CONSTITUYENTE Y REFERENDUM EN BOLIVIA - CR & F. Rojas

CONSTITUYENTE Y REFERENDUM EN BOLIVIA
Marzo de 2006 pasará a la historia como
el mes en el que el pueblo de Bolivia ha
manifestado, a través del Congreso
Nacional, su decisión irrevocable e
inequívoca de modificar las estructuras
políticas de la República con la
convocatoria simultánea a la Asamblea
Constituyente, que tendrá como
propósito el diseño de una nueva
Constitución Política, y el referéndum
vinculante sobre autonomías
departamentales.
Seis presidentes han sucedido al cargo en
este breve lapso del nuevo milenio. Más
allá de las diferentes causas que rodean a
cada situación particular, lo cierto es que
se reflejó objetivamente un marcado y
creciente descontento popular, no solo
con el sistema de gobierno centralizado,
sino además con la exclusión de gran
parte de la población dentro de la fase
política activa y la toma de decisiones.
En este contexto, luego de tantos
discursos, promesas, huelgas y bloqueos;
después de encendidas amenazas y
acalorados debates, el Congreso de la
Nación dio un verdadero ejemplo al
sancionar dos leyes que permiten
vislumbrar un posible cambio de fondo
sin quebrar la unidad del país ni ahondar
las brechas entre las diferentes regiones.
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La Ley especial de convocatoria a la
Asamblea Constituyente encarga a esta
última la reforma total de la Constitución
Política del Estado mediante la redacción
de una propuesta de texto, lo cual
constituye un reto histórico cuyo último
precedente se dio, treinta y nueve años
antes, con la Constitución de 1967. A
este preciso efecto, la Asamblea
Constituyente contará con 255
constituyentes (personas naturales que
ejercen la representación del pueblo en
setenta circunscripciones, de los cuales
210 son uninominales y 45 son
plurinominales), iguales en jerarquía,
derechos y obligaciones, los cuales
sesionarán en Sucre, capital de la
República.
Los constituyentes, además de ser
bolivianos de origen y mayores de edad,
deben ser postulados por un partido
político, una agrupación ciudadana o
pueblo indígena, o bien por frentes o
alianzas de estos últimos, lo que
demuestra un avance respecto al
monopolio de la denominada
“partidocracia” que rigió en el pasado
inmediato. No pueden ser elegidos
constituyentes ningún funcionario público
que no renuncie irrevocablemente y cese
en sus funciones al menos 60 días antes
de su elección, ni tampoco quienes son
contratistas, administradores,
representantes o directores de

sociedades en las que el Estado tiene
cierta participación.
Puntos dignos de elogio son también la
equidad de género, en sentido de que la
postulación de constituyentes debe
contener alternancia hombre-mujer en
cada circunscripción y la participación de
ciudadanos bolivianos residentes en el
extranjero quienes podrán elegir a
constituyentes plurinominales.
Una vez elegida e instalada, la Asamblea
Constituyente sesionará por un período
continuo e ininterrumpido no menor a
seis meses ni mayor a un año. El texto de
la nueva Constitución debe ser aprobado
por dos tercios de votos de los
constituyentes presentes y ser remitido al
Poder Ejecutivo, el cual convocará dentro
de los 120 días siguientes a un
referéndum constituyente, para que el
pueblo boliviano -por mayoría absoluta-
refrende el texto en cuestión para su
promulgación final por parte del
Presidente de la República.
En la misma fecha de elección de los
miembros de la Asamblea Constituyente
se realizará el referéndum nacional, en el
cual el pueblo boliviano responderá a la
siguiente pregunta: “¿Está usted de
acuerdo, en el marco de la unidad
nacional, en dar a la Asamblea
Constituyente el mandato vinculante para
establecer un régimen de autonomía
departamental, aplicable inmediatamente
después de la promulgación de la nueva
Constitución Política del Estado en los
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departamentos donde este referéndum
tenga mayoría, de manera que sus
autoridades sean elegidas directamente
por los ciudadanos y reciban del Estado
Nacional competencias ejecutivas,
atribuciones normativas administrativas y
los recursos económico-financieros que
les asigne la nueva Constitución Política
del Estado y las leyes?”.
El referéndum tiene la característica
esencial de ser vinculante en cuanto al
mandato conferido por el pueblo. En tal
sentido, los miembros de la Asamblea
Constituyente deberán consignarlo en la
nueva Constitución Política y los
departamentos que así lo aprueben (para
lo cual se requiere simple mayoría)
accederán a las autonomías
departamentales una vez promulgada la
citada Carta Magna.
La vigencia y consiguiente
implementación de ambas leyes marcará,
sin duda alguna, un antes y un después
en la historia de Bolivia. Resta ahora al
pueblo adquirir la suficiente conciencia en
la elección de sus miembros y en la
respuesta a la pregunta del referéndum.
Carlos Ferreira.