a cabo, gracias
a la voluntad política de los responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid
en ese momento. Me interesa insistir en la Voluntad Política, pues, cuando existe se
puede avanzar y en este caso, se avanzó, y mucho.
reflexión final
Lamentablemente, este Plan, solo se aplicó como he descrito, 3 escasos años.
Y teníamos muy claro que la erradicación de la prostitución es algo de muchos años
más, pero con este Plan para la erradicación de la explotación sexual de la ciudad
de Madrid, constatamos que si hay voluntad política, se pueden conseguir muchos
logros en esta problemática, y que, sí que es posible llevar a cabo un plan con un
objetivo final de erradicar esta lacra de la prostitución.
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14
donde coMPrar seXo es ileGal.
el Modelo nórdico
introducción
aGnete stroM
norueGa
Cuando los movimientos feministas modernos en Suecia, Noruega e Islandia tomamos
la estafeta, nos llevó de 20 a 30 años lograr la aprobación y Promulgación
de la Ley. Suecia la logró en 1999; Noruega e Islandia logramos la Ley en 2009,
10 años después.
Los tres países teníamos ya aprobadas buenas leyes sobre los derechos humanos de
las mujeres y habían ratificado la Convención del 49 de la ONU, la Convención para
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el
Protocolo de Palermo y la Convención Europea contra la Trata de Seres Humanos.
La ley que llamamos el Modelo Nórdico atiende solo la explotación de la prostitución.
Antes de lograr la nueva ley, existían leyes contra el proxenetismo, la promoción
y el establecimiento de burdeles, entre los que figuraban los apartamentos para la
prostitución, etcétera. Vender y comprar sexo no era ilegal antes de la promulgación
de la Ley, pero solo se visibilizaba a las mujeres prostituidas, los compradores, los
usuarios de la prostitución, los hombres, permanecían invisibles.
La ley se basa en el concepto de que:
• La prostitución No es un trabajo.
• La prostitución es violencia contra las mujeres.
• La prostitución lastima a la sociedad.

El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad sexual
• No ser prostituidas es un derecho humano de las mujeres La ley subraya y
hace evidente la posición de los hombres en la prostitución.
• La prostitución es un asunto de hombres.
• La prostitución demuestra claramente el desbalance entre hombres y mujeres
en la sociedad.
• Cuando el hombre compra los cuerpos de las mujeres no se trata de sexo; se
trata de ejercer poder sobre las mujeres.
Por lo tanto, la ley en los tres países nórdicos tiene como objetivo sancionar la demanda
masculina y combatir la idea de que los hombres tienen el derecho a comprar
los cuerpos de las mujeres.
suecia, noruega e islandia
En 1999, Suecia se convirtió en el primer país en el mundo en introducir una legislación
que castiga la compra, la adquisición de servicios sexuales, y que no castiga
la venta; la ley fue particularmente innovadora y descansa firmemente en principios
como:
• La igualdad de género.
Subrayando que la prostitución es violencia contra las mujeres.
La ley, hoy conocida como el Modelo Nórdico, incluye todas las formas de servicios
sexuales, que se compran:
• En la calle.
• En burdeles.
• O en cualquier otra parte.
La tentativa de comprar servicios sexuales también es punible.
la Pena
En Noruega: Los compradores son multados hasta con $ 4,000 dólares o una pena
privativa de la libertad de hasta 2 meses.
La ley se aplica tanto en Noruega como fuera de Noruega a ciudadanos noruegos.
Y aquellas personas en prostitución, las mujeres en prostitución no se castigan.
1

1
luCía gabriela SolaVagione
la intención y la visión que inspiraron esta ley
El Ministro de Justicia anterior, Knut Storberget, cuando la Ley fue finalmente aprobada,
dijo que:
Los seres humanos no son una mercancía y al sancionar la compra de actos
sexuales hará que Noruega sea menos atractivo para los tratantes. Nuestra meta
es cambiar actitudes, reducir la demanda y de esa forma reducir el mercado potencial
de los tratantes. La penalización no hará que la situación de las mujeres
en prostitución se empeore: por lo tanto, el gobierno desarrollará alternativas de
vida para las mujeres que la prostitución. 1
El anterior Ministro Noruego de la Niñez y la Igualdad, Audun Lysbakken, dijo:
“El debate en el Parlamento y también en la sociedad Noruega mostró que se había
entendido que no se trataba de castigar a quienes venden sexo, sino únicamente a
quienes lo compran. Que sancionar a quienes venden sexo sólo pondría en las mujeres
una doble carga y empeoraría dramáticamente su situación”.
antecedentes
Durante estos 20 o 30 años durante los cuales estuvimos promoviendo esta Ley, el
mundo, como sabemos, ha cambiado radicalmente política, económica y, por supuesto,
socialmente.
Es importante recordar que Suecia logró la promulgación de su Ley antes del comienzo
de la presente crisis financiera mundial, y la trata de personas con propósitos
sexuales no había alcanzado las dimensiones que hoy tiene.
También, la Unión Soviética se colapsó y muchos de las repúblicas soviéticas estaban
en una difícil situación económica. Fue entonces que los países nórdicos experimentaron
la primera oleada de trata de los países de Europa del Este. Esta nueva situación,
por supuesto, hizo que la demanda de los hombres por las mujeres se hiciera más
grotesca.
1 Press conference, Ministry of Justice, 18 April 2008, Oslo.

El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad sexual
a diez años de la ley en suecia – el efecto
De 1999 a 2009, Suecia fue el único país que había promulgado la Ley y la diferencia
entre Suecia y los otros países Nórdicos era muy grande:
Durante estos diez años:
• La prostitución callejera se redujo a la mitad.
• En 2008 los números de prostitución callejera, tanto en Noruega como en
Dinamarca, eran tres veces más altas que en Suecia.
• Suecia no tuvo un incremento dramático en el número de mujeres extranjeras
en prostitución callejera comparada con la situación en Dinamarca.
• Suecia no tuvo el mismo incremento en la prostitución por internet, comparada
con otros países y la prostitución callejera no se convirtió en prostitución
por internet.
La evaluación sobre los efectos de la Ley en Suecia pudo concluir que:
• No se registró ningún incremento general en la prostitución en Suecia.
• La sanción a la demanda ayudó a combatir la prostitución.
• El Modelo Nórdico, la sanción a la demanda, ayudó a contrarrestar el establecimiento
del crimen organizado.
• La trata humana con propósitos sexuales disminuyó sustancialmente su magnitud
en Suecia.
• La Policía Criminal de Suecia manifestó que la Ley actúa como una barrera
a los tratantes de seres humanos y compradores que estaban considerando
establecerse en Suecia.
aumento del apoyo público por la sanción
a la demanda
La sanción tenía la intención de ser una manifestación social sobre la visión de que
la prostitución es un fenómeno indeseable, que la prostitución es violencia contra
las mujeres. Las encuestas que se han llevado a cabo desde la promulgación de la
sanción a la demanda, demuestran que:
• < 70 % de la población sueca aprueban la sanción a la demanda.
• Antes de la Ley (1996) solo 1/3 de la población apoyaban la sanción a la demanda.
1

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luCía gabriela SolaVagione
¿Qué sucedió con los perpetradores, los compradores, en suma, los hombres?
• Alrededor de 2000 hombres suecos fueron arrestados por la policía desde la
sanción.
• Y se registró un decremento de hombres Suecos de más de 18 años de edad
que han comprador servicios sexuales. La taza bajó de 13.6 % en 1996 a
2 3 4 5
7.8 % en 2008.
la demanda
¿Qué convierte a los hombres en consumidores de
sexo comercial?
• La agresiva industria global del sexo.
• El desarrollo del turismo sexual.
• Los nuevos sitios pornográficos en internet.
Todos tienen como objetivo a los hombres para convertirlos en consumidores de
sexo comercial. Sin embargo, los diez años del Modelo Nórdico en Suecia nos han
permitido ver que en Suecia el incremento de la demanda se ha detenido, e inclusive
se ha registrado una disminución.
La ley en sí misma no es una barita mágica, la policía tiene que hacer su trabajo para
aplicar la ley, pero también la sociedad debe transformarse.
Y en Suecia se han desarrollado campañas masivas para disminuir la demanda, que:
• Explican la Ley que sanciona la compra de sexo.
• Presentan la ley como un instrumento para tener una sociedad más justa e
igualitaria.
• Promueven la igualdad de las mujeres.
2 http://www.regeringen.se/sb/d/13358/a/149231
3 http://www.thesolutionsjournal.com/node/895
4 http://www.nikk.no/English/Subjects/Prostitution/Publications/
5 http://www.examiner.com/x-24740-Human-Rights-Examiner~y2010m5d26-Germans- legalizedprostitution-brought-more-exploitation-than-emancipation-of-women?#comments

El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad sexual
noruega - ¿Qué ha sucedido desde enero
del 2009?
No se ha hecho, hasta ahora, una evaluación de los efectos de la Ley en Noruega,
pero, puedo asegurarles que la rica Noruega ha visto realmente el efecto masivo de
la crisis global, y que la mayoría de las mujeres en prostitución de calle son mujeres
de África Occidental, de Nigeria y de Europa del Este. Las pocas mujeres noruegas
son todas ellas adictas a las drogas.
¿Qué ha sucedido con las mujeres, se escucha su voz?
Hasta que logramos la Ley, los medios de comunicación proyectaban únicamente la
imagen estereotipada de las mujeres en prostitución: “las mujeres son felices y era su libre
elección”.
Poco a poco los medios de comunicación ahora permiten que las propias voces de las
mujeres sean escuchadas, y ahora tenemos encabezados como: “Las mujeres en prostitución
no tienen ninguna opción”, “Las mujeres en prostitución quieren trabajos ordinarios”.
En 2011, 122 mujeres tratadas pidieron asistencia al proyecto para mujeres víctimas
de la trata. Once mujeres contaron sus historias: hablaron con sus propias voces, y
las compartieron con nosotras a través de una página web en internet.
los compradores – los hombres
Definitivamente, hay menos compradores. La policía no se apareció desde el primer
día, pero poco a poco empezaron a actuar:
• En 2009: 334 compradores fueron arrestados, imputados y multados en
Noruega.
• 25 enormes casos de trata fueron llevados a la Corte.
¿Funciona la ley?
Los críticos de la Ley dicen que es difícil arrestar a los consumidores y aún más difícil
arrestarlos en el extranjero, fuera de la jurisdicción de la policía Noruega. Sobre este
aspecto, la policía de Oslo dice:
1

20
luCía gabriela SolaVagione
el aspecto más importante de la Ley es que con el transcurso del tiempo cambiará la
actitud de las personas – y habrá una creciente comprensión de:
• La demanda de sexo prostituido.
• La compra de actos sexuales.
Es la razón por la que las organizaciones criminales continúan enviando a víctimas de
trata y prostitución a Noruega para obtener ganancias”.
analizando la globalización neoliberal
y la militarización
Suecia, Noruega e Islandia tienen ya la Ley que sanciona la compra de actos sexuales.
Estamos muy orgullosas y felices, pero la lucha para terminar con la trata humana,
para erradicar la prostitución no termina aquí. La Ley es un buen instrumento, un
instrumento necesario, pero no es una barita mágica.
• La Ley no puede detener la crisis económica global.
• la ley no puede detener las guerras.
• la ley no puede detener los desastres naturales.
Por lo tanto, más mujeres y niñas son víctimas de la trata cada día. Y algunos dicen:
“¡Miren, la ley no ha tenido ningún efecto!” Todavía sigue existiendo la Prostitución.
Nuestra respuesta es: “Analicen la situación en el mundo con sus crisis globales, sus
guerras, etcétera”.
Las personas están desesperadas por encontrar una salida, por encontrar medios para
vivir. Y los tratantes se aprovechan de esta situación para explotar a las mujeres.
La industria global del sexo está usando tanto a los hombres como a las mujeres y
está creando una imagen distorsionada de la sexualidad, para lograr su propio beneficio.
Tenemos que analizar continuamente lo que está sucediendo en el mundo,
y debemos tener la voluntad política para participar en las muchas y diversas luchas.
compartiendo experiencias y recuerdos
Esta conferencia en la que estamos participando es precisamente un intercambio
de experiencias, su situación puede no ser la misma que la nuestra, pero aún así,
podemos aprender las unas de las otras. Quisiera compartir algunos ejemplos desde
los 30 años en que mi organización y yo misma hemos sido parte de la lucha. Es
importante retroceder y analizar qué ha sucedido.

