Los procedimientos electrónicos y su incidencia jurisdiccional

Alberto Palomar Olmeda
1

I.- Consideraciones previas
II.- La perspectiva estrictamente
competencial
III.- Los procedimientos en la LAE
IV.- Los productos finales
V.- Algunos g elementos adicionales
2

I.- Consideraciones previas
3

Clasificación de la actividad
La actividad administrativa formalizada
La actividad administrativa no formalizada
En esencia: el problema p de la producción p de
efectos y la ubicación de los efectos en el
ámbito de la teoría de las nulidades
administrativas,
4

Podemos establecer una clasificación
conformealacuallatecnologíaafectaa
A) Elementos relacionales
B) Elementos de acumulación y uso de datos o
informaciones referentes a una persona
C) Elementos perfeccionados que permiten la
adopción de una decisión administrativa,
5

LLos problemassecentranenelementos bl l que
pueden no ser estrictamente
procedimentales tales como los registros oo,
incluso, las notificaciones y la firma
electrónica en aquellos q aspectos p que q busca la
constancia de las recepciones por encima de
los aspectos de autenticidad.
EEn esencia i esunproblema bl dde constancia i dde
la recepción y de la notificación de las
resoluciones a partir del cual las
características centrales del
procedimientoadministrativo p
con similitud.
común operan p
6

Es este un punto novedoso y que, realmente,
exige alguna valoración más profunda que la
que hhemos hhecho h ttradicionalmente. di i l t
En este punto nos hemos centrado en:
- La incidencia del artículo 35 de la Ley
-
30/1992, de 26 de noviembre
Posteriormente en la propia LOPD
7

La transformación de los servicios en RED ha
propiciado la aparición de grandes Servicios
dde IInformación f ió en llos que se produce d lla
integración – sin gran sentido jurídico- de
información procedentes de diversas fuentes
y cuyo régimen jurídico no es homogéneo.
Cada fuente informativa tiene su propio
régimen jurídico y no puede ser confundido
por el hecho de los servicios de información
8

La dependencia genera sistemas locales,
fundamentalmente, autonómicos
Si Sin embargo, b ell Mi Ministerio i t i crea un sistema it dde
información que tiene como característica la
integración
información.
y la puesta a disposición de la
Las CCAA cuando legislación sobre la misma
materia tienen más cuidado y buscan que la
transferencias de datos se funde en el
consentimiento de los afectados en razón a las
finalidades extraterritoriales que se contienen
para la conformación de un sistema en RED
9

S N D
El sistema previsto en el artículo 37 LD se consolida con la
publicación de la Orden TAS/1459 TAS/ 1459/2007 2007,de ,de 25 mayo 2007 (RCL
2007\1017) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 28 mayo
2007, núm. 127/2007 que “Establece el Sistema de Información del
Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y
crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal “.
Según establece la Exposición de Motivos . >>
10

Ámbito de aplicación
El artículo 3º de la OM cuando señala que

Complejo
Se trata de una habilitación genérica – al
margen del órgano y de la Administración
que ddebe b ttramitar it y resolver l ell
procedimiento correspondiente- que permite
que la utilización de los datos personales a
los distintos agentes que contribuyen al
reconocimiento de las prestaciones y al PIA
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Las autonomías no lo aceptan
a) Normativas procedimentales que no han hecho ninguna referencia al Sistema de Información y que que, eventualmente eventualmente, solo
contienen la habilitación genérica para la realización de oficio de los actos de instrucción que se consideren necesarios.
Al menos, podemos incluir en este ámbito:
- Decreto 168/2007, de 12 junio LAN 2007\269, Regula el procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como
los órganos competentes para su valoración, no regula la eventual integración de la documentación que proceda del Sistema de
Información.
- Decreto 54/2008, de 25 marzo (LCAN 2008\126,) parcialmente modificado por el Decreto 163/2008, de 15
julio (LCAN 2008\296), no contiene ninguna referencia explícita a la utilización en su procedimiento de reconocimiento del Sistema
de Información.[1]
- Decreto 115/2007, de 22 mayo LCAT 2007\316, Determina los órganos de la Generalidad de Cataluña
competentes para aplicar la Ley 39/2006, de 14-12-2006 (RCL 2006\2226), de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.
-Decreto171/2007, de 28 septiembre (LCV 2007\414).Establece el procedimiento para reconocer el derecho
a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes.
- Decreto 176/2007, de 6 septiembre (LG 2007\322[2]).Regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
- Decreto 68/2007, de 14 junio (LPAS 2007\233). Regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
ddependencia d i y ddel l dderecho h a llas prestaciones t i ddel l Si Sistema t para lla AAutonomía t í y At Atención ió a lla DDependencia d i
[1] Se contiene, únicamente, en el artículo 6º una referencia genérica según la cual
[2] El Decreto176/2007,de 6 septiembre (LG 2007\322) establece en el artículo 11 una referencia que resulta ciertamente curiosa
no tanto por lo que contiene sino, sobre todo, por lo que excluye. Así, el artículo 11 establece que .
Sin embargo, esta normativa no contiene una referencia similar en relación con la documentación que pueda obrar en otras
instancias informativas ni siquiera las que forman parte del Sistema de Información.
13