El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad sexual
organizando Mujeres de base
La lista de actores importantes en Noruega durante estos 30 años de trabajo es larga,
y las nombraré:
• El movimiento de mujeres.
• Las feministas en la academia.
• Los sindicatos con mayoría femenina.
• Otros sindicatos.
• Mujeres y jóvenes de los partidos políticos.
A través de formar redes con organizaciones y vinculándonos con redes internacionales,
como CATW, hemos realizado:
• Discusiones,
• Acciones,
• Reuniones,
• Conferencias
• Campañas
• E invitado a tantas personas como ha sido posible a participar.
La fuerza que construimos hizo posible que pudiéramos presionar a los partidos
políticos en el poder.
nuestra convicción es que la prostitución es
violencia
Que las partes íntimas de tu cuerpo estén a la disposición de un hombre después del
otro, es imposible que lo soportes sin dolor y daño.
¿Alguien ha escuchado que alguna mujer con experiencias en la prostitución recomiende
a sus propias hijas u otras mujeres jóvenes que se prostituyan?
¿Alguno o alguna de los muchos investigadores o investigadoras que defienden la
prostitución la han realmente vivido de cerca y han probado la prostitución como
un trabajo ordinario?
Durante los últimos dos años, el Frente de Mujeres ha sido visitado por dos productores
de cine, ambos que empezaron sus proyectos con la idea de que había prostitución
“voluntaria” y “no voluntaria”. Ambos concluyeron que es imposible hacer una distinción,
porque son las actividades en prostitución las que las marcan. Por qué y cómo
ella terminó en la prostitución, y qué clase de situaciones está viviendo, qué abusos y
sufrimientos ha vivido.
21

22
el efecto de la legalización en Holanda
y en alemania
luCía gabriela SolaVagione
En 2000, Holanda y Alemania legalizaron el proxenetismo, los burdeles, etcétera.
Alemania quería otorgarles a las mujeres en prostitución derechos legales y reducir
la trata. Siete años después, Alemania concluyó que las mujeres en prostitución no
estaban mejor y que no habían podido salir de la prostitución y que la presencia del
crimen organizado no se pudo disminuir. La reforma fue un fracaso.
En Holanda, después de ocho años, las redes del crimen organizado se habían triplicado,
y la situación de las mujeres en prostitución no se había mejorado y el número
de víctimas de trata no se redujo, sino que, por el contrario, aumentó. La reforma
fue un fracaso. 6
en suma
El Modelo Nórdico se ha constituido como un ejemplo de legislación que:
• Reduce la prostitución.
• Castiga a los hombres consumidores.
• Y protege a las mujeres.
Es menos productivo para los proxenetas y tratantes abrir mercado en países donde
sus clientes pueden ser sancionados. Menor ganancia significa menos prostitución y
menos violencia contra las mujeres.
Los países que quieren luchar contra la explotación sexual no pueden sancionar a los
proxenetas y legitimizar a los grandes empresarios sexuales y deben tomar acciones
legales contra los compradores.
Sancionar la demanda funciona. No es perfecta, pero ciertamente funciona mucho
mejor que su alternativa de legalizar o descriminalizar la industria del sexo.
6 Report of the Federal Government on the impact of the Act Regulating the Legal Situation of
Prostitution, 2007, www.bmfsfj.de

entre la aUtonoMÍa relatiVa Y el
cUerPo sUbordinado.la incidencia
de la acción colectiVa en el Proceso
de aUtonoMÍa de las trabaJadoras
seXUales en la ciUdad de MÉXico
No las llamábamos putas ni rameras, ni otros nombres con ofensa –rememora Sacramento-
. Sólo les decíamos así, las mujeres, porque para nosotros no existían otras
Fragmento de La novia oscura de Laura Restrepo
introducción
liC. María elena GarCía truJillo
liC. Carlos n. Mora duro
México
El trabajo sexual es un tema central en la configuración de las relaciones de dominación
masculina, ya que es una actividad que tiene como bases fundantes la propiedad
y el control de la sexualidad femenina a través de la cosificación del cuerpo de la
mujer.
Es en el entendimiento epistemológico generalizado de la relación que tiene lugar en
el trabajo sexual -en el que generalmente el varón es el sujeto y la mujer el objeto a
poseer- que se observa de manera puntual el funcionamiento androcéntrico y normativo
que se hace de la sexualidad femenina. En referencia a ello, MacKinnon asevera
que “la objetificación sexual es el proceso primario de la sujeción de las mujeres,
asocia acto con palabra, construcción con expresión, percepción con imposición,
mito con realidad. El hombre jode a la mujer: sujeto, verbo y objeto”. 1
Así, dentro de las relaciones desiguales de género, el trabajo sexual se ha inscrito
como un fenómeno social en el que la dominación masculina alcanza su máxima
expresión. Y la significación social de la trabajadora sexual como objeto al servicio
de los otros ha posibilitado que su actuar se piense siempre en función de lo que esos
otros requieran y no de sus propios deseos, lo que se traduce en un problema de falta
de autonomía en sus prácticas.
1 Joan W. Scott: “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en: Marta Lamas (compiladora),
El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, México, 1996, pp. 265-302.
23

2
liC. maría elena garCía truJillo, liC. CarloS n. mora duro
No obstante la forma imperante de pensarlas, el constreñimiento estructural del que
son producto y que al mismo tiempo reproducen y la limitación de sus opciones, sus
acciones y sus decisiones, considero que la decisión de estas mujeres por insertarse
en el trabajo sexual y ciertas prácticas de acción colectiva dentro del mismo podrían
ser representaciones y formas de contestación y de resistencia –conscientes y reflexivas-
ante un sistema económico y social exclusivo y desigual.
De esta forma, el trabajo sexual si bien se inscribe en una relación de dominación
por la imposición patriarcal de la disociación de la sexualidad femenina y la significación
identitaria de la mujer erótica-puta, refiere también la presencia de resistencia y
ofensiva por parte de las mismas trabajadoras sexuales al contestarle con su acción a
un sistema económico que las excluye y a un sistema social que las discrimina con su
organización. En este sentido, Foucault señala que la importancia del poder no reside
en su distribución, en tanto provistos y desprovistos de él, sino en el “esquema de
las modificaciones que las relaciones de fuerza, por su propio juego implican”. 2 Así,
dentro de la dinámica de las relaciones de poder y de género, en este caso sobre el
trabajo sexual, en tanto exista dominación, la resistencia a esta es inherente.
Decisiones como insertarse en el trabajo sexual y la organización colectiva dentro
de este se presentan como ejercicios de autonomía y por tanto como posibilidades
para trastocar e incluso transformar las relaciones de poder que tienen lugar en la
actividad. Sin embargo, para que ello realmente suceda es necesario de un ejercicio
de concientización y reflexión sobre la razón de esta transgresión y sobre la posición
de las mujeres trabajadoras sexuales frente a la subordinación de los otros. Ello se esperaría
incidiera en la generación de autonomía en torno al proceso denominado por
una serie de autoras como empoderamiento. 3 En este sentido, uno de los elementos
que abona en el proceso de empoderamiento 4 es la acción colectiva y la participación
social, ya que es posible que la interacción con otras experiencias y saberes, y más
aún, el saberse identificadas con otras mujeres, permita el cuestionamiento a la tradición
y al orden establecido y la emergencia de prácticas de autonomía. Por lo que
la acción colectiva de las trabajadoras sexuales se configuraría a un mismo tiempo
como una práctica de autonomía y como una acción que facilitaría la emergencia de
otras prácticas de autonomía.
Así, la motivación que guía esta investigación es estudiar cómo incide la acción colectiva
en el proceso de autonomía relativa de las mujeres trabajadoras sexuales que,
aunque condicionadas estructuralmente, deciden insertarse en este trabajo y organizarse
dentro de él.
2 Michel Foucault: Historia de la sexualidad. La voluntad de saber, Siglo xxi, México, 2009. Michel Foucault:
Microfísica del poder, Ediciones la Piqueta, Madrid, 1978. Michel Foucault: El discurso del poder, Folios
Ediciones, México, 1983.
3 Magdalena León: Poder y empoderamiento de las mujeres, Tercer Mundo Editores, Colombia, 1997.
4 Ibídem y María Luisa Tarrés: “Importa el género en la política”, en: María Luisa Tarrés (compiladora),
“Género y cultura en América Latina. Cultura y participación política”, COLMEX, México, 1998, pp. 13-34

Entre la autonomía relativa y el cuerpo subordinado. La incidencia de la acción...
Y la hipótesis central establece que de presentarse prácticas de autonomía relativa en
la mujer que se inserta en el trabajo sexual, que decide por cuenta propia nombrarse
y organizarse colectiva y públicamente, la misma acción colectiva crea condiciones
para la interacción y sociabilidad con otras experiencias y saberes y ello posibilita
ejercicios de reflexión sobre su subordinación y la posible generación de contextos
más propicios para la reproducción de prácticas de autonomía relativa dentro de su
trabajo y la organización.
De ahí que esta investigación tenga como objetivo analizar las prácticas de autonomía
de las trabajadoras sexuales organizadas en la Ciudad de México, específicamente
en dos grupos, el Grupo Unificador de Mujeres A.C. y una agrupación de la
colonia Sullivan, zona de trabajo sexual por antonomasia. Para ello se propone un
concepto de autonomía situado en el contexto del trabajo sexual y que considere el
peso estructural de la relación de dominación pero que no desestime la posibilidad
de contestar, trastocar o incluso revertir esta misma situación de dominación. Por
ello antes de pasar al apartado analítico y verificar o refutar lo aquí propuesto, es
necesario tejer una urdimbre teórico-metodológica que nos permita sustentar tal
argumento. En el siguiente apartado se denotaran los principales ejes teóricos que
soportan la investigación.
el proceso de autonomía relativa de la mujer
trabajadora sexual organizada
Los conceptos de autonomía que regularmente se utilizan en las investigaciones enmarcadas
en los estudios de género 5 -fundados centralmente en la que la autodeterminación,
la toma de decisiones propias y la construcción como sujetos reflexivos-
en el caso de esta investigación resultan poco utilizables dadas las especificidades
del trabajo sexual. Establecemos esto debido a que la construcción conceptual del
proceso de autonomía se ha llevado a cabo principalmente bajo los presupuestos de
las dos corrientes de los estudios de género imperantes, las de carácter más subjetivo 6
versus las que propugnan por considerar a los constreñimientos estructurales como
5 Como tiende a suceder en las corrientes sociológicas, existen disputas conceptuales alrededor del
término autonomía. Por un lado se concentran las que consideran a la autonomía una capacidad
inherentemente subjetiva e individual que no está sujeta a ningún tipo de constreñimientos estructurales,
y por el otro aquellas que sugieren una constricción fundamental y que ven a la autonomía
femenina como un proceso que solo puede llevarse a cabo relacionalmente.
6 V. Ana María Tepichin “Autonomía para participar en decisiones. Elemento central para el combate a la pobreza
con equidad de género” en: Estudios Sociológicos, vol. 27, no. 79, enero-abril, 2009, pp. 111-146.
2

2
liC. maría elena garCía truJillo, liC. CarloS n. mora duro
un elemento fundamental. 7 Y partiendo desde un escenario como el trabajo sexual
no resulta factible ni suficiente para la investigación totalizar la autonomía solamente
como capacidad individual o como posibilidad social y relacional.
A raíz de ello a lo largo de la investigación se ha propuesto una nueva mirada al
término autonomía, buscando poner en el mismo juego la capacidad de la acción
individual y la transformación de las relaciones sociales interpeladas por un ente estructural
limitado. Y entendiéndola como un proceso siempre en construcción, discontinuo
y no gradual en que la trabajadora sexual puede en ocasiones realizar prácticas
de autonomía y en otras no y en el que en determinadas situaciones reflexiona sobre
su posición en las relaciones opresivas de género y actúa en consecuencia.
Lo que le aporta la diferencia al concepto aquí construido, es el sujeto de estudio
mismo. Como ya lo venían reseñando algunos teóricos sociales como Anthony
Giddens 8 desde su teoría de la estructuración, es importante para la relación epistemológica
entre sujeto y objeto, situar a este sujeto en un contexto y en una situación
determinada. Esta situación es el trabajo sexual, por lo que se necesita entonces
hablar de autonomía desde el trabajo sexual.
En términos llanos el trabajo sexual implica un intercambio, se intercambia una relación
sexual por dinero. Esta relación sexual es sostenida explícitamente entre una
persona y una persona-cuerpo. 9 En su tránsito entre persona y cuerpo, la trabajadora
sexual en ocasiones reflexiona y actúa, en ocasiones es libre y toma decisiones. Su
historia personal, su trabajo y las condiciones estructurales por las que llegó a él la
supeditan continuamente y posibilitan la presencia de paradojas entre su constitución
como sujeto y su actividad como cuerpo.
La elección primaria que hace el cliente entre una variedad de trabajadoras sexuales
es un hecho que marca el proceso de autonomía aquí referido. Entonces, no
podemos hablar de autonomía como tal porque la toma de decisiones dentro de su
trabajo está subyugada a una primera elección, la elección que hace el cliente para
elegir a la trabajadora sexual. No obstante esta situación, las trabajadoras sexuales
están accionando, decidiendo, siendo más libres, defendiendo, están construyéndose
como sujetos, están siendo autónomas, pero en continua contradicción, siempre
subsumidas, siempre en referencia con la primera decisión del cliente, siempre de
manera relativa.
7 Marcela Lagarde: “Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres”. Memoria, Puntos
de Encuentro, Nicaragua, 1997. Brígida García: “Empoderamiento y autonomía de las mujeres en la investigación
sociodemográfica actual” en: Estudios Demográficos y Urbanos, mayo-agosto, no. 53, El Colegio de México,
2003, pp. 221-253.
8 Anthony Giddens: La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, Amorrortu Editores,
Buenos Aires, 1984.
9 Son las mismas trabajadoras sexuales las que señalan que no venden amor, venden un “rato” de su
cuerpo.

Entre la autonomía relativa y el cuerpo subordinado. La incidencia de la acción...
Así, la propuesta teórico-conceptual es pensar a la autonomía situada, y en este caso
situarla en el trabajo sexual. Pensarla ya no más como un proceso continuado, sin
contradicciones, finito, que se da de una vez y por todas. Se trata de pensarla como
un proceso conflictivo, discontinuo, lleno de paradojas, y en constante construcción,
un proceso que incluso se puede dar en condiciones de sujeción explícita como el
trabajo sexual. De autonomía relativa estoy hablando.
Una de las autoras que podrían abonar a esta perspectiva de la autonomía es Claudia
Mora Urquiza que, tratando de hacer un esfuerzo articulador del sujeto y la estructura,
la define como la “autodeterminación del proyecto de vida y posicionamiento
frente a la idea tradicional de ser mujer” y argumenta que “siempre que se habla
de autonomía se hace con referencia a los códigos y significados de las normas e
imágenes sociales conservando un todo proveedor de sentido que es re-significado
subjetivamente”, es decir, considera que la autonomía se va articulando imaginaria y
simbólicamente y es representada de diferentes formas en el plano de lo real, 10 por lo
que el proceso autonómico no es lineal, y es específico para cada individuo. Además,
retoma a través de un continuum de acción, la idea de la dinámica de las posiciones
del sujeto y del proceso no reflexividad-reflexividad de Paul Freire para afirmar que
el sujeto no tiene un lugar fijo y determinado dentro de la estructura, más aún, se
encuentra presente una línea continua de acción que permite al sujeto deslindarse
de la “fijación de posiciones en un lugar y un tiempo preconstituidos para poder
formularse un proyecto de vida más autónomo”, 11 es decir, pasar de la sujeción a la
subjetividad. 12 La autora, al igual que los que acá escriben, parten de una situación
de sujeción y subordinación de las mujeres, y coinciden en que es preciso que el
sujeto mujer se dé cuenta de esta situación para intentar revertirla. En este sentido, la
heteronomía podríamos denotarla como inherente al papel que los condicionamientos
estructurales le han asignado a la mujer, y a la autonomía como un proceso por
construir en tanto esta mujer se cuestiona, contesta, se enfrenta y cambia los presupuestos
culturales que la mantienen subordinada. Así, la autonomía consistiría “en
tomar posición frente a la “sobredeterminación” que significa los roles estereotipos
y dependientes, abriendo el campo subjetivo de las elecciones a las mujeres autonómicas.
Al posicionarse llevan a cabo prácticas coherentes con su autenticidad, y
con la línea de acción que han trazado de acuerdo con sus “deseos, valores, vínculos
emocionales, objetivos, rasgos”. 13
10 Claudia Mora Urquiza: La metáfora de la estética. Subjetividad y autonomía de seis mujeres artistas en la obra de
su vida, FLACSO-México, 2008.
11 Ídem.
12 Esta es retomada del concepto de Chantal Mouffe afirmando que la “subjetividad implica que ningún
centro de subjetividad precede a las identificaciones del sujeto”, citado en Mora: Ob. cit., p. 23)
13 Ibídem, p. 117.
2

2
liC. maría elena garCía truJillo, liC. CarloS n. mora duro
Por medio de la transgresión de los roles y las representaciones tradicionales del ser
mujer la autora estaría incorporando el peso de los condicionamientos estructurales en
la formación identitaria femenina. Y es a través de la autodeterminación del proyecto
de vida que incluiría la condición subjetiva-individual de la mujer, ya que “hacerse un
proyecto para sí implica romper con los esquemas de sujeción, así como enfrentarse
a lógicas de poder dominantes”, 14 en tanto la mujer se construye como sujeto social
y modifica las relaciones de poder que la conformaban en función de los otros.
Es decir, el apropiarse de su vida, de sus acciones y de sus decisiones, potencia la
modificación de las relaciones de poder. Además, la autora refiere la existencia de
“espacios de autonomía”, producto de la “reordenación de las lógicas de poder”,
estos espacios de autonomía podrían hacer las veces de lo que en esta investigación
denominamos como los espacios en los que se da la acción colectiva. Enuncia que,
desde la postura liberal se piensa que hay una relación entre el grado de autonomía
que las mujeres alcanzan y los espacios que puedan instituir, además de que los logros
a nivel personal son generalmente equivalentes a los logros autonómicos del
grupo al que se pertenece. De esta manera Mora concluye que sin intento de eliminar
el peso específico de la estructura en la formación de la mujer y conformación de sus
prácticas, es a través de la generación de proyectos propios que comienza a alcanzarse
la autonomía –aunque como estado ideal esto sea imposible-, ya que a partir del
posicionamiento como mujer “para sí” y no para los otros, le permite modificar sus
dinámicas de acción y de relación en sus diferentes ámbitos vivenciales.
Habiendo argumentado la posibilidad de la existencia de prácticas de autonomía en
las trabajadoras sexuales queda señalar la posible incidencia de la acción colectiva
en dichas prácticas. Para ello se rescata la postura teórica de María Luisa Tarrés 15
sobre los campos de acción colectiva, como uno de los detonantes de procesos de
autonomía. Entenderíamos por campos de acción colectiva a los espacios de interacción
cotidiana que normalmente surgen en la esfera de lo privado, como respuesta a demandas
personales específicas, y que en adelante generan un tejido social alternativo
que toma la forma de organización social. Son espacios autónomos de libertad y las
relaciones en ellos se caracterizan por ser horizontales. En el ejercicio de interacción,
el reconocimiento propio y ante el otro de los principios de igualdad y libertad potencia
un intercambio de saberes, de conocimientos y de ideas crítico y contestatario
del régimen social imperante. Estos campos de acción son producto de la construcción
del individuo como sujeto reflexivos y actuantes de su propio destino y ello, de
acuerdo con Tarrés, surge a través de rupturas como eventos que ponen en evidencia
la exclusión, las contradicciones sistémicas y las necesidades y demandas que no
puede absorber el sistema cultural.
14 Ibídem, p. 135.
15 María Luisa Tarrés: “Las identidades de género como proceso social: rupturas, campos de acción y
construcción de sujetos”, en: Rocío Guadarrama et al (comp.), Los significados del trabajo femenino en el
mundo global, Anthropos Editorial del Hombre, UAM-México, 2007.

Entre la autonomía relativa y el cuerpo subordinado. La incidencia de la acción...
Así, recapitulando y rescatando, consideramos que la autonomía forma parte fundante
del empoderamiento de la mujer, es histórica, específica y tiene un carácter
procesual e inacabado, es desde las palabras de Lagarde 16 una manera de vivir, y se
compone de diferentes procesos vitales. Partiendo de las posturas subjetivas y estructuralistas,
consideramos que el enfoque que en mayor medida se adecúa a las
necesidades teóricas de la presente investigación es el que nos ofrece Mora Urquiza
cuando observa la autonomía desde dos focos centrales: la subjetividad representada
a través de la autodeterminación del proyecto de vida y la toma de posición frente a
la idea tradicional del ser mujer. Ya que este proceso implica reflexión y actuación,
las percepciones y las prácticas serían dos de sus dimensiones. Dado que lo que
compete aquí son las prácticas, habría que considerar en estas dos grandes ejes: la
toma de decisiones y la libertad de movimiento. Además, la autonomía es inherente
a la vida, toda, de las mujeres, por lo que se puede observar desde diferentes esferas
vivenciales. Aunque es necesario estudiar y analizar las prácticas de autonomía en
cada una de estas esferas, y en el papel no solo de la mujer trabajadora sexual, sino
en el de la mujer integral que es madre, hija, hermana, amiga, pareja y compañera,
por cuestiones técnicas y tratando de no sacrificar profundidad analítica, el foco de
atención se pondrá en la esfera colectiva, específicamente en las relaciones que sostiene
la trabajadora sexual con el cliente.
Como señalamos, el concepto construido es el de autonomía relativa que tomaría la
forma del proceso (en construcción), discontinuo y no gradual en el cual en ocasiones
la mujer reflexiona sobre su posición en las relaciones opresivas intragenéricas e
intergenéricas y actúa en congruencia con esta reflexión tomando decisiones movida
por sus propios intereses. En cada una de las esferas vivenciales, la prácticas de autonomía
se expresan en la toma de decisiones y en la libertad de movimiento, y este
proceso, como se señaló, puede ser potenciado por la acción colectiva.
En suma, si bien las mujeres insertas en la dinámica del trabajo sexual, son producto
de un sistema patriarcal que potencia la objetificación femenina, su participación en
campos de acción colectiva las acerca a saberes y perspectivas que enfrentan el marco
normativo tradicional, lo que posibilita un proceso reflexivo o de autoconciencia
de su posición como mujer, produciendo discursos transgresores en función de la
desestigmatización y reivindicación de su actividad y de su vida, y generando así una
transformación en su accionar mediante su inserción en un proceso potenciador de
prácticas de autonomía en sus diferentes esferas vivenciales.
Ahora bien, es tarea del siguiente apartado refutar o validar las proposiciones aquí
formuladas y respaldar el argumento teórico referido, señalando con base en la evidencia
empírica si realmente se presentan prácticas de autonomía relativa en la mujer
que decide –aunque condicionada por el contexto- insertarse en el trabajo sexual y
además, nombrarse y organizarse públicamente como trabajadora sexual, y si la acción
colectiva efectivamente incide en este proceso.
16 Marcela Lagarde: Ob. cit.
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liC. maría elena garCía truJillo, liC. CarloS n. mora duro
la trabajadora sexual y el cliente: el sujeto
sujetado
En la búsqueda de verificar empíricamente nuestras proposiciones se realizó un acercamiento
metodológico con dos organizaciones de trabajadoras sexuales. La primera
de ellas, el Grupo Unificador de Mujeres A.C. (GUM) es una asociación civil formal
constituida para y por trabajadoras sexuales. Aglutina alrededor de veinte trabajadoras
sexuales y tiene aproximadamente de 10 años. Responde a una constitución jerárquica
del orden de representante-representadas. No tiene un lugar de trabajo exclusivo
para la asociación, por lo que su punto de reunión es el lugar de trabajo sexual
en la calle, designado por las autoridades delegacionales y que queda conferido a la
acera de la Av. Puente de Alvarado entre la calle Zaragoza y Aldama de la delegación
Cuauhtémoc en la Ciudad de México. La segunda organización de trabajadoras
sexuales es una agrupación de carácter informal que de la misma forma que el caso
anterior tiene su lugar de reunión en su lugar de trabajo, y que corresponde a la calle
de Sullivan de la misma delegación. Esta agrupación está formada por un conjunto
de diez a doce trabajadoras sexuales y no reconocen posiciones jerárquicas dentro
de ella, sin embargo las trabajadoras sexuales que tienen más tiempo dentro de la
actividad suelen tomar el papel de las consejeras y las líderes morales precisamente
por sus vastas experiencias con los distintos actores con los que tienen relación las
trabajadoras sexuales.
El estudio aquí descrito responde al análisis de ocho entrevistas. Seis de ellas realizadas
al GUM y dos a la agrupación de Sullivan. De las seis entrevistas efectuadas al
GUM, una fue a su representante y las restantes a compañeras que se encuentran en
las filas de la asociación sin ningún cargo jerárquico establecido. De las dos que me
concedió el grupo de Sullivan, una de ellas es de una de las trabajadoras sexuales con
más tiempo en el lugar y por ello responde a un cierto liderazgo, aunque informal.
Ahora bien, sobre la existencia de prácticas de autonomía y la incidencia de la acción
colectiva en ellas, es preciso volver a puntualizar que este proceso implica la modificación
en las relaciones de poder y subordinación, pero en esta transformación son
todos los actores inmersos en la relación social los que deben estar conscientes de
esta modificación.
Partiendo de esta proposición podemos dar cuenta que en el caso de las relaciones
que las trabajadoras sexuales establecen con el cliente, la incidencia de la organización
social no ha sido significativa dado que en las dos agrupaciones los clientes no
conocen de la existencia de la acción colectiva de las trabajadoras sexuales que están
contratando. De esta forma la relación establecida con el cliente no tiene serias modificaciones
en razón de un antes y un después de la asociación porque los clientes
no se relacionan con trabajadoras sexuales organizadas, se siguen relacionando con
trabajadoras sexuales.

Entre la autonomía relativa y el cuerpo subordinado. La incidencia de la acción...
Es decir, los riesgos y el trato violento, discriminador y estigmatizante que generalmente
tienen los clientes hacia las trabajadoras sexuales no ha mermado ni ha desaparecido.
Se puede observar que de las seis trabajadoras sexuales de GUM entrevistas cinco
dicen no percibir diferencia alguna en la relación con sus clientes. Un caso especial
es el Susana de 21 años que antes de haber llegado a trabajar al Distrito Federal (DF),
estuvo en la ciudad de Puebla, por alrededor de 4 meses, sin agruparse en alguna
asociación y declara que los clientes del DF son más amables que los de Puebla.
Tratando de ahondar en las prácticas de autonomía que se dan en la relación con
el cliente, se hace necesario señalar que de las ocho personas aquí entrevistadas
ninguna expresó de manera explícita tener actualmente un “padrote” o una pareja
sentimental que las obligara a trabajar y controlara sus recursos económicos, y con
ello muchas veces sus decisiones en torno a las relaciones con el cliente. No obstante
dos de las entrevistadas declararon haber vivido esta experiencia o una similar. El
primero de los casos se refiere a una joven trabajadora sexual que era extorsionada
por su pareja sentimental y el segundo a una víctima de trata.
En el caso de Amanda de 27 años, su pareja sentimental la impulsaba a trabajar y le
prohibía controlar el dinero ganado y para Justina de 40 años, su captor le exigía una
cuota diaria, la golpeaba, vejaba, violaba y la tenía cautiva, completamente incomunicada,
la primera de GUM y la segunda de la agrupación de Sullivan. En estas dos situaciones
no hubo ciertamente una elección propia por el trabajo sexual, la decisión
de su inserción fue tomada por otra persona. Al respecto Amanda señala si bien no
le prohibía salir y tener contacto con otras personas, controlaba y administraba todo
el dinero que obtenía de su trabajo.
Una situación más extrema fue la experiencia de Justina como ejemplo claro de la
subsunción y la eliminación de la capacidad de decisión y la libertad de movimiento
en la vida de una mujer y trabajadora sexual. Su historia como trabajadora sexual comienza
en el momento en el que a los 17 años es raptada y violentada para después
ser puesta de manera forzada en La Merced. 17 En este caso no había indicio alguno
de autonomía, de una libre acción para tomar decisiones ni de libertad de movimiento.
Justina solo trabajaba, el dinero que “hacía” le era arrebatado peso por peso, y no
podía tener contacto con su familia o con conocidos. Cuando trataba de huir o no
cumplía con la cuota era castigada con golpes e insultos.
Otro elemento a considerar en la relación entre la trabajadora sexual y la figura autoritaria
del “padrote” o captor son las decisiones de las mujeres que se supondría
confieren a un ámbito más personal y que son tomadas por ellos. Es el caso de la
decisión por la maternidad. Para Amanda y Justina decidirse por ser madres implicó
más que una decisión personal, la desobediencia y a la postre el castigo por parte de
sus victimarios. De hecho a Justina como víctima cautiva sin poder de decisión y sin
17 La Merced es una de 7 zonas “rojas” más reconocidas en el Distrito Federal, México, no solo por el
trabajo sexual, sino por la trata de personas y la prostitución infantil.
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libertad de movimiento, le es arrebatada, de manera abrupta y violenta esta posibilidad.
A cuatro años de ser raptada y amenazada constantemente por la posibilidad
de cualquier intento de huida, Justina accidentalmente y sin conocimiento sobre el
estado queda embarazada. Su captor ante una inminente pérdida de ganancias por su
embarazo, decide interrumpirlo sin el consentimiento de Justina, es decir, se apodera
de su cuerpo no solo en el ámbito del trabajo y la producción, también en el de la
reproducción.
La experiencia de Justina con su captor nos permite observar uno de los más extremos
matices que toma el comercio y la trata del cuerpo femenino y en el que no es
posible encontrar ni resquicios de prácticas de autonomía. No obstante como se ha
venido anotando a lo largo de la investigación, una situación heterónoma es reversible
en tanto las relaciones de poder no están determinadas y no son fijas.
Y así sucedió con Justina. Es específicamente la experiencia traumatizante de la interrupción
obligada de su embarazo y el encuentro con otras mujeres víctimas lo que
representa en su continuo de vida la ruptura necesaria para salir de la heteronomía
extrema en la que se encontraba, es el momento que María Luisa Tarrés tendría a
bien llamar como “histórico estructural”.
Sin embargo, y como lo señala la autora, esta primera ruptura con el orden aceptado
y naturalizado en ocasiones no resulta suficiente para que se dé su materialización
en la práctica cotidiana. Así, cuenta que tras haber denunciado a su captor, ante la
creencia de la inminencia de su situación desde el entendido de que “si eres puta
siempre lo serás”, decide mantenerse en el trabajo sexual ahora a las órdenes de la
que sería conocida como La Madame de Sullivan, una regente que si bien no las tenía
recluidas, les cobraba por trabajar y por no trabajar.
Justina enuncia que el hecho de ya no estar más bajo el encierro y el forzamiento del
trabajo le representó una mayor libertad con respecto a su situación anterior, pero
una gran cantidad de sus decisiones se encontraban sujetadas aún a una dominación
superior a ella, la que ahora ejercía la regente.
De ahí que si bien la figura del “padrote” o “regente” permite cierto grado de libertad
de movimiento en el sentido de que la trabajadora sexual puede salir y convivir
con sus familiares y conocidos y no está cautiva como resulta ser la situación del
captor con la víctima de trata, los dos casos son representaciones de situaciones en
las que no podríamos hablar de autonomía relativa ni mucho menos de autonomía
como tal, ya que todas las acciones generadas por las trabajadoras sexuales están
supeditadas al deseo y a la necesidad del otro, del otro que puede tomar la forma del
padrote/madrota o el captor.
Así, este tipo de situaciones influye considerablemente en el radio de incidencia en la
toma de decisiones de la trabajadora sexual en su relación con el cliente y en las relaciones
secundarias que se dan alrededor de este. Un ejemplo de ello es precisamente
tener que cubrir una cuota obligatoria en su trabajo diariamente, lo que constriñe
sus posibilidades de elección del cliente, de modo que dada la obligatoriedad de la
cuota tienen que estar con casi cualquier persona que se los pida. Además, cuando las