En esencia
Se trata de un fichero público de la AGE en el que se prevén un
conjunto de cesiones de datos personales entre los que se incluye a
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales para el
ejercicio de sus competencias en materia de situaciones de
dependencia
dependencia.
Sin embargo embargo, como se ha visto visto, esta prescripción habilitadora no se
ha recogido en las respectivas normas procedimentales de las
autonomías en el ejercicio de las facultades de reconocimiento y
revisión de prestaciones. La conclusión podría llegar a ser absurda: se
pueden ceder pero no está previsto que se asuman en el marco del
correspondiente expediente y, además, solo podría hacerse si, como
hemos visto, se suscribe con la AGE el correspondiente convenio.
Ciertamente complicado.
14

El artículo í 35 no puede considerarse, en estos
momentos, como una habilitación general para
la utilización indiscriminada de cualquier dato
referido a una persona.
Para resolver esto es necesario acudir:
- De un lado, a la regulación de los archivos
administrativos
- De otro, a las determinaciones de la protección
de datos
- Eventualmente a otras normativas específicas
como, por ejemplo, la referida a la autonomía
del paciente en el ámbito de los datos sanitarios
15

Es necesario precisar
A) Alcance del deber de colaboración
B) Alcance del deber de no aportar
documentos
C) Necesidad del consentimiento
En el plano de la legislación de protección
de datos
16

Los criterios legales son dos:
A) Ley, tratado, etc…
B) Consentimiento
* El Reglamento de desarrollo ha introducido el
criterio del “interéslegítimo” g
17

La necesidad de conocer, al menos,
formalmente, las características centrales
ddel l procedimiento di i t utilizado tili d
Es preciso conocer el procedimiento
iintelectivo t l ti conforme f all que actúa tú ell
programa para asegurar que se cumple, en
toda su extensión extensión, la legalidad aplicable aplicable.
Se trata de un tema formal pero clave en
orden a la teoría de las nulidades ya que
incluye cuestiones materiales y formales
como la competencia
competencia.
18

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Ad Administraciones i i t i Públi Públicas y ddel l
Procedimiento Administrativo Común
20

MARCO GENERAL
El artículo 45 y 46 de la LRJAP y su falta real
de impulso.
El Real Decreto de 1996 y su falta de
cumplimiento.
El esquema de las notificaciones electrónicas
de 2003 unido en el tiempo a la firma
electrónica. l t ó i
Reformas descontextualizadas
21

Que, prácticamente, desde el principio la
normativa común ha admitido la utilización
dde lla ttecnología l í sin i restricción, ti ió iincluso, l en
procedimientos decisionales.
QQue hha condicionado di i d su iimplantación l t ió y
utilización
APLICACIÓN
a la APROBACIÓN DE LA
22

Se ha confundido, históricamente, con el
programa informático y sus fuentes
No se ha entendido desde la perspectiva
administrativa ni en el tema competencial ni
en ell referido f id a lla jjustificación tifi ió ddel l
cumplimiento de la legalidad
24

III.- Los procedimientos en la LAE
25

Un esquema no muy sencillo por su conexión
con el procedimiento administrativo normal
Por sus referencias al procedimiento
administrativo común y la capacidad de ser
completado-desarrollado
CComunidades id d AAutónomas. tó
por las
26

LOS PROCEDIMIENTOS EN LA
LAE
Artículo 33. Es un precepto habilitador en el
que hay algún apunte jurídico (Respecto de
lla competencia) t i ) y algunas l referencias f i
genéricas : cumplimiento de los requisitos
materiales y formales
Artículo
funcional
34. La obligación del rediseño
27

Objetivos del rediseño
a) ) LLa supresión ió o reducción d ió dde lla ddocumentación t ió
requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución
por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o
la regulación de su aportación al finalizar la
tramitación.
b) La previsión de medios e instrumentos de
participación, transparencia e información.
c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
d) La racionalización de la distribución de las cargas
de trabajo y de las comunicaciones internas
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La utilización en las fases del
procedimiento
IIniciación i i ió (A (Art. t 35)
La iniciación de un procedimiento p
administrativo a solicitud
de interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a
disposición de los interesados de los correspondientes
modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede
electrónica l t ó i que ddeberán b á seraccesibles ibl sin i otras t restricciones ti i
tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización
de estándares en los términos establecidos en el apartado i)
del artículo 4 y criterios de comunicación y seguridad
aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales
e internacionales.
Posibilidad de aportar documentos digitalizados: firma
electrónica avanzada.
29