Entre la autonomía relativa y el cuerpo subordinado. La incidencia de la acción...
personas tienen padrotes o captores, es muy difícil que decidan sobre los días a trabajar,
los horarios, los precios, las condiciones e incluso los servicios a proporcionar.
Todas estas decisiones y más están en función de lo que el otro quiera.
Estos dos casos nos muestran que la no presencia de regentes, padrotes o captores
dentro de las agrupaciones son un paso hacia adelante en el proceso de autonomía
relativa. Ya que si las trabajadoras sexuales están supeditadas a una de estas formas
de dominación, automáticamente se ve mermada tanto su capacidad de decisión
como su libertad.
Es desde estas experiencias que podemos observar una diferencia sustancial en la
toma de decisiones en su trabajo, antes de la organización, cuando estaban bajo el
yugo de una dominación autoritaria y masculina, y después de la organización. Entre
las diferencias más significativas se encuentra en primera instancia el control y
la administración de sus recursos económicos. En los dos casos, Amanda y Justina
al estar bajo la dominación tanto del captor, como del “padrote” o la regente, no
podían tener el control de sus ingresos porque o se los arrebataban como cobro por
su vida y seguridad en concepto de cuota, o les cobraban cualquier tipo de comisión
y costo arbitrario por trabajar. Cuando se liberan de este dominio, obtienen el
control de sus recursos económicos. En lo que confiere a las trabajadoras sexuales
que están asociadas a GUM, aunque directamente tienen el control de sus recursos
económicos, el hecho de contribuir obligatoriamente con una cantidad mensual por
concepto de donación, se percibe en ocasiones como un violación a su capacidad
para tomar decisiones. Otra de las diferencias percibidas es la libertad obtenida para
decidir los horarios y los días que quieren trabajar, además de que el hecho de que
no tengan que cumplir con una cuota obligatoria diaria permite que tengan un rango
más amplio para decidir con quién establecen la negociación y el intercambio y
rechazar a la persona que no les interese.
Aún y con la mayor capacidad de decisión y libertad de movimiento ganadas en la
experiencia de Amanda y Justina al liberarse y agruparse con sus pares, como lo he
mencionado ya la organización no ha incidido significativamente en la modificación
del comportamiento del cliente con la trabajadora sexual porque para este el respaldo
organizativo no existe. Es decir, aunque ya ellas pueden decidir de manera relativa
–porque es el cliente siempre el que decide primero con quién negociar– con quién
cerrar la negociación, ello no las exenta del riesgo que implica encontrarse con una
persona que busque humillarlas y violentarlas, ya que la protección de la agrupación
no puede traspasar las paredes del cuarto de hotel. Tanto las dos trabajadoras sexuales
que estuvieron bajo el dominio de un externo como las seis restantes que no, arguyen
que sus relaciones con los clientes no son diferentes de cuando no se habían agrupado
o formado parte de la asociación.
Y ello es consecuencia directa en primera instancia de la existencia constante e histórica
del trabajo sexual como una alternativa económica para las mujeres, lo que
deviene de la construcción disociada de la sexualidad femenina entre la tesis de la
mujer madre y la antítesis de la mujer erótica. De modo que la trabajadora sexual se
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ha significado en el imaginario simbólico como una mujer incompleta, de segunda
clase, pérfida y perdida, una mujer estigmatizada que por ello merece un trato discriminante
y violento. Y los esfuerzos de las agrupaciones aquí mencionadas para
cambiar este significante en la sociedad e incluso en las trabajadoras sexuales asociadas
aún son nimios.
De acuerdo con lo anterior y partiendo de la significación propia, la mayoría de
las entrevistadas dice diferenciar su condición de trabajadora sexual y distanciarse
de los términos puta, prostituta o sexoservidora. En tanto trabajadoras sexuales se
reafirman como mujeres que no lo hacen por gusto “como lo haría una puta” si no
por necesidad, y esta necesidad casi siempre está relacionada con su condición de
madres. Es decir, ven el trabajo sexual como el sacrificio que se tiene que hacer para
darles todo lo necesario a sus hijos, “todo lo que ellas no tuvieron”. No obstante,
aunque su nombramiento resulta per se transgresor para la sociedad y para sus vidas,
-por el hecho de reconocerse como trabajadoras sexuales ante la sociedad-, las causas
de este reconocimiento no están necesariamente ligadas a una contestación del
ordenamiento patriarcal imperante. Si bien reconocen de su derecho para trabajar
como cualquier persona y de su derecho sobre su cuerpo, no han dejado de cargar
con la culpa y el estigma que creen merecer por ser trabajadoras sexuales. Un ejemplo
de ello es la repetición continua con la que Rosa señala que “no está orgullosa de
su trabajo, pero que no se avergüenza de él”, o cuando Susana arguye que ella trabaja
y que las “putas regalan todo a cambio de nada”, sin embargo no le diría a su familia
de su trabajo “porque ellos trabajan honradamente”. Esta carga estigmatizante y
discriminatoria de su trabajo buscan neutralizarla con la exaltación del motivo de su
trabajo, en su papel como madres responsables, que trabajan y “sacan adelante a sus
hijos”.
Es importante mencionar que su reconocimiento como trabajadoras sexuales parece
no abonar a la eliminación de la identidad sexual disociada de la mujer, ya que las
mujeres aquí entrevistadas no están poniendo en cuestión la representación del ser
mujer y la dicotomía entre reproducción y erotismo, de hecho este nombramiento
posibilita marcar públicamente la diferencia entre ellas como mujeres trabajadoras y
las que consideran las mujeres putas.
Así, se observa que si bien la asociación ha contribuido a su reconocimiento público
como trabajadoras sexuales, a la visibilidad de los abusos que sufren y a poner el foco
de la atención institucional en ellos, esto no ha asegurado que se cuestione el origen
genérico y cultural del que deviene el trabajo sexual, de ahí que las relaciones que
mantienen las trabajadoras sexuales con el cliente no se vean permeadas.
Otro ejemplo de la falta de incidencia en este tipo de relaciones en el caso de las trabajadoras
sexuales que no experimentaron el dominio de un “padrote” o captor, es
que el establecimiento de sus horarios de trabajo ha sido fijado por ellas mismas tanto
antes como después de la organización en las dos agrupaciones. Ello lo sugieren
tanto Susana, como Jimena, Mariana y Amanda. Las experiencias de cada una son
diversas y las formas de ejercer el trabajo sexual también. Desde las que trabajaron

Entre la autonomía relativa y el cuerpo subordinado. La incidencia de la acción...
antes de organizarse en zonas de tolerancia u hoteles, 18 hasta las que desde siempre
han trabajado en la calle, señalan que los horarios en los que trabajan y los días que
trabajan son decisión propia aunque esta decisión siempre está en función de la
afluencia de los clientes y de los tipos de clientes que confluyen en un tiempo y día
específico. Es decir, muchas de las trabajadoras sexuales prefieren trabajar de noche
y los días de fines de semana porque son los momentos en los que la demanda se
incrementa, además cuando ya se tiene tiempo dentro de la actividad y esta se realiza
de forma recurrente en un mismo lugar –una misma esquina-, las personas que recurren
a los servicios se van convirtiendo en clientes recurrentes, de cada semana, cada 15
días o cada mes, lo que condiciona su decisión sobre cuándo trabajar.
Algo similar sucede con la fijación de precios. En la agrupación de Sullivan ellas se
fijan su propio precio, siempre tomando en consideración las características del lugar
donde se está trabajando, los precios cobrados por las demás trabajadoras sexuales,
la competencia y la oferta de trabajadoras sexuales. En GUM hay acuerdos preestablecidos
sobre el precio base de la relación sexual ($ 300.00 pesos). A partir de este
precio las trabajadoras sexuales cobran considerando -como mencioné antes- distintos
factores, por lo que hay trabajadoras sexuales que cobran el precio base, hasta otras
que deciden cobrar $ 50.00 pesos más.
Con respecto de las condiciones bajo las que se realiza el trabajo sexual, estas son
determinadas por las trabajadoras sexuales y al igual que para el caso de los horarios
y los precios, no se ve una incidencia sustancial en el cambio de estas condiciones
o incluso en su validación. Un ejemplo de ello es lo que cuenta Amanda cuando
habla de las formas en las que realizaba la actividad tanto en Monterrey como en el
DF. Señala que la relación sexual en estos dos lugares siempre es la misma, es de 30
minutos e incluye desnudo a la mitad del cuerpo, penetración vaginal, sin besos y
la utilización obligatoria del condón. Con respecto de esta última condicionante, es
desde mediados de los años 80, con la irrupción del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida
(VIH) que la utilización del condón se convierte en una práctica obligatoria
y recurrente en el trabajo sexual, de hecho mediante talleres y cursos las trabajadoras
sexuales aquí entrevistadas se reconocen como promotoras de salud. Así, no obstante
las provocaciones de los clientes por ofrecer más dinero a cambio de una relación
sexual sin condón, la respuesta de las trabajadoras sexuales, dicen es, siempre negativa,
debido a que una relación sexual no protegida podría costarles muchísimo más
que lo que en ese momento el cliente les ofrece.
18 Las zonas de tolerancia tienen la forma de aglomerados habitacionales que se componen por varias
piezas con cuartos y ciertos bares o antros a su alrededor. Aquí las trabajadoras sexuales se encuentran
con los clientes en los bares y si logran pactar la negociación ocupan los cuartos de los alrededores.
En el caso de los hoteles, los dueños de estos permiten a las trabajadoras estar en los lobbys o
entradas, e incluso existe una modalidad en la que ellas rentan un cuarto de hotel y los clientes las
buscan directamente en sus cuartos.
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Un aspecto importante de anotar y que está intrínsecamente relacionado con la elección
del cliente y las condiciones en las que se da el pacto de negociación, es la validación
de estas condiciones. Como se anotó líneas arriba, aunque las trabajadoras
sexuales decidan con quien cerrar la negociación y establecer el intercambio económico-sexual,
el cliente primariamente ya hizo su elección, de modo que la elección
de la trabajadora sexual siempre quedará supeditada a la del cliente por lo que ello
no le podrá asegurar un ambiente libre de riesgo. Siguiendo, en ciertas ocasiones las
condiciones del intercambio son acatadas sin menores contratiempos, sin embargo
como he puntualizado el riesgo en el trabajo sexual es inherente y en todo momento
está latente. Además, la agrupación, como lo veremos más adelante puede incidir en
la creación de ambiente menos riesgosos y más propicios para el trabajo sexual, sin
embargo en el momento en el que la trabajadora sexual entra al cuarto de hotel con
el cliente, el nivel de acción y protección de la agrupación queda permeado y en este
momento es la trabajadora sexual, ella sola, la que tiene que validar estas condiciones
laborales.
Cuando es necesario validar estas condiciones -que resulta ser el momento en el
que el cliente quiere violarlas-, la relación con él suele tornarse ríspida y en muchas
ocasiones violenta. Esto refiere a situaciones en las que el cliente exige y obliga por
un servicio que no pone a disposición la trabajadora sexual o que no se incluye en el
precio pactado – v.g. el sexo oral u anal-, o cuando éste se cree con el derecho de usar
el cuerpo de la trabajadora a su antojo –besarla, tocarla de manera agresiva o incluso
golpearla- por haber pagado por una relación sexual, o uno de los casos más comunes,
que sucede cuando el cliente tras quitarse el condón quiere tener relaciones
sexuales. Todas estos escenarios generalmente terminan en encuentros violentos, en
donde la trabajadora sexual se rehúsa y el cliente busca obligarla, de modo que la
primera tiene que defenderse y enfrentarse violentamente al cliente o en el mejor de
los casos aguantar una serie de insultos y salir corriendo del cuarto de hotel.
De esta manera se puede observar que incluso la validación de las condiciones en
las que se negocia la relación sexual es un riesgo para las trabajadoras sexuales. Y si
bien esta validación es una práctica de autonomía –porque refiere a la defensa de las
convicciones y al respeto por la integridad y el cuidado de la persona–, esta práctica
se está dando en un ambiente violento que atenta contra la persona, su seguridad y
por tanto su construcción como sujeto.
Por otro lado, aunque no se logran observar diferencias sustanciales en las relaciones
de la trabajadora sexual con el cliente entre un momento anterior y otro posterior
a la acción colectiva –de no ser por la ausencia de regentes y “padrotes”–, uno de
los más importantes resultados de la organización en este ámbito relacional son los
mecanismos de defensa grupales. En este sentido, ante el riesgo de su actividad las
trabajadoras sexuales, tanto en GUM como en la agrupación de Sullivan, comienzan
a replegarse y a generar estrategias de defensa en casos de emergencia, esto insisto,
en los radios de acción en los que tiene incidencia la acción colectiva. Estos radios
de acción excluyen como ya mencionamos el momento en el que la trabajadora

Entre la autonomía relativa y el cuerpo subordinado. La incidencia de la acción...
sexual está con el cliente, sin embargo, funcionan en el momento anterior y posterior
del intercambio. Un ejemplo de ello es que ante el retraso en tiempo en la relación
sexual de alguna compañera trabajadora, las demás compañeras comienzan a mandarle
mensajes de texto o hablarle por teléfono a modo de recibir respuesta para
asegurar que la compañera esté a salvo, o de lo contrario tomar acciones como buscarla
o denunciar su desaparición, entre otras. Una acción grupal y preventiva más
es tomar las placas del automóvil del cliente cuando las trabajadoras sexuales tienen
que transportarse con él al lugar del encuentro, ello tratando de tener mayor información
posible en caso de alguna contingencia y de otro lado persuadir al cliente de
que la trabajadora sexual no está sola. Otro de los mecanismos de defensa en caso
de ataques cuando están esperando cliente en la calle es replegarse y atacar en grupo
al ofensor. Como las trabajadoras sexuales en las dos agrupaciones están ubicadas
de manera cercana entre ellas, cuando clientes o ciertas personas las buscan atacar o
insultar, se agrupan en señal de ofensiva y en ocasiones a manera de defensa también
atacan. Al respecto, la representante de GUM, Doña Vicky señala que cuando algún
cliente “se quiere pasar de listo” y las compañeras observan esta situación, ante la indiferencia
de las autoridades por estos abusos, las trabajadoras tienen que defenderse
por cuenta propia y grupalmente, incluso con violencia.
Habiendo hecho un recorrido desde la relación de la trabajadora sexual con el cliente,
podemos señalar que en las dos agrupaciones las prácticas de autonomía referidas
a la toma de decisiones y la libertad de movimiento no muestran modificaciones
sustanciales que nos hagan pensar que la acción colectiva ha incidido en la transformación
de estas relaciones. Ello como ya se venía apuntado se debe a que la
condición de trabajadora sexual organizada solo es asimilada, y esto parcialmente,
por la misma trabajadora sexual y no por el cliente por lo que este sigue tratando la
mayoría de veces con un cuerpo subordinado. Así, como el cliente no ha asimilado
este papel y más aún no conoce de las demandas de las organizaciones, entonces no
puede tener información y nuevos saberes para desde su acción propiciar cambios
sustanciales en esta relación. Ello, sin embargo no implica que la trabajadora sexual
sea un individuo completamente subordinado y en la que no se presentan prácticas
de autonomía relativa.
consideraciones finales
Cuando se habla peyorativamente de las mujeres trabajadoras sexuales como individuos
alienados, esclavizados, victimizados y sobredeterminados se les está sustrayendo
su capacidad para modificar sus relaciones de poder y con ello su posibilidad para
construirse como mujeres libres, independientes, autodeterminadas, es decir como
sujetos constructores de su propia vida.
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liC. maría elena garCía truJillo, liC. CarloS n. mora duro
Tratando de romper con lo anterior, esta investigación parte de la premisa de que
como cualquier persona, las trabajadoras sexuales en tanto individuos inmersos en
una dinámica social y en constante interacción con otras personas, otros saberes y
otros discursos, y mediante la acción colectiva como potenciador de esta interacción,
pueden reflexionar sobre su posición y situación, y más aún, pueden llegar a
cuestionarla y contestarla con acciones. Estas acciones, contestatarias y diferentes a
lo que reclama el orden naturalizado, configuran el proceso de autonomía relativa de
la trabajadora sexual.
En este sentido y con base en el análisis empírico, producto de las entrevistas realizadas
y en razón de la relación de la trabajadora sexual con el cliente podemos establecer
que su proceso de autonomía relativa está lleno de claroscuros y vaivenes entre
su construcción como sujetos y su sujeción como objetos. Pudimos observar que a
menos que se haya pasado por una experiencia en donde la libertad y la capacidad de
decisión de las trabajadoras sea cooptada completamente por un “padrote” o captor,
las diferencias en las prácticas de autonomía que se dan en la relación con el cliente
no son significativas, ya que decisiones del tipo de elegir al cliente, decidir cuándo
trabajar y en qué condiciones e incluso validar estas condiciones, no han sufrido
grandes cambios dada la organización de las trabajadoras sexuales.
No obstante, la acción colectiva ha incidido en la garantía y el aseguramiento de ambientes
en la calle más propicios y seguros proporcionado ello por la fuerza colectiva
de las agrupaciones. Sin embargo, la médula de la problemática del trabajo sexual no
está siendo atacada. Las relaciones con los clientes siguen reproduciendo los vicios
patriarcales y estigmatizantes de la significación de la trabajadora sexual como mujer
objeto que no merece más que un trato violento y discriminador. Y con respecto de
la reflexión propia de la mujer trabajadora sexual, esta no logra permear la disociación
sexual femenina entre la virginidad de la madre y el pecado de la trabajadora
sexual.
Sin embargo, no podemos dejar de darle importancia a los resultados de la acción
colectiva en la generación de empoderamiento colectivo representado principalmente
en su reconocimiento público como sujetos políticos que conocen y sufren su
estigmatización y que exigen el cumplimiento de sus derechos esenciales e incluso de
sus derechos laborales como trabajadoras sexuales. Además de ello, es significativo
rescatar la configuración e implementación de mecanismos de defensa grupales ante
relaciones violentas y conflictivas. Lo anterior si bien no está buscando la eliminación
del trabajo sexual como opción económica para las mujeres y como relación
de dominación masculina por antonomasia, sí posibilita que ante la inminencia de la
existencia de esta problemática, los círculos viciosos y los riesgos en ella se disminuyan
y esto les asegure a las trabajadoras sexuales el cumplimiento –se esperaría que
cabal– de sus derechos como seres humanos, mujeres y trabajadoras.

el aVeniMiento de la VÍctiMa
con el iMPUtado en los delitos
contra la inteGridad seXUal
las excusas absolutorias
luCía GaBriela solavaGione
arGentina
Podemos definir a las excusas absolutorias como: “Causas de operatividad de las
consecuencias del delito de carácter penal sustantivo que, fundadas en razones político-criminales
de diversa naturaleza, actúan como causas personales de exclusión o
levantamiento de la pena merecida por un hecho típico, antijurídico y culpable”. 1
Es decir, existe una valoración legislativa que decide dar prioridad a otros intereses
valorados por el ordenamiento jurídico por sobre el ejercicio del poder estatal de
castigar.
Por último, cabe agregar que la excusa absolutoria extingue la acción penal.
el avenimiento con el imputado
La ley 25.087 2 del año 1999, introdujo importantes reformas legislativas en el Título
III del Código Penal Argentino, referido a los “Delitos contra la Honestidad” los
cuales, a partir de la referida ley, se denominan “Delitos contra la integridad sexual”.
1 Enrique R. Buteler: “Derecho Penal Parte General”, Carlos Julio Lascano, Advocatus, Córdoba, 2002, p. 642.
2 B.O., 14/5/99
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luCía gabriela SolaVagione
Entre estas reformas, es de exclusivo interés del presente trabajo hacer referencia al
artículo 132 del mencionado código, en el cual se introdujo una nueva excusa absolutoria:
el avenimiento de la víctima con el imputado. Así, dicho artículo afirma que:
En los delitos previstos en los artículos 119: 1, 2, 3 párrafos, 120: 1 párrafo y 130 la
víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación
de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda
a las víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con
el imputado. El Tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido
libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración a
la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más
equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima.
En tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá
disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quáter del
Código Penal.
De la lectura del artículo -hoy derogado-, se deduce que la figura del avenimiento
de la víctima con el imputado, configuraba una causal de extinción de la acción o de
suspensión del juicio a prueba. 3 Este efecto extintivo es una derivación lógica de su
carácter de excusa absolutoria.
Asimismo, esta excusa, tenía efectos personales 4 ya que, tal como explicaba Villada:
la extensión del beneficio de la extinción de la acción penal solamente alcanzará al o
a los autores del hecho que haya tenido un vínculo afectivo anterior, digno de tenerse
en cuenta a los fines de la recuperación de una víctima de abuso”. 5
el avenimiento como forma de conciliación
En palabras de Reinaldi, la norma consagraba “la primera admisión legislativa de
conciliación en materia penal”. 6
El fundamento de la inserción de este instituto mediante la ley 25.087, se basaba en
la concepción de asistencia victimológica como la mejor solución de algunos conflictos
y, como el mejor mecanismo de reparación del daño sufrido por la víctima. En
este sentido, Julio Maier hace referencia al “renacimiento de la víctima en el derecho
penal”, destacando la importancia de su intervención en el proceso a los fines de
3
Justo Laje Anaya: “La bendición judicial, el casamiento con la ofendida y el flamante art.132 del
Código Penal”, en Foro de Córdoba, no. 58, Advocatus, Córdoba, 1999, pp. 68 y 69.
4
Ídem.
5
Jorge Viilada: Delitos contra la integridad sexual, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 21.
6
Víctor F. Reinaldi: Manual de Derecho Penal. Parte especial, Ricardo c. Núñez, Marcos Lerner, Córdoba,
1999, p. 127; José Luis Clemente: Abusos sexuales, Marcos Lerner, Córdoba, 2000, p. 154.

El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad sexual
alcanzar, a través de ello, un resarcimiento del daño causado por el hecho delictivo.
Así, Maier sostiene que estas alternativas de composición: “resultan hoy soluciones
posibles, para desplazar a la coacción penal o para suavizarla…en ciertos delitos que,
a pesar de su gravedad, generan costos adicionales para la víctima, si no se procede
de esa manera, costos que no están en relación con el daño social estimado, y sobre
los cuales sólo la víctima puede decidir, dado el carácter predominantemente privado,
íntimo, del interés protegido”. 7
Estas ideas, se fundamentan en la consideración de la “reparación” como tercera vía
del Derecho Penal, que fuera desarrollada por Claus Roxin. Este autor sostiene que:
Es recomendable construir la reparación, al lado de la pena y la medida como un ‘tercer
carril del Derecho Penal’. Así como la medida sustituye o complementa la pena, en
aquellos casos en los cuales éstas últimas, en razón del principio de culpabilidad, no
se puede justificar o sólo se puede justificar limitadamente, la reparación sustituiría o
atenuaría complementariamente a la pena, en aquéllos casos en los cuales convenga
tan bien o mejor a los fines de la pena y a las necesidades de la víctima, que una pena
sin merma alguna. Así como el principio de culpabilidad reclama el segundo carril de
la medida, el principio de subsidiariedad suministra la legitimación político-jurídica de
la reparación. Ella es un instrumento autónomo para la consecución de los fines de la
pena, evitándola o atenuándola”. 8
requisitos de procedencia de la figura
Procederé, ahora, a detallar los requisitos que, estando vigente el avenimiento, eran
necesarios para la procedencia de esta figura. En relación a los delitos que, exclusivamente,
podían ser abarcados por el beneficio del avenimiento, estos surgían del
derogado artículo 132 del Código Penal. Estos eran:
• Tipo básico de abuso sexual (artículo 119, párrafo primero).
• Figura agravada de abuso sexual por haber configurado el hecho un sometimiento
sexual gravemente ultrajante para la víctima (artículo 119, párrafo
segundo).
• Figura agravada de abuso sexual por haber existido acceso carnal por cualquier
vía (artículo 119, párrafo tercero).
• Abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima consentidora
(artículo 120, párrafo primero).
• Voluntad o aún con ella, si se tratara de menores de 16 años (artículo 130).
7 Julio B.J. Maier: “La víctima y el sistema penal”, en De los delitos y de las víctimas, Ad-Hoc, Buenos Aires,
1992, pp. 246 y 247.
8 Claus Roxin: “Fines de la pena y reparación del daño”, en De los delitos y de las víctimas, Ad-Hoc, Buenos
Aires, 1992, p. 155.
1

2
luCía gabriela SolaVagione
Repecto a la terminología utilizada por la norma, podemos decir que la palabra
“avenir”, según la Real Academia Española, significa concordar, ajustar las partes
discordes o bien, componerse o entenderse bien con alguien o algo. 9 En este sentido,
Villada sostenía que el avenimiento requería de un trabajo de mediación y recomposición
de vínculos entre agresor y damnificado. 10
Otro de los requisitos fundamentales de procedencia, era que la propuesta de avenimiento
fuera formulada libremente por la víctima y en pie de igualdad. Esta propuesta,
decía Laje Anaya, debía reconocer su fuente en la iniciativa de la persona
ofendida de modo tal que, si tenía su origen en el imputado, esta carecía de valor
como tal. 11 Para este autor, “libre propuesta” implicaba que esta fuera producto de
un hecho voluntario, ejecutado con discernimiento, intención y libertad (artículos.
897, 921, 922 y concordantes C.C.). Así, afirmaba que: “La propuesta debe ser
formulada libremente; es decir, en la medida en que se considere que ese acto es la
consecuencia inmediata de una voluntad expresa, no viciada por error, ni por amenazas,
o por alguna otra causa que hubiese privado del discernimiento”. 12 Es decir, para
el autor, era “libre” el consentimiento de la víctima que satisfacía los requerimientos
civiles. Sin embargo, otro sector de la doctrina entendía que no cabía afirmar que la
libertad era únicamente excluible por error, amenazas, ignorancia o incapacidad derivada
de la menor de edad o de la insuficiencia mental. En esta dirección, Traballini
de Azcona explicaba que el despliegue de ciertas conductas o el aprovechamiento de
ciertas situaciones debían ser –a partir de la reforma de la ley 25.087- considerados,
también, como medios comisivos de los delitos contra la integridad sexual y que, si
bien se encontraban excluídos de los clásicos medios civiles de viciar el consentimiento,
debían ser tenidos en cuenta como posibles elementos que obstaban al libre
consentimiento de la víctima. 13 En idéntico sentido, se sostuvo que: “se amplían los
nuevos factores que anulan el libre consentimiento más allá de la fuerza y la intimidación,
incluyendo los supuestos de coacción, engaño, abuso de poder, aun cuando
fuera en el marco de relaciones conyugales o de concubinato, e incorporando otras
relaciones de autoridad y jerarquía que fuercen el libre consentimiento”. 14
Respecto al contenido que debía tener el avenimiento, la ley guardaba silencio, existiendo
diversas posturas doctrinarias en torno a ello. Siguiendo una tesis amplia,
Creus sostenía que el avenimiento podía o no consistir en una propuesta de matrimonio
y agregaba, asimismo, que aquél: “no tiene que consistir, forzosamente, en un
9 RAE vigésima segunda edición.
10 Jorge Villada: Delitos contra la integridad sexual, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 20.
11 Justo Laje Anaya: “La bendición judicial, el casamiento con la ofendida y el flamante art.132 del
Código Penal”, en Foro de Córdoba, no. 58, Advocatus, Córdoba, 1999, p. 66.
12 Ídem.
13 Mónica A. Traballini de Azcona: “Las desavenencias de un avenimiento –A propósito del nuevo art.
132 del Código Penal-, en Pensamiento penal y criminológico, año II, no. 2, Mediterránea, Córdoba, 2001,
pp. 296 y 297.
14 Exposición de Motivos del proyecto de ley elevado por los diputados Carrió, Carca, Fayad y Bravo.

El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad sexual
acuerdo de contenido económico.” 15 En otra postura más restrictiva, Laje Anaya 16
entendía que la única propuesta que podía hacerse era la propuesta matrimonial.
Arocena, 17 por su parte, afirmaba que la composición entre autor y víctima podía
ser a través de cualquier medio, siempre que éste permitiera la mejor satisfacción de
los intereses de esta última. Sin embargo, aclaraba el auto, que no era suficiente el
perdón liso y llano de la ofendida como forma de avenimiento.
Además, el texto legal requería que la víctima fuera mayor de 16 años y que tuviera
con el imputado del delito sexual una “especial relación de carácter afectivo preexistente,
o existente al momento de la comisión del delito”. 18 Así, el avenimiento
se limitaba “a una persona a la cual se está ligado, vinculado por sentimientos que
traducen una determinada unión espiritual permanente, rota o quebrantada por el
conflicto que ha creado el imputado, por la comisión del delito. En este sentido, el
avenimiento deberá concretarse, por ejemplo, con el concubino, con el novio o prometido,
hayan vivido, o no hubiese vivido, bajo un mismo techo.” 19
Como se dijo anteriormente, era la víctima la que debía formular la propuesta de
avenimiento, siendo potestad facultativa del tribunal aceptar, de manera excepcional,
dicha propuesta. En caso de hacerlo, el artículo 132 Código Penal, establecía que la
acción penal quedaba extinguida, pudiendo el tribunal en lugar de ello, disponer la
suspensión del juicio a prueba.
Arocena explicaba que, a los fines de decidir sobre la procedencia o no del avenimiento,
el tribunal debía tener en cuenta si se verificaban los recaudos que imponía
la ley. Así, sostenía este autor, el órgano jurisdiccional debía tener en cuenta: “la
existencia de una expresa y libre manifestación de voluntad del proponente, la situación
de igualdad con el imputado, si se da la especial y comprobada relación afectiva
preexistente y si el avenimiento propuesto se erige en el modo más equitativo de
armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima”. 20
15 Creus, Carlos, “Delitos sexuales según la ley 25.087”, en Jurisprudencia Argentina, no. 6151, del 21/7/99, p. 7.
16 Justo Laje Anaya: Ob. cit., p. 62.
17 Gustavo A. Arocena: Delitos contra la integridad sexual, Advocatus, Córdoba, 2001, p. 189.
18
Justo Laje Anaya: Ob. cit., p. 63.
19
Ídem.
20
Gustavo A. Arocena: Ob. cit., 189 y 190.
3

el caso “Figueroa”
luCía gabriela SolaVagione
Carla Figueroa y Tomaselli se conocieron cuando él tenía 19 años y ella 15. A esa
edad, la adolescente quedó embarazada y, de la pareja, nació un hijo. La relación se
fue deteriorando y decidieron separarse. Luego de pocos meses, Tomaselli fue a buscar
a la víctima al trabajo, la llevó a un descampado y la sometió sexualmente, según
denunció ella de manera inmediatamente posterior al hecho. Tras la investigación
policial, el hombre quedó detenido por “abuso sexual agravado por uso de arma” ya
que, en base a la imputación y la prueba recolectada, pudo determinarse que, efectivamente,
este había amenazado a Figueroa con un arma blanca. Además, y según el
análisis del hisopado realizado sobre la víctima, se comprobó que había existido una
violenta violación.
Mientras transcurría la instrucción de la causa, y luego de estar Tomaselli siete meses
preso, Carla pidió que se le conceda el avenimiento. En una primera instancia, la
Audiencia de Juicio de General Pico negó por unanimidad el recurso. El tribunal,
conformado por Alfredo Alonso, Florentino Rubio y Carlos Federico Pellegrino,
consideró que la joven no estaba en condiciones de dar un consentimiento libre y
pleno, dada la situación traumática y violenta que había vivido de manera reciente.
Los magistrados mencionados, tomaron en cuenta un informe que advertía sobre “el
colapso psicológico” que le provocó a Figueroa la violación, cuyas secuelas “perduran
en el tiempo”. Además, el tribunal sostuvo que al momento del hecho delictivo
no existía, entre la víctima y el imputado, ninguna relación de índole afectiva, pues
“la misma ya había cesado con la separación y de forma tan contundente, conforme
surge de la naturaleza del hecho (la violación)”.
El fiscal Alejandro Gilardenghi, en representación del Ministerio Público Fiscal,
(y quien presentó la acusación contra Marcelo Tomaselli, por el delito “homicidio
agravado por el vínculo en grado de autor”, en perjuicio de Figueroa) también se
opuso al avenimiento. Alegó que era evidente “la presión ejercida sobre la víctima”,
quien no había contado a lo largo del proceso “con ningún tipo de contención”,
encontrándose “prácticamente desamparada a nivel emocional sin ningún tipo de
protección o resguardo por parte de su círculo familiar o social”. A criterio del fiscal
el pedido de avenimiento era una estrategia “defensiva” del imputado. Asimismo,
Gilardenghi, expuso que la propuesta del avenimiento no debió ser ni siquiera considerada,
puesto que no se daba uno de los presupuestos legales que la norma exigía: el
delito no encuadraba en los casos establecidos por el artículo 132 Código Penal (por
ser un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas).
Pero la decisión fue apelada y el caso llegó al Tribunal de Impugnación Penal de
Santa Rosa, integrado por los jueces Pablo Tomás Balaguer, Carlos Antonio Flores
y Gustavo Adolfo Jensen. El fallo fue dividido. Balaguer se pronunció en contra
del avenimiento, retomando argumentos de la sentencia de la Audiencia de Juicio.
Flores, a favor. Finalmente, Jensen, a cargo de la presidencia del Tribunal, inclinó la
balanza y apoyó la propuesta de la víctima y su victimario.

El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad sexual
los fundamentos del tribunal
Para el magistrado Flores, era atinado admitir el avenimiento, dado que consideró
acreditada “la relación afectiva preexistente por los dichos de la joven y del imputado
ante el juez de Paz de General Pico”.
A pesar de haber reconocido que “las agresiones sexuales entre personas unidas
afectivamente se suelen dar en un contexto de una relación abusiva basada en la
desigualdad, en donde existe un agresor dominante y una víctima doblegada”, el funcionario
consideró que la propuesta de avenimiento fue “real y sincera”. Asimismo,
Flores se fundó en los deseos de la víctima respecto de que “la causa se termine para
lograr una adecuada convivencia familiar” y sostuvo que el otorgamiento de la libertad
a Tomaselli era “el modo más equitativo de armonizar el conflicto, no solamente
en resguardo del interés de la víctima sino del hijo de ambos”. “Negar la posibilidad
de avenimiento en tales condiciones significaría sustituir autoritariamente el interés
y voluntad de la víctima por un interés público, que como señala la jurisprudencia,
resulta secundario en delitos de esta naturaleza”, sentenció.
En posición contraria, el juez Pablo Tomás Balaguer, votó en disidencia al entender
que “el consentimiento por parte de la mujer no fue formulado con libertad, por no
estar en un plano de igualdad, circunstancias en que la posicionan en una difícil historia
de vida y que la colocan en una evidente situación de vulnerabilidad”. Entre sus
fundamentos, remarcó el brote psicológico “que tan violento ultraje le ocasionó a la
peticionante, considerando además que las secuelas de ello perduran en el tiempo,
sin que le permitan aceptar seriamente que ella esté en condiciones de formular una
propuesta de manera libre e igualitaria”. Y agregó que: “A los efectos postraumáticos
del hecho violento que denunció en contra de Tomaselli, se deben agregar aquellas
circunstancias trágicas que debió padecer la víctima a partir de los ocho meses de
vida cuando su padre mató a su madre, y como consecuencia de ello debió criarla
la abuela materna, en cuyo transcurso conoció a Tomaselli, con quien a temprana
edad (15 años) tuvieron un hijo”. Balaguer entendió que “todas estas circunstancias,
colocan a Figueroa en inferioridad de condiciones respecto del imputado, en especial
si se tiene en cuenta que la propuesta fue a instancia de Tomaselli por intermedio
de quien ejerce su defensa, teniendo como único y excluyente objetivo adquirir la
inmediata libertad y la extinción de la acción del hecho por el que fuera acusado”.
Finalmente, Balaguer resumió: “En definitiva no encuentro la equidad que exige la
norma con su aplicación y menos aún, que se esté resguardando a la víctima respecto
de algo que no se encuentra en condiciones de decidir, como no tuvo posibilidades
antes de poder resolver otras cosas en su vida, con la diferencia que no estaba involucrada
la jurisdicción”.
Por su parte, Gustavo Jensen, presidente del Tribunal de Impugnación Penal, votó
de manera coincidente con Flores, resolviendo así, concederle la libertad al violador.
Entre sus argumentos, Jensen reconoció que si bien resulta difícil “predecir el futuro

luCía gabriela SolaVagione
de dos personas que han decidido contraer matrimonio en forma libre y voluntaria”,
no era su intención negarle una oportunidad a la pareja. Así, sostuvo que:
Entiendo perfectamente la desconfianza que la experiencia tribunalicia ha generado en
los magistrados del tribunal a-quo ante planteos de esta naturaleza, pues no soy ajeno a
la utilización de subterfugios de este tipo para eludir la persecución penal, pero no por
ello habré de caer en el error de negarle la oportunidad a quien lo peticiona de perdonar
a su agresor y de convivir con él si así lo desea, pues en definitiva nuestra tarea consiste
en solucionar los conflictos que nos traen en la forma más armónica para el interés de
las partes, sin descuidar la protección de la víctima.
A estos fines, ordenó que se practiquen controles y medidas de apoyo asistencial y
psicológico sobre los miembros del grupo familiar para comprobar la voluntad de
convivencia y “evitar nuevos hechos de violencia.
Así, el Tribunal concedió el avenimiento y delegó en la Audiencia de Juicio de Pico
“la imposición de las reglas de conducta pertinentes y por el término que estime
corresponder, a fin de verificar la efectiva convivencia” de los recién casados y “la
implementación de controles asistenciales y psicológicos tendientes a evitar la producción
de nuevos hechos de violencia de género entre los ahora consortes”.
Tras apenas ocho días de obtener Tomaselli su libertad, este asesinó a Figueroa de
varias puñaladas. El femicidio ocurrió en la casa que compartían desde hacía una
semana en General Pico (Provincia de La Pampa, Argentina).
Fuentes policiales revelaron que la víctima presentaba varias heridas de arma blanca
en distintas partes del cuerpo, en el cuello y el tórax, siendo encontrada al lado de la
cama. Cuando la policía llegó a la vivienda del matrimonio, el homicida se encontraba
en la cocina con las manos ensangrentadas y el hijo de ambos, en sus brazos. Tal
como sostuvo la subdirectora de Políticas de Género de la capital pampeana, este
episodio “es otro femicidio que se suma a la estadística del país y desnuda la falta de
perspectiva de género de los operadores judiciales”.
la derogación del artículo 32 del código Penal
El mes de marzo pasado, la Cámara de Diputados de la República Argentina aprobó
por unanimidad y convirtió en ley el proyecto que deroga la figura del “avenimiento”
del Código Penal.
El proyecto de ley, que dio lugar a la derogación de esta figura, se concluyó en el
“Primer Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia” realizado en
Mendoza, Argentina, del 9 al 11 de Noviembre de 2009.