Tramitación
IInstrucción ió (A (Art. 36) 36).
Las aplicaciones y sistemas de información
utilizados para la instrucción por medios
electrónicos de los procedimientos deberán
garantizar el control de los tiempos y plazos,
la identificación de los órganos responsables
de los procedimientos así como la
tramitación i ió ordenada d d dde llos expedientes di y
facilitar la simplificación y la publicidad de
los procedimientos
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En la participación
Art Art. 36 36. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los
interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de
su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la
propuesta de resolución oen en la práctica del trámite de audiencia cuando
proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos en
llos artículos í l 227 y 28 dde
esta Ley.
Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación.
(art. 37)
En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad
electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a
disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido
donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información
sobre el estado de tramitación del procedimiento
procedimiento, salvo que la normativa
aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el
estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos
de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en
la que fueron dictados
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Terminación
La resolución de un procedimiento utilizando
medios electrónicos garantizará la identidad
ddel l óórgano competente t t mediante di t ell empleo l
de alguno de los instrumentos previstos en
los artículos 18 y 19 de esta Ley Ley. (firma
electrónica)
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El artículo 39
EEn caso dde actuación t ió automatizada t ti d ddeberá b á
establecerse previamente el órgano u órganos
competentes, según los casos, para la definición de
las especificaciones, programación, mantenimiento,
supervisión y control de calidad y, en su caso,
auditoría del sistema de información y de su código g
fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser
considerado responsable a efectos de impugnación.
No tiene la condición de norma básica
33

El problema p del 39 desde la
visión judicial
Si no está aprobada la aplicación no hay
seguridad formal del cumplimiento de los
requisitos iit previstos it en lla LAE
Abre una posibilidad de impugnación
continúa ti ú sobre b llas pautas t dde actuación t ió dde lla
Administración.
EE, iincluso, l dde peritos it
34

IV.- Los productos finales
35

El producto: p el documento
electrónico
El artículo í 3º.6 de la LF intenta una definición ó del
documento electrónico cuando indica que .
.
36

Copias electrónicas
LLas copias i realizadas li d por medios di electrónicos l t ó i dde ddocumentos t
electrónicos emitidos por el propio interesado o por las
Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato
original original, tendrán inmediatamente la consideración de
copias auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, , siempre p
que el documento electrónico original se encuentre en poder
de la Administración, y que la información de firma
electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan
comprobar la coincidencia con dicho documento
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Adicionalmente
Las copias realizadas por las Administraciones
Públicas, utilizando medios electrónicos, de
documentos emitidos originalmente por las
Administraciones Públicas en soporte papel tendrán
la consideración de copias auténticas siempre que se
cumplan l llos requerimientos i i t y actuaciones t i previstas it
en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
38

Estas reglas se completan
Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los
documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y
eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su
autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se
dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada,
mediante d ell correspondiente d sello ll electrónico. l ó
En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de
los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en
este artículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los
términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se
establezcan.
Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos
emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la
consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de
un código generado electrónicamente uotros otros sistemas de verificación que
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos
electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora
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V.- Algunos elementos adicionales
Expediente
Remisión jurisdiccional
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El archivo
LLos d documentos t electrónicos l t ó i que contengan t actos t
administrativos que afecten a derechos o intereses de
los particulares deberán conservarse en soportes de
esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir
del que se originó el documento o en otro cualquiera
que q asegure g la identidad e integridad g de la
información necesaria para reproducirlo. Se
asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los
datos a otros formatos y soportes que garanticen el
acceso desde diferentes aplicaciones
Los
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Concreción final: el expediente
El expediente electrónico es el conjunto de
documentos electrónicos correspondientes a
un procedimiento di i t administrativo, d i i t ti cualquiera l i
que sea el tipo de información que
contengan
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Dos reglas adicionales
El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a
cabo mediante un índice electrónico, firmado por la
Administración, órgano o entidad actuante, según
proceda proceda. Este índice garantizará la integridad del
expediente electrónico y permitirá su recuperación
siempre que sea preciso, siendo admisible que un
mismo documento forme parte de distintos
expedientes electrónicos.
La remisión de expedientes podrá ser sustituida a
todos los efectos legales por la puesta a disposición
del expediente electrónico, teniendo el interesado
derecho a obtener copia del mismo.
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La Ley prevé la remisión jurisdiccional o la
puesta a disposición
La primera referencia es compleja pero la
segunda no lo es menos porque la puesta a
di disposición i ió iimplica li utilización tili ió por ttodas d llas
partes procesales
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