El avenimiento de la víctima con el imputado en los delitos contra la integridad sexual
La ponencia que lo propone se titula “Niños Víctimas y Testigos: Una cuestión de
Justicia y de Derechos” de la comisión 3 A Derechos del Niño, Víctima y testigo de
delito.
Los argumentos que presenta el trabajo citado para fundamentar la derogación del
artículo 132 del Código Penal, son sólidos. Entre ellos, se cita la opinión de Marcelo
Altamirano, Fiscal de Cámara de la Provincia de Córdoba, quien asegura que si la
víctima tiene de dieciséis a dieciocho años no cabría el avenimiento, porque iría en
contra de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, Altamirano explica
que, cuando la ofendida del delito contra la integridad sexual es mujer (que es
la enorme mayoría -sino totalidad- de casos), el avenimiento con el imputado entra
en contradicción con los nuevos paradigmas de género vigentes en el ordenamiento
jurídico argentino. Esto se deduce explícitamente de la sola lectura de los artículos
9 y 28 de la Ley de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres” (26.485), sancionada en 2009. El artículo 28 prohíbe,
expresamente, las audiencias de conciliación y mediación entre las partes, mientras
que el artículo 9, inciso e, sostiene que, a los fines de lograr los objetivos de la ley
en cuestión, el Consejo Nacional de la Mujer, “deberá garantizar modelos de abordaje
tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la
naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que
contemplen formas de mediación o negociación.”
opiniones críticas de la figura
Numerosas personalidades del derecho y la política se han manifestado férreamente
en contra del hoy derogado artículo 132 del Código Penal.
La senadora Sonia Margarita Escudero, en su discurso en el recinto, sostuvo que:
“En estos casos, hay una situación de vulnerabilidad; nunca puede haber una situación
de igualdad y de libertad para decidir”. “Este avenimiento es un dispositivo
discriminatorio. Es un resabio de otra época. En el actual nivel de nuestra sociedad,
resulta inconcebible que haya sido usado en 2011 por jueces de nuestra nación”,
agregó Escudero.
Por su parte, Ana María Corradi de Beltrán dijo que el “avenimiento no puede ser
admitido” en la Argentina. “No puede ser que un violador vea extinguida su pena
porque su mujer o su pareja, por temor o dependencia económica, lo perdone”. Y
agregó: “Debemos seguir trabajando para garantizar los derechos de la mujer y hoy
tenemos la posibilidad de hacerlo”.
María Higonet, senadora por La Pampa, dijo que “la figura del avenimiento tiene un
nombre: Carla Figueroa” y reclamó su inmediata eliminación. “El avenimiento está
manchado de sangre. De 10 puñaladas. Esta figura retrógrada va en camino opuesto
a las conquistas de derecho de las mujeres”, dijo.

luCía gabriela SolaVagione
Otro senador, Aníbal Fernández, sostuvo que es “imperioso” que se trate una ley de
femicidio en los próximos meses y expresó que: “También debemos trabajar contra
la ‘cosificación’ de la mujer en los medios de comunicación”.
De igual modo podemos mencionar la opinión de Victoria Donda, una de las diputadas
más partidarias de la desaparición del avenimiento, quien afirmó en la Cámara
de Diputados que la figura del avenimiento “diluye e invisibiliza las causas y consecuencias
de la violencia de género, pues es difícil considerar que un pedido de avenimiento
por parte de la víctima pueda llegar a ser libre de presiones y en condiciones
de plena igualdad.”
Por su parte, el Dr. Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación Argentina, criticó la institución del avenimiento, institución que permitió
concederle a Marcelo Tomaselli su libertad y, de esta forma, matar a su cónyuge. “El
Código Penal contiene una pieza arqueológica, en definitiva, ¿por qué el delito de
violación es el único que puede tener esa excusa absolutoria?”, cuestionó Zaffaroni,
y añadió: “Sería más lógico que lo tuviera (al avenimiento) el robo: me llevo algo, lo
devuelvo, pido perdón, en fin, arreglo la casa un mes, tiene más razón”. “Pero en la
violación con violencia, violación propia, me parece que es una pieza arqueológica
que quedó en el Código”, remarcó el jurista.
conclusión
Desde mi punto de vista considero que, si entendemos que los hechos de abuso o
violencia sexual entre parejas se dan en un marco de sumisión de la mujer hacia el
varón, es inevitable deducir que la utilización de la figura del avenimiento posibilita el
acaecimiento de situaciones de presión y coacción sobre la mujer abusada por parte
de aquel con quien comparte una relación afectiva.
Es, principalmente, por este motivo que creo que la derogación del artículo 132 del
Código Penal argentino, ha sido una medida positivamente progresiva en cuanto a la
salvaguarda de los derechos de las mujeres víctimas de abusos contra su integridad
sexual y un paso favorable más hacia la plena igualdad de condiciones entre el varón
y la mujer en la lucha contra la discriminación de género.

sobre los aUtores
MsC. aBel raMón iBarra Quevedo
Cuba
Miembro de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de Holguín. Profesor de la Filial
Universitaria del MININT, graduado como especialista en Derecho Penal.
aGnete strøM
Noruega
Es una de las fundadoras del Frente de Mujeres Noruegas 1 y es su coordinadora
internacional. Graduada en la Universidad de Bergen, en Literatura Nórdica y hasta
muy recientemente ha trabajado para el Municipio de Bergen, en su programa de
divulgación, y es miembro del Consejo Directivo de la Coalición contra el Tráfico de
Mujeres – Internacional.
1 El Frente de Mujeres es una organización independiente en Noruega, fundada en 1972.
Es una organización feminista radical, que trabaja contra todas las formas de opresión que
experimentan las mujeres y las niñas en una sociedad dominada por los hombres, entre
ellas: las económicas, sociales, políticas, legales y culturales. La organización ha trabajado
activamente por 30 años, luchando contra la prostitución, entre otros temas. Cuando entró
en vigor la Ley que criminaliza al comprador de actos sexuales, el 1 de enero de 2009,
alcanzamos una importante meta de nuestra organización. El Artículo Una Mirada a los 30
años de lucha contra la prostitución por el movimiento de liberación de mujeres en Noruega, describe la
lucha que emprendimos para hacer que esto pasara.
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52
MsC. aida teresa torralBas Fernández
Cuba
Licenciada en Psicología por la Universidad Central de las Villas, 1997. Profesora
auxiliar del Departamento de Psicología de la Universidad de Holguín. Pertenece al
Núcleo de Estudios de Género de dicha universidad coordinando el área de Género
y Violencia, temática en la que desarrolla sus investigaciones. Máster en Psicología
Clínica. Universidad de la Habana (2010) Maestrante de la cuarta edición de la Maestría
en Estudios de género de la Universidad de la Habana.
dra. alda FaCio MonteJo
Costa Rica
Doctora en Derecho. Abogada, académica y autora de innumerables publicaciones,
de reconocido prestigio a nivel internacional. Es Máster en Jurisprudencia Comparada
y Derecho Internacional con énfasis en Derecho de la Mujer de la Universidad de
Nueva York (NYU) y Directora del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD).
dra. aliCia GarCia de solavaGione
Argentina
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la U.N.C. Profesora de Derecho de
Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina. Especialista en Derecho de Familia por la
U.N.C. Miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho.
Miembro Corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de
la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Fiscal Civil, Comercial y Laboral del Poder
Judicial de la Prov. de Córdoba.
liC. ana B. Mirete ruíz
España
Universidad de Murcia.
MsC. ana María pozo arMenteros
Cuba
Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, 1984. Máster en Sexualidad por el Centro Nacional de Educación Sexual-
Universidad Médica de La Habana, 2008. Directora del Centro de Información de
La Habana de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Mediadora de la Corte Cubana
de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio de la República de
Cuba. Título de Especialista en Mediación: Ámbitos de actuación y técnicas aplicadas
en la Resolución de Conflictos por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
la Universidad Complutense de Madrid 2011.

MsC. andré aristóteles da roCha Muniz
Brasil
Máster en Administración y Profesor del Instituto Federal de Educación,
Ciencia y Tecnología del Norte de Minas Gerais - Campus Januária. Líder del Centro
de Investigación en Administración Pública y Gestión Social – NUAPEGS.
dr. andrés esCarBaJal Frutos
España
Universidad de Murcia.
proF. andrew rudYk
United States
Department of Public Management. John Jay College of Criminal Justice.
anGela M. ruBio
Colombia
Estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, Investigadora
en problemas de género.
liC. asunCión Miura
España
Licenciada en Derecho. Miembro del Comité Directivo de la CATW. Representante
para España de la CATW. Miembro fundadora de la “Comisión para la Investigación
de Malos Tratos a Mujeres”. Miembro de la Red Mediterránea contra la Trata”.
liC. Carina Bordes
Uruguay
Licenciada en Psicología. Integrante de la ONG “Instituto Mujer y Sociedad” 2 .
Coordinadora de cursos y talleres dentro de la institución y hacia la comunidad. Supervisora
de casos clínicos vinculados a la temática. Integrante del equipo interdisciplinario
de atención en Violencia Doméstica del Dpto. de Canelones en convenio
con el Ministerio de Desarrollo Social. Psicoterapeuta Habilitante de la Asociación
Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica.
2 Instituto Mujer y Sociedad, ONG que forma parte de la Red Uruguaya de Lucha Contra la
Violencia Doméstica y Sexual. Brinda asistencia directa desde lo jurídico y psicosocial con
una perspectiva de género, en las temáticas de violencia doméstica a mujeres, niñas, niños
y adolescentes así como en maltrato y abuso sexual infantil.
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54
liC. Carlos n. Mora duro
México
Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México.
Maestrante por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede México. Ha
trabajado en las líneas de investigación de Divulgación de la Ciencia, Etnografía de
Comunidades Virtuales, Sociología de la Religión, Sociología Cultural y Retórica
Política.
aBG. Cristina rosero arteaGa
Colombia
Abogada de la Universidad de Nariño. Especialista en Instituciones Jurídico Procesales
de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la maestría en Derecho
Procesal Universidad de Medellín en convenio con la I.U.CESMAG, Pasto. Docente
investigadora de la Institución Universitaria CESMAG– Colombia. Directora del
Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Sede Pasto.
proF. dan suBotnik
United States
Professor of Law. Touro College, Jacob D. Fuchsberg Law Center.
liC. daYaMi Martínez Castellanos
Cuba
Fiscal especialista en protección de Derechos ciudadanos de la Fiscalía Municipal
de Placetas, Villa Clara. Profesora Instructora. Miembro Asociado de la Sociedad
Cubana de Derecho Internacional.
liC. daYannY roMero Bartolo
Cuba
Socióloga. Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF). Asociación de
Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC). Asociación Cubana de Comunicadores Sociales
(ACCS).
liC. denia esther álvarez villar
Cuba
Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad de
La Habana, 2009. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana,
imparte las asignaturas Derecho Internacional Público y la optativa Género y
Derecho.

MsC. diana MarCela BustaMante aranGo
Colombia
Docente Universitaria. Estudiante de Doctorado en Humanidades, Universidad
EAFIT- Colombia; Máster en Defensa de los derechos humanos y litigo internacional
(Universidad Santo Tomás-2011); especialista en derecho privado (Universidad
Pontificia Bolivariana-2008); abogada (Universidad Santiago de Cali-2006); Licenciada
en literatura (Universidad del Valle-2006). Coordinadora del Comité de Investigaciones
de la Facultad de Derecho y Líder del Grupo Investigación Problemas
Contemporáneos del Derecho, Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali;
docente pregrado de la cátedra derecho internacional y relaciones internacionales;
docente de posgrados en las cátedras de SIDH y DIH en la maestría en derecho
(Universidad Santiago de Cali).
aBG. dora CeCilia saldarriaGa Grisales
Colombia
Abogada, Especialista en Estudios Urbanos, Candidata a Máster en Derechos Humanos
y Democratización; docente tiempo completo en el área de derecho constitucional
y derechos humanos, Coordinadora semillero de investigación en género
y derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Línea de investigación:
Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas.
dra. dorYs Quintana Cruz
Cuba
Dra. en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Máster
en Derecho Internacional Público por la Universidad de La Habana. Profesora
Titular de Derecho Internacional Público del Instituto Superior del MININT.
Profesora adscripta al Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario.
CEDIH. Secretaria de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión
Nacional de Juristas de Cuba.
liC. elena MaBel Batista
Uruguay
Lic. en Psicología, Psicodramatista. Integrante fundadora de la ONG “Instituto Mujer
y Sociedad”, que forma parte de la Red Uruguaya de Lucha Contra la Violencia
Doméstica y Sexual. Asistencia directa, estudio e investigación en las temáticas de
género, violencia doméstica, maltrato y abuso sexual infantil. Coordinadora de talleres
dentro de la institución y hacia la comunidad. Supervisora de casos clínicos
vinculados a la temática. Integrante de la “Lista de Peritos en Violencia Doméstica”,
por resolución del Ministerio de Educación y Cultura, Instituto Nacional de la Familia
y de la Mujer.
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dra. esther viCente
Puerto Rico
J.D., LLM, Phd, Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico. Integrante de la Red de Académicos y Académicas de Derecho
de América Latina y el Caribe, del Seminario de Teoría Constitucional y Política en
Latinoamérica (SELA), Colegio de Abogados de Puerto Rico, American Bar Association,
Society of Mixed Jurisdictions Jurists.
evanGelina Cruz dávila liC
México
Estudiante de la Maestría en Desarrollo Local en la Facultad de Ciencias Sociales,
UNACH. Integrante del proyecto CONACYT-CIESAS-UNICACH “La aplicación
de protocolos contra la violencia de género”.
MsC. Fernando de Jesús eCherri Ferrandiz
Cuba
Especialista en Asesoría Jurídica. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Central Marta Abreu de Las Villas. Profesor Auxiliar Principal de la asignatura
Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Central de Las Villas.
Es Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social y
Vicepresidente de su Capitulo Provincial. Es miembro de la Sociedad Cubana de
Derecho Procesal y Presidente de la Junta Directiva Provincial de la Unión Nacional
de Juristas de Cuba en Villa Clara.
MsC. FiladelFa vidal aGuilar
Cuba
Profesora y Decana de Honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Holguín.
Presidenta del capítulo provincial de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, y
miembro de la Junta Directiva Nacional de esta sociedad. Miembro de la Junta Directiva
Provincial de Holguín y del Consejo Nacional de la Unión de Juristas de Cuba.
dra. Fuensanta hernández pina
España
Universidad de Murcia.
liC. GaBriela GiosCia
Uruguay
Licenciada en Psicología. Integrante de la ONG “Instituto Mujer y Sociedad”, que
forma parte de la Red Uruguaya de Lucha Contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Asistencia directa, estudio e investigación en las temáticas de género, violencia doméstica,
maltrato y abuso sexual infantil. Coordinadora de cursos y talleres dentro

de la institución y hacia la comunidad. Supervisora de casos clínicos vinculados a la
temática. Integrante del equipo interdisciplinario de atención en Violencia Doméstica
del Dpto. de Canelones en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.
liC. Giselle paret GarCía
Cuba
Abogada en ejercicio del Bufete Colectivo Víbora, Diez de Octubre, adscrito a la Organización
Nacional de Bufetes Colectivos –ONBC-, colaboradora del CENESEX
y miembro de la Red de Juristas del CENESEX por los derechos sexuales.
liC. GraCiela piGnataro
Uruguay
Licenciada en Psicología. Integrante de la ONG “ Instituto Mujer y Sociedad” atendiendo
niñas/os y mujeres víctimas de Violencia Doméstica. Integrante del Equipo
de Niños de Salud Mental del Hospital “Las Piedras” -Departamento de Canelones-
MsC. herMinia rodríGuez paCheCo
Cuba
Filósofa, Periodista, Docente. Especialista del Centro de Estudios de la Mujer, Federación
de Mujeres Cubanas. Profesora Asistente de la Facultad de Comunicación,
Universidad de La Habana.
MsC. irelYs sánChez Fernández
Cuba
Centro de Estudios de la Mujer. Federación de Mujeres Cubanas.
MsC. irina Colina orteGa
Cuba
Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana. Máster en Derecho Constitucional
y Administrativo. Miembro de número de la Sociedad Cubana de Derecho
Constitucional y Administrativo. Asesora Jurídica.
liC. isis santos Quian
Cuba
Licenciada en Ciencias Jurídicas, 2012. Asesora Legal del Ministerio de Turismo.
dra. ivonne pérez Gutiérrez
Cuba
Doctora en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de La Universidad de La
Habana, 2011. Master en Derecho Mercantil. Profesora Titular de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana. Es profesora principal de la asignatura
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5
Derecho Procesal Civil, también imparte Derecho Civil parte general, así como es
coordinadora y profesora de la asignatura optativa “Redacción de Documentos Jurídicos”.
Abogada en ejercicio de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
Secretaria de la Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la
Unión Nacional de Juristas de Cuba.
dr. Javier J. MaQuilón sánChez
España
Universidad de Murcia.
Jhon Jairo lópez silva
Colombia
Estudiante de 5to año de Derecho, de la Universidad de Medellín, es Conciliador de
la misma Universidad, y es el Tesorero de la Fundación “Dame Tu Mano”. j
proF. José GaBilondo
Estados Unidos
Profesor Asociado de Derecho, Universidad Internacional de la Florida, Miami.
dr. Julio César González paGés
Cuba
Profesor Titular. Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana. Coordinador
General de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades.
katherine CordoBa
Colombia
Estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, Investigadora
en problemas de género.
katherine pérez herrera
Colombia
Estudiante de 5to año de Derecho, de la Universidad de Medellín, Representante
Legal de la Fundación “Dame Tu Mano”, y participo en uno de los Proyectos de la
Universidad y la Defensoría del Pueblo.
laura luCia Guio dueñas
Colombia
Estudiante de 5to año de Derecho, de la Universidad de Medellín, hizo parte de la
Clínica Jurídica de la misma universidad, participando en el Proyecto de Consulta
Previa a las Comunidades Afrodescendientes en el Departamento de Antioquia.

liC. lerMa rivero soto
Cuba
Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana. Maestrante en Derecho
Constitucional y Administrativo. Miembro de número de la Sociedad Cubana de
Derecho Constitucional y Administrativo.
MsC. lien Más zurita
Cuba
Centro de Estudios de la Mujer. Federación de Mujeres Cubanas.
MsC. liliana aMBuila
Colombia
Abogada, Máster en defensa de derechos humanos y derecho internacional humanitario,
Defensora de derechos humanos, investigadora en temas de género, Docente
Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto.
luCía GaBriela solavaGione
Argentina
Estudiante con mejor promedio de la Promoción 2008 de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ayudante alumna en la
cátedra de Derecho Penal II.
MsC. lYdia Guevara raMírez
Cuba
Consultora legal. Consultores y Abogados Internacionales, CONABI. Máster en
Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Unión Europea. Profesora titular
adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana. Secretaria de la Sociedad
Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Unión Nacional de Juristas
de Cuba. Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Miembro del Tribunal Internacional de Libertad Sindical con sede en México y
del Tribunal Mundial de libertad sindical con sede en Colombia.
liC. MaGalYs aroCha doMínGuez
Cuba
Experta del Comité CEDAW (2005/2012). Miembro del Secretariado Nacional de la
Federación de Mujeres Cubanas. Esfera de Relaciones Internacionales.
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liC. MaGela Batista
Uruguay
Licenciada en Psicología. Integrante de la ONG “Instituto Mujer y Sociedad”.
Coordinadora de cursos y talleres dentro de la institución y hacia la comunidad.
Supervisora de casos clínicos vinculados a la temática. Integrante de los equipos
psico-sociales de las Comunas Mujer no. 6 y 14 en convenio con la Intendencia de
Montevideo. Perito de la Suprema Corte de Justicia. Desde 2011 Co-coordinadora
de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual
liC. Manuel vázQuez seiJido
Cuba
Asesor Jurídico, Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Profesor Adjunto,
Facultad de Derecho, Universidad de La Habana. Miembro de la Sociedad
Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES).
dra. MarCia nina Bernardes
Brasil
Profesora del Programa de Maestría y Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Rio de Janeiro, y es coordinadora académica del Centro de
Derechos Humanos de la misma institución, donde dirige el grupo de investigación
de género, democracia y derecho desde el año 2008. Se doctoró en Derecho por la
Universidad de Nueva York (NYU Law) y es Master en Derecho por la PUC-Rio
y también por la NYU Law. Es miembro de la Red Alas (Red Latinoamericana de
Académicos(/as) en Género, Sexualidad y Derecho).
liC. María elena GarCía truJillo
México
Licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México. Maestrante
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede México
en la Maestría en Ciencias Sociales. Ha trabajado en las líneas de investigación de
Género, familia y grupos de edad, Desarrollo Económico y Educación Superior y
procesos de gobernabilidad.
aBG. María MerCedes patiño
Argentina
Abogada en Bahía Blanca

MsC. Mariela Castro espín
Cuba
Máster en Ciencias. Profesora Auxiliar e investigadora auxiliar de la Universidad
Médica de La Habana. Presidenta de la Cátedra de Sexología y Educación de la
Sexualidad de la Escuela Nacional de Salud Pública y de la Comisión Nacional de
atención integral a personas transexuales. Directora del Centro Nacional de Educación
Sexual. Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Mundial de Salud Sexual.
Miembro de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad,
Miembro de la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero (WPATH).
liC. Marien aGüero andux
Cuba
Centro de Estudios de la Mujer. Federación de Mujeres Cubanas.
dra. Marina Morelli núñez
Uruguay
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Activista
por los derechos humanos de las mujeres. Periodista independiente, activa militancia
social y política. Copeticionaria en régimen de audiencia pública “Femicidio y
Violencia Domestica en Uruguay’, ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
esp. Marisela ana Casanova álvarez
Cuba
Licenciada en Derecho en la Universidad Central de Las Villas, 1981. Profesora
Asistente, Vice Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia y su
Presidenta en Villa Clara, Miembro de número de las Sociedades Científicas de Derecho
Procesal y de Derecho Económico, Miembro de la Junta Directiva Nacional
de la Unión de Juristas de Cuba y Vice-Presidenta de la Junta Directiva Provincial de
Villa Clara, Miembro del Consejo Editorial de la Revista Cubana de Derecho.
liC. Marisol iGlesias rodríGuez
Cuba
Centro de Estudios de la Mujer. Federación de Mujeres Cubanas.
dra. MaYda álvarez suárez
Cuba
Centro de Estudios de la Mujer. Federación de Mujeres Cubanas.
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MsC. MaYrelis estrada ChaCón
Cuba
Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba,
Cuba. Imparte entre otras las materias de Criminología, Victimología, Género en el
Derecho y Derecho Penal Especial.
dra. MiCaela sánChez Martín
España
Universidad de Murcia.
aBG. MiriaM nora larrea
Argentina
Abogada en Bahía Blanca
dra. MYrna Méndez lópez
Cuba
Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora Titular de la Disciplina Ciencias penales
y Criminológicas y Jefa de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Imparte entre otras las materias de Criminología,
Victimología, Género en el Derecho y Derecho Penal Especial. Máster en
Criminología. Miembro de la Cátedra de Género de la Universidad de Oriente.
MsC. niurka González Martín
Cuba
Licenciada en Derecho en la Universidad Central de Las Villas, 1986. Máster en
Educación Avanzada. Profesora Asistente. Presidenta Capítulo Sociedad Cubana de
Derecho Procesal en V.C. Vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y
de Familia en V.C. y Miembro Numerario de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional.
Vicepresidenta de la Junta Directiva Provincial de la UNJC en Villa Clara.
dra. niurka pérez roJas
Cuba
Equipo de Estudios Rurales, Universidad de La Habana. Profesora Titular. Unión de
Juristas de Cuba, Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Latin
American Studies Association (LASA). University of Pittsburgh, PA. USA. Unión
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Asociación Cubana de Naciones
Unidas (ACNU). Sociedad Latinoamericana de Medicina Social. Sociedad Científica
Latinoamericana de Agro ecología (SOCLA). Associazione Internazionale Slow
Food, con sede en Italia. Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF).
Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC).

liC. noelia orCaJada sánChez
España
Universidad de Murcia
aBG. norMa GraCiela Chiapparrone
Argentina
Abogada y Procuradora de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina).
Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral (Argentina). Secretaria
General de Cámara del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Secretaria General de la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas,
filial argentina de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas
ONG con estatus consultivo en Naciones Unidas. Miembro de la Asociación Argentina
de Mujeres Jueces. Miembro de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
dra. oMaYda naranJo taMaYo
Cuba
Licenciatura en Historia en la Universidad de La Habana, 1994, Máster en Historia
Contemporánea, 2006, y Dra. en Ciencias Históricas, 2011. Profesora de Historia de
Cuba e Historia de América en la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”.
Ha publicado en revistas cubanas y extranjeras, así como se ha asistido a disímiles
eventos nacionales e internacionales en calidad de ponente.
liC. paloMa González alFonzo
Cuba
Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, 2011. Especialista de la Dirección de Notarías y Registros del MINJUS.
proF. r. david GoodMan
United States
Assistant Professor and Coordinator of World History at Pratt Institute in Brooklyn,
New York. He currently is revising his PhD dissertation on Afro-Maghribi history
into a book manuscript, tentatively entitled, “The Ambiguous End of Domestic
Slavery in Morocco: Households, Families, and Social Change in Fes.”
dr. raFael roselló Manzano
Cuba
Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad de La Habana 2011. Profesor Asistente
de la Facultad de Derecho, Universidad de la Habana. Juez de la Sala Segunda de lo
Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana.
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dr. raMiro avila santaMaría
Ecuador
Doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE),
Máster en Derecho en Columbia University (New York). Actualmente se desempeña
como docente de planta del Área de Derecho de la Universidad Andina Simón
Bolívar-Sede Ecuador y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE.
Profesor de Constitucionalismo contemporáneo, Teoría General de Derechos Humanos,
Sociología del Derecho, Garantismo Penal, y Género y Derecho. Es autor
y editor de varias publicaciones, entre ellas: Neonsitucionalismo transformador (Quito,
2011), Derechos y garantías. Ensayos críticos (Quito, 2011), Anteproyecto de Código de Garantías
Penales. La constitucionalización del derecho penal (Quito, 2009), La protección judicial
de los derechos sociales (junto con Christian Courtis, 2009), Constitución del 2008 en el
contexto andino, Análisis de doctrina y derecho comparado (Quito, 2008), Neoconstitucionalismo
y sociedad (Quito, 2008).
MsC. rita María pereira raMírez
Cuba
Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho, 1987, Máster en Sexualidad
por el Centro Nacional de Educación Sexual-Universidad Médica de La Habana,
2007. Profesora Asistente de la facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, imparte la asignatura optativa “Género y Derecho”
liC. roMel arMando hernández silva
Colombia
Licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Nariño. Máster en Filosofía de la
Universidad del Valle. Colombia. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad
Cooperativa de Colombia. Sede Pasto.
dra. rosario González arias
México
Docente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Integrante de CLADEM-México.
MsC. tania orozCo saéz
Cuba
Especialista en Asesoría Jurídica. Abogada de la Organización Nacional de Bufete
Colectivo. Profesora Asistente a tiempo parcial de la Facultad de Derecho de la
Universidad Central de las Villas. Es miembro de número de la Sociedad Cubana de
Derecho Laboral y Seguridad Social y de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal.
Miembro de la Junta Directiva Provincial de la UNJC.

MsC. teresa C. ulloa ziáurriz
México
Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe.
proF. teresa henríQuez FarFán
Venezuela
Universidad Bolivariana de Venezuela. Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos,
Caracas.
MsC. teresa hinoJosa torres
Cuba
Abogada del Bufete Colectivo no. 2 de Camagüey. Especialista en Ciencias Penales.
Miembro de las Sociedades Científicas de Ciencias Penales. Derecho Internacional
y Derecho Procesal.
proF. thania C. navas raMírez
Venezuela
Abogada y docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Caracas.
dr. toMás izQuierdo rus
España
Doctor por la Universidad de Granada y Profesor Doctor e Investigador de la Universidad
de Murcia. Sus investigaciones guardan relación con el estudio de las repercusiones
psicosociales del desempleo en grupos desfavorecidos y su abordaje desde
la Psicología Social. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre Psicología
Social del Desempleo. Su último libro se denomina Nuevos retos del mercado laboral:
Una perspectiva desde la Orientación Profesional, publicado en el año 2010.
aBG. valentina tarQui luCero
Argentina
Centro de Estudios Avanzados (C.E.A.) de la Universidad Nacional de Córdoba
(U.N.C.), República Argentina, actualmente cursando el Doctorado en Estudios de
Género. Forma parte del Equipo de investigación del equipo de Investigación –
Proyecto Bienal 2011-2013 de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado (SeCTyP)
“Legitimidad, Biopolítica y Bioética. La vida como criterio de racionalidad. 2 Etapa”,
Facultad de Derecho - Universidad Nacional de Cuyo (U.N. Cuyo).
proF. dr. víCtor luis Gutiérrez Castillo
España
Director Departamento Derecho Público y Común Europeo. Universidad de Jaén.
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MsC. vivian rodríGuez aCosta
Cuba
Máster en Educación Avanzada. Profesora auxiliar principal de Derecho del Instituto
Superior del Ministerio del Interior “GB Luis F. Denis Díaz”, Santa Clara, Villa
Clara. Investigadora Agregada. Miembro adjunto de la Sociedad Cubana de Derecho
Internacional y miembro de la Asociación de Pedagogos de la República de Cuba.
MsC. YaMila González Ferrer
Cuba
Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, 1993. Máster en Sexualidad por el Centro Nacional de Educación Sexual-
Universidad Médica de La Habana, 2003. Secretaria de la Junta Directiva Nacional
de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y de la Directiva Nacional de su Sociedad
Cubana de Derecho Civil y de Familia. Profesora asistente de la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Habana. Imparte la asignatura “Derecho de Familia”,
así como es coordinadora y profesora de la asignatura optativa “Género y Derecho”
para pregrado y del Diplomado “Mediación, Género y Familia” para posgrado.
Mediadora familiar.
liC. Yelene palMero GarCía
Cuba
Centro de Estudios de la Mujer. Federación de Mujeres Cubanas